sistema

Aprueban ley para crear Sistema de Cuidados de CDMX, colectivas piden que su implementación "no quede en papel"

El colectivo FIEM señaló que aún falta asignar presupuesto, infraestructura y reglas claras para que el sistema funcione

Walmart lo hizo oficial: aprueba cambios en más de 72 tiendas de Texas para facilitar las compras del público y se despide de un sistema de pago

La empresa anunció que forma parte de un plan de inversión de 2.500 millones de dólares.

Descubren nueva escalinata ceremonial y sistema hidráulico oculto en Vilcas Huamán, uno de los centros incas más importantes

Conchas marinas, piezas de cobre y antiguos drenes hallados en Vilcas Huamán amplían el conocimiento sobre la organización política, religiosa y económica del complejo monumental

Sistema Ecobici implementará 3 mil unidades y nuevas rutas para albergar el Mundial 2026: estos serán los centros

La estrategia contempla la instalación de cicloestaciones en puntos clave como Viaducto Tlalpan para facilitar el acceso al Estadio Ciudad de México

Elisabet Piacentini sobre el régimen de inocencia fiscal: "Es muy lento el goteo de dólares que están ingresando al sistema"

La tributarista aseguró que el régimen de inocencia fiscal impulsado por el Gobierno todavía no logra generar el ingreso masivo de dólares al sistema financiero por la falta de garantías y las dificultades operativas. Leer más

Exfuncionario apuntó contra el nuevo sistema del SEMM: aseguró que Córdoba "solo digitalizó el cobro, no cambió nada"

El abogado Flavio Araoz sostuvo que el esquema actual ya estaba contemplado en ordenanzas municipales desde hace más de 20 años y advirtió fallas en la aplicación tecnológica. Leer más

Los inspectores de Hacienda piden respeto ante "descalificaciones reiteradas" contra sus funciones en el sistema tributario

La asociación IHE considera en un comunicado que las críticas "vertidas en los últimos tiempos" hacia el colectivo deben apoyarse en "datos, fundamento y objetividad"

Bogotá agiliza la matrícula de vehículos con nuevo sistema en la Ventanilla Única de Servicios

La capital puso en marcha un mecanismo que busca reducir tiempos de espera y errores en el pago del impuesto vehicular durante el trámite de matrícula. Los ciudadanos recibirán acompañamiento directo en las sedes habilitadas

El sistema CONRED reporta 21 incendios forestales activos en Guatemala

Un registro actualizado muestra que la mayoría corresponde a áreas forestales, con énfasis en territorios como Petén y Quiché, donde condiciones ambientales favorecen la expansión y complican los trabajos de extinción

Se multiplicó casi cinco veces el ingreso de causas a la Corte porteña, que aplicará un sistema de inteligencia artificial

La tarea del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se multiplicó casi por cinco desde que se convirtió en tribunal de apelación de todos los juicios laborales, civiles, comerciales y penales que dicta la Justicia nacional tras el fallo Levinas, de la Corte Suprema de Justicia.Para gestionar estas causas, el TSJ lanzó una licitación para poner en marcha un sistema de inteligencia artificial y el próximo viernes se conocerán las ofertas. Al concurso se presentaron las principales empresas tecnológicas locales y extranjeras para un proyecto que en esta etapa representa unos US$550.000 y se prevé que funcione a fin de año, dijeron fuentes del tribunal a LA NACION.En 2024 ingresaban 1610 causas al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y en 2025 ingresaron 6826, según las estadísticas oficiales del organismo, publicadas en su página web.Se trata de un crecimiento del 326,4 por ciento o, lo que es lo mismo, el resultado de multiplicar el ingreso de causas por 4,26 veces.La mayoría de esas causas son laborales, es decir casos de accidentes de trabajo y de juicios por despido de los trabajadores a los empleadores. Fueron 4490 en total, en 2025, un 66 por ciento de todos los casos que existen en la "corte porteña".El tribunal ya estableció un criterio, pues aplicó el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) en la primera sentencia de ajuste por accidentes laborales tras la doctrina Levinas. Sentó doctrina al dictar la primera sentencia en un caso derivado de la justicia nacional laboral, fijando su postura sobre los intereses aplicables en juicios por accidentes laborales.En el caso Boulanger c/ Provincia ART, originado por un accidente de trabajo en 2023, el máximo tribunal porteño revocó una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Esa cámara había dispuesto que los intereses se calcularan según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). En primera instancia, el cálculo se había hecho con la tasa activa del Banco Nación. Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia resolvió que corresponde aplicar lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019, que dispone la actualización de los créditos laborales mediante el índice Ripte, un indicador que refleja la evolución promedio de los salarios.Con esta decisión, el TSJ sentó un precedente que impactará directamente en la forma de calcular las indemnizaciones por accidentes de trabajo en adelante. Aún los jueces no fallaron sobre cómo se deben calcular los intereses en los juicios laborales por despido, pero esa situación ya quedó zanjada por la reforma laboral en vigor.Toda esta revolución y la explosión de casos se dio por el fallo Levinas de la Corte Suprema de Justicia. Allí, el máximo tribunal del país estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es el "superior tribunal de la causa" en todos los casos civiles, comerciales, laborales y penales que se inicien en el ámbito de la justicia nacional de la ciudad de Buenos Aires.En la práctica, implica que todos los juicios laborales, civiles o comerciales que se den en el ámbito de la justicia nacional con asiento porteño terminarán siendo apelados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que este decida.Esto implicó que el TSJ inaugurara un nuevo edificio para albergar a la estructura que demanda manejar este volumen de expedientes y sumar personas especializadas, por ejemplo, en la resolución de causas laborales.Además, recientemente lanzó una licitación para tener su propio sistema de inteligencia artificial para la gestión de las causas y sistematizó mediante un formulario el registro de datos para el ingreso de expedientes.Esta última iniciativa generó controversia con el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires. El presidente del organismo, Ricardo Gil Lavedra, visitó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para transmitir la preocupación de los letrados por el sistema de registro de expedientes mediante un formulario especial que lanzó la "corte porteña".Se quejaron de que no los consultaron y de que no completar el formulario puede ser causal para el rechazo del recurso que se presente. Lo recibieron la presidenta, Inés Weinberg; la vicepresidenta, Alicia Ruiz, y sus colegas Luis Lozano y Marcela de Langhe. Ese día no estuvo el quinto juez, Santiago Otamendi.Junto con la presidenta electa del Colegio, Alejandra García, Rosalía Sylvestre y el titular de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, Juan Pablo Zanetta, pidieron que se difunda la circulación de los expedientes en trámite.En el Tribunal Superior les explicaron que ese formulario pretende recopilar los datos de los recursos para que luego sean tratados por el nuevo sistema de inteligencia artificial.El formulario pretende simplificar el trámite interno previo al dictado de la sentencia, con una mayor delegación de la tarea en los secretarios. Ese mecanismo permitirá hacer un análisis formal de admisibilidad, en cuanto a que los recursos cumplan con la extensión y características aprobadas, realizará una derivación temática y luego podrá trabajar sobre resúmenes.Está previsto, además, que el mecanismo de IA con supervisión humana trabaje con una base cerrada de fallos de la propia jurisprudencia del TSJ y de la Corte Suprema de Justicia y que estos puedan además estar a disposición del público y los letrados para la consulta.El 29 de mayo (próximo viernes) se hará la presentación de ofertas de este sistema, que permitirá derivar los casos y cotejar el pleito con la base de sentencias para aplicar esa doctrina a la elaboración de un informe o memorándum que sirva como base para que los jueces realicen el proyecto de sentencia.Ya demostraron su interés en la licitación empresas como Globant, Google, IBM y otras firmas de desarrollo local. Se estima que el proyecto demande una inversión de unos 550.000 dólares y que el año próximo esté en funcionamiento.

