El Departamento de Estado atribuyó a los afectados tareas de reclutamiento y coordinación de grupos que cruzan Centroamérica y México hacia la frontera sur estadounidense, sin divulgar identidades ni nacionalidades
Un cuerpo interagencial federal indaga desvíos económicos en permisos de empleo especializado y planes universitarios de intercambio, mientras las autoridades informan sobre un primer sospechoso localizado en territorio europeo
Entre los nombres mencionados, y cuyas acciones vienen siendo lideradas por el subsecretario de Estado Christopher Landau, conocido como 'el quita visas', se menciona a la polémica exfuncionaria durante la administración de expresidente, además del catalán Manel Grau, protagonista en el proceso judicial de Verónica Alcocer por las denuncias de Eva Ferrer
El Gobierno de Donald Trump tomó la decisión como parte de una estrategia y acuerdos que se pactaron durante la cumbre de Doral de marzo y con una declaración de los líderes del Escudo de las Américas emitida el 22 de septiembre de 2026
La decisión incluye a congresistas y excongresistas investigados por el escándalo de la Ungrd, así como a Ricardo Roa, quien enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Petro en 2022 y por la compra de un apartamento en Bogotá
La medida del Departamento de Estado afecta a siete ciudadanos colombianos y a sus familiares, en el marco de una política que, según el país norteamericano, busca combatir la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio
EE.UU. retira visas a más de 60 figuras de Colombia y Bolivia por presuntos lazos con corrupción y narcotráfico, intensificando su campaña regional.Entre los afectados están el exlíder de Ecopetrol y varios políticos bolivianos, mientras Escudo de las Américas refuerza la lucha contra el crimen.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) presentó el 14 de octubre una propuesta que modificaría los criterios para evaluar las renovaciones de visas de trabajo. La medida permitiría revisar nuevamente la elegibilidad de los extranjeros que soliciten prolongar su permanencia laboral en el país norteamericano, incluso cuando sus peticiones anteriores hayan recibido una respuesta favorable.¿Qué cambiaría en las renovaciones de visas de trabajo?De acuerdo con la propuesta publicada en el Registro Federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) busca eliminar una disposición que establece cuándo los funcionarios deben respetar las determinaciones previas sobre la elegibilidad de un solicitante.La regulación vigente contempla esa deferencia cuando una empresa presenta una petición de extensión para el mismo trabajador, bajo la misma clasificación migratoria y sin cambios sustanciales en las circunstancias del caso.Actualmente, los oficiales pueden apartarse de una resolución anterior si identifican un error material, modificaciones relevantes o información nueva que afecte los requisitos del beneficio. Con la modificación planteada, cada trámite podría recibir una evaluación independiente, sin que una autorización previa determine el resultado. Los antecedentes del expediente continuarían disponibles para su consideración, pero dejarían de tener el peso que les asigna la norma actual. La responsabilidad de demostrar el cumplimiento de las condiciones migratorias seguiría a cargo de quien presenta la petición.Las categorías laborales que quedarían alcanzadas por la medidaEl proyecto afecta las solicitudes de prolongación de estadía que los empleadores presentan mediante el formulario I-129, utilizado para distintas clasificaciones de trabajadores temporales extranjeros. Entre las categorías comprendidas figuran:H-1B y H-1B1: trabajadores de ocupaciones especializadas.H-2A y H-2B: empleados temporales agrícolas y no agrícolas.L-1: personal transferido dentro de una misma empresa.O-1 y O-2: personas con habilidades extraordinarias y personal de apoyo.P-1, P-2 y P-3: deportistas, artistas y determinados profesionales del entretenimiento.E-1, E-2 y E-3: clasificaciones vinculadas con comercio, inversiones y ocupaciones especializadas.H-3, Q-1, R-1 y TN: otras modalidades de empleo, capacitación e intercambio.También están incluidas las categorías de apoyo P-1S, P-2S y P-3S. Los familiares dependientes que solicitan extensiones mediante el formulario I-539 forman parte de un procedimiento diferente.La iniciativa no modifica los requisitos sustantivos de elegibilidad de estas clasificaciones. Su alcance se concentra en la forma en que la agencia considera las resoluciones anteriores al analizar nuevos pedidos.¿Cuántas solicitudes podrían recibir una evaluación independiente?Las estadísticas oficiales permiten dimensionar el alcance administrativo de la propuesta. Entre los años fiscales 2014 y 2025, el organismo recibió 7.206.852 peticiones I-129. De ese total, 2.168.394, equivalentes al 30%, reunían las condiciones para recibir deferencia respecto de una decisión anterior.Para el período fiscal 2022-2025, el promedio anual fue de 688.830 expedientes, de los cuales aproximadamente 208.429 podían beneficiarse de ese criterio.El DHS también examinó lo ocurrido cuando se eliminó anteriormente esta política. Su análisis identificó un aumento diferencial de 2,9 puntos porcentuales en los requerimientos de evidencia adicional, conocidos como RFE por sus siglas en inglés. Sin embargo, ese incremento no estuvo acompañado por una suba equivalente en las denegaciones.¿Por qué el DHS quiere eliminar la deferencia a las aprobaciones anteriores?El criterio que ahora se busca retirar atravesó distintas modificaciones administrativas. La agencia lo incorporó como política en abril de 2004, lo dejó sin efecto en octubre de 2017 y volvió a establecerlo en abril de 2021. Posteriormente, en diciembre de 2024, quedó incorporado a la normativa federal.Como parte de la fundamentación de su iniciativa, el departamento presentó estadísticas de visitas de verificación a empleadores. En la categoría H-1B, la proporción combinada de incumplimientos y posibles fraudes detectados durante esas inspecciones fue del 22,39% entre los años fiscales 2022 y 2025. Para el período 2018-2020, había sido del 16,77%.En el caso de las peticiones L-1A, los porcentajes fueron del 24,46% y el 18,37%, respectivamente. El organismo reconoce que otros factores también pueden influir en esas variaciones. Los datos corresponden a las verificaciones efectuadas y no representan necesariamente al conjunto de beneficiarios de cada clasificación.El plazo para presentar comentarios sobre la propuesta del UscisLa modificación todavía se encuentra en la etapa de consulta pública. Las personas y organizaciones interesadas pueden enviar observaciones hasta el 13 de noviembre, antes de la medianoche del horario del este de Estados Unidos, mediante el portal Regulations.gov, con el número de expediente USCIS-2026-0529.Los comentarios deben redactarse en inglés o acompañarse de una traducción. Las presentaciones quedan disponibles públicamente, incluidos los datos personales que los participantes decidan incorporar.Por el momento, la disposición vigente sobre deferencia a las decisiones anteriores continúa en efecto. El DHS deberá completar el procedimiento reglamentario antes de que la eliminación propuesta pueda aplicarse.
