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Senado: el Gobierno ya negocia votos con la oposición para completar más de 200 vacantes en la Justicia

La recompensa es grande y, por lo tanto, requiere de un acuerdo amplio y bien aceitado. Con ese objetivo en la mira, el oficialismo en el Senado ya trabaja en las negociaciones con representantes de todos los bloques para tratar de completar las más de 200 vacantes de la justicia federal y nacional en un trámite legislativo que reúna el mayor consenso posible.La idea es hacer un control de daños preventivo con la intención de evitar cualquier contratiempo. "Queremos aprobar los pliegos judiciales con la mayor cantidad de votos posible, no queremos llegar con 37 votos ajustados", confía, llevándose las manos a la garganta en situación de ahorque, una de las personas que tiene acceso diario a los cuarteles de la bancada libertaria en la Cámara alta.Con ese lema como horizonte legislativo, en la última semana se han intensificado los contactos entre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), quienes vienen trajinando sus teléfonos con varias comunicaciones por día en la búsqueda por ajustar hasta el más mínimo detalle de lo que quieren que sea un acuerdo que complete la deuda que tiene este Gobierno con el Poder Judicial.Tras el fuerte envión que implicaron las leyes sancionadas en las sesiones extraordinarias de febrero, la actividad del oficialismo en el Congreso, y en el Senado en particular, quedó estancada como consecuencia de las novedades en la causa $LIBRA, que apuntan a los hermanos Javier y Karina Milei, y por los avatares patrimoniales y turísticos de Manuel Adorni y su familia, que complican al jefe de Gabinete. El Gobierno busca dar vuelta la página y tratará de dejar atrás el trago amargo poniendo en el centro de la escena al Parlamento y el tratamiento de una nueva serie de proyectos de ley impulsados por la Casa Rosada.En ese escenario entran a tallar los pliegos judiciales. Desde que asumió la presidencia, y a pesar de contar con las ternas con los candidatos para ocupar los cargos, Javier Milei no completó ni una vacante judicial. Entre la justicia nacional y federal, y contando jueces, fiscales y defensores oficiales, suman más de 300 las posiciones que no tienen un titular. Sólo en materia de juzgados vacantes el déficit asciende a 209 cargos. Muchos de ellos venían acumulándose durante el último año del gobierno de Alberto Fernández, pero casi una cantidad similar se sumaron durante los más de dos años y medio que Mariano Cúneo Libarona ocupó la cartera de Justicia, durante los cuáles no envió un solo pliego judicial al Senado para completar vacancias.Hasta el cambio de mando en el Ministerio de Justicia, el gobierno libertario sólo pidió el acuerdo para tres jueces, todos ellos para prorrogarles su magistratura por cinco años después de que cumplieran los 75 años. Dos de ellos ya fueron aprobados.El restante está a la espera de su tratamiento en la Comisión de Acuerdos, que conduce el oficialismo en la figura del riojano Juan Carlos Pagotto, hombre que responde a los primos Martín y Eduardo Menem y, por lo tanto, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.Ese pliego que espera la convocatoria a la audiencia pública es el de Carlos Mahiques, miembro de la Cámara de Casación Penal que cumplirá 75 años en noviembre y que es padre del actual ministro de Justicia. La audiencia pública en la que el camarista deberá defender su pliego ente la Comisión de Acuerdos será el próximo 16 de abril. Nobleza obliga, el pedido para un nuevo acuerdo fue enviado más de un mes antes de que la interna oficialista por ver quién reemplazaría a Cúneo Libarona se resolviera a favor de Juan Bautista Mahiques.Equis roja o bolilla negra Según confiaron fuentes oficialistas, la primera tanda de los pliegos judiciales constará de 62 candidatos para ocupar vacantes de juzgados nacionales con asiento en la Capital Federal. Se espera que esta tanda ingrese al Senado esta semana, que será corta, para poner en marcha los plazos reglamentarios para su discusión en comisión.Si bien la idea de este Gobierno es traspasar la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires â??de hecho, firmó un convenio con la administración de Jorge Macri para pasarle los juzgados del trabajo, convenio que fue ratificado con la reforma laboralâ??, la emergencia de la situación y la necesidad de contar con monedas de cambio llevó a que la Casa Rosada decidiera hacerse cargo de llenar las vacantes.En una tanda posterior vendrá casi un centenar y medio de juzgados federales distribuidos a lo largo de todo el país. Cada caso es un apetitoso botín y será motivo de negociaciones en los que el Gobierno dará lugares a cambio de garantizarse en ambas cámaras los votos para proyectos de ley que impulsará en los próximas semanas y meses.Por lo pronto, senadores y gobernadores de todos los partidos, incluidos algunos peronistas, ya tienen en sus manos las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura de las que podrán elegir un candidato que ellos quieran impulsar para ocupar un juzgado federal.La elección no será con absoluta libertad, ya que el Gobierno se ha reservado el derecho de poner bolilla negra a algunos de los ternados. "En muchos casos ellos ya saben que los que tienen una equis roja es porque no son del agrado de Gobierno, ya sea porque tenemos sospechas de corrupción o de que no serán imparciales en el ejercicio de su función", precisó el mecanismo una fuente libertaria con despacho en la Cámara alta.El proceso está en marcha. En cuestión de días comenzará a develarse el misterio cuando el Poder Ejecutivo, por fin, envíe los pliegos con los nominados para completar las vacantes judiciales. Se sabe que no quedarán todos conformes, pero la idea es que cada postulante tenga arriba de 40 votos.

Familiares de desaparecidos instalan "muro de la memoria" en CDMX para exigir justicia

Con decenas de fotografías, buscan confrontar a funcionarios con los rostros de quienes siguen ausentes y denunciar el intento de minimizar las cifras oficiales

La utilización de un dron permitió localizar a un prófugo de la justicia en Colorado

Una operación conjunta de la policía local dispuso de tecnología aérea para que agentes localizaran a un hombre con orden de detención en el ático de una vivienda

La Justicia reconoce que Luis Herrera Armijo fue condenado a muerte tras la Guerra Civil "sin que cometiera delito alguno"

Tras la condena, le conmutaron la pena y se le concedió la libertad provisional tras seis años en prisión, pero "fue sometido a control durante toda su vida", incluso después de muerto

Cancelación y condena antes del juicio: el riesgo de una sociedad que decide antes que la justicia

La consolidación de la sanción pública antes de los procesos judiciales plantea una amenaza profunda a los principios fundamentales del Estado de derecho, alterando la gestión de los conflictos y erosionando el sistema penal y reputacional

Marcela Iglesias: 30 años de un crimen impune y la búsqueda de justicia a 5000 kilómetros

La nena de seis años murió aplastada por una escultura en el exPaseo de la Infanta. Durante tres décadas, la Justicia argentina le negó a sus padres el derecho a un juicio, dejó que la causa prescribiera y hasta intentó cobrarles parte de las costas de los abogados de los acusados. Ahora, un fallo histórico de la Corte Interamericana pone fin al destrato y condena a la Argentina

Entró al quirófano por una cirugía estética, sufrió quemaduras de tercer grado y la Justicia ordenó indemnizarla con más de $33 millones

Ocurrió en una clínica privada de La Plata por una falla en un electrobisturí que le dejó marcas irreversibles en las piernas. Una jueza condenó al cirujano y al centro médico. La sentencia señaló deficiencias en el mantenimiento del instrumental y en la responsabilidad profesional

Si quiere, Milei puede mejorar la Justicia

Las sociedades suelen equivocarse. ¿Por qué no? Sin embargo, en una encuesta reciente una mayoría social disoció a la Corte Suprema de Justicia de lo que denominó "la Justicia" (es decir, de los jueces de instancias inferiores). Para cualquiera que se haya interesado en cuestiones judiciales, es cierto que los jueces supremos de la Nación tienen un más alto nivel intelectual y también una mayor sensibilidad moral, aunque no todos. Esa medición de opinión pública la realizó Poliarquía y se dio a conocer en febrero pasado. Sus conclusiones indican que la Corte Suprema es la institución del país más valorada por los argentinos, aunque ninguna llegó al 50 % de aprobación social. El máximo tribunal arañó ese número con el beneplácito del 48 % de los encuestados. En cambio, lo que los encuestadores llamaron "la Justicia", y esto se entiende como la gestión diaria de los jueces comunes y corrientes, compite con los sindicatos por el último lugar de la simpatía social. Esta vez la sociedad no se equivocó, aunque también es cierto que hay muchos jueces honestos y eficaces, pero el problema es que los más conocidos son fuertemente cuestionados. Vale la pena recordar la cantidad de jueces que en el interior ignoto del país (ignoto para los que habitan la Capital) varios jueces fueron condenados por complicidades con el narcotráfico, con delitos comunes, con abusos sexuales a mujeres y hasta por prácticas claramente antisemitas. Hace poco, cuando el gobierno de Javier Milei intentó cubrir las dos vacantes de la Corte Suprema propuso a un jurista intachable como Manuel García-Mansilla y a un juez federal seriamente cuestionado, como Ariel Lijo. A pesar del abrumador rechazo del Senado que tiró abajo su postulación, Lijo sigue siendo uno de los jueces federales de la Capital más poderosos del país; puede investigar, si quiere y tiene ganas, delitos como la corrupción de los funcionarios nacionales o del narcotráfico. De hecho, actualmente está a cargo de los casos que investigan el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Otro juez tan cuestionado como Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi, se quedó con la investigación de la denuncia sobre la criptomoneda $Libra, que compromete directamente a los hermanos Milei.Aunque no hacen nombres propios, es recurrente escuchar en altos estamentos de la Justicia hablar de la "banda extorsiva de Comodoro Py", que es donde habitan los jueces federales de la Capital. En ese contexto, la Corte Suprema redactó una larga recomendación de cómo el Consejo de la Magistratura debería examinar y elegir a los futuros jueces. Es un trabajo encomiable, que pone orden a un sistema hasta ahora extremadamente politizado, indiferente a los antecedentes sobre la erudición de los eventuales magistrados y sus condiciones morales. La propuesta baja el protagonismo que tienen los exámenes presenciales en la selección final de los candidatos, porque está comprobado que es en ese momento, precisamente, cuando más influye la política. Por lo menos dos jueces de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tomaron nota de que la buena administración de justicia es un deber que la política no cumplió durante los últimos 40 años de democracia. El criterio político fue siempre equivocado: los que estaban en la oposición querían mejorar la selección de jueces, pero no tenían la mayoría suficiente para hacerlo, mientras los oficialismos, que sí podían cambiar el sistema, aspiraban a nombrar solo a sus amigos. Los amigos de la Justicia fueron fáciles prometedores de potenciales impunidades, aunque luego no cumplieron sus promesas. Hicieron todo lo contrario: tales jueces se alejaron del gobierno que los nombró para cobijarse de inmediato bajo la sombra del nuevo oficialismo. Lo primero que debe señalarse es que esa recomendación firmada por Rosenkrantz y Lorenzetti es una acordada de la Corte Suprema porque dos son la mayoría de tres. Solo en los casos jurisdiccionales (esto es, cuando el tribunal resuelve sobre un expediente judicial que le llegó en apelación) se necesita la firma concordante de los tres. Para los casos administrativos o que no están vinculados con causas judiciales, una acordada como la conocida requiere solo la firma de dos de los tres jueces para formar una mayoría legítima. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, no suscribió esa acordada porque consideró que su firma como titular del tribunal anularía su voto como presidente del Consejo de la Magistratura, que también lo es. Pero esto no quiere decir que esté en desacuerdo con los postulados de la acordada. De hecho, fuentes cercanas a él subrayaron que Rosatti coincide con los principios esenciales de la posición de sus dos colegas, aunque tampoco quiere desairar de antemano otros proyectos que también aspiran a mejorar la selección de los jueces. Un segundo aspecto que debe destacarse es que aquella acordada no es una orden de cumplimiento obligatorio para nadie. Es una recomendación que la Corte le hace en primer lugar al Consejo de la Magistratura para que este la convierta en una posición suya y, en el mejor de los casos, en una resolución. Con todo, es el Gobierno el que debería convertir esa acordada en un proyecto de ley para que sea tratado por el Congreso y darle, así, un fuerte respaldo político. En momentos en que la administración de Milei necesita demostrar que las instituciones también importan, y no solo la inflación del próximo mes, un cambio fundamental en el modo de seleccionar a los jueces podría ser un importante ejemplo. El nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tiene la oportunidad, a su vez, de demostrar que llegó al cargo para mejorar el servicio de justicia, y no solo, como se sospecha, para defender al Gobierno en las causas que lo acosan por presuntos hechos de corrupción. Presidente y ministro deberían tener en cuenta que el titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital, el exjuez Ricardo Gil Lavedra, manifestó su apoyo a la acordada de Rosenkrantz y Lorenzetti. "Todo cambio en la selección de jueces debe apoyarse", dijo quien representa a la mayoría de los abogados de la Capital. La causa que involucra a los hermanos Milei está en manos del más competente anestesiólogo de los tribunalesLa política ha hecho un desastre con la Justicia. Al principio de todo, hace más de 40 años, cuando no existía el Consejo de la Magistratura, el entonces presidente Raúl Alfonsín fue presionado por el poderoso jefe del bloque peronista del Senado, Vicente Leónides Saadi, para negociar políticamente la designación de todos los jueces del país. El Senado debe darles su acuerdo con una mayoría simple a los jueces federales. Los ministros de la Corte Suprema y el procurador general de la Nación (el jefe de todos los fiscales) necesitan, en cambio, los dos tercios de los votos senatoriales para contar con el acuerdo de la cámara alta. Aquel fue un toma y daca de la política, hecho a la luz pública, para encaramar jueces. Solo participaron de ese intercambio el Poder Ejecutivo y el Senado. Nadie más. Entonces no existía el tercer senador por la minoría y, por lo tanto, el peronismo retenía cualquier mayoría senatorial. En la reforma de la Constitución de 1994, el radicalismo logró incorporar la creación del Consejo de la Magistratura para designar y destituir a los jueces, pero los constituyentes cometieron un error: no reglamentaron cómo sería, al menos en grandes trazos, su integración. La reglamentación de esa disposición constitucional quedó otra vez en manos de la política, en manos, por ejemplo, de Cristina Kirchner, que redactó la última reglamentación cuando era senadora y su marido era el presidente de la Nación. ¿Qué se podía esperar? Nada bueno de quien terminó proponiendo la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, mientras algunos kirchneristas planeaban también que los jueces fueran elegidos por la sociedad. Esas ideas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema. Basta con los caprichos. Ahora, el Consejo le envía al Poder Ejecutivo una larga lista de candidatos, un necesario orden de méritos, y es el Presidente quien puede elegir al primero, al segundo o al octavo aspirante a juez. El kirchnerismo elegía por lo general al octavo. No era una elección popular de jueces; era peor. Quien fue hasta hace poco el viceministro de Justicia de Milei, Sebastián Amerio, había confeccionado una lista de 317 jueces y fiscales para cubrir los numerosos puestos vacantes y decidió, según se supo en su momento, que el Poder Ejecutivo le enviase al Senado solo el primerio o el segundo aspirante incluidos en la lista de méritos. Pero Amerio, amigo del principal asesor presidencial, Santiago Caputo, ya no está en ese cargo, y su lugar fue ocupado por Santiago Viola, exabogado defensor de Lázaro Báez, y recordado por haber plantado testigos falsos para recusar injustamente al juez Sebastián Casanello, quien estaba al frente de una investigación sobre Báez. A pesar de Viola, Báez y sus hijos terminaron condenados por lo que se llamó la "causa del dinero K". Viola, amigo personal de Karina Milei, tiene también ahora la oportunidad de cambiar su pasado. ¿Lo cambiará?Al gobierno de Milei lo asedian dos causas judiciales contra Adorni, recientemente ascendido a jefe de Gabinete. Una refiere a un viaje en avión privado a Punta del Este y la otra a su patrimonio, después de conocerse que existe a nombre de su esposa una quinta en Exaltación de la Cruz no declarada por Adorni, al menos públicamente, ante la Oficina Anticorrupción. Una tercera causa, ya no sobre Adorni, es la más compleja de todas: la investigación por supuestas prácticas corruptas en el manejo de la criptomoneda $Libra. Y es compleja porque de ese escándalo participó personalmente el Presidente, quien promocionó la moneda virtual y luego le quitó su apoyo. Hubo grandes ganancias y grandes pérdidas en muy poco tiempo. Luego, se supo que el lobista Mauricio Novelli, que hacía de nexo entre el jefe del Estado y el empresario norteamericano Hayden Davis, quien lanzó la criptomoneda, tenía relación directa con la hermana de Milei: Karina. El periodista Hugo Alconada Mon constató, además, que Javier Milei cobraba de Novelli mensualmente antes de ser presidente de la Nación. Llama la atención que Novelli haya entregado a la Justicia su teléfono celular IPhone de última generación, prácticamente inexpugnable si no se cuenta con la clave de acceso. Novelli le entregó la clave a la Justicia. Alconada Mon expresó también su extrañeza por tanto colaboracionismo de parte del lobista. "Novelli es un experto en las nuevas tecnologías. Podría haber borrado todo lo que comprometía a los hermanos Milei", se escuchó, desconfiados, a algunos aliados del Gobierno. Cerca del vértice mismo de la administración son más paranoicos aún y sospechan que en el futuro Novelli podría pedir la condición de imputado colaborador de la Justicia. Podría declararse un arrepentido ante los funcionarios judiciales. "¿Un buchón?", preguntan, cáusticos, en esas instancias cimeras de la política. Los hermanos que gobiernan tienen la suerte de que la causa que los involucra está en manos del más competente anestesiólogo de los tribunales: el juez Martínez de Giorgi, especialista en poner a dormir todos los expedientes que complican a los que tienen poder.Otras voces con información precisa vinculan tales desventuras a la lucha interna que Karina Milei y sus principales colaboradores, los primos Menem, le declararon al asesor más importante del Presidente, Santiago Caputo. Pero existe una diferencia y consiste en que Caputo viene de una familia política: un tío suyo, Luis Caputo, es ministro de Economía y fue un importante funcionario de Mauricio Macri; otro tío, el empresario Nicolás Caputo, es un histórico amigo de Macri, y un tercer tío, Dante Caputo, fue el recordado canciller de Alfonsín. Al revés, Karina Milei conoció el poder y está aprendiendo a manejar el poder desde el poder mismo. Las mutuas historias los enfrentan, justo cuando el Gobierno registra el nivel más bajo de simpatía popular desde que existe y lo acorrala la sospecha social de que hay corrupción. Ya Edward Kennedy, con la experiencia de 47 años como senador de los Estados Unidos, llegó a la conclusión de que en política la percepción social y la realidad tienen el mismo valor.

