La Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro decidió incorporar al "Ángel de la muerte" a un sistema de ejecución de la pena más laxo, tras un pedido de su defensa.
El caso se había judicializado porque la Ley de Paridad dispone que un varón debe ser reemplazado por otro varón.El otro candidato de la lista era Ricardo Garramuño y podría apelar la decisión.
Comenzó en septiembre y se extenderá hasta fin de noviembre. 15 casos testigos se investigan en base a modelos estandarizados de los actos procesales claves. Intenta ser una respuesta a la inseguridad creciente. Leer más
Los desafíos de un poder judicial que, atrapado en sus crisis estructurales, sigue siendo incapaz de proteger los derechos y dignidades de una sociedad que reclama cambios significativos y duraderos. Leer más
Un juzgado le pidió al futbolista que se "abstenga de actos de perturbación" contra la mediática.Qué resolvieron respecto al departamento en Avenida del Libertador.
La ministra de Capital Humano se refirió una eventual judicialización de la expresidente sobre sus jubilaciones de privilegio. Advirtió a la Justicia estar a la altura.
Claudio Morgado y su esposa, Vanesa Moreno, fueron formalmente imputados por estafa, tras una denuncia penal presentada en abril por Bárbara García, periodista y excompañera de Morgado. La fiscalía de Boulogne, encabezada por María Paula Hertrig, avanzó en las imputaciones de la pareja y ordenó una "pericia psiquiátrica urgente" para Moreno, una medida que, según las víctimas, "podría ser utilizada como estrategia para evitar su responsabilidad penal".Fue el abogado de García, Leonardo Martínez Herrero, quien confirmó el avance de la causa en un posteo en X : "La fiscalía (Unidad Funcional de Instrucción) descentralizada de Boulogne dispuso pericia psiquiátrica sobre Vanesa Moreno, al mismo tiempo que imputó a ella junto a Claudio Morgado en los términos del art. 60 y 162 del Código Procesal Penal". La pericia solicitada tiene como objetivo determinar si Moreno "se encuentra en condiciones de estar en juicio, prestar declaración y si representa un peligro para sí misma o para terceros". Sin embargo, el pedido de evaluación sobre el estado mental de Moreno generó inquietud entre las supuestas víctimas, quienes temen que se trate de una "defensa para alegar incapacidad".El caso tomó estado público en abril, en esa ocasión Morgado declaró: "Estoy internando a mi mujer en este preciso momento", sugiriendo que la condición psicológica de Moreno podía haber sido un factor en los hechos denunciados. Sin embargo, Bárbara García niega que haya ocurrido. En diálogo con LA NACIÓN, la periodista afirmó: "Fue todo mentira. Él no internó a su mujer, solo intentó desviar las acusaciones asegurando que su esposa atravesaba una 'psicosis grave' y que estaba siendo tratada".Sobre la orden de pericia psiquiátrica ordenada judicialmente esta semana, la periodista manifestó: "No me cierra que [Fernando] Burlando defienda a alguien como Morgado. Él es un abogado de alto perfil que cobra fortunas, no se porqué lo defiende. Temo que trate de influir en el juicio para evitar la condena". E incluso resaltó que junto con el resto de los damnificados por las presuntas ventas fraudulentas del matrimonio Morgado están "viendo si contratar un perito de parte". Y remarcó: "Queremos una pericia imparcial. No vamos a permitir que esto termine sin justicia. Pero todo sale plata".Otro punto que sostienen García y otros denunciantes es que el propio Morgado intenta desligarse de las transacciones cuestionadas: "Él dice que no sabía nada de lo que estaba pasando, pero todos los depósitos iban a su cuenta. No para de mentir, incluso salieron mensajes desde su propio WhatsApp en que él mismo ofrecía productos que vendía ella".La denuncia original de García se formalizó en abril, luego de que transcurriera un tiempo prudencial entre las compras que había realizado y la falta de entrega de las mismas. De acuerdo al relato de la periodista, la modalidad de la presunta estafa, que involucra tanto a Morgado como a Moreno, consistía en ofrecer, aprovechando la confianza de las víctimas, productos tecnológicos y ropa de alta gama importada a precios muy económicos. "Ella prometía traer estos artículos del exterior a precios muy por debajo a los del mercado. Confié en ellos porque él era mi compañero de trabajo, incluso recomendé a familiares y amigos míos", explicó la periodista, quien detalló cómo la pareja la contactaba prometiéndole la entrega de las compras y la devolución del dinero, algo que nunca ocurrió. "Fui la primera en hacer la denuncia y me tuvieron tres horas declarando. Luego de eso, la causa avanzó rápido y muchísimas más personas empezaron a hablar", sumó.A raíz de la denuncia pública de la periodista comenzaron a surgir otros casos similares. "Es impresionante la cantidad de gente que apareció, todos con historias parecidas. Hay grupos de Facebook 'Los estafados de Morgado'; y ahora también creamos un grupo de WhatsApp que se convirtió en un espacio de apoyo y de lucha", expresó García sobre la creciente comunidad de afectados.Causa Morgado: La fiscalia (Unidad Funcional de Instrucción) descentralizada de Boulogne dispuso pericia psiquiátrica sobre Vanesa Moreno, al mismo tiempo que imputó a ella junto a Claudio Morgado en los términos del art. 60 y 162 del Código Procesal Penal de la P.B.A..— Dr. Leonardo Martinez Herrero (@DrLeoMartinezH) October 10, 2024García dejó clara su postura desde que radicó la denuncia ante la Justicia: "No quiero solo que devuelvan el dinero, quiero que paguen. Gente así no puede estar impune en su casa", dijo rechazando cualquier intento de acuerdo económico por parte de la defensa. Por otro lado, también señaló que desconocía el "historial delictivo" del matrimonio Morgado: "Recién cuando yo misma caí en la trampa, y les presenté a más gente que también cayó, me enteré de que venían estafando a todo el mundo desde hace años. Solo cuando comenzó a salir todo en los medios me di cuenta de la magnitud. Hay denuncias contra Morgado y Moreno que se remontan a 2016, 2019 y 2022, es increíble que nadie los haya podido frenarâ?³.Fernando Burlando, asumió la defensa de Claudio Morgado y su mujer, y desde ese momento hizo varios intentos por llegar a acuerdo económico con las supuestas víctimas para que desestimaran la denuncia penal. Sin embargo, García y el resto de los damnificados rechazaron esa oferta. "Quiso arreglar con plata, pero le dije que esto ya tomó un curso legal. Esto es una cuestión de justicia, no se trata más de dinero", explicó. "El único desenlace aceptable es que la pareja enfrente un juicio. Si aceptaba el dinero, todo quedaba en nada y él seguiría estafando a más gente", añadió la periodista.Otra de las afectadas es Andrea Álvarez, expercusionista de Soda Stereo y vecina de la pareja, que en abril cuando la causa tomó estado público también salió a compartir su "incómoda experiencia con el matrimonio" en redes sociales. "Yo era amiga de Claudio, incluso compartíamos gimnasio. Su mujer me ofreció una MacBook Pro a un precio especial que, según ella, traía por una amiga que trabajaba en Apple. Aparte, me la dejaba a mitad de precio. Me decía 'Clau te ama, por eso te hago precio'. Terminé comprando dos una para mí y otra para mi hermano, pero nunca recibimos nada, ellos me empezaron a evitar en el barrio, hasta dejaron de ir al gimnasio y ahí me di cuenta de que había caído en una estafa", relató Álvarez a LA NACIÓN. Y agregó que prestó su propio testimonio en la causa contra Morgado y su mujer iniciada por García."Esto va más allá de recuperar el dinero. Es una cuestión de justicia y de dar voz a todos los que han sufrido por estos engaños", remarcó García, decidida a llevar el proceso hasta el final. La determinación de los afectados es clara: frenar el accionar de la pareja y establecer un precedente contra este tipo de fraude. "He gastado más de lo que perdí, pero sigo adelante porque esto va más allá de mi caso personal. Quiero que se haga justicia, no solo por mí, sino por todos los que han pasado por lo mismo", concluyó García, resaltando el impacto del reclamo.
Es por el escándalo ocurrido en los vestuarios del estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, después de la derrota ante Boca por la Copa Argentina.Además, le impusieron una prohibición de acercamiento a los dirigentes del conjunto cordobés.
La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, cuestionó este miércoles a la Justicia por "llegar tarde" con la condena de la expresidenta Cristina Kirchner en segunda instancia a seis años de prisión por la causa Vialidad. "La contracara de la corrupción es la pobreza", sostuvo la exdiputada, que había denunciado al exmandatario Néstor Kirchner por asociación ilícita en 2008."Yo sabía que iba a ser condenada, pero pensé que el condenado iba a ser Néstor porque hace 20 años nosotros hicimos el primer informe de obra publica en el que hablábamos de vialidad", indicó Carrió en diálogo con LN+."Si fuera juez, hubiera pedido prisión preventiva": Elisa Carrió, tras la condena a CristinaTras ello, apuntó contra la Justicia por la demora de más de una década en emitir una sentencia contra la exmandataria y Lázaro Báez, el empresario dueño de Austral Construcciones. "Luego se paró la causa; el juez Julián Ercolini no quiso actuar, nunca pidió los expedientes, si hubiese allanado, estaban las pruebas. Por eso tardó tanto tiempo, se derivaron varias causas", consideró la socia fundadora de Cambiemos."En todos cargos se viene a corroborar la matriz de la asociación ilícita, que la continúa Cristina. Cuando Néstor muere, yo pensé que Cristina podía decir 'estos bienes no son míos'. Ella queda al frente de la asociación ilícita. Lo robado en esa época es mayor a los 5000 millones de dólares. La Justicia llegó, pero llega tarde", sumó la dirigente.Además, expresó que si bien se confirmó la condena en segunda instancia, la expresidenta "no va a estar inhabilitada para ocupar cargos porque queda el recurso de la Corte Suprema"."No tengo alegría, tengo pena; ella hubiera podido ser decente, aunque haya podido reparar los bienes, pero le adelantó la herencia a sus hijos. La justicia llegó y no tengo más nada que hablar. Con paciencia finalmente hay justicia. Me gustaría que en el futuro la Justicia se apreste, para evitar que se robe tanto, porque la contracara de la corrupción es la pobreza", insistió."Ella pudo haber dejado eso y no lo dejó, lo siguió configurando. Por eso nosotros ampliamos la denuncia", aseveró luego.En otro tramo de la entrevista, Carrió volvió a preguntarse "por qué ha sido tan lenta la Justicia" y aseguró que "hubo encubrimiento" para que el matrimonio no sea condenado años atrás. "Que todo el mundo sepa que no estaba loca, que había corrupción, que se robaron parte del país, y espero que en el futuro los casos de corrupción sean inmediatamente resueltos", dijo.Finalmente, aseguró que ella hubiera ordenado la prisión preventiva si fuese jueza. "Hay una doctrina garantista, que yo no comparto, de que la persona puede empezar en libertad su sentencia definitiva antes de que decida la Corte", cerró.A mediados de 2008, Carrió denunció al expresidente Néstor Kirchner, como presunto jefe de una asociación ilícita que también -según su presentación- integraban Julio De Vido [exministro de Obras Públicas de Santa Cruz]; Ricardo Jaime [exsecretario de Transporte]; los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Rudy Ulloa; y el extitular del Organo de Control de Concesiones Viales Claudio Uberti.La denuncia recayó en su momento en el juzgado de Ercolini y estuvo basada en una recopilación de las investigaciones de distintos diputados de ARI y la Coalición Cívica durante los cinco años y medio del kirchnerismo en el poder. Luego de la muerte del exmandatario, Carrió amplió la denuncia a su esposa, Cristina.La condenaLa Sala IV integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña comunicaron su decisión este martes en el marco de la causa Vialidad, en la que se la acusa a la extitular del Ejecutivo de utilizar la obra pública para obtener beneficios económicos durante su tiempo al mano de la Casa Rosada. La defensa de la exvicepresidenta ya presentó un escrito en el que informó que recurrirá la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia, la última instancia posible.Fue condenada como "autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". Los jueces de la Casación la absolvieron, por mayoría, por el delito de asociación ilícita.A pesar de esta confirmación en segunda instancia, la expresidenta no quedará detenida porque la sentencia todavía no está firme. El nuevo Código Procesal Penal establece que las penas se ejecutan una vez que se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión y esto es cuando la Corte Suprema de Justicia rechaza el último recurso de la defensa, lo que puede demorar años. Además, no hay plazos para que el máximo tribunal se expida.Si bien la exmandataria no tiene fueros que eviten su arresto, tiene más de 70 años, por lo que, de quedar firme su pena, podría pedir cumplirla en su casa. Tampoco se aplica en este caso la inhabilitación a ejercer cargos públicos por la misma razón.
En diciembre de 2022, cuando el Tribunal Oral Federal número 2 la condenó a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta en la causa conocida como Vialidad, Cristina Kirchner se convirtió en la segunda mandataria desde el retorno de la democracia en ser condenada por la Justicia. La precedía el expresidente Carlos Menem, con dos mandatos consecutivos entre 1989 y 1999, quien fue condenado por la Justicia en tres causas distintas.Con el fallo que la sala 4 dio a conocer hoy, tras revisar la condena del TOF 2, Cristina Kirchner también compartirá con el riojano el estigma judicial de tener una condena confirmada por un tribunal de alzada. Con todo, las aspiraciones políticas de uno y otro mandatario no fueron diezmadas por los problemas en los tribunales. El proyecto de ley de Ficha Limpia -con dictamen aprobado- podría modificar no obstante la necesidad de contar con sentencia firme para no poder ser candidato.A Carlos Menem lo aquejaron múltiples frentes en la Justicia, pero solo en dos de ellos su condena estuvo ratificada por la Cámara de Casación.En el expediente conocido como "sobresueldos", en el que se investigó su actuación en la organización de un esquema de sobresueldos con fondos de la SIDE que se extendió por casi una década, el TOF 4 lo encontró culpable -junto al ministro Domingo Cavallo y otros funcionarios- del delito de peculado y lo condenó a cuatro años y medio de cárcel.En octubre de 2018, Ángela Ester Ledesma, Ana María Figueroa, integrantes de la sala II de la Casación, confirmaron por mayoría la condena contra el expresidente. El juez Eduardo Rafael Riggi, por su parte, votó en disidencia al considerar que se había vulnerado el derecho de todos los imputados a ser juzgados en un "plazo razonable". Los hechos investigados se dieron entre 1991 y 1999.A su vez, el expresidente Menem fue condenado por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, en medio del conflicto bélico que ambos países mantuvieron con otras naciones en los primeros años de la década del 90. En 2011, luego de 16 años de investigación, el tribunal oral en lo Penal Económico número 3 absolvió al riojano junto a otros 17 acusados, entre los que se encontraba su asesor Emir Yoma y el exministro de Defensa Oscar Camillión.En 2013 la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Raúl Madueño, Luis María Cabral y Juan Carlos Gemignanila, revisó el fallo, revocó la sentencia y condenó a Menem por contrabando agravado. Le ordenó al TOF que fijara una pena contra el expresidente. Fueron 7 años de prisión.La Casación rechazó los recursos presentados por la defensa del expresidente y en 2017 confirmó la condena. No obstante, el riojano no quedó detenido: le quedaba la apelación a la Corte y, siendo senador nacional por la "Alianza Frente Popular Riojano", contaba con el blindaje de los fueros parlamentarios.En 2018, la Corte ordenó que otra sala de la Casación revisará el fallo, y pese a las diferencias que surgieron entre Riggi, Carlos Mahiques y Liliana Catucci, los jueces coincidieron en absolver a Menem al entender que hubo un "exceso temporal" para resolver las condenas.En 2019, el riojano fue encontrado culpable por el TOF 2 por la venta irregular de un predio a la Sociedad Rural, en 1991. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michelini le fijaron la pena de 3 años y 9 meses de prisión.Sin embargo, nueve meses después, la sala III de Casación sobreseyó por mayoría al expresidente al entender que, luego de 28 años de la operación, habían pasado los "plazos razonables" para juzgarlo.Catucci y Riggi fallaron una vez más en favor del riojano. Por su parte, Juan Carlos Gemignani, en soledad, planteó la "imprescriptibilidad" de los delitos de corrupción y rechazó los recursos de la defensa.Democracia intermitenteSi bien fueron juzgados en democracia, distintos militares fueron encontrados culpables por los delitos cometidos durante el ejercicio de su presidencia antes de 1983.Leopoldo Fortunato Galtieri, al frente del Ejecutivo entre 1981 y 1982, fue juzgado en 1986 por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y encontrado culpable por su "negligente" conducción en la Guerra de Malvinas. Galtieri recibió una condena de 12 años de prisión, pero fue beneficiado por un indulto de Carlos Menem (Decreto 1005/89): quedó absuelto y se le restituyó su grado de teniente general.Un año antes, el juicio a las juntas condenó a los militares Roberto Viola y Jorge Rafael Videla a 17 años y prisión perpetua, respectivamente, por violaciones a los derechos humanos en los últimos años de la dictadura militar. Ambos fueron alcanzados por los indultos presidenciales del riojano, los cuales serían declarados inconstitucionales por la Corte Suprema en 2010. Viola falleció en 1994 y Videla en 2013.Algunos casos sin condenaEn 2019, el expresidente Menem quedó absuelto por el TOF 2 en la causa que lo investigaba por un presunto encubrimiento en la voladura de la Amia en 1994. Fue tras un juicio oral que se extendió por más de tres años.Por su parte, el exjefe del Estado Fernando de la Rúa quedó absuelto en la causa más significativa que enfrentó: la investigación por las coimas en el Senado. El expediente se inició con una confesión de Mario Pontaquarto: el ex secretario parlamentario aseguró haber pagado sobornos en la Cámara alta para motorizar la ley de flexibilización laboral. La justicia absolvió al expresidente De la Rúa en diciembre de 2013.
Iván Buhajeruk, de 24 años, se convirtió en futbolista profesional sin haber realizado Inferiores.Tanto él como el club de Nueva Pompeya, que apenas tiene 900 socios, recibieron críticas hasta de la Scaloneta campeona del mundo.
