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Escuela de Yoga de Buenos Aires: ratificaron los procesamientos de 17 personas acusadas de formar una "secta sexual"
El caso se conoció a medidados de 2022 luego de que se allanara a los líderes del grupo, acusados de trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos. En total, tendrían 50 millones de dólares en cuentas en el exterior. Leer más
Escuela de Yoga de Buenos Aires: volvieron a confirmar los procesamientos de 17 sospechosos
Se conoció como la "secta del horror" y era, para la Justicia, una organización criminal que funcionaba bajo la fachada de la denominada Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA). En las últimas horas, un tribunal de alzada confirmó el procesamiento de 17 de sus integrantes por delitos como asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos. La decisión fue tomada, por mayoría, por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal."Esta medida es en línea con una resolución dictada en diciembre pasado por el juez federalAriel Lijo en sintonía con el pedido realizado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº4, a cargo de Carlos Stornelli, y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo", informó el sitio de noticias judiciales de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.El tribunal de alzada también, como había solicitado el Ministerio Público Fiscal, revocó el sobreseimiento de uno de los imputados, quien se desempeñaba como médico clínico en el denominado Centro Médico Integral donde, según habrían determinado los investigadores, "se dormía durante días a los llamados alumnos por medio del suministro de distinto tipo de psicofármacos".Según el expediente judicial, la explotación sexual de las alumnas se hacía, principalmente, en la sede central de la EYBA, en Villa Crespo. El noveno piso del edificio situado en Estado de Israel 4457 era conocido como el "Museo" y estaba acondicionado como si fuese la habitación de un hotel alojamiento.La sede central no era el único lugar donde se practicaba lo que en la EYBA se llamaba el "geishado". También se llevaba adelante en departamentos de Palermo e incluso en hoteles cinco estrellas.El caso se conoció en agosto de 2022, cuando el juez Lijo ordenó una serie de 50 allanamientos y la detención, en su momento, de una veintena de sospechosos.En su momento, fuentes judiciales habían explicado que en el domicilio del sindicado líder de la organización se secuestró una carpeta titulada "Trinchera CC Botánico, Departamento Novio", en la cual se pudo identificar una "ficha de datos" de ciertos hombres a los que la EYBA ponía como "objetivo" del plan de "geishado"."El denominador común de los identificados [en la carpeta] era su alto patrimonio. Según consta en investigación, ante la negativa de acatar las órdenes impartidas, las víctimas podían terminar en una situación de encierro en cualquier institución", explicó una fuente judicial.En septiembre de 2023, el juez Lijo había elevado el primer tramo de la causa a juicio. Después, por pedido de las defensas, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal decretó la nulidad de la elevación a juicio y le ordenó al magistrado que evaluara la prueba producida con posterioridad al dictado de los procesamientos. A partir del citado fallo, Lijo volvió a revisar la prueba y confirmó lo que ya había dispuesto en el caso oportunamente.Tras la resolución del tribunal de alzada, los fiscales Stornelli, Mángano y Colombo indicaron que si bien la vista conferida se limitaba a valorar aquello producido con posterioridad a los procesamientos, "solo un análisis que pusiera en relación la prueba recolectada durante todo el caso arrojaría luz sobre los hechos que se investigan", según www.fiscales.gob.ar."En su dictamen, los fiscales pusieron en diálogo aquella evidencia incorporada con anterioridad al procesamiento y aquella que se incorporó luego, entre otras cosas, por la magnitud de la investigación de carácter trasnacional y que involucró aproximadamente 50 allanamientos. Entre la nueva evidencia, valoraron el peritaje de dispositivos electrónicos, informes de intervenciones telefónicas y evidencia remitida por las autoridades de Estados Unidos vía cooperación internacional", según el citado sitio de noticias.Indicios de cargoEl reciente fallo del tribunal de alzada tuvo los votos en mayoría de los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun y, en minoría, del magistrado Eduardo Farah. "Las hipótesis que conforman el objeto de esta causa se han cimentado en múltiples indicios que construyeron la imputación. Es precisamente sobre ellos que las defensas guardan silencio, pretendiendo limitar el debate al confronte entre el estudio del Cuerpo Médico Forense y el informe presentado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) para omitir pronunciarse sobre cualquiera de todas las otras constancias materiales que, de idéntico peso indiciario, fueron valoradas en el auto de mérito y ampliadas en el pronunciamiento que se examina", sostuvo el juez Irurzun en su voto.
