La Cámara Federal de La Plata ordenó ahora cubrir el procedimiento quirúrgico y resaltó la larga trayectoria de "tratamientos infructuosos" que realizó la paciente
El gobernador envió un proyecto de ley para reconvertir en un nuevo ente la obra social que da cobertura de salud a 300 mil entrerrianos. Antes, la había intervenido para terminar con negocios denunciados en la Justicia y organismos de control
Las nuevas pautas acercadas por el Poder Ejecutivo han sembrado numerosas dudas sobre en qué casos uno puede utilizar sus aportes para pagar menos por el servicio de medicina privada. ¿Quiénes pueden "desregular"? ¿Qué pasa con los jubilados?
Tras considerar que el servicio era "ineficiente y sin los controles necesarios", el interventor de OSPRERA tomó otra decisión que pone en la mira al sindicato que lidera José Voytenco
Según datos oficiales de 2024, la cantidad de intervenciones quirúrgicas aumentó un 31 por ciento con respecto al año anterior.También crecen otro tipo de prestaciones y hay más pacientes que se atienden en el sistema público y no tienen otra cobertura.
CÓRDOBA.- Después de que el miércoles la Justicia detuviera a 13 personas y las imputase por el delito de defraudación calificada en contra de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), la obra social provincial de Córdoba, un incendio de magnitud se inició hoy al mediodía en el segundo piso de la sede central de la institución, en las áreas de Medicamentos y Auditoría.Las llamas y el humo negro en el edificio de barrio Güemes, a pocas cuadras del centro de Córdoba, generaron preocupación en los vecinos. Según los primeros informes policiales, hay "daños estructurales significativos". Todavía se investigan las causas. Y la sospecha principal es que se habría tratado de un incendio intencional para borrar pruebas en la investigación por corrupción. Cinco dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar. No hubo víctimas.#Ahorað??¨â?¼ï¸? El ministro de Seguridad @QuinterosJP supervisa el despliegue operativo en el edificio de la obra social "Apross", junto al director de Bomberos, Sergio Cravero. ð???ð??¥ En el lugar trabajan cinco dotaciones de Bomberos, logrando controlar el fuego.ð???ð??½ Hasta elâ?¦ pic.twitter.com/7H7uTx68Ee— Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) April 18, 2025La oposición rápidamente explicitó sus sospechas sobre el incendio. El diputado nacional de la UCR, Rodrigo de Loredo, planteó "quién sabe cuánta documentación de prueba se estará perdiendo. Siempre todo es oscuro en la Córdoba del peronismo".El concejal Martín Juez, hijo del senador nacional Luis Juez, señaló en sus redes: "Qué coincidencia, cheâ?¦ cae la banda que vendía certificados truchos y a las horas, en feriado, justo cuando no hay nadie se incendia el edificio donde operaban. En Córdoba pasan cosas. Pero nadie pregunta nada. Cómo duele".Esta semana el fiscal José Bringas, detuvo a 13 sospechosos, entre los que figuran cinco policías (tres de ellos, en actividad), un médico y un exempleado del área de sistemas de la obra social. La estafa investigada consistía en el cobro de consultas y prácticas médicas a afiliados no existentesLa causa por defraudación suma 36 detenidos. En febrero hubo 15 arrestos, cuando la Justicia comprobó que se emitían recetas truchas, tanto de papel como electrónicas, para retirar medicamentos oncológicos e insulina de distintas farmacias para luego venderlos en el mercado negro.El Apross fue noticia dos veces esta semana. El miércoles porque detuvieron a 13 personas, entre ellas cinco policías, por una estafa a la obra social de los estatales. Hoy, porque se incendia el edificio y quién sabe cuánta documentación de prueba se estará perdiendo. Siempreâ?¦— Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) April 18, 2025A mediados del mes pasado se sumaron ocho detenciones por maniobras que consistían en la elaboración de DNI y recetas truchas para obtener medicamentos para diabéticos.Según el primer relevamiento del edificio, el fuego comenzó en el segundo piso, donde se encuentran las áreas de Medicamentos y Auditorías; las llamas afectaron el sector de Fiscalización y Control de fraudes y delitos, del tercer piso, y también el cuarto piso, donde están las oficinas de los directivos. El presidente del bloque de legisladores del Frente Cívico, Walter Nostrala, ratificó las sospechas de que, "en medio de una investigación por megaestafa, justo en la semana que meten presos a 13 implicados, en un feriado, se incendia el edificio de la Apross en Córdoba. ¿Casualidad? Ningún incendio borra 26 años de ineficiencia y corrupción", expresó en sus redes sociales."No deja de sorprendernos lo que está ocurriendo en nuestra provincia. Es difícil de creer que, en un día no laborable, cuando no debería haber nadie dentro, el edificio de Apross arda en llamas", sostuvo Matías Gvozdenovich, titular del bloque provincial de la UCR.
