Se trata de dos exsecretarios de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, quienes fueron acusados junto a otras 11 personas de defraudar a la Administración Pública mediante obras de infraestructura incumplidas, contratadas para mitigar las inundaciones de 2017
Este domingo por la noche, el presidente Javier Milei ofreció su opinión respecto de la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. En una entrevista exclusiva a Luis Majul, que se transmitirá a partir de las 20.30 por la pantalla de LN+, el jefe de Estado calificó el hecho de "aberrante" y "propio de los kirchneristas". "Después dicen que son los grandes defensores de las banderas de género", ironizó.Al ser consultado sobre la denuncia que pesa sobre el expresidente del PJ, Milei fue tajante. "A mi me parece algo aberrante, propio de los kirchneristas", sostuvo. Insistió en que no se trata del único caso vinculado al espacio político opositor: "Fíjense todos los problemas que tienen los kirchneristas, con el caso de Alberto Fernández, [José] Alperovich, Fernando Espinoza, [Ezequiel] Guazzora. Tiene un montón de problemas. Tienen problemas por todos lados"."Después supuestamente ellos son los grandes defensores de las banderas del género", chicaneó. Más adelante en la entrevista, Milei destacó sobre la causa que hoy lleva adelante el juez Julián Ercolini: "Arrancó con investigación por corrupción que nosotros hicimos. A partir de ahí, aparece un problema de violencia de género". "Esto tiene un montón de agravantes. Tiene el agravante de que es la pareja, del cargo, el poder, el diferencial físico. Es una aberración y merece el peor de los castigos".Noticia en desarrollo.
Luego de las tensiones que se originaron en el kirchnerismo por los guiños que le hizo el senador José Mayans a Victoria Villarruel, que fue seguido por un tuit fulminante de Cristina Kirchner, los integrantes de los dos bloques de esa fuerza en la Cámara alta emitieron un comunicado en duros términos contra la vicepresidenta. En el texto la acusaron de "provocadora" por organizar un acto por las víctimas del terrorismo y advertir ahí que abogará para reabrir las causas contra los afectados por la organización Montoneros, para que queden "todos presos".La nota de prensa del interbloque K lleva la firma de los dos espacios que lo componen -el Frente Nacional y Popular, comandado por Mayans; y Unidad Ciudadana, que lidera Juliana Di Tullio, híper cercana a Cristina Kirchner-. Aparece como una muestra de unidad contra Villarruel después de que la expresidenta dijera que deberían hacerle una pericia psiquiátrica a quienes consideran que la número dos del Gobierno "es peronista", en un llamado de atención al senador formoseño."El interbloque de Unión por la Patria expresa su repudio a la actitud provocadora de la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, de intentar presionar a la Justicia para reabrir causas ya juzgadas y prescriptas, durante un acto por el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo en el que se pretendió dar una visión parcial y sesgada de la historia local, y se omitió condenar el terrorismo de Estado que se instaló en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976â?³, indicaron los senadores de la oposición en un comunicado titulado "El Senado no es lugar de los genocidas".â?¢ EL SENADO NO ES LUGAR DE LOS GENOCIDAS ð??? pic.twitter.com/9W8p97NyMa— Senadores de UxP (@Senadores_UxP) August 28, 2024Convencidos de que el acto que organizó la vice fue "una provocación", donde "mezcló" actos terroristas que ocurrieron en la Argentina, como los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA, con hechos que se dieron en el extranjero, como el ataque a las Torres Gemelas, los senadores kirchneristas enfatizaron: "Luego propuso la reapertura de causas judiciales ya prescriptas y juzgadas, en un claro intento de negacionismo y de reivindicación del golpe de Estado que dio origen a la última dictadura cívico-militar".Además, remarcaron que ayer Villarruel reconoció que un acto "de esa naturaleza" hubiera sido "impensado" 20 años atrás y dijeron sobre la vice: "Villarruel no solo buscó provocar e instalar un tema ya saldado para la democracia argentina, sino que también entró en una clara disputa de sentido histórico y político. La presidenta del Senado reivindicó desde la omisión el genocidio y el terrorismo de Estado. Pero además planteó un tema ya resuelto hace décadas con el juicio de las Juntas y con las políticas de memoria, verdad y justicia".Esto en referencia a que la número dos del Gobierno, que basó su carrera profesional y política en base a este tema, en su discurso frente al auditorio en la Cámara alta indicó que la Argentina no merece ser "un nido de impunidad" y marcó: "Por eso reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo, para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra Nación".En tanto, los senadores K respondieron que el Congreso ya dio su opinión histórica ante estos hechos, cuando sancionó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. "Por eso, insistir con volver al pasado solo tiene un sentido revanchista, de venganza y de rencor", indicaron contra la vice.Asimismo, le dijeron que en lugar de buscar instalar "debates perimidos", la política debería elaborar soluciones a la agenda económica "y de entrega" que lleva adelante el presidente Javier Milei, al que le achacaron haber sumado cuatro millones de nuevos pobres desde su asunción."Este acto no se puede desligar de la visita a los genocidas en el Penal de Ezeiza realizado por seis diputadas y diputados de La Libertad Avanza, que deberían ser expulsados de la Cámara baja, donde los represores presos entregaron un proyecto que morigere sus penas por delitos de lesa humanidad, que sí son imprescriptibles", indicaron además sobre lo que pasó con este grupo de libertarios que todavía forma parte del cuerpo.En el tramo final del comunicado, los senadores dijeron que desde el interbloque repudian "todo acto de terrorismo", y que se solidarizan con las víctimas y sus familiares. "Pero no podemos caer en la ingenuidad de no ver la maniobra de Villarruel para intentar imponer una agenda alejada de los verdaderos valores de la democracia, y que demuestra hasta dónde ella y su espacio político están dispuestos a llegar para sostener un plan de miseria planificada contra el pueblo", sentenciaron contra la compañera de fórmula de Milei y para cerrar manifestaron: "Como siempre sostenemos nuestro compromiso por la memoria, la verdad y la justicia; y además decimos 'hoy más que nunca, Nunca Más'".
