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Oil Combustibles: la Corte planea revisar antes de fin de año la condena de Echegaray y las absoluciones de López y De Sousa

La Corte Suprema de Justicia definirá antes de fin de año la suerte del caso de Oil Combustibles, la empresa petrolera que era de Cristóbal López y Fabián de Sousa. En la causa se investiga la supuesta retención indebida de impuestos a los combustibles que fueron usados para capitalizar al grupo Indalo.López y su socio De Sousa llegan a la Corte absueltos tras un juicio oral y público que tuvo como único condenado al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, que recibió una pena de cuatro años de prisión por permitir estos beneficios a la empresa petrolera.Ahora la Corte mirará esas dos situaciones de manera unificada.Echegaray llega con una condena y la Cámara de Casación Penal rechazó su recurso extraordinario, por lo que fue en queja a la Corte para intentar revertirla, apelando tanto la sentencia como el monto de la pena.El otro recurso que tiene la Corte es del fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, contra la decisión que absolvió a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.Que la Corte resuelva ambas cuestiones a la vez tiene una lógica que comparte la fiscalía. La Justicia consideró probado que Echegaray cometió un delito al conceder a Oil Combustibles planes de pago que perjudicaron al Estado, pero absolvió a los empresarios que pidieron esos planes y se beneficiaron con ellos, advierte el fiscal.Una de las posibilidades es que la Corte termine reenviando el caso a la Cámara de Casación para que resuelva sobre los empresarios con un nuevo fallo y que rechace el recurso de Echegaray, confirmando la condena. "O todos condenados o todos absueltos", dijo un funcionario judicial a LA NACION, simplificando el problema que, según el funcionario de Tribunales, se resolvería antes de fin de año. La causa ya giró por todas las vocalías en la Corte Suprema.Pedido de prescripciónEn paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal tiene para resolver un planteo de prescripción del caso, presentado por la defensa de Fabián de Sousa, que pretende cerrar la causa sin condenas, solo por el paso del tiempo.En este planteo paralelo, los acusados recusaron a los jueces de la Cámara de Casación que deben decidir. En este incidente, el último fallo es de la semana pasada. Los jueces Alejandro Slokar y Mariano Borinsky rechazaron la recusación de Gustavo Hornos planteada por el abogado Alberto Beraldi, de De Sousa.La defensa de De Sousa y de López planteó la prescripción de la acción penal en el tribunal oral, que rechazó ese pedido. Ahora llevó el tema a la Cámara Federal de Casación. Aún no fue tratado porque los camaristas fueron recusados. En primer lugar, Beraldi recusó a Petrone y Barroetaveña, ya que habían intervenido en el caso. Luego Hornos fue sorteado para intervenir para tratar las recusaciones de sus colegas, pero él también fue recusado. Ahora que Hornos fue confirmado, él podrá resolver sobre las situaciones de Petrone y Barroetaveña. Cuando se defina la integración, los camaristas deberán determinar si el caso está prescripto o no, lo que puede tener impacto sobre lo que defina la Corte, que seguramente revisará este incidente en el futuro.Diez años de causaLa causa empezó en 2016 con una denuncia de la AFIP, que la diputada Elisa Carrió amplió a partir de una revelación de LA NACION. La acusación sostuvo que Oil Combustibles, la petrolera del Grupo Indalo, cobró a los consumidores el impuesto a los combustibles líquidos y no lo giró al fisco. Así acumuló una deuda de unos $8000 millones. Según la fiscalía, ese dinero sirvió para financiar la expansión del holding de López y De Sousa, que llegó a reunir unas 170 empresas.La investigación estuvo a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez federal Julián Ercolini. En noviembre de 2017, López y De Sousa fueron detenidos con prisión preventiva y pasaron casi dos años presos. El juicio oral empezó el 13 de junio de 2019 ante el Tribunal Oral Federal Nº 3 (TOF 3) y se extendió dos años y medio.El 16 de diciembre de 2021, el TOF 3 condenó por unanimidad a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Por mayoría, los jueces Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos absolvieron a López y De Sousa. A su criterio, no se probó que los empresarios hubieran actuado en connivencia con el funcionario ni con intención de defraudar. El deber de cuidar los intereses del Estado recaía en el administrador federal, no en los contribuyentes que pedían los planes, dijeron los jueces de la mayoría.El juez Andrés Basso votó en disidencia, por condenar a los tres. El fiscal de juicio, Juan Patricio García Elorrio, había pedido cuatro años para Echegaray y cuatro años y cuatro meses para cada empresario. La AFIP, que había impulsado la causa, se retiró como querellante poco antes de los alegatos, después de que Oil adhiriera a un plan de pagos y se levantara su quiebra.Echegaray sostuvo en su defensa que los planes otorgados a Oil fueron iguales a los otros 1648 concedidos durante su gestión.El 23 de octubre de 2023, la Sala I de Casación, con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, confirmó las absoluciones. Los jueces admitieron que la petrolera se había beneficiado de una autorización ilegítimamente otorgada por Echegaray que perjudicó al Estado. Pero aplicaron el beneficio de la duda en favor de los empresarios y confirmaron la responsabilidad penal de Echegaray, aunque ordenaron recalcular su pena.Villar había sostenido ante Casación que hubo connivencia entre Echegaray y los empresarios. También reclamó una reparación de más de $5166 millones y vinculó los beneficios obtenidos por el Grupo Indalo con los fondos que López giró a la familia Kirchner por alquileres, un tramo que se ventila en la causa Hotesur y Los Sauces. Casación le negó el recurso extraordinario y el fiscal fue en queja directo a la Corte.El 28 de mayo de 2024, la Corte, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, anuló por unanimidad esa sentencia. Los jueces se remitieron al dictamen del procurador general interino, Eduardo Casal. Concluyeron que Casación había dado un tratamiento solo aparente a los agravios del fiscal y que la absolución se apoyaba "en una valoración de la prueba dogmática y fragmentaria". Según el dictamen, los indicios habían sido analizados en forma aislada y sin la visión de conjunto que exigía el caso. La Corte ordenó que otros jueces dictaran un nuevo fallo.El 19 de febrero de 2025, la Sala I, con otra integración, volvió a absolver a López y De Sousa. Alejandro Slokar propuso rechazar el recurso del fiscal por el beneficio de la duda, y Mariano Borinsky lo acompañó, pero dijo que en su opinión el caso estaba prescripto. Según esta mayoría, no se probó que la AFIP hubiera dado un trato preferencial a Oil. El fallo también descartó usar prueba de otras causas, como Hotesur y Los Sauces. Las defensas destacaron que el mismo tipo de planes había beneficiado a otros contribuyentes, como YPF, la AFA y el propio Consejo de la Magistratura. También subrayaron que seis jueces de distintas instancias convalidaron las absoluciones.Guillermo Yacobucci votó en disidencia. Sostuvo que López y De Sousa fueron beneficiarios directos de una maniobra que la Corte ya había considerado ilícita. Villar volvió a recurrir ante la Corte y dijo que no había voto de mayoría porque Borinsky dijo una cosa (prescripción) y Slokar otra (absolución). Ese es uno de los dos planteos que ahora tendrán que resolver los jueces de la Corte.El otro planteo es el de Echegaray. La Sala I de Casación rechazó su recurso de casación y sus nulidades. El 12 de mayo de este año declaró inadmisible su recurso extraordinario federal y la defensa fue en queja a la Corte. Esa resolución permitió avanzar con la inhabilitación: en junio, ARCA exoneró a Echegaray del organismo. Si la Corte rechaza la queja, la condena a prisión quedará firme y deberá cumplirse en forma efectiva.

