Oliver Blanco, que en febrero declaró no militar en el partido de Gobierno, asume la diplomacia venezolana mientras Caracas presiona al Reino Unido por 31 toneladas de oro y Washington fija un calendario que debe terminar en elecciones presidenciales
Qué dice la normativa sobre los derechos de los pasajeros y las reclamaciones
El derecho a exigir el pago retroactivo es imprescriptible, aunque la procedencia de la demanda y el monto deben determinarse conforme a las circunstancias de cada caso
El procurador Alex Huben Mejía indicó que el beneficio alcanza a quienes carecen de empleo o cuyos ingresos resultan insuficientes para atender sus necesidades y deberes dentro de la familia
Miguel Salomón Katz sufrió un traumatismo de cráneo y necesitó asistencia respiratoria. Detuvieron a un hombre de 54 años, que admitió haberlo empujado y aseguró: "No era mi intención". Leer más
Los afectados deben comparecer con abogado y procurador antes del 22 de octubre para presentar alegaciones contra la medida cautelar, aunque personarse no garantiza que puedan votar el próximo 29 de noviembre
Los pasajeros pueden presentar reclamos presenciales o virtuales ante la ATU por descuentos incorrectos, recargas no acreditadas y fallas en las tarjetas. Conoce qué canales utilizar, dónde solicitar una revisión y en qué casos es posible recuperar el saldo
A pesar del clima, jóvenes, docentes y manifestantes de organizaciones sociales se concentraron en el Congreso para exigir el cumplimiento de la sancionada Ley. Leer más
Los jugadores deben canjear las combinaciones en el portal oficial de Garena antes de que expiren o se agoten
Una mujer confió en su abogado para reclamar los daños sufridos en un choque automovilístico ocurrido en 2019, pero la causa naufragó luego de que la inactividad del profesional provocara la caducidad de la instancia en 2023. La Cámara Civil ratificó la responsabilidad del abogado y confirmó una condena económica, aunque excluyó algunos rubros indemnizatorios
Con frecuencia se difunden testimonios de personas, argentinas y de otras nacionalidades, que ingresaron en los Estados Unidos con visa de turista, permanecieron allí una vez vencido el plazo concedido y hoy enfrentan procesos de deportación. Muchos de esos relatos expresan indignación ante la decisión estatal de expulsarlas. La cuestión merece ser examinada no desde la emoción que despierta cada historia personal, sino desde una pregunta estrictamente jurídica: ¿puede una situación creada por el propio incumplimiento de las condiciones de admisión generar un derecho a permanecer?Conviene precisar, ante todo, qué es una visa de turista. No se trata de un permiso genérico para residir, sino de una autorización específica, limitada en su finalidad y en su duración, que excluye expresamente el trabajo. Quien la solicita declara ante un funcionario consular que viaja por turismo y que regresará a su país; la ley estadounidense presume incluso que todo solicitante pretende quedarse, y exige que demuestre lo contrario. Al llegar, la autoridad de frontera fija el término de la estadía. El extranjero conoce, por tanto, los límites de su permanencia: son la condición misma bajo la cual se le abrió la puerta.Un principio que recorre la historia del derecho enseña que nadie puede alegar su propia torpeza en su beneficio y que el fraude todo lo corrompe. Del mismo modo que el error, la violencia o el dolo privan de validez a los actos que vician, la mala fe, el engaño y las vías de hecho no pueden constituirse en fuente de derechos para quien se vale de ellos. Quien ingresó invocando un propósito para perseguir otro, o quien decidió no partir al vencer el plazo, construyó su situación al margen de la autorización recibida. Pretender que el mero transcurso del tiempo o el arraigo alcanzado en esas condiciones conviertan aquella situación en un derecho invierte el orden jurídico: la infracción terminaría siendo recompensada.Cabe una distinción. No es idéntica la posición de quien ocultó desde el origen su verdadera intención, conducta que la ley estadounidense sanciona como falsedad y causal de inadmisibilidad, que la de quien modificó sus planes después de ingresar. Pero aun en este segundo caso permanecer una vez vencido el término sin obtener la autorización correspondiente importa alterar de manera unilateral un estatus que solo el Estado podía conceder. La propia ley prevé cauces para ciertas situaciones sobrevinientes; acudir a ellos es ejercer un derecho. Lo que no resulta legítimo es sustituir esos cauces por la sola voluntad del interesado.Nadie discute que las personas tienen derecho a trasladarse a otro país en busca de mejores condiciones de vida. