El mandatario comunal de Saavedra, Matías Nebot, reconoció: "Nos toca tomar la difícil decisión de llevar adelante una reducción salarial. La tomamos para evitar algo más grave: no poder pagar sueldos y no poder seguir cumpliendo con el pago a proveedores". Leer más
El intendente de Saavedra, Matías Nebot, les recortó en un 13% los salarios a los empleados municipales, debido a la crisis financiera que afronta el municipio. Según puntualizó el jefe comunal en un video, la reducción salarial se hará efectiva en dos tramos de 6,5% cada uno, en mayo y junio, y se prolongará hasta fin de año. Nebot -que ganó las elecciones en 2023 desde el partido vecinalista Todos por Saavedra, pero está alineado con el Frente Renovador de Sergio Massa- difundió un video antes del cierre de abril para comunicar el recorte salarial para los municipales. "Nos toca tomar al difícil decisión de llevar adelante una reducción salarial, una medida que hemos tratado de evitar tomando decisiones que afecten solamente a la planta política, pero que no fueron suficientes", señaló el jefe comunal, tras remarcar que el municipio tiene, desde 2019, "un déficit en sus finanzas, que año a año se fue incrementando".El intendente sostuvo que uno de los dos gremios de la intendencia (el Sindicato de Trabajadores Municipales) aceptó que el recorte alcance también a los empleados. "El Sindicato de Trabajadores Municipales decidió aprobar en su asamblea nuestra propuesta y sumarse a trabajar juntos para resolver la crisis financiera del municipio. Espero que el sindicato AMRA [de personal médico] haga lo mismo. Al haber sido aceptada la propuesta por uno de los sindicatos de nuestro distrito, se aplicará un 6,5 en mayo y un 6,5 en junio. Este esfuerzo, en principio, será hasta el 31 de diciembre", señaló. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Matias Nebot (@matias_nebot) Según argumentó el jefe comunal de Saavedra (un distrito del sudoeste de la provincia de Buenos Aires cuya ciudad cabecera es Pigüé), el recorte le permitirá seguir afrontando los pagos del municipio. "Es una decisión dura. La tomamos para evitar algo más grave: no poder pagar sueldos y no poder seguir cumpliendo con el pago a proveedores", advirtió.Después de comunicar el recorte salarial, Nebot viajó a La Plata para reunirse con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, en busca de fondos para su distrito. El ministro También se entrevistó con Sebastián Galmarini, uno de los directores del Banco Provincia.López señaló ayer, con un mensaje en su cuenta de la red social X, que coordinó "acciones" para asistir al municipio, como así también a otros distritos "ante el impacto de la crisis generada por el ajuste nacional". En el Banco Provincia, los distritos en apuros acceden a programas como el de adelantos transitorios.
La entidad de gestión estatal decidió trasladarse a otro partido del conurbano bonaerense por el costo de las tasas. Qué pasará con los clientes
El Municipio y UPCN Provincia acordaron un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo que mejora considerablemente el salario básico de la categoría más baja.
Los hospitales municipales de La Matanza son, desde hace cinco meses, un territorio plagado de reclamos y bronca contra el intendente Fernando Espinoza (Unión por la Patria). Entre los trabajadores locales del sector salud crece la protesta por mejoras salariales, que toma la forma de asambleas permanentes que afectan por horas la atención a los pacientes; movilizaciones y hasta cortes de la ruta 3. Afirman que cobran salarios "de indigencia", que son "invisibles" para las autoridades de la intendencia y que sufren "aprietes" para bajarles la intensidad a sus protestas, que tienen uno de sus puntos más calientes en el Policlínico Central de San Justo, que está ubicado al lado del Palacio Municipal.Los reclamos surgen desde sectores de municipales autoconvocados que aseguran que el Sindicato de de Trabajadores Municipales de La Matanza no se pone al frente de las protestas. Consideran insuficiente el último aumento pactado entre el municipio y el sindicato, de 20% en tres pagos. En el distrito hay cuatro hospitales municipales: el Policlínico Central; el Hospital del Niño, de San Justo; el Hospital Materno Infantil José Equiza, de González Catán, y el Hospital Materno Infantil Teresa Germani, de Laferrere. "Soy enfermera, con 33 años de trabajo, y mi salario básico es de $268.000", cuenta a LA NACION Andrea Canel, que se desempeña en el Policlínico Central de San Justo. Afirma que, con los ítems del sueldo por fuera del básico, los trabajadores del sector llegan a cobrar entre $400.000 y $500.000 mensuales. "El día 9 [de abril] se hizo una marcha [frente al municipio]. Somos invisibles para Espinoza, para [el jefe de Gabinete municipal, Claudio] Lentini, y para el Concejo Deliberante. Cobramos salarios de indigencia y plata en negro que nunca ha sido puesta sobre el básico. Hay renuncias de profesionales", sostiene Canel.El policlínico de San Justo es un lugar muy visible de la protesta. Ubicado en la calle Almafuerte, al lado de la municipalidad, tiene instalada sobre la fachada de su edificio una gran bandera con las reivindicaciones de los empleados. "Municipales en lucha por salario digno ya", reza. "La movilización con ruidazo la hicimos tres veces. El secretario de Salud [por Alejandro Collia] vino dos veces al policlínico para sacar la bandera que está por nuestra lucha. Reconoce que estamos muy mal" asevera Canel. En ese hospital trabajan unos 400 empleados. "Se financian los corsos, mientras nosotros estamos con el reclamo", critica."En cada asamblea, se deja de atender al público por dos o tres horas. Hay banderas gigantes en lugares de trabajo como el policlínico. Collia se apersonó en el policlínico para que saquen la bandera. Sufrimos aprietes por protestar", afirma a este diario Andrés Carbajal, referente de la agrupación Municipales de Pie. Es un empleado municipal que no trabaja en el área de salud, pero que destaca que "los cuatro hospitales son los que más mueven" la protesta. Asegura que el descontento explotó en el sector de salud, pero es generalizado entre todos los trabajadores municipales. El viernes pasado y el martes próximo, se preveían asambleas. "El último aumento fue del 20%. Un 12% en marzo, un 5% en abril, y un 3% en mayo. Para un sueldo de indigencia, no significa nada", remarca Carbajal. "El conflicto se agudizó desde noviembre. Se hicieron asambleas, se movilizó a la calle. Cortamos la ruta 3 a la altura de la rotonda de San Justo e hicimos una caminata hasta el municipio. Aparte del reclamo de recomposición salarial, se está reclamando por insumos, personal y la existencia de trabajo precarizado. Los sueldos son de $400.000 en promedio. Queremos la canasta básica de sueldo", añade. Asegura que el reclamo "es de municipales autoconvocados" y que carecen de "respaldo gremial".LA NACION intentó conocer la postura de la Intendencia de La Matanza sobre el conflicto, pero no obtuvo respuestas. Un dirigente vinculado al peronismo distrital, en tanto, buscó restarle trascendencia al reclamo, al vincularlo con "una movida por una interna gremial, en la que se quieren montar sectores autoconvocados y algunos vinculados a la Cicop [el sindicato de profesionales de la salud bonaerenses]".La protesta tiene apoyo político de la izquierda. En el Congreso nacional, los diputados Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca, Vanina Biasi y Mónica Schlotthauer presentaron un proyecto de resolución para manifestar "solidaridad con los trabajadores municipales de salud del partido de La Matanza". También se plegaron concejales de la izquierda en el distrito.
