publica

Senador Germán Rodríguez pidió revisar nivelación salarial de miembros de la fuerza pública: "Podría ser una reforma tributaria"

El congresista propuso revisar el impacto jurídico y fiscal de una eventual nivelación salarial para militares y policías, al señalar un vacío entre 1997 y 2004 que, según sus cálculos, podría costar entre $ 4 y $ 8 billones

Es oficial: las directrices del Uscis para determinar la inadmisibilidad de un migrante por carga pública

La guía del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) establece las directrices para determinar la inadmisibilidad de un migrante bajo la regla de carga pública. Con este fin, según el documento, los funcionarios deben considerar cinco factores legales, además de la recepción de beneficios públicos sujetos a evaluación de recursos.Las directrices del Uscis para determinar la inadmisibilidad de un migrante por carga públicaEl 18 de agosto, un mes antes de la entrada en vigor de la norma, el Uscis compartió una guía con directrices sobre cómo determinar la inadmisibilidad por carga pública. El documento describe conceptos clave, especifica los factores que se consideran en las determinaciones de inadmisibilidad por carga pública y menciona las pruebas que se tendrán en cuenta.Las autoridades indicaron que los funcionarios deben considerar cinco factores legales al determinar la inadmisibilidad por carga pública:EdadSaludEstado familiarSituación financiera del extranjero (bienes y recursos)Educación y habilidadesLa Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) también establece que los oficiales pueden tener en cuenta el Formulario I-864, Declaración Jurada de Apoyo Conforme a la Sección 213A de la INA, que es firmado por una persona que acepta utilizar sus recursos financieros para apoyar al extranjero.Además, pueden considerar cualquier otro factor relevante para evaluar la probabilidad de que el extranjero se convierta en una carga pública. En este punto, se incluye la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos, como asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos, asistencia para vivienda, cupones de alimentos, ayuda financiera para la universidad o cualquier otro beneficio similar.No obstante, es importante remarcar que para los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre, el Uscis solo tendrá en cuenta la recepción de asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de ingresos y la institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno. En el caso de los beneficios públicos recibidos después de la fecha mencionada, se considerarán "todos y cada uno". La agencia encargada de procesar los trámites migratorios revisará toda la evidencia relevante en el expediente del extranjero y tomará decisiones caso por caso en base a la totalidad de las circunstancias.Las categorías de migrantes sujetas a la regla de carga públicaLos siguientes migrantes están sujetos a la regla que entró en vigor el 18 de septiembre:Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidensesHijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses y sus hijosCónyuges, hijos e hijas solteros de residentes permanentes legalesHijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges e hijosHermanos y hermanas de ciudadanos estadounidensesPrometidos/as de ciudadanos estadounidensesAmerasiáticos según la categoría de preferencia, nacidos el 31 de diciembre de 1950 o después, y antes del 22 de octubre de 1982Viudas o viudos de ciudadanos estadounidensesTrabajadores prioritariosProfesionales con títulos avanzados o extranjeros con habilidades excepcionalesTrabajadores cualificados, profesionales y otros empleadosInversoresTrabajadores religiososDeterminados empleados o exempleados del gobierno de EE.UU. en el extranjeroEmpleados de la Zona del Canal de PanamáGraduados de facultades de medicina extranjerasEmpleados jubilados de organizaciones internacionalesPersonal de las fuerzas armadas estadounidensesTrabajadores de emisoras internacionalesDiplomáticos o altos funcionarios que no pueden regresar a sus países (Sección 13 de la Ley del 11 de septiembre de 1957)Inmigrantes con visa de diversidadDeterminadas personas que ingresaron antes del 1° de enero de 1982Testigos o informantes extranjerosQuiénes están exentos de la regla de carga pública de UscisEn el lado contrario, las siguientes categorías de extranjeros están exentas de la causal de inadmisibilidad por la norma de carga pública del Uscis para sus peticiones:Asilados y refugiadosInmigrantes amerasiáticos en el momento de la admisiónIntérpretes afganos e iraquíes o ciudadanos afganos e iraquíes empleados por o en nombre del gobierno de EE.UU.Entrantes cubanos y haitianos que solicitan el ajuste de estatus conforme a la sección 202 de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986Solicitantes que buscan el ajuste bajo la Ley de Ajuste CubanoNicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus a residente permanente legalHaitianos que ajustan su estatus a residente permanente legal bajo la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados Haitianos de 1998Personas con permiso de permanencia temporal bajo el programa LautenbergJóvenes inmigrantes especialesSolicitantes de registroSolicitantes que buscan el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés)Determinados embajadores, ministros, diplomáticos y otros funcionarios gubernamentales extranjeros no inmigrantes, y sus familiasVíctimas de trata de personasVíctimas de ciertos delitos (no inmigrantes U)Personas que presentan autopeticiones en virtud de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA)Determinados extranjeros maltratados que son "cualificados" según la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996Solicitantes que ajustan su estatus y que califican para un beneficio como cónyuges sobrevivientes, hijos o padres de miembros de las fuerzas armadasIndígenas estadounidenses nacidos en Canadá que no son ciudadanos estadounidensesCiertos miembros de la Banda de Indios Kickapoo de Texas de la Tribu Kickapoo de OklahomaCiudadanos de Vietnam, Camboya y Laos que soliciten financiación en virtud de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras, Financiación de Exportaciones y Programas Conexos de 2001Solicitantes de parole polacos y húngarosCiertos ciudadanos siriosSolicitantes que se ajustan a la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados de Liberia

La Televisión Pública se renovará por sus 75 años: volverá a llamarse Canal 7, estrenará logo y sumará nueva programación

La Televisión Pública se prepara para un hito en su trayectoria. A menos de un mes de cumplir 75 años desde la primera transmisión oficial en el país -realizada el 17 de octubre de 1951-, la intervención de los medios públicos decidió dar un giro rotundo a la identidad del canal estatal. El 17 de octubre próximo, el histórico canal cambiará oficialmente su nombre y volverá a sus fuentes para llamarse Canal 7. Este relanzamiento institucional incluirá una modificación integral en su logotipo y en la estética visual de toda la pantalla.Si bien la iniciativa está desde hace meses, sin poder concretarse en su momento, finalmente se hará realidad. La novedad comenzó a circular tras los dichos del actor y conductor del canal, Gabriel Corrado, quien adelantó en el programa Implacables (El Nueve): "Canal 7... La TV Pública va a cambiar el nombre, no lo quiero espoilear, porque ya lo van a lanzar". Según pudo confirmar LA NACION, el regreso a la histórica denominación es un hecho.En cuanto a la grilla, de acá a fin de año no se prevén modificaciones drásticas, pero sí se confirmó la llegada de nuevos ciclos para el último trimestre de este año, como un nuevo magazine matutino llamado Mañaneros, conducido por El Tucu López, Jimena Cyrulnik y Marcos "El Bicho" Gómez, que irá de lunes a viernes de 7.30 a 9, y un ciclo dedicado al mundo animal, con la conducción de María Eugenia Molinari y Melina Brizuela, que se emitirá los sábados de 17 a 19, bajo el nombre de El club de la manada. Además, ya hay proyectos en carpeta que incluyen un magazine nocturno para la franja de 20 a 22 y un late night show encabezado por Roberto Pettinato.Menjunje TV continúa expandiendo su grilla con nuevas propuestas y figuras de pesoEl canal de streaming Menjunje TV (@MenjunjeTV) avanza con su plan de expansión y continúa robusteciendo su programación bajo la dirección artística y general de la productora audiovisual Vuelo Producciones, comandada por Alejandro Korol.A su grilla actual â??que ya cuenta con el ciclo de entrevistas íntimas Mirá quién habla, conducido por Marina Calabró con producción periodística de Anita García (martes, a las 21); el clásico +CHUS+, con Matías Vázquez y Barbie Ferrari (martes, miércoles y jueves, a las 16.30); y las recientes incorporaciones de Iván y vienen, de la mano del imitador Iván Ramírez (miércoles, a las 19)â?? se sumaron dos fuertes apuestas periodísticas y de debate.Por un lado, Débora Plager desembarcó con Contrapunto, un formato de debate cara a cara donde dos figuras con posturas opuestas se enfrentan para discutir a fondo sobre un mismo tema (jueves, a las 19). Por el otro, María Belén Ludueña encabeza con éxito Termómetro social, un dinámico magazine acompañada por Germán "Pampa" Mónaco y Fito Baqué (miércoles, de 14.30 a 16).Con la mirada puesta en lo que resta de la temporada, las autoridades del canal ya tienen en carpeta ambiciosos proyectos para continuar ampliando la pantalla. Entre los próximos lanzamientos se destacan: un nuevo ciclo de entretenimiento y actualidad de la mano de Yuyito González, un programa dedicado exclusivamente al mundo del deporte, un formato juvenil enfocado en la Generación Z, un envío especializado en psicología y salud mental, y un programa periodístico de investigación profunda.Con una propuesta variada que combina entretenimiento, actualidad y debate político y social, Mejunje TV se consolida firmemente dentro del ecosistema de las plataformas de streaming.Nicolás Pauls llega a Canal (á) con "Zapada", un nuevo ciclo íntimo que celebra la música argentinaA partir del viernes 2 de octubre, el actor y músico Nicolás Pauls encabezará un formato federal que combina entrevistas y música en vivo en Canal (á). Se emitirá en doble horario: a las 15.30 y a las 23. 30. Tras el éxito de sus tres temporadas al aire con Interior, Pauls redobla la apuesta y desembarca en la pantalla de la emisora con Zapada, un proyecto que fusiona su sólida trayectoria como actor con su profunda pasión por la música."Zapada es un proyecto que hace mucho tiempo quería hacer. Es un encuentro en la intimidad de cada uno de los espacios de estos maravillosos artistas que son parte de mi vida y de mi formación", expresó Pauls sobre esta nueva propuesta realizada con la producción integral de Productora30 y Amancay Producciones. Con grandes expectativas de continuidad, el conductor destacó la emoción de presentar esta primera entrega.Cada emisión ofrece un mano a mano presencial con referentes indiscutidos de la escena nacional, abarcando tanto a consagrados de ayer como a artistas de la actualidad. El prestigioso line-up de invitados incluye a nombres de la talla de Kevin Johansen, Ricardo Mollo, Lito Nebbia y Magui Cullen, entre otros.

Emilio Montero, ligado al alcalde de Juchitán, renuncia al Instituto de Educación Pública de Oaxaca

La renuncia de Emilio Montero Pérez llega en medio de señalamientos en contra de funcionarios del municipio

El Congreso tendrá una nueva comisión accidental para la fuerza pública: trabajará en las capacidades y presupuesto para militares y policías

La iniciativa, liderada por el senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, contempla además espacios de diálogo para identificar requerimientos de uniformados, familiares, veteranos y reservistas y promover acciones frente a sus necesidades

Advierten que la obra pública sigue paralizada y el empleo está peor que en pandemia

Desde la Cámara de la Construcción indicaron que la provincia apenas registra 2.000 puestos de trabajo formales, una cifra marcadamente inferior a los niveles pospandemia. Leer más

La leyenda de Hollywood de 102 años, un Óscar y dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood que se retiró de la vida pública pero mantiene una increíble reputación como actriz

La actriz estadounidense construyó una carrera de más de seis décadas entre el cine, la televisión y el teatro.

El aviso del Uscis sobre el Formulario I-945 de carga pública para aplicantes de residencia permanente

El Formulario I-945 de carga pública tiene desde el 18 de septiembre una nueva edición y un cambio en las oficinas que reciben las presentaciones por correo. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) estableció que los solicitantes deben enviar el documento al destino correspondiente según su lugar de residencia.Formulario I-945: qué cambió en los envíos del UscisEl principal aviso publicado por el Uscis establece que quienes presenten el I-945 por correo ya no deben dirigirlo a la oficina de Montclair, California. Desde el 18 de septiembre, el lugar de envío depende del estado o territorio en el que vive cada persona.El organismo dispuso un período de gracia de 30 días para el cambio. La sede de Montclair todavía únicamente aceptará documentos que tengan matasellos del 19 de octubre o una fecha anterior.Formulario I-945: las nuevas Lockbox de Dallas, Phoenix y ChicagoLa actualización distribuye las presentaciones entre tres destinos. Para la oficina del Uscis en Dallas, corresponden:GeorgiaMississippiTexasVirginiaWest VirginiaLa caja segura del Uscis en Phoenix recibe los formularios de residentes de:AlabamaAlaskaArizonaArkansasColoradoHawáiIdahoKansasKentuckyLouisianaMontanaNebraskaNevadaNuevo MéxicoNueva YorkDakota del NorteOklahomaOregonDakota del SurTennesseeUtahWashingtonWyomingLa oficina de procesamiento del Uscis en Chicago corresponde a:Samoa AmericanaFuerzas Armadas - AméricaFuerzas Armadas de EuropaFuerzas Armadas del PacíficoCaliforniaMancomunidad de las Islas Marianas del NorteConnecticutDelawareDistrito de ColumbiaFloridaGuamIllinoisIndianaIowaMaineMarylandMassachusettsMichiganMicronesiaMinnesotaMissouriNuevo HampshireNueva JerseyCarolina del NorteOhioPalaosPensilvaniaPuerto RicoRhode IslandCarolina del SurIslas Vírgenes de Estados UnidosVermontWisconsinQuiénes pueden presentar el Formulario I-945 por carga públicaEl documento se utiliza cuando una persona que solicita un ajuste de estatus fue considerada inadmisible por motivos de carga pública bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), sección 212(a)(4), pero cumple con los demás requisitos de admisión.En esos casos, el extranjero puede ser admitido, a discreción del secretario de Seguridad Nacional, después de depositar una fianza adecuada. Esta funciona como garantía del cumplimiento de sus obligaciones financieras ante el gobierno estadounidense.Formulario I-945: los requisitos que pueden causar un rechazoAdemás de la presentación en la oficina correspondiente, existen otros requisitos que condicionan la aceptación del I-945. Al momento de realizar el trámite, el solicitante debe:Incluir una copia de la comunicación del Uscis que le indica que debe presentar el formulario.Presentar la cantidad especificada en esa comunicación para el efectivo o la fianza requerida.Si falta la notificación o el monto indicado, el organismo rechazará el I-945. También existe una condición vinculada con la edición utilizada. La versión vigente tiene fecha del 18 de septiembre de 2026. Cuando se completa, imprime y envía por correo:La fecha de edición debe permanecer visible en la parte inferior.Los números de página tienen que aparecer en todas las hojas.Todas las páginas deben pertenecer a la misma edición.Es importante destacar que la falta de una hoja o la inclusión de una página correspondiente a otra versión puede provocar que el organismo rechace la presentación. A su vez, entre sus consejos para completar el trámite, el Uscis incluye otra advertencia: "No olvide firmar el formulario. Rechazaremos cualquier formulario sin firmar".

