El conglomerado anti libertario deberá reunir dos tercios. En caso de avanzar, la definición quedará en manos de Diputados. Además, el pleno de la Cámara alta intentará sancionar la denominada "Ley Nicolás", entre otras iniciativas
La justicia californiana desestimó la carta de Erik Menéndez y la declaración de un exintegrante de Menudo, confirmando la condena perpetua y cerrando la puerta a su liberación tras más de 30 años presos
La Sala Segunda en lo Contencioso Administrativo desestimó la medida pedida por legisladores opositores para suspender la votación que mandó al archivo el proyecto de "cláusula gatillo" para docentes. Leer más
Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 frente a la discoteca Le Brique en la ciudad balnearia de Villa Gesell, luego de mantener una discusión con sus atacantes en el interior del boliche.
Según el presidente colombiano, los hechos ocurrieron en el mar de Venezuela, explicando que Norteamérica no "tiene el derecho" de atacar en esa zona
Exfuncionario consular, advierte que errores como inventar viajes o presentar depósitos sospechosos pueden llevar a la negativa de la visa estadounidense
Uno de los ejes de la sesión en Congreso de este miércoles 17 será la Emergencia Pediátrica. Cientos de familias acompañarán minuto a minuto desde afuera del recinto el debate por el rechazo al veto de Milei.
La jueza de Garantías, María Josefina González Cabañas, no hizo lugar a la solicitud de la Fiscalía para aplicar el beneficio en una causa contra una niña de 8 años. Los fundamentos de la magistrada. Leer más
En Random, el ciclo de entrevistas de Infobae, el vicepresidente del Inter de Milán y exintegrante de la Selección habló de cómo disfruta ver crecer a sus hijos y acompañarlos en sus proyectos, del equilibrio entre su vida personal y profesional, y de la decisión de vivir en Como. También se refirió a las elecciones que marcaron su trayectoria y a los consejos que ofrece a los jóvenes deportistas sobre disciplina y manejo de la presión
La oposición ya prepara la sesión del jueves 18 de septiembre, en la que buscará insistir con la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional. El oficialismo llega debilitado y con poco margen de negociación con los gobernadores. Mientras, Diputados tendrá otra sesión explosiva con Garrahan y Universidades. Leer más
El participante de 'Operación Triunfo 2023â?² cuenta a 'Infobae España' las dudas que tuvo a la hora de entrar en el talent de cocina de TVE, en cuya versión 'Junior' ya concursó hace años
En una nueva disputa entre ambas potencias, el Ministerio de Exteriores advirtió que estas presiones amenazan la estabilidad de las cadenas de suministro globales y reiteró que la única salida al conflicto en Ucrania es el diálogo.
El cantante irá a juicio el próximo 11 de octubre de 2027, tras ser acusado por cuatro mujeres
El senador radical correntino Eduardo Vischi dijo que el reparto de los ATN fue un pedido de las 24 provincias. También señaló que el gobierno de Javier Milei debería acatar los límites que le pone el Congreso. Leer más
En vista de estos hechos, también se vuelve a cuestionar la implementación de la seguridad en cada una de las entradas del campus, así como el libre albedrío de la universidad con respecto al ingreso de cualquier ciudadano
El correntino Eduardo Vischi anticipó que "entrará en el Senado la semana que viene" y "estarían los números para sostener la ley"."El Gobierno intenta retomar una idea de cambio aceptando las elecciones y después termina vetando algo pedido por los gobernadores", sentenció.
Por primera vez desde el retorno de la democracia, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso aprobó un dictamen con críticas y observaciones al Plan de Inteligencia Nacional (PIN) en vigencia. Cuestionó que el documento secreto que redactó el Gobierno entreabre la puerta a tareas de inteligencia ilegal contra políticos, economistas, movimientos sociales y periodistas, entre otros actores, confirmaron dos fuentes oficiales consultadas por separado por LA NACION."El dictamen incluye cuestionamientos de todo tipo y color al PIN, sí. Ese documento debe leerse como el marco general que explica lo que pasó luego, por ejemplo, con la denuncia que metió Bullrich [por, Patricia, ministra de Seguridad] por la difusión de los audios de Karina Milei, pidiéndole a la Justicia que allane a periodistas", indicó una de las voces consultadas. "Bullrich no hizo más que explicitar que los periodistas son objetivos de inteligencia".Aprobado este martes por el pleno de la comisión, el dictamen se remitió al presidente Javier Milei y al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, quien responde al asesor Santiago Caputo y afronta ya una investigación penal por el PIN, tras una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien delegó la instrucción en el fiscal federal Guillermo Marijuán.El dictamen fue redactado por el equipo de asesores de la comisión y aprobado este martes por el pleno del cuerpo, que preside el senador Martín Lousteau (UCR) e integran otros trece legisladores: el diputado Leopoldo Moreau (vicepresidente), el senador Oscar Parrilli (secretario), y los senadores Enrique Göerling Lara, Edith Terenzi, Eduardo De Pedro, María Florencia López y Beatriz Ávila como vocales, junto a los diputados Facundo Correa Llano, Mariela Coletta, Cristian Ritondo, César Treffinger, Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna.De carácter secreto y no vinculante, el Gobierno puede desatender el dictamen completo, pero conlleva otro traspié para Milei y sus colaboradores, tanto en el plano político, como judicial, donde los investigadores de los tribunales federales de Comodoro Py podrían requerir una copia al Congreso para analizar los cuestionamientos.Tal como reveló LA NACION el 25 de mayo pasado, el PIN es un documento secreto de 170 páginas que fija los lineamientos del Gobierno en materia de inteligencia para los próximos años. Desgrana cuáles son los intereses estratégicos del país para, a partir de allí, trazar los objetivos generales de inteligencia y, a continuación, trazar las eventuales acciones particulares a desarrollar para cumplirlas. Así, el PIN determinó que quedarán bajo la lupa de la SIDE todos aquellos "actores" que busquen "erosionar" la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios que están a cargo de velar por la seguridad de la Nación, sin precisar si alude de ese modo a agentes de otras naciones o a expertos, periodistas y ciudadanos que pudieran cuestionar, por ejemplo, los operativos de la ministra Bullrich para evitar los cortes de tránsito frente al Congreso durante las marchas a los jubilados.La SIDE también fijó como foco de interés a aquellos "actores" que generen o puedan generar una "pérdida de confianza" en las "políticas económicas" del Gobierno, sin precisar quiénes quedarían bajo la lupa. Podría abarcar a los economistas y analistas que han planteado discrepancias con las medidas adoptadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, o a los expertos que el presidente Milei denosta como "econochantas".El documento secreto también define como sujeto de interés de la SIDE a aquellos que puedan "manipular" a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar "desinformación". Otra vez, sin precisar si apunta a tareas de inteligencia externa, como las que Rusia desarrolló para influir en los resultados electorales en Estados Unidos, Francia y Rumania, entre otros países. O si engloba a periodistas y analistas políticos a los que la Casa Rosada endilga de manera recurrente que propalan "fake news". ¿Qué dice la Ley de Inteligencia Nacional? Determina que la