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Actualizaciones del Uscis hoy: proponen revisar renovaciones de visas de trabajo aunque ya hayan sido aprobadas

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) presentó el 14 de octubre una propuesta que modificaría los criterios para evaluar las renovaciones de visas de trabajo. La medida permitiría revisar nuevamente la elegibilidad de los extranjeros que soliciten prolongar su permanencia laboral en el país norteamericano, incluso cuando sus peticiones anteriores hayan recibido una respuesta favorable.¿Qué cambiaría en las renovaciones de visas de trabajo?De acuerdo con la propuesta publicada en el Registro Federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) busca eliminar una disposición que establece cuándo los funcionarios deben respetar las determinaciones previas sobre la elegibilidad de un solicitante.La regulación vigente contempla esa deferencia cuando una empresa presenta una petición de extensión para el mismo trabajador, bajo la misma clasificación migratoria y sin cambios sustanciales en las circunstancias del caso.Actualmente, los oficiales pueden apartarse de una resolución anterior si identifican un error material, modificaciones relevantes o información nueva que afecte los requisitos del beneficio. Con la modificación planteada, cada trámite podría recibir una evaluación independiente, sin que una autorización previa determine el resultado. Los antecedentes del expediente continuarían disponibles para su consideración, pero dejarían de tener el peso que les asigna la norma actual. La responsabilidad de demostrar el cumplimiento de las condiciones migratorias seguiría a cargo de quien presenta la petición.Las categorías laborales que quedarían alcanzadas por la medidaEl proyecto afecta las solicitudes de prolongación de estadía que los empleadores presentan mediante el formulario I-129, utilizado para distintas clasificaciones de trabajadores temporales extranjeros. Entre las categorías comprendidas figuran:H-1B y H-1B1: trabajadores de ocupaciones especializadas.H-2A y H-2B: empleados temporales agrícolas y no agrícolas.L-1: personal transferido dentro de una misma empresa.O-1 y O-2: personas con habilidades extraordinarias y personal de apoyo.P-1, P-2 y P-3: deportistas, artistas y determinados profesionales del entretenimiento.E-1, E-2 y E-3: clasificaciones vinculadas con comercio, inversiones y ocupaciones especializadas.H-3, Q-1, R-1 y TN: otras modalidades de empleo, capacitación e intercambio.También están incluidas las categorías de apoyo P-1S, P-2S y P-3S. Los familiares dependientes que solicitan extensiones mediante el formulario I-539 forman parte de un procedimiento diferente.La iniciativa no modifica los requisitos sustantivos de elegibilidad de estas clasificaciones. Su alcance se concentra en la forma en que la agencia considera las resoluciones anteriores al analizar nuevos pedidos.¿Cuántas solicitudes podrían recibir una evaluación independiente?Las estadísticas oficiales permiten dimensionar el alcance administrativo de la propuesta. Entre los años fiscales 2014 y 2025, el organismo recibió 7.206.852 peticiones I-129. De ese total, 2.168.394, equivalentes al 30%, reunían las condiciones para recibir deferencia respecto de una decisión anterior.Para el período fiscal 2022-2025, el promedio anual fue de 688.830 expedientes, de los cuales aproximadamente 208.429 podían beneficiarse de ese criterio.El DHS también examinó lo ocurrido cuando se eliminó anteriormente esta política. Su análisis identificó un aumento diferencial de 2,9 puntos porcentuales en los requerimientos de evidencia adicional, conocidos como RFE por sus siglas en inglés. Sin embargo, ese incremento no estuvo acompañado por una suba equivalente en las denegaciones.¿Por qué el DHS quiere eliminar la deferencia a las aprobaciones anteriores?El criterio que ahora se busca retirar atravesó distintas modificaciones administrativas. La agencia lo incorporó como política en abril de 2004, lo dejó sin efecto en octubre de 2017 y volvió a establecerlo en abril de 2021. Posteriormente, en diciembre de 2024, quedó incorporado a la normativa federal.Como parte de la fundamentación de su iniciativa, el departamento presentó estadísticas de visitas de verificación a empleadores. En la categoría H-1B, la proporción combinada de incumplimientos y posibles fraudes detectados durante esas inspecciones fue del 22,39% entre los años fiscales 2022 y 2025. Para el período 2018-2020, había sido del 16,77%.En el caso de las peticiones L-1A, los porcentajes fueron del 24,46% y el 18,37%, respectivamente. El organismo reconoce que otros factores también pueden influir en esas variaciones. Los datos corresponden a las verificaciones efectuadas y no representan necesariamente al conjunto de beneficiarios de cada clasificación.El plazo para presentar comentarios sobre la propuesta del UscisLa modificación todavía se encuentra en la etapa de consulta pública. Las personas y organizaciones interesadas pueden enviar observaciones hasta el 13 de noviembre, antes de la medianoche del horario del este de Estados Unidos, mediante el portal Regulations.gov, con el número de expediente USCIS-2026-0529.Los comentarios deben redactarse en inglés o acompañarse de una traducción. Las presentaciones quedan disponibles públicamente, incluidos los datos personales que los participantes decidan incorporar.Por el momento, la disposición vigente sobre deferencia a las decisiones anteriores continúa en efecto. El DHS deberá completar el procedimiento reglamentario antes de que la eliminación propuesta pueda aplicarse.

