justicia
La Justicia ordena que la bandera española ondee en el exterior del Parlamento catalán
Elma Saiz: La regularización pone a España "a la cabeza de la justicia social en el mundo"
Soñaban con una pileta para el verano, pero se la instalaron mal: la Justicia ordenó repararla y castigó la "desidia" de la empresa
Lo que debía ser una instalación estándar derivó en exigencias de pagos extras sin justificación y cambios forzados de modelo. La Justicia acreditó los vicios en el servicio prestado y obligó a la compañía a reponer el producto según el contrato original
Compró una camioneta nueva, empezó a fallar a los dos años y la Justicia obligó a la concesionaria a reemplazarla por una 0 km
Un usuario de Mar del Plata demandó al fabricante y a la agencia tras sufrir una seguidilla de defectos mecánicos graves en su vehículo. El tribunal determinó que las reparaciones realizadas en el taller oficial no garantizaban el correcto funcionamiento original del motor. ¿Cuál fue el error de la empresa al ignorar los reclamos y qué otras compensaciones deberá abonar?
¿Dónde debía cumplir Magaly Medina las 138 jornadas de servicio comunitario impuestas por la justicia y qué tareas debía realizar?
Aunque vecinos dijeron no verla en la zona, un documento firmado por una supervisora certificó avances en el cumplimiento, ahora bajo revisión por la denuncia que llevó Jefferson Farfán ante la justicia.
"Su búsqueda por la verdad y la justicia" es testimonio para muchas generaciones
La jerarquía de la Iglesia Católica, a través de sus máximas autoridades, manifestó sus condolencias por el fallecimiento de Taty Almeida, agradeció su lucha por la verdad y la justicia, y expresó el deseo de que "Nunca más" el terrorismo de Estado se adueñe de las instituciones.
"El país está observando": Newsom acusa a Trump de usar al Departamento de Justicia para investigarlo a él y a su esposa
El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, denunció este lunes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación sobre él y su esposa, Jennifer Siebel Newsom, y responsabilizó directamente al presidente Donald Trump de impulsar la pesquisa por razones políticas. En un video publicado en X, el mandatario estatal dijo que agentes federales visitaron recientemente a amigos y exempleados, solicitando documentos "no porque hayan descubierto un delito, sino porque simplemente intentan hallar uno".Qué dijo Newsom y por qué involucra a su esposa"Después de pedir que me detuvieran el año pasado, Donald Trump ordenó a su Departamento de Justicia que me investigara", afirmó Newsom en el video, según consignaron Fox News y Europapress. "Y justo la semana pasada me enteré de que su campaña ha llegado hasta mi propia casa: para acabar conmigo, va a por mi mujer, Jen".La Reacción De Gavin Newsom, Gobernador De CaliforniaEl gobernador usó su publicación en X para elevar el tono del enfrentamiento: "Hoy, mi esposa y yo pasamos a integrar la lista de objetivos de Donald Trump. Ha ordenado a su Departamento de Justicia que nos investigue. No han encontrado un delito: simplemente intentan encontrar uno", escribió.Qué se confirmó y qué no tiene respaldo oficialUna fuente familiarizada con el caso dijo a AP que existen múltiples indagaciones federales sobre personas cercanas al gobernador, incluida una que involucra los impuestos de su esposa, pero aclaró que el liderazgo político en Washington no participó en la decisión de iniciarlas.Una fuente separada citada por CNN señaló que no hay una investigación que apunte directamente a Newsom. El Departamento de Justicia no emitió ninguna declaración pública.Por qué este conflicto importa más allá de California"Trump no me persigue por mis tuits incisivos. Me persigue porque estoy pensando en postularme a la presidencia y odia que lo haya desafiado repetidamente por sus mentiras y engaños", dijo Newsom.El gobernador es uno de los nombres más mencionados dentro del Partido Demócrata como posible candidato para 2028 y lleva meses enfrentado públicamente con el presidente, con quien protagonizó disputas por políticas migratorias, fondos federales y el despliegue de la Guardia Nacional en California.Las próximas semanas definirán si la investigación produce cargos formales o se agota en la etapa de recopilación de información bajo secreto de gran jurado.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
La Justicia de EE.UU. avala el veto de la FIFA a la bandera monárquica iraní en el Mundial
Gavin Newsom denunció que el Departamento de Justicia de Trump inició una investigación contra él y su esposa: "Viene por mí porque estoy considerando postularme a presidente"
El gobernador demócrata de California acusó al presidente de usar al DOJ para perseguirlo.
Mientras investiga el caso Adorni, Ariel Lijo viajó a París junto a Mahiques en plena discusión por cargos clave en la Justicia
El ministro de Justicia y el juez federal -quien tiene a su cargo la investigación por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete- encabezan la delegación argentina ante el GAFI. Leer más
El PP denuncia como una "mala ley" la de eficiencia de la Justicia y exige corregirla
La Justicia suspende el sacrificio de una perra llegada en patera a Ibiza desde Argelia
SanCor sale a la venta y ya tiene precio de base: la Justicia pide más de US$ 50 millones por la láctea quebrada
Se licitarán las seis plantas que poseía la cooperativa al momento de la quiebra y sus marcas.En la primera reunión informativa, fueron 6 los potenciales interesados en quedarse con la compañía.
