procesamiento
Quedó firme el procesamiento de un ex funcionario de AFIP acusado de omitir su participación en una offshore
La empresa en cuestión, creada por su esposa, fue detectada por la investigación periodística internacional conocida como "Pandora Papers"
"Por el pancho y la coca". La categórica definición de un fiscal tras el procesamiento firme de un colega y un exjuez
En la frontera caliente entre Bolivia y la Argentina, los límites suelen ser difusos y porosos. Tanto como puede serlo, en ocasiones, la relación entre los criminales y los operadores judiciales que deben perseguirlos y castigarlos. En las últimas horas, la Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos del exjuez Raúl Reynoso y del fiscal federal de Orán, José Luis Bruno, acusados de haber cobrado una coima de 150.000 dólares a un narco. Quien los delató a los tres es un traficante de origen sirio que declaró como imputado colaborador.Reynoso, al que la expresidenta Cristina Kirchner había sido considerado un "paladín de la guerra contra las drogas", ya tiene una condena confirmada de 13 años de cárcel por favorecer a narcotraficantes con sus resoluciones en el juzgado de San Ramón de la Nueva Orán, al que debió renunciar en 2016; desde octubre pasado está excarcelado. Bruno, en cambio, sigue en su cargo en aquella ciudad del norte de Salta. Ahora, tras la confirmación de los procesamientos dictados sobre ambos en marzo pasado por el juez federal Julio Bavio, la Cámara envió los antecedentes del caso a la Procuración General de la Nación para que evalúe la viabilidad del juicio político con fines de destitución, para poder enfrentar un juicio oral.Como sea, el fiscal federal Carlos Amad, que impulsa la acción contra el exjuez y su colega, anticipó que, tras la resolución de la Cámara, espera recibir el expediente para trabajar en el dictamen que sustente el requerimiento de elevación a juicio. Y aprovechó para definir, sin tapujos, como un "problema ético y moral" el hecho de que haya funcionarios judiciales que aceptan dinero del crimen organizado."La Justicia se ha vuelto permeable a los embates económicos del narcotráfico o de otro tipo de delitos. Hay un problema ético y moral de formación, porque, evidentemente, con las responsabilidades que tenemos los jueces y fiscales, y por lo que nos pagan bien, venderse, traicionar los juramentos y exponer a la familia por un pancho y una coca es tremendo", dijo Amad en una entrevista con el programa Algo Personal, de FM Noticias 88.1, de Salta. Más allá del sarcasmo... 150.000 dólares bastarían para comprar 150.000 de esos tentempiés.Mientras, Amad participa de las audiencias de revisión para que un nuevo tribunal reinicie el proceso contra Reynoso en la causa en la que fue absuelto por el beneficio de la duda por el presunto cobro de coimas de Reynaldo Delfín Castedo, el Patrón del Norte. Espera que un nuevo tribunal oral dicte un fallo que se ajuste al pedido que había hecho en 2020: diez años de prisión.Diez años es, también, la pena que pedirá para Reynoso y Bruno en caso de que llegue a la instancia de juicio oral el caso iniciado tras la delación premiada del traficante sirio Barakat Barakat, que como "imputado colaborador" declaró que el exjuez y el actual fiscal le cobraron 150.000 dólares al narco René Antonio Arancibia, alias Choco, para "arreglar" sus problemas con la ley, que no eran otra cosa que la intercepción de un cargamento de casi 100 kilos de cocaína.Los dos acusados niegan haber pedido o recibido dinero al contrabandista de drogas, que también desmiente haber pagado esos "servicios". El fiscal Bruno le echó la culpa a Barakat, de quien dijo que su declaración como "arrepentido" era, en realidad, una represalia porque él venía investigando a su esposa, y también cargó contra el propio Reynoso, a quien acusó de atiborrarle la fiscalía de cientos de escritos diarios para que no pudiera abocarse a investigar correctamente. El Choco Arancibia dijo ser un simple agricultor -aunque en la audiencia ante los fiscales no tuvo más que admitir que tenía antecedentes por drogas- y afirmó que el traficante sirio y el abogado Arsenio Eladio Gaona lo extorsionaban para quedarse con su campo en Yacuiba. Reynoso, en tanto, sostuvo en su descargo: "Para suerte o para desgracia de Bruno, vamos abrazados, porque la situación de ambos es similar". Y cargó contra quienes lo secundaban en el estratégico juzgado federal de la frontera norte del país.Sin embargo, la Cámara dictó el sobreseimiento del secretario del juzgado, Gustavo José Adad, a quien Reynoso había acusado de "mentir en su declaración para "salvar su responsabilidad". El tribunal de alzada también dictó la falta de mérito de Luis Francisco Valencia, secretario letrado de la fiscalía de Bruno.La delaciónComo publicó el portal de investigaciones Encripdata, "la investigación contra el exjuez y el fiscal comenzó en 2021, cuando el narcotraficante de origen sirio Barakat Barakat declaró como imputado colaborador. Para ese momento, el 'arrepentido' se encontraba cumpliendo condena en la cárcel federal de Güemes; un tribunal de Catamarca lo había sentenciado en 2018 a 12 años de prisión por el tráfico de 85,520 kilos de bicarbonato de sodio, 80 kilos de lidocaína y 31 kilos de cafeína, todos precursores químicos para la producción de cocaína".Ante la Justicia, entonces, Barakat denunció que años atrás había actuado como "intermediario" del Choco Arancibia para resolver sus problemas en los tribunales de San Ramón de la Nueva Orán.Se refería al operativo del 29 de octubre de 2011. A la altura del peaje Cabeza de Buey, poco antes de la rotonda en que la ruta nacional 9 se transforma en la 34, efectivos de la Gendarmería frenaron una pick-up Fiat Strada Adventure, conducida por Martín Miguel Weber. En la caja de la camioneta había 93 kilos de cocaína. No fue magia: los gendarmes llevaban dos años tras el Choco Arancibia, tras recibir una denuncia anónima. Escuchas telefónicas revelaban que esa carga tenía como destino Brasil.En su declaración como "colaborador", Barakat denunció que, tras la pérdida del cargamento, Arancibia aceptó pagar 130.000 dólares a Reynoso. Él se llevaría 20.000 "verdes" por sus servicios de lobby. Pero hubo un inconveniente: Weber habló y delató al líder de la organización. Entonces, el abogado Gaona, actuando como intermediario desde otra punta, le advirtió al traficante sirio que Choco Arancibia también iba a tener que desembolsar dinero para pagarle a Bruno. El argumento era verosímil: como el fiscal 'estaba al tanto de la situación' tras aquella delación, había que «arreglar con él'; caso contrario, Reynoso no iba a poder excarcelar al chofer narco. Por eso, dijo Barakat, sus 20.000 dólares fueron a parar a manos de Bruno y a él le prometieron compensarlo con un auto.Según se publicó en Encripdata, "para determinar si lo declarado por Barakat era creíble, los fiscales federales Amad, Eduardo Villalba y Diego Iglesias (jefe de la Procunar) revisaron el expediente por la incautación de los 93 kilos de cocaína en la ruta".Advirtieron que "al principio, sabiendo que les seguían los pasos, Choco y su hermano Héctor Arancibia solicitaron eximiciones de prisión a través de su abogada, María Elena Esper. El juez Reynoso hizo dos cosas: primero dispuso la falta de mérito de cinco de los seis imputados por asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos, y solo procesó al chofer, pero por el transporte simple de los 'ladrillos' de cocaína. Y después ordenó la captura nacional e internacional de los que consideraba jefes de la organización: los Arancibia".Entre el 17 de noviembre del 2011 y el 7 de diciembre del 2012, Esper solicitó cuatro veces la libertad ambulatoria de los Arancibia y todas las veces el juez Reynoso las rechazó, según el portal de investigación periodística. "Finalmente, Choco se presentó el 11 de diciembre del 2012 en el juzgado para ser indagado. Al momento de resolver la situación procesal, el por entonces juez Reynoso dispuso la falta de mérito sobre la asociación ilícita y lavado de activos y lo procesó únicamente por el transporte de los 93 kilos, pero en calidad de partícipe secundario por brindar un aporte no esencial para la consumación del hecho. En otras palabras: lo excarceló rápido. Arancibia estuvo solo diez días detenido", reveló Encripdata.Para los fiscales del nuevo caso, ese giro abrupto solo podía explicarse por el pago de una coima. Eso volvía verosímil lo que había declarado como "imputado colaborador" el traficante sirio "arrepentido".