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a salir de cualquier país, pero no consagra un derecho a ingresar y establecerse en el país que cada uno elija, al margen de sus leyes. Quien, habiendo decidido radicarse o trabajar en los Estados Unidos, omite tramitar las autorizaciones que ese Estado exige y se vale de una visa concebida para otro fin, ejerce su derecho de manera abusiva.En los Estados Unidos, la Corte Suprema reconoce desde fines del siglo XIX que la facultad de admitir y expulsar extranjeros es un atributo inherente a la soberanía, cuya regulación corresponde al Congreso. Exigir una visa adecuada al propósito del viaje no desnaturaliza derecho alguno: simplemente establece la forma en que ese derecho debe ejercerse para asegurar el bienestar general.En un Estado constitucional de derecho, el imperio de la ley es condición indispensable para el funcionamiento regular de las instituciones públicas y también para la convivencia en el ámbito privado. De ello se siguen dos consecuencias. La primera: la justicia o injusticia de una decisión estatal debe juzgarse en el marco del derecho vigente, cuya fuente primera es la ley. La segunda: cuando la ley prevé la solución del caso y esta se ajusta a los hechos comprobados, no es posible apartarse de ella, soslayarla ni contradecirla. La compasión que inspira una historia personal puede y debe ser considerada por el legislador al diseñar las normas; no autoriza al juez ni al funcionario a desconocerlas.La deportación de quien excedió sin justificación el plazo de su visa no es, entonces, un acto arbitrario, sino el resultado del razonamiento jurídico más elemental: el silogismo deductivo. La premisa mayor es la norma: la ley federal estadounidense dispone que el extranjero que no mantiene las condiciones de su admisión o que permanece en el país en violación de la ley queda sujeto a expulsión. La premisa menor son los hechos probados: la persona ingresó como turista, el plazo venció y no obtuvo prórroga ni cambio de estatus. La conclusión surge de subsumir esos hechos en la norma, y es la consecuencia que la propia ley establece.Esa conclusión presupone, desde luego, que los hechos hayan sido acreditados en un procedimiento que respete el debido proceso, con derecho a ser oído, a ofrecer defensa y a obtener revisión. Presupone también que se hayan considerado las excepciones que la misma ley contempla, porque también ellas forman parte de la premisa mayor: evaluarlas es aplicar la ley, no apartarse de ella. Pero, así como la legitimidad de la consecuencia no dispensa del respeto de las formas, el respeto de las formas tampoco neutraliza la consecuencia.La coherencia exige además mirar hacia nosotros mismos. La ley argentina de migraciones contempla la expulsión de quienes permanecen irregularmente en el territorio. Difícilmente aceptaríamos que un extranjero ingresado como turista reclamara el derecho a quedarse desconociendo nuestras normas. No hay razón para exigir a otro Estado soberano aquello que no estaríamos dispuestos a conceder.Por último, conviene recordar quiénes soportan las consecuencias de estas conductas. En 2002, la Argentina fue excluida del programa que permitía a sus ciudadanos viajar a los Estados Unidos sin visa, luego de que un número significativo de turistas permanecieron en ese país una vez vencidos sus plazos. El costo lo pagaron millones de argentinos que viajaban respetando las reglas. La legalidad no es un obstáculo para la movilidad de las personas: es su condición. Por eso, el reproche de quien hoy enfrenta la deportación no debería dirigirse contra el Estado que aplica su ley, sino contra la decisión de haberla desconocido.