Quiénes son los 17 acusados en el caso Loan y de qué delitos los acusa la Justicia
La causa apunta a una presunta sustracción planificada y a una red de encubrimiento que habría desviado la investigación. Leer más
El Gobierno lanza la mayor convocatoria de la historia de oposiciones de Justicia con 700 plazas para jueces y fiscales
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha previsto 575 vacantes por turno libre y 125 para magistrados con más de 10 años de ejercicio
Justicia convoca 700 plazas de jueces y fiscales: 575 por oposición y 125 de magistrados por el cuarto turno
Justicia lanza la convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales, la mayor de la historia
Volcaron en la autopista y culparon a la concesionaria: qué elementos consideró la Justicia para rechazar la demanda
Dos mujeres vivieron una madrugada traumática cuando su auto terminó volcado, presuntamente tras esquivar unas vallas sueltas. A pesar de la gravedad del siniestro ocurrido en 2020, un tribunal desestimó el reclamo millonario
Confundieron dos cuerpos y cremaron los restos equivocados: la Justicia condenó a la funeraria, el geriátrico y el cementerio
Una cadena de fallas en la custodia de dos cadáveres terminó en una pesadilla para una familia, que fue privada de su derecho a despedirse. La Justicia dictó una condena solidaria millonaria tras demostrar que el cementerio ignoró las advertencias y avanzó con la cremación
Indulto por infección al oído: José Balcázar evaluaría cesar al ministro de Justicia por oponerse a liberación de Pedro Castillo
Según fuentes de Cuarto Poder, el mandatario interino analiza cambios en su gabinete tras la negativa a respaldar la solicitud humanitaria presentada por el expresidente
Maroto (PSOE) insiste en la presunción de inocencia de Zapatero y pide "dejar trabajar" a la Justicia
Una cervecería de Caballito demandó por los cortes de luz, pero la Justicia solo le reconoció una décima parte de lo que pedía
El dueño del local llevó a juicio a la distribuidora por las fallas en el servicio, pero se encontró con un freno judicial inesperado
En la Justicia investigan las operaciones de Adorni con criptomonedas y dudan de sus explicaciones
El jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció públicamente que duplicó su patrimonio mediante inversiones en criptomonedas entre 2013 y 2014, pero ante la Justicia no aportó todavía ninguna evidencia de esas transacciones, que sólo están sugeridas en su declaración jurada de bienes de manera parcial.La única información que tiene el fiscal Gerardo Pollicita sobre los movimientos con criptomonedas realizados por Adorni son los que le informaron las plataformas Lemon y Binance, con operaciones por unos 100.000 dólares. Estas operaciones no estaban declaradas hasta ahora y son las realizadas a través de cuentas vinculadas a Adorni, según informaron las plataformas.En la entrevista con LN+, el jefe de Gabinete aseguró que invirtió unos 200.000 dólares en criptomonedas que se convirtieron en 500.000 dólares. Indicó que compró 13 bitcoins en agosto de 2017 a 3356 dólares cada uno, por unos 43.000 dólares y que luego compró un bitcoin más, a 3330 dólares. El 2 de noviembre de 2017, siempre según la explicación de Adorni, compró otro bitcoin más, por 7234 dólares.De esos quince, según dijo, vendió diez en marzo de 2018, a unos 8824 dólares cada uno con lo que ganó 45.000 dólares. Luego mencionó una operación donde compró a 7200 y vendió a 6800, cuando perdió plata. Nada de esto fue aportado al expediente judicial.Allí hay solamente una explicación: la que surge de su nueva declaración jurada, donde declara por primera vez que ganó 400 millones de pesos provenientes de "venta de activos". Según lo que dijo el miércoles en la entrevista con LN+, este dinero correspondería a la venta de criptomonedas que tenía desde antes de su ingreso a la función pública. Este es el punto central de su nueva declaración jurada, que busca explicar el aumento de su patrimonio y la compra de propiedades.Adorni declara 338.327 pesos en cuentas de pago PSP (Proveedores de Servicios de Pago), una categoría que se utiliza para registrar fondos depositados en billeteras virtuales y cuentas de pago electrónicas.Las últimas operaciones realizadas mediante plataformas son rastreables y están con nombre y apellido de quien las realiza.Para convertir un Bitcoin en otra moneda de pago para, por ejemplo, abonar los gastos de refacción de su casa del country Indio Cua es necesaria la intervención de alguna de esas plataformas, pero el jefe de Gabinete no explicó cómo hizo esas transacciones y con qué empresa.Sin embargo, las primeras operaciones, según dijeron especialistas en el mundo cripto, no se podían rastrear por nombre y apellido y, si bien se puede seguir su trazabilidad, solo es posible identificar a quién pertenecen cuando interviene una exchange, es decir, una entidad de cambio de criptomonedas, que están reguladas por la autoridad monetaria. Adorni tampoco presentó ante la Oficina Anticorrupción la parte reservada de su declaración jurada de bienes. Esta parte es la que contiene el detalle de sus cuentas, su identificación, sus consumos y eventualmente podría incluir aquí sus operaciones con criptomonedas. Tiene tiempo hasta fin de mes para hacerlo.Tampoco presentó el anexo reservado correspondiente