El abogado de la víctima afirmó que el imputado, quien admitió el ataque machista en la audiencia, es un "agresor serial", pues registra nueve procesos por violencia de género
El hombre, de nacionalidad ucraniana y residente en el Principado desde hace 30 años, también está acusado de omisión de socorro
La víctima del ataque machista será incorporada a la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos, mientras Jesús Vilela permanece detenido a la espera de que se evalúe el pedido de prisión preventiva
Hijastro de Marisel Linares se encuentra recluido desde febrero de este año por el proceso en el que se le imputan los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito
La defensa del senador no pudo entregar sus pasaportes dentro del plazo fijado por Alexandre de Moraes. Diputados del oficialismo brasileño pidieron su prisión preventiva y la inclusión de su nombre en la notificación roja de Interpol.
Tres legisladores del partido de Lula presentaron el pedido ante el juez Alexandre de Moraes. La Policía Federal brasileña investiga si el excandidato cruzó a la Argentina para volar a Estados Unidos desde Puerto Iguazú, algo que Migraciones descarta. Leer más
El juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, dictó la prisión preventiva de Ireneo Antonio Zarza y de Felipe Dionisio Sandoval como presuntos autores materiales del femicidio de Nanci Estela Godoy, la docente de 52 años que revistaba como directora en una pequeña escuela rural de la estancia El Curupí, del sur de Corrientes, y que está desaparecida desde hace al menos 18 días. Ya había hecho lo mismo con la pareja de puesteros que trabajaba en el lugar.Además, fuentes judiciales revelaron que en los últimos procedimientos en lugares relevantes del caso se encontraron prendas quemadas en la tapera que utilizaba Zarza, capataz del establecimiento usado en la explotación agropecuaria y como coto de caza. En el lugar, situado a unos 150 metros de la Escuela N° 626 del paraje El Malezal, donde Godoy prestaba tareas para un pequeño grupo de alumnos, hijos de los peones de la estancia, también se encontró un bozal.En cuanto a los procesamientos, fueron dictados ayer en una audiencia imputativa y registrados en la resolución N° 487. Con anterioridad, el juez Vallejos había tomado idéntica decisión con respecto a Rosa Leguizamón y Sergio Nahuel Rojas, ambos puesteros de El Curupí; él fue acusado de coautoría de femicidio y ella, por homicidio simple, en calidad de autora, según se informó.Así lo habían solicitado los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. Todos ellos permanecerán presos hasta la realización del juicio por el crimen, según se informó.Hay un quinto detenido: Ernesto Ezequiel Bordón, peón de la estancia, acusado de falso testimonio por las contradicciones en su declaración ante el fiscal Mosquera. Él fue el primero que habló del eventual asesinato de Godoy a manos de dos peones, aunque luego su abogado dijo que había dicho eso cuando era sometido a apremios ilegales por la policía de Corrientes.Nanci Godoy se comunicó por última vez con su familia el 7 de este mes: un mensaje de WhatsApp desde la escuela enclavada en la estancia de 12.000 hectáreas. Debía regresar a su casa en el acceso sur de la ciudad de Esquina el viernes 9, pero no lo hizo. Como el mal tiempo reinaba en la zona, y las lluvias solían hacer imposible el trayecto desde la escuela hasta el casco principal de El Curupí, no era inhabitual que la docente se quedara en la escuela; ese fin de semana, además, fue largo por el feriado del 12 de octubre.Pero al iniciar la semana sin noticias, y tras algunas averiguaciones realizadas por la propietaria de la estancia, Sebastián, el hijo de Nanci, radicó la denuncia el jueves 15. Ese día comenzó a moverse una maquinaria policial y judicial que, por el momento, avanzó en imputaciones, pero no logró resolver el misterio principal: ¿dónde está Nanci?
La audiencia para resolver la medida contra Alejandra Rojas Saldaña quedó programada para el lunes 26, mientras el Ministerio Público busca garantizar su comparecencia y la protección de Uwe Kindervater
La Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo presentó los elementos que permitieron iniciar los respectivos procedimientos judiciales contra los dos imputados.
La Justicia de Chubut ordenó la detención del bioquímico Miguel Edgardo Battista. La Policía rescató a su esposa y tres hijos en estado de desnutrición y hacinamiento tras el alerta de vecinos por olores nauseabundos en la vivienda. Leer más
El juez de Garantías de Esquina ordenó la medida sin plazo para Ireneo Felipe Zarza y Dionisio Sandoval, imputados por el presunto femicidio de la docente desaparecida desde principios de octubre en Corrientes. La investigación continúa en la zona del paraje El Malezal mientras se analiza el móvil del hecho. Leer más
El juez de la causa resolvió que Ramiro Mansur (52), Eugenia del Valle Quispe Gallardo (19), Emilce Chieto (36) y David Godoy (44) sigan presos por los femicidios de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).En el mismo fallo se dispuso la libertad por falta de pruebas de María Inés Olivera (70).Por el caso ya hay un total de 16 detenidos.