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Abuso sexual: la Justicia volverá a revisar el sobreseimiento de un exfiscal federal de San Martín

La Justicia volverá a revisar el sobreseimiento de un exfiscal federal de San Martín en una causa que comenzó en 2017 con la denuncia de su entonces secretaria por presunto abuso sexual y conductas inapropiadas que, según la mujer, se prolongaron durante años en el ámbito laboral."¡Feliz cumple, Male! Por todos los años juntos y los que se vendrán. ¡Que seas muy feliz! ¡Mucho sexo! De: Miguel". La dedicatoria es una de las pruebas que forman parte del expediente contra Miguel Ángel Blanco García Ordás, que hasta el 4 de marzo de 2020 fue fiscal federal en lo civil, comercial y contencioso administrativo. La causa, que atravesó sucesivas instancias judiciales, volvió a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces deberán resolver un recurso presentado por la querella contra el segundo sobreseimiento del funcionario, dictado en diciembre de 2024 por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín. El expediente acumula dos decisiones de sobreseimiento, una anulación de Casación y un procesamiento que posteriormente fue revocado.La denunciante, identificada en las actuaciones como María Aurelia, ingresó al Ministerio Público Fiscal en 1997 y llegó a desempeñarse como jefa de despacho de la Fiscalía Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín. García Ordás era el titular de esa dependencia y, por lo tanto, su superior jerárquico. Según el relato de la mujer, las conductas que le atribuyó al fiscal se extendieron desde su ingreso al organismo hasta su traslado, dispuesto durante un sumario administrativo.De acuerdo con el expediente, ese procedimiento se había iniciado después de que una compañera denunciara a María Aurelia por un supuesto rayón en su auto. En el descargo que presentó en ese trámite, la empleada relató por primera vez los hechos que atribuía a García Ordás y vinculó el episodio con situaciones de hostigamiento laboral y con la negativa a promoverla al cargo de secretaria.La mujer sostuvo que, durante una serie de promociones, no fue considerada para ese puesto pese a entender que reunía las condiciones para acceder a él. Según su declaración, cuando reclamó por la decisión, el fiscal le respondió que ella "sabía qué tenía que hacer" para obtener el ascenso. La querella interpretó esa frase como una insinuación de contenido sexual, mientras que la defensa sostuvo que aludía al desempeño profesional que debía acreditar para acceder a la promoción.Aunque la denuncia comprendió distintas situaciones que la empleada consideró inapropiadas, el procesamiento dictado en septiembre de 2024 se concentró en dos episodios de contacto físico. El primero habría ocurrido en la antigua sede de la fiscalía, donde, según la denunciante, García Ordás la tomó de los hombros y la arrinconó contra un mueble mientras le decía: "Qué linda que sos".El segundo hecho denunciado habría ocurrido en el sector de la cocina de la dependencia. La mujer afirmó que el fiscal pasaba detrás de ella y la rozaba con sus genitales mientras realizaba sus tareas habituales.La querella pidió que esos episodios fueran examinados en el contexto de la relación laboral y del resto de las situaciones denunciadas. Entre ellas, mencionó comentarios sobre el cuerpo, la vestimenta y la ropa interior de la empleada; tarjetas de cumpleaños con dedicatorias de tono sexual; convocatorias al despacho del funcionario y el conflicto por el ascenso.Además de la tarjeta que contenía la expresión "mucho sexo", en el expediente se incorporó otra dedicatoria en la que el fiscal atribuía a la empleada "las virtudes de una gata". María Aurelia también declaró que García Ordás le había mostrado material pornográfico que, según le dijo, había traído de un viaje, y condones que guardaba en el baño de su despacho. De acuerdo con su versión, el fiscal le comentó que los preservativos estaban vencidos porque ella no había querido utilizarlos con él. En otra ocasión, siempre según la denuncia, la convocó para leer un artículo sobre los supuestos "beneficios del semen".La investigación incorporó testimonios de personas a quienes la mujer habría contado algunos de esos episodios antes de presentar la denuncia penal. Su madre y su hermana afirmaron que conocían relatos de contactos físicos y rozamientos desde antes de su casamiento, celebrado en 2002. Otros testigos aportaron referencias sobre situaciones en las que el fiscal presuntamente se habría acercado a ella por detrás o la habría tomado de los hombros.Proceso sinuosoEl primer sobreseimiento de García Ordás fue dictado en julio de 2020 por la Justicia de primera instancia y confirmado en noviembre de ese año por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín. La querella apeló y el caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal.El 25 de agosto de 2022 Casación anuló el sobreseimiento. El tribunal cuestionó que las pruebas no hubieran sido examinadas de manera integral ni bajo las pautas aplicables a investigaciones por hechos de violencia de género. También objetó el razonamiento según el cual resultaba improbable que los roces denunciados hubieran ocurrido reiteradamente en un ámbito laboral compartido sin que otras personas los advirtieran.Tras la anulación, la causa volvió a las instancias inferiores y se amplió la producción de pruebas. Declararon nuevos testigos, varios de ellos a pedido de la defensa, y García Ordás fue citado a prestar declaración indagatoria.Entonces, el 2 de septiembre de 2024, el juez federal procesó al fiscal por los dos episodios de contacto físico denunciados y dispuso un embargo de $1.500.000 sobre sus bienes. En los fundamentos, sostuvo que la eventual finalidad sexual de los contactos no debía evaluarse de manera aislada, sino en relación con el conjunto de las circunstancias expuestas en el expediente.La defensa apeló la decisión y obtuvo una resolución favorable el 26 de diciembre de 2024. En esa fecha, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento y dictó un segundo sobreseimiento. Los camaristas consideraron que, aunque los contactos denunciados podían haber ocurrido materialmente, resultaba difícil que una conducta reiterada de ese tipo pasara inadvertida en un lugar de trabajo compartido.La querella volvió a recurrir y cuestionó que la Cámara de San Martín hubiera utilizado un razonamiento que, según planteó, ya había sido objetado por Casación en 2022. También sostuvo que la resolución no explicó de manera suficiente por qué las pruebas incorporadas después de aquella anulación justificaban arribar nuevamente a un sobreseimiento.Ahora, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal deberá determinar si confirma el segundo sobreseimiento o si dispone una nueva revisión de las actuaciones.