El desembolso beneficiará a alumnos de educación superior y del Sena, tras la verificación de sus reportes de permanencia por parte de las instituciones educativas
El presidente Mulino vetó en septiembre un proyecto de ley que beneficiaba a este sector, argumentando que era inexequible
En California, la compañía Lyft acordó un pago de 272,5 millones de dólares para resolver una demanda interpuesta por el estado y varias municipalidades debido a la clasificación errónea de sus operadores. Como consecuencia, miles de conductores elegibles podrán reclamar compensaciones por salario mínimo, pago de horas extra y reembolso de gastos laborales.Qué conductores de Lyft están alcanzados por el acuerdo en CaliforniaA principios de octubre, la compañía Lyft llegó a un acuerdo con el estado por el cual deberá desembolsar US$272,5 millones. Del monto total, se destinarán al menos US$237 millones para ser distribuidos entre los conductores elegibles, lo que lo convierte en el arreglo más grande por clasificación errónea en la historia de California.El pacto permitirá que miles de personas que condujeron para la plataforma entre abril de 2016 y diciembre de 2020 reclamen compensaciones que les correspondían como empleados.El acuerdo todavía está sujeto a aprobación del Tribunal Superior de California del condado de San Francisco. En caso de ser aprobado, el administrador contactará a los trabajadores elegibles cuando Lyft comience los pagos."Que no quepa duda: la clasificación errónea es la forma en que las empresas engañan a los trabajadores", declaró el fiscal general Rob Bonta, citado por CalMatters. En esa línea, agregó: "Eso no es un modelo de negocio, es explotación".Asimismo, la fiscal municipal de San Diego, Heather Ferbert, sostuvo que Lyft "solo es parte del problema" y advirtió que tomará medidas contra otras empresas. "Uber tiene una mayor cuota de mercado en el sector del transporte compartido, lo que implica más conductores, más kilómetros recorridos y más trabajadores afectados. Por lo tanto, nuestro trabajo aún no ha terminado", sostuvo.Los pagos individuales para conductores de Lyft en California no están definidosEl pacto cubre exclusivamente el periodo anterior a la aprobación de la Proposición 22 en noviembre de 2020. Esta iniciativa de ley financiada con US$205 millones por empresas de la economía colaborativa estableció un régimen que permitió clasificar como contratistas independientes a determinados conductores de aplicaciones.Para este proceso, la administración del fondo estará a cargo de un gestor independiente que determinará los pagos individuales en función de las millas recorridas y las horas trabajadas por cada chofer en el periodo comprendido entre abril de 2016 y diciembre de 2020.Lyft informó ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) que tiene la opción de abonar el pago en un plazo de hasta cuatro años.Acuerdo entre Lyft y California: la advertencia contra UberEste año, los conductores de servicios de transporte compartido formaron un sindicato tras haber obtenido el derecho a la negociación colectiva en 2025. La organización, denominada Rideshare Drivers United, consideró que, si bien el desembolso recupera parte de las compensaciones adeudadas, la suma queda por debajo de los US$434 millones calculados en las reclamaciones iniciales para unos 1900 conductores de la plataforma.Es venezolana y reveló cuánto gana semanalmente trabajando para LyftLa asociación presentó más de 5000 reclamaciones iniciales ante el estado en nombre de los conductores de Lyft y Uber. "Estamos recuperando parte del dinero porque luchamos por ello, pero ¿por qué no tienen que pagar salarios mínimos y cubrir los gastos como cualquier otra empresa?", inquirió Nicole Moore, presidenta del grupo en un comunicado citado por CalMatters, contra la norma para que los choferes sean reconocidos como contratistas independientes.En declaraciones posteriores, Ferbert reafirmó su intención de continuar con la investigación sobre Uber y manifestó que, si la empresa no acepta negociar un acuerdo significativo, la disputa podría llegar a juicio.