Gustavo Daniel Teren, titular de la agencia continuará encarcelado mientras avanza la causa en su contra. Hay hasta ahora 58 damnificados que se presentaron en la Justicia. Leer más
QUITO.- La Justicia de Ecuador dictó este viernes una orden de prisión preventiva contra la excandidata presidencial de izquierda Luisa González, por el presunto lavado de activos para el financiamiento de la campaña electoral de 2023.González, de 48 años, fue detenida el jueves para una audiencia de formulación de cargos en medio de una investigación sobre el origen de unos 500.000 dólares usados en publicidad electoral.El juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva, según indicó la Fiscalía en un comunicado en X, sin detallar las razones por las cuales la dirigente opositora estará detenida mientras es investigada y antes de que haya posibles condenas.González se declaró "perseguida política" del gobierno derechista de Daniel Noboa, según un audio de la audiencia publicado en las redes sociales de González. Allí se la escucha expresar su disposición al juez para "colaborar con la Justicia" y a la vez "exigir un trato justo"."Señor juez, es importante que usted sepa que es la segunda vez que a mí me allanan. En la primera vez que fui allanada, el 28 de enero, pude haberme ido. De ahí en adelante, y esto lo omite la señora fiscal, he salido varias veces del país. Y en todas, en todas he regresado", declaró la excandidata presidencial según el audio.González perdió frente a Noboa las elecciones anticipadas de 2023 y luego en 2025. Human Rights Watch (HRW) aseguró que sigue "con preocupación" el caso en medio de "un proceso electoral marcado por el cambio de fecha y la cancelación y suspensión de partidos".González pertenece a Revolución Ciudadana (RC), partido del expresidente Rafael Correa (2002-2017), prófugo de la Justicia y duro crítico de Noboa desde su exilio en Bélgica. La RC fue inhabilitada este año por una investigación por presunto lavado de activos y no podrá participar en las elecciones de alcaldes y prefectos a finales de noviembre.González, quien aspiraba a la prefectura de la provincia de Manabí, tampoco pudo presentase a los próximos comicios pese a que solicitó el auspicio de otro partido. El oficialista ADN y el derechista Creo presentaron una objeción a la candidatura y un tribunal electoral falló contra González.El caso LaberintoEn el denominado caso Laberinto que envuelve a González, la Fiscalía indaga el origen de recursos destinados a financiar su campaña electoral para las presidenciales de 2023, que se celebraron de manera anticipada.José Julio Niera, secretario general de la Administración y mano derecha de Noboa, dijo en un video que la hipótesis de la Fiscalía "apunta al ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela" para financiar la campaña presidencial de González.Según Neira, el detenido alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus empresas también están salpicados en esta trama. Álvarez fue condenado por comercialización ilegal de combustible subsidiado y por retirarse un dispositivo electrónico de vigilancia.En una carta en sus redes sociales, González dijo que tiene 19 procesos judiciales en su contra. "Esta dictadura basada en odio, destrucción y persecución se acerca a su ocaso", agregó, y pidió a sus simpatizantes rechazar a los candidatos del oficialismo en los próximos comicios.En 2023, González perdió con el 48% de los votos frente a Noboa, hijo del hombre más rico de Ecuador y que ha impuesto un gobierno de mano dura contra el crimen. Noboa achaca al correísmo haber abierto la puerta al narcotráfico que ha convertido al país en una de las naciones más violentas de la región.González y Noboa volvieron a disputar la presidencia en 2025. La izquierdista cayó por unos 11 puntos porcentuales de diferencia.El juez también dictó la prisión preventiva del exlegislador Santiago Díaz, quien fue tesorero de la campaña y ya cumple otra condena, y de Wendy Onofre, dirigente de un movimiento político aliado. Dispuso asimismo presentaciones periódicas y prohibición de salida del país a otra implicada, Estefanía Molina, de la oficina de Díaz.Agencias AFP y AP
La Cámara de Apelaciones de Resistencia desestimó el planteo de la defensa y mantuvo la prisión preventiva. Todavía quedan pericias pendientes antes del juicio por jurados, mientras la familia de la víctima reclama que la acusada llegue detenida al debate. Leer más
La defensa pidió que la acusada espere el juicio en libertad y la querella advirtió sobre un posible riesgo de fuga. La resolución se comunicaría este jueves 22 de octubre. Leer más
La Fiscalía General de la República informó que lo imputaron por los delitos derivados de lo que le aseguraron durante su captura, ocurrida el pasado 17 de octubre en Mazatlán
El Gobierno de Giorgia Meloni aprobó un decreto de seguridad después de los disturbios del fin de semana, en los que la mayoría de los detenidos eran adolescentes. Enviará 500 militares a Milán. Leer más
ROMA.- "Manifestar es un derecho, devastar nuestras ciudades, no". Después de las "inaceptables" escenas de caos, enfrentamientos y saqueos que hubo el fin de semana en ciudades como Bolonia, Turín y sobre todo Milán, la primera ministra, Giorgia Meloni, anunció este martes un nuevo decreto ley que implica una mano especialmente dura contra los menores. Tal como se había anunciado, su consejo de ministros aprobó un paquete de nuevas medidas de seguridad que no sólo significaron una vuelta de tuerca en cuanto a la represión de los menores -inimputables cuando tienen menos de 14 años-, sino también, el envío de 500 militares a Milán, epicentro de la violencia de los últimos días. Si bien su gobierno de derecha hubiera querido darles a los militares poder de policía y arresto, finalmente debió dar marcha atrás: desde el Palacio del Quirinal, es decir, la presidencia de Sergio Mattarella, frenaron y corrigieron tal avance.En un video que posteó en sus redes sociales ni bien terminó la reunión de ministros que le dio luz verde al nuevo decreto, Meloni celebró el nacimiento de "un nuevo delito" que implica también a menores: la participación violenta en una manifestación."Si durante una marcha de protesta te unís a un grupo de 5 o más personas y comenzás a tirar piedras, petardos, palos, poniendo en peligro la seguridad de todos, arriesgas una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 20.000 euros", explicó, combativa y en modo campaña electoral en vista de las elecciones del año que viene. "Si llevabas el rostro cubierto o si causaste lesiones a alguien, la