Debate técnico 2026: Presidente del JNE admite que "la credibilidad del sistema electoral está venida a menos" y anuncia medidas

Roberto Burneo informó que más de 26 mil fiscalizadores participarán en la supervisión de la segunda vuelta y confirmó una coordinación permanente con la ONPE para evitar nuevas contingencias

Aplican el mismo sistema de restauración que se uso para Notre Dame y el Coliseo en un monumento de la Argentina

Con la mirada puesta en el próximo 20 de junio, uno de los íconos más importantes de la Argentina se encuentra en plena remodelación. Pero esta vez no se trata solo de pintura, limpieza o puesta en valor; la restauración incorpora tecnología utilizada en monumentos internacionales como la Catedral de Notre Dame y el Coliseo Romano.La obra, que integra tecnología de vanguardia y criterios de conservación internacional, busca devolverle al Monumento a la Bandera su esplendor original tras haber alcanzado un 60% de avance antes de su paralización. Ni Puerto Madero ni zona norte: un desarrollador vendió 75 departamentos en menos de dos semanasLa intervención no es solo estética, sino estructural. "Aplicamos tecnología especializada para proteger tanto la estructura como el valor simbólico y cultural del patrimonio", explicaron especialistas de Mapei, la empresa a cargo de la restauración. La misma "patología" que afecta al Coliseo romanoEl deterioro encontrado en el monumento de Rosario tiene puntos en común con el que sufren monumentos históricos europeos. "La patología común que encontramos tanto en Roma como en Rosario es la degradación por agentes atmosféricos combinada con la carbonatación y la infiltración de humedad", señaló Verónica Squinzi, CEO de la empresa especializada en recuperación patrimonial.En el caso del Monumento a la Bandera, eso se traduce en desprendimientos, manchas biológicas provocadas por hongos y líquenes, además de corrosión interna en las armaduras de hierro. Un fenómeno similar afecta al travertino del Coliseo Romano debido a la lluvia ácida y los cambios bruscos de temperatura.Entró en default la constructora detrás de la creación de la Rueda de Puerto Madero y la remodelación del MonumentalPara combatirlo, se aplicó una combinación de limpieza ultrasónica y química pasiva destinada a eliminar microorganismos sin desgastar el mármol. Además, se utilizaron compuestos que penetran la piedra porosa y reconstruyen desde adentro el aglutinante mineral perdido."Es una tecnología que le devuelve la juventud estructural al mármol", describieron desde la empresa.La intervención incluye varios frentes simultáneos:Reconstrucción de carpetas con materiales de endurecimiento rápido para soportar el tránsito masivo de visitantes.Impermeabilización avanzada del hormigón para frenar filtraciones.Colocación de placas de gran formato con adhesivos flexibles capaces de absorber movimientos estructurales.Sellado de juntas con materiales hidrorrepelentes para evitar el ingreso de agua.El proyecto también incorporó estudios específicos sobre el material original del monumento. Los laboratorios de I+D de Milán trabajaron junto al departamento técnico de la compañía en la Argentina para desarrollar fórmulas adaptadas al clima húmedo de la costa del Río Paraná y al travertino proveniente de canteras sanjuaninas utilizado en la década de 1940."No tuvimos que inventar una estrategia desde cero en cuanto a la calidad de los materiales, pero sí adaptar la ingeniería de aplicación a la escala local", explicó Squinzi.El mayor desafío: que la tecnología sea invisibleEn restauración patrimonial, muchas veces el mejor trabajo es el que no se percibe. Ese fue uno de los principios rectores de la obra en Rosario. "Lograr que la tecnología sea invisible es el máximo desafío", sostuvo la CEO de Mapei.La clave, detalló, es aplicar criterios de compatibilidad para que los nuevos materiales no sean más duros ni más agresivos que la piedra original. Así, el ojo humano no detecta cambios artificiales de color o brillo, aunque el monumento recupere resistencia estructural.De acuerdo con las estimaciones técnicas, los tratamientos de consolidación e impermeabilización podrían extender la vida útil del monumento entre 15 y 20 años. Pero eso no implica abandonar el mantenimiento.De Barrio Parque a Punta del Este: el magnate estadounidense Peter Thiel compró 5 lotes en un exclusivo proyectoLos especialistas recomiendan controles preventivos cada tres a cinco años, con inspecciones térmicas para detectar microfisuras, limpiezas superficiales y renovación de tratamientos hidrorrepelentes en las zonas más expuestas al viento y la humedad del río.El Monumento se prepara así para su cita más importante del año: el 20 de junio, combinando materiales de última generación con el respeto por la historia que lo define.

Círculo rojo: Milei encerrado en su sistema de toma de decisiones y los intereses cruzados en la casa matriz del PRO

El presidente no puede desarmar la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Las razones de una guerra que estalló en una de las semanas con mejores noticias para el gobierno en dos meses. Particularidades del estilo de liderazgo presidencial. ¿Quién cuida al jefe de Estado? El plan Bullrich y la obsesión de Macri. ¿"Súper domingo" electoral? Hacia donde va el peronismo de la capital

El sistema

Me conmueve la admiración y el cariño de esos subrayados, correspondidos en esa época: Aira ha escrito párrafos muy elogiosos sobre la obra de Lai. Leer más

Fernando Navajas, de FIEL: "Hay algo peor a un sistema de bandas cambiarias, que es una banda de sistemas cambiarios"

El economista analizó la estrategia de Javier Milei, el cuadro macro de 2026 y los factores que pueden sostener o frenar la desinflación, con foco en inversión, tipo de cambio, energía y productividad

Emergencia permanente: por qué el sistema energético argentino necesita nuevas reglas

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que reordena el régimen de Zona Fría, busca regularizar la deuda del Mercado Eléctrico Mayorista con Cammesa, deroga incentivos y prorroga beneficios fiscales

El algoritmo de la experiencia: cuando los silvers hackean el sistema

Poseen un arma secreta: el conocimiento analógico del porqué de las cosas. Y paciencia, algo que no se vende en ningún supermercado

El DMV de California alerta a conductores comerciales: qué hacer si el certificado médico no llegó al sistema

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia para conductores con licencia comercial (CDL). El lunes 18 de mayo, el organismo detectó inconvenientes en la actualización del sistema vinculada a las nuevas regulaciones federales para certificados médicos.La advertencia del DMV a los conductores comerciales en California"El 18 de mayo, se inició un programa para implementar las nuevas regulaciones federales. Sin embargo, se detectaron problemas poco después del lanzamiento y el DMV decidió revertirlo", informó el organismo en su sitio web oficial.La agencia se refirió a la implementación del nuevo esquema del Reglamento final del Registro Nacional II (NRII, por sus siglas en inglés), que exige la presentación online de documentos de salud para los titulares de CDL que hacen viajes interestatales. Como consecuencia del fallo en California, parte de los informes de examen médico (MER) y los certificados del examinador médico (MEC) no fueron cargados correctamente en los registros oficiales del organismo estatal.Qué deben hacer los conductores si el certificado no apareceEl DMV indicó que quienes realizaron el examen y esperaban que la información se enviara automáticamente el 18 de mayo deben entregar una copia física de los documentos médicos. La recomendación aplica especialmente para conductores comerciales interestatales, cuyos certificados debían transmitirse de forma electrónica.Mientras el sistema permanece en revisión, las autoridades señalaron que conservar la documentación impresa puede evitar problemas durante controles de tránsito o verificaciones administrativas relacionadas con la licencia CDL."Aún pueden enviar sus MER y MEC en papel, en persona, por correo postal o por correo electrónico", aclaró el organismo. "El DMV está trabajando para solucionar el problema lo antes posible", señaló.Cómo funciona el nuevo sistema federal para certificados médicosLas nuevas normas federales obligan a los examinadores médicos registrados ante la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (Fmcsa, por sus siglas en inglés) a enviar los resultados directamente al sistema nacional. Según el procedimiento previsto, el profesional de salud dispone de 24 horas para remitir el examen al registro federal y el DMV debe actualizar la información del conductor dentro del siguiente día hábil.El DMV también informó que los médicos certificados recibieron instrucciones para entregar copias físicas de los formularios médicos a los conductores comerciales. Esto es hasta que la plataforma federal funcione con normalidad.Qué pasa si un conductor no lleva la copia física del certificadoLas normas federales establecen que aquellos con permisos CDL deben portar una copia firmada del Certificado del Examinador Médico durante los primeros 15 días posteriores a su emisión. Después de ese período, el documento deja de ser obligatorio porque se supone que la información ya fue incorporada al historial del conductor dentro del sistema del DMV.No obstante, la Fmcsa emitió una exención temporal válida hasta el 11 de octubre que permite utilizar la copia impresa como comprobante oficial durante un máximo de 60 días desde la fecha de emisión.Cómo verificar si el certificado médico ya fue procesadoLos conductores pueden confirmar si el certificado figura en el sistema al solicitar una copia de su historial de manejo a través del portal MyDMV o mediante los servicios digitales del organismo de California. Ese registro permite revisar el estado actual de la licencia comercial y verificar si el documento fue incorporado correctamente.Las autoridades recordaron que, bajo las reglas del sistema federal NRII, la actualización debería completarse dentro de un día hábil después del envío realizado por el examinador médico. Si la información no aparece luego de ese plazo, el DMV recomienda presentar una copia impresa y consultar el estado del trámite por vía telefónica.

