En una nueva jornada de apoyos políticos entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), el oficialismo porteño logró en la Legislatura una autorización de emisión de más deuda pública para gastos corrientes y el mileísmo impuso su agenda de "libertad comercial" con un proyecto para desregular trámites de habilitación. En el medio se aprobó la emergencia hídrica por el fenómeno El Niño mientras la oposición consiguió apoyos para una ley contra el hostigamiento y los cobros abusivos extrajudiciales sobre las personas "sobreendeudadas". También se dio el primer paso para la creación de un cementerio de mascotas con servicio de cremación.
La normativa impulsada por el ex futbolista Claudio García y presentada por la diputada Claudia Negri promueve la realización de jornadas destinadas a promover acciones de prevención, información y concientización sobre los consumos problemáticos en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se prepara para el tratamiento de un proyecto de ley para modificar el sistema de scoring en las multas de tránsito. La iniciativa, presentada por el Pro, implica una serie de cambios para "reordenar la ley", según explicaron fuentes legislativas a LA NACION.Actualmente, el sistema de scoring elimina los puntos de manera automática una vez efectuado el pago voluntario. De aprobarse los cambios, se busca que la quita de puntos se efectúe una vez "haya sentencia judicial o resolución administrativa firme".Así, y acorde al texto del dictamen al que accedió este medio, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tratará un proyecto de ley que modificaría el sistema de scoring. La iniciativa cambiaría cuántos puntos pierde un conductor según la falta que cometa, cómo puede recuperarlos y qué consecuencias tendría quedarse sin puntos. Si se aprueba, también afectaría el régimen de pago voluntario de multas, que hoy permite pagar con descuento.Según el texto, el descuento de puntos se aplicaría una vez que exista una resolución sancionatoria firme de un controlador administrativo de faltas o una sentencia judicial firme. La cantidad de puntos dependería de la conducta:2 puntos por no respetar las indicaciones de la autoridad de tránsito.4 puntos por manejar con la licencia vencida o con una categoría que no corresponde al vehículo, no usar el cinturón de seguridad o la silla para chicos, llevar en el asiento delantero a quienes no pueden viajar allí, hacer giros prohibidos, circular marcha atrás, obstruir la vía, no ceder el paso o no respetar la prioridad de los peatones.5 puntos por usar el celular al volante, exceder la velocidad máxima entre un 10% y un 30%, circular a contramano, invadir parcialmente carriles, cruzar mal una bocacalle, interrumpir filas escolares, cruzar un semáforo en rojo y ciertas faltas cometidas con motos, como que el acompañante no lleve chaleco reflectante.10 puntos por superar la velocidad en más de un 30%, usar antirradar o antifoto, adulterar o no llevar las patentes, manejar de forma peligrosa, conducir alcoholizado o negarse al control de alcoholemia, cruzar barreras ferroviarias o prestar servicios de taxi, remís o transporte escolar sin autorización. El mismo descuento correspondería a las contravenciones por manejar con más alcohol del permitido o bajo efectos de estupefacientes.20 puntos por participar, disputar u organizar picadas o competencias de destreza en la vía pública.Sin embargo, la principal modificación apunta al sistema de recupero de puntos. Para las faltas de dos, cuatro y cinco puntos, el conductor podría recuperarlos todos si aprueba un curso de seguridad vial. No obstante, se trataría de un beneficio con tope anualAdemás, los descuentos parciales se anularían automáticamente con el paso del tiempo: a los 18 meses en el caso de las faltas leves y moderadas, y a los 36 meses para las más graves (10 y 20 puntos). Para eso, el conductor no debería haber llegado a cero en ese período ni tener deudas pendientes por infracciones de tránsito.Qué pasaría al llegar a ceroLa iniciativa establece sanciones crecientes para quienes agoten su puntaje:Primera vez: inhabilitación para manejar por 60 días y curso de educación vial obligatorio.Segunda vez: inhabilitación por 120 días, curso obligatorio y caducidad de la licencia, por lo que el conductor debería tramitar una nueva desde cero.Tercera vez: inhabilitación por 180 días, con las mismas exigencias.Cuarta vez y siguientes: inhabilitación por 24 meses, curso obligatorio y caducidad de la licencia.Al cumplir esas condiciones, el infractor recuperaría los puntos de manera parcial, otorgándole diez al reinicio de la suspensión.Cambios en el pago voluntarioOtra modificación planteada tiene que ver con el pago voluntario. Actualmente, se puede acceder a un descuento del 50% del costo de la infracción sin discriminar el tipo de falta.La nueva norma prevé el mismo descuento dentro de los 40 días corridos desde la notificación y, si se decidiera discutir ante un controlador y fuera finalmente condenado, el descuento sería del 25%. Hoy, al hacer el descargo ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas, se pierde toda opción de pago voluntario con descuento.Ahora bien, el beneficio dejaría de estar disponible para quienes hayan tenido tres sanciones firmes o usado el pago voluntario en tres oportunidades. Por último, se eliminaría esta posibilidad de pago con descuento para cualquier falta que implique una quita de 10 o 20 puntos y para infracciones cuya sanción exceda una multa.El proyecto será tratado en breve en la Legislatura porteña y, acorde a lo que fuentes cercanas al recinto le explicaron a LA NACION, hay buena aceptación para que sea aprobado. No obstante, está aún sujeto a modificaciones.