pena aumenta; lo mismo ocurre con las sanciones para quienes participan en actos de destrucción como parte de un grupo", ahondó, combativa.Manifestare è un diritto, devastare le nostre città no. Ecco le misure che abbiamo approvato per contrastare la violenza e tutelare la sicurezza dei cittadini. pic.twitter.com/kqk51X8YZa— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2026Acto seguido, subrayó que de ahora en más se aplicará un principio "simple": "Quien rompe paga y si quien rompe es un menor, pagan sus padres", anunció. En este punto explicó que, si el daño fue a un bien público, como por ejemplo un semáforo, el jefe de la policía mandará la factura correspondiente a pagar; si el daño es a un privado, por ejemplo, una vidriera, el dueño podrá obtener de un juez una orden judicial de cumplimiento inmediato. En tercer lugar, adelantó que de ahora en más ya no regirá para un menor de entre 14 y 18 años el principio de imputabilidad por el cual el Estado debía demostrar en cada caso que era capaz de comprender sus actos. "Se invierte este principio, estableciendo la presunción de que el individuo era capaz de comprender sus actos, salvo que se demuestre lo contrario. Dicha disposición se encuentra actualmente ante el Parlamento, pero, en virtud del decreto de hoy, entra en vigor de inmediato", anunció. "Además, la prisión preventiva â??que hasta ahora solo se aplicaba a los adultosâ?? podrá aplicarse también a los menores", siguió, en otra gran novedad del paquete. En este caso, se trata de una detención de entre 12 y 24 horas, extendida también a los menores. "En cuarto lugar, se desplegarán 500 efectivos militares adicionales en Milán hasta fin de año para colaborar con la policía y los carabineros", añadió. Por otro lado, se le dará más magistrados a la justicia de menores, "para que la certeza de la pena también valga para quien tiene 16 años".¿Acto revolucionario o delincuencia?La líder de Hermanos de Italia subrayó que 200 agentes resultaron heridos solo en Milán y, citando a Confcommercio -entidad que reúne a comerciantes-, estimó daños por cerca de 1 millón de euros. Se trata de cifras ínfimas comparadas con lo ocurrido en Francia.Como todos los observadores, Meloni destacó que lo que se vio en los últimos días forma parte de un fenómeno distinto, con "centenares de jóvenes, muchísimos de ellos, menores, llegados en pequeños grupos, convocados por un video en las redes sociales, chicos que llegan a las plazas para romper, robar y filmarse mientras lo hacen"."Se trata de un fenómeno que debemos abordar con seriedad, entre otras razones para evitar que esas imágenes se conviertan en un modelo a imitar", advirtió."No hay nada de revolucionario en causar devastación y robar. Causar devastación y robar no es una forma de protesta; es delincuencia, y la respuesta del Estado debe ser firme", sentenció. Remarcó que durante el fin de semana las fuerzas del orden detuvieron a 330 personas y detalló que "la mitad es de origen extranjero ya sea porque nacieron en el extranjero o porque nacieron en Italia en el seno de familias extranjeras". Finalmente, se mostró consternada al haberse enterado de que, entre los chicos identificados en Milán, el más pequeño tiene 11 años.La aprobación del nuevo decreto ley ocurrió en un clima de gran tensión. Al disponer la cárcel para cuatro jóvenes (no menores, sino de entre 18 y 21 años) detenidos en los desmanes del sábado pasado en Milán, en efecto, el juez de instrucción preliminar de esta ciudad, Fabrizio Filice, alertó que existe "un riesgo extremadamente alto de que esto pueda volver a ocurrir a corto plazo". "Basta con considerar que, al día siguiente de los hechos â??el domingo 18 de octubreâ??, surgió una situación similar y que, en los días posteriores, han circulado a través de las redes sociales nuevos llamamientos a la acción" por parte de las cuentas "Italia in piazza" y "Movimento 17 ottobre", actualmente bajo investigación, que pretenden mantener "un carácter decididamente violento e insurreccional". "Resulta evidente, a la luz de la campaña que se desarrolla en las redes sociales para convocar nuevas protestas durante los próximos fines de semana, que existe un plan deliberado para desestabilizar el orden público; un plan que se apoya, precisamente, en la participación espontánea de muchos jóvenes quienes, al verse inmersos en una situación marcada por una desahogo colectivo de ira y violencia, pierden por completo el control de sus impulsos y se transforman, a su vez, en actores violentos y antisociales", ahondó. Filice incluso destacó la "euforia de poder entrar en un negocio y poder adueñarse de ropa y zapatillas sin pagarlos". Antes, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, hasta relacionó el nuevo fenómeno con "una guerra híbrida". "Los hechos de Milán y otros lugares de Italia son profundamente distintos a los vividos en otras épocas; son el resultado de lo que denomino 'guerra híbrida', una forma de conflicto que se libra contra nuestras naciones mediante herramientas no convencionales como TikTok, las redes sociales y YouTube, todo ello mientras Occidente permanece, en gran medida, ajeno a la situación y no logra articular ninguna respuesta significativa", aseguró, al hablar en un seminario.Como todos los referentes de la oposición de centroizquierda, que criticó duramente el nuevo decreto, el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, que admitió estar preocupado por lo que puede llegar a pasar el próximo fin de semana, no ocultó su perplejidad ante el despliegue de 500 militares. "No es sólo un problema de represión", advirtió. "Lo que me preocupa es que esta situación, que surge de un malestar que nadie puede permitirse no ver, se esté planteando únicamente en términos de violencia y de la represión de dicha violencia", afirmó". "Quienes toman las decisiones políticas deben actuar con sensatez, abordando las causas profundas y analizando el origen de estos problemas", consideró. El alcalde subrayó que se trata de un "fenómeno mucho más amplio" y hasta aludió a la situación de París. "Así son las grandes ciudades: crecen y, al hacerlo, albergan tensiones sociales que luego hay que gestionar", añadió, al llamar a reflexionar también sobre la procedencia de estos jóvenes -"muchos no son de Milán", así como sobre el rol de las redes sociales. "Tenemos a cuatro estadounidenses obscenamente ricos que controlan el mundo de las redes sociales, mientras el resto de la sociedad paga las consecuencias. Creo que los responsables políticos deberían tener la sensatez de reconocer esto", disparó.
