Si Andy Burnham, el flamante primer ministro, acepta esta solicitud, el Gobierno obtendría 34.000 millones de dólares cada año. Leer más
Un hombre demandó a su compañía de seguros tras sufrir el robo de su Fiat Toro en 2022. Sin embargo, un juzgado civil rechazó la demanda. El fallo determinó que el vehículo era utilizado para transportar pasajeros a través de una plataforma pese a tenerlo asegurado como uso particular
Las frases populares suelen sobrevivir durante siglos, atravesando generaciones, muchas veces sin que nadie se pregunte de dónde provienen. Las repetimos con naturalidad, convencidos de que siempre estuvieron allí, aunque su verdadero origen se haya perdido en el tiempo. Una de ellas es "no pagar por el pito más de lo que el pito vale", expresión que advierte contra el exceso, el desmesurado afán o la falta de sensatez al valorar las cosas.Hasta hace muy poco no había encontrado un registro que remitiera con claridad a una idea semejante, pero ahora lo descubrí, casi por azar, en la autobiografía de Benjamin Franklin (EE.UU., 1706-1790), uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, científico, hombre público, impresor, diplomático y escritor.Casi al final de la obra aparece una carta de noviembre de 1779 dirigida a una dama, madame Brillon su nombre. En ella recuerda un episodio de su infancia cuando un día recibió unas monedas de cobre (coppers) y, fascinado por el sonido de un silbato, decidió comprar uno, entregando todo el dinero que llevaba. Ya con su instrumento recorrió su casa una y otra vez haciéndolo sonar con entusiasmo, hasta que su familia le hizo notar, entre bromas y reproches, que había pagado varias veces más de lo que el silbato realmente valía.A lo largo de la carta enumera numerosos ejemplos de personas que terminan pagando un precio desmesurado -material o emocional- por aquello que desean alcanzarAquella sencilla experiencia dejó una huella profunda en su memoria. Décadas después, mientras residía en la localidad francesa de Passy, evocó en esa carta mencionada la anécdota para extraer de ella una enseñanza mucho más amplia. A lo largo de la carta enumera numerosos ejemplos de personas que terminan pagando un precio desmesurado -material o emocional- por aquello que desean alcanzar.Franklin, más conocido por muchos por ser el inventor del pararrayos y demostrar que los rayos eran descargas eléctricas, resume esa reflexión de esta manera: "En pocas palabras, creo que gran parte de las desgracias de la humanidad son consecuencia de las falsas estimaciones que las personas hacen del valor de las cosas y de pagar demasiado por sus silbatos".La distancia entre esa frase y nuestro conocido refrán parece muy corta. Sin embargo, más allá de cualquier discusión sobre el origen de la expresión, lo verdaderamente valioso es la generalización que propone Franklin. El "silbato" deja de ser un simple juguete para convertirse en el símbolo de todas aquellas cosas por las que terminamos pagando mucho más de lo que realmente valen.Dinero, poder, prestigio, ambición, reconocimiento o incluso afectos: con demasiada frecuencia invertimos en ellos tiempo, esfuerzo, tranquilidad y hasta la felicidad, sin advertir que el precio supera ampliamente el valor de aquello que perseguimos. Quizá por eso, más de dos siglos después, la vieja lección de Franklin conserva intacta su vigencia: buena parte de nuestras frustraciones comienza cuando pagamos por el pito mucho más de lo que el pito vale.Editor de la revista Medicina
El presidente de Estados Unidos avisó que le cobrará a Teherán cada daño en el estrecho de Ormuz confiscando sus propios dólares bloqueados. En paralelo, adelantó que está a un paso de ordenar un ataque a gran escala, superior al que inició la guerra en febrero. Leer más
Si viajas en avión durante las vacaciones de verano y tu vuelo sufre retrasos o cancelaciones en México, tienes derecho a recibir compensaciones económicas conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor, según informó Profeco el 23 de julio
Llamadas incesantes a lo largo del día. Mensajes amenazando con que se llevará adelante un embargo preventivo. Amigos y familiares que se enteran de una deuda ajena a ellos porque los contactó una agencia de cobranzas. Aunque estas prácticas están reguladas en la Argentina, son postales que afloran en momentos en los que la mora alcanza cifras históricamente elevadas y hay familias que no llegan a pagar ni siquiera el mínimo de la tarjeta de crédito. Desde las elecciones legislativas del año pasado, cuando la incertidumbre sobre el resultado de las urnas desencadenó un período de altas tasas de interés, el número de morosos escaló y hoy se siguen viendo las consecuencias. Al ver los datos de irregularidad de cartera, el 24,1% de ellos tiene niveles de mora en situación 4 (retraso de más de 180 días) o 5 (de más de un año) en el veraz del Banco Central, según datos de la consultora Analytica. Es decir, incobrables.La CAF aprobó una garantía para que la Argentina acceda a préstamos privados para refinanciar la deuda"Cuando el cliente ya es incobrable y pasó más de un año sin pagar, vendemos la cartera. No hay posibilidad de recuperar nada, por lo que va a estudios especializados en cobranzas. Por ejemplo, si el cliente debe $100, pero sabemos que no lo vamos a cobrar nunca, entonces el estudio nos compra la deuda a $20. Y con la gestión intensiva que hacen, recuperan $40. La ganancia es de ellos; nosotros recuperamos $20 que considerábamos incobrables. Buscamos que el estudio tenga ciertos estándares; no te aprietan, pero sí te llaman y tienen otros recursos que nosotros no tenemos", contaron desde una entidad financiera.Hay bancos que cuidan cuáles son las agencias de cobranza que llamarán a sus clientes, para sostener su reputación. Pero en muchos otros casos, que incluyen tanto a entidades financieras como también a supermercados, servicios de telecomunicación o empresas de medicina prepaga, las deudas incobrables caen en manos de instituciones que terminan incurriendo en prácticas cuestionables. El otro drama de la moraRecientemente, ingresó a la Dirección de Defensa de los Derechos de los Consumidores de la provincia de Buenos Aires el caso de una mujer [se decidió resguardar su nombre] que denunció haber recibido hostigamiento por parte de una compañía del sector retail. A cargo del hogar con hijos menores de edad, se comprobó que recibía varios mensajes por día que eran intimidatorios hacia su persona, pero que también fueron dirigidos a familiares y conocidos. El teléfono sonaba incluso los fines de semana y los feriados, y llegaron a contactar con sus empleados y su expareja, divulgando sobre ella datos sensibles y personales. No es un caso aislado. A finales del año pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil decidió que se indemnice a un hombre que denunció hostigamiento por el cobro de una deuda con un supermercado que asegura nunca haber contraído. El demandante decidió ir a la Justicia después de haber recibido mensajes de texto, por redes sociales, llamadas, correos electrónicos y hasta panfletos en su casa. Incluso después de que envió una carta documento intimando el cese, la dinámica continuó y lo siguieron contactando tanto a él como a su exesposa y sus hijas, una de ellas con discapacidad.El Gobierno abrió las ofertas para tapar baches y "hacer jardinería" en 3900 kilómetros de rutas con peaje"Efectivamente, se reciben numerosos reclamos y consultas por parte de consumidores que manifiestan maltrato y hostigamiento. Los consumidores denunciantes relataron recibir llamadas reiteradas, mensajes por WhatsApp y correos electrónicos, en horarios hábiles e inhábiles, en fines de semana, generando angustia, presión e intimidación. También refieren que idénticos llamados y mensajes son enviados a sus círculos íntimos con familiares, compañeros de trabajo o vecinos", dijo Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones en la provincia de Buenos Aires, a cargo de la Dirección de Defensa de los Derechos de los Consumidores.En ese territorio, se contabilizaron un total de 393 reclamos por "prácticas abusivas" y submotivo "acoso" en 2024. Al año siguiente, la cifra ascendió a 1064 reclamos por el mismo motivo. Mientras que este año, con datos desde el 1° de enero hasta el 31 de mayo, se registraron 1237 denuncias. Algunos de los mensajes que reciben los consumidores dicen que "se programó una visita en el domicilio de su empleador" o que se llevará adelante "una visita de escribano sobre bienes en domicilio y su débito en cuenta bancaria", según pudo constatar LA NACION. Sin embargo, a pesar de que muchas veces se realizan amenazas judiciales, Aguilar remarcó que las empresas de cobranzas extrajudiciales suelen estar constituidas bajo la modalidad de centros de atención telefónica y no son verdaderos estudios jurídicos. "Recurrentemente se reciben reclamos por parte de consumidores que manifiestan ser 'acosados' por agencias extrajudiciales de cobranzas, y no solo por deudas del sector financiero, sino que estos agentes de cobranzas también se encargan de la recuperación de deudas de empresas de medicina prepaga o telecomunicaciones, incluso por deudas de planes de ahorro, entre otros. Lógicamente, el aumento de la mora conlleva también un aumento de los reclamos por el accionar de estas agencias de cobranzas, pero podemos decir que no son consecuencia de ella", afirmaron desde la Defensoría del Pueblo porteño.La Justicia de EE.UU. rechazó un recurso de la Argentina en el caso Aerolíneas, por el cual el país debe pagar US$390 millonesEsto último es porque es una práctica que lleva décadas en la Argentina, aunque se intentó regular. De acuerdo con la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, se exige garantizar un trato digno y equitativo y se prohíbe colocar a los clientes en situaciones "vergonzantes, vejatorias o intimidatorias". Mientras que en los reclamos extrajudiciales de deudas, la normativa aclara que deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que otorgue la apariencia de un reclamo judicial.Sin ser suficiente, varias provincias dictaron una regulación específica sobre el tema. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se sancionó en 2019 la Ley 6171 sobre Agentes de Cobranza Extrajudicial de Deudores Morosos. Entre muchos otros puntos, se reguló que está prohibido realizar comunicaciones "que hostiguen al deudor en mora como método de cobranza", llamar fuera de horarios hábiles, notificar al usuario en el ámbito laboral o enviarle misivas al deudor que queden a la vista de terceros. Sin embargo, aunque en los últimos años las formas cambiaron, las agencias de recuperación de crédito muchas veces siguen sin respetar las leyes. Aumenta la mora en billeteras virtuales: cada vez menos personas pagan sus deudas"Si bien es incuestionable el derecho del acreedor a gestionar el cobro de deudas en mora, dicho derecho no resulta ilimitado y debe ejercerse dentro de los marcos legales, encontrando su límite infranqueable en la prohibición de incurrir en prácticas abusivas y de hostigamiento. Son conductas que exceden el reclamo legítimo para transformarse en actos de intimidación y desprestigio del deudor, y configuran una vulneración del deber de brindar un trato digno y equitativo", sumó Aguilar.En caso de recibir este tipo de mensajes, la Defensoría del Pueblo porteño hizo hincapié en que los consumidores no tienen que realizar ningún tipo de pago sin previamente confirmar que la empresa que reclama el pago tenga la facultad para hacerlo. Aunque la deuda puede ser por una cuota de medicina prepaga, una compra de supermercado o un préstamo bancario, estas entidades le tienen que informar al cliente cuál o cuáles son las agencias a cargo de la recuperación del crédito. Mientras que si los métodos ya resultan abusivos, se puede denunciar ante Defensa del Consumidor.Las vacaciones de invierno presionan sobre la inflación de julioMillones fuera del sistemaLa mora volvió a subir en mayo. En total, se registraron unos 5,3 millones de argentinos que tuvieron ese mes algún tipo de mora tardía, de acuerdo con datos de la consultora económica Analytica. Entre los deudores que están exclusivamente en el ámbito bancario, el 20% de ellos está en mora, mientras que la cifra escala al 28,4% entre quienes solo tienen deuda con una billetera digital. En cambio, al ponderar por volumen, la irregularidad de cartera cae al 12,6% en bancos y al 21,6% en fintech. "El aumento de la mora tiene como causa principal la caída de los ingresos de las familias, pero hay otros factores que contribuyen, como la falta de educación financiera, el cambio de régimen de inflación, el aumento del juego online y las altas tasas de interés reales, entre otros. Por lo tanto, su impacto se ve de forma transversal en todos los actores: bancos, fintech, negocios de consumo masivo, fideicomisos. Más allá de medidas que permitan aliviar la carga para las familias, una baja sostenida de la mora llevará tiempo y eso implica un freno a la necesaria expansión del crédito", dijo Claudio Caprarulo, director de Analytica. Es una problemática que preocupa a bancos, economistas y al Gobierno. Los deudores que están en la situación 4 o 5 del Veraz no solamente dejan de tener más crédito, sino que "están definitivamente muertos para el sistema financiero", según contaron puertas para adentro de otra entidad. "A veces la gente cree que 'dejo de pagar y chau'. Pero la deuda no se extingue porque seas incobrable, un estudio jurídico va a seguir intentando cobrarte", cerró.