¿Se puede desde la oscuridad de la Legislatura bonaerense vulnerar el derecho a la propiedad privada? Un fallo judicial dice que sí.¿Se puede aprobar una ley que despoje a una empresa de sus bienes sin saber ni siquiera quiénes la votaron? Un caso concreto, investigado por la Justicia Federal, confirma que sí, se puede.El oscuro "modus operandi" con el que funcionan las cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia, ¿permite aprobar leyes "a ciegas", sin que los legisladores sepan cuál es su contenido y sin ningún filtro ni debate en comisiones? Otra vez, la respuesta es sí, según reconocieron testigos ante un magistrado federal.Una última pregunta, señor juez: ¿Es factible que se vote un proyecto de ley basado en datos falsos, intereses ocultos y argumentos engañosos? No solo es factible; es muy fácil que eso suceda. No es una conjetura, sino la conclusión de una sentencia.No es novedad que el poder legislativo bonaerense se ha convertido en una ciénaga, donde tanto la administración de recursos públicos como la propia tarea legislativa se desenvuelven en una zona de penumbras que linda con la clandestinidad. La que había pasado casi inadvertida, sin embargo, es una causa de la Justicia Federal de La Plata que investigó las consecuencias prácticas de ese procedimiento vidrioso y que dio por probado un hecho escandaloso: la Legislatura sancionó, en diciembre de 2020, una ley de expropiación para despojar a particulares de un predio que tiene una ubicación estratégica en el partido de Pilar, cuenta con una edificación de 26.000 metros cuadrados y está tasado en más de 20 millones de dólares. Lo hizo sin averiguar nada, sin comprobar la información, sin analizar el expediente. Así, votó por señas, sin dejar rastros, un proyecto que ocultaba toda esa información y que hacía aparecer el inmueble a expropiar como una parcela rural, en la que solo había una casilla de 40 metros cuadrados y que tenía una valuación irrisoria, de $580.000.Los detalles del caso, aunque remitan a la prosa árida de un expediente judicial, nos abren una ventana a ese agujero negro que es la Legislatura bonaerense, donde una ley muy sensible, que involucre algo tan delicado y extremo como desapoderar de un bien a un particular, se puede aprobar de un modo subrepticio, entre gallos y medianoche. Nos recuerda, además, algo que a veces se pierde de vista: la opacidad que caracteriza a la Legislatura no queda encapsulada dentro mismo del palacio, sino que impacta sobre los ciudadanos, a veces de manera más directa, a veces más indirecta.Todo se originó con un proyecto del entonces diputado Jorge D'Onofrio, un dirigente que después se convertiría en ministro de Transporte de Kicillof y terminaría procesado por escándalos de otra índole, asociado a los negocios de las fotomultas y la VTV. En su condición de diputado, D'Onofrio presentó un proyecto para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en Pilar, al borde de la Panamericana, en el que se proyectaba la construcción de un Centro de Transferencia de Pasajeros, donde la gente dejaría sus autos para tomar servicios de tren y colectivo que conectarían esa zona con la capital federal. Esa iniciativa ya estaba avanzada: se habían construido cocheras en una edificación de cinco pisos. El predio pertenecía a una empresa y el proyecto, que involucraba inversión pública y privada, se había acordado con la Nación y el municipio de Pilar.D'Onofrio, con variados intereses en ese distrito del conurbano norte, se oponía a aquella iniciativa, por motivaciones que nunca quedaron claras. Entonces presentó el proyecto expropiatorio, donde se ocultaba deliberadamente la valuación real del inmueble, los avances en la construcción y el destino que estaba previsto. Lo presentó como una parcela rural con un valor irrelevante, sin especificar siquiera la ubicación exacta. Y propuso destinarla a la construcción de una "ciudad judicial" que no figuraba en ningún lado.¿Qué hizo la Legislatura? Dejó que el proyecto corriera, sin examinarlo con ninguna lupa. Nunca se corroboró si lo que decía D'Onofrio era cierto. No se pidió ninguna información adicional, ni siquiera se buscó el predio en Google Maps, donde se hubiera detectado una gigantesca construcción que nada tenía que ver con los modestos 40 metros cuadrados que mencionaba el proyecto expropiatorio. Se giró a cuatro comisiones, pero ninguna lo trató. En la última sesión del 2020, que se hizo por zoom ya cerca de Navidad, lo colaron sobre tablas. Ni siquiera figuraba en el orden del día. Leyeron el número de expediente y, en apenas un minuto, según la reconstrucción que hizo la Justicia con la versión taquigráfica, Diputados lo dio por aprobado. El mismo trámite exprés se siguió en el Senado. Así, quedó sancionada la ley 15.239.La empresa que quedaba al borde de sufrir la expropiación recurrió, entonces, a la Justicia. Se inició una causa que llegó al Juzgado Federal número 4 de La Plata, a cargo del doctor Alberto Osvaldo Recondo, quien dirigió una minuciosa investigación para determinar