El gobierno italiano dispuso que el arresto preventivo sea aplicable a jóvenes de entre 14 y 18 años de manera inmediata. A su vez, los padres asumirán una mayor responsabilidad económica y podrán ser obligados a pagar por los saqueos y destrozos cometidos.
La audiencia para determinar si es vinculado a proceso se reanudará el jueves 22 de octubre
La medida fue impuesta en diciembre de 2025, en el marco del proceso penal por el ataque en el bar 'Las Gardenias'
Iván N se quedará en prisión preventiva por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego, de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio
"La principal medida no es el peligro de fuga sino el peligro concreto de entorpecimiento de la investigación", sostuvo Daniela Morales Leanza, abogada de una de las denunciantes. Leer más
Carlos Barahona, defensor del Cartaginés, enfrenta una solicitud de cárcel preventiva junto con otros tres sospechosos de integrar una presunta red de préstamos "gota a gota". La investigación señala que el jugador habría financiado los créditos y que una víctima acumuló una deuda de USD 35 mil
El médico Junior Jonathan Rodríguez Arista sigue siendo investigado por el delito de feminicidio contra su enamorada, quien fue hallada muerte el pasado 4 de octubre
Según la Fiscalía, los investigados integrarían la banda criminal 'Los Mexicanos'. Uno de ellos habría trasladado a los presuntos implicados, otro habría roto las lunas de la miniván y un tercero habría rociado gasolina y prendido fuego a la unidad
El juez dictó el auto de formal procesamiento durante la audiencia inicial, tras la presentación de elementos por la Fiscalía Especial de Protección de la Niñez y Adolescencia de Danlí.
Hace un mes, con el avance de la investigación y las pruebas reunidas, Carlos Alberto González y Cynthia Chamoles, los propietarios de la concesionaria Autos Pilar Premium, fueron detenidos. Los acusaron de estafar a su cartera de clientes. En algunos casos recibieron miles de dólares por autos y camionetas que nunca entregaron y, en otros, vendieron vehículos que les habían dejado en consignación, pero no les pagaron a sus dueños el dinero acordado por la operación realizada.Ahora, tras un pedido del fiscal de Pilar Andrés Quintana, a cargo de la investigación, la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty dictó la prisión preventiva de González, de 43 años, y de Chamoles, de 44. Están acusados del delito de asociación ilícita (en calidad de jefes) en concurso real con los delitos de "estafa y defraudación por retención indebida y defraudación por administración infiel".Así surge de la resolución firmada en las últimas horas por la magistrada, a la que tuvo acceso LA NACION. La jueza Rodríguez Mentasty fundamentó su decisión en los riesgos procesales de "entorpecimiento del proceso" y la "probabilidad" de fuga. "No puedo dejar de mencionar la multiplicidad de hechos, de víctimas, los grandes perjuicios ocasionados, y la logística empleada en los mismos; todo lo cual, me lleva a deducir que al momento de recaer una hipotética pena, la misma necesariamente será de efectivo cumplimiento, con lo cual y en virtud de la modalidad de la hipotética condena que pudiere serle impuesta, me lleva a presumir que los imputados expuestos ante dicha amenaza punitiva pueden intentar eludir el accionar de la Justicia y con ello frustrar los fines del proceso", sostuvo la magistrada al fundamento el riesgo procesal de peligro de fuga.Respecto del entorpecimiento de la investigación, la jueza Rodríguez Mentasty hizo referencia a la "magnitud del perjuicio económico, la disponibilidad de recursos y logística para ocultar activos y/o posibilidad de manipular documentación relevante".Entonces, explicó: "Advierto que, por el momento, la medida cautelar de la prisión preventiva se presenta como el único medio idóneo para asegurar de manera efectiva los fines del proceso, por lo que resulta a la fecha proporcional y necesaria en función del objeto de tutela".Entre las numerosas víctimas de la sindicada asociación ilícita se encuentran el diputado nacional por La Libertad Avanza Manuel Quintar y Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot.Quintar es el diputado libertario por Jujuy que a mediados de mayo pasado fue noticia cuando estacionó un Tesla Cybertruck en el garaje del Congreso de la Nación.En abril pasado, Quintar denunció que en agosto de 2025 había comenzado a negociar con los responsables de Autos Pilar Premium la compra de un Tesla Cybertruck por 285.000 dólares. En su presentación, sostuvo que pagó la totalidad del precio acordado, una parte en transferencias bancarias y otra en efectivo, pero que nunca le entregaron el vehículo.Según el expediente judicial, González y Chamoles, en su carácter de titulares y responsables de la concesionaria Autos Pilar Premium, se contactaron con Joaquín Pichot y "con el propósito de obtener un beneficio económico indebido, le ofrecieron gestionar la venta en consignación de camioneta Ford Ranger Raptor 3. Comprometiéndose a entregarle el producido de la venta. Que, en virtud del ardid desplegado -mediante el cual los sindicados guardaban la apariencia de una agencia de renombre en el rubro, con larga trayectoria en la venta de autos de alta gama-la víctima hizo entrega de la camioneta mencionada para su venta, sin suscribir en ningún momento