Avanza el proceso para elegir a los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia: figuras de alto perfil en la puja

Ya se han inscrito varios candidatos para ocupar cinco vacantes en la Sala Especial de Instrucción, una instancia encargada de investigar a congresistas y excongresistas

El banquero preso que puede arrastrar a Lula, la Justicia y todo el poder en Brasil

BRASILIA.- La tensión en Brasilia es una vibración contenida que parece estar al borde de estallar. En la capital de Brasil, todos los ojos se posan sobre un lugar exacto: la sede de la Superintendencia de la Policía Federal. Allí, en una sala de 12 metros cuadrados que meses atrás custodió al expresidente Jair Bolsonaro, se define el futuro de una crisis que mantiene en vilo al gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva y a todos los poderes de la República. El hombre en el centro de esta tormenta es Daniel Vorcaro, el dueño del ahora colapsado Banco Master, quien permanece preso preventivamente desde el 4 de marzo mientras negocia un acuerdo de colaboración premiada que podría dinamitar el tablero político. Bajo su gestión, el Master no operaba como una entidad financiera de ahorro tradicional, sino que se convirtió en una sofisticada maquinaria de construcción de poder -con lazos con figuras encumbradas de los tres poderes- y en un motor de liquidez que carecía de respaldo real en sus operaciones.Diseñado para succionar recursos del sistema previsional a través del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), el desvío se estima en 57.000 millones de reales -unos 10.900 millones de dólares-, lo que lo posiciona como el caso Master como el mayor escándalo de corrupción y desvíos de la historia del sistema bancario de Brasil."El caso Master tiene el potencial de sacudir las estructuras de la república brasileña", explica a LA NACION el analista político Murilo Medeiros, docente de la Universidad de Brasilia (UnB). Según su visión, Brasil está ante una crisis que "dejó de ser meramente financiera y pasó a ser política", lo que alimenta un discurso de compromiso sistémico que ha logrado sentar en el banquillo de las sospechas, inclusive, al árbitro supremo: el Supremo Tribunal Federal (STF).Ecos de la Operación Lava JatoEste escenario de colaboración premiada que tienen en vilo a los poderes evoca inevitablemente los fantasmas de la Operación Lava Jato, pero con un potencial todavía más destructivo, según analistas consultados por LA NACION. Si aquella investigación desnudó el financiamiento espurio de la obra pública, la delación de Vorcaro apunta directamente también al corazón del sistema judicial y a la ingeniería financiera del poder.Para ocultar su insolvencia técnica, la organización recurría a la inserción de datos falsos en sistemas de informática y a la falsedad ideológica, permitiendo que el banco funcionara como una fachada de liquidez mientras drenaba a los sectores más vulnerables. Lo que permitió que este esquema operara bajo el radar fue un sofisticado blindaje. La red de influencias del banquero caído en desgracia no conocía fronteras ideológicas ni lealtades partidarias, con lazos en todo el arco político de Brasilia. Esta dinámica explica por qué la crisis golpea por igual a ambos lados de la grieta brasileña: mientras el oficialismo intenta encapsular el escándalo como una herencia de la gestión anterior, las pruebas documentales ya alcanzan a políticos del Centrão, como Ciro Nogueira, el exministro de la Casa Civil durante la gestión de Bolsonaro, el exministro de Justicia de Lula, Ricardo Lewandowski, y magistrados de diversos perfiles.Actualmente, Vorcaro, acusado de prácticamente una decena de delitos, entre ellos robo calificado mediante fraude, lavado de dinero y organización criminal, negocia su colaboración premiada con el gabinete del juez André Mendonça, del STF. La llave maestra de esta delación está en que Vorcaro pueda aportar nombres, documentos y pruebas novedosos, que se sumen al arsenal de contenido en los más de 100 teléfonos celulares incautados durante la investigación que guardan la memoria técnica de estas maniobras.El contraste entre la celda de hormigón de Vorcaro y su vida anterior es abismal. Hasta hace poco, el banquero era el símbolo de lujo, capaz de pagar 50.000 reales la noche en hoteles de Nueva York o celebrar fiestas privadas de 40 millones de dólares con la banda británica Coldplay en Sicilia, según la prensa brasileña.En el Palacio del Planalto, Lula califica el caso como el "huevo de la serpiente" heredado de la gestión anterior, pero la sombra del escándalo ya alcanza a su propia familia. La comisión parlamentaria que investiga el fraude al INSS ha detectado nexos entre las empresas de su hijo Fabio Luis Lula da Silva, "Lulinha", y la estructura financiera de Vorcaro. Para el presidente, la independencia técnica de la Policía Federal para investigar a su hijo se ha convertido en una herida política profunda en pleno año electoral.Creomar de Souza, CEO y fundador de la consultora de análisis política Dharma en Brasilia, observa que este escenario ya tiene un costo tangible para el Planalto: "Ya existe una complicación electoral que se manifiesta en este malestar, en esa sensación de desgaste que surge en las evaluaciones del gobierno". La crisis, según de Souza, colocó al STF en el mismo nivel que el resto del ecosistema político.Los jueces de la Corte Suprema, al banquilloEl juez del STF Alexandre de Moraes aparece cuestionado tras detectarse mensajes directos con Vorcaro el día de su detención y por contratos por hasta 129 millones de reales con el estudio de su esposa, Viviane Barci, con el banco Master. El juez Dias Toffoli, también del máximo tribunal, abandonó la relatoría tras revelarse negocios de su familia con el Master, mientras que el magistrado Kassio Nunes Marques, apuntado por Bolsonaro para la Corte, también es salpicado por pagos de una consultora a su hijo.De Souza revela que, puertas adentro del tribunal, existe una correlación de fuerzas favorable a proteger a los jueces involucrados. El consultor es preciso sobre el equilibrio de fuerzas en la corte: "Existe una posición de ocho contra dos en el STF en lo que respecta a la protección de los ministros involucrados". Para intentar recuperar su legitimidad, el STF ha pasado a una ofensiva de "agenda positiva", tratando temas populares para distraer la atención pública. Sin embargo, el CEO de Dharma advierte que el tribunal tendrá que tomar medidas más drásticas para sanar su imagen.La desconfianza institucional es hoy el denominador común en una Brasilia que observa cómo varias de sus figuras más poderosas quedaron atrapadas en el escándalo. El factor más volátil en este tablero es el tiempo. Los investigadores calculan una ventana de apenas seis meses para procesar la colaboración antes de que las presidenciales de octubre contaminen irremediablemente el proceso.Medeiros es tajante sobre el impacto electoral, advirtiendo que cuando la corrupción domina el noticiero, el panorama es devastador para quien ocupa el poder. Según el analista, esto favorece candidaturas opositoras porque "Lula hoy representa al sistema". El hecho de que la disputa hoy muestre al presidente en un empate técnico con el senador e hijo del expresidente Flavio Bolsonaro añade una capa de preocupación adicional en el Palacio del Planalto.La conclusión del analista político de la Universidad de Brasilia es una advertencia sobre el clima que encontrará el votante en las urnas: "El voto deja de ser apenas una elección entre programas de gobierno y pasa a representar un gesto de reacción".En este contexto, el caso del Banco Master deja de ser una quiebra financiera para convertirse en el catalizador de una nueva era de desconfianza hacia las élites. Vorcaro conserva, desde su celda de hormigón, el poder de decidir quiénes lo acompañarán en el naufragio que mantiene en vilo a todos los poderes.

Abodago de Diana Ospina se pronunció tras la captura de dos presuntos implicados en su secuestro: "Hoy se empieza a hacer justicia"

El abogado solicitó a la Fiscalía medidas de protección para garantizar su seguridad e integridad dentro del proceso judicial

La Justicia ordenó proteger a la testigo que declaró que Adorni fue invitado por el periodista Grandío en el vuelo a Punta del Este

Se trata de Vanesa Elizabeth Tossi, quien ayer había recibido llamadas y mensajes del amigo del jefe de Gabinete mientras testificaba. Lo resolvió el juez federal Ariel Lijo tras un pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita

La Justicia dispuso medidas de protección sobre la secretaria de la empresa aérea que llevó a Manuel Adorni a Uruguay tras una denuncia de amenazas

Lo dispuso el juez federal Ariel Lijo dispuso a pedido del fiscal Gerardo Pollicita a favor de la testigo Elizabeth Tossi. El viernes cuando estaba declarando la llamó Marcelo Grandio, en una actitud escandalosa y antes le había mandado una carta documento.

La secretaria del piloto denunció que el amigo de Adorni la hostiga y la justicia dispuso medidas

La Justicia dispuso medidas para proteger a Vanesa Tossi, la secretaria de la empresa aérea que usó el jefe de Gabinete Manuel Adorni para viajar desde Punta del Este a Buenos Aires, pues la mujer denunció que está siendo hostigada por Marcelo Grandio, amigo del funcionario.La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo que, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, decidió que Marcelo Grandio se abstenga de contactarse con Vanesa Elizabeth Tossi.No puede hacerlo ni por si mismo, ni por terceras personas, ni por teléfono ni de manera digital epistolar o presencial. Tampoco puede acercarse a la casa de Tossi, a su lugar de trabajo o a los sitios donde concurre de manera habitual.Debe abstener de "realizar actos de perturbación, intimidación, hostigamiento o presión" hacia la secretaria Tossi.El fiscal Pollicita abrió una causa para que se investiguen las amenazas, presiones y "actos de amedrentamiento atribuidos a Marcelo Grandio", a los que se refirió Tossi.Tossi declaró el viernes como testigo sobre el vuelo de Adorni. La secretaria dijo que Grandio lo pagó y le pidió que no le haga una factura. En medio de su declaración Grandio la llamó por teléfono y le mandó mensajes.Tossi señaló al fiscal que esas llamadas buscaban amedrentarla y hostigarla, por lo que pidió protección judicial.Noticia en desarrollo

Una mujer venezolana que vive en Brasil pide la nacionalidad española alegando origen sefardí: la justicia lo rechaza por falta de pruebas

La sentencia considera que ninguno de los documentos que aportó acreditan ese linaje

A 22 años de su separación, Adrián Suar y Araceli González se enfrentaron en la Justicia

Araceli González y Adrián Suar se enfrentaron una vez más en la Justicia, para resolver un punto clave de su separación ocurrida en 2004. Según informó Paula Varela en la pantalla de Intrusos (América TV), la actriz pelea con uñas y dientes por las acciones de la productora Polka que asegura que le corresponden. "Araceli González está en el Juzgado de Familia 6 de San Isidro. Sigue intentando ejecutar algo relacionado con las acciones de Polka. Está todo el edificio de la calle Centenario revolucionado", reveló la panelista, sobre la conmoción que generó en la zona norte del Gran Buenos Aires la aparición de dos estrellas de renombre. "Me dicen que había una cautelar trabada sobre el 17% de las acciones de Polka y Suar no cumplió, ella estaría intentando ejecutar eso. Pero atención, porque, además, en este momento Suar está también adentro del despacho del consejero, cara a cara con Araceli. Ella está acompañada de dos abogados", relató sobre cómo se dio el encuentro entre la expareja. A su vez, Rodrigo Lussich recordó que el conflicto tiene una larga data y que es esta diferencia económica lo que los hizo durante años tener rispideces públicas. "Esto viene de aquel conflicto que se supo hace unos años por unas acciones de Polka, que quedaron un poco en una zona gris, que reclamaba Araceli González. Eran de un 5%. Ahora esto se está dirimiendo en la Justicia", recapituló el conductor.A esta información, Varela sumó: "La cautelar que estaba trabada era sobre el 17% de las acciones de Polka; supuestamente Adrián no habría cumplido y ella está tratando de ejecutar ese 17%". Por su parte, Adrián Pallares reconoció que el monto solicitado por la intérprete de Los ricos no piden permiso es mucho más elevado que el que se había conocido años atrás. "¡Pero es una barbaridad! En el año 2018 yo hice una nota y desde el círculo de Adrián Suar me habían hablado primero de un 5% y después de un 2,5%. Y ese 2,5 representaban unos 300 mil dólares para cada uno, más o menos. Pero ahora, hablando de un 17, creo que también es parte de lo que él se queda después de su venta al grupo Clarín", aseguró Pallares.En el 2025, Araceli González había sido invitada a participar del ciclo de Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (eltrece), y fue allí donde se refirió por primera vez a su reclamo económico. "De la parte económica no voy a hablar. Quiero decirles que de todo lo que dicen nada es verdad. Si es que algún día hablo, van a saber la verdad. No lo tengo planeado, depende absolutamente de la Justicia, porque está en la Justicia esto. Cuando eso esté, contaré algo, o quizás no y quede en el imaginario de la gente. No es una amenaza, es que vengo escuchando hace 20 años cosas que no son", exclamó muy enojada con Adrián Suar, por poner trabas a lo largo del tiempo a su reclamo legítimo.