Mientras le suelta la mano a Alberto Fernández, el peronismo calla sobre el procesamiento a Espinoza por abuso sexual
Casi todo el espacio peronista prefiere no pronunciarse sobre la denuncia por abuso contra el intendente de La MatanzaLas diferencias con las reacciones contra Alberto F.
El procesamiento de 4 exjefes de ETA por el atentado de Santa Pola, a expensas de Francia
Belliboni apeló el procesamiento por desvío de planes
El dirigente del Polo Obrero estuvo en los tribunales de Comodoro Py para apelar la medida del juez Casanello por una presunta maniobra defraudatoria en perjuicio de la administración pública, en el marco del manejo de planes sociales con fondos del Estado. Se trata de una ampliación de la declaración que ya había realizado el 11 de julio. El fiscal Pollicita insiste en que hay una "estructura piramidal" con prácticas "coactivas y extorsivas" con la gente que asistía o no a las marchas y movilizaciones de las organizaciones sociales. Leer más
"Te voy a pegar un tiro": confirmaron el procesamiento de un prefecto por amenazar a una subordinada en Corrientes
Según la marinera que denunció a su superior, el hecho ocurrió durante un servicio de guardia y fue precedido por malos tratos. Tanto el juez de primera instancia como la Cámara de Apelaciones encuadraron el caso con perspectiva de género
Eduardo Belliboni apeló el procesamiento en su contra y pidió que se anulen las declaraciones de los arrepentidos
El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, apeló el procesamiento dictado en su contra el lunes pasado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En un escrito presentado este viernes, pidió que la Cámara Federal lo sobresea y que anule las declaraciones de los testigos de identidad protegida y de los arrepentidos en la causa.Tres abogados se presentaron en defensa de Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero sostuvieron que el juez no tenía pruebas suficientes para procesarlos, embargarlos e inmovilizarles los bienes y que debió, cuanto menos, "ahondar profundamente en la investigación" porque lo que tiene hasta ahora solo demuestra -dijeron- "la ajenidad" de los acusados con las maniobras que se les imputan.El fallo que cuestiona Belliboni fue firmado por el juez federal Sebastián Casanello, que el lunes pasado señaló que hay pruebas suficientes para sostener que Belliboni desvió fondos recibidos por la Asociación Polo Obrero en el marco del Plan Potenciar Trabajo y que los destinó, al menos en parte, a financiar política partidaria de la agrupación que encabeza y del Partido Obrero.Según el juez, Belliboni y sus supuestos cómplices recurrieron a la presentación de facturas falsas y al uso de empresas fantasmas; sobre todo, Rumbos, que en teoría era proveedora de la Asociación Polo Obrero, pero -según el fallo de Casanello- en la práctica no era más que una "caja partidaria" usada para "dibujar" gastos y canalizar fondos.Según los abogados de Belliboni y sus coprocesados, "la arbitrariedad del decisorio es ostensible" y fue dictado en el marco de "una causa mediática, promovida por el gobierno de turno [la denuncia que dio origen al caso la presentó el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich]" y plagada de irregularidades.Los defensores se quejaron, entre otras cosas, de que se les hubiera allanado el estudio jurídico cuando estaban preparando la defensa para este caso, después de muchos días de no haber podido ver la causa porque estaba en secreto. "Además de invadir la intimidad propia de la estrategia defensista, se obstaculizó la preparación de la defensa: fue un día de trabajo perdido", se quejaron. Relataron además que pidieron más tiempo para prepararse para las indagatorias y el juez se los negó. El inmueble donde funciona el estudio jurídico fue allanado porque era el domicilio legal de Rumbos, una sociedad que según el Polo Obrero era proveedora suya, pero que, para el juez, fue sólo un instrumento para desviar fondos.El escrito de apelación, los defensores sostuvieron: "Rumbos no es el Partido Obrero. Rumbos es una empresa editorial que desarrolla su actividad comercial hace décadas". Dijeron que publicó "decenas de libros y revistas, y 1620 números de un periódico semanal con tirada a nivel nacional llamado 'Prensa Obrera".Los abogados se quejaron además de que el juez "interrumpió la libre exposición de Belliboni" durante su indagatoria y cuestionaron que no estuvieran subidas al sistema informático todas las pruebas del caso. Además, dijeron que hubo declaraciones que no pudieron presenciar; incluídas las de algunos testigos y de los arrepentidos. "Es cierto que los testimonios recibieron reserva de identidad, pero ello no obstaba a que esta defensa pudiera estar en las audiencias tomando los recaudos que el juzgado considerase necesarios para resguardar la identidad de las personas; y en ese acto poder controlar la producción de la prueba y formular preguntas -afirmaron-. Incluso, quedaba un camino intermedio para resguardar nuestro derecho: el juez podría haber solicitado a esta parte que presente un pliego de preguntas por escrito."Según los defensores, "el único remedio posible, a fin de resguardar derechos de índole constitucional es decretar su nulidad, y excluirla como prueba de cargo". También pidieron que se declarara la nulidad de las declaraciones de tres arrepentidos, imputados que hicieron un acuerdo de colaboración con el fiscal Gerardo Pollicita.Los defensores se quejaron además de que Casanello los procesó cuando ellos habían pedido volver a declarar y cuando quedaba "prueba pendiente" de producción. El juez, en su procesamiento, hizo alusión a esos pedidos. Dijo que no había hechos nuevos por los que los acusados debieran responder y que podrían hacer aclaraciones por escrito tantas veces como estimaran oportuno.Esta mañana el fiscal también apeló el fallo de Casanello y pidió que se agravara el procesamiento de Belliboni.Otros argumentos de la defensaLos defensores de Belliboni y otros imputados del Polo Obrero sostuvieron también que no es cierto que los beneficiarios de los planes sociales que ellos controlaban no cumplieran con las contraprestaciones exigidas y enumeraron una gran cantidad de obras que se realizaron. Dijeron que una demostración de que