el formulario 08, manteniéndose el dominio del rodado en todo momento encabeza del damnificado. No obstante, los imputados dispusieron del vehículo y desviaron su producido en su propio provecho, sin restituirlo ni rendir cuentas a la víctima".La captura de los sospechososTras un pedido del fiscal Quintana, González y Chamoles habían sido detenidos por detectives de la SubDelegación Departamental de Investigaciones (SubDDi) Pilar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en su casa del barrio privado Las Condes, en Pilar.Ambos, cuando fueron indagados por el representante del Ministerio Público hicieron un largo descargo.El relato de González comenzó con un racconto de su historia en el negocio de la venta y compra de autos. Dijo que empezó en el Shopping Champagnat hace diez años.Cuando la "marca" creció, se mudaron a un edificio en la colectora del ramal Pilar de la autopista Panamericana, en la localidad de Manuel Alberti. Fue el comienzo de una relación con clientes "ABC1â?³ y la con la comercialización de vehículos de alta gama, explicó el imputado.Y sostuvo que, como gerente general de la firma, decidió sumar a algunos clientes como inversores. El modelo de negocio creció y, sobre todo, las ventas. Autos Pilar Premium llegó a vender 100 vehículos por mes.El negocio, según González, funcionaba. Hasta que hubo un momento de "quiebre de ingresos", según su definición. Para el sospechoso, la debacle comenzó a partir de un expediente judicial donde fue procesado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, por el delito de desobediencia.Según lo que dijo el empresario en su indagatoria, la causa judicial lo perjudicó comercialmente: pasó de vender 100 autos por mes a 50 cada 30 días. En diciembre pasado, el negocio comenzó a declinar, según la versión de González.Además, afirmó que hubo una "corrida" de inversores por 3.000.000 de dólares. Sus costos, afirmó, eran de US$300.000 mensuales.Lo que definió como "descalce" financiero llegó a los 6.000.000 de dólares y fue el comienzo de los incumplimientos con los clientes. Dijo que tuvo que convocar a la "mesa chica" de inversores para que aportaran capital y así poder arreglar la situación.Pero, según explicó el imputado, el avance judicial de las denuncias de estafa complicó la situación y la repercusión mediática por un allanamiento en la concesionaria hizo "explotar todo". Tras la publicación de los detalles de la investigación, el dueño del local le rescindió el contrato de alquiler."Esa es la historia", dijo. Sostuvo que pidió tiempo a los damnificados porque tenía créditos por cobrar y así podría pagar sus deudas."Me aniquiló. Perdí respeto y confianza", sostuvo, en referencia a las medidas cautelares dispuestas sobre la empresa.A su turno, Chamoles dijo que hubo personas que compraron vehículos con financiamiento y, en el último tiempo, se retrasaron con los pagos, lo que hizo que existiera un "desfasaje" con los ingresos de la empresa y que tuvo como consecuencia que la firma no pudiera cumplir con un grupo de clientes."Tengo pagarés de clientes que no pagaron su total [de la compra de vehículos], que suman un aproximado entre 500.000 y 600.000 dólares. Lo tengo documentado. Reclamamos y se quejaron. Nos amenazaron con denunciarnos por reclamar un pago legítimo. Se entregaron varios autos que todavía no fueron pagados", sostuvo en su declaración indagatoria Chamoles.Afirmó también que, en total, las deudas que tienen para cobrar llegan a los 2.000.000 de dólares.Según el expediente entre las víctimas de la "asociación ilícita" hubo personas de la amistad de González, como un hombre al que le solicitó un Ford Mustang modelo 2022 para exhibirlo en el salón de ventas de la concesionaria a fin de "publicitar la comercialización de vehículos de similares características". El vehículo había sido adquirido en Autos Pilar Premium en octubre de 2024."En virtud de dicho vínculo de confianza, el damnificado hizo entrega del automóvil a fines de junio de 2025, reteniendo únicamente en su poder el permiso de circulación y el boleto de compraventa, sin que a la fecha los imputados le hayan restituido el rodado ni le hayan hecho entrega de un vehículo de similar valor en sustitución, tal como era la costumbre comercial habitual entre las partes. Que, requerida la devolución del auto por el damnificado entre los meses de septiembre y octubre de 2025, González le manifestó en reiteradas oportunidades que 'lo bancara', dilatando de ese modo la restitución del rodado bajo diversas excusas y sin ofrecerle solución alguna (pese a los múltiples reclamos personales y telefónicos efectuados por el damnificado), dado que sabía que no podía hacerlo ya que lo había vendido a otra persona", según se describió en la imputación.Hubo otro caso donde un cliente transfirió 29.000 dólares (primero US$3000 como seña) por un auto marca Mercedes Benz modelo Cla 200, pero el vehículo nunca le fue entregado.Según la acusación, los imputados y sus empleados para lograr su cometido "simularon la falsa apariencia de una empresa seria, con antigüedad en el rubro y reconocimiento en el mercado".González está alojado en Alcaidía Penitenciaria de Malvinas Argentinas y Chamoles en la Unidad 61 de Melchor Romero, ambas dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde continuarán detenidos tras el dictado de la prisión preventiva.