Un voraz incendio se desató en la sede central Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), en el barrio de Güemes de la ciudad de Córdoba. Las grandes llamas y el humo negro comenzaron a acaparar las inmediaciones alrededor del edificio cerca del mediodía, cuando los vecinos se alarmaron rápidamente por los peligros de su expansión. Esta entidad de salud se encuentra en un fuerte escándalo por estafas.El fuego habría comenzado en el segundo piso alrededor de las 13 y se habría propagado rápidamente. Por ello, más de cinco dotaciones de Bomberos y Defensa Civil trabajaron para apagarlo y se encargaron de evacuar a los vecinos de los departamentos de un edificio lindante. El incidente no tuvo heridos, debido a que, al tratarse de un feriado por viernes santo, no había atención al público en Apross.En diálogo con La Voz, el jefe de Bomberos local, Sergio Cravero, comentó que se enfocaron en evitar la propagación y el trabajo de extinción del fuego. Más tarde, el medio local informó que el incendio habría ocurrido en el área de auditoría médica, donde trabajan médicos, psicólogos y asistentes sociales cuyo trabajo consiste en validar los tratamientos y coberturas de la obra social.Varios vecinos comentaron al medio local que alertaron del incendio por el estruendo que hacían los vidrios al explotar por el calor. Incendio voraz en un edificio de una obra social en CórdobaTambién remarcaron que no consideraban "casual" al incendio, en relación con la investigación por defraudación a la obra social. Según el medio local, Apross sufrió una serie de estafas que la llevaron a un perjuicio millonario. En dicha causa, ya detuvieron a trece personas por el delito de defraudación calificada, de los cuales cinco son policías -tres en actividad y dos retirados- que fueron acusados de integrar una banda delictiva. También están detenidos un médico y un exempleado de informática que trabajaban en la obra social estatal y seis particulares. Para la detención, se realizaron una serie de allanamientos, donde también se secuestraron celulares y equipamiento tecnológico. Los detenidos fueron trasladados a la cárcel de Bouwer.El vocero del Ministerio Público Fiscal indicó a La Voz que los detenidos cobraban prescripciones, consultas y prácticas médicas a los afiliados que nunca se realizaban. Los valores eran "millonarios", afirmó. Los policías forman parte de una asociación mutual llamada 16 de Noviembre, que asiste a efectivos y sus familiares en Córdoba. En la causa más tarde podrían ser acusados del delito de asociación ilícita.Otras causas por estafas también se encuentran en curso, donde hay 24 personas presas o imputadas por delitos de defraudación, entre las que se encuentran varios acusados de integrar una banda que robaba medicamentos oncológicos e insulina para luego revenderlos.Los vecinos no fueron los únicos en vincular el incendio con el escándalo por estafas. El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en Diputados, Rodrigo de Loredo, publicó una serie de tuits al respecto.Si van a prender fuego todas las oficinas donde haya sospechas de corrupción, llamen a Nerón.— Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) April 18, 2025"El Apross fue noticia dos veces esta semana. El miércoles porque detuvieron a 13 personas, entre ellas cinco policías, por una estafa a la obra social de los estatales. Hoy, porque se incendia el edificio y quién sabe cuánta documentación de prueba se estará perdiendo. Siempre todo es oscuro en la Córdoba del peronismo", comentó.Y agregó: "Si van a prender fuego todas las oficinas donde haya sospechas de corrupción, llamen a Nerón". Figuras locales como el congresal radical de Córdoba, Omar Jaled Flores, también reaccionaron: "Arrasan con todo, se creen impunes, pero Córdoba está despertando".Aun así, el vocal de directorio Sebastián García Petrini desmintió estas versiones, informó La Voz, al comunicar que ninguna documentación relevante para las investigaciones en curso se perdió. Las autoridades buscan a un empleado que habría ingresado al edificio para realizar un mantenimiento eléctrico una hora antes de que comenzara el incendio. Por el momento se desconocen las causas detrás del incendio.