si D'Onofrio había actuado de mala fe. Lo terminó procesando: "No se trató de una simple mentira, sino de una maniobra orquestada -dolosamente- para engañar, simulando que un predio de valor millonario en el que estaba desarrollándose un megaproyecto inmobiliario y de transporte de pasajeros, constituía una simple 'parcela rural', a los fines de expropiarlo y desbaratar el proyecto que no era de su agrado o conveniencia", escribió el magistrado en un fallo del 3 de febrero de este año.Cuando el juzgado quiso saber cómo había sido el trámite legislativo se encontró con un procedimiento teñido de negligencia y desaprensión. La sesión en la que se aprueba la ley es un retrato de la opacidad: "Se advierte que cada vez que se votó, el secretario administrativo, automáticamente, pronunció la palabra 'aprobado', tan rápido que no queda claro cómo pudo -en una sesión remota- mirar cada cuadro de la pantalla para contabilizar los votos de cada diputado", dejó asentado el juez en el expediente.Cuando le tomaron declaración testimonial, el secretario legislativo de la Cámara baja contestó sin sonrojarse: "la votación es a mano alzada; no queda constancia de los nombres de los diputados que conforman la mayoría, salvo que alguno quiera aclarar su voto". Al ser consultado sobre el contenido mismo del proyecto aportó otra precisión escalofriante: "nunca se lee el articulado completo. En este caso no se leyeron tampoco".El juez no les imputa una sospecha concreta a los diputados que votaron sin saber bien qué votaban. Los presume engañados por D'Onofrio, que conocía de sobra las prácticas legislativas y sabía que era fácil pasar gato por liebre sin que nadie preguntara nada. Sin embargo, el fallo destaca que "al examinar la actuación legislativa no puede soslayarse la manera en que se revela el exiguo compromiso con la averiguación de la verdadera realidad del proyecto". Y agrega un párrafo más: "La declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de un inmueble, es un acto de indudable excepcionalidad jurídica. Exige de nuestros legisladores un alto grado de análisis y debate sobre los propósitos que contradicen el principio rector de nuestra Carta Magna. Teniendo en cuenta la función de representación ciudadana que a ellos se les confiere, resulta cuanto menos censurable el desaprensivo aprecio por el derecho constitucional de propiedad".La expropiación finalmente no se ejecutó. La ley es el primer paso; después se debe iniciar el juicio expropiatorio, que en este caso quedó trunco por la impugnación judicial y el fallo del juez Recondo. La empresa que es propietaria del predio arrastra antecedentes controvertidos: fue denunciada, en su momento, por presunto lavado de dinero, y el gobierno de Kicillof le adjudica vínculos narcos, aunque el titular de la firma fue sobreseído de esa acusación. El predio, que terminó enredado en un intrincado proceso judicial, estuvo hace pocas semanas en la mira, cuando una investigación de LN+ detectó que allí había un vacunatorio abandonado, con grandes cantidades de jeringas y residuos patológicos acumulado en el lugar. Pero el expediente va más allá del hecho particular: nos muestra que el sistema viciado que se ha apoderado de la Legislatura bonaerense representa una amenaza concreta para derechos esenciales consagrados en la Constitución. Nos muestra, además, que la audacia de un solo legislador puede arrastrar a todo un Poder del Estado, donde nadie controla, nadie verifica, nadie discute y nadie se hace cargo.El caso Chocolate corrió el velo sobre la corrupción estructural en la Legislatura bonaerense. Pero apenas mostró una faceta de ese sistema que no solo ha renunciado a la transparencia, sino también al profesionalismo y al mínimo compromiso con la función legislativa. Con la misma ligereza con la que se vota la expropiación de un patrimonio millonario, se aprueban pliegos de jueces, aumentos de impuestos, normas urbanísticas o regulaciones para ejercer el comercio, por citar solo algunos temas que se "cocinan" en la Legislatura. Le atribuyen al canciller alemán Otto von Bismarck una frase que en realidad acuñó el poeta norteamericano John Godfrey Saxe en el siglo XIX: "las leyes, como las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen". Alude a un procedimiento legislativo que suele estar bastante alejado de la pureza y los ideales. Sin embargo, si el poeta se asomara a la Legislatura bonaerense confirmaría que su metáfora se quedó corta: más que fabricar salchichas (que, al fin y al cabo, son comestibles) en el Poder Legislativo de la mayor provincia argentina se producen píldoras envenenadas.El fallo del juez Recondo echa al fin algo de luz sobre cómo se producen las leyes bonaerenses, incluso aquellas que afectan los intereses más sensibles en un Estado de Derecho.Cuesta aceptar que una Legislatura empañe la democracia y contamine el sistema institucional. Pero tal vez lo que más cueste digerir sea el silencio de todo el sistema político, capaz de leer este fallo sin sentirse avergonzado ni aludido.