Según el Ministerio Público, el investigado habría ofrecido pagos de USD 2.300 mensuales, un bono de USD 20.000 al completar un año de servicio y la posibilidad de obtener la nacionalidad rusa
Cuando se despertó, L. G. advirtió que estaba "totalmente dopado". También se dio cuenta de que vestía distinto a la que llevaba puesto la noche anterior y que su ropa interior estaba mojada en el baño. Pronto notó el faltante de su notebook, una caja de seguridad con 1500 dólares y 4.000.000 de pesos, una consola de juegos, su teléfono celular, un perfume y llaves. Poco después supo que desde su cuenta bancaria se había hecho una transferencia de $350.000 a una billetera virtual. L. G., de 31 años y vecino de Pilar, fue una víctima de Eluney, una joven viuda negra, como se conoce a la modalidad delictiva modalidad delictiva protagonizada por mujeres que duermen con somníferos a sus víctimas para sustraerles dinero y otros objetos de valor, que presumía en redes sociales una vida de lujos y subía fotos con fajos de dólares, copas de champagne y paseos en 4x4.Lourdes Milagros Rodríguez, la verdadera identidad de Eluney, está presa. La joven de 21 años fue identificada tras una investigación encabezada por el fiscal de Pilar Andrés Quintana y detenida en José C. Paz a principios del mes pasado por detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Pilar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.En las últimas horas, tras un pedido del fiscal Quintana, la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty dictó la prisión preventiva de Rodríguez y Edwar Aníbal Castellanos Montilla, un ciudadano venezolano de 29 años que también integraba la banda."Entiendo que existen elementos de convicción suficientes e indicios vehementes para sostener que Rodríguez y Castellanos Montilla han participado, como coautores, de los hechos materia de intimación formulada por el Ministerio Público Fiscal al recibírseles declaración indagatoria, toda vez que Rodríguez fue reconocida por la víctima, se la ubica con ella en el edificio y en el supermercado, es titular de la línea y del dispositivo con que se concertó el encuentro, y en su casa se secuestraron un perfume sustraído y elementos compatibles con el sometimiento químico; y Castellanos Montilla es quien conducía el vehículo de apoyo", se sostuvo en la resolución donde se dictó la prisión preventiva de los sospechosos.La magistrada, además, solicitó que se le pida al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cupo para alojar a los sospechosos en una "cárcel para procesados".El ataque El robo que sufrió L. G. ocurrió entre la noche del 24 de julio y la madrugada del 25 de julio pasado. Ese día, L. G. recibió a Eluney, como Rodríguez se hacía llamar en Instagram, en su departamento de Pilar. La joven llegó en un auto conducido por un chofer de una aplicación. El viaje fue contratado por la víctima. Se habían conocido en Instagram. Antes de subir al departamento, la viuda negra y L. .G. fueron a un supermercado a comprar vino y cervezas. Después pidieron una pizza.Según explicó el representante del Ministerio Público en el dictamen donde pidió la detención de la sospechosa, "Rodríguez se contactaba con hombres por medio de redes sociales y arreglaba una cita en el domicilio de estos. Una vez fijada la fecha del encuentro, Eluney informaba al resto de la banda la dirección para que sus cómplices realizaran un estudio previo de la zona a concurrir, en miras a determinar la logística a emplear y medios de fuga para asegurar el resultado y procurar su impunidad. Así, valiéndose de la confianza generada, simulando la intención de concretar un vínculo y/o encuentro sexual con las víctimas, Rodríguez introducía psicofármacos en las bebidas de las víctimas con el fin de adormecerlos y colocarlos en un estado de indefensión. Una vez logrado, avisaba a sus consortes, quienes prestaban los medios necesarios para llevar a cabo el desapoderamiento de los bienes de valor de las víctimas".La investigación comenzó tras la denuncia de la víctima, que tuvo que ser atendida en el Hospital Sanguinetti, dependiente de la Municipalidad de Pilar, donde se determinó que sufrió una intoxicación por "ingesta" de benzodiazepinas. Estuvo internado por 24 horas.El operativo para detener a la Viuda negra VIPA partir de la información aportada por la víctima, como ser el número de teléfono con el que se comunicaba con Milagros -nombre con el que conoció a la sospechosa-, las capturas de pantalla de la foto de perfil y los enlaces de los chats, no fue difícil identificar a la viuda negra como Lourdes Milagros Rodríguez; con información del Registro Nacional de las Personas (Renaper) se ubicó su domicilio en el partido bonaerense de José C. Paz.Para identificar a Castellanos Montilla fue clave el análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad que captaron el