El gremio anunció asambleas. Es el inicio de un conflicto que tiene desorientado a las autoridades municipales. Leer más
Datos de SBS. Malos vientos en el sistema financiero. En las últimas calificaciones de riesgo, cinco entidades tienen una peor calificación de riesgo o perspectiva poco alentadora
Miles de votantes en Texas volverán a las urnas para elegir a los representantes de sus gobiernos locales, distritos escolares, distritos de servicios públicos y otras subdivisiones políticas. Ante la llegada de este evento, el sufragio anticipado será una herramienta clave para facilitar el acceso y aliviar la carga del día electoral. Elecciones locales en Texas: qué se vota y por qué importaLas elecciones municipales del 3 de mayo de 2025 en Texas representarán una de las jornadas cívicas más importantes para los votantes locales. En esa fecha electoral uniforme, diversos organismos como ayuntamientos, distritos escolares independientes y distritos de agua celebrarán elecciones generales para renovar integrantes de sus órganos directivos. En algunos casos, realizarán comicios extraordinarios para cubrir vacantes.Según lo dispuesto por el Aviso Electoral No. 2024-37, difundido por la Secretaría de Estado de Texas, estos comicios responden a la estructura del calendario electoral estatal, que establece dos fechas uniformes al año, una en mayo y otra en noviembre, para concentrar la mayoría de las contiendas locales. En 2025, al tratarse de un año impar, estas elecciones estarán dominadas por temas municipales y escolares, más que por cargos estatales o federales.Elecciones locales en Texas: cuándo comienza la votación anticipada en personaLos ciudadanos podrán comenzar a votar de forma anticipada a partir del martes 22 de abril de 2025. Habitualmente, este período inicia 12 días antes de la fecha electoral, Sin embargo, en esta ocasión el lunes 21 de abril será feriado legal, por lo que la apertura oficial se trasladará al día siguiente.Durante esta etapa, las condiciones de operación dependerán del tamaño y tipo de subdivisión política:Las entidades con más de 1000 votantes registrados deberán garantizar al menos nueve horas diarias de votación anticipada presencial en días laborables que no sean feriados estatales.Las subdivisiones con menos de 1000 votantes deberán ofrecer al menos cuatro horas diarias de votación en su centro principal.Las ciudades no tienen la obligación de seleccionar dos jornadas laborales con un mínimo de 12 horas de apertura del centro principal de votación.Los distritos escolares independientes deberán mantenerse abiertos durante todo el período de votación anticipada, salvo los feriados legales estatales o nacionales.Cuándo finaliza la votación anticipada local en TexasLa votación anticipada concluirá el martes 29 de abril de 2025. Ese día también será la fecha límite para:Solicitar inspectores electorales ante el Secretario de Estado para la jornada del 3 de mayo.Publicar el Aviso de Entrega de Materiales de Votación Anticipada en el centro de sufragio. Este debe permanecer visible durante 24 horas previas a cada entrega.El calendario electoral distingue entre condados según su población para definir los plazos y condiciones del conteo anticipado de papeletas:En condados con 100 mil habitantes o más, la junta de votación anticipada puede comenzar a contar las papeletas inmediatamente después del cierre de urnas, aunque los resultados no se podrán divulgar hasta el cierre de los comicios el 3 de mayo. La prueba del equipo de tabulación debe completarse al menos 48 horas antes de su uso.En condados con menos de 100 mil habitantes, la junta podrá reunirse una vez recibidas las papeletas por correo, pero no podrá iniciar el conteo hasta que las urnas se abran el día de la elección.Qué pasa el día de la elección en Texas: sábado 3 de mayoEl sábado 3 de mayo de 2025 será el día principal de la jornada electoral. Las urnas permanecerán abiertas desde las 7 hs hasta las 19 hs. Tanto las oficinas del registrador de votantes como las del secretario de votación anticipada estarán operativas.A las 17 hs, vencerá el plazo para recibir solicitudes de papeletas por razones de emergencia médica o discapacidad física, dirigidas a personas que se hayan enfermado o incapacitado a partir del lunes 21 de abril.Finalmente, a las 19 hs cerrará el plazo ordinario para recibir boletas anticipadas enviadas por correo. No obstante, las autoridades contemplan excepciones para papeletas tardías, tanto de tipo nacional como por causas médicas, que tendrán fecha límite entre el 5 y el 9 de mayo, de acuerdo con las secciones 86.007(a) y 102.006(c) del Código Electoral.
El encuentro se realizó en la Cámara Federal de Apelaciones por el juicio iniciado por el cobro de una tasa municipal. Las partes expresaron su intención de llegar a un acuerdo y se fijó un nuevo cuarto intermedio para mayo. Leer más
Dos jóvenes de 18 años fueron levantados por hombres encapuchados en la entrada de la comandacia de la policía de Tamuín
El Semario Zeta dio a conocer que los oficiales son investigados por desaparición forzada
La informalidad ya no es limitante. El mercado de créditos hipotecarios, normalmente dominado por los bancos, ha encontrado un punto de inflexión con la llegada de las cajas. Sin embargo, las microfinancieras buscan ahora posicionarse también en la venta de terrenos, incluso desde Lima
Siguiendo los pasos del Banco Nación, una de las entidades más grandes del país dejará de tener su local en La Tablada "por las altas tasas municipales". La mudarán a Caseros. Leer más
Luego de haber aportado unos 3700 millones de pesos en el pago de tasa de seguridad e higiene en La Matanza, el banco Santander resolvió cerrar una sucursal de La Tablada y relocalizarla en Caseros para desembolsar menos en tributos. La decisión fue replicada por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien destacó: "¡Esta suma representó casi 4 veces el total de todos sus gastos en la sucursal de La Tablada en ese mismo periodo!". "Santander Argentina anuncia la relocalización de su sucursal ubicada en La Tablada, en el municipio bonaerense de La Matanza, trasladando estas operaciones a la sede ubicada en Caseros, municipio de Tres de Febrero, debido a las onerosas tasas de Seguridad e Higiene que abona en su sede actual", informó la entidad bancaria a través de un comunicado.Y destacó: "Esta decisión se basa en la necesidad de evitar altas cargas impositivas municipales, que hagan posible mantener el servicio actual, trasladándose a una jurisdicción con una estructura impositiva más equilibrada".Noticia en desarrollo
La entidad financiera decidió operar en otro partido del conurbano bonaerense con menor carga impositiva, en línea con una tendencia similar adoptada por el Banco Nación
Río Tercero se mete de lleno en la discusión y se suma a las demandas similares que presentaron otras localidades. El intendente considera que cualquier medida cautelar puede afectar la prestación de los servicios locales. Leer más
El economista, Mariano Ricciardi, aseveró que, "sin un mayor control, la presión tributaria seguirá asfixiando al campo". Leer más
La FEPCMAC alertó que el restablecimiento de los topes a las tasas de interés, que se encuentra inmerso en una controversia por reconteo de votos en el Congreso, podría agravar aún más esta situación y desencadenar una verdadera crisis para el sector microfinanciero
Los actores del sector agropecuarios advierten que se han sumado nuevos gravámenes sin contraprestación clara
Se distinguió al municipio por el proceso de eliminación de gaseosas y ultraprocesados para enfrentar el problema de la obesidad y el sobrepeso infantil. Leer más
