narco

Megaoperativo contra el narco en CDMX: arrestan a dos mujeres y tres hombres con meta, coca y marihuana en tres alcaldías

Este el prontuario criminal de alias Marcus o "Baco", el señalado narco neerlandés que le ofreció más de mil millones de pesos a una jueza para que lo dejara en libertad

Por un recurso judicial que permitió la liberación de Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, que contaba con circular roja de Interpol, fueron detenidas la juez Miryam Alcira Martínez, el funcionario judicial Waldo Garavito Mejía y la abogada Emperatriz Herrera Cuenca

Ecuador extradita a EEUU a dos implicados en magnicidio y a un líder narco

Ecuador envía a EE. UU. a dos implicados en el asesinato de un candidato y a un líder de Los Choneros, banda vinculada al narcotráfico. Pese a medidas de seguridad, el país enfrenta una ola de violencia criminal que no cesa, con altos índices de homicidios y crimen organizado.

Omar García Harfuch viaja a Sinaloa para revisar resultados de la estrategia de seguridad y fortalecer acciones contra el narco

El titular de la SSPC también sostuvo reuniones con la gobernadora interina del estado y con el secretario de seguridad

Del cobro de piso al despojo de potreros: así controla el narco el negocio ganadero en Guerrero y Michoacán

El crimen organizado habría pasado de imponer proveedores y compradores a buscar el control de tierras y ganado en los límites entre ambos estados; la operación requiere la colusión de autoridades para consolidar el control de los predios, según un relato del periodista Óscar Balderas

Abaten en México a presunto narco por el que EEUU ofrecía 5 millones de dólares

La Marina abatió a un operador del Cártel de Guasave en Sinaloa, buscado por EE.UU. con una recompensa de 5 millones de dólares.El operativo dejó dos muertos y permitió incautar vehículos y armas, en medio de la guerra interna del cártel local.

Ariadna Montiel denunciará a Maru Campos por difamación y violencia política de género tras señalamientos de nexos con el narco

El Gabinete de Seguridad aclaró que no existe información oficial que confirme un reporte de inteligencia citado en una columna

Liberaron al jefe narco Carlos Sein Atachahua Espinoza, condenado por lavar 9 millones de dólares

El capo peruano cumplió dos tercios de la pena que había recibido a fines de 2024. Estaba preso con domiciliaria en un departamento del barrio porteño de Caballito. Deberá cumplir reglas de conducta para no volver a ser detenido

Confirmaron la condena de "Piti" Estrada Gonzáles, el narco que controlaba la droga en el Barrio 1-11-14

Fue sentenciado a 17 años y 6 meses de prisión como organizador de la estructura criminal. Manejó la venta de estupefacientes y lideró un clan con más de 180 personas bajo su mando

Fuerte Apache: un enfrentamiento narco dejó dos muertos y cuatro heridos

La balacera ocurrió en el complejo de Ciudadela por una disputa territorial entre bandas. Un menor de 17 años y un hombre de 36 perdieron la vida tras reportarse más de 50 disparos. Aún no hay detenidos. Leer más

Confirmaron la condena para el narco que controlaba, junto con su hermano, una extensa zona del Bajo Flores

Durante el juicio donde fue condenado a 17 años y medio de cárcel, Fernando Estrada Gonzales, alias Piti, uno de los líderes de la organización criminal que, a sangre y fuego, dominó la villa 1-11-14, en el Bajo Flores fue definido como "la última piezas del rompecabezas" de la "mayor banda narco que ha operado" en la Argentina "por el gobierno territorial y por el tiempo que permaneció en funciones". Ahora, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal denegó un recurso presentado por la defensa y confirmó la sentencia que había dictado en abril pasado el Tribunal Oral Federal (TOF) porteño N°3. El fiscal general Diego Velasco había pedido que fuese condenado a la pena de 24 años de prisión.Por unanimidad, con los votos de los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, el máximo tribunal penal del país resolvió que el recurso de casación no podía prosperar. Los magistrados también entendieron que la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3, a cargo del juicio, había sido correcta y no podía ser considerada arbitraria, informaron a LA NACION fuentes judiciales."La organización tenía un gran poderío comercial y territorial, manejaba el asentamiento y utilizaba las armas de fuego para generar intimidación", había sostenido el fiscal general Diego Velasco en su alegato ante los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni, a cargo del juicio.Piti purgó condena por un homicidio cometido en 1988 y luego estuvo más de 12 años prófugo, aunque desde la clandestinidad seguía a cargo del negocio del narcotráfico en el Bajo Flores junto a su hermano y su cuñada. Su captura se ordenó en octubre de 2020 y se entregó, sorpresivamente, en abril de 2023 en la sede de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias.Su hermano, Marco Estrada Gonzales, más conocido como Marcos, fue condenado en 2020 por los jueces Basso, Ríos y Machado Pelloni a la pena única de 24 años de cárcel. En mayo de 2020 fue expulsado de la Argentina y, en medio de un inédito operativo de seguridad, fue trasladado a Perú, su país natal.Los hermanos Estrada Gonzáles lideraron la venta de estupefacientes en una zona caliente del narcomenudeo. La organización criminal se encargó de la introducción, el almacenamiento, el fraccionamiento y la distribución de marihuana, cocaína y sus derivados, según la acusación del Ministerio Público Fiscal.Según informó la web de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, el fiscal Velasco explicó que la banda de los Estrada Gonzales fue investigada en distintos expedientes e incluso resaltó que entre todos los procesos en su contra hay alrededor de 180 personas condenadas por su participación en la organización narcocriminal.Como se sostuvo en el juicio en el que fue condenado Marcos, donde el Ministerio Público también estuvo representado por el fiscal Velasco, a partir de las las evidencias que se expusieron en este debate "se pudo corroborar, sin lugar a dudas, que la organización funcionaba en turnos de 28 días; uno comandado por Marcos y otro por Piti Estrada Gonzales". El acusador público recordó la declaración de un "imputado colaborador" que detalló cómo funcionaba la banda. El fiscal consideró que su relato fue ratificándose a partir de testimonios y pruebas incorporadas en el expediente."Durante todo el tiempo que estuvo prófugo y hasta 2023 seguía manejando el negocio dentro de la villa en el turno que le tocaba", sostuvo el fiscal Velasco, quien indicó que los hermanos se dividían las funciones para generar "un negocio fructífero" para ambos donde "no se pisaban entre ellos", según www.fiscales.gob.ar.En su alegato, el fiscal Velasco exhibió los cuadernos secuestrados en los allanamientos y reprodujo las escuchas telefónicas sobre imputados en otros expedientes vinculados que dieron cuenta de que la organización tenía una estructura con escalafones y que los dos turnos explotaban los mismos puntos de venta.En los citados cuadernos estaba registrada, a mano, la contabilidad con la "facturación" de la organización criminal. En un turno de 28 días los hermanos Estrada Gonzales llegaron a ganar 958.000 dólares, según la prueba exhibida por el representante del Ministerio Público Fiscal.Por otra parte, el fiscal mencionó que tanto Piti, de 59 años, como su hermano imponían su autoridad a través de la violencia y que, debido a eso, en este tipo de causas los vecinos se muestran reticentes o con miedo a declarar."Durante 13 años hubo allanamientos, intervención de policías federales, de la Ciudad y de gendarmes: todos explicaron que no solo ellos como personal pudieron identificar la organización, sino que también la gente a la que entrevistaban declaraba que la banda era liderada por los hermanos Estada Gonzales", dijo el fiscal Velasco, quien en este proceso cuenta con la colaboración de la Procunar y del fiscal Matías Álvarez, que acaba de ser propuesto por el nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF). Mientras estuvo prófugo, Piti manejaba su turno desde Perú. Su sector funcionaba de un modo "más familiar que gerencial" debido a que, al estar lejos, "necesitaba confiar" en las personas que le manejaban el negocio en el territorio.El sindicado capo narco cumple con la prisión preventiva en la cárcel de Marcos Paz. Fue trasladado a los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, por el Grupo Especial de Intervención (GEI) del Servicio Penitenciario Federal (SPF).El juicio comenzó el 4 de noviembre pasado con la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Piti estaba acusado de haber organizado junto con su hermano, Marcos, y su cuñada, Silvana Salazar, "una asociación integrada por un importante e indefinido número de personas destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes (marihuana, cocaína y sus derivados) en grandes cantidades y pequeñas porciones para el consumo individual en el interior y fuera de la villa 1-11-14â?³.También fue imputado por el "almacenamiento y uso permanente de todo tipo de armamento, sus piezas, municiones y otros elementos de corte balístico con el claro objetivo de mantener la hegemonía territorial de la zona en la que produciría la mayor parte del emprendimiento criminal", agregaron los voceros judiciales.En el momento de solicitar la pena, el fiscal Velasco tomó como parámetro la condena que se le había dictado a Marco Antonio Estrada Gonzales, pero también que "tenía pleno conocimiento" de que era buscado desde 2010. A ello le sumó que debía tomarse en cuenta que la organización perduró durante mucho tiempo y a pesar de las diversas acciones que se realizaron para bloquearla, no solo a nivel judicial y policial sino estatal."Montañas de basura""Hacían montañas de basura en lugar de lomos de burro, ponían carteles para tapar las cámaras. Todo para evitar que el Estado pudiera ingresar en el lugar. Manejaban las 7 hectáreas" dentro de la villa 1-11-14, recalcó el fiscal general.Basso, Ríos y Pelloni habían condenado a Marcos y a Salazar, entre otros narcos, a las penas de 24 y 13 años de prisión, respectivamente. Piti no había llegado a juicio porque, en ese momento, estaba prófugo.Marcos, su esposa y otros 23 sospechosos habían sido detenidos el 16 de diciembre de 2016 en operativos realizados por detectives de la División Operaciones Especiales Antidrogas de la Policía Federal Argentina (PFA) por orden del por entonces juez federal Sergio Torres, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.En la investigación que derivó en las detenciones de diciembre de 2016, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Juan Pedro Zoni y la Procunar.Por ese expediente, Marcos fue condenado a 17 años de prisión y a pagar una multa 33.750 pesos por considerarlo como coautor penalmente responsable de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio y coautor del delito de acopio de armas.La pena fue unificada con una anterior de diez años de cárcel y, finalmente, Marcos fue condenado a 24 años de cárcel. En 2022 fue deportado a Perú."Tres fuerzas de seguridad, la PFA, la Gendarmería Nacional y la Policía de la Ciudad, llegaron a la misma conclusión: existía en la villa 1-11-14 una organización narcocriminal que era liderada por Marco Estrada Gonzales, Salazar y Piti. Hubo cambios de gobiernos, crisis económicas, pero desde 2009 hasta mediados de 2017 en su pedazo de territorio, siete hectáreas de la villa 1-11-14 [zona también conocida como barrio popular padre Ricciardelli], nada cambió. En ese lugar siempre fueron Marcos, Salazar y Piti. Esperemos que este juicio logré cambiar algo", había sostenido en su alegato de ese primer juicio el fiscal Velasco.

Ariadna Montiel rechaza acusaciones de Maru Campos y la reta a presentar pruebas de presuntos nexos con el narco

La dirigente nacional de Morena respondió a los fuertes señalamientos que hizo la gobernadora de Chihuahua

El recorrido de una red de logística narco quedó al descubierto por un llamado en el Día de la Madre

La investigación sobre una red de logística narco derivó en el decomiso de 54 kilos de cocaína y el arresto de dos personas que transportaban la droga en un trayecto planificado entre Salta y el conurbano bonaerense. Un interceptado saludo en el Día de la Madre fue clave para definir los movimientos de los traficantes.Tras el operativo concretado por personal de la Gendarmería, los dos detenidos fueron imputados por el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, luego de la presentación realizada por la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, en una causa en la que tomó intervención la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) NOA, que conduce el fiscal general con funciones de coordinación en el distrito Salta, Eduardo Villalba, y en la que también interviene la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi. La droga estaba oculta en el tablero de un Ford Focus, que fue interceptado por gendarmes de la Patrulla Fija El Naranjo, perteneciente al Escuadrón 45 Salta. No se trató de una inspección al azar durante un control vial, sino que los uniformados tenían el dato preciso sobre el movimiento de cocaína luego de la pesquisa realizada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Salta y del Escuadrón Buenos Aires, de acuerdo con la información oficial."Las tareas de campo arrojaron que en el Puesto Fronterizo Cabo Juan Vallejo, en la ciudad tucumana de Trancas, iba a circular un segundo auto, por eso con apoyo de la policía provincial se detuvo la marcha de un Volkswagen Bora, cuyo conductor de nacionalidad boliviana actuaba como puntero para la organización narcocriminal", detalló la Gendarmería en un comunicado de prensa.Ese detenido de nacionalidad boliviana vive en el partido bonaerense de La Matanza, lugar que sería el destino del cargamento de cocaína que habían proyecto los integrantes de la red narco, según los investigadores judiciales.La investigación se había iniciado el año pasado, cuando dos automóviles había sido interceptados en junio y septiembre, con cargamentos de alrededor de 50 kilos de cocaína ocultos en las carrocerías. La pesquisa y las llamadas interceptadas permitieron a los investigadores perfilar el movimiento de un nuevo envío de drogas desde el Norte a la región metropolitana de Buenos Aires. "A partir del seguimiento de los sospechosos, la fiscalía estableció que uno de ellos había salido de la ciudad jujeña de La Quiaca en un vehículo y se había dirigido a un hotel de la ciudad salteña de Metán. En esta oportunidad, en vez de un Peugeot -marca que se había usado en los dos anteriores envíos de cocaína-, utilizó un auto de otra marca, un Ford Focus, que dejó estacionado cerca del hospedaje. Al día siguiente apareció el otro imputado, quien circuló en un Volkswagen Bora y realizó ida y vuelta, el recorrido entre Metán y el límite con la provincia de Tucumán, en una maniobra conocida como barrido y que está destinada a verificar las condiciones de circulación y advertir sobre la presencia de controles. Durante uno de esos trayectos, la fiscalía dispuso que personal del puesto de Gendarmería de El Naranjo lo identificara y luego le permitiera continuar su marcha, sin levantar sospechas", informó el Ministerio Público Fiscal en su sitio web de noticias, www.fiscales.gov.ar.En ese texto, se agregó: "Una comunicación telefónica en la víspera del Día de la Madre, entre uno de los sospechosos y su mamá, aportó información sobre las dificultades que enfrentaban para avanzar y la confirmación de que esperaban el momento oportuno. Según expuso la auxiliar fiscal en la audiencia, en la conversación, el hombre le manifestó a su madre que 'no pudo pasar' porque la noche previa 'había como cinco monos', en referencia al personal apostado en el control de Gendarmería. También expresó su preocupación y dijo que no sabía qué iba a hacer".Pocos días después, los sospechosos se envalentonaron e intentaron hacer el movimiento hacia el conurbano bonaerense. La Gendarmería y la Justicia ya estaban tras sus pasos. Fueron interceptados apenas comenzaron el recorrido narco.