vehículo con el que Eluney y su cómplice se escaparon de la escena del robo; se trataba de un Renault Logan.A partir de las filmaciones de cámaras se seguridad de la Municipalidad de Pilar se determinó que el vehículo había estado en la zona en las horas previas al golpe y que en el interior había cuatro hombres.En un momento, el vehículo se dirigió a una estación de servicio para cargar combustible, momento en que sus ocupantes descendieron del auto y sus rostros quedaron filmados.A las 20.22, el Renault Logan fue filmado en cercanías de la casa de la víctima. Eran los momentos previos a que Eluney llegara al encuentro con L. G., dijeron fuentes judiciales.Si bien a partir de la chapa patente se supo que el auto estaba a nombre de una mujer, se determinó que estaba registrado para hacer recorridos para dos aplicaciones de viajes y como chofer figuraba Castellanos Montilla, un ciudadano venezolano de 29 años."La fotografía incorporada a la base de datos del Renaper coincidía con la imagen de uno de los sospechosos filmados por la cámara de seguridad de la estación de servicio donde, el día del robo a L. G., el vehículo había cargado combustible", explicaron fuentes de la investigación.Poco después, con los sospechosos identificados, el fiscal Quintana pidió las detenciones, que fue concretada por detectives de la policía bonaerense.Pero Rodríguez y el chofer no fueron los únicos delincuentes que participaron del robo. La banda estaba integrada por otros tres delincuentes. Todos, según el expediente judicial, están acusados de integrar una organización delictiva que tenía como finalidad "perpetrar delitos contra la propiedad (bajo la modalidad comúnmente conocida como viuda negra), adormeciendo a las víctimas por medio del suministro de sustancias estupefacientes para así apoderarse ilegítimamente de elementos de valor".
La audiencia donde se determinará su vinculación a proceso se realizará el próximo 13 de octubre
El expresentador de televisión afrontará una audiencia el próximo 5 de noviembre, en la que se evaluará el requerimiento fiscal por presuntas operaciones ilícitas con su patrimonio
Un exintendente de una de las localidades clave en la frontera norte del país, una de las más permeables al contrabando de todo tipo â??ropas, combustible, personas, drogasâ??, quedó preso, acusado de liderar una asociación ilícita que lavaba dinero del crimen organizado.El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, hizo lugar a la imputación contra Carlos Alfredo Martínez, exjefe comunal de Aguas Blancas, municipio que fue intervenido hace dos años, cuando estalló el escándalo que vinculó al intendente, conocido como "El conejo", con una trama de corrupción y vínculos con el contrabando de estupefacientes que incluyó la muerte de su hermano César, "el Oreja", baleado por sicarios en San Ramón de la Nueva Orán.El Conejo Martínez escapó el sábado del operativo que procuraba su captura, aunque luego terminó entregándose en Orán. Esta mañana, la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) del NOA; Ezequiel Coscia, fiscal coadyuvante de la Procunar, y Alberto Barbuto, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presentaron los detalles de la investigación seguida contra la organización narcocriminal liderada por el exintendente.Los argumentos expuestos fueron similares a los que los fiscales habían presentado este martes, cuando pidieron la imputación de 11 miembros de la organización, detenidos el sábado pasado en 32 allanamientos realizados por la Gendarmería.Alguien le pasó el dato a Martínez, que se esfumó justo antes de que se realizaran los operativos. Estuvo prófugo hasta ayer a la tarde.En la audiencia de formalización le comunicaron al exintendente la imputación y las evidencias en su contra y se hizo una descripción somera de las operaciones de lavado de dinero del narcotráfico y del contrabando atribuidas a la asociación ilícita en la que lo situaron como líder.El juez Montoya estableció un plazo de investigación de seis meses y dictó la prisión preventiva por 60 días para Martínez, que fue trasladado al penal de Villa Las Rosas, del Servicio Penitenciario de Salta.La defensa intentó evitar ese traslado bajo el argumento de que el exintendente fue operado de la cabeza; sin embargo, el juzgado tuvo en cuenta un informe de la clínica en la que se realizó la intervención quirúrgica, en el que se destacó "la recuperación exitosa del paciente", según se informó.Montoya resaltó, a la hora de dictar el encierro preventivo de Martínez, "la actitud de fuga, su facilidad para cruzar la frontera con Bolivia, su capacidad económica, la influencia en la zona dado su paso por la intendencia y sus conexiones políticas"; los fiscales habían opinado que "en virtud de estos indicadores, existía una gran probabilidad de que vuelva a escapar, o bien, entorpezca la investigación en curso".