Una decisión judicial exige retomar el proceso suspendido por el gobierno en diciembre de 2025.El calendario establece fechas para anunciar las inscripciones y comenzar el registro.
La Lotería de Visas de Estados Unidos volverá a tener un calendario de inscripción para su edición 2027 luego de que una jueza federal ordenara al gobierno establecer fechas concretas para poner en marcha el programa. La decisión alcanza al Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), encabezado por Marco Rubio, que no había iniciado el procedimiento correspondiente a ese período.Lotería de Visas 2027: cuáles son las nuevas fechasLa magistrada Jinsook Ohta, del Distrito Sur de California, concedió una orden judicial preliminar en el caso Red Eagle Law, L.C. v. Marco Rubio. El litigio cuestionó la falta de apertura del registro y derivó en una resolución que establece obligaciones y plazos para las autoridades federales.Según el fallo, la demora del gobierno fue considerada arbitraria y contraria a la Ley de Procedimiento Administrativo. La decisión busca que el programa avance conforme a las disposiciones vigentes y que los aspirantes dispongan del período de inscripción previsto para presentar sus solicitudes.La orden judicial inicial contemplaba que el DOS anunciara el calendario antes del 15 de octubre y comenzara a recibir solicitudes, a más tardar, el 18 de octubre. También establecía como fecha límite el 19 de noviembre para informar a las personas seleccionadas.Sin embargo, ambas partes solicitaron modificar el cronograma. La jueza aceptó el planteo y extendió el plazo para iniciar el registro hasta el 1° de noviembre. La inscripción deberá permanecer abierta durante un mínimo de 30 días, de acuerdo con las condiciones fijadas por el tribunal.El nuevo calendario también establece que los seleccionados deberán ser notificados, como máximo, el 3 de diciembre. El DOS tendrá que continuar con el procesamiento de los casos hasta completar el cupo disponible o hasta el 30 de septiembre de 2027, cuando finaliza el año fiscal, lo que suceda primero."El tribunal ordena que el Departamento procese las solicitudes según los estándares habituales", señaló el abogado Curtis Morrison de Red Eagle Law en su cuenta de X. "Además, el tribunal señaló que está abierto a modificar dicho plazo si las partes lo estipulan, es decir, entre Red Eagle Law y el secretario Rubio. ¡Así que ganamos!", agregó.El bufete de abogados Red Eagle Law festeja como una victoria la resolución judicial contra Marco RubioQué es la Lotería de Visas y cuántas residencias ofreceEl Programa de la Lotería de Visas fue creado por el Congreso estadounidense en 1990 para facilitar la inmigración legal desde países con niveles históricamente bajos de migración a EE.UU. El mecanismo permite asignar hasta 55.000 visas de inmigrante por año fiscal, destinadas a quienes resulten seleccionados y cumplan las condiciones exigidas.La participación comienza con un formulario electrónico que debe enviarse durante el período oficial de registro. Luego, un sistema computarizado selecciona a los participantes al azar. La inscripción es gratuita y debe realizarse exclusivamente en el portal oficial del programa: dvprogram.state.gov. Además, la agencia aclara que ser seleccionado no significa recibir automáticamente una visa ni obtener la residencia permanente. Los candidatos deben superar los controles de seguridad, acreditar los requisitos migratorios y cumplir las condiciones educativas o laborales establecidas. Entre ellas, se contempla haber completado la educación secundaria equivalente o contar con al menos dos años de experiencia en una ocupación que requiera capacitación específica, dentro de los cinco años anteriores.Qué países pueden participar y cuáles son las condicionesLa elegibilidad depende, entre otros factores, del país de origen considerado por las reglas del programa. Quedan excluidos los países desde los cuales hayan emigrado a EE.UU. 50.000 personas o más durante los cinco años fiscales anteriores, según los criterios aplicables a la lotería.Existen excepciones limitadas relacionadas con el país de nacimiento del cónyuge o de los padres, siempre que se cumplan las condiciones oficiales. Por eso, antes de iniciar el trámite, los interesados deberán revisar las reglas específicas que correspondan a su situación.La resolución judicial no modifica los requisitos de admisión ni garantiza la entrega de visas a todos los seleccionados. Su alcance consiste en obligar al Departamento de Estado a abrir el registro, respetar los plazos establecidos y procesar los casos conforme a los procedimientos habituales.