El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, anunció este jueves por la tarde que el Estado provincial denunciará al juez de Familia de la localidad de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil, por exigir que la obra social provincial, Seros, cubra el 100% de una cirugía de cambio de sexo "que no tiene por qué brindar".A través de un posteo en X, el mandatario calificó al magistrado como "demagogo, irresponsable e ignorante" y afirmó que su fallo "pone en riesgo al sistema de salud". Torres detalló que la intervención ordenada por la Justicia involucra "millones de pesos que exceden los costos de los tratamientos oncológicos más caros".En esa línea, aseguró que su administración no permitirá que "un juez ideologizado y populista vuelva a fundir nuestra obra social". El gobernador de la provincia patagónica recordó que al asumir la gestión, Seros tenía un déficit de más de $6.000 millones y que fue necesario un arduo trabajo para sanear sus cuentas. "Estos jueces creen que pueden fallar cualquier cosa sin contemplar la factibilidad financiera o económica, y eso es un riesgo enorme para todos los chubutenses", sostuvo.NO VAMOS A PERMITIR QUE NINGÚN JUEZ DEMAGOGO FUNDA NUESTRA OBRA SOCIALDesde el primer día que asumimos, afrontamos el desafío de sanear nuestra obra social SEROS. Con esfuerzo, transparencia en las compras, y mucha inteligencia financiera, logramos poner en orden el Instituto yâ?¦ pic.twitter.com/YVkeUcerK2— Nacho Torres (@NachoTorresCH) April 3, 2025Torres adelantó que el Ejecutivo chubutense analizará todos los amparos y fallos judiciales que obliguen a la obra social provincial a cubrir prestaciones que no corresponden. "Dijimos que cada vez que nos encontráramos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, íbamos a dar pelea", enfatizó.Como detalla en la publicación, el fallo de Huaiquil obliga a la obra social a cubrir una cirugía estética de cambio de sexo que incluye, entre otras cosas, feminización facial, contorno de frente, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas y cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula y transferencia de grasa facial."Se trata de un conjunto de intervenciones estéticas para modificar la apariencia de género que la obra social no tiene por qué cubrir. Esto no es una batalla cultural, sino una discusión sobre derechos y obligaciones. No vamos a permitir que ningún juez intente fundir la obra social que volvimos a poner al servicio de todos", cerró.AntecedenteNo es la primera vez que un juez ordena a Seros cubrir una intervención de este tipo. En septiembre de 2021, el juez de Familia de la localidad de Trelew, Daniel Manse, hizo lugar a un amparo presentado por el abogado de una adolescente trans y ordenó a la obra social a brindarle cobertura en una cirugía de readecuación corporal.El recurso se presentó luego de que la obra social provincial, a través de sus asesores legales, requiriera al joven de 17 años presentar una autorización judicial previa para luego solicitar la intervención quirúrgica. Para Manse, el menor de edad no necesitaba de un permiso para "avanzar en su sentir más íntimo".Cambios en la normativaLos tratamientos de adecuación de género están amparados por la Ley 26.743 (Identidad de Género). Entre otras cosas, la norma ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que garantiza su cobertura tanto tanto en el sistema público como privado.En ese sentido, el pasado mes de febrero, el Gobierno anunció la prohibición de los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en los menores. En una conferencia de prensa, Adorni dijo que el Ejecutivo derogaba el artículo que permitía a los menores registrar su nuevo nombre y sexo."A partir de ahora, los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)", ampliaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.Los cambios a la norma incluyen la derogación del artículo 5, que permitía a los menores de 18 cambiar el sexo, el nombre de pila y la fotografía del documento de identidad en el Registro Nacional de las Personas. A la vez, al modificar el artículo 11, en adelante, los menores de edad "ya no podrán realizarse intervenciones quirúrgicas totales o parciales o tratamientos integrales hormonales para modificar su cuerpo, incluidos sus genitales", detallaron desde Salud.Estas intervenciones quirúrgicas incluyen, por ejemplo, aumento mamario, mastectomía, aumento de glúteos, orquiectomía, penectomía, vaginoplastia, clitoroplastia, vulvoplastia, anexohisterectomía, vaginectomía, metoidioplastia, escrotoplastía y faloplastia con prótesis peneana.