Garena permite obtener diferentes recompensas en el juego sin costo, siempre que se tenga la aplicación legal descargada en el dispositivo
El próximo viernes la Plaza de Mayo se llenará de velas, como parte de un reclamo que hace años impulsan organizaciones que piden la reforma de la ley de salud mental. La convocatoria fue lanzada por agrupaciones como Icona y La Madre Marcha, que nuclean a familias de personas con trastornos de salud mental y consumos problemáticos. Cientos de madres y familias se reunirán frente a la Casa Rosada para exigir que se impulse el tratamiento de los cambios que consideran necesarios y que vea la luz el proyecto de ley que busca modificar la norma actual.Hay que recordar que en abril último el Gobierno envió al Senado la reforma de la ley de salud mental y ya se reavivó el debate. Uno de los cambios más destacados es el relacionado con las internaciones involuntarias. El objetivo reside en facilitar el proceso de internación ante situaciones de riesgo a fin de evitar casos de homicidios, suicidios y agresiones a terceros, producto de la imposibilidad de recibir un tratamiento oportuno y adecuado, según se informó entonces. El proyecto todavía sigue en el Senado, con discusiones centradas en los requisitos de internación y el rol de los profesionales, en las comisiones de Salud y de Legislación General. Se realizaron plenarios en el Salón Azul con la participación de decenas de expositores, entre especialistas, ONG y familiares de pacientes. Existen posturas divididas: familiares y algunos sectores médicos apoyan una flexibilización para agilizar la atención, mientras que asociaciones profesionales y de derechos humanos advierten sobre posibles retrocesos en garantías individuales. Todavía no tiene dictamen. Luego de eso y de su votación en el recinto, deberá pasar también por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.Los organizadores de la vigilia de velas explican que con la movilización del próximo viernes buscan visibilizar la crisis sanitaria en salud mental, y reclaman por las consecuencias de la falta de cambios en la norma actual. "Es impresionante la cantidad de suicidios, han subido de manera exponencial desde el año 2025, y muchos de estos suicidios tienen que ver con personas en consumo. En un año, los casos aumentaron un 50%. Y el consumo es de todo tipo; desde sustancias hasta adicción al juego", resume Stella Maurig, una de las fundadoras de La Madre Marcha. Stella era la madre de David, un joven que luchó contra las adicciones desde 2007 y falleció tras suicidarse a los 31 años en 2019. Tras ese desenlace, se convirtió en una referente del reclamo de reforma de la ley de salud mental. También lidera grupos de escucha y espacios de orientación y contención mutua para madres y familiares que atraviesan la desesperación de tener hijos con consumos problemáticos.La convocatoria para este viernes 9 de octubre es en conjunto con Icona, organización civil que vincula a líderes del sector público y privado para debatir políticas públicas, fomentar proyectos sociales y formar nuevos referentes. Fue impulsada por Juan Alconada Roza, hermano del joven que en medio de un brote psicótico mató a un policía frente al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) y quien también impulsa un cambio en la ley de salud mental."Icona y La Madre Marcha convocan a una vigilia de velas por la salud mental, el próximo viernes 9 de octubre, de 21 a 0 horas, en vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre. La convocatoria busca visibilizar la urgencia de una respuesta integral ante la crisis de salud mental, acompañar a las personas y familias que atraviesan situaciones de dolor y pedir al Congreso de la Nación que avance contra la reforma de la ley nacional de salud mental", dice el comunicado que difundieron por estos días.Las velas simbolizan, según explicaron los organizadores, "la luz, la memoria, la esperanza y el compromiso colectivo de transformar el dolor en acción", dicen."Lanzamos esta convocatoria para poder visibilizar el problema serio que hay si no se modifica la ley de salud mental. Ya estuvimos teniendo reuniones en el Senado, ahora esperamos que se vote y que, después, la Cámara de Diputados dé la última palabra para poder concretar la modificación de la ley. Pero hay gente que defiende la norma actual, que es una ley con más de 15 años, que no se revisa ni se aggiorna. Por eso, decidimos hacer una vigilia de velas en la previa al día de concientización. Vamos a estar hasta la medianoche con velas, oradores, psicólogos y familias. Nos preocupa mucho el aumento exponencial de suicidios que está ocurriendo, muchos son de personas en situación de consumo", explica Maurig a LA NACION.Está previsto que del encuentro también participe el psiquiatra Andrés Mega, que -como los miembros de las agrupaciones convocantes- sostiene que la legislación actual dificulta los tratamientos necesarios e imposibilita las internaciones urgentes en situaciones críticas de adicción o padecimientos psiquiátricos. El especialista ha acompañado a la agrupación La Madre Marcha en diversas exposiciones, debates en el Senado y reuniones con magistrados para visibilizar la problemática.La tragedia frente al MalbaLa tragedia que envolvió a Rodrigo Roza y al inspector Juan Pablo Roldán, asesinado en 2020 en una esquina cercana al Malba, sigue generando un profundo debate sobre la crisis de la salud mental en la Argentina. Rodrigo, en