El Ministerio de Gobernación vincula la seguridad pública con la atracción de inversión extranjera en Guatemala

Marco Antonio Villeda afirmó en The Guatemala Development Forum 2026 que el cumplimiento de las leyes y la estabilidad social brindan certeza jurídica a las empresas que evalúan ampliar operaciones en el país

La Audiencia anula la condena a Fernando Roig por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en obras de La Cerámica

La licitación de vivienda pública bate nuevo récord y supera los 1.065 millones de euros

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 Mâ?¬ sin adjudicar

El Banco de España calcula que faltan 750.000 casas y advierte de que el déficit podría aumentar en otras 300.000 hasta 2028 y superar el millón

Ministro de Justicia pide al Poder Judicial resolver casos de Chavín de Huántar y El Frontón antes de expresar "indignación pública"

Ernesto Álvarez respondió a los cuestionamientos de la presidenta del PJ, Janet Tello, sobre el mensaje de la presidenta Fujimori ante las Naciones Unidas

Actualizaciones del Uscis: TPS, carga pública y residencia permanente a partir de octubre 2026

Las personas que realizan trámites migratorios en Estados Unidos enfrentarán cambios vinculados con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), la evaluación de carga pública y la disponibilidad de visas para obtener la residencia permanente en octubre. Las modificaciones se encuentran relacionadas con nuevas disposiciones implementadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).Qué ocurrirá con el TPS de Venezuela y El Salvador en octubreLa situación del TPS venezolano experimentó distintos cambios y algunos beneficiarios aún mantienen la protección.De acuerdo con lo que informaron las autoridades, el panorama para estos migrantes indica que:El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) determinó que el país latino ya no reunía las condiciones para continuar con la designación de 2023 y la Corte Suprema autorizó su cancelación con efecto inmediato el 3 de octubre de 2025. La designación de 2021, por su parte, terminó el 7 de noviembre de ese mismo año.Sin embargo, existe una disposición relacionada con determinados permisos de trabajo. Los beneficiarios bajo la designación de 2023 que recibieron un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) el 5 de febrero de 2025 o antes y cuya tarjeta indica como vencimiento el 2 de octubre de 2026 conservan la autorización hasta esa fecha.Para El Salvador, el Uscis indicó que se publicará un comunicado sobre su programa en el momento oportuno. "Hasta que se haga dicho anuncio, los salvadoreños presentes en EE.UU. bajo el TPS mantienen su protección, incluida la autorización de empleo", señaló la agencia en su sitio web.La nueva regla de carga pública del Uscis para la green card sigue vigenteUno de los cambios centrales corresponde a la normativa sobre carga pública, que comenzó a regir el 18 de septiembre. Desde esa fecha, las solicitudes de ajuste de estatus presentadas electrónicamente o con sello postal posterior deben ser analizadas bajo la nueva regulación.El análisis debe considerar la totalidad de las circunstancias de cada solicitante. Entre los elementos que los funcionarios deben revisar figuran:EdadSaludSituación familiarActivosRecursos económicosSituación financieraEducaciónHabilidadesLa normativa establece que un único factor, por sí solo, no puede determinar que una persona sea inadmisible por carga pública. La excepción señalada corresponde a la ausencia de una Declaración Jurada de Patrocinio Económico suficiente, mediante el formulario I-864 o I-864EZ, cuando la ley exige ese documento.También se mantienen las categorías que están exentas por disposición legal, entre ellas refugiados, asilados, beneficiarios del TPS y determinadas víctimas de delitos. Algunas otras pueden solicitar un perdón o exención.La nueva regulación contempla además un mecanismo de fianzas para quienes sean considerados inadmisibles únicamente por carga pública. El Uscis establece criterios para determinar el monto, mantener la fianza, considerar un incumplimiento y proceder a su cancelación.Residencia permanente: las nuevas cuotas de visas para octubreEl 1° de octubre comienza el año fiscal 2027 del gobierno estadounidense. Para los solicitantes de residencia permanente, el inicio de este nuevo período implica la renovación de los límites anuales establecidos para las visas familiares y laborales.Cómo presentar el formulario del Uscis para la green card en liÌ?neaLa disponibilidad de nuevos cupos puede permitir modificaciones en las fechas de prioridad y en categorías que durante el año fiscal anterior sufrieron retrocesos, congelamientos o quedaron sin disponibilidad por agotamiento de las cuotas.Además, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) debe publicar el boletín de visas de octubre. El documento incluirá las fechas de acción final y para presentar solicitudes.El Uscis determinará cuál de las dos tablas deberán utilizar las personas que presenten el formulario I-485 dentro de EE.UU.El boletín de visas de septiembre reflejó la etapa final del año fiscal 2026. El límite anual fue de 226 mil documentos para las categorías familiares y de 186.317 para las basadas en empleo.El límite general por país se situó en 7% del total combinado, equivalente a 28.862, con posibilidad de ampliación mediante remanentes. En las categorías laborales, la disponibilidad fue:EB-1: se mantuvo "Current" (C) para la mayoría de los países, con fechas de corte para China (1° de julio de 2023) e India (15 de octubre de 2022). EB-2: disponible para la mayoría de las áreas geográficas, pero declarada no disponible ("U") para India y con corte al 1° de septiembre de 2021 para China.EB-3: mantuvo fecha de acción final del 1° de septiembre de 2024 para el resto del mundo y México, 1° de agosto de 2023 para Filipinas, 1° de enero de 2022 para China y 1° de enero de 2014 para India.EB-4: fijó su fecha límite de procesamiento en el 15 de diciembre de 2022 para todas las áreas.EB-5: la categoría general (Unreserved) estuvo congelada para China (1° de diciembre de 2016) y no disponible ("U") para India, mientras que las categorías reservadas permanecieron "Current" (C).En las categorías familiares continuaron las esperas para F1, F2B, F3 y F4, especialmente en países con alta demanda. La F2A presentó una fecha de acción final para la mayoría de los países, mientras los periodos para presentar solicitudes permanecieron como "current".Finalmente, el programa de visas de diversidad DV-2026 contó con un límite ajustado de aproximadamente 52.101 documentos. Para quienes fueron seleccionados, el derecho a recibir el permiso o ajustar el estatus vence el 30 de septiembre.

Ministro de Defensa entregó detalles de las operaciones de la fuerza pública en Santa Marta tras retaliación de Los Pachenca: "El Estado no cede"

El jefe de cartera Jorge Mora calificó la retaliación del grupo armado como "cobarde y desesperada" y aseguró que el Gobierno nacional no se doblegará

El sector ecológico espera que la compra pública de alimentos le abra puertas de mercado

México es de los países con menor deuda pública: Sheinbaum asegura "manejo responsable" en economía tras críticas

La mandataria destacó que no hay nada de qué preocuparse

La nueva regla de carga pública alcanza ciertas ayudas de vivienda y Mamdani abrió un frente legal en Nueva York

La Regla Final de Carga Pública, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), entró en vigor el 18 de septiembre y alcanza ciertas ayudas de vivienda. Para luchar contra el impacto de la medida en Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani desplegó un frente de orientación legal que busca proteger a los neoyorquinos inmigrantes antes de que renuncien a sus beneficios.Cómo se aplica la nueva regla de carga pública y su alcance en ayudas de viviendaCon su entrada en vigor, la nueva norma implementada por el DHS deroga la definición reglamentaria de "carga pública" de 2022 y otorga a los funcionarios de inmigración mayor discreción para determinar si es probable que un solicitante se convierta en una carga pública en algún momento.La norma permite a los funcionarios de inmigración revisar la solicitud, aprobación o cobro de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos. Entre los ejemplos señalados se incluyen determinadas ayudas de vivienda, el programa SNAP, Medicaid y la asistencia monetaria en efectivo. No obstante, la recepción de un beneficio no constituye un motivo de descalificación automática.En ese sentido, la norma no cambia la elegibilidad para recibir beneficios, sino que amplía cuáles pueden ser considerados en las determinaciones de inadmisibilidad por carga pública.La determinación del DHS ponderará de forma integral la edad, estado de salud, situación familiar, activos, recursos financieros, educación y habilidades del solicitante, sin asignar un peso negativo predeterminado a un solo factor.La medida comenzó a regir desde el 18 de septiembre, por lo que los beneficios recibidos antes de esa fecha se evaluarán bajo la normativa de 2022. La medida no aplica a ciudadanos estadounidenses, solicitantes de ciudadanía, residentes permanentes que renuevan su green card, refugiados, asilados, solicitantes de visas T y U, autopeticionarios de VAWA ni Jóvenes Inmigrantes Especiales.El frente legal que abrió Mamdani en Nueva York contra la norma de carga públicaEn su portal web, la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía (MOIA, por sus siglas en inglés) puso a disposición de la comunidad guías y recursos informativos para determinar el impacto específico de la regla en cada situación legal.El gobierno de Nueva York resaltó que, antes de suspender o renunciar a un beneficio público, las personas deben informarse sobre si la Regla de Carga Pública se aplica a su situación migratoria.Los migrantes pueden obtener asistencia legal en materia de inmigración e información adicional sobre la carga pública al llamar al 1-800-354-0365 durante el siguiente horario:Lunes y miércoles de 9 a 20 hs.Martes, jueves y viernes de 9 a 18 hs.Último sábado de cada mes de 9 a 17 hs.Además, la ciudad habilitó la Línea Directa para Nuevos Americanos de Caridades Católicas (1-800-566-7636).La MOIA informó también de que es posible que se apliquen ciertas políticas relacionadas con la carga pública en los consulados estadounidenses a quienes patrocinan a un familiar en el extranjero que busca obtener una visa. En ese caso, las personas pueden llamar al 311 para obtener información general.Previo a la entrada en vigor, el 14 de septiembre, la ciudad de Nueva York, junto con otros gobiernos, presentó una demanda para impugnar la nueva norma de carga pública del gobierno federal.Batalla legislativa en el Congreso federal sobre la ley de carga públicaEn el comunicado, la administración indicó que el 6 de agosto la senadora Mazie Hirono y la representante Judy Chu presentaron la Ley de Protección de los Valores Estadounidenses, S. 5331 / HR 10045. El objetivo de esta propuesta es bloquear la financiación federal destinada a la implementación y el cumplimiento de la Norma de Carga Pública de 2026.El proyecto fue remitido a los Comités Judiciales de la Cámara de Representantes y del Senado, por lo que se encuentra bajo revisión y aún no se convirtió en ley. De ser aprobada por el Congreso, la propuesta requeriría, por lo general, la aprobación presidencial.Dado que la administración Trump impulsó la nueva norma sobre carga pública, el futuro de la Ley de Protección de los Valores Estadounidenses es incierto.