El juez federal Ariel Lijo aseguró que cumple con todos los requisitos que exige la Constitución Nacional para ejercer el cargo y rechazó por infundadas las impugnaciones a su idoneidad técnica y moral durante la audiencia pública de la Comisión de Acuerdo del Senado en la que defendió su nominación para integrar la Corte Suprema de Justicia. Ante las críticas del kirchnerismo al tribunal, el postulante evitó defenderlo y compartió los señalamientos por uno de sus fallos.Lijo se presentó ante los senadores "como un trabajador judicial" y expuso durante más de ocho horas en las que debió responder algunos duros cuestionamientos a su persona y a su actuación como juez federal formulados por un puñado de senadores del Pro y la UCR y el oficialista Francisco Paoltroni (Formosa), que cargaron las tintas en la demora en la resolución de causas que involucran denuncias por corrupción, la tasa de baja efectividad en resolución de expedientes de su juzgado y en la contradicción entre su discurso en favor de la igualdad de género y el hecho de haber aceptado una candidatura para ocupar un cargo que dejó vacante una mujer."En 20 años como juez federal no recibí una sola sanción del Consejo de la Magistratura, nunca, ni una sola sanción", exclamó Lijo ante el enésimo embate que puso en duda su desempeño como juez, eje sobre el que hicieron hincapié los senadores Carmen Alvarez Rivero (Pro-Córdoba) y los radicales Carolina Losada (Santa Fe) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego). "Cumplo con todos los requisitos que están en la Constitución y creo que estoy en condiciones de hacer muchos aportes, no sólo en la función jurisdiccional sino en otra función que tiene ver con estos 20 años de experiencia en el Poder Judicial y de tener contacto con las personas y no sólo con los expedientes de papel", remató.Losada también cuestionó su postulación al decir: "No considero que sea idóneo para el cargo y creo que pone en peligro a la Nación argentina una persona con sus características en el máximo tribunal de justicia", dijo la senadora, que también manifestó su rechazo por la falta de mujeres en el máximo tribunal de justicia. "Debería haber una mujer en la Corte", respondió Lijo ante la reiterada intervención de Losada.José Mayans, presidente de uno de los bloques kirchneristas, hizo una furibunda disertación sobre la decisión de la actual mayoría de la Corte Suprema de anular la última reforma del Consejo de la Magistratura. "Nos faltó el respeto a nosotros. Pusieron en vigencia una ley que estaba derogada por el Congreso. Hicieron un Consejo trucho", atacó y le preguntó a Lijo su opinión."Las leyes tienen su régimen de vigencia y derogación con toda claridad y eso no puede ser alterado", respondió el juez, en lo que representó un cuestionamiento a esa decisión del máximo tribunal. "¿Se puede poner en vigencia una ley derogada?, insistió Mayans. "Pienso que no", enfatizó Lijo. Dijo que la Corte "no puede invadir las atribuciones de los otros poderes".En el tramo final del debate, el juez federal fue obligado a responder preguntas técnicas de fuerte contenido político vinculadas con el ideario de la administración de Javier Milei, como cuando se le pidió opinión sobre la dolarización de la economía, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el control parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia, el derecho a la libre portación de armas y la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años.Lijo se resistió todo lo que pudo a dar su opinión sobre la posibilidad de que se implemente el dólar como moneda en el país, alegando que no quería anticipar opinión sobre un tema que podría tocarle resolver en el caso de que obtuviera el acuerdo para llegar a la Corte.Al final, ante la insistencia en el tema por las consultas del radical Martín Lousteau (Capital) y las kirchneristas Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Juliana Di Tullio (Buenos Aires), el postulante terminó cediendo. "La moneda (nacional) debe ser preservada de alguna manera. Expedirme en términos absolutos sobre si es constitucional o no una reglamentación que al día de hoy no existe, no sería correcto", opinó. "Lo que digo es que esa reglamentación debe preservar el valor de la moneda de alguna manera", agregó.El juez federal también fue consultado sobre la posible ampliación de los miembros de la Corte, cuestión que el Gobierno estaría dispuesto a negociar para obtener el acuerdo de Lijo y Manuel García-Mansilla, también propuesto para el máximo tribunal y que se presentará en audiencia pública la semana próxima. "No tengo una posición tomada de cuántos miembros tiene que tener la Corte, sólo digo que en la Argentina ha funcionado con distintas cantidad de miembros y en todos los sistemas la Corte funciona", dijo, antes de concluir que la decisión final es una cuestión que "debe evaluar el Parlamento".Sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que "no se puede sostener que es una provincia, porque la Constitución no lo estableció así, pero debe tener todos los grados de autonomía que tienen las provincias".Lijo se mostró crítico con baja de la edad de imputabilidad que impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al afirmar que cualquier medida que se tome debe respetar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, al que Argentina le dio rango constitucional. "Puede mejorarse el régimen penal juvenil vigente pero sí es algo muy importante que la regulación debe ser cuidadosa y respetar la Convención", aseguró. "Lo que sí quiero decir es que las herramientas penales son una herramienta más, no son una solución integral, ni siquiera diría que es la más importante", agregó.También mostró sus diferencias con la postura esgrimida por Milei de permitir la libre portación de amas. En ese sentido, reconoció la facultad de la administración nacional para regular la actividad, pero aclaró que si bien "la autonomía de la voluntad individual es algo que la Corte debe proteger" esto "no incluye las acciones que generen un daño efectivo en terceros".