Un padre pide anular el incremento de una pensión alimentaria y la Justicia le da la razón: la madre genera más ingresos ahora que cuando se estableció la cuantía inicial

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha revocado el aumento de la pensión alimentaria aprobado en 2025, tras analizar los ingresos y gastos de ambos progenitores durante el proceso judicial

Adorni sigue arropado por el Gabinete y se muestra hiperactivo, pero la Justicia lo incomoda

La crisis que desató el escándalo obligó a los sectores internos del Gobierno a pactar una tregua para afrontar un escenario peor. Con ese envión, el jefe de Gabinete se mostró con la mayoría de los ministros y recibió el respaldo de los hermanos Milei en un acto organizado por Sandra Pettovello. Sin embargo, las versiones de reemplazo no aflojan y el funcionario pasa días amargos. Karina lo va a retener, pero existe la posibilidad del abandono por cansancio, como hizo José Luis Espert. Leer más

La médica que ayudó a morir a su madre, enfrentó a la justicia y abrió el debate sobre la eutanasia en el mundo

Antes de que la eutanasia encontrara un lugar en las leyes, hubo un caso en los Países Bajos que puso el debate sobre la mesa: el de Geertruida Postma, una médica que ayudó a morir a su madre después de que esta le suplicara que lo hiciera. Así, lo que hasta ese momento parecía una discusión filosófica o moral se convirtió en un caso que llegó a los tribunales y obligó a la sociedad neerlandesa a enfrentarse a una pregunta incómoda: hasta dónde podía llegar la autonomía de una persona frente al sufrimiento y qué lugar debía ocupar la Medicina en esa decisión.Geertruida Ebeldina Postma, conocida como Truus Postma, era médica clínica. Su madre, Margina Grevelink, de 78 años, había sufrido una hemorragia cerebral (ACV) y arrastraba un deterioro severo: estaba parcialmente paralizada, era sorda, tenía dificultades para hablar y debían atarla a una silla para evitar caídas. En ese contexto, había expresado en varias ocasiones su deseo de morir, mientras la familia seguía de cerca el agravamiento de su estado.El 19 de octubre de 1971, Postma le administró una dosis letal de morfina en la residencia de ancianos donde estaba internada. Luego avisó a las autoridades del establecimiento. Aunque el director médico de la residencia le había prometido registrar la muerte como natural, finalmente dio aviso al forense. Lo que debía quedar en el ámbito privado terminó así en manos de la Justicia.El proceso judicial, realizado en Leeuwarden a comienzos de 1973, sacudió a la sociedad y tuvo repercusión internacional. Bajo la legislación vigente en ese entonces, si la justicia encontraba a Postma culpable podía castigarse con hasta 12 años de prisión. Más de 1700 vecinos de Noordwolde -en su mayoría pacientes de Postma y de su esposo, Andries, también médico- impulsaron una campaña de firmas en su apoyo. El llamado "caso Postma" quedó así como el primer gran antecedente judicial de la eutanasia en los Países Bajos.Finalmente, Postma fue condenada a una semana de prisión condicional, con un año de libertad condicional. La pena fue leve, pero el impacto del caso fue contundente: más que cerrar la discusión, la abrió. A partir de entonces, la eutanasia dejó de ser apenas un dilema moral o médico y empezó a ocupar un lugar cada vez más visible en el debate público neerlandés.La discusión no terminó en los tribunales. En 1973 también se fundó la Asociación Holandesa para la Eutanasia Voluntaria y, con los años, el tema fue ganando espacio en la política, en la Medicina y en el Derecho. Décadas más tarde, en 2002, los Países Bajos se convirtieron en el primer país del mundo en regular la eutanasia mediante una ley específica. Desde entonces, la eutanasia y el suicidio asistido solo pueden realizarse si un médico cumple los requisitos que marca la ley y reporta el caso para su revisión.

La Justicia de Estados Unidos decidió a favor de Argentina por la expropiación de YPF

La Cámara de Apelaciones de Nueva York no le dio la razón a los fondos buitre y, por lo tanto, anuló la orden de la jueza de primera instancia de que Argentina debía pagar una indemnización de US$ 16 mil millones por la expropiación. El presidente, Javier Milei, celebró la decisión judicial apenas se conoció. "Fallo histórico", tuiteó Horacio Marin. Leer más

Tras un pedido de Comercio, la Justicia federal frenó tres artículos de la reforma laboral

La Justicia federal dictó este viernes una medida cautelar para suspender la aplicación de dos artículos de la reforma laboral aprobada a finales de febrero. La determinación se tomó tras un pedido de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), que exigió que se garanticen ciertos convenios colectivos que protegen las condiciones laborales, y tendrá seis meses de vigencia.El fallo frena los artículos 131 y 133 de la reforma y, de esa manera, ordena al Estado nacional abstenerse de aplicar las modificaciones que limitaban la ultraactividad de los convenios y establecían nuevos topes a los aportes sindicales. Asimismo, continuarán todas las cláusulas convencionales y las empresas deberán mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias acordadas para las organizaciones gremiales.Desde el sindicato de Comercio, en tanto, celebraron la medida y la definieron como "clave para evitar un escenario de desfinanciamiento que pondría en riesgo la estructura operativa de los sindicatos y la prestación de servicios esenciales". "Al frenar estos artículos, se asegura el sostenimiento de los beneficios sociales, las capacitaciones y la cobertura de salud que los trabajadores mercantiles reciben a través de sus delegaciones y de la obra social OSECAC", marcó.Armando Cavalieri, secretario general de Faecys, calificó el fallo como un "acto de justicia" que defiende la dignidad de los trabajadores mercantiles y la autonomía del sindicato para negociar. "No vamos a permitir que, bajo la excusa de una modernización, se intente asfixiar a los sindicatos y recortar derechos históricos. Defender el financiamiento de nuestra institución es defender la salud de la familia de comercio y nuestra capacidad de diálogo para proteger el salario en todo el país", indicó.La medida se dio en el marco de una semana con buenas noticias para el sindicato de Comercio: este jueves se acordó un aumento del 5% en tres meses en la paritaria y un bono de 120 mil pesos. Será distribuido de forma escalonada en un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio.El gremio informó a través de un comunicado que el convenio logrado "mantiene la dinámica de monitoreo constante sobre la situación económica para garantizar que el poder adquisitivo no quede rezagado" frente a la inflación en el primer semestre del año. El acuerdo se dio tras una negociación con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca)."Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil. Nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica", sostuvo Cavalieri en esa ocasión.

Fallo histórico por YPF: 5 claves para entender la magnitud de la demanda que Argentina logró revertir ante la Justicia de EEUU

Los detalles de la sentencia, el rol del gobierno de Trump, las pretensiones del ahora golpeado Burford Capital, la estrategia local y cómo empezó todo

La polémica llega a la Justicia

Vecinos y organizaciones presentaron un amparo para frenar las obras. El municipio remarcó que no se quita ningún árbol. El lunes habrá audiencia entre las partes.

Un luminoso día de justicia

Hay momentos en los que se siente que se está viviendo la historia. La Historia con mayúscula. El 24 de marzo pasado fue uno de esos días. Nadie necesitó ver el diario ni las redes sociales para saber qué había pasado, porque se sintió en todas partes. En todas partes. Un aluvión de contundencia popular de la que todes fuimos parte. Incluso quienes no fueron a ninguna de las muchas manifestaciones que recorrieron el país entero. Porque hubo tantas, pero tantas... La Plaza de Mayo es particularmente conmovedora, porque ha sido testigo de acontecimientos determinantes, pero no hubo ciudad, pueblo, comarca, que no haya tenido su acto. Cincuenta años. Medio siglo. Mucho más tiempo de lo que vivieron la mayoría de las personas que fueron secuestradas durante la dictadura.

La Justicia frena dos artículos de la reforma laboral ante un pedido del sindicato de Comercio

Son los artículos 131 y 133, sobre la vigencia de los convenios colectivos.Su implementación queda en suspenso para los trabajadores del sector de comercio.

El PRO reivindicó su postura tras el fallo de YPF: "La Justicia tomó los argumentos que planteamos en 2017"

El fallo de la Corte de Estados Unidos revocó por dos votos contra uno la condena inicial de la jueza Loretta Preska. Aprovechando esto, el partido recordó que fue el único que se opuso a la estatización en 2012. Leer más

Milei habla en cadena nacional tras el fallo de la Justicia de EE.UU. sobre YPF

El presidente Javier Milei habla este viernes en cadena nacional sobre el reciente fallo de la Justicia de Estados Unidos que anuló la condena a la Argentina por el juicio de YPF, por lo que el país tenía que pagar un millonario monto en dólares. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia del juicio, lo que salvó a la Argentina de pagar más de US$16.100 millones, y exculpó a YPF de responsabilidad durante el proceso de estatización. La decisión de la Justicia norteamericana causó revuelo en la política argentina, donde se generó un fuerte debate respecto a quién tiene el crédito del resultado final del fallo. Una fuerte pulseada ocurrió entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo, de la que Milei formó parte. Más temprano, cuando recién se había conocido la decisión de la Justicia, el mandatario había insultado a la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que se encontraban en gestión -con Kicillof como viceministro de Economía- al momento de la expropiación del 51% de las acciones de la compañía.Según Milei, la gestión libertaria llegó para "arreglar las cagadas del imbécil de Kicillof durante el gobierno de la corrupta y presidiaria de Cristina". Sus declaraciones le costaron la respuesta del gobernador bonaerense, que sostuvo que debería "pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitre". También Cristina Kirchner se manifestó al respecto y sostuvo que "la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho".En tanto, el expresidente Alberto Fernández apuntó contra Milei por festejar el fallo tras "ponerse del lado de los fondos buitre". Noticia en desarrollo.

Familia del profesor Neill Felipe Cubides pidió justicia tras la captura de sospechosos por su homicidio: "Tenemos temor"

El viernes 27 de marzo se reanudan las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra cuatro personas señaladas de participar en el crimen

Cuerpo hallado en Antioquia podría ser del auxiliar de vuelo de American Airlines desaparecido en Medellín: "Que se haga justicia"

En su cuenta de X, el alcalde Fico Gutiérrez, publicó una actualización del caso y afirmó que es muy alta la probabilidad de que los restos hallados correspondan a Eric Fernando Gutiérrez Molina

El mensaje de Cristina Kirchner tras el fallo de la Justicia de EE.UU. por YPF

La expresidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje en sus redes sociales para referirse al histórico fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, decisión que eximirá al país de pagar US$18.000 millones. La entonces mandataria cuando se expropió a la petrolera dijo que gracias a esa decisión la Argentina tiene superávit "de miles de millones de dólares en la balanza energética"."Como expresidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York", introdujo Cristina Kirchner en su cuenta de X para destacar el trabajo de la defensa.Luego continuó: "Como abogada, mis felicitaciones por haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina en cuanto a que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un paísâ?¦ que es nada más y nada menos que reconocer la soberanía de los Estados".Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York.Comoâ?¦— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 27, 2026Como es habitual en sus redes, cerró el mensaje con tres posdatas. "P/D1: Justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos; tanto en su administración demócrata como republicana. P/D2: De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho", marcó.Y completó: "P/D3: También queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012â?¦ hoy podemos decir con orgullo que la Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética". Así adjudicó a la expropiación de la petrolera el desarrollo energético y el superávit. Noticia en desarrollo

Si la Justicia le da la razón a Novelli, es un escándalo

En su programa, Marcelo Longobardi dijo que el caso Adorni está tapando otro caso, el escándalo $Libra. Y que tal vez esa sea la función. Leer más

Un hombre acaba en los juzgados por dar con un palo a un perro que se acercó a sus mascotas: la justicia lo inhabilita un año y medio sin tener animales

El fallo también establece que el agresor debe indemnizar con 275 euros al propietario

La Justicia de Estados Unidos anuló el fallo contra YPF y la Argentina no deberá pagar U$S 16 mil millones

La Cámara de Apelaciones de Nueva York invalidó la condena de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado resarcimiento multimillonario. Leer más

La Justicia de EE.UU. falló a favor por YPF y la Argentina se evita pagar más de US$16.100 millones