un brote psicótico severo, apuñaló y mató al oficial, lo que llevó a su propio fallecimiento a manos del mismo policía en un intento desesperado de defensa. Este doloroso episodio, entre otros, derivó en cuestionamientos a las limitaciones de la ley de salud mental vigente en lo que respecta a la internación involuntaria de personas con trastornos psiquiátricos graves.Juan, hermano de Rodrigo, es uno de los impulsores de la vigilia de velas y destaca la necesidad de lograr una definición más específica del concepto de "riesgo cierto e inminente", que se exige para justificar una internación de esas características. El 28 de septiembre de 2020, pasadas las 17, cuando le comunicaron el trágico final de su hermano, lo primero que pensó fue que era la crónica de una muerte anunciada. La noche anterior había intentado llevarlo a una guardia en medio de un brote psiquiátrico para pedir ayuda, pero Rodrigo no accedió. Entonces habló con el psiquiatra que lo atendía y le ofreció irlo a buscar a San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, para que atendiera a su hermana. La respuesta fue que no, que al día siguiente tenía que trabajar. El joven llevaba varias semanas sin tratamiento en plena pandemia y había dejado la medicación. Juan intuía que era una bomba de tiempo, pero no logró conseguir ayuda. El médico consideró que si Rodrigo no quería ser internado, no se lo podía obligar, y que no estaba demostrado el riesgo inminente para sí y para terceros, como exige la actual ley para forzar el ingreso a un centro de salud en estos casos."¡Se podía haber evitado!", dice Alconada Roza sobre el desenlace de su hermano tras apuñalar a un policía.La misma sensación tuvo en noviembre último, al conocer la muerte de la turista brasileña atacada por un joven con antecedentes psiquiátricos y judiciales. "Da mucha tristeza. Mucha impotencia. Otra vez la Argentina llora una muerte evitable, ocasionada por alguien con antecedentes que no debería estar sin tratamiento ni sin supervisión. La ley de salud mental fracasó porque no protege a las personas con trastornos mentales ni a aquellos que tienen adicciones, y tampoco protege a los ciudadanos. La salud mental no puede ser un tabú cajoneado por la política", concluye el impulsor de Icona.
La acusación reunió intercambios entre empresarios, funcionarios e intermediarios para sostener que una compañía logística recibió un favorecimiento irregular de la empresa estatal
El nuevo episodio del conductor ocurre pocos días después de que exigiera cambiar a un camarógrafo durante un enlace en directo.
La protesta, que se realizará el lunes próximo, fue anunciada por Pablo Moyano en una asamblea del personal de recolección de residuos de CABA ante la posibilidad de que pierdan ese beneficio en los nuevos contratos del servicio
La plataforma exige iniciar sesión, acceder a la ficha de cada entrega y finalizar la compra antes del cierre de la oferta
La capital alemana se vendió durante años como la gran capital europea de los alquileres asequibles. Esa etiqueta ya no se sostiene
El último aumento escalonado por la Enmienda 2 aprobada en 2020 entra en vigor este miércoles. Cómo queda la escala salarial para trabajadores con propinas.
Los trabajadores de Estados Unidos que tuvieron más de un empleador durante el año fiscal 2026 podrían tener derecho a reclamar una devolución o crédito por el impuesto del Seguro Social retenido en exceso. La regla del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) indica los montos a tener en cuenta para solicitar el reembolso, así como las excepciones para empresas relacionadas.El reembolso del IRS que pueden reclamar trabajadores que tuvieron más de un empleadorCuando una persona trabaja para dos o más empleadores independientes en el mismo año, cada empresa está obligada por ley a retener el 6,2% del Seguro Social sobre los salarios pagados hasta el tope individual de 184.500 dólares, de acuerdo con el portal oficial del IRS.Este año, la tasa de retención se mantiene en el 6,2% para el empleado y un 6,2% adicional que aporta el empleador. Al aplicarse esta tasa sobre el límite salarial de US$184.500, el monto máximo de impuesto del Seguro Social que se debe descontar a un trabajador en todo el año es de US$11.439.Dado que las empresas no coordinan las retenciones entre sí, si la suma de los salarios obtenidos en todos los empleos supera los US$184.500, la retención total acumulada sobrepasará la cuota máxima anual de US$11.439.Según las autoridades, el excedente retenido por encima del tope legal no le pertenece al IRS y representa un saldo a favor que el trabajador puede reclamar como reembolso o crédito tributario.Es importante remarcar que, a diferencia del Seguro Social, el impuesto del Medicare se aplica a una tasa del 1,45% y no tiene límite de base salarial. Cómo reclamar el reembolso del IRSDe acuerdo con la guía de la agencia tributaria, los trabajadores pueden reclamar el reembolso al presentar la declaración personal de impuestos (Formulario 1040). Al finalizar el año fiscal, cada empleador entregará el Formulario W-2. Para saber si el crédito aplica, las personas deben sumar la Caja 4 (retenciones de Seguro Social) de todos los W-2. Para 2026, si la suma total excede el máximo legal de US$11.439, la diferencia es la cantidad en exceso retenida.El exceso retenido se reporta en el Anexo 3 del Formulario 1040, específicamente en la Línea 11. Este crédito se suma directamente al