"Maru Campos acusó a Ariadna Montiel de nexos con el narco": Sheinbaum pide a FGR informar sobre su reunión con gobernadora de Chihuahua

La presidenta dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que le pidió a Maru Campos presentar pruebas de sus acusaciones contra la dirigente nacional de Morena

Restan poder al narco en Sinaloa: autoridades desmantelan un narcolaboratorio en Culiacán

Autoridades dejaron inutilizable toda la maquinaria resguardada

Imputaron a cuatro acusados de integrar una organización narco: tenían 10 kilos de cocaína, tusi, armas y dinero

Cuatro personas fueron imputadas por integrar una organización dedicada al tráfico y la comercialización de cocaína y tusi en Mar del Plata. A pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), el juez federal de Garantías Santiago Inchausti dictó prisión preventiva por 180 días para tres hombres y por un plazo inicial de 15 días para una mujer, cuya defensa planteó un problema de salud como argumento para solicitar la morigeración de la medida de privación de la libertad.Los procedimientos se realizaron el 13 y el 14 de este mes en Mar del Plata y zonas aledañas, además de un operativo en la Ruta Nacional 33, a la altura de Trenque Lauquen. En los 16 allanamientos se secuestraron casi 10 kilos de cocaína, 981 gramos de tusi, dos armas de fuego, 32 teléfonos celulares, balanzas, elementos de corte y cerca de $2,5 millones, más de US$9000 y 300 euros.La acusación fue formulada por el fiscal Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata. Los imputados son dos hermanos, N. G. D., de 28 años, y G. F. D., de 30, además de C. A. B., de 28, y N. B., de 45.Los cuatro fueron acusados de tráfico de estupefacientes en las modalidades de comercio y tenencia con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, según la Ley 23.737. La investigación penal preparatoria tendrá un plazo de 180 días corridos, con vencimiento el 13 de abril de 2027.En 16 allanamientos en Mar del Plata se secuestraron casi 10 kilos de cocaína, 981 gramos de tusi, dos armas y dinero en efectivoSegún la hipótesis fiscal, los hermanos habrían dirigido la organización y provisto las drogas al resto de los integrantes. Los investigadores detectaron viajes de ambos a Buenos Aires y, en el caso de G. F. D., también a Bolivia. En algunos desplazamientos, los hermanos habrían circulado en sus respectivos automóviles, separados por cierta distancia, posiblemente para advertir la presencia de controles. Al llegar a destino, permanecían entre 20 y 30 minutos y regresaban por rutas alternativas.Ambos cuentan con una condena ya cumplida por comercio de estupefacientes. Los fiscales también señalaron movimientos económicos y encuentros recurrentes entre los hermanos y los otros imputados.A C. A. B. se le atribuyó el rol de distribuidor. Según la acusación, recibía las sustancias, las almacenaba en las bauleras del edificio donde vive y luego las repartía entre otros integrantes. Las tareas de vigilancia permitieron registrar 12 movimientos o encuentros con presuntos proveedores y revendedores.En cuanto a N. B., habría participado en la distribución de las drogas que le entregaba C.A.B., tanto en otros puntos de venta como para su comercialización a menor escala. Los investigadores registraron encuentros breves y frecuentes con terceras personas.La pesquisa comenzó hace cinco meses y se apoyó en tareas de vigilancia y seguimiento de la Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico de la policía bonaerense, además del análisis de movimientos económicos y desplazamientos de los sospechosos. Los investigadores también documentaron intercambios de bolsos, cajas, bolsas y mochilas.La prisión preventiva y el valor de la drogaPara fundamentar las medidas cautelares, los fiscales señalaron la cantidad de estupefacientes secuestrados, el dinero cuya procedencia no estaría respaldada por actividades formales, las armas halladas y la pena en expectativa, estimada entre seis y 20 años de prisión. El juez dispuso prisión preventiva por 180 días para los tres hombres y por 15 días para la mujer, debido a la situación de salud planteada por su defensa.El MPF estimó, sobre la base de cálculos de la fuerza de seguridad, que la cocaína incautada tendría un valor superior a los $243 millones y el tusi, de más de $23 millones. También destacó el secuestro de US$3500 a N. G. D. cuando fue interceptado en la Ruta 33 cuando regresó de Buenos Aires.El tusi, conocido como "cocaína rosa", es una mezcla de sustancias psicoactivas de composición variable que puede contener ketamina, MDMA y cafeína, entre otros componentes.

El inesperado factor narco en la elección crucial de Brasil

Los candidatos de la derecha no pueden hacer campaña en las favelas dominadas por los narcos, pero ganan allí.

Frigerio, Llaryora y Pullaro reclamaron "que el narco y el crimen organizado no terminen financiando la política"

Los gobernadores de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe salieron del eje de la eliminación de las PASO y pusieron en foco la cuestión del financiamiento de las campañas. Reclamaron controles para evitar que en la Argentina ocurra lo mismo que en otros países de la región

Rosario: imputaron a nueve integrantes de una violenta organización narco y buscan a su presunto jefe

Nueve personas fueron imputadas por integrar una organización dedicada al narcotráfico que habría operado desde principios de 2022 en Rosario, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez y otras localidades del sur de Santa Fe. Con estas acusaciones, la causa suma 13 imputados. La investigación también apunta a establecer los vínculos de algunos de sus integrantes con el secuestro y asesinato de Gastón Montenegro, de 25 años, ocurrido este año.En total, los procedimientos coordinados por fiscales federales y provinciales y a cargo de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario incluyeron más de 20 allanamientos. Los investigadores secuestraron estupefacientes, nueve armas de fuego â??entre ellas pistolas, una escopeta, un rifle y una subametralladoraâ?? y cerca de 1000 municiones de distintos calibres. En un departamento de Rosario señalado como centro operativo para la distribución de LSD, marihuana y cocaína, también encontraron balanzas y 3.100.000 pesos.El presunto jefe de la estructura, Diego Nicolás Blanco, de 27 años, conocido como "Pipo", permanece prófugo. Por información que permita localizarlo y detenerlo, se fijó una recompensa de $10 millones. Durante una audiencia ante el juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues da Cruz, el auxiliar fiscal Franco Benetti describió a la organización como una "empresa criminal violenta".Los nueve acusados â??tres mujeres identificadas por sus iniciales L. M. A., L. M. D. y N. A. A., y seis hombres, V. G., J. L. V., M. A. G., F. N. F., F. M. B. y J. E. F.â?? fueron detenidos durante allanamientos realizados a comienzos de octubre en Rosario y localidades cercanas. Ocho fueron imputados como coautores de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en las modalidades de transporte, almacenamiento, distribución y tenencia con fines de comercialización. A J. E. F. se le atribuyó únicamente esta última conducta.Además, J. L. V. fue acusado de acopio de armas de fuego, piezas y municiones, mientras que V. G. quedó imputado por tenencia ilegítima de un arma de uso civil. La fiscalía solicitó la prisión preventiva por 180 días para todos. El juez dispuso ese plazo para J. L. V., L. M. A. y F. M. B. (este último mientras cumple una condena previa); 90 días de prisión preventiva para V. G. y J. E. F.; arresto domiciliario con monitoreo electrónico durante 90 días para F. N. F., M. A. G. y L. M. D., y libertad para N. A. A., aunque sujeta a reglas de conducta.Una investigación que comenzó en 2025La pesquisa federal se inició en 2025 como una derivación de otro expediente sobre un clan criminal que trasladaba grandes cantidades de cocaína desde Bolivia. En ese marco, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) vigilaron un Renault Kwid y detectaron movimientos compatibles con presuntas operaciones de venta de drogas, además del traslado de bolsos y mochilas en una vivienda de Fray Luis Beltrán.El 19 de diciembre de 2025, las autoridades secuestraron el vehículo y demoraron a Blanco y a una mujer identificada como C.M. El análisis de los teléfonos celulares permitió reconstruir presuntas operaciones de compra y venta de más de 20 kilos de cocaína entre el 16 y el 18 de diciembre de ese año.Según expuso Benetti, la identificación de "Pippo" surgió de la convergencia de pruebas reunidas en investigaciones del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y del Ministerio Público Fiscal de la Nación. El fiscal sostuvo que, en noviembre de 2025, Blanco habría entregado US$160.000 y $135.000 a cambio de 66 kilos de cocaína. También se detectaron numerosas transferencias entre cuentas bancarias y billeteras virtuales, algunas por montos elevados y presuntamente dirigidas al acusado.Parte de la investigación se cruzó con la causa provincial por el secuestro y asesinato de Gastón Montenegro. El joven habría sido capturado el 29 de junio en Capitán Bermúdez y trasladado a una vivienda de Fray Luis Beltrán que, según la pesquisa, también habría sido utilizada para almacenar y distribuir drogas. El 4 de julio, su cuerpo fue encontrado semienterrado en un campo de Serodino, con dos disparos en la cabeza.La investigación por el homicidio tramita en la Justicia provincial. De acuerdo con la información expuesta en la causa federal, Blanco habría participado en ese episodio.En una línea previa de la pesquisa por narcotráfico, cuatro personas habían sido imputadas el 2 de julio, luego de allanamientos y detenciones realizados el 29 de junio. Las medidas posteriores permitieron profundizar la investigación sobre la estructura y sus presuntos vínculos con otros delitos.

Los sicarios que ejecutaron a un narco uruguayo en Palermo no dejaron huellas, pero un error los delató