Un georgiano implicado en una red internacional dedicada a fraguar documentación y visados para ciudadanos de Europa del Este y Asia Occidental que buscan llegar a los Estados Unidos fue expulsado del país al término del proceso de extradición que se activó tras su detención en la ciudad de Buenos Aires.Fuentes de la Policía Federal Argentina informaron que el imputado, de 28 años, trasladado por agentes de la Dirección General de Cooperación Internacional (Interpol), "está acusado de organizar y participar de una estructura criminal dirigida a los ciudadanos georgianos que buscaban emigrar a los Estados Unidos, por medio de la cual reclutaba a posibles solicitantes vía redes sociales y ofrecía servicio de inmigración a cambio de dinero".Extradición de un ciudadano georgiano implicado en un fraude con visasSegún se explicó, a partir del endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump "los miembros de la red empezaron a ofrecer asistencia en la obtención de visas canadienses"; con esas "falsas gestorías y representaciones causaron daños financieros por miles de dólares". La Justicia de Georgia, consecuentemente, dictó orden de captura internacional y la búsqueda se canalizó a través de una notificación de Índice Rojo de Interpol.El análisis de datos de redes abiertas y sociales, de las bases de Interpol y de organismos públicos y privados permitió confirmar que el sospechoso estaba en la Argentina. El intercambio de información entre los detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA y sus pares de la Oficina Central Nacional (OCN) de Tiflis â??la capital de Georgiaâ?? posibilitó refinar la búsqueda y geolocalizar al georgiano en el barrio porteño de Palermo.Una vigilancia discreta de una brigada de Interpol Buenos Aires derivó en la captura del prófugo tras un operativo en la calle Soler al 3800, a una cuadra de la Plaza Inmigrantes de Armenia.El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó el allanamiento del departamento en el que residía temporalmente el detenido, que los policías argentinos llevaron adelante en coordinación con el Department of Homeland Security (DHS, según las siglas en inglés del Departamento de Seguridad Nacional); según se informó, "incautaron pasaportes y documentación en idioma georgiano, los cuales serían utilizados para la tramitación de documentos apócrifos, (material que formará parte de evidencia crucial por la causa de extradición), una notebook y un teléfono celular".Tras unas semanas de trámite judicial, Martínez de Giorgi dio curso favorable a la extradición. A tal efecto, se montó un dispositivo especial en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el que participaron efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de las divisiones Operaciones Especiales y Escolta de Interpol Buenos Aires, que pusieron al capturado en manos de enviados especiales de la oficina de Interpol Georgia (OCN Tiflis), que asumieron la custodia de su connacional y emprendieron el viaje a su país, donde la Justicia lo tendrá a disposición por el delito de "fraude agravado, facilitación de migración ilícita, fabricación o venta de documentos falsificados".
La jueza federal de California, Jinsook Ohta dictó una medida cautelar que obliga al Departamento de Estado a abrir el registro del sorteo de Green Cards e impone fechas concretas de cumplimiento
La administración Trump anunció nuevas medidas contra los programas de visas H-1B y J-1. El Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) suspendió a ocho compañías del programa PERM y abrió investigaciones a nueve universidades. El vicepresidente JD Vance encabezó el anuncio y acusó a las empresas de usar mecanismos de contratación que perjudican a los trabajadores estadounidenses.Qué se sabe de las nuevas restricciones que inciden en trabajadores inmigrantes con visas H-1BEl DOL ya no aceptará nuevas solicitudes ni procesará los expedientes pendientes de Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies y Capgemini.Vance sostuvo que Microsoft despidió a 6000 trabajadores estadounidenses, mientras obtuvo 6300 visas H-1B y casi 3000 green cards.Microsoft rechazó esa lectura. Afirmó que cerca del 80% de sus peticiones H-1B fueron extensiones o cambios de estatus de empleados actuales.Qué cambia para las visas H-1B y la residenciaLa suspensión no revoca los permisos H-1B vigentes ni las green cards ya concedidas.No obstante, la medida sí afecta a los empleados que dependen del patrocinio de esas firmas para avanzar hacia la residencia permanente.Qué sucede con las visas J-1El DOL investiga a nueve universidades por el uso de visas J-1: Harvard, Yale, Stanford, Brown, Pittsburgh, UC Davis, Caltech, Arizona State y MIT.El inspector general del DOL, Anthony D'Esposito, indicó que ya se emitieron citaciones.Stanford y UC Davis dijeron que cooperarán con las autoridadesLas visas J-1 de estudiantes e investigadores no se cancelan. Por ahora solo hay investigaciones y citaciones.Cuál es el marco oficial del programa H-1BSegún información publicada por el Departamento de Trabajo, los empleadores deben pagar a los trabajadores H-1B al menos el salario real o el prevaleciente, el que sea mayor.De acuerdo con el mismo organismo, una proclamación del 19 de septiembre de 2025 restringe las visas H-1B, salvo para peticiones acompañadas de un pago de US$100 mil. Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
La iniciativa aprobada en lo general contempla nuevos cobros para trámites migratorios, uso del espacio aéreo y concesiones ferroviarias, además de incentivos para empresas de telecomunicaciones