Debuta el primer taxi ferroviario del mundo: cómo funciona el sistema autónomo que promete viajar las 24 horas

Un innovador vehículo sobre rieles busca transformar el transporte regional con viajes bajo demanda y operación continua.Por qué podría cambiar la movilidad pública.

Transporte público: pese a los aumentos, el boleto cubre menos de un tercio del costo del sistema

Hay una regla no escrita que se ha utilizado desde que la Argentina empezó a subsidiar masivamente el transporte, después de la crisis de 2002. Se trata de concentrar los aumentos en los años pares, cuestión de no incomodar el bolsillo en los impares, cuando hay elecciones. Las subas de tarifas de los colectivos y trenes que el gobierno de Javier Milei decidió en estos días obedecen a este paradigma, aunque hay que reconocerlo: la administración libertaria no frenó las subas durante el año pasado, impar y electoral.Solo para entender la profundidad del asunto. Cuando Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa, dejaron el poder, la tarifa remuneraba apenas el 9% del costo del sistema y el 5% si se toma el costo real de la operación que calcula el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP de la UBA y el Conicet. Ahora, con los aumentos de estos años, la ecuación está así: 72% son compensaciones que pone el Tesoro y 28% boletos que pagan los usuarios. El sistema de transporte público en la Argentina dejó hace tiempo de ser solo un servicio para convertirse en una compleja ingeniería fiscal y, sobre todo, política. Lo que nació como una herramienta de contención social tras la crisis de 2001 derivó, con los años, en un entramado donde los subsidios dejaron de ser excepción para transformarse en regla. Desde entonces, el Estado no solo financia el sistema: lo sostiene casi en su totalidad, pero con un nivel de control que nunca terminó de cerrar.El corazón del modelo es una paradoja que atraviesa dos décadas: tarifas artificialmente bajas frente a costos que no dejan de subir. Por estas horas, a raíz del aumento del combustible como consecuencia de la guerra en Irán, esa endeble relación entre los aportes estatales y los de los usuarios se volvió a complicar.Pero el debate fiscal y político esconde una cuestión social mucho más profunda: gran parte de la sociedad argentina no puede pagar por servicios básicos. Cada vez menos usuarios o consumidores pueden pagar el verdadero valor de las cosas. Sin esos siete de cada 10 pesos de subsidios, una parte importante de la sociedad no podría viajar.Esa brecha, que en un inicio fue una decisión de política económica disparada por la fenomenal crisis social de fines de 2002, se volvió estructural. Solo como un ejercicio de memoria, los colectivos argentinos no necesitaron subsidios jamás hasta 2002. Atravesaron decenas de crisis y siempre el boleto pagó el costo de ser transportado. Combustible, salarios, repuestos dolarizados y flotas envejecidas chocan contra boletos que, en términos reales, rara vez reflejan el costo del servicio. El resultado es conocido: subsidios crecientes, dependencia empresarial del aporte estatal y un sistema que funciona más por transferencia de recursos que por eficiencia operativa.En ese esquema, las empresas aprendieron rápido. El negocio dejó de estar en el pasajero y pasó a estar en la compensación. Las planillas, las validaciones y las declaraciones de kilómetros recorridos se volvieron tan importantes como la cantidad de gente transportada. El Estado paga, pero muchas veces lo hace sobre datos que no logra auditar completamente en tiempo real. Ahí aparece una zona gris que, a lo largo de los años, derivó en denuncias, sospechas y expedientes judiciales: diferencias entre pasajeros reales y declarados, recorridos inflados o inconsistencias en los sistemas de control. Fue el gobierno de Milei el que rompió este esquema cuando cambió las fórmulas y volvió a ponerle el acento a los usuarios.La desigualdad territorial terminó de completar el cuadro. Mientras el AMBA concentra la mayor parte de los subsidios y mantiene tarifas relativamente bajas, el interior del país funciona bajo otra lógica: menos asistencia, boletos más caros y servicios más precarios. No es solo una diferencia económica, es un diseño político que consolidó un sistema de dos velocidades. En el Gran Buenos Aires, el subsidio es política de Estado; en el interior, es una discusión permanente.A esto se suma un problema que atraviesa todas las gestiones: la fragmentación regulatoria. Nación, provincias, municipios, organismos de control y empresas conviven en un esquema donde las responsabilidades se superponen y la planificación integral brilla por su ausencia. Cada cambio de gobierno redefine prioridades, modifica reglas y reordena nombres, pero el sistema de fondo permanece. La Secretaría de Transporte, históricamente atravesada por tensiones internas y cambios de conducción, es el reflejo de esa inestabilidad. Semejante desmanejo se percibe también en este gobierno. Desde que asumió Milei, la silla de la Secretaría de Transporte se convirtió en un lugar caliente. Franco Mogetta asumió el 22 de diciembre de 2023 y estuvo en el cargo hasta el 9 de mayo de 2025. Lo sucedió Luis Pierrini, que fue nombrado un día después y mantuvo el lugar hasta el 22 de enero de 2026. Fernando Herrmann fue el siguiente (22 de enero de 2026 hasta el 25 de abril) y, finalmente, Mariano Plencovich es el actual secretario.En ese contexto, los subsidios terminaron siendo algo más que una herramienta económica: se convirtieron en un instrumento de gobernabilidad. Mantener tarifas bajas implica contener el malestar social, pero también trasladar el costo al fisco. Ajustarlas, en cambio, expone el verdadero valor del sistema y abre un conflicto político inmediato. Esa tensión explica por qué, durante más de 20 años, la discusión nunca se resolvió del todo.Los números de la crisis demuestran la profundidad del asunto. De acuerdo al informe que elabora mensualmente el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP de la UBA y el Conicet, la tarifa promedio actual que recibe la empresa de colectivos es de $550. El número surge de sumar todos los pasajes que se pagan y dividirlos por los pasajeros. En ese número, promedian quienes pagan el boleto pleno y los usuarios que tienen algún descuento, como, por caso, estudiantes o personal de casas de familia."Desde 2023 calculamos el costo real del sistema, más allá del que reconoce el Estado de acuerdo a sus actualizaciones. En abril, el precio que debería haber tenido el boleto fue de $1959,53, por encima de los $1486,87 que entrega la Secretaría de Transporte. De acuerdo a esos números, los pasajeros pagan el 37% del costo si se sigue la planilla del Estado, o el 28% con los números nuestros", dijo Alejandro Einstoss, economista y coordinador del Observatorio.En los últimos 10 años, el momento de la menor dependencia de subsidios en los colectivos fue en abril de 2019, cuando las ticketeadoras recolectaron el 43% del costo total del sistema. La devaluación en el último año del gobierno de Mauricio Macri y el impacto en los componentes de la fórmula de cálculo dejaron ese índice de cobertura en 27% para diciembre de 2019.Para abril de 2020, pandemia en el medio, el índice pasó a 6% y se mantuvo entre ese porcentaje y el 14% durante todo el gobierno de Fernández. Fue el éxtasis del populismo tarifario, sostenido, además, por una fuerte retórica política encabezada por el entonces candidato Massa, que enarbolaba la suba de tarifas libertaria como una de las razones por las cuales los votantes no debían elegir la opción Milei. En diciembre de 2023 y enero de 2024 se llegó al extremo: el boleto pagaba el 5% del costo de la operación total de los colectivos en el área metropolitana. Fue en febrero de ese año cuando Milei empezó la recomposición con los primeros aumentos y la relación pasó en marzo a 22%. Siempre según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP de la UBA y el Conicet, los colectivos metropolitanos aumentaron 1276% desde que asumió Milei y un 75% en los últimos 12 meses. En el año, ese número llega al 36,2%.El problema es que, después de más de dos décadas, el transporte argentino ya no discute solamente tarifas o subsidios, sino hasta dónde el Estado puede seguir financiando un sistema que se volvió estructuralmente deficitario sin alterar el equilibrio social. Milei decidió correr el velo y empezar a mostrar el costo real del boleto, pero la pregunta de fondo sigue intacta y atraviesa a todos los gobiernos desde 2002: cuánto está dispuesta a pagar la política para evitar que millones de personas enfrenten el verdadero precio de viajar todos los días. Porque detrás de cada aumento no solo hay una ecuación económica. Hay tensión social y, sobre todo, una evidencia incómoda: la Argentina construyó durante años un sistema de transporte que funciona más como una herramienta de contención que como un servicio sustentable.