A Carlos Andrés Migales Viera, un sindicado narco uruguayo que había viajado a la Argentina para ocultarse porque sabía que su cabeza en Uruguay tenía precio, lo ejecutaron cuando estaba en el baño del departamento que alquilaba en Palermo. Los sicarios le dispararon al menos ocho balazos con pistolas con silenciador. Los homicidas procuraron no dejar huellas en la escena del crimen. Pero una serie de errores llevó a que dos sospechosos fueran detenidos minutos después del asesinato. La clave para identificar a uno de los supuestos tiradores fue la suela de una zapatilla."En cuanto al móvil del homicidio, si bien es materia de investigación, podría tener relación con un enfrentamiento de bandas criminales vinculadas al narcotráfico en Montevideo, Uruguay, del cual la víctima intentó refugiarse en Buenos Aires", dijeron a LA NACION calificadas fuentes judiciales que participan de la investigación del crimen.Hoy, el juez nacional en lo criminal y correccional Damián Kirszenbaum procesó con prisión preventiva a Cristian Nahuel Paiva, de 21 años, y a Ulises Aladro, de 22, los dos sospechosos detenidos por detectives de la Policía de la Ciudad."Se consideró probable que hayan participado en el episodio ocurrido el 4 de este mes en el barrio de Palermo, en el que tres sicarios ingresaron a un departamento y mataron a Migales Viera utilizando armas con silenciadores. También se dictaron sus procesamientos por haber portado pistolas calibre 9 mm con silenciadores y por haber recibido un vehículo robado que utilizaron para llegar al lugar del hecho", sostuvieron a LA NACION fuentes judiciales.Paiva, Aladro y un tercer sicario escaparon a pie de la escena del crimen. Tras ejecutar a la víctima, no consiguieron arrancar el Peugeot 2008 con el que habían llegado para concretar el plan criminal y que habían estacionado en la puerta del edificio donde vivían Migales Viera y su familia, en Costa Rica al 5600.Personal de la Policía de la Ciudad llegó a la zona del crimen tras un llamado al 911."Operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) lograron ubicar a Aladro y a Paiva mientras caminaban por la avenida Juan B. Justo y dieron aviso a los uniformados de las Comisarías Vecinales 14A y 14B de la Policía de la Ciudad, que encontraron a los sospechosos en avenida Bullrich y avenida Santa Fe", dijeron las fuentes consultadas.La madrugada del crimen hubo un tercer detenido: un joven que hoy fue liberado después de que se dispusiera su falta de mérito."Se trata de una persona en situación de calle que solía estar por la avenida Córdoba, a la altura de Juan B. Justo, y que el personal policial encontró donde estaban los otros imputados, caminando en la misma dirección que uno de ellos. Él tenía una coartada sólida que pudo ser, en principio, corroborada con filmaciones de cámaras de seguridad de donde dijo haber estado esa noche antes del crimen, y testigos negaron que este haya estado en el edificio donde ocurrió el crimen o que hubiera actuado de forma extraña durante esa madrugada, prueba que recabó la División Homicidios de la Policía de la Ciudad luego de su declaración indagatoria. Los detectives policiales recientemente descartaron que esta persona fuera de interés para la investigación a partir de las pruebas que se incorporaron en los últimos días. Más allá de eso, se está esperando el resultado de nuevos peritajes antes de decidir si se lo sobresee o si se dicta su procesamiento", explicaron las fuentes consultadas.En la investigación intervienen el fiscal Anselmo Castelli y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), encabezada por el fiscal federal Diego Iglesias.Una de las primeras testigos del caso fue María Mercedes Boneta Mandera, de 27 años, esposa de la víctima."Sostuvo que los asesinos, que estaban encapuchados, entraron en el departamento y, sin decir palabra alguna, le dispararon a Migales Viera. Ella no vio el rostro de ninguno de los homicidas y lo primero que hizo fue salir al balcón para pedir auxilio", dijo a LA NACION una fuente del caso.Detectives que participan de la investigación del homicidio de Migales Viera sospechan que la víctima fue "entregada" en Uruguay. Alguien sabía dónde se "había escondido" en la Argentina y "lo vendió"."A los dos sospechosos detenidos por su supuesta participación en el crimen se los pudo vincular al hecho a través de las filmaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde vivía la víctima. Si bien los sicarios usaron guantes y máscaras para evitar ser reconocidos, las ropas que vestían eran idénticas a las que tenían Paiva y Aladro al ser detenidos. Particularmente, Aladro llevaba unos jeans con bordados blancos y una gorra con visera blanca, los cuales tenía consigo cuando fue detenido. Paiva llevaba un chaleco gris, pantalones negros con un estampado y zapatillas, idénticos a los que vestía uno de los sicarios registrados en el video. Además, al huir de la policía, descartó una pistola Glock con silenciador que no figuraba en las bases oficiales del Registro Nacional de Armas (Renar)", dijeron fuentes del caso.Calificadas fuentes de la investigación explicaron: "Más allá de que los sicarios procuraron no dejar huellas dactilares en el departamento que la víctima alquilaba, personal de criminalística encontró la marca de una suela de zapatilla. Con ella hicieron una comparación y determinaron que correspondía a las zapatillas que llevaba puestas Paiva cuando fue detenido. De tal manera, se pudo determinar que los detenidos fueron dos de los tres tiradores que ingresaron al departamento y dispararon a la víctima. Ocho de los disparos se hicieron a través de la puerta del baño del departamento, mientras la víctima se encontraba dentro. El disparo fatal impactó en el abdomen de Migales Viera sin haber atravesado primero la puerta, ya que el proyectil dejó un tatuaje de pólvora en su piel".Ahora, detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad continúan con las tareas investigativas para dar con el tercer tirador e identificar a los autores intelectuales del plan criminal.

Los secretos del Señor J, el narco que impuso el miedo para retrasar un desarrollo urbano a treinta minutos del Obelisco

Había miedo, vivían con temor. Nadie se animaba a denunciar. "Hace poco, un vecino abrió la boca y lo amenazaron de muerte. Casi pierde la vida, se tuvo que ir del barrio", reveló una mujer. Se refería a lo que sucedía en villa Fraga, en Chacarita, donde reinaba una banda narco que estaba liderada por un joven al que todos conocían como Señor J o Junior y que ejercía en la zona una "suerte de gobernanza criminal que impactó en los derechos de los vecinos" y que "puso en evidencia una presencia estatal cómplice o deficitaria".Así surge de un expediente judicial, que se inició a partir de una investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias, en la que se puso al descubierto la operatoria de la citada banda narco.En las últimas horas, un fallo de la Cámara Federal, con la firma de los magistrados Roberto Boico y Eduardo Farah, confirmó los procesamientos que había dictado el mes pasado el juez federal Sebastián Casanello donde fueron procesados los integrantes de la organización narcocriminal."La extensa investigación desarrollada por la Procunar dio claras muestras del control que ejercía esta organización dentro del barrio villa Fraga: los distintos vecinos consultados se negaban a aportar sus datos y a denunciar los hechos vivenciados por temor a represalias por parte de sus integrantes. Las características [de la banda] coinciden con la de los grupos delictivos organizados, según la definición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (Convención de Palermo). Se corresponden también con los elementos enumerados por la jurisprudencia: finalidad esencialmente económica, asociación de una pluralidad de personas, carácter de continuidad en el tiempo, empleo de medidas de seguridad dirigidas a salvaguardarse de la intervención del Estado y de otros grupos criminales que operan competitivamente en sus mismos mercados, adaptabilidad, en tanto el grupo criminal modifica sus métodos y procedimientos, buscando siempre ventajas ante la respuesta del Estado, provocación de efectos indeseables en el ciudadano, la sociedad y en los Estados, con importante potencial desestabilizador (sus actividades afectan no solo a la vida comunitaria, sino también a la economía, a la gobernabilidad y al funcionamiento ordinario de las instituciones públicas) y uso de influencia o corrupción", definió el juez Casanello. "La estructura criminal bajo estudio reúne la mayoría de las características señaladas, pese a que, incluso, la investigación se encuentra aún en un estado incipiente (en cuyo marco podrían identificarse a otros integrantes de momento no individualizados, así como también reconstruir el flujo de dinero obtenido producto de las actividades ilícitas desarrolladas y las ramificaciones fuera de nuestro territorio", había sostenido el juez Casanello cuando dictó el procesamiento de los sospechosos, entre ellos el de Señor J, identificado como Iván Galarza Carhuamaca.La causa se inició en febrero de 2025 para investigar el "accionar desplegado por un grupo narcocriminal dedicado al almacenamiento, fraccionamiento y comercialización de sustancias estupefacientes" en villa Fraga, barrio situado a tan solo 30 minutos del Obelisco.A partir de las pruebas reunidas por la Procunar y la Fiscalía Federal N°8, con la colaboración de detectives de la División Área Metropolitana Oeste de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico y la coordinación del Departamento Federal de Investigaciones, ambas dependencias de la Policía Federal Argentina (PFA), el juez Casanello ordenó una serie de allanamientos, la mayoría en villa Fraga, pero también en domicilios de Morón y Moreno. En los procedimientos se detuvo a nueve sospechosos y se secuestró 10.236 dosis de cocaína, más de tres kilos de marihuana, $6.790.530, casi 7000 dólares, municiones y teléfonos celulares.Según sostuvo Casanello en su citada resolución, "el control territorial ejercido por el grupo delictivo en la villa Fraga desafió y se impuso al proyecto de integración socio-urbana aprobado mediante la Ley N° 5799 en 2017 que tenía por objeto lograr la reurbanización, zonificación e integración social, cultural, ambiental y urbana del asentamiento. En su lugar, la investigación demostró presencia estatal cómplice o deficitaria y vecinos atemorizados". Pero la investigación no solo puso al descubierto la operatoria de la organización narco, sino también la "connivencia" de personal de la Policía de la Ciudad. El magistrado procesó sin prisión preventiva a dos oficiales porteños que tenían como tarea hacer patrullaje preventivas en el denominado Móvil Fraga."El plexo probatorio reunido permite afirmar, con los alcances propios de esta instancia, que Fernando A. y Luciano S., mientras cumplían funciones en la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad, habrían cooperado con los integrantes de la organización criminal investigada asegurando que el comercio prohibido no fuera interrumpido ni perseguido por la actuación policial (liberación de la zona). Para ello, habrían mantenido contacto con los eslabones más altos de la estructura criminal y entablado ciertas prácticas de intercambio", afirmó Casanello cuando fundamentó el procesamiento de los uniformados. El fallo, al que tuvo acceso LA NACION, fue dictado la semana pasada.Durante la investigación se comprobó que los dos uniformados ingresaron, en una oportunidad, en un inmueble que "había sido la residencia de de Galarza Carhuamaca, líder de la organización que, tras ser detenido, impartía las directivas desde la cárcel. Según reveló el informante registrado, dicho inmueble funcionaba como un centro de fraccionamiento y almacenamiento de estupefacientes, donde también se llevaban a cabo 'reuniones operativas de la organización'. Sumado a ello, de acuerdo a los dichos de los vecinos, aquel lugar era utilizado con frecuencia para 'ocultar bolsas o esconderse de la policía'", explicó Casanello en la citada resolución.El magistrado recordó que el Móvil Fraga había sido creado después de "detectar la actividad delictiva" que se repetía en el asentamiento."Los elementos apuntados permiten sostener que, lejos de desconocer lo que sucedía en el barrio, el objeto de la visita a la casa de Galarza Carhuamaca se debió, justamente, a la actividad ilícita allí desarrollada. Cabe recordar que una de las principales características de los grupos delictivos organizados consiste en la utilización de 'influencias' o corrupción para asegurar el mantenimiento de la empresa criminal a lo largo del tiempo y el territorio. Ello es precisamente lo que se acreditó en autos: la omisión deliberada de perseguir y reprimir la actividad de narcotráfico, cuanto menos del móvil Fraga a cargo de los imputados, bajo la fachada de presencia policial enfocada en delitos convencionales", afirmó el juez Casanello al procesar a los dos oficiales.Para Casanello, los dos uniformados "brindaron la cooperación necesaria para asegurar, desde su posición de integrantes de la Policía de la Ciudad, el desenvolvimiento y la continuidad del comercio de sustancias estupefacientes en el barrio".Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño explicaron que uno de los procesados fue pasado a disponibilidad y que el otro está en "condición de retirado".La investigación no finalizó con los procesamientos de los mencionados narcos y policías. Según explicaron fuentes judiciales continúa la pesquisa para dar con otros integrantes aún no identificados de la organización criminal."A la par de las circunstancias enumeradas, cabe considerar que la presente investigación se encuentra en pleno desarrollo, con una serie de medidas en curso de ejecución, como aquellas vinculadas con la extracción y análisis de los dispositivos secuestrados (por el momento se recibió una elevación parcial) y declaraciones testimoniales que podrían revelar la existencia de otras personas vinculadas a los hechos investigados. En caso de recuperar su libertad, los imputados podrían entorpecer estas líneas investigativas", dijo el magistrado al fundamentar el dictado de la prisión preventiva de los sindicados narcos.

Golpe al narco en Durango: autoridades aseguran más de 1.3 toneladas de metanfetamina en laboratorio clandestino

La afectación estimada tras el decomiso es de más de 163 millones de pesos

El gobernador Rolando Figueroa se sometió a un "narco test" y compartió el video

El mandatario de Neuquén realizó el control toxicológico que, por ley, deben practicar los funcionarios de los tres poderes

Ramiro Herrera, ex narco del Cartel de Cali y hermano de 'Pacho' Herrera, ofreció entregar información a la Fiscalía sobre más de mil bienes del extinto grupo criminal

En carta dirigida a Abelardo de la Espriella, planteó que las autoridades definan, caso por caso, si hay elementos para impulsar o concluir procesos de extinción de dominio

Costa Rica endurece su ofensiva contra el narco y declara terroristas al CJNG, Sinaloa y a otros cuatro cárteles mexicanos

La presidenta Laura Fernández también incluyó a tres organizaciones colombianas en la nueva lista y anunció que viajará a El Salvador para conocer el modelo penitenciario de Nayib Bukele

La insólita coartada de un abogado con antecedentes narco: dijo que lo habían emboscado, pero quedó imputado por trasladar 32 kilos de cocaína