Juzgado Supremo programó para el próximo miércoles 14 de octubre la audiencia donde se evaluará la solicitud del exconductor de televisión
El Ministerio Público sostiene que habrían utilizado prendas policiales para simular una intervención y amenazar a los ocupantes
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación convalidó la prórroga por seis meses de la prisión preventiva del exespía Raúl Luis Martins, acusado de proxenetismo.Los jueces Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky avalaron así la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7, que tiene a su cargo la situación procesal del exagente de la SIDE que en agosto pasado fue extraditado desde México para responder ante la Justicia argentina como presunto líder de una red dedicada a la trata de personas y la explotación sexual en varios locales nocturnos.El 9 de septiembre, la jueza federal María Romilda Servini amplió el procesamiento con prisión preventiva de Martins: a la acusación de "liderar una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres mediante locales comerciales del rubro "bar/café/whiskería" y de jefe de una asociación ilícita, se le agregó la de lavado de dinero, por "haber puesto en circulación en el mercado formal los fondos que habría obtenido de la actividad delictiva descripta, enmascarando su real origen para que adquieran apariencia de licitud, y valiéndose, para ello, de terceras personas provenientes de su círculo personal más cercano, quienes estaban cabalmente al tanto de los verdaderos alcances de la operatoria". En esa ocasión le trabó un embargo por $300 millones.Con posterioridad, el TOCF 7 consideró la gravedad y dimensión de los hechos, el riesgo procesal de fuga y entorpecimiento, así como la complejidad del proceso para mantener la medida cautelar de encierro en perjuicio de Martins.La defensa del exespía había reclamado tanto el sobreseimiento o la falta de mérito como la revocatoria de la prisión preventiva y del embargo. También cuestionó la "valoración contradictoria" de la prueba sopesada para ampliar el procesamiento con la figura del lavado de dinero.A la hora de resolver, los camaristas repasaron procesamientos previos confirmados por la propia Casación respecto de otros acusados de la misma causa.También se recordó que Martins había sido citado a prestar declaración indagatoria por lavado de dinero el 17 de mayo de 2022; para esa fecha llevaba tres años detenido en México; había sido arrestado en Cancún en 2019, y cumplía prisión domiciliaria en un enorme inmueble, en un entorno idílico."Entendemos que le asiste razón a la jueza instructora en cuanto tuvo por acreditado que el imputado se ha valido de su entorno más cercano [...] para reintroducir al sistema financiero y comercial legal bienes que habían sido producto de la explotación del ejercicio de la prostitución ajena que habría llevado a cabo, logrando disimular el origen delictivo de tales activos. Dichas maniobras han sido detalladas por la magistrada en su resolución. Este Tribunal tuvo por probado que, a lo largo de su vida, [Martins] se dedicó al desarrollo de actividades ilegales que generaron importantes ganancias y, no obstante, carece de activos y/o sociedades en el país", sostuvieron los jueces.También señalaron que las personas a través de las cuales Martins movió bienes y dinero "carecían de actividades comerciales y, sin embargo, poseían bienes registrables que no se condicen con sus ingresos, y han constituido una pluralidad de personas jurídicas radicadas en distintas jurisdicciones, tanto nacionales como extranjeras".En cuanto a la prisión preventiva y al embargo, los jueces de Casación avalaron ambas medidas, en tanto "tienden a asegurar, específicamente, la ejecución de una eventual pena pecuniaria, la indemnización civil derivada del delito y las costas del proceso, mientras que aquellas de carácter personal se dirigen a asegurar la sujeción al proceso", por lo que resultan "razonables" para "proteger la inalterabilidad del patrimonio identificado".
El aseguramiento de siete inmuebles, cuentas bancarias y 16 vehículos orilló al especialista a ponerse a disposición de la justicia
La Fiscalía de Veracruz logró encarcelar preventivamente a cinco acusados por el homicidio de Guillermo Pamucé, exregidor de Jáltipan que fue atacado a balazos en Coatzacoalcos durante el mes de septiembre
El presunto sicario, Luis Obispo Díaz, afirmó que una persona apodada 'Pure' estaría detrás del asesinato de la periodista y excandidata al Gobierno Regional de Áncash
Los venezolanos Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila podrían permanecer hasta 18 meses en una cárcel por presunto sicariato
Un juez de control también vinculó a proceso a los hermanos por los hechos
El hijo de la reina Mette-Marit considera "irrazonables" las exigencias policiales para su liberación
El delantero confirmó que decidió irse luego de la conferencia del DT Jorge Jesus y de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.Qué dice el reglamento interno de la FPF.
Se trata de Daniel Ramón Guategui, acusado de haber gestionado el hangar de Gualeguaychú en el que se ocultó el helicóptero con el que quisieron sacar de la cárcel al delincuente rosarino
El juez Rigoberto Sena ordenó el ingreso de cuatro acusados a Las Parras y de cuatro mujeres a Najayo, dentro del expediente por un perjuicio al Estado mediante operaciones vinculadas al Seguro Nacional de Salud
Un juez dictó la medida cautelar contra Miguel Sánchez Altamirano por presunta extorsión agravada, por lo que permanecerá internado en El Altiplano hasta su próxima audiencia
Dos investigaciones por hechos viales con víctimas fatales avanzaron en las últimas horas: en Córdoba, un hombre quedó con prisión preventiva acusado de provocar un choque en el que murieron cuatro personas, mientras que en La Matanza detuvieron a un joven señalado por atropellar y matar a una jubilada y escapar del lugar. Leer más
El escrito de acusación atribuye al disidente, Geovany Andrés Rojas, el liderazgo de Comandos de la Frontera: una estructura armada vinculada, según la acusación, con el control de rutas del narcotráfico en el sur de Colombia y con la Segunda Marquetalia
El alcalde fue detenido en un operativo realizado por autoridades federales el pasado miércoles