SIDE está a cargo de elaborar el PIN tras completar un análisis combinado de los problemas más acuciantes y estratégicos del país vinculados a la defensa nacional y la seguridad interior, para fijar sus prioridades y orientar los recursos durante los siguientes años. Pero prohíbe de manera taxativa desarrollar tareas de espionaje interno; es decir, reunir información sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, opiniones políticas, afiliación partidaria o actividad privada lícita, en tanto que las investigaciones por la posible comisión de delitos son competencia de las fuerzas de seguridad y la Justicia, aunque ese límite tiene matices. ¿Por qué? Porque la legislación vigente faculta a la SIDE a abordar problemas de seguridad interior si son cuestiones estratégicas o delitos federales complejos.Citación, defensa y dictamenEl recorrido que llevó a la aprobación del dictamen crítico del PIN comenzó a gestarse hace meses. Tras completar la primera revisión, los integrantes de la comisión citaron a Nieffert para escuchar sus explicaciones. El funcionario se presentó a mediados de junio y defendió el PIN tal como fue redactado a lo largo de dos horas. Sostuvo que lo expuesto por LA NACION -confirmado luego por otros medios- era "falaz" y negó que la SIDE desarrolle tareas de espionaje sobre economistas, movimientos sociales y otros actores de la sociedad civil."Para esta Administración los medios de comunicación y los periodistas no son considerados, en ningún caso, objetivos de inteligencia, por cuanto se encuentran protegidos por las garantías constitucionales que rigen la libertad de expresión, el derecho a la información y la actividad periodística", remarcó Neiffert por escrito. "No voy a permitir que el sistema de inteligencia bajo mi coordinación empeñe sus capacidades para realizar vigilancia sobre políticos ni sobre medios o periodistas por su actividad profesional".Neiffert ahondó así en la posición oficial que ya había delineado el Presidente. A través de su cuenta en la red social X, Milei había sostenido que LA NACION había incurrido en una "fake news" al abordar el contenido de ese documento secreto de 170 páginas. Y la ministra Bullrich argumentó que este diario había incurrido en una "interpretación sesgada" del PIN.Sin embargo, pese a la defensa del PIN y de su propia actuación al frente de la SIDE que planteó Neiffert, los legisladores opositores que integran la comisión resolvieron este martes dejar planteadas sus críticas y recomendaciones en un dictamen que remitieron a la Casa Rosada. "Nosotros no podemos modificar el PIN, aunque sí realizar objeciones y formular sugerencias. Veremos qué respuesta recibimos de la SIDE", indicó uno de los miembros de la comisión, según publicó Laura Serra, el mismo martes, en LA NACION.Para redactar esos cuestionamientos, los miembros de la comisión se apoyaron en al menos dos análisis que alertaron sobre riesgos y ambigüedades en el PIN que elaboró el Gobierno. Estimaron que habilitaría a los agentes de la SIDE a desarrollar "actividades de espionaje o recolección de información orientadas hacia objetivos dentro del país", según consta en las copias del memo y los reportes que LA NACION reveló a principios de julio.Ambos análisis objetaron varias aristas del documento secreto de 170 páginas. El primero alertó que habilitaría a espiar a los movimientos sociales y grupos vulnerables, y a desarrollar tareas de "vigilancia de la opinión pública y críticos del Gobierno". El segundo, marcó el "desacierto" de crear una División de Fuerzas Provinciales dentro de la Agencia de Seguridad Nacional, bajo la órbita de la SIDE. ¿Por qué? Porque "entre las acciones que se le asignan se destaca su participación en 'el establecimiento y desarrollo de relaciones de coordinación operativa con el área de inteligencia de fuerzas de seguridad provinciales y locales'".El primer reporte también alertó sobre lo que definió como "un aspecto particularmente sensible del Plan de Inteligencia Nacional". ¿Cuál? "La inclusión de actividades de espionaje o recolección de información orientadas hacia objetivos dentro del país, incluyendo eventualmente a ciudadanos argentinos, actores políticos, periodistas u otras personas".
Varios de los empresarios acusados buscan evitar el juicio pagando sumas de dinero.Ahora debe definir el TOF 7.
El temario también incluye pedidos de informes a Karina Milei y Mario Lugones por los audios sobre presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad y la creación de una comisión investigadora sobre el fentanilo contaminado. También la modificación del régimen de DNU
Mauro García, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Garrahan y Carlos De Feo, secretario general de CONADU, explicaron en "QR!" la debilidad presupuestaria que asfixia a la salud y la educación públicas y subrayaron la necesidad de que en el recinto del Congreso de la Nación se rechacen los vetos del Ejecutivo a las leyes que podrían oxigenar ambos sectores. Leer más
En un comunicado expresó que "el presidente profundiza su aislamiento de la sociedad argentina". Leer más
Los gremios docentes y del sector de salud sumarán a otros sectores para una movilización ante el Congreso para presionar a los legisladores
La iniciativa proponía una recomposición salarial y una actualización en la partida presupuestaria para garantizar la atención de los pacientes
La representante aseguró que desde el Viejo Continente ya tienen identificado al presidente Gustavo Petro como uno de los socios más relevantes del dictador venezolano
La precandidata habló de los dos magnicidios con el fin de mostrar el peligro que implica la violencia dirigida a figuras políticas que promueven principios democráticos
Los descendientes del líder político hicieron un llamado a que las instituciones sean cuidadosas con la terminología que utilizan para referirse a los grupos al margen de la ley y pidieron proteger la memoria histórica del gaitanismo
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, imponer los cambios por vía legislativaâ?¯â??sin estudios técnicos rigurososâ??â?¯impactaría el flujo de caja proyectado para la recuperación de cartera y generaría varias repercusiones
El streamer paisa se pronunció ante los rumores de que el cantante puertorriqueño se habría negado a colaborar con él en uno de sus programas digitales: "Esto se hizo noticia nacional"
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa del dirigente político y social
María Fernanda Cabal, Enrique Gómez y Juan Guillermo Zuluaga mostraron su repudio ante las declaraciones de Beltrán por medio de un video difundido en redes sociales
Alejandro Melik se negó a recibir la notificación para declarar por el caso $LIBRA. La citación quedó pegada en la puerta de su oficina. Leer más
La tensión llegó a la cocina del 'reality' culinario luego de que el comediante paisa decidiera tomar distancia de la actriz al no querer conformar dúo con ella y lanzarle tremenda pulla: "No es estrategia"
Esta medida está dispuesta por el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles para eventualidades en los estudiantes como lesiones de gravedad, incluso, de muerte, pero la familia exige justicia
El actual director de la entidad aseguró que Pinilla cuenta con el respaldo de ciertos adversarios del Gobierno y su objetivo sería desprestigiar la labor que actualmente desarrolla la Ungrd
El actor, convertido ahora en piloto de Nascar, se reencuentra con su personaje más querido en la nueva serie que produce Disney+
Lo dijo luego de concretarse la "Coalición de los Dispuesto" en París. Allí se comprometieron 26 líderes a proteger Ucrania por "tierra, mar o aire".
