En diálogo con Punto a Punto Radio, la diputada de La Libertad Avanza cuestionó a los legisladores cordobeses por su postura frente a la ley de discapacidad y aseguró que no presentaron propuestas para modificar el proyecto. Además, defendió los acuerdos alcanzados en el Congreso y destacó la media sanción de una iniciativa para agravar las penas por vandalismo rural. Leer más
La producción protagonizada por Jaafar Jackson no podrá competir en una de las categorías de los prestigiosos premios
Líderes financieros descartan una burbuja en la IA, pese a las advertencias de Ken Griffin. Leer más
Las entidades financieras temen que la administración central incumpla sus compromisos ante un eventual aislamiento internacional, mientras prefieren resguardar su liquidez con papeles del emisor monetario para protegerse de futuras sanciones comerciales
La ley para transparentar los cobros de fármacos en farmacias podría intervenir en la formación de precios sin garantizar un menor gasto para los pacientes, alertó ComexPerú
La comediante salió del reality sin el protocolo habitual de despedida en el foro
En un comunicado, la Coordinadora Nacional de Padres y APAFAs exige que se haga una diferencia entre las conductas desobedientes y las "necesidad educativa especial" producto de condiciones neurodiversas
El ejercicio fue convocado por el SNTSS después de varios días de protestas contra el incremento de 2.9% directo al salario tabular y 3.9% en prestaciones
El juez Santiago Bignone rechazó los planteos de la Procuración Penitenciaria de la Nación centrados en la falta de información sobre los traslados a los familiares y defensas de los detenidos.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó cerrar por el paso del tiempo una causa en la que se investiga una de las mayores denuncias de lavado de dinero del sistema financiero en la Argentina que involucra al BNP Paribas. El tribunal también actualizó los embargos de los ejecutivos acusados hasta la suma de casi 200 millones de dólares.El caso, que tiene más de 25 años, está en el Tribunal Oral Federal 6 elevado a juicio oral y público, donde 14 imputados esperan para ser juzgados.Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, confirmaron el aumento de embargos por un monto total de 303.000 millones de pesos.â??â??La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de las defensas y confirmó la actualización de los embargos dispuesta en la causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos agravado. Los montos ascienden a aproximadamente $31.233 millones para Philippe Yves Henri Joannier y Christian Armand Augustin Abeillon; $24.987 millones para Christian Marie François Giraudon y Michel Michael Basciano; y $18.740 millones para el grupo de imputados integrado, entre otros, por Osvaldo Rodríguez, Elba Guibernau, Daniel Omar Mónaco, Fernando Gabriel Celaya y Luis Pablo Cremona.â??â??El tribunal de Casación consideró que la actualización de los montos responde a la depreciación monetaria producida desde la fijación de los embargos en noviembre de 2019 y no implica una modificación de los criterios de cálculo establecidos anteriormente. Asimismo, rechazó los planteos de las defensas relativos a la cosa juzgada, la proporcionalidad de las medidas cautelares, la presunción de inocencia y la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.â??â??La causa investiga presuntas maniobras de lavado de activos agravado y asociación ilícita vinculadas con el BNP Paribas. Entre 2000 y 2008, a través de una oficina de banca privada en Buenos Aires que operaba al margen de los organismos de control, se habrían captado y administrado fondos no declarados mediante sociedades constituidas en el exterior y cuentas en distintos centros financieros internacionales, con mecanismos destinados a ocultar la identidad de los verdaderos titulares de los activos.La Sala IV de la Cámara Federal de Casación convalidó por unanimidad lo que había resuelto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 el 29 de mayo pasado, cuando a pedido de la fiscalía, el Banco Central y la UIF, actualizó por inflación los montos fijados en 2019.Las defensas sostenían que el tribunal oral