El régimen simplificado actualizó sus parámetros y escalas en línea con la inflación del semestre. Quiénes deberán recategorizarse
El alto tribunal concluyó que las órdenes de arresto y las multas respondían a una crisis institucional y no a actos de la exdirectiva, que permaneció tres meses y no tenía control sobre pagos ni contratos
Cher sufrió un inesperado revés en una batalla judicial que llevaba varios años y que había comenzado con una importante victoria a su favor. Aunque en 2024 logró que la Justicia reconociera que le correspondían cientos de miles de dólares en regalías impagas por las canciones que grabó junto a Sonny Bono, ahora un juez federal determinó que la artista deberá hacerse cargo de sus propios honorarios legales, una cifra que supera el millón de dólares.Según documentos judiciales obtenidos por la revista People, el juez federal John A. Kronstadt rechazó el pedido de la cantante para que esos gastos fueran cubiertos por Mary Bono, la viuda de Sonny Bono y principal demandada en el caso. La resolución representa un duro golpe económico para la estrella de 80 años, quien había solicitado el reembolso de 1.023.605,30 dólares correspondientes a los costos de los abogados que la representaron durante el proceso.La disputa judicial se remonta a octubre de 2021, cuando Cher presentó una demanda por un millón de dólares contra Mary Bono. La cantante sostenía que se le estaban reteniendo regalías derivadas de algunas de las canciones más emblemáticas del dúo Sonny & Cher, entre ellas los clásicos "I Got You Babe" y "The Beat Goes On".El conflicto tenía su origen en el acuerdo de divorcio firmado entre Cher y Sonny Bono en 1978. Allí se establecía que la artista conservaría el derecho a percibir el 50% de las regalías correspondientes a las obras que ambos habían grabado juntos. Sin embargo, la demanda afirmaba que Mary Bono había intentado dejar sin efecto esos derechos recurriendo a una disposición de la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos de 1976 que, según los abogados de Cher, no resultaba aplicable al caso.La Justicia le dio parcialmente la razón a la cantante. En mayo de 2024, un tribunal de California concluyó que efectivamente existía un incumplimiento contractual y determinó que Cher debía recibir más de 418.000 dólares en regalías que no le habían sido abonadas. Esa decisión fue interpretada como una importante victoria para la artista, ya que confirmó la vigencia de los derechos económicos que había conservado tras su divorcio de Sonny Bono.Con ese antecedente favorable, los abogados de Cher solicitaron a comienzos de 2026 que Mary Bono también asumiera el pago de los honorarios legales generados durante el litigio. En la presentación judicial argumentaron que la cantante había tenido éxito en la acción iniciada y que los distintos reclamos y contrademandas compartían "un núcleo común de hechos", por lo que correspondía el reintegro de los gastos.Además, sostuvieron que cualquier costo relacionado con las pocas cuestiones en las que la defensa de Mary Bono había obtenido resultados favorables era mínimo en comparación con el conjunto del proceso.La solicitud quedó bajo análisis judicial durante varios meses y finalmente fue resuelta el pasado 17 de julio. En su fallo, el juez Kronstadt rechazó el planteo de Cher al considerar que la controversia no estaba regida por la legislación federal sobre derechos de autor, sino por cuestiones estrictamente contractuales.Esa diferencia jurídica resultó determinante. Según explicó el magistrado, al no tratarse de un litigio basado principalmente en la Ley Federal de Copyright, no existía fundamento legal para trasladar los honorarios profesionales a la parte demandada. Como consecuencia, Cher deberá afrontar personalmente más de un millón de dólares en gastos legales, una cifra a la que incluso podrían sumarse otros 10.000 dólares estimados para completar la defensa del caso.Hasta el momento, los representantes legales de la cantante no realizaron declaraciones públicas sobre la resolución. De acuerdo con People, el medio intentó comunicarse con los abogados de la artista, aunque no obtuvo respuesta inmediata. Tampoco hubo comentarios de Mary Bono o de sus representantes.La disputa judicial vuelve a poner bajo los reflectores la compleja relación comercial que sobrevivió durante décadas al final del matrimonio entre Cher y Sonny Bono.La pareja fue una de las más exitosas de la música estadounidense durante los años 60 y principios de los 70. Casados entre 1964 y 1975, alcanzaron fama internacional con un repertorio de éxitos que los convirtió en figuras de la cultura popular. Su química artística también los llevó a la televisión con The Sonny & Cher Comedy Hour, un exitoso programa de variedades emitido por CBS.Tras el divorcio, ambos siguieron caminos muy diferentes. Cher construyó una de las carreras más exitosas de la industria musical y cinematográfica, con premios Grammy, Emmy, Oscar y Globo de Oro, mientras que Sonny Bono dejó el espectáculo para dedicarse a la política. Fue alcalde de Palm Springs entre 1988 y 1992 y, posteriormente, congresista republicano desde 1995 hasta su muerte.Sonny falleció el 5 de enero de 1998 como consecuencia de un accidente de esquí. Desde 1986 estaba casado con Mary Bono, quien luego también desarrolló una carrera política y ocupó la banca de su esposo en el Congreso de los Estados Unidos.Además de compartir una extensa trayectoria artística, Cher y Sonny tuvieron un hijo, Chaz Bono, nacido en 1969. Sonny también fue padre de Christine, fruto de su primer matrimonio con Donna Rankin, y de Chesare y Chianna, nacidos durante su relación con Mary Bono.
Aunque se diga que la IA soberana es un sueño irrealizable, "en Barranca Larga, un pueblo rural de Catamarca se está construyendo la única soberanía que se puede ejercer: la de los propios datos", sostiene la autora. Ese es "el único nivel donde un país como Argentina puede jugar hoy", agrega. Leer más
"Un incidente de seguridad sin precedentes". Así definió OpenAI â??la compañía detrás de ChatGPTâ?? un reciente episodio que despertó alarmas en el universo tecnológico. Según explicó la firma, sus modelos más avanzados de inteligencia artificial (IA) se descontrolaron durante una prueba de seguridad y, por iniciativa propia, hackearon a una popular plataforma para programadores.En consecuencia, OpenAI aseguró que llevará adelante una investigación conjunta con Hugging Face, la empresa afectada.Todo comenzó la semana pasada, cuando la propia Hugging Face detectó una intrusión en sus sistemas de procesamiento de datos que, según sus sospechas, había sido causada por un agente de IA que actuó por su cuenta de manera autónoma.We're partnering with @huggingface to investigate an unprecedented security incident. Cyber-capable OpenAI models compromised Hugging Face production during a benchmark evaluation.Sharing preliminary findings to help defenders understand emerging risks:â?¦— OpenAI (@OpenAI) July 21, 2026OpenIA indicó que el episodio involucró una combinación de modelos, incluyendo su recién lanzado GPT-5.6 Sol "y uno en prelanzamiento" con aún más capacidad. La empresa intenta evaluar las capacidades de hackeo de sus programas al darles tareas en un espacio digital de pruebas controlado, donde el acceso a internet es limitado por motivos de seguridad."Mientras operaban en nuestro entorno de pruebas aislado, nuestros modelos invirtieron una cantidad considerable de potencia de cálculo en buscar una forma de obtener acceso a internet para resolver el problema de evaluación", explicaron desde la compañía según una publicación del blog de OpenAI.Tras conectarse a internet, los modelos decidieron atacar la plataforma Hugging Face â??un gran repositorio de modelos de IA, conjuntos de datos y otra informaciónâ?? para facilitar su búsqueda.Al buscar "información secreta" que les permitiera manipular la evaluación, el sistema de OpenAI "encadenó múltiples vectores de ataque, incluidos el uso de credenciales robadas".Por su parte, Hugging Face contó en su blog oficial que lo ocurrido "era diferente a todo lo que habían gestionado antes" y afirmó que "fue llevado a cabo, de principio a fin, por un sistema autónomo de agentes de IA". "Lo detectamos y analizamos en gran medida con nuestra propia IA", insiste el comunicado.Responsabilidad, el lado B de los agentes de IAEl caso pone en el centro, una vez más, un aspecto sensible cuando se trata de agentes de IA: la responsabilidad. En ese sentido, Alan Daitch, especialista en tecnología, señala que "siempre un humano debe hacerse cargo". "En términos generales, cuando una máquina genera algún perjuicio, lo que sucede es que la responsabilidad se reparte entre el fabricante, la persona que lo configuró y la persona que que lo utilizó", detalla. ¿El motivo? Un agente de IA funciona a partir de un prompt inicial, es decir, una orden dada por un humano. Ahora bien, Daitch destaca una particularidad: "Uno puede haber dado una orden general y de largo plazo de objetivo, y el agente, por sí solo, pudo haber definido la estrategia y la manera de llegar a ese objetivo y correr autónomamente durante días, semanas o meses".Para el experto, esto supone una ventaja en términos de productividad, pero también un desafío. "El riesgo es que el sistema se salga de control y, mediante su interpretación de las órdenes que se le dieron, termine haciendo algo para lo que la intención inicial no fue pensada", profundiza. "Como trabajan durante tanto tiempo, a veces olvidan parte de sus instrucciones. Cuando uno ve en detalle el trabajo de un agente trabajando, hay mucha prueba y error, momentos en donde olvida, y vuelve a las instrucciones para orientarse, y avanza en sus objetivos, para luego volver a olvidarse, y así", explica Tomás García Piñeiro, especialista en IA y cofundador y CEO de Detrics. En esa línea, Sergio Sirotinsky, profesor de IA en la Universidad del CEMA, suma: "Lo que se espera es que los agentes sean lo más autónomos posibles dando acceso a las herramientas a las que están autorizadas. Por supuesto que esto implica testear lo suficiente estos agentes en los ambientes de desarrollo, previo a su puesta en producción". Autonomía, ¿mayor riesgo?Respecto al caso de OpenAI y Hugging Face, Sirotinsky aventura que lo que pudo haber fallado en términos de seguridad son los permisos. "Probablemente se le dio más atribuciones al agente de los que debería haber tenido en primera instancia. Está claro que hay un trade off entre los accesos que se le da y su capacidad de autonomía", precisa.Y añade: "Si queremos ganar en autonomía, el precio a pagar es incrementar el margen de riesgo. Es por eso que el riesgo debe estar lo más controlado posible".En tanto, García Piñeiro se detiene sobre un punto clave: OpenAI declaró que su intención no era que el agente se conecte a internet y hackeé a un tercero para superar la prueba de seguridad. De todas formas, el modelo lo hizo, pasando por encima dicha orden. "Al decidir eso, supondría que olvidó la instrucción inicial de no conectarse a internet, y antes de que pueda 'recordarla', ya había hackeado al propio OpenAI y ya estaba dando el siguiente paso", detalla. "El desafío a futuro es enorme. Porque estamos tratando de entender qué tan buenos son los agentes hackeando, en nuestro propios sistemas que son hackeables", advierte. Bajo esta idea, Daitch reflexiona: "Lo que termina pasando es que las herramientas no están preparadas para ser 100% confiables, y no se ve en el corto plazo que lo vayan a estar". TransparenciaPor último, los expertos coinciden que tanto la transparencia como la supervisión humana deben ser los ejes centrales dentro un programa de gobernanza de IA. Entre los principales puntos, Sirotinsky destaca definir claramente qué herramientas puede tener autorizadas cada agente, evitando permisos excesivos; establecer trazabilidad y monitoreo pleno de la actividad de cada agente; y contar con mecanismos de interrupción inmediata si se detectan desvíos respecto al comportamiento esperado.Además, sugiere que cada agente debería tener una firma, para reconocer "en nombre de quién" está ejecutando. "Con transparencia, podemos mitigar futuros ataques involuntarios y preparar a nuestros sistemas críticos. Podemos colectivamente entender como actúan los agentes a la hora de hackear y minimizar el daño que seguro va a generar traer agentes con un actuar tan poderoso e impredecible a nuestra sociedad", sintetiza García Piñeiro.