Confirmaron procesamientos a exfuncionarios, empresarios y dos firmas constructoras en una causa por sobornos en obras viales
La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de once personas y dos empresas constructoras en una causa que investiga sobornos, fraude al Estado y falsificación de documentos en la que están involucrados exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).Los procesamientos fueron dispuestos por el juez federal Sebastián Casanello. Firmaron el fallo de la Cámara Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico (que hizo un voto propio).Un dato central de este expediente es que se procesó a dos sociedades anónimas (y no solo a sus representantes). Son Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A. Se trata de una de las primeras investigaciones que aplican la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017, en un caso de sobornos. Casanello ya había procesado a los principales imputados, pero el 7 de septiembre pasado, la Sala II de la Cámara Federal había revocado esa decisión y le había ordenado al juez "evaluar nuevamente" los pedidos de medidas de prueba de las defensas. El juez relató en su fallo que dispuso nuevas medidas (incluidos peritajes, informes técnicos y declaraciones de testigos), afirmó que esos elementos "echaron luz sobre los interrogantes planteados", volvió a procesar a los acusados alcanzados por su fallo anterior y sumó a nuevos procesados.Esta vez, la Cámara confirmó lo decidido por Casanello y dejó a los acusados (incluidas las empresas) a un paso del juicio oral.Los camaristas Irurzun y Farah dijeron: "La incorporación de nuevos elementos a la causa permite superar el déficit del cuadro preexistente y afirmar provisoriamente la existencia de los hechos y la asignación de responsabilidades, pues son diversos los indicios que -sumados a la prueba ya existente- refuerzan las sospechas sobre las distintas aristas concatenadas del evento (el falseamiento, el fraude y los sobornos)".En cuanto a las empresas, Farah e Irurzun sostuvieron que los beneficios de los presuntos delitos no fueron sólo para los empresarios, sino también para las compañías. Afirmaron: "Las comunicaciones frecuentes entre los directivos de las firmas contribuyen también a presumir que no se trató de eventos que no se gestaran y beneficiaran a título exclusivamente personal de las más altas autoridades, sino que hubo un determinado nivel de anuncia y beneficio de la sociedad como tal". Los camaristas destacaron "la organización defectuosa" de las empresas, por ejemplo, en cuanto a "la ineficacia de sus programas de integridad".La historia del casoLa causa se inició el 18 de diciembre de 2017 por una denuncia del entonces Administrador General de la DNV, Javier Iguacel, contra funcionarios del organismo que debían supervisar la ejecución de obras viales en Córdoba y Buenos Aires. Los hechos bajo investigación sucedieron en 2017 y 2018.En esta causa fueron determinantes los testimonios de dos agentes estatales: una auditora que inspeccionó las obras y advirtió que se estaban pagando trabajos no hechos (pese a que, según pruebas reunidas en el expediente, intentaron engañarla escondiéndole datos y borrando de urgencia información para que ella no la viera) y un supervisor de obra de Vialidad a quien -de acuerdo con su relato- su jefe quiso convencer de que se sumara a la maniobra, pero él se negó.El jefe en cuestión es Guillermo Crisci, que aparece vinculado a los tres hechos que se investigan en esta causa. Los dos primeros son por presuntos pagos indebidos a empresas a cargo de obras en la Ruta Nacional N° 19, en Córdoba, en el tramo II: "Cañada Jeanmarie-Arroyito" y en la misma ruta, en el tramo siguiente: "Arroyito-Río Primero". El tercer hecho es un supuesto pedido de sobornos a otros contratistas a cambio de facilitarles el desarrollo de los trabajos de construcción que estaban haciendo en la obra vial ejecutada en el tramo Pergamino-Fontezuela de la Ruta Nacional N° 8.Las presuntas maniobras vinculadas a las obras en la Ruta 9 consistían fundamentalmente en hacer terraplenes más bajos que lo que declaraban. El Estado, entonces, pagaba de más y las empresas retribuían con "retornos" a los funcionarios. ¿Cómo lo hacían? Contratando a otras empresas que eran de prestanombres de los funcionarios en cuestión -una de ellas, la mujer de Crisci-, según la hipótesis que sostuvo Casanello en su fallo, firmado el 13 de diciembre pasado."Bajamos los perfiles y nos repartimos la plata. Vos confiá en mí. Te vas a llenar de plata", le habría dicho Crisci al supervisor de obra que debía fraguar el documento que consignaba la altura del terraplén. Crisci, que lo había designado en el puesto, disconforme porque su empleado no quería sumarse, le habría dicho -según declaró el testigo-: "Así como te puse, te saco".La lista de los procesados incluye a los exfuncionarios Crisci (excoordinador ejecutivo de la Dirección de Obras de Casa Central de la DNV), Fernando Mardiza (supervisor) y Ernesto Leal (topógrafo, que a diferencia de los otros dos exfuncionarios, no fue procesado por cohecho sino solo por fraude y falsificación de documento). También incluye a tres directivos de las empresas constructoras (Gabriel Pedro Losi, Maximiliano Pietroboni y Jorge Horacio Fernández), a las dos personas jurídicas, a trabajadores de menor rango dentro de las empresas y a quienes actuaron como presuntas "personas interpuestas" de los funcionarios en el cobro de las dádivas, incluidas las esposas de Mardiza y Crisci.Casanello procesó a Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y a Luis Losi S.A. por el delito de cohecho activo y ordenó trabarles un embargo de $632.381.436,96.El juez hizo alusión en su fallo a las particulares características de los casos de corrupción y cómo deben investigarse. "Las investigaciones de delitos de corrupción demandan la tarea de hilar una sucesión de circunstancias fácticas (previas, contemporáneas y sucesivas al hecho delictivo) que inicialmente, vistas en forma individual, pueden parecer inconexas e incluso lícitas. No obstante, sometidas a un abordaje sistémico que contemple detenida y exhaustivamente las distintas aristas del caso, permiten develar un trasfondo de intereses espurios alineados a partir de la coordinación de aportes fragmentados, atendiendo a las privilegiadas posiciones que ocupan los actores involucrados, tanto dentro de la administración pública como desde el sector privado", afirmó el juez.Según Casanello, "detener el examen en esa mera superficialidad asegura el fracaso de toda investigación sobre este tipo de criminalidad compleja" y "lo mismo cabe decir en relación a la responsabilidad de las personas jurídicas y sus sistemas de compliance, donde el análisis no puede reducirse a la sola existencia de procedimientos y rituales".El juez destacó además que "la mecánica de los hechos de corrupción" investigados en esta causa tiene muchas semejanzas con las otras investigaciones de criminalidad compleja que "tuvieron como principales actores a altos funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (designados a lo largo de diferentes gestiones)". Esto, a su juicio, revela "posibles problemas estructurales y fallas en la prevención" de los delitos en la órbita de Vialidad.
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