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Infobae Colombia conoció en primicia que el empresario antioqueño cuestiona una cuota alimentaria provisional de cerca de $37 millones mensuales, fijada por una Comisaría de Familia. Además, denunció que lleva cinco meses sin audiencia por la custodia de su hijo

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Los smartphones concentran gran parte de la vida de las personas. Desde mensajes privados hasta fotografías, correos electrónicos y aplicaciones financieras, una enorme cantidad de información sensible pasa por estos dispositivos todos los días. Es por ello que con los años, diferentes empresas desarrollaron programas para dar soporte en seguridad cibernética. Las aplicaciones de monitoreo y control parental suelen generar dudas entre los usuarios. Muchas fueron desarrolladas con fines legítimos, como supervisar dispositivos familiares o administrar equipos corporativos. Sin embargo, también pueden utilizarse de forma indebida si alguien obtiene acceso físico al teléfono y las instala sin autorización.Para garantizar un uso responsable y cuidado de la información de los dispositivos móviles, es aconsejable revisar las apps ya instaladas y descargar aquellas que comprueban el uso en segundo plano, comportamiento sospechoso o software espía.Estas son algunas de las aplicaciones y consejos para garantizar la seguridad móvil:Si bien viene integrado en la mayoría de los dispositivos Android, pocos usuarios lo utilizan para trabajar en la seguridad informática. Su sistema analiza regularmente las aplicaciones instaladas y busca comportamientos potencialmente peligrosos. Es necesario mantener esta función activada, que permite recibir alertas cuando se detectan aplicaciones que podrían comprometer la privacidad o la seguridad del usuario.Es una de las aplicaciones de seguridad más utilizadas para analizar dispositivos Android e iPhone en busca de amenazas potenciales. Permite detectar aplicaciones dudosas, software espía, permisos excesivos y programas que podrían estar funcionando en segundo plano sin que el usuario lo advierta. Una de sus principales ventajas es que realiza análisis periódicos del sistema y alerta sobre comportamientos sospechosos.Con funciones de análisis de seguridad orientadas a detectar malware, spyware y aplicaciones potencialmente peligrosas, ayuda a revisar los programas instalados. Evalúa los permisos que posee cada aplicación y alerta cuando alguna solicita accesos que no parecen coherentes con su función principal. Es una de las aplicaciones de administración remota más conocidas del mercado. Fue diseñada para facilitar la transferencia de archivos entre dispositivos y acceder a determinadas funciones del teléfono sin necesidad de tenerlo físicamente en la mano. Sin embargo, si un teléfono cuenta con su presencia y el usuario no la descargó, conviene revisar qué permisos posee y si existe algún equipo vinculado a la cuenta.Se utiliza para brindar soporte remoto a computadoras y dispositivos móviles. Puede permitir acceso visual a la pantalla y determinadas acciones de control. Si se encuentra instalada en un teléfono, es necesario consultar con su configuración y los permisos otorgados por el usuario. Se trata de una herramienta de supervisión parental destinada a administrar dispositivos utilizados por menores. Permite controlar tiempos de uso, aprobar descargas de aplicaciones, establecer restricciones y conocer la ubicación del dispositivo vinculado. Su presencia suele ser normal en teléfonos de niños o adolescentes, pero en dispositivos de adultos conviene confirmar quién figura como administrador de la cuenta y qué nivel de supervisión permanece activo. Qué otras señales pueden indicar un problemaAdemás de revisar aplicaciones instaladas, existen otros indicios que pueden justificar una inspección más profunda. Un aumento repentino del consumo de batería, permisos excesivos otorgados a determinadas aplicaciones, actividad inusual en segundo plano o configuraciones modificadas sin explicación son algunos ejemplos.Es recomendable revisar periódicamente los permisos de ubicación, cámara, micrófono y accesibilidad, debido a que muchas herramientas de monitoreo requieren acceso a estas funciones para operar correctamente.La prevención como defensaLa presencia de una de estas aplicaciones no significa necesariamente que alguien esté espiando el dispositivo. Muchas cumplen funciones legítimas, otras funciones útiles y cuentan con millones de usuarios en todo el mundo.Sin embargo, conocer cuáles son las herramientas más utilizadas para administración remota o supervisión ayuda a detectar instalaciones inesperadas y mantener un mayor control sobre la privacidad. Realizar revisiones periódicas, utilizar contraseñas seguras y limitar el acceso físico al teléfono continúan siendo medidas fundamentales para proteger la información personal.