no podía tocar montos que habían quedado firmes, que la actualización convertía el embargo en una "pena anticipada" y que se violaba la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. La defensa de Rodríguez, Guibernau y Mónaco invocó la edad y la salud de sus clientes. También recordó que pasaron diecinueve años desde el allanamiento que dio origen a la causa. Además, afirmó que 21 de los 23 hechos imputados ya habían sido archivados o desestimados en otros juzgados.Pero la Casación rechazó sus pretensiones. Borinsky, en un primer voto, distinguió entre modificar el método de cálculo y actualizar un monto ya fijado. Citó como antecedente la actualización por índice de precios al consumidor del decomiso en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, que la Corte dejó firme en julio pasado.Sobre el plazo razonable, el juez sostuvo que las defensas cuentan el tiempo desde 2009, cuando los embargos se dictaron recién en 2016 con los procesamientos. También señaló que omiten la complejidad del caso, sus 14 imputados y que el expediente ya está en etapa de juicio. Para Hornos "no se ha alterado el método; se ha preservado el valor". Con la inflación, agregó, negar la actualización implicaría consentir la licuación de la garantía judicial por el mero paso del tiempo. El fiscal ante Casación, Raúl Pleé, había pedido además que se le encomiende al tribunal oral la pronta realización del juicio, que todavía no tiene fecha.El caso nació en 2008. Al rastrear fondos de un fraude contra la administración pública, los investigadores llegaron al piso 25 del edificio del banco en Alem 855, donde funcionaba un servicio de banca privada internacional que no había sido informado al Banco Central. La causa formal se abrió en 2009 por una denuncia del propio BCRA.Según la acusación, los imputados integraron entre 2000 y 2008 una asociación ilícita destinada al lavado de activos y a infringir el régimen penal cambiario en 23 oportunidades. Los fiscales estimaron que por esa estructura se lavaron unos mil millones de dólares. En el expediente judicial, la base de cálculo quedó en US$33,3 millones, la suma de las operaciones concretas imputadas.En 2016, la Cámara del Crimen confirmó los procesamientos de 14 ejecutivos del banco. Entre ellos está Joannier, director general de la sucursal argentina hasta mayo de 2006; Giraudon, su sucesor hasta fines de 2008; Abeillon, director administrativo hasta 2006, y Basciano, su reemplazante.Los planteos para cerrar la causa por el paso del tiempo se acumularon a lo largo de los años. La Cámara Federal rechazó la prescripción, y la Corte Suprema desestimó otro planteo de prescripción de uno de los procesados.Queda un frente abierto. En 2023, el Tribunal Oral Federal 6 homologó un acuerdo de reparación integral del perjuicio que habría cerrado el caso sin juicio. Pero la Cámara Federal de Casación lo revocó, aunque concedió los recursos extraordinarios de las defensas. Desde entonces, el expediente espera una definición de la Corte Suprema.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó otorgarle la prisión domiciliaria a Mauricio Collareda, exjefe de Vialidad de Santa Cruz, quien fue condenado a cuatro años de prisión en la causa por el direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo. Por lo tanto, el exfuncionario seguirá detenido en el penal federal de Río Gallegos.Collareda era jefe del Distrito 23, Santa Cruz, de la Dirección Nacional de Vialidad entre 2008 y 2015 y fue condenado junto a Cristina Kirchner y Lázaro Báez por el desvío en la obra pública provincial.La decisión fue dictada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes confirmaron la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 que había rechazado la solicitud de arresto domiciliario formulada por Collareda.El condenado argumentó que desde su detención el 16 de junio de 2025 se registró una disminución significativa de los ingresos familiares, endeudamiento, interrupción de tratamientos psicológicos por razones económicas, que tiene un hijo estudiante sin ingresos y que el arresto provoca un impacto sustancial en la dinámica familiar. En su voto, el juez Hornos, al que adhirió