a su esposa, Bettina Angeletti.La compra de operacionesLa sospecha de la Justicia es que Adorni "compró" esas operaciones antiguas para mostrar movimientos del pasado y usarlos ahora para justificar su patrimonio, según reconocieron fuentes de los tribunales. No obstante, el fiscal Pollicita trabaja en un requerimiento de justificación de bienes, porque entiende que la fortuna de Adorni no tiene respaldo.Aún no sabe a ciencia cierta cuál es el número por el que reclamará explicaciones al funcionario, porque esta tarea para determinar el valor la están realizando contadores del Ministerio Público Fiscal y especialistas en criptomonedas.Pollicita en esa ocasión le pedirá explicaciones a Adorni y será en ese momento cuando el jefe de Gabinete deberá aportar las constancias de esas operaciones que dijo en LN + que realizó.La fiscalía analizará esas constancias y las explicaciones que dé Adorni para justificar su patrimonio y entonces decidirá si son suficientes o si, por el contrario, no explican el crecimiento patrimonial.Si ocurre esto último, el fiscal Pollicita pedirá que Adorni sea citado a prestar declaración indagatoria por el juez federal Ariel Lijo.Se estima que los análisis contables demandarán al menos un mes y medio y, tras ese lapso, la Justicia le requerirá explicaciones a Adorni sobre su patrimonio y, eventualmente, lo llamará a prestar declaración indagatoria. Mientras tanto, como Adorni dijo públicamente que invirtió unos 200.000 dólares de sus ahorros producto de su trabajo en criptomonedas, es que el fiscal Pollicita envió un oficio a la Anses y al ARCA.Les pidió que le envíen el historial económico de Adorni y de su esposa desde 2012 a la actualidad para establecer que ingresos tuvo y si pudo reunir los 200.000 dólares que dijo que convirtió en mas de 500.000 dólares.Asimismo, el fiscal pidió el expediente de la sucesión que se realizó tras la muerte del padre de Adorni para demostrar que no pudo ser esa herencia la justificación de los fondos del jefe de Gabinete. "El padre no tenía dinero para dejarle", dijo una fuente de los tribunales. El fiscal también mandó a preparar un informe con las desgrabaciones de las declaraciones públicas realizadas por Adorni y sus mensajes en redes sociales donde se refiere a las inversiones en criptomonedas desde 2013 a esta parte.Lo que busca el fiscal es documentar las contradicciones que marcaron los periodistas cuando el jefe de Gabinete decía entonces no saber nada del mundo cripto y ahora afirma que en esa misma época hizo inversiones que lo hicieron casi millonario.La evolución patrimonial consignada por Adorni en su declaración presentada este jueves ante la OA muestra, que los bienes totales pasaron de $662,6 millones a $944,5 millones. Parte de ese incremento se explica por revaluaciones de activos ya existentes, pero también por ingresos declarados como no alcanzados por el impuesto a las Ganancias por $270,7 millones â??de los cuales solo $73 millones constan específicamente como "herencia, legado o donación", mientras que el resto no se desagrega en la presentaciónâ?? y por la incorporación de esos $73 millones. Sin embargo, la declaración que presentó Adorni ante la OA no especifica documentación de origen para estos montos (actas de sucesión, actas notariales de donación, comprobantes de depósito, resoluciones administrativas).Toda esa evidencia, más la que permita reconstruir la trazabilidad de las operaciones de compra y venta de criptomonedas, le serán requeridas por la fiscalía.
La Justicia sospecha que las criptomonedas que declaró Manuel Adorni para intentar justificar su incremento patrimonial no eran suyas
Fuentes judiciales comentaron que "nada indica que fue el titular de la criptomoneda, no acompaña documentación respaldatoria". Y que aún quedan otras inconsistencias.
Exfuncionarios y expertos presentan propuesta de seguridad y justicia para el próximo gobierno: "Se necesita firmeza sin caer en el autoritarismo"
La hoja de ruta plantea fortalecer la presencia institucional en los territorios, modernizar las herramientas contra el crimen organizado y priorizar el acceso a la justicia como eje de la gobernabilidad durante los próximos cuatro años
México: familiares de desaparecidos marcharon para exigir verdad y justicia
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, aseguró que la problemática está agravada por la crisis de búsqueda y de identificación forense.
Padres del periodista asesinado Mateo Pérez piden justicia tras la captura de alias Chalá: "El perdón se lo dejo a Dios"
Los progenitores del comunicador social solicitaron a las autoridades rigor contra los responsables del crimen
James Harden fue arrestado por posesión ilegal de un arma en Texas y deberá presentarse ante la Justicia
La estrella de los Cleveland Cavaliers fue detenida durante un control policial y recuperó la libertad tras pagar una fianza.La franquicia de la NBA confirmó que está reuniendo información sobre el caso y mantiene contacto con el jugador y sus representantes.
Adopciones, poder y dinero: la condena a una exjueza que golpea la confianza en la Justicia
El caso de la exmagistrada de Familia de Pilar expone mucho más que una causa penal: revela cómo la desigualdad, la vulnerabilidad y la falta de controles pueden contaminar una de las decisiones más sensibles del Estado.