Video de un hombre que le pega un puño a una mujer en medio de una pelea en vía pública causa indignación en Antioquia: "Agrediendo mujeres al pie de camionetas de traquetos"

El registro muestra un cruce verbal entre varias personas junto a vehículos estacionados, generando varias reacciones de usuarios en redes sociales

JB Pritzker, gobernador de Illinois, sobre la nueva regla de carga pública para la green card: "Está mal"

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, cuestionó la regla final del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre inadmisibilidad por carga pública, que entró en vigor el 18 de septiembre y reemplazó el marco regulatorio de 2022. En una entrevista reciente, aseguró que el cambio "está mal" y advirtió sobre sus posibles impactos.La crítica de Pritzker a la nueva regla de carga públicaLa normativa amplió la discreción de los oficiales al evaluar si una persona puede ser considerada inadmisible bajo este criterio. Esta semana, Illinois se sumó a una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia que presentó una demanda para impugnar la medida.En una entrevista con Ilia Calderón para Univisión N+, el gobernador de Illinois se refirió a los posibles impactos de las nuevas directrices. "Este cambio de política por parte de la administración Trump, que entraría en vigor en unos días, permitiría un amplio margen para negar visas a personas, incluso para obligar a marcharse a quienes están aquí legalmente", expresó.Luego, profundizó sobre las consecuencias para las familias mixtas, compuestas por inmigrantes sin un estatus regular y personas que son ciudadanas estadounidenses. "Hay muchas circunstancias en las que hay un inmigrante en este país que tiene un hijo que es un ciudadano estadounidense, y la administración Trump podría simplemente echar a la familia", explicó.En esa línea, agregó: "¿Qué haces con tu niño que es ciudadano cuando echan a la familia? También sacarían de EE.UU. al niño ciudadano. Eso es lo que quieren hacer, y es una barbaridad".La regla de carga pública no modifica la ciudadanía de los hijos nacidos en Estados Unidos ni establece su deportación. Pritzker planteó esa salida del país como una posible consecuencia para familias que decidieran permanecer juntas si uno de sus integrantes pierde la posibilidad de ingresar o ajustar su estatus. Para concluir, sostuvo que "no deberían haber cambiado las normas", y añadió que la actualización "está mal".Qué implican las nuevas normas para la green card sobre la carga públicaLa base legal de la nueva normativa, establecida en la Sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), permite al gobierno considerar como inadmisible a una persona que "podría convertirse en una carga pública en algún momento".Para llegar a esta conclusión, el oficial del Uscis debe analizar el conjunto de las circunstancias y realizar una valoración orientada hacia el futuro. Entre los elementos obligatorios figuran:Edad: puede influir en la capacidad laboral o en la disponibilidad de recursos para la jubilación.Salud: se utilizará la información correspondiente a los exámenes médicos de inmigración.Situación familiar: la composición del hogar permitirá valorar las necesidades económicas de la familia.Activos y recursos financieros: los ingresos, propiedades, ahorros, inversiones y deudas servirán para establecer la situación financiera.Educación y habilidades: títulos académicos, certificaciones profesionales, licencias, capacitación laboral, cartas de recomendación y documentación sobre experiencia profesional pueden aportar información sobre la capacidad de incorporarse al mercado laboral.La regla se aplica a las solicitudes de admisión presentadas desde el 18 de septiembre y a las de ajuste de estatus enviadas por correo o electrónicamente desde esa fecha. A partir de ese momento, los oficiales pueden considerar, dentro del análisis total de las circunstancias, si el propio solicitante pidió, fue aprobado o certificado para recibir, o recibió beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos, incluidos algunos que estaban excluidos bajo el marco de 2022.Qué dijo Pritzker sobre los operativos migratorios en IllinoisOtro eje de la entrevista consistió en el impacto de las redadas de control migratorio llevadas a cabo en Chicago y otras partes de Illinois bajo la Operación Midway Blitz. "Nuestras comunidades fueron realmente aterrorizadas. Desde mi perspectiva, tenemos mucho trabajo que hacer para volver atrás sobre lo que le hicieron a las personas, porque las redadas continúan, y las personas se sienten amenazadas", manifestó.Asimismo, Calderón consultó a Pritzker sobre el alcance de la cooperación policial con las agencias federales y cómo pueden defenderse los estados con políticas santuario frente a las acciones migratorias del gobierno de Trump."El gobierno federal está atacando comunidades alrededor de EE.UU., y los estados solo tienen un poder limitado para detenerlo debido a algo llamado la 'Cláusula de supremacía' en la Constitución de EE.UU, por eso no podemos interponernos en el camino del ICE, no podemos detenerlos legalmente", indicó.En ese sentido, reparó en que las autoridades estatales pueden "manifestarse y responder pacíficamente", y luego completó: "Sabemos que proteger a nuestros inmigrantes es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer".

Brutal asesinato en Río Cuarto: lo ejecutó a tiros en la vía pública y sospechan de un ajuste de cuentas entre delincuentes

Lautaro Figueroa tenía 22 años y fue señalado como un delincuente de la zona con varios antecedentes penales.La investigación por homicidio agravado incluye el análisis de videos y varios allanamientos.Apuntan contra quien habría sido cómplice de la víctima en varios ilícitos.

Ya se aplica en Estados Unidos: qué se sabe de la regla de carga pública del DHS y qué evaluará el Uscis

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puso en vigencia el 18 de septiembre la regla final sobre la causa de inadmisibilidad por carga pública para los solicitantes de green card. La medida deroga la reglamentación de 2022 y le devuelve a los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) una discreción más amplia para evaluar caso por caso.Qué cambia en la evaluación de carga pública para el Uscis El Uscis eliminó las definiciones y restricciones de 2022 sobre qué beneficios públicos pueden considerar los oficiales.Los agentes ahora analizan la totalidad de las circunstancias de cada aplicante, en lugar de aplicar un criterio estandarizado.En ese sentido, la agencia debe considerar como mínimo cinco factores fijados por la Ley de Inmigración y Nacionalidad: edad, estado de salud, estatus familiar, activos y recursos financieros, y educación y habilidades, según la guía publicada por el Uscis. Si el oficial concluye que el solicitante no puede garantizar su autosuficiencia económica, lo declara "carga pública" e inadmisible.Qué beneficios públicos entran en el nuevo análisis Para los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre de 2026, el Uscis solo considera la asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos y la internación institucional de largo plazo a cargo del gobierno. Para los beneficios recibidos a partir del 18 de septiembre de 2026, el organismo puede considerar cualquier beneficio sujeto a evaluación de recursos económicos. El Uscis también puede tomar en cuenta el formulario I-864 (Declaración jurada de patrocinio económico) presentado por un sponsor que garantiza sostén financiero al solicitante.Quiénes quedan exentos de la medidaEstán exonerados los refugiados y asilados, las víctimas de trata con visado T, las víctimas de delitos con estatus U y quienes peticionan bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).También quedan fuera solicitantes de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y ciertos beneficiarios de leyes específicas para cubanos, haitianos, nicaragüenses y otros grupos centroamericanos. Si un beneficiario de estas categorías cambia luego a una vía de ajuste común, el oficial sí evaluará sus antecedentes financieros.Fianzas de carga pública como alternativaSi el único motivo de inadmisibilidad es la carga pública, el oficial puede invitar al solicitante a presentar una fianza (bono en efectivo o garantía a través de una compañía certificada por el Tesoro). El Uscis calcula el monto de la fianza según la asistencia gubernamental que el solicitante podría recibir en los próximos cinco años.Solo se acepta el formulario I-945 si el Uscis lo solicita mediante un Aviso de Intención de Denegar; no se admiten fianzas espontáneas.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Nuevo ataque a balazos a bus de tranporte pública en Cercado de Lima deja una pasajera herida de bala

El impacto de un proyectil destruyó uno de los vidrios del transporte público cuando recorría el tramo comprendido entre Acho y Caquetá

El PSC pide a Feijóo "una disculpa pública" por decir que Cataluña está en el psiquiatra

Ministerio de Defensa reportó déficit de $960.000 millones en la salud de la fuerza pública: deuda puso en jaque la atención de uniformados

La cartera atribuyó el faltante a cuentas pendientes por atenciones médicas y a convenios con prestadores externos para militares, policías y beneficiarios, con obligaciones calculadas al 31 de diciembre de 2026

Qué significa la norma de carga pública que el Uscis ya aplica en miles de solicitudes migratorias

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comenzó a aplicar desde el 18 de septiembre una actualización de los criterios utilizados para determinar la inadmisibilidad por "carga pública". Esta medida alcanza principalmente a quienes solicitan un ajuste de estatus migratorio para obtener la residencia permanente.Qué factores analiza el Uscis para determinar la carga públicaLa base legal de la nueva normativa se encuentra en la Sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Bajo esta disposición, una persona puede ser considerada inadmisible si, tras evaluar la totalidad de sus circunstancias, las autoridades concluyen que probablemente se convertirá en una carga pública en algún momento.La evaluación no se limita a revisar si el solicitante recibió asistencia pública. El Uscis debe analizar el conjunto de las circunstancias y realizar una valoración orientada hacia el futuro. Entre los elementos obligatorios figuran:Edad: puede influir en la capacidad laboral o en la disponibilidad de recursos para la jubilación.Salud: se utilizará la información correspondiente a los exámenes médicos de inmigración.Situación familiar: la composición del hogar permitirá valorar las necesidades económicas de la familia.Activos y recursos financieros: los ingresos, propiedades, ahorros, inversiones y deudas servirán para establecer la situación financiera.Educación y habilidades: títulos académicos, certificaciones profesionales, licencias, capacitación laboral, cartas de recomendación y documentación sobre experiencia profesional pueden aportar información sobre la capacidad de incorporarse al mercado laboral.Qué beneficios públicos puede considerar el Uscis desde el 18 de septiembreEl tratamiento de las ayudas públicas cambia según la fecha en que fueron recibidas. Para beneficios anteriores al 18 de septiembre, el análisis se concentra en asistencia económica en efectivo destinada al mantenimiento de ingresos y en institucionalización prolongada financiada por el gobierno.Para beneficios solicitados, aprobados, certificados o recibidos desde el 18 de septiembre, la evaluación se amplía a programas sujetos a comprobación de recursos. Entre ellos aparecen:Medicaid.Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).Asistencia federal para alquiler.Determinadas ayudas económicas destinadas a estudios posteriores a la educación secundaria.Por otra parte, prestaciones obtenidas mediante aportes o trabajo, como Medicare, Seguro Social y Seguro de Desempleo, quedan fuera de este criterio. Asimismo, la recepción de ayudas no se atribuye automáticamente a una persona cuando corresponde a otro integrante de la familia.La información del Uscis establece que los beneficios de familiares, incluidos hijos ciudadanos, no se imputan directamente al solicitante salvo determinadas circunstancias relacionadas con su sustento.Cómo funciona la fianza de carga pública del UscisEn determinados casos, el Uscis puede ofrecer una alternativa mediante una fianza de carga pública. Esto puede ocurrir cuando el solicitante es inadmisible únicamente por la causal de carga pública y cumple los restantes requisitos de admisibilidad.La fianza se tramita mediante el formulario I-945 y no puede presentarse por iniciativa del solicitante. La agencia debe invitar expresamente a utilizar este mecanismo a través de una notificación de intención de denegación.El monto parte de un mínimo legal de US$1000 y se determina al considerar los beneficios públicos que la persona podría recibir durante cinco años. Según los valores incluidos en la información oficial, las cifras de referencia pueden ubicarse entre US$28.200 y US$53.430 o más.Qué formularios intervienen en la evaluación de carga pública del UscisEl formulario I-485 es uno de los documentos centrales porque la nueva guía se aplica a las solicitudes enviadas electrónicamente o con matasellos a partir del 18 de septiembre. Allí se incorpora información necesaria para valorar los distintos factores de carga pública.Los formularios I-864 o I-864EZ son necesarios en la mayoría de los casos basados en peticiones familiares y en determinadas solicitudes laborales. El patrocinador debe demostrar ingresos de al menos el 125% del nivel federal de pobreza. Una declaración jurada de patrocinio insuficiente puede generar inadmisibilidad.También existen otros formularios vinculados con este procedimiento:El I-356 permite solicitar la cancelación de una fianza.El I-693 aporta información del examen médico.En determinados procedimientos pueden intervenir además el I-407, utilizado por quienes renuncian voluntariamente a la residencia permanente desde el extranjero.También puede ser necesario el I-290B, que se utiliza cuando un fiador o solicitante desea apelar una declaración de incumplimiento o pérdida de fianza realizada por el Uscis.Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de UscisQuiénes están exentos de la regla de carga pública del UscisLa evaluación de carga pública no se aplica a determinadas categorías protegidas por disposiciones migratorias específicas. Entre ellas se encuentran:Asilados y refugiados.Víctimas de trata con visa T.Víctimas de determinados delitos con visa U.Autopeticionarios bajo VAWA.Algunos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).Beneficiarios de la Ley de Ajuste Cubano.Por lo tanto, la aplicación de la norma depende tanto del tipo de trámite como de la categoría migratoria del solicitante.

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El reporte del domingo 20 de septiembre señaló un avance parcial en la contención, pero las ráfagas impidieron extinguir las llamas y empujaron frentes hacia sectores cercanos a viviendas en La Castellana

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Proinmigrantes en EEUU piden vetar un cambio a norma de inadmisibilidad por carga pública

Grupos defensores de inmigrantes buscan anular la norma del Gobierno que niega residencia a quienes reciben ayudas estatales. Afirman que la medida es arbitraria y discrimina a inmigrantes potenciales.El cambio en la regla de carga pública, que afecta beneficios como asistencia alimentaria y médica, es considerado una violación a leyes de inmigración por los demandantes.