Del Día de las Niñeces del gobierno albertista al Día del Niño y de ahí, a la lucha contra la "ideología de género" del gobierno mileísta. El domingo, la presidencia de Javier Milei dio otro sablazo en la batalla cultural en la que cree firmemente: repuso el sentido neutro de "niño" y de "ellos" para celebrar su día, tanto de los niños como de las niñas. Fue en el aviso con el que celebró el Día del Niño, en la cuenta de X de la Casa Rosada. Para hacer política, el Gobierno recurrió a la gramática del castellano. Con eso, dejó claro que su vocación es llevar la batalla ideológica hasta los rincones de la morfología de la palabra. O hasta los rincones del despacho presidencial: ahora se trata de reponer el carácter institucional del sillón de Rivadavia para rescatarlo de los desaguisados del expresidente Fernández. La dimensión heróica de cualquier gesta patriótica para confrontarla con la saga kirchnerista.El objetivo es dar vuelta el sentido de la guerra cultural del kirchnerismo con sus propias herramientas. Si el "les pibis" del joven Lucas Grimson, el hijo del antropólogo Alejandro Grimson, exasesor presidencial de Alberto Fernández, se convirtió en el arquetipo de los fetiches kirchneristas en tiempos albertistas, el mileismo en el poder le responde ahora con "niños", a secas. Un regreso a la lengua sin marca identitaria.Fabiola Yañez presenta nuevos testigos oculares de las agresiones y cambia su estrategia judicialLa apuesta del Gobierno pudo reponer el "niño" para referirse a niños y niñas, sin distinción de género, una reivindicación que demandaba una porción de argentinos que va más allá del cuadrante libertario: el clásico neutro del castellano, que se abstiene de diferenciar géneros, para nominar el plural. Vivir el lenguaje sin el riesgo de las imputaciones de discriminación o de patriarcado o machismo y libre de la condena de la cancelación. El poder del feminismo kirchnerista se ejerció en ese campo.Pero el Gobierno avanzó con "ideología de género" y los peligros de "atentar contra la integridad del niño", una denuncia de tono libertaria, alentada por alguno de sus ideólogos más cabales, como Agustín Laje. Una retórica que en América Latina se consolidó primero en el Brasil de Bolsonaro. La extensión de esa batalla cultural mileísta, hasta asumir los matices del lenguaje del bolsonarismo, es relevante.Hace ocho meses, cuando empezó su gobierno, Milei tenía una opción: restringir su guerra por el sentido común a la esfera económica. Perseguir la utopía de racionalidad macro hasta los confines de la ortodoxia. O ir por todo, como lo hizo el kirchnerismo. Esa parece ser la hoja de ruta. Derribar unos tótems para erigir otros.Esa es una decisión crítica. Un camino, el del ordenamiento de la matriz productiva y económica, dejaba al Gobierno más cerca de la transversalidad. Si hay un tercio de argentinos en estado de disponibilidad ante el voto, con la vida económica encaminada, podía llegar a ver con buenos ojos al Gobierno. El otro camino, el de la exasperación de la batalla cultural y el abroquelamiento en su cámara de eco, parece presentar más riesgos. En principio, genera más anticuerpos y resistencia entre los argentinos más independientes. Son los votantes de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, o del radicalismo más liberal. Milei necesita ese apoyo, de ahí el problema.Javier Negre, el español que se instaló en Argentina para aprovechar el negocio del "periodismo libertario"¿Cómo se arma el rompecabezas del poder? Resultados económicos, capacidad política y relato con voluntad hegemónica. La supervivencia del kirchnerismo por más de veinte años dejó claro la contundencia de esa receta. Su caída, también. Si logró llegar a 2019 y volver al poder y transitar los cuatro años, aunque a duras penas, de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, fue sólo a fuerza de un entramado partidario que le teme a una cosa por sobre todas: quedar fuera del poder. El miedo al vacío de su poder mantuvo activo el tejido perokirchnerista, al menos en modo supervivencia. Esos pilares jugaron estratégicamente para ir compensando debilidades crecientes.El kirchnerismo sobrevivió porque estaba asentado sobre esas tres patas, la política, la económica y la simbólica. Presencia en el Congreso, aunque con capacidades reducidas; territorialidad, aunque debilitada, es decir, gobernadores propios; liderazgo enclenque, el de Cristina Kircher, pero liderazgo al fin; un relato económico que generaba inflación pero repartía planes y financiaba el consumo en cuotas. Y, por último, el humo embriagante de un relato cultural capaz de seguir dándole letra a su base de votantes más leal. Se tuvieron que debilitar cada una de esos pilares para que el kirchnerismo quedara fuera del poder.El caso Fernández-YañezEl último capítulo de ese descenso es el affaire Fernández-Yáñez. Muestra los efectos colaterales, todos negativos, de vivir en el encierro de la cámara de eco ideológica: el caso es todavía más lapidario por el contraste con una pretensión moralista de la narrativa kirchnerista. Aún después de una derrota histórica, de la llegada al poder de su némesis Milei y de un escándalo de proporciones como es el del expresidente Fernández, el relato hegemónico sigue operando. Encuentra coartadas para minimizar puntos críticos de su esquema simbólico. Hay dos ejemplos de eso, entre tantos.Por un lado, la escena del despacho presidencial en la Casa Rosada, protagonizada por el entonces presidente Fernández y la periodista Tamara Pettinato. Está claro que si hay delito grave, sucedió en la Quinta de Olivos, y tiene que ver con la violencia del presidente. Además de la corrupción que se investiga. Pero en las escenas protagonizadas por el expresidente también suceden cosas atendibles. También en el despacho presidencial. Un uso indebido de los espacios institucionales que algunos expertos abogados empiezan a analizar si se trata o no de abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público.En el caso de la comunicadora que lo acompaña, un argumento insiste con que no hay delito en su proceder. Pero el rol que cumple Pettinato pone sobre la mesa una cuestión política central: el rol de la "clase creativa", los profesionales vinculados con los medios de comunicación y los intelectuales, en la consolidación del poder. No hay que imaginar ni favores sexuales ni contractuales para cuestionar la naturalización de ese tipo de vínculo estrecho entre un político y un comunicador. Cualquiera de esos detalles agravaría la escena. La interpretación más comprensiva que le quita toda responsabilidad a la comunicadora reintroduce la doble vara sobre la que se sostiene la batalla cultural que fundó el kirchnerismo.Todo gobierno necesita de una Operación Ternura que ablande sus costados más cuestionables y lo legitime: es decir, que lo haga más humano y lo vuelva simpático. La pregunta sobre el grado de distancia entre la esfera mediática y el poder es una pregunta clave. El jugueteo entre una comunicadora con fuerte presencia mediática y el entonces Presidente termina resultando funcional al poder a la hora de ser relatado públicamente.Por otro lado, el contraste entre las condenas al "Alberto golpeador", según las denuncias de Yáñez, y la complicidad con el "Espinoza, el abusador", según la denuncia de Melody Rakauskas, muestra la vitalidad de un relato kirchnerista y esa doble vara que lo caracteriza, que se muestra incapaz de condenar y aislar al protagonista de un caso en marcha.Las derivas de la caída de un legado político en crisis son insospechadas. A pesar de los tres pilares en los que se sostuvo, el kirchnerismo no está pudiendo contener esa bola de nieve. Mejor no haberla iniciado.Milei está a tiempo de no insistir con una guerra simbólica que, hasta el momento, ha demostrado que lleva al aislamiento político en el mejor de los casos. Y a su caída estrepitosa, en el peor.