El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo firmará un decreto para incluir nuevas categorías en el registro civil: de qué se trata
La actualización ampliará las opciones hoy limitadas a "hombre" y "mujer", y permitirá que esa información se refleje también en la cédula y la tarjeta de identidad, tras ajustes técnicos ya realizados
Un padre pide reducir la pensión de alimentos de su hijo menor de edad por falta de ingresos y la Justicia lo rechaza: gestiona dos negocios y tiene 10 vehículos a su nombre
Un informe de detective privada presentado por la madre documentó la actividad comercial y los movimientos bancarios del progenitor, cuestionando así la imagen de precariedad económica alegada
Compró una notebook online, nunca le llegó y la empresa aseguraba que ya había sido entregada: ¿cómo resolvió el caso la Justicia?
Una clienta pagó por su computadora y esperó el envío, pero el producto jamás apareció. Al reclamar, recibió una respuesta desconcertante: según la cadena de electrodomésticos, el pedido figuraba como "entregado" a la demandante. Tras varios años de conflicto, un tribunal dictó sentencia
Fusión Paramount-Warner Bros.: el Departamento de Justicia dio luz verde a la operación de u$s110.000 millones
La División Antimonopolio aprobó la operación sin imponer condiciones ni exigir desinversiones, eliminando el principal obstáculo regulatorio federal. Las acciones de Paramount Skydance treparon 3,8% y las de Warner Bros. Discovery subieron 0,4% en las operaciones del after hours.
El Departamento de Justicia de EE. UU. aprueba la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery
Tras ocho meses de revisión, la División Antimonopolio sostuvo que el sector es "altamente dinámico" y que la unión "incrementará la competencia en todo el ecosistema de medios y entretenimiento"
La Justicia citó a indagatoria al extitular de Arsat por corrupción
El exfuncionario tenía drogas y millones de dólares en su casa. Dictaron embargos, inhibiciones de bienes y prohibición de la salida del país a los diez imputados.
La Justicia le dio 5 días al empresario Lascurain para que se presente y comience a cumplir su pena
El Tribunal Oral Federal 7 les dio un plazo de cinco días hábiles al expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain y al exasesor Juan Marcelo Vargas para que se presenten en su sede y comiencen a cumplir las condenas de cuatro años de prisión que recibieron por el desvío de fondos públicos destinados a una obra en la provincia de Santa Cruz."Hágase saber a Atanacio Pérez Osuna, Juan Marcelo Vargas y Juan Carlos Lascurain que, en el término de 5 (cinco) días hábiles, deberán presentarse en la sede de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 (sito en la calle Talcahuano 550, 6º piso, oficina 6118) a los fines de cumplir la pena de prisión que le fuera impuesta", dice la resolución del Tribunal.El exintendente de Río Turbio Pérez Osuna ya estaba detenido porque su condena había quedado firme en 2021, por falencias en la presentación formal.Ayer, en tanto, la Corte dejó firme la condena Lascurain y Vargas por el desvío de fondos destinados a construir una ruta de acceso a Yacimientos Carboníferos, en la localidad de Río Turbio, a fines del 2015.Tras el fallo, que desestimó una serie de recursos presentados por las defensas, la fiscal del juicio Fabiana León sostuvo que "cesó el único obstáculo procesal" que impedía ejecutar la condena y solicitó la detención inmediata de los tres condenados, el cómputo de las penas y la puesta en práctica de las inhabilitaciones absolutas perpetuas, además de la recuperación del dinero desviado. El TOF le solicitó a la fiscal que especificara la tasa de interés aplicable a la liquidación solicitada. León contestó que ya había fijado postura al respecto en una presentación de hacía más de dos años. "Para evitar más dilaciones, me remito a todo lo plasmado en la presentación del 6/3/24 y solicitando que la liquidación instada ayer se practique aplicando la tasa activa del BNA para créditos de libre disponibilidad", contestó León.La Justicia determinó que entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre de 2015, YCRT entregó a la firma FAINSER S.A., de la que Lascurain era titular, tres cheques por un total de $50 millones, presentados como un adelanto para la "Readecuación de la Avenida YCF" de Río Turbio. Según la sentencia, no existía ninguna causa válida para ese desembolso y los fondos ingresaron en las cuentas y en el giro comercial de la empresa. La sociedad estaba presidida por Romina Mercado, sobrina de la expresidenta Cristina Kirchner e hija de la luego gobernadora Alicia Kirchner.Este fue el primer juicio oral por irregularidades en Río Turbio. Además, está pendiente otro debate por el presunto desvío de al menos $264 millones destinados a obras en la mina de carbón, en el que está acusado un grupo de exfuncionarios encabezado por el exministro de Planificación Julio De Vido.