Barroetaveña, sostuvo que el cumplimiento de una pena privativa de libertad bajo la modalidad prisión domiciliaria es excepcional y de carácter restrictivo.Indicó que su análisis debe basarse en circunstancias objetivas y particulares de cada persona condenada, tales como razones de salud, edad avanzada, situaciones de especial vulnerabilidad o riesgos acreditados que tornen inadecuada la permanencia en una unidad penitenciaria.La Casación sostuvo que la pena no se agota en su dimensión resocializadora. Cumple también una función expresiva: reafirma el orden jurídico vulnerado y materializa el repudio institucional frente a las transgresiones más graves al pacto democrático. Toda flexibilización excesiva en el modo de cumplimiento debilita ese mensaje y no permite satisfacer los fines constitucionales y convencionales que el derecho penal está llamado a cumplir, dijo Hornos en su voto.Hornos afirmó que, cuando se trata de delitos de corrupción de gran entidad, la pena cumple también una función institucional y comunicativa: reafirma la vigencia de la norma quebrantada, restituye, en la medida de lo posible, la confianza ciudadana y expresa, de modo claro, que nadie se encuentra por encima de la ley.Borinsky mencionó que la situación de Collareda "no encuadraba en alguno de los supuestos excepcionales que habiliten la morigeración de la pena de prisión que, por regla, se cumple dentro de la órbita penitenciaria". Indicó además que las circunstancias que manifiesta sobre su disminución de ingresos y la alteración de su situación familiar suceden cuando se da el cumplimiento de una pena de prisión.
El sondeo indagó por la positiva y la negativa sobre las identidades políticas. En el rechazo, hay dos que mandan. Leer más
El operativo ocurrió a dos millas náuticas de Cayo Savanna, en Gracias a Dios; la nave fue trasladada a la Base Naval de Caratasca con la carga y sus ocupantes
Comunidades wixáritari de Jalisco manifestaron su rechazo a las consultas nacionales
Ocho naciones, incluidas Alemania y Francia, critican las medidas de EE.UU. contra el tribunal internacional. El Nobel de la Paz se otorga a una exjueza del organismo en un día de tensiones diplomáticas.
Las voceras sindicales sostienen que la medida trasladaría a quienes ejercen el oficio hacia zonas apartadas, en las que aumentarían las posibilidades de extorsiones y otros delitos por parte de estructuras ilegales
Los exempleados cuestionaron las acusaciones sobre el manejo de información confidencial y reclamaron garantías para investigar los riesgos de la IA. Por separado, se conocieron incidentes en los que agentes de OpenAI accedieron a sistemas externos y expusieron imágenes de usuarios. Leer más
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la pretensión de Máximo y Florencia Kirchner de suspender el remate de sus bienes para ejecutar la condena de la causa Vialidad, donde su madre Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión.El remate de los bienes de la expresidenta, hasta cubrir la suma de 645 millones de dólares, depende ahora de una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que desde hace cuatro meses tiene en sus manos el asunto.Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña declararon inadmisibles sendos recursos de casación interpuestos por Máximo y Florencia Kirchner, y por Sebastián Sánchez, director titular de las empresas Hotesur y Los Sauces.Los recursos cuestionaban la resolución del Tribunal Oral Federal 2 del 14 de septiembre de 2026, que había rechazado los planteos contra la ejecución de esos bienes, dispuesta el 26 de agosto último.Máximo y Florencia Kirchner pretendían que se suspendiera el trámite del incidente de ejecución patrimonial y que se avanzara con medidas cautelares hasta que la Corte resolviera la queja vinculada con el decomiso. Por su parte, Hotesur y Los Sauces S.A. cuestionaban que se hubiera diferido su intervención en el incidente respecto de los bienes de su titularidad.La Sala IV consideró que los recursos eran formalmente inadmisibles porque la resolución cuestionada no era recurrible. No constituía una sentencia definitiva ni era equiparable a ella, ni impedía la continuación del