Un abogado bonaerense de 56 años, que ya tiene una condena a cuatro años y seis meses de prisión por transporte de estupefacientes, fue imputado por el traslado de más de 32 kilos de cocaína hallados en una camioneta abandonada en Salta y deberá permanecer detenido en prisión preventiva al menos durante un mes. Pero lo que más sorprendió fue la coartada con la que intentó explicar qué hacía en la zona y por qué terminó junto a uno de los vehículos vinculados con el cargamento: el hombre sostuvo que había sido víctima de un secuestro relacionado con un supuesto ajuste de cuentas por un negocio inmobiliario frustrado. Según su versión, cinco hombres armados y encapuchados lo golpearon, lo amenazaron de muerte y, finalmente, lo abandonaron cerca de un río. La fiscalía, sin embargo, advirtió contradicciones en su reconstrucción de los hechos, y la Justicia rechazó los planteos de su defensa.El acusado, identificado como Darío Gabriel Graff, es oriundo de Haedo, en el partido bonaerense de Morón. La imputación por transporte de estupefacientes fue formalizada por el fiscal federal Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, durante una audiencia ante la jueza federal de garantías de Tartagal, Ivana Hernández. La magistrada dispuso inicialmente la prisión preventiva por 30 días, una decisión que luego fue impugnada por la defensa, pero que terminó confirmada por la Sala II de Revisión.La investigación comenzó el sábado 3 de octubre, alrededor de las 15.30, cuando una mujer que trabaja en la vía pública alertó al servicio de emergencias 911 sobre un episodio con armas de fuego en la intersección de Alvear y Alberdi, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Según su testimonio, varias personas que se desplazaban en una camioneta de alta gama habían interceptado a un hombre armado, lo habían obligado a subir a otro vehículo y se habían dirigido hacia la ruta nacional 50.El centro de monitoreo de las cámaras de seguridad aportó el detalle de ambos vehículos involucrados: una Volkswagen Amarok y una Toyota Prado. A partir de esa información, efectivos policiales iniciaron un seguimiento que los llevó a la ruta provincial 18, en dirección a Isla de Cañas. Al ingresar por un camino alternativo que conduce a un río de la zona, encontraron la Amarok con el motor en marcha y las puertas abiertas. En el asiento trasero había dos bultos con paquetes que luego se identificó que contenían cocaína.Tres minutos después, según la reconstrucción incorporada a la investigación, los policías observaron la llegada de la Toyota Prado, que provenía de la zona del río. La conducía el abogado bonaerense, quien fue detenido. En ese vehículo se secuestraron dos teléfonos celulares y los investigadores advirtieron un corte en el piso, a la altura del tanque de combustible.Con autorización judicial, los efectivos requisaron la Amarok y los bultos encontrados en su interior. El procedimiento permitió establecer que contenían más de 32 kilos de cocaína, distribuida en bloques de un ancho menor al habitual, aparentemente cortados por la mitad. El hallazgo y la presencia del abogado al volante de la segunda camioneta se convirtieron en elementos centrales de la hipótesis de la fiscalía.Los 70.000 dólares y el supuesto secuestroAl momento de efectuar su descargo, el acusado sostuvo que viajaba desde hacía años a Orán y a Aguas Blancas y que cruzaba a Bolivia para comprar teléfonos celulares y otros productos que luego revendía. Sobre su presencia en la zona el 3 de octubre, explicó que tenía previsto visitar a una persona alojada en el Complejo Penitenciario Federal NOA III, en General Güemes, aunque antes había decidido adquirir mercadería para su actividad comercial.La explicación más llamativa llegó cuando intentó vincular lo sucedido con una operación inmobiliaria que, según dijo, había derivado en un conflicto personal. De acuerdo con su relato, un conocido del lado boliviano de Bermejo quería comprar una casa de tres pisos en el barrio porteño de Liniers y le había encargado una gestión legal para asumir la posesión del inmueble.La operación, según la versión del abogado, contemplaba un pago de 70.000 dólares. Sin embargo, la persona que trasladaba el dinero habría sufrido un robo y el supuesto comprador lo responsabilizó por lo ocurrido. A partir de ese episodio, aseguró, recibió amenazas y le advirtieron que no volviera a Orán.Graff relacionó ese conflicto con el episodio denunciado ante el 911. Afirmó que cinco hombres armados y encapuchados lo habían interceptado, golpeado y amenazado con matarlo y arrojarlo al río. También dijo que sus captores habían amenazado con incendiar su camioneta mientras él permanecía en su interior. Según su versión, finalmente cruzaron el río y se marcharon sin explicar por qué lo dejaban con vida.La fiscalía cuestionó esa reconstrucción y señaló que el relato presentaba contradicciones en distintos tramos del recorrido y en la descripción de lo ocurrido cerca del lugar donde apareció la droga. Al fundamentar la imputación, además, sostuvo que el acusado había procurado desvincularse del cargamento sin brindar explicaciones que permitieran aclarar su presencia en la escena.El prontuario judicial del abogado fue otro de los argumentos considerados por la fiscalía. En 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión por transporte de estupefacientes. Esa sentencia todavía no está firme: la defensa presentó un recurso de queja que se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.El episodio por el que recibió esa condena ocurrió el 4 de julio de 2022, cuando fue detenido luego de que se encontraron cuatro kilos de cocaína en el sector del motor del vehículo que conducía. En esa investigación se estableció que había estado en Orán cinco días antes y que incluso había tramitado allí un carnet de conducir. Esos elementos fueron considerados para sostener la hipótesis de que el estupefaciente había sido trasladado desde el norte del país hasta Neuquén.La coincidencia geográfica entre aquel antecedente y la causa actual fue destacada por los investigadores, aunque ambos expedientes corresponden a hechos diferentes.El nombre de Graff también aparece en la información sobre la causa conocida como Bobinas Blancas, uno de los grandes decomisos de cocaína de 2017, cuando se incautaron cerca de dos toneladas de droga que tenían como destino Canadá. En el juicio realizado en 2021 ante la Justicia Federal de Campana, el abogado actuó como defensor de los mexicanos Gilberto, Jesús y Max Rodríguez Córdova.

Demuelen la casa del narco Pablo Escobar que supuestamente se usaba para rituales satánicos

La casa estuvo durante años abandonada y se convirtió en foco de problemas de seguridad y convivencia.El inmueble tenía 1.854 metros cuadrados de superficie.

Brutal ajuste narco a un búnker en La Matanza: acribillan a balazos a un hombre y hay tres heridos más

El violento ataque protagonizado por cuatro personas, quienes llegaron en dos motos, se produjo en González Catán durante la noche de este lunes. Adán Bogarín Britez, recibió al menos 10 impactos de bala. Era paraguayo y tenía 26 años. Otros tres hombres resultaron heridos, producto de la lluvia de balas.

Drones con fibra óptica y piezas para ensamblar aeronaves: los aseguramientos que revelan la adaptación tecnológica del narco en Sinaloa

En dos operativos realizados con seis días de diferencia, el Ejército localizó componentes para ensamblar aeronaves no tripuladas, rollos de cable de fibra óptica, explosivos improvisados y un vehículo con blindaje artesanal; Ricardo Trevilla reconoció que su uso por grupos criminales preocupa a Defensa

Hallaron el cadáver de una joven dentro de una valija en Rosario: detuvieron a un expolicía con antecedentes narco

Bárbara Camila Aragón había sido vista por última vez el sábado cuando un remisero la dejó en un complejo de viviendas.Al no tener novedades de ella, la Policía inspeccionó el lugar y encontró su cuerpo.

Crimen narco en Misiones: sicarios brasileños y un joven acribillado de 12 balazos por una deuda

Fernando Matías Rodríguez (27) fue asesinado a tiros en su casa de la ciudad misionera de San Vicente.Por el homicidio detuvieron a dos jóvenes que pertenecían a sendas bandas criminales del estado de Río Grande do Sul.Cuáles son las organizaciones delictivas que se mueven a ambos lados de la frontera.

Julieta Ramírez evade a la prensa tras revelarse investigación de EEUU sobre presuntos nexos de su equipo con el narco

Entre los señalados por el Departamento del Tesoro aparece Rafael Buenrostro Martín, empresario y exfuncionario identificado la prensa como promotor del proyecto político de Ramírez

El mono narco hallado en una lancha con presunta cocaína será evaluado en el Zoológico Nacional de República Dominicana

El ejemplar, que habría sido introducido desde Colombia de forma irregular, fue remitido a Medio Ambiente para su protección y recuperación, tras recibir atención inicial de los equipos operativos de la DNCD

La banda de los micros: el análisis de un celular destapó una red narco

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Interior destina 19 millones al año a "inteligencia" contra el 'narco' en Andalucía: "Se ha debilitado su estructura"

Procesaron a la exjueza María Laura Garrigós de Rébori por la falta de controles a los jefes narco en las cárceles

ROSARIO.- El juez federal Carlos Vera Barros procesó a María Laura Garrigós de Rébori, exinterventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el gobierno de Alberto Fernández, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El magistrado, que subroga el Juzgado Federal N°4 de Rosario, la consideró responsable de no haber impedido que los líderes de organizaciones narco siguieran comunicándose desde la cárcel con sus bandas. En la resolución, Vera Barros sostuvo que Garrigós de Rébori no arbitró los medios para comprar e instalar inhibidores de señal en las unidades del SPF, como exige el artículo 160 de la ley de ejecución penal 24.660. También señaló que no buscó dentro del organismo los antecedentes de los pedidos de inhibidores que ya habían hecho los complejos de Ezeiza y Marcos Paz, donde estaban alojados los presos considerados de "alto riesgo". Según fuentes judiciales, la acusación central no se limita a los inhibidores. El juez entendió que la exfuncionaria no hizo nada para limitar el margen de acción de los jefes narco dentro de los penales federales. El fallo también menciona que no controló que el personal del SPF cumpliera las restricciones que distintos tribunales habían ordenado sobre las condiciones de detención de esos internos. Durante su gestión, además, se disolvió el área de inteligencia del SPF. Garrigós de Rébori, exjueza de la Cámara de Casación Penal porteña y fundadora de Justicia Legítima, estuvo al frente del SPF desde junio de 2020 hasta septiembre de 2021. La investigación empezó en marzo de 2022, como desprendimiento de una causa contra Ariel "Guille" Cantero, líder de Los Monos. Los fiscales sospecharon que los "beneficios" que tenía en el penal de Marcos Paz eran consecuencia de una "complicidad estructural" dentro del SPF. Después, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analizó documentación secuestrada y el manejo de los inhibidores en ese penal. En agosto de 2023 los fiscales ampliaron el objeto de la causa al control deficiente del ingreso de celulares en todas las cárceles federales. La acusación la impulsaron Claudio Kishimoto, Matías Scilabra, Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona y María Andrea Garmendia Orueta. Garrigós de Rébori debía declarar en agosto de 2025, pero pidió postergar la indagatoria y luego intentó apartar a los fiscales por "falta de objetividad". La Cámara Federal de Rosario y después la Cámara Federal de Casación rechazaron ese planteo y confirmaron a los acusadores. La defensa sostuvo que la investigación hizo un recorte arbitrario: se limitó al período de su gestión, aunque la obligación de instalar inhibidores rige desde 2017. En Casación, el camarista Gustavo Hornos recordó las dificultades excepcionales de la pandemia, el contexto en que le tocó conducir el SPF. El problema que dio origen a la causa quedó documentado en el informe Narcocriminalidad en establecimientos penitenciarios de Procunar. El documento recopila escuchas que muestran cómo entraban los teléfonos a los penales y cómo los presos los escondían de las requisas. En una de esas escuchas, Guille Cantero le explica a un familiar cómo burlar los controles: "Agarrá unos pedazos de carne, congelalos re bien, pero bien congelados y mételo ahí adentro". Y agrega que los agentes tendrían que usar un martillo para descongelar el paquete. Su hermano "Lucho" Cantero describe otros métodos. Pide que la visita la haga "sí o sí" una mujer embarazada, porque con la documentación del embarazo no pasa por el escáner. En otra conversación le avisan que la mujer que llevaría los aparatos tenía "los papeles de embarazada" pero no lo estaba. También habla de termos con forro de aluminio, de pavas con doble fondo y de un cargador escondido en la máquina del peluquero. En el Complejo de Ezeiza, el SPF secuestró un celular oculto en el doble fondo de una olla. El informe también menciona la complicidad de agentes penitenciarios. En una escucha, Lucho Cantero pide que le "manden al cobani" un elemento para pasarlo "por la pecera". Cuando el Ministerio de Seguridad aisló a los presos de alto riesgo y los limitó a un teléfono fijo compartido con contactos autorizados, los jefes narco encontraron otra salida: la "triangulación". Un familiar autorizado atendía la llamada y sumaba, por multiconferencia o juntando dos teléfonos, a personas con las que el preso no podía hablar. Entre ellas había otros detenidos. En las escuchas de la causa FSM 61107, Guille Cantero instruye a sus contactos para que lo "unan" a otras líneas y les pide que no pongan el altavoz. Según la Procunar, por esa vía hablaba con presos de Ezeiza como Damián "Guampa" Toro Escobar. En los teléfonos secuestrados aparecieron capturas de pantalla de esas multiconferencias. El método no era nuevo. Cantero lo había aprendido de Néstor "Loko" Rojas, líder del Primer Comando de Frontera, que había sido su compañero de pabellón. Lo más grave, según la Procunar, es lo que los presos hacían con esas comunicaciones. El informe transcribe amenazas a magistrados y fiscales. En una, Julio Rodríguez Granthon, el narco peruano preso en Ezeiza, dice que junta plata para matar a la familia de una persona y al juez que le hace "la vida imposible". En otra escucha, Rojas ordena conseguir "dos o tres pibes" armados para atacar a un hombre. Rodríguez Granthon es un ejemplo de lo fácil que era reponer los aparatos. El 12 de diciembre de 2022 le secuestraron cinco celulares en su pabellón. Al día siguiente pidió por teléfono fijo que le llevaran "urgente dos" más, y al otro día tenía dos iPhone. El informe de la Procunar es de abril de 2024, posterior a la salida de Garrigós de Rébori del SPF, y concluye que el problema seguía vigente. El organismo reclamó otra vez, como en 2021, que todas las cárceles federales tengan bloqueadores de señal, la medida que el juez Vera Barros considera que la exinterventora omitió.