ellos no extorsionaban a la gente es que el Gobierno habilitó a que los beneficiarios de los planes cambiaran de "unidad de gestión" (Polo Obrero era una) y la "gran cantidad" que "se sumaron voluntariamente al Polo Obrero creció exponencialmente".Dijeron también que recurrían a cheques para mover el dinero porque no había ningún impedimento para hacerlo (según el juez, era para evitar la "trazabilidad" de los fondos) y que las supuestas irregularidades con las facturas no eran tales. Alegaron que muchas tienen la misma fecha porque era habitual que "una vez cumplida la totalidad de las entregas, recién ahí se facture todo" y que, por eso mismo, en una misma facturación podía haber productos más caros y más baratos (porque en realidad habían sido entregados en diferentes fechas y los precios cambiaban).También dicen que hay declaraciones de testigos que fueron sacadas de contexto. "Las citas [en las que una persona decía] 'que tenía que ir a marchar', ya que si no lo hacía 'podía perder el plan', está extraída de un contexto donde relata una charla de concientización política sobre la necesidad de marchar para mantener el plan y la comida, ante la amenaza clara de los gobiernos de turno de quitarlos.Según Casanello, en cambio, el desvío de fondos está acreditado y "no fue inocente ni accidental, sino planificado y dirigido hacia una finalidad en particular: financiar la actividad político-partidaria de la agrupación" en alusión al Polo Obrero.
Fernando Espinoza apeló su procesamiento por abuso sexual recurriendo a datos de la vida privada de la víctima
El intendente de La Matanza presentó ante la Cámara del Crimen un recurso para que su procesamiento sea revisado por la Cámara de Casación Nacional. En su apelación, busca desacreditar a la víctima, metiéndose con la vida de la familia de Melody Rakauskas, aludiendo a una "red de prostitución", y pidiendo que le realicen otro examen psiquiátrico. Mientras la querella pidió ir directamente a juicio oral.
Causa piqueteros: Eduardo Belliboni dijo que el procesamiento en su contra tiene "carácter político", cruzó a Bullrich y se definió como "enemigo de Milei"
El líder del Polo Obrero adelantó que apelará el fallo del juez Sebastián Casanello.Está acusado de desviar fondos recibidos del Plan Potenciar Trabajo.
La Audiencia Nacional cita a 'Txapote' para hoy para comunicarle su procesamiento por un asesinato de 1997
La Audiencia Nacional cita a 'Txapote' para mañana para comunicarle su procesamiento por un asesinato de 1997
La Audiencia Nacional cita a 'Txapote' este miércoles para comunicarle su procesamiento por un asesinato de 1997
La citrícola San Miguel inauguró dos plantas industriales para el procesamiento de limón
La citrícola San Miguel dio un nuevo paso dentro de su plan de reconfiguración de negocio. Dos años después de anunciada la venta de parte de sus operaciones en Perú y en Sudáfrica para focalizarse en la producción de derivados del limón, la compañía de origen nacional cortó ahora las cintas de dos nuevas plantas industriales en el exterior.A través de sus subsidiarias Samifruit Uruguay y San Miguel Natural Ingredients, San Miguel inauguró las instalaciones en Paysandú (Uruguay) y en Coega (Sudáfrica), respectivamente. Así lo informó mediante un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores.De acuerdo con el documento, ambas instalaciones cuentan con estándares tecnológicos de procesamiento de limón de última generación, y tienen la finalidad estratégica de desarrollar productos industriales en diferentes zonas geográficas con el objeto de abastecer a clientes clave en todo el mundo."La inauguración de estas plantas significó dar continuidad al proceso comenzado en los últimos años en el marco del proyecto tendiente a reconfigurar la estrategia del negocio a largo plazo, aumentando la capacidad de producción global, con un enfoque de alto valor agregado en el desarrollo de proyectos industriales basados en ingredientes naturales", aseguraron desde la firma, presidida de Gonzalo Tanoira.De acuerdo con proyecciones de la compañía, la planta de Uruguay procesará más de 60.000 toneladas de limón durante 2024, destinados a producir aceite esencial, jugo concentrado y cascara deshidratada de limón. A su vez, el objetivo final es que la producción escale a las 100.000 toneladas en 2027. El proyecto demandó un desembolso cercano a los US$33,6 millones, que se suma a las inversiones en plantaciones desarrolladas desde 2014, y arroja un total de US$75,2 millones en el país. Este iniciativa tuvo origen en un acuerdo con la empresa Azucitrus, que incluyó la adquisición de la planta de procesamiento de fruta cítrica Novacore.En tanto, para el proyecto en Sudáfrica, San Miguel sumó al African Pioneer Group como socio. Inicialmente, en septiembre de 2023, este aportó US$13 millones.Estas instalaciones se suman a la planta industrial históricamente ubicada en Famaillá, en la provincia de Tucumán. Actualmente, la compañía cuenta con más de 3770 hectáreas productivas con más de 2,2 millones de árboles, que dan lugar a una cosecha anual de 2.300 millones de limones, y una capacidad de procesamiento de 350.000 toneladas en la Argentina y en Uruguay.San Miguel dispone de alrededor de 200 clientes en más de 50 países, entre los que figuran gigantes como PepsiCo, AB Inbev, Cargill, DuPont y Danone. Según datos de la compañía, su negocio representa el 16% del procesamiento global de limón y su objetivo es ampliar la participación al 20% con las dos nuevas plantas: su capacidad total de molienda crecerá un 60%.Fundada en 1954, San Miguel es propiedad de las familias Miguens-Bemberg y Otero Monsegur. En 1962 la firma inauguró su primera planta de envasado y un lustro después concretó su primera exportación de cáscara deshidratada, a la que le siguió en 1973 la llegada al mercado internacional de fruta fresca y la instalación de oficinas en Buenos Aires. En 1997, San Miguel salió a la Bolsa de Buenos Aires e instaló su planta en Famaillá. En la década del 2000, expandió sus operaciones a Uruguay y a Sudáfrica para luego, en 2017, dar un paso en Perú. Finalmente, en 2022, marcó su salida del negocio de fruta fresca en Perú y en Sudáfrica -vendido a la española Citri & Co- y encaró una fuerte transformación del negocio.