CÓRDOBA.- La Justicia de Córdoba resolvió no otorgar un régimen de comunicación a favor del abuelo paterno de dos nietas de 11 y 13 años, que quedaron huérfanas hace dos años como consecuencia del femicidio de su madre, concretado por su padre, hijo del solicitante. Este fue abatido por policías después del hecho. El fallo consideró a las menores víctimas indirectas del femicidio.La decisión la tomó el Juzgado de Familia 4 de la ciudad de Córdoba, a cargo de María Belén Mignon. Las dos chicas permanecen bajo la tutela de una tía materna, quien también manifestó su oposición al régimen comunicacional. La tutela fue otorgada en su momento con la intervención de la Asesoría de Familia Móvil.El abuelo paterno vive en Buenos Aires y, al solicitar un régimen comunicacional, indicó que "antes de la tragedia" mantenía un "buen vínculo" con sus nietas. Afirmó que el contacto fue interrumpido por su tía y tutora por motivos que desconoce. Sostuvo que no quería perder el lazo con las niñas, pero aclaró que respetaría la voluntad de ellas.En la contestación de la demanda, la tutora de las niñas rechazó el pedido a causa de la "rotunda negativa" de sus sobrinas. Contó que le mencionaron que ambas habían mantenido el contacto con el abuelo por "imposición" de su padre y que sus encuentros personalmente habían sido pocos.La tía agregó que las chicas contactaron al abuelo paterno el día del femicidio de su madre y él se limitó a "justificar a su hijo", el victimario. Según el texto de la sentencia, ese hecho fue "una gran desilusión" para ellas. La sentencia da cuenta de que el solicitante "nunca se disculpó ni ofreció ayuda económica". Aunque el abuelo manifestó que aceptaría la voluntad de sus nietas, pidió que fueran entrevistadas sin la presencia de su tutora. Entonces, ambas conversaron con las psicólogas del Cuerpo Auxiliar Técnico Multidisciplinario (Catemu). Las profesionales concluyeron que "de la historia familiar de las niñas no surgía vínculo afectivo alguno con el solicitante" y desaconsejaron la fijación de un régimen de comunicación.El personal de Catemu estableció que, de la reconstrucción que realizaron respecto a la trama familiar, "se desprende que los encuentros han sido muy escasos y ocasionales" con el abuelo paterno, "colocándolo en un lugar periférico y de ausencia de cotidianeidad". Añadieron: "Se advierte que no constituye un referente afectivo cercano o de confianza; por el contrario, surgen significaciones de distanciamiento e incomodidad. Por lo abordado se estima en lo que respecta al desempeño del abuelazgo, la construcción de un espacio consolidado hasta el momento sin una presencia afectiva que haya facilitado estrechar vínculos entre sí y ser reconocido, emergiendo en esta singularidad desprovista de una significación de pertenencia". Los fundamentos"El derecho de comunicación del abuelo para con sus nietas adquiere en el presente un marco especial que no podemos soslayar -señala el fallo-. Las niñas se encuentran a cargo de la tía materna a consecuencia del femicidio de su progenitora y consiguiente abatimiento policial de su progenitor. La responsabilidad penal es personal, por lo tanto la cuestión se cierra con la muerte de su progenitor". Dicho eso, indica que se debe "garantizar el interés superior de las niñas". En ese contexto, la jueza Mignon valoró en su resolución el "gravísimo evento traumático vivido por las niñas" (no solo el femicidio de su madre, sino la posterior muerte del padre), quienes presenciaron el ataque a su madre por parte de su padre y fueron quienes salieron a pedir ayuda a los vecinos en el preciso momento en que todo ocurrió."Han tenido un devenir psicológico muy difícil, siendo absolutamente traumática la situación por razones obvias (...). Las niñas han quedado sin el cuidado de sus progenitores, en contexto de violencia de género extrema, debiendo este tribunal evitar una revictimización innecesaria (...). Luego del hecho traumático, han tenido que cambiar de escuela, realizar terapia, aferrarse una a la otra y convivir con su tía, quien ha puesto a disposición todos sus esfuerzos y amorosidad para tenerlas bajo su cuidado", describe la sentencia.La jueza plantea que, actualmente, "gracias a la contención familiar, especialmente de su tía materna, y la asistencia a espacios terapéuticos han logrado salir adelante y se encuentran en óptimas condiciones". En esa línea, resolvió rechazar por el momento el régimen comunicacional solicitado, en pos de preservar la salud física y psicoemocional de las niñas.Fundamentó esa decisión en los principios de autonomía progresiva e interés superior de los niños, niñas y adolescentes. El fallo remarca que el artículo 3 de la Ley 26.061 establece que, en caso de choque entre dos derechos válidos -en este caso, el derecho de comunicación del abuelo y el derecho al bienestar de las niñas- debe prevalecer el interés superior del niño como criterio para decidir, "aunque ello conlleve limitar derechos legítimos de terceros". La jueza Mignon subraya que este principio también se encuentra receptado en la Convención de los Derechos del Niño. Además, la autonomía progresiva que la legislación argentina le reconoce a niños, niñas y adolescentes exige que sean escuchados y su opinión tenida en cuenta según su grado de madurez, cuando se trate de decisiones que los afecten.
El presidente del Consejo de Ministros es uno de los máximo defensores de la idea anunciada por la presidenta Dina Boluarte
La organización, presidida por la diputada del PRO Silvana Giudici, advirtió que realizará un seguimiento de la situación que buscó evitar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei. Leer más
El juez Rolando Duarte no hizo lugar a dos reclamos formales que habían presentado los abogados del exsenador. La medida puede ser apelada ante instancias superiores
La oposición en el Senado busca rechazar el veto de Milei por la emergencia en discapacidad. La ley, que extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia en discapacidad, fue aprobada por ambas cámaras, pero vetada por el Gobierno con el argumento de que generaba un desequilibrio fiscal. Si los bloques opositores del Senado logran los dos tercios de los votos presentes, será el primer rechazo de un veto presidencial en 22 años. Además, la oposición quiere avanzar con un proyecto que limita el uso de los DNU.Las escuelas abrirán el lunes después de las elecciones bonaerenses. El gobierno provincial confirmó que todos los centros educativos afectados con la votación tendrán una jornada normal. Los auxiliares van al recibir un bono por realizar tareas de limpieza y desinfección.Formosa derogó la reelección indefinida, pero Insfrán podrá extender su gobierno cuatro años más. La convención constituyente que sesiona hace un mes eliminó la cláusula que habilita a la reelección indefinida del gobernador. Pero aprobó otra transitoria que toma el actual mandato de Insfrán, de 74 años, quien gobierna la provincia desde 1995 y va por su octavo mandato consecutivo, como el primero, y le permite extender su hegemonía por cuatro años más en Formosa.Tragedia en Portugal: 15 muertos y 20 heridos dejó el descarrilamiento de un tranvía funicular en Lisboa. El vehículo, con capacidad para 42 personas, quedó destrozado al volcar y chocar contra un edificio en pleno centro de la ciudad. Todo listo para la Messifest. Desde las 20.30 la Selección enfrenta a Venezuela en el Monumental en el que podría ser el último partido oficial de Messi como local. En Núñez habrá tres shows musicales preparados por AFA en la previa del encuentro.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
El debate sobre la también denominada ley de financiamiento revela tensiones entre la necesidad de disciplina fiscal y el impacto en el desarrollo productivo
Un tribunal cordobés determinó que el "cuidado personal" es una figura exclusiva para hijos e hijas. Leer más
En una entrevista, la empresaria de fajas defendió a su amiga, afirmando que no la traicionaría nunca por dinero "en mi caso, por la plata no baila el perro"
La magistrada ya había rechazado, la semana pasada, otro pedido de reconsideración sobre acceso a dispositivos electrónicos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios involucrados en el caso como Luis Caputo y Sergio Massa. Leer más
Milton Rengifo recalcó que el Gobierno colombiano defiende la resolución de los problemas regionales a través del derecho internacional y la coordinación multilateral
La mujer había pactado un encuentro en un hotel tras contactarse con el hombre a través de una aplicación de citas; tras una discusión relacionada a los términos económicos y límites personales, resultó con diversas lesiones
El presidente de la República, en sus redes sociales, arremetió contra su antecesor, que lo acusó de ser condescendiente con esta organización terrorista que el 7 de octubre de 2023 asesinó a más de 1.000 ciudadanos israelíes, lo que desató la feroz reacción en Gaza y Palestina
El gobernador encabezó una actividad de campaña en el Día de la Industria.Aseguró que el Gobierno "es un corso a contramano".Casi no habló del escándalo de las coimas.