En un fallo histórico, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF y, de esta manera, la Argentina se evita de pagar más de US$16.100 millones. Además, confirmó que YPF fue exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización.El tribunal de apelaciones determinó que en primera instancia se interpretó erróneamente la ley argentina y que debe ser revisado, un argumento que había planteado la defensa del Estado argentino en la audiencia judicial celebrada el pasado octubre.Todas las partes tienen una última posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, según advierten abogados que siguen de cerca el caso, es poco probable que el máximo tribunal acepte revisar el expediente.El presidente Javier Milei celebró la noticia, dijo que se "ha obtenido un triunfo histórico" y estimó que el país "evita el pago de aproximadamente US$18.000 millones".El proceso del juicio por la expropiación de YPF comenzó en 2015 y tuvo un fallo adverso en primera instancia para el Estado argentino en 2023, cuando la Justicia estadounidense lo condenó a pagar una indemnización superior a los US$16.100 millones más intereses, equivalente al 45% del presupuesto nacional.La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, determinó que el Estado argentino violó el estatuto de YPF durante la estatización de 2012, al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. En consecuencia, ordenó al país pagar la compensación correspondiente, aunque eximió de responsabilidad a la propia petrolera.Todas las partes apelaron el fallo y, en octubre de 2025, se llevó a cabo la audiencia de 96 minutos en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, en la que los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon los argumentos de los abogados del Estado argentino, de YPF y de los fondos Eton Park y Burford â??que adquirió los derechos para litigar contra el país tras la quiebra de las empresas Petersenâ??. En la apelación, la defensa argentina había presentado tres argumentos con el objetivo de revertir la sentencia o, en el peor de los escenarios, lograr una reducción significativa del monto indemnizatorio.El primero de ellos â??que fue planteado por tercera vez ante la Justicia estadounidenseâ?? sostenía que el juicio debió tramitarse en la Argentina. Ese argumento ya había sido presentado durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, y ahora volvió a ser central bajo la administración de Javier Milei, que lo consideraba la vía más sólida para revertir el fallo de primera instancia.Según la defensa, correspondía que un tribunal argentino determine qué norma tiene mayor jerarquía: la ley de expropiación, que permitió al gobierno de Cristina Kirchner estatizar el 51% de YPF, o el estatuto de la compañía, que obliga a quien adquiere más del 15% de las acciones a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas.El segundo argumento era de carácter técnico y apuntaba al derecho societario, administrativo y público argentino. En este punto, el Estado sostenía que la jueza Preska interpretó erróneamente la normativa local aplicable al caso.De hecho, el Tribunal de Apelaciones dijo que los estatutos de una empresa no son un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar daños de esa forma. Y además, señaló que la ley de Expropiaciones argentina prohíbe expresamente las acciones judiciales de terceros que interfieran con una expropiación.Sin embargo, también fue bastante explícito en señalar que la Argentina procedió erróneamente: violó promesas que hizo a inversores extranjeros para atraer capitales en los años 90, y eso daña la credibilidad del país como destino de inversión. Pero dice que el remedio legal elegido por los demandantes sencillamente no corresponde bajo el derecho argentino.Si los jueces no aceptaban ninguno de esos planteos, la defensa había presentado un tercer argumento orientado a reducir el monto de la condena. Según el derecho procesal estadounidense, la indemnización debería calcularse con el tipo de cambio vigente al momento de la sentencia â??en 2023â?? y no al del incumplimiento, ocurrido en 2012. De aplicarse este criterio, la compensación iba a reducirse de más de US$16.100 millones, más intereses, a unos US$4920 millones, de acuerdo con los cálculos del Estado argentino.La historia del falloAl momento de la estatización, Eton Park era accionista de YPF. La petrolera cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1993. Burford Capital, en cambio, compró el derecho a litigar en la Justicia española, cuando las empresas Petersen -que habían fundado la familia Eskenazi en ese país y que eran accionistas de YPF- entraron en quiebra.Los fondos sostuvieron que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una OPA sobre el total de las acciones, como dice el estatuto de YPF presentado en Estados Unidos cuando salió a cotizar en Bolsa. Según el artículo 7º del estatuto, cuando un inversor compra más del 15% de las acciones, debe hacer una oferta de adquisición al resto de los accionistas.En su momento, la Argentina no hizo la OPA y el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, que era interventor en YPF, dijo en el Congreso, antes de votarse la ley de expropiación: "Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: '¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?'".Tanto los demandantes como la jueza Preska citaron esa frase para justificar los alegatos y el fallo. "La República obligó a los demandantes a otorgarle un préstamo masivo después de expulsar por la fuerza a los miembros del directorio de YPF, el 16 de abril de 2012, lo que provocó que los representantes de Repsol en YPF huyeran del país. El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería 'estúpido' cumplir 'la ley de la propia YPF' o 'respetar sus estatutos'", dijo la magistrada.La defensa argentina planteó en todo momento que la Constitución está por encima del estatuto de una empresa y que se rigieron por la ley de Expropiación. Durante el juicio, el Estado también detalló que Burford pagó 15,1 millones de euros al fisco de España y un 30% de la indemnización que resulte de la sentencia por el derecho a demandar, luego de que las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraran en ese país, donde fueron constituidas.Las compañías Petersen eran propiedad de la familia Eskenazi, dueña también del Banco de Santa Cruz, donde trabajó durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri el exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, encargado de liderar la defensa jurídica del Estado argentino. Pese a que el expediente de juicio en Nueva York figura que los demandantes son las empresas Petersen, la familia Eskenazi dice que el grupo, con operaciones en el país, "es totalmente ajeno a la demanda".Las empresas Petersen habían comprado el 25% de las acciones de YPF a Repsol, el 21 de febrero de 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Primero pagaron US$1100 millones por el 14,9% de las acciones y luego US$2200 millones por el 10,1% restante, según los valores de mercado de ese entonces. Para ello, habían obtenido créditos por parte de un grupo de bancos europeos, que se iban a devolver con las utilidades de las acciones. Cuando la Argentina tomó el control de la firma, se suspendieron el cobro de dividendos y las empresas quebraron.El fondo Eton, por su parte, había comprado el 3,04% de las acciones de YPF en noviembre de 2010 por un total de US$458 millones. En mayo de 2014, Kicillof arregló una indemnización de US$5000 millones a la petrolera española Repsol por el 51% de las acciones que tenía cuando fueron expropiadas.

Por qué la Justicia de EE.UU. anuló el fallo millonario contra la Argentina

La Argentina encontró este jueves un respiro inesperado en uno de los frentes judiciales más delicados de toda su historia. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. revocó el fallo que había condenado al país a pagar más de US$16.100 millones por la expropiación de YPF, en 2012. De esa manera, dejó sin efecto la sentencia dictada en primera instancia por la jueza Loretta Preska.El impacto es inmediato, pero no necesariamente definitivo. La Argentina deja de tener sobre la mesa una condena ejecutable de magnitud inédita, que representa, por caso, más de un tercio de la deuda con el FMI, pero el conflicto que la originó â??y el riesgo que implicaâ?? no desaparece.El fallo no discute tanto qué ocurrió en 2012, cuando el Estado avanzó sobre el control de YPF, sino cómo debe leerse ese episodio a la luz del derecho argentino. En ese punto, desarma el corazón de la sentencia anterior.Para la Cámara, Preska se equivocó: trató los estatutos de YPF como si fueran un contrato bilateral clásico, con obligaciones recíprocas claras entre partes. Bajo la ley argentina, sostuvieron los jueces, no es así. Los estatutos son un acuerdo de organización, un contrato plurilateral, que fija reglas de funcionamiento interno, pero que no genera â??al menos en este casoâ?? obligaciones contractuales exigibles entre accionistas individuales.¿Cómo se traduce lo anterior? Esa diferencia, que puede parecer técnica, es decisiva. Porque si no hay contrato en el sentido clásico, tampoco hay incumplimiento contractual que habilite una demanda por daños y perjuicios como la que prosperó en Nueva York. En otras palabras: la vía elegida por los demandantes no era jurídicamente válida según los jueces que revisaron la decisión de Preska.El razonamiento no se agota ahí. Incluso si se admitiera, en hipótesis, que existía algún tipo de obligación incumplida, la Cámara introduce un segundo argumento que termina de cerrar la puerta: el caso está atravesado por un acto de expropiación, y eso lo ubica en el terreno del derecho público argentino. Es lo que viene insistiendo la Procuración del Tesoro, a cargo de la defensa.En ese plano, la referencia es la Ley General de Expropiación. Sostiene que ninguna acción de terceros puede impedir o interferir con los efectos de una expropiación. Para los jueces, una demanda que deriva en una condena de más de US$16.000 millones no es un reclamo accesorio.La consecuencia es directa: si hubo un daño, la discusión debía canalizarse por otras vías previstas en la legislación argentina, no a través de una demanda por incumplimiento contractual en tribunales extranjeros.El fallo, sin embargo, no es una absolución en términos sustantivos. Por el contrario, deja expuesto el punto más incómodo para la Argentina: la propia Corte reconoce que el Estado violó de manera "flagrante" sus compromisos con los inversores.Es decir, el problema no fue una interpretación posterior ni una discusión técnica. Fue el origen. La decisión política de avanzar con la expropiación sin respetar las reglas que el propio estatuto de YPF imponía.La diferencia es que, para los jueces, esa violación no habilita el tipo de reclamo ni el remedio que eligieron los demandantes.La Cámara confirmó que YPF no tiene responsabilidad en el caso. Es un dato importante. Por eso, las acciones de la petrolera suben esta mañana más de 4%. Las obligaciones previstas en los estatutos â??en particular, la eventual oferta pública de adquisiciónâ?? recaían sobre el adquirente, es decir, el Estado. No sobre la compañía. Permitir lo contrario, sostuvieron los jueces, habría implicado convertir a los accionistas en acreedores directos de la empresa, con el consiguiente riesgo sobre sus activos.El nuevo escenario desactiva, al menos por ahora, el peor fantasma: la ejecución de una sentencia impagable contra la Argentina. También debilita la posición de los fondos que financiaron la demanda, encabezados por Burford Capital, que habían construido su estrategia sobre ese fallo.Pero el problema no está del todo cerrado. Los demandantes todavía pueden intentar reconfigurar su planteo, explorar otras jurisdicciones o, eventualmente, negociar. Y, sobre todo, permanece intacta la cuestión de fondo: la forma en que se ejecutó la expropiación de YPF y sus consecuencias legales.En cualquier caso, es una de las mejores noticias que podía tener el país desde el punto de vista de sus finanzas. El litigio en Nueva York le echaba arena al engranaje que busca atraer inversiones y ponía un gigantesco signo de interrogación sobre el futuro de la Argentina. Sucede que, si bien Burford aún tiene alternativas, la Cámara de Apelaciones le cerró las mejores posibilidades.

Victoria para la Argentina: la Justicia de Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF que obligaba al país a pagar USD 16 mil millones

Se trata de un fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que invalida la condena de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado resarcimiento multimillonario

La justicia rechazó recurso presentado por Gustavo Petro contra la exministra Marta Lucía Ramírez: el presidente tendrá que retractarse

El máximo tribunal administrativo en Bogotá exige el cumplimiento estricto del plazo judicial e impone condiciones adicionales para subsanar la afectación a terceros

El mensaje de Javier Milei tras el fallo de la justicia de EEUU sobre YPF

El vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de dar la noticia. Así, quedó anulada la condena que obligaba al país a pagar u$s16.000 millones.

Triunfo para la Argentina en el juicio por YPF: la justicia de EEUU anuló la condena de u$s16.100 millones

La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia que condenaba al país por la expropiación de la petrolera. El tribunal ratificó que la firma fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de estatización llevado a cabo en 2012.

Leszli Kálli, secuestrada en un avión de Avianca, denunció a Gustavo Petro: "No permitan que la política colombiana tape lo que la justicia de EE. UU. ya investiga"

La ahora escritora le pidió al presidente Donald Trump que "no permita" que la política colombiana oculte los hallazgos de las pesquisas que se adelantan en contra del mandatario colombiano por parte de las oficinas de la fiscalía federal en Manhattan y Brooklyn por presuntos vínculos de narcotráfico y posibles donaciones ilícitas a su campaña presidencial

La Justicia investiga el polémico casamiento en Quebrada de las Conchas, zona protegida de Salta

La polémica por el casamiento en la zona protegida de Quebrada de las Conchas, en la localidad salteña de Cafayate, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. El Ministerio Público fiscal tomó intervención a raíz de la denuncia penal que realizó la intendenta, Rita Guevara, que señala una autorización falsa con la firma apócrifa del secretario de Turismo y Ambiente para realizar el evento entre las rocas y la fauna. La fiscal Sandra Rojas inició la investigación luego de detectar que el permiso para realizar la boda no había sido emitido por el organismo ambiental correspondiente. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal busca determinar si existió falsificación de instrumento público y si hubo maniobras ilegales para habilitar el evento. El caso escaló luego de que se viralizaran imágenes de la boda â??cuyos protagonistas fueron Nicole Pocoví y Federico Maranâ?? realizada en la Quebrada de las Conchas, sobre la ruta provincial 68, en el paraje La Punilla.Según publicó el medio salteño El Tribuno, la Unidad Fiscal Contravencional también tomó intervención por violación de normativas vigentes en materia ambiental y de uso de espacios protegidos. En los últimos días, fue el ministro de Turismo y Ambiente, Alejandro Aldazábal, quien aseguró que su firma habría sido falsificada. "No autoricé nada, ese documento es falso", sostuvo, según consignó el medio local Informate Salta. En diálogo con los diarios locales, detalló: "El papel que exhibía es un papel que no tiene los membretes, no tiene número de expediente, no tiene resolución, es muy desprolijo. Sacaron una foto de mi firma, la pegaron abajo y se nota al kilómetro que es una foto pegada. No hay ninguna autorización que sea expedida con una foto".Aldazábal indicó además que la Justicia podría determinar una "multa ejemplar" para los responsables.Previamente, la municipalidad de Cafayate había emitido un comunicado sobre el casamiento, que tuvo lugar el 23 de marzo. "Se solicitó la intervención policial correspondiente para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. La municipalidad reafirma su compromiso con el cuidado del entorno natural y solicita a la comunidad y a los visitantes respetar las disposiciones establecidas para la protección de estos espacios", señalaron las autoridades.El municipio también advirtió que el uso de luces y sonido potente en el paraje La Punilla afecta directamente el comportamiento de la fauna autóctona, mientras que la presencia de infraestructura y numerosas personas podría acelerar la erosión de las icónicas formaciones rocosas de la zona.Quebrada de las Conchas es un área protegida por la Ley Provincial 6806 y su uso está sujeto a normativas específicas de preservación del patrimonio geológico, paleontológico y paisajístico. Todo lo que se haga allí debe contar con la autorización de los organismos correspondientes.Los detallesEn las fotos difundidas en redes se puede ver el paisaje salteño y a los invitados sentados en distintas mesas, con manteles, mantas y macetas a tono con los colores naturales del lugar. A su vez, los novios contrataron luces especiales y un servicio de DJ que se instaló en un costado de la pista de baile.Pocoví â??asidua usuaria de redesâ?? compartió numerosos posteos en su perfil sobre la boda, en los que se puede ver que se realizó en medio de la quebrada y en un lugar alejado.Los novios incluso crearon un sitio web para informar a los invitados acerca de los eventos que incluían los cuatro días del casamiento, llamado "Cafayate Fantasy". Allí se puede leer el paso a paso desde el viernes 20 de marzo â??cuando los invitados llegaron a Saltaâ??, hasta el lunes 23, el "Wedding day", que se iba a realizar en una "secret location" a la que sólo podía accederse por medio de combis contratadas por ellos.Imágenes de la celebración del casamiento de la polémica en Cafayate"Elegimos mantener en secreto el lugar porque creemos que hay algo sagrado en esa espera y en dejarse sorprender. Más adelante vamos a poner un punto de encuentro para poder salir todos en combis", indicaban.Sin embargo, daban algunos detalles a tener en cuenta: "El terreno es mayormente de tierra y piedras, aunque habrá zonas con suelo firme. Es un evento a la intemperie".Una de las organizadoras de evento, identificada como Lucía Grajales Soriano, aseguró que la boda se realizó en una propiedad privada y que contó con más de 100 invitados."Era un evento en una propiedad privada dentro de una reserva, pero se respetaron todas las leyes", dijo en diálogo con Radio Cafayate. "Había abogados y un juez de la Corte Suprema. Fueron 110 invitados", aseguró, y expresó que ella y su familia son dueñas de una propiedad en la reserva desde 1965.Las fotos del evento

La Justicia perdona más de 1,1 millones de deuda a un empresario de la construcción en Sevilla arruinado tras la crisis de 2008 y un accidente incapacitante

Un juzgado de Sevilla aplica la Ley de la Segunda Oportunidad y exonera a un empresario de pagar sus cuentas pendientes tras siete años sin poder trabajar

Declara ante la Justicia la empleada del broker: ella acompañó a Adorni hasta el avión a la ida y a la vuelta de Punta del Este

Se trata de Vanesa Tossi, empleada de Agustín Issin.El broker había declarado ayer empresa de de vuelos junto a su mujer y otra empleada llamada Jag Executive Aviation.