Destrozos en el Congreso: confirmaron el procesamiento con prisión preventiva para dos manifestantes
"No hace falta demasiado esfuerzo argumental para advertir que no hay ningún vínculo entre el derecho a protestar y conductas delictivas", dijo uno de los jueces de la Cámara Federal. Otras dos personas fueron procesadas pero, seguirán en libertad
Pese al procesamiento por abuso sexual, Fernando Espinoza fue reelegido al frente de la Federación Argentina de Municipios
La situación judicial del jefe comunal de La Matanza no hizo mella en los intendentes del PJ, que lo ratificaron para continuar al frente de la entidad. Desde 2022 que está a cargo de la conducción del órgano representativo de las comunas
Revocan el procesamiento de Bacigalupo, el expolicía que entregó los cuadernos de las coimas
La Cámara Federal revocó el procesamiento de Jorge Bacigalupo, el expolicía que le entregó los cuadernos de las coimas a LA NACION y que disparó la investigación posterior. Bacigalupo estaba acusado de alterar la escritura de los cuadernos, pero el tribunal declaró su falta de mérito y señaló que es el juicio oral y público contra Cristina Kirchner y el resto de los empresarios y exfuncionarios acusados donde debe analizarse si hay alteraciones en esas pruebas que relatan el circuito de pagos de sobornos para mantener contratos de obras públicas.La decisión de dictar la falta de mérito de Bacigalupo fue de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, los tres con sus propios argumentos. La decisión le quita una argumento a los abogados de los empresarios que confesaron haber pagado sobornos y a los que no lo admitieron, que pensaban usar este procesamiento para cuestionar el contenido de todos los cuadernos.Los cuadernos de las coimas son un registro que realizó el chofer del ministerio de Planificación Oscar Centeno de los viajes que realizó con el funcionarios de esa cartera para recoger bolsos con coimas que pagaban empresarios de la construcción para mantener sus contratos con el Estado durante el kirchnerismo. Algunos de los viajes terminaban en el departamento donde vivía Cristina Kirchner y donde eran recibidos por el exsecretario de los Kirchner Daniel Muñoz, que murió con propiedades por más de 70 millones de dólares en Estados Unidos.Los cuadernos llegaron a manos del periodista Diego Cabot de LA NACION por parte de Bacigalupo, un amigo a quien Centeno se los entregó para que los tuviera en su poder. Cabot y un equipo de periodistas corroboraron el contenido de los cuadernos y publicaron la investigación. En paralelo se abrió una causa penal donde muchos empresarios admitieron haber realizado pagos al declarar como arrepentidos, y hoy junto con Cristina Kirchner y otros exfuncionarios, incluidos Roberto Baratta, José López o Julio De Vido están a la espera del juicio oral. Son 161 imputados en total. Parte de los empresarios dijo que no pagó coimas, sino que hizo aportes de campaña y evitaron el juicio.Uno de los empresarios acusados, Armando Loson, entendió que había alteraciones en la escritura de los cuadernos y mandó a realizar un peritaje. Con este estudio planteó una denuncia en una causa paralela. El juez Marcelo Martínez de Giorgi activó el expediente, encargó un peritaje oficial y determinó que hubo alteraciones en el cuadernos 7 y en el cuaderno 4. Se ven alteraciones en la dirección "Alem 855â?³, en la palabra "Armando" y en la anotación "Ing. Ferreyra". Supuestamente estas sobreescrituras realizadas luego de corregir con liquid paper se hicieron para complicar a Loson y Ferreyra, dice la defensa de Loson, a cargo de Carlos Indalecio Vela.Martínez de Giorgi procesó a Bacigalupo por encubrimiento agravado y falsificación de documento público porque entendió que el peritaje determinó que era el autor de esas alteraciones. Loson fue admitido como querellante. Pero Bacigalupo apeló.Ahora la Cámara Federal revocó su procesamiento y dictó su falta de mérito. Los argumentos de los jueces para desarmar la acusación fueron diversos.Llorens directamente no se metió en si había o no falsedad documental. Denunció que mediante una causa paralela se buscaba incidir en la prueba de un juicio oral en proceso de organización y que es ahí donde debe debatirse la prueba, máxime que es la prueba clave. "Entrar en esa discusión es continuar un juego que no solo carece de sentido; antes bien, resulta incorrecto. Transitar esa senda, en esta instancia, invadiría el ámbito propio de la jurisdicción que tiene el tribunal de juicio sobre el análisis de los hechos de la causa "Cuadernos" desde su misma esencia, esto es, apuntando al corazón de la prueba que sostiene la acusación", dijo.Y criticó la intención de "retrotraer el debate a etapas pretéritas, conforme la conveniencia o el interés de una de las partes, forzando discusiones ya saldadas, para impedir la sentencia definitiva de un asunto", pues dijo que "constituye un exceso incompatible con la rápida, efectiva y debida administración de justicia"."Aparece muy diáfano entonces el intento del denunciante Loson de generar un contundente elemento de prueba para hacer valer en su estrategia de defensa en aquellas actuaciones al intentar desacreditar el valor convictivo de esos cuadernos. Y ello no puede tener otra utilidad -dañina desde ya- que derramar hacia este terreno un debate que debe darse en la otra causa, restando su valor a aquel proceso".Bertuzzi analizó el peritaje y dijo que los propios peritos señalaron sus limitaciones al haber sido efectuado sobre fotografías y no sobre los cuadernos originales. "Dadas las características propias del material debitado analizado, el estudio presentado no resulta idóneo para obtener de él conclusiones definitivas en uno u otro sentido", dijo. Y reclamó un peritaje sobre los cuadernos originales.Bruglia en el mismo camino sostuvo que "la pericia caligráfica efectuada en la causa no arriba a un dictamen concluyente", y señaló que "si bien los expertos infieren que formalmente surge la intervención del nombrado [Bacigalupo] en la confección de las leyendas agregadas y enmendadas en los cuadernos en cuestión, aclaran que esta afirmación se efectúa con ciertas limitaciones relacionadas tanto con el material indubitado como el debitado".Estas falencias "impidieron obtener un marco pericial que permita afirmar de manera categórica la participación material del imputado en las grafías objeto de investigación". Con estas expresiones, los tres decidieron declarar la falta de mérito de Bacigalupo.