Preparar toda la documentación y conocer los alivios previstos evita errores y maximiza el beneficio legal para quienes estén obligados el año siguiente
El nuevo umbral propuesto por el Ministerio de Hacienda en la nueva reforma tributaria obligará a los empleadores a asumir mayores costos asociados a la contratación de personal con remuneraciones altas
La Justicia extracontractual de Rosario condenó a la provincia de Santa Fe y a un agente de la policía a resarcir económicamente a un hombre y una mujer que iban en una motocicleta cuando fueron embestidos por un móvil policial, en 2016. La resolución indica que se les deben pagarle 18 millones pesos, más intereses.
El fallo, celebrado por Nicolás Dupont, director de la Fundación Dilo Colombia y demandante en el proceso, reiteró que la recusación intentó reabrir debates ya resueltos y se sustentó en afirmaciones sin respaldo objetivo
La iniciativa del Ministerio de Hacienda busca aumentar la recaudación centrándose en quienes reciban herencias, donaciones o vendan activos
La Corte de Apelaciones de Washington DC confirmó el fallo que obliga al Estado argentino a indemnizar al fondo Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurrida en 2008. Leer más
La Cámara de Apelaciones de Washington confirmó que el país deberá pagarle al fondo buitre Titan Consortium una suma superior a los 390 millones dólares.
Titan Consortium logró que la Cámara de Apelaciones de Washington confirmara la condena por la estatización de la aerolínea de bandera en 2008, un laudo que el país lleva 16 meses sin pagar
La Corte de Apelaciones de Columbia, en Estados Unidos, desestimó una apelación de la Argentina contra el fondo Titan Consortium en el litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Kirchner. El país había perdido el juicio en el Ciadi, que determinó que debía pagar US$320 millones más intereses. Hoy el monto sería de unos US$390 millones. "La Cámara de Apelaciones falla contra la Rep. Argentina en caso de expropiación de Aerolíneas Argentinas (US$390 millones). Esta decisión también reactiva el caso Webuild que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas", dijo Sebastián Maril en la red X.El fondo de inversión Titan Consortium, que compró el derecho a litigar contra el país por esa estatización, busca además embargar activos argentinos en Estados Unidos para cobrar la indemnización que ganó ante el Ciadi. El fondo en cuestión se llama Titan Consortium. No fue el demandante original: el caso nació con el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral cuando el Estado las expropió en 2008 con un pago simbólico. Marsans reclamó una indemnización ante el Ciadi, el tribunal arbitral que depende del Banco Mundial y que resuelve disputas entre Estados e inversores privados. Luego transfirió ese derecho al fondo Burford Capital â??el mismo que litigó contra la Argentina por la expropiación de YPFâ??, que a su vez se lo cedió a Titan Consortium. Los fondos que compran este tipo de litigios son habituales en el mercado financiero internacional: anticipan el dinero del juicio a cambio de quedarse con una parte de lo que eventualmente se cobre.En 2017, el Ciadi emitió un laudo que ordenó a la Argentina pagar más de US$320 millones en compensación y casi US$3,5 millones en honorarios legales, con intereses corriendo hasta la cancelación total. El país intentó anular el fallo, pero el Ciadi rechazó el pedido en 2019 y le sumó más de un millón de dólares en costos y gastos de representación.El Ciadi, sin embargo, no tiene poder para ejecutar sus propias sentencias. Cuando un país no paga, los beneficiarios del laudo deben ir a cobrar ante los tribunales de cada país donde quieran hacer efectiva la condena. En el caso de Argentina, el camino natural fue la corte del Distrito de Columbia, en Washington D.C. Allí, en 2021, Titan demandó al país para forzar el cobro. La Argentina respondió pidiendo que la acción se desestimara por prescripción, pero la corte rechazó ese argumento: los jueces consideraron que los plazos invocados por la defensa "no son convincentes". El Estado apeló y ahora la Justicia de Estados Unidos desestimó esa apelación y el país debe pagar.Pero existe un mecanismo adicional. Si la Argentina no demuestra buena fe ni voluntad de negociar el pago, los beneficiarios del laudo pueden solicitar que les autorice a buscar activos soberanos argentinos en otros estados de Estados Unidos y a que esas jurisdicciones reconozcan las sentencias ya obtenidas. Eso es exactamente lo que Titan pidió: que se le permita rastrear y ejecutar activos por todo el territorio estadounidense.El activo más sensible en la mira es el colateral de los Bonos Brady depositado en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Los Bonos Brady son títulos de deuda que la Argentina emitió en los años 90 para reestructurar lo que debía a la banca comercial internacional; llevan ese nombre en honor al entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos Nicholas Brady, quien impulsó ese esquema para países con deudas impagables. Esos bonos tienen garantías depositadas en la Reserva Federal, y es precisamente esa garantía la que Titan busca capturar. Lo que hace más llamativo el movimiento es el momento: la Argentina cerró un acuerdo con otros dos fondos que también litigaban contra el país, Attestor y Bainbridge. Titan no solo no esperó, sino que busca establecer prioridad por encima de ese acuerdo reciente, ubicándose primero en la fila de acreedores.Lo que en 2017 era un laudo de US$320 millones hoy asciende a US$390,9 millones por efecto de los intereses acumulados. El caso Titan es uno de varios frentes judiciales abiertos que enfrenta la Argentina en el exterior por laudos del Ciadi impagos.
La Corte de Apelaciones de Columbia rechazó el planteo del Estado argentino para desestimar la demanda de Titan Consortium. El reclamo surge de la condena que el CIADI dictó por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008. Leer más
Mientras los afectados esperan la decisión del Ministerio sobre su futuro académico, las autoridades gestionan alternativas ante el vencimiento de los plazos oficiales
El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, no reunió aún los recursos para pagar los aguinaldos a los empleados municipales y enfrenta un paro de 48 horas, mientras aguarda una inyección de fondos desde el gobierno bonaerense de Axel Kicillof para destrabar el conflicto. Salazar es un jefe comunal peronista alineado con el gobernador en la interna del justicialismo, entre el cristinismo y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La falta de pago del aguinaldo afecta a los alrededor de 1200 empleados municipales que tiene San Pedro. El sindicato municipal local puso en marcha un paro de 48 horas, que se realizará entre hoy y mañana. El conflicto lleva tres semanas, con sucesivas medidas de fuerza puestas en marcha por el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pedro, encabezado por Juan Cruz Acosta.Según pudo saber LA NACION de fuentes municipales, el jefe comunal Salazar solicitó ayuda al gobierno provincial, aún sin éxito, y pidió una audiencia con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López. Para abonar los aguinaldos, Salazar necesita una suma que ronda los $890 millones, según cálculos municipales. Desde el gremio, consideran que el monto es menor (alrededor de $750 millones). Desde el gobierno bonaerense, indicaron que el jefe comunal y el ministro están en diálogo."Los sueldos [de junio] se pagaron, un día fuera de término, pero se pagaron. Pidieron ayuda a la Provincia y no les han girado. Hoy pagarían las horas extras, pero para el aguinaldo esperan la ayuda de Provincia. Además, ahora se les juntará con los sueldos [de julio]", sintetizó Acosta a LA NACION.Salazar es un dirigente peronista de extracción sindical. Su origen es la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). El intendente está enfrentado con el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pedro, con denuncias cruzadas incluidas.Además del conflicto municipal, el intendente de San Pedro enfrentó, la segunda semana de junio, un paro de los recolectores de residuos que se extendió durante cuatro días. La municipalidad no pudo abonar el canon de 300 millones mensuales que recibe la empresa encargada del servicio (Ashira) y, por esa situación, la firma no había abonado los salarios en su totalidad.El pago de aguinaldos generó conflictos también en el municipio de Azul, donde gobierna el intendente peronista Nelson Sombra (enrolado en las filas de Cristina Kirchner dentro del mapa de la interna justicialista). El sueldo complementario de pagó en dos cuotas, pero entre una y otra se produjo un retraso que motivó un paro con movilización del Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul, conducido por Luciano Varela. La medida de fuerza de los municipales de Azul se realizó el viernes e incluyó una movilización a la que asistió el secretario general de la Federación de Trabajadores Municipales Bonaerenses, Hernán Doval. El lunes, el municipio informó que había recibido fondos desde Provincia y que este martes abonaría los aguinaldos, por lo que se levantó un paro previsto para hoy.Los distritos bonaerenses se encuentran afectados por caídas en la recaudación de tasas municipales y en las transferencias por coparticipación bonaerense (que, en el primer trimestre, tuvieron su nivel más bajo desde 2020, según datos de la consultora PPA). Entre otros pedidos, los intendentes aspiran a conseguir que el gobierno de Kicillof permita que la totalidad de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal (que se nutre del 8% de los recursos que la Provincia obtiene por endeudamiento) sean de "libre disponibilidad". Según la norma, aprobada en diciembre de 2025, existe un 30% que debe destinarse de modo obligatorio "a programas provinciales con destino a municipios de los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos y Transporte y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires".