La Justicia ordenó que la causa por la mansión de USD 17 millones vinculada a la AFA vuelva a CABA
La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una casaquinta en Pilar y a una flota de autos de lujo continúe en CABA. Se analiza si los fondos utilizados para adquirir los bienes estuvieron vinculados a dirigentes de la AFA
José Manuel Restrepo celebró decisión de la Corte Suprema de suspender restricciones a la campaña de Abelardo de la Espriella: "La justicia está frenando los abusos"
La Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión provisional de las medidas que restringían el uso de símbolos patrios y del lema "Defensores de la Patria" en la propaganda electoral
Manuel Adorni sumó una nueva denuncia en la Justicia
Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunciaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la presunta comisión del delito de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025. La presentación judicial sostiene que el funcionario habría incurrido en el delito de falsedad ideológica al ocultar deliberadamente activos e inmuebles durante su gestión, contraviniendo los principios de transparencia exigidos por la Ley de Ética Pública.En el texto de la denuncia, los legisladores subrayan que Adorni, quien posee formación profesional como contador, atribuyó las omisiones a un "error involuntario" por desconocimiento de las obligaciones legales. Sin embargo, la presentación desestima el argumento y sostiene que el ocultamiento de bienes â??que incluyen criptomonedas, dinero en efectivo y propiedadesâ?? evidencia una "intención deliberada" de eludir tanto los controles de legalidad como las obligaciones tributarias correspondientes.Todavía no se sorteó el juzgado que definirá si avanza con la nueva denuncia, pero es posible que finalmente quede en manos del juez Ariel Lijo, quien tiene en su poder las otras denuncias.La denuncia también hace foco en el perjuicio institucional generado por las declaraciones públicas del funcionario, quien pasó de afirmar que su patrimonio estaba correctamente declarado a admitir ante la opinión pública que mantenía activos fuera del circuito formal. Adorni reconoció el miércoles pasado que escondió ingresos en sus declaraciones juradas por unos US$500.000; según él, provenientes de una inversión previa a llegar al Gobierno. Aspira a que eso lo ayude en su causa por enriquecimiento ilícito, donde debe explicar el salto en su nivel de vida, pero quedó al límite de la confesión de otro delito: el de omisión maliciosa.El artículo 268 (3) del Código Penal castiga a quien, por su cargo, "estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo" y a quien "maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas".La pena de la "omisión maliciosa" es de quince días a dos años de prisión y de inhabilitación perpetua. Es un delito más leve que el de enriquecimiento ilícito, que Adorni aspira a eludir con esta admisión. Adorni contó que ahorró "en negro" y explicó por que no declaró ese dinero anteriormenteEn la investigación que está en marcha en los tribunales de Comodoro Py ya estaba claro que los ingresos declarados por él no bastaban para explicar los más de 406.681 US$ en gastos -sin contar los corrientes- que se le detectaron desde que es funcionario. A eso se suman los 335.000 US$ en nuevas deudas. Tal como informó LA NACION, a los investigadores los números no les cierran (sobre todo, los gastos) y el fiscal Gerardo Pollicita se preparaba para avanzar contra Adorni con un requerimiento para que justifique sus bienes.
La Justicia puso en venta a la láctea SanCor y fijó una millonaria oferta base
La Justicia santafesina puso en marcha formalmente la venta de los activos de la cooperativa láctea SanCor y fijó una base de US$52,1 millones para una oferta por el conjunto de las plantas industriales y las marcas de la cooperativa, que fue declarada en quiebra en abril pasado. El proceso, mediante una licitación, incluirá seis plantas ubicadas en Santa Fe y Córdoba y un lote separado con las marcas y otros activos intangibles.La resolución fue firmada por el juez Marcelo Gelcich, a cargo del proceso de la quiebra. Según dispuso, las plantas industriales fueron valuadas en US$27,4 millones, mientras que las marcas y activos intangibles fueron tasados en US$24,7 millones.La planta de Devoto quedó valuada en US$7 millones; Gálvez, en US$5,5 millones; La Carlota y Balnearia, en US$5 millones cada una; San Guillermo, en US$2,5 millones; y Sunchales, en US$2,4 millones. Esta última sufrió una reducción del 20% con respecto de la valuación original [US$3 millones] luego del incendio registrado el pasado 7 de junio. La decisión se tomó tras verificarse el nivel de afectación en el establecimiento.Según la resolución, la venta se realizará mediante una licitación pública organizada en siete lotes: seis correspondientes a las unidades productivas y uno integrado por las marcas de la compañía. Los interesados podrán presentar ofertas por plantas individuales, por combinaciones de activos o por la totalidad del paquete."Injustificada continuidad": el Gobierno eliminó el Registro de Operadores Lácteos tras casi dos décadas de vigenciaEl magistrado sostuvo que la modalidad elegida apunta a preservar el valor de la empresa y las fuentes de trabajo. En ese sentido, indicó que corresponde avanzar con "la venta de la empresa como unidad o de los conjuntos de bienes que integran cada establecimiento", por tratarse de la alternativa "más apta para preservar el valor de los activos tangibles e intangibles y tutelar las fuentes de trabajo".La adjudicación no dependerá únicamente del precio ofrecido. El pliego establece que también se evaluarán la continuidad de la actividad, el mantenimiento de puestos de trabajo y los antecedentes de los oferentes. "La mayor oferta económica no genera, por sí sola, derecho a la adjudicación", señaló la resolución. Para participar, los interesados deberán comprar un pliego valuado en US$10.000 y presentar una garantía equivalente al 10% de la oferta.Noticia en desarrollo
Compraron una casa y descubrieron un pozo oculto: tras más de 20 años de juicio, la Justicia les dio la razón
Una pareja inició una batalla judicial después de detectar un pozo no informado en la vivienda que había comprado en Italia.Por qué el caso terminó convirtiéndose en una decisión clave sobre los derechos de los consumidores.