Clarín publica la carta en que una veintena de dirigentes locales, gremialistas y ex embajadores fueron llamados por el chavismo.La posicional del Gobierno de Milei ante la elección.
La medida fue anunciada por el Presidente en una entrevista y aclarada por Luis Caputo y Pablo Quirno en las redes.Confusión en los análisis económicos.
Los diputados Marcela Campagnoli y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, denunciaron por presuntos sobornos al presidente de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, conocido como "el Señor del Tabaco", y a exfuncionarios kirchneristas.Según la presentación, Otero les habría pagado a "autoridades y personal de la AFIP con el fin de que no se le reclamasen sumas millonarias de dinero, adeudado en concepto de impuestos a la Administración Federal de Ingresos Públicos". Los denunciantes sostuvieron que "dichos hechos habrían tenido lugar desde el año 2018 a la fecha" y relataron que "el pago de estas coimas se habría hecho visible a raíz de la discusión de la Ley de Bases propuesta por la actual gestión". Además, con fundamento en una nota de LA NACION, los denunciantes manifestaron que Otero "habría influenciado a personas dentro de la AFIP con el fin de que desapareciera un informe practicado en su contra, en el que se habrían detallado múltiples ilicitudes".La nota citada contó que funcionarios de la AFIP investigaron las operaciones de Otero y realizaron un informe sobre los miles de millones de pesos al año que, concluyeron, evade Tabacalera Sarandí. Los agentes detectaron facturas truchas y subfacturaciones, y si bien primero recibieron elogios por su trabajo, después les robaron sus laptops, los desplazaron de sus cargos y hoy no cumplen funciones.Por sorteo, la denuncia de la Coalición Cívica le tocó al juez federal Ariel Lijo, candidato a la Corte Suprema propuesto por Javier Milei.La denuncia sostiene: "Nos encontramos frente a una empresa que, bajo apariencia de licitud, habría estado involucrada en infinidad de maniobras ilícitas las que habrían sido desempeñadas por Pablo Otero en su calidad de presidente de Tabacalera Sarandí S.A. cometiendo múltiples y variados delitos penales"."Nos encontraríamos -dicen los denunciantes- ante maniobras presuntamente ilícitas que habría provocado un detrimento patrimonial millonario al Estado Nacional en beneficio de Tabacalera Sarandí S.A."Campagnoli y López pidieron una serie de medidas de prueba para avanzar con la causa; entre ellas, el cruzamiento de mails, de comunicaciones telefónicas y de mensajería; también, un análisis de reuniones programadas entre las máximas autoridades de la AFIP y los representantes de Tabacalera Sarandí.También sugirieron que se pidan "las declaraciones juradas patrimoniales de todos aquellos que han tomado participación en los procesos de fiscalización sobre Pablo Otero y Tabacalera Sarandí para así poder determinar si su actual situación patrimonial guarda relación con los ingresos percibidos y declarados".Según la denuncia, los funcionarios de la AFIP, "desde 2018 en adelante, pasaron por alto incumpliendo en sus deberes, supuestamente ello debido a la percepción de dádivas, no ejecutando, fiscalizando y auditando a una empresa que en reiteradas oportunidades fue investigada por contrabando, falsificación de declaraciones juradas, falsificación de estampillas de AFIP y delitos de cohecho activo -pago de dádivas-". Campagnoli y López apuntaron contra el exjefe de la AFIP del kirchnerismo Carlos Castagneto -hoy diputado nacional- y pidieron investigar si "por omisión de los deberes a su cargo o por haber sido parte activa del esquema delictual" fue parte de los "múltiples delitos presuntamente cometidos" en beneficio de Otero.También denunciaron a los funcionarios de la AFIP Ezequiel Lebed y Daniel Reposo. "No son simples empleados de la AFIP -dijeron-. Lebed se desempeña como subdirector general de operaciones impositivas del interior y tiene a su cargo la fiscalización de Tabacalera Sarandí. Por su parte, Reposo es subdirector general de fiscalización, y tiene a su cargo los impuestos del interior, por lo cual también tiene a su cargo controles directos sobre Tabacalera Sarandí." Según los diputados que presentaron la denuncia: "Las dádivas se habrían entregado directamente a funcionarios de las más altas esferas de la AFIP, que contarían con excelente vínculo con su exsuperior, Carlos Castagneto".Entre las medidas de prueba propuestas, los denunciantes solicitaron también levantamientos del secreto fiscal y una serie de declaraciones testimoniales de "quienes habrían conformado el equipo técnico que habría elaborado el informe con las irregularidades de Tabacalera Sarandí S.A. y Pablo Otero" del que dio cuenta LA NACION.