La exmodelo peruana defendió su versión luego de que se difundieran imágenes del altercado con una trabajadora, y explicó que la discusión surgió por un tema económico y no por la presencia de sustancias ilícitas.
La tarjeta de crédito es una de las opciones más recurrentes de las familias a la hora de aliviar los gastos, según datos del Banco Central, en Argentina hay 25 millones de titulares de tarjetas de crédito. Leer más
El desenlace aporta una señal para tribunales y reguladores sobre compensación y autorización de autores, mientras el sector enfrenta cuestionamientos por uso de obras protegidas sin licencia
El 17 de julio, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés) informó que recuperó más de 500.000 dólares en salarios atrasados en California para seis empleados de A Chau Sandwich, una tienda de delicatessen de San Diego. El monto correspondía a la diferencia por remuneraciones inferiores al mínimo local y primas por horas extras que la empresa había omitido.Cada empleado del local de California recibió US$83.000La División de Salarios y Horas investigó a Chau Deli, que opera bajo el nombre de A Chau Sandwich. Los agentes determinaron que el establecimiento abonaba una tarifa fija de US$100 por día, aunque sus empleados solían completar jornadas de 11 horas, explicó el DOL en un comunicado.Cada integrante del personal trabajaba un promedio de 55 horas semanales. La pesquisa concluyó que la remuneración habitual quedaba por debajo del salario mínimo local aplicable.La empresa tampoco pagaba las primas correspondientes al tiempo que superaba las 40 horas por semana. Esta práctica infringía la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés). La intervención permitió recuperar un total de US$500.256. Cada una de las seis personas afectadas recibió aproximadamente US$83.000 por los pagos que el comercio había omitido.Andrew Rogers, administrador de la división, afirmó que el organismo mantiene su compromiso con la aplicación de las protecciones laborales federales para los trabajadores. El funcionario también señaló que la agencia está "preparada para ayudar a los empleadores a comprender y cumplir" las normas bajo su competencia. Cómo reclamar por el incumplimiento de normas laborales en California y todo EE.UU.El organismo cuenta con una herramienta de búsqueda para quienes consideren que la agencia recuperó fondos que les corresponden. Empleados y empleadores también pueden realizar consultas o solicitar asistencia sobre cumplimiento normativo mediante la línea gratuita 866-4US-WAGE, equivalente al 866-487-9243.A su vez, la agencia ofrece el programa PAID, que permite a los empleadores informar voluntariamente y resolver posibles infracciones relacionadas con el salario mínimo y las horas extras conforme a la FLSA. La iniciativa incluye determinadas faltas contempladas en la Ley de Licencia Familiar y Médica.Cómo se usa la aplicación para registrar las horas trabajadas del DOLLa aplicación DOL-Timesheet puede utilizarse cuando el reloj de fichaje está averiado, el sistema de la empresa registra mal una jornada o existen diferencias con los datos del supervisor. También habilita comprobar si el empleador contabilizó y pagó todas las horas.El procedimiento para los empleados consta de los siguientes pasos:Descargar gratis DOL-Timesheet desde Google Play o la App Store. La herramienta está disponible para dispositivos Android e iOS. Seleccionar inglés o español en el asistente de configuración e indicar que el perfil corresponde a un empleado. Ingresar los datos básicos del empleador, la fecha de inicio y la duración de la semana laboral. Precisar si la remuneración es por hora o mediante un salario fijo e incorporar la tarifa aplicable. La aplicación utiliza esta información para calcular una proyección del pago. Presionar el botón de inicio de la jornada al comenzar a trabajar y utilizar la opción correspondiente para registrar los descansos. El usuario puede cargar las horas de forma manual.Comparar el cálculo de la app con el pago bruto que figura en el recibo de sueldo. Si se detectan diferencias, hay que descargar los registros en una hoja de cálculo y enviarlos a los contactos de la División de Salarios y Horas disponibles dentro de la plataforma.Los empleadores acceden a funciones similares, pero pueden incorporar varios trabajadores y registrar el inicio de la jornada de cada uno por separado. Esta opción permite controlar las horas y calcular los pagos correspondientes.El DOL anticipó futuras actualizaciones destinadas a quienes reciben propinas o cobran según la cantidad de trabajos completados.
Las redes expusieron al presidente provisional del Senado camino al estadio en Nueva Jersey. Ante la polémica por un gasto que supera los 14 mil dólares, el oficialismo le restó importancia al impacto de las fotos y argumentó que los legisladores ya están de vacaciones. Leer más
La Resolución General 5876/2026 alcanzó a los contribuyentes del régimen general y a quienes utilizan la Declaración Jurada Simplificada. Además, ARCA reprogramó las fechas del primer anticipo del próximo período fiscal. Leer más
El senador libertario Bartolomé Abdala viajó a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España. Su presencia salió a la luz a partir de imágenes que se viralizaron en X, donde se lo ve durante su trayecto hacia Nueva Jersey, sede del encuentro que terminó con la derrota de la selección argentina. En las imágenes aparece con una gorra negra, jeans, zapatillas deportivas y una campera beige.Ni el legislador ni su equipo desmintieron el viaje. Tampoco lo hicieron desde el oficialismo, aunque evitaron responder las consultas de LA NACION. En cambio, referentes libertarios buscaron quitarle dramatismo al episodio. "Se pagó todo él", afirmó un colaborador del oficialismo. El dato no es menor: según estimaciones realizadas por LA NACION, asistir a la final implicó un desembolso de al menos US$8000 y pudo superar los US$14.000 en paquetes que incluían pasajes, alojamiento y entrada. El mayor costo, además del precio, era conseguir un ticket para el partido. Tras la clasificación de la Argentina frente a Inglaterra, las entradas de reventa superaban los US$10.000. En Estados Unidos, la reventa es legal y existen plataformas oficiales para su comercialización.Abdala representa a San Luis en el Senado y ocupa la presidencia provisional de la Cámara alta, cargo que lo ubica segundo en la línea de sucesión presidencial, detrás de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Desde agosto percibirá una dieta cercana a los $7 millones mensuales netos.Su vínculo con el fútbol viene de larga data. Entre 2000 y 2018 fue dirigente de la Liga Sanluiseña de Fútbol y ocupó distintos cargos electivos dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).En un primer momento había trascendido que desde la Casa Rosada se había impartido la orden no escrita a funcionarios y legisladores de mantener un bajo perfil durante el Mundial y evitar imágenes en los estadios. Ahora, sin embargo, el discurso oficial cambió. "Después de la sesión eran libres", señalaron en el equipo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.¡ORGULLOSO DE USTEDES!Gracias por darlo todo.#TeQuieroSanLuis#TeQuieroArgentina pic.twitter.com/f8R3PwNhy5— BartoloméAbdala (@AbdalaBartolome) July 19, 2026En el Senado también relativizaron el episodio. "Arrancaron las vacaciones en el Senado", deslizaron cerca de Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta. "No se pregunta a dónde viajan los senadores", agregó otra fuente oficialista.Otro referente libertario fotografiado en el Mundial. Días atrás, Santiago Viola, secretario de Justicia y número dos del ministerio que conduce Juan Bautista Mahiques, fue visto durante el partido entre la Argentina y Suiza. Desde esa cartera explicaron que había solicitado licencia y sostuvieron que se trató de "una excepción".El antecedenteNo es la primera vez que Abdala queda expuesto por un episodio incómodo para el discurso anticasta del oficialismo.En septiembre de 2024 reconoció públicamente que tenía al menos 15 asesores porque aspiraba a ser gobernador de San Luis. "Tengo más de 15 seguro, tengo muchos en San Luis. Es la verdad. Mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio", afirmó entonces durante una entrevista en TN. También explicó que muchos de esos colaboradores lo ayudaban a seguir la realidad de la provincia y a organizar reuniones cuando regresaba a su distrito.Su sinceridad, sin embargo, se quedó corta. En ese momento contaba con 20 asesores entre personal de planta permanente y transitoria. Actualmente, según la información publicada en el sitio oficial del Senado, redujo esa estructura a 12 colaboradores.La confesión del senador Bartolomé AbdalaLa polémica impactó de lleno en el discurso anticasta que impulsa Javier Milei. Tras aquel episodio, el Presidente difundió un mensaje que muchos en el oficialismo interpretaron como un llamado de atención hacia su propio espacio: "La casta política está organizada para cagarle la vida a la gente de bien, al laburante. La única manera de presentarles batalla es con organización y disciplina de nuestro lado. Este mensaje va para el militante más raso hasta los dirigentes más importantes de La Libertad Avanza", sostuvo.
La economista Carolina Mannucci alertó sobre el fuerte deterioro del poder adquisitivo, el crecimiento de la morosidad en créditos y tarjetas, y el impacto que esta situación ya tiene sobre el sistema financiero. Leer más
Julio Martínez Sola asegura que José Luis Rodríguez Zapatero le llamó desde "un número oculto" y le trasladó que su intervención podría ayudar a la aerolínea a acceder a financiación pública
La Asociación Dominicana de Profesores reclamó al Ministerio de Educación aplicar incentivos económicos y divulgar el protocolo de revisión, reclamación y apelación
Argentina fue corazón y resistencia y llevó la definición de la Copa del Mundo a tiempo suplementario, pero no fue suficiente ante un seleccionado español que fue amplio dominador y terminó siendo un justo campeón.