"Nos abocamos a desmitificar una ideología tan nociva y tan anacrónica como lo es el abolicionismo penal que desde su concepción ha entendido que el delincuente es una víctima del sistema, que hay que ayudar, resguardar y beneficiar a toda costa".La descripción pertenece a María Jimena Molina y alude a uno de los elementos del libro que la Usina de Justicia presentó este martes en el teatro Colón ("Nuevos Paradigmas para la Justicia Penal hacia una era con perspectiva de víctima") en conmemoración de los 10 años de vida de la organización apartidaria que acompaña a las víctimas del delito y preside la filósofa Diana Cohen Agrest."Éramos apenas unos pocos padres e hijos unidos en la necesidad de dar sentido a la pérdida de nuestros seres queridos", recordó, a su turno, Cohen Agrest frente a las más de 100 personas que seguían sus palabras a lo largo del salón dorado del teatro porteño. Su hijo Ezequiel Agrest perdió la vida a manos de un delincuente en 2011, en un robo común en el barrio de Caballito."Habida cuenta de nuestra postura pública anti-abolicionista -en cuanto esta liberaba a delincuentes que terminaban asesinando a nuevas víctimas- se unieron a nosotros profesionales de la justicia con quienes nos congregamos una mañana que se anunciaba como cualquier otra", siguió, recordando los inicios de la organización que en 2019 fue incorporada a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEA).La salud mental y la criminalidad en menores son otros de los temas que aborda el compendió de artículos y notas periodísticas reunidas por Molina y Cohen Agrest en el libro editado por Taeda."El Estado sigue errando en su política penal y falla en tres dimensiones, deja indefensa a las víctimas de delitos violentos, favorece al delincuente armado y busca reinsertarlo en una sociedad a la que el victimario, al vulnerar la integridad de un inocente, ha renunciado", expresó Cohen Agrest."Como ciudadanos, les pedimos a nuestros legisladores, jueces, fiscales y defensores que reconcilien la ley con el valor esencial de la justicia. Hoy, más que nunca, reafirmamos la importancia de esta justicia encarnada en las acciones de nuestros funcionarios como cemento social", añadió.En las primeras filas se ubicaron los jueces de Casación Mariano Borinsky -presidente de la Cámara-, Guillermo Yacobucci y Diego Barroetaveña; también el procurador general de la nación, Eduardo Casal y su par bonaerense, Julio Conte Grand. Más tarde se sumaría el camarista Gustavo Hornos para completar la integración de la sala 4 de la Casación, que mañana en los tribunales de Comodoro Py leerá el fallo de la causa conocida como Vialidad."Víctimas, se afirmaba, eran sólo las de la dictadura. Mientras el relato, parcial, se volvió hacia sus muertos en una épica que los rescató bajo la forma de la conmemoración y la memoria. Nosotros, hijos enlutados de la democracia, no fuimos ni somos objeto de publicaciones académicas ni de indemnizaciones ni contamos con el foco de la atención internacional bajo el manto de una sola faz de los derechos humanos", remarcó la filósofa."Sin homenajes, los muertos de la democracia fueron invisibilizados y para los enlutados ni siquiera nos queda el consuelo de que murieron en pos de controvertidos ideales. Hoy vivimos un tiempo en que todos quieren ser víctimas y, respondiendo a un enrarecido clima de época, se continúan privilegiando unas víctimas en desmedro de otras", completó la filósofa y especialista en bioética.Antes de Cohen fue el turno del jurista francés Pierre-Marie Sève director de la Asociación Civil Francesa Institut pour la Justice, una organización que persigue fines similares a los de la Usina en suelo galo."Trabajando con el equipo de usina de justicia, me di cuenta de que las situaciones entre Francia y Argentina son mucho más parecidas de lo que pensaba", afirmó. "En Francia, como en Argentina, hay un abismo entre lo que quiere la población y lo que piensa una gran parte de las élites judiciales, políticas y mediáticas. En Francia, como en Argentina, se desprecia el sentido común y el pragmatismo y hay que revisar todo el sistema de justicia penal", comparó el jurista de La Sorbona.Relató con detalle el caso de un asesino francés que quedó en libertad en tres oportunidades -fingió locura, se escapó y luego quedó libre por buen comportamiento- cuyo raid homicida solo se detuvo al tomar la vida de Jeanne Marie, una niña de 11 años. "Y, desde entonces, el sistema francés ha aprendido la lección, por fin, y hoy sigue en prisión", contó.El constitucionalista Alejandro Fargossi, la consejera Jimena de la Torre, el juez nacional en lo civil Ignacio Rebaudi Basavilsbaso y el fiscal José María Campagnoli, fueron otros de los presentes en el evento conmemorativo de la Usina, que cerró con el piano de Hernán Malagolila acompañando a la soprano Andrea Llor y al tenor Leonardo Pastore.
Pierre-Marie Sève, director de Instituto por la Justicia, disertó en la gala por el 10° aniversario de Usina de Justicia en el Teatro Colón. Dijo que muchos en su país y el nuestro, muchos de los jueces "son de extrema izquierda y ponen sus ideas personales sobre la ley".
La ex presidenta publicó un documento de cinco carillas en sus redes sociales, en la víspera de la resolución de Casación de este miércoles.Le apunta a los "medios hegemónicos" y al "Poder Judicial", entre otros.
Una fiscalía requirió a la Dirección de Escuelas un detalle sobre quién firmó la resolución y cómo fue el criterio de selección de la colección "Identidades bonaerenses".Hay dos denuncias en La Plata por promover la corrupción de menores y difundir pornografía. Le pidieron a los denunciantes que amplíen su exposición y aporten pruebas.
El debut del streamer, que jugó menos de dos minutos contra Vélez, abrió un conflicto para Deportivo Riestra y su entrenador. La AFA también pidió investigar si hubo violación al Código de Ética. Leer más
Para Juan Martín Mena, el proceso contra Cristina Kirchner es "escandaloso" y sin base jurídica, ya que "el administrador general es el jefe de Gabinete". Por otra parte, advirtió que judicializar las disputas políticas afecta la salud democrática. "Buscar atajos como la ficha limpia para sacar de la carrera a algún candidato no es sano para la democracia", sostuvo. Leer más
Jorge Boasso criticó fuerte a una jueza y su fallo en el fuero laboral, y el Colegio de Magistrados lo cruzó con dureza.
El Matador de Victoria busca un triunfo que lo haga escalar varias posiciones en la tabla anual.El Halcón de Varela necesita llevarse los tres puntos para acercarse a los puestos de copas internacionales.Transmite TNT Sports.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación decidió que su sentencia se conozca ese día, en un trámite público en el que si lo desean podrán estar presentes los acusados, aunque no es obligatorio. Leer más
Los testimonios de quienes estuvieron en el Hospital Centenario con las víctimas apuntan a tres hombres que se acercaron a pie hasta la camioneta y dispararon contra los barrabravas. Leer más
La Cámara Federal de Casación Penal confirmará este miércoles la condena impuesta a Cristina Kirchner a seis años de prisión por corrupción en el direccionamiento de obras públicas de Santa Cruz. La expresidenta ya decidió que va a recurrir ese fallo ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que no quedará firme aún."Vamos a apelar a la Corte", dijo a LA NACION un colaborador de Cristina Kirchner ante la inminencia del fallo, que incluso en el kirchnerismo dan por seguro que confirmará la condena que le impuso el Tribunal Oral Federal N° 2 el 6 de diciembre de 2022 por el delito de fraude contra la administración pública, como informó este diario en septiembre pasado.Cristina Kirchner fue la primera vicepresidenta en ejercicio condenada por cargos de corrupción, ya que cuando fue juzgado y condenado Amado Boudou en 2018 ya había dejado la función pública.Aun con la condena confirmada por la Cámara de Casación, Cristina no irá presa, ya que la sentencia queda firme y tiene aplicación, cuando -según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia-, se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años.Y además, la que resolverá el caso de Cristina Kirchner no será esta Corte, con la actual integración, porque Juan Carlos Maqueda dejará el tribunal a fin de año.Probablemente en el futuro próximo, a los tres jueces que quedarán (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), se sumarán otros dos en los cargos que quedarán vacantes en el tribunal. Pueden ser el juez Ariel Lijo y el académico Juan Manuel García Mansilla, u otros candidatos que envíe el Gobierno si es que sus pliegos no prosperan en el Senado.Cristina Kirchner no tiene fueros que eviten su arresto, pero tiene más de 70 años, por lo que en esa circunstancia si la Corte se pronuncia en su contra, puede pedir cumplir la pena en su casa. Si prospera la ley de ficha limpia en el Congreso, con este fallo de Casación no podría ser candidata.La decisión de los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña se conocerá el miércoles 13 de noviembre, en una audiencia oral y pública convocada en la planta baja de Comodoro Py 2002. Cristina Kirhner no tiene obligación de estar presente en el lugar. La policía sugirió usar esa sala por razones de seguridad: cuenta con un pasillo lateral para que acceden y se retiren los jueces.Asimismo, el edificio de Comodoro Py 2002 tendrá un importante operativo de seguridad, ya que se aplicará un protocolo especial para estos casos importantes, máxime cuando el kirchnerismo convocó a una clase pública a realizarse esa mañana a las 9 en la puerta del edificio de Retiro. Invitaron a participar del acto a enviados del presidente de Brasil, Lula da Silva, que también se define como víctima del lawfare por su detención de casi dos años.La convocatoria corrió por cuenta de Juan Grabois y del ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y prometen denunciar el lawfare y explicar cómo operan ciertos mecanismos de supuesta persecución política y mediática, que a su juicio son los que determinaron la condena.A las 11 está previsto que comience la audiencia que se transmitirá en directo por Youtube. El presidente de la Sala, Gustavo Hornos, leerá un texto que contiene las partes esenciales de la sentencia que firmará ese día con sus colegas Borinsky y Hornos. Tras la audiencia se confirmará electrónicamente.El fallo tiene en total unas 1500 páginas, y consta de tres votos por separado de cada uno de los camaristas. No se leerá completo, sino que probablemente se lean los antecendentes, lo ocurrido en la audiencia oral de diciembre cuando se impusieron las condenas, lo ocurrido en las audiencias posteriores y se lea el veredicto final.Habrá un análisis de las cuestiones procesales que motivan que los jueces rechacen los recursos, incluido el de la fiscalía, pero también un análisis de los hechos, de las pruebas, calificaciones legales y la extensión de las penas.La postura de los juecesEn las deliberaciones para llegar a esta sentencia, que se iniciaron el 9 de mayo, antes de las vacaciones de invierno, cuando concluyeron una serie de audiencias orales con algunos acusados y sus defensores, hubo posturas divergentes entre los jueces.De hecho los plazos procesales en este caso están todos vencidos. Debieron pronunciarse 20 días hábiles después de las vacaciones de invierno, según los plazos del Código, pero eso no ocurrió. En la demora incidieron desacuerdos, licencias por viaje de los jueces y finalmente cuando crecían las especulaciones, que relacionaban los aplazos con la cobertura de las vacantes en la Corte, decidieron dar a conocer la sentencia en una audiencia oral, convocada para el miércoles, una decisión atípica reservada para casos especiales.Según trascendió en fuentes de los tribunales, el fallo sería dividido por dos votos contra uno. No obstante, los camaristas rechazarán todos los recursos, tanto de la fiscalía como de las defensas, con lo que quedarán confirmadas las mismas penas y absoluciones que impusieron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal N° 2, cuando firmaron la sentencia el 6 de diciembre de 2022.En el fallo hay posturas diferentes. El juez Gustavo Hornos, que preside la Sala IV en este caso y fue el primero en votar, se inclinó por endurecer la condena e incorporar al fraude contra el Estado, el delito de asociación ilícita, que reclamó el fiscal de Casación Mario Villar, del mismo modo que el fiscal del juicio oral Diego Luciani. Con este delito tanto Luciani como Villar reclamaron que la condena se eleve a 12 años de prisión.Pero la posición de Hornos quedó solitaria. Los otros dos jueces que votan por separado son Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Borinsky analizó en un momento reducir la condena tratándose de una persona primaria y sin antecedentes penales. Ya falló así en otros juicios como en el caso de la Ruta del dinero K, contra Lázaro Báez, y en una causa contra Julio De Vido por la tragedia de Once, cuando le tocó votar como conjuez de la Corte Suprema.El tercer juez a votar, Barroetaveña, mantendría las mismas penas que impuso el tribunal oral federal. Borinsky terminó por coincidir con su colega en esta posición.Así las cosas, hoy en la Casación la decisión está tomada: se confirmará la sentencia por dos votos a uno, con la opinión mayoritaria de Borinsky y Barroetaveña, con el voto de Hornos en disidencia, dijeron fuentes de los tribunales. Son 14 imputados y 13 condenas que hay que revisar, que se mantendrían todas como están.El Código Procesal Penal refiere en el art. 458 inciso 2 que el fiscal puede apelar la sentencia condenatoria, "cuando se haya impuesto una pena privativa de libertad inferior a la mitad de la requerida".En este caso el fiscal de juicio, Diego Luciani, pidió 12 años y el tribunal oral impuso la condena de seis años, es decir que no es inferior a la mitad de lo pedido, sino justo la mitad. Este sería uno de los argumentos para rechazar el recurso de la fiscalía.Hay otro asunto. Si la Casación cambia las penas, el caso debería ser revisado en un recurso de Casación horizontal por otra sala del mismo tribunal, lo que habilita el "efecto extensivo" del recurso que permite que los jueces alteren otras condenas y no solo las corregidas en un primer momento. Todo un escenario imprevisible. Ante esta situación, primó en la mayoría del tribuna la idea de dejar todo como está.Cristina Kirchner fue condenada a seis años de cárcel, considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. También se dictó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces la absolvieron, por mayoría, por el delito de asociación ilícita.El empresario dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, fue condenado a seis años de prisión como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El exsecretario de Obras Públicas José López también fue sentenciado a seis años de cárcel. Ya había sido condenado previamente por enriquecimiento ilícito y por la tenencia ilegal de un arma de fuego. El extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti recibió una condena a seis años de prisión por ser considerado autor penalmente responsable de delito de administración fraudulenta.El exministro de Planificación Julio De Vido fue absuelto de todos los cargos por los que había sido acusado, y seguirá así. Héctor Garro, fue absuelto por el tribunal, pero fueron condenados los titulares durante tres gobiernos kirchneristas de la Agencia de Vialidad Provincial de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Raúl Daruich 3 años y seis meses), Raúl Pavesi (cuatro años y seis meses), José Raúl Santibáñez (4 años) y Juan Carlos Villafañe (cinco años).Abel Fatala -que fue el segundo de José López en la secretaría de Obras Públicas, fue absuelto y seguirá así, al igual que Santiago Kirchner, primo de Néstor, que fue sobreseído.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), máxima instancia para causas de naturaleza política en el vecino país, reiteró que "Evo Morales y cualquier otra autoridad en cargos nacionales, departamentales o municipales solo pueden ejercer dos mandatos, sean continuos o discontinuos". Eso deja a Morales al margen de las elecciones 2025, luego de violentas semanas de bloqueos de rutas e incluso una huelga de hambre. Leer más
El 10 de junio pasado, Kiara P., de 22 años, fue diagnóstica de "problemas relacionados con estrés". El médico le recomendó que iniciara un tratamiento con cannabis medicinal. La mujer completó la solicitud de inscripción al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), creado en 2021. Después de dos meses de no tener respuesta, recurrió a la Justicia y presentó un amparo.En las últimas horas, el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Alonso Regueira hizo lugar a la acción de amparo y ordenó que el Ministerio de Salud de la Nación arbitre los medios necesarios a fin de que, dentro del plazo de 20 días, proceda a la inscripción y alta de Kiara P. en el Reprocann.Así lo informaron a LA NACIÓN fuentes con acceso al expediente. En su presentación, Kiara P., representada por el abogado Alejandro Maronna, integrante del Estudio 420 y Federación de Clubes Cannábicos de la Argentina (Fecca), presentó un recurso de amparo.Según el expediente, la demandante explicó que "ante la falta de respuesta a su trámite y tras haber transcurrido el plazo legal establecido en la ley de procedimientos administrativos [60 días], sin que se hubiera emitido resolución al respecto, se configura lo normado por el art. 10 de la ley 19.549 entendiéndose al silencio de la Administración como una negativa".RespuestaEl magistrado le corrió vista al Ministerio de Salud. En la respuesta, el organismo sostuvo que la presentación era "improcedente, ya que en el caso no existe acto u omisión lesiva, ni violación de derecho constitucional alguno, además de que no sería apta para discutir el tema, dada la existencia de otras alternativas" y que "sería deseable que el paciente recurriera a la opinión de profesionales especializados en cannabis, quienes podrían ofrecer un diagnóstico más preciso y así determinar si el cannabis medicinal es la opción terapéutica más eficiente en este caso particular y así adecuar su petición a la normativa modificada".El Ministerio de Salud explicó que el médico tratante debe ajustarse a lo dispuesto en la resolución ministerial 3132/24, la cual establece en su artículo 7° que: "Es requisito excluyente para solicitar la inscripción en el Reprocann contar con una indicación médica para el uso de cannabis y sus derivados, por parte de un profesional médico registrado en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (Refeps), además de poseer una diplomatura o maestría en el uso medicinal de la planta de cannabis".Como informó LA NACIÓN en su momento, en agosto pasado, el por entonces ministro de Salud, Mario Russo, decidió llevar adelante mayores restricciones para el cannabis medicinal para que el Reprocann fuese "más ordenado y riguroso".AuditoríaSegún el Gobierno, en una auditoría, se encontró "un cuello de botella de más de 100.000 solicitudes pendientes de revisión, de las cuales ocho de cada diez prescripciones indicadas son por trastornos de ansiedad, insomnio y/o dolores". Enfatizaron que "el 16% del total de las prescripciones médicas fueron otorgadas por solo seis médicos y que unos 60 profesionales cuentan con más de 1000 prescripciones realizadas". Uno de esos médicos, agregaron en el Gobierno, autorizó a 13.000 personas a acceder al programa.Al resolver el recurso de amparo, el magistrado sostuvo: "A propósito de lo cual, y en sintonía con lo que postulara la actora al contestar el respectivo traslado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que 'cuando bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en ella para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay un derecho adquirido, porque la situación jurídica general creada por esa ley se transforma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza de un sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida por una ley posterior sin agravio al derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional y el efecto retroactivo de la ley encuentra un valladar insorteable en una situación definitivamente concluida al amparo de la legislación precedente'".Entonces, el juez Alonso Regueira explicó: "De tal modo, puede concluirse que las nuevas exigencias incorporadas a través de la Resolución 3132/2024, que no se encontraban vigentes al momento de la solicitud -y que, cabe añadir, conforme las constancias acompañadas, tampoco fueron comunicadas por la Administración a la solicitante en el marco del trámite que iniciara- no resultan oponibles al otorgamiento de dada de alta en el registro, en tanto solo rigen para las solicitudes presentadas con posterioridad a su entrada en vigencia".