El proyecto de ley, identificado como H.R. 10643, fue presentado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por la congresista republicana de Texas Beth Van Duyne y plantea elevar las sanciones contra empleadores que incumplan las reglas de las visas H-1B. Las multas por infracciones graves podrían llegar a 250 mil dólares y las prohibiciones para participar del programa extenderse hasta diez años.Qué multas establece el proyecto de ley sobre las visas H-1B para las empresasLa propuesta contempla aumentos tanto en las multas económicas como en los períodos durante los cuales una compañía podría quedar excluida del programa. Su objetivo declarado es sancionar las infracciones y el fraude documental relacionado con la contratación de trabajadores extranjeros mediante visas H-1B.Uno de los cambios centrales se aplicaría a las violaciones consideradas graves. La sanción máxima vigente de US$35.000 pasaría a ser de hasta US$250 mil. Al mismo tiempo, el período mínimo de prohibición para que una empresa participe nuevamente del programa aumentaría de tres a diez años.Para las infracciones e incumplimientos intencionados o sustanciales, la multa pasaría de US$5000 a un máximo de US$100 mil. En estos casos, la inhabilitación mínima para utilizar el programa también aumentaría: de dos años bajo las reglas actuales a cinco años, según la propuesta.El proyecto modificaría las penalizaciones vinculadas con documentos falsificados. Las infracciones de primer nivel, actualmente sancionadas con montos de entre US$250 y US$2000, pasarían a tener multas de US$1000 a US$10.000. Para el segundo nivel, el rango aumentaría de US$2000 y US$5000 hasta US$20.000 y US$50.000."Si una empresa decide que le conviene más económicamente infringir la ley y dejar a los trabajadores estadounidenses en la calle, debería sufrir graves consecuencias por perjudicar nuestra economía y a nuestros esforzados empleados", señaló Van Duyne en un comunicado.La congresista Beth Van Duyne cuestiona el uso del programa H-1BQué es la visa H-1B y quiénes pueden utilizarlaLa clasificación H-1B permite a compañías estadounidenses contratar temporalmente a determinados trabajadores extranjeros. Su aplicación principal corresponde a las llamadas ocupaciones especializadas, que requieren conocimientos específicos y, por lo general, una licenciatura o equivalente relacionada con el puesto.También existen categorías destinadas a profesionales que participan en proyectos de investigación y desarrollo cooperativo o coproducción vinculados con el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés), así como para determinados modelos de moda que reúnen condiciones de mérito y reconocimiento.En el caso de las ocupaciones especializadas, el trabajador puede cumplir los requisitos mediante un título universitario estadounidense o extranjero equivalente, una licencia profesional cuando corresponda o una combinación de formación y experiencia considerada equivalente a una licenciatura.Cuántas visas H-1B se otorgan y cuánto duranEl programa tiene un límite general de 65.000 visas por año fiscal. A ese número se suman otras 20.000 disponibles para determinados trabajadores que obtuvieron una maestría o un doctorado en una institución de educación superior de EE.UU.Algunas entidades quedan fuera de ese límite anual. Entre ellas se encuentran determinadas instituciones de educación superior, organizaciones sin fines de lucro vinculadas y entidades de investigación gubernamentales o sin fines de lucro.La permanencia inicial suele concederse por hasta tres años y puede extenderse generalmente hasta un máximo de seis. Existen, sin embargo, situaciones en las que un trabajador puede permanecer más allá de ese período cuando se encuentra en el proceso para obtener la residencia permanente.Van Duyne, impulsora de la ley sobre las visas H-1B: "El Congreso debe detener el abuso"Al presentar la iniciativa, Van Duyne cuestionó el funcionamiento actual del sistema y sostuvo que determinadas empresas utilizan el programa de manera contraria a su propósito. Según su posición, el Congreso debe establecer mayores consecuencias para los empleadores que incumplen las normas migratorias."El Congreso debe promulgar reformas para detener el abuso de las visas H-1B, razón por la cual presenté el proyecto de ley, para imponer severas sanciones económicas a las empresas que opten por infringir nuestras leyes y aprovecharse de la fuerza laboral estadounidense como parte habitual de sus prácticas comerciales", indicó la congresista a Newsweek.La legisladora también planteó que el programa fue creado para permitir que compañías estadounidenses pudieran incorporar profesionales especializados que no estuvieran disponibles en el mercado laboral nacional. En su opinión, las prácticas que considera abusivas terminaron por afectar las oportunidades de trabajadores estadounidenses.En qué etapa se encuentra la iniciativaEl proyecto de ley H.R. 10643 fue enviado al Comité del Poder Judicial de la Cámara de Representantes después de su presentación. En esta etapa, la iniciativa todavía no modifica las reglas vigentes ni establece las nuevas multas. Para avanzar, primero debería ser analizada y aprobada por el comité correspondiente y posteriormente recibir el respaldo de la Cámara de Representantes. Si supera esa instancia, tendría que ser considerada por el Senado. La propuesta solo podría convertirse en ley después de que ambas cámaras aprobaran el texto y este fuera firmado por el presidente Donald Trump.