reembolso total o se resta del impuesto que la persona deba pagar.Además, es necesario señalar que no se pueden combinar las retenciones ni salarios de dos cónyuges para determinar si hubo un exceso de Seguro Social.Los casos en los que no aplica el crédito por Seguro SocialEl IRS aclara una excepción relevante para el ámbito corporativo que impacta en los trabajadores. Según la norma vigente, si dos o más empresas relacionadas emplean simultáneamente a la misma persona y procesan su nómina mediante un agente pagador común, entonces se consideran como un solo empleador. Para esto, deben cumplir los requisitos del régimen de common paymaster.En este caso específico, no deben pagar ni retener en conjunto más del límite máximo de impuesto del Seguro Social correspondiente a un único empleador.La Agencia Tributaria señala también que si una persona tuvo un único empleador que le retuvo más de US$11.439 por error, no puede reclamar este crédito en su Formulario 1040. En ese escenario, debe solicitar la devolución directamente al empleador o, si la empresa no responde, presentar de forma independiente el Formulario 843 del IRS.
Florida mantiene bajo custodia más de 3000 millones de dólares en dinero y otros activos que todavía no fueron reclamados por sus propietarios. La iniciativa estatal Claim Your Cash Florida busca facilitar la identificación y recuperación de estos recursos mediante un portal destinado a que los residentes puedan realizar consultas sin pagar ninguna tarifa.Cómo funciona Claim Your Cash Florida para recuperar dinero sin reclamarEl programa está administrado por la División de Propiedad No Reclamada del Departamento de Servicios Financieros de Florida. La iniciativa fue presentada por el director financiero del estado, Blaise Ingoglia, quien explicó que el objetivo es acercar la información a quienes podrían tener fondos pendientes de recuperar."Los floridanos trabajan demasiado duro por su dinero como para que algo se quede atrás", aseguró Ingoglia en un comunicado. "Esta nueva iniciativa facilita que los floridanos comprendan y reconozcan este programa estatal de confianza, busquen su dinero y lo reclamen", señaló.Según los datos difundidos por el programa, aproximadamente uno de cada cinco floridanos podría tener alguna propiedad abandonada. El concepto no se refiere a viviendas o terrenos, sino a recursos financieros que quedaron desvinculados de sus propietarios, como cuentas bancarias inactivas, cheques sin cobrar, depósitos de servicios públicos, beneficios de seguros, acciones y valores.Qué tipos de dinero y activos sin reclamar conserva FloridaAdemás de los más de US$3000 millones actualmente protegidos, durante el último año fiscal, la División de Propiedad No Reclamada devolvió más de US$800 millones a sus respectivos propietarios. También, el Estado administra y recibe más de 4,6 millones de registros por año.Estos recursos pueden quedar bajo custodia estatal por distintas situaciones de la vida cotidiana. Una persona puede olvidar una cuenta bancaria, mudarse sin actualizar sus datos, cambiar de entidad financiera, no cobrar un cheque o dejar pendiente un depósito relacionado con un servicio público.Cuando una empresa o institución financiera no consigue establecer contacto con el propietario durante el período previsto por la legislación, debe informar esos bienes al Estado. Florida los conserva hasta que aparezca el titular correspondiente o una persona que pueda demostrar legalmente que tiene derecho a recibirlos.Cómo buscar dinero sin reclamar gratis en FloridaLa consulta se realiza mediante el portal Claim Your Cash Florida. El procedimiento no tiene costo y permite buscar propiedades registradas a nombre de una persona o de una empresa. También pueden realizar búsquedas quienes actúan como herederos de una persona fallecida o representantes de un patrimonio.Una vez que aparece un registro que podría corresponder al interesado, se seleccionan los activos y comienza el proceso de reclamo. La División solicita información de contacto y documentación para comprobar la identidad del solicitante y determinar que se trata del propietario legítimo, de un heredero o de un representante autorizado.El Estado conserva la mayoría de estas propiedades sin establecer una fecha límite para el reclamo. Por eso, encontrar un registro no implica que el dinero deba retirarse inmediatamente. La solicitud continúa con una revisión destinada a verificar la titularidad antes de autorizar la devolución.Cómo revisar el estado de un reclamo en Claim Your Cash FloridaDespués de presentar una solicitud, se genera un código de reclamo identificado con la letra "C", seguido de una serie de números. Ese patrón permite consultar el avance del trámite desde la opción "Claim Status" del portal estatal.El número de reclamo no debe confundirse con el número de cuenta correspondiente a cada propiedad. Cuando una persona presenta varios inmuebles dentro de un mismo trámite, la División puede reunirlos bajo un único expediente.Si el solicitante perdió el código de seguimiento, el portal dispone de una opción denominada "Forgot Claim Number". Además, para que el reclamo sea reconocido como presentado, el formulario correspondiente debió enviarse efectivamente por correo postal cuando el procedimiento así lo requiera.Para evitar estafas, el Estado indicó que no utiliza mensajes de texto para comunicarse con ciudadanos acerca de sus reclamos o de dinero pendiente de devolución.