El senador y el diputado fueron a la Justicia luego de que el escrutinio partidario diera como derrotado a Migeu Domenichini, el candidato que apoyaban en la provincia. Pero el juez Alejo Ramos Padilla, aun admitiendo algunas mesas con irregularidades, confirmó este viernes la victoria del exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández. Leer más
La estrategia que trazó el gobierno de Javier Milei para avanzar con el envío al Senado de los pliegos de 150 jueces, defensores y fiscales en todo el país volvió a provocar cortocircuitos con Pro, el principal aliado parlamentario de La Libertad Avanza. Es que la decisión de la mesa chica del Presidente de apurar el armado de las listas para cubrir las vacantes en cargos estratégicos del Poder Judicial sin consensuar con sus socios más estrechos en el mapa político generó malestar y desconcierto en el seno del macrismo.Una de las demandas que le hace Mauricio Macri a la administración libertarias es que prioricen a los representantes de su fuerza a la hora de articular la agenda parlamentaria o atender los reclamos de gobernadores. "No hubo ningún sondeo por ahora. Había un compromiso de diálogo previo, tanto a nivel político como institucional", señala uno de los interlocutores habituales de Macri. No obstante, la Casa Rosada envió señales de que priorizará a otros interlocutores políticos, ya que Pro tiene apenas siete senadores. Según consignó ayer LA NACION, los colaboradores más cercanos a Milei consideran que no deben consensuar con el jefe de Pro los nombres de los postulantes que propondrán para las ternas para juzgados, defensorías y fiscalías.El argumento que esbozan en las filas de LLA es que deben ser pragmáticos e involucrar en las tratativas a los gobernadores que tienen mayor incidencia en la actual composición de la Cámara alta. Además, el oficialismo optó por ejecutar un plan de presión sobre los mandatarios para destrabar la firma del dictamen de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los dos candidatos que propuso Milei para la Corte Suprema de Justicia. Desde los despachos donde se toman la mayoría de las decisiones del Ejecutivo dejaron trascender que están dispuestos a negociar e intercambiar nombres de la nómina de pliegos para jueces que mandarán la semana próxima al Senado con aquellos actores que pueden garantizarle votos para lograr el objetivo de colocar a Lijo y García Mansilla en el máximo tribunal.El Gobierno anunció el envío de 150 pliegos de jueces federales: presiona a los gobernadores para negociar por Lijo y García-MansillaEl anuncio oficial que hizo ayer el Gobierno respecto de los pliegos estuvo a cargo del secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Es el número dos del ministro Mariano Cuneo Libarona y uno de los lugartenientes de Santiago Caputo, el asesor todoterreno del Presidente, en la estructura de poder de Milei. Apenas terminó la conferencia de prensa que brindaron Amerio y el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, se activaron los teléfonos de los altos mandos de Pro. Macri delegó el asunto en Germán Garavano, exministro de Justicia de Cambiemos. Espera que su exfuncionario revise las propuestas del Ejecutivo para los puestos sensibles antes de dar el visto bueno. Hasta hoy, Caputo no le había adelantado a Cristian Ritondo, jefe de bloque de Pro en Diputados y el interlocutor que eligió Macri para coordinar con el Gobierno la agenda política y parlamentaria, la lista preliminar. En el macrismo también aguardaban un contacto de Amerio con Guadalupe Tagliaferri, titular de la Comisión de Acuerdos del Senado, donde el oficialismo requiere reunir un colchón de apoyos para aprobar las ternas."Por lógica, lo tendríamos que conversar antes. Pero hasta ahora no vimos la lista", dicen en la cúpula de Pro. El borrador con los supuestos candidatos elegidos por Milei que se filtró la semana pasada en los medios encendió las alarmas en el macrismo. Según fuentes cercanas al expresidente, detectaron un grupo de "candidatos neokirchneristas". Varios gobernadores también elevaron quejas por el perfil de aspirantes que aparecieron en la presunta lista. Por caso, Ignacio Torres (Chubut) se comunicó con altos funcionarios de la Casa Rosada para corroborar si habían avanzado con la elección de tres candidatos en su distrito sin siquiera avisarle. Desde Balcarce 50 intentaron contenerlo con la justificación de que la lista que circuló no era oficial. Torres tiene incidencia en el interbloque de Provincias Unidas, que conforman Edith Terenzi y los peronistas Juan Carlos Romero, Carlos Espínola, Edgardo Kueider y Alejandra María Vigo, entre otros.Por ahora, los senadores dialoguistas que integran la Comisión de Acuerdos tampoco estaban al tanto de los nombres que enviará la semana próxima el Ejecutivo. Es una negociación compleja para las espadas de Milei, ya que los legisladores suelen presionar para consensuar los nombramientos en juzgados o cargos estratégicos de sus distritos antes de anudar un acuerdo por el paquete de pliegos. "La situación de la Justicia es crítica y llegó a un punto complicado. Se lo veníamos advirtiendo al Gobierno", dicen en el macrismo.Como ocurrió en el caso de Lijo, uno de los temas que tensionaron el vínculo entre Milei y Macri, los referentes de Pro se quejan de que el Gobierno no les hayan adelantado los nombres de jueces, fiscales y defensores que procura enviar al Senado. En la cima de Pro sienten que el apoyo que le dieron los bloques legislativos del partido amarillo en votaciones clave para los intereses de Milei -desde el aval a la ley bases hasta la convalidación de los vetos a la reforma jubilatoria o la ley de financiamiento universitario- no fue recompensado por la Casa Rosada. Por caso, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Torres (Chubut) y el jefe porteño Jorge Macri aún no recibieron respuestas concretas a la lista de demandas por deudas y obras que le dejaron a Milei durante el almuerzo de la semana pasada en Balcarce 50. El próximo lunes, se reunirá la mesa ejecutiva de Pro: uno de los temas a tratar serán los pliegos para cubrir vacantes en la Justicia y el proyecto de presupuesto.Macri repite que está dispuesto a acompañar la sanción del presupuesto 2025, pero exige que el Presidente destrabe los pedidos de sus gobernadores. También solicita que un cese de la actitud hostil que exhiben los libertarios que responden a Karina Milei en la Legislatura porteña, donde Jorge Macri tiene una frágil alianza con radicales, lilitos y Confianza Pública que le permite asegurar la gobernabilidad.Desafío al poder de Milei: la oposición convocó a una sesión especial para limitar la utilización de los DNU"Lo único que pedimos es articular el trabajo legislativo y que tengan una actitud colaborativa en los lugares donde gobernamos. Queremos ayudar para que a Milei le vaya bien, pero no tienen que tensar la cuerda en exceso", retrata uno de los referentes de Pro que orbitan cerca de Macri.Si bien no se plegarán a la ofensiva opositora para flexibilizar la ley que regula el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), los popes de Pro apuestan a redoblar la presión para que el oficialismo avance con el trámite legislativo para completar las vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN). El candidato elegido por Pro para ocupar la silla es Jorge Triaca, exministro de Trabajo de Macri. "Queremos que se cubre urgente, hay que sacarlo rápido", señalan cerca del expresidente, quien machacó en su última aparición pública que fortalecer la "institucionalidad" y "un sistema de reglas que funciones" es fundamental para preservar la confianza en el país y atraer a los potenciales inversores. También rechazó la auditoría que dispuso Milei en la Cancillería por el voto de la Argentina en la ONU en contra del bloqueo de EE.UU. a Cuba. "Las tensiones van a seguir hasta que haya un acuerdo o desacuerdo por el armado electoral de 2025â?³, aventuran cerca de Macri.
Rogelio "Roger" Nores, un estadounidense que vive en Argentina, fue acusado de "abandono de persona". En una entrevista con un diario inglés, negó ser manager del cantante y afirmó que está "devastado".
La entidad viene pulseando con varios distritos por temas impositivos.Y cerró varias sucursales por estas disputas
La titular de la Secretaría respondió a las críticas sobre la deficiente intervención de la secretaría a su cargo encargada de actuar cuando hay niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Leer más
Al encabezar la Expo Empleo, el gobernador volvió a cargar sobre los costos del Poder Judicial, de cuya cúpula quiere desprenderse.
La decisión se adoptó en razón de una denuncia presentada por el gremio de judiciales. Paralelamente, se inició una investigación administrativa para investigar el hecho. Leer más
Tres de las sospechadas lograron el puntaje perfecto y la restante tuvo mínimos errores. El gremio judicial alertó sobre posibles vínculos entre las aspirantes y un funcionario del fuero Penal. La entrevista con Federico Cortelletti fue en el programa After Office de radio Punto a Punto. Leer más
En pandemia se digitalizaron expedientes, pero cada causa tiene un mínimo de mil páginas. Si la inteligencia artificial llegara al sistema judicial, todo el proceso se aceleraría desde el inicio y un juicio no duraría más de seis meses. Hay muchas ventajas. Leer más
Amaya es uno de los sobrevivientes de la trágica explosión ocurrida en barrio Alta Córdoba que dejó un muerto y más de 60 heridos. El joven, que en ese momento tenía 15 años estuvo varios días en coma y fue sometido a una craneoplastia, una compleja cirugía que tuvo como finalidad reparar la pérdida de sustancia ósea del cráneo. "Siento mucho enojo cuando veo que los responsables siguen libres". Leer más
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este miércoles que denunciará ante la Justicia a los trabajadores de Intercargo que realizaron una medida de fuerza sorpresa en Aeroparque tras el despido de uno de sus compañeros el fin de semana. La medida causó que parte de los pasajeros no pudieran abordar y también que aquellos que ya se encontraban arriba de los aviones no pudieran descender. "Vamos a ir a la Justicia contra estos delincuentes por abandono y secuestro de personas, intimidación pública y bloqueo. Las hacen, las pagan", publicó en X.La Asociación del Personal Aeronáutico (APA), el gremio correspondiente a empleados de rampa y check in, ingresó hoy por la mañana en una asamblea que afectó la salida de vuelos, despacho y retiro de equipaje y el descenso de los aviones. La única empresa que no se vio afectada fue Aerolíneas Argentinas.La medida ocurre en medio del conflicto entre los gremios aeronáuticos y Aerolíneas Argentinas.Desde Flybondi denunciaron que hay más de 940 pasajeros en preembarque "que no pueden abordar" y 370 "que no pueden descender de las aeronaves que se encuentran en la plataforma". Mientras tanto, JetSmart y el grupo Latam aseguraron que se vieron afectados por la medida y que registraron demoras. La low cost también detalló que hay pasajeros sin poder desembarcar.Bullrich denunció en ese contexto que hay "pasajeros descompuestos y con ataques de pánico" y afirmó que están colaborando con la Policía de Seguridad Aeroportuaria y con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, para bajar a la gente varada en los aviones ante la falta de servicio de escaleras y rampas."Estos delincuentes secuestran a la gente por sus intereses corruptos. Hay 10 aviones con más de 1500 personas secuestradas. La PSA se encuentra ahora bajándolas de los aviones y, además, llegan refuerzos de Gendarmería y Prefectura", detalló. Mogetta calificó a las medidas de "salvajes" y sostuvo que los pasajeros fueron "tomados de rehén". "Se han impartido instrucciones para que se presenten las denuncias penales correspondientes para que la justicia intervenga inmediatamente y puedan recuperar su libertad los pasajeros", anunció.El conflicto surgió, según la secretaría de Mogetta, cuando Intercargo despidió a un coordinador del servicio de descarga de equipaje que había abandonado su puesto y generado demoras. Ahí fue cuando los gremios decidieron realizar asambleas informativas para pedir la reincorporación.Desde APA reclamaron que el despido fue "arbitrario y sin causa" y advirtieron que podía haber "demoras por reuniones informativas". "No vamos a permitir este tipo de provocaciones, menos aún en medio de la irresponsabilidad de Fernando Montes, presidente de Intercargo, y sus gerentes frente a una paritaria interrumpida intencionalmente para perjudicar económicamente al conjunto de trabajadores/as de Intercargo", agregaron.Los pasajeros varados sufren grandes incomodidades en los aviones de los que no pueden descender, entre ellas, un fuerte calor ante la falta de ventilación. En el aeropuerto, en cambio, aumentan las filas de pasajeros y se acumulan los equipajes, que tienen el preembarque está habilitido, pero el posembarque no, lo que no permite el procesamiento de valijas.El gremio tuvo el apoyo de otros que se encuentran en medio del conflicto salarial con Aerolíneas Argentinas. "Ante el despido arbitrario de un trabajador de INTERCARGO, expresamos nuestra solidaridad. Repudiamos este tipo de acciones por parte de las autoridades de la empresa. Es necesaria su inmediata reincorporación. En un contexto complejo como el actual, es fundamental unir esfuerzos para proteger los derechos de todos los trabajadores", escribieron desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.El gremio liderado de Pablo Biró tuvo una intensa disputa con Aerolíneas Argentinas y Mogetta la semana pasada. La empresa estatal denunció que a pesar de la renovación de la mesa de negociaciones, que se encuentran paralizadas hace más de dos meses, el sindicato de pilotos había realizado una medida de fuerza en el centro de formación y entrenamiento de pilotos (Cefepra) que afectó algunos vuelos internacionales. Desde APLA remarcaron que la medida se encontraba programada con anticipación.Tras ello es que Aerolíneas Argentinas suspendió las citaciones para las reuniones paritarias programadas con APA, APLA y la Asociación Argentinas de Aeronavegantes. La medida de fuerza de hoy podría volver a escalar el conflicto.
Sean McDonnell tenía apenas unas horas de vida cuando lo abandonaron en un basurero de Arlington Heights, un suburbio de Chicago, en 1983. En medio del frío, sus débiles llantos alertaron a una pareja que pasaba por el lugar. Cuarenta años después de haber sobrevivido a aquel trágico comienzo, busca justicia y respuestas sobre su origen."Quiero saber por qué me dejaron así. ¿Fui una carga para alguien?", dijo en una reciente entrevista con CBS Chicago.Lo encontraron y salvaron su vidaBruce y Terri McDonnell, quienes lo encontraron en el basurero, escucharon lo que creían era el maullido de un gato. Sin embargo, al acercarse, descubrieron a un bebé envuelto en una toalla, aun con el cordón umbilical. "No esperas encontrar a un recién nacido en la basura", recordó Bruce, quien rápidamente llamó a una ambulancia. Sean fue llevado al hospital con síntomas de hipotermia, sobrevivió gracias a la rápida acción de la pareja, que más tarde lo adoptó y le brindó una nueva vida.A sus 41 años, Sean regresó al lugar donde casi muere y recordó que, de no haber sido encontrado, ese día era el "lunes de la basura", lo que significaba que probablemente habría terminado en un vertedero. Esta cercanía a la muerte dejó una marca profunda en su vida y lo impulsa a buscar a los responsables de su abandono.Un viaje de descubrimientoSean se enteró de que era adoptado cuando tenía cinco años, pero fue hasta los 34 cuando supo los detalles de su traumático origen. Su madre adoptiva, Terri, compiló para él un libro con imágenes y recortes de periódicos que narraban su historia. Fue entonces cuando Sean decidió investigar más sobre sus padres biológicos. Utilizó pruebas de ADN y descubrió que sus progenitores no eran adolescentes asustados, como él había imaginado, sino adultos en sus 30 años: su padre era cartero y su madre, operadora de policía.La sorpresa no terminó allí. Descubrió que tenía un medio hermano, nacido un año antes que él, quien fue entregado en adopción de manera segura. Además, sus padres biológicos, luego de abandonarlo, se casaron y tuvieron dos hijas más. "Tienen que rendir cuentas", exigió Sean, quien intentó sin éxito ponerse en contacto con ellos. Le advirtieron que, si seguía buscando respuestas, podrían presentar cargos por acoso.En 2019, Sean acudió a la policía de Arlington Heights para presentar cargos contra sus padres biológicos por intento de asesinato, pero le informaron que debido al tiempo transcurrido, el delito había prescrito. Para su sorpresa, la policía también había destruido todas las pruebas del caso, incluida la toalla amarilla con la que fue encontrado. "Es como si estuviera de nuevo en ese basurero", expresó, profundamente frustrado.Sean decidió iniciar una demanda civil en busca de una orden judicial que permita realizar pruebas de ADN oficiales, con la esperanza de responsabilizar a quienes lo abandonaron. Para él, el hecho de que los cargos hayan prescrito es una injusticia, ya que, si hubiera muerto, habría sido considerado un asesinato, un crimen sin plazo de prescripción.Mientras sigue en su lucha, Sean encontró apoyo en la fundación Save Abandoned Babies, que trabaja para prevenir casos como el suyo a través de la ley de refugio seguro de Illinois, la cual permite a los padres dejar a sus bebés de manera segura y anónima en hospitales, estaciones de policía y bomberos para evitar tragedias.Sean McDonnell continúa su búsqueda de justicia, no solo para él, sino también para que su historia sea una advertencia sobre las consecuencias de abandonar a un niño.
Confirman que no es una opción prorrogar el mandato de Juan Carlos Maqueda, próximo a jubilarse. Tensión con el PRO por el envío de los pliegos y los directores de la AGN.
La Justicia argentina emitió este martes una alerta roja a Interpol contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y varios de sus funcionarios, acusados de cometer delitos de lesa humanidad. En la nómina elevada a Interpol se destaca también el ministro de Relaciones Exteriores y militar de alto rango del país caribeño, Diosdado Cabello.La alerta fue elevada por el juez federal Sebastián Ramos, a cargo del expediente, en línea con el pedido de captura que el magistrado ordenó a fines de septiembre, por instrucción de la Cámara Federal porteña. Así se lo confirmó a LA NACION uno de los abogados de la querella en la causa, Tomás Farini Duggan.Ricardo Jaime se entregó en los tribunales de Comodoro Py y vuelve a la cárcel de Ezeiza a cumplir su condena por la tragedia de Once"Lo que hizo el juez [Ramos] fue transmitirle a Interpol que tiene que 'anotar' las órdenes de captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y 30 funcionarios más del gobierno de Venezuela", señaló el letrado.La alerta roja, sin embargo, no es vinculante. Interpol -que no tiene un cuerpo de policías propio y depende de las fuerzas de sus países miembros- debe decidir si toma o no la alerta del juez Ramos. La querella tiene previsto presentarse ante la policía internacional como víctima y presionar para que esto ocurra."En el caso de Maduro es muy difícil [la detención], por las inmunidades parlamentarias que tiene respecto de él, pero de todas maneras lo vamos a intentar. Hay que dar esta lucha para que se anoten las alertas rojas", expresó Farini Duggan."Creo que es importantísimo que un país donde hay una justicia independiente, como la argentina, haya dicho que lo que ocurre en Venezuela es que no hay un gobierno, sino que hay una banda armada que comete actos de terrorismo de Estado", valoró.Aún si Interpol tomara nota del pedido de la justicia argentina, los distintos Estados que integran y componen al organismo tampoco están obligados a capturar a Maduro y sus funcionarios, según le explicaron a este medio fuentes con acceso a la causa. En algunos Estados miembros, la alerta roja es vinculante y en otros opera como si fuera una recomendación para actuar.El juez Ramos fue instruido a librar la orden de captura por la Cámara Federal, luego de que los jueces de la Sala I, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, escucharan en una audiencia el testimonio de quienes fueron presentados como víctimas del régimen venezolano.Los camaristas concluyeron que hubo un plan sistemático de represión y desaparición de personas por parte de las autoridades venezolanas encabezadas por Maduro, por los menos, desde 2016.Al día siguiente de que Ramos dictara la orden contra Maduro y sus funcionarios, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó en respuesta la orden de captura del presidente Javier Milei; su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.La causa contra Maduro fue promovida en el país bajo el principio de "jurisdicción universal", anclado en la Constitución: "cuando el delito se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio", dice el artículo 118.La causa tuvo el impulso inicial de la Clooney Foundation Justice, una organización internacional que preside el actor norteamericano George Clooney junto a su pareja, Amal Clooney, una abogada especializada en derechos humanos.Se frenó la actividad en el Congreso porque casi 20 legisladores viajaron como veedores a las elecciones de Estados UnidosEl expediente fue luego unificado con la causa que impulsaba en paralelo el Foro para la Democracia en la Región (Fader), del que forma parte el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, cuya captura también solicitó Venezuela.