Luego de que la institución fuera sometida a una auditoria, las autoridades denunciaron un faltante en materia de documentación e información que deberían brindar a los afiliados
Diputados opositores solicitaron interpelar al presidente del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero Giles, para que brinde explicaciones en la Legislatura bonaerense sobre "la crisis que afecta a los afiliados y los prestadores del organismo". Según los legisladores, la "grave situación de la obra social" incluye el recorte de beneficios. "Son más de dos millones de bonaerenses los que esperan respuestas", reclamaron.La Coalición Cívica y el Pro pidieron explicaciones al titular de la obra social. Fernando Rovello, de Pro, presentó un proyecto de resolución que exige que Giles se presente en la Cámara baja bonaerense para informar sobre la crisis dentro de la obra social. "Hay distintos aspectos relacionados con la suspensión de las prestaciones en establecimientos asistenciales y falta de cobertura en medicamentos ocurrida en distintas localidades", detalla.En cambio, desde la CC le enviaron una carta a Giles donde le solicitaron que detalle las acciones que se están llevando a cabo no solo por los problemas ya mencionados, sino también por otros conflictos como la suspensión de cirugías, la falta de entrega de medicinas para ciertas enfermedades y la no provisión de accesorios, como material ortopédico, protésico y otro tipo de elementos.Desde Pro sumaron que, entre los afectados, hay afiliados que padecen de leucemia, los cuales "están teniendo problemas con las autorizaciones específicas" de los medicamentos correspondientes para su enfermedad.Ambos sectores remarcaron la denuncia por parte de la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (Femeba) por "deudas millonarias" del Instituto que existen hace al menos seis meses por el pago de prestaciones que los centros médicos brindaron a sus afiliados. Algo que, además, provocó que se cortaran beneficios como los ya mencionados."El conflicto con FEMEBA acarreó tantas perjudiciales consecuencias para los profesionales de la salud y fundamentalmente para los afiliados que, en muchas ocasiones, quedaron sin cobertura alguna, teniendo que ser atendidos como pacientes particulares", explicaron desde la CC.A través de X, Rovello remarcó la preocupante situación: "Pedí la interpelación del presidente de IOMA. Pacientes tirados, tratamientos suspendidos, medicación sin entregar y deudas millonarias con los prestadores. Así está el IOMA de @homerogiles y @kicillofok. Exigimos que Giles nos explique qué hizo con la guita de los afiliados".Los diputados de la CC repudiaron que el gobernador bonaerense no mencionara la situación de la obra social en su discurso en la apertura de sesiones de la Legislatura provincial. En el escrito que presentaron, sostuvieron que "es preocupante que Kicillof no haya mencionado nada al respecto".A 1 año todo siguen igual â?¦.Mientras @Kicillofok vive boludeando con su campaña política los afiliados de Ioma siguen a la deriva. Por eso vuelvo a pedir la interpelación del Presidente de Ioma @homerogiles https://t.co/ZxCuaTD6nz— Fernando Rovello (@FerRovello) March 4, 2025Los diputados comentaron que presentaron varios pedidos de informes sobre los que no obtuvieron respuesta por el momento. "Desde nuestro espacio esperábamos que en el comienzo del año legislativo el gobernador nos pueda brindar la información que durante el 2024 no fue dada a través de sus funcionarios", criticaron.Etchecoin, que preside el bloque en la Legislatura, mencionó la crisis que afronta el sistema de salud y por ello lamentó que Kicillof "siga sin hacerse cargo de la crisis de IOMA y el desamparo de miles y miles de afiliados". "Seguimos enfrentando una burocracia que paraliza las soluciones y no responde a las necesidades reales de los bonaerenses", agregó Braga.