Ecuador contará con dos potentes drones de EEUU en su guerra contra el narco

Ecuador empleará drones MQ-9 Reaper en la frontera con Colombia para combatir el tráfico de drogas, reforzando la colaboración con EE.UU.Estas aeronaves, utilizadas en conflictos internacionales, permitirán vigilancia y ataques precisos, cubriendo 732 km de frontera.

Dura advertencia de la Iglesia por el avance narco en barrios populares: "La ausencia del Estado permite que ocupe su lugar"

El obispo de San Justo, Eduardo García, alertó en La Matanza por el abandono de los barrios populares y el avance de las organizaciones criminales. En el encuentro participaron funcionarios, jueces, fiscales y referentes sociales

Tras el homicidio narco en Palermo, sicarios ejecutaron en Montevideo a otro miembro de la misma banda

La camioneta blanca frenó intempestivamente para que descendieran tres sicarios, que comenzaron a disparar en diferentes sentidos. Eran las 21 de ayer cuando se sembró el terror en el barrio Villa Española, situado a 20 minutos del centro de Montevideo. El ataque a tiros dejó como víctima mortal a Leonardo Galli, de 24 años e integrante del clan familiar conocido como los Puglia y de la banda narcocriminal La Mafilia.Galli, que tenía antecedentes penales, murió en el Hospital Pasteur, donde había sido trasladado en un auto por su hermana. El homicidio de Villa Española no pasó inadvertido para detectives policiales y judiciales de la Argentina, que investigan el asesinato de Carlos Andrés Migales Viera, un sindicado narco uruguayo de 31 años baleado por sicarios el pasado domingo a la madrugada en un departamento del barrio porteño de Palermo, donde vivía con su esposa y sus hijos."Personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II se hizo cargo de las actuaciones y se dispuso la presencia de Policía Científica para el relevamiento de la escena. La Fiscalía de Homicidios de 4º Turno dispuso el relevamiento científico, entre otras diligencias", informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado de prensa.Migales Viera se identificaba como líder del clan La Mafilia y sin tener el apellido Puglia, era parte de la familia. Al igual que Galli, el joven asesinado anoche. Fuentes del caso dijeron que, además, eran familiares. "La víctima asesinada en Palermo tenía el control del negocio del comercio de estupefacientes en Villa Española. La distribución de la droga era suya. No se dedicaba al microtráfico", sostuvo a LA NACION un detective que participa de la investigación del homicidio de Migales Viera.El sindicado capo narco llegó a la Argentina el mes pasado. Se había escapado de Uruguay porque sabía que "su cabeza tenía precio". No ingresó de forma legal al país, pero su familia sí, dijeron fuentes del caso.El homicidio de Migales Viera ocurrió el domingo a las 3, en un departamento del segundo piso de un edificio situado en Costa Rica al 5600. El grupo criminal estaba integrado por cuatro sicarios."Los asesinos entraron en el edificio con una copia de la llave magnética del edificio. Se dirigieron directamente al departamento 3 del segundo piso, mataron a la víctima y se fueron sin robar nada. No hay dudas de que se trató de un ajuste de cuentas. Los sicarios utilizaron una pistola con silenciador", había dicho a LA NACION detectives del caso tras el homicidio.El lunes, poco después del crimen, el juez nacional en lo criminal y correccional Damián Kirszenbaum, a cargo de la causa, dispuso el secreto de sumario.En la investigación intervienen el fiscal Anselmo Castelli y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), encabezada por el fiscal federal Diego Iglesias.Por el momento, la causa tiene tres detenidos. Uno de los sospechosos asegura ser un trapito que estaba en la zona cuando dos jóvenes, que serían los sicarios, comenzaron a correr y asegura que "cayó en la boletada". La Policía de la Ciudad secuestró una pistola con silenciador en las cercanías del cruce de las avenidas Santa Fe y Bullrich, a la altura del Puente Pacífico.La única testigo del crimen fue la pareja de Migales Viera, María Mercedes Boneta Mandera, de 27 años. La joven declaró como testigo ante los investigadores argentinos."Sostuvo que los asesinos, que estaban encapuchados, entraron en el departamento y, sin decir palabra alguna, le dispararon a Migales Viera. Ella no vio el rostro de ninguno de los homicidas, que lo primero que hizo fue salir al balcón para pedir auxilio", dijo a LA NACION una fuente del caso.Detectives que participan de la investigación del homicidio de Migales Viera sospechan que la víctima fue "entregada" en Uruguay. Alguien sabía donde se "había escondido" en la Argentina y lo "vendió". La pista para poder avanzar en el homicidio, según explicaron fuentes del caso, es determinar quién tenía copia de la llave electrónica para ingresar en el edificio donde vivía la víctima. No creen que los detenidos hayan tenido capacidad para hacer una clonación.Migales Viera nació el 18 de diciembre de 1994 y tenía antecedentes delictivos desde su adolescencia. Cuando tenía solo 14 años, fue indagado por el delito de hurto.En septiembre de 2012 fue imputado por su presunta participación en un homicidio. También tuvo causas por fugarse de una comisaría, por robos conocidos en Uruguay como "rapiña", aquel en el que, con violencia o amenazas, una persona se apodera de una cosa mueble, sustrayéndosela a su tenedor, para aprovecharse o hacer que otro se aproveche.Después de eso, Migales Viera fue imputado por suministro de estupefacientes y en 2024 fue indagado nuevamente por un homicidio.En agosto pasado ya habían intentado asesinar a Migales Viera en Villa Colón, otro barrio montevideano: esa vez fue atacado a balazos en horas de la madrugada por delincuentes que se hicieron pasar por policías."La víctima, que tiene antecedentes por contrabando, iba junto a su pareja en su vehículo. En determinado momento vieron una camioneta con barrales y matrícula policial que les hizo seña para detenerse. Tras aminorar la marcha, del supuesto vehículo policial bajaron delincuentes que efectuaron disparos en dirección al conductor, quien recibió varios impactos. Fruto de esa lesión, la víctima perdió el dominio del vehículo y chocó contra el muro de una vivienda", informó el portal uruguayo Telemundo el 1° de agosto pasado.Según medios de comunicación de Uruguay, La Mafilia tiene una fuerte disputa con otro clan familiar, los Suárez, también oriundo de Villa Española. La guerra entre bandas.En julio pasado hubo un ataque a tiros donde murieron cinco personas, tres de ellas eran integrantes de la familia Suárez.

Dos homicidios con diferencia de 40 minutos y el sello narco en La Matanza

De nada le sirvió a Eriberto Azamendia la ametralladora que tenía para defenderse de cualquier ataque. Un sicario esperó a que saliera de su casa para ir al almacén y lo llamó por su nombre. Cuando él se dio vuelta, el gatillero le apuntó a la cara y vació el cargador de su pistola: 13 tiros efectivos, letales. Después de concretar su faena de balas y sangre, el asesino recargó el arma, abrió fuego contra el búnker donde la víctima del crimen vendía droga y huyó. En total fueron 26 balazos.Según fuentes policiales, este homicidio fue uno de los dos asesinatos ocurridos en el partido de La Matanza en menos de una hora. Ambos crímenes tuvieron como móviles ajustes de cuentas motivados por deudas de la comercialización de estupefacientes.Cuando los policías llegaron a la escena del homicidio, a las 13.40 de ayer, alertados por un llamado del dueño del almacén, encontraron el cuerpo de la víctima en la vereda sobre un charco de sangre. No pasó inadvertido para los efectivos de la comisaría de González Catán que el sicario haya concentrado todos los disparos en la cara de Azamendía. Los trece tiros desfiguraron a la víctima. Para los investigadores fue necesario recurrir al cotejo de las huellas digitales con el objetivo de confirmar la identidad de la víctima.Primero, se estableció que Azamendia, de nacionalidad paraguaya, residía en una vivienda ubicada en la misma cuadra donde lo mataron. A dos casas de su domicilio, Azamendía tenía un búnker de venta de droga. Cuando los policías irrumpieron en el inmueble encontraron droga, una computadora portátil, una balanza, dos celulares, una ametralladora con dos cargadores, una pistola 9 mm, municiones y tres transmisores.Ambos celulares comenzaron a ser revisados por los investigadores policiales con el objetivo de encontrar con quiénes se vinculaba y a quiénes les debía dinero por la venta de droga.Además, los policías se abocaron a la búsqueda de cámaras de seguridad en las adyacencias de la escena del homicidio, ocurrido en la esquina de Zamudio y Río Cuarto, en el barrio La Toma, de González Catán.El segundo homicidio ocurrió a las 14.21, en la esquina de Bellerini y Zapalleri, en el barrio El Triunfo, de la localidad de Virrey del Pino. Los policías llegaron al lugar tras el llamado realizado por un vecino al número de emergencias 911. En la puerta de una edificación abandonada, los efectivos hallaron un cuerpo sin vida con un balazo en la cabeza. Minutos después, llegó al lugar una mujer, de 29 años, quien les dijo a los uniformados que la víctima era su hermano.Con este testimonio, los efectivos de la comisaría de Virrey del Pino identificaron al fallecido como Sergio Manuel Carrizo, de 23 años, con problemas de adicción a las drogas. A partir de la reconstrucción del homicidio, los investigadores determinaron que Carrizo tuvo una discusión con su proveedor de drogas, quien le disparó un balazo en la cabeza y huyó.No son hechos aislados. En La Matanza hubo 149 homicidios dolosos durante 2025, casi el 20% del total de asesinatos en Buenos Aires. Fue el distrito con mayor cantidad de crímenes del conurbano y el cuarto en términos relativos, con una tasa de 8,1 cada 100.000 habitantes, casi el doble que el promedio provincial, que fue de 4,4.

Capturan en Guatemala a presunto narco mexicano que enviaba fentanilo a Estados Unidos usando el código de 'pañales'

Jorge Rubén Michel Monroy operaba bajo cinco identidades falsas y coordinaba envíos masivos de drogas desde México hacia Estados Unidos. Su red acumuló incautaciones millonarias en efectivo antes de que la justicia lo alcanzara en Ciudad de Guatemala.

Los detalles del homicidio del narco uruguayo ejecutado en Palermo y el cargamento de US$ 2.000.000 que le secuestraron

"Entraron, lo mataron y se fueron". Así, dos fuentes que participan de la investigación resumieron el homicidio de Carlos Andrés Migales Viera, presunto narco uruguayo de 31 años ejecutado por sicarios en un departamento de Palermo, delante de su mujer. Los investigadores no dudan de que se trató de una venganza; la principal hipótesis gira sobre un eventual ajuste de cuentas relacionado con el secuestro de un millonario cargamento de drogas en Montevideo.Por el crimen hay dos sospechosos detenidos. Se trata de dos jóvenes de 20 y 21 años, quienes fueron indagados en las últimas horas, poco después de que el juez nacional en lo criminal y correccional Damián Kirszenbaum, a cargo de la causa, dispusiera el secreto de sumario. Tras el homicidio hubo un tercer detenido, pero podría recuperar la libertad en las próximas horas ya que sería un "trapito" que estaba en la zona donde capturaron a los dos sospechosos y no tendría nada que ver con los supuestos sicarios.En la investigación intervienen el fiscal Anselmo Castelli y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), encabezada por el fiscal federal Diego Iglesias.En las últimas horas declaró como testigo la mujer de la víctima. Por su seguridad, fue trasladada al Palacio de Tribunales en un patrullero. Se trata de una pieza clave para los investigadores para reconstruir las últimas horas de la víctima, en especial, si había recibido amenazas antes del ataque de los sicarios.El homicidio de Migales Viera ocurrió ayer a las 3, en un departamento del segundo piso de un edificio situado en Costa Rica al 5600. El grupo criminal estaba integrado por cuatro sicarios. "Los asesinos entraron en el edificio con una copia de la llave magnética del edificio. Se dirigieron directamente al departamento 3 del segundo piso, mataron a la víctima y se fueron sin robar nada. No hay dudas de que se trató de un ajuste de cuentas. Los sicarios utilizaron una pistola con silenciador", dijeron a LA NACION las fuentes consultadas.Poco después del crimen, personal de la Policía de la Ciudad secuestró una pistola con silenciador en las cercanías del cruce de las avenidas Santa Fe y Bullrich, a la altura del Puente Pacífico.Migales Viera se identificaba como líder del clan La Mafilia, conocido públicamente como Los Puglia en Uruguay, informó en su cuenta de X el periodista uruguayo Eduardo Preve. La banda opera en Villa Española, un barrio de Montevideo.Según el citado periodista, la víctima se había mudado recientemente a Punta del Este, donde había abierto un restaurante.En agosto pasado ya habían intentado asesinar a Migales Viera en Villa Colón, otro barrio montevideano: esa vez fue atacado a balazos en horas de la madrugada por delincuentes que se hicieron pasar por policías."La víctima, que tiene antecedentes por contrabando, iba junto a su pareja en su vehículo. En determinado momento vieron una camioneta con barrales y matrícula policial que les hizo seña para detenerse. Tras aminorar la marcha, del supuesto vehículo policial bajaron delincuentes que efectuaron disparos en dirección al conductor, quien recibió varios impactos. Fruto de esa lesión, la víctima perdió el dominio del vehículo y chocó contra el muro de una vivienda", informó el portal uruguayo Telemundo el 1 de agosto pasado.Además, según supo LA NACION de fuentes de la investigación, a la banda narco que integraba la víctima le adjudicaron un cargamento de 265 kilos de estupefacientes valuados en 2 millones de dólares que secuestró la Policía Nacional de Uruguay a mediados del mes pasado.La investigación, donde se decomisaron 141,590 kilos de pasta base y 124,154 kilos de cocaína, se conoció como Operación Trazador."Tareas de análisis e inteligencia realizadas sobre una organización criminal que se dedicaría al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes permitieron identificar a un hombre mayor de edad que formaría parte de la organización y estaría vinculado con el transporte y el acopio de la sustancia. Asimismo, se identificó a otras personas que integrarían la organización y estarían encargadas del resguardo del dinero obtenido mediante la comercialización de las sustancias. Enterada la Fiscalía, dispuso una serie de allanamientos y actuaciones que fueron llevados a cabo por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid), en forma conjunta con la División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval (Divin)", informó el gobierno de Uruguay a propósito del decomiso de los estupefacientes.Tras aquel operativo, en una conferencia de prensa, el ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, sostuvo: "Se trata de una nueva operación que culmina con éxito por parte de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación". El funcionario nacional dijo que el procedimiento "no constituye un hecho aislado, sino que se suma a una serie de operaciones desarrolladas por la Policía Nacional durante los últimos seis meses, que permitieron intervenir importantes estructuras delictivas, incautar drogas y decomisar bienes y vehículos de alto valor", se informó en la página web del Ministerio del Interior.Uno de los detenidos, según dijeron a LA NACION fuentes al tanto de la causa, habría sido "socio" del narco asesinado en Palermo.Migales Viera nació el 18 de diciembre de 1994 y tiene antecedentes delictivos desde su adolescencia. Cuando tenía solo 14 años, fue indagado por el delito de hurto.En septiembre de 2012 fue imputado por su presunta participación en un homicidio. También tuvo causas por fugarse de una comisaría, por robos conocidos en Uruguay como "rapiña" (aquel en el que, con violencia o amenazas, una persona se apodera de una cosa mueble, sustrayéndosela a su tenedor, para aprovecharse o hacer que otro se aproveche).Después de eso, Migales Viera fue imputado por suministro de estupefacientes y en 2024 fue indagado nuevamente por un homicidio.En septiembre pasado, después del atentado que sufrió en Villa Colón, decidió instalarse en la Argentina. Sabía que su "cabeza tenía precio".