Cuatro de cada cinco floridanos encuestados aseguran que tienen dificultades para pagar los alimentos. El dato refleja el impacto que el aumento del costo de vida tiene sobre los hogares y vuelve a poner en primer plano las dificultades de miles de familias para acceder a productos básicos.El dato sobre Florida que preocupa por el acceso a los alimentosSegún una encuesta difundida por No Kid Hungry, una campaña nacional de Share Our Strength dedicada a combatir el hambre infantil en Estados Unidos, el 80% de los encuestados afirmó que afrontar el costo de la comida representa un desafío para la economía familiar.La información fue difundida por Local 10 News en el marco de Food for Thought, una iniciativa impulsada junto con Publix para generar conciencia sobre el hambre y respaldar programas comunitarios de asistencia alimentaria en el sur del estado.Los resultados dejaron en evidencia una problemática que afecta a miles de hogares. Casi un millón de personas vive en condiciones de inseguridad alimentaria en el sur de Florida, una situación que mantiene en alerta a organizaciones benéficas y entidades comunitarias.El aumento de los precios de productos básicos, sumado al encarecimiento de otros gastos cotidianos, figura entre los factores que más presionan los presupuestos familiares, especialmente entre quienes tienen ingresos limitados.Qué significa la inseguridad alimentariaLa inseguridad alimentaria se define como la falta de acceso constante a suficientes alimentos nutritivos para mantener una vida activa y saludable.De acuerdo con datos difundidos por No Kid Hungry, más del 22,7% de los niños de Florida vive en hogares que enfrentan esta situación. La falta de acceso regular a una alimentación adecuada puede afectar el desarrollo infantil, el rendimiento escolar y la salud a largo plazo.La entidad sostiene que el problema no responde a una escasez de alimentos, sino a las dificultades económicas que muchas familias enfrentan para comprarlos de manera regular.Por ese motivo, distintos programas de asistencia buscan garantizar el acceso a comidas saludables y reducir el impacto que el aumento de los precios tiene sobre los sectores más vulnerables.Las organizaciones que trabajan contra el hambre advierten que las dificultades para acceder a una alimentación adecuada también generan consecuencias sociales y económicas.Entre ellas se encuentran mayores gastos vinculados a problemas de salud asociados con una nutrición deficiente, además de efectos sobre el desempeño laboral de los adultos y el rendimiento académico de los estudiantes.Las iniciativas para combatir el hambre en el sur de FloridaDesde 2020, Publix y Local 10 News desarrollan la campaña Food for Thought, destinada a fortalecer proyectos de asistencia alimentaria en distintas comunidades del sur del estado.Durante los últimos años, la iniciativa colaboró con despensas escolares, programas de comidas para estudiantes durante los fines de semana, campañas de recolección de alimentos y huertas comunitarias.Los fondos recaudados también permiten apoyar a organizaciones locales que registraron una gran demanda de ayuda alimentaria en los últimos años.Una de las entidades beneficiadas es The Cupboard of Goodman JFS, ubicada en Davie. Según cifras difundidas por la organización y citadas por Local 10 News, durante el último año brindó asistencia a unas 600 familias por mes, lo que representó ayuda para aproximadamente 1100 personas.La entidad forma parte de una red de organizaciones comunitarias que trabaja para ampliar el acceso a alimentos y productos esenciales para hogares que atraviesan dificultades económicas.
A 25 años del crimen que conmocionó a Lima, Clímaco Basombrío Pendavis cumplió su condena de 20 años y abandonó el país para luego regresar al Perú. Ida Merino, la trabajadora del hogar que sobrevivió al ataque, nunca recibió la reparación civil fijada por la Corte Suprema; solo se abonaron 170 soles
Una mujer afirmó que cayó al tropezar con un bolardo metálico y un extintor mal ubicados en el lugar. El tribunal rechazó la demanda al señalar que no hubo testigos presenciales, intervención policial ni registros fílmicos, y que la prueba reunida no permitió acreditar lo ocurrido
Un informe nacional y datos nacionales del Centro de Almaceneros confirman que el crédito dejó de ser una herramienta para progresar y se convirtió en el único recurso para llegar a fin de mes. La foto del tejido social muestra que comenzó a caer, incluso, el préstamo entre familiares y amigos. Leer más
Mantener los pagos al día, controlar el nivel de endeudamiento y revisar periódicamente el reporte crediticio son algunas de las acciones que pueden fortalecer la evaluación financiera ante las entidades
El gobierno de Estados Unidos estudia incorporar un nuevo requisito para algunos extranjeros que soliciten la green card desde un consulado estadounidense en el exterior. La iniciativa contempla la presentación de una fianza que podría alcanzar los 100 mil dólares, con el objetivo de demostrar que el futuro residente cuenta con recursos económicos suficientes.Cómo funcionaría la fianza para solicitar la green cardDe acuerdo con un informe de The Wall Street Journal, la propuesta forma parte de la política migratoria impulsada por la administración Donald Trump y apunta a quienes podrían ser considerados con riesgo de depender de programas de asistencia financiados por el Estado. El monto definitivo no sería uniforme, ya que funcionarios evalúan la posibilidad de fijarlo según las características de cada caso."El presidente Trump ha dejado claro que quienes deseen inmigrar a EE.UU. deben ser económicamente autosuficientes", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, a The Wall Street Journal. Según explicó, el depósito podría ser cubierto por el propio solicitante o por familiares que ya residan en el país norteamericano. La iniciativa establece que el pago serviría como una garantía financiera para determinados aspirantes a la residencia permanente. La finalidad es acreditar que la persona dispone de medios para mantenerse sin recurrir a programas públicos de asistencia.De acuerdo con la propuesta, quienes obtengan la green card recuperarían el dinero cuando completen el proceso de naturalización. Como regla general, el acceso a la ciudadanía estadounidense requiere un período mínimo de cinco años como residente permanente, por lo que ese sería el plazo estimado para el reembolso.El antecedente del programa de fianzas para visas de turistaLa propuesta para residentes permanentes toma como referencia un programa piloto implementado para algunas visas de turismo. Ese sistema comenzó en agosto de 2025 con ciudadanos de dos países y posteriormente se amplió a decenas de naciones.En ese programa, los solicitantes deben depositar sumas de US$5000, US$10.000 o US$15.000, según la evaluación realizada por el funcionario consular durante la entrevista. El objetivo es garantizar que el visitante abandone EE.UU. dentro del período autorizado.Si la persona permanece más tiempo del permitido o intenta modificar su situación migratoria tras ingresar al país norteamericano, el depósito puede perderse. A esto se le suma una reciente modificación que entrará en vigor el 18 de septiembre sobre la carga pública, que busca garantizar que quienes arriben a EE.UU. puedan mantenerse por si mismos.Qué cambia con la regla de carga públicaEn paralelo con la propuesta de las fianzas, la administración reactivó la denominada regla de carga pública. Esta es utilizada para evaluar si un solicitante de residencia permanente podría depender de asistencia gubernamental.La normativa permite que las autoridades migratorias analicen factores como:La edadEl estado de saludLa situación familiarEl nivel educativoLos antecedentes laboralesLos ingresosLos recursos económicos del solicitante antes de decidir sobre su casoDentro de esa evaluación también puede considerarse el uso de determinados programas de asistencia, entre ellos cupones para alimentos, Medicaid y subsidios de vivienda. El gobierno sostuvo que el objetivo es preservar los recursos públicos destinados a los contribuyentes.La restauración de la regla de carga pública también implicará cambios administrativos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) publicará una nueva versión del formulario I-485, utilizado para determinados trámites de residencia. A partir del 18 de septiembre, las solicitudes presentadas con versiones anteriores dejarán de ser aceptadas.
La percepción de que "la plata no alcanza" es cada vez más generalizada: la reducción de gastos se concentra en recreación y hogar, según estudios privados
Una familia contrató en 2018 la compra e instalación de una pileta de fibra de vidrio a través de WhatsApp. La estructura presentó fallas desde el inicio, pero el proveedor dejó de responder los reclamos
El especialista en el mercado inmobiliario afirmó en diálogo que la discusión sobre la desregulación del sector no resuelve el principal problema: la falta de crédito hipotecario y las dificultades de acceso a la vivienda. Leer más
Un turista surcoreano, filipino o tailandés podrá pagar un café en un bar porteño o una entrada al Teatro Colón escaneando el mismo código QR que usa a diario en su país, sin bajar una nueva aplicación ni buscar una casa de cambio. Detrás de esa promesa hay un gigante asiático de los pagos digitales que conecta a 150 millones de comercios y 2000 millones de cuentas de usuarios en todo el mundo, y que en las últimas semanas eligió a la Argentina para dar un nuevo paso en su desembarco regional.Se trata de Alipay+, la plataforma de pagos de Ant International, que se integró al sistema nacional de pagos con un código QR interoperable, a través de un acuerdo con la fintech PVS, especializada en soluciones de pago en América Latina.La integración permite que las aplicaciones socias de Alipay+ escaneen el mismo código QR interoperable que ya exhiben los comercios argentinos. El viajero paga desde su aplicación habitual y el comercio cobra en pesos, sin necesidad de modificar su infraestructura actual.En países como China, Corea del Sur o Filipinas, casi nadie paga con tarjeta de crédito: el medio de pago cotidiano es la billetera virtual del celular. Cuando esos viajeros llegan al país, no tienen forma de pagar con los medios que conocen. Entre las billeteras que podrán habilitarse de forma progresiva para pagar en la Argentina figuran Kakao Pay y Toss Pay, de Corea del Sur, y GCash, de Filipinas, entre otras.La Argentina cuenta con uno de los ecosistemas de pagos móviles más desarrollados del mundo, con el código QR como método habitual de cobro en comercios de todo tipo. En el centro de ese sistema está Transferencias 3.0, la infraestructura de pagos instantáneos e interoperables que impulsó el Banco Central y que permite pagar con cualquier billetera digital o aplicación bancaria adherida escaneando un único código QR, sin importar la entidad emisora.Alipay+ es la rama internacional de Alipay, la billetera digital más grande del mundo. Con 1000 millones de usuarios, Alipay es en China mucho más que un medio de pago: desde esa misma aplicación se puede pedir un taxi, comprar entradas de cine, sacar turno en el hospital o invertir en fondos. Es la infraestructura digital de la vida cotidiana de cientos de millones de personas.En 2023, las operaciones fuera de China se reorganizaron bajo la marca Ant International para operar con independencia del mercado chino. Hoy, la empresa tiene presencia en Asia, Europa, Medio Oriente y América Latina, con Brasil y México como sus principales mercados en la región. La escala es difícil de dimensionar: conecta a 150 millones de comercios con 2000 millones de cuentas de consumidores en el mundo.El desembarco de Ant International en el país también tiene un capítulo deportivo. En marzo, la compañía se convirtió en patrocinador oficial de la selección argentina de fútbol para la región de Asia, con exclusión de Medio Oriente. La marca Alipay+ tiene además al tenista español Carlos Alcaraz como embajador global.Weixiao Jiang, gerente general para el Norte de Asia y las Américas de Alipay+, destacó el nivel de desarrollo del sistema de pagos local: "El ecosistema de pagos digitales de la Argentina, altamente interoperable, crea una base sólida para un comercio digital sin fricciones". Jiang dijo esperar que la iniciativa contribuya al consumo de los visitantes extranjeros y "genere más oportunidades para los comercios locales", en particular para las pequeñas y medianas empresas.Argentina has entered the Finals! ð??¦ð??·The stage is set for a historic showdown, and the dream of defending the title is alive.As a regional sponsor of the @afa, Ant International is proud to support the players as they compete for glory. Our partnership is built on empoweringâ?¦ pic.twitter.com/mMv3Rbmz5b— Ant International (@Ant_Intl) July 16, 2026La compañía, con sede en Singapur, ya había dado un primer paso en el país en mayo, cuando selló con PVS un acuerdo para implementar pagos móviles transfronterizos en la Argentina y Chile. Ahora se profundiza ese vínculo y lo extiende, por primera vez, a millones de comercios conectados al sistema de QR interoperable del Banco Central, más allá de la red original de PVS."La forma en que la gente paga está cambiando rápidamente, y los comercios necesitan experiencias de pago que evolucionen al mismo ritmo", señaló Lucio Colunga, CEO de PVS. El ejecutivo agregó que la alianza conecta a los comercios de la región con "uno de los ecosistemas de pago digital más grandes del mundo".Ant International procesa un promedio de más de 20 millones de transacciones diarias a nivel global y brinda servicios de pago, crédito embebido y gestión de tesorería a instituciones financieras y comercios en Asia, Europa y América. En la región, la compañía también impulsa el acceso a pagos digitales en México y a financiamiento para pequeñas empresas y personas sin cuenta bancaria en Brasil, sus dos mercados más avanzados en América Latina.Junto con los pagos por código QR, Alipay+ ofrece también pagos sin contacto a través de la tecnología NFC, gracias a una alianza con Mastercard. Los usuarios de AlipayHK, GCash y Kakao Pay ya pueden pagar de forma inalámbrica en comercios habilitados para Mastercard en todo el mundo, incluida la Argentina.