Abelardo de la Espriella puede seguir usando los colores de la bandera de Colombia y la frase "Firmes por la patria" en su propaganda electoral por decisión de la Corte Suprema de Justicia
El alto tribunal descartó los argumentos de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá para establecer la medida
Zaragoza reúne la próxima semana a los presidentes de 16 Tribunales Superiores de Justicia
Junqueras pide que el TJUE ponga "justicia allá donde impera la injusticia" y se aplique la amnistía
La Justicia Federal de San Luis ordenó inmovilizar más de $665 millones de un fondo del Enacom
En una decisión que podría tener impacto sobre la ejecución de programas públicos de conectividad, el Juzgado Federal de Villa Mercedes ordenó trabar un embargo preventivo por más de $665 millones sobre fondos administrados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a raíz de una demanda presentada por una empresa de telecomunicaciones de San Luis que reclama el cumplimiento de un contrato financiado con recursos del Fondo de Servicio Universal.La medida cautelar fue dictada en el marco de una causa iniciada por San Luis CTV S.A., una firma radicada en Villa Mercedes dedicada a la prestación de servicios de internet y televisión paga, que sostiene que el organismo regulador habría incumplido obligaciones asumidas en un convenio firmado en septiembre de 2023 para ampliar la infraestructura de conectividad en barrios populares de la provincia."¿Dónde está el hambre?": con los restos de una vaca carneada al hombro, un productor irrumpió en un municipio para denunciar un delitoLa compañía reclama que el Enacom actualice los montos comprometidos para la ejecución de las obras, afectados por el proceso inflacionario, y sostiene que las demoras administrativas del organismo le habrían ocasionado importantes perjuicios económicos.Según surge del expediente, la empresa reclama una "adecuación contractual" por $545,6 millones y además plantea una serie de daños derivados de la demora en los desembolsos, la aprobación de rendiciones de cuentas, el mantenimiento de garantías y la pérdida de ingresos proyectados por la postergación de las obras.El proyecto había sido aprobado mediante una resolución del Enacom dentro de un programa destinado a financiar el despliegue de redes de acceso a internet en barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), utilizando recursos provenientes del Fondo de Servicio Universal, una herramienta creada por la Ley Argentina Digital para promover el acceso a las telecomunicaciones en zonas con déficits de conectividad.La empresa sostuvo que el organismo habría incumplido las cláusulas contractuales que preveían la actualización de los montos mediante índices oficiales de precios. Según la presentación judicial, pese a haber solicitado reiteradamente la adecuación económica prevista en el convenio, el pedido nunca fue resuelto.Como argumento adicional para justificar la cautelar, la firma señaló que existía riesgo de que los recursos del fondo fueran reasignados o se vieran afectados por los cambios introducidos en la administración de fondos fiduciarios dispuestos por el Gobierno nacional.La defensa del Enacom rechazó las acusaciones y sostuvo que las solicitudes de actualización requerían análisis técnicos y económicos adicionales. También argumentó que la aceleración inflacionaria había provocado que muchos proyectos excedieran los topes máximos previstos para el programa, lo que obligó al organismo a revisar integralmente las solicitudes de recomposición de montos.Además, el ente planteó una excepción de incompetencia y sostuvo que cualquier controversia derivada del convenio debía tramitarse ante los tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, tal como había sido pactado en el contrato suscripto entre las partes. Sin embargo, el juez federal de Villa Mercedes rechazó ese planteo y confirmó la competencia del tribunal para intervenir en el caso.Al analizar la cautelar, el magistrado consideró acreditados de manera preliminar los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora exigidos por la legislación vigente. En particular, destacó la existencia de un contrato vigente, los reclamos administrativos formulados por la empresa y el riesgo de que una eventual sentencia favorable perdiera eficacia por el paso del tiempo y el contexto económico.La resolución ordenó trabar un embargo preventivo por $545.678.008 más otros $120 millones destinados a cubrir intereses y eventuales acrecidas, totalizando $665.678.008 sobre los fondos y activos del Fideicomiso de Administración Argentina Digital, que administra recursos vinculados al Fondo de Servicio Universal.La medida tendrá vigencia por seis meses y fue condicionada a que la empresa constituya una contracautela por $90 millones, mediante depósito, seguro de caución o garantía equivalente.
La fiesta de 15 no es un alimento: la Justicia correntina rechazó el reclamo de un padre para que la madre pague el festejo
El Juzgado de Familia N° 5 determinó que estas celebraciones poseen una dimensión afectiva pero no integran las necesidades básicas de subsistencia. Leer más
El PJ del norte en la encrucijada: la Justicia ordena correcciones en Salta y ratifica la intervención en Jujuy
Mientras en Salta el Juzgado Federal N° 1 ordenó corregir aspectos centrales de la convocatoria electoral a internas del Partido Justicialista, en Jujuy la Cámara Nacional Electoral ratificó la intervención judicial y cerró la puerta a las apelaciones del kirchnerismo, abriendo el camino a un proceso de normalización inmediato.