Por primera vez, un escritor argentino ganó el Prix Rivages des Libraires, premio literario organizado por la editorial francesa Rivages, reconocida por su colección de novela negra y policial, fundada por François Guérif hace cuarenta años, que consolida y revalida la mirada sobre el noir. Por Notre dernière part de ciel, Nicolás Ferraro (Buenos Aires, 1986) obtuvo el galardón que distingue anualmente una novela policial publicada en formato de bolsillo y que será relanzada con una faja para las Fiestas. La obra, con traducción de la chileno-alemana Alexandra Carrasco-Rahal, fue elegida por un panel de 85 libreros, en su mayoría de Francia, pero también de Bélgica y Suiza. En la Argentina, El cielo que nos queda había sido publicada en 2020 por la editorial Revólver; en Goodreads, llega a rozar el puntaje máximo de cinco estrellas. Para la prensa especializada francesa, el polar de Ferraro, protagonizado por un narcotraficante y un piloto cuya avioneta cae en una localidad del norte argentino con un cargamento de cocaína, se asemeja a un guion de Quentin Tarantino. En 2022, su novela Ámbar ganó el Premio Dashiell Hammett a la Mejor Novela Negra de la Semana Negra de Gijón y, en 2025, fue nominada a los prestigiosos Premios Edgar Allan Poe en Estados Unidos. "Para mí tiene un valor especial porque es un reconocimiento que viene de los libreros, de gente que trabaja día a día con una inmensa cantidad libros, que los lee, los selecciona y los recomienda -dice Ferraro a LA NACION-. En el caso de la novela negra en Francia, con una tradición tan amplia no solo en producción sino tambien en traduccion, además hay libreros con un conocimiento muy profundo del género. Que una novela mía encuentre ese reconocimiento en Francia es una alegría tremenda y también una forma de sentir que el libro consiguió atravesar su contexto original y establecer un diálogo con lectores de otra lengua y otra cultura."Se enteró de la noticia en México, adonde viajó a presentar la edición mexicana de su novela Dogo. "Estaba en una ruta, en medio de la nada, en medio de descampados, autos desarmados y puestos de comida, de repente me llegó el correo de la editorial -dice-. Cuando vi mi nombre en el medio de escritores que admiro como James Lee Burke o David Peace, fue imposible no preguntarme qué hacía el mío entre ellos, de sentir que me colé a una fiesta, pero al mismo tiempo es una alegría inmensa y más que necesaria en estos tiempos".Este mes, Ferraro tuvo otra alegría vinculada con la literatura. El pasado 8 fue declarado Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura por la Legislatura porteña, por iniciativa del legislador Juan Modarelli. El autor integra el Centro de Estudios de Géneros Literarios de la Biblioteca Nacional, donde lleva adelante proyectos como el pódcast de entrevistas a escritores de género negro y policial, Disparos en La Biblioteca, y la publicación de la antología Asociación Ilícita, relatos negros del río Bravo a la Patagonia, donde se reúnen cuentos de treinta y seis autores de trece países latinoamericanos. Es autor de cuatro novelas: Dogo, Cruz, El cielo que nos queda y Ámbar.
La iniciativa busca unificar 27 proyectos presentados en ambas cámaras y que incluyen controles biométricos, restricciones a la publicidad, límites al dinero apostado y medidas contra las plataformas clandestinas. El foco principal está puesto en proteger a niños y adolescentes. Leer más
La Legislatura bonaerense reconoció a mujeres que se destacan en la producción, el cooperativismo, el periodismo agropecuario y la defensa de las tradiciones rurales
En una ceremonia junto a Moria Casán, Carmen Barbieri y Pamela David, la icónica periodista y productora repasó una carrera de cuatro décadas vinculada con la televisión argentina. En diálogo con Infobae, compartió su emoción y proyectó el camino por delante: "Vamos por los próximos 40"
"Judicializar la huelga fue un despropósito", escribió el juez Alejandro Gabriel López, que absolvió a los sindicalistas de Camioneros que bloquearon los accesos a San Nicolás, a pesar de que la fiscalía había pedido 10 años de prisión por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.El sorpresivo fallo del juez López argumentó que el bloqueo contra la empresa Rey Distribución SRL (una firma de distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados), que alteró a gran parte de San Nicolás, fue parte del derecho a protestar. López llegó al Tribunal Oral N° 2 de San Nicolás en 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. El Senado bonaerense lo aprobó por unanimidad, a través de un acuerdo entre el peronismo y Juntos por el Cambio. En aquella sesión se aprobaron otros 16 pliegos, como por ejemplo María Laura Iglesia para el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de San Isidro y Juan Carlos Tufari para el mismo cargo pero en Bahía Blanca.En un veredicto de 120 páginas, López sostuvo que los bloqueos a la distribuidora Rey fueron ejercicio del derecho de huelga y que contra Maximiliano Cabaleyro no hubo "un solo testigo" que lo viera recibir o exigir dinero.El juez no tuvo en cuenta que la denominada Ley Bases (27.742) aprobada durante el gobierno de Javier Milei, se establece que participar de bloqueos totales o parciales a empresas que afecten el ingreso de personas o de cosas será motivo de despido con justa causa. Sobre ese punto en particular -uno de los más resistidos por dirigentes sindicales-, los funcionarios decidieron no especificar nada en la reglamentación, con lo cual lo dispuesto por el Congreso no se moderó, ni se endureció.En el sorpresivo giro contra el pedido de prisión, López firmó un veredicto que cuestionó con dureza a la fiscalía y a la querella.La entonces gobernadora Vidal designó a López por el decreto 1178/19, tras la aprobación del pliego.El tribunal era nuevo, creado por la ley 14.612, y la Suprema Corte bonaerense fijó su inicio de actividades para el 11 de noviembre de 2019.El fallo fue descalificado por el diputado bonaerense Manuel Pasaglia, intendente de San Nicolás al momento de la agresión, quien calificó a López de "garantista"."Una muestra más de un juez garantista; bloquearon una empresa, bloquearon una ciudad; y no pasa nada", tuiteó Passaglia en X.Una muestra más de un juez garantista. Bloquearon una empresa. Bloquearon una ciudad. Y no pasa nada.Todos los vecinos de San Nicolás recordamos cuando estos mafiosos de la mano de los Moyano quisieron hacer colapsar nuestra ciudad: bloquearon los accesos e impidieron laâ?