El Gobierno abrirá la caja de sorpresas tras el tratamiento de la Ley Bases, el próximo jueves en la Cámara de Diputados. Es una fecha clave en el calendario económico de Javier Milei: si las cosas no salen como las imagina, la Casa Rosada, deberá guardar una parte del cotillón para un futuro incierto. Toda una pena para el Gobierno, que tiene avanzadas algunas negociaciones importantes.Un ejemplo: funcionarios de primera línea mantienen conversaciones con un grupo internacional que podría ingresar a Aerolíneas Argentinas. Son especialistas en el negocio aeronáutico. Pero la llave de entrada la tienen los diputados. De ellos depende que se reanude la posibilidad de privatizar la empresa, una alternativa que clausuró la discusión en el Senado.El lenguaje es plástico. A esa versatilidad se aferra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para tumbar la decisión de la Cámara alta.Jueves 13 por la tarde. Despacho de Martín Menem. El dueño de la oficina no estaba porque había salido de viaje junto a Karina Milei camino a Chubut para abrir el sello de La Libertad Avanza en esa provincia. Igual, prestó las llaves para que Francos y el cada vez más ponderado José Rolandi, su segundo, recibieran a legisladores de la oposición no kirchnerista. Allí se consolidó la nueva doctrina legislativa que se pondrá en juego en cuatro días.El Gobierno acordó con los senadores muchas cosas que no le gustan, como delegaciones de facultades acotadas, cambios en el RIGI y concesiones en materia laboral.En cambio, sacó de la discusión el futuro de algunas privatizaciones, como Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos, porque no tenía los votos para avanzar. No hubo allí acuerdo con el Senado, según la interpretación oficialista. No se puede romper lo que no existe.Es probable que la balanza la terminen de inclinar los radicales. Eso explica la inquietud de Rodrigo De Loredo en sus conversaciones con Francos. Le preguntó varias veces si se rompería algún acuerdo con el Senado en caso de insistir con las privatizaciones. Los correligionarios tienen su propia interna que le echa arena al engranaje del Gobierno.El destino de las empresas públicas es completamente fundamental para el futuro de la gestión libertaria. La siguiente escena tiene algunos condimentos de sainete que muestran ese entuerto.Alejo Maxit, presidente de AySA, la firma encargada de la distribución de agua potable y el servicio de cloacas en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que aplicó generosos aumentos este año en las tarifas en línea con el plan de Javier Milei, se atragantó con una factura. No con la propia, sino con la que le envió el municipio de Avellaneda, que maneja el kirchnerista Jorge Ferraresi, correspondiente al pago de tasas.El exministro de Alberto Fernández debería pagarles derechos de autor a otros jefes comunales y provinciales por su nueva creación. Pero nadie como él llevó el ímpetu recaudatorio tan lejos. Se quedó con un premio doble: recibirá más dinero y le asesta un golpe a los planes de la Casa Rosada. Así lo atestiguan las planillas de cálculo que llegan desde AySA a la Jefatura de Gabinete.La empresa de aguas es una de las primeras candidatas a pasar al sector privado. Para eso, su contabilidad tiene que ser saludable. Maxit celebraba que había alcanzado un resultado operativo positivo en el quinto mes del año. No pasaba desde 2019, en tiempos de Mauricio Macri. Pero cuando se le cargaron a la computadora las decisiones de Avellaneda, retrocedió varios casilleros. Tendrá que seguir trabajando para el superávit.El municipio aumentó en mayo un 4360% la tasa sobre una planta cloacal en comparación con el mismo mes del año anterior. De manera que se llevará ocho de cada 10 pesos que la empresa les paga a los intendentes por ese gravamen. AySA tendrá que pagar un 170% del valor de facturación de la unidad depuradora.El barón del conurbano encontró la forma de llevarse los éxitos administrativos de Milei. Le hace pagar a una empresa del Estado una parte del ajuste libertario que sufre la provincia de Buenos Aires, en manos de Axel Kicillof.Las tasas se volvieron, a su vez, un antídoto que anestesia cualquier baja de impuestos. ¿De qué le sirve a la Casa Rosada cobrar menos si los efectos positivos de ese esfuerzo no llegan a la gente y a las empresas porque se lo quedan los intendentes?Hay, sin embargo, un punto ciego para la treta kirchnerista. AySA podría más que duplicar las facturas a los usuarios de Avellaneda para pagar la cuenta con el municipio. Las boletas se irían a un promedio de $17.400. Será un trabajo novedoso de investigación de opinión pública determinar si el electorado le echa la culpa por el tarifazo a Milei o a la intendencia del conurbano. El caso se está analizando en el Gobierno.La provincia de Buenos Aires es, también, el teatro de operaciones de una disyuntiva mayor entre quienes esperan entorpecer la gestión nacional por convicción, por conveniencia o por ambas, pero no quieren pagar los costos asociados a esas decisiones. El mejor ejemplo es el propio gobernador.Kicillof, situado en la vereda opuesta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), deberá tomar una decisión imposible. Si la provincia no adhiere a ese programa, como le reclama la doctrina kirchnerista, podría ver pasar el buque del gas natural licuado por el Atlántico camino a Río Negro, la locación con la que compite para la instalación de una planta de licuefacción.¿Qué pesará más en el espíritu del gobernador? ¿La bandera política del kirchnerismo o la posibilidad de quedarse con un proyecto de US$30.000 millones que propulsaría la economía de su distrito?Kicillof arranca relegado, no solo por la ideología, sino por la viveza de otros dos gobernadores: Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén). Ambos están de acuerdo en que el gas debería salir por el territorio que maneja el primero.Cualquiera que le pregunte a Figueroa, por ejemplo, se encontrará con una respuesta tajante. El proyecto de gas se hará en la Patagonia. Su afirmación no sería tan importante si no se tratara de uno de los gobernadores que más afinidad desarrolló con el ministro de Economía, Luis Caputo.Figueroa le hizo sobrevolar esta semana el corazón de Vaca Muerta a Caputo. Aprovechó el viaje para cerrar varias cosas. Entre ellas, que el Gobierno le conceda la prioridad en el acceso a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Todo marcha. El 11 de julio próximo recibirá una auditoría en la provincia.Es la continuación de algo que comenzó antes. La senadora Lucila Crexell había iniciado hace algunas semanas una gestión por ese tema.Weretilneck y Figueroa están convencidos de que Caputo, Francos y Horacio Marín (presidente de YPF) piensan igual que ellos, porque Río Negro tiene licencia social (es decir, la sociedad civil lo convalidará), facilidades de infraestructura (habría que agregar un gasoducto al lado de un caño de petróleo) y compromiso con la velocidad del proyecto.El hecho de dejar pasar el buque para Kicillof es literal. YPF y sus socios malayos de Petronas piensan en hacer un proyecto para exportarle el gas de Vaca Muerta al mundo por barco. Lo vienen conversando asiduamente desde febrero pasado. Su futuro estaba necesariamente atado al RIGI, contenido en la Ley Bases.En el mundo, estos megaproyectos se hacen con plantas de licuefacción cuya construcción demora muchos años. En ningún caso estaría lista antes de 2030.La Libertad Avanza ya empezó a jugar con el calendario. No sólo con el del año próximo, sino con el del crucial 2027, cuando se elige Presidente. Es la fecha con la que sueñan para poner en marcha la exportación de gas por el mar mediante plantas flotantes de licuefacción. YPF