Actualización del Uscis hoy: la nueva regla de carga pública que rige desde este 18 de septiembre y afecta la green card

Desde este viernes 18 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comienza a aplicar una nueva guía para determinar si una persona que solicita la green card mediante un ajuste de estatus podría ser considerada una "carga pública". El cambio amplía los elementos que pueden entrar en juego y modifica el peso de determinados beneficios públicos.Carga pública del Uscis: qué cambia desde este 18 de septiembreLa nueva disposición establece cómo los oficiales del Uscis deberán analizar la posibilidad de que una persona que solicita el ajuste de estatus se convierta, en algún momento, en una carga pública.El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el cambio el 16 de julio. Posteriormente, la norma fue publicada formalmente en el Registro Federal el 20 de julio y entra en vigor este 18 de septiembre. La guía publicada por el Uscis establece que el nuevo criterio se aplicará a los formularios I-485, correspondientes a la solicitud para ajustar el estatus migratorio.Según la agencia, el objetivo de la actualización es adecuar sus procedimientos a la intención establecida por el Congreso de que los extranjeros que se encuentran en EE.UU. sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes.La regla de carga pública del Uscis no alcanza a todos los solicitantesEl Uscis explica que, como regla general, quienes solicitan la green card mediante un ajuste de estatus están sujetos a esta causal de inadmisibilidad, salvo que pertenezcan a una categoría migratoria que la legislación haya exceptuado.La actualización elimina de las regulaciones federales la lista de exenciones que fue incorporada en 2022, pero las categorías que el Congreso excluyó directamente de la causal continúan exceptuadas.Entre quienes pueden quedar sujetos a la evaluación se encuentran determinados familiares de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes legales, trabajadores, inversionistas, trabajadores religiosos, ciertos empleados o exempleados del gobierno estadounidense en el extranjero, inmigrantes admitidos mediante visas de diversidad y determinados testigos o informantes extranjeros.Entre las categorías que permanecen fuera de esta causal se encuentran:Asilados o refugiadosDeterminados intérpretes afganos e iraquíes y ciertos nacionales de esos países empleados por el gobierno estadounidenseJóvenes inmigrantes especialesSolicitantes de Estatus de Protección TemporalVíctimas de trata de personas y de determinadas actividades criminalesAutopeticionarios protegidos por la Ley de Violencia Contra la MujerDeterminadas personas que ajustan su estatus bajo leyes migratorias específicasCiertos diplomáticos, funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiaresDeterminados ciudadanos de Vietnam, Camboya y Laos que solicitan beneficios bajo una legislación específicaCiertas personas procedentes de SiriaSolicitantes que ajustan su estatus bajo la legislación de justicia para refugiados de LiberiaLos cinco factores que el Uscis analizará para determinar la "carga pública"La nueva regla tampoco establece que la decisión dependa de un único indicador económico. La Ley de Inmigración y Nacionalidad, según la guía de la agencia, establece cinco factores que los oficiales deben considerar al determinar si una persona podría convertirse en una carga pública.Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de UscisEstos son:EdadSaludSituación familiarBienes, recursos y situación financieraEducación y habilidadesEstos elementos deberán ser examinados en conjunto. La agencia también señala que los oficiales podrán tener en cuenta cualquier otro factor que resulte relevante para determinar la posibilidad de que el solicitante se convierta en una carga pública en algún momento.El Uscis también contempla la posibilidad de considerar el Formulario I-864, conocido como Declaración Jurada de Patrocinio Económico. Se trata del documento mediante el cual una persona se compromete a utilizar sus propios recursos económicos para respaldar al extranjero. Qué beneficios públicos puede considerar el UscisPara los beneficios recibidos desde el 18 de septiembre, el Uscis puede considerar a cualquiera de carácter público sujeto a prueba de recursos dentro del análisis de la situación general del solicitante. La guía menciona, entre otros, asistencia en efectivo, vivienda pública o subsidiada, ayuda alimentaria, cobertura de salud financiada por el gobierno y determinadas ayudas para estudios posteriores a la secundaria. Los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre se analizan bajo el criterio anterior. En esos casos, en general, solo se consideran determinadas ayudas públicas en efectivo destinadas al mantenimiento de ingresos y la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno federal.

Noticias del Uscis hoy: entra en vigor la regla de carga pública que se aplicará a inmigrantes que buscan la green card

Este viernes 18 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comenzará a aplicar una nueva normativa que modifica el análisis de carga pública en determinados trámites migratorios. El cambio afecta las solicitudes de admisión y los pedidos de ajuste de estatus presentados desde esa fecha.Qué cambia desde septiembre con la regla de carga pública del UscisLa normativa fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el 20 de julio y elimina las regulaciones establecidas en 2022. Según el organismo, la medida busca otorgar nuevamente a los funcionarios un margen más amplio para evaluar cada expediente según la totalidad de las circunstancias.Entre los elementos que pueden analizarse se encuentran:EdadSaludSituación familiarActivosRecursos económicosSituación financieraEducaciónHabilidadesTambién pueden considerarse otros datos relevantes para determinar si una persona podría convertirse en una carga pública.La nueva normativa elimina además el marco regulatorio de 2022 que limitaba el análisis a una definición más acotada de dependencia gubernamental. De esta manera, los funcionarios dispondrán de mayor discrecionalidad para evaluar las circunstancias particulares de cada solicitante.Qué beneficios públicos puede considerar el UscisUno de los cambios centrales establecidos en la regla final está relacionado con los beneficios sujetos a comprobación de recursos económicos. La nueva regulación ya no excluye de manera general determinados programas que habían quedado fuera del análisis bajo las reglas de 2022.Entre los programas que pueden ser considerados aparecen el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés).La regla deja abierta la posibilidad de considerar otros beneficios sujetos a comprobación de recursos, según las circunstancias de cada expediente y la guía que utilicen los funcionarios.La recepción o solicitud de uno de estos beneficios no determina por sí sola que una persona sea considerada carga pública. El funcionario debe analizar su relevancia junto con el resto de las circunstancias del expediente. De acuerdo con dichos de Andrés Echevarría, abogado de inmigración, en una nota para LA NACION, en el caso de SNAP, por ejemplo, la regla señala que pueden tenerse en cuenta la duración y qué tan reciente fue la recepción del beneficio, además de factores como el empleo, la edad, la salud, la situación familiar y los recursos económicos.Según sus declaraciones, la fecha también es relevante. Los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre de 2026 serán considerados bajo el régimen anterior. La nueva regulación se aplica a las solicitudes de admisión presentadas desde ese día y a las solicitudes de ajuste de estatus enviadas o presentadas electrónicamente a partir de esa fecha.Cómo afecta la carga pública a quienes buscan la green cardLa carga pública es una causal de inadmisibilidad prevista en la legislación estadounidense, pero no alcanza a todas las personas ni a todas las categorías migratorias. Existen determinadas excepciones y situaciones en las que esta evaluación no corresponde.Para quienes sí están sujetos al análisis, la nueva normativa establece que los funcionarios podrán valorar un conjunto más amplio de información antes de tomar una decisión. La recepción o solicitud de beneficios públicos será solo uno de los elementos que pueden formar parte de ese análisis.La modificación no cambia las reglas de elegibilidad de SNAP, WIC u otros programas de asistencia. DHS también aclara que la regulación no convierte automáticamente el uso de estos beneficios en una determinación negativa en materia migratoria.Formulario I-864: qué cambia con la nueva regla de carga públicaEl Formulario I-864, conocido como declaración jurada de patrocinio económico, continúa siendo relevante en los casos en los que la legislación exige un patrocinador.La suficiencia del patrocinio económico puede formar parte de la evaluación de carga pública. La nueva regulación también modifica las disposiciones relacionadas con las garantías económicas vinculadas a esta causal de inadmisibilidad.Por eso, la entrada en vigor de la medida no elimina el I-864 ni modifica por sí sola los requisitos para acceder a los programas de asistencia. El cambio está centrado en la manera en que los funcionarios pueden evaluar la situación económica y las circunstancias de determinadas personas que buscan ingresar a Estados Unidos o ajustar su estatus migratorio.

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Confirmado por el DHS: "El Uscis evaluará la probabilidad de que un extranjero se convierta en una carga pública"

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó un cambio en las reglas utilizadas para determinar si un extranjero puede ser considerado inadmisible por carga pública. La nueva regulación elimina el marco establecido en 2022 y devuelve a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) una mayor capacidad para analizar cada solicitud de manera individual.Qué anticipó el DHS sobre la nueva regla de carga pública del UscisSegún la información oficial, la evaluación ya no se limitará a determinadas formas de asistencia gubernamental. Los oficiales podrán considerar la información disponible en el expediente y determinar, a partir del conjunto de circunstancias, si existe una probabilidad de que la persona dependa de recursos públicos en algún momento."Haciendo uso de un buen juicio y discreción, el Uscis evaluará la probabilidad de que un extranjero se convierta en una carga pública, en la totalidad de las circunstancias, tal como lo prevé el Congreso", explicó el organismo.La norma se aplicará tanto a determinados procesos de ajuste de estatus como a solicitudes de admisión a Estados Unidos. Su entrada en vigor está prevista para el viernes 18 de septiembre.Qué analizará el Uscis sobre carga pública en cada solicitudEl procedimiento contempla una revisión de la situación del solicitante por parte del Uscis. Entre los elementos que deberán considerar los funcionarios se encuentran:EdadEstado de saludComposición familiarActivosRecursos disponiblesObligaciones financierasIngresosHistorial laboralTambién se tendrá en cuenta la formación académica y las capacidades profesionales. Asimismo, las credenciales educativas, licencias, certificados, experiencia de trabajo y otros elementos relacionados con la posibilidad de incorporarse al mercado laboral pueden formar parte del expediente analizado.La existencia de un ingreso reducido no implica por sí misma una determinación de inadmisibilidad. Del mismo modo, una discapacidad tampoco constituye automáticamente una causa para rechazar el trámite.La evaluación debe realizarse con base en las circunstancias particulares de cada persona. "Esta reglamentación facultará a los oficiales para considerar no solo los factores estatutarios obligatorios y la recepción de beneficios públicos, sino también toda la evidencia e información relevante en el expediente específico del extranjero", detalló el DHS.Carga pública del Uscis: el cambio sobre el uso de beneficios públicosUno de los cambios centrales está relacionado con los beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos. El Uscis podrá considerar si el extranjero solicitó, fue aprobado o recibió prestaciones cuya elegibilidad depende de los ingresos o activos del beneficiario o de su familia.El análisis puede abarcar beneficios en efectivo y determinadas prestaciones no monetarias, entre ellas:MedicaidPrograma de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés)Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés)Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)Asistencia federal para alquilerDeterminadas ayudas económicas destinadas a estudios superioresLos funcionarios también podrán valorar cuánto tiempo se recibió el beneficio, su monto, frecuencia, naturaleza y si la necesidad de asistencia fue temporal o se mantiene en el tiempo. Además, cuando corresponda, se revisará el formulario I-864, conocido como Declaración Jurada de Patrocinio Económico.La determinación de carga pública corresponde al extranjero que tramita la admisión o el ajuste de estatus. Por regla general, los beneficios que reciben el cónyuge, los hijos ciudadanos estadounidenses u otros familiares que son residentes permanentes no se atribuyen automáticamente al solicitante.Quiénes están exentos de la evaluación de carga pública del UscisLa legislación mantiene distintas exenciones frente a la inadmisibilidad por carga pública. Entre ellas figuran:Refugiados y asiladosDeterminadas víctimas de trata de personas o delitos que solicitan o poseen visas T o UAutopeticionarios bajo VAWACiertos jóvenes inmigrantes especialesDeterminados beneficiarios de TPSInmigrantes cubanos, nicaragüenses y centroamericanos bajo NacaraAlgunos empleados y traductores afganos e iraquíesLas exenciones también incluyen determinadas categorías diplomáticas y de funcionarios extranjeros, algunos familiares supervivientes de miembros de las Fuerzas Armadas y víctimas de maltrato contempladas por la legislación aplicable. Estas excepciones se reflejarán en las instrucciones del formulario I-485 y en la documentación del Uscis.

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Carga pública, la norma que amenaza las green cards y que podría afectar a miles de migrantes en Nueva York

Una modificación de las reglas migratorias federales podría cambiar la forma en que se evalúan determinadas solicitudes de green card en Estados Unidos. La regla final de carga pública, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), que entra en vigor el 18 de septiembre, causa preocupación en Nueva York.Qué cambiará con la nueva regla de carga pública del UscisLa norma reemplaza el esquema establecido en 2022 y amplía los elementos que los funcionarios de inmigración pueden revisar al analizar si una persona podría convertirse en una carga pública. Bajo el esquema anterior, la evaluación estaba concentrada en determinados beneficios monetarios destinados al mantenimiento de ingresos y en la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno.Con la nueva normativa, los funcionarios podrán considerar beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos recibidos desde el 18 de septiembre. La lista proporcionada incluye:Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).Medicaid.Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés).Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés).Asistencia federal para el alquiler y vivienda pública.También se analizarán factores personales como la edad, el estado de salud, la composición familiar, los bienes disponibles, la situación financiera, la educación y las capacidades laborales.Nueva York advierte que la regla podría afectar el acceso a beneficios públicosUno de los principales efectos señalados por los críticos es el temor de familias inmigrantes a utilizar programas para los que cumplen los requisitos. La preocupación alcanza especialmente a hogares donde conviven personas con diferentes situaciones migratorias.La información oficial del Uscis indica que los solicitantes de asilo no quedan directamente sujetos a este cambio. En las solicitudes de ajuste de estatus, la modificación afecta a las personas que buscan obtener la residencia permanente dentro de EE.UU. bajo las condiciones contempladas por la regla.Aun así, las autoridades advirtieron sobre un posible efecto disuasorio. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y la fiscal general Letitia James llamaron a los beneficiarios a no cancelar programas de salud, alimentación o vivienda sin consultar previamente con un proveedor de asistencia legal confiable."Los neoyorquinos tendrán miedo de consultar a un médico o pedir la ayuda a la que tienen derecho legalmente", aseguró Mamdani, en una conferencia de prensa.Nueva York encabeza demandas por la regla de carga pública de la green cardDos acciones judiciales fueron presentadas ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York con el objetivo de detener la aplicación de la regulación antes de su fecha prevista. Una de ellas está encabezada por la fiscal general de Nueva York junto con una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia.La segunda demanda corresponde a gobiernos locales. La ciudad de Nueva York, representada por el gobierno de Mamdani, participa junto con Chicago, San Francisco, Seattle, los condados de Santa Clara y King y Public Rights Project.Los demandantes sostienen que la regulación infringe la Ley de Procedimiento Administrativo y que el gobierno federal habría excedido las facultades otorgadas por el Congreso. También cuestionan el cambio respecto del criterio histórico y sostienen que la nueva interpretación modifica precedentes desarrollados durante décadas."Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a ser deportadas si solicitan ayuda", dijo James en un comunicado.Qué buscan las demandas de Nueva York sobre la green cardLas coaliciones solicitaron al tribunal que bloquee temporalmente la entrada en vigor de la norma. También buscan que la nueva regla y la guía política relacionada del Uscis sean anuladas formalmente.Las demandas también plantean consecuencias para los estados y municipios. Sus promotores sostienen que una reducción en el uso de programas sociales podría generar pérdidas de fondos federales y aumentar la presión sobre sistemas de atención médica, incluidos los servicios hospitalarios de emergencia.Si no existe una orden judicial que suspenda la regulación antes de ese momento, las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse a los formularios I-485 enviados electrónicamente o por correo desde el 18 de septiembre.