El último informe cree que Fernando Merino, ex cargo de la multinacional, daba el dinero a Koldo y este lo ingresaba en la cuenta que Cerdán abrió para pagar este vehículo
La medida llegó después de más de 2.000 mensajes de protesta y deja el cargo solo para quienes llegan desde fuera, en un giro que reactivó el debate regional sobre el acceso costero
Meses después del siniestro que dejó inutilizable la camioneta de la marca, la firma automotriz formalizó un requerimiento de pago por el deducible pendiente y reactivó el caso con un plazo de cinco días hábiles
Los datos surgen del Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central. Casi seis millones de personas tienen problemas de endeudamiento
La ciudadana tomó el servicio junto con su hijo menor de edad. Afirmó haber quedado en "shock" al ver que el taxista estaba armado
Unos 5,8 millones de personas que tomaron algún tipo de préstamo cayeron en incumplimiento. Se trata del 28% de los 20,1 millones que accedieron a algún tipo de financiamiento, cifra que incluye incluso a quienes sólo utilizaron su tarjeta de crédito, aun por montos mínimos, tanto en entidades financieras como no financieras.Los datos revelan un crecimiento exponencial si se tiene en cuenta que hace apenas dos años la irregularidad alcanzaba a 2,4 millones de personas. Para analistas y banqueros, el fenómeno deja al descubierto las dificultades que enfrentan muchas familias para llegar a fin de mes, ya sea por la insuficiencia de sus ingresos o porque las expectativas de recuperación del poder adquisitivo no llegaron a concretarse."El incumplimiento entre quienes tomaron crédito únicamente con entidades no financieras â??por dificultades para acceder a préstamos bancariosâ?? supera el 50% (2,9 millones de 5,3 millones de personas). Además, sólo 4 de cada 10 adultos jóvenes (entre 18 y 29 años) tienen acceso al crédito formal y casi el 40% de ellos está en mora", destacó un informe de la consultora privada Equilibra, que analizó los factores detrás del fuerte aumento de la irregularidad.Al respecto, el trabajo señaló que el deterioro responde, entre otros factores, a "la fuerte caída del ingreso real registrado y disponible de 14,5 millones de personas en lo que va de la gestión Milei", en un contexto de deterioro del empleo asalariado formal â??tanto público como privadoâ??, reemplazado en muchos casos por trabajo en servicios de baja productividad, mayormente cuentapropista e informal.A eso agregó que, en los últimos 24 meses, la carga de los servicios de la deuda de las personas con entidades financieras pasó de representar el 8,7% de la masa salarial formal a rozar el 25%, en un escenario de tasas de interés reales que se volvieron "significativamente positivas".Ese contexto hizo que 3,4 millones de personas adicionales cayeran en mora entre julio de 2024 y mayo de este año, principalmente por el incumplimiento de quienes solo se financiaban con entidades no financieras (+1,8 millones), de quienes registran deudas tanto con entidades financieras como no financieras (+1 millón) y de deudores exclusivos del sistema financiero (+600.000), detalla el informe."Si no regularizan su situación, casi 6 millones de personas quedarán excluidas del acceso al crédito formal", advirtió el director de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, quien consideró que las propuestas de refinanciación que hoy ofrecen las entidades â??extendiendo plazos y ajustando tasasâ?? no serán suficientes "sin una mejora significativa del ingreso disponible de las personas"."La insuficiencia de ingresos de las familias no afecta sólo el repago de los préstamos formales: también aumentaron los atrasos en el pago de expensas, cuotas de medicina prepaga, clubes y otros compromisos", agregó.En términos geográficos, la proporción de personas en mora supera el 30% en las provincias del norte del país â??con excepción de Jujuyâ??, mientras que se ubica por debajo del promedio nacional del 28% en la región Centro y en Neuquén.
El Tribunal del Indecopi confirmó la sanción contra la importadora, ordenó el comiso definitivo de 1.999 miniconsolas y prohibió que continúe utilizando la marca protegida de Nintendo
Jazmín Ortega, jefa de compras productivas, explica cómo el costo total de abastecimiento y la logística definen cada decisión de compra
Este jueves 23 de julio es feriado nacional por el Día de la Fuerza Aérea y generará triple pago para los trabajadores que lo laboren
Un médico colombiano compartió una rutina de siete noches con un producto sencillo y económico y detalló lo que podría mejorar el brillo dental, pero también advirtió cuándo toca visitar al odontólogo
Un informe privado advierte que más de cinco millones de argentinos presentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. Los menores de 25 años son el grupo con mayor nivel de morosidad y acumulan deudas impagas que superan el millón de pesos por persona. Leer más
La gratificación para el sector privado equivale a un sueldo entero, ¿pero esto se aplica en todos los casos?
La firma Avalon Capital Futures Investments tenía sus oficinas en el complejo Thays, en Villa Udaondo, en el partido bonaerense de Ituzaingó. Sus socios, Juan Ignacio Lombardo y el abogado Ángel Elías Gómez, se presentaban como operadores de inversiones en distintas actividades financieras. Su poder de convencimiento fue tal que recibieron casi 1 millón de dólares de personas que esperaban, como les habían prometido, una rentabilidad superior a lo usual. Pero las ganancias brillaron por su ausencia y todo hace suponer que se trataba de una estafa piramidal.Ahora Gómez está preso y Lombardo prófugo. Así se desprende de una investigación que lleva adelante el fiscal de Ituzaingó Lucio Rivero, el mismo que tuvo a su cargo el expediente que se inició tras la muerte de Carlos Solari, el Indio.Lombardo se presentaba con tarjetas personales como director de Administración y Finanzas del Comité Argentino de la Cámara de Comercio del Mercosur. Era toda una puesta en escena."Lombardo y Gómez, como ardid, se presentaban como socios y dueños de una firma de inversiones, Avalon Capital Futures Investments. Se valían de publicidad engañosa en redes sociales y decían ser operadores de inversiones en distintas actividades financieras, ofreciendo una rentabilidad dineraria superior a la del mercado financiero. Además, Lombardo simulaba pertenecer a la Cámara de Comercio de Argentina", según consta en el expediente judicial.Si bien hay cinco damnificados identificados en la causa, los investigadores no descartan que haya más víctimas de los "operadores financieros".La estafa piramidal habría comenzado hace 21 meses, en octubre de 2024. Por lo menos así lo refleja la denuncia de la primera víctima, que puso 50.000 dólares. Lombardo y Gómez le dijeron que iban a invertir en soja y que, en 180 días, le iban a devolver el dinero, más un interés del 2% mensual en dólares.Los primeros meses, como suele ocurrir con las estafas piramidales, los inversores recibían el dinero prometido como interés. Eso llevó a la víctima a volver a "apostar" por el negocio propuesto por Lombardo y Gómez. Suscribió un contrato a 180 días en el que ahora le prometían una rentabilidad del 3% mensual. Pero nunca más le devolvieron nada. La segunda víctima, en marzo del año pasado, invirtió 350.000 dólares en los negocios que decían Lombardo y Gómez que llevarían adelante. Supuestamente el dinero le iba a ser devuelto en seis meses con un interés mensual del 2,5%. Pero con el correr del tiempo advirtió que había caído en una estafa; las explicaciones que le daban los socios no la convencieron.Después, en mayo del año pasado, Lombardo sedujo con su oferta a un vecino del Barrio Buenos Aires Golf Club, de Bella Vista, en el partido bonaerense de San Miguel, donde vivía por ese entonces.Después de escuchar a Lombardo, su vecino tuvo interés en invertir dinero en los negocios relatados. La rentabilidad que le prometía no era para despreciar. Entonces, el 19 de mayo de 2025 le entregó 100.000 dólares."Lombardo y Gómez se comprometieron, por medio de un 'contrato de comisión para operaciones realizadas en el mercado de futuros', a devolver el dinero invertido en un plazo mínimo de 180 días más un interés mensual del 3%", según se desprende de la causa judicial.Para los detectives policiales y judiciales que participan de la investigación, Lombardo y Gómez nunca tuvieron la intención de cumplir con lo pactado.Los sospechosos "solo efectuaron retornos en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, tal como funciona el esquema Ponzi montado. Con los opulentos retornos convencieron a la víctima de aportar otros 30.000 dólares más en el mes de octubre [de 2025], para luego de ello cesar los pagos y mediante evasivas evitar a la víctima, causando de esa manera engañosa un efectivo perjuicio en el patrimonio del denunciante", según surge de la imputación.Hubo otras dos víctimas: una invirtió 250.000 dólares y le prometieron un interés del 5% mensual; la otra entregó US$65.400 bajo la promesa de una rentabilidad del 4%.Para el fiscal Rivero, los cinco casos "constituyen, prima facie, el delito de estafa reiterada, todo ello en concurso real".Gómez, de 45 años, fue detenido en su casa de Ituzaingó por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires."Lombardo no fue ubicado en la casa del country donde se suponía que vivía. Se presentó un abogado, dijo que se ponía a disposición e informó otro domicilio donde el imputado tampoco fue encontrado. Se ordenó su captura y ahora está prófugo", informaron fuentes judiciales.Hubo un allanamiento en la oficina de Avalon Capital Futures Investments donde los detectives de la policía bonaerense secuestraron tarjetas personales a nombre de Juan Ignacio Lombardo (algunas con la leyenda Founder & CEO y otras Director Administración y Finanzas, Mercosur Cámara de Comercio), contratos de comisión para operaciones realizadas en el mercado de criptomonedas a nombre de distintas personas por montos en dólares y correspondientes a 2023 y 2025; contratos de inversores para operaciones realizadas en el mercado commodities, folletos varios, sobres en blanco y carpetas, todos ellos con la inscripción Avalon Capital y documentación variada a nombre de Juan Ignacio Lombardo.También hubo procedimientos en la casa de Gómez, donde el abogado fue detenido. Se secuestraron un pendrive, dos notebooks, dos teléfonos celulares y una carpeta con la inscripción Avalon Capital Futures Investments.Por orden de la Justicia, la policía bonaerense decomisó tres vehículos: un Mercedes Benz SLK 350, un Austin Mini Countryman y una camioneta Dodge RAM 1500.