La ley de amnistía encara un examen decisivo ante Europa: el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia el próximo 16 de julio
El Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver el recurso de amparo presentado por Puigdemont en una decisión que podría resultar clave para su regreso a España
El Tribunal de Justicia de la UE dictará la sentencia sobre la amnistía el 16 de julio
La Justicia dicta penas económicas para 4 activistas que mancharon el Congreso en 2023
Morant sostiene que en España hay "doble rasero" y que la Justicia "no es igual y no se aplica igual para todos"
Diana Morant mantiene su apoyo a Zapatero y lamenta el "doble rasero" de la justicia
Por presuntas irregularidades y coimas, la Justicia pidió informes financieros de Facundo Leal y de lautoridades del ORSNA
El fiscal federal Ramiro González solicitó incorporar reportes sobre la situación económica y patrimonial del ex titular del ORSNA, Facundo Leal, y de otros funcionarios del organismo. La medida forma parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y posibles irregularidades en la administración de fondos públicos. Leer más
Incidentes frente al Congreso: la Justicia rechazó la probation a dos acusados durante el debate de la Ley Bases
El Tribunal Oral Federal N° 3 desestimó los pedidos de suspensión de juicio a prueba de Walter Quiroga y Brian Ortiz. Ambos deberán enfrentar un tribunal oral por los hechos ocurridos en la protesta del 12 de junio de 2024
Tras más de tres décadas, Eduardo Sosa fue repuesto como Procurador General de Santa Cruz: "Se hizo justicia"
Había sido removido del cargo por orden de Néstor Kirchner, en ese momento, gobernador de la provincia. Leer más
Quería vender una cómoda por internet, cayó en un engaño y le vaciaron la cuenta: por qué la Justicia absolvió al banco
Una mujer de La Plata fue víctima de una estafa digital tras publicar un mueble a la venta, pero su reclamo contra el banco fue rechazado. La sentencia determinó que la entidad cumplió con todos los protocolos y que fue la propia usuaria quien compartió sus claves con los delincuentes. ¿Cómo fue la maniobra que engañó a la demandante?
Le cambiaron el medidor, la factura de luz se disparó y demandó a la empresa: la Justicia le dio la razón a la compañía
Una jubilada denunció que tras el recambio del equipo empezó a recibir boletas por montos muy superiores y con una deuda retroactiva. Sin embargo, el fallo determinó que el aparato viejo fallaba y no registraba el consumo real de energía
Le robaron la camioneta mientras surfeaba y el seguro rechazó la cobertura por "negligencia": la Justicia la condenó a pagar $50 millones
El dueño de una Amarok dejó la llave en un cofre con combinación oculto bajo el chasis para entrar al mar. La compañía rechazó el siniestro alegando "culpa grave", pero un fallo determinó que el mecanismo utilizado no configuraba una conducta negligente y cuestionó la negativa de la aseguradora
El Parlamento de Venezuela aprobó una nueva prórroga para inscripciones al Tribunal Supremo de Justicia
Giuseppe Alessandrello, presidente del comité de postulaciones, comunicó que se decidió por unanimidad ampliar el plazo para recibir candidaturas hasta el próximo miércoles a las 16:00
Histórico: después de más de 30 años reponen a Eduardo Sosa como procurador general de Justicia de Santa Cruz
RÍO GALLEGOS.- Después de 30 años, la Legislatura de Santa Cruz aprobó hoy la restitución en el cargo de procurador general de Justicia a Eduardo Sosa, quien fuera destituido de su puesto hace 30 años por una reforma impulsada por Néstor y Cristina Kirchner sin respetar el principio de inamovilidad de los jueces. Sosa nunca fue restituido pese a reiteradas órdenes de la Corte Suprema de Justicia de reponerlo en el cargo y su nombre se convirtió así en uno de los casos más emblemáticos de atropello a las instituciones y de desobediencia a los fallos del máximo tribunal. La iniciativa, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, salió por mayoría, con la fuerte oposición del kirchnerismo, y llega a menos de un mes de que la Corte Suprema respaldara la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, otra iniciativa del mandatario provincial. "Después de más de treinta años, con la restitución del Dr. Sosa, en Santa Cruz cerramos una de las heridas institucionales más profundas de nuestra historia", afirmó Vidal en sus redes sociales y detalló acerca de la reunión que mantuvo por su propia iniciativa con Sosa, antes de asumir como gobernador."En aquella charla escuché una historia que atravesó décadas de reclamos, fallos judiciales incumplidos y una profunda deuda institucional de la provincia. En ese encuentro asumí un compromiso de trabajar para que Santa Cruz encontrara una solución definitiva a una situación que nunca debió prolongarse tanto tiempo", relató Vidal.El proyecto para reponerlo en el cargo a Sosa fue enviado en octubre pasado a la Legislatura en medio de la fuerte disputa que mantenía el Poder Ejecutivo y Legislativo con el Tribunal Superior de Justicia. Ante la resistencia de los jueces cercanos al kirchnerismo a la ampliación del TSJ de 5 a 9 miembros -y a la restitución de Sosa-, el proyecto se mantuvo en comisiones ante la posibilidad que no prospere en el recinto. View this post on Instagram En comisiones, la propuesta de Vidal sufrió un cambio para ajustarla a los nuevos tiempos y, si bien mantuvo el nombre de procurador general de Justicia, su autoridad será solo sobre el Ministerio Público Fiscal, sin alcance a la figura de los defensores públicos, como era en 1995, cuando su cargo se disolvió y quedó fuera de la Juticia. Ninguno de los actuales funcionarios judiciales correrá peligro en sus cargos, detallaron fuentes que escribieron la reforma judicial. Sosa ejerció