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Nueva York, San Francisco, Seattle y Chicago se unen contra el Uscis y la regla de carga pública para inmigrantes

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, encabezó junto a una coalición de gobiernos locales una demanda federal ante un tribunal de Manhattan contra la ampliación de la regla de carga pública. La acción legal, que también incluye a San Francisco, Seattle y Chicago, busca impedir que la normativa entre en vigencia el 18 de septiembre.Qué reclama Nueva York, San Francisco, Seattle y Chicago contra el Uscis La demanda sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) excedió las facultades otorgadas por el Congreso y actuó "de manera arbitraria, caprichosa". Los demandantes piden que se derogue la regla y que se ordene a la administración Trump "no tomar acciones de represalia" contra las autoridades locales que impulsan la acción judicial. "Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a ser deportadas al solicitar ayuda", expresó Letitia James en una conferencia de prensa. Qué cambia con la nueva regla del UscisHasta el 17 de septiembre, el Uscis evalúa beneficios en efectivo para mantenimiento de ingresos y la institucionalización a largo plazo financiada por el gobierno.Desde el 18 de septiembre, el análisis podrá sumar subsidios de vivienda, cupones de alimentos (SNAP, siglas en inglés del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) y ciertos programas de asistencia financiera para estudios universitarios.El Uscis deberá considerar en conjunto edad, salud, situación familiar, recursos económicos y educación del solicitante.El impacto que denuncia Zohran Mamdani "La nueva norma sobre la carga pública pretende alejar a las familias inmigrantes de los programas que han proporcionado alimentos y salud a la población durante décadas", dijo Mamdani en conferencia de prensa.Nueva York cuenta con más de 3,1 millones de residentes nacidos fuera de EE.UU., equivalentes al 38% de su población, según datos de la demanda.El asesor jurídico municipal, Steve Banks, afirmó que "ningún inmigrante neoyorquino debería tener que elegir entre su estatus migratorio y los beneficios a los que tiene derecho legalmente".Las personas que quedan exceptuados de la nueva regla de carga pública La norma mantiene excepciones para refugiados, asilados y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).También quedan afuera víctimas de ciertos delitos o trata con visas U y T, autopeticionarios bajo VAWA y Jóvenes Inmigrantes Especiales.A quiénes afecta la nueva normativa de carga pública La regla afecta a quienes soliciten el ajuste de estatus para obtener la green card por categorías familiares o laborales. Las personas que presenten el formulario I-485 de manera electrónica, o cuyo trámite tenga matasellos del 18 de septiembre o posterior, deberán usar la nueva edición del formulario, fechada ese mismo día. También se modificaron las disposiciones sobre fianzas de carga pública mediante los formularios I-945 e I-356. Si el trámite ya está en curso, conviene revisar con un abogado de inmigración si conviene enviar la solicitud antes del 18 de septiembre para quedar bajo las reglas vigentes hasta ese momento.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) confirmó que una nueva norma sobre carga pública entrará en vigor el próximo 18 de septiembre. La medida, que deroga la regulación de 2022, contempla excepciones para determinados migrantes que buscan obtener la green card. Qué migrantes no quedan afectados por la nueva regla de carga pública Asilados, refugiados e inmigrantes amerasiáticos al momento de la admisión, según la guía publicada por Uscis.Entrantes cubanos y haitianos bajo la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986, y solicitantes de la Ley de Ajuste Cubano.Nicaragüenses, centroamericanos y haitianos que ajustan estatus bajo la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados Haitianos de 1998.Víctimas de trata de personas y de ciertos delitos (visas T y U), y autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).Solicitantes de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), jóvenes inmigrantes especiales y solicitantes de registro.Quiénes sí deberán superar la nueva prueba para obtener la residencia permanente Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses, según la lista oficial del Uscis. Hijos solteros y casados de ciudadanos, y familiares de residentes permanentes legales.Trabajadores prioritarios, profesionales con títulos avanzados, inversores y trabajadores religiosos.Inmigrantes con visa de diversidad y personal de las fuerzas armadas estadounidenses.Qué analiza el Uscis con la nueva regla de carga pública La agencia analizará cinco factores legales: edad, salud, estado familiar, situación financiera, y educación y habilidades.Se considerará la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos, como asistencia en efectivo, vivienda, cupones de alimentos o ayuda financiera universitaria.Si un oficial determina inadmisibilidad solo por probable carga pública, puede solicitar al migrante que presente una fianza para aprobar el ajuste de estatus.A quiénes aplica la regla de carga pública La nueva normativa se va a emplear en las solicitudes de ajuste de estatus (Formulario I-485) presentadas por correo o de forma electrónica a partir del 18 de septiembre de 2026. Si la persona envió su solicitud antes de esa fecha, su caso se analiza con el estándar anterior, el de 2022, aunque la decisión llegue meses después.Por su parte, en el caso de los beneficios públicos recibidos desde el 18 de septiembre, la agencia considerará cualquier tipo de ayuda, mientras que para los percibidos antes de esa fecha solo tendrá en cuenta asistencia en efectivo o institucionalización de largo plazo pagada por el gobierno.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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Nueva York demanda al DHS: "La nueva norma de carga pública busca alejar a las familias inmigrantes de los programas"

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, encabezó una demanda federal junto a ciudades como Chicago, San Francisco, Seattle, el condado de Santa Clara y el condado de King contra la ampliación de la regla de carga pública impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). La querella prevé impedir que la norma entre en vigor el próximo viernes 18 de septiembre. Qué dijo Mamdani sobre el impacto de la nueva regla de carga pública en la comunidad inmigrante"La nueva norma pretende alejar a las familias inmigrantes de los programas que han proporcionado alimentos y salud a la población durante décadas", afirmó Mamdani en una conferencia de prensa.El asesor jurídico municipal, Steve Banks, sostuvo que "ningún inmigrante neoyorquino debería tener que elegir entre su estatus migratorio y los beneficios a los que tiene derecho legalmente". Nueva York cuenta con más de 3,1 millones de residentes nacidos fuera de EE.UU., equivalentes al 38% de su población total.Qué cambia con la nueva regla de carga pública en EE.UU.Hasta el 17 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) evalúa beneficios en efectivo e institucionalización a largo plazo financiada por el gobierno.Desde el 18 de septiembre, el análisis podrá incluir ayudas económicas en efectivo, subsidios de vivienda, cupones SNAP y determinados programas de asistencia financiera universitaria.El organismo federal deberá considerar además edad, salud, situación familiar, recursos económicos, activos y educación del solicitante.Qué migrantes quedan exceptuados de la medidaLa norma aplica a personas que solicitan el ajuste de estatus para la green card por categorías familiares o laborales.Quedan exceptuados refugiados, asilados, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), víctimas de delitos con visas U y T, y autopeticionarios bajo VAWA, entre otras categorías protegidas.La coalición de gobiernos locales argumenta que el DHS excedió sus facultades y actuó sin cumplir los procedimientos requeridos para el cambio.Qué hacer si se presenta una solicitud de ajuste de estatus antes de los nuevos cambios Si una solicitud de green card se presenta antes del 18 de septiembre, se aplican las reglas vigentes hasta ahora. Si el trámite se envía de ese día o después, o si el formulario tiene matasellos del 18 de septiembre en adelante, corresponde usar la nueva edición del formulario I-485, fechada ese mismo día. Las demandas de Nueva York y de la coalición de ciudades buscan que un juez federal frene la entrada en vigor de la norma antes del viernes 18 de septiembre, aunque el resultado de esa gestión judicial todavía no se conoce.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Illa buscará un "gran consenso" en educación que prevea el 6 % de inversión pública

El Riachuelo vuelve a navegarse: inauguraron la primera bajada pública de la Ciudad y se transforma la ribera del sur porteño con un polo náutico

El gobierno porteño inauguró la nueva bajada pública para remeros en la ribera del Riachuelo, con miras a una transformación urbana del sur de la Ciudad y a potenciar el deporte.Ubicada en la calle Perdriel, en el barrio de Barracas, esta obra de infraestructura deportiva no solo busca recuperar el vínculo histórico de los vecinos con el río, sino también optimizar la calidad de vida y el desarrollo de atletas de alto rendimiento, gracias a una gestión pública enfocada en la cercanía y el deporte.De acuerdo a la información oficial, provista por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el desarrollo de obras públicas orientadas al deporte comunitario y de representación internacional "responde a una visión integral de integración urbana".La habilitación de esta bajada técnica en un sector de aguas calmas "permite que vecinos y atletas puedan entrenar en condiciones ideales sin necesidad de alejarse de sus barrios", señala el comunicado porteño. Cuáles son los beneficios de la bajada al RiachueloLos principales beneficios de la obra incluyen: Ahorro de tiempo y calidad de vida: la cercanía de la instalación elimina largos viajes diarios, permitiendo a los deportistas optimizar sus rutinas personales, laborales y de entrenamiento. Infraestructura pública y gratuita: un espacio abierto a la comunidad de lunes a domingo, equipado en esta primera etapa con guarda de embarcaciones, áreas verdes, mesas y juegos infantiles. Potencial para atletas de élite: proporciona un canal de agua calma ideal para modalidades como el bote single, fundamental para la preparación de competencias internacionales. Punto de partida para el desarrollo local: proyecta la creación futura de una escuela pública de remo, oferta gastronómica y una guardería de kayaks definitiva, consolidando al sur porteño como polo deportivo y turístico. La bajada es pública y gratuita y se puede ingresar todos los días. En su inauguración estuvieron presentes varios clubes de regatas y vecinos de otras localidades que se acercaron a la primera bajada de remeros de Ciudad de Buenos Aires.La obra pública fue ejecutada por el Gobierno porteño, e impulsada mediante la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sur, y ejecutada por la Subgerencia Operativa de Higiene Urbana en Cuencas Hídricas.A su vez, el gobierno porteño anticipó que se está trabajando en una propuesta integral para seguir poniendo en valor el sector, que contempla la construcción de una guardería de kayaks más adecuada, la incorporación de una oferta gastronómica y la consolidación del lugar como un nuevo punto de interés turístico de la Ciudad.

Green card, TPS y carga pública: el anuncio oficial de Mamdani con decisiones de ley que se aplicarían en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto con una coalición de gobiernos locales, presentó una demanda federal contra la ampliación de la regla de carga pública. La normativa está prevista para comenzar a aplicarse el 18 de septiembre y permitiría considerar una lista más amplia de beneficios públicos al evaluar determinadas solicitudes de residencia permanente.Qué dijo Mamdani sobre la demanda de Nueva York al gobierno de Donald TrumpLa demanda fue presentada el 14 de septiembre ante un tribunal federal de Manhattan y cuestiona la regulación que aplicarán los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) al analizar solicitudes de ajuste de estatus.Según lo retomado por AMNY, la presentación fue realizada por Nueva York junto con Chicago, San Francisco, Seattle, Washington D.C. y el condado de Santa Clara. En paralelo, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, impulsa otra demanda contra la misma regulación.Ambas acciones buscan evitar que la disposición entre en vigencia el próximo 18 de septiembre. "La nueva norma sobre la carga pública pretende alejar a las familias inmigrantes de los programas que han proporcionado alimentos y salud a la población durante décadas", dijo Mamdani en una conferencia de prensa.La coalición sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) excedió las facultades otorgadas por el Congreso y modificó el concepto histórico de carga pública. También afirma que la administración federal actuó de manera arbitraria y no cumplió con los procedimientos requeridos para establecer cambios sustanciales en las reglas migratorias.Mamdani y el asesor jurídico municipal Steve Banks señalaron que el efecto de las nuevas políticas de la administración Trump podría alcanzar a familias que necesitan atención médica, programas de nutrición o asistencia habitacional. "Ningún inmigrante neoyorquino debería tener que elegir entre su estatus migratorio y los beneficios a los que tiene derecho legalmente", dijo Banks.La ciudad fundamenta parte de su reclamo en el impacto que tendría la medida sobre una población inmigrante numerosa. Según los datos incluidos en la demanda y retomados por AMNY, Nueva York cuenta con más de 3,1 millones de residentes nacidos fuera de EE.UU., equivalentes al 38% de su población.Qué cambiará con la nueva regla de carga pública que desafió Nueva YorkHasta el 17 de septiembre, el Uscis considera principalmente la recepción de determinados beneficios en efectivo destinados al mantenimiento de ingresos y la institucionalización a largo plazo financiada por el gobierno. Desde el 18 de septiembre, el análisis podrá incluir todos los programas públicos sujetos a evaluación según los ingresos que reciba el solicitante.Entre los programas que podrán formar parte de la revisión aparecen:Ayudas económicas en efectivoSubsidios de viviendaCupones de alimentos o SNAPDeterminados programas de asistencia financiera para estudios universitariosLa nueva regulación rescinde el esquema establecido en 2022 y concede a los funcionarios mayor margen para valorar las circunstancias de cada persona. "Las familias que sigan cumpliendo todos los requisitos para recibir prestaciones sufrirán un efecto disuasorio, y todos los neoyorquinos lo pagarán", cuestionó Mamdani.El análisis no se limitará a determinar si alguien recibió un beneficio. El Uscis deberá considerar de manera conjunta factores como la edad, la salud, la situación familiar, los recursos económicos, los activos, la situación financiera, la educación y las habilidades.Qué inmigrantes están sujetos y quiénes quedan fuera de la regla de carga públicaLa modificación afecta principalmente a las personas que soliciten el ajuste de estatus para obtener la green card, tanto mediante determinadas categorías familiares como laborales. Para estos casos, la fecha del envío de la solicitud será relevante frente a la entrada en vigor de la nueva regulación.Los solicitantes que presenten el I-485 de manera electrónica o cuyo formulario tenga matasellos del 18 de septiembre o posterior deberán utilizar la nueva edición, fechada el mismo día.También se modificaron las disposiciones relacionadas con las fianzas de carga pública mediante los I-945 e I-356.La legislación mantiene excepciones para distintos grupos. Entre ellos figuran refugiados, asilados, solicitantes y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), víctimas de determinados delitos o trata mediante visas U y T, autopeticionarios bajo VAWA y Jóvenes Inmigrantes Especiales, entre otras categorías protegidas.