El único bien que ofreció Mónica García Villegas, el terreno de la escuela, está sujeto a extinción de dominio y no puede usarse como pago
Las entidades deben permitir el acceso a fondos para cubrir los gastos funerarios antes de la adjudicación de la herencia
Esta plataforma de streaming destaca por ofrecer un amplio catálogo de de series y películas de anime
Ya se ha notificado a más de 10 mil contribuyentes para que lleven el curso de la Sunat que les permitirá no ser sancionados por primera falta
La norma fija un máximo anual de 1.340 UVT para la mayoría de alivios de la cédula general, lo que en el año gravable 2025 equivale a $66.730.660
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) alertó que el Estado hondureño financia una parte importante del pago de su deuda pública mediante nuevos préstamos y advirtió sobre una baja ejecución del presupuesto 2026.
El arreglo extrajudicial con el Departamento de Justicia prevé compensaciones para personal de Camp Pendleton cuyos autos fueron retirados y vendidos sin autorización de un tribunal, tras una demanda por prácticas sostenidas durante años
Los estudiantes empiezan en verano a buscar alojamiento para septiembre ante la falta de oferta y el aumento de los desplazamientos entre provincias
Las personas con ingresos inferiores al umbral legal pueden mantener coberturas sociales alternativas sin la obligación de pagar cotizaciones a sistemas contributivos
Los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, revocaron una medida cautelar que había dispuesto el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que ordenaba al Gobierno mantener el pago del Plan Volver al Trabajo a unos 900.000 beneficiarios, que cobran $78.000. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, había dispuesto el cese de ese beneficio para reemplazarlo por vouchers de capacitación, y los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) habían impulsado la presentación judicial para evitarlo.En un fallo de este lunes, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín avalaron el reclamo que presentó el ministerio de Pettovello contra la decisión de Charvay, que el 21 de abril había dictaminado a favor de un amparo colectivo presentado por trabajadores de la economía popular y había ordenado al Gobierno "que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo" hasta el momento en que "se dicte sentencia definitiva".Los camaristas de San Martín consideraron que "los diferentes programas sociales que la demandada [por el actual Ministerio de Capital Humano] fue implementando, se encuentran debidamente sustentados en la legislación que dispuso expresamente su instauración, por manera que, el mayor o menor acierto o error, mérito o conveniencia de la solución adoptada por la autoridad administrativa, constituyen puntos sobre los que no cabe al Poder Judicial pronunciarse". En su argumentación, los jueces Salas, Fernández y Morán indicaron que el Gobierno "dictó la resolución número 295/26, mediante la cual instituyó un nuevo programa llamado 'Programa Formando Capital Humano', buscando con ello promover el desarrollo de calificaciones y habilidades laborales de personas con problemáticas de empleo, mediante el acceso a cursos de formación laboral y profesional que les permitiera incrementar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral"."Si bien la actora pretende la continuidad de la vigencia de las prestaciones económicas percibidas, al entender que su sustitución por eventuales 'vouchers para capacitación' no constituye una alternativa idónea ni equivalente, lo cierto es que, al haberse instituido dicho programa en ejercicio de la potestad que prevé el inciso 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional [que establece que el Presidente expide instrucciones y reglamentos para la aplicación de las leyes], tales cuestiones deberán ser objeto de un pormenorizado análisis al momento del dictado de la sentencia definitiva", se aclaró en el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín."Desde esta perspectiva, advirtiéndose además que el órgano ministerial, mediante la resolución número 84/24 (que implementó el "Programa Volver al Trabajo"), ya había instituido su finalización al transcurrir los 24 meses a partir de su aprobación -no habiendo ello sido oportunamente cuestionado por los actores-, en el 'sub-lite' la acreditación del presupuesto de la verosimilitud del derecho remite a un complejo examen en torno a la razonabilidad de las medidas implementadas por el Gobierno Federal, circunstancia que exige un ámbito de debate y prueba que excede ampliamente el ceñido marco de un proceso cautelar", consideraron los magistrados. "En este orden de ideas, a raíz de todo lo expuesto precedentemente, en este estado liminar de las actuaciones, no está verificada la verosimilitud del derecho, con el grado de certeza requerido para este tipo de medidas innovativas, por lo que corresponde hacer lugar a las quejas vertidas por la accionada en este punto", concluyeron los jueces al revocar la medida cautelar de Charvay, juez federal de Campana que, entre otros casos, tuvo a su cargo expedientes vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su titular, Claudio "Chiqui" Tapia. â?¼ï¸?La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo.El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidado del salario social complementario. pic.twitter.com/oqTdW5TtvA— UTEP (@UTEPoficial) July 13, 2026La UTEP, que lidera el dirigente del Movimiento Evita Alejandro Gramajo, criticó la decisión judicial. "La Cámara priorizó la 'burocracia de las políticas públicas' y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables. La Justicia avaló, así, el argumento oficial de que el programa tenía un 'vencimiento de 24 meses' y habilitó al Gobierno a reemplazar un salario de subsistencia por los 'vouchers de capacitación' del nuevo programa Formando Capital Humano, eventuales e insuficientes para cubrir necesidades básicas", cuestionó la organización gremial de cooperativistas y otros trabajadores de la economía popular, que informó que el plan dejará de cobrarse el mes próximo.El Gobierno anunció el 17 de marzo el fin del programa Volver al Trabajo (VAT) y su reemplazo por vouchers de capacitación, en tren de impulsar la inserción laboral. Se trata del plan exPotenciar Trabajo. El ministerio prevé engrosar su presupuesto disponible, a partir de este ahorro. Cuando el presidente Javier Milei llegó a la Casa Rosada, se dispuso el congelamiento de diferentes programas sociales. Uno de ellos fue el exPotenciar Trabajo, que se ancló en los $78.000 desde diciembre de 2023 a la actualidad.Según datos de la UTEP, la provincia de Buenos Aires concentra la mayoría de los beneficiarios del Plan Volver al Trabajo, con 430.824. La segunda provincia con mayor cantidad de personas alcanzadas por el plan es Tucumán, donde lo perciben 56.421.
El economista y panelista de Canal E analizó el crecimiento del endeudamiento de familias y empresas. Advirtió que la caída del salario y el uso de billeteras virtuales profundizan las dificultades para afrontar las deudas. Leer más
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Anticorrupción quiere abrir una pieza separada para intentar conservar el dinero y el patrimonio que Aldama y su socio Claudio Rivas desviaron a Portugal tras cometer el fraude en el IVA de los hidrocarburos
Un trabajador de seguridad fue lesionado durante un cruce con dos hombres que intentaron evadir el pago para ingresar al sistema de transporte, según quedó registrado en un video difundido a través de las redes sociales
La empresa Extra Space Storage alcanzó un acuerdo de 1,7 millones de dólares con la ciudad de Nueva York para resolver una demanda por presuntas prácticas comerciales engañosas. Del monto total, US$1 millón se destinará a consumidores afectados y más de US$700 mil corresponderán a sanciones civiles. El acuerdo fue anunciado por el alcalde Zohran Mamdani y por el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés).Por qué Extra Space Storage acordó pagar US$1,7 millones en Nueva YorkSegún informó la administración municipal, la investigación comenzó después de que el DCWP recibiera un fuerte aumento de denuncias contra empresas de almacenamiento. La agencia revisó más de 100 reclamos vinculados con Extra Space y concluyó que, desde 2023, la compañía habría cometido múltiples violaciones a la Ley de Protección al Consumidor de la ciudad.De acuerdo con el expediente, la firma promocionaba unidades en condiciones óptimas, pero algunos clientes reportaron infestaciones de plagas, excrementos de roedores, daños por agua, moho y otros problemas de mantenimiento. Además, las autoridades sostienen que la empresa utilizaba precios iniciales bajos para atraer usuarios y aplicaba incrementos significativos poco después de la contratación.Qué irregularidades denunció la ciudad de Nueva YorkEntre las prácticas cuestionadas por el gobierno municipal figuran:Publicidad engañosa sobre el estado de las unidades.Aumentos abruptos de tarifas después de la contratación.Cobro de cargos ocultos o tarifas adicionales.Restricciones indebidas de acceso a depósitos alquilados.Subastas de pertenencias personales sin garantías suficientes de debido proceso."Las personas pagan a Extra Space para proteger las cosas que más les importan, no para que esas pertenencias sean descuidadas, retenidas o subastadas", afirmó Mamdani en un comunicado."Esta empresa -como otras de esta industria- atrajo a los neoyorquinos con precios bajos, aumentó las tarifas, permitió que las unidades se deterioraran y tomó las pertenencias de las personas cuando no podían mantenerse al día con los pagos. Hoy está pagando US$1,7 millones y todas las compañías de self-storage de esta ciudad deberían tomar nota: si se aprovechan de los neoyorquinos, esta administración las hará responsables", agregó el alcalde de NYC.Por su parte, el comisionado del DCWP, Samuel A.A. Levine, aseguró que la compañía se aprovechó de una problemática cada vez más común en la ciudad."La falta de espacio es una realidad para casi todos los neoyorquinos y, como muchas empresas de almacenamiento, Extra Space se aprovechó de esa situación", sostuvo. Según explicó, la firma no solo aplicó precios engañosos y cargos ocultos, sino que también llegó a subastar pertenencias personales de clientes después de que estos cuestionaran los aumentos tarifarios.Qué cambios deberá implementar Extra Space StorageComo parte del acuerdo, la compañía deberá modificar distintas prácticas comerciales. Entre otras medidas, tendrá prohibido difundir información engañosa sobre precios o condiciones de sus instalaciones y deberá reforzar las garantías antes de restringir el acceso a unidades o iniciar procesos de subasta de bienes almacenados.Mamdani anunció el congelamiento de los precios de los alquileres en Nueva YorkAdemás, deberá implementar un programa de asistencia para reubicación de clientes, mejorar los canales de atención al consumidor y garantizar avisos adecuados antes de aplicar aumentos de precios.La resolución llega pocas semanas antes de que entre en vigor un nuevo sistema de licencias para empresas de self-storage en Nueva York. Desde el 25 de agosto de 2026, todos los operadores del sector deberán contar con una autorización específica otorgada por la ciudad.Actualmente existen más de 300 instalaciones de almacenamiento en Nueva York. Según el DCWP, Extra Space figuraba entre las compañías con mayor cantidad de reclamos de consumidores.Los consumidores que tengan documentos que demuestren que fueron perjudicados por publicidad engañosa, aumentos de precios, cargos ocultos, bloqueos indebidos o subastas de pertenencias pueden presentar una solicitud de restitución al correo ConsumerRestitution@dcwp.nyc.gov.