¿Nuevo retiro de la AFP?: Afiliados al sistema privado de pensiones podrían acceder a cobrar hasta S/21.400

Una iniciativa parlamentaria propone un desembolso ágil de ahorros previsionales, como alternativa ante la crisis económica y los daños provocados por fenómenos climáticos recientes

"Vivo mejor de lo que podía imaginar": el sistema que revoluciona Zárate y combate la pobreza sin asistencialismo

La ruta atraviesa Lima con el movimiento constante de camiones, motos y autos que entran y salen de la localidad a toda hora. Ubicada en el noreste de la provincia de Buenos Aires y perteneciente al partido de Zárate, Lima tiene 32.996 habitantes, según el Censo Nacional de 2022. Su crecimiento estuvo impulsado principalmente por el polo energético regional y las obras viales de la zona, declarada ciudad por su expansión industrial, residencial y turística. A medida que uno se aleja del centro, el paisaje cambia. Empiezan a aparecer barrios de casas de clase media baja, terrenos amplios y calles de tierra. En medio de ese recorrido aparece Akamasoa Argentina. El contraste visual es inmediato. Las casas están pintadas de verde, azul, amarillo y naranja. Algunas tienen nombres escritos en el frente. Hay chicos jugando, bicicletas apoyadas contra las paredes y vecinos entrando y saliendo de sus hogares. En el predio tiene lugar la versión local â??y reducidaâ?? de la obra que el sacerdote argentino Pedro Opeka, fundador de Akamasoa y reconocido internacionalmente por su trabajo de más de 30 años contra la pobreza extrema en Madagascar, por el cual fue nominado en varias ocasiones al Premio Nobel de la Paz.El desembarco del proyecto en Lima se concretó en 2020 de la mano de Gastón Vigo Gasparotti. Con el paso de los años, la iniciativa dejó de ser una idea y se volvió cada vez más concreta, siguiendo una lógica que combina vivienda, trabajo, educación y salud dentro de una misma comunidad. Actualmente viven allí alrededor de 110 personas entre las casas definitivas y los espacios de acogida destinados a mujeres y familias que atraviesan situaciones de emergencia. Hasta ahora ya se construyeron y están habitadas 18 viviendas, mientras otras cuatro siguen en obra. El proyecto total contempla alcanzar unas 40 casas distribuidas alrededor de espacios comunes pensados para reforzar la convivencia cotidiana entre vecinos.El crecimiento no se refleja únicamente en la cantidad de viviendas y de familias que viven ahí, sino también en la estructura que fue tomando forma alrededor: una escuela, varios espacios de trabajo y una de las obras más importantes que hoy avanzan en el predio: un hospital."Ahora voy", dice Vigo Gasparotti cuando una mujer lo frena para hacerle una pregunta sobre unos materiales de construcción. La recorrida por la comunidad avanza a paso interrumpido. A pocos metros, otro vecino lo llama para mostrarle una obra que todavía falta terminar. Más adelante, alguien le consulta por una entrega y otra persona le habla de una puerta que todavía no colocaron. La secuencia se repite durante toda la visita de LA NACION al predio. Vigo Gasparotti camina rápido entre las casas, saluda vecinos por su nombre, señala estructuras, explica planos y habla de aulas, techos y cañerías mientras alrededor siguen pasando chicos en bicicleta. Entre una parada y otra, el diálogo vuelve siempre sobre la misma idea: cómo Akamasoa dejó de ser solamente un proyecto social para transformarse en una comunidad con vida propia. En las respuestas a este interrogante aparece una referencia constante: el padre Opeka. Desde 1989, se calcula que el proyecto del sacerdote argentino en la isla africana ha ayudado a sacar de la pobreza extrema a más de 30.000 personas."Pedro hizo en Madagascar una ciudad, nosotros estamos armando una comunidad importante", comenta Gastón, mientras avanza hacia uno de los sectores en obra. Cuenta que cuando Opeka visitó Lima pudo recorrer todo lo que habían construido y que recién ahí habló "desde el corazón". "Hasta que pisó acá no había dicho más que palabras de apoyo, entusiasmo y de que no nos rindamos. Pero cuando estuvo acá vio todo y dijo: Ahora hablo desde el corazón porque lo veo con mis ojos".La versión argentina de esta iniciativa comenzó a tomar forma a fines de 2018, cuando Vigo Gasparotti, licenciado en Administración de empresas y también magíster y doctor en economía, volvió de Madagascar, donde pasó meses aprendiendo del mismo Opeka el funcionamiento de Akamasoa. Años antes de esa experiencia, con 25 años, el joven había decidido dejar la vida corporativa para dedicarse al trabajo social. Hoy, mientras camina por la chacra de Lima que compró con ayuda de donaciones para llevar adelante el proyecto, la comparación con Madagascar aparece como una referencia permanente. Su fundador insiste en una idea: que la pobreza no puede resolverse solamente desde la asistencia momentánea. "No es un hombre pasivo, es un hombre de acción, no de palabra, de hecho concreto", dice sobre Opeka. Y enseguida agrega que el objetivo que ambos comparten es dejar los lugares "mejor de como uno los encontró".El camino sigue hacia una de las obras más avanzadas de la comunidad: el futuro colegio. Hay estructuras metálicas, placas colocadas a medio terminar, sectores todavía abiertos y materiales distribuidos alrededor del edificio. Vigo Gasparotti se detiene frente a una de las aulas y empieza a explicar cómo surgió el proyecto. "En 2010 Lima tenía 10.000 personas. En 2022 hacen otro censo y da más de 35.000. Se calcula que ya tiene 40.000. No se hicieron escuelas, no se pensó la matrícula", dice. Habla de aulas superpobladas y de las dificultades educativas que atraviesan muchos chicos en contextos de pobreza.Su construcción, al igual que la de las casas y el hospital, avanza con la mano de obra de los propios habitantes del lugar, quienes pagan el valor de sus viviendas con sus horas de trabajo en las obras y en los distintos emprendimientos productivos que hay en el predio. Mientras algunos trabajan en estructuras metálicas, otros colocan placas, pintan paredes, trasladan materiales o realizan terminaciones. Muchas mujeres, en tanto, hacen horas de trabajo en los invernaderos hidropónicosEl proyecto escolar contempla nivel inicial y primaria. En planta baja funcionarán salas desde los 45 días hasta la sala de tres. Arriba estarán los grados de primaria. También explica por qué decidieron incorporar salas desde los primeros meses de vida. Habla del crecimiento cerebral durante la primera infancia, de la importancia de la nutrición y de la estimulación temprana. "Muchos de estos chicos llegan a la educación de tres años apáticos, sin vocabulario", dice mientras señala una de las futuras salas.Gastón menciona la falta de agua potable, la precariedad habitacional, el estrés constante y las situaciones de violencia que atraviesan muchas familias de la zona. "Si ya la escuela es mala, si vivís en un rancho, si no tenés agua potable, si tu hijo no tiene laburo, si tenés el cortisol hasta acá arriba, si está lleno de trauma...es complejo", explica. Y suma: "Dijimos: vamos a hacer un colegio en el que, si tuviera que mandar a mi hijo, estaría absolutamente contento de mandarlo". Actualmente, dice, avanzan con los trámites para lograr la habilitación oficial. La idea es que el aspecto económico no sea un impedimento para las familias. "Este colegio va a ser para gente que no tiene plata para pagar una cuota", dice. Aunque reconoce que más adelante probablemente necesiten algún tipo de financiamiento estatal para sostener los salarios docentes â??como ocurre con otros colegios de gestión privadaâ??, aclara que hasta ahora la construcción y el funcionamiento de Akamasoa se sostuvieron con ayuda de particulares, empresas y donaciones. "Nosotros no tenemos un solo peso del Estado", afirma.La obra avanza contrarreloj. Deben completar los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación bonaerense para poder abrir. El objetivo es empezar a funcionar en 2027 con las primeras salas y grados.A pocos metros del colegio aparece el hospital. La estructura modular ocupa una parte importante del predio y se levanta entre plateas de hormigón, módulos ya instalados y sectores todavía abiertos donde siguen trabajando obreros y voluntarios. Hay consultorios montados, conexiones eléctricas instaladas y espacios prácticamente terminados que todavía esperan equipamiento médico. Vigo Gasparotti explica que el proyecto nació a partir de una necesidad concreta que atraviesa no solo a Akamasoa, sino también a buena parte de Lima. Para muchas especialidades, estudios o atenciones médicas, los vecinos todavía tienen que trasladarse hacia otras ciudades cercanas. "No es solo para la comunidad. Esto está pensado para Lima", aclara mientras señala distintos sectores de la construcción. Cuenta que actualmente ya funcionan algunas especialidades gracias a médicos que colaboran de manera voluntaria y a convenios con