¦ pic.twitter.com/8G5qLllN9w— Manuel Passaglia (@manupassaglia) October 14, 2026Passaglia proviene del peronismo, luego integró el PRO y después, Juntos por el Cambio. Hoy critica al Gobierno nacional de Javier Milei."Todos los vecinos de San Nicolás recordamos cuando estos mafiosos de la mano de los Moyano quisieron hacer colapsar nuestra ciudad: bloquearon los accesos e impidieron la entrega de comida y la recolección de basura", agregó en su mensaje. Y completó: "Fueron los nicoleños los que aguantaron y resistieron. Y al final les torcimos el brazo. Por eso, decisiones como la de este juez son un retroceso. Porque vuelven a darle poder a los que bloquean, aprietan y extorsionan, y perjudican a los que trabajan, producen y cumplen la ley".El juez dio por probados los dos bloqueos a la empresa de transporte Rey Distribución, en San Pedro: el del 15 de enero de 2021 y el del 22 al 25 de febrero de ese año. Pero dijo que no constituyen un delito penal, sino parte del ejercicio del derecho de huelga. Dijo que el Código Penal "excluye la responsabilidad de quien obra 'en el legítimo ejercicio de un derecho'". Con ese argumento absolvió a Cabaleyro y a otros seis acusados: Maximiliano Pérez, Carlos y Enzo Ojeda, Matías y Lucas Torrez y Edgardo Di Mayo.López rechazó que el derecho de propiedad y el de huelga deban ponderarse como equivalentes. "Esta línea de argumentación sólo permitiría llegar a la conclusión de que ninguna huelga es legítima. No hay modo en que el derecho de huelga se ejerza sin afectar otros derechos", escribió. El bloqueo de la planta provocó el aislamiento temporal de la ciudad y generó gran indignación entre los vecinos. El veredicto también cuestionó el uso de escuchas telefónicas, que según el juez fue "desproporcionado" para un "magro resultado". La fiscalía, a cargo de María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, había pedido diez años de prisión. La querella de la familia Rey, patrocinada por la senadora Florencia Arietto (LLA), reclamaba 15. Las fiscales anticiparon que apelarán.El abogado Fernando Soto, asesor de la senadora Patricia Bullrich, también cuestionó el fallo. "Los empresarios se cansaron de pagarle coimas a Maximiliano Cabaleyro, del Sindicato de Camioneros de San Nicolás. Para que les paguen, Cabaleyro les bloqueó la empresa. Lo denunciaron. Estuvo cuatro años preso. Pero la Justicia lo absolvió: dijeron que fue un 'legítimo reclamo sindical'"."El juez justificó el delito", se lamentó, a su vez, el empresario Ariel Rey, propietario de la compañía que sufrió el bloqueo sindical. A su vez, el diario Norte, de San Nicolás, recordó que López había sido protagonista de otro fallo polémico cuando dispuso que el abusador Pablo Javier Gordillo cumpliera cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.Gordillo había sido encontrado culpable por un jurado popular del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.
La oposición reclamó informes sobre Pampa del Indio y cuestionó la asistencia alimentaria y la falta de médicos. El oficialismo acusó a los legisladores de utilizar políticamente el dolor y defendió la gestión sanitaria de Leandro Zdero. Leer más
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió este miércoles una reforma del Código Contravencional de la Ciudad con penas más duras. La medida abarca multas de mayor costo para trapitos, manteros y aquellos que conduzcan alcoholizados. "Al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación... A todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad", sentenció Jorge Macri en un video que compartió en sus redes sociales. Y sumó: "No hay ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y violentos. Con este nuevo Código que presentamos, endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos". NUEVO CÓDIGO CONTRAVENCIONAL. No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos.Endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos.Ley y orden. pic.twitter.com/pRKfCYLOjr— Jorge Macri (@jorgemacri) October 7, 2026El proyecto de reforma integral del Código Contravencional (Ley 1.472) y de la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley 12) establece multas de más de $7 millones por conducir alcoholizado, de hasta $58 millones por venta ilegal en el espacio público y hasta 90 días de arresto para trapitos reincidentes. También suma sanciones por acoso callejero, estafas digitales y elementos destinados a provocar disturbios, entre otros, y amplía sanciones accesorias en el ámbito de los eventos masivos -como partidos de fútbol y recitales-, el tránsito, las apuestas y en materia de protección animal."No vamos a mirar para otro lado. En la Ciudad hay consecuencias", sumó el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.Los detallesUno de las reformas más destacadas es el aumento generalizado de las penas. Las multas serán más altas, crecerán los días de trabajo comunitario y de arresto previstos para distintas contravenciones y se ampliarán las herramientas para garantizar el cumplimiento de las sanciones. Por ejemplo, quienes generen ruidos molestos, como música a volumen elevado en espacios comunes de