Qué dice la denuncia penal que acusa de "desfalco monumental" a dos líderes de un sindicato de 5.000 afiliados por "haber desviado de manera fraudulenta más de 622 millones de pesos". Los detalles de las supuestas maniobras que investigará la Justicia
Por medio del Decreto 129/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la intervención de la Obra Social de Fotógrafos con un plazo de 180 días. Justificaron que el agente del seguro de salud afronta una situación institucional y de cobertura prestacional "inestable" y que eso repercute en el normal funcionamiento de la entidad."Interviénese por el término de 180 días la Obra Social de Fotógrafos, facultándose al Ministerio de Salud a prorrogar dicho plazo de considerarlo necesario para la consecución del objetivo del presente acto", escribieron en el documento y designaron como interventor a Salvador Sergio Macedonio con las facultades de administración y ejecución que el estatuto del agente del seguro de salud le otorga al Consejo Directivo.Según expresaron en el decreto, Macedonio deberá cumplir con una "guía de buenas prácticas para interventores del agente del seguro de salud", que fue aprobada en noviembre, y elevar a la Superintendencia de Servicios de Salud un informe mensual de su gestión.El Gobierno aseguró que la Subgerencia de Control de Gestión de la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros advirtió que la obra social no poseen equipo interdisciplinario de discapacidad. "Remarcó que [la entidad] no efectúa auditorías en terreno a prestadores, ni beneficiarios y no controla que éstos cumplan con los requisitos de documentación; los Estados Financieros de Discapacidad se encuentran presentados hasta septiembre de 2023 y se adeudan 22 carpetas sobre Informes Detallados de Aplicación de Fondos; se detectaron irregularidades en la carga de códigos de práctica, con 17 facturas que equivalen a un subsidio total de $1.583.255 que la obra presentó erróneamente".Además, la Subgerencia de Control Económico Financiero constató, según el Poder Ejecutivo, que la obra social, al inicio de la auditoría, se encontraba con un atraso en sus registraciones contables y presentaciones de Estados de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF) y Estados de Situación Financiera Corriente (ESFC).En este contexto, indicaron: "Toda la información y documentación recabada por las distintas áreas técnicas y jurídicas de la Superintendencia de Servicios de Salud le permitió a dicho organismo advertir que el agente del seguro afronta una situación institucional y de cobertura prestacional inestable, impactando en el cumplimiento de las obligaciones que tiene la obra social, primordialmente en lo que respecta a asegurar una adecuada y oportuna cobertura de salud a sus beneficiarios, siendo de tal magnitud que impide el normal funcionamiento de la entidad".
Los médicos cortaron el crédito a la obra social, y otros profesionales reclaman el pago de las deudas.
La Cámara Federal de San Martín rechazó la apelación de la empresa de salud y confirmó la obligación de costear el tratamiento de alta complejidad. El tribunal ponderó la edad reproductiva de la mujer y su derecho a un nuevo proyecto familiar
Un crédito por $40.000 millones, con un interés anual del 52%, considerado excesivo en momentos en que la entidad arrastra deudas por $113.000 millones, y que deberán pagar los afiliados, encendió una creciente preocupación en la obra social de los militares. Las miradas en el Directorio del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) y en sectores castrenses apuntan al presidente del organismo, el contador público Roberto Fiochi, en medio de versiones sobre proyectos de privatización que se tejerían en el gobierno de Javier Milei.En la reunión del 8 de enero pasado, varios miembros del Directorio -muchos de ellos representantes de las Fuerzas Armadas- pidieron explicaciones a Fiochi por las condiciones del préstamo, que no sería destinado a frenar el crecimiento de la abultada deuda, sino a "lograr una mejora sustancial de la atención y de la calidad de los servicios a sus más de 600.000 afiliados", según la explicación del organismo en