El inspector general del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Anthony D'Esposito, anticipó en una entrevista del 24 de septiembre de 2026 que los programas de visas de trabajo para extranjeros podrían verse "muy diferentes" dentro de un año, en medio de una investigación federal por presunto fraude laboral y explotación. Su declaración fue una previsión, sin una reforma específica anunciada. Qué cambios H-1B están vigentes en EE.UU.Una orden ejecutiva del 18 de septiembre ya instruyó a las agencias a considerar determinados despidos al evaluar solicitudes H-1B y al Departamento de Trabajo a iniciar una revisión de datos de solicitudes laborales anteriores.La orden ejecutiva dispone que las autoridades tengan en cuenta si una empresa patrocinadora despidió, directa o indirectamente, a trabajadores estadounidenses en puestos comparables durante el año anterior, o si prevé hacerlo. Ese análisis se incorpora a la evaluación de solicitudes laborales, peticiones, visas e ingresos al país vinculados con empleos H-1B. El texto no establece que todo despido produzca automáticamente una denegación.También ordena al Departamento de Trabajo comenzar, dentro de los 30 días posteriores al 18 de septiembre, a revisar datos de solicitudes de condición laboral presentadas previamente. El objetivo expresado en la orden es determinar si corresponde tomar medidas adicionales contra empleadores patrocinadores. Ese plazo marca el inicio de la revisión: no fija una fecha de cambio para todas las visas de trabajo.Otra medida, contenida en una proclamación presidencial distinta, prorrogó hasta septiembre de 2027 la restricción de entrada para ciertos trabajadores H-1B cuyas peticiones no estén acompañadas de un pago de US$100.000, con las excepciones previstas en el texto. Su alcance depende de las condiciones de entrada y de la petición; no equivale a un cargo general para toda persona que ya trabaja en Estados Unidos con una H-1B.Cómo avanza la investigación por fraude laboral en EE.UU.La Oficina del Inspector General informó el 18 de septiembre que sus investigadores habían emitido decenas de citaciones y ejecutado órdenes de registro. Según el organismo, las pesquisas abarcan presuntos esquemas de fraude con mano de obra extranjera, explotación de trabajadores y posible trata de personas. Son investigaciones en curso: el comunicado no presenta esos señalamientos como condenas.El mismo comunicado afirmó que el Departamento de Trabajo suspendió solicitudes de visa de Cognizant y Cloudera mientras se desarrolla la investigación penal. La dependencia no precisó allí cuántas solicitudes están afectadas ni publicó una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las compañías.Qué implica para trabajadores y empleadoresPor ahora, el efecto comprobable para nuevas gestiones H-1B es un escrutinio de las decisiones de contratación y despido del patrocinador conforme a la orden ejecutiva. Para los trabajadores que ya tienen esa condición migratoria, las fuentes consultadas no anuncian una revocación general ni un trámite nuevo derivado de la entrevista del inspector general.Como antecedente adicional, la proclamación de septiembre indica que el pago de US$100.000 establecido para ciertas peticiones se había realizado en más de 700 casos desde la entrada en vigor de la restricción original en 2025. La cifra procede de la Casa Blanca; no describe el número de personas investigadas ni permite estimar cuántas visas podrían verse afectadas por futuras medidas.VISAS (1)El próximo paso definido en los documentos oficiales es el inicio de la revisión de datos laborales ordenada al Departamento de Trabajo. Cualquier modificación adicional que se desprenda de la investigación requerirá una decisión o instrucción concreta de las autoridades; D'Esposito no anunció una fecha para ello.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
El gobierno de Donald Trump anunció nuevas medidas contra los programas de visas H-1B y J-1 en Estados Unidos. Las autoridades suspendieron a Microsoft, Adobe y otras seis compañías del sistema que permite patrocinar a trabajadores extranjeros e iniciaron investigaciones sobre nueve universidades por presuntas irregularidades migratorias.Visas H-1B: las ocho empresas que EE.UU. suspendió del PERMSegún informó Reuters, el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) anunció la suspensión de ocho compañías del Programa de Certificación Laboral Permanente (PERM, por sus siglas en inglés). El secretario de Trabajo, Keith Sonderling, aseguró que las autoridades no aceptarán nuevas solicitudes ni procesarán los expedientes pendientes de las siguientes empresas:MicrosoftAdobeCognizantInfosysTata Consultancy Services (TCS)WiproHCL TechnologiesCapgeminiDe acuerdo con Associated Press, el vicepresidente JD Vance encabezó el anuncio y acusó a las empresas de utilizar mecanismos de contratación que perjudican a los trabajadores estadounidenses. El funcionario sostuvo que algunas compañías publican ofertas de empleo con escasa visibilidad y después argumentan que no encontraron candidatos locales para justificar la incorporación de extranjeros.El gobierno federal atribuyó la decisión a presuntos abusos del sistema. Sin embargo, la suspensión no implica que las compañías tengan prohibido contratar extranjeros ni que las visas H-1B de sus empleados pierdan automáticamente su validez.Qué cambia para los trabajadores con visas H-1B y solicitudes de residenciaLa medida se concentra en un procedimiento que facilita el acceso a la green card por empleo. Según explicó el DOL, las empresas deben obtener una certificación laboral antes de presentar determinadas peticiones de inmigración para trabajadores extranjeros.Para conseguir esa autorización, los empleadores deben demostrar que no existen suficientes trabajadores estadounidenses disponibles, calificados y dispuestos a ocupar el puesto. También deben acreditar que la contratación no perjudicará los salarios ni las condiciones laborales de quienes realizan tareas similares.Una vez aprobada la certificación, la empresa puede presentar el formulario I-140 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). El documento tiene una validez de 180 días para su presentación ante la agencia migratoria.La suspensión modifica esa etapa del procedimiento para las ocho compañías señaladas. Como explicó Axios, el programa PERM es diferente del sistema de visas H-1B, destinado a trabajadores extranjeros