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La aplicación real de la norma requiere censos, datos y planes locales para evitar que la administración delegue sus obligaciones en empresas de desratización o control cinegético.

La alternativa que el Uscis podrá ofrecer antes de negar una green card por carga pública desde septiembre

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) incorporará una opción para determinados extranjeros que enfrenten una posible negativa de su solicitud de green card debido a la causal de carga pública. La medida comenzará a aplicarse el 18 de septiembre.Cómo funcionará la fianza de carga pública del UscisLa alternativa consiste en una fianza de carga pública, concebida como una garantía económica frente a la posibilidad de que el inmigrante reciba determinados beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos. No todos los solicitantes podrán acceder a este mecanismo.De acuerdo con la información oficial, la decisión de ofrecer la fianza quedará en manos del Uscis. Para que pueda considerarse, el funcionario deberá determinar que el solicitante es inadmisible únicamente por la causal de carga pública y que reúne las demás condiciones exigidas para obtener la residencia permanente.El inmigrante tampoco podrá adelantarse y presentar la garantía junto con el formulario I-485. Primero, la agencia deberá revisar el expediente y, si considera que corresponde brindar esta posibilidad, emitirá una Notificación de Intención de Denegación (NOID, por sus siglas en inglés) para invitar formalmente al interesado a presentar la fianza.El trámite se realizará mediante el formulario I-945. Una garantía enviada sin que el Uscis haya ofrecido previamente esta alternativa será rechazada.El valor mínimo establecido será de 1000 dólares, aunque la cantidad definitiva dependerá de las circunstancias de cada caso.Qué factores definirán el monto de la garantía del Uscis para la green cardPara establecer la suma, la agencia analizará elementos relacionados con la situación del solicitante, entre ellos su edad, estado de salud, composición familiar, recursos económicos, educación y habilidades. La evaluación buscará estimar la posible utilización de determinados beneficios públicos durante un período de hasta cinco años.El Uscis utilizará como referencia el costo acumulado estimado de programas como:Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).Medicaid (con excepción del Medicaid de emergencia, el cual no causa incumplimiento).Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés).Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés).Asistencia federal para el alquiler y vivienda pública.Si el Uscis calcula que los beneficios que probablemente recibiría el inmigrante superarían los US$100 mil, esa proyección será considerada un elemento muy negativo al momento de decidir si ofrece la posibilidad de presentar la fianza.Qué tipos de fianza podrá utilizar el solicitante al tramitar la green cardLa garantía podrá constituirse mediante dos modalidades:Fianza en efectivo: exige depositar la totalidad del importe establecido por la agencia. El dinero queda en una cuenta del Departamento del Tesoro de EE.UU. (USDT, por sus siglas en inglés) y genera intereses conforme a la tasa aplicable al momento del depósito.Fianza de garantía: en este caso interviene una compañía aseguradora autorizada por el USDT. La empresa asume la obligación de responder ante el gobierno federal si se produce un incumplimiento.La garantía permanece vigente sin un plazo predeterminado. Si el inmigrante recibe un beneficio público sujeto a recursos económicos mientras la fianza está activa, el Uscis puede determinar que hubo un incumplimiento.En caso contrario, si se cancela de manera válida y no se incumplió, el depositante podrá recuperar el capital junto con los intereses generados.

No hay desarrollo social sin crecimiento económico, y no hay crecimiento sin inversión privada y pública

Los reportes del MEF y del BCRP indican que el capital empresarial, que cuadruplica al estatal, sostuvo un avance firme en el segundo trimestre de 2026 en todo el país durante la actual administración

Detenido un trabajador de la empresa pública de limpieza de Ceuta por quemar un vehículo

Policía de Guatemala enfrenta obstáculos para anticipar crímenes cuyos cadáveres aparecen en la vía pública

Las autoridades sostienen que varios homicidios están ligados a disputas y ajustes dentro de estructuras criminales, con víctimas asesinadas en inmuebles y trasladadas después a calles y caminos

ONG pone la lupa en el presupuesto de 2027 para educación y salud pública

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Ricardo Anaya compara el saldo acumulado antes de 2018 con las cifras actuales

Adiós a los piropos y silbidos a mujeres: Secretaría de Seguridad de Bogotá lanzó estrategia para acabar con el acoso sexual en vía pública

La estrategia busca que los hombres identifiquen como violencia conductas como silbidos, miradas persistentes y persecuciones, además de promover el uso de rutas de apoyo y la activación de protocolos distritales

Supermiércoles en el Senado: Banco Central, Inocencia Fiscal II, inversiones y obra pública

Festín de comisiones desde las 10.30. Intentos libertarios para dictaminar las iniciativas relacionadas con la entidad monetaria y los dólares "del colchón". A las 14 habrá Labor Parlamentaria y se confirmará la sesión de mañana

A qué migrantes no aplica la regla de carga pública vigente para la residencia permanente en septiembre 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos actualizó su guía sobre inadmisibilidad por carga pública mediante un comunicado emitido el 18 de agosto. El documento detalla qué categorías de migrantes quedan exentas por decisión del Congreso y cuáles quedarán sujetas a la nueva regla que rige desde el 18 de septiembre. La medida forma parte de un giro regulatorio impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), según información publicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).Quiénes quedan exentos de la carga pública del UscisAsilados, refugiados y víctimas de trata de personas o de delitos calificados (no inmigrantes U), según Uscis.Solicitantes bajo la Ley de Ajuste Cubano, entrantes cubanos y haitianos, nicaragüenses y otros centroamericanos en proceso de ajuste de estatus, de acuerdo con Uscis.Jóvenes inmigrantes especiales, solicitantes de TPS y de registro, además de autopeticionantes bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), expresó Uscis.Intérpretes afganos e iraquíes empleados por el gobierno de EE.UU. y ciertos ciudadanos sirios, húngaros y polacos con permiso de parole, según el organismo.Quiénes sí quedarán sujetos a la norma de carga públicaCónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses y de residentes permanentes legales, según Uscis.Hermanos, hermanas y prometidos/as de ciudadanos estadounidenses.Trabajadores prioritarios, profesionales con títulos avanzados, inversores y trabajadores religiosos.Inmigrantes con visa de diversidad y personal de las fuerzas armadas estadounidenses, de acuerdo con la guía oficial.¿Cómo evalúa Uscis la inadmisibilidad?Los oficiales analizan cinco factores: edad, salud, estado familiar, situación financiera y educación o habilidades, según Uscis.Se considera la recepción de beneficios públicos con verificación de recursos, como asistencia en efectivo, vivienda, cupones de alimentos o ayuda financiera universitaria.El objetivo declarado es que los extranjeros sean autosuficientes y no dependan de fondos de contribuyentes, expresó el organismo.El mecanismo de la fianza de carga públicaSi un migrante es considerado inadmisible solo por riesgo de carga pública, el oficial puede invitarlo a presentar una fianza (bond).Si el solicitante cumple con la petición, Uscis puede aprobar el ajuste de estatus y otorgar la residencia permanente legal.Trámites oficiales del Uscis a tener en cuenta con esta reglaEsta regla aplica a partir del 18 de septiembre de 2026 a todos los formularios I-485 (solicitud de ajuste de estatus) presentados en papel o electrónicamente desde esa fecha, según Uscis. Si el migrante pertenece a una de las categorías exentas â??como asilados, refugiados, TPS o víctimas de VAWAâ??, no necesita preocuparse por esta evaluación al tramitar la green card. Quienes sí están sujetos a la norma, como familiares directos de ciudadanos o residentes, trabajadores calificados o inversores, deben tener en cuenta que Uscis revisará su situación financiera, salud, edad y uso de beneficios públicos antes de resolver el caso. Si el oficial determina que existe riesgo de carga pública, el migrante puede recibir una invitación para presentar una fianza en efectivo o garantía (mediante el formulario I-945) como condición para obtener la aprobación. Es importante aclarar que solo se puede presentar esa fianza si Uscis emite previamente un Aviso de Intención de Denegar; el organismo no acepta fianzas espontáneas.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Gobierno de México planea recurrir a casi dos billones de pesos de deuda pública para el 2027

Del monto total de financiamiento solicitado en el Paquete Económico, la mayor parte se concentra en créditos internos

Los medios siguen marcando la agenda, pero ya no controlan solos la atención pública

Un metaanálisis publicado en Frontiers in Political Science confirma que los temas priorizados por los medios continúan teniendo una fuerte relación con aquellos que adquieren relevancia pública. Pero redes sociales, algoritmos, buscadores y sistemas de recomendación modificaron profundamente quién decide qué merece atención. Leer más

La deuda pública de México debería preocupar más al gobierno de Sheinbaum que el Fobaproa: advierten expertos

En la víspera de la entrega del Paquete Económico 2027, la presidenta le ha prestado más atención al rescate bancario ocurrido en la década de los 90

En fotos: de la complicidad entre Penélope Cruz y Javier Bardem a la reaparición pública de Faye Dunaway

Cuadernos de las coimas: otro empresario aseguró en el juicio que el financista de los Kirchner le exigió dinero para destrabar pagos de obra pública

Otro empresario del sector vial declaró en el juicio oral por cuadernos de las coimas que Ernesto Clarens, el financista del matrimonio Kirchner que oficiaba de puente con el empresariado, le exigió dinero para destrabar pagos de obras."Nos hicieron requerimientos dinerarios a los que nosotros no accedimos", sostuvo Jorge Cibraro, de la empresa vial ICF. Durante el periodo investigado (2003-2015), la firma mantuvo cuatro contratos de obra pública con los gobiernos kirchneristas. Cibraro dijo que concurrió a una oficina del centro porteño, en Maipú y Sarmiento, y luego a otra, en Puerto Madero, y sostuvo que Clarens le dio a entender durante esos encuentros que "si hacía determinados aportes podría llegar a colaborar a disminuir los atrasos".Las direcciones de ambos lugares coinciden con una de las oficinas en las que el propio Clarens dijo operar cuando declaró como arrepentido y admitió su rol como recaudador y nexo. Al ser consultado hoy sobre si el financista mantenía vínculos con el mundo de Vialidad, Cibraro dijo: "Debido a sus dichos, sí; en la realidad no lo sé".Es el segundo testigo que en 20 días ofrece un relato similar ante el Tribunal Oral Federal 7. Hace tres semanas, Héctor Carreto, de la constructora Equimac S.A., sostuvo que había mantenido una reunión con Clarens con la intención de destrabar pagos atrasados en la obra pública.Carreto, sin embargo, no llegó tan lejos como hoy lo hizo el testigo Cibraro, que sí ratificó los pedidos de dinero. Es un capítulo del juicio en el que se revisan las obras de los 6 corredores viales y los supuestos cobros de retornos en el ámbito de las concesiones por peaje de las rutas nacionales.Una de las defensas más activas en este tramo es la del empresario Marcelino Aznar, de la firma Decavial. Aznar estuvo a cargo de uno de los seis corredores viales y, como arrepentido, admitió el pago de coimas, pero también se lo acusa de haber organizado los pagos de todo el sector, algo que él niega.Noticia en desarrollo

Municipalidad de Lima decomisa vehículos eléctricos alquilados a menores para usarlos en la vía pública

La comuna limeña impuso multas de hasta 1375 soles por ocupación indebida y estacionamiento irregular en el espacio público

"Hija de la universidad pública", exfuncionaria duhaldista y exponente de la justicia restaurativa