Se trata de Miguel Ángel Montefusco quien vivía en la localidad bonaerense de Turdera. El 22 de octubre pasado, al menos tres ladrones entraron a su casa buscando dinero. Murió 11 días después producto de los golpes que recibió. Leer más
El ministro de Obras Públicas bonaerense afirmó en la 750 que van a insistir por todas las vías posibles en la reactivación de las obras paralizadas el 10 de diciembre por parte de la gestión de Javier Milei.
A pesar de que el edificio figura en una lista de inmuebles "ociosos" a vender, el presidente de la Cámara Federal salteña, Renato Rabbi Baldi Cabanillas, descartó que esto vaya a concretarse. Consideró que hubo un error y que el edificio seguirá bajo la administración del Poder Judicial federal.
Los pilotos Walter Rodolfo Schonfeld, Javier Eduardo Weledniger y Carlos Diego Sepliarsky fueron despedidos tras haberse negado a trasladar un avión, con el argumento de no avalar el "achique" de la empresa. Leer más
A casi un mes de que la Justicia ordenara la reincorporación de los tres pilotos de Aerolíneas Argentinas echados por negarse a volar un avión, la Cámara del Trabajo revocó el fallo -en una votación que terminó dos contra uno- hasta analizar la situación en su totalidad.Los pilotos Walter Rodolfo Schonfeld, Javier Eduardo Weledniger y Carlos Diego Sepliarsky habían sido desplazados por no volar un avión alquilado que debía ser devuelto a su dueño, por orden de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Los tres se negaron a llevar a Brasil dos Embraer alquilados por un mandato gremial del 21 de agosto, el cual sostiene que no pueden subirse a aeronaves que van a ser devueltas a su dueño.Las desvinculaciones tuvieron lugar el 12 de septiembre pasado, sin embargo, el 7 de octubre, la jueza Stella Maris Vulcano acató a la apelación de APLA, en la que exigía que los profesionales puedan volver a sus puestos de trabajo en las mismas condiciones en las que se encontraban antes de ser quitados.â??ï¸? Hoy, en Aeroparque, los pilotos y tripulantes de cabina de Aerolíneas Argentinas nos unimos, de manera pacífica, para visibilizar nuestra difícil situación salarial. Con una inflación anual acumulada en la última paritaria del 209% y una actualización del 65%, enfrentamos unâ?¦ pic.twitter.com/enxzEAUkKZ— APLA (@aplapilotos) November 4, 2024Noticia en desarrollo.
El fiscal federal Ramiro González solicitó este lunes que el ex presidente sea citado a declarar en Tribunales. La semana pasada, Ercolini pidió citar a Fernández por la causa de los seguros. Leer más
Los perpetradores enviaban mensajes haciéndose pasar por fiscales donde les hacían creer a las víctimas que debían pagar una suma de dinero para evitar un embargo o ser imputados en una causa penal. Leer más
En medio de una lluvia de versiones y nombres sobre el futuro del Poder Judicial, el Gobierno buscará esta semana dar un golpe de efecto y comenzar con el envío al Congreso, en tres tandas, de unos 140 nombres de jueces y camaristas.Los candidatos apuntan a integrar lugares clave del fuero comercial, civil, criminal ordinario y penal económico. De todas formas, todavía no están cerradas las negociaciones con senadores y gobernadores para lograr su aprobación.Se trata de un poco menos de la mitad de las vacantes que tiene actualmente el Poder Judicial nacional y federal. Con esta decisión, el Gobierno busca adelantarse a la críticas por las demoras en completar los casilleros, ya que estos pliegos están en manos del Poder Ejecutivo desde comienzos de año.No son los cargos más sensibles de Comodoro Py 2002 los que están en juego, como el concurso para ocupar dos cargos en la Cámara Federal, que todavía no concluyó, o para integrar la Cámara Federal de Casación, donde hay cuatro vacantes. Tampoco para cubrir las cuatro vacantes que aparecen entre los 12 jueces federales de primera instancia. Esos no están terminados.Los candidatos con los cuales avanzará el Gobierno provienen de los concursos de 161 ternas para cubrir cargos. El Poder Ejecutivo, es decir el presidente y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona deben enviar un postulante de esos tres al Senado para cada cargo. Allí, el candidato se aprueba por mayoría simple. Sin embargo, como el oficialismo cuenta con solo 7 senadores, el Ejecutivo tiene que negociar con opositores y gobernadores para garantizarse colocar aquellos candidatos que desee y ceder a los intereses de las provincias.Son clave los cargos de la Cámara Federal de La Plata, de la Cámara Federal de Mendoza, de la Justicia comercial de la Capital donde está el tribunal de defensa de la competencia, y es fundamental la Cámara en lo penal Económico, que decide en los casos de contrabando y evasión. Hay allí cuatro vacantes y solo dos jueces en funciones.También se deben elegir candidatos para juzgados civiles, criminales ordinarios y en la Cámara Nacional de Casación Penal. En esta última, a diferencia de su homóloga federal que trata asuntos de delitos como corrupción, trata de personas o narcotráfico, se deciden los delitos comunes, como homicidios, fraudes o robos. Son asuntos sensibles que hacen a la respuesta de la justicia para la seguridad ciudadana. Hoy la Cámara Nacional de Casación tiene el 50 % de sus cargos vacante.Algunos de estos cargos ya fueron negociados en el Senado por el propio Mariano Cúneo Libarona y el viceministro Sebastián Amerio, el álter ego del asesor presidencial Santiago Caputo, que supervisa el diseño del Poder Judicial que pretende Milei.Fuentes judiciales señalaron que se enviarán los pliegos en tandas, problemente de unos 50 por semana para que ingresen antes del final de las sesiones ordinarias en el Senado.Este fin de semana se reunieron Amerio con Santiago Caputo para hacer el último punteo de los primeros nombres que irán al Senado. Las "sugerencias" sobre los funcionarios del Ejecutivo para la elección de un candidato vienen de la política, de los gobernadores afines, pero también de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la entidad que reúne a los jueces federales y nacionales. Allí hay tres listas; la Bordó, mayoritaria, con dos consejeros en el Consejo, la Celeste, mas cerca del peronismo y, por último, Compromiso Judicial. Estas dos últimas tienen un consejero de la magistratura cada una. En las negociaciones de los votos de los jueces en el Consejo muchas veces están en juego la posibilidad de que sus candidatos de sus listas sean los elegidos de la terna al final del proceso.A fin de la semana pasada estalló una lluvia de versiones en torno a los pliegos que se enviarían al Senado. Circuló la posibilidad de declarar una suerte de emergencia judicial para enviar pliegos de jueces de la Corte Suprema por decreto, sin acuerdo del Senado. Y también, hasta colocar a dedo jueces federales de primera instancia en Comodoro Py.Es conocida la audacia del Gobierno para pensar en soluciones creativas y alternativas al camino de la negociación política. Pero estas versiones, que surgieron en algunos despachos de la Casa Rosada, se dan de bruces con la propia Constitución y fueron rechazadas por fuentes oficiales del Ministerio de Justicia.En cuanto a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como candidatos a jueces de la Corte Suprema, el gobierno dice que gozan de buena salud, pero aún no logra los 9 votos para que se firme un dictamen que se trate en el Senado y mucho menos consigue los dos tercios de los votos de los senadores.Dicen en el Gobierno que no van a negociar esos votos para la Corte con los pliegos de los 140 jueces que envió ahora el Poder Ejecutivo al Senado. "No es proporcional una cámara con un juez de la Corte", describen en el Poder Ejecutivo.La estrategia es seguir conversando con el kirchnerismo. Avanzar en Diputados con un proyecto para ampliar la Corte, aprobarlo, y que la oposición firme el dictamen de los candidatos del Gobierno. Y luego si el año que viene en marzo o abril avanzar en el Senado aprobando la ampliación de la Corte y los nombres de Lijo y García Mansilla. Esta idea esa en algunos funcionarios y en los tribunales.La velocidad de circulación de las versiones hizo que en pocas horas, el jueves pasado, trascendiera que además de los pliegos de jueces se iba a enviar a un candidato para elegir al Procurador General de la Nación. EL asunto llegó a oídos de quienes suenan como candidatos. Se entusiasmaron. Pero al atardecer del jueves ya se había descartado el asunto. "No vamos a enviar ahora el pliego del Procurador, ni siquiera creo que lleguemos a hacerlo antes de fin de año; estamos analizando los tiempos y el candidato" dijo a LA NACION un alto funcionario del Gobierno que negocia las vacantes con la oposición.Cubierta interinamente desde 2017 por Eduardo Casal, que tomó el lugar tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, la jefatura de fiscales, es uno de los cargos centrales que aún tiene por cubrir el oficialismo. Pasaron dos gobiernos desde que Gils Carbó dimitió y por distintos motivos ninguno pudo cubrirlo. La administración libertaria está decidida a cambiar esa suerte, pero aún debe contemplar varios escenarios: nombres y apoyos, son centrales en la decisión que viene, más aún cuando a siete meses de enviados los pliegos de Lijo y García Mansilla, para la Corte Suprema, aún no pudieron siquiera pasar al recinto por no tener las firmas para el dictamen en Comisión.Llegó a sonar como candidato a Procurador el nombre del propio Amerio, pero en Casa Rosada lo descartan de plano. No porque no les guste, todo lo contrario. Si no porque, explican, de promoverlo hacia allí les quedaría al descubierto el Ministerio de Justicia que, en la práctica, Amerio supervisa como delegado de la Casa Rosada con el titular del área, Mariano Cúneo Libarona."Tenemos un modelo de justicia en la cabeza para el cual el Procurador es sumamente importante", apuntan en las altas esferas de la sede de Gobierno en referencia a lo que viene con la implementación del sistema acusatorio. "No es una figurita que estemos dispuestos a entregar si no es alguien de determinadas características", completan en relación con las futuras negociaciones con la oposición para conseguir los votos que necesitan para la mayoría especial que demanda la aprobación de la figura del jefe de los fiscales."Tiene que ser alguien alineado ideológicamente", agregan sobre la figura. En esa línea admiten que Amerio "claramente podía ser", pero juran e insisten en que "no está en evaluación" pese a otras voces que indican lo contrario.El otro nombre de los que circulan y en Casa Rosada admiten que les gusta su figura es el de Juan Bautista Mahiques. Tras lo que rápidamente admiten que en una eventual negociación con el kirchnerismo "un Mahiques sería una declaración de guerra", en referencia a que su padre, Carlos, camarista de Casación Federal e Ignacio, uno de los hermanos del hoy Procurador porteño, tuvieron sendos roles claves en causas judiciales que comprometen a la expresidenta, Cristina Kirchner y su familia. Lo que obturaría los votos para la mayoría especial que se necesita.De todos modos, y más allá de este nombre en particular, confían en poder tener "mayoría con o sin el cristinismo adentro", por las internas en el peronismo aunque el escenario no es fácil. Eso también corre para Mariano Borinsky, otro de los que suena fuerte, pero resistido por el kirchnerismo por el inminente fallo en la causa Vialidad, en el que todo indica que se confirmará la condena a seis años contra Cristina Kirchner y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.La realidad indica que los senadores con los que el oficialismo deberá negociar el pliego del jefe de los fiscales son los mismos con los que en los últimos siete meses trataron para avanzar con Lijo y García Mansilla para la Corte Suprema. Quien lo hizo por parte del Gobierno y trabó buena sintonía con ellos fue Amerio, que en distintos sectores coinciden en definirlo como alguien que "entiende la realidad del Gobierno y la del Poder Judicial", una combinación clave para lo que viene. "En estos meses los senadores fueron conociéndolo, eso suma. No es García Mansilla que se sentó y a los treinta segundos nombró a Caputo", ironizó un hombre al tanto de lo que sucede en el Senado como en la Justicia."Es obvio que tiene que ser él porque es propio, pero tiene diálogo", arriesgó una alta fuente judicial consultada. "Tiene que ser uno propio y si no lo es, basta con que sea como decía (el extécnico de la selección, Carlos) Bilardo: lo importante es no pasársela a los otros".Sin fecha por el momento para el envío, el Gobierno arrastra la carga de no haber podido conseguir aún el dictamen para Lijo y Mansilla. "Se preocupaban por los dos tercios y todavía no llegaron a las firmas del dictamen", advierte un peronista escéptico con lo que vendrá pero dispuesto a dialogar por los pliego para jueces que llegarán al Senado..
La Justicia ordenó esta semana levantar la clausura de una obra de US$75 millones de Mercado Libre ubicada en el municipio de La Matanza, donde gobierna el intendente kirchnerista Fernando Espinoza, según pudo confirmar LA NACION. En este revés favorable para el fundador de la empresa, Marcos Galperin, La Libertad Avanza celebró la medida.Esto sucede luego de que varios diputados libertarios se acercaran la semana pasada al mercado central para sacar las cadenas y abrir las puertas en protesta a la clausura impuesta por el municipio, que alegó que la obra no tenía habilitación.El fallo lo dictó el Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo Nº 1 de San Martín, que emitió una cautelar a favor de Galperin, pero la batalla judicial tiene un fin abierto. "En algún momento habrá una definición de la justicia sobre cuál es el alcance de los derechos de las partes, con la lógica incidencia que esa decisión habrá de derramar sobre el negocio jurídico de que se trate, cuestión no menor que los contratantes deben conocer para evaluar el riesgo de la empresa que acometen", dice el fallo al que accedió LA NACION. También se pidió no obstaculizar las obras que se lleven adelante de ahora en más. "La empresa Mercado Libre obtuvo una medida cautelar a su favor; gracias a esto, se levantará la clausura ilegal impuesta por el intendente kirchnerista Fernando Espinoza sobre la obra del nuevo centro de distribución de la empresa en el Mercado Central", introduce el comunicado del partido que lidera el presidente Javier Milei.En esa línea, agrega: "Esta resolución se dicta luego de que referentes de LLA, como los diputados José Luis Espert, Santiago Santurio, Juliana Santillán, el subsecretario de Integración Sociourbana, Sebastián Pareja, el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, y el diputado bonaerense Agustín Romo, entre otros, se hicieran presentes para apoyar al empresario Marcos Galperin, quien apuesta por el país, generando generando una inversión de US$ millones y más puestos de trabajo para los argentinos".pic.twitter.com/OY2qULdouc— La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) November 2, 2024Tras ello, el partido insistió en que "durante muchos años" se vivió "bajo un régimen populista en el que el sector privado, las inversiones y el capitalismo eran consideradas malas palabras" y que el resultado de eso fue "un estrepitoso fracaso económico y social"."Hoy estamos ante un cambio de visión en Argentina, donde la desburocratización, las desregulaciones y la libertad económica y comercial son las banderas de este gobierno. Tenemos la profunda convicción de que solo así se logrará la prosperidad en nuestro país", cierra el escrito difundido en la red social X.En aquel entonces, Galperin estalló en redes sociales ante la clausura del gigante e-commerce en La Matanza. En el centro de la disputa estaba el pedido de habilitación. Según el municipio, la empresa no lo hizo. Y para la empresa, la obra cuenta con todos los papeles en regla. Por otro lado, dijeron que La Matanza no tiene jurisdicción sobre la zona de la obra, el Mercado Central, un ente tripartito administrado por Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.El Peronismo, 80 años combatiendo al capital y generando pobreza. En La Matanza sobra el empleo, la seguridad y el bienestar así q combaten las nuevas inversiones y empleos. Tenemos + de 20 centros de distribución en toda América, solo en La Matanza nos los clausuran. ð?¤?â??ï¸? pic.twitter.com/y7ShEXOHLT— Marcos Galperin (@marcos_galperin) October 22, 2024El nuevo centro de almacenamiento se construye dentro del predio del Mercado Central, en el partido de La Matanza, donde ya funciona el otro depósito de Mercado Libre. En total, contará con 56.000 metros cuadrados y permitirá duplicar la capacidad de procesamiento de envíos que realiza la compañía, que pasará de 200.000 a 400.000 paquetes por día. Su inauguración está programada para fines de 2025 y la inversión implicará la incorporación de más de 2300 personas, que se sumarán a los 12.000 que hoy trabajan en Mercado Libre.Vinimos junto a @jlespert y todos los Diputados y referentes de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires al mercado central, donde levantamos la clausura ilegal que hizo el chanta de Fernando Espinoza a Mercado Libre. pic.twitter.com/VH8sMnAfH0— Agustín Romo (@agustinromm) October 24, 2024En este marco, diputados y referentes de LLA se acercaron al lugar para "levantar la clausura ilegal" del "chanta" del intendente de Espinoza. Se trató de un acto simbólico. Los diputados y dirigentes rompieron las cadenas y entraron al predio, según pudo reconstruir LA NACION.