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Pilar Sanz Gutiérrez, decana adjunta de Educación de la Universidad Científica del Sur, sostiene que las medidas disciplinarias deben complementarse con estrategias preventivas, evaluación de cada falta y trabajo conjunto entre docentes y familias

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Malvinas: el conflicto que obliga a las empresas a revisar sus negocios y sus socios

La cuestión Malvinas dejó de ser un asunto reservado a la política exterior y la defensa. Las decisiones vinculadas con la explotación de recursos naturales también pueden generar consecuencias para empresas, inversores, accionistas, proveedores y contratistas. El Gobierno argentino inició procedimientos sancionatorios contra personas y compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas y sus espacios marítimos circundantes. El alcance informado incluye a empresas que participarán directamente de esas actividades, a sus accionistas y a compañías que les prestan servicios. Esto amplía el alcance de la situación y puede involucrar a actores que no participan directamente de la explotación. En septiembre se anunciaron 15 nuevos procedimientos, que se sumaron a los 45 comunicados días antes. En total, son 60 personas y entidades alcanzadas por las actuaciones informadas oficialmente. Se trata de investigaciones en curso, no de sanciones firmes para todos los involucrados. Ver Comunicados oficiales N.° 158 y 161. La medida se apoya en la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en la plataforma continental. La norma contempla multas, inhabilitaciones, suspensión de actividades y consecuencias específicas para las personas jurídicas. El dato más relevante para las empresas es el alcance de la investigación: la exposición puede extenderse más allá de quien opera directamente un proyecto. El riesgo también circula por la cadena Una empresa puede quedar vinculada con una operación a través de sus accionistas, proveedores, contratistas, financiadores o socios comerciales. Esa posibilidad obliga a revisar cómo se analiza una relación de negocios. Durante mucho tiempo, la debida diligencia se concentró en verificar la existencia legal de un proveedor, pedir cierta documentación y revisar antecedentes básicos. Situaciones como la de Malvinas, junto con la evolución de las regulaciones internacionales y de los estándares de gestión, muestran que las empresas deben prestar cada vez más atención a su cadena de valor. La debida diligencia permite conocer a los socios de negocio, anticipar riesgos y mejorar la calidad de las decisiones empresariales. También ayuda a fortalecer los ecosistemas de los que depende una operación. Las empresas necesitan conocer quiénes son los beneficiarios finales de sus contrapartes, qué sociedades integran sus grupos económicos, en qué proyectos participan, qué actividades desarrollan sus propios proveedores, qué riesgos presentan y qué medidas aplican para mitigarlos. También deben contar con mecanismos para detectar cambios. Una relación comercial que parecía adecuada al momento de la contratación puede quedar expuesta por una sanción, una investigación, una modificación normativa o un cambio en la estructura societaria de un tercero. La conexión con Vaca Muerta y la minería El caso Malvinas no significa que los proveedores de Vaca Muerta o de la minería queden automáticamente alcanzados por las mismas medidas. La relación es más concreta: muestra cómo un riesgo originado en una operación puede extenderse a través de su estructura societaria y su cadena de servicios. Vaca Muerta, la minería, la energía y la infraestructura reúnen proyectos de gran escala, múltiples contratistas y relaciones comerciales que atraviesan distintas jurisdicciones. En ese contexto, una empresa operadora depende de una red de proveedores técnicos, logísticos, financieros, ambientales, tecnológicos y profesionales. Cada uno de esos actores puede incorporar riesgos al proyecto. Una situación legal irregular, un incumplimiento ambiental, una denuncia laboral, una estructura societaria opaca o una relación con una entidad sancionada puede afectar la continuidad de un contrato, una auditoría, una decisión de financiamiento o la reputación de toda la cadena. Por eso, los grandes operadores buscan proveedores que puedan demostrar algo más que capacidad técnica. Necesitan conocer su estructura, su situación patrimonial, sus antecedentes, sus controles internos y la forma en que gestionan a sus propios subcontratistas. La debida diligencia de cadena de valor también empieza a ser una condición para las empresas medianas y pequeñas que buscan ingresar a estos mercados. Una condición para hacer negocios Muchas empresas quieren convertirse en proveedoras de grandes compañías energéticas, mineras, industriales y de infraestructura. Para lograrlo, la capacidad técnica es indispensable, pero también cuenta la posibilidad de demostrar cómo funciona la empresa y qué riesgos tiene bajo control. Los procesos de evaluación y aprobación de proveedores pueden incluir información societaria, financiera, laboral, ambiental y de integridad. En el sector minero, incluso existen registros y programas específicos orientados al desarrollo de proveedores y a la conducta empresarial responsable. La propia Cancillería reconoce la debida diligencia como una herramienta para fortalecer las cadenas de suministro, gestionar la incertidumbre y generar valor sostenible. Guía oficial sobre la debida diligencia. Para una empresa proveedora, prepararse para ese proceso puede definir su acceso a una oportunidad comercial. La pregunta ya no es solamente si puede prestar un servicio. También importa si puede acreditar quiénes son sus socios, cómo gestiona a sus terceros, qué controles aplica y cómo responde frente a un incumplimiento. Cumplir y poder demostrar En un contexto de mayor control regulatorio, una empresa debe poder explicar cómo evaluó sus relaciones comerciales. Los directorios y las áreas ejecutivas deberían conocer las respuestas a preguntas básicas: ¿Quiénes son los beneficiarios finales? ¿Se revisaron los vínculos directos e indirectos? ¿Se analizaron los antecedentes de los proveedores críticos? ¿Existen cláusulas para actuar ante un incumplimiento? ¿Hay un responsable de monitorear cambios? ¿La empresa puede demostrar qué información tuvo en cuenta antes de tomar una decisión? La trazabilidad importa porque permite distinguir entre una organización que afirma gestionar sus riesgos y otra que puede acreditar cómo lo hizo. Esto requiere coordinación entre las áreas de compras, legales, compliance, finanzas, sostenibilidad y negocio. También exige actualizar la información durante la relación, especialmente en proyectos de alta exposición. No todas las relaciones comerciales requieren el mismo nivel de análisis. El criterio debe ser proporcional al riesgo. Una empresa que contrata un servicio menor no enfrenta la misma exposición que una compañía que participa en un proyecto energético, accede a beneficios fiscales o integra una cadena de suministro estratégica. Una responsabilidad compartida La gestión de riesgos en la cadena de valor no corresponde únicamente a las grandes compañías. También involucra a las empresas proveedoras. Los operadores deben definir expectativas claras y controles proporcionales. Los proveedores deben prepararse para responder con información confiable y demostrar que conocen sus propias relaciones comerciales. La debida diligencia no debería aparecer después de una crisis, una investigación o una auditoría de un cliente. Tiene que formar parte de la estrategia de las empresas que buscan integrarse a negocios de energía, minería e infraestructura. La cuestión Malvinas muestra que una decisión vinculada con recursos naturales puede tener consecuencias para una red amplia de actores. Esa realidad ofrece una enseñanza aplicable a cualquier sector estratégico: una empresa debe conocer no solo el contrato que firma, sino también el contexto, la estructura y los riesgos que acompañan a la relación. Para quienes buscan participar en los grandes negocios de energía, minería e infraestructura, la debida diligencia de cadena de valor será cada vez más parte de la competitividad. Conocer a los socios, proveedores y contratistas permite anticipar problemas, proteger la continuidad del negocio y construir confianza. En mercados de alta exigencia, esa capacidad puede definir quién logra ingresar a una cadena y quién queda afuera. Paula Cortijo, abogada especializada en compliance, ética corporativa y gestión de riesgos en cadenas de valor. Founder y CEO, Transparencia Latam.