Sicarios en Palermo: una puerta con clave electrónica, la pista más intrigante en el crimen del narco uruguayo

Carlos Andrés Migales Viera (31) fue asesinado frente a su esposa y sus hijas el domingo a la madrugada en Palermo.Hay dos sospechosos detenidos, un arma secuestrada y un dato clave: la puerta del departamento no estaba forzada y solo se podía abrir con un código de acceso.

Asesinaron a un uruguayo en Palermo: Investigan un posible ajuste de cuentas narco

El hombre, de 31 años, había llegado hacía algunas semanas a Buenos Aires y fue atacado a balazos dentro de su departamento. Hay dos detenidos y buscan a otros dos sospechosos. Leer más

Sicarios en Palermo: quién era el narco uruguayo asesinado frente a su esposa

El crimen fue en un departamento de Costa Rica al 5200. Hay dos detenidos y un arma que fue descartada en Puente Pacífico.El hombre asesinado, de 31 años, estaba con su esposa- también uruguaya-, que resultó ilesa. Sus múltiples antecedentes.

Asesinaron a un hombre en Palermo: investigan un posible ajuste de cuentas narco

Este domingo por la madrugada, un joven uruguayo de 29 años fue hallado muerto en un departamento del barrio porteño de Palermo. La víctima había sido asesinada a balazos y, por el crimen, la Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres como sospechosos del homicidio.El hecho tuvo lugar en un inmueble en Costa Rica al 5200. Un grupo de efectivos arribó al departamento luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de una persona fallecida, según pudo saber LA NACION. â? Al llegar, los familiares de la víctima afirmaron a los uniformados que varias personas habían ingresado al departamento sin violar la cerradura, que dispararon contra el hombre casi sin mediar palabra y huyeron.ð??¹ Crimen y misterio en PalermoAsesinaron a un narco uruguayo de 29 años en lo que habría sido un ajuste de cuentas. Hay al menos tres detenidos y la Policía halló en el lugar un arma con silenciador.ð??? En +Info Finde pic.twitter.com/doMBdgp4KA— LN+ (@lanacionmas) October 4, 2026â? Gracias a las descripciones de los testigos y tras el relevamiento de las cámaras privadas y públicas de la zona, el personal policial detuvo a dos personas, acusadas de haber participado del homicidio. En tanto, en el cruce de la avenida Santa Fe con Bullrich, frente al predio del Regimiento de Infantería 1 "Patricios" y a ocho cuadras de donde ocurrió el homicidio, los efectivos encontraron un arma que habría sido arrojada por una de las personas involucradas en el asesinato.Interviene en la investigación el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 26, que, como una de las primeras medidas, convocó a personal de la Policía Científica para que resguardara la escena del crimen en el departamento.De acuerdo con las primeras versiones, la víctima había ingresado a la Argentina pocas semanas antes y se encontraba acompañada por integrantes de su familia cuando se produjo el ataque. Una de las hipótesis analizadas es que el asesinato podría estar relacionado con un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

Crimen narco en Palermo: entraron a un departamento y mataron a un joven uruguayo

La víctima tenía 29 años y estaba con su familia en Costa Rica al 5200 cuando "entraron, dispararon y se fueron".Detuvieron a dos sospechosos, habría dos prófugos y encontraron un arma que fue descartada por los asesinos.

Paz promulga ley para sustituir a fiscal general de Bolivia detenido por nexos con narco

El líder boliviano Rodrigo Paz promulgó una ley para sustituir al jefe del Ministerio Público, arrestado por supuestos lazos con el narcotráfico. Washington le retiró la visa y el Congreso votará su suspensión. El gobierno de Paz desconoce al fiscal interino designado por la Fiscalía.

Una causa narco derivó en un allanamiento en un tradicional country de Tigre y el secuestro de un lingote de oro

El objetivo del procedimiento era secuestrar "material estupefaciente", balanzas, papeles, bolsas de nylon, agendas, y dinero. Pero los detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que participaron del allanamiento en la propiedad situada en el lote 92 del tradicional club de campo Hacoaj, en Tigre, no encontraron sustancias ilícitas, pero sí descubrieron en una caja fuerte, que tuvo que ser abierta por un cerrajero, un lingote de oro que pesaba un kilo, 10.000 dólares, cargadores y municiones para pistolas nueve milímetros. Además en el placard de una habitación se encontró una pistola 9 mm con proyectiles envuelta en una toalla y también el personal policial se hizo de una carabinaEl operativo, que se conoció en las últimas horas, se hizo efectivo el jueves de la semana pasada, y fue ordenado por el juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta, a pedido del fiscal federal Paul Starc, a cargo de la investigación.Cuando los detectives de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la policía bonaerense irrumpieron en el lote 92 del citado country solo estaba el perro. El empresario Pablo Daniel S.,de 60 años, que vive en el lugar no se encontraba, estaba internado. A poco de empezar el procedimiento llegaron su abogada y su hija.La comitiva policial había ingresado en la propiedad por el parque trasero, desde una puerta ventana que conecta al living."A raíz de un requerimiento judicial y en el marco de los presentes actuados se logró establecer la existencia y funcionamiento de una organización delictiva dedicada al comercio y distribución de estupefacientes", informaron fuentes policiales.La investigación había comenzado para tratar de identificar a vendedores de droga al menudeo que operaban en la zona de José C. Paz.La causa tiene tres detenidos, entre ellos una pareja integrada por una joven de 26 años y un hombre de 36 que serían los abastecedores de los estupefacientes.Durante la investigación se intervinieron por orden judicial una serie de líneas telefónicas. "Hubo 8700 horas de escuchas que llevaron a los detectives policiales a la pista que unió a los vendedores de estupefacientes con el empresario que vive en Tigre", explicaron fuentes policiales.En la casa allanada en Hacoaj no se encontraron sustancias estupefacientes. La droga se había secuestrado en un departamento del barrio porteño de Villa Lugano vinculado a un integrante de la banda: 59 gramos de cocaína y 8 de tusi, conocida también como cocaína rosa.Los detectives policiales tendrían confirmado que uno de los sospechosos detenidos visitó en numerosas oportunidades al empresario en su casa del country Hacoaj."El empresario podría ser citado a declarar cuando sea dado de alta", dijo a LA NACION un detective judicial.

Escándalo narco: cayó la cúpula de la Fiscalía de Bolivia tras la difusión de videos en los que Marset reveló haber pagado US$500.000 para vivir "protegido" en ese país

El narco uruguayo Sebastián Marset lleva más de seis meses preso en Alexandria, en el estado norteamericano de Virginia, pero su sombra provocó un terremoto institucional en la Justicia boliviana, al igual que lo hizo hace tres años en Uruguay, en un episodio que terminó con la renuncia del entonces canciller Francisco Bustillo y con cuestionamientos al gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. En la noche del miércoles, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, fue detenido por agentes encapuchados en el aeropuerto Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra, cuando bajaba de un avión que lo trasladaba desde la ciudad de Sucre. Junto a él cayó el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. Horas más tarde, el gobierno de Rodrigo Paz informó que eran 14 los detenidos y anunció que se había desmontado "una organización criminal enquistada en la Justicia". El operativo llegó menos de 72 horas después de que el Departamento de Estado norteamericano revocara las visas de Mariaca, Zeballos y otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos, y acusara al fiscal general de corrupción vinculada a la protección del narcotráfico. Mariaca rechazó la acusación y la calificó de "injerencia" y "presión política". Declaraciones del narco uruguayo Sebastián Marset tras su detenciónEn paralelo al operativo se difundieron videos y audios grabados el 13 de marzo pasado, el día en que Marset fue capturado en una casa del barrio Las Palmas, de Santa Cruz de la Sierra. Corresponden, según el diario El Deber, a una entrevista que le hicieron los policías que lo detuvieron. En una de esas grabaciones, el líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU) menciona al jefe de los fiscales bolivianos con naturalidad, como si tuviera una relación con este funcionario. "Mariaca es mi amigo. Hablo con él. No es negocio, nada. Supuestamente él controla la fiscalía. Avisa lo que tiene que avisar", dice. En otro tramo, Marset responde a un interlocutor que le pregunta cómo llegó a Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno de Luis Arce y excandidato presidencial del MAS. Cuenta que el contacto fue a través de un policía, que a "la Sonia" â??el apodo con el que, según la prensa boliviana, se refería a Del Castilloâ?? le pagaba "una mensualidad" y que así trabajaba tranquilo. El dinero, dice, pasaba por el capitán Rubén Aparicio. "Él y Mariaca fueron los que hicieron el arreglo con Del Castillo. Yo pagué y me quedé a vivir acá. Pagué 500 mil dólares", sostuvo. Son, obviamente, las palabras de un narcotraficante acusado de narcoterrorismo en los Estados Unidos, que tiene todos los incentivos para negociar con información y que ya demostró que usa la denuncia como arma. Sus afirmaciones deberán ser corroboradas con pruebas independientes, pero el tema desató un escándalo en la justicia boliviana. Cerca de las 4, la policía interceptó una ambulancia que había salido del complejo donde viven Mariaca y Zeballos. Adentro había bolsones y fajos de billetes envueltos en frazadas. El conteo, realizado en la Estación Policial Integral de Los Tusequis frente a fiscales, periodistas y veedores, arrojó más de 3,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares. Cuatro personas que viajaban en el vehículo quedaron detenidas. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que ese dinero no provenía directamente del narcotráfico sino de "exacciones" a ciudadanos que acudían al Ministerio Público, a quienes â??según su versiónâ?? se les cobraba desde que cruzaban la puerta. Otros seis empleados de la Fiscalía fueron detenidos cuando, según el Gobierno, intentaban retirar documentación de la casa del fiscal general. El resto de la lista lo completan Zeballos; el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores, que fue abogado de Evo Morales, y el capitán Aparicio, el hombre que Marset señala como el cajero de los sobornos. A Mariaca se le imputan los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas. "Era una organización criminal que protegía, participaba y se enriquecía con el tráfico de sustancias controladas", dijo Oviedo. La situación de Del Castillo quedó envuelta en confusión. Durante la noche, El Deber y otros medios bolivianos informaron que había sido aprehendido por agentes de Inteligencia en el barrio paceño de Sopocachi. Pero a la mañana, Oviedo desmintió esa versión: "No está detenido, se lo está buscando", dijo, y anticipó resultados "en las próximas horas". La Fiscalía había rechazado días atrás versiones sobre una supuesta reunión entre Mariaca y Marset antes de la captura del uruguayo; exigió pruebas y una retractación. El propio Ministerio Público había afirmado que no había participado del operativo que terminó con Marset en un avión de la DEA. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, admitió que el procedimiento llegó tarde: "Esto debió suceder con antelación, pero lamentablemente había una fuga de información". Oviedo reconoció que el operativo contó con la cooperación de agencias estadounidenses. Ese dato encendió la reacción política. El vicepresidente Edmand Lara, enfrentado con Paz, sostuvo que nadie está por encima de la ley, pero insinuó la participación de la DEA en el operativo de Viru Viru y advirtió que ningún agente extranjero puede ejercer funciones de aprehensión en territorio boliviano. También cuestionó que el Presidente pueda nombrar por decreto a un reemplazante. Evo Morales fue más lejos: dijo que las detenciones confirman que "en Bolivia gobierna Estados Unidos". Morales agregó otra lectura, que conecta este escándalo con la Argentina: según él, el objetivo real es "salvar a Fernando Cerimedo", el consultor argentino que asesoró a Javier Milei y a Paz, preso desde fines de agosto en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, acusado de intento de femicidio contra su pareja boliviana y bajo investigación por lavado de dinero y falsificación. Mariaca había prometido días atrás que no retrocedería "ni un centímetro" en esa causa y en las de las "narcomaletas" y los combustibles. Cerimedo declaró la semana pasada durante siete horas ante una comisión fiscal: respondió más de 300 preguntas y sostuvo que su dinero llegó desde la Argentina. La investigación sobre Cerimedo tiene un capítulo santafesino. Como informó LA NACION, el consultor ingresó en 2024, a través de la sociedad Surlibre Inversiones, en Sanabria SRL, una firma de Puerto General San Martín que dice brindar servicios portuarios y provisión de combustible a barcazas de la hidrovía, aunque su predio es apenas una bajada de tierra hacia el Paraná, sin infraestructura visible. Los dichos de Marset reabren una pregunta que persiguió a los investigadores durante años: cómo pudo uno de los narcos más buscados del continente vivir con su familia en Santa Cruz, jugar al fútbol profesional en Los Leones de El Torno con un documento brasileño y aparecer en partidos televisados. Y, sobre todo, cómo logró escapar en julio de 2023, un día antes de un megaoperativo de la policía boliviana, cuando Del Castillo era ministro de Gobierno. ¿Fue parte de la protección por la que Marset dice haber pagado medio millón de dólares? No es la primera vez que el uruguayo usa la palabra como munición. El día de su captura descargó acusaciones contra militares bolivianos por supuestos sobornos. En junio, desde la cárcel de Virginia, despidió a su equipo de abogados y envió al juez Rossie D. Alston Jr. una carta manuscrita en la que acusó a dos agentes de la DEA de intentar extorsionarlo por unos cuatro millones de dólares en criptomonedas. Días después, la fiscalía federal del Distrito Este de Virginia respondió con una nueva acusación que sumó a los cargos de lavado el de conspiración narcoterrorista y lo describió como líder de una organización que sacaba cocaína de Perú, Bolivia y Colombia hacia Europa por la hidrovía Paraná-Paraguay. Ese corredor fluvial es el hilo que une a Santa Cruz con Rosario. La sigla PCU apareció estampada en panes de cocaína hallados en la isla El Chaparro, frente a Victoria, mucho antes de que el nombre de Marset figurara en los expedientes argentinos.