su página web.Ficha limpia: el Gobierno logró el dictamen de su proyecto en la Cámara de DiputadosDe origen mendocino, Fiochi fue designado por el ministro de Defensa, Luis Petri, y la principal objeción es que en diciembre, cuando se tomó la decisión de iniciar las gestiones por el préstamo, había informado al Directorio que la tasa de interés rondaría entre el 35% y el 37%, pero luego todos se encontraron con el hecho consumado de que ascendía al 52 por ciento.Fiochi gestionó el préstamo por $40.000 millones ante el Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares (IAF), el organismo que él mismo presidió hasta noviembre pasado -antes de asumir en Iosfa- y que hoy conduce su excolaboradora inmediata y también contadora Betina Betsabé Surballe, quien la acompañaba en el IAF como directora ejecutiva."Es cierto que yo dije que calculaba que la tasa podía ser entre el 35% y el 37%, pero fue un error mío, al estimar que el IAF podía darnos ese nivel de Interés, por lo que se pagaba en ese momento por plazos fijos en el mercado. Pero el Instituto de Ayuda Financiera consideró que la tasa debía guardar más relación con la menor tasa que cobraba por un préstamo personal a sus beneficiarios y no con su rentabilidad por plazos fijos", estimó Fiochi, al ser consultado por LA NACION.Reveló que planteó objeciones, pero no pudo cambiar esa posición. "No querían dar dinero más barato que lo que se cobra al personal de las Fuerzas Armadas", explicó.Con más de 600.000 afiliados, el Iosfa es la tercera obra social del país por sus dimensiones, detrás del PAMI y el IOMA. Se sostiene con los aportes de los afiliados -incluso del personal retirado de las Fuerzas Armadas- y recauda $45.000 millones por mes. Según fuentes cercanas a la obra social, presenta un déficit operativo mensual de $ 8000 millones, además de la deuda por $113.000 millones.En medio de la grave crisis, en los últimos días circularon rumores sobre un presunto interés en terminales del Gobierno por incluir a la obra social de los militares en el listado de organismos que podrían quedar sujetos a una privatización, como parte de un amplio programa de desregulación.La crisis de Iosfa se traduce en una preocupante situación prestacional que viven muchos afiliados que sufren cortes de servicios, demoras en las entregas de medicamentos y el pago de reintegros, como se describió en el acta de la reunión del Directorio del 18 de diciembre de 2024. En las Fuerzas Armadas advierten que "no existe la decisión de avanzar en una auditoría externa para determinar el origen, composición y magnitud de la abultada deuda de la obra social".Se estima que durante el año de gestión del médico mendocino Oscar Sagás -antecesor de Fiochi- la deuda creció más significativamente que la inflación de los costos del sector de la salud, confiaron distintas fuentes castrenses..Debate por el créditoSegún trascendió en fuentes militares, el IAF subió diez puntos la tasa de interés en concepto de riesgo por la situación del Iosfa, lo que fue cuestionado por el general de brigada Germán Monge y el vicealmirante Eduardo Urrutia, ambos retirados y vocales del Directorio, al advertir sobre el mecanismo de cobro del préstamo. Así consta en el acta de la reunión del Directorio. Se planteó, incluso, la necesidad de rever lo actuado."Esto es un absurdo", replicó Fiochi, en diálogo con LA NACION, al sostener que "entre Instituciones de un mismo ministerio [el de Defensa] no hay tasa de riesgo"."Esta operación no es riesgosa para el IAF, dado que mensualmente es deudora del Iosfa por retenciones que les hace a los beneficiarios en el orden de los $ 10.000 millones. Ahora va a ser acreedora por unos $2600 millones mensuales durante 34 meses, por lo que tiene asegurado totalmente el cobro del crédito".En la reunión del Directorio, el comandante mayor retirado Adalberto Ferreyra (Gendarmería) había preguntado si las negociaciones para la obtención del crédito "ya estaban cerradas", a lo que le respondieron que sí. A raíz de ello, expresó su contrariedad y lamentó enterarse con el hecho consumado y que no fueran informados sobre la marcha de las negociaciones.En el mismo encuentro, el general de brigada Daniel Videla y el contralmirante Juan Palermo -los dos retirados- propusieron evaluar una posible reducción de los sueldos de nivel gerencial, como un gesto a los afiliados, en medio de la crisis que atraviesa la obra social. El presidente Fiochi argumentó que en el ámbito del Estado nacional e, incluso, del Ministerio de Defensa existen diferentes escalas salariales que determinan la remuneración que percibe el personal gerencial, de acuerdo con la responsabilidad que desempeña. Se acordó, al respecto, constituir un equipo de trabajo para estudiar la situación.