distintas instituciones. "Hoy vienen pediatras, odontólogos, clínica médica", enumera. También menciona acuerdos con universidades y fundaciones vinculadas a la salud. "Vinieron seis pediatras del Garrahan un sábado entero. Tenemos convenios con la Fundación Barceló, con Fundación CITO y con algunos cardiólogos", agrega. La intención, explica, es que cuando el hospital esté completamente terminado, funcione como un centro de atención primaria para toda la zona. "La idea es que el vecino de Lima diga: 'bueno, los martes tengo pediatra acá' o 'tengo odontología acá', y no tenga que viajar kilómetros", sostiene.La obra comenzó en agosto de 2024 y el objetivo es terminarla completamente para diciembre de 2027. Mientras camina entre los módulos, el fundador de Akamasoa Argentina explica que eligieron un sistema de construcción modular porque les permitía avanzar más rápido y dejar sectores listos para funcionar incluso antes de completar toda la obra. "Vos hoy acá ya tenés el piso, el zócalo, la electricidad, las aberturas. Estos módulos ya están preparados para arrancar", dice. Todavía les falta construir la maternidad y un techo de grandes dimensiones que cubrirá gran parte del predio. "El techo es inmenso y muy costoso", admite. Habla de pintar todo el edificio con colores fuertes, de convocar muralistas y de intervenir las paredes con dibujos y obras artísticas. "Somos muy de los colores", explica. Acogida a mujeres y familiasLa lógica comunitaria aparece también en los llamados "módulos de acogida", pequeños espacios destinados principalmente a mujeres y familias que atraviesan situaciones de violencia o emergencia habitacional. Vigo Gasparotti explica que la idea surgió al observar una situación que se repetía constantemente. "Cuando una mujer pasa por una situación de violencia, el Estado le dice: andá a la comisaría, andá a la fiscalía de la mujer, te dan una perimetral y un botón de pánico. Pero si después seguís viviendo en un rancho con paredes de nylon, el violento sigue entrando", dice.Por eso, sostiene, el primer paso debía ser garantizar un espacio seguro. "Lo primero que necesita alguien que sufre violencia es tener un lugar donde sentirse a salvo, aunque sea pequeño", explica. Cada unidad tiene electricidad, camas y mobiliario básico. "Capaz tenés que ir al baño comunitario o comer en el comedor, pero ya estás segura", resume. Actualmente hay alrededor de 50 personas viviendo en esos espacios temporales, mientras esperan acceder a una vivienda definitiva. El proyecto prevé llegar a un total de 68 módulos de acogida.A diferencia de un refugio transitorio, insiste en que el funcionamiento apunta a generar estabilidad. "Esto no es dormir una noche y mañana ver qué pasa", aclara. Las familias que ingresan atraviesan distintos procesos: deben gestionar documentación, escolaridad de los hijos, controles de salud y hacer tareas comunitarias dentro de Akamasoa. "Hay que regularizarse, pedir pases de escuela, hacer controles médicos, trabajar de martes a sábado", enumera.Los casos llegan de distintas maneras. Algunas veces a través de derivaciones de servicios locales y organismos vinculados a la violencia familiar. Otras, por contactos personales o recomendaciones de vecinos. "A veces viene una mamá que ya conocía el lugar y te dice que no llega a la noche o que necesita irse de donde está", cuenta. Además del alojamiento, las familias reciben acompañamiento psicológico, jurídico y talleres comunitarios. "Hay mucha gente que aporta lo que sabe", explica.Mientras camina entre los módulos, compara el modelo con el de la sede original de Akamasoa, en Madagascar. Pedro Opeka construyó grandes espacios colectivos con muchísimas camas para responder a situaciones extremas de emergencia. "Nosotros fuimos por algo más individual", dice. Y enseguida marca una diferencia vinculada al contexto. "Pedro convivía con la muerte todo el tiempo. Necesitaba resolver rápido dónde meter a miles de personas. Nosotros no".Más adelante, en una zona más silenciosa del predio, aparece la huerta. Entre pallets, nylon y plantaciones trabaja Mercedes Ramírez, una mujer de 83 años que vive en la comunidad desde hace más de dos años junto a parte de su familia. Mientras muestra las plantas y los árboles frutales, cuenta que llegó desde Concordia después de enviudar. "Vi tierra y fui", resume.Mercedes habla de trabajo constantemente. Cuenta que armó la huerta prácticamente sola, que le gusta trabajar y mantenerse activa incluso ahora, después de una caída que le provocó un fuerte dolor físico. "No me gusta estar sin hacer nada", dice. Mientras habla, señala distintos sectores del terreno donde plantó verduras y árboles. También muestra la pequeña capilla que ayudó a impulsar dentro de la comunidad.La capilla todavía no fue inaugurada oficialmente. Según cuenta Vigo Gasparotti, la idea fue construir un espacio abierto donde convivan distintas expresiones cristianas. "Los lunes viene un pastor, los sábados viene un sacerdote", explica. La recorrida continúa hacia otro de los sectores que buscan generar trabajo dentro de Akamasoa: el invernadero hidropónico. Allí trabajan varias mujeres de la comunidad entre estructuras blancas donde crecen cientos de lechugas. Vigo Gasparotti explica que el proyecto apunta tanto a la producción de alimentos como a la enseñanza de un oficio poco habitual."El noventa por ciento del agua recircula", explica mientras muestra el sistema. Las plantas crecen mediante un circuito de agua y nutrientes controlado diariamente. Las trabajadoras revisan niveles de pH, conductividad y distintos indicadores para mantener la producción.El invernadero había quedado abandonado durante un tiempo y fue recuperado recientemente por un grupo de mujeres de la comunidad. "Esto estaba destruido", dice Vigo Gasparotti, mientras muestra los distintos sectores. Ahora esperan ampliar la producción con tomates cherry y nuevas plantaciones.La idea de comunidad aparece constantemente asociada a la construcción de infraestructura concreta. Viviendas, escuela, hospital, espacios de acogida, huertas y talleres forman parte de una misma lógica que atraviesa todo Akamasoa Argentina Apenas se ingresa al predio, las primeras construcciones que aparecen son las casas construidas en sentido circular que se volvieron una de las imágenes más reconocibles del lugar. Las viviendas están organizadas alrededor de un espacio común y comparten una estructura pensada para reforzar la convivencia cotidiana entre las familias. En el centro hay un espacio abierto donde suelen verse chicos jugando y vecinos conversando mientras alrededor siguen avanzando nuevas obras.Durante la charla, Gastón Vigo Gasparotti explica que detrás de esa forma de construir también existe una lógica vinculada a cómo piensan la comunidad. "La idea era romper un poco con el concepto tradicional de vivienda aislada. Que la gente se vea, se cruce, conviva. Que el espacio común vuelva a existir", comenta.Actualmente, dentro de Akamasoa viven alrededor de 110 personas entre las viviendas definitivas y los espacios de acogida destinados a familias en situación de emergencia. "Nosotros no queríamos hacer casas más o menos. Si hacíamos viviendas, tenían que ser lugares donde cualquiera estaría dispuesto a vivir", explica Vigo Gasparotti. "Lo mismo que pensamos para las casas lo pensamos para el colegio, para el hospital y para todo lo demás", agrega.La construcción de las viviendas también funciona como espacio de formación laboral. Vigo explica que eligieron trabajar con sistemas de construcción en seco por la velocidad de ejecución, el menor desperdicio de materiales y la posibilidad de enseñar oficios que, según sostiene, todavía son poco frecuentes en sectores vulnerables. "Albañiles tradicionales encontrás. Gente que sepa construir en seco en contextos de pobreza es raro", señala.Con el correr de las horas, Akamasoa empieza a mostrar una dinámica distinta a la de un proyecto social tradicional. Hay vecinos trabajando en las obras, personas entrando y saliendo de talleres, chicos jugando en las calles internas y estructuras que siguen creciendo alrededor de la comunidad. En medio de esa dinámica aparecen también las historias personales de quienes viven ahí. "Vivo mejor de lo que podía imaginar", dice Katherina Morel. Su vecino, Santiago Pardiña, cuenta que llegó después de atravesar una situación de violencia: "Estaba en un momento donde tenía muy pocas puertas abiertas y necesitaba escapar de esa situación. Akamasoa me brindó soluciones para muchas de las complicaciones que tenía". Karina Galeano, en tanto, explica que retomó sus estudios secundarios de adulta, después de años dedicados a cuidar a su familia. "Yo estudié de grande porque mi mamá había fallecido y tuve que cuidar a mi hermano. Ahora terminé la escuela y estoy orgullosa. Pensé en mis hijos, porque el día de mañana me preguntan algo y yo no iba a saber contestar ni enseñarles. Ahora sí", dice.