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Amenazas, vejaciones, chantajes y otros métodos crueles de la banda narco que, para la Justicia, integraba Bebote Álvarez

Sucedió en las instalaciones del "Museo Paladar Rojo", situado a metros del estadio del Club Atlético Independiente, en Avellaneda. Rodrigo E. estuvo retenido allí contra su voluntad y fue obligado a desnudarse. Una vez que estuvo en calzoncillos, lo hicieron arrodillarse para filmarlo y sacarle fotos; con esa imagen se hizo un sticker de WhatsApp. La humillación y sometimiento fue tal que la víctima les dijo a quienes lo tenían cautivo que quería matarse.La víctima tenía una "deuda". Pero sus acreedores no eran prestamistas: eran integrantes de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes y Rodrigo E. debía dinero de la venta de drogas.Así surge de la resolución firmada por el juez penal económico Gustavo Meirovich y el secretario Damián Mazzucco con la que se procesó con prisión preventiva a Pablo Álvarez, alias Bebote, el exlíder de la barra brava de Independiente y dueño de la propiedad donde funciona Paladar Rojo.Hasta su detención, concretada por detectives de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) en agosto pasado, Bebote Álvarez gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria en una causa a cargo del fiscal de Avellaneda Mariano Zitto por "intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad". Ahora está alojado en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz. La organización narco que, para la Justicia, integraba el exlíder de la barra del Rojo "se dedicaba al tráfico de estupefacientes a gran escala, teniendo como principales objetivos la importación de MDMA/éxtasis desde el continente europeo y de cocaína desde Bolivia para su posterior distribución y comercialización, junto a otros tipos de estupefacientes (tales como el tusi, ketamina, marihuana y popper), en el territorio nacional; a la par de ello, la organización diseñó y ejecutó un complejo circuito económico para legitimar los activos generados y financiar sus ilícitos", detalló el juez Meirovich en la resolución donde procesó a Bebote Álvarez y otro sospechoso.La causa que llevó a prisión una vez más al barrabrava es el desprendimiento de un expediente que comenzó el 21 de febrero pasado, cuando se secuestraron 11.255 gramos de éxtasis en el aeropuerto internacional de Ezeiza.Tras el decomiso de la droga comenzó una investigación en el Juzgado Penal Económico N° 2, que en ese momento estaba a cargo del juez Pablo Yadarola (que a principios de este mes asumió en la Cámara Federal porteña) y que ahora es subrogado por Meirovich. En el caso interviene el fiscal Emilio Guerberoff y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es querellante. Bebote Álvarez fue procesado con prisión preventivaLos estupefacientes fueron secuestrados en el equipaje de un pasajero que había aterrizado en un vuelo de la línea aérea Level proveniente de Barcelona. El teléfono celular del imputado fue clave para llegar a los eslabones superiores de la organización criminal, entre ellos, Bebote.Durante la investigación, los detectives policiales y judiciales determinaron que cuatro integrantes de la banda viajaron a Bolivia para "coordinar la importación de cocaína para su posterior comercialización" en la Argentina. Otro grupo se encargaba del contrabando de éxtasis desde Europa.Un tercer grupo tenía como "tarea canalizar el dinero ilícito, utilizándolo para fondear a los demás miembros de la cúpula [de la organización] y darle apariencia de licitud a las ganancias del narcotráfico".Si bien Bebote Álvarez cumplía el arresto domiciliario monitoreado con una tobillera electrónica en un inmueble situado en el partido bonaerense de Moreno, "tendría capacidad de decisión sobre el inmueble identificado como Museo [Paladar Rojo], realizando indicaciones respecto de su utilización, acceso y funcionamiento", según consta en el expediente judicial.Dicho inmueble era alquilado a los encargados de "canalizar las ganancias" del narcotráfico para darle apariencia legal al negocio.En la resolución firmada por el juez Meirovich se afirmó que Bebote Álvarez "estaría involucrado en las gestiones de cobranza dentro de la organización".Además, según se explicó, tenía "conocimiento pleno de los actos de privación ilegítima de la libertad ejecutados dentro de su predio comercial", en clara referencia a las vejaciones sufridas por Rodrigo E., quien fue procesado por tráfico de estupefacientes anteriormente.Además de la de Bebote, el juez Meirovich dictó la prisión preventiva de Raúl Manzone, apodado Bruja."Las pruebas reunidas indican con claridad que las interacciones de Álvarez y Manzone con la estructura delictiva no constituyeron hechos aislados, relaciones coyunturales ni supuestos de mera codelincuencia eventual. Por el contrario, la habitualidad de sus comunicaciones encriptadas, la utilización del local de Álvarez (el Museo) como base de las actividades ilícitas de esta facción de la banda, la constante exigencia de rendición de cuentas y la ejecución sistemática de directivas violentas impartidas en sus nombres evidencian un pacto criminal estructurado y sostenido en el tiempo", afirmó el magistrado en su fallo.Y explicó: "Así las cosas, ha quedado debidamente acreditado que ambos encartados se encontraban plenamente insertos en el entramado de la asociación, compartiendo de manera habitual y permanente el affectio societatis ilícito para el desarrollo de la empresa criminal".RolesA lo largo de la resolución de 109 páginas, el juez Meirovich explicó cuáles eran los roles de Bebote y de la Bruja: "Álvarez operaría como un factor de intimidación, utilizando su figura para garantizar la disciplina interna y cobrar deudas del narcotráfico, e intervendría en la logística vinculada al abastecimiento de cocaína desde Bolivia. Por su parte, Manzone actuaría como adquirente de material estupefaciente con el objetivo de comercializarlo".Para Meirovich, a partir de las pruebas reunidas durante la investigación, "se habría implementado una estructura compleja que involucró el uso de considerables recursos económicos y logísticos, testaferros, medios de comunicación de muy difícil interceptación y decodificación, una gran cantidad de drogas ilegales y los instrumentos necesarios para su distribución y preparación; en el marco de su operatoria, la organización habría apelado al empleo de amenazas, coacciones y conductas intimidatorias para perseguir el cobro derivado de la comercialización de sustancias prohibidas".Rodrigo E. no fue la única víctima de las vejaciones que ejercía la gavilla. En el fallo, el magistrado hizo referencia a que integrantes de la banda "privaron ilegítimamente de la libertad, golpearon, humillaron y extorsionaron a miembros de su propia organización". "Todo esto es un engaño"En una primera oportunidad, cuando fue indagado, Bebote Álvarez afirmó: "Soy inocente, todo esto es un engaño de estos personajes que están presos"; se refería a los sospechosos procesados en primera instancia.Admitió que tiene un "museo de camisetas donde funciona una hamburguesería y parrilla" en la calle Ricardo Bochini al 700, pero que desde 2022 lo alquila a una empresa llamada Mexpo y que desde octubre pasado no le pagan. Y que en la actualidad sus únicos ingresos son por el alquiler de una propiedad en la calle Cabrera, en Palermo, y el alquiler de una antena 4G en el citado museo a una firma que les da servicios a dos compañías de telefonía móvil."Quiero dejar claro que no tengo nada que ver con esta organización de drogas y que tomé conocimiento de que algo extraño estaba pasando en mi museo", dijo.También explicó que Rodrigo E., la víctima de las torturas en el museo, fue a visitarlo a la casa donde cumplía arresto domiciliario y que después de ver las fotos que le había mostrado se comunicó con una de las personas que le alquilaban el local para recriminarle lo que estaba sucediendo en su propiedad.Después amplió su declaración indagatoria y sostuvo: "Repito que están usando mi nombre para encubrir a los verdaderos organizadores de todo esto". Para el magistrado hay pruebas suficientes de la participación de Álvarez en la empresa criminal. Por eso, además de procesarlo con prisión preventiva le trabó un embargo de 800 millones de pesos.

Crimen de Jimi Altamirano: condenaron a 11 años a un soldadito narco que usó el cuerpo de un músico como mensaje mafioso