La empresa de Marcos Galperin obtuvo una medida cautelar que le permite continuar con la obra. Espert y otros dirigentes de LLA se habían enfrentado al intendente Espinoza y "retirado" la faja de clausura en el predio. Leer más
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Tras el anuncio del gobierno nacional de poner en venta un edificio que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tiene en la calle Cerviño 3101/67 del barrio porteño de Palermo, la Asociación del Personal del INTA (Apinta) advirtió que está dispuesto a ir a la Justicia para frenar la operación. Según el gremio, la decisión de venta constituye un acto "nulo de toda nulidad" porque considera que el edificio se encuentra ocupado y en uso, contrario al argumento que esgrime el gobierno. En cambio, según fuentes oficiales, la venta se justifica porque el edificio genera "gastos que deben evitarse."La quieren fundir": duro revés judicial para la dueña de una pyme láctea bloqueada que no reincorporó despedidosA través de una nota dirigida a Pablo Paillole, quien se mantiene en el Consejo Directivo en representación de la Federación Agraria Argentina (FAA), argumentan que el Decreto 950/24, publicado en el Boletín Oficial y "pretende el remate de 309 inmuebles del Estado es nulo de nulidad absoluta". Según dijeron, esta decisión se da en cumplimiento del artículo 23 de la ley marco de empleo público y su "deber de informar actos de corrupción". Aseguran que "nadie puede vender lo que es ajeno".La semana pasada, el Gobierno autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer, enajenar y/o transferir, inmuebles, a través de un DNU. Entre otra lista de bienes enumerados en su anexo también está el edificio de la calle Cerviño. "En función de las medidas tendientes a eficientizar el rol del Estado, se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que resultan innecesarios para su gestión", señala el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.Mientras, en Apinta dicen que esta medida carece de una base sólida y es de "nulidad", se basa en "causas invocadas" que son "falsas". "Se usó una fundamentación escrita para sitios baldíos, y con ella se pretende justificar la venta de un inmueble tasado en US$10 millones, por mucho menos de su valor. En él funcionan hoy tres institutos de INTA, ocupando 148 personas que quedarán en la calle", argumentaron en la nota que fue enviada a los directivos del INTA.En el gremio afirmaron que el decreto establece que estas ventas son la continuación de las del periodo 2016-2019. "Precisamente, ese periodo fue auditado por la AGN, donde se detectó que se malvendieron bienes sin necesidad, costándole al Estado una pérdida de 62 millones de dólares. Los adjudicatarios fueron siempre tres empresas, propiedad de Caputo, Rocca y Costantini, que hicieron negocios millonarios que ahora se quieren reeditar", señalaron.Apinta expresó que "la ejecución del decreto 950/24 conllevarían los delitos de administración fraudulenta y fraude contra la administración pública". En el gremio sostienen que el lugar donde está el edificio no es un terreno "baldío", por lo que en realidad son "inmuebles urbanos, construidos y no, no habitados". Según afirmaron, "nadie puede transmitir un derecho más extenso del que posee. La Administración Central no puede trasvasar la propiedad de una cosa de la que no es propietaria. Nadie puede vender lo que es ajeno", puntualizaron.Mario Romero, secretario general de Apinta, dijo a LA NACION que desde que se conoció que la AABE comenzó a visitar los edificios de Capital Federal y las tierras del INTA en Salta comenzaron a manifestar la oposición. "Es falaz y mentirosa la argumentación de que el edificio estaba ocioso y no está dentro de las causales que prevé la Ley de Bases o el Decreto 70/23 para la venta de inmuebles del Estado", afirmó.Por otra parte, señaló que desde se conoció la decisión del Gobierno están en estado de alerta y tratando de fijar posición y viendo cuáles son los pasos a seguir para evitar la enajenación del bien. "Esto es un negocio inmobiliario: si uno se para en la esquina de Cerviño y Ortiz de Ocampo se ve el edificio y tiene dos pisos, mientras que alrededor hay torres de 25 pisos. Ese negocio lo van a hacer los amigos del poder", sostuvo y anunción un "plan de lucha".El edificio tiene 919,10 metros cuadrados. Adentro funcionan la Fundación ArgenINTA, delegación de INTeA, la dirección de Relaciones Internacionales y la dirección Vinculación Tecnológica. Tras la aprobación de la ley de Bases, esta otorga derechos a la Agencia Nacional de Bienes del Estado sobre los edificios públicos. Esta ley permite a la agencia gestionar, administrar y disponer de los bienes del Estado, lo que incluye la identificación de inmuebles que no son necesarios para el funcionamiento del Gobierno. Esto puede incluir la venta, arrendamiento o redistribución de edificios públicos.En el Gobierno dijeron que el edificio estaba en la lista de enajenación junto a 309 inmuebles distribuidos en todo el país, por considerarse que son mantenidos de manera ociosa y que generan costos y gastos que deben evitarse. Explicaron que "esta decisión se trata de una manera de acompañar el esfuerzo que la sociedad civil hace en este momento". Ante la consulta de LA NACION sobre lo expuesto por el gremio, en el INTA dijeron que no habían contestado a la nota.
La ministra de Seguridad salió al cruce de uno de los jefes de la barra de Boca Juniors."Te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública", advirtió la funcionaria.
El nene de cinco años vivirá con su padre, Facundo Ambrosioni.El mensaje de la influencer para su hijo.
En un nuevo fallo, se pidió al Ministerio de Capital Humano que presente informes sobre los programas de alimentos suspendidos y que mantenga actualizado el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM). Leer más
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Walter Correa, le ordenó al Gobierno este viernes que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, continúe con la entrega de alimentos a comedores. Esta sentencia fue resultado de un amparo que presentó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que lidera el dirigente social Juan Grabois.El fallo -al que accedió LA NACION- le pidió a la administración libertaria que "garantice el abastecimiento adecuado de alimentos de los grupos vulnerables" y que se informe mensualmente sobre los programas de distribución de comida.Noticia en desarrollo
La Cámara Nacional de Apelaciones validó la reelección de Claudio "Chiqui" Tapia como presidente de la AFA tras poner en suspenso la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) respecto de la invalidez de la Asamblea General Ordinaria en la que se acordó el nombramiento. Minutos después de conocerse el fallo judicial, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió a Tapia una carta en la que lo felicitó por su nuevo mandato y le agradeció por su "esfuerzo" y "contribución al desarrollo del deporte". El fallo a cargo de los jueces Gabriel Rolleri y Maximiliano Caia, de la sala D de la Cámara Civil, concedió a la AFA la apelación a la resolución interpuesta por la IGJ bajo "efecto suspensivo" hasta que se resuelva el conflicto de fondo.Tal como publicó LA NACION, con esta apelación la AFA buscaba la habilitación de los puntos no permitidos de la reunión -ya que la IGJ le había ordenado no tratar nueve de las 18 consignas del día.La disputa entre la Asociación y el gobierno nacional creció principalmente por el desencuentro respecto a la implementación de las sociedades anónimas deportivas. Y el Ejecutivo impulsó el accionar de la IGJ para trabar la reelección de Tapia, que consideró irregular. Es que Tapia quiso enmendar un "error administrativo" de la resolución que le daba mandato hasta 2025 y lo extendió hasta 2028. La votación se iba a hacer antes, pero se suspendió por la pandemia, según informó la AFA.ð??¨#ALERTA | Gianni Infantino felicitó a Claudio Tapia por su reelección y puso a la AFA como un ejemplo para las federaciones del mundoð???En una misiva, el presidente de FIFA saludó a Tapia y al flamante Comité Ejecutivo y le agradeció por "todos sus esfuerzosØ? trabajo, eâ?¦ pic.twitter.com/4mVNZu40N0— doble amarilla â?ï¸?â?ï¸?â?ï¸? (@okdobleamarilla) October 31, 2024Noticia en desarrollo
En un nuevo capítulo del conflicto entre el Gobierno y la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Sindicatura General de la Nación (Sigen) -con el patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra- presentó ayer un escrito ante la Justicia para que la casa de altos estudios presente la documentación sobre la utilización de los fondos públicos que le otorga el Poder Ejecutivo.Según comunicó la Secretaria de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, la demanda apunta a que la Justicia instruya a la UBA a que informe cómo fueron ejecutados los fondos nacionales en lo relativo a, por ejemplo, licitaciones, convenios o contrataciones directas. Pero aclaran que no pretenden auditar planes de estudio, ni su contenido, la designación de autoridades, ni afectar la libertad de cátedra, como así tampoco designar el auditor interno de la universidad, "cuestiones totalmente ajenas al objetivo de las auditorías de la Sigen", apuntaron.La Sigen solicitó que se inste a la UBA "a rendir cuenta documentada de los fondos transferidos por el Tesoro Nacional" para que el organismo pueda cumplir con sus funciones en el marco de la actividad propia del control interno, complementario al control externo que lleva a cabo la Auditoría General de la Nación (AGN). El pasado 15 de octubre, el ministerio de Capital Humano anunció que la Procuración del Tesoro había firmado un dictamen que habilitaba a la Sigen a realizar controles sobre las altas casas de estudios. Fue uno de los pedidos del Pro luego de que anunciara que apoyaría el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. Estos controles se habían interrumpido en 2022 luego de la resolución del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que impidió al organismo auditar a las universidades.El lunes pasado, la UBA informó que iniciarían acciones legales contra los controles de la Sigen, en rechazo al "intento de intervención" por parte del Ejecutivo. Lo anunció el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, en compañía del vicerrector, Emiliano Yacobitti, y de los decanos de la universidad en una conferencia de prensa en el Consejo Superior de la UBA. "Queremos ser auditados todo lo que sea necesario, pero dentro del marco de las leyes e instituciones. Por eso decidimos presentarnos ante la Justicia para que decida el procedimiento dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no corresponde, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida", dijo Gelpi.A su vez, informaron que realizarán una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno y manifestó ser uno de los entes más auditados del sector público. "Nuestra intención es dar un lugar que sirva para explicar técnicamente cuestiones específicas, más allá de las ideológicas o legales", apuntó el rector.Horas después, la Sigen notificó presencialmente a la UBA sobre el comienzo de los trabajos de auditoría en esa casa de estudios. "Luego de que las autoridades de la Universidad de Buenos Aires no respondieran a las notificaciones enviadas por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el aviso al correo electrónico oficial del rectorado, se decidió entregar la notificación en un documento físico, para evitar más dilaciones", dijeron.Según informaron, la solicitud de la Sindicatura General de la Nación incluye: la normativa interna de la universidad para la aprobación y autorización de gastos por parte de cada funcionario; normas reglamentarias vigentes referidas al circuito de compras y contrataciones; listado de expedientes que conforman cada una de las rendiciones efectuadas sobre los fondos, sujetos a rendición, transferidos por la actual Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación durante los ejercicios 2022-2023; detalle de las adquisiciones realizadas a través de los fondos transferidos por la cartera de Educación; acceso a los Sistemas Siu Pulagá y Siu Diaguita (módulo de compras, módulo de patrimonio), a modo de consulta para comprobar las registraciones de los gastos y sus rendiciones de cuenta.En paralelo, la Secretaría de Educación informó que el rector de la Universidad de La Matanza, Daniel Martínez, recibió a las autoridades de Sigen para el inicio de las auditorías. Según informaron, el Síndico General de la Nación, Miguel Blanco, y a sus adjuntos Santiago Herrera y Marcelo Bailo, se reunieron para coordinar los trabajos de fiscalización en esa casa de altos estudios y conversaron sobre "los procedimientos a seguir, la documentación requerida y las actividades más destacadas que se realizarán en el corto plazo".
La Cámara de Apelaciones aprobó un recurso solicitado por la dirigencia del fútbol argentino. Es en relación a los puntos objetados por la IGJ en la polémica Asamblea del 17 de octubre.De esta manera, queda vigente la reelección de Tapia y la anulación de los descensos.
Desde la SIGEN demandaron Universidad de Buenos Aiers solicitando que cumpla con el artículo 59 de la ley de Educación Superior N°24.521. Leer más
En la madrugada de este jueves, permitieron que los allegados puedan esperar en sillas de playa frente al lugar de la tragedia.La declaración de una de las profesionales encargada de las reformas.Por qué los rescatistas creen que ya no habría nadie con vida, aunque se aferren a un milagro.
En una contrademanda de Miguel Blanco, apoyado por Rodolfo Barra, se opuso así al pedido de cautelar de la casa de altos estudios. Aclara que no se mete con "el contenido académico ni la elección de autoridades". Así se agrava el conflicto.
En menos de una hora comenzó y concluyó el juicio contra Pierina Nochetti, en Necochea. La docente y artista lesbiana fue acusada en 2022 por pintar un mural correspondiente al Municipio con el reclamo "¿Dónde está Tehuel?", sin más pruebas que una fotografía de ella de espaldas mirando la pintura.
Francesco deberá instalarse en Córdoba con su padre.La palabra del abogado de ella, Alejandro Cipolla.
Un testimonio reciente volvió a poner el foco en el matrimonio, sospechado de la sustracción del niño. También hay pruebas que los incriminan.
El juez Cormick le dio cinco días de plazo. Además, siguen las medidas de fuerza en el resto de universidades. Por primera vez en dos décadas, la CONADU y la CONADU Histórica convocan a una medida en conjunto.
La exconcesionaria brindó el servicio de forma irregular durante diez años y cobró más de 14 mil millones de pesos sin autorización. "Avanzaron con irresponsabilidad en los servicios, provocando desinversión permanente y tarifas fuera de la legalidad", indicó el intendente de la localidad. Leer más
El Gobierno no logró contener las protestas y reclamos de los gremios la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, antes AFIP) y este martes decidió dictar la conciliación obligatoria por el plazo de 15 días. Como adelantó LA NACION, desde la Casa Rosada esperaban abrir una instancia de diálogo con los tres sindicatos que agrupan a los empleados del ente recaudador y hasta apostaban porque los nuevos directores designados en la Aduana y la DGI probaran su expertise en las negociaciones, para aplacar a sus subordinados. Pero eso no sucedió."El Gobierno nacional, a través de la Secretaria de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, a instancias de las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex-AFIP), dictó la Conciliación Obligatoria en el marco de las medidas de fuerza adoptadas luego de la reconversión del organismo. La medida será por 15 días, los cuales pueden ser prorrogados", comunicó la Presidencia a través de un comunicado.El Gobierno logró dictaminar la privatización de Aerolíneas Argentinas y la discusión se dirimirá en el recinto de Diputados"Con la intención de impedir que se extiendan las medidas de fuerza, el Gobierno exhorta los sindicatos del organismo a terminar con las medidas de fuerza que obstaculizan el normal funcionamiento del órgano recaudador. A su vez, la Secretaría de Trabajo convocó a las partes a una audiencia el día lunes 4 de noviembre de 2024 a las 11 horas", completa el parte oficial.La semana pasada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la disolución de la AFIP y su reemplazo por ARCA. También, anticipó la desvinculación de 3155 de los 22.200 empleados del ente recaudador. Dijo que se trataba de los empleados nombrados durante el gobierno de Alberto Fernández.Desde entonces, los gremios de la ex-AFIP lanzaron paros con presencia en los lugares de trabajo, apagones informáticos y asambleas. Las medidas afectaron no solo los trámites presenciales y virtuales de los contribuyentes, sino también ocasionaron este lunes demoras de hasta dos horas para los pasajeros de viajes internacionales que ingresaron al país a través del aeropuerto de Ezeiza.La protesta -que comenzó a las 10 y terminó a las 14- de los trabajadores agrupados en el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (Supara) se repitió hoy en Ezeiza, aunque el panorama distó mucho de lo esperado. Los pasajeros salieron del sector de escáneres de la Aduana, el último paso para el arribo al país, como en un día normal.El Gobierno confiaba en que sería central para manejar la crisis el desembarco de los nuevos directores del organismo, Andrés Vázquez, al frente de la Dirección General de Aduanas (DGA), y José Velis, como cabeza de la Dirección General Impositiva (DGI). Ambos fueron designados el viernes pasados y ya asumieron sus cargos. En las filas libertarias esperan que Vázquez y Velis, que conocen internamente el organismo desde hace años y a buena parte de su personal, podrán amortiguar las reacciones.Sin embargo, este martes decidió dictar la conciliación obligatoria, lo que le dará a Vázquez y Velis un plazo de 15 días para buscar una salida a la crisis.A los tribunalesLa estrategia de los gremios de la ex-AFIP apunta a los tribunales. Sostiene que las 3155 desvinculaciones constituyen despidos sin causa, una figura que no está contemplada en su convenio colectivo. Sí existe, en cambio, la figura de la prejubilación, que prevé el beneficio de una salida anticipada con 20 sueldos adicionales. Fuentes del gremio de la Aefip indicaron a LA NACION que hasta este martes se registró una "ola de pedidos de jubilación": unos 1500 empleados decidieron iniciar el trámite. Desde Upsafip, el gremio de los jerarquizados, señalaron que el número asciende a 1700."Lamentablemente el daño que ya se hizo no se puede retrotraer, más de 1700 empleados de los más experimentados han pedido su retiro de la ex AFIP y la repartición está literalmente paralizada con una histeria colectiva y caos que no se vivió nunca en la casa", afirmó un comunicado del gremio de empleados jerarquizados (Upsafip), el sindicato que dirige Julio Estévez.El Gobierno tilda de "político" al paro de transporte pero quiere acordar con los colectiverosUpsafip presentó ayer en los tribunales contencioso administrativo federal un amparo para frenar el decreto de disolución de la AFIP publicado a fines de la semana pasada en el Boletín Oficial.Hoy la agencia estuvo convulsionada adentro, ya que hubo asambleas entre trabajadores y también apagones informáticos de cuatro horas, mientras que afuera se realizaron protestas y movilizaciones.