En el marco del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos bajo el mandato del presidente Donald Trump, el uso de tarjetas municipales para indocumentados en ciudades de California genera preocupación entre defensores de la privacidad de datos. Estos programas creados con la intención de facilitar el acceso a servicios básicos podrían exponer a sus beneficiarios a la deportación.El riesgo de las tarjetas municipales para inmigrantesLas ciudades de Richmond y Oakland implementaron programas de tarjetas de identificación municipal combinadas con funciones de débito para ayudar a residentes sin documentación oficial. El objetivo era permitirles abrir cuentas bancarias, solicitar vivienda y acceder a servicios comunitarios.Sin embargo, especialistas en privacidad advierten que estos sistemas podrían ser utilizados por agencias federales para identificar, rastrear, arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados, de acuerdo a San Francisco Chronicle.Brian Hofer, director de la organización Secure Justice, expresó su preocupación por la falta de advertencias sobre estos riesgos en los sitios web oficiales de ambos programas. "No estamos diciendo que se cierren estos programas, pero se debe advertir a la comunidad sobre los posibles peligros", declaró al medio citado.Los datos almacenados y el acceso del ICEAunque la ciudad de Richmond eliminó la función de débito de su programa en 2022, los datos de los titulares de tarjetas pueden seguir almacenados en bases de datos privadas. Hofer advirtió que una vez que la información es recopilada, puede ser copiada, retenida y distribuida sin control.Un informe del Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown reveló que en 2021, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en español) pagó 21 millones de dólares a una empresa de datos para acceder a más de 400 millones de registros de nombres, direcciones y cuentas de servicios públicos.Información sensible: el papel de las instituciones financierasLos programas de tarjetas municipales operan a través de entidades financieras privadas, como MasterCard, las cuales están sujetas a regulaciones bancarias federales. Esto las obliga a almacenar información de los clientes, como direcciones, durante al menos cinco años.A diferencia de los gobiernos locales de California, estas instituciones no están protegidas por las leyes de ciudades santuario, lo que podría facilitar el acceso del ICE a los datos de los titulares de las tarjetas. Hofer explicó que las agencias de inmigración suelen utilizar bases de datos privadas para rastrear a individuos.El derecho a la privacidad financiera en EE.UU. exige que las agencias federales soliciten una orden judicial para acceder a estos registros. No obstante, el ICE puede obtener estos datos mediante acuerdos con empresas de recopilación de información, como Thomson Reuters.Reacciones de autoridades y expertos en inmigraciónLa concejal de Richmond, Soheila Bana, admitió que desconocía los riesgos del programa hasta que habló con Hofer en marzo. "Me sorprendió saber que algo diseñado con buenas intenciones podría terminar afectando a las personas que queremos ayudar", afirmó.Chi Chi Wu, abogada del National Consumer Law Center, señaló que la Ley de Privacidad Financiera no impide que el ICE acceda a la información, sino que solo les exige seguir ciertos procedimientos. Esto deja a los inmigrantes expuestos a investigaciones migratorias.Por su parte, un portavoz de la ciudad de Oakland dijo al mencionado medio que su programa es administrado por una empresa llamada SF Global. Por ende, el sitio web del programa no es un sitio web de la ciudad y que esta "no tiene acceso a los datos del programa y, por lo tanto, no retiene ningún dato".Medidas de protección y casos anteriores en San FranciscoSan Francisco cuenta con un programa de identificación municipal, pero no con tarjetas de débito. Angela Yip, portavoz de la Oficina del Registro Civil de la ciudad, aseguró que no recopilan información sobre el estatus migratorio de los solicitantes.La legislación estatal protege los datos de estos programas. Sin embargo, la historia demuestra que estas protecciones no siempre son efectivas. En 2013, California aprobó la Ley AB60 para otorgar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. Posteriormente, se descubrió que el ICE accedió a los registros del Departamento de Vehículos Motorizados y utilizó esta información para deportaciones.
Barcelona y Madrid establecen un protocolo de cooperación para mejorar la transformación digital en servicios municipales, priorizando tecnologías como inteligencia artificial y redes 5G en beneficio de la ciudadanía
El intendente impulsa el remate de propiedades en Caseros, Ciudad Jardín y Pablo Podestá. "Esto se hace a espaldas de la gente", sostienen.
El municipio redujo en la tasa sobre la actividad financiera, comprometiéndose a no aumentarla en el futuro. Se volcarán $60.000 millones en préstamos a familias y empresas del distrito
La iniciativa de las entidades agrupadas en Adeba se puso en marcha en Tres de Febrero. Es una línea de $ 60.000 millones
Ramón Antonio Lovaiza (50) y Martín Enrique Roldán (49) se electrocutaron cuando realizaban tareas para la comuna de Pujato.Este jueves inhumarán sus restos en el cementerio local. Las denuncias de los gremios por las condiciones laborales.
El ministro llega a la muestra alrededor de las 10.Al reclamo de los productores de que se mantenga la baja actual de retenciones, Martín Berardi, presidente de Ternium contó que el municipio de Ramallo casi le duplicó a $330.000 por empleado por mes la tasa de Seguridad e Higiene.
Dos trabajadores públicos de la localidad santafesina de Pujato murieron electrocutados este martes por la tarde mientras colocaban una columna de alumbrado público en la vía pública. Además, hubo un tercer empleado afectado que recibió quemaduras de consideración, por lo que permanece internado en un centro de salud local. Lionel Scaloni, el técnico de la Selección Argentina, escribió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó "consternación y dolor" por el lamentable suceso ocurrido en su pueblo natal.Según el medio local Pujato Digital, las víctimas habían cavado un pozo para colocar la columna en la calle Laprida, entre Simón de Iriondo y Ruta Nacional 33. Dos de ellos la estaban manipulando para ponerla de manera vertical y fue en ese momento que habrían tocado cables de alta tensión. Apenas llegó la asistencia sanitaria al lugar del hecho, uno de los tres trabajadores ya estaba muerto. Al segundo empleado le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmomar, pero sin resultado positivo.El tercer hombre involucrado en el episodio recibió quemaduras por la descarga en la zona del abdomen y en sus miembros superiores, y fue trasladado al Hospital San Carlos, ubicado a unos 15 kilómetros de Pujato."La Comuna de Pujato expresa su profunda consternación y dolor ante el fallecimiento de trabajadores comunales", posteó al respecto la intendencia local y se decretaron 24 horas de duelo, por lo que permanecerán cerradas todas las dependencias públicas durante la jornada de este miércoles.Afectado por lo ocurrido en su ciudad natal, Scaloni envío un mensaje de condolencias por lo sucedido en Pujato. "Quiero expresar mi profunda consternación y dolor ante el fallecimiento de trabajadores comunales de mi pueblo. Mucho ánimo a los familiares y a todos", escribió.Rosario: una beba murió electrocutada al tocar un ventilador con el piso mojadoUn mes atrás, una beba de un año y medio sufrió una descarga eléctrica al tocar un ventilador de pie mientras el piso estaba mojado y falleció. El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en la calle Los Guayacanes, en la localidad de Pérez.Según el testimonio de la madre, de 37 años, alrededor de las 23 salió del baño y se encontró con su hija, descalza e inconsciente, que yacía en el suelo junto a un ventilador de pie ubicado al lado de la cuna, en una zona de la casa donde el piso estaba mojado.