La Embajada rusa calificó de "infundadas y falsas" las versiones del oficialismo sobre escuchas telefónicas y pidió respeto a los lazos bilaterales. Leer más
La embajada de Rusia en la Argentinanegó este martes su vinculación con la filtración de los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y aseguró que las acusaciones son "falsas e infundadas". La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló ayer en LN+ que se trataba de una operación con denuncias previas de intromisión de agentes rusos y venezolanos. "El deseo de ver 'espías rusos' en cada esquina es irracional y destructivo", detallaron en un comunicado.El tema tomó mayor relevancia ayer por la noche luego de un día movido alrededor del caso de los audios. Primero, porque el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello prohibió la difusión de las supuestas grabaciones. Y segundo, porque el Gobierno presentó una denuncia judicial contra varios periodistas. La cartera dirigida por Bullrich solicitó el allanamiento del canal de streaming Carnaval, que fue el primero que difundió los audios, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, del principal accionista del canal de streaming Pablo Toviggino y del abogado Franco Bindi.La medida fue criticada por constitucionalistas, que la consideraron un acto de censura. En ese contexto, la titular de la cartera justificó los pedidos de allanamientos y la prohibición de difundir los audios. Allí habló de una maniobra de inteligencia exterior. "Hablamos de un audio grabado en la Casa de Gobierno. Hablamos de una operación que tiene denuncias previas de intromisión de agentes inorgánicos de otros países. El caso Rusia negaron que fueran ellos, pero nosotros tenemos la operación que hay de agentes rusos en Argentina", sostuvo en diálogo con LN+.Noticia en desarrollo
Un informe advirtió que el penal en la isla solo podría albergar 108 internos y tendría costos logísticos desproporcionados, pero el Gobierno asegura que allí funcionará una cárcel para 2.000 presos
La modelo explicó que prefiere mantener en reserva los detalles personales ante la presión mediática, pese a recibir constantes invitaciones a programas de televisión.
Durante la Cumbre Foro Mundial Sobre Migración y Desarrollo, desarrollada en La Guajira, la ministra de Relaciones Exteriores expresó inquietud por la presencia militar estadounidense
Los distintos sectores de la oposición expresaron hoy un fuerte repudio. Apenas hace horas, la Justicia Civil y Comercial Federal resolvió limitar la divulgación de material vinculado a la secretaria general de la Presidencia, ante la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Leer más
El exministro criticó la histórica reducción en el presupuesto del deporte y aseguró que esto va más allá de afectar a los deportistas de alto rendimiento que traen medallas al país
El alto tribunal consideró infundadas las presuntas irregularidades que denunció la ex consejera para las Regiones en el trámite y ratificó la validez de la actuación procesal, lo que permite a la Fiscalía continuar con el caso
El actor admite su arrepentimiento al haber dejado pasar un rol icónico en una de las películas más exitosas de la historia. Las declaraciones surgieron durante la promoción de una campaña comercial junto a Zoe Saldaña.
El expresidente citó la Carta Democrática como principal herramienta para defender, a su juicio, la manera de hacer política exterior: esto le contestó el actual mandatario
La oposición del Senado busca capitalizar el escándalo que golpea al Gobierno y empuja una sesión para este jueves con un objetivo central: rechazar definitivamente el veto a la emergencia en discapacidad. Con impulso del kirchnerismo, en esa misma jornada también se evalúa tratar la interpelación a Karina Milei por los audios que la señalan como presunta beneficiaria de un esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) -uno de los organismos alcanzados por la "motosierra" y hoy en el centro de la polémica-.El temario incluiría, además, la reforma del régimen de decretos de necesidad y urgencia (DNU), que busca acotar su uso por parte del Poder Ejecutivo.La señal política la dio el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans. "Ya hablamos con el secretario parlamentario y con la vicepresidenta: el miércoles es la Labor Parlamentaria y el jueves, la sesión para tratar el veto y la reforma de DNU", anunció el domingo en diálogo con Radio 10. Y sobre el caso Andis agregó: "El que las hace, las paga. Si Karina se llevó el 3 o el 8%, tiene que comparecer ante el Senado; es lo que vamos a pedir en la próxima sesión". A su juicio, el episodio "derriba el relato de la lucha contra la corrupción".En el resto de los bloques persiste la discusión sobre el modo y el momento para llevar cada punto al recinto. Hay acompañamiento potencial si la tensión política escala, pero también reparos sobre la conveniencia de ligar la interpelación a la votación del veto.El pedido de citación a Karina Milei fue presentado por el salteño Sergio Leavy (UP), con las firmas de María Teresa González y Carlos Linares. Reclama que la secretaria General explique "los audios adjudicados" al exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo.Las dudas atraviesan a sectores moderados de la oposición y también a UP, por razones distintas. Los primeros prefieren no sobreactuar el desafío al Gobierno en la antesala de la elección bonaerense; los segundos temen que sumar la interpelación complique la insistencia de la ley. La prioridad, señalan, es sostener la emergencia en discapacidad.Las conversaciones seguirán hasta el miércoles, cuando se cierre el temario. La UCR debatirá este lunes por Zoom: respalda rechazar el veto, aunque algunos senadores no están convencidos del timing para llevar todo al recinto. En el peronismo hay voluntad de sesionar; falta acordar la letra chica.Los proyectosDiputados ya dio el primer paso y aprobó la insistencia de la emergencia en discapacidad: 172 votos a favor, entre bloques críticos y "heridos" del último cierre de listas. Con ese antecedente y el caso Andis en primer plano, en el Senado la oposición confía en reunir los dos tercios para sostener la ley.La norma, sancionada a inicios de julio, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes se transforman automáticamente a ese esquema, con acceso asegurado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.El Gobierno vetó la ley por su costo fiscal. Estimó un impacto de más de $3 billones en 2025 (0,36% del PBI) y casi $6 billones en 2026 (0,59%). Según esos cálculos, el mayor gasto proviene de ampliar el universo de beneficiarios de la pensión -toda persona con CUD-, alrededor de 1,5 millones de potenciales titulares. Solo las nuevas pensiones -señalan en el veto- demandarían $2,1 billones en 2025 (0,26% del PBI) y $4,7 billones en 2026 (0,47%). A eso se suma la incorporación al Programa Incluir Salud (unos $574.200 millones en 2025 y $1,2 billones en 2026) y una compensación por actualización de aranceles ($278.323 millones el primer año).La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) proyectó un impacto menor: como no se va a aplicar el aumento jubilatorio -Diputados no pudo insistir con la ley que sancionó- el costo de la emergencia en discapacidad, sin cambios en movilidad ni bonos adicionales, caería a un rango de 0,26% (2025) a 0,46% (2026) del PBI.La reforma a la ley de DNU no tiene costo fiscal, pero sí efectos institucionales. Un amplio arco opositor -UP, parte de la UCR, Pro y bloques provinciales- propone eliminar la "sanción ficta", que mantiene vigentes los DNU mientras no sean rechazados por ambas cámaras o los convalida si una sola los aprueba. La iniciativa invierte la lógica: exige ratificación explícita de Senado y Diputados para que un DNU conserve su vigencia y fija un plazo para que el Congreso se expida. Si no hay pronunciamiento dentro de ese plazo, el decreto cae.Con dictamen firmado, el proyecto requiere mayoría simple para obtener media sanción. La definición final quedará en Diputados.