"Siguen sumándose los jubilados", contaron desde adentro de la ex AFIP -ahora la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)-. Según las fuentes oficiales, en el mes que termina, se jubilarán unos 270 agentes pese a que en los gremios denuncian que hay solicitudes de 1700 empleados en un contexto de altísima tensión, cuando los sindicatos encararon medidas de protesta, un posible paro, y ya presentaron un amparo en la Justicia para frenar los cambios que impulsa el Gobierno.En ese marco, en el Ministerio de Economía confirmaron a LA NACION que la fecha de cierre de la primera etapa del blanqueo -para exteriorizar efectivo- no sufrirá cambios. Esa etapa se clausurará el jueves. Fuentes gremiales de la ex AFIP indicaron que existían rumores de que el Gobierno dictaría la conciliación obligatoria (se esperaba para esta noche). Si la secretaría de Trabajo no avanzara en esa dirección, los gremios Aefip y Supara (Aduana) se plegarían al paro de transportes contra Milei de mañana. "Si no sale conciliación obligatoria, el paro se hace", dijeron a LA NACION. "Algunos dicen que lo de la conciliación es una bola que corrieron para que la gente no se sume al paro", contó una fuente adentro del organismo.A fines de la semana pasada, el Gobierno formalizó la disolución de la AFIP y la creación de ARCA. Así, dijeron desde Casa Rosada, se ahorrarán alrededor de $6400 millones, mientras que se reducirán las autoridades superiores en un 45% y los niveles inferiores de la estructura actual en un 35%. Además, se despedirán unos 3100 empleados que, según adelantaron, ingresaron de manera irregular durante la última gestión. Esto implica una eliminación del 34% de cargos públicos.Hoy la agencia estuvo convulsionada adentro, ya que hubo asambleas entre trabajadores y también apagones informáticos de cuatro horas, mientras que afuera se realizaron protestas y movilizaciones.Datos cruzados por las jubilaciones"Siguen sumándose los jubilados", dijeron fuentes oficiales de la ex AFIP. "En el mes de octubre egresan aproximadamente 270 agentes", agregaron. Hasta septiembre inclusive se habían ido 800 agentes de la AFIP. En octubre se esperaban 200 (fueron unos 270). Y preveían un buen número en noviembre y diciembre (cerca de 300 entre ambos meses). "En la medida que siga el ruido interno y externo, los que estén en situación de jubilarse, sobre todo las mujeres entre los 60 y los 64, se irán", estimaron fuentes que conocen los números finos. En los gremios denunciaron que los números son mucho más altos, aunque no precisaron en qué período. "Lamentablemente el daño que ya se hizo no se puede retrotraer, más de 1700 empleados de los más experimentados han pedido su retiro de la ex AFIP y la repartición está literalmente paralizada con una histeria colectiva y caos que no se vivió nunca en la casa", afirmó un comunicado del gremio de empleados jerarquizados (Upsafip), el sindicato que dirige Julio Estévez."Quieren aprovechar la gratificación; tienen miedo a que se las saquemos", dijeron en Presidencia por los 20 sueldos que tienen como derecho, según el convenio colectivo de AFIP, los trabajadores que se retiran de la ahora ARCA.Mientras tanto, Upsafip presentó ayer en los tribunales contencioso administrativo federal un amparo para frenar el decreto de disolución de la AFIP publicado a fines de la semana pasada en el Boletín Oficial. Se busca "obtener una sentencia que ordene retrotraer la situación de hecho al estado anterior al dictado del decreto impugnado, hasta tanto sea resuelta la cuestión de fondo planteada, en tanto que su aplicación inmediata genera o generará en lo inmediato, graves, irreparables y actuales perjuicios al Estado Nacional, y a los trabajadores del Organismo Fiscal", dice el pedido al que accedió LA NACION. "Subsidiariamente, habiendo disuelto la AFIP, basándose en las facultades delegadas al PEN mediante la Ley N° 27.742, se busca obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del decreto 2024-953-APN-PTE y del artículo 2 de la ley 27.742â?³, se agrega.Caos y blanqueo"No podemos ni siquiera enviar una comunicación simple vía electrónica, ya que absolutamente toda nuestra papelería, los sistemas, nuestras credenciales, ropa, móviles, convenios nacionales e internacionales, contratos, todo es todo- dice 'AFIP' y la AFIP fue brutalmente disuelta con un decreto que esperamos en breve se declare inconstitucional", estimó el comunicado enviado por Upsafip.En tanto, según supo este medio, los equipos jurídicos de Aefip y Supara estaban hoy reunidos "evaluando el tipo de presentación" que se hará en la Justicia y a la espera de la posible conciliación obligatoria.En medio de ese caos, el Ministerio de Economía ratificó la fecha de cierre de la primera etapa del blanqueo de capitales. Será el jueves. Había algunas dudas -pese a que ya había sido prorrogado-, porque los últimos días de estas operaciones son intensos en volumen. Justamente, esos días coinciden con la decisión oficial de disolver la AFIP. "Sigue todo igual", ratificaron en el Palacio de Hacienda a LA NACION.A fines de septiembre, la cartera que dirige Luis Caputo y por pedido de los especialistas, había extendido la primera etapa del blanqueo de capitales, aquella en la que se puede exteriorizar dinero y había establecido nuevas fechas. Estas eran para las tres etapas: desde el 1° de octubre de 2024 y hasta el 31 de octubre de 2024, ambas fechas inclusive (primera etapa); desde el 1° de noviembre y hasta el 31 de enero de 2025 (segunda etapa); y desde el 1° de febrero de 2025 y hasta el 30 de abril de 2025 (tercera etapa).
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, asistió hoy a la cita con el Cuerpo Médico Forense para realizarse la pericia psiquiátrica en el marco de la causa que lo tiene procesado por presuntos abusos sexuales contra Melody Rakasukas, una exempleada del municipio.La semana pasada, el jefe comunal llegó tarde a la pericia y, tras un pedido de la defensa, la Justicia le prohibió salir del país. Espinoza apeló la decisión y, hoy, luego de presentarse a la pericia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional autorizó su salida, previo pago de una caución real de 10 millones de pesos. Según pudo averiguar LA NACION, Espinoza llegó al Cuerpo Médico Forense, situado en pleno centro porteño, unos minutos antes de las 10 y permaneció allí casi por exactos 30 minutos. "Fue voluntad suya hacerse la pericia. Se cumplió en tiempo y forma", señalaron cerca suyo.Tras ello, la sala 7 de la Cámara, integrada por Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto, consideró que no hay riesgo de fuga. Según indicaron en la resolución, Espinoza "se encuentra a derecho en las actuaciones, cuenta con sendos letrados de su confianza y un domicilio constituido".Por ello, el tribunal le concedió la autorización para viajar a la ciudad de Barcelona, España, donde el jefe comunal participará del congreso "SmartCity Expo WorldCongress", que tendrá lugar entre el 31 de este mes y el 9 de noviembre."Además -se lee en la resolución- al tiempo de formular la respectiva petición, Espinoza informó el lugar en el que se alojará y presentó las constancias de reservación de los pasajes aéreos"."El nombrado se presentó en la fecha en el Cuerpo Médico Forense, tal como lo había expresado su defensa e informara el juzgado interviniente, que es la condición que la Fiscalía General considerara pertinente para conceder la mentada autorización", se agrega."Consiguientemente, sin perjuicio de sujetar la petición formulada a una caución real de diez millones de pesos ($ 10.000.000), en función del estado del proceso y de que habrá de egresar del país, [...] corresponde revocar la resolución apelada y conceder la autorización solicitada", señalaron los jueces de la sala 7. La pericia debía realizarse el martes de la semana pasada, pero el intendente llegó más de horas tarde al lugar, por lo que los peritos encargados de realizar el procedimiento decidieron levantarlo y dar aviso al juzgado nacional N°31, donde tramite el expediente.La querella pidió reprogramar la cita, y desde el entorno de Espinoza negaron que su demora fuera el motivo detrás de la suspensión.Tras el episodio, el abogado de Rakauskas, Marcelo Urra solicitó prohibirle la salida del país a Espinoza por un presunto peligro de "fuga", basada en las posibilidades que le brindan su "dinero" y sus "contactos", además del hecho de que Espinoza ya contaba para ese entonces con los pasajes ir a España.Así, Luis Schelgel, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, accedió al pedido de la defensa, le prohibió la salida del país al jefe comunal y Espinoza apeló la resolución.
CÓRDOBA.- El Tribunal Federal Oral 1 de Córdoba rechazó la oferta de reparación integral del perjuicio con la que pretendían eludir un juicio los sindicalistas Julio Mauricio Saillén, Pascual Vicente Catambrone, Juan Manuel Kraindbuhl, Osvaldo César Medina, Juan Manuel Riba, Juan Carlos Delgado y Daniel René Ayerbe, todos acusados de asociación ilícita, defraudación y usura. Saillén y Catrambone son referentes del Sindicato de Barrenderos y Recolectores de Córdoba (Surrbac). Ofrecieron por escrito pagar US$750.000 en concepto de "reparación integral del daño" a cambio del sobreseimiento o perdón judicial para todos.Tanto el fiscal federal general Maximiliano Hairabedián como el de instrucción Enrique Senestrari se opusieron al pedido de los acusados. El tribunal, integrado por los jueces federales Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y José Fabián Asís, resolvió este martes suspender el trámite de la causa "hasta tanto se complete la investigación por lavado de activos" y se pueda fijar una audiencia de debate para el juzgamiento integral.Hairabedian fundamentó su negativa en la "complejidad de la causa, su trascendencia pública y en la existencia un interés público en que haya una sentencia que establezca la verdad de lo sucedido". Alegó también que en este tipo de causas existe "un punto central en materia de criminalidad económica, el cual se centra en la prevención del lavado de activos".En noviembre de 2019, la Justicia Federal ordenó el procesamiento de todos los involucrados por presuntas maniobras realizadas con dinero de la mutual, el gremio y la obra social. La Justicia tomó la resolución basándose en una inspección realizada por el Inaes, de la cual surgió que desde marzo de 2014 la mutual del Surrbac en Córdoba (Amsurrbac) realizaba operaciones de préstamos financieros a sus asociados "sin contar con un reglamento, ni la autorización pertinente para aplicar descuentos directos sobre los salarios del personal".También se tuvieron en cuenta tres informes contables practicados por los interventores judiciales de mayo, junio y julio de 2018, que establecieron que las tasas de interés "por los empréstitos eran excesivamente elevadas" y "no eran informadas a los destinatarios". El informe arrojó además que "las cuotas mensuales eran descontadas en forma directa de los salarios figurando en un rubro genérico de 'consumos de mutual" y que "no se dejaba constancia documentada del préstamo".La fiscalía sostuvo que los "préstamos", "ayudas" y "mutuos" otorgados por la mutual eran usurarios y extremadamente perjudiciales para los que los solicitaban.Por el artículo 359 del Código Procesal Penal de la Nación, el tribunal debería designar a un cuarto juez porque se trata de una causa compleja. La discusión seguramente insumirá lo que resta del año y, si se inicia el juicio, será en 2025, cuando el presidente Díaz Gavier se debe jubilar, ya que el 11 de mayo cumple 75 años.En septiembre de 2021, tanto la fiscalía como la querella -la Unidad de Investigación Financiera (UIF)- pidieron la elevación a juicio de la causa por la que estuvieron detenidos Saillén y Catrambone. En ese momento se estableció que el perjuicio podría llegar a $150 millones.El Surrbac -cuyos líderes eran aliados de Hugo Moyano, con quien se enfrentaron hace algunos años- está intervenido desde noviembre de 2019 para "normalizar la situación generada a través de años de incumplimientos normativos y contabilización informal o paralela". Estas irregularidades les permitieron a los principales acusados que sus familias se hicieran de "un cúmulo de bienes que analizados en perspectiva ocasionan un verdadero estupor en toda la comunidad".
A media mañana se conocerá la decisión del TOF1. Mauricio Saillén y Pascual Catrambone y otros cinco acusados hicieron la oferta pero el fiscal se opuso. Leer más
La tensión tuvo un pico este lunes cuando uno de los apoderados del riojano fue a la Casa Rosada a entrevistarse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Leer más
A propósito de uno de los últimos casos ocurrido en la ciudad de Salta, el fiscal Daniel Escalante y el abogado penalista Ricardo Belbruno advierten sobre los riesgos que implica esta práctica en el Estado de derecho.
Con un mensaje en favor de "la unidad, la justicia y el respeto a las libertades individuales" se celebró esta tarde por primera vez en el país el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. El acto se realizó en el Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (exCCK), organizado por la Alianza de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) y reunió a la vicepresidenta Victoria Villarruel; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la canciller Diana Mondino, entre otras autoridades del gobierno libertario."Estamos viviendo tiempos complejos. Muchos años de crisis tras crisis. Un índice de pobreza y de degradación cultural y moral enorme. Aunque tenemos fe en Dios, no sostenemos el pensamiento mágico", expresó el presidente de Aciera, el pastor Christian Hooft, al resumir los desafíos que enfrenta el país en esta hora de crisis.El Gobierno evalúa dialogar con los gremios de la ex-AFIP, pero no descarta dictar una conciliación obligatoria"Salir de este estado requiere mucho esfuerzo, el compromiso de todos, y la ayuda del Dios Todopoderoso. No podemos salir sin falta de perdón, sin justicia y sin respeto a las libertades individuales", señaló el pastor Hooft, líder de unas de las instituciones evangélicas de mayor representatividad en el país.En referencia a los tiempos de crispación y a mensajes que muchas veces llegan desde lo más alto del poder, Hooft señaló que "un pueblo dividido no prevalece", y afirmó que "esta lógica amigo/enemigo y de denostar al que piensa distinto nos paraliza y nos inhibe como nación."Según las mediciones más confiables, se estima que más de seis millones de personas pertenecen a las comunidades evangélicas en el país, aproximadamente el 15,3% de la población.La vicepresidenta Villarruel y el ministro Francos expresaron su reconocimiento por la presencia de las iglesias evangélicas, especialmente en estos tiempos de fuertes demandas sociales, a la vez que elogiaron especialmente los esfuerzos de Aciera.Frente a la emrgencia social, Hooft transmitió el mensaje de Aciera: "La pobreza es una calamidad. Las iglesias evangélicas estamos con los necesitados como nos enseñó el Señor, pero no ensalzamos la pobreza. No hay ninguna virtud en ella por sí misma"."Dios no quiere que a nadie le falte lo esencial. Nuestro Dios bendice el esfuerzo y reconoce el valor del mérito y la dignidad del trabajo. De la nada, nada viene. Eso sí, tampoco acepta la explotación del prójimo y el capitalismo salvaje, sin reglas, sin límites. Dios siempre estará del lado del más débil, y nos pide no abandonarlo", dijo el titular de Aciera.La celebraciónEl Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes fue instituido este año, al sancionarse en abril la ley 27.741, que recogió una práctica ya extendida en veinte provincias."Hoy no celebramos una fiesta religiosa. Celebramos la identidad histórica de la fe de millones de ciudadanos argentinos. Celebramos junto a las instituciones amigas que hoy nos acompañan, la pluralidad, la diversidad y la igualdad", destacó el presidente de Aciera.La fecha de las iglesias evangélicas es el 31 de octubre, fecha que marca el inicio de la Reforma Protestante, en 1517, y "la transformación de una parte importante de Occidente", señaló Hooft.El pastor evangélico también recordó que el Ministerio de Justicia de la Nació, a través de la Inspección General de Justicia, reglamentó este año el derecho a la personería jurídica religiosa otorgada por el Nuevo Código Civil y Comercial, un reconocimiento pendiente desde hace nueve años. Y también en 2024 se creó la primera capellanía evangélica para la policía bonaerense. Decisiones similares se adoptaron en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Misiones, Chaco y Neuquén.Estuvieron presentes el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, además dela vicejefa del gobierno porteño, Clara Muzzio; el ministro de Desarrollo Urbano y Habitat Urbano de la Ciudad, Gabriel Mraida; el embajador de Israel, Eyal Sela; los intendentes de San Vicente, Nicolás Mantegazza, y de Almirante Brown, Mariano Cascallares; el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, legisladores nacionales, autoridades del Episcopado, del Centro Islámico y de la comunidad judía.
Los apoderados de la lista interna del peronismo que encabeza el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recurrieron este lunes a la Justicia para intentar frenar el calendario electoral del Partido Justicialista, tras haber sido oficializada por la Junta Electoral partidaria solo la nómina de la expresidenta Cristina Kirchner.En un recurso que presentaron ante la Junta Electoral partidaria para que lo gire al juzgado competente, de la jueza federal María Servini, los apoderados Jorge Yoma, Daniel Llermanos y Sandra Vanni solicitaron una medida de no innovar "hasta tanto finalice toda contienda judicial". Reclamaron que "no se dé continuidad al acto electoral y, consecuentemente, no se declare ganadora a la lista 'Primero, la Patria' [la nómina que encabeza Cristina Kirchner]".El Gobierno apuesta al desembarco de los nuevos jefes de ARCA para enfrentar la escalada con los gremiosEl domingo, la Junta Electoral, que preside el diputado provincial formoseño Armando Cabrera (ligado al gobernador Gildo Insfrán), dio de baja la lista de Quintela por irregularidades en sus avales, entre otros puntos, y dejó en pie solo la de la expresidenta. Con su recurso judicial, el gobernador de La Rioja sostuvo que no se respondieron sus planteos sobre "manifiesta violación de la cadena de custodia" de la documentación en el partido y sobre la "ausencia de canales de diálogo y participación", entre muchos otros reclamos.El rechazo de los avales para la lista "Federales, un grito de corazón", según planteó el competidor interno de Cristina, "se afirmó sin una mínima prueba acreditante que las planillas no reunían los requisitos exigidos por la normativa partidaria, situación ésta que carece de total veracidad y no se ajusta a la verdad real"."El accionar parcializado de la Junta y que fuera oportunamente denunciado por esta representación, nos impidió fiscalizar y verificar planillas supuestamente 'observadas' y, paralelamente, controlar la documentación de la lista 'Primero, la Patria', cuya exhibición nos fue negada", acusaron los apoderados del gobernador Quintela en su presentación.Según afirmaron los apoderados Yoma, Llermanos y Vanni, "la parcialidad [de la Junta Electoral] se verificó en todos los aspectos, inclusive en el aspecto vinculado con las oficinas del PJ". Y especificaron: "A la otra lista se le permitió estar las 24 horas ocupando todos los espacios, mientras que a la que a nuestra representada no se le otorgó siquiera una habitación, un escritorio. El destrato abarcó todos los aspectos imaginables"."La Junta Electoral tenía decidido con antelación a establecer la fecha de las elecciones, que las mismas no se llevarían a cabo. El método era claro: aprobar una lista única porque probablemente no existía competidor, y en el supuesto de que apareciera, como efectivamente sucedió, proscribirla", remarcaron en su presentación los apoderados de Quintela.Con un mensaje en la red social X, la lista de Quintela pidió "que se garantice el derecho de elegir de las y los afiliados del partido, como así también nuestro derecho de poder ser elegidos" y reclamó "una pronta resolución, pensando en lo mejor para el Partido Justicialista".El gobernador de La Rioja reforzó sus posturas. Afirmó que el PJ fue "tomado" por el cristinismo, que la expresidenta debería correrse de la carrera electoral y reprochó la actuación de la Junta partidaria. "Presentamos 96.000 [avales], pero fueron chequeados 70.000. Diez días antes, los representantes de la otra lista estaban instalados en la sede del partido. Lo tomaron y no nos dejaron entrar. Nos recibieron la caja en la puerta", arremetió Quintela, esta mañana, en diálogo con radio Rivadavia."[La Junta Electoral] debe ser imparcial, pero no lo es. Los conozco a todos. Inventaron irregularidades y prepararon el camino para tomar la propuesta B. Los partidos se ganan en una cancha, no en el escritorio", aseveró el gobernador de La Rioja en sus dichos radiales.En tanto, en declaraciones a Radio 10, Quintela pidió que la expresidenta se aboque a otras tareas porque "está para una cosa mejor que ser presidenta del PJ"."Cristina es una estadista, tiene que hacer lo mismo que [el expresidente de Estados Unidos Barack] Obama y dar vueltas por el mundo contando su experiencia", aconsejó el gobernador riojano.Polémica por una visitaEste lunes, Yoma se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El apoderado de Quintela aseguró que se trató de una reunión vinculada solamente con el reclamo por fondos nacionales que demanda el gobierno de La Rioja, del que también es apoderado. Yoma y Francos tienen una relación de amistad. El exsenador y exembajador indicó a LA NACION que el encuentro se produjo de modo informal, tras un cruce de mensajes matutino.La reunión generó rechazo en las filas de Cristina Kirchner. La diputada de La Cámpora Vanesa Siley criticó el diálogo entre Yoma y Francos. "Me parece grave que el apoderado de Quintela haya ido a la Rosada" indicó Siley en declaraciones al canal de streaming peronista Eva TV. "¿Qué es lo que busca? ¿Quieren que [el presidente, Javier] Milei termine conduciendo el PJ?", inquirió Siley.