Revocaron el procesamiento del amigo de Centeno por manipular los cuadernos y ordenaron una nueva pericia
La decisión fue tomada en una causa paralela. La Cámara Federal ordenó profundizar la investigación y realizar un nuevo análisis sobre los originales
Denuncia contra Fernando Espinoza por abuso sexual: la Justicia confirmó su procesamiento y quedó al borde del juicio oral
El intendente de La Matanza había sido denunciado por su ex secretaria privada. Le dictaron un embargo de 1.500.000 de pesos. Leer más
Confirmaron el procesamiento por abuso sexual de Fernando Espinoza, intendente de La Matanza
La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual, confirmaron fuentes judiciales a LA NACION. Así, el jefe comunal quedó a un paso de ir a juicio oral.Los camaristas que confirmaron el procesamiento, que había sido apelado por la defensa del jefe comunal, son Rodolfo Pociello Argerich, Juan Cicciero y Ricardo PintoEl fiscal ante la Cámara del Crimen Mauricio Viera le había pedido al tribunal que apoyara la decisión original de la jueza de instrucción de la Capital Federal María Fabiana Galletti. Además de por "abuso sexual simple", Espinoza fue procesado por "desobediencia", por haber desoído la orden judicial de no contactar a la denunciante, quien relató que sufrió presiones de una expareja suya y también del propio intendente para convencerla de que retirara la denuncia. La jueza dispuso además un embargo sobre los bienes de Espinoza por $1.500.000.El Gobierno despidió a 5000 estatales en tres días y Milei desafía con más recortesLa prueba central contra el intendente es el testimonio de la presunta víctima, quien reveló que cuando ella empezó a trabajar en la secretaría privada de Espinoza, en abril de 2021, él le dijo que quería ir a la casa de ella para conversar cuestiones de trabajo. Según la denunciante, fue tres veces y la tercera, la noche del 10 de mayo de 2021, él se sacó los pantalones, avanzó con violencia sobre ella y la manoseó. Siempre según su relato, como ella se resistió, Espinoza finalmente dejó su casa enojado.Las antenas de telefonía celular confirmaron la presencia de Espinoza esa noche en las inmediaciones de la casa de la denunciante y ese es otro dato que la jueza dijo que evaluó para procesarlo, junto con un peritaje psicológico y el testimonio de la terapeuta de la mujer. Ninguno de esos elementos acreditan por sí mismo los hechos, pero la jueza entendió que son indicios que le permiten avanzar con la causa. Recordó que para dictar un procesamiento la ley no exige plena certeza, sino elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito y la culpabilidad del autor. También destacó que si bien la regla en materia penal es que en caso de duda hay que decidir en favor del acusado, en los casos de delitos sexuales se debe contemplar la dificultad probatoria dada por la naturaleza misma de este tipo de delitos, que suelen tener lugar en ámbitos de intimidad y confianza, exentos de las miradas de terceros.La denunciante grabó, además, conversaciones con Espinoza, que presentó en la Justicia. "Los dichos de la denunciante -dijo la jueza- además de no ofrecer reparos en orden a su credibilidad, cobran mayor relevancia no solo a partir de la prueba recolectada, sino también con el material que ella misma aportó y se encuentra incorporado digitalmente a la causa". Espinoza, finalmente, admitió en los tribunales que había estado en la casa de la denunciante la noche que ella dice que fue abusada por él. El intendente explicó que fue una visita de índole laboral y niega las acusaciones en su contra.La denunciante, que hoy tiene 35 años, se mudó en 2022 en La Florida, Estados Unidos, según consta en la causa. Su expareja, un hombre muy cercano a Espinoza, le pagó el pasaje para que dejara el país, según él mismo relató en la Justicia.Espinoza gobierna el distrito de mayor peso electoral de la provincia de Buenos Aires. Heredero político de Alberto Balestrini, transita su cuarto mandato al frente de la intendencia. Gobernó sin interrupciones entre 2007 y 2015, cuando lo sucedió la actual vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y regresó al municipio en 2019. En 2023 logró la reelección.
Confirmaron el procesamiento de Fernando Espinoza por abuso sexual y quedó a un paso de ir a juicio oral
Lo hizo la Cámara del Crimen en el caso en el que el intendente de La Matanza está acusado de abusar de quien era su secretaria privada. También se ratificó el delito de desobedecer una orden judicial
Confirmaron el procesamiento de Leandro Báez por la millonaria desaparición de lanas y se complica su situación
El hijo de Lázaro Báez está procesado por el faltante de 250.000 kilos de lana de oveja que produjo la empresa Austral Agro. Quedó al borde de un juicio oral
Muszak suma un nuevo procesamiento
La jueza Paula González, a cargo de la primera causa, lo procesó y embargó tras casi un año. El CEO de la fintech esta acusado por estafa y asociación ilícita.
Ratificado el procesamiento del socio de PwC en el Popular por falsedad contable y estafa
El PPdeG rechaza que Baltar deba renunciar como senador tras su procesamiento por el TS
El colorista que mató a su colega en la peluquería no apeló al procesamiento y va a juicio
Abel Guzmán permanecerá en prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra detenido desde que fue capturado. Leer más
La Fiscalía pidió confirmar el procesamiento de Fernando Espinoza y elevar la causa a juicio oral
El fiscal Mauricio Viera pidió al tribunal que también confirme el procesamiento del intendente de La Matanza. Consideró que testimonio de la denunciante alcanza como prueba del delito. Leer más
La fiscalía pidió confirmar el procesamiento por abuso sexual del intendente de La Matanza
El fiscal ante la Cámara del Crimen Mauricio Viera le pidió a ese tribunal que confirme el procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual, informaron fuentes judiciales a LA NACION.El intendente está acusado de haber sometido por la fuerza a "tocamientos impúdicos" a una secretaria privada, hace tres años, una noche, en la casa de ella.Los camaristas que deberán decidir si confirman el procesamiento son Rodolfo Pociello Argerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto. Fuentes judiciales precisaron que resolverán después del 19 de junio, que es la fecha que la Cámara puso como fecha límite para que las partes hagan sus presentaciones.El fallo que dispuso el procesamiento lo firmó la jueza de instrucción de la Capital Federal María Fabiana Galletti. Además de por "abuso sexual simple", Espinoza fue procesado por "desobediencia", por haber desoído la orden judicial de no contactar a la denunciante, que relató que sufrió presiones de una expareja suya y también del propio intendente para convencerla de que retirara la denuncia. La jueza dispuso además un embargo sobre los bienes de Espinoza por $1.500.000.La prueba central contra el intendente es el testimonio de su presunta víctima, que dijo que cuando ella empezó a trabajar en la secretaría privada de Espinoza, en abril de 2021, él le dijo que quería ir a la casa de ella para conversar cuestiones de trabajo. Según la denunciante, fue tres veces y la tercera, la noche del 10 de mayo de 2021, él se sacó los pantalones, avanzó con violencia sobre ella y la manoseó. Siempre según su relato, como ella se resistió, Espinoza finalmente dejó su casa enojado.Las antenas de telefonía celular confirmaron la presencia de Espinoza esa noche en las inmediaciones de la casa de la denunciante y ese es otro dato que la jueza dijo que evaluó para procesarlo, junto con un peritaje psicológico y el testimonio de la terapeuta de la mujer. Ninguno de esos elementos acreditan por sí mismo los hechos, pero la jueza entendió que son algunos de los indicios que le permiten avanzar con la causa. Recordó que para dictar un procesamiento la ley no exige plena certeza, sino elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito y la culpabilidad del autor. También destacó que si bien la regla en materia penal es que en caso de duda hay que decidir en favor del acusado, en los casos de delitos sexuales se debe contemplar la dificultad probatoria dada por la naturaleza misma de este tipo de delitos, que suelen tener lugar en ámbitos de intimidad y confianza, exentos de las miradas de terceros.La denunciante grabó además conversaciones con Espinoza, que presentó en la Justicia. "Los dichos de la denunciante -dijo la jueza- además de no ofrecer reparos en orden a su credibilidad, cobran mayor relevancia no solo a partir de la prueba recolectada, sino también con el material que ella misma aportó y se encuentra incorporado digitalmente a la causa". Espinoza finalmente admitió en los tribunales que había estado en la casa de la denunciante la noche que ella dice que fue abusada por él. El intendente dijo que fue una visita de índole laboral y niega las acusaciones en su contra.La denunciante, que hoy tiene 35 años, vive desde 2022 en La Florida, Estados Unidos, según consta en la causa. Su expareja, un hombre muy cercano a Espinoza, le pagó el pasaje para que dejara el país, según él mismo relató en la Justicia.Espinoza gobierna el distrito de mayor peso electoral de la provincia de Buenos Aires. Heredero político de Alberto Balestrini, transita su cuarto mandato al frente de la intendencia. Gobernó sin interrupciones entre 2007 y 2015, cuando lo sucedió la actual vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y regresó al municipio en 2019. En 2023 logró la reelección.