El año pasado, cuando recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), la jueza Marta Pascual se definió como "una hija de la universidad pública". En las últimas horas, la magistrada que tiene a su cargo un Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora fue noticia porque suspendió por 60 días la aplicación en la provincia de Buenos Aires de la ley que bajó la edad de imputabilidad a 14 años.Pascual nació y se crió en el partido bonaerense de Almirante Brown. Estudió y se recibió de abogada en la Universidad Nacional de La Plata. Tiene posgrados en Derecho Público y en Magistratura. Es madre de cuatro hijos y abuela de nueve nietos.Fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde. También se desempeñó como presidenta del Consejo Provincial del Menor y fue consultora de Unicef. Además, fue presidenta de la Asociación Internacional de Magistrados y Funcionarios de la Juventud y de la Familia (Aimjf). Dirige la carrera de Especialización en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y fue docente en diversas universidades nacionales e internacionales, según informó la UNAB."Pascual lideró iniciativas innovadoras como la Red de Potreros Digitales, destinada a capacitar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Además, publicó más de 30 trabajos especializados y participó como conferencista y como jurado en congresos internacionales sobre justicia restaurativa y derechos humanos. En el ámbito académico, dirige la carrera de Especialización en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y fue docente en diversas universidades nacionales e internacionales. "Su labor formativa ha dejado huella en generaciones de juristas, consolidando un legado de excelencia y compromiso ético en la profesión", informó la Universidad Nacional Guillermo Brown cuando le entregó a Pascual el doctorado honoris causa.Ese día, en junio de 2025, la jueza habló de su vocación por los chicos y por los más vulnerables. "Siento alegría, siento emoción, acá está presente toda mi vida", sostuvo la magistrada, que anteriormente había sido reconocida por el Concejo Deliberante de Almirante Brown como "mujer destacada del distrito". Tras el reconocimiento, el por entonces intendente de Almirante Brown y hoy diputado provincial por la tercera sección electoral, Mariano Cascallares, resaltó la energía que Pascual le pone "a cada responsabilidad que tiene" y habló del compromiso diario de la magistrada para que "todos los pibes tengan una nueva oportunidad".El funcionario también dijo que la trayectoria de Pascual estuvo marcada por el "afecto y el respeto" y que su trabajo es un "ejemplo de dedicación al servicio de la comunidad".Su pensamiento en cuanto al efecto de bajar la edad de punibilidad está reflejado en uno de los párrafos de su resolución: "Hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia. Como operadora del sistema penal juvenil, asumo la responsabilidad que me compete no solo en la afectación de las garantías de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también en preservar los intereses de la comunidad a la que deben regresar los jóvenes una vez cumplida la medida".Hoy, poco después de firmar el fallo que suspendió en territorio bonaerense la ley 27.801, aprobada por el Congreso Nacional el 28 de febrero pasado, en una entrevista con radio Now 97.9, la magistrada sostuvo: "No estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad. No romantizo a los chicos que salen con un arma. Hay una sensación de que con esta ley le damos más seguridad a la gente, pero no vamos a crear más seguridad. Yo aplico lo que se llama 'justicia restaurativa', que tiene que ver con restaurar los vínculos y con que los jóvenes se responsabilicen y vuelvan a su comunidad siendo ciudadanos y no 'pibes chorros'. Tenemos que tener los mecanismos para poder implementar la ley".En su fallo, la magistrada afirmó: "Se debe resolver si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia. No cabe ninguna duda, y resulta de sentido común, que la aplicación inmediata de la ley, con motivo de ampliar el universo de adolescentes punibles (mediante la incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años), la exclusión de los delitos que no resultaban punibles (sancionados con penas menores a dos años) y la aplicación plena de la escala penal prevista en el código de fondo, aumentará considerablemente la cantidad -por mayores ingresos y por mayor permanencia- de personas privadas de la libertad. Este aumento, si bien será progresivo y, por lo tanto, llevará un tiempo hasta evaluar el incremento definitivo en la cantidad de personas detenidas, también puede llegar a tener impacto inmediato en razón de los cambios de parámetros para las detenciones y prisiones preventivas".

Por robo a transportistas y secuestros: detienen al alcalde de Esperanza y la exdirectora de Seguridad Pública Municipal en Puebla

Entre los detenidos también se encuentra Manuel "N", hermano del presidente municipal

Asociación Española contra el Cáncer urge una mayor aportación pública a la investigación

Radiografía del parate en la obra pública

Pese al reclamo de los gobernadores, se acentúa el recorte de fondos de Nación a las provincias para rutas e infraestructura, en medio de negociaciones a cambio de apoyo parlamentario

Defensoría rechazó ataques contra la fuerza pública en Cauca y alertó por el riesgo para la población civil

El organismo sostuvo que las acciones no impactan solo a policías y soldados, sino que exponen a habitantes rurales y poblados próximos a bases estatales a confrontaciones, explosiones y hostigamientos en el territorio

Roy Barreras anunció su retiro definitivo de la política tras 20 años de carrera pública: "¡Los dejo descansar!"

El excongresista y excandidato presidencial vinculó la decisión a la obtención de su maestría en Literatura Creativa en la Universidad de Salamanca, donde se graduó junto a su esposa

Los protocolos del ICE en la vía pública que ponen en alerta a los migrantes en septiembre 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) continúa durante septiembre con operativos de control migratorio que incluyen procedimientos en la vía pública, paradas vehiculares y arrestos en distintos puntos de Estados Unidos. Las acciones coinciden con un incremento sostenido de las detenciones de la agencia durante los últimos meses.Cómo funcionan las paradas vehiculares del ICEEntre las herramientas utilizadas por la agencia se encuentran las paradas a partir de infracciones de tránsito. Licencias vencidas, inconvenientes con la registración del automóvil o vidrios con un nivel de polarización que infringe las normas pueden convertirse en el inicio de una intervención en la que los oficiales comprueban la situación migratoria de las personas que viajan en el vehículo.La estrategia también contempla la presencia de agentes vestidos de civil o con el rostro cubierto. "Los agentes del ICE usan máscaras para prevenir la divulgación de información personal, lo cual puede ponerlos (y de hecho los ha puesto) en riesgo a ellos y a sus familias", justifica la agencia en su sitio web.Cámaras corporales y controles durante los operativos del ICE en septiembreEl Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) prevé completar antes de finalizar septiembre la entrega de cámaras corporales al personal que trabaja en la vía pública. La política establece que estos dispositivos deben utilizarse durante determinadas intervenciones, incluidos arrestos, cumplimiento de órdenes de registro y respuestas ante emergencias.El programa implica una inversión superior a los US$120 millones, destinada a dispositivos, almacenamiento de imágenes y capacitación."También contamos con otras opciones. Tenemos las cámaras fijas que estamos tratando de instalar", anticipó el secretario del DHS, Markwayne Mullin, durante una conferencia el martes 1° de septiembre. La tecnología también se extenderá a los sistemas de comunicación utilizados por los funcionarios.El DHS trabaja con Motorola en alternativas para incorporar cámaras de video en los micrófonos que los agentes llevan en sus uniformes. Paralelamente, los planes de expansión contemplan herramientas como perros robots y guantes capaces de generar descargas eléctricas.Lo anunció el ICE: agentes migratorios usarán un nuevo elemento para generar descargas eléctricas y facilitar detencionesMás de 50.000 arrestos del ICE en agostoLa intensificación de las operaciones quedó reflejada en las cifras oficiales correspondientes a agosto. El DHS informó en un comunicado un total de 50.925 arrestos en todo EE.UU., por encima de los 50.208 registrados en julio y de los 43.900 contabilizados en junio.De acuerdo con el DHS, agosto representó el tercer mes consecutivo en el que la agencia alcanzó un récord mensual de detenciones. El gobierno también sostuvo que más de tres millones de inmigrantes indocumentados abandonaron EE.UU. desde el regreso de Donald Trump a la presidencia.Dentro de su política migratoria, la administración impulsa además la salida voluntaria mediante la aplicación CBP Home. El programa ofrece US$3000 y un vuelo sin costo a determinados inmigrantes que opten por abandonar el país norteamericano.Operativos en Nueva York y MemphisUno de los procedimientos destacados fue la operación Rotten Apple, desarrollada en el estado de Nueva York entre el 27 de julio y el 29 de agosto. El ICE informó 2197 detenciones y señaló que la acción estuvo dirigida principalmente contra personas con antecedentes por delitos graves, entre ellos homicidios, violaciones, delitos contra menores, agresiones y tráfico de drogas."La operación Rotten Apple sacó de las calles de Nueva York a algunos de los peores delincuentes ilegales", dijo el zar de la frontera, Tom Homan, en un comunicado. "Los esfuerzos del ICE para eliminar las amenazas a la seguridad pública en las comunidades estadounidenses han contribuido a la mayor disminución de delitos violentos en la historia de EE.UU.", aseguró. Otro operativo fue Corral Light, realizado el 30 de agosto en el club nocturno El Corralón, en Memphis, Tennessee. La acción, coordinada por la oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción del ICE en Nueva Orleans, terminó con 121 arrestos mediante la ejecución de órdenes federales y estatales.El DHS vinculó esas detenciones con antecedentes que incluían hurto, posesión de drogas, violencia doméstica, conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, agresiones, delitos contra menores y prostitución. En ambos casos, las autoridades presentaron los antecedentes penales como uno de los principales criterios de selección."Gracias al liderazgo del presidente Trump, la delincuencia en la ciudad de Memphis se ha desplomado", aseguró Mullin en un comunicado. "Gran parte de este éxito se debe a la detención y deportación de inmigrantes indocumentados en la ciudad", señaló.

Un juez investiga si la empresa pública que suministra agua a 250.000 valencianos amañó contratos para beneficiar a su accionista privado

Egevasa está controlada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por Global Omnium. Una denuncia que llegó a Anticorrupción afirma que 51,4 millones se adjudicaron a compañías de ese socio privado

Alejandro Dolina recibió el honoris causa de la UBA y defendió la universidad pública

El escritor, músico y conductor fue distinguido ante más de 700 personas en la Facultad de Ciencias Sociales. Durante su discurso reivindicó el valor de la educación y también apeló a su habitual sentido del humor.

Sanidad diseña un protocolo para detectar precozmente riesgos para salud pública en Ceuta

Milei se reúne en Chile con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de EEUU

Javier Milei se reunió con Sarah Rogers en Chile antes de su discurso sobre la soberanía de las islas, destacando la importancia del tema para Argentina.Trump sugirió un posible cambio de postura de EE.UU. sobre Malvinas, lo que podría influir en la estrategia de Milei para recuperar el archipiélago.

El videojuego de San Martín: un alumno de una universidad pública se inspiró en las campañas libertadoras

Marcos Kats, de la UNSAM, hizo su tesis basada en el proyecto de Cruzada del Sur, un juego de estrategia que recrea con estética low-poly las batallas del Padre de la Patria. Lo diseñó para computadoras escolares y ya cuenta con una versión alfa disponible para probar la batalla de San Lorenzo.

Las familias demandadas por el gobierno porteño tras la toma del Lengüitas buscan defensa pública

Familias de estudiantes de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg comenzaron a ser notificadas en los últimos días por una demanda de daños y perjuicios impulsada por el gobierno porteño, que reclama una reparación económica por la toma de 10 días realizada en ese establecimiento en 2022. Según pudo saber LA NACION, unas 45 familias ya fueron notificadas, pero la demanda alcanza a 69. El expediente se encuentra en una instancia inicial y aún se están tomando medidas para localizar a quienes resta avisar, ya que durante estos años podrían haber cambiado su domicilio. La Ciudad les reclama colectivamente el pago de $10.514.119,49 más los intereses devengados, argumentando que la negativa de los padres a retirar a sus hijos constituyó un aval a la toma ilegal del colegio, haciéndolos civilmente responsables por los costos económicos que debió afrontar el Estado. Detallan que la "consecuencia patrimonial concreta" para el gobierno porteño, en ese momento encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, fue "el costo de los salarios pagados a los docentes por las horas cátedra de clases que no han podido ser dictadas, así como también al personal no docente por la jornada laboral en la escuela que no pudo ser llevada a cabo". El monto surge de sumar el costo laboral del personal docente y no docente del Lengüitas y también de la Escuela de Comercio N° 26 Enrique de Vedia, que funciona en el turno noche en ese mismo edificio. Ayer, un grupo de padres se reunió con la Dra. Giselle Furlong Pader, titular de la Defensoría del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para analizar su situación. Quienes ya fueron notificados cuentan con 30 días hábiles para responder.Furlong Pader representó hace algunos meses a Mónica Gullo, quien también había sido demandada por el gobierno porteño, en su caso por una toma en el Liceo N° 5 D.E. 11 "Pascual Guaglianone", y recibió una sentencia favorable. En esa causa, el gobierno también había argumentado que la permanencia de los alumnos había generado un perjuicio económico correspondiente a los salarios del personal docente y no docente. La defensa de Gullo sostuvo que la toma fue un ejercicio legítimo del derecho a la protesta y cuestionó la existencia de daños patrimoniales reales. Finalmente, el juez decidió rechazar la demanda al considerar que el Gobierno no pudo probar un menoscabo económico concreto y que los salarios "constituyen un gasto que el GCBA hubiera tenido que afrontar independientemente de la existencia del hecho".En esta demanda, utilizan el mismo argumento. "Los docentes que debían dictar clases para que todos los estudiantes pudieran aprender se vieron impedidos de hacerlo, causando múltiples perjuicios de índole pedagógica, logística, funcional no solo al GCBA sino a toda la sociedad que aporta con sus impuestos a la educación pública", detalla la demanda civil, a la que accedió LA NACION. En aquel momento, Soledad Acuña, quien era ministra de Educación, había adelantado que la Ciudad impulsaría reclamos ante la Justicia. "Los adultos responsables de aquellos alumnos que participan de las tomas deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares. Además, se está preparando una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases debido a la toma de la escuela", había advertido la exfuncionaria. El fundamento legal de la demanda del gobierno de la ciudad contra las familias se basa en la responsabilidad sobre sus hijos, citando el artículo 1754 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que los padres son solidariamente responsables por los daños que causen sus hijos si estos viven con ellos y están bajo su responsabilidad parental. Mencionan, a la vez, la Ley de Educación Nacional, que establece que los padres tienen la obligación de hacer cumplir la educación obligatoria de sus hijos, asegurar su concurrencia a las escuelas. Por último, citan una resolución del Ministerio de Educación porteño, aprobada en 2018, conocida como el "protocolo antitomas", que establece las pautas de convivencia escolar y las legales durante las tomas de colegios, y remarca la "corresponsabilidad de las familias" ante estas situaciones. El "protocolo antitomas"La resolución señala que, si bien la responsabilidad parental se delega en el establecimiento mientras los alumnos están bajo su órbita, se activa la corresponsabilidad de las familias ante la pérdida del control gubernamental de la escuela por la toma. El protocolo ordena que la máxima autoridad escolar debe "citar de manera inmediata", ya sea por vía telefónica o por los canales habituales de contacto, a los padres o tutores "para que retiren a sus hijos del establecimiento" ante "la imposibilidad de prestar el servicio educativo". Los alumnos únicamente deben retirarse del establecimiento en compañía de su adulto responsable o tutor. Al momento de retirarlos, el adulto responsable debe firmar obligatoriamente un acta en donde se le notifica formalmente que, mientras dure la toma, la responsabilidad sobre el menor recaerá de manera exclusiva sobre el adulto. La autoridad escolar también debe dejar constancia escrita de los padres o tutores que no hayan retirado a los menores a su cargo, registrar los motivos y dejar asentado que se les hizo saber explícitamente que la responsabilidad legal sobre el alumno recaerá de manera exclusiva sobre el adulto responsable durante la toma. El caso de las 69 familias demandadasLas 69 familias listadas en esta demanda, según pudo saber LA NACION, son aquellas que no fueron a retirar a sus hijos durante la toma. La ocupación comenzó el 26 de septiembre de 2022 y se extendió hasta el 5 de octubre de ese año. Ante la cantidad de estudiantes y de familias que no estaban de acuerdo con la toma del establecimiento, el gobierno porteño habilitó luego de diez días la posibilidad de volver a clases en el edificio de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, en la avenida Paseo Colón 255. Esa misma tarde, finalmente, se levantó la toma. Los alumnos se habían plegado a la iniciativa del centro de estudiantes de la Escuela Normal Superior N°2 en Lenguas Vivas Mariano Acosta, la primera en esa cadena de protestas por la mala calidad de las viandas, en contra de reformas inconsultas -como las prácticas laborales obligatorias que se establecieron en aquel momento- y "la persecución política a los centros de estudiantes". Acuña sostenía que estaban incitadas por el kirchnerismo. En los días posteriores, otros colegios porteños fueron tomados en diferentes momentos -incluido el Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la Universidad de Buenos Aires- y algunos sumaron pernoctes y asambleas permanentes, esgrimiendo los mismos reclamos. Durante el conflicto, llegó a haber más de 10 instituciones tomadas.