A cinco años del inicio de la pandemia por COVID-19, el Congreso propone un bono equivalente a un sueldo para empleados públicos de las municipalidades
Fernando Gray denunció que en su distrito "hay más de 20 obras paralizadas".Juan José Mussi resaltó su apoyo a Kicillof y se mostró alerta por la advertencia de Milei respecto a una eventual intervención de la Provincia.Mayra Mendoza aseguró que su comuna hará más de 100 obras en 2025 y anticipó inversiones en seguridad.
Microfinancieras podrán destinar hasta el 80% del IR del ejercicio anterior para obras de seguridad, salud, transporte, entre otros, siempre que capitalicen el 100% de sus utilidades, según FECPMAC. Reformas buscan modernizar el mecanismo creado en 2008
En un nuevo capítulo de la disputa entre el Gobierno nacional y los municipios, la Justicia Federal convalidó recientemente la medida del Gobierno nacional que prohíbe el cobro de tasas municipales en las boletas de luz y gas, en un único concepto. Sin embargo, los usuarios seguirán recibiendo sus boletas con los impuestos locales incluidos y con la modalidad histórica, es decir, bajo la amenaza de corte del servicio si no se paga el importe total de la factura.El fallo, dictado por el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo de San Martín, afecta a siete municipios bonaerenses (Tigre, Hurlingham, Moreno, General Rodríguez, José C. Paz, Ituzaingó y San Martín) y otorga un plazo de 90 días para que las comunas implementen mecanismos que permitan cobrar las tasas municipales en forma separada de los servicios públicos. No obstante, la mayoría de los municipios ya anticipó que la decisión sería apelada.Mientras tanto, otras jurisdicciones como Escobar, Merlo, Morón, La Matanza, Quilmes -entre otras- que obtuvieron medidas cautelares con la que lograron suspender la prohibición dispuesta por el Gobierno nacional, aguardan el dictado de una resolución de fondo que ponga fin al conflicto.El inicio de la controversiaEn septiembre del año pasado, a través de la resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio, el Gobierno prohibió a las empresas incluir en sus facturas cargos ajenos a los bienes y servicios contratados. Esta medida buscaba poner fin a una práctica histórica utilizada por los gobiernos locales para garantizar la recaudación de sus impuestos y tasas, a través de su cobro en las boletas de servicios esenciales.El incumplimiento de la mencionada resolución derivó en más de cien sumarios administrativos contra diversas compañías, lo que generó una reacción inmediata de los municipios mediante amparos y medidas cautelares.La resistencia de los gobiernos locales a modificar este mecanismo de cobro tiene una clara razón recaudatoria, puesto que, cuando el impuesto es cargado en estas facturas, el contribuyente/consumidor es obligado a pagarlo para evitar que le corten el suministro. Esto ocurre porque el mecanismo impide pagar solo los conceptos que hacen únicamente al servicio, al exigir el pago completo de la factura.Orlando Pulvirenti, abogado especializado en derecho municipal, sostiene que esta práctica "vulnera el derecho del consumidor a decidir qué paga", y califica como un "abuso" la inclusión de tasas no relacionadas con el servicio, como las de sepelio o contribuciones a bomberos.En la misma línea, Matías Olivero Vila, presidente de la Asociación Civil Lógica, quien tomó la iniciativa de participar como amicus curiae en las medidas cautelares impulsadas por los municipios, señaló en diálogo con LA NACIÓN que "el uso de las facturas de servicios públicos para cobrar impuestos municipales bajo amenaza de corte es una práctica intimidatoria", y agregó: "No solo se viola la ley de Defensa del Consumidor, sino también la Constitución Nacional". Lógica es una ONG dedicada a temas de transparencia fiscal.Olivero Vila puntualizó que "la actuación del Poder Judicial, tanto a nivel nacional como provincial, ayudó en general a este escenario, al no haber puesto límites a la voracidad fiscal de los tres niveles de gobierno".Por su parte, las prestatarias de servicios se declaran atrapadas en medio de la disputa política. Walter Valle, gerente de la Usina Popular y Municipal de Tandil, subrayó que las cooperativas actúan como agentes de percepción de normativas impuestas por los Concejos Deliberantes, la provincia y la Nación. "Nosotros no somos quiénes para decir qué tributo va y cuál no. Si no hay consensos, la Justicia tiene que establecer qué debemos hacer los distribuidores", remarcó.En tanto, del lado de los intendentes afirman que en el caso de la tasa de "alumbrado público" cambiar el mecanismo podría poner en riesgo la cobrabilidad y, por ende, el sostenimiento del servicio.El origenLa cuestión se remonta a la década del 90, cuando la ley 10.740 de la Provincia de Buenos Aires, de 1991, obligaba a las empresas prestadoras del Servicio Público de Electricidad a percibir, en representación de las municipalidades, la tasa por alumbrado público en sus boletas de servicio, y lo hacía con una condición: que las empresas las incluyeran en su facturación en un rubro separado.Hasta ahí, el mecanismo parecía razonable, en tanto con esos fondos se buscaba sostener y mantener el alumbrado público y el servicio eléctrico de los edificios municipales. Pero más tarde, la ley 11.769 de la provincia de Buenos Aires, de 1996, amplió el concepto y autorizó incluir el cobro de conceptos ajenos a la prestación del servicio público. Aun así, lo hizo sujeto a tres condiciones: 1) que el usuario autorice expresamente ese cobro; 2) que se permita el pago por separado de los conceptos ajenos a la prestación del suministro; 3) que la falta de pago de esos conceptos ajenos al precio del consumo de energía, no habiliten a la interrupción o desconexión del suministro.En la práctica, estas condiciones nunca se cumplieron y tanto los municipios como las provincias fueron incorporando cada vez más conceptos a las facturas de servicios. Actualmente, la inclusión de tasas municipales e impuestos provinciales en las boletas de luz y gas representa, en la mayoría de los casos, un porcentaje significativo del monto total a pagar (sin que puedan separarse los diferentes conceptos a abonar).La incidencia en las boletas de electricidadNo es igual en todas las provincias y municipios la recaudación impositiva a través de las facturas de servicios. Sin embargo, en todos los casos hay un mecanismo común: no se permite el pago de manera independiente de los conceptos ajenos al costo real del servicio. Y la falta de pago total o parcial expone al usuario a la suspensión del suministro.Un recorrido por distintas boletas de luz emitidas por las principales empresas y por cooperativas del interior del país dan cuenta de la diversidad de los conceptos ajenos incluidos en las facturas. Y las alícuotas hacen que, en muchos casos, estos ítems representen un importante porcentaje del total a pagar.Esas alícuotas cargadas en las facturas, que son acumulativas, van del 0,001% al 6.5% y, en varios casos, superan el 9%. Incluso hay boletas en las que el total de sus tasas municipales y provinciales superan el costo real del servicio, como ocurre en Banfield.En otros municipios como Comodoro Rivadavia, además de tasas municipales y provinciales, se incluyen otras contribuciones, como la de "bomberos voluntarios".El fallo judicialEl reciente fallo del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo de San Martín número 1 es el primer pronunciamiento de fondo sobre la cuestión. La sentencia -aún no firme porque puede apelarse- confirma que "la inclusión de impuestos locales en la facturación de los servicios públicos sin la posibilidad de pagar solo los cargos del servicio afecta los derechos de los usuarios consumidores".El tribunal descartó que la medida del Gobierno vulnere la autonomía municipal. Argumentó que no se cuestiona la legalidad de los impuestos locales, sino la modalidad de su cobro. Además, señaló que el sistema de facturación "podría conllevar una coerción implícita al pago de las tasas municipales frente al riesgo cierto de suspensión de servicios esenciales".Qué pueden hacer los usuariosMientras el conflicto se dirime en la justicia, los consumidores siguen expuestos a la amenaza de corte de servicios esenciales si no pagan la totalidad de las facturas. Para quienes consideren injustos los cargos, existe la posibilidad de denunciar escribiendo a denunciatufactura@comercio.gob.ar.Varias organizaciones no gubernamentales, como la Unión Argentina para la Defensa del Consumo, la Asociación Civil Liga de Consumidores y la Asociación de Consumidores y Usuarios de La Argentina, están ofreciendo asesoramiento.El fallo judicial establece un precedente, pero la disputa sigue. Mientras los litigios permanezcan abiertos, la posibilidad de que se modifique la modalidad de cobro de las tasas municipales sigue siendo incierta, y los usuarios continúan rehenes de un sistema de facturación que mezcla impuestos municipales con servicios esenciales, y que los conmina a pagar bajo amenaza de corte.