La oposición de La Matanza denuncia que Espinoza cometió otros delitos derivados de su procesamiento por abuso sexual
El exconcejal y excandidato a intendente de La Matanza Eduardo "Lalo" Creus (Juntos por el Cambio) denunció al intendente Fernando Espinoza por fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y coacción o amenazas, por hechos que se derivan del procesamiento por abuso sexual que pesa sobre el jefe comunal. También acusó, en la misma presentación judicial, al jefe de Gabinete municipal, Claudio Lentini.Según consta entre las irregularidades que denunció Creus en su presentación -la radicó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 31, de la jueza María Fabiana Galletti, quien procesó a Espinoza por abuso sexual-, la víctima, Melody Rakauskas, fue contratada por la municipalidad "de modo fraudulento", porque fue "en negro" y con identidad falsa (María Micucci).Además, puntualizó una "segunda irregularidad", al señalar en el escrito que, en la madrugada del 11 de mayo de 2021, cuando se habría producido el hecho de abuso, el jefe comunal concurrió al domicilio de Rakauskas en un vehículo con dos custodios armados. Por ello, indicó que "Espinoza se habría valido de recursos públicos para cometer delitos (móviles y recursos humanos del municipio o de a provincia de Buenos Aires)".Sobre Lentini, el denunciante explicitó que "habría procedido a tomar contacto con la víctima, con la finalidad de preparar el desistimiento de la denuncia, y liberar al hoy procesado intendente". Consideró que su accionar se encuadra en los delitos de "encubrimiento agravado" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".En la denuncia, Creus remarcó que la víctima habría sufrido amenazas de Espinoza y Lentini. "Menciona haber sufrido atropellos de un automóvil con intenciones de lastimarla o matarla. Situaciones todas que culminaron que el exilio de la Sra. Rakauskas en Estados Unidos", se indicó en el texto.Muta la sociedad y el Gobierno cambia de música"La causa evidencia dos cosas. Una, es el posible delito de abuso sexual. La otra, es lo que los matanceros sufrimos hace más de 20 años: el abuso de poder, la malversación de fondos públicos, la utilización de lo público en beneficio propio. Por fin, tenemos pruebas para poder denunciar este abuso de poder que fue usado para un delito aberrante. y tenemos la posibilidad de trascender la Justicia local, que es adicta al intendente", afirmó Creus a LA NACION.
La exjefa de ETA 'Anboto' se opone a su procesamiento por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco
"La damnificada sufrió tocamientos impúdicos sin su consentimiento": qué dice el procesamiento de Fernando Espinoza por abuso
Las conclusiones de los psicólogos que atendieron a la víctima, la ubicación del intendente en el lugar y audios son los aspectos más relevantes de la decisión judicial
La mayoría K rechazó un proyecto para que Fernando Espinoza se tome licencia hasta que se confirme o rechace su procesamiento por abuso sexual
Lo hicieron en el Concejo Deliberante de La Matanza ante un pedido de tratar el tema sobre tablas. La oposición insistirá con el pedido, dijo el ex candidato a intendente Lalo Creus.
La Cámara del Crimen ya tiene fecha para revisar el procesamiento de Fernando Espinoza por abuso sexual
Fijó el 19 de junio como plazo máximo para que la defensa del intendente de La Matanza ratifique la apelación. El tribunal deberá resolver si confirma la acusación, lo que dejaría al acusado cerca del juicio oral
Pidieron que Fernando Espinoza se tome licencia por su procesamiento, pero el reclamo no avanzó en el Concejo Deliberante
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, resistió el intento opositor por impulsar un pedido para que se tome licencia en su cargo hasta que se resuelva si situación judicial a partir de su procesamiento por abuso sexual. El proyecto, que tuvo apoyo parcial opositor y rechazo en el oficialismo, no consiguió los votos para ser tratado sobre tablas en el Concejo Deliberante local.El Concejo tuvo sesión este jueves. Desde el bloque de Juntos por el Cambio (que tiene seis integrantes), tres ediles firmaron un proyecto para pedir que Espinoza se tome licencia y que quede en su lugar la presidenta del cuerpo, Liliana Yambrún. Pero la iniciativa no reunió los dos tercios de los votos, necesarios para habilitar el tratamiento de un proyecto sobre tablas, por lo que quedó entre los temas que deberán discutirse en comisiones para, luego, llegar al recinto. El oficialismo cuenta con 13 concejales sobre los 24 del cuerpo.Revelan en España que la embajada argentina avisó por escrito que el viaje de Milei a Madrid era "una visita privada""Debido a la situación judicial del señor intendente Fernando T. Espinoza resulta imprescindible hacer uso de licencia sin goce de sueldo hasta tanto se esclarezcan los hechos que motivan la denuncia y concluya la investigación, ya sea por condena, falta de mérito o sobreseimiento simple", se solicita en el proyecto que no avanzó este jueves en el Concejo. Lo firman los concejales Mirta Ferreira, Cecilia Zacarías y Javier Ferreyra. No lo rubricaron los otros tres ediles de Juntos por el Cambio: Héctor "Toty" Flores, Jorge Lampa y María Laura Greco. Desde este sector indicaron que no habían debatido internamente el tema.Además del bloque de Juntos por el Cambio, en el Concejo Deliberante de La Matanza tiene representación La Libertad Avanza (con tres concejales) y el Frente de Izquierda (dos)."Lamentablemente, los números de la mayoría a favor del intendente operaron en el mismo sentido que la bancada de Unión por la Patria en el Congreso y rechazaron el tratamiento del proyecto, en labor parlamentaria. Va al proceso de comisiones. Se negaron a tratarlo sobre tablas", afirmó a LA NACION Eduardo "Lalo" Creus, exconcejal y excandidato a intendente por Juntos por el Cambio, referente de los ediles que firmaron la iniciativaCreus añadió que, desde 2021, cuando se conoció la denuncia contra Espinoza, pidieron dos veces "que el intendente y la secretaria de Género vinieran a dar información, para saber si esta joven había sido empleada del municipio".La semana pasada se conoció que Espinoza fue procesado por abuso sexual, acusado de haber sometido por la fuerza a "tocamientos impúdicos" a una secretaria privada, hace tres años, una noche, en la casa de ella. La víctima es Melody Rakauskas, quien denunció el hecho hace tres años. El martes, en un gesto de respaldo, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se mostró con él en una entrega de móviles policiales.Noticia en desarrollo
Audios, rastreos de GPS y denuncias de golpes, las pruebas del procesamiento del intendente K de La Matanza por abuso sexual que revisa la Cámara de Apelaciones
La sala VII del tribunal analiza las pruebas de la causa entre las que se encuentran fotos de moretones en las piernas de la denunciante y una tarjeta personal de Fernando Espinoza. La joven afirmó que el dirigente del PJ le pedía que le hiciera "masajes" e intentó bajarle los pantalones en una cena en su casa a la que se "autoinvitó". El alcalde negó los cargos.