El riojano presentó una apelación a la resolución de la Junta Electoral del partido, que no habilitó su lista.El sector de la ex presidenta cuestionó la visita de Jorge Yoma, uno de sus apoderados, a Guillermo Francos en la Casa Rosada.
La Justicia allanó el sábado último por presunto lavado de dinero la tercera obra social más grande del país. Se trata de Osprera, a cargo del jefe de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), José Voytenco, un dirgente chaqueño de bajo perfil al que le gustaría los lujos y que se defendió hoy con señalamientos al Gobierno y a la Justicia."Los allanamientos fueron parte de una operación política y judicial bochornosa basada en una falsa investigación periodística", argumentó Voytenco en radio Mitre. Y agregó: "Creo que la Superintendencia de Servicios de la Salud se ha extralimitado en sus funciones".Diana Mondino sufre el recorte de poder en la Cancillería ante la posible salida de dos funcionariosDe acuerdo a cifras de la Superintendencia de Servicios de Salud [SSS], la obra social recibió $26.090 millones del Estado en los últimos cuatro años pero no logró regularizar deudas que se incrementaron y que hasta agosto ascendieron a $43.949 millones. Por este motivo, en el Gobierno hablaron de "serias dudas" sobre el manejo del dinero. La SSS está a cargo de Gabriel Oriolo, un exejecutivo de Osde que llegó de la mano de Mario Lugones antes de que el empresario fuera nombrado como ministro de Salud tras la salida de Mario Russo.De acuerdo a la orden de allanamiento que dispusto el juez federal Federico Villena, el denunciante, Marcelo Andrada, que es el secretario general de la Uatre en La Plata, describió una supuesta disonancia entre el patrimonio atribuido a Voytenco y su actividad como representante de los trabajadores rurales. La denuncia le atribuye la construcción de una "mansión" en un club de campo en Cañuelas, una colección de relojes de lujo y vuelos en aviones privados. Voytenco no respondió al llamado de LA NACION y en radio Mitre no fue consultado sobre su patrimonio. Por su cargo en Osprera, Voytenco percibe un salario de $14.005.643 mensuales."El juez Federal Federico Villena dictó una medida judicial que nosotros consideramos ilegal, arbitraria y perjudicial para nuestra institución y nuestros beneficiarios. La denuncia la hicieron opositores a los que les he ganado y estoy hoy legítimamente al frente del gremio", dijo Voytenco. A fines de 2022, Voytenco le ganó la elección interna a Pablo Ansaloni por apenas un punto. Fue la primera vez desde 1991 que no había lista única en el gremio donde reinó Gerónimo Venegas, un exaliado de Macri. A Ansaloni, que manejaba la obra social, no le alcanzó el apoyo que le había dado Sergio Massa, por entonces el hombre fuerte del gobierno de Alberto Fernández. Ansaloni es hoy diputado nacional de La Libertad Avanza y sobre él también pesa una denuncia judicial por presunta malversación de fondos cuando estuvo a cargo de Osprera. Hace casi dos años a Ansaloni lo intentaron matar mediante un sicario narco.Voytenco identifica la mano de Ansaloni detrás del allanamiento y de la intervención de la obra social. También de funcionarios del Gobierno que trabajan con miras en la campaña electoral para 2025. "Quieren la estructura de la Uatre para tener territorialidad para la campaña", argumentaron cerca del secretario general.La Uatre administra $9000 millones mensuales mientras que su obra social llegó a tener $1300 millones de superávit, según fuentes gremiales. Las cifras surgen de la contribución del 2% del sueldo de unos 400.000 afiliados activos, del aporte a la salud por parte de empleados y empleadores, y de otras fuentes de financiamiento, como pueden ser el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), a cargo de los recursos del fondo de desempleo, y el Fondo Especial del Tabaco, una caja que se nutre por ley de un porcentaje de las ventas de cada paquete de cigarrillos y que en el primer semestre de 2024 recaudó $74.796 millones. Las cifras podrían ser incluso mayores si se tiene en cuenta que siete de cada 10 trabajadores rurales están contratados de manera irregular, según denunciaron desde el gremio.
El rector de la institución, Ricardo Gelpi, ratificó la postura de que la SIGEN "no tiene las competencias para auditar a las universidades". Leer más
En medio del conflicto que tiene como protagonistas a las universidades nacionales y el Gobierno, y que radica en el financiamiento, las paritarias y las auditorías, el martes 15 de octubre el ministerio de Capital Humano anunció, mediante un comunicado, que la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, había firmado un dictamen que habilitaba a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a realizar controles sobre las altas casas de estudios.Aunque según el texto esto no atentaría contra la independencia administrativa y financiera de las universidades de gestión estatal, como lo establece la Constitución Nacional, la Universidad de Buenos Aires (UBA) informó que iniciará acciones legales contra la medida, en rechazo al "intento de intervención" por parte del Ejecutivo. La Ley de Educación Superior (24.521) establece que las universidades nacionales tienen autarquía económico-financiera.Según la legislación previa al dictamen, estas instituciones deben ser auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN), un órgano dependiente del Congreso nacional. Los organismos a auditar los define la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual está formada tanto por diputados como por senadores, y la selección debe ser luego aprobada por el propio Congreso. Por esto mismo, en respuesta a la decisión del Gobierno, la UBA señaló el viernes pasado que la Sigen no posee las competencias para llevar a cabo dichos controles: "El artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 dice en términos indudables que la Sigen puede controlar a las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo", a la vez que manifestó un intento de controlar la "libertad académica".Ante la postura de la Procuración, la UBA también informó que realizará una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno y manifestó ser uno de los entes más auditados del sector público.Así, esta mañana, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, en compañía de los decanos y del vicerrector, Emiliano Yacbotti, realizó una conferencia, en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, sobre Viamonte 444, como dijo en la apertura, con la intención de "aclarar, una vez más distintas situaciones sobre las auditorías, en relación con el intento de intervención de la Sigen". "Nuestra intención es dar un lugar que sirva para explicar técnicamente cuestiones específicas, más allá de las ideológicas o legales", remarcó. De esta manera, afirmó que la UBA entiende que la Sigen no posee las competencias necesarias para llevar a cabo los controles sobre las universidades nacionales, con una base jurídica que sostiene esta postura, lo cual, aclaró, "no significa que la UBA se opone a las auditorías, todo lo contrario": "Queremos ser auditados todo lo que sea necesario, pero dentro del marco de las leyes e instituciones. Por eso decidimos presentarnos ante la Justicia para que decida el procedimiento dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no corresponde, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida". Lo mismo dijo Juan Alfonsín, secretario general: "Acataremos las resolución judicial, ya que son los jueces quienes deben interpretar el sentido de las leyes, derechos y libertades de las y los ciudadanos".Según el comunicado compartido por la institución el viernes pasado también solicitaron a la AGN que la vuelva a incluir en la Plan de Auditoría 2025, y declaró que tomará acciones legales contra la medida, lo cual fue cuestionado el sábado por el presidente Javier Milei, quien en diálogo con Radio Mitre aseguró: "Nosotros no queremos intervenir a las universidades, queremos tener un control del dinero que pagan los pagadores de impuestos. En la Argentina, siete de cada 10 niños son pobres. Esos chicos están recibiendo menos asistencia por las universidades. Entonces, queremos saber qué están haciendo con esa plata".Matías Ruiz, secretario de hacienda de la institución, volvió a hacer foco en que la UBA es uno de los entes más auditados del sector público: "De ningún modo nos oponemos a las auditorías, todo lo contrario, pero siempre dentro del marco de la ley".A modo explicativo, realizó un repaso por los distintos órganos e instancias en donde se controlan los gastos de la universidad. Entre estos se encuentra la ya nombrada AGN, que es un órgano externo, y que desarrolló las últimas auditorías en 2021, 2022 y 2023. La UBA también rinde cuentas al Ejecutivo todos los meses a través de informes que envían al subsecretario de políticas universitarias, dependiente de Capital Humano. Muchos de estos informes, aseguró, se encuentran disponibles a toda la comunidad a través de la página web de la misma UBA. Por otro lado, también es controlada por el Poder Legislativo, ya que se remiten cuadros contables dos veces al año, el primero, con corte el 30 de junio, y el segundo, el 31 de diciembre. "Estos son remitidos al Congreso Nacional, son balances que también están disponibles a la ciudadanía general". Por último, recordó que la UBA realiza auditorías internas. "Cuando alguien afirma que la UBA no es auditada, aunque lo repita mil veces, lo que dice es llanamente falso. Quien afirma esto lo hace con un objetivo diferente o para confundir a quien escucha. Es auditada y rinde cuentas en múltiples instancias y ante múltiples organismos con facultades para hacerlo", aclaró. Respecto de los controles internos, explicó que los auditores son independientes de la administración institucional, ya que el titular no es elegido por el rector, sino por el Consejo Superior, mientras que el titular de la Sigen es "elegido a dedo por el propio Presidente". Por su parte, Leonora Colombo, consejera superior, explicitó que la acción legal que la UBA tomará respecto de la decisión de Capital Humano de incorporar a la Sigen al sistema de auditorías, que se trata de una acción judicial declarativa de certeza. "Acá hay un debate respecto de la interpretación del sistema jurídico vigente. La universidad sostiene que la Sigen no tiene competencias para auditarla, y el Ejecutivo sostiene que sí. En nuestra república, el órgano llamado a resolver este tipo de conflictos es el Judicial, por lo que la universidad decidió encauzar este debate para lograr un pronunciamiento del último órgano intérprete de la Constitución y las leyes, que es el Poder Judicial. La Sigen está creada por la Ley de Administración Financiera, que establece su ámbito de competencia. En el artículo 98 dice que la Sigen puede establecer actos de control respecto de los entes y organismos que dependen el Ejecutivo nacional, no es opinión de la UBA, es la letra de la ley", enfatizó. También repasó en la historia, declarando que la modificación de 1994 de la Constitución Nacional incorporó el artículo 75 inciso 19 que estableció la autonomía universitaria. Desde entonces, el contenido y alcance de esa autonomía fue establecido por el Congreso a través de la Ley de Educación superior y por la Corte Suprema de Justicia, que en 2003 declaró que "la autonomía implica que las universidades no dependen del Poder Ejecutivo, y que están exentas sobre cualquier tipo de interferencia o control por parte de este", agregó Colombo. Sobre los próximos meses y lo que espera para 2025, Ruiz concluyó que la intención es que este cuatrimestre termine como corresponde, que las luces permanezcan prendidas y las puertas abiertas, algo que se resolvió a principios de año tras la primera marcha federal del 23 de abril, cuando se acomodó el presupuesto para el funcionamiento. Aun así, destacó la pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores no docentes. "Ya estamos trabajando para que se completen los calendarios académicos y que finalice el cuatrimestre, al tiempo que trabajamos y concientizamos para que se incorporen las garantías para la recomposición de los salarios docentes de 2024, y les pedimos a los senadores y diputados el presupuesto 2025, para garantizar un primer cuatrimestre con la normalidad a la que la UBA está acostumbrada". Este es uno de los mayores pedidos en estos meses cargados de paros â??hubo ocho en dos mesesâ??, ya que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidió $7,2 billones, mientras el Gobierno planea asignar $3,8 billones, casi la mitad, una diferencia que radica en las paritarias salariales.
La atroz matanza de pingüinos de Magallanes en Punta Tombo, perpetrada entre agosto y diciembre de 2021, llegará finalmente a juicio oral el próximo 28 de octubre. En este proceso judicial, sin precedentes en Argentina, buscaremos la condena por los delitos de daños ambientales agravados (art. 184, inc. 5° del Código Penal) y crueldad animal (Ley 14.346). Estamos próximo a construir un precedente que constituya un punto de inflexión para que la impunidad no siga ganando terreno frente a los crímenes contra la naturaleza.El empresario ganadero Ricardo Adolfo La Regina enfrenta cargos por daño agravado y crueldad animal, tras una serie de acciones ilegales y deliberadas perpetradas en la Estancia La Perla, lindante con el Área Natural Protegida Punta Tombo y con el Área Maritima protegida Punta Tombo que dispone la protección de Punta Tombo y Punta Clara, las que constituyen zonas de alimentación y tránsito del Pingüino de Magallanes, ambas se encuentran dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, y es núcleo de la Reserva Biosfera de UNESCO Patagonia Azul. Se trata, en otras palabras, de un ecosistema de altísimo valor ecológico, sujeto a rigurosa protección.Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto a Greenpeace y Fundación Patagonia Natural denunciamos y nos constituimos como querellantes en este proceso, y formulamos junto al Ministerio Público Fiscal de Trelew y la Fiscalía de Estado de la Provincia de Chubut una categórica acusación contra el ganadero por usar máquina retroexcavadora para desmontar más de 1000 m2 de vegetación nativa, abriendo caminos sin estudios de impacto ambiental ni autorizaciones, destruyendo el hábitat reproductivo de los pingüinos, aplastando 175 nidos. Además, lo querellamos por el arrollamiento y muerte de centenares de pingüinos, incluyendo pichones y huevos, y la instalación de un cerco eléctrico de 6 hilos obstaculizando el libre tránsito durante la anidación.La evidencia que llevaremos al juicio oral es categórica: imágenes satelitales aportadas por la propia National Geographic, fotografías y videos (terrestres y aéreos), informes y testimonios de expertos probarán la devastación de Punta Tombo. Exigimos una condena histórica que refleje la magnitud del daño ambiental y la crueldad practicada hacia los animales no humanos, enviando un mensaje claro a la sociedad: la protección de la naturaleza no es negociable.Por otro lado, este caso como otros crímenes ambientales, expone una falla sistémica en nuestro marco legal: los tipos penales se basan en una perspectiva antropocéntrica que considera el ambiente y a los animales no humanos como recursos, cosas muebles u objetos, negando su valor intrínseco. La dominación cartesiana de la naturaleza, funcional al extractivismo, se traduce en su mercantilización y en la negación de los derechos inherentes a la naturaleza y los animales no humanos, con quienes cohabitamos el planeta.Es por ello que la destrucción del ecosistema de Punta Tombo y Punta Clara exige no solo una condena ejemplar, sino también una profunda reflexión sobre la necesidad de reformar el Código Penal para incorporar delitos penales ecocéntricos y reconocer a los animales no humanos como sujetos de derecho. Además, los hechos enrostrados al ganadero configuran, a nuestro entender, un verdadero ecocidio, pero esta figura aún no está contemplada en nuestro sistema penal.La condena ejemplar debe servir para cambiar nuestra cultura jurídica. El reconocimiento de los pingüinos como seres sintientes, como lo hizo la jueza penal de Rawson Ana Carina Breckle en la sentencia que resolvió la elevación a juicio oral, ha sido un gran avance en la ecologización del proceso, pero necesitamos ir más allá. Es evidente que los animales, como seres sintientes, experimentan dolor, placer y otros sentimientos, pero el simple reconocimiento de su sensibilidad no alcanza. Es necesario asignarles un nuevo estatuto jurídico que los reconozca como sujetos de derechos. La naturaleza, incluida la vida animal, como sujetos de derechos. Alberto Acosta y Enrique Viale, en su libro: "La Naturaleza sí tiene derechos, aunque algunos no lo crean", afirman que, así como el siglo XX fue el siglo de los derechos humanos, el XXI debe ser el de los derechos de la naturaleza. Punta Tombo debe ser un llamado a comprender esta necesidad de reconocimiento legal de los derechos de nuestra madre tierra.Tenemos la convicción que este caso concluirá con una condena histórica por daños agravados al ambiente y actos de crueldad animal. Sin embargo, necesitamos reformas ecocéntricas que incorporen tipos penales específicos para sancionar con mayor rigurosidad la nueva criminalidad ambiental: la deforestación indiscriminada, los incendios forestales, la contaminación masiva de ríos y océanos, y la destrucción de glaciares y la biodiversidad. Impulsar la efectiva aplicación de la justicia ecológica requiere erradicar la impunidad histórica de los poderosos que ha favorecido la destrucción del ambiente; este juicio debe sentar un precedente necesario para lograrlo.Sabemos que la defensa de La Regina minimizará el impacto en Punta Tombo, apelando a una visión obsoleta de la propiedad privada, restando entidad a la catástrofe ecológica. Pero este juicio se centra en algo mayor: el choque entre dos visiones irreconciliables del mundo, una que ignora la naturaleza y otra que la defiende. Como querellantes, vamos a fondo. La impunidad no es una opción.Lucas Micheloud, Co-Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y querellante en el proceso penal de Tombo.
El ministerio de Capital Humano investigó maniobras ilegales en varios distritos.El caso quedó en manos del juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro Gonzalez.
El gobernador riojano, como anticipó Ámbito, no acatará la resolución de la junta electoral. Observan "artilugio de mala fe". Kirchnerismo se despega y sospecha de maniobra para dilatar el proceso. Neutrales lamentan dificultades para garantizar democracia partidaria.
Las autoridades electorales del partido señalaron que la lista no alcanzó el mínimo de avales del 2% del Padrón de afiliados. El gobernador de La Rioja denunció que le "robaron documentación" y disparó contra el entorno de Cristina Kirchner. Leer más
El Rectorado de la Universidad de Buenos Aires denunció una "intervención ilegal" por parte de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En contrapartida, el Presidente de la Nación acusó de pretender "ocultar información" porque lo que existe es "peor a lo imaginado".