El intendente remarcó que su gestión es "sin déficit fiscal" pero con "un Estado presente". Adelantó un año cargado de obra pública entre lo que destaca un nuevo edificio escolar, un loteo social de viviendas y una planta de tratamiento de residuos. Leer más
El impacto de los impuestos locales en la rentabilidad lleva a muchas compañías a evaluar su ubicación. La suba de tributos en algunas jurisdicciones genera mudanzas estratégicas, como la del Banco Nación en La Matanza
Este martes, la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA), que preside la escritora y periodista Flavia Pittella, publicó un comunicado en la plataforma Change donde expresa su preocupación por "la inexplicable e inadmisible demora en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en realizar las acciones necesarias para decidir los Premios municipales correspondientes a los bienios que van de 2020 a 2023 y proceder a otorgarlos". En pocas horas, se sumaron cientos de firmas de reconocidos escritores como Daniel Guebel, Gabriela Cabezón Cámara, Esther Cross, Selva Almada, Luis Gusmán, Betina González, Miguel Gaya, Josefina Delgado, Reynaldo Jiménez, María del Carmen Colombo, Leonardo Oyola, Eduardo Mileo y María Inés Krimer, entre otros.Anticipo exclusivo: inquietante y perturbador regreso de Samanta Schweblin con "El buen mal""Los Premios Municipales literarios, en los géneros poesía, cuento, novela, ensayo y teatro, para esos períodos, fueron convocados hace más de tres años y hasta hoy no se ha procedido a nombrar los jurados que fallen sobre las obras premiadas -revela el comunicado-. Esta dilación quizá no signifique necesariamente postergación de nuestros artistas, pero seguro que no es inocua. No creemos que se deba a cuestiones presupuestarias, son muy pocos los premiados y el monto mensual actual (que aplica solo a los primeros premios) es de $ 771.560,44 (setecientos setenta y un mil quinientos sesenta con 44/100) y nos dicen que el de febrero, que se cobrará en marzo, será de $ 810.136,46 (ochocientos diez mil ciento treinta y seis con 46/100). Entonces, no se entiende que un premio de tan larga data y con premiados muy ilustres, no sea prioritario"."Un capítulo aparte merecen los Premios Nacionales los que, según anunció el secretario de Cultura [Leonardo Cifelli] el año pasado, no se fallarán. Lamentable", remarca.Para la SEA, las autoridades de la ciudad de Buenos Aires y de Nación "no pueden ignorar que estos premios, que en otra época permitieron a los galardonados darse algún lujo, hoy se emplean en la mayor parte de los casos para cubrir las necesidades básicas" y que estos "no son el regalo de un Estado dadivoso, sino el reconocimiento a la excelencia de nuestros artistas. En nuestro país, que no cuenta con cuantiosos premios como otros en el mundo, los Premios Nacionales y Municipales han sido respetados y cuidados por los sucesivos gobiernos".También se denuncia el retraso en la conformación de jurados para seleccionar a los beneficiarios del Reconocimiento a la Actividad Literaria (RAL) que, gracias a la SEA, fue reconocido en la Legislatura porteña con la sanción de la ley 3014. Consiste en un subsidio vitalicio de casi dos jubilaciones mínimas (unos $ 700.000) para escritores que no tengan otro ingreso o que cobren por debajo de ese monto. "Entendemos que urge que ese monto sea actualizado", se observa en el comunicado, que concluye con una apelación a los ministros de Cultura de ciudad y nación, Gabriela Ricardes y Cifelli, respectivamente.En diálogo con LA NACION, autoridades del área de Cultura porteña manifestaron sorpresa por el comunicado de la SEA, institución con la que, dijeron, mantienen un diálogo fluido; rechazaron que el gobierno no estuviera comprometido con los escritores. "Estamos sorprendidos porque estamos dentro de los plazos acordados", indicaron. Achacaron el retraso en la entrega de los premios a la gestión anterior, que estuvo a cargo de Enrique Avogadro, y comentaron que, por solicitud del escritor Juan Federico Von Zeschau, autor de La pájara (Premio Futurock de Novela 2023), hubo que reabrir la convocatoria que cerraba a mediados de diciembre de 2023.Desde la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura porteño, a cargo de Carolina Cordero, informaron que los jurados de los Premios Municipales (tres por género) terminarán de conformarse entre finales de febrero e inicios de marzo, "como estaba previsto con las entidades de escritores" (además de la SEA, la Sociedad Argentina de Escritores). Cada jurado cobrará $ 250.000, aproximadamente. Para los bienios pendientes, concursan en las categorías de novela, cuento, poesía y ensayo 575 obras, y 219 en la de teatro. "Queremos cumplir cuanto antes con la palabra empeñada", dijo Cordero.Respecto del RAL, comunicaron que hay 19 autores a consideración del jurado (ad honorem), que también terminaría de conformarse en los próximos días. Entre finales de marzo e inicios de abril, se anunciará a los beneficiarios del RAL, que cobrarían retroactivo el mes de febrero. Sobre la actualización del subsidio, dijeron que estaba "enganchada" a los aumentos en la administración pública.La Secretaría de Cultura de la Nación fue más escueta en la información. Puntualizaron que el expediente necesario para pagar la deuda del Premios Nacionales de 2023 "seguía avanzando" y que, una vez que estos se pagaran, saldría la convocatoria de 2024. No brindaron detalles acerca de los plazos. En 2024, Cifelli también había responsabilizado a la gestión anterior, a cargo de Tristán Bauer, por la demora en la entrega de los premios.