ya consiguió una que le dará Petronas y licitó el proyecto para otras dos.El plan de estímulo a las grandes inversiones es la bala de plata que esperaba el Gobierno. Sin todavía estar reglamentado, tuvo un debut auspicioso esta semana. Dos grupos privados prometieron inversiones por US$1000 millones en total. Es un número importante para cualquier administración, pero todo un récord para la gestión de Javier Milei. Hasta ahora, los grandes empresarios se habían mostrado más confiados en el Presidente que en el país.La llegada de dólares es un acelerador para superar el cepo cambiario. Es una de las tareas a las que le dedica tiempo Caputo. El Gobierno espera un apoyo en efectivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero tiene algunas inquietudes.Ciertas conversaciones son curiosas. Washington está corriendo a la Casa Rosada por izquierda y en el entorno de Milei hay preocupación por las concesiones que pueda tener que hacer para recibir dinero.La pelea muestra el cambio de época en el país, pero también la continuidad de ideas en el FMI. El organismo reclama en público, pero también en privado, que se mejore la calidad del ajuste y del gasto social. A tal punto que pide un esquema más amable para los jubilados. Otro planteo incómodo es la necesidad de ir hacia tasas de interés positivas. Dicho con crudeza, que un plazo fijo le gane a la inflación, cosa que hoy no ocurre.El Gobierno espera recibir, también, dólares del Banco Mundial. Pero ese desembolso está atado a lo que ocurra primero con el FMI.El Banco Mundial ha mostrado un renovado interés por el país. A tal punto que hizo algunas consideraciones en un informe reciente dedicado a la Argentina que tiene menciones sobre el sistema previsional. Milei lo hizo. Los dos organismos mundiales más influyentes de Washington se pusieron de acuerdo para proteger el ingreso real de los jubilados argentinos.Entre los más duros del Fondo está el chileno Rodrigo Valdés, exministro de Economía de la socialista Michelle Bachelet y ahora director del departamento del Hemisferio Occidental del organismo. Un cambio de fichas al interior del FMI podría despejar ese escollo para el gobierno argentino.La llegada de dólares es aún más necesaria en un contexto en el que reloj de arena que marca los tiempos de Luis Caputo se empieza a acelerar. Nadie sabe cuándo el país abandonará la restricción al acceso al dólar, pero está cada vez más claro cuál es una virtual fecha límite: el 31 de diciembre próximo.El entorno de Milei lo tiene muy claro. El último día de este año vence el denominado impuesto PAIS, que carga la compra de dólares y las importaciones. Es una de las bisagras del cepo.Para renovarlo, la Casa Rosada necesita del apoyo del Congreso, un terreno muy incierto para poner en juego algo tan grande. ¿Quién puede asegurar que los legisladores no intenten coparticipar ese impuesto durante el trámite legislativo? Quizá por esto está más apurado en salir de ahí el Presidente que su ministro de Economía.Hay más fechas del calendario que marcan los tiempos de Milei y Caputo para tomar decisiones. En enero próximo hay vencimientos importantes de deuda. El Gobierno intentará rollearlos, es decir, renovarlos. Para eso, es fundamental que los títulos públicos se vuelvan más atractivos durante los próximos seis meses.Una manera de medir ese interés es el indicador de riesgo país. Bajó, pero está en más de 1400 puntos básicos. Economistas cercanos a la Casa Rosada creen que ese número debería bajar a un tercio para allanar el inicio del segundo año del Gobierno. La normalización de la economía entró en una carrera de seis meses.
La ministra de Seguridad criticó a los legisladores de Unión por la Patria que fueron reprimidos durante el debate por la Ley Bases en el Senado. Leer más
Un grupo de once diputados nacionales de Unión por la Patria denunciaron penalmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a funcionarios de su área, porque consideran que fueron "reprimidos" durante la marcha contra la Ley Bases, el miércoles pasado, que finalizó con graves incidentes y 33 personas detenidas. Los legisladores pidieron que se investigue a la funcionaria por los posibles delitos de apremios ilegales, vejaciones, tormentos, lesiones graves, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.Los diputados que presentaron la denuncia son Carlos Castagneto, Carolina Yutrovic, Gabriela Pedrali, Eduardo Valdés, Luis Basterra, Lorena Pokoik, Juan Manuel Pedrini, Leopoldo Moreau, Andrea Freites, Gustavo Ramiro Fernández Patri y Ernesto Nader Alí. En la presentación, no solo responsabilizaron a Bullrich, sino también al secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, y al titular de la Prefectura Naval, Guillermo Giménez Pérez. La presentación se radicó ante el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del juez Ariel Lijo (candidato del Gobierno para la Corte Suprema) con la intervención del fiscal Ramiro González.Los denunciantes afirmaron que buscaban ser "interlocutores con los manifestantes", y destacaron que fueron víctimas de un "barrido" de Prefectura Naval y la Policía Federal sobre la avenida Entre Ríos "a empujones y golpes, provocando una reacción de quienes multitudinariamente se expresaban pacíficamente".En la presentación judicial, los diputados remarcaron que gritaron "somos diputados nacionales", por lo que "las fuerzas actuantes tenían cabal conocimiento de que frente a ellos se encontraba un grupo de representantes parlamentarios"."La respuesta que recibimos fueron más empujones y agresiones directas", sostuvieron los diputados del bloque que conduce el santafesino Germán Martínez. "Recibimos de agentes de la Prefectura Naval descargas de gas sobre nuestros rostros", añadieron, y marcaron también en su escrito que hubo un "uso absolutamente desproporcionado y desmedido de gases lesivos" porque "la interacción con los funcionarios actuantes de las fuerzas federales se daba en un contexto no violento y de diálogo por parte de los diputados presentes". Algunos de los legisladores sufrieron "lesiones graves", se puntualizó en la denuncia.Para denunciar a Bullrich, los diputados kirchneristas mencionaron que "todo indica" que lo que vivieron fue "una acción deliberadamente dirigida de las fuerzas de seguridad" contra ellos, "que obedeció a una decisión política". Plantearon que los dichos de la ministra prueban ese plan denunciado y citaron algunas de esas frases. "Los diputados se creen que tienen poder de decisión sobre las fuerzas de seguridad. Se paran adelante de las fuerzas de seguridad y les dicen 'Soy diputado, papá'. ¿A mí qué me importa que sea diputado? La Constitución es muy clara, dice que cuando hay un diputado, la única forma de detenerlo es cuando hay in fraganti delito. Estaban en in fraganti delito, estaban encubriendo la violencia", fue una de las frases de Bullrich que transcribieron en la denuncia.El número dos del Polo Obrero fue indagado en Comodoro Py y negó maniobras de extorsión"Los dichos de la ministra explican, sin duda, el accionar de la Prefectura Naval Argentina, que 'bañó' de gases antimotines a diputados de la Nación, quienes se identificaron a viva voz y quienes manifestaban su voluntad de colaborar en la pacificación de la reunión", subrayaron los diputados kirchneristas en su presentación. Criticaron también el uso de armas no letales y la aplicación del protocolo antipiquetes. Y sostuvieron que el accionar de las fuerzas federales de seguridad "no respeta en lo más mínimo los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, ni los tratados de jerarquía constitucional, ni tratados aprobados por el Congreso de la Nación, y tampoco las inmunidades constitucionales de los diputados".