edificios, podrán recibir multas de hasta 600 unidades fijas, realizar entre tres y quince días de tareas comunitarias y enfrentar hasta diez días de arresto. También se endurecen las sanciones para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, que pasarán de un rango de entre 300 y 1000 unidades fijas a uno de entre 1000 y 6000, lo que supera los $7 millones en el caso de la sanción máxima. Además, el arresto podría extenderse de cinco a treinta días y la inhabilitación para conducir llegar hasta cuatro años. En el caso de la venta ilegal en el espacio público, las multas podrán alcanzar las 50.000 unidades fijas, equivalentes hoy a más de $58 millones. La reforma también prevé sanciones para quienes se hagan pasar por agentes de autoridad mediante credenciales falsas, financien contravenciones reiteradas o agrupaciones que cometan este tipo de faltas, interfieran sistemas de videovigilancia pública o porten y distribuyan elementos considerados aptos para provocar disturbios. Endurecimiento de la reincidenciaEl proyecto crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público y establece agravantes progresivos para quienes vuelvan a cometer faltas. Las sanciones aumentarán un 50% ante una primera reincidencia, un 66,6% en la segunda y se duplicarán en la tercera. Además, el concepto de reincidencia se amplía: ahora podrán computarse faltas similares cometidas de manera habitual en el espacio público. Los reincidentes, en principio, tampoco podrán cumplir arresto domiciliario. En el caso de los trapitos, las penas podrían llegar a 90 días de arresto si reinciden. En el plano procesal, la reforma elimina la condena en suspenso y suprime para los adultos la suspensión del proceso a prueba, conocida como probation, como mecanismo alternativo de resolución. El plazo general de prescripción de la acción contravencional seguirá siendo de dos años. Para los adolescentes, en cambio, la probation se mantendrá, aunque condicionada al cumplimiento de reglas de conducta, la reparación del daño y la continuidad de los estudios.Menores de edadLa reforma introduce cambios en el régimen aplicable a los menores de edad. Actualmente quienes tienen menos de 18 años no son responsables por contravenciones, salvo algunas excepciones vinculadas con el tránsito. La iniciativa permitiría que los jóvenes sean responsabilizados por estas conductas a partir de los 14 años. Sin embargo, no podrán ser detenidos, deberán contar con defensa especializada y las medidas previstas estarán orientadas a la educación, la integración social y la reparación del daño. Entre las posibles sanciones figuran amonestaciones formales, seguimiento por equipos interdisciplinarios, asistencia a programas educativos, continuidad escolar, capacitación laboral, tareas comunitarias adaptadas a la edad y acciones destinadas a reparar los perjuicios causados.
A través de un video en redes sociales, pusieron una serie de condicionamientos para apoyar la ley de leyes. Eliminar la Dirección de Política ambiental, la de la Mujer, y la de Economía Circular, entre otras dependencias.
Horn, una de las víctimas del ataque terrorista perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 fue distinguido como huésped de honor de la Ciudad, un reconocimiento promovido por el legislador Waldo Wolff. Entre los invitados presentes en el Salón Dorado del palacio legislativo, estuvieron el camarista Mariano Borinsky, el diputado Alejandro Finocchiaro y el titular de la DAIA, Mauro Berenstein.
Esta semana habrá sesión en el Senado y los distintos sectores del PJ garantizarían los votos para avanzar con dos proyectos de Kicillof. En Diputados, La Cámpora quiere intervenir sobre el juego on line y espera un respaldo pleno. La demanda silenciosa por los pliegos judiciales
En un nuevo gesto opositor, la filial porteña de La Libertad Avanza (LLA) cuestionó en las últimas horas distintos aspectos del Presupuesto 2027 que envió el miércoles el jefe de gobierno, Jorge Macri, a la Legislatura. No obstante, la bancada que conduce Pilar Ramírez, delegada de Karina Milei en la ciudad de Buenos Aires, reconoce como fortalezas ciertos elementos del proyecto que son, en definitiva, puntos en común entre ambos espacios.En concreto, los libertarios reclaman una mayor baja de impuestos, la reducción de las estructuras burocráticas y, fundamentalmente, un recorte del gasto público. Se trata de tres premisas sobre las que el bloque parlamentario trabaja desde su desembarco en la política local -en espejo con el modelo impulsado por Javier Milei a nivel nacional- y que son centrales en sus críticas a la gestión de Uspallata, sede del gobierno porteño.Coinciden, por otra parte, con las disminuciones tributarias que propone Jorge Macri en el Presupuesto, así como con las partidas destinadas a obras de infraestructura y a Seguridad. "No es un mal presupuesto. Pero podría ser mejor", resumen en LLA.El gobierno de la Ciudad envió este miércoles el proyecto a la Legislatura, con eje en el equilibrio fiscal; bajas de impuestos destinadas a las patentes de los vehículos, hoteles, restaurantes, librerías y pymes; un incremento de la inversión en la red de subterráneos; y partidas previstas para Salud, Educación y Seguridad, entre otras áreas. El Ejecutivo porteño calculó gastos totales por $24 billones 94.000 millones y recursos por $24 billones 95.000 millones.Los reclamos"Vamos a acompañar la reducción de patentes (que es un proyecto nuestro) y cualquier otra disminución de impuestos siempre que eso implique achicar el gasto, para que esa baja sea sostenible en el tiempo y no sea nada más una cuestión electoral", afirmó el legislador Nicolás Pakgojz, vicepresidente segundo de la Comisión de Presupuesto, en diálogo con LA NACION.Consideró que existen "un montón de cajas en la Ciudad para achicar". A continuación, enumeró: la publicidad, los eventos, la estructura burocrática y la Dirección General de Políticas Alimentarias.En la misma línea, el legislador Juan Pablo Arenaza, también miembro de la Comisión de Presupuesto, puntualizó que se podría avanzar en privatizaciones de empresas y sociedades del gobierno de la Ciudad como proponen en la Ley Bases porteña (allí mencionan Subterráneos de Buenos Aires y Autopistas Urbanas, entre otras), e indicó que prestarán "atención" a las secretarías y subsecretarías que cumplen funciones "superpuestas".Aclararon, además, que no aprobarán ninguna toma de deuda para gastos corrientes y lamentaron que se estén bajando impuestos que este mismo gobierno aumentó años atrás.El punto que se reveló más conflictivo fue la baja de patentes. La semana pasada, Jorge Macri encabezó un spot junto a su gabinete en el que anunció una reducción en el impuesto a las patentes para seis de cada diez vehículos. También comunicó que el resto pagará lo mismo que este año y que se amplía el beneficio por antigüedad.En su "paquete de propuestas" para el Presupuesto, LLA presentará una iniciativa para que "los autos híbridos no paguen patentes en la ciudad de Buenos Aires". Pakgojz explicó que este es un beneficio que el macrismo eliminó en 2024. A partir de entonces, se estableció que los híbridos conservarían la exención por dos años; luego, comenzarían a abonar este gravamen. Este cambio, dijo, generó "inseguridad jurídica".Presupuesto 2027: BAJA HISTÓRICA DE PATENTES.6 de cada 10 autos van a pagar menos y el resto van a pagar exactamente lo mismo que este año. Nadie va a pagar más. pic.twitter.com/EuJzLov4ZA— Jorge Macri (@jorgemacri) September 23, 2026"El debate [por el Presupuesto] no arrancó en los mejores términos", dijeron en la bancada. Señalaron que existía un "preacuerdo" entre Pro y LLA. Pilar Ramírez presentó en mayo pasado un proyecto para reducir el impuesto a las patentes, prácticamente en simultáneo con el pacto por la deuda por la coparticipación porteña. Los espacios habrían convenido, por entonces, que la iniciativa libertaria se trataría junto con el Presupuesto. Pero la semana pasada los sorprendió el spot de Jorge Macri. "Nos copiaron", se quejaron.La negociaciónTanto Pakgojz como Arenaza valoraron las bajas de impuestos y consideraron correctos los recursos destinados a Seguridad (15%), que se mantuvieron en los niveles de este año. Esta última es una agenda que comparten ambos bandos. De hecho, el jefe de gobierno ha hecho de "ley y orden" su lema principal, especialmente después de la derrota electoral en los comicios locales de 2025 (en los que Pro quedó tercero después de LLA y el PJ). "A veces sentimos que el orden está un poco sobreactuado", señaló Pilar Ramírez días atrás en LN+. Lo cierto es que, según analistas de opinión pública, esta agenda permitió a Jorge Macri mejorar su imagen en el electorado.Arenaza, alfil de Patricia Bullrich en la Legislatura, dijo que LLA plantea un "cambio de esquema" en cómo se trabaja en materia de seguridad en el distrito, pero que eso no necesariamente implica una suba de las partidas: "La ciudad de Buenos Aires gasta más que Madrid en seguridad. No es un tema de seguir aumentando, sino de ordenar lo que tenés".Asimismo, consideró adecuado el significativo gasto en obras de infraestructura (por ejemplo, la inversión en subte es la más alta de los últimos 20 años), en contraste con el gobierno nacional, que hizo del freno a la obra pública un eje central de su gestión. Arenaza argumentó que, precisamente, es Nación la que sostiene que las obras deben ser realizadas por las provincias -en este caso, por la Ciudad-.En un escenario atravesado por coincidencias y cuestionamientos, ¿acompañará LLA el Presupuesto 2027 del macrismo? "Nosotros siempre tenemos voluntad de acompañar y legislativamente trabajamos bien con el bloque del Pro, pero va a llevar tiempo ponernos de acuerdo porque vamos a ser muy rígidos: vamos a acompañar la baja de impuestos cuando esté acompañada de una baja de gasto que la haga sostenible", retomó Pakgojz.Los libertarios votaron en contra del presupuesto de la Ciudad en 2024 y a favor en 2025. Hoy LLA cuenta con 14 legisladores y Pro, con 12.Una fuente de la bancada deslizó que el apoyo de Pro al presupuesto de Milei en el Congreso condiciona la postura de LLA en Buenos Aires.Otra variable cruza las negociaciones. De cara a las elecciones 2027, los libertarios están "abiertos" a un acuerdo electoral en la Capital -en sintonía con Jorge Macri-, dijo una de las fuentes consultadas. No obstante, desde ambas partes aún consideran que esas negociaciones están "frías". Esta semana, el jefe porteño se sumó a la comitiva de gobernadores aliados que acompañaron a Milei durante la Argentina Week en París, Francia. Desde allí, ratificó su apoyo al rumbo económico que trazó el Presidente. Consultado por LA NACION, el legislador Waldo Wolff (Pro), titular de la Comisión de Presupuesto, se mostró optimista respecto de la negociación: "Tenemos una muy buena relación con LLA y estamos convencidos que con buena voluntad de todos -cosa que descuento- vamos a escuchar sus propuestas y lograr que acompañen el Presupuesto".Sin embargo, dejó entrever que varias de las medidas propuestas por el gobierno porteño en el proyecto responden a problemas económicos derivados de la gestión nacional. Por ejemplo, la baja del ABL para gastronómicos, hoteles y librerías, "tan golpeados por la baja de consumo"; partidas al Banco Ciudad "para acompañar a los endeudados privados a una tasa preferencial"; y la bonificación del 30% en la Plusvalía Urbana "para ayudar al rubro de la construcción"."Y todo esto con una caída en la recaudación de más del 6% y con algunas cuentas pendientes de la coparticipación que estamos negociando en buenos términos con el gobierno nacional", advirtió Wolff.