El centro comercial tiene como antecedentes problemas de seguridad y un polémico contrato de concesión firmado en 2010. Municipalidad de VMT cerró temporalmente el establecimiento comercial, en el marco de inspecciones nacionales tras el colapso de la sede en Trujillo, que dejó seis fallecidos y más de 80 heridos
En estas acciones se aseguraron armas de fuego, dosis de droga y tres vehículos
Las autoridades locales iniciaron un operativo en coordinación con las Fuerzas Armadas para localizar a los responsables
La Justicia avaló la medida del Gobierno de Javier Milei que prohíbe incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos, y el ministro de Economía lo señaló como "Importante". Aun en gira por el exterior, Caputo sigue de cerca el tema. Leer más
El juez rechazó un amparo presentado por el intendente de Tigre, Julio Zamora, contra una resolución del Ministerio de Economía que prohíbe la inclusión de tasas municipales en las facturas de servicios públicos. La medida se considera un triunfo para Luis Caputo en su disputa contra los municipios bonaerenses
El Banco Nación cierra una de sus sucursales en el municipio de La Matanza, tal cual confirmaron fuentes oficiales. La incidencia de la tasa de servicios municipales es el motivo que llevó a la entidad a tomar esta decisión. En octubre del año pasado, en un comunicado oficial, habían explicado que sufrían una elevada presión de este tributo y que entre enero y agosto de 2024 debieron pagar $3500 millones por estas cargas municipales. Esta cifra, tal cual informaron, equivale a la nómina salarial de los 150 trabajadores que tiene la entidad en todas las sucursales que posee en el territorio gobernado por el intendente Fernando Espinoza. Solamente en la de Ramos Mejía trabajan 60.El Banco Nación tiene más de una sucursal en La Matanza. De acuerdo a su página oficial, tiene sedes abiertas en González Catán, Gregorio Laferrere y varias en San Justo, entre otras. Por lo tanto, aquí surge el interrogante de por qué la entidad decidió cerrar solamente una. En consecuencia, sus representantes explicaron que se debe a que la de Ramos Mejía es donde "hay más créditos radicados y es factible atenderlos desde otra jurisdicción".En cuanto a los trabajadores de la sede que cierra, afirmaron que serán reubicados en otras sucursales del banco. Asimismo, los clientes que habitualmente se atendían en la sede de Ramos Mejía podrán asistir a otras sucursales y/o continuar a través de canales digitales.Las autoridades del municipio de La Matanza aún no se han expresado al respecto. Sin embargo, su intendente, Fernando Espinoza, ayer publicó un hilo en la red social X (exTwitter) en la que criticó algunas de sus decisiones como su transformación en una sociedad anónima. "Javier Milei intenta comenzar la privatización del Nación con un DNU al que seguramente contribuyó, y mucho, Federico Sturzenegger, que ya en octubre de 2000, a principios de siglo, reclamaba públicamente su privatización poco antes de ser funcionario de De la Rúa. Cuando ese gobierno de la Alianza hizo estallar a la Argentina por los aires, fue el Banco Nación el que ayudó a los más de 40 mil pequeños productores rurales que estaban endeudados para que no se les remataran los campos", escribió Espinoza.El Gobierno cambió la estructura societaria del Banco Nación y así abrió la posibilidad de un futuro ingreso de capitales privados en la entidad. Es una de las consecuencias que, según analistas consultados por LA NACION, se abren tras la modificación realizada por el decreto 116/2025, publicado en el Boletín Oficial, que convirtió al banco en una sociedad anónima.Mediante esa norma, firmada por el Presidente, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se transformó al ente autárquico Banco de la Nación Argentina en una SA dependiente del Ministerio de Economía. En ese esquema, se definió que el capital de la firma es de algo más de $1,6 billones, y que el 99,9% de sus acciones quedan en manos del Estado Nacional (el 0,1% del capital social restante se asignó a la Fundación Banco Nación)."El decreto permite que el banco mejore su transparencia y gobierno corporativo", afirmó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sobre una norma que, según analistas consultados por LA NACION, podría dar el primer paso para un eventual ingreso de capitales privados en el banco.
Los clientes pasarán a depender de otra filial ubicada en Tres de Febrero, cuyo intendente es aliado de la Casa Rosada
Prohens reafirma el liderazgo del PP en Baleares y destaca su compromiso con los ciudadanos tras la ruptura de negociaciones con Vox sobre los presupuestos autonómicos para 2025
Los trabajadores buscan recuperar ingresos, en un contexto adverso. El escándalo en el HCD de San Nicolás y una recorrida por los distritos.
Desde la Cámara Federal de Apelaciones se recalcó en la necesidad de arribar a un acuerdo y que sus efectos se puedan replicar a otros municipios que se encuentren en la misma situación que General Deheza. Leer más
Los uniformados fueron detenidos tras un cateo realizado en la ranchería El Hormiguero
La plana mayor fabril presentó un documento ante Luis Caputo con los planteos del sector para una baja en la presión tributaria. El Gobierno aseguró que necesita más superávit antes de tomar más medidas
Luego de que el Ministerio de Economía avanzara con la presión sobre los intendentes para que dejen de incluir las tasas municipales en los servicios públicos, el Enargas abrió un debate entre las empresas distribuidoras (Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras) que no fue muy bien recibido. Propuso que se modifique el reglamento de distribución para que se analicen los criterios para cortar el servicio por falta de pago. En concreto, el Enargas señaló que no debería cortarse el suministro si el usuario decide exceptuar del pago de la factura los conceptos que no están vinculados con la prestación del servicio, por ejemplo, las tasas municipales.El interventor en el Enargas, Carlos Casares, hizo explícita esta propuesta en la apertura de la audiencia pública que se realizó hoy para tratar este tema, junto con la revisión quinquenal de tarifas (RQT) y la metodología de ajuste de las boletas. "Si las prestadoras se encontraran obligadas a la inclusión en factura de conceptos no vinculados al servicio, su falta de pago por parte del usuario no podrá dar lugar a la interrupción del suministro", propuso Casares, luego de explicar que para limitar la capacidad de corte de las distribuidoras habrá que modificar el reglamento del servicio.Adigas, la asociación que representa a las ocho distribuidoras del país, dijo que la mayoría "expresa su no conformidad" con la modificación propuesta."La mayoría de las distribuidoras considera que, tal como fue proyectada, la medida puede afectar la neutralidad impositiva del marco regulatorio y, por ende, la ecuación económico-financiera de las empresas. Esto es sin contar la dificultad operativa de implementar una diferenciación de los totales a pagar", dijo Daniel Martini, director ejecutivo de Adigas.Durante la audiencia pública, las distribuidoras pidieron más tiempo para analizar la medida y resaltaron sus preocupaciones. "Naturgy coincide con la importancia de dar información clara en las facturas respecto al régimen del servicio, sin embargo, entiende que a partir de la reciente modificación dictada por la Secretaría de Industria y Comercio, la inclusión de conceptos tributarios que no se vinculan con el servicio resultará excepcional y basado, exclusivamente, en eventuales medidas judiciales. Dada esta cuestión coyuntural, Naturgy no ve conducente la modificación proyectada en el reglamento para atender una situación excepcional", dijeron en la distribuidora.En el caso de Metrogas, la empresa cuyo principal accionista es YPF, dijo que debería analizarse con "más detenimiento y profundidad la propuesta de modificación del reglamento para la interrupción del servicio del gas por falta de pago de ciertos conceptos municipales".Aumento de tarifas y ajuste mensualCon relación a los aumentos de tarifas, todas las empresas coincidieron en que debería haber adecuaciones mensuales que acompañen el incremento de los costos y sugirieron dos variables de ajustes: o tomando en cuenta el índice de precios mayoristas (IPIM) o usar una fórmula polinómica que tenga en cuenta el IPIM, los costos de los materiales de construcción (ICC) y los salarios (IS).En el caso de los aumentos pedidos, TGN propuso una recomposición de 45%, que tendría un impacto en la factura final de los usuarios e ingresos altos de entre 4,3% y 9,7%, según su ubicación geográfica. TGS, por su parte, pidió un ajuste tarifario menor, de 22,7%.Naturgy, en tanto, dijo que el