La ministra de Seguridad les atribuyó esa frase a los legisladores de Unión por la Patria que se enfrentaron con Prefectura y ahora hicieron una presentación judicial."Es una mercenaria de la violencia estatal", le había dicho Leopoldo Moreau.
Carlos Castagnetto, Eduardo Valdés y Leopoldo Moreau, entre otros, fueron algunos de los legisladores afectados por los gases lacrimógenos que lanzaron las fuerzas federales alrededor del Congreso. Todos fueron trasladados al Hospital Santa Lucía con problemas en la visión
El Presidente respaldó por cuarta vez a la titular de Capital Humano y volvió a apuntar contra el gobierno anterior, mientras avanzan las investigaciones que involucran a su cartera y la oposición señala su responsabilidad
La expresidenta salió a responderle al primer mandatario que durante el fin de semana fue muy crítico con la oposición a raíz de la crisis que se desató en el ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello. Leer más
El jefe de Gabinete afirmó que la titular de Capital Humano es "transparente y honesta". Consideró que las denuncias en torno a ese Ministerio se deben a que "representa un botín para el que quiere utilizarlo con fines electorales". Leer más
El exsecretario señaló que le "enorgullece haber trabajado con la ministra" y respondió a las acusaciones de corrupción que lo rodean mencionando que tiene "la conciencia y las manos limpias". Leer más
Así lo muestra el último estudio del analista Gustavo Córdoba. Ranking de imágenes y aprobación del Gobierno.
Fue una convocatoria de los más variada y que para los organizadores dio sus frutos. En total, más de 200 personas, entre empresarios, políticos, académicos y otras personalidades del ámbito de la cultura, participaron ayer de la cena que se organizó como cierre de la séptima campaña a beneficio del fondo de becas de la Universidad Austral, con la que la casa de estudios consigue becar al 30% de sus alumnos, que hoy en las distintas carreras que se dictan son unos 9000 estudiantes de grado.La concurrencia fue nutrida y dio sus resultados: se recaudaron más de $320.000.000 para las becas del año próximo. Las dos mesas que se ubicaban frente al escenario se convirtieron en el foco de todas las miradas. En una de ellas se sentaron tanto el ministro del Interior, Guillermo Francos, como el ministro del Interior de la gestión anterior y ahora senador Eduardo "Wado" De Pedro; compartieron la mesa con el actual secretario de Educación, Carlos Torrendell. En la mesa de al lado estaban Florencio Randazzo y Juan Manuel Abal Medina. También el diputado y exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, el exministro de Economía y expresidente del Banco Central Alfonso Prat-Gay, y el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez. Asimismo, dijeron presente la ex CEO de Aerolíneas Argentina Isela Costantini y el politólogo Rosendo Fraga, entre otros.El encuentro se realizó en el complejo Madero Walk y el rector de la universidad, Julián Rodríguez, fue el encargado de dar las palabras que rompieran el hielo de esta cena de convocatoria tan variada. Después de agradecer a los presentes, con la colaboración del periodista Gonzalo Aziz, invitó al ministro del Interior al escenario para una charla distendida. "Lo primero que me surge es preguntarte qué sensaciones te generan estas palabras, sobre todo, la temática de la educación como factor de movilidad social", preguntó Rodríguez. "Mirá, Julián, con tal que no me preguntes por la relación con España o por la Ley Bases, podés preguntarme cualquier cosa", respondió Francos.Después recordó algunas de sus experiencias como estudiante universitario, en su caso de la Universidad el Salvador; como alumno del papa Francisco en la secundaria y del padre Carlos Mugica en la universidad. "Lo recuerdo como una época, cuando uno está en plena ebullición de todo tipo y comienza a estudiar y a preocuparse por los problemas comunes de la sociedad. Yo he estudiado en una época muy compleja de la Argentina, que fue los fines del 60 y los principios del 70. Y tuve la oportunidad de compartir mis estudios universitarios y secundarios también con dos personalidades de la Iglesia antagónicas en el rol que jugaron, pero con la misma preocupación social. Uno fue Jorge Bergoglio, que fue profesor mío en el colegio secundario. Y después también lo tuve al profesor Carlos Mugica, que acabamos de recordarlo hace pocos días por el aniversario de su fallecimiento. Mugica fue símbolo de una época de la Argentina de confrontación, pero de personas que buscaban el camino también, ¿no? Yo lo recuerdo con mucho, no sé si afecto, pero con mucha admiración de alguien que luchó por sus ideales de una manera a lo mejor poco convencional para un sacerdote, pero sin unirse a aquellos que jugaron con la vida de los otros", apuntó."No vivíamos una democracia, vivíamos un tiempo muy complejo, y cuando apareció la democracia era tanta la confrontación que terminó en su muerte, como en la de Rucci [José, secretario de la CGT], como en la de tantos otros, muertes que por ahí no tienen una explicación. Si vos me preguntás qué recuerdos tengo, yo tengo tantos recuerdos de esas épocas de la Argentina, pero que al margen de esos episodios, considero que era una época en que todos buscábamos la verdad", dijo Francos.Lo que ocurrió durante el tiempo que compartieron en la mesa los miembros del actual gobierno con los exfuncionarios kirchneristas es un misterio. Lo que se sabe es que el diálogo fue cordial y amable, no