El rectorado consideró "inconstitucional" el avance de la SIGEN, señalando que "la autonomía universitaria se encuentra sustraída del ámbito de injerencia del Poder Ejecutivo". Adorni respondió en redes, ratificando la postura oficialista de "hacer las auditorías que muchos argentinos reclaman". Leer más
20m Ledesma salvó a RiverAarón Molinas llegó por izquierda y buscó definir cruzado, pero la pelota se levantó y parecía irse por encima de Ledesma. No obstante, encontró al arquero de River con buenos reflejos para evitar la apertura el marcador.¡LEDESMA SALVÓ A RIVER! El arquero se estiró para taparle el gol a Áaron MolinasMirá la #LPFxTNTSports ð??? Suscribite al #PackFútbol en https://t.co/lZekcj3qzj pic.twitter.com/PGQxjOB8iN— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 26, 202415m Bologna evitó el primeroUna buena llegada de River, con un centro de Solari y la definición de Mastantuono estirándose, pero Bologna estuvo alerta y tapó de manera fantástica con una pierna.BETO BOLOGNA LE SACÓ EL GOL A MASTANTUONO ð?§¤ð?§¤Mirá la #LPFxTNTSports ð??? Suscribite al #PackFútbol en https://t.co/lZekcj3qzj pic.twitter.com/EjkZpjRqnC— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 26, 202410m Llegadas sin punteríaAvanzó River por derecha de la mano de Echeverri, pero la jugada no prosperó. Defensa respondió con tres remates que no llevaron peligro, sólo uno de ellos a las manos de Ledesma. PT, 2m Amonestado ZabalaRiver ya tiene un jugador con amarilla: Daniel Zabala. El lateral golpeó a Juan Miritello y cortó un avance de Defensa. 21 ¡Se juega!Ya está en marcha el partido entre Defensa, que marcha penúltimo con 15 puntos, y River, que comienza el juego noveno, con 26.20.55 El encuentro Bologna - GallardoAntes de ingresar al campo de juego, en el túnel se encontraron Beto Bologna y Gallardo, que compartieron una breve charla. El exarquero de River será rival del Muñeco esta noche, en el arco del Halcón. El gran abrazo entre el Muñeco Gallardo y Beto Bologna, y un tierno momento con el hijo del arqueroMirá la #LPFxTNTSports ð??? Suscribite al #PackFútbol en https://t.co/lZekcj3qzj pic.twitter.com/A2snmiZJ6R— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 25, 202420.50 Los 11 de Defensa y JusticiaEl Halcón recibe a River con el siguiente equipo: Enrique Bologna; Tobías Rubio, Emanuel Aguilera, Santiago Ramos Mingo, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Kevin López, Nicolás Palavecino, Aarón Molinas; César Pérez y Juan Bautista Miritello.ð??° ¡Así forma esta noche el Halcón de Varela! pic.twitter.com/GtYGZFNOmJ— Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) October 25, 202420.40 Así forma RiverGallardo anunció que River saldrá al campo de juego con Jeremías Ledesma; Daniel Zabala, Federico Gattoni, Ramiro Funes Mori, Milton Casco; Rodrigo Villagra, Matías Kranevitter; Pablo Solari, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, y Adam Bareiro.â?½ï¸? Equipo confirmado para esta noche frente a Defensa y Justicia â??#VamosRiver â?ªï¸?ð??´â?ªï¸? pic.twitter.com/Y8SjGtIgS2— River Plate (@RiverPlate) October 25, 202420.30 Un equipo con ausencias importantesTras la goleada por 3-0 sufrida ante Atlético Mineiro en Brasil el martes pasado, River afronta el duelo con Defensa con un equipo con varias ausencias ante la necesidad de revertir la serie el martes que viene, cuando la semifinal se cierre en el Monumental. Marcelo Gallardo le da descanso a piezas claves, aunque también necesita sumar por el torneo argentino.ð??? Los convocados por Marcelo Gallardo para visitar a Defensa y Justicia por la fecha 19 del Torneo LPF. ð??ªâ?½#VamosRiver â?ªð??´â?ª pic.twitter.com/KB8Z3ikdc3— River Plate (@RiverPlate) October 25, 202420.15 Bienvenidos a la cobertura de Defensa y Justicia - RiverEsta noche, desde las 21, River visita a Defensa y Justicia por la fecha 19 de la Liga Profesional, con el arbitraje de Nicolás Ramírez. El juego es transmitido por la señal de cable TNT Sports y desde aquí, LA NACIÓN hará un seguimiento minuto a minuto.
Fueron capturados merced al opertivo que lanzó la Agencia Nacional de Discapacidad para establecer quiénes deben conservar la pensión.
Juegan en Florencio Varela con el arbitraje de Nicolás Ramírez.El equipo de Gallardo busca recuperarse tras la dura derrota en Brasil.Va por TNT Sports.
La Justicia quedó sorprendida por las revelaciones del Gobierno acerca de que identificó por su verdadero nombre y apellido al jefe operativo de Hezbollah en América latina, Hussein Ahmad Karaki, y dijo que fue el responsable de la compra de una Ford F -100 utilizada como bomba para atacar la Embajada de Israel en 1992, con un saldo de 22 muertos.La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que se pedirá que se suba la circular roja de Interpol (notificación dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega) sobre Karaki, que se encuentra en El Líbano, según la información de inteligencia.La investigación por la voladura a la Embajada de Israel se encuentra en la Corte Suprema, en la Secretaría Penal. Fuentes judiciales se mostraron sorprendidas ante la consulta de LA NACION y aseguraron que ni hoy ni días anteriores ingresó ningún documento en el expediente dando cuenta de esta novedad que hizo pública el Gobierno.En ese expediente sí figura que el hombre que compró la Ford F-100 lo hizo con un documento brasileño a nombre de Elías Ribeiro Da Luz. Ahora Bullrich explicó que su verdadera identidad es Hussein Ahmad Karaki. El sospechoso no figura en la causa por el ataque a la Embajada. Ese nombre ya había circulado hace dos años en un informe de inteligencia de la Mossad, sin verificación judicial. Un informe de 42 páginas de la Mossad, indicó además que quien manejó la camioneta hasta la sede diplomática fue un Mohammad Nur Al-Din Nuer Al-Din, un libanés que vivía en Foz de Iguazú.En paralelo, la causa por el ataque a la AMIA está vinculada con la causa por el atentado a la embajada israelí. Ese expediente está a cargo del fiscal de la Unidad AMIA, Sebastián Basso. Allí tampoco se tenía ninguna noticia de esta novedad.El fiscal Basso se enteró de la novedad por los medios que transmitieron la conferencia de Bullrich y estuvo chequeando toda la tarde en el voluminoso expediente sin obtener ninguna pista. En los tribunales se quejaban de estos anuncios. "Mossad, informes de inteligencia, información sin verificar y después los judiciales tenemos que estar tapando los agujeros que dejan estas afirmaciones. Trabajamos con datos judiciales verificables, no con información de inteligencia", dijo una fuente de los tribunales.Y mencionó que no hay ningún dato sobre Karaki en la causa AMIA y menos en la causa de la Embajada de Israel. "Estamos viendo. Llevará algunos días terminar de peinar todos los datos, pero no aparece nada que se le parezca", señaló ese funcionario.Asimismo se mencionó que Haraki podía estar vinculado con una red de financiamiento y reclutamiento del Hezbollah en la Argentina que investiga el juez federal de Eldorado, Miguel Guerrero, y el fiscal Santiago Marquevich.Sin embargo, una alta fuente del Ministerio Público Fiscal se mostró extrañado ante estas noticias. "No sé de dónde sale todo esto. Parecieran ser informes de inteligencia, pero me cuesta encontrarle solidez con los datos que tengo", dijo este alto funcionario, que entre sus tareas justamente está la colaboración internacional.Y con respecto la supuesta pista que habla de una red de Hezbollah que opera en Brasil con ramificaciones en Argentina aseguró: "No hay causa que yo sepa".
La Liga Profesional 2024 no detiene su rumbo y este fin de semana transita la fecha 19, en la que uno de los partidos más destacados es el de Defensa y Justicia vs. River Plate, en medio de una semana compleja para el Millonario, que el martes intentará remontar un 3 a 0 adverso ante Atlético Mineiro en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2024. El encuentro se disputa este viernes a las 21 en el estadio Norberto 'Tito' Tomaghello, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.El Halcón de Florencio Varela se ubica en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con apenas 15 unidades en 18 partidos, producto de tres victorias, seis empates y nueve derrotas. En la última fecha perdió 4 a 3 con Racing. El Millonario, por su parte, afrontará este encuentro con un equipo completamente alternativo porque el martes intentará remontar un 3 a 0 adverso frente a Atlético Mineiro en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. En la clasificación general del torneo aparece octavo con 26 puntos (seis triunfos, ocho igualdades y cuatro caídas). Viene de empatar 1 a 1 con el líder, Vélez. Defensa y Justicia vs. River Plate: cómo ver onlineEl encuentro está programado para este viernes a las 21 en Florencio Varela y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, por su parte, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el "Pack Fútbol"). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.TNT Sports.Flow - TNT Sports.Telecentro Play - TNT Sports.DGO - TNT Sports.Minuto a minuto: canchallena.com.¿Qué dicen las apuestas?En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River Plate corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.10 contra los 3.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Defensa y Justicia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.30.Posibles formacionesDefensa y Justicia: Enrique Bologna; Tobías Rubio, Víctor Aguilera, Santiago Ramos Mingo, Alexis Soto; Gabriel Alanís, Kevin Gutiérrez, Benjamín Schamine, Luciano Herrera, Aaron Molinas y Juan MiritelloRiver Plate: Franco Armani o Jeremías Ledesma; Milton Casco; Federico Gattoni, Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Matías Kranevitter o Nicolás Fonseca, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono; Pablo Solari y Adam Bareiro.
El juez federal de Misiones y un fiscal especializados analizan informes de inteligencia sobre los vínculos comerciales de un supuesto cómplice de Hussein Karaki. El cómplice había actuado en Brasil. También hay vínculos con Bolivia, Perú y Colombia.
Defensa y Justicia y River Plate se enfrentan este viernes en el marco de la fecha 19 de la Liga Profesional 2024, en un partido que comienza a las 21 en el estadio Norberto 'Tito' Tomaghello, con arbitraje de Nicolás Ramírez, y que cuenta con la transmisión televisiva de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.El Halcón de Florencio Varela se ubica en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con apenas 15 unidades en 18 partidos, producto de tres victorias, seis empates y nueve derrotas. En la última fecha perdió 4 a 3 con Racing. El Millonario, por su parte, afrontará este encuentro con un equipo completamente alternativo porque el martes intentará remontar un 3 a 0 adverso frente a Atlético Mineiro en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. En la clasificación general del torneo aparece octavo con 26 puntos (seis triunfos, ocho igualdades y cuatro caídas). Viene de empatar 1 a 1 con el líder, Vélez.Defensa y Justicia vs. River Plate: todo lo que hay que saberFecha 19 de la Liga Profesional 2024.Día: Viernes 25 de octubre.Hora: 21.Estadio: Norberto 'Tito' Tomaghello.Árbitro: Nicolás Ramírez.Defensa y Justicia vs. River Plate: cómo ver onlineEl encuentro está programado para este viernes a las 21 en Florencio Varela y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, por su parte, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el "Pack Fútbol"). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.TNT Sports.Flow - TNT Sports.Telecentro Play - TNT Sports.DGO - TNT Sports.Minuto a minuto: canchallena.com. De cara al compromiso de este viernes, Gallardo planea utilizar un equipo repleto de suplentes. A pesar de eso, optó por no incluir a futbolistas de la Reserva como Ian Subiabre y Agustín Ruberto, aunque sí citó a Daniel Zabala. Federico Gattoni tendría la chance de ser titular junto a Ramiro Funes Mori. El 4, en tanto, sería Milton Casco y el 3, Enzo Díaz.En línea con el once alternativo, el doble 5 estaría conformado por Rodrigo Villagra y Nicolás Fonseca, titular ante Mineiro pero habitual suplente de Matías Kranevitter. Más adelante jugarían las dos jóvenes estrellas del equipo, Franco Mastantuono y Claudio 'Diablito' Echeverri; mientras que los delanteros, de no mediar inconvenientes o modificaciones de último momento, serían Pablo Solari y Adam Bareiro. ¿En el arco? Jeremías Ledesma podría ponerse los guantes desde el arranque.¿Qué dicen las apuestas?En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River Plate corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.10 contra los 3.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Defensa y Justicia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.30.
Luego del capítulo de la radiografía de un perro para certificar una condición médica humana y así percibir una pensión por invalidez, la auditoría sobre estas asignaciones ofrece una nueva entrega. El Gobierno convocó a más de cien beneficiaros con el pretexto de renovarles la prestación, pero 14 de ellos terminaron presos. Según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, se encontraban prófugos de la Justicia y el incentivo para seguir cobrando este dinero del Estado fue la trampa utilizada para localizarlos y capturarlos.Tal cual informaron fuentes oficiales, entre los detenidos había acusados por "robo agravado, intento de violación y otros delitos graves". Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual estas personas accedieron a cobrar una pensión por invalidez. Pese a eso, para el Gobierno se trató de un "uso indebido de los recursos destinados a las personas con incapacidad laboral".Los 14 detenidos representan apenas una porción del total de prófugos de la Justicia que perciben una pensión por invalidez. Según el entrecruzamiento de datos entre el Ministerio de Salud, el de Seguridad y el de Justicia, que tiene el objetivo de identificar quiénes resultan beneficiarios de esta prestación, 131 personas en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires poseen una orden de detención en su contra al mismo tiempo que cobran la asignación. Las autoridades estiman que en las otras provincias el número asciende a 200.En el caso del operativo realizado en la capital y en territorio bonaerense, funcionarios a cargo de él narraron que utilizaron una trampa "cazabobos", tal cual la definieron. "Fue algo así como lo que ocurre en las elecciones cuando los policías esperan a los prófugos en las escuelas donde deberían votar", compararon. Pero a diferencia de lo que puede ocurrir durante las jornadas cívicas, las autoridades utilizaron como carnada al premio de seguir recibiendo una prestación que actualmente representa el 70% de una jubilación mínima. Es decir, $171.024,39 mensuales."Los citamos para verificar sus datos y estudios y así convaliden las condiciones necesarias para tener la pensión, y a los que se presentaron, los detuvieron", explicó un funcionario al tanto de la estrategia de las autoridades. El Decreto 432/1997, que reglamenta cómo el Gobierno debe otorgar estas asignaciones, estipula que la prestación puede suspenderse por "incomparecencia reiterada, sin causa justificada, en caso de citación relacionada con los requisitos para el goce de la prestación". Por lo tanto, si continuaran las convocatorias a los prófugos que no se presentaron, y estos persistieran en su ausencia, el Estado tendría argumentos legales para suspenderles la transferencia mensual.Pero más allá de la ocurrente detención de estos prófugos, una incógnita que plantea el caso es si resultaba pertinente que estas personas recibieran ese dinero. El mismo decreto citado indica que esta asignación caducará cuando la persona tenga "condena a prisión o reclusión por más de tres años a partir de la fecha de la sentencia". Según detallaron fuentes oficiales, "se detectó que hay casos de personas detenidas que acumulan hasta ocho causas". Entonces, la evaluación sobre presuntos pagos irregulares de estas pensiones variará según el caso y dependerá del status judicial de cada persona prófuga. A su vez, el decreto en cuestión también contempla la suspensión de la prestación "por encontrarse el beneficiario detenido a disposición de la Justicia". De esta legislación se valió el Gobierno para cortar el pago a los 14 que logró detener.A mediados de marzo, tal como recordaron fuentes oficiales vinculadas al área de Discapacidad, comenzó la auditoría de las 1.215.548 personas que perciben esta asignación. "Empezamos a ver el número y llamaba la atención por lo alto", detallaron. De acuerdo a los valores de la prestación en octubre, demandan $207.888 millones al mes. Una primera muestra de la auditoría comenzada hace siete meses y que se realizó sobre un universo de 3000, arrojó que el 80% no reunía las condiciones necesarias para recibir la asignación.Entre 2003 y 2007, durante la gestión de Néstor Kirchner, la cifra de beneficiarios pasó de 79.581 a 225.411. Es decir, se multiplicó por 2,8. En 2011, el número ascendió hasta 707.068. Esto implica que durante el primer mandato de Cristina Kirchner se triplicó la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez. La evolución del indicador muestra que hasta 2015 se agregaron más de 300.000 nuevos pensionados y el universo total beneficiarios pasó a 1.045.954. Al finalizar el período presidencial de Mauricio Macri, dicho número bajó y la administración de Alberto Fernández volvió a elevarlo hasta 1.215.548.Fuentes vinculadas a la gestión de Néstor Kirchner dijeron a LA NACION que el aumento durante su mandato tuvo que ver a "un retraso enorme en expedientes pendientes". Además, desde el kirchnerismo indicaron: "Si quieren sacar la pensión por invalidez, que se hagan cargo y que no inventen mentiras".Una mirada territorial de la cantidad de beneficiarios los ubica según su provincia. Si bien Buenos Aires es la que mayor cantidad de pensionados por invalidez concentra, con 302.794, en Chaco la proporción entre su población y los que perciben esta asignación es del 8,8%. Esto significa que en dicha provincia cerca de uno de cada 10 recibe esta pensión.Las cifras del Gobierno también indican que en Santiago del Estero el 7,9% de su población es pensionada por invalidez y en Formosa, el 6,7%.
El fiscal de distrito en Los Ángeles, George Gascon, recomendará ante el juez una nueva condena por asesinato en grado menor, lo que les permitiría ser elegibles para libertad condicional. "Creo que han pagado su deuda con la sociedad", dijo. Leer más
El fiscal de distrito en Los Ángeles, George Gascon, recomendará ante el juez una nueva condena por asesinato en grado menor, lo que les permitiría ser elegibles para libertad condicional. "Creo que han pagado su deuda con la sociedad", dijo. Leer más
La Justicia ratificó la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 157/18, dictado por el entonces presidente Mauricio Macri, que afectaba la percepción de los honorarios de los abogados en las causas previsionales.El caso fue iniciado por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, cuyo presidente, Ricardo Gil Lavedra, celebró la decisión judicial.Incoherencias muy difíciles de disimularEl asunto ya había sido resuelto por el voto unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Morales, B. A. c/ ANSES s/ impugnación de acto administrativo" y ahora el juez Santiago Carrillo, del juzgado Contencioso Administrativo Federal N°3, falló en el mismo sentido.El magistrado "reivindicó el principio general de que las costas deben seguir el orden de la derrota, salvo que sea contra los jubilados, en ese caso se establece en el orden causado", sintetizó el presidente del Colegio de la Abogacía.Esto implica que si el Estado pierde el juicio, lo que sucede habitualmente, ahora deberá pagar los honorarios del abogado del jubilado. Y si el jubilado pierde el juicio, el Estado le paga a su abogado y el jubilado al suyo.Durante el macrismo, con este DNU se quiso evitar que el Estado pagara los honorarios de los abogados en todos los juicios que perdía, que es lo que sucede siempre. Esto es así porque, aún a sabiendas de que va a perder (por las leyes y la jurisprudencia de la Corte), apela todos los fallos en contra, de modo de ganar tiempo hasta llegar al máximo tribunal y que el reloj biológico le evite el pago de los sentencias.El secretario de Educación defendió la asignación de recursos para las universidades: "Representa el 4% del Presupuesto 2025â?³Gil Lavedra destacó lo importante que resulta, en esta coyuntura, que "se haya establecido nuevamente que el Poder Ejecutivo no puede gobernar por decreto y de que los decretos de necesidad de urgencia son de estricta excepcionalidad y no pueden ser de uso corriente".El juez Carrillo entendió que el Poder Ejecutivo no puede arrogarse facultades legislativas y que no se daban los requisitos de necesitar y urgencia como para el dictado del DNU en crisis.Por eso es que hizo lugar al pedido de los abogados y declaró la inconstitucionalidad de esta norma en cuanto afecte a los abogados matriculados en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.