En 2020, Apple aceptó pagar 500 millones de dólares como compensación a usuarios del iPhone 6 y 7, que le iniciaron una demanda colectiva a la compañía por ralentizar a propósito el funcionamiento de esos teléfonos, un suceso conocido como BatteryGate. La compañía admitió que bajaba la velocidad del procesador a medida que la batería perdía capacidad, pero que lo hacía para que el equipo se mantuviera estable; los usuarios consideraron, en cambio, que era para forzarlos a comprar un modelo nuevo. Tras idas y vueltas, la compañía acordó ese pago a dividir entre todos los usuarios. Esa demanda en EE.UU. tiene un correlato en la Argentina, donde la compañía distribuirá 3 millones de dólares entre los damnificados, tras una acción de la asociación Acción del Consumidor (Adelco), que el 4 de febrero de 2020 presentó una demanda colectiva contra Apple. La causa, caratulada "Acción del Consumidor - ADELCO c/ Apple Inc. s/ ordinario", tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 21, a cargo del juez Germán Paez Castañeda, según informó el abogado Sergio Mohadeb, más conocido como Derecho en Zapatillas. La buena noticia para quienes hayan sido o sean dueños de estos equipos es que todavía hay tiempo para anotarse para recibir parte de ese resarcimiento: esos 3 millones de dólares se dividirán entre todos los que reclamen. Si se suma más gente, el monto por persona será menor; el máximo es de US$40 por equipo. Si sobra dinero porque se anotó menos gente se donará el remanente al hospital Garrahan. Como recibir una parte de los US$3 millones de AppleAunque todavía no está abierta la inscripción de quienes se consideran damnificados por la decisión de Apple, ya está online un sitio (acuerdosmartphones.com.ar) donde se explica todo el proceso, los alcances y los límites del acuerdo. Solo podrán participar quienes fueran dueños de un iPhone 6 y 6 Plus, iPhone 6s y 6s Plus, iPhone SE de primera generación o iPhone 7 y 7 plus y vivían en la Argentina el 4 de febrero de 2020 (el día en que se inició la demanda colectiva en nuestro país). No importa si ya no tienen el equipo, aunque deberán conseguir el número de serie (IMEI o MEID); si no lo tienen anotado en algún lugar, deberían poder obtenerlo en el apartado Dispositivos en el perfil de Apple ID con el que se usó ese smartphone. Cuando se habilite el formulario, bastará con anotar los datos de la persona que era dueña del teléfono, el IMEI, firmar digitalmente una declaración jurada, y esperar que cierre la ventana de tiempo para hacer el reclamo; el trámite no tiene costo y es personal. Pasado ese tiempo, se validarán los datos de todos los que se sumaron, con la posibilidad de corregir algún dato erróneo, y se determinará cuánto dinero recibe cada uno, según cuánta gente se anotó. A partir de ahí, el juzgado ordenará los pagos, que pueden tomar hasta 3 meses en llegar a la cuenta que haya elegido cada persona.
La empresa comprometió un fondo de US$3 millones, con un máximo de US$40 por teléfono elegible.El acuerdo alcanza a siete modelos y fija requisitos sobre el uso del equipo y la residencia del solicitante.El trámite será online. La apertura del registro todavía no tiene fecha confirmada.