trámite, dijeron los jueces. Tampoco los que reclamaban demostraron un perjuicio actual de imposible o tardía reparación posterior. La Cámara de Casación destacó que las cuestiones planteadas no habían sido resueltas definitivamente, sino que su tratamiento fue diferido y podía ser retomado en la oportunidad procesal correspondiente. De esa manera, declaró inadmisibles los recursos y permitió que continúe el trámite de ejecución del decomiso dispuesto en la causa Vialidad, por un monto actualizado de aproximadamente 685.000 millones de pesos.111 inmueblesLo que está en juego por ahora es la ejecución patrimonial de la condena y el remate virtual de los 111 inmuebles de la causa Vialidad que propusieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.Hay un segundo pedido fiscal para avanzar con el decomiso de otros 141 inmuebles, 46 autos y más de US$ 5,6 millones en efectivo de Florencia Kirchner que fueron secuestrados en su caja de seguridad del Banco Galicia.Las defensas de Cristina Kirchner y de Máximo y Florencia se opusieron a que el decomiso alcance bienes de los hijos del matrimonio presidencial -si se toma en cuenta los que generó también el fallecido Néstor Kirchner-, pues ninguno de los se encuentra entre los condenados por Vialidad.No obstante, el Tribunal Oral Federal 2 y la Cámara Federal de Casación â??en un voto divididoâ?? rechazaron ese planteo al entender que los fondos eran parte del objeto del delito, por más que hubieran sido heredados luego por los hijos de Néstor y Cristina Kirchner. Ese fallo es el que fue cuestionado ante la Corte Suprema de Justicia.El Tribunal Oral Federal 2 no puede ejecutar el decomiso de 111 inmuebles hasta que la Corte Suprema resuelva los recursos de queja de las defensas, pendientes desde fines de mayo, cuando la Sala IV de Casación rechazó los recursos extraordinarios de Cristina Kirchner y sus hijos.Hasta ahora, los acusados vienen teniendo éxito en demorar la ejecución. La Corte ya se pronunció sobre otro aspecto de la ejecución. En julio pasado, los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron las quejas contra la actualización del monto calculado sobre la base del Índice de Precios al Consumidor, que quedó fijado en 684.990.350.139,86 pesos.Resta, en cambio, la definición sobre los bienes con los que se cubrirá esa suma. Aunque la Corte resolviera, el decomiso tampoco se completaría de inmediato, pues falta terminar de realizar dos pasos previos.El primero es que el Cuerpo de Peritos Tasadores entregue la valuación de los inmuebles. El segundo es que la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte responda una consulta del Tribunal Oral Federal 2, vinculada con el reglamento aprobado por la Acordada 22/2025, sobre qué propiedades quiere el máximo tribunal para su propio uso.Es decir, como es la Corte la que resuelve sobre los bienes decomisados en un delito, tiene prioridad para elegir aquellos que considere que son de utilidad pública para su funcionamiento; los que directamente no irían a remate, sino incorporados a su patrimonio o al del Poder Judicial.Recién entonces, según el tribunal, podrá avanzarse con el cambio de titularidad de los inmuebles que pasen a manos de la Corte Suprema y con el remate del resto de los bienes, para lo que se dispuso la creación de una plataforma de subastas online, que es utilizada en todas las causas donde el Poder Judicial subasta bienes.En paralelo, los fiscales pidieron un segundo decomiso, más amplio que el primero: 141 inmuebles, 46 automotores, 5.656.134 dólares y otros 53.280,24 pesos.
La Federación Nacional de Cafeteros cuestionó una tarifa de $4.235 por tonelada transportada y pidió a la Alcaldía revisar sus efectos sobre la competitividad del comercio exterior
La Euroliga rechazó unirse a la NBA en Europa tras una reunión en Italia, donde 13 clubes decidieron continuar con su estructura actual.La NBA había ofrecido 400 millones de euros a cada club, pero la Euroliga optó por ampliar sus franquicias y mantener su independencia.
La secretaría, dirigida por Alicia Bárcena, presumió el saneamiento de los ríos Lerma-Santiago, Tula y Atoyac como una de las principales acciones en su administración