Operativo de la Justicia en la TV Pública para buscar los contratos del periodista amigo de Adorni

El procedimiento, dispuesto por el juez federal Ariel Lijo, estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

El PSOE denuncia una filtración del PP en el Senado sobre unos audios del apagón y estudia llevarlo a la Justicia

Los socialistas anuncian acciones legales por la difusión de grabaciones clasificadas del Congreso que, según alegan, vulneran la confidencialidad exigida a los funcionarios públicos, mientras la oposición sostiene que solo se ha revelado información relevante para la ciudadanía

El PSOE denuncia una filtración del PP en el Senado sobre unos audios del apagón y no descarta llevarlo a la Justicia

Una nueva etapa para la justicia juvenil y sus desafíos pendientes

La derogación del decreto 22.278 y la sanción de la Ley 27.801 abren un espacio inédito para revisar el régimen penal juvenil en un contexto de recortes y controversias constitucionales

Alquiló su casa en un country, denunció que la devolvieron "inhabitable", pero la Justicia rechazó el reclamo

El propietario reclamaba deudas y graves destrozos en el inmueble. La acusada lo negó y el tribunal terminó desestimando la demanda. Cuáles fueron los factores que influyeron en la decisión judicial

Compró un lavarropas y tres veces le quisieron entregar uno golpeado: la Justicia condenó al local

El cliente rechazó cada unidad defectuosa que llegaba a su casa desde 2019, pero la empresa nunca le envió una en buen estado. Tras años de litigio, la Justicia ordenó devolverle el dinero actualizado por inflación y aplicó una multa por la conducta reprochable de la compañía

Se despide expresidenta del poder judicial Ráquel Obando: llama a fortalecer las instituciones y defender la justicia sin temor

Su decisión, comunicada a la "familia judicial" y a la ciudadanía, busca evitar que el Poder Judicial quede atrapado en enfrentamientos que considera no benefician a la población, mientras el país atraviesa por desafíos de legitimidad y exigencias de reformas estructurales.

Rodrigo Cuevas pone en valor en 'La Revuelta' la cultura rural y la exigencia de justicia social: "La gente no tiene tiempo y el tiempo vale muy caro"

Presentó su álbum 'Manual de belleza', reclamó el indulto para "las seis de La Suiza" y defendió la importancia de la artesanía familiar

Nicolás Maduro compareció ante la justicia de Nueva York

En esta segunda audiencia lo se vio a visiblemente más delgado. El juez Hellerstein remarcó que el mandatario ya no representa una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU..

"Estoy desesperada, desbordada": habló la abogada argentina luego del revés de la justicia de Brasil que demora su regreso

La abogada de Agostina Páez presentó un Hábeas Corpus en la Justicia brasileña para destrabar el caso y poder regresar al país.La letrada adelantó que no descarta llegar a la Corte Suprema.

La muerte de Noelia Castillo Ramos: por qué la justicia española avaló el pedido de eutanasia de la joven de 25 años

Noelia Castillo Ramos accedió al procedimiento de eutanasia este jueves en España tras un proceso legal de dos años. La mujer de 25 años presentaba una condición física irreversible que motivó la solicitud ante las autoridades sanitarias y la determinación de los magistrados aplicó la normativa vigente sobre el derecho a la muerte digna. Los fundamentos jurídicos del aval al procedimiento médicoLa Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña aprobó el pedido inicial tras analizar la situación de salud, ya que consideró que el cuadro de la joven se ajustaba a los parámetros establecidos por la ley. La oposición del padre y la organización Abogados Cristianosimpulsó una serie de recursos ante distintas instancias para frenar el proceso, pero la Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo ratificaron el derecho de la mujer a acceder a la eutanasia. El Tribunal Constitucional rechazó los planteos de la familia porque no detectó una vulneración de los derechos fundamentales. La resolución definitiva llegó desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en marzo de 2026 y desestimó una medida cautelar que buscaba detener el procedimiento. El origen de la lesión medular irreversibleLa situación de salud de la joven cambió de forma drástica en octubre de 2022, cuando resultó víctima de una agresión sexual múltiple que afectó su integridad. Poco tiempo después del ataque, la mujer intentó quitarse la vida y cayó desde un quinto piso, lo que le provocó una lesión medular irreversible que derivó en una paraplejia total, junto con la pérdida de movilidad desde la cintura hacia abajo. Las evaluaciones de los especialistas determinaron que el estado de la paciente no tenía posibilidad de mejora, lo que motivó el pedido formal de la eutanasia en 2024. La postura de la familia y el testimonio finalEl proceso legal expuso una fractura profunda entre los integrantes de la familia, ya que el padre de la joven sostuvo su rechazo absoluto hasta el final del litigio judicial y lideró las acciones legales para impedir la muerte asistida con el respaldo de asesores jurídicos externos. Por otro lado, la madre adoptó una postura distinta a pesar de su desacuerdo personal con la medida y eligió el acompañamiento de su hija. La última entrevista de Noelia Castillo RamosEn su última entrevista televisiva, la joven relató el impacto físico y emocional que transformó su vida cotidiana: "Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir", concluyó Castillo Ramos en su declaración final.

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer al no quedar acreditado su origen sefardí: rechaza que la "simple coincidencia de un apellido" sea prueba suficiente

El tribunal recuerda que ese mismo apellido es utilizado por personas "ajenas" a este origen

La Justicia de Santiago del Estero investiga una millonaria estafa inmobiliaria

SANTIAGO DEL ESTERO.- La Justicia local investiga lo que podría ser una estafa inmobiliaria con un edificio de departamentos sin terminar y dos loteos de barrios privados, con decenas de damnificados y un perjuicio estimado, provisionalmente, en más de 5 millones de dólares. Los principales acusados son el empresario Oscar Zambolín, denunciado como "jefe de una asociación ilícita", su madre Herminia Miculan y su sobrino Facundo Suarez Zambolín, entre otras personas. Los abogados Yasmin y José Julián â??también damnificados en esta operatoriaâ?? presentaron las denuncia por "los delitos de estafa y asociación ilícita" en contra de los Zambolín, Miculan y los hermanos Díaz Pappa, dueños de una de las propiedades donde quedó a medio hacer un edificio con 36 departamentos.El caso vio la luz en esta provincia por el medio local Info del Estero, que desnudó esta maniobra en un edificio de calle Plata 680, entre Chacabuco y Chaco, en la zona de tribunales de la capital santiagueña. Este emprendimiento inmobiliario, en la modalidad "pozo" consta de 36 unidades, en un costo promedio de 100.000 dólares cada departamento. Debieron haber sido entregados hace más de 4 años, según los compromisos firmados y nadie pudo acceder a ellos, con cancelaciones totales y la desaparición del empresario Zambolín, de quien no hay noticias desde noviembre del 2024 y se especula que está recluido, sin acceso a ninguna comunicación. En diálogo con LA NACION, la abogada y damnificada Yasmín Julián indicó: "Entendemos que ha habido una organización donde Zambolín es la cabeza o líder, mientras que el resto de las personas habrían actuado como partícipes", al tiempo que agregó: "Cuando los damnificados intentamos ingresar para verificar el estado de la obra o buscar alternativas para terminarla, no se nos permitió el acceso. Incluso se cambiaron los candados del predio". Julián, además, señaló "hemos advertido que tanto el señor Zambolín como la señora han comenzado a desprenderse de bienes, lo que entendemos como maniobras tendientes a no cumplir con las obligaciones y la denuncia se hizo con toda la documentación respaldatoria, solicitando medidas para esclarecer lo que consideramos un vaciamiento del patrimonio del señor Zambolín".Según las estimaciones de los denunciantes, con este edificio no terminado y el complejo de loteos y casas en barrios cerrados en La Banda â??en el kilómetro 4 de la Ruta Provincial 1, denominado "El Caldén"â?? y en el sur de la capital provincial, la estafa podría superar, holgadamente, los 5 millones de dólares, con más de 30 personas damnificadas, aunque las presentaciones judiciales se acumulan. En el caso del edificio de la calle Plata al 600, con 36 unidades sin terminar, se dieron casos como el de Luis Coronel, uno de los damnificados, quien contó en el programa La Mañana de Info que en su caso le habían vendido un "departamento con cochera", cuando este edificio no tiene estas prestaciones.La denuncia de los Julián apunta, también, a los dueños del terreno, los hermanos Díaz Pappa, quienes suscribieron un convenio con Zambolín donde cedían la propiedad a cambio de futuros cuatro departamentos. Tras haber sido señalados, mediante un vocero indicaron que "la familia Díaz Pappa es la primera en verse afectada por un acuerdo contractual celebrado oportunamente mediante el cual se entregaron su única vivienda a cambio de unidades funcionales en un proyecto edilicio que aún no se ha concluido". En ese mismo descargo indicaron estar "abiertos al diálogo para la búsqueda de una solución integral". Para Yasmín Julián esto no es creíble ya que, en su opinión, los hermanos Díaz Pappa serían beneficiarios directos del terreno y de la obra edificada tras un contrato de permuta firmado con Zambolín ya que, según relató, el terreno habría sido entregado a cambio de departamentos dentro del mismo edificio "aunque la propiedad nunca fue escriturada formalmente"."Cuando los damnificados intentamos ingresar para verificar el estado de la obra o buscar alternativas para terminarla no se nos permitió el acceso. Incluso se cambiaron los candados del predio. Además tenemos entendido que los propietarios habrían comenzado a ofrecer el inmueble a terceros, lo que generó preocupación entre los compradores afectados", sentenció la abogada Julián. Mientras tanto en los últimos días ingresaron varias denuncias de distintos damnificados, donde acompañaron con documentos, boletos de compra y venta, como así también audios, capturas de pantalla de chats de WhatsApp donde Zambolín reconocía su demora en la entrega, pero prometía soluciones en el corto plazo y en todos los caso con la fecha de noviembre de 2024, como ultima respuesta antes de "desaparecer" y no responder a nadie.

Alberto Linero compartió contundente reflexión sobre el acoso sexual: "No es solo un acto de justicia"

El exsacerdote instó a la sociedad, especialmente a los hombres, a revisar sus actitudes respecto al consentimiento y a evitar normalizar conductas inapropiadas hacia las mujeres

Revés para el Gobierno: La Justicia ordenó a Vialidad actualizar los salarios luego de un año de congelamiento

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Lanús dictó una cautelar a favor del gremio STVyARA. El fallo reconoce la "pérdida del poder adquisitivo". Leer más

$LIBRA: Mauricio Novelli pide "la nulidad absoluta" del peritaje que ordenó la Justicia

Mauricio Gaspar Novelli, el lobista que relacionó a Javier Milei con los creadores de la criptomoneda $LIBRA, pidió mediante un escrito la nulidad del peritaje a su teléfono celular que ordenó el fiscal Eduardo Taiano y que derivó en numerosas relevaciones del caso en el que se investiga una presunta mega estafa. A través de un escrito de casi 40 páginas, Novelli solicita "la nulidad absoluta" de la pericia realizada por los peritos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip). Pide, además, que se realice una auditoría técnica o contraperitaje integral, independiente y exhaustivo, a cargo de un organismo distinto a Datip. El registro de las llamadas y mensajes del celular de Novelli revelaron contradicciones en las explicaciones públicas que había dado Milei sobre su papel en la gestación, el lanzamiento y el colapso de la criptomoneda $LIBRA. La información que arrojan los peritajes del Ministerio Público Fiscal permitió una reconstrucción de los diálogos entre Novelli, el Presidente y Karina Milei en las horas críticas de que lo que parecía un negocio perfecto y que terminó en un desastre financiero y una crisis política. La presentación por escrito de Novelli se realizó a través de su abogado defensor, Daniel Rubinovich. Noticia en desarrollo Noticia en desarrollo

El vuelo de Adorni a Punta del Este: declara como testigo en la Justicia el broker que vendió el pasaje

Agustín Issin se presentó de manera espontánea ante el juez Ariel Lijo.

Ciudadano estadounidense apoyaba con armamento al CJNG y al Cártel de Sinaloa: Departamento de Justicia le imputa delitos en EEUU

El imputado es Laurence Gray, un ciudadano estadounidense de 65 años propietario de Grips By Larry, una tienda de armas ubicada en Arizona

La justicia descarta de nuevo frenar la eutanasia de Noelia, horas antes de practicarse

Ituzaingó: marcha para pedir justicia para un joven al que mató un policía

Juan Cruz Leal tenía 21 años cuando recibió un disparo mientras iba a jugar al fútbol con sus amigos.La convocatoria es para este viernes 27 de marzo, el día en el que la víctima cumpliría años.

La Justicia frena el desahucio de una familia con un menor de 13 años: "Es una situación de vulnerabilidad que exige una actuación de la Administración"

Entre sus argumentos, el TSJ ha sostenido que "la Administración se ha limitado a instar la autorización judicial sin aportar soluciones concretas para el realojo o apoyo de la familia, especialmente del menor"

Los padres divorciados de una menor de edad recurren las condiciones del régimen familiar y la Justicia les da parte de razón a los dos

Así, el tribunal modifica la patria potestad de la niña, aumenta la pensión alimenticia y suaviza las restricciones sobre el desplazamiento, aunque queda abierta una causa penal relacionada con el traslado internacional de la menor sin autorización paterna

Mahiques anunció el inicio del proceso formal para enviar al Senado 62 pliegos que cubrirán vacantes en la Justicia

El ministro confirmó que enviará los pedidos a la Cámara Alta para ocupar cargos de jueces, fiscales, defensores y conjueces

Adorni en estado crítico y el rol del nuevo ministro de Justicia

El jefe de Gabinete no logra superar su crisis política.Juan Bautista Mahiques, con la confianza de los Milei.