Axel Kicillof se mostró con Fernando Espinoza tras el procesamiento del intendente por abuso sexual
LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó hoy al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en una clara señal de respaldo político tras el procesamiento del alcalde peronista por abuso sexual.Kicillof visitó el distrito más grande de la provincia, que aporta más cantidad de electores al peronismo, para dos actos de gestión: la entrega móviles a la guardia urbana municipal y la firma del pago de la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal.Espinoza fue procesado por la jueza de instrucción María Fabiana Galletti por el presunto delito de abuso sexual simple más desobediencia a una instrucción judicial de no contactar a la denunciante, una exsecretaria privada.La magistrada impuso sobre el intendente investigado un embargo preventivo de 1,5 millones de pesos mientras se determina su actuación en los delitos denunciados por la mujer, que fue funcionaria del intendente desde 2011.El intendente de La Matanza ya había participado de un acto por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal en el Teatro Argentino de esta capital, hace una semana. Hoy Kicillof y Espinoza se volvieron a ver en el polideportivo Alberto Balestrini, en la avenida general San Martín 3309 de La Matanza. La visita de Kicillof se concretó a menos de un día del procesamiento del intendente.Espinoza es un hombre fuerte en el armado de Kicillof, junto a la vicegobernadora Verónica Magario. Además de ser alcalde en La Matanza, es presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).De acuerdo a la denuncia, el supuesto delito habría tenido lugar en 2021, cuando el intendente se habría bajado los pantalones con frases insinuantes a la subalterna. El alcalde habría estado esa noche en las inmediaciones de la casa de la mujer, según un informe aportado por la empresa de telefonía celular que utiliza el mandatario.La denunciante tiene 35 años y hoy vive en Estados Unidos. Grabó conversaciones con Espinoza y las presentó en la justicia. "Los dichos de la denunciante- dijo la jueza- además de no ofrecer reparos en el orden de su credibilidad cobran mayor relevancia no sólo a partir de la prueba recolectada , sino también con el material que ella misma aportó y se encuentra incorporado a la causa", expresó Galletti al procesar al alcalde.Espinoza declaró en la causa el 30 de abril - de manera remota- y no logró detener la acusación en su contra. "El relato de la víctima asegurando haber sufrido tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin autorización se encuentra respaldado con las conclusiones de los especialistas en la materia que la entrevistaron durante el desarrollo de la pesquisa dando cuenta de los efectos producidos en ella a partir de los ocurrido", dijo la magistrada.
Expresidente del Popular Ángel Ron vuelve a recurrir procesamiento por estafa y falsedad
El Uscis anunció cambios en el procesamiento de un formulario: a quiénes beneficia
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por su sigla en inglés) es la agencia federal que supervisa los procesos de naturalización y solicitudes de visas para extranjeros en ese país. Además, también se encarga de dar actualizaciones periódicas sobre cambios en los trámites que impactan en miles de migrantes. Este martes, emitió un comunicado oficial en el que anunció una actualización en el procesamiento de un formulario.En abril, el Uscis había anunciado que centralizó el proceso de admisión del Formulario I-360, Petición para Amerasiático, Viudo o Inmigrante Especial y las solicitudes relacionadas bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA, por su sigla en inglés), para las autopeticiones de cónyuges, hijos y padres maltratados en el Centro de Servicio en Nebraska.Qué cambió en abril el Uscis y cómo impacta en los migrantesLa institución indica que, anteriormente, recibían y emitían los recibos de los formularios de casos VAWA en el Centro de Servicio en Nebraska y los transferían al Centro de Servicio de Vermont para completar el proceso de admisión. Posteriormente, enviaban por correo postal una notificación de transferencia al autopeticionario.Ahora, tras realizar diversos cambios más eficientes en el proceso de la admisión de las solicitudes, ya no es necesario transferir los casos VAWA al Centro de Servicio de Vermont, así como tampoco enviar una notificación de transferencia a los autopeticionarios.A través del comunicado publicado el 7 de mayo, el Uscis hizo énfasis en que esta actualización del proceso no afecta el lugar de presentación o la adjudicación del Formulario I-360 de autopeticionarios VAWA. "Los autopeticionarios VAWA deben seguir presentando el Formulario I-360 ante el Centro de Servicio de Nebraska", aclararon en un apartado de la página web Direcciones de Presentación del Formulario I-360.Además, indicaron que "los oficiales del Centro de Servicios para Asuntos Humanitarios, Ajustes, Eliminación de Condiciones y Documentos de Viaje de Uscis, que cuenta con capacitación especializada en VAWA, seguirán adjudicando estos casos".¿Qué es la Ley VAWA?Una persona puede ser elegible para convertirse en residente permanente legal de EE.UU. y obtener una green card bajo la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA) si es víctima de abuso o crueldad extrema cometidos por:Un cónyuge o excónyuge que es ciudadano estadounidense.Un padre que es ciudadano estadounidense.Un hijo o hija que es ciudadano estadounidense.Un residente permanente legal (LPR) que es su cónyuge o excónyuge.Un padre que es un LPR.En este trámite, el proceso lo puede empezar el afectado (autopeticionar) a través del formulario I-360, que es para el cual se anunciaron los cambios.¿Cuál es la función del Uscis?El Servicio de Ciudadanía e Inmigración asumió la responsabilidad de las funciones de inmigración del gobierno federal desde marzo de 2003. Fue creado con el objetivo de mejorar la seguridad y eficiencia de los servicios nacionales de inmigración, ya que se enfoca exclusivamente en la administración de las solicitudes.En la actualidad cuenta con 19.000 empleados gubernamentales y contratistas que trabajan en más de 200 oficinas en todo el mundo. De acuerdo con un reporte reciente, durante el año fiscal 2023, recibió 10,9 millones de casos nuevos y completó más de 10 millones de casos pendientes. A su vez, emitió más de 192 mil visas de inmigrante basadas en el empleo, entrevistó a más de 100 mil solicitantes de refugio y completó más de 52.000 casos de asilo