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La prefectura de Okinawa exige revisar el acuerdo sobre tropas de EE.UU. tras el arresto de un marine por un crimen en la región insular.La asamblea regional pide al ejército estadounidense disculpas y medidas para evitar incidentes similares, tras un caso que generó protestas oficiales.

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La propuesta de Noe Todea, en diálogo con Sport Life, pone el foco en cambios simples de rutina, desde levantarse con frecuencia hasta moderar la exigencia física y prestar atención al descanso

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La senadora puso bajo la lupa este asunto y cuestionó que el Ministerio de las Culturas, en cabeza de Paola Holguín, haya contabilizado como experiencia funciones diferentes a lo que debe hacer en el nuevo puesto

Consejo de Estado ordenó revisar las tarifas de energía en el Caribe: las pérdidas podrían impactar lo que pagan los usuarios

La decisión obliga al Ministerio de Minas y a la Creg a adelantar nuevos análisis sobre las fórmulas utilizadas para calcular el servicio. El proceso también contempla medidas sobre infraestructura, medición del consumo y control de conexiones ilegales

JEP prende las alarmas por reforma que permitiría a la Justicia Militar revisar sus sentencias contra militares

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Gabriel Rolón, sobre los vínculos: "Hay que revisar periódicamente el estado de nuestra relación de pareja; una VTV al amor"

En una entrevista para LN+, el reconocido psicoanalista Gabriel Rolón se refirió a los vínculos de pareja y al concepto de la "VTV del amor", una metáfora sobre la necesidad de revisar periódicamente el estado de las relaciones. "La mayoría de las personas tienen desgraciadamente parejas que no querrían tener, o porque no han terminado de aceptar eso que de su pareja no les gusta y sufren, o porque ya está, se han resignado", destacó el especialista. En este contexto, sostuvo que el miedo a la soledad es un factor determinante que empuja a muchos individuos a sostener vínculos dañinos, donde olvidan que la soledad es una condición intrínseca de ser seres hablantes. "Nos acostumbramos y terminamos en el amor transitando sin rueda de auxilio, sin matafuegos, con el vehículo del amor un poco averiado", reafirmó y explicó que muchas personas mantienen sus relaciones por miedo."El miedo a la soledad es intrínseca al ser humano, porque también en esos momentos en los que vos te podés resguardar, hasta abrazando a la persona que amás, después de un rato vas a sentir que te calmaste un montón, pero seguís sintiendo esa soledad que te recorre", explicó.La incomodidad como resultado del deseoPor otro lado, el especialista profundizó en las aristas más complejas del comportamiento humano y puso el foco en cómo la incomodidad es un componente ineludible para quien decide profundizar en su propia subjetividad. "El deseo te incomoda porque te señala la falta. Se desea lo que no se tiene", afirmó el analista y en la misma línea sumó: "Cuando surge el deseo, ya es algo incómodo. Ya uno empieza a ponerse de lo que sea, desde: `No habrá un vaso de agua por acá?` hasta: `¿Dónde está la persona que alguna vez me amará?`".Asimismo, el escritor comparó el deseo como iluminación que señala la falta: "El deseo va a ser ese foco de luz que te ilumina, ni más ni menos que ese lugar donde hay algo que te falta. Entonces ya de por sí es incómodo""Vas a empezar a caminar alrededor de eso que te falta, buscándole algunos semblantes. Un amor, un libro, un éxito, un programa de televisión, un trabajo, un hijo. Lo que vos quieras que son todos nobles intentos de llenar un vacío imposible de ser llenado", agregó para remarcar que convivir con la falta es una condición propia del ser humano."Eso es ser un ser humano; es vivir con el sentimiento trágico de la vida, que sé que me voy a morir, sé que todos los que amo se van a morir, sé que todo lo que amo en algún momento no estará. Tengo que vivir con eso, sabiéndolo", reafirmó en la misma línea.