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Nuestro sistema representativo

La Constitución Nacional deja claro en su artículo primero que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal.El régimen representativo es el del gobierno del pueblo a través de sus representantes, así como el republicano se refiere a la división de poderes, los mandatos periódicos y los límites a los gobernantes para salvaguardia de las libertades y los derechos individuales.Alexander Hamilton fue el primer tratadista en definir el sistema político que rige en gran parte de Occidente como "democracia representativa" cuando se debatía la constitución de los Estados Unidos. En el Reino Unido, surge el que puede considerarse el mentor del sistema representativo, Simón de Monfort quien en 1258 lideró a un grupo de nobles que despojó al rey de la autoridad ilimitada y en 1265 liderando una revuelta contra Enrique III, convocó a una Asamblea que incluía a representantes "del pueblo". Por primera vez a la representación de la alta nobleza y el clero se agregaba la representación de los que no eran nobles. Se eligieron dos "caballeros" por condado y dos por cada ciudad libre, sentando así las bases de la futura Cámara de los Comunes.La Constitución Nacional establece en el artículo 48 que "la Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada 33 mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo pudiendo aumentar, pero no disminuir la base expresada por cada diputado".A diferencia del Senado, en el que se representan las provincias de manera igualitaria sin diferencias de población o de riqueza, la Cámara baja es elegida por el pueblo de la Nación, a quien representan los diputados nacionales, actuando las provincias como distritos electorales.Nuestro país evolucionó en su sistema electoral para asegurar la mayor representatividad posible, pasando del sistema de pluralidad de sufragios al de lista incompleta, que aseguraba un tercio de las bancas a la segunda fuerza. Luego, al sistema de representación proporcional vigente desde los comicios de 1963 que evita mayorías artificiales que no responden a los resultados electorales y también asegura que vastos sectores populares que votaban a terceras y cuartas fuerzas no carezcan de representación.Sin embargo, hace medio siglo que se han introducido distorsiones que violan el espíritu y la letra de la Constitución Nacional.En 1972 durante el gobierno de facto del general Alejandro Agustín Lanusse, mediante el decreto ley 19.862, se alteró la composición de la Cámara de Diputados, pues al reparto de bancas según la población, se agregaron bancas para que las provincias menos pobladas alcanzaran cinco diputados. Además, fijó un tope a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires.Estamos ante una alteración del principio de "igual valor del voto"En 1983 el último gobierno de facto, presidido por el general Reynaldo Bignone, dictó el decreto 22.947, que fijó un piso de 160 mil habitantes y agregó tres diputados por provincia, asegurando cinco bancas a las provincias menos pobladas. La Cámara de Diputados tiene 257 bancas y la población argentina es de 46.044.703 habitantes; por lo tanto, corresponde un diputado cada 179.162 habitantes o fracción que no baje de 90 mil aproximadamente.Asignando la representación de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, podemos ver las enormes distorsiones existentes en la representación política argentina teniendo en cuenta que la igualdad de las provincias se da en la representación en el Senado pues los diputados son representantes del pueblo de la Nación en su conjunto.Algunos ejemplos demuestran la deformación que señalamos. Córdoba tiene 719.198 habitantes más que la ciudad de Buenos Aires, pero sus diputados son 18 frente a los 25 con que cuenta la capital argentina. También Santa Fe, con 290 mil habitantes menos que Córdoba, tiene un diputado más que su vecina y seis menos que la ciudad de Buenos Aires, aunque esta cuenta con unos 330 mil habitantes menos.Sin duda la más subrepresentada es la provincia de Buenos Aires con sus 70 diputados, límite que fijó el decreto que el último gobierno de facto sancionó violando la Constitución. La provincia de Buenos Aires tiene un diputado cada 252.342 habitantes, cuando Tierra del fuego elige un diputado nacional cada 25 mil habitantes, La Pampa uno cada 64 mil y La Rioja uno cada 76 mil. Los ejemplos que muestran las distorsiones no se ven solo en los grandes padrones. Santiago del Estero tiene un diputado nacional cada 152 mil habitantes y su lindera Catamarca posee uno cada 86 mil. Mendoza es representada en el Congreso por un legislador cada 205 mil habitantes y San Luis tiene un diputado cada 108 mil.Estamos así ante una alteración del principio de "igual valor del voto", doctrina elaborada en la Corte Suprema de los Estados Unidos que cuando fue presidida por Earl Warren, uno de los más notables titulares de ese poder, intervino en casos planteados en algunos estados en los que la representación en las legislaturas locales estaba distorsionada por distritos con demografías distintas, algo que sucede también en las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires para elegir diputados y senadores provinciales y que se vio recientemente en los comicios en los que se eligieron senadores provinciales en Salta y Santa Fe en los que departamentos con unos pocos miles de habitantes tienen la misma representación que ciudades como Salta, Rosario o Santa Fe.La resolución de estos temas es impostergable, pues es esencial para mejorar y fortalecer la calidad institucional.Integrar la Cámara de Diputados de acuerdo con lo que establece la Constitución es proclamar que en este país se respeta su Ley Fundamental dejando de lado artilugios que degradan la representatividad popular.

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El texto modificado establece que las adquisiciones destinadas a proyectos estadísticos especiales estarán sujetas a mecanismos internos de contratación y quedarán libres de impuestos y tributos, reforzando la autonomía operativa del Banco Central