ajuste sugerido equivale a una suba mensual de $4849 adicionales o de $161 por día. En el caso de Metrogas, la distribuidora dijo que los aumentos propuestos se traducen en incrementos en la factura final de entre un 8% y un 23% para usuarios comerciales y de entre un 5% y un 19% para grandes usuarios.Los porcentajes recomendados no son vinculantes para la decisión final que tome el Enargas, que se anunciaría en las próximas semanas para que se apliquen los nuevos cuadros tarifarios a partir de marzo.Tasas de rentabilidadAl igual que ocurrió con las distribuidoras eléctricas, en el servicio de gas, el Enargas también bajó la tasa de rentabilidad esperada a 7,64% para los próximos cinco años. Esta reducción fue rechazada por todas las empresas. TGN, por ejemplo, dijo que el costo de capital (WACC, por sus siglas en inglés) debería ser similar a la última revisión tarifaria de 2017, cuando se planteó un 10,2%, considerando un riesgo país de 579 puntos."No es posible aceptar el cálculo de costo de capital que hizo el Enargas, que incluye una prima de riesgo país de 423. Si bien compartimos el optimismo de que persistir en el superávit fiscal redundará en un futuro en un menor riesgo país, el costo de capital debe reflejar condiciones reales que permitan acceder al financiamiento", dijo Aníbal Cánovas, el representante de la empresa.TGS, la otra trasportista que opera en el país, y la distribuidora Naturgy coincidieron en que la tasa de rentabilidad real después de impuestos debería ser 9,98%.Metrogas, por su parte, dijo que la consultora AD-HOC realizó un cálculo para las distribuidoras de gas, cuyo resultado fue de 16,06%. "No obstante, y atento a la evolución de los mercados financieros, producto de los cambios en la situación macroeconómica, consideramos que la tasa WACC a utilizar en este ejercicio sea del 9,90%", indicó Sebastián Mazzucchelli, el director comercial y CEO interino de la distribuidora.Pese a estas diferencias en la tasa de rentabilidad esperada, las distribuidoras y transportistas de gas proyectan invertir en conjunto más de US$1000 millones en el quinquenio 2025-2029, que se sumarán a los más de US$4000 millones invertidos hasta 2024 en los últimos años.Las empresas también le recordaron al ente regulador que las licencias de concesión de las distribuidoras y las transportistas vencen en diciembre de 2027, cuando se cumplen 35 años desde la toma de posesión (1992) y en medio del período quinquenal 2025-2029.
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito ganaron S/119 millones más que el 2023. Mientras, las Cajas Rurales siguen en rojo, pero perdieron menos
El Circuito de Ahorro tiene una larga lista de lugares donde hay ferias y eventos para acceder a precios promocionales.Seguirá durante todos los fines de semana de febrero y habrá ferias estables los días de semana.
La Secretaría de Industria y Comercio instó a la provincia de Buenos Aires a revisar dos leyes que obligan a los municipios a pagar sueldos sólo a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) alegando "libre elección bancaria y competencia". Leer más
Por una sugerencia de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (CNDC), la cartera de comercio instó al gobierno bonaerense a promover "la libre elección bancaria" a los municipios
La Municipalidad de Córdoba trasparentó los números de la atención sanitaria en la capital. Las cifras, récord, surgen de los datos de los centros de atención, hospitales sumados a los tratamientos por salud mental y consumo problemático de sustancias. Leer más
Los primeros reportes indican que los uniformados fueron atacados por un grupo de hombres armados
"Resulta imposible avanzar con un desarrollo sostenible y federal, con creación de empleo de calidad y recuperación del consumo, si las provincias y municipios no acompañan el horizonte de reducción de la carga impositiva planteado por el Gobierno nacional", dijeron desde la asociación empresaria. Leer más
Los bancos se sumaron a la campaña que alienta el Gobierno Nacional contra los impuestos subsoberanos que encarecen el denominado "costo argentino" y la actividad económica formal, al exhortar hoy, de manera conjunta y mediante un comunicado, a los gobiernos provinciales y municipales "que lleven adelante medidas que estimulen el financiamiento de la producción y la generación de empleo en la Argentina, basados en impuestos razonables y no distorsivos".El documento, rubricado por las cuatro cámaras que agrupan a las entidades financieras con negocios en el país (Adeba, ABA, Abappra y ABE), denuncia que tanto las tasas de Ingresos Brutos (IIBB) provinciales como ciertas tasas municipales "se encuentran en niveles récord como consecuencia de los aumentos observados en los últimos tiempos y constituyen una seria limitante para la expansión del crédito y la sustentabilidad de la presencia de las sucursales bancarias".Seguidamente, recuerdan que son las personas y las empresas tomadoras de crédito y usuarios de los servicios financieros "las que sufren las consecuencias de la alta presión impositiva", algo que desalienta una recuperación mayor de la intermediación financiera, una actividad que -por caso, durante noviembre- dio uno de los principales impulsos al crecimiento que mostró la economía local."La alta carga de impuestos distorsivos que soporta la actividad financiera es uno de los elementos que explican, pese al repunte observado en el último año, el bajo y decreciente nivel de préstamos/PBI que muestra nuestra economía los últimos 25 años", recuerdan al respecto.Que locura, ninguna provincia baja del 3% en IIBB!!!!!!!!!!!!!!!El día que algún gobernador la empiece a ver y BAJE FUERTE IMPUESTOS, su provincia terminará siendo el paraíso de innovación del país. pic.twitter.com/u57Fxiz0DA— Ariel Sbdar (@arielsbdar) January 26, 2025Aluden, entre otras cargas impositivas, a los ya mencionados impuestos a los Ingresos Brutos (IIBB) provinciales y las tasas municipales exorbitantes en muchos municipios, además del denominado impuesto al cheque (créditos y débitos bancarios), dispuesto a nivel nacional en medio de la crisis de 2001 y nunca revisado, aunque la administración Milei ya lo colocó entre los "apuntados" para ser eliminado.Así, hacen notar que resulta "paradójico que sean las jurisdicciones provinciales y municipales las que dificulten el acceso y encarezcan los servicios financieros a sus vecinos".El reclamo de los bancos, que viene desde hace tiempo e incluyó la difusión de notas y estudios técnicos, así como mediante planteos administrativos y judiciales, llega no casualmente cuando -hace una semana- el ministro de Economía Luis Caputo, invitara a las provincias y municipios su sumarse a una reducción o eliminación progresiva de impuestos para ayudar a la economía a expandirse.Lo hizo tras recordar la tarea que viene realizando en ese sentido el Gobierno nacional, mencionado explícitamente algunos de los tributos más distorsivos. "Todavía no hemos visto una provincia reducir Ingresos Brutos, sin lugar a dudas EL PEOR IMPUESTO que una economía puede tener", dijo ese día.También cuando Mercado Libre acaba de emitir un duro comunicado cuestionando precisamente el incremento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en Santa Fe y otra provincias calificándolo de "injusto" y perjudicial para las economías locales. La compañía sostuvo que estas medidas afectan directamente a las pymes, encarecen productos y servicios, y limitan el crecimiento de los sectores productivos.El Nación acelera su reconversión a S.A.Por su parte, el Banco Nación informó que cerró su balance "especial de transformación" del fin de 2024, que lo deja con un patrimonio neto que ascendería a los $15 billones, dada una tenencia de "activos por $48 billones, depósitos y otras obligaciones por $33 billones".En un comunicado en el que afirma que acelera su transformación en Sociedad Anónima, adelanta que "el capital social será un valor nominal determinado en el estatuto y el valor de la acción resultará de dividir el PN por el capital social".Detalla que la nueva Sociedad Anónima resultante tendrá "una cartera de préstamos de $15 billones al 1/01/2025, con la mejor tasa de cobrabilidad de la historia reciente, ya que los desembolsos delbanco tuvieron un crecimiento extraordinario en 2024 (más de 600%)".Y proclama que la transformación en sociedad anónima, instruida por el presidente Javier Milei, "es imprescindible para que el banco continúe aumentando los préstamos a favor de las pymes y las familias". "Para sostener ese crecimiento, la institución necesitará ampliar su fondeo, lo que podrá hacer abriendo su capital, para lo cual es esencial que se convierta en Sociedad Anónima y que tenga la aprobación del Congreso".