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Es oficial: el fallo de la Corte Suprema que permite al gobierno revisar datos de inmigrantes votantes en EE.UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó temporalmente al gobierno de Donald Trump a reactivar una versión ampliada del sistema utilizado para verificar la ciudadanía de personas registradas para votar, una decisión que tendrá aplicación durante las elecciones del 3 de noviembre. El fallo permite que las autoridades vuelvan a utilizar información de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) para realizar controles.Corte Suprema y qué permite el nuevo fallo sobre datos de inmigrantesEn su decisión del 25 de septiembre, la Corte Suprema concedió la solicitud de emergencia presentada por el gobierno y suspendió la orden de un tribunal federal de distrito que había dejado sin efecto las modificaciones realizadas al sistema SAVE. La medida permanecerá vigente mientras avanza la apelación ante la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia y, eventualmente, mientras se resuelve una solicitud de revisión ante la propia Corte Suprema. El máximo tribunal también concluyó que impedir el funcionamiento del sistema podía perjudicar los esfuerzos federales para responder a las consultas de autoridades electorales estatales y locales.Los puntos centrales de la decisión son:La Corte Suprema suspendió la orden del tribunal federal que había bloqueado el SAVE modificado. El gobierno podrá volver a utilizar el sistema para realizar consultas individualizadas sobre ciudadanía. SAVE podrá recurrir a información de la SSA, incluidos números de Seguro Social y otros datos asociados. Las autoridades estatales y locales podrán realizar búsquedas de múltiples personas mediante el sistema modificado. La decisión no resuelve definitivamente el litigio sobre la legalidad del programa: establece una suspensión de la orden inferior mientras continúa el proceso judicial. Donald Trump y la modificación del sistema SAVE: cómo comenzó el casoEl origen de la disputa se encuentra en una orden ejecutiva firmada por Trump en marzo de 2025. Según el fallo, el mandatario ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) implementar nuevos mecanismos que permitieran a las autoridades estatales y locales verificar la ciudadanía de personas registradas para votar y de quienes pretendieran registrarse.La medida también ordenó a la SSA poner sus registros a disposición del DHS para ese objetivo. El sistema involucrado es el denominado Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE).Fue creado en 1986 para que organismos federales, estatales y locales pudieran comprobar el estatus migratorio y la ciudadanía de personas que solicitaban determinados beneficios públicos.Qué cambia para las elecciones con el fallo de la Corte SupremaEl fallo no autoriza una eliminación generalizada de personas de los padrones electorales. La Corte Suprema estableció que la legislación marca una moratoria de 90 días sobre los programas destinados a retirar sistemáticamente de los registros a votantes considerados no elegibles antes de una elección federal.La diferencia que establece el fallo está en las consultas individuales. El gobierno podrá utilizar el SAVE modificado para responder solicitudes específicas de autoridades estatales y locales durante ese período.La mayoría consideró que la prohibición de las operaciones sistemáticas limita el posible impacto inmediato de la decisión, pero señaló que el gobierno federal debe poder responder a las consultas individualizadas previstas por la legislación.La modificación adquiere importancia porque los registros utilizados ya no se limitan a información migratoria. De acuerdo con la opinión de la mayoría de la Corte Suprema, el sistema incorporó comprobaciones contra registros adicionales, incluidos números de Seguro Social.Si el sistema no logra confirmar que una persona es ciudadana, la agencia estatal o local debe solicitar información adicional al individuo para acreditar su estatus, según la descripción incluida en el fallo.La controversia judicial se centra, en parte, en qué ocurre cuando la información federal no coincide con la situación actual de una persona.La mayoría señaló el caso de una integrante de las organizaciones demandantes, identificada en el expediente como J. Doe 4, que estaba registrada para votar en Louisiana y cuyos registros de la SSA no reflejaban correctamente que había adquirido la ciudadanía estadounidense por naturalización.

Nuevas reglas en Estados Unidos: qué herramientas usarán las empresas para revisar el TPS y el EAD