El líder de Los Monos sumó un nuevo procesamiento por vender drogas desde la cárcel de Marcos Paz
ROSARIO. El líder de Los Monos, Ariel "Guille" Cantero, y su sobrino Uriel sumaron un nuevo procesamiento a su extenso prontuario. Esta vez, por integrar, junto a otros familiares que estaban en libertad, una organización que se dedicaba a vender drogas desde el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, donde también planearon atentar con disparos desde un auto contra uno de los ingresos de la cárcel.El juez federal Nº2 de Morón, Jorge Rodríguez, procesó a los Cantero por seguir con el manejo de la venta de drogas desde la unidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en un lapso que la investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) precisa entre el 13 de noviembre de 2022 y el 22 de marzo de 2024.A raíz de este caso, hace dos semanas el mismo magistrado ordenó, tras un pedido de Diego Iglesias, titular de la Procunar, y el fiscal Sebastián Basso, restringir las condiciones de detención del líder de Los Monos y del hijo de Claudio "Pájaro" Cantero. Ambos solamente pueden utilizar el teléfono oficial del penal para hablar con sus abogados defensores y también se les aplicó una limitación en las visitas. Algo similar se resolvió con respecto a otro capo narco santafesino, Esteban Lindor Alvarado, que está preso en el penal de Ezeiza y está acusado de ser uno de los ideólogos -junto con Claudio "Morocho" Mansilla- de los crímenes que sembraron el terror en Rosario a principios de marzo pasado.Familiares "locutorio"En la investigación contra Guille Cantero y su sobrino se detectó que ambos usaban a familiares directos, con los que se comunicaban con el teléfono del penal, para triangular llamadas con otros miembros de la organización. En ese plano, se detectó que en enero de 2024, Débora Soledad Rivas, conocida como Sole, recibió una llamada desde la cárcel a nombre de Cantero. Dijo "ese es Guilleâ?¦ yo le uno las llamadas". El líder de Los Monos le pidió que le explique a la gente con la que debía contactarse con él que llamaran cada veinte minutos."Hemos de considerar que el uso indebido de las comunicaciones le permitió a Cantero hacer uso del teléfono de línea aportado por el Servicio Penitenciario Federal en pos de dirigir hechos intimidatorios", señala el fallo. El jefe narco usaba a aquella joven como una suerte de "locutorio", porque en realidad se comunicaba con otras personas con las que no tenía permitido hablar.En la causa se detectó que "Guille" y Uriel Luciano Cantero, este último conocido como "Lucho", impartieron las órdenes tendientes a llevar a cabo diversos delitos, entre los que se destacan el tráfico de estupefacientes y la intimidación efectuada el día 13 de noviembre de 2022 en inmediaciones del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.Según el fallo, los dos Cantero usaban a familiares y allegados, como Rivas, Triana Cantero, Yanina Rolón y Ezequiel Ligoria, como una especie de "locutorios vivientes". Triana y Rivas armaban la conexión de los Cantero con el resto de los integrantes de la banda que estaban detenidos o en libertad, y operaban en el manejo de los réditos económicos obtenidos de los negocios ilícitos. Triana Cantero, Yanina Rolón y Ligorio se dedicaban a vender la droga, de acuerdo con el procesamiento del juez Rodríguez.Esas maniobras de venta de drogas fueron acreditadas a partir de escuchas telefónicas y de los procedimientos efectuados el 6 y 8 de marzo de 2024 por los fiscales de Rosario. En esa ocasión se produjo el secuestro de 61 gramos de cocaína y 13,9 gramos de marihuana en poder de Triana Cantero, Rolón y Ligoria.Operaciones de larga dataSegún se desprende del fallo, los fiscales federales fueron comprobando cómo continuaba "la narcocriminalidad organizada intramuros en los establecimientos carcelarios a lo largo del tiempo", dado que "las medidas que se aplicaron a lo largo de los últimos años para su erradicación no resultaron suficientes" y que "a pesar de los esfuerzos adoptados, estas medidas fueron sistemáticamente transgredidas".Esta estrategia de conducir la banda criminal desde la cárcel es algo que Ariel Cantero hace desde hace años. En 2020, los investigadores detectaron que "Guille" había organizado al menos dos estructuras para la comercialización de estupefacientes desde la cárcel federal, y que el lugar de detención desde el cual habría llevado a cabo las actividades es uno de los tres de máxima seguridad que tiene el SPF, por lo que se entendió que las medidas adoptadas durante su alojamiento no dieron el resultado buscado.El 4 de marzo de año 2022, la Sala A de la Cámara Federal de Rosario, a instancia de los fiscales, ordenó la aplicación de varias medidas de seguridad dirigidas a evitar que el líder de Los Monos continuara realizando maniobras criminales desde su lugar de detención. En ese momento se ordenó su alojamiento en un sector que impedía el contacto con otros internos vinculados al narcotráfico o crimen organizado. También se dispuso el control de los abonados con quienes mantenía comunicaciones telefónicas, con limitación de horario. Y, además, se dispuso la realización de requisas aleatorias cada 14 días para constatar que no tuviera celulares dentro de la cárcel. Pero Cantero logró sortear esas maniobras.Hace dos semanas, el juez Rodríguez dispuso que Cantero tendrá prohibidas las comunicaciones con el exterior y solo podrá mantener entrevistas con su abogado defensor. Esto era lo que había solicitado la Procunar en la causa en la que señaló que era necesario "aumentar las medidas de seguridad sobre las condiciones de detención" del líder de Los Monos y su sobrino.Según se plantea en la resolución judicial y en el pedido de los fiscales Iglesias y Basso, a los que tuvo acceso LA NACION, el refuerzo de restricciones busca "detener las interacciones indebidas con personas que operan bajo sus órdenes en el planteamiento y ejecución de actos de tráfico de drogas y de violencia, todo ello en un contexto de criminalidad organizada".