Lo informó el intendente Guillermo Montenegro, quien había sido denunciado por el procedimiento. "Cuando digo que son delincuentes, son delincuentes. Gracias infinitas al revuelo que hicieron todos los que lo defienden. No voy a parar", afirmó el jefe comunal
En las acciones realizadas en dos municipios participaron 500 agentes de seguridad y vehículos aéreos; hay funcionarios detenidos acusados de extorsión
El líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cifra la inversión total en 500 millones de euros. El PP califica de "falta de respeto institucional" la exclusión de Mazón
La carga impositiva bajó del 25 al 20% durante 2024, y los fabricantes esperan que siga ese proceso para mejorar la competitividad
La ciudad de Villa María profundiza su lucha contra la contaminación sonora y retirará cualquier tipo de beneficio municipal a personas con multas por producir ruidos más fuertes de lo permitido con sus vehículos. Leer más
La madre buscadora solicitó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente municipal por el abuso de autoridad de los elementos
La vieja discusión sobre la pesada carga tributaria en la Argentina reconoce su origen en el desproporcionado aumento del gasto público y en la imaginación de los gobernantes para seguir esquilmando a los contribuyentes para sostenerlo.Uno de los más recordados ejemplos de esa creatividad mal entendida fue el "impuesto al viento", sancionado por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn en 2020 y frenado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.Fuera de ese caso tan absurdo, una reciente investigación periodística de LA NACION reveló que existen nada menos que 84 diferentes tipos de tasas municipales en el país. Más allá de este abultado e insólito número, se trata de cargas aplicadas mayoritariamente sin una contraprestación y en forma solapada con otros tributos o con el pago de servicios públicos.Hace cuatro meses, de manera absolutamente justificada, el gobierno nacional oficializó la prohibición a los municipios del cobro de tasas en las facturas de servicios públicos. La resistencia de no pocos intendentes a cumplir esa norma derivó en una batalla que se libra en el Poder Judicial.Esta semana el Gobierno dio otro paso para terminar con esos abusos. Cuando el mes próximo se retomen las audiencias públicas con los entes reguladores de las empresas de servicios, Economía buscará eliminar que las distribuidoras corten el suministro en caso de deudas de tasas municipales. Es decir, que solo puedan hacerlo si se adeuda el servicio.Expertos en derecho tributario enfatizan que los municipios no pueden cobrar impuestos y que, aun cuando pueden reclamar el pago de tasas, estas deben responder a un servicio prestado. Por ende, el valor de cualquier tasa debe relacionarse con el costo de la prestación. Si, por el contrario, el precio de la tasa se calcula en función de la facturación, estaríamos ante una deformación y eso explica la cantidad de juicios contra los municipios por el cobro de tasas sin la correspondiente contraprestación.Los municipios con más problemas respecto de la ausencia de contraprestación por el cobro de tasas son los de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Tucumán, Chaco y Formosa.Según un informe de la UIA sobre presión tributaria, las empresas abonan, en promedio, 7,4 tasas municipales. Uno de cada tres pagos corresponde a seguridad e higiene, rubro seguido por la de habilitación de actividades económicas.Entidades como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) señalan que en Henderson hubo subas de la tasa vial superiores al 200%. La nómina de municipios con mayores alzas se completa con San Pedro, General Viamonte, Lincoln y Chacabuco. Lo peor de todo es que semejantes aumentos no reflejan la contraprestación del servicio, que debería ser la reparación de caminos rurales.Algunos jefes comunales intentan justificar las desmedidas tasas municipales en la disminución de los giros desde los gobiernos provinciales y de la Nación. Sin embargo, nada dicen sobre el descomunal peso de los aparatos políticos en sus presupuestos. En tal sentido, un estudio de la Fundación Libertad da cuenta de que, en 55 municipios de todo el país relevados, el costo por concejal promedia los 129,4 millones de pesos anuales, aunque en ciudades como San Miguel de Tucumán y Río Gallegos alcanza 600 millones de pesos por año.Recientemente, Economía envió una nota a las provincias en la que solicita que se instrumenten medidas para que sus municipios deroguen las tasas municipales cuyo valor no guarde proporción con el costo de la prestación del servicio y pidió que, de no cumplir con eso, se les suspenda su participación de la masa coparticipable. Justificó su requerimiento en que el ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria por las comunas "perjudica los esfuerzos del Gobierno para evitar incrementos en la presión tributaria", además de afectar los costos de bienes y servicios, y de impedir una mayor reducción de la inflación. Un ejemplo de esto último puede advertirse en cómo la creación o el incremento constante de las tasas municipales afecta el consumo de combustible, de modo que el precio de la nafta en el Gran Buenos Aires es mayor que en la Capital Federal.Cabe recordar, además, que días atrás se reglamentó el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, por el que los tickets deben reflejar con claridad los impuestos que los ciudadanos abonan en cada una de las compras que realizan. De ese modo, las grandes empresas deben visibilizar el IVA y los impuestos internos y, más adelante, se incorporarán los demás comercios y tributos, incluyendo ingresos brutos y tasas municipales, en la medida en que las provincias adhieran. La implementación de ese régimen fue impulsada por Lógica, una activa y diligente asociación apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad.Es vital que los intendentes entiendan que, de acuerdo con el mensaje de la mayoría de la ciudadanía en las urnas, ha llegado la hora de que los grandes ajustes los haga la política y no el común de la gente. No es viable que los jefes comunales pretendan trasladar su ineficiencia administrativa y los costos de sus gigantescas estructuras municipales a los vecinos. Mucho menos, cuando su propósito oculto es financiar sus campañas electorales y servirse a sí mismos y a sus aparatos clientelares, antes que servir al bien común.