Según ha podido saber 'Infobae', los socios de Gobierno han recibido el aviso de que si ambos textos eran rechazados lo más probable es que se adelantaran los comicios
Un grupo de legisladores revisará las leyes sobre agresión sexual en Nueva York, tras una denuncia de violación en la Universidad de Cornell.La gobernadora y la fiscal general del estado exigen transparencia en la respuesta inicial de la universidad a las acusaciones.
Pilar Ramírez se reunió también con representantes del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados de la Nación, en la previa del debate sobre la adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad al nuevo régimen establecido a nivel nacional
La diputada bonaerense kirchnerista Mayra Mendoza respondió a las críticas que recibió por la ropa que utilizó durante una sesión de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. La polémica se generó luego de que se viralizara un video en el que se la observa participando de la ceremonia de izamiento de la bandera con un saco azul combinado con un pantalón deportivo Adidas con las tradicionales tres tiras amarillas, una indumentaria que varios usuarios asociaron con Boca Juniors."¿La Corte habilita la extranjerización de nuestras tierras y la noticia termina siendo la ropa que uso?", cuestionó en el inicio de su descargo en X. Mayra Mendoza en la Legislatura bonaerenseLa legisladora publicó el mensaje este miércoles por la mañana, después de que trascendiera la decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras.Asimismo, la exintendente de Quilmes sostuvo que los ataques que recibió reflejan "los prejuicios y el odio que han inoculado en una parte de nuestra sociedad". Según planteó, parte de las críticas estuvieron acompañadas por descalificaciones vinculadas tanto a su identidad política como a aspectos personales."Creen que diciéndome 'negra' o 'kuka' me ofenden, o que con eso pueden solucionar alguno de los problemas que estamos viviendo. Quiero decirles algo: 'kuka' es una identidad de la que me siento profundamente orgullosa. Y 'negra' tampoco me ofende, soy morocha y me encanta", expresó en la red social.Y añadió: "Quienes se detienen en una boludez como esta lean también lo que está pasando a su alrededor y reflexionen", expresó.La diputada enumeró una serie de temas que, según ella, deberían ocupar el centro de la discusión pública. Entre ellos mencionó "las decisiones que toma la Justicia, qué pasa con nuestra soberanía, con nuestros recursos y, fundamentalmente, con las instituciones y la democracia".También cuestionó a quienes priorizan las formas por sobre el contenido en la evaluación de los dirigentes y funcionarios. "Quizás prefieren jueces vestidos de traje, solemnes, que se creen con derecho a decidir sobre sus vidas, su patrimonio y su libertad", escribió."Personalmente, prefiero que discutamos qué hacen, qué deciden y a quiénes benefician las decisiones de quienes tienen mayores responsabilidades en nuestro país", sostuvo.La dirigente kirchnerista también explicó que utiliza la marca deportiva desde su juventud y confirmó su simpatía por Boca Juniors. Fue en ese contexto que formuló la frase que concentró buena parte de la repercusión de su descargo: "Soy de Boca, ¿cuál es el delito?".Mendoza además pidió elevar el nivel del debate y volvió a remarcar que la discusión sobre su atuendo resulta secundaria frente a otros asuntos de interés público. "Por favor, eleven el nivel", reclamó."La ropa se cambia", señaló luego. Y agregó: "Los derechos, la democracia y la soberanía, si los dejamos avanzar, después cuesta muchísimo recuperarlos".En el cierre del posteo, manifestó: "En serio: abran los ojos. Pero no para mirar la ropita. Para mirar lo que está pasando como argentinos".
La protesta, que se realizará el lunes próximo, fue anunciada por Pablo Moyano en una asamblea del personal de recolección de residuos de CABA ante la posibilidad de que pierdan ese beneficio en los nuevos contratos del servicio
La oficialista Zulema Wannesson utilizó esa expresión al defender el régimen de inversiones de Leandro Zdero. Pía Chiacchio Cavana, del Frente Chaqueño, exigió una retractación: "Decirnos cáncer no es un argumento político". La presidenta del cuerpo no intervino. Leer más