El magistrado consideró que lo planteado por la defensa del expresidente "no merece mayor análisis". Si se prueban los delitos que le imputan, a Fernández podría caberle una pena de hasta 15 años de prisión.
El expresidente de la República lanzó fuertes pullas contra el jefe de Estado, por cuenta de la zona binacional establecida con la dictadura de Nicolás Maduro, que buscaría defender al jefe del régimen frente a una eventual incursión de tropas de Estados Unidos
El jefe de Gabinete descartó cualquier implicación oficial en la difusión de grabaciones atribuidas a Karina Milei y apuntó a una maniobra política orquestada por sectores opositores. Anticipó que los hechos serán investigados por los servicios de inteligencia
La sentencia declaró improcedente el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de un condenado tras considerar que no existía una jurisprudencia consolidada para habilitar al Tribunal Superior de Justicia como instancia revisora en materia penal
"Los problemas de los latinoamericanos y caribeños los solucionamos los latinoamericanos y caribeños", dijo el mandatario colombiano, en apoyo de la posición del líder opositor venezolano Henrique Capriles
La Secretaría General de la Presidencia aclaró que no hubo ingresos ni gastos vinculados a la presencia del mandatario en la Iglesia Evangélica Portal del Cielo, en Resistencia. Diputados opositores habían denunciado que se cobraba entrada para el acto. Leer más
El fallo es un nuevo revés judicial para nuestro país en un litigio que podría significar el desembolso de 16.000 millones de dólares. Leer más
Integrantes de la colectividad coincidieron en que la justicia colombiana premió al sicario del magnicidio del precandidato presidencial
WASHINGTON.- La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, resolvió este miércoles rechazar el pedido del gobierno argentino de reconsiderar la orden de entregar correos electrónicos, chats de WhatsApp y otras comunicaciones de altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández. El pedido de que se ordenara entregar esa información había sido hecho por los demandantes contra la Argentina en el caso de la expropiación de YPF.En el fallo, que seguramente será apelado por la Argentina, la magistrada señaló que no se discute que el Gobierno carece de "posesión" o "custodia" de las comunicaciones, pero afirma que sí tiene "control" sobre esas comunicaciones, según reveló en su cuenta de X Sebastián Maril, director de Latam Advisors y quien sigue de cerca los juicios contra el país en el exterior.ð??´La Juez Loretta Preska rechaza el pedido de la Rep. Argentina de reconsiderar el fallo que obliga al Gobierno a entregar el contenido de los dispositivos móviles de ciertos funcionarios y exfuncionarios. Probablemente el país apele este fallo. La magistrada dice que no seâ?¦ pic.twitter.com/3ktJWe4P49— Sebastian Maril (@SebastianMaril) August 27, 2025"La decisión de conceder o denegar una moción de reconsideración queda a la entera discreción del tribunal de distrito", señaló Preska en su fallo, en el que justificó la decisión de rechazar el pedido de la Argentina. "En esta jurisdicción, las mociones de reconsideración generalmente se deniegan, a menos que la parte solicitante pueda alegar decisiones determinantes", añadió.El 6 de agosto pasado, la Argentina le había pedido a la magistrada que reconsiderara su decisión, ya que, explicó, el Estado no tiene en su posesión los dispositivos solicitados porque no les pertenecen."En este caso, el tribunal pasó por alto la cuestión preliminar, necesaria para cualquier descubrimiento en virtud de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, de si los dispositivos y cuentas personales están bajo la 'posesión, custodia o control' de la República", señaló el escrito dirigido a Preska.En la noche del martes, el país había hecho una nueva presentación solicitándole a Preska que reconsiderara el fallo que obliga al país entregar mensajes y comunicaciones encontrados en los dispositivos móviles de ciertos funcionarios y exfuncionarios públicos. "La demandada, la República Argentina, respetuosamente presenta esta moción, solicitando la reconsideración de la orden de este Tribunal del 29 de julio de 2025, que exige a la República recopilar y presentar comunicaciones y documentos de dispositivos personales, cuentas de correo electrónico personales y aplicaciones de mensajería personal de ciertos altos funcionarios actuales y anteriores", señaló el escrito.ð???Argentina solicita a la Juez Loretta Preska que reconsidere el fallo que obliga al país producir mensajes y comunicaciones encontrados en los dispositivos móviles de ciertos funcionarios y ex funcionarios públicos. De fracasar la reconsideración, probablemente el país presenteâ?¦ pic.twitter.com/IHUrUGFm3N— Sebastian Maril (@SebastianMaril) August 27, 2025"La República presentó previamente una carta a la moción solicitando la reconsideración de esta orden de conformidad con la Regla Civil Local 6.3. Como medida de precaución, la República vuelve a presentar la misma solicitud como una moción formal dentro del plazo de 28 días para una moción de reconsideración, que vence hoy, 26 de agosto, para evitar cualquier duda sobre la suspensión del plazo de 30 días para apelar, que de otro modo vencería el jueves 28 de agosto", añadió.En su explicación presentada el 6 de agosto, la defensa de la Argentina, a cargo de la Procuración del Tesoro, había señalado que "los demandantes no han cumplido con su obligación de demostrar que la República tiene el 'derecho, la autoridad o la capacidad práctica' para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios actuales del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de los exfuncionarios"."Por el contrario, la legislación argentina deja claro que 'son propiedad exclusiva de sus propietarios', es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador", explica la notificación de la Procuración del Tesoro.Los fondos buscan demostrar que el Banco Central (BCRA), el Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas y Energía Argentina (Enarsa) funcionan como un "alter ego" del Estado argentino. Es decir, que no tienen independencia operativa y legal, y que actúan como una extensión del propio Estado. Esta información ya había sido parte de la evidencia en el juicio, después del fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar una indemnización de US$16.100 millones, más intereses, por la nacionalización de la petrolera estatal.El proceso judicial, conocido como discovery, involucró desde el año pasado negociaciones entre los abogados del Estado argentino y los fondos demandantes. En aquel entonces, Burford y Eton Park habían presentado una lista con 27 nombres, que el Gobierno intentó reducir en una contrapropuesta. Finalmente, Preska definió quiénes deben entregar su información."Los beneficiarios del juicio por YPF buscan embargar activos soberanos. Para eso, necesitan acceder a toda la información vinculada con las empresas que podrían ser consideradas alter ego de la República", explicó en su momento Maril."Lo que alegan, y con lo que lograron convencer a la jueza Preska, es que funcionarios y exfuncionarios argentinos â??entre ellos Luis Caputo y Sergio Massaâ?? usaron plataformas como WhatsApp o Gmail para realizar funciones públicas, en lugar de canales oficiales del Estado. Por eso, solicitan conocer si en esos medios hay datos que puedan facilitar el embargo de activos", añadió.