especializados que acceden a empleos temporales.Por ese motivo, la decisión no revoca los permisos H-1B existentes ni las green cards ya concedidas. Sin embargo, representa un obstáculo para los empleados que dependen del patrocinio de estas empresas para avanzar hacia la residencia permanente.Las acusaciones de JD Vance contra MicrosoftMicrosoft quedó en el centro de los cuestionamientos de Vance. El vicepresidente afirmó que la empresa despidió a 6000 trabajadores estadounidenses durante el año anterior, mientras obtuvo 6300 visas H-1B y casi 3000 green cards. A partir de esas cifras, el funcionario acusó a la compañía de sustituir empleados estadounidenses por extranjeros con condiciones laborales menos favorables.Microsoft rechazó esa interpretación. La compañía explicó que aproximadamente el 80% de las solicitudes H-1B presentadas durante el último año fiscal correspondieron a extensiones o modificaciones del estatus de empleados existentes, según Associated Press.Además, señaló que las peticiones restantes correspondieron a personas que ya residían legalmente en Estados Unidos y decidieron incorporarse a la empresa. Ese grupo equivalía a apenas el 1% de su fuerza laboral estadounidense.La compañía también aseguró que paga a sus empleados H-1B lo mismo que a otros trabajadores con funciones comparables.El conflicto se suma a otras medidas contra el programa migratorio. Trump intentó imponer una tarifa de 100.000 dólares a determinadas solicitudes, aunque la medida enfrentó un revés judicial por el cobro de la visa H-1B.Visas J-1: las nueve universidades que investigará EE.UU.La segunda parte de las medidas anunciadas por Vance alcanza a instituciones académicas estadounidenses. El gobierno inició investigaciones sobre el presunto uso indebido de las visas J-1 para programas de intercambio, que permiten la entrada temporal de extranjeros para actividades educativas, laborales y de investigación.Las nueve instituciones señaladas son:Universidad de HarvardUniversidad de YaleUniversidad de StanfordUniversidad de BrownUniversidad de PittsburghUniversidad de California en DavisInstituto Tecnológico de California (Caltech)Universidad Estatal de ArizonaInstituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)Vance sostuvo que estas universidades recurren al programa en proporciones superiores a las de otras instituciones y consideró que esas prácticas merecen una investigación.El inspector general del DOL, Anthony D'Esposito, indicó que las autoridades ya emitieron citaciones. Las pesquisas buscarán establecer si existen abusos migratorios, relaciones financieras indebidas o influencia extranjera sobre investigaciones financiadas con fondos federales.Stanford aseguró que cooperará con las investigaciones, mientras que la Universidad de California en Davis manifestó su disposición a trabajar con el gobierno para confirmar el cumplimiento de las normas.Por su parte, MIT, Brown y Pittsburgh informaron que recibieron citaciones y comenzaron a revisarlas. Yale señaló que analizará los documentos cuando los reciba.
La medida apunta a varias compañías, entre ellas Microsoft, y se enmarca en una ofensiva de la administración de Donald Trump contra lo que considera un uso abusivo del sistema de visas laborales. Leer más
El senador republicano por Alabama, Tommy Tuberville, presentó el proyecto The Americans First Immigration Act. La iniciativa busca eliminar la Lotería de Visas de Diversidad y reestructurar los trámites para la residencia permanente legal.Eliminar la lotería y reformar el proceso para la green cardEl proyecto S.5485, presentado el 23 de septiembre de 2026, deroga la Lotería de Visas de Diversidad y prohíbe emitir visados bajo esa modalidad. En su lugar, la norma, que replica y amplía la estructura de la propuesta en la Cámara de Representantes, establece un cupo anual de 3000 visas para trabajadores religiosos.Asimismo, según Newsweek, la propuesta modifica el patrocinio familiar al excluir a los padres de ciudadanos estadounidenses de la categoría de familiares inmediatos. La medida limita esa vía a cónyuges e hijos menores, y restringe las preferencias familiares a cónyuges e hijos de residentes con un tope de 87.934 visados.En el ámbito laboral, el texto reemplaza las categorías de residencia por un sistema de puntos competitivo con un techo anual de 192 mil visas. Los aspirantes deberían acreditar una oferta laboral con sueldos superiores al 150 o 200% del salario medio estatal, dominio de inglés y entre 18 y 51 años de edad.Los seleccionados reciben inicialmente una residencia condicional por dos años. Además, los solicitantes deben firmar una declaración jurada de Protección de los Valores Estadounidenses que exige adhesión constitucional y el rechazo a delitos graves.Las diferencias entre el proyecto del Senado y la versión de la CámaraLa versión del Senado amplía el proyecto presentado en abril en la Cámara de Representantes por el congresista Barry Moore bajo el expediente H.R. 8586. La iniciativa de Tuberville incluye la agresión sexual y la violencia doméstica dentro de las conductas prohibidas en la declaración jurada.En materia de sanciones a empleadores, el proyecto del Senado eleva la multa máxima por incumplimiento intencional a 25.000 dólares. A diferencia de la Cámara, la norma añade sanciones penales de hasta seis meses de prisión para patrones con prácticas sistemáticas de infracción.Respecto a la evaluación por méritos, la Cámara otorga entre 10 y 50 puntos por capacidad extraordinaria a discreción de la autoridad de seguridad nacional. En cambio, el proyecto de Tuberville fija esa bonificación en 25 puntos.El contexto político del CongresoLa tramitación parlamentaria enfrenta un escenario complejo ante el receso legislativo del Congreso previo a las elecciones de mitad de término. Según recuerda Newsweek, la Cámara de Representantes suspendió sus sesiones ordinarias hasta después de los comicios del 3 de noviembre.Las mayorías en ambas cámaras mantienen márgenes estrechos entre la bancada republicana y la oposición demócrata. En el Senado, los republicanos ocupan 53 escaños frente a 45 demócratas y dos independientes alineados con el bloque opositor.La propuesta coincide con las medidas del poder ejecutivo para endurecer los criterios de inmigración legal en el país. El gobierno federal aplicó reducciones en la cuota de refugiados y restauró regulaciones sobre la carga pública para la residencia permanente.