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En la actualidad, en la Argentina existen principalmente dos tipos de sistemas de fiscalización de velocidad. Por un lado, los radares fijos, que representan la mayoría de los dispositivos instalados en el país. Por otro, los radares móviles, utilizados habitualmente por las autoridades de tránsito en rutas y caminos.Ahora bien, tal como anticipó LA NACION, altas fuentes del sector señalaron que se encuentra en análisis la posible implementación de radares de velocidad promedio por tramo, también conocidos como radares "punto a punto", en rutas nacionales. Los autos con caja automática más baratos en mayo 2026La iniciativa forma parte de un estudio más amplio que llevan adelante las autoridades correspondientes para desarrollar un sistema integral de modernización de la seguridad vial, el cual contempla distintas herramientas tecnológicas además de los radares de velocidad promedio.¿Cómo funcionan los radares de velocidad promedio? Estos radares tienen como objetivo medir la velocidad promedio de un vehículo a lo largo de un tramo determinado.¿De qué manera funciona el sistema? Se instalan dos radares, uno en un punto inicial y otro en uno final, que registran la patente del vehículo. A partir del tiempo que tarda en recorrer la distancia entre ambos puntos, el sistema calcula la velocidad promedio del trayecto realizado.En caso de que esa velocidad promedio supere el límite establecido, se genera la correspondiente infracción de tránsito.La eventual incorporación de esta tecnología podría representar un cambio importante en la conducta de los conductores y contribuir a un mayor respeto de las velocidades máximas permitidas, según especialistas consultados. Esto se debe a que ya no alcanzaría únicamente con disminuir la velocidad antes de pasar por un radar fijo, cuya ubicación suele ser informada por distintas aplicaciones de navegación, sino mantener un comportamiento constante en toda la traza.De todos modos, el sistema todavía se encuentra en etapa de análisis y no existe una fecha definida para su eventual implementación. Además, antes de entrar en funcionamiento, deberá atravesar los procesos de aprobación y homologación correspondientes ante organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).La Argentina no es el único país de la región que evalúa avanzar con este tipo de tecnología. En paralelo, Uruguay también estudia la posible incorporación de radares de velocidad promedio por tramo.De acuerdo con medios locales, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas uruguayo analiza instalarlos en corredores considerados estratégicos, con el objetivo de que comiencen a operar antes de fin de año.De esta manera, la implementación de este tipo de sistemas empieza a perfilarse como una tendencia creciente en distintos países de la región.La importancia de los radares de velocidad Si bien las infracciones de tránsito suelen representar un dolor de cabeza para los conductores, especialmente aquellas vinculadas al exceso de velocidad por sus elevados costos, distintos especialistas sostienen que los radares tienen un impacto positivo en materia de seguridad vial.Por ejemplo, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), el organismo estadounidense equivalente a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) de la Argentina, señala que las tasas de infracciones por exceso de velocidad disminuyen rápidamente durante los primeros dos o tres años de implementación de controles y continúan reduciéndose con el paso del tiempo, por lo que considera a esta herramienta como una medida altamente efectiva. Un caso con resultados positivos también se registró en Rosario, provincia de Santa Fe, donde durante 2024 la implementación de controles con cámaras contribuyó a una reducción del 41% en las víctimas fatales por siniestros viales.En la misma línea, un estudio realizado años atrás por la Ciudad de Buenos Aires arrojó que el exceso de velocidad estuvo presente en el 57% de los siniestros fatales analizados, posicionándose como el principal factor de riesgo.

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Con más gremios, se amplió en Aeroparque la protesta por los recortes en el sistema aeronáutico y el SMN

A las 10.30 comenzó en Aeroparque una protesta multigremial contra lo que los sindicatos definieron como el "deterioro que atraviesa el sistema aeronáutico nacional". Según sostienen, la situación es consecuencia de "políticas de ajuste, vaciamiento y ataque permanente a las funciones estratégicas del Estado".Luego de dos anuncios de paro que no se concretaron, ATEâ??SMN busca ahora visibilizar las consecuencias de la caída presupuestaria y de personal que atraviesa el organismo, así como el impacto que eso podría tener sobre servicios aéreos utilizados a diario por la población. En apoyo y por primera vez desde el inicio del conflicto, a la manifestación se sumaron representantes sindicales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). La protesta se desarrolló con presencia de efectivos de la policía de la Ciudad, sin que se registraran incidentes.Si bien la conducción nacional de ATE participó del acto, desde el gremio denunciaron que trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional fueron desalentados para asistir. Según señalaron integrantes de la comisión directiva de ATEâ??SMN a LA NACION, quienes trabajan en la sede de Dorrego se encontraron con la mayoría de las salidas del predio cerradas con precintos plásticos y mobiliario. "Al intentar salir por la puerta principal, que era la única abierta, el director de Recursos Humanos ordenó cerrarla para controlar a quienes quisieran manifestarse. Mucha gente terminó quedándose", aseguraron desde el sindicato. El funcionario señalado es Ezequiel Venturino. LA NACION intentó comunicarse con él por distintas vías, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.Ejemplo de este gobierno fascista y nefasto. Hoy había asamblea de trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional. La dirección amenazó a los trabajadores que participaran con echarlos. Y peor, no sólo eso. Bloqueó la única puerta de emergencia con precintos y un tacho deâ?¦ pic.twitter.com/KzYxXWZ38F— Fernando Soriano (@ferosoriano) May 15, 2026El epicentro de la protesta fue el Aeroparque Jorge Newbery. También participaron otros sindicatos aeronáuticos, como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y trabajadores de Intercargo, entre otros. Además, ATE envió una nota a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo para rechazar que el Poder Ejecutivo anule las medidas de fuerza en el SMN bajo el argumento de que se trata de un "servicio esencial". Hace varias semanas, el gremio anunció en dos oportunidades jornadas de paro que amenazaban con afectar los vuelos comerciales en todo el país. Sin embargo, la declaración del Gobierno terminó por desactivar la medida. Aun así, la posibilidad de nuevas acciones sigue latente dentro de la institución científica.Aunque el conflicto con el SMN existe, al menos, desde 2024, la principal tensión que atraviesa esta jornada de protesta es la desvinculación de 140 personas ocurrida hace un mes. "El SMN cumple un rol irremplazable dentro del sistema aeronáutico argentino y debe permanecer bajo la órbita del Estado, garantizando soberanía, profesionalismo y seguridad operacional", señalaron en un comunicado conjunto representantes de ATE del SMN, ANAC y EANA.Según pudo saber LA NACION, los despidos no afectarían a la planta permanente del organismo. Se trata de trabajadores contratados bajo la modalidad temporaria prevista en el artículo 9, una práctica extendida en todo el Estado y que, en este caso, afectaba a más de la mitad de la planta.¿Modernización o recorte?Desde el Ministerio de Defensa, bajo cuya órbita funciona el SMN, sostienen que el proceso no responde únicamente a un ajuste, sino a una modernización. Hablan de incorporar "automatismos" y "máquinas" que sustituyan tareas consideradas "ineficientes" dentro de algunos sectores de la institución.La transformación apunta principalmente a automatizar el proceso de observación meteorológica, actualizar sistemas ya automatizados y renovar el software de análisis de datos climáticos. Desde la perspectiva del Ministerio de Defensa, este último sistema resulta obsoleto y requiere una inversión prioritaria. Aseguran además que los cambios permitirían reemplazar parte del personal sin necesidad de cerrar estaciones.Sin embargo, el recambio tecnológico llega después de las desvinculaciones y allí aparece una preocupación compartida no solo por el gremio, sino también por científicos y técnicos del SMN. "La recopilación de datos se vería afectada. Las series históricas podrían interrumpirse y eso impacta sobre toda la cadena", explicaron. Calculan que se necesitarían al menos dos años para adaptar los procesos sin perjudicar la obtención de información.En el mundo, estas máquinas son conocidas como estaciones meteorológicas automáticas y pueden costar entre US$10.000 y US$30.000 cada una. "En países europeos suele haber una o dos por estación", comentó un científico que trabaja en el organismo.Un cálculo preliminar indica que la inversión mínima solo para adquirir estas estaciones rondaría los US$2,5 millones. Es decir, poco menos del 10% del presupuesto asignado al sector para 2026. "Y eso no sería lo único necesario. También habría que invertir en data centers y en equipos capaces de procesar información continua", explicó un científico del SMN, quien advirtió que esa discusión todavía ni siquiera comenzó.La modernización, en definitiva, tiene un rumbo delineado, pero con plazos todavía inciertos. "Vamos a avanzar conforme podamos", deslizaron desde la cartera de Defensa hace menos de un mes. Según explican, dependen de variables que exceden su control, como la disponibilidad presupuestaria y posibles cambios políticos que alteren las prioridades del plan. Esa incertidumbre se profundiza ante el escenario electoral del próximo año.Por ahora, el primer paso del proceso son las desvinculaciones, que desde el Ministerio confirmaron como el inicio de una primera etapa de reducción de personal. Hacia fin de año se sumarían las bajas de 30 trabajadores civiles en condiciones de jubilarse, 15 militares próximos al retiro y otras 20 personas que pasarían a "disponibilidad", una figura administrativa que permite su eventual transferencia a otras dependencias estatales. En total, se proyecta una reducción de 205 trabajadores sobre una planta de 972 empleados, de los cuales 780 son civiles. Tras el recorte, la dotación civil quedaría reducida a 590 personas.