ROSARIO.- Lorenzo "Jimi" Altamirano no tenía nada que ver con Newell's: quienes lo conocían decían que era antifútbol. Tocaba el bajo en bandas punk, hacía malabares en los semáforos y soñaba con volver a viajar a Brasil. La noche del 1 de febrero de 2023 lo eligieron al azar en una esquina de la zona oeste, lo subieron a un auto robado y lo ejecutaron frente al Coloso Marcelo Bielsa. En uno de sus bolsillos dejaron un papel. Su cuerpo fue apenas el soporte de un mensaje dirigido a los jefes presos de la barra leprosa. Los fiscales lo definieron con una palabra que resume la crueldad del caso: "envase". Tres años y medio después llegó una condena. El juez Fernando Sosa homologó este lunes el acuerdo entre los fiscales Anabel Cerutti y Franco Miatello y el defensor público Iván Russo, por el cual Daniel Mateo Bommer, de 25 años, recibió 11 años de prisión por ser integrante de una asociación ilícita, autor de amenazas calificadas y partícipe secundario del homicidio calificado de Altamirano. La pena unifica una condena anterior de un año y medio por tenencia de drogas dictada por la Justicia federal. Según la acusación, Bommer era una pieza operativa de la organización que Pablo Nicolás Camino manejaba desde la cárcel federal de Rawson: conseguía los autos que luego se usaban en los ataques, guardaba armas y hacía de enlace entre el jefe preso y los sicarios. El día del crimen, su teléfono se comunicó una y otra vez con Alexis "Tato" Romero, a quien tenía agendado como "TT", y con Camino, registrado como "trotro". Para la Fiscalía, esas llamadas sirvieron para coordinar el asesinato entre quien lo ordenó y quienes lo ejecutaron. Esa noche, además, su celular impactó en una antena cercana al estadio. No alcanzó para atribuirle la autoría material. Condenado y blanco La pista que llevó hasta Bommer surgió de la propia violencia de la banda. El 4 de febrero, tres días después del crimen, recibió once disparos en Iriondo y 3 de Febrero. Sobrevivió. Internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, contó que hacía "trabajos" para Camino. Los investigadores sospechan que quisieron matarlo sus propios compañeros porque sabía demasiado. Poco después, un informe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) elaborado a partir de datos de informantes de San Francisquito, Parque Casado y Bella Vista advertía que uno de los asesinos de Jimi había sido baleado. Bommer escapó de Rosario y se refugió en un hogar cristiano de rehabilitación en Villa Bosch, en el conurbano bonaerense, para dejar las drogas y esconderse de los sicarios que lo buscaban. Allí lo detuvieron el 20 de julio de 2023. En su imputación dijo que era hincha fanático de Newell's y que conocía a Camino de la cancha. A las 21.19 de aquel miércoles, Altamirano fue obligado a subir a un Renault Sandero en 27 de Febrero e Iriondo. El auto había sido robado a punta de pistola dos días antes en Chacabuco y Cochabamba. Lo llevaron hasta el ingreso del estadio, sobre la calle Morcillo, lo hicieron bajar y le dispararon tres veces con una pistola calibre 9 milímetros. El papel que dejaron nombraba a Damián "Toro" Escobar, Leandro "Pollo" Vinardi y Gerardo Gómez, los referentes de Los Monos en la barra, y les exigía que "dejen de sacar chicos del club para tirar tiros en Rosario". Ese mismo día, dos jóvenes en moto balearon la comisaría 26 de Villa Gobernador Gálvez y dejaron carteles con un texto casi idéntico. Seguidilla de ataquesEl crimen de Jimi instaló en Rosario una idea que hasta entonces parecía lejana: que la guerra narco podía caer sobre cualquiera que estuviera en la calle en el momento equivocado. Camino se había presentado durante años como leal a Ariel "Guille" Cantero y había compartido pabellón con Vinardi en Piñero. La relación se quebró a fines de 2022 por una deuda de 60.000 dólares vinculada a un cargamento de cocaína. Junto con Eric Mansini y Leandro Vilchez, también presos en Rawson, Camino desató una ofensiva para golpear los negocios formales e informales de la barra de Newell's. La secuencia fue vertiginosa. El 19 de febrero balearon el carrito de comidas de Agustín "Tato" Leguizamón. Al día siguiente ejecutaron a Jorge Gustavo Maturano en su casa y, durante su velatorio, dispararon con una ametralladora contra la gente que estaba en la puerta: Pablo Sebastián Latorre murió y seis personas quedaron heridas. El 28 de febrero mataron a Benjamín Echavarría. El 2 de marzo, a las 2.53, balearon el supermercado Único de José Roccuzzo, suegro de Lionel Messi, y dejaron un cartel: "Messi, te estamos esperando". La Fiscalía le atribuye a Camino la instigación de cinco homicidios y 18 balaceras. Los Monos respondieron con una exhibición de poder: durante la despedida de Maxi Rodríguez, con Messi en la cancha, desplegaron en la tribuna una bandera de más de 40 metros con un mono, un pollo y un toro. Camino, apodado "El Carnicero" desde que en 2018 mató a puñaladas y con alambre a Rubén "Tubi" Segovia en la cárcel de Coronda, está preso desde 2015. Construyó su poder sin pisar la calle, a través de celulares que circulaban por boquetes en las paredes de los penales. Ya tiene una perpetua por el doble crimen de las hermanas Marianela y Estefanía Gorosito, además de otras condenas que suman 40 años. A mediados de este mes protagonizó un incidente en el penal de Marcos Paz. El 13 de octubre comenzará el juicio oral por esta saga de violencia. En el banquillo estarán Camino, Romero, Uriel Enrique, señalado como otro de los tiradores, y otros cuatro acusados. La familia de Jimi, que marchó a los tribunales para que su muerte no quedara "como un caso más", espera ese debate para que se juzgue a quienes eligieron a un músico al azar para convertirlo en mensajero.

Testaferros del narco "Pacho Herrera", del Cartel de Cali, habrían ocultado cerca de 50 bienes para continuar con su legado: Fiscalía los decomisó

La investigación impuso medidas cautelares sobre propiedades, vehículos, comercios y una sociedad valorados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos, tras identificar operaciones para ocultar su posible origen ilícito

Éxtasis por cocaína: el trueque narco que abre un nuevo mercado en la Argentina

La camioneta Opel Combo cruzó el Atlántico en la bodega de un buque que zarpó del puerto de Amberes, en Bélgica. Cuando llegó a la terminal de Zárate, el escáner de la Aduana detectó densidades anómalas en su estructura. Al desarmar el tanque de combustible y los paneles de las puertas, aparecieron 38 botellas plásticas y 49 paquetes: 52 kilos de cristales de MDMA de máxima pureza, suficientes para fabricar cerca de un millón de pastillas de éxtasis. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, lo presentó como "el mayor secuestro de drogas sintéticas de la historia argentina". La causa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 de Gustavo Meirovich, comenzó en marzo con una alerta de la DEA. Ese aviso hablaba de una organización mexicana que planeaba ingresar por vía marítima 300 kilos de metanfetamina, pero luego el secuestro fue por una cantidad menor. Hubo tres detenidos â??un mexicano, un argentino radicado en Salta y un venezolanoâ??, un cuarto que fue atrapado días después en Bolivia y un quinto sospechoso, un mexicano apodado Buen Rostro, con pedido de captura internacional. Se presume que detrás de esa operación podría estar el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos del mundo.Solo unos días después, la Policía de Entre Ríos detuvo a seis brasileños tras un operativo en el que secuestraron 40 kilos de metilendioximetanfetamina y 10.000 pastillas de éxtasis ocultos en las ruedas y dobles fondos de tres vehículos. Detrás de estos dos impactantes y recientes casos asoma una pregunta: ¿Por qué la droga sintética empezó a viajar en sentido inverso a la cocaína desde los mismos puertos europeos que la reciben? La hipótesis que manejan calificadas fuentes judiciales que siguen de cerca el tema señala algo que empieza a tomar forma en distintos expedientes: las organizaciones criminales europeas están pagando con drogas sintéticas los cargamentos de cocaína que compran en Sudamérica. El éxtasis no sería solo una mercadería más, sino la moneda de un trueque que evita mover dinero. En el Informe Europeo sobre Drogas 2025, la Agencia de la Unión Europea para las Drogas (EUDA) advirtió sobre el uso de la ruta inversa de la cocaína â??de Europa hacia América Latinaâ?? con indicios de que se intercambiaba MDMA por cocaína. Un informe conjunto con Europol fue más lejos: en algunos casos, delincuentes europeos y latinoamericanos acuerdan trueques sin transacciones monetarias. Una sospecha que aflora es que prefieren perder la droga y no quedar ligados a transacciones que en algún punto de la cadena pueden delatarlos. A mediados de la década pasada, redes turcas y neerlandesas cambiaban heroína por éxtasis, y ese intercambio ayudó a construir el mercado turco de MDMA, hoy uno de los mayores de Europa. Los grandes puertos del norte de Europa, como los de Amberes y Róterdam, son la puerta de entrada de la cocaína sudamericana. Allí también se concentra la producción de MDMA, con precursores que les llegan desde India y China. Los mismos barcos, intermediarios y contactos portuarios que llevan cocaína a Europa pueden cargar estupefacientes sintéticos en el viaje de regreso. El caso que mejor ilustra el mecanismo en Europa se conoció en julio de este año, dos meses antes del hallazgo en Zárate. La Policía Nacional de España y la policía de Países Bajos incautaron 947 kilos de MDMA, el mayor decomiso de esa droga en la historia del continente. Hubo 15 detenidos, 12 de los cuales ya cuentan con prisión preventiva. La droga estaba escondida dentro de una grúa que iba a salir del puerto de Amberes â??el mismo desde el que partió la camioneta que llegó a Zárateâ?? con destino a Ghana. Desde allí, según los investigadores, el cargamento seguiría hacia Sudamérica. Una fuente de la Justicia federal argentina señaló a LA NACION que informes de inteligencia advertían que su destino final era Buenos Aires. La Policía Nacional de España describió que la organización, asentada en la Costa del Sol, enviaba el MDMA a distintos países latinoamericanos, donde lo usaba como medio de pago para adquirir cocaína. Esa cocaína después entraba a Europa por puertos españoles. Es el trueque que describe la fuente judicial argentina, en este caso documentado en una causa con casi una tonelada de droga. En la Argentina, el mecanismo ya quedó por escrito en una causa federal de Misiones. En junio de 2023, Gendarmería secuestró 23 kilos de éxtasis en las valijas de dos pasajeros de un micro que iba desde Bernardo de Irigoyen â??en la "frontera seca" con Brasilâ?? hacia la terminal de Retiro. Ese hallazgo fue el hilo de una investigación que la fiscal federal de Posadas, Silvina Gutiérrez, y el fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Martín Uriona desarrollaron durante más de un año. En octubre de 2024 pidieron detenciones y el embargo de bienes de ocho integrantes de una organización que operaba en la Argentina, Brasil y Paraguay. Los reclutados viajaban primero a Asunción o a San Pablo, donde ingerían cápsulas de cocaína. Desde allí volaban a España o Francia para entregar la droga. Regresaban al país en micros de larga distancia desde Brasil con las valijas cargadas de éxtasis. El dictamen de los fiscales describe la maniobra como contraprestación por la cocaína entregada en destino; la organización recibía drogas sintéticas, como MDMA, que luego se distribuían en distintos puntos de la Argentina. No había pago en efectivo en ese tramo del negocio: la cocaína se cobraba en éxtasis. La causa quedó en manos de la jueza federal María Verónica Skanata. Es, hasta ahora, la descripción judicial más precisa del trueque en territorio argentino. Su escala es la de las "mulas", no la de los contenedores, pero muestra que la lógica ya funciona en la región. En mayo de 2024 se conoció la causa contra una banda que mandaba "mulas" a Europa a buscar valijas con éxtasis. Entre los procesados por ese caso está Ignacio Actis Caporale, alias Ojito. Los investigadores sospechan que el proveedor, a quien los integrantes llamaban el Alquimista, vive en Europa. En enero de este año, otra investigación expuso a una red de narcos caribeños acusada de importar MDMA desde Europa hacia la Argentina y Paraguay, y de fabricar pastillas para el mercado local y el uruguayo. Hace un mes, el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a cuatro integrantes de una estructura dedicada a exportar cocaína y drogas de diseño a Europa. Les secuestraron 8500 pastillas de MDMA y materiales para fabricar sintéticos. La ruta terrestre también está activa. El martes pasado, la Policía de Entre Ríos secuestró 40 kilos de cristal de MDMA y 10.000 pastillas de éxtasis en tres autos con patente brasileña, sobre la ruta 14. Los seis detenidos son brasileños y, según la investigación, el recorrido había salido de Río de Janeiro y pasado por Paraguay. La causa está en el Juzgado Federal de Concordia. Las cifras previas ya mostraban la tendencia. Entre 2019 y 2022 se interceptaron al menos 1,2 toneladas de MDMA enviadas desde Europa hacia América Latina, según la Organización Mundial de Aduanas. La Argentina fue destino de 117 kilos. Si el éxtasis funciona como moneda para pagar la cocaína, cada cargamento que sale hacia Europa puede abrir la puerta a otro lote de drogas sintéticas en sentido contrario. La consecuencia previsible es un aumento de la oferta de estas drogas en la Argentina y en la región. El Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la ONU ubica a la Argentina y Chile, junto con Canadá, como los principales lugares con laboratorios de éxtasis desmantelados fuera de sus zonas históricas de producción. El mismo informe señala al país como uno de los centros de circulación del tusi, la mal llamada cocaína rosa, un cóctel que suele combinar ketamina, MDMA y metanfetamina. Los cargamentos recientes confirman ese giro hacia la producción local. Tanto en Zárate como en Entre Ríos llegaba cristal de MDMA, la materia prima para prensar pastillas en el país, y no solo comprimidos terminados. El cristal es hoy la droga más cara del mercado argentino: supera los 50.000 pesos el gramo, por encima de la cocaína. Los datos de consumo son más difíciles de seguir porque las encuestas nacionales cambiaron de metodología. Pero la última serie comparable mostró que la prevalencia de consumo de éxtasis creció un 230% entre 2011 y 2017. Con más oferta, un producto más barato de fabricar en el país y rutas ya aceitadas por la cocaína, los investigadores anticipan que esa curva seguirá subiendo.

Capturan en Colombia a la esposa y la hija de líder de banda narco de Ecuador

Detienen en Colombia a esposa e hija de líder narcotraficante ecuatoriano, acusadas de lavado de activos por más de 25 millones de dólares.La captura fue en Santander, con apoyo del FBI, y serán enviadas a Ecuador para enfrentar cargos. Colombia reafirma su lucha contra el crimen.

El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán querían "jubilarse" del narco y abrir el paso a nuevas generaciones, revela la Chapodiputada

En una entrevista, Lucero Sánchez López, La Chapodiputada, recordó varios detalles de su relación con El Chapo Guzmán, entre ellos, cuando en una discusión que tuvieron disparó accidentalmente al capo y lo hirió en la oreja

Fiscal general de Guatemala, García Luna acuerda con Estados Unidos perseguir redes narco y financiamiento ilícito

El fiscal general abre una pesquisa por aportes ilegales a campañas antes de las elecciones de 2027. Gabriel García Luna afirmó que las unidades contra crimen organizado, lavado de dinero y delitos electorales coordinarán la identificación de fondos ilícitos y posibles nexos de estructuras narcotraficantes con partidos políticos