Un magistrado estadounidense concede una semana al gobierno para defender su propuesta de restringir visas a estudiantes y periodistas extranjeros.La medida, que busca endurecer permisos, fue temporalmente bloqueada por considerarse débil. La defensa debe presentar argumentos antes del 9 de octubre.
El documento también incluye pasaportes especiales y fue suscrito por Roberto Velasco Álvarez y su homólogo catarí
La representación diplomática calificó como falsas las publicaciones que circulaban en redes sociales sobre supuestas revocaciones de visados a miembros del Gobierno de Costa Rica y pidió consultar únicamente fuentes oficiales
El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) confirmó este lunes 28 de septiembre la revocación de las visas de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres, así como las de sus familiares directos. La medida forma parte de una nueva política de Washington que contempla restricciones de visa contra ciudadanos extranjeros a los que el gobierno de EE.UU. acusa de socavar gobiernos elegidos democráticamente mediante actividades vinculadas con la corrupción o el narcotráfico.EE.UU: revocó la visa de la senadora colombiana Martha PeraltaSegún Noticias RCN, la Corte Suprema de Justicia de Colombia investiga a Peralta, integrante del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), en un proceso relacionado con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La investigación judicial incluye los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio y está relacionada con hechos vinculados a contrataciones en La Guajira.Peralta respondió en un mensaje en redes sociales después de conocer la decisión y anunció: "Iniciaré las acciones institucionales y administrativas pertinentes ante la cancillería, ante la embajada y ante el mismo gobierno de EE.UU. Que se me informe de manera formal cuáles fueron los argumentos para dicha decisión". "Mi compromiso está con Colombia", dijo Martha Peralta sobre la revocación de su visaQué se conoce sobre Euclides TorresEl empresario Euclides Torres también quedó incluido en la decisión del Departamento de Estado. Es propietario de un conglomerado con actividades principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública, según medios colombianos.Torres fue mencionado en investigaciones y testimonios relacionados con el presunto financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Sin embargo, el comunicado no detalla públicamente qué hechos específicos motivaron la revocación de su visa ni la de Peralta. Por su parte, rechazó los señalamientos en su contra y negró dirigir estructuras políticas. Cuál es la base legal de las restricciones de visas en EE.UU.El Departamento de Estado indicó que la nueva política permite imponer restricciones de visa a ciudadanos extranjeros que, según Washington, hayan socavado gobiernos elegidos democráticamente mediante actividades relacionadas con corrupción o narcotráfico. La medida fue anunciada como parte de la iniciativa Escudo de las Américas.La política se apoya en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que contempla restricciones de ingreso por razones vinculadas con la política exterior de Estados Unidos.La sección 7031(c) corresponde a una medida separada anunciada contra el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca.Qué alcance tiene la medida de Estados UnidosLa decisión contra Peralta y Torres forma parte de una medida regional que también incluyó restricciones de visa para ciudadanos de Bolivia: Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superiorAlbania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer del Departamento de Santa CruzAlberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa CruzRosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal en el Departamento de Santa CruzIván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia InstitucionalÁlvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental de ChuquisacaIsrael Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucionalAlberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana NacionalIván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de JusticiaRodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez público mixto civil y comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La GuardiaFrans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía BolivianaJosé Luis Iriarte Cussi, empresario privadoCabe destacar que la medida no representa una cancelación general de visas para ciudadanos colombianos. Se aplica a las personas identificadas por el gobierno estadounidense y a sus familiares directos.
Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visas dirigidas a ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La decisión fue comunicada el 28 de septiembre por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) y forma parte de una política enfocada en funcionarios extranjeros, empresarios y otras personas consideradas vinculadas con actos de corrupción o narcotráfico.Qué establece EE.UU. sobre las nuevas restricciones de visas"Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente en EE.UU.", dijo Thomas Pigott, portavoz del DOS, en un comunicado. En esa línea, sostuvo que las medidas están orientadas a "defender la gobernanza democrática" del hemisferio "frente a la corrupción y el narcotráfico".Una de las bases legales mencionadas por el DOS es la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que permite impedir el ingreso de determinadas personas cuando su presencia o sus actividades puedan generar consecuencias graves para la política exterior de EE.UU.También se utilizó la sección 7031(c) de la legislación de asignaciones, que contempla la designación de funcionarios cuando existe información considerada fidedigna sobre corrupción significativa o violaciones de derechos humanos. La aplicación de estas normas puede derivar en la revocación o en la imposibilidad de obtener una visa.La disposición también puede alcanzar a los familiares directos de las personas sancionadas. El gobierno estadounidense señaló que la medida se enmarca en los compromisos asumidos durante la Cumbre de Doral y en la declaración de líderes de la iniciativa Escudo de las Américas, suscrita el 22 de septiembre.Por lo tanto, la medida no supone una prohibición de ingreso para la población general de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Las restricciones se aplican a personas identificadas individualmente por el DOS bajo estas determinadas disposiciones de la legislación migratoria estadounidense.Restricciones de visas: quiénes son las personas alcanzadasEn Bolivia, el DOS informó la revocación de 12 visas, con restricciones que también alcanzan a los familiares directos. Entre las personas incluidas figuran:Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superiorAlbania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer del Departamento de Santa CruzAlberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa CruzRosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal en el Departamento de Santa CruzIván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia InstitucionalÁlvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental de ChuquisacaIsrael Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucionalAlberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana NacionalIván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de JusticiaRodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez público mixto civil y comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La GuardiaFrans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía BolivianaJosé Luis Iriarte Cussi, empresario privadoAdemás, otros nueve ciudadanos bolivianos que no tenían una visa vigente quedaron impedidos de solicitar u obtener documentos de viaje estadounidenses en el futuro, junto con sus familiares directos.El gobierno estadounidense también designó públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, bajo la sección 7031(c). Según el DOS, la designación se relaciona con acusaciones de corrupción y con la recepción de sobornos vinculados al narcotráfico; la medida le impide ingresar a EE.UU. y se extiende a su familia inmediata.En Colombia, las visas de Martha Isabel Peralta Epieyú y Euclides Antonio Torres Romero fueron revocadas, junto con las de sus familiares directos.Ecuador, por su parte, registró restricciones y cancelaciones de documentos para dos ciudadanos que no fueron señalados por la agencia estadounidense y sus respectivas familias. Por último, en Perú la medida alcanzó a Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima.EE.UU. revocó las visas de Martha Peralta y Euclides TorresLa decisión sobre Colombia involucra a Martha Peralta, senadora vinculada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). La Corte Suprema de Justicia colombiana investiga su presunta participación en hechos relacionados con la contratación de maquinaria en La Guajira dentro del caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), según lo retomado por RCN Noticias.Martha Peralta anunció públicamente que su visado estadounidense fue canceladoPeralta afirmó que conoció la revocación de su visa mediante medios de comunicación y redes sociales. La senadora pidió a la Cancillería colombiana que solicite información formal a las autoridades estadounidenses sobre las razones de la decisión y sostuvo que continuará con sus actividades políticas."Iniciaré las acciones institucionales y administrativas pertinentes ante la cancillería, ante la embajada y ante el mismo gobierno de EE.UU. Que se me informe de manera formal cuáles fueron los argumentos para dicha decisión", expresó en un video publicado en redes sociales.El segundo ciudadano colombiano sancionado es el empresario Euclides Torres Romero, vinculado al denominado "Clan Torres". Su grupo empresarial tiene participación en actividades relacionadas con energía, alumbrado público, señalización vial y sistemas de control de tránsito.Torres fue mencionado en investigaciones relacionadas con la financiación y logística de la campaña presidencial de Gustavo Petro, expresidente de Colombia, en 2022. Testimonios de Nicolás Petro y Day Vásquez también lo ubicaron dentro de esas investigaciones.Además, según los medios locales, se revisaron contratos adjudicados a compañías relacionadas con su entorno empresarial durante el gobierno de Petro. "No hago parte de ningún clan político y mucho menos dirijo el supuesto Clan Torres", indicó el empresario, según lo retomado por Semana.
El Departamento de Estado recibirá información de ciudadanos nacionales y extranjeros sobre estadías que superen el plazo autorizado o labores no permitidas, antes de decidir si abre pesquisas o adopta medidas migratorias
El mandatario colombiano afirmó que combatir la corrupción será uno de los principales frentes de trabajo conjunto entre los países que integran el denominado Escudo de las Américas, estrategia orientada a hacer frente a fenómenos como el narcotráfico y las prácticas corruptas
Washington revoca visas a funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú por corrupción y socavar gobiernos democráticos. La medida afecta a 13 bolivianos, incluidos altos cargos judiciales.Además, dos colombianos y un juez peruano enfrentan restricciones, en un esfuerzo por combatir el narcoterrorismo y fortalecer instituciones democráticas en la región.
La nueva política migratoria contempla también a los familiares directos de los señalados y permite actuar contra extranjeros que, según Washington, debiliten gobiernos elegidos democráticamente
El país norteamericano informó que las restricciones forman parte de las acciones relacionadas con el denominado Escudo de las Américas, una política presentada para enfrentar amenazas relacionadas con corrupción y narcotráfico en la región