Un inesperado revés de la justicia brasileña posterga el regreso de la abogada Agostina Páez

RÍO DE JANEIRO.- La abogada Agostina Páez ya había comenzado a asimilar la idea del regreso a la Argentina, pero la justicia brasileña le impuso este miércoles un último y sorpresivo escollo burocrático. En un giro que cayó como un balde de agua fría para su entorno, el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte determinó que la influencer santiagueña -acusada de injuria racial tras haber proferido gestos racistas a la salida de un bar en Ipanema- no podrá abandonar el país de inmediato. El magistrado decidió mantener las medidas cautelares y el monitoreo electrónico, postergando un desenlace que ayer se daba por descontado y que ahora podría demorar, al menos, entre 15 y 20 días más.Lo que parecía ser el capítulo final de un calvario judicial de dos meses en Río de Janeiro se transformó, en las últimas horas, en un nuevo e inesperado laberinto burocrático, según confirmó la abogada brasileña Carla Junqueira, defensora de Páez, en sus redes sociales. La decisión de Schilling Pollo Duarte, titular del tribunal penal 37 de esa ciudad, frenó en seco las expectativas de la defensa justo cuando el ánimo de la joven de 29 años comenzaba a asimilar la idea de que el camino estaba allanado para un retorno a la Argentina en cuestión de horas.La resolución del magistrado no solo posterga la partida, sino que marca una ruptura inusual en la dinámica del proceso: el juez decidió mantener las medidas cautelares -incluyendo la prohibición de salir del país y el uso de la tobillera electrónica- yendo en contra de la opinión de la propia fiscalía y de la querella, que ya habían prestado su conformidad para que Páez regresara a la Argentina de inmediato, inclusive antes de que se dictara la sentencia definitiva.

"El karma finalmente está alcanzando a Meta": el análisis de Jonathan Haidt tras fallos claves en la justicia de EE.UU.

En un tuit publicado hoy, el profesor de ética empresarial en la New York University Stern School of Business, Jonathan Haidt, especialista en psicología social y autor del revelador libro La generación ansiosa, en el que advierte sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes, analizó el avance del sistema judicial sobre las grandes plataformas. En el posteo, el académico sostuvo que, a partir de ahora, las empresas de redes sociales podrían ser juzgadas como cualquier otra compañía, según demuestran los fallos de las últimas horas. "El karma finalmente está alcanzando a Meta, a través del sistema judicial", comienza el mensaje de Haidt. El coloso digital Meta, la empresa matriz de Instagram, WhatsApp y Facebook, entre otras, fue doblemente condenado por el impacto de su funcionamiento, considerado riesgoso y adictivo para los menores de edad. Ayer, un jurado en Nuevo México estableció que las plataformas de Meta no son seguras para los niños y que su diseño permitió la explotación de menores. "Este es un momento decisivo: es la primera vez que un jurado evalúa la evidencia. Las pruebas fueron tan contundentes que el jurado determinó que Meta debería pagar 375 millones de dólares en sanciones civiles por los daños causados a Nuevo México y a sus ciudadanos", explicó el psicólogo social. La cifra es importante, pero mucho menor que los más de US$2000 millones que había reclamado el estado. Raúl Torrez, fiscal general de Nuevo México, calificó el fallo como: "Una victoria histórica para todos los niños y familias que han pagado el precio de la decisión de Meta de anteponer los beneficios a la seguridad de los niños".Se trata del primer juicio con jurado que declara responsable a Meta por hechos ocurridos en sus plataformas. La demanda había sido presentada en diciembre de 2023 por la oficina del fiscal Torrez y se apoyó, entre otros elementos, en una investigación de dos años publicada por The Guardian, que reveló cómo Facebook e Instagram se habían convertido en espacios utilizados para el tráfico sexual infantil.En la continuación de su tuit, Haidt recordó otro revés judicial reciente. "Hace unas semanas, en Delaware, un tribunal resolvió que las compañías de seguros de Meta no tienen la obligación de defenderla ni de cubrir sus costos en las miles de demandas que se tramitan en California", señaló el autor de La Generación ansiosa.Según la legislación de California, si una empresa causa daño mediante actos intencionales y no accidentes o hechos fortuitos, que activarían la cobertura bajo las pólizas de responsabilidad civil general, las aseguradoras no están obligadas a brindarle cobertura."Dado que los documentos presentados en los juicios de Nuevo México y Los Ángeles muestran acciones intencionales, Meta pierde la cobertura de sus seguros. Eso fue lo que sostuvieron las aseguradoras, y el juez les dio la razón", explicó Haidt.Para el académico, la combinación de estos fallos marca un cambio profundo en el escenario. A partir de ahora, las empresas de redes sociales podrían ser juzgadas como cualquier otra compañía cuyas decisiones de diseño de producto generan daños, especialmente en menores.En paralelo, hoy un jurado de California declaró responsables a Meta y a YouTube por haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas, una decisión que marca un hito en la creciente ola de litigios contra las grandes compañías tecnológicas por los daños vinculados al uso intensivo de redes sociales entre niños y adolescentes. El veredicto, leído en un tribunal del condado de Los Ángeles, ordenó a las empresas pagar tres millones de dólares por daños y podría influir en cientos de causas similares que avanzan en distintos estados del país. La decisión forma parte de un entramado judicial que involucra a más de 1600 demandantes, entre ellos más de 350 familias y más de 250 distritos escolares, que sostienen que los servicios de redes sociales fueron concebidos para generar adicción y que no ofrecieron mecanismos adecuados para proteger a los menores de situaciones de riesgo. Se las acusó de haber diseñado intencionalmente algoritmos y funciones que provocan dependencia y habrían contribuido a problemas de salud mental, como ansiedad, depresión y trastornos alimentarios.En ese contexto, el tuit del autor, emitido poco antes de conocido el fallo, continuó: "Mientras esperamos un veredicto en Los Ángeles sobre si las plataformas de redes sociales fueron diseñadas para generar adicción en los jóvenes, es importante señalar que dos tribunales ya fallaron dos veces en contra de Meta en el último mes".Y concluyó: "El sistema judicial está empezando a ponerse al día con lo que los padres han sabido desde hace tiempo. Ahora, es más probable que muchos padres obtengan justicia por lo que estas plataformas han estado haciendo a los niños durante años".

APP formaliza querella contra Fernando Olivera: "Que responda ante la justicia por sus afirmaciones injuriosas"

Alianza Para el Progreso formalizó el recurso contra el líder de Frente Esperanza tras las graves acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico y organización criminal lanzadas durante el debate del JNE

Sin "pase libre": la Justicia le negó a "Chiqui" Tapia una autorización general para salir del país

El juez Diego Amarante rechazó el pedido del dirigente para viajar al exterior sin controles individuales durante 60 días. El magistrado fundamentó su negativa en "inconductas previas". Leer más

Un hombre tendrá que pagarle 60 euros al mes a su exmujer por cada perro en común: la Justicia avala una pensión por el mantenimiento de los animales tras su divorcio

Los canes se quedarán en el domicilio familiar junto a la hija menor y el padre deberá contribuir a su cuidado

Fuerte jugada de la Corte Suprema de Justicia: con un nuevo reglamento para los concursos de jueces, busca "reducir los potenciales ámbitos de discrecionalidad"

En una acordada firmada por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, enviada al Consejo de la Magistratura "para su consideración", el máximo tribunal estableció un nuevo Reglamento.Si lo aprueban, serán más importantes los antecedentes académicos y méritos personales de los candidatos, y se bajará el peso de las sospechadas "entrevistas personales" con los postulantes.

La Justicia rechazó un pedido de Claudio Tapia para ausentarse del país por 60 días

El juez en lo penal económico Diego Amarante le negó hoy el pedido realizado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, para ausentarse del país por 60 días. Amarante investiga a Tapia y a la AFA por la supuesta apropiación de aportes previsionales y por evasión fiscal, en una suma que superaría los 19 mil millones de pesos. El juez ya indagó a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y debe definir la situación procesal de ambos. También la de otros dirigentes del futbol argentino, ya indagados. Tapia había efectuado una solicitud para estar fuera del país por dos meses, pero el juez consideró que había imprecisión en los motivos que esgrimió el dirigente del fútbol. Los documentos que presentó estaban desactualizados y evaluó antecedentes desfavorables en su conducta, según fuentes judiciales. "Si bien recientemente este tribunal ha concedido autorizaciones para salir del territorio nacional al nombrado, la solicitud actual se proyecta bajo una modalidad genérica que difiere sustancialmente de los permisos excepcionales y acotados que fueran materia de pronunciamientos anteriores", dice la resolución del juez. Y agrega: "La indeterminación de los destinos y la falta de una agenda cerrada en la solicitud de autos obstaculizan el objetivo de velar por la constante sujeción del encausado a la jurisdicción de este tribunal".Los permisos de Tapia para salir del país ya tuvieron un capítulo en la causa. El juez Amarante le negó la posibilidad de viajar a Caracas, Venezuela. Aunque no lo ofreció como motivo ante la Justicia, Tapia habría querido viajar allí para volver en el mismo vuelo que el gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela en diciembre de 2024 y liberado el 1 de marzo. La Justicia le negó esa posibilidad, en parte por el debilitado vínculo diplomático del país con Venezuela, pero también porque Tapia no pidió "permiso" para realizarlo, sino que solo se limitó a "informar" que viajaría allí como un nuevo tramo de un viaje que sí había sido habilitado. "En una oportunidad anterior, habiéndose otorgado un permiso para destinos específicos, el encartado pretendió modificar su itinerario de forma unilateral una vez que se encontraba fuera del territorio nacional", recordó el juez Amarante hoy en su resolución. Amarante aludió a Gallo y a la presunta intención no declarada por Tapia de repatriarlo: "Los hechos de público conocimiento que se sucedieron ponen de manifiesto otra posible finalidad de aquél viaje, permitiendo inferir que la justificación de las razones del viaje exteriorizada por el imputado ante esta judicatura resultó -cuanto menos- parcial", dijo el juez. A Tapia y a Toviggino, tesorero de la AFA, se los acusa del delito de omisión del pago de aportes de la seguridad social de jugadores y empleados. Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.

La Justicia le rechazó a "Chiqui" Tapia un pedido para salir del país en cualquier momento y sin restricciones

El juez Diego Amarante argumentó que no especificó destinos ni motivos del viaje. El jefe de la AFA quería que quede abierto el permiso por 60 días.

"Pozo negro": 50 productores de Necochea van a la Justicia y exigen saber en qué se gastan las tasas viales

Un grupo de unos 50 productores del partido bonaerense de Necochea decidió avanzar por la vía judicial contra el municipio por el cobro de la tasa de red vial, en una movida que ya se replica en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. La estrategia elegida no apunta, en esta etapa, a discutir el valor del tributo, sino a exigir información oficial sobre cuánto se recauda y en qué se gasta.La presentación se formalizará en estos días a través de una acción de amparo colectivo por acceso a la información pública contra la intendencia local, luego de que, según señalaron, se vencieran los plazos administrativos sin respuesta.Acelera el agro: los analistas esperan que marzo cierre con un ingreso de divisas por US$2000 millonesEl abogado Pablo Abdón Torres Barthe, representante legal de los productores, explicó que el caso de Necochea se suma a una serie de reclamos similares en otros municipios bonaerenses. "Necochea se suma a una serie de municipios. Empezamos en Henderson, seguimos por Baradero, Azul y General Alvarado, entre otros de la provincia de Buenos Aires", señaló a LA NACION.Según detalló, se trata de una estrategia que ya mostró resultados favorables en la Justicia. "En Henderson y en Baradero ya son juicios terminados a favor de los productores y solo estamos esperando que nos informen", indicó.Resultado inédito: para el 82% de los empresarios ganaderos es un buen momento para invertirEl eje del planteo no es menor. "Nos dimos cuenta que uno si cuestiona la tasa es muy difícil ganar y que los jueces te fallen a favor porque nadie quiere desfinanciar un municipio, es un tema muy delicado", explicó el letrado.Frente a ese escenario, optaron por otro camino. "Entonces, seleccionamos una herramienta republicana de democracia directa que es el pedido de acceso a la información pública", sostuvo.En concreto, lo que buscan es acceder a datos precisos sobre el manejo de los fondos. "Lo que hacemos es pedirle a la municipalidad que nos muestre cuánto recauda por la tasa de caminos rurales, cuánto y en qué la gasta", afirmó.El procedimiento, según explicó, comienza con un reclamo administrativo. "Generalmente hacemos primero la presentación administrativa, como corresponde, para agotar la sede administrativa para luego poder ir a la Justicia. La ley de provincia de Buenos Aires dice que si pasan 30 días y no contestan los organismos, está habilitado el amparo", precisó.En el caso de Necochea, ese plazo ya se cumplió. "Ya pasaron los 30 días que tenían para responder en el municipio, no lo hicieron, así que ahora presentamos el amparo", indicó.Torres Barthe destacó que este enfoque tiene mayores probabilidades de prosperar. "Los mismos jueces que no suelen bajar la tasa, tampoco pueden decir que un ciudadano no tiene derecho a saber qué se gastan sus impuestos. Entonces hacen lugar al amparo", remarcó.Los antecedentes, dijo, avalan la estrategia: "En Henderson ya tenemos sentencia firme. En Baradero ya ganamos en primera instancia, estamos en segunda instancia". La particularidad del caso de Necochea radica en el volumen del reclamo. "Se hace un amparo colectivo, la particularidad que tiene Necochea es que están pagando una cifra muy alta de tasas de caminos rurales y en este caso tenemos alrededor de 50 productores que firman el amparo", explicó.Según el abogado, el objetivo final es obtener pruebas oficiales sobre el destino de los fondos. "No vamos por el tema de la discrecionalidad de la tasa, sino que vamos por el acceso a la información", subrayó.En ese sentido, planteó un posible escenario a futuro. "En realidad lo que estamos haciendo es teniendo pruebas oficiales de que si se recauda $1000 millones, por ejemplo, y se gastan $500 millones, entonces, cuando está esa prueba oficial, ahí es donde se va a iniciar la segunda etapa", dijo.Esa segunda etapa podría derivar en reclamos económicos o incluso penales. "Si se cobró $500 millones de más, el municipio deberá devolver ese importe de más que cobró o lo deberá meter en los caminos rurales", afirmó.Incluso, no descartó consecuencias judiciales más graves. "Una vez que veamos los papeles ahí se puede optar por la vía penal, como se hizo en Villa Saralegui, Santa Fe, donde el intendente finalmente fue destituido por la malversación de fondos", advirtió.Otro punto clave del reclamo es la falta de información sobre cómo se determina la tasa. "Una de las cosas que pedimos que hasta ahora nadie ha presentado y dicen que no tiene obligación de hacerlo es la matriz de costos de la tasa", señaló.En paralelo, también buscan conocer otros ingresos vinculados al sistema vial. "Otra cuestión no menor es saber cuánto dinero de los fondos que manda Provincia o Nación son asignados a caminos rurales", agregó.Mientras avanza el frente judicial, los productores locales describen un escenario crítico en el distrito. Gustavo Redolatti, productor de Necochea, detalló la situación de la red vial. "La cantidad de kilómetros en el partido de Necochea son 1400, de los cuales aproximadamente 400 son provinciales", explicó.Según indicó, el estado de los caminos es deficiente. "Todos los caminos rurales están en mal estado porque no llegan con las máquinas. El problema también está vinculado al equipamiento. En este momento tienen cuatro o cinco máquinas estables, normalmente llegaban a nueve o diez en un momento pero siempre tienen roturas y son máquinas muy viejas", describió.A esto se suma, según denunció, un uso de los recursos que no prioriza la producción. "Ahora se usan para acomodar más los balnearios que los caminos rurales, más en esta época", cuestionó.En términos económicos, el valor de la tasa es otro gran punto de conflicto. "En este momento aproximadamente la tasa está en $1500 por hectárea por mes, unos $18.000 por hectárea por año", precisó. Además, señaló que parte de ese monto se destina a otros fines, donde hay un 20% que va para salud.El productor también marcó diferencias con distritos vecinos que cobran alrededor de la mitad y los caminos rurales están en excelente o muy buen estado en algunos casos. "Por ejemplo, San Cayetano, Tandil, Juárez, Lobería y Tres Arroyos; todos pagan mucho menos y, sin embargo, tienen los caminos en buen estado. San Cayetano está en condiciones excepcionales; Tandil, muy bien; y Lobería y Juárez también, en general, bastante bien. Además, cada uno tiene un sistema distinto: en San Cayetano se encarga directamente el municipio y no hay problemas; en Juárez funciona una comisión vecinal; en Tandil es un esquema de cooperativa; y Tres Arroyos tiene un ente descentralizado, como el que intentamos implementar nosotros, que también ha funcionado bien", sostuvo.En ese contexto, dejó una definición contundente sobre la percepción del sistema. "En Necochea a las tasas viales la llamamos 'pozo negro' porque no se sabe adónde va la plata que recaudan", concluyó.En este escenario planteado, el intendente Arturo Rojas aseguró no estar al tanto de ningún amparo hasta el momento pero que una vez que notifique al municipio verá cuál es el planteo y así poder contestar lo que corresponda. "En el expediente que tengo conocimiento, contestamos que todos los datos están publicados en la página de la municipalidad. Tenemos 100% de transparencia en la información pública, están publicados hasta los sueldos de los funcionarios, rendiciones de cuenta, cantidad de empleados por área y lo que cobran", remarcó a LA NACION. La movida judicial, que podría sumar a productores de otros partidos como Rojas y Rauch, abre un nuevo capítulo en la discusión por el financiamiento y la transparencia de los caminos rurales en la provincia de Buenos Aires.