Las empresas estadounidenses disponen de nuevos mecanismos para controlar la vigencia de determinados permisos de trabajo vinculados con procesos migratorios. Entre las herramientas utilizadas se encuentran el formulario I-9, que forma parte del proceso de contratación y reverificación, y el sistema E-Verify, mediante el cual los empleadores pueden comprobar la elegibilidad laboral.El reporte de E-Verify incorpora nuevas categorías migratoriasLa ampliación del "Status Change Report" de E-Verify permite ahora identificar autorizaciones de empleo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) haya revocado o invalidado antes de que llegue la fecha de vencimiento que figura en la tarjeta física del trabajador.El informe anteriormente contemplaba la clase C11, correspondiente a determinados casos de parole. Ahora también puede incluir las categorías:A12, relacionada con beneficiarios del TPSC19, correspondiente a solicitantes de TPSC08, para determinados solicitantes de asilo con trámites pendientesC09, vinculada con solicitantes de ajuste de estatus bajo la sección 245 de la Ley de Inmigración y NacionalidadEl reporte se actualiza aproximadamente cada dos semanas. Entre los datos que puede mostrar se encuentran el número del caso de E-Verify, el número A del trabajador, la fecha en que se produjo la revocación y el número del documento que fue invalidado. De esta manera, una empresa puede detectar que una autorización dejó de ser válida aunque la tarjeta física continúe en poder del empleado y muestre una fecha de vencimiento posterior. Cuando una compañía encuentra a uno de sus trabajadores en ese reporte, debe comparar el número del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) registrado en el I-9 con el denominado "Revoked Document Number". Si ambos coinciden, corresponde realizar la reverificación mediante el Suplemento B del formulario dentro de un plazo razonable.Qué documentos pueden presentar los trabajadores con TPSLa revocación de un EAD no significa que el empleador pueda exigir al trabajador una documentación determinada. Si el permiso dejó de ser válido, el inmigrante puede presentar otro aceptable de la Lista A o una combinación válida de certificados de las Listas B y C del formulario I-9.De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), en el caso de los beneficiarios del TPS, el EAD o formulario I-766 constituye un documento de la Lista A y puede acreditar simultáneamente identidad y autorización para trabajar. Las tarjetas relacionadas con este programa pueden incluir los códigos A-12, para la concesión del estatus, o C-19, para determinados solicitantes.Además, un permiso laboral cuya fecha impresa venció puede continuar como válido cuando está cubierto por una extensión automática establecida por el DHS. Estas extensiones son anunciadas mediante publicaciones en el Registro Federal.Qué ocurre durante la reverificación laboralUna vez finalizado el período de extensión, el trabajador puede presentar un EAD nuevo o cualquier otra documentación autorizada por las reglas del formulario I-9. Los empleadores, por su parte, no pueden imponer un permiso específico ni solicitar pruebas adicionales relacionadas con la nacionalidad del inmigrante. Para quienes ya forman parte de la plantilla, la reverificación se realiza mediante el formulario I-9. Por otro lado, E-Verify está orientado principalmente a comprobar la elegibilidad laboral de nuevas contrataciones."Muchas empresas contratan a otras que se encargan de hacer las verificaciones y les envían trabajadores con papeles correctamente autorizados", explicó el experto en inmigración Jorge Cancino a Univision. "Ahora, si un trabajador conscientemente utiliza un número social que corresponde a otra persona y es descubierto, se enfrenta a cargos criminales y ahí se le complica su permanencia", señaló.La situación es distinta cuando existen errores o problemas en los sistemas de verificación. La determinación de responsabilidades depende de las circunstancias concretas y de la información disponible durante la contratación.

Permiso de trabajo EAD: las cuatro categorías que E-Verify comenzó a revisar y pueden afectar a trabajadores migrantes

El sistema E-Verify amplió su Informe de Cambio de Estatus para incluir documentos de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) invalidados de las categorías C08, C09, A12 y C19. La actualización, vigente desde el 11 de agosto, permite a los empleadores participantes identificar casos asociados con permisos de trabajo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dejó sin validez posteriormente.Las cuatro categorías que E-Verify comenzó a revisar en su informe de estatusEl sistema E-Verify expandió el alcance del Informe de Cambio de Estatus para incluir cuatro nuevas clasificaciones de permisos de trabajo I-766. Según el boletín oficial, la lista de categorías incorporadas es:Categoría C08: abarca a los solicitantes de asilo con una petición pendiente de resolución ante las autoridades de migración.Categoría C09: comprende a los solicitantes de ajuste de estatus de residencia permanente bajo la Sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.Categoría A12: identifica a las personas a quienes el gobierno concedió el Estatus de Protección Temporal.Categoría C19: incluye a las personas con una solicitud pendiente para obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).Anteriormente, el Informe de Cambio de Estatus contenía de manera exclusiva los documentos de la categoría C11 correspondientes a personas con permiso de permanencia temporal.Cómo afectan estas revisiones a los trabajadores migrantes en sus empleosLas autoridades de migración invalidan los permisos C08 y C09 tras el retiro, aprobación o denegación de los formularios I-485 o I-589. De igual forma, el gobierno anula los documentos A12 y C19 cuando finaliza la designación oficial del TPS.En ese marco, el DHS tiene facultad legal para revocar las autorizaciones de empleo e invalidar los documentos en cualquier momento. Muchos trabajadores mantienen en su poder las tarjetas físicas de permiso de trabajo porque el gobierno no recolecta los documentos emitidos previamente.Cuando un permiso figura como no válido en el reporte de E-Verify, la empresa debe reverificar el Formulario I-9 del empleado mediante el Suplemento B. En este procedimiento, el trabajador debe presentar documentación vigente de la Lista A o de la Lista C.El empleador debe permitir que el trabajador elija libremente cuál documento aceptable presentar para la verificación. Asimismo, las normas prohíben de manera expresa la creación de un nuevo caso en el sistema E-Verify para estos empleados.Requisitos especiales para las empresasLa Ley de Inmigración y Nacionalidad prohíbe la discriminación por origen nacional o estatus migratorio durante la reverificación. Los empleadores deben respetar los derechos de los trabajadores durante todo el proceso de revisión de documentos.Las empresas no pueden solicitar más documentos ni exigir papeles diferentes a los requeridos oficialmente en el Formulario I-9. De igual manera, los empleadores no pueden exigir el mismo tipo de documento presentado en el pasado ni imponer un documento específico.La legislación laboral prohíbe el rechazo de documentos que parezcan genuinos y tengan relación directa con la persona que los presenta. Las compañías tampoco pueden reverificar los documentos de identidad pertenecientes a la Lista B durante el proceso de reverificación.Los agentes de empleadores tienen la obligación de notificar a sus clientes sobre los casos con autorizaciones de empleo invalidadas. Por su parte, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) enfatiza que tiene asesoría directa para las empresas y trabajadores a través de sus canales oficiales.

Senador Germán Rodríguez pidió revisar nivelación salarial de miembros de la fuerza pública: "Podría ser una reforma tributaria"

El congresista propuso revisar el impacto jurídico y fiscal de una eventual nivelación salarial para militares y policías, al señalar un vacío entre 1997 y 2004 que, según sus cálculos, podría costar entre $ 4 y $ 8 billones

Qué revisar y limpiar en tu hogar este mes para recibir el otoño

Especialistas sugieren tapar corrientes en marcos mediante cinta aislante o espuma, con el objetivo de conservar el calor dentro del inmueble y reducir el costo de los servicios durante la época fría

Qué señales conviene revisar al elegir una palta

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