Reclaman modificar un sistema jubilatorio creado recientemente en Salta y rechazado por muchos de quienes deben aportar

¿Aportar a un sistema jubilatorio especial, en función del tipo de trabajo y del lugar del país en el que se desarrolla? Para muchos profesionales de diferentes jurisdicciones, hacer tal cosa no es algo novedoso. Pero el debate sobre la cuestión gana espacio en estos días en la provincia de Salta, donde un grupo de afiliados compulsivos a un régimen puesto en marcha el año pasado rechaza la norma que lo rige y, en consecuencia, impulsa un cambio prácticamente de raíz.En septiembre de 2024, la Legislatura de Salta aprobó la ley 8444, que creó la Caja Interprofesional de Seguridad Social de esa provincia. Con carácter obligatorio, son afiliados los matriculados en el Colegio de Graduados en Nutrición y en el Colegio de Profesionales del Servicio Social y Trabajo Social, ambos de la citada jurisdicción. Además, la normativa prevé la posible incorporación de otras profesiones. El esquema exige el pago de aportes de montos fijos y la afiliación es automática, al obtenerse la matrícula para ejercer la profesión. Para algunas situaciones laborales de relación de dependencia, se habilita la posibilidad de pedir una suspensión o una disminución de los montos a abonar. Con la ley en vigor desde febrero de 2025, un grupo de autoconvocados persiste en oponerse y promueve que se avance en una reforma, para lo cual se mantiene un diálogo con legisladores. El objetivo es que el sistema actual se transforme en uno de adhesión voluntaria, basado en la capitalización individual, con libertad de afiliación y desafiliación, y con aportes no de importes fijos y definidos por el directorio, sino vinculados con los ingresos percibidos por los profesionales. De ser aprobado, el proyecto de reforma -presentado por los senadores provinciales Enrique Cornejo y Manuel Pailler- transformaría la controvertida caja en un sistema similar a un seguro de retiro, con la expectativa de un pago futuro que acompañaría a los haberes del régimen jubilatorio general. Esta sería una diferencia sustancial respecto de cómo funcionan las cajas profesionales en las diferentes jurisdicciones del país, que se plantean como sustitutivas del régimen general de la Anses. Según Cornejo, hay posibilidad de modificar el funcionamiento, ya que la caja en cuestión aún no tiene beneficios otorgados.Según la licenciada en Trabajo Social Bettina Gómez, referente del grupo de autoconvocados, de 1200 profesionales alcanzados por la ley, hay 580 que manifestaron su desacuerdo. "Hemos presentado a ambas cámaras de la Legislatura documentaciones" con la posición tomada, precisó. Deudas que se acumulanGómez afirmó, en diálogo con LA NACION, que los profesionales que no están aportando acumulan ya deudas de entre $1,5 millones y $2 millones, que mes a mes se acrecientan. Según afirmó en la Legilslatura el senador Cornejo, un "dato de la realidad" indica que el 70% de los alcanzados por el régimen "no tienen los medios económicos para pagar" los aportes exigidos.Según comparó Gómez, mientras un monotributista "paga menos de $20.000 mensuales" y tiene la expectativa de acceder a la jubilación más baja de la Anses (el haber mínimo es este mes de $393.174 más el bono de $70.000), quienes están alcanzados por la controvertida ley de Salta "deben aportar entre $50.000 y $127.000 mensuales sin tener certeza de qué jubilación recibirán". Según datos de ARCA, ocho de cada diez monotributistas están en las categorías A, B y C, en las que se aporta menos de $20.000 por mes al régimen previsional, mientras que en las D y E se abona apenas un poco más. En esas cinco categorías están nueve de cada diez adheridos al monotributo.Un eje de los argumentos de los autoconvocados en Salta es que no la ley se aprobó sin estudios actuariales que respalden la sostenibilidad de la caja. A ese "vicio técnico" se suman, advirtió Gómez, al menos otros dos factores de riesgo: la demografía, dada la baja de la tasa de natalidad, y la inestabilidad laboral de muchos profesionales. Esos y otros planteos fueron llevados a la Legislatura, donde está abierta una instancia de diálogo. La página oficial de la Cámara de Diputados provincial publicó un comunicado luego de una reunión en la cual los autoconvocados "argumentaron que la implementación de la Caja careció de los estudios económicos actuariales suficientes, convirtiendo lo que debería ser un beneficio futuro en una carga económica imposible de afrontar por el monto de las cuotas". Además, alertaron que se generaría una creciente pérdida de matrículas por falta de capacidad para pagar los aportes. Una de las quejas radica en que los montos se definen según la edad del profesional, una condición no necesariamente vinculada a los ingresos obtenidos.En un encuentro que hubo esta semana en el Senado, la presidenta del directorio de la Caja, Graciela Leal, defendió la ley actual. Según un comunicado del cuerpo legislativo, dijo que hay unos 450 afiliados que están aportando, y que entre 40 y 50 adhirieron al mecanismo de suspensión transitoria prevista en la norma. Respecto de los planteos por las dificultades para afrontar los pagos, señaló que la norma prevé que ante una situación de inestabilidad se pueda pedir la baja temporaria para "reincorporarse más adelante, accediendo a planes de pago y facilidades".Cajas con reglas propias Las cajas jubilatorias de profesionales son sistemas creados jurisdiccionalmente que se manejan con reglas propias. Según un relevamiento de la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación, en el país hay cerca de 80. Y, si bien la mayoría alcanza a quienes ejercen una determinada profesión en una provincia, hay algunas que reúnen a matriculados de diferentes rubros. La norma general es que, al existir una caja de la profesión en la jurisdicción (provincia o CABA), los matriculados están obligados a aportar allí. Y, de forma voluntaria, pueden contribuir también al sistema general de la Anses para obtener en el futuro dos prestaciones.La abogada Ana Inés Rosa, referente de los autoconvocados y quien participó en la reunión reciente con senadores, dijo a LA NACION que "muchos sistemas atan el ejercicio profesional al deber de aportar, de modo tal que mantener la matrícula activa implica necesariamente quedar incorporado al régimen previsional" particular. Según Rosa, la reforma que ahora se debate para modificar la ley resistida busca quebrar esa vinculación automática, "para permitir que el profesional pueda mantener su habilitación para ejercer, sin quedar forzosamente incorporado a un esquema previsional compulsivo".Rosa especificó que la mayoría de los profesionales alcanzados desarrolla su actividad principal en relación de dependencia y aporta a la Anses. "El ejercicio profesional exclusivamente independiente, bajo el monotributo, representa un porcentaje mínimo, y el cuestionamiento de muchos no pasa por rechazar la previsión social, sino por el hecho de que se termina imponiendo un aporte obligatorio adicional simplemente por mantener la matrícula activa, aun respecto de profesionales que ya aportan al régimen nacional por su actividad laboral principal".Contexto no adecuadoSegún consideró en diálogo con LA NACION Gustavo Beveraggi, presidente de la Caja de Previsión para Profesionales de la Ingeniería del Chaco, como los análisis actuariales se basan en datos supuestos, que no pueden verificarse, siempre pueden emitirse informes diferentes. En el caso de Salta, agregó, la cuestión de fondo es si están dadas las condiciones en la sociedad para que una nueva caja profesional sea aceptada por quienes se verán obligados a participar. Y la conclusión, agregó, es que hoy es muy difícil encontrar el contexto adecuado para poner un régimen así en marcha.En el contexto en cuestión, no es un dato menor la vigencia del monotributo y sus niveles de aportes, ya que se trata de un esquema considerado con un fuerte subsidio para sostenerse. "Nuestros sistemas [por las cajas de profesionales] son puramente contributivos", definió Beveraggi, quien fue presidente de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina. Eso implica que estas cajas se financian exclusivamente con los pagos mensuales de los afiliados, a diferencia del sistema general, financiado en gran medida con parte de la recaudación de impuestos, como el IVA o el que pesa sobre los créditos y débitos bancarios."En general, las cajas profesionales son un problema -opinó el economista Rafael Rofman, investigador principal de Protección Social en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, Cippec-, porque generan inequidades", al plantear diferentes condiciones respecto del régimen general, y también "costos para la sociedad" que se evidencian, por ejemplo, cuando se establecen "contribuciones de la comunidad vinculada". En la nueva Caja Interprofesional de Salta y según la ley 8444, esa contribución equivale a un 2% de los honorarios que los profesionales les cobran a obras sociales, prepagas, cooperativas, mutuales y "a todas las personas humanas o jurídicas" que utilicen sus servicios.Además, Rofman consideró que estas cajas podrían generar pasivos eventuales para el Estado, que queda como garante si hay problemas de sostenibilidad -en algunas leyes que las crean se establece explícitamente, de todas formas, que la provincia no asume obligaciones-, y que en muchos casos "ni siquiera benefician claramente a quienes deben participar".

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