Pérez Llorca sobre Mazón: Todos los diputados del PP seguirán colaborando con la Justicia

La Justicia reconoce como cotizados los tres años de excedencia que solicitó una trabajadora para cuidar a sus hijos

La decisión del tribunal permitirá a la demandante acreditar los años necesarios para acceder a la jubilación parcial y otras prestaciones

La Justicia gallega rechaza conceder una plaza de funcionaria a una profesora interina que había encadenado contratos temporales durante 20 años

El TSX de Galicia argumenta que la única vía para que un interino acceda a la condición de funcionario de carrera es a través de procesos de selección abiertos y competitivos

Construcción con fallas: la obra de una casa en Zona Norte que terminó en la Justicia por paredes torcidas y baños sin agua

La Cámara de Apelaciones confirmó la condena contra un arquitecto y un maestro mayor de obras por incumplir las "reglas del buen arte". El peritaje reveló que la propiedad presentaba desde escaleras peligrosas hasta una "falsa escuadra" generalizada que afectaba la geometría de toda la estructura

Corte Suprema de Justicia da opinión positiva sobre la Ley de Empleo a Tiempo Parcial

La opinión del máximo tribunal brinda un respaldo legal importante para que la ley avance en el Congreso y responde a la necesidad de actualizar las normas laborales de Honduras de acuerdo con realidades que ya existen en el mercado de trabajo.

Galería de fotos: multitudinaria marcha por el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia

El peronismo, partidos de izquierda y agrupaciones de Derechos Humanos se movilizaron para conmemorar a los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Leer más

El padre de Agostina Páez habló tras la decisión de la justicia brasileña: "Ya veremos cómo hacemos"

La justicia brasileña redujo el pedido de condena de Agostina Páez de tres delitos a uno, con una pena mínima que podría compensarse con servicios comunitarios y el pago de resarcimiento a la víctima, según explicó la abogada de la acusada, Carla Junqueira. De esta manera, la joven podrá volver a Argentina, algo que fue celebrado tanto por ella como por su padre Mariano. Minutos después del comunicado oficial, ambos dialogaron con LN+ y contaron las sensaciones por este esperado resultado.En un primer lugar, Mariano Páez señaló: "Es un alivio total para mí y para toda la familia, sobre todo para ella que estaba muy asustada la verdad. Muy contento, esperando que decida el juez el fallo, únicamente son ya pasos protocolares solamente y bueno, hay que esperar, yo pienso que en una semana estaremos en Santiago ya". Con estas palabras, dejó en evidencia su alegría por "recuperar" a su hija.Tras esta respuesta, Agostina se sumó al móvil y se mostró esperanzada: "Estoy naciendo de nuevo y estoy contenta porque puedo volver a Argentina". Esto mismo fue replicado por su padre, quien insistió en demostrar su felicidad con un abrazo y un beso en la cabeza de la abogada. "No [lo] puedo creer. No sé si reírme, llorar, festejar. La verdad que estoy muy contento con este fallo. Y bueno, esto es lo que esperábamos. Y feliz por mi hija, que ahora está bien. Esperando regresar a Santiago nomás y volver a las actividades, a la vida normal que teníamos", continuó.Al respecto de todo lo que vivió, la santiagueña aseguró: "Es un aprendizaje y voy a seguir tratando de enseñarles, a través de mis redes, utilizándolas, para enseñar sobre racismo, hablar de derecho y seguir con la actividad normal". De esta manera, dejó en claro que buscará limpiar su nombre luego de este escándalo internacional."Es un milagro, yo veía que tenía todo en contra. Dentro del juicio he sido muy sincera, he contado toda la verdad, todo lo que ha pasado. La doctora Junqueira con un trabajo increíble. Obviamente ha sido en conjunto con Sebastián Robles desde Argentina. Entre los dos han armado una defensa increíble. Y estoy muy agradecida. Y en todo momento del juicio he estado escuchando atentamente, entiendo portugués a la perfección, esta es otra cosa que me llevo a Argentina. Y bueno, entendiendo todo y contando todo como realmente han sido las cosas", explicó Agostina sobre su desgarradora frase vinculada a quitarse la vida si el fallo era adverso.Para finalizar, Mariano fue consultado por el dinero que deberán abonar como resarcimiento para conseguir la libertad definitiva de su hija: "Ya veremos cómo hacemos. Pero lo vamos a tener que lograr para que se termine esto de una vez por todas. Vender algo y salvarnos, pero bueno, no tiene precio la libertad de mi hija". Con esto, dejó en claro que no será nada accesible la multa que deberá pagar que, según el pedido de la fiscalía, podría ser de aproximadamente US$50.000 a cada una de las víctimas.Qué dijo Agostina Páez tras salir de la audienciaAl ser consultada por LN+ por el resultado de la audiencia, Agostina Páez reveló: "Bien, mucho mejor que antes. Se ha resuelto bastante bien y voy a poder volver a casa. No hay pena, es resarcimiento. Y bueno, en estos días me van a dejar volver a Argentina".Luego, la abogada Carla Junqueira fue quien entró en los detalles: "Es así, el juez no falló en el fondo. La verdad estamos muy acordes con el resultado. En realidad, entramos esperando una pena de por lo menos dos años, con cumplimiento efectivo en Argentina, y ya estaríamos satisfechos, pero la fiscal entendió que el pedido de disculpas significó que Agostina terminó de entender lo que significa para Brasil el racismo. Que por lo tanto no se opondría a que Agustina vuelva a Argentina".Agostina Páez podrá volver a la ArgentinaAsí, en aproximadamente tres días podría darse el regreso de la abogada santiagueña al país. Al respecto, Agostina explicó: "Depende del juez y de los días, él nos ha explicado que iba a tratar de hacerlo lo más rápido posible, entendiendo que tiene muchos casos. La peor experiencia de mi vida, me siento aliviada ahora".Luego, Junqueira agregó: "Fiscalía redujo el pedido de tres delitos a uno, con pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios y pagamento de reparación a las víctimas. Servicios en Argentina. La Fiscalía entendió que era solo un delito continuado de reacción contra tres víctimas y que el pedido de disculpas sirve para que esto haya reconocido y entendido".

Democracia y justicia social

El gobierno fue borrado de la escena. El 24 de marzo la historia habló con la voz de un sedimento moral que se formó cuando las Madres empezaron a dar vueltas en la Plaza de Mayo. El gobierno desdeñó esa fuerza. Ayer cientos de miles se expresaron en las principales ciudades. La fecha es histórica: repudio a la dictadura del '76. Pero tiene presente: repudio al gobierno de Javier Milei.

Eudeba lanzó una nueva temporada de "Diálogos en el depósito" con referentes de memoria y justicia

El ciclo de conversaciones entre figuras destacadas comenzó su tercera edición con Ricardo Gil Lavedra y Sergio Torres. Las charlas se graban en el depósito de la editorial de la UBA y luego se difunden por YouTube y plataformas de podcast.

Cristina Kirchner colgó una bandera de "Memoria, Verdad y Justicia" para recibir a la columna de La Cámpora que marchó a 50 años del golpe

La agrupación que conduce Máximo Kirchner -que marchó desde la ex Esma hasta Plaza de Mayo- hizo una parada en el domicilio de la ex presidenta.

Lo despidieron por trabajar menos de 90 minutos por día y la Justicia ordenó indemnizarlo con más de 137.000 dólares

La empresa dijo que bajó su rendimiento y la Justicia consideró que su horario era flexible.El fallo ordenó indemnizarlo o reincorporarlo tras declarar el despido improcedente.

Bonistas de La Rioja piden a la Justicia de Nueva York ejecutar activos de la provincia

CÓRDOBA.- La disputa entre el Gobierno de La Rioja y sus acreedores sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Nueva York. Los bonistas representados por el estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan pidieron ejecutar activos estratégicos del distrito, entre ellos participaciones en el Banco Rioja y en Parque Eólico Arauco (PEA), con el objetivo de satisfacer fallos judiciales ya firmes por el incumplimiento de pagos. La presentación, realizada ante la Corte del Distrito de Massachusetts, intensifica la presión sobre una administración de Ricardo Quintela que, desde 2024, se encuentra en default. Los acreedores -titulares de los bonos verdes al 8,5% con vencimiento en 2028- plantean en su escrito que buscan "alcanzar y aplicar las acciones" que la Provincia tiene en esas compañías "en satisfacción de las sentencias" obtenidas en Nueva York". En esa línea, remarcaron que, de prosperar el pedido, "la provincia deberá entregar las acciones en Banco Rioja y en PEA a los bonistas para que estos puedan, por ejemplo, venderlas. A su vez, subrayan que "estas tenencias constituyen activos comerciales de la provincia y están sujetas a embargo".En febrero de 2024, La Rioja entró en default al dejar impagos US$16 millones de capital, convirtiéndose en la primera -y hasta ahora única-provincia argentina en caer nuevamente en cesación de pagos tras haber reestructurado su deuda. Desde entonces, el incumplimiento se amplió a cuatro pagos semestrales adicionales de capital e intereses.La falta de pagos derivó en sentencias en contra del distrito dictadas por la Justicia del Distrito Sur de Nueva York en septiembre de 2024 y julio de 2025, que ahora los bonistas buscan ejecutar sobre activos localizados o registrables en otras jurisdicciones.En su argumentación, cuestionan con dureza la conducta fiscal de Quintela: "La provincia no tenía necesidad de incumplir ninguno de los pagos. La mayoría de los fondos de los bonos verdes se utilizó para construir parques eólicos a través de PEA, una empresa de propiedad provincial". En ese punto, incorporan que el gobierno riojano vendió uno de sus parques eólicos por US$171 millones a Pampa Energía antes de incumplir con los bonistas", pero "ninguno de los ingresos de esa venta fue aplicado a cancelar las obligaciones"."Desde el default, la provincia no ha realizado ningún esfuerzo de buena fe para satisfacer sus obligaciones pendientes ni para reestructurar los títulos", añade el texto. Advierten que continuarán avanzando en los tribunales "hasta que La Rioja reconozca y tome en serio sus obligaciones, los bonistas utilizarán todos los medios judiciales disponibles para perseguir el recupero de sus acreencias legítimas".Los bonistas remarcan que mientras provincias vecinas "cierran proyectos emblemáticos de inversión extranjera directa y construyen credibilidad mediante el cumplimiento puntual de su deuda", La Rioja "permanece en default y no recibe grandes inversiones".La ofensiva judicial también incluye una advertencia al mercado: "Cualquier potencial comprador de Banco Rioja o de PEA debe estar en conocimiento de la moción de los bonistas". La frase apunta a condicionar eventuales operaciones sobre activos provinciales, en un contexto en el que esos bienes podrían quedar alcanzados por medidas de ejecución. De avanzar el proceso, el caso podría sentar un precedente relevante.