La magistrada del tribunal del Segundo Circuito de Nueva York desestimó las mociones presentadas por la Procuración del Tesoro
El jefe de Gabinete estuvo casi seis horas en la Cámara de Diputados. Aseguró que las acusaciones de corrupción son "infundadas" y pidió dejar actuar a la Justicia. Duros cuestionamientos de ex libertarios
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una demanda colectiva que buscaba el ajuste de jubilaciones, tras un trámite que se extendió por 16 años. Este pronunciamiento judicial subraya la importancia de la designación del Defensor del Pueblo, cargo vacante por más de 15 años. El máximo tribunal también instó al Congreso Nacional a legislar sobre los procesos colectivos, un marco legal necesario para este tipo de acciones.Qué implicaba la demanda colectiva y por qué fue rechazada por la CorteLa demanda, iniciada en 2009 por Eduardo Mondino, entonces Defensor del Pueblo, buscaba extender los alcances del "Caso Badaro" a todos los jubilados y pensionados mediante un amparo colectivo. Sin embargo, la Corte rechazó esta pretensión. Los argumentos principales fueron que el Defensor del Pueblo carecía de legitimación para representar colectivamente en cuestiones patrimoniales y que las circunstancias han cambiado significativamente en los 16 años transcurridos.Juan Fantini, camarista de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, comentó sobre el fallo: "El fallo era necesario; salió a destiempo, 16 años después; como no se cubre desde hace décadas el cargo de defensor del pueblo y como, en el medio, hubo una reparación histórica, hoy no se puede más que rechazar el planteo".En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz explicaron que durante el trámite de la demanda se establecieron pautas en la Corte sobre los procesos colectivos. Además, una ley ya intentó dar respuesta a los jubilados en sintonía con el fallo Badaro. Por ello, la Corte Suprema sostuvo que el amparo no era la vía admisible ni estaba claro el alcance del grupo afectado.La Corte también recordó una declaración de hace 15 años en el caso "Halabi": el Congreso de la Nación debe sancionar una ley que reglamente el ejercicio de los procesos colectivos.La opinión de Ricardo Lorenzetti y la falta de legitimación del Defensor del PuebloEl juez Ricardo Lorenzetti, con las mismas exhortaciones, opinó que "la extensa demora en la resolución de esta causa se debió, fundamentalmente, a la prolongada acefalía en el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación".Lorenzetti agregó que la Defensoría del Pueblo no tenía legitimación para representar colectivamente a los jubilados afectados. Según su análisis, "la regla es que los titulares de un derecho a la movilidad jubilatoria pueden accionar individualmente ante la omisión del cumplimiento por parte del Estado y por consiguiente, el Defensor del Pueblo de la Nación no tiene legitimación para sustituirlos en cuestiones patrimoniales, ya que no hay ninguna ley que así lo establezca".También afirmó que los afectados eran "personas que no se encuentran en el extremo inferior de la escala de haberes previsionales". Ellos "pueden eventualmente ejercer individualmente las acciones que estimen pertinentes en procura de la protección de su derecho a la movilidad previsional frente a las omisiones aquí denunciadas por el pretensor".La implicancia de la Ley de Reparación HistóricaLos jueces Rosatti y Rosenkrantz sumaron dos frentes a considerar. Por un lado, los afectados que promovieron demandas individuales y tuvieron éxito en estos años. Por otro, la sanción de la Ley de Reparación Histórica (Ley 27.260). Esta ley, enviada al Congreso por el Gobierno de Mauricio Macri, buscaba sanear la situación abierta con el fallo Badaro. Se dispuso que la movilidad del haber previsional para el período comprendido entre el 1° de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006 debía calcularse con el índice salarial del INDEC para aquellos que adhirieran al programa establecido por esa ley, que incluía la renuncia a reclamos judiciales. La sanción de la Ley de Reparación Histórica modificó las circunstancias existentes en el momento de la promoción de la acción colectiva.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
El máximo tribunal cerró un expediente iniciado en 2009 por el entonces ombudsman Eduardo Mondino, que buscaba extender el fallo Badaro a todos los jubilados. Los jueces remarcaron la prolongada vacancia institucional y exhortaron a legislar sobre procesos colectivos. Leer más
Fue un respiro para el Gobierno en una semana caliente. La Justicia norteamericana rechazó el pedido de los demandantes en el caso "Cupón PBI" -por la manipulación de las estadísticas del Indec, más precisamente el dato del PBI- de revisar su decisión previa audiencia. De esta manera, se ratificó un fallo previo que evitaba el pago de US$500 millones reclamados por los fondos en el "caso Aurelius". "La Procuración del Tesoro de la Nación informa que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, con sede en Nueva York, en el caso Aurelius (sobre 'Cupón PBI'), rechazó el pedido de los demandantes de revisar su decisión previa audiencia ante el panel que dictó la sentencia o ante el Tribunal en pleno", indicó la Procuración. De esta manera, el Tribunal reafirmó su decisión del 16 de julio, en el cual rechazó la apelación de los demandantes y confirmó la sentencia dictada en julio de 2024 por la jueza Loretta Preska. En dicha sentencia se falló a favor de la República Argentina al determinar que los demandantes no habían cumplido con la cláusula de "No Acción" prevista en los contratos. "La resolución constituye la confirmación de un reciente triunfo legal para la República Argentina, al impedir una potencial obligación de pago estimada en aproximadamente US$500 millones", indicaron. El 16 de julio pasado, la Cámara de Apelaciones de Nueva York había fallado a favor de la Argentina y confirmado la desestimación de una demanda presentada por fondos que reclamaban un supuesto incumplimiento en el pago de bonos atados al PBI. El tribunal ratificó entonces el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, la misma que condujo el juicio por la expropiación de YPF (donde falló en contra del país). Preska ya había rechazado la demanda al considerar que los demandantes -encabezados por el fondo Aurelius- no habían cumplido con los requisitos contractuales necesarios para iniciar el reclamo vinculado a los cupones PBI. El cupón atado al PBI fue creado como incentivo para lograr una mayor adhesión al canje de deuda de 2005, liderado por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, hoy embajador en Paraguay. Este instrumento preveía el pago de intereses a los bonistas si la economía argentina crecía más de un 3% anual, hasta 2035. Sin embargo, el país no realiza pagos desde 2011, cuando dejó de registrar ese nivel de crecimiento. La demanda se centró en el cambio de la base de cálculo del PBI realizado en 2014, bajo la gestión del entonces ministro Axel Kicillof. La metodología previa, basada en datos de 1993, se consideraba desactualizada, por lo que fue reemplazada por una nueva estructura que tomó como año base 2004. Ese ajuste provocó que la estimación de crecimiento del PBI de 2013 fuera menor a la que arrojaba la base anterior, lo que desencadenó los reclamos judiciales de los inversores.Con la nueva base, el Indec informó que la economía creció menos del 3,22% ese año, mientras que bajo la metodología anterior el crecimiento había sido del 4,9%. En consecuencia, el gobierno de Cristina Kirchner evitó pagar más de US$3600 millones en intereses.