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Quienes apostaron por comprar, reformar y revender pisos en los distritos más exclusivos de Madrid se van a enfrentar a un escenario de pérdidas elevadas en los próximos años, sobre todo para aquellos que confundieron precio alto con buena inversión
El accidente ocurrió en 2014 en una habitación de un albergue transitorio de Quilmes. Un informe técnico acreditó la existencia de una diferencia de nivel en el ambiente
Un juez de San Isidro determinó la excarcelación de Andrés Prieto Fasano, aunque seguirá imputado en la causa por "homicidio culposo, lesiones culposas graves y violación de elementos probatorios". Leer más
La normativa peruana establece que los trabajadores que laboren en fechas de descanso obligatorio deben recibir una compensación adicional, salvo que acuerden recuperar el descanso en otra fecha
Mientras que los índices de Wall Street tuvieron desempeño mixto y el petróleo se encareció 6%, el S&P Merval ganó 2,5% y los bonos ascendieron 1,5%. El dólar quedó estable a $1.510 en el Banco Nación y el BCRA compró solo USD 140 millones en el mercado
Una empresa mexicana fue la única concursante en el evento realizado este 10 de julio
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La Cámara de Apelaciones revocó una sentencia que había eximido de responsabilidad a la compañía y le ordenó indemnizar a la dueña de una Renault Sandero hurtada mientras permanecía estacionada. A diferencia del criterio adoptado en primera instancia, el tribunal concluyó que la conducta de la asegurada no constituyó culpa grave
La madrugada del 10 de julio de 1973, John Paul Getty III, nieto de un magnate petrolero, fue capturado cuando cruzaba una plaza de Roma. Cómo fueron las negociaciones y la amputación que desencadenó el final del caso
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El magnate italiano ha destinado sus empresas al mercado de lujo, teniendo una línea de ropa propia que ha vendido americanas por 5.000 euros
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La propietaria declaró ante la Justicia que recibió un pago adelantado de US$12.000 en efectivo por el alquiler de la vivienda donde reside la madre de Manuel Adorni. Leer más
Los hogares están ajustando sus hábitos de consumo y moderando el uso del crédito mientras buscan mayor estabilidad financiera, aunque persisten dificultades para cumplir con algunas obligaciones
El estado de California y una empresa privada que administra un centro de detención para migrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron a un acuerdo judicial que obliga a la compañía a pagar más de US$100 mil por incumplimientos relacionados con la seguridad de personas detenidas que realizaban tareas laborales dentro de las instalaciones.California aplica normas de seguridad laboral en un centro de detención del ICESegún informó CalMatters, la empresa The GEO Group, operadora privada de centros de detención migratoria, llegó a un acuerdo con Cal/OSHA, la división estatal encargada de la seguridad y salud ocupacional. El objetivo es poner fin a un caso considerado histórico sobre las condiciones laborales dentro del Golden State Annex, un centro de detención ubicado en McFarland, en el Valle Central de California.El convenio, firmado en mayo y dado a conocer esta semana, establece que la compañía abonará más de US$100 mil luego de que las autoridades estatales concluyeran que no protegió adecuadamente a las personas detenidas que trabajaban dentro del establecimiento. Además del pago, la empresa aceptó modificar sus planes de control de enfermedades y dejó de impugnar una resolución previa que la sometía a las leyes laborales estatales.Para organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, el desenlace constituye una victoria importante. Durante los últimos años impulsaron distintas iniciativas para que el Estado pudiera supervisar las condiciones existentes en los centros de detención administrados por contratistas privados del gobierno federal. Actualmente funcionan ocho establecimientos de este tipo en California y la cantidad de personas detenidas aumentó durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.Cómo empezó la investigación contra The GEO Group en el Golden State AnnexDe acuerdo con Los Angeles Times, el conflicto comenzó en 2023, cuando Cal/OSHA impuso multas por un total de US$104.510 a The GEO Group tras detectar seis infracciones a la normativa estatal. La investigación se inició luego de denuncias presentadas por personas detenidas que participaban del programa de trabajo voluntario impulsado por el ICE.Las inspecciones concluyeron que los trabajadores no contaban con el equipamiento de protección adecuado ni recibían capacitación suficiente para desarrollar tareas de limpieza dentro del establecimiento, pese a que percibían apenas US$1 por día.Entre las situaciones denunciadas figuraban:La limpieza habitual de moho negro en las paredes de las duchas. La presencia de polvo negro que salía de los conductos de ventilación. El uso de productos químicos de limpieza sin instrucciones adecuadas. Deficiencias en los protocolos implementados durante la pandemia de COVID-19. La sanción más importante estuvo relacionada con la ausencia de procedimientos escritos eficaces destinados a reducir la exposición de los trabajadores a enfermedades transmisibles por aerosoles, una obligación prevista en la legislación de California.El debate legal por los detenidos que trabajan por US$1 al día en centros del ICEUno de los aspectos centrales del caso fue determinar si las personas detenidas que participan del denominado "programa de trabajo voluntario" pueden ser consideradas empleados a efectos de la legislación estatal.Según explicó CalMatters, quienes permanecen bajo custodia migratoria del ICE no cumplen condenas penales, sino que están detenidos por procedimientos civiles vinculados con inmigración. Dentro de las instalaciones pueden optar por realizar tareas como limpieza, preparación de alimentos o corte de cabello para otros detenidos.Aunque el programa es voluntario, muchas personas aceptan participar porque el pago de US$1 diario les permite comprar alimentos adicionales en las tiendas internas del centro o costear llamadas telefónicas para comunicarse con sus familiares.La importancia jurídica de esta discusión radica en que, si son considerados trabajadores, pasan a estar protegidos por las leyes estatales de seguridad laboral, independientemente de que permanezcan bajo custodia migratoria.Cal/OSHA sostiene que detenidos del ICE pueden tener protección de seguridad laboralSegún publicó Los Angeles Times, tras analizar el caso, la Junta de Apelaciones de Seguridad y Salud Ocupacional de California rechazó los argumentos presentados por The GEO Group. La empresa sostenía que los detenidos elegían libremente cuándo trabajar, no eran empleados y, por lo tanto, no podían invocar las protecciones previstas para los trabajadores por la legislación estatal.Superpoblación en el centro de detención del ICE en Arizona: la denuncia de tres legisladoresEl organismo determinó, sin embargo, que las personas detenidas debían ser consideradas "trabajadores afectados" para la aplicación de las normas de seguridad.Poco antes de que un tribunal superior de California analizara la demanda presentada por la empresa contra esa decisión, ambas partes alcanzaron el acuerdo que puso fin al litigio.Además del pago de las multas, The GEO Group aceptó elaborar planes destinados a prevenir enfermedades transmisibles por aerosoles en 12 establecimientos seguros y de reinserción ubicados en California, entre ellos cinco centros de detención para inmigrantes.El convenio también mantiene vigente otra decisión relevante: las personas detenidas que denuncien riesgos laborales podrán participar de los procedimientos administrativos de forma anónima, una medida orientada a reducir el temor a posibles represalias.
Germán Calderón España señaló que el saliente jefe de Estado elude el cumplimiento de una obligación impuesta por las autoridades competentes. La pena establecida es la prisión entre uno y cuatro años, además de multas de cinco a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes
La crisis operativa de la low cost Flybondi atraviesa un nuevo capítulo. Desde el viernes pasado, la empresa no vuela, pese a contar con dos aeronaves operativas. Según fuentes del sector, el motivo es que tiene problemas con YPF, que no le carga desde hace días el combustible de aviación Jet A-1.De acuerdo con esas fuentes, desde hace algunos meses Flybondi debe abonar por adelantado para que YPF las autorice. Sin embargo, desde la semana pasada la low cost habría dejado de realizar pedidos de abastecimiento.Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este lunes 6 de julio, minuto a minutoLA NACION intentó comunicarse con Flybondi, pero no obtuvo respuesta. En YPF, en tanto, se limitaron a confirmar que abastecen a la aerolínea bajo la modalidad de pago anticipado. Fuentes de Shell señalaron a este medio que Flybondi no es cliente de la empresa, mientras que en Axion indicaron que la aerolínea tampoco mantiene un contrato de abastecimiento con esa petrolera.Según el consultor aeronáutico Carlos Vázquez, desde el viernes pasado solo figura un vuelo asignado a la aeronave matrícula LV-KDQ: un servicio con destino a Jujuy programado para el lunes por la noche. Sin embargo, en el sitio de Aeropuertos Argentina ese vuelo aparece cancelado.La otra aeronave operativa, matrícula LV-KEF, tenía previsto realizar ayer a la tarde un vuelo entre Ezeiza y Bariloche, que finalmente fue cancelado.A comienzos del mes pasado, Flybondi llegó a operar con un solo avión de una flota de 13 aeronaves. En ese momento, fuentes cercanas a la empresa aseguraban que el objetivo era recuperar gradualmente la operación hasta alcanzar ocho aviones activos.En ese contexto, la compañía acordó con la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF) un esquema de suspensiones rotativas con una garantía del 70% de los ingresos de los empleados. Actualmente, la empresa tendría alrededor de 1200 trabajadores, luego de que unos 300 aceptaran los retiros voluntarios ofrecidos por la compañía.La crisis también alcanzó a la conducción de la aerolínea. En los últimos meses se produjeron varias salidas de ejecutivos, entre ellas la de Paz Lovisolo, quien había asumido como CEO en febrero pasado en reemplazo de Mauricio Sana. La gestión operativa habría quedado bajo la órbita de Leonel Dopazo, gerente de Operaciones.Flybondi inició sus operaciones en la Argentina en 2018, en el marco de la apertura del mercado aerocomercial impulsada durante la presidencia de Mauricio Macri.A mediados de 2025, la compañía cambió de control accionario. El fondo Cartesian dejó de ser su principal inversor y ese lugar pasó a ocuparlo COC Global Enterprise, cuyo CEO es Leonardo Scatturice, empresario con vínculos con el gobierno de Javier Milei.Como parte de la nueva etapa, la empresa anunció en diciembre pasado un plan de expansión que contemplaba la incorporación de 35 aeronaves Airbus y Boeing para incrementar su flota un 230% en los cuatro años siguientes. Sin embargo, tanto ese mes como el siguiente estuvieron marcados por un elevado número de cancelaciones, en parte por demoras en la incorporación de aviones alquilados. En ese contexto, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) labró actas de infracción por suspensiones de vuelos sin aviso previo.Los problemas operativos se reflejan también en las estadísticas. Según datos de la consultora Adventus, durante el primer semestre del año Flybondi concentró el 73,73% de todas las cancelaciones registradas en los aeropuertos argentinos entre un universo de 41 compañías aéreas. En lo que va de julio, además, solo uno de los diez vuelos que realizaron despegó en horario, mientras que la tasa de cancelaciones asciende al 90,57%.