desprovisto de indirectas y mensajes encubiertos, pero sin antagonismos, algo que sorprendió a varios de los presentes.Después de compartir una cena en la que se realizó una colecta para que los presentes sumaran sus aportes para que más chicos que no podrían pagar una cuota completa, muchos de ellos del interior del país o de bajos recursos, puedan estudiar en esta universidad privada, Aziz le insistió a Francos: "¿Y, sale la Ley Bases o no?". El ministro del Interior contestó, entre risas: "Ahí hay un senador, al que le tengo bastante envidia". "Wado, te están hablando -apuntó Aziz- ¿Sale la ley?". Y la respuesta de De Pedro fue: "Tiempo".El rector de la Universidad Austral agradeció la participación de toda la comunidad que brindó apoyo a la campaña de recaudación y manifestó: "Este es evento para compartir la preocupación común por mejorar la educación en nuestro país, en todos sus niveles, y particularmente la accesibilidad a la educación superior, habida cuenta del impacto positivo que tiene como factor de transformación en general y de movilidad social en particular. Las brechas entre los que más tienen y los que menos no dejan de crecer. Gracias por confiar en este sueño -que no tiene vuelta atrás- y que ustedes colaboran para hacerlo realidad: el de ayudar a cambiar lo que nos duele pero que amamos, transformando personas con una educación de calidad y con valores, dando oportunidades a todos", apuntó Rodríguez.
Durante su habitual conferencia de prensa, Manuel Adorni negó que la visita del mandatario a Europa haya sido por temas particulares. "Si hay un Gobierno austero es este", aseveró
El expresidente de Uruguay sostuvo que el Presidente es "una locura", producto de la "desesperación" y lo equiparó a la llegada de Adolf Hitler al poder en Alemania.
El influencer compartió el anuncio en sus redes sociales.Hizo la colecta para ayudar a un joven que necesita una operación.
La CGT apuró una reunión con referentes del bloque kirchnerista del Senado para insistir en el rechazo de la Ley Bases y el paquete fiscal. La cumbre se dio en el Palacio Legislativo, en paralelo al inicio de la discusión de las iniciativas de Javier Milei en el plenario de comisiones de la Cámara alta, donde el oficialismo buscará este jueves dictaminar sin modificaciones los proyectos para llevarlos al recinto la semana próxima. La central sindical, que quiere evitar principalmente la reimposición del impuesto a las ganancias, apunta a encolumnar detrás suyo a los 33 legisladores de Unión por la Patria (UxP)."Hay compromiso del bloque de UxP de voltear las dos leyes. No llega el Gobierno al 25 de Mayo con la ley aprobada. Les faltan solo cuatro votos", dijo uno de los sindicalistas que integró la comitiva que visitó el Congreso. Su intención es doblegar al Gobierno, que pretende exhibir la gesta parlamentaria en la fecha patria.No obstante, el objetivo de la CGT se vio esmerilado ante la sospecha que más de un senador kirchnerista avalaría los proyectos del Poder Ejecutivo. Por eso, activó un segundo encuentro -el primero fue hace dos semanas en la histórica sede de Azopardo- para reforzar su mensaje y disciplinar a los "díscolos" que podrían despegarse de la decisión del bloque.La cumbre, que se extendió por poco más de una hora, apuntó también a delinear la estrategia para dilatar el debate en la Cámara alta. La adhesión de la Asociación del Personal Legislativo (APL), el gremio que conduce Norberto Di Próspero, será la excusa para postergar una semana la discusión y poner contra las cuerdas a la Casa Rosada.Del encuentro, que se extendió por poco más de una hora, participaron Carlos Acuña y Héctor Daer, representantes del triunvirato de mando, y los dirigentes Gerardo Martínez, José Luis Lingeri y Cristian Jerónimo. Se sumaron Hugo Yasky y Hugo Godoy, referentes de las dos vertientes de la CTA. Fueron recibidos por los titulares de los bloques kirchneristas, José Mayans y Juliana Di Tullio, así como por los senadores Eduardo "Wado" de Pedro, Juan Manzur y Sergio Uñac.Los gremios encendieron sus alarmas después de los guiños que algunos mandatarios provinciales le hicieron a la Casa Rosada, tras los encuentros celebrados con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Uno de ellos fue el santiagueño Gerardo Zamora, al que el funcionario nacional calificó como un gobernador "que maneja su provincia con los mismos argumentos que Javier Milei plantea para la Nación". "La tiene ordenada, tiene déficit cero, es muy cuidadoso con sus números", afirmó Francos.El peso de Zamora en el Senado es considerable. Los tres senadores de su provincia -Claudia Ledesma Abdala de Zamora (esposa del mandatario), Gerardo Montenegro y José Emilio Neder- que integran el bloque Frente Nacional y Popular, le responden directamente.Además del santiagueño, en el norte del país el Gobierno también mantiene vínculos con los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), que ya demostraron gestos de buena voluntad con la gestión libertaria. El segundo, que armó un bloque propio en Diputados, dijo días atrás: "De no mediar un imprevisto, la Ley Bases se va a sancionar". En tanto, Jalil también mostró indicios de querer colaborar con el Gobierno, aunque solo tiene influencia sobre el senador Guillermo Andrada, ya que su compañera de bancada, la exgobernadora Lucía Corpacci, ya anticipó que votará en contra.
Lo recaudado será destinado a la operación de un joven que está en silla de ruedas y necesita 100 millones de pesos para volver a caminar.