Tras 16 años de trámite, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una demanda colectiva por el ajuste de las jubilaciones y volvió a exigir al Congreso Nacional que nombre al Defensor del Pueblo, cargo que está vacante desde hace más de 15 años.El máximo tribunal también exhortó al Congreso a legislar sobre los procesos colectivos para darles un camino legal. Lo hizo al rechazar la demanda contra el Estado nacional que en 2009 había impulsado Eduardo Mondino, el entonces Defensor del Pueblo, para que a través de un amparo colectivo se hicieran extensivos los alcances del "Caso Badaro", a todos los haberes de jubilados y pensionados. El argumento fue que el Defensor del Pueblo no tiene legitimación y cambiaron las circunstancias en estos años. El camarista Juan Fantini, integrante de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, afirmó ante el fallo: "El fallo era necesario; salió a destiempo, 16 años después; como no se cubre desde hace décadas el cargo de defensor del pueblo y como, en el medio, hubo una reparación histórica, hoy no se puede más que rechazar el planteo". En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz señalaron que en el trámite que insumió la demanda no solo se habían establecido pautas en la Corte sobre los procesos colectivos sino que, además, una ley había intentado dar respuesta a los jubilados en sintonía con el fallo Badaro.Por eso, la Corte Suprema sostuvo que el amparo no era la vía admisible sino que, además, ya no estaba claro cuál era el alcance del grupo afectado."Corresponde reiterar la exhortación formulada en Fallos: 339:1077 y Fallos: 339:1562 al Congreso de la Nación para que cumpla con su deber constitucional plasmado en el art. 86 y designe al Defensor del Pueblo de la Nación", dijo la Corte. Asimismo, reiteró la Corte lo que ya había dicho hace 15 años en el caso "Halabi" al Congreso de la Nación para que "se sancione una ley que reglamente el ejercicio de los procesos colectivos".Con las mismas exhortaciones, por su parte, el juez Ricardo Lorenzetti opinó que "la extensa demora en la resolución de esta causa se debió, fundamentalmente, a la prolongada acefalía en el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación". Y agregó que la Defensoría del Pueblo no tenía legitimación para representar colectivamente a los jubilados afectados. Según señaló, "la regla es que los titulares de un derecho a la movilidad jubilatoria pueden accionar individualmente ante la omisión del cumplimiento por parte del Estado y "por consiguiente, el Defensor del Pueblo de la Nación no tiene legitimación para sustituirlos en cuestiones patrimoniales, ya que no hay ninguna ley que así lo establezca". También afirmó que los afectados era "personas que no se encuentran en el extremo inferior de la escala de haberes previsionales" y que "pueden eventualmente ejercer individualmente las acciones que estimen pertinentes en procura de la protección de su derecho a la movilidad previsional frente a las omisiones aquí denunciadas por el pretensor". Adolfo Badaro era un conductor de buques que se jubiló en el año 1983 y fue a los tribunales sosteniendo que con la ley de Solidaridad Previsional de 1995 su jubilación había quedado desactualizada, la crisis del fin de la convertibilidad había afectado su ingreso y los aumentos dispuestos por el Poder Ejecutivo - con posterioridad a la crisis de 2002- solo tenían repercusión para los jubilados que cobraban la mínima. En su demanda, la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley de Solidaridad Previsional (que contenía las pautas de movilidad) y ordenó el reajuste del haber jubilatorio del actor a partir del 1 de abril de 1995 según el valor Módulo Previsional. Tanto el jubilado como la ANSES apelaron y en 2006 el caso llegó a la Corte Suprema, que revocó la sentencia y estableció que era un deber del Poder Legislativo reglamentar la garantía de movilidad jubilatoria, fijando un índice de actualización. El Gobierno de entonces consiguió sancionar la Ley 26.198 que, entre otros puntos, otorgó un aumento del 13%, a ser percibido por todos los jubilados, pero Badaro volvió a ir a la Corte Suprema por entender que esa nueva ley no cumplía con las pautas fijadas por el máximo tribunal en lo relacionado con la comprensión y alcance de la garantía de la movilidad. La Corte entonces declaró la inconstitucionalidad del artículo 7°, inciso 2° de la ley 24.463 y estableció, ella misma, las pautas de movilidad: dispuso que la prestación de Badaro se ajuste, a partir del 1º de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones anuales del índice de salarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).Para ese momento, en los tribunales previsionales se agolpaban presentaciones de otros jubilados que estaban en la misma situación inicial que Badaro. Y el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, en nombre del universo de todos los jubilados y pensionados, promovió una acción de amparo con el objeto de que se condenara al Estado Nacional a adoptar las medidas adecuadas para el cese de la omisión en que habría incurrido al no conceder a las jubilaciones y pensiones la movilidad garantizada por la Constitución Nacional. En aquella presentación, solicitó que se dispusiera un ajuste por movilidad en beneficio de los jubilados y pensionados que se encontraban en la misma situación previsional que la examinadas en el caso Badaro.Ahora, en un voto conjunto, los jueces Rosatti y Rosenkrantz explicaron que a la hora de decidir había que considerar una serie de circunstancias que habían sucedido a lo largo del "largo trámite" de la causa: el desarrollo de los recaudos del proceso colectivo, la vacancia del cargo de Defensor del Pueblo de la Nación y la sanción del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, ley 27.260 ("Ley de Reparación Histórica") "que tienen un impacto directo a la hora de dictar la presente sentencia", dijeron. Según se recordó, la Corte Suprema fijó criterios sobre los procesos colectivos como requisitos para su admisibilidad y trámite. Pero la Defensoría del Pueblo nunca pudo evaluarlos: Mondino se fue de ese cargo en 2009 y desde entonces el Congreso Nacional nunca nombró a un sucesor. "Esta prolongada vacancia en el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación â?? órgano específicamente legitimado para la tutela de los derechos de incidencia colectiva de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 43 y 86 de la Constitución Nacional dificultó sin duda alguna el trámite del expediente, pues el demandante no tuvo oportunidad de acomodar la demanda a los recaudos elementales que surgen de los fallos y acordadas mencionados en el párrafo anterior y que resultan condicionantes para que un proceso colectivo sea admisible y, de este modo, pueda ser tramitado", dijeron Rosatti y Rosenkrantz.Es más: señalaron que "si aún por hipótesis se siguiera la posición más favorable para el demandante" para dar por cumplidos los recaudos que hacen a la viabilidad del proceso colectivo y a su legitimación, correspondería, de todos modos, rechazar la vía del amparo" por entender que no era el "carril adecuado" para encausar el planteo.A este escenario, dijeron Rosatti y Rosenkrantz, había que sumar otros dos frentes: los afectados que promovieron demandas individuales y tuvieron éxito en estos años, y la sanción de la ley que envió al Congreso el Gobierno de Mauricio Macri de reparación histórica, que buscaba sanear la situación abierta con el fallo Badaro, en donde se dispuso que la movilidad del haber previsional para el período comprendido entre el 1° de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006 debía calcularse con el índice salarial del INDEC para aquellos que adhirieran al programa establecido por esa ley (que incluía la renuncia a reclamos judiciales). "De lo expuesto surge que la sanción de la Ley de Reparación Histórica modificó las circunstancias existentes en el momento de la promoción de la presente acción, pues el demandado ha ofrecido a cierto universo de beneficiarios la posibilidad de adherirse a un programa para satisfacer en los términos allí fijados el derecho que se intenta hacer valer a través de esta acción", señalaron Rosatti y Rosenkrantz.