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, hizo la solicitud a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo al considerar que José Voytenco, líder de UATRE, hizo un congreso ordinario pese a la suspensión dispuesta por las autoridades laborales. Qué hay detrás de la medida
Las personas que se pregunten la obra social que tienen pueden acceder a un trámite gratuito, en un contexto que para muchos es de incertidumbre luego que el Gobierno eliminara la triangulación de los fondos que se hacía entre la obras sociales y las prepagas.De esta forma, se vuelve obligatorio el traspaso directo de los aportes y contribuciones a la prepaga por la cual, eventualmente, haya optado un asalariado, a menos que el propio trabajador exprese su voluntad en contrario. Anteriormente, la disposición era que el dinero destinado a pagar parte de un plan de salud pasara, primero, por una obra social.Así fue definido a través de la resolución 1/25, en cuyo comienzo se lee: "Dispónese la derivación directa de los aportes y contribuciones de los trabajadores bajo relación de dependencia". La misma no lleva la firma del Ministerio de Salud, Mario Russo, sino del Director Nacional de Relaciones Institucionales e Integridad de la cartera, Roberto Luis Olivieri Pinto. De todas formas, al ser publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial, se materializó la decisión.Dicha triangulación ocurre entre las obras sociales, el Estado y las prepagas, de la siguiente manera: en primer lugar, los empleados tienen una obra social asignada en su formulario de alta de sus empleos. Más adelante, el empleador deriva los aportes al fisco, que luego los direcciona a las obras sociales; a su vez, estas entidades tienen contratos o convenios con las empresas, que reciben fondos. En el medio, según fuentes oficiales del área de Salud, un porcentaje de entre 3% y 10% es retenido por la obra social.Si el trabajador deseara continuar vinculado al esquema de triangulación, tiene 60 días para expresarlo a través del trámite "Voluntad de Permanencia en Obra Social", que el Gobierno habilitará a raíz de esta resolución. Si decidiera abandonar la intermediación, esto implicaría un mayor flujo de dinero que irá directo a la prepaga. Por este motivo, el Ejecutivo espera que las empresas de medicina privada "no solo no aumenten, sino que bajen su cuota los próximos meses".Cómo saber qué obra social tengoPara consultar qué obra social se tiene, es necesario obtener el Comprobante de Empadronamiento (Codem). Es una constancia que ofrece la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) con los datos de identificación del titular, su grupo familiar y la obra social asignada o elegida. Con ella se puede hacer cualquier trámite en que se pida el nombre de la prepaga que se tiene o la constancia de empadronamiento.Cualquier persona que esté afiliada a una obra social puede realizar esta gestión gratuita, sea o no beneficiario de una prestación social. Para llevarla adelante, solo hace falta contar con un dispositivo que tenga acceso a internet, el número de DNI o de CUIL.¿Cómo obtener la Constancia de Obra Social (Codem)?A continuación, el paso a paso para solicitar el Codem:Ingresar a al sitio oficial de la Anses y seleccionar la opción "Consultá tu Obra Social - CODEM".Llenar el breve formulario con el número de DNI y/o CUIL.Hacer click en el botón "Continuar".Tras este breve procedimiento, el sistema informará al solicitante cuál es su obra social y de los familiares que tiene a su cargo si corresponde. Además, permite descargar e imprimir el comprobante.