Exministro de Justicia Wilson Ruiz asumió defensa de la familia de Jeisson Pinzón: joven con leucemia que no recibió medicamento

El abogado, excandidato al Senado por el partido de Salvación Nacional, indicó que irán hasta las últimas consecuencias en el caso del joven que murió en Boyacá y que llevaba meses sin su medicina esencial

La causa por amenazas a Juana Tinelli fue archivada por la Justicia: "No se cuenta con elementos probatorios suficientes"

"¿Vos sos Juana Tinelli? Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho", aseguró en su declaración ante la fiscalía Juana Tinelli sobre el presunto llamado que recibió a su teléfono celular, a fines de octubre. Según relató, en aquel momento, asustada, borró los registros de las llamadas, se comunicó con su papá, Marcelo Tinelli, para ponerlo al tanto de lo sucedido, y luego fue acompañada de su mamá, Paula Robles, a hacer la denuncia por amenazas. Casi cinco meses después, el expediente fue archivado a la espera de nuevas evidencias que sirvan para dar con el autor del presunto ilícito. "No se cuenta con elementos probatorios suficientes que permitan acreditar la materialidad del hecho investigado, sin que ello implique afirmar ni descartar su efectiva ocurrencia", reza el documento de la fiscalía que Marina Calabró leyó este martes, al confirmar en Lape Social Club que la causa se encontraba archivada. Además, adelantó que Scaglione -dueño de Telefe y accionista de América- "va a pedir una retractación pública, o un pedido de disculpas públicas".En diálogo con LA NACION, Juan Villanueva, abogado de la hija de Marcelo Tinelli ratificó la información: "Fue por la imposibilidad de proseguir. Hasta que aparezcan nuevas evidencias, la causa queda en pausa". Además, aseguró que justamente están trabajando en recabar la información necesaria que les pueda permitir reactivar la investigación. Por otra parte el letrado descartó la posibilidad, como se rumoreó en varios medios, de que Scaglione, mencionado en la denuncia de Juana, accione legalmente contra ella: "Lo intentó, pero ya se lo rechazaron, porque nunca fue parte ni estuvo imputado". En ese sentido, cabe destacar que la modelo no lo denunció a él por amenazas, sino que lo mencionó en su declaración, debido a que la persona que la llamó lo habría mencionado. "Eso se aclaró en la denuncia, en la ratificación y lo aclaré también yo públicamente", agregó Villanueva y siguió: "Nunca nadie lo acusó de nada, por eso no puede nunca considerarse víctima de una falsa denuncia".La denuncia de Juana TinelliEl sábado 1 de noviembre, a través de un extenso posteo que compartió en sus redes sociales, Juana Tinelli -la menor de las hijas de Marcelo Tinelli- contó que había sufrido amenazas a través de un llamado telefónico que recibió el miércoles 29 de octubre por la mañana. Tras radicar la denuncia, se le entregó un botón antipánico y se dispuso una consigna policial en la puerta de su casa.Según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION, en la llamada en cuestión, luego de preguntarle si era Juana Tinelli, le dijeron que "ella y toda su familia se tenían que empezar a cuidar mucho mucho". Asustada por la situación, la modelo fue a hacer la denuncia acompañada por su abogado, Ariel Liniado, quien tomó el caso junto a su socio, Juan Villanueva.Luego de que se filtrara la información sobre el pedido de un botón antipánico de la modelo ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, tanto los fiscales que intervinieron en el caso como los abogados de la modelo decidieron mantener la situación lejos del ojo público. Pero la repercusión de la denuncia creció tras la difusión de parte del escrito, en donde se puede leer a Juana Tinelli contando cómo se presenta la persona que la amenaza. "Recibí en mi teléfono celular una llamada desde un número oculto. Al atender, una voz masculina me preguntó:"¿Vos sos Juana Tinelli?" A lo que respondí: "Sí ¿quién habla?". El hombre me contestó: "Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho". Acto seguido, cortó la comunicación", le relató la hija del conductor a la Justicia. "Debido al estado de nerviosismo que me provocó esa amenaza telefónica, borré el registro de la llamada"."Ignoro quién es la persona que efectivamente realizó la llamada, aunque el nombre involucrado (Gustavo Scaglione) no me resulta ajeno, por ser de público conocimiento que mantiene un conflicto económico con mi padre, Marcelo Tinelli, del que soy completamente ajena", aseguró."Pongo en conocimiento de la Fiscalía que el conflicto entre mi papá y Gustavo Scaglione nace a partir de una supuesta deuda que tendría mi padre con el empresario. No conozco mayores detalles sobre el tema", sumó. "Creo que la expresión del nombre, en ese contexto, no fue casual, sino que constituyó un mecanismo de intimidación directo, orientado a generar temor mediante alusión deliberada a un conflicto mediático y familiar preexistente".El cruce de Marcelo Tinelli y Gustavo ScaglioneHoras después de que Juana hiciera públicas las supuestas amenazas, Marcelo Tinelli decidió romper el silencio. A través de su cuenta de X, el conductor y productor confirmó lo denunciado por su hija, se refirió a la deuda que habría contraído para financiar gastos en San Lorenzo y apuntó contra un "empresario de medios" al que tildó de "usurero" y como responsable del "acoso judicial" que atraviesa en los últimos meses."Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre", comenzó escribiendo. "El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente", continuó Tinelli. "En cuanto a la deuda, se habló ayer cualquier cosa. Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, y quiere embargarnos y sacarnos todo"."Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me 'asesinan', buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos. Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor", siguió.Gustavo Scaglione dio luego a conocer un comunicado en el que expresó "de manera contundente" su "absoluta falta de vinculación con el referido hecho" en el que se lo "busca involucrar".En la carta, fechada el martes 4 de noviembre, el flamante dueño de Telefe también indicó que es "parte actora de dos juicios ejecutivos en los que Marcelo Tinelli se encuentra demandado". "En uno de ellos, en el que los accionados tuvieron oportunidad de ejercer sus derechos, se ha dictado sentencia condenatoria, la que se encuentra firme y consentida, con planilla de lo adeudado por Tinelli aprobada y se encuentra en etapa de ejecución forzada de los bienes embargados", aseguró el empresario.

Un candidato ultraconservador de Perú propone expulsar criminales y reestablecer un viejo sistema de justicia "anónimo"

LIMA.- En la cuenta regresiva hacia las elecciones, la campaña presidencial en Perú tuvo un primer debate que dejó como eje indiscutido la inseguridad y el hartazgo social frente a la corrupción. En ese marco, el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga endureció su discurso y prometió expulsar a extranjeros en situación irregular y restablecer el sistema de "jueces sin rostro" para procesar criminales, una medida asociada a los años más duros de la lucha contra el terrorismo en los 90â?².El dirigente, conocido como "Porky" y uno de los favoritos en las encuestas, también propuso una reducción drástica del Estado, al plantear que los ministerios pasen de 18 a solo seis. El objetivo, dijo, es redirigir recursos hacia tareas de inteligencia policial para combatir delitos como la extorsión y el sicariato, que en los últimos años crecieron de forma sostenida."Hay que reducir el Estado, tomado por políticos corruptos por más de 10, 15 años. Vamos a eliminar esa grasa", afirmó López Aliaga.Según la última encuesta de Datum Internacional, publicada el domingo, el candidato comparte la punta con Keiko Fujimori, ambos en un virtual empate técnico con 11,7% y 11,9% de intención de voto. El dato más relevante, sin embargo, es otro: cerca de un 36% de los electores permanece indeciso o asegura que no irá a votar, un reflejo del profundo desgaste del sistema político peruano.Ese desencanto se explica, en parte, por la inestabilidad institucional. Desde 2018, Perú tuvo ocho presidentes, en su mayoría desplazados por renuncias o destituciones en medio de escándalos de corrupción. Ese contexto atraviesa toda la campaña y explica el tono cada vez más confrontativo de los candidatos.En materia de seguridad, López Aliaga fue más allá y propuso retirar a Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para habilitar la aplicación de la pena de muerte. También planteó restablecer los "jueces sin rostro", un sistema en el que los magistrados ocultan su identidad para evitar represalias, utilizado durante el gobierno de Alberto Fujimori en los procesos contra Sendero Luminoso. Aquella política fue luego cuestionada por organismos de derechos humanos y por fallas en el debido proceso.En el mismo debate, el candidato de izquierda Alfonso López-Chau, economista y exdirector del banco central, propuso una estrategia distinta: depurar las fuerzas de seguridad y fortalecer un sistema de inteligencia orientado a cortar el financiamiento de las organizaciones criminales. También planteó mecanismos para que el Estado pueda congelar contratos sospechosos en un plazo de 48 horas, con el objetivo de frenar posibles actos de corrupción de manera inmediata. "Tenemos que volarnos a todas estas ratas del Estado", afirmó.Más allá de las diferencias ideológicas, varios candidatos coincidieron en un punto: la necesidad de derogar leyes que consideran "procrimen", aprobadas en los últimos años por un Congreso ampliamente desacreditado. Según analistas, esas normas habrían facilitado la acción de bandas delictivas y debilitado la capacidad de respuesta del Estado.El cronograma electoral continuará con nuevos debates en los próximos días y una segunda ronda temática centrada en economía y educación. Las elecciones serán el 12 de abril. Sin embargo, el escenario ya parece encaminado hacia una definición en dos vueltas: ningún candidato aparece hoy en condiciones de superar el 50% de los votos en abril, por lo que todo apunta a un balotaje el 7 de junio.El próximo presidente asumirá el 28 de julio, con el desafío de estabilizar un país atravesado por la fragmentación política, la crisis de representación y una demanda social urgente por seguridad y orden.Agencia Reuters

El Club Político Argentino publicó una declaración a 50 años del golpe de Estado: destacó el valor de la Justicia y el compromiso con la verdad

El Club Político Argentino emitió un comunicado titulado "A cincuenta años del último golpe de Estado" en el que sostuvo que "la persistencia en la aplicación de la ley, el compromiso con la verdad, la búsqueda de un diálogo constructivo y el respeto irrestricto a las instituciones son la única garantía" para que "nunca más" el país padezca horrores como los vividos en la última dictadura.En su documento, esta asociación, que tiene a Graciela Fernández Meijide como su presidenta honoraria, ratificó "su compromiso con la defensa de las instituciones republicanas, el respeto a la soberanía popular y a la plena vigencia de los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales".El Club Político Argentino, que recordó que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 dio inicio a una de las etapas más trágicas y oscuras de la historia de nuestro país, afirmó que el camino recorrido durante estas cinco décadas no ha sido sencillo ni ha estado exento de fuertes embates. "Sin embargo -sostuvo-, la consolidación de la democracia, con sus deficiencias, limitaciones y los desafíos en cuanto a su mejora continua, sigue siendo la opción escogida por el pueblo argentino." "La prepotencia, el crimen, la ocultación de la verdad no se han naturalizado. Y la Justicia (que logró, durante la compleja transición democrática, abrirse paso con el histórico juicio de 1985 a las juntas militares, responsables principales de la violación sistemática de derechos y garantías de la población) continúa siendo un ejemplo valorado por los ciudadanos del país y materia de estudio en el mundo entero", afirma el comunicado. "Las heridas infligidas durante aquellos violentos años serán por siempre irreparables -sostiene el documento-. Pero, la persistencia en la aplicación de la ley, el compromiso con la verdad, la búsqueda de un diálogo constructivo y el respeto irrestricto a las instituciones son la única garantía de que nunca más nuestro país tenga que padecer horrores semejantes."

La Justicia ratifica la paralización de las obras de los aparcamientos del Bernabéu

"No te pueden obligar a decir que son apropiadores": qué determinó la Justicia en el caso de la nieta recuperada 127 que habló en el spot del Gobierno

Miriam Fernández participó del video oficial que planteó un pedido de memoria completa sobre la última dictadura.Sus padres biológicos fueron secuestrados y desaparecidos en 1977. Ella nació en la ESMA y fue inscripta en Mendoza.El expolicía que la anotó y su esposa fueron condenados en 2021.

El Defensor del Pueblo recibió más de 38.000 quejas en 2025: la Administración de Justicia lidera la lista

Ángel Gabilondo alerta del aumento de reclamaciones procedentes de familias vulnerables afectadas por desahucios judiciales y la falta de información clara

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia: por qué se conmemora este 24 de marzo

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se celebra cada 24 de marzo en la Argentina, en honor y recuerdo de todas las personas que sufrieron los hechos llevados a cabo durante la última dictadura cívico-militar. Es una fecha dedicada a aquellos que fueron desaparecidos, torturados, asesinados o afectados en este período, junto a la historia de sus familias y seres queridos que buscan justicia. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia: ¿por qué se conmemora hoy?Esta jornada hace referencia al 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas dieron un golpe de estado en el que tomaron el poder del gobierno constitucional de Isabel Perón. Fueron Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti quienes impulsaron este gobierno de facto que se mantuvo en el poder durante años. Este período es conocido como la última dictadura cívico-militar en Argentina.Entre 1976 y 1983 ocurrieron graves crímenes de lesa humanidad. Estos años estuvieron marcados por secuestros, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos en centros clandestinos de detención. Personas de todas las edades, bebés y mujeres embarazadas fueron reportadas desaparecidas. Asimismo, muchos menores fueron apropiados de manera ilegal bajo otra identidadd.De esta manera, en 1977, un grupo de mujeres se reunió en Plaza de Mayo, con el fin de obtener una respuesta por el paradero de sus hijos y nietos. Es así, que surgieron dos de las organizaciones más populares el país, las Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo. Su objetivo fue encontrar víctimas, personas desaparecidas o descendientes de los mismos, una lucha por la identidad y libertad que continúa en la actualidad. Finalmente, en 1983 asumió Raúl Ricardo Alfonsín al poder, un hecho que valió el retorno a la democracia en el país. Un año más tarde, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas (Conadep), un organismo destinado a la investigación de los crímenes sucedidos durante estos años. StrasseraGracias a los informes obtenidos, se llevó a cabo el Juicio a las Juntas. Durante este proceso legal se condenó a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola y Armando Lambruschin. Fue durante el alegato final del fiscal Julio César Strassera el 18 de septiembre de 1985, cuando se popularizó la frase "Nunca más". Esta se convirtió en el lema principal para esta jornada, una premisa que invita a no olvidar los hechos ocurridos ni sus víctimas. Feriado nacional el 24 de marzoEn 2002 se sancionó la Ley 5.633, que declaró este día como un feriado nacional: "Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976".Este 2026, esta efeméride cae martes y, por lo tanto, el lunes 23 de marzo fue nombrado como día no laborable con fines turísticos en la Argentina. Se trata de una iniciativa creada por el Gobierno de la Nación que nombró el pasado lunes de esta manera, debido a que se encuentra entre el fin de semana y el martes feriado.

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A 50 años del golpe: memoria, verdad y justicia

Francia y Alemania reafirman su compromiso con la democracia y los derechos humanos

Quien es la mujer que tiene una treintena de causas por estafas y que la Justicia de Córdoba no logra investigar en conjunto

Su nombre circula hace años en las fiscalías que se ocupan de delitos económicos de la provincia. Cambió de rol profesional en cada víctima y acumula denuncias desde 2019, pero un conflicto de competencia judicial mantiene las causas dispersas y sin avance. Leer más

Contrajo una infección tras una operación y la Justicia condenó a la clínica por el "calvario" que vivió el hombre

El fallo obliga al centro de salud a indemnizar a un hombre de 64 años no solo por las secuelas físicas, sino también por el daño psicológico. Los detalles de la sentencia que recalculó los montos por incapacidad y daño moral