Cómo se aplicará la regla de carga pública del Uscis para visas y green card, según un abogado de inmigración

A partir del 18 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aplicará nuevas regulaciones sobre la normativa de carga pública. La fecha coincide con la suspensión de citas para visados en todas las embajadas, medida adoptada para capacitar a los funcionarios consulares sobre la forma en que la administración Trump interpreta esta normativa, según explicó Andrés Echevarría, abogado de inmigración. Así se aplicará la regla de carga pública, según un abogado de inmigración Según Echevarría, la carga pública es una causal de inadmisibilidad que ha existido en EE.UU. desde hace muchos años. Por tanto, lo que cambiaría es la manera en cómo se aplicaría la legislación. "El texto de la ley puede seguir siendo el mismo, pero las exigencias probatorias, el ejercicio de la discrecionalidad y el umbral práctico que debe superar un solicitante pueden volverse más rigurosos", dijo en diálogo con LA NACION. En ese contexto, el abogado advirtió que el nuevo reglamento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Uscis sobre la regla va a otorgar mayor discrecionalidad a los oficiales en las solicitudes. En qué consiste la carga pública La carga pública es un criterio que determina si un extranjero es elegible para recibir una visa, ser admitido en EE.UU. o ajustar su estatus para obtener la residencia permanente, según explica el DHS en un comunicado. La medida existe en la legislación migratoria desde 1882 y estudia la probabilidad de que un solicitante pase a depender del gobierno para sus necesidades básicas (alimentación, salud o vivienda). A fin de evaluar esto, los oficiales estudian cinco factores: EdadSaludEstatus familiarActivos, recursos y situación financieraEducación y destrezasDe igual modo, se puede tomar en cuenta la existencia del Formulario I-864 (Declaración jurada de patrocinio económico) cuando este sea obligatorio. Cómo se aplica la regla de carga pública a partir del 18 de septiembre El DHS presentó una regla que rescinde la normativa de carga pública de 2022 tras los límites impuestos a los oficiales durante la evaluación. Según el Uscis, los cambios fundamentales incluyen: Eliminación de dependencia primariaLa norma anterior definía la regla como la probabilidad de volverse "primariamente dependiente" del gobierno. Ahora, la nueva medida evalúa el concepto de manera más amplia. Restauración de la discreción amplia y la "totalidad de las circunstancias"Las nuevas directrices estipulan que los oficiales podrán realizar un estudio individual de cada caso, sin limitarse a una serie de factores. Ampliación del tipo de beneficios públicos consideradosBajo la regla de 2022, los agentes no consideraban el uso de beneficios económicos como cupones. Los recientes lineamientos eliminan esa restricción y se va a aplicar de la siguiente forma: Beneficios recibidos antes del 18 de septiembre: Uscis solo considerará la asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de ingresos y la institucionalización médica a largo plazo pagada por el gobierno (Medicaid en hogares de ancianos). Beneficios recibidos después del 18 de septiembre: se tomará en cuenta la recepción, aplicación o certificación de cualquier beneficio público sujeto a verificación de recursos económicos (monetario y no monetario), como la asistencia federal del estado y los cupones de alimentos (SNAP). Mayor escrutinio con el Formulario I-864 En el enfoque anterior, la presentación de un Formulario I-864 se consideraba de forma positiva en cualquier solicitud. A partir del 18 de septiembre, el oficial tendrá la obligación de verificar si el patrocinador cumplirá con el contrato.

Costa Rica propone recortar 3.1% el presupuesto de 2027, con una deuda pública aún por encima del 60% del PIB

El Ministerio de Hacienda presentó al Congreso un plan de gasto por 12.4 billones de colones, equivalentes a USD 27,000 millones, en un contexto en que 40% de los recursos se destinará al servicio de obligaciones financieras

Crisis de desaparecidos, deuda pública e investigación de Rocha Moya: los temas que quedaron fuera del Segundo Informe de Sheinbaum

La presidenta centró su mensaje en los avances de su administración, pero no abordó de manera específica algunos de los asuntos que han marcado la agenda nacional

Caso cuadernos: un empresario contó que el financista K Ernesto Clarens manejaba parte de la obra pública

Franco Gagliardo de la compañía Obring dijo que el financista "sin ser funcionario conocía el plan de obras viales".

La morosidad crece en la agenda pública: la doble señal de la Iglesia y la "estrategia Adorni" en el Congreso

El Gobierno busca evitar que el tema del endeudamiento familiar llegue al recinto de Diputados. Convocó a una reunión de comisión para restarle apoyo a la movida opositora. El titular del episcopado se pronunció en días marcados por preparativos para la visita del Papa

Confirman el "frenesí" en la contratación pública que hizo el Gobierno Petro antes de dejar el poder: cifras de desempleo de julio lo demuestran

La recuperación laboral se apoya en la expansión del sector estatal y el trabajo independiente, mientras el sector privado enfrenta mayores desafíos, aseguraron expertos

Marcelo Molina explicó en RDC el gasto de la televisión pública en España: "Son cifras astronómicas"

En Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil analizaron el gasto de las televisiones públicas españolas, que destinan 1.125 millones de euros anuales a salarios. Leer más

Oficial y confirmado | Desde septiembre, USCIS endurece la regla de "carga pública" para otorgar permisos de residencia y "green cards": revisará caso por caso de todos los solicitantes

La agencia federal confirmó un cambio en su protocolo de verificación. Hasta ahora, solo consideraba dos beneficios monetarios para tomar la decisión.La medida entrará en vigor en septiembre y se aplicará a todas las entrevistas de la agencia.

Uscis en septiembre: la lista de migrantes a los que no se aplica la "carga pública" para tener la green card

Una nueva regla sobre carga pública entrará en vigor el 18 de septiembre para el análisis de las aplicaciones. En una actualización reciente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) señaló cuáles son las categorías de migrantes a los que no se les aplicará la norma para obtener la green card, o residencia permanente.La lista de migrantes a los que no se aplica la "carga pública" para tener la green cardEn un comunicado emitido el 18 de agosto, el Uscis publicó una guía actualizada que explica qué categorías de extranjeros están sujetas al motivo de inadmisibilidad por carga pública y qué categorías están exentas por el Congreso. El documento detalla conceptos clave, los factores que se consideran en las determinaciones de inadmisibilidad y las pruebas que se tendrán en cuenta para la regla que entra en vigor el 18 de septiembre.De acuerdo con este informe, las siguientes categorías de migrantes, entre las que se incluyen solicitantes de green card, no están sujetas a la norma de carga pública que comienza a regir el próximo mes:Asilados y refugiados.Inmigrantes amerasiáticos en el momento de la admisión.Intérpretes afganos e iraquíes o ciudadanos afganos e iraquíes empleados por o en nombre del gobierno de EE.UU.Entrantes cubanos y haitianos que solicitan el ajuste de estatus conforme a la sección 202 de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986.Solicitantes que buscan el ajuste bajo la Ley de Ajuste Cubano.Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus a residente permanente legalHaitianos que ajustan su estatus a residente permanente legal bajo la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados Haitianos de 1998.Personas con permiso de permanencia temporal bajo el programa Lautenberg.Jóvenes inmigrantes especiales.Solicitantes de registro.Solicitantes que buscan el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).Determinados embajadores, ministros, diplomáticos y otros funcionarios gubernamentales extranjeros no inmigrantes, y sus familias.Víctimas de trata de personas.Víctimas de ciertos delitos (no inmigrantes U).Personas que presentan autopeticiones en virtud de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).Determinados extranjeros maltratados que son "cualificados" según la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996.Solicitantes que ajustan su estatus y que califican para un beneficio como cónyuges sobrevivientes, hijos o padres de miembros de las fuerzas armadas.Indígenas estadounidenses nacidos en Canadá que no son ciudadanos estadounidenses.Ciertos miembros de la Banda de Indios Kickapoo de Texas de la Tribu Kickapoo de OklahomaCiudadanos de Vietnam, Camboya y Laos que soliciten financiación en virtud de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras, Financiación de Exportaciones y Programas Conexos de 2001.Solicitantes de parole polacos y húngaros.Ciertos ciudadanos sirios.Solicitantes que se ajustan a la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados de Liberia.Los migrantes a los que se les aplicará la norma de carga pública en septiembreEn el extremo contrario, de acuerdo con el Uscis, las siguientes categorías estarán sujetas a la causal de inadmisibilidad por carga pública bajo las directrices que entran en vigor el 18 de septiembre.Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses.Hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses y sus hijos.Cónyuges, hijos e hijas solteros de residentes permanentes legales.Hijos e hijas casados â??â??de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges e hijos.Hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses.Prometidos/as de ciudadanos estadounidenses.Amerasiáticos según la categoría de preferencia, nacidos el 31 de diciembre de 1950 o después, y antes del 22 de octubre de 1982.Viudas o viudos de ciudadanos estadounidenses.Trabajadores prioritarios.Profesionales con títulos avanzados o extranjeros con habilidades excepcionales.Trabajadores cualificados, profesionales y otros empleados.Inversores.Trabajadores religiosos.Determinados empleados o exempleados del gobierno de EE.UU. en el extranjero.Empleados de la Zona del Canal de Panamá.Graduados de facultades de medicina extranjeras.Empleados jubilados de organizaciones internacionales.Personal de las fuerzas armadas estadounidenses.Trabajadores de emisoras internacionales.Diplomáticos o altos funcionarios que no pueden regresar a sus países (Sección 13 de la Ley del 11 de septiembre de 1957).Inmigrantes con visa de diversidad.Determinadas personas que ingresaron antes del 1° de enero de 1982.Testigos o informantes extranjeros.Cómo se aplicará la regla de carga públicaEn el mismo documento, las autoridades migratorias señalan que los funcionarios del Uscis deben considerar cinco factores legales al determinar la inadmisibilidad por carga pública:Edad.Salud.Estado familiarSituación financiera del extranjero.Educación y habilidades.Cómo presentar el formulario del Uscis para la green card en liÌ?neaPara determinar la inadmisibilidad, los oficiales del Uscis considerarán los cinco factores legales y cualquier otro punto relevante para evaluar la probabilidad de que el extranjero se convierta en una "carga pública". Esto incluye la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos, como asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos, asistencia para vivienda, cupones de alimentos, ayuda financiera para la universidad o cualquier otro beneficio similar.El objetivo de la norma, según el gobierno, es garantizar que los extranjeros en Estados Unidos sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes.Asimismo, si un funcionario determina que un extranjero que solicita el ajuste de estatus a residente permanente legal es inadmisible únicamente porque es probable que en algún momento se convierta en una carga pública, puede solicitarle que presente una fianza.Si el migrante cumple esta petición, el oficial del Uscis podrá aprobar su solicitud de ajuste de estatus, lo que lo convierte en residente permanente legal y le permite permanecer en EE.UU.

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