La intervenida Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera), administrada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), enfrenta una crisis financiera sin precedentes que afecta a miles de trabajadores agrarios en la Argentina. Un informe de gestión y de auditoría reveló evidencia de severas irregularidades en la administración de fondos durante los últimos años y que la deuda acumulada hasta el momento de la intervención ascendía a más de 97.000 millones de pesos.En el informe, el interventor Marcelo Petroni anunció que se implementaron medidas para asegurar la continuidad de los servicios médicos, atender urgencias y reorganizar los recursos con el fin de maximizar la eficiencia y transparencia en la administración. El informe y la auditoría, presentados ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), también fueron remitidos al Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, donde se investiga al secretario General de la Uatre, José Antonio Voytenco, por presunto enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.En octubre del año pasado, la Superintendencia se presentó como particular damnificada en la causa, solicitando a la Justicia la intervención de Osprera. Luego, a fines de noviembre, el interventor tomó control de la obra social y, en la actualidad, debe lidiar con una deuda total que ascendería a $97.889 millones al 31 de octubre de 2024.El detalle del informe de auditoríaLa deuda total es un 94% superior a la informada previamente.Identificaron obligaciones impagas con prestadores médicos, farmacias y proveedores de servicios esenciales.Detectaron desvíos de fondos y falta de documentación en procesos clave.Irregularidades en la contratación de proveedores y en las prestaciones: sobrefacturación y contratos sin contraprestación.Estructura sobredimensionada con fines políticos sin beneficio a los afiliados.Durante este período de intervención también se presentaron denuncias penales por amenazas y amedrentamientos contra el Interventor de Osprera por parte de sectores vinculados a la gestión anterior, según precisaron.José Voytenco acusó al Gobierno y a la Justicia de "una operación" para quedarse con la obra socialEl dirigente chaqueño José Voytenco apuntó contra el Gobierno y a la Justicia. "Los allanamientos fueron parte de una operación política y judicial bochornosa basada en una falsa investigación periodística", argumentó en diálogo con Radio Mitre. Y planteó: "Creo que la Superintendencia de Servicios de la Salud se ha extralimitado en sus funciones".De acuerdo a cifras que publicó la Superintendencia, la obra social recibió $26.090 millones del Estado en los últimos cuatro años pero no logró regularizar deudas que se incrementaron y que hasta agosto ascendieron a $43.949 millones. En consecuencia, en el Gobierno hablaron de "serias dudas" sobre el manejo del dinero. La SSS está a cargo de Gabriel Oriolo, un exejecutivo de Osde que llegó de la mano de Mario Lugones antes de que el empresario fuera nombrado como ministro de Salud tras la salida de Mario Russo.Según la orden de allanamiento que dispuso el juez federal Federico Villena en octubre pasado, el denunciante, Marcelo Andrada, quien es secretario general de la Uatre en La Plata, describió una supuesta disonancia entre el patrimonio atribuido a Voytenco y su actividad como representante de los trabajadores rurales. La denuncia le atribuye la construcción de una "mansión" en un club de campo en Cañuelas, una colección de relojes de lujo y vuelos en aviones privados.En ese entonces, Voytenco no respondió al llamado de LA NACION y en Radio Mitre no fue consultado sobre su patrimonio. Por su cargo en Osprera, Voytenco percibe un salario de $14.005.643 mensuales."El juez Federal Federico Villena dictó una medida judicial que nosotros consideramos ilegal, arbitraria y perjudicial para nuestra institución y nuestros beneficiarios. La denuncia la hicieron opositores a los que les he ganado y estoy hoy legítimamente al frente del gremio", sostuvo Voytenco.
Una consultora contratada desde la intervención de OSPRERA detectó una deuda de casi $1.000 millones y un déficit mensual de $4.200 millones en la entidad que fue liderada por el sindicalista José Voytenco, además de posibles fraudes e irregularidades de todo tipo
Los ex combatientes que lucharon por la patria en 1982, siguen sufriendo distintas secuelas de combate, tanto físicas como psíquicas; muchas, con comorbilidades. El Estado no debería olvidarlos, fueron incondicionales. Sólo en 2024 murieron 248 ex soldados de la Guerra del Atlántico Sur. Leer más
En el marco de un amparo, se acreditó el "delicado estado de salud" del paciente, internado en una clínica para tratar su dependencia
La intervención de la Osprera, dispuesta por el gobierno nacional, ya cumplió tres meses. La conducción de la UATRE denuncia persecución política y un plan de ajuste y recortes en la atención médica de los afiliados.
El organismo estatal reveló cómo tramitar un importante documento. Enterate toda la información.
La presentación la hicieron los interventores de OSPRERA. Aseguraron que hubo amenazas contra las nuevas autoridades y daños a una sede en La Plata
La obra social correspondiente a todo el personal que se desempeña en el sector rural se encuentra intervenida y una de las principales dificultades es la no llegada de medicamentos para el tratamiento de enfermedades complejas, además del corte de varios servicios por falta de pago. Leer más