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Esta tarde, el Senado rechazó de manera definitiva -por 57 votos contra 13 y una abstención- el decreto 345, ideado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que establecía la reconversión en "unidades organizativas" de la Secretaría de Cultura de los institutos nacionales del Teatro y de la Música, de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, y la disolución de los institutos nacionales de investigaciones históricas Eva Perón (que el Gobierno, al no poder disolver porque había sido ratificado por ley en 2010, convirtió en un museo nacional), Sanmartiniano (con el mismo estatus que el Eva Perón), Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas. La Cámara de Diputados había rechazado el decreto 345 a comienzos de agosto.Sin embargo, desde la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli, informaron que se mantendría la nueva estructura y que "entendían" que el rechazo del veto "se judicializaría".Ya lo dijo el Presidente @JMilei : buscan romper todo, pero nos comprometimos con los argentinos a devolverles la libertad y nada nos va a parar. ð??ªð??½ https://t.co/XEmOpiaYDc— Leonardo Cifelli (@leocifelli) August 21, 2025Letrados consultados por LA NACION sostuvieron que si Cifelli y cualquier otro funcionario insistían en desoír al Congreso "se exponían a un proceso penal". Ya hay ciudadanos dispuestos a llevar a juicio a la "cúpula" de Cultura, entre ellos, Cifelli y la subsecretaria de Patrimonio Cultural, la historiadora Liliana Barela. El @SenadoArgentina , en consonancia con lo resuelto por @DiputadosAR hace unos dias, rechazó el Decreto 345 que disolvió y fusionó el Instituto Nacional @yrigoyeneano que continúa siendo Instituto Nacional conforme a la Ley 26040. Viva Hipólito Yrigoyen! pic.twitter.com/i95fePyTcQ— Yrigoyeneano (@yrigoyeneano) August 21, 2025"La norma retrotrae la situación a antes del decreto 345 -dijo a LA NACION el abogado Diego Barovero, presidente del Instituto Nacional Yrigoyeneano-. Las normas dictadas a posteriori son nulas por efecto del decaimiento del decreto original. Para defender la jerarquía del instituto como Instituto Nacional, estamos evaluando la situación jurídica. Si la subsecretaria Barela y el recientemente nombrado director Luis Tozzo incumplen una manda parlamentaria estarán incursos en una conducta antijurídica y penalmente responsable". Tozzo, que es abogado y no historiador, hoy mismo fue nombrado director de Investigaciones Históricas, mediante una resolución del Boletín Oficial, al igual que el director del Museo Eva Perón (el arquitecto Juan Pablo Repetto) y los diez integrantes del Consejo Asesor de la Comisión Nacional de Monumentos. Seguramente, todos estaban al tanto del conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. "La judicialización implica además formular la denuncia penal contra los funcionarios involucrados en la desobediencia institucional que significaría desconocer la resolución de ambas cámaras del Congreso", agregó Barovero.Conforme lo establecen los artículos 29 y 99.3 de la Constitución argentina, el rechazo por parte del Congreso de la Nación de los decretos delegados dictados en virtud de la delegación legislativa dispuesta por la ley bases son NULOS DE NULIDAD ABSOLUTA E INSANABLE.El art. 24â?¦— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) August 21, 2025El letrado Andrés Gil Domíguez dijo a LA NACION que el rechazo del Congreso tenía como "efecto la nulidad absoluta del decreto delegado 345/2025 y del decreto de estructura posterior debido a que se debe regresar al esquema institucional previsto por la ley 23.351â?³. "Nulidad absoluta e insanable", sintetizó.En respuesta a una publicación en X de Gil Domínguez, el letrado Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, explicó: "La nulidad es una sanción por el dictado de un acto ilícito. Ninguna ilicitud puede determinarse sin la observancia del debido proceso (derecho de defensa). Por esa razón el Congreso, por regla general, no emite actos 'sancionatorios'. El Congreso cuando advierte una ilicitud lo que hace es corregirla mediante la derogación. En el caso de un decreto que agotó sus efectos con su emisión, la derogación ulterior no tiene nunca entidad jurídica para revivir la norma derogada. Paso a ejemplificar: por decreto delegado se elimina el Ministerio de Turismo. El rechazo posterior del decreto delegado que eliminó el Ministerio de Turismo no lo revive. Para que resucite la ley derogada por el decreto tiene que ser una norma de efectos permanentes. Además el régimen constitucional de los decretos delegados es distinto al de los DNU y promulgación parcial. Esa distinción no es baladí".Gil Domínguez insistió en que "la nulidad constitucional que tiene por objeto garantizar la división de poderes, interdictar la autocracia y resguardar la República es de ipso iure", esto es, "de pleno derecho" y sin necesidad de un proceso o trámite adicional.Consultado por LA NACION, el exministro de Cultura Pablo Avelluto coincidió con Barovero y Gil Domínguez en que el Gobierno debía dar marcha atrás con la actual estructura de Cultura. "Así fue como los argentinos perdimos otra oportunidad de reformar nuestras instituciones culturales públicas por hacerlo a lo bestia", opinó acerca de la estrategia libertaria.A partir de la publicación del decreto 345, en la Semana de Mayo, el Gobierno instrumentó con rapidez varios cambios, incluidos desplazamientos de funcionarios, designaciones y cierres de organismos culturales, que fueron rechazados por un amplio sector social al que diputados y senadores, por lo visto, tuvieron en cuenta.
El recluso, sentenciado junto a Lyle Menéndez por la muerte de sus padres, seguirá preso luego de que el comité evaluador vetara el beneficio pese a sus nuevas opciones legales
La Cámara alta votó en contra de cinco normativas publicadas por el Presidente por los poderes votados con la Ley BasesDel INTA y el INTI a Vialidad y el derecho huelga, de qué se tratan esos decretos ya rechazados por Diputados.
El actor de Al Fondo Hay Sitio admitió su equivocación luego de que un video donde rechazaba el saludo de una fan con discapacidad se volviera viral. El intérprete asumió su responsabilidad y le ofreció resarcir el error
En un comunicado conjunto, la Cancillería y el Ministerio de Justicia expresaron que el asilo no puede ser invocado cuando la persona ha cometido delitos comunes o que tenga una acción judicial "originada por dichos delitos"
La legisladora del PRO se abstuvo al momento de emitir su voto en la Cámara de Diputados, decisión que constituyó una contradicción ya que pasó de criticar con firmeza el ajuste a no rechazar el veto este miércoles en el recinto. Leer más
En la mesa de "Comunistas" coincidieron en que el veto presidencial no responde a la búsqueda de la eficiencia del gasto público sino a una definición ideológica que persigue deslegitimar el reclamo de las personas con discapacidad. Leer más