funciones al frente de la Procuraduría General de Justicia entre 1990 y 1995, cuando una reforma judicial -promovida por Kirchner con el aval de los diputados justicialistas encabezados por Cristina Kirchner- desdobló el cargo en dos -jefe de fiscales y de defensores- y a Sosa lo dejaron afuera sin respetar el principio de inamovilidad de los jueces."No somos conscientes de lo que significa perseguir la justicia por más de treinta años y pese a haber ganado la lucha nunca ser repuesto en el cargo, lo que hoy pasó repara las instituciones y la constitucionalidad en la provincia", dijo a LA NACION la diputada Adriana Nieto, una de las espadas en temas judiciales de Vidal.El abogado llevó su causa hasta la Corte Suprema, que ordenó en numerosas oportunidades la reposición en su cargo, pero el gobierno de Santa Cruz nunca acató el fallo. Incluso la Corte hizo responsable al entonces gobernador Daniel Peralta del cumplimiento de la disposición en un plazo inferior a los 30 días, le iniciaron una causa y terminó con una condena contra el exgobernador. Hoy Peralta es diputado, se alejó del kirchnerismo y tiene bloque propio. Y fue uno de los diputados que no votó la reposición de Sosa en el cargo.Sosa, durante años, reclamó en soledad por el apartamiento inconstitucional del cargo. Ejerció desde el llano la abogacía, siempre manteniendo coherencia en sus dichos y sus acciones. Ayer recibió el llamado y a todos los atendió con la humildad y mesura que lo ha caracterizado a lo largo de estos años.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos recibió al fiscal general de Guatemala y al ministro del Interior
El Ministerio Público señaló en su sitio web que la coordinación bilateral se enfocará en enfrentar delitos ligados al crimen organizado, con énfasis en redes de trata y otras estructuras ilícitas
Por primera la Justicia envía a cumplir una condena de 4 años prisión a una ex presidente de la Unión Industrial Argentina
Se trata de Juan Carlos Lascurain por haber cobrado por una ruta en la mina de Río Turbio y no haber hecho la obra. Además, junto a otros condenados, deberán reparar al Estado con más de 50 millones de pesos, más intereses. Es un precedente para el caso Cuadernos.
Álvaro Uribe acusó a Iván Cepeda de comprar testigos para manipular la justicia y minimizó su campaña: "Ha sido tan mala"
El expresidente aseguró que el candidato presidencial pretendería "vengar" su posible derrota política a través de estrategias ilegales
La Justicia levantó el secreto bancario y fiscal de los exfuncionarios investigados por corrupción en ARSAT
El juez Mirabelli también impuso medidas cautelares sobre los bienes de los imputados, a pedido del fiscal Domínguez. La resolución se adoptó mientras continuaba vigente el secreto de sumario
Una mujer tailandesa comparece ante la Justicia de Myanmar acusada por la muerte de un diplomático estadounidense
YANGON, Myanmar.- El hallazgo del cuerpo de un funcionario estadounidense en un exclusivo complejo residencial de Yangon abrió el mes pasado un caso que todavía genera más preguntas que respuestas en Myanmar.Este jueves, la investigación dio un nuevo paso cuando una ciudadana tailandesa compareció ante un tribunal acusada por la muerte del hombre, identificado por Washington únicamente como un empleado del gobierno de Estados Unidos destinado a la embajada en la antigua capital birmana.El caso comenzó el 11 de mayo, cuando el diplomático fue encontrado muerto en el Sakura Residence & Hotel, un complejo ubicado a aproximadamente un kilómetro y medio de la embajada estadounidense. Según fuentes cercanas a la causa, la víctima presentaba heridas de arma blanca en la cabeza y el cuello.Otra fuente policial indicó que el hombre tenía 43 años y que fue declarado muerto al llegar al hospital debido a las graves laceraciones que sufrió. Las autoridades arrestaron poco después a una mujer tailandesa que se encontraba en la habitación del funcionario cuando los investigadores llegaron al lugar.La sospechosa, cuya identidad no fue divulgada públicamente, se presentó este jueves ante el Tribunal del Municipio de Kamayut, en Yangon. De acuerdo con dos abogados familiarizados con el expediente, la mujer enfrenta un cargo de asesinato y otro relacionado con la legislación migratoria de Myanmar, que contempla sanciones específicas para extranjeros que cometen delitos dentro del país.Hasta el momento no trascendió si la acusada se declaró culpable o inocente ni tampoco si contó con representación legal durante la audiencia. En caso de una condena por asesinato, podría enfrentar una pena que va desde 10 años de prisión hasta la pena de muerte.Los abogados hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados a hablar del caso.La falta de información oficial constituye una de las características más llamativas del caso.Ni la policía que investiga el crimen, ni la prisión donde presuntamente permanece detenida la sospechosa, ni el tribunal donde compareció aceptaron formular comentarios sobre el expediente. Las autoridades birmanas rara vez ofrecen información a la prensa y el acceso a los procesos judiciales resulta extremadamente limitado.El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó previamente la muerte de un empleado del gobierno estadounidense asignado a la embajada en Yangon, pero evitó revelar su identidad. "Por respeto a la privacidad de la familia y de sus seres queridos, no tenemos más información para proporcionar en este momento", señaló un vocero.Consultados sobre la posibilidad de que observadores estadounidenses asistieran a la audiencia judicial, funcionarios del área de prensa para Asia-Pacífico del Departamento de Estado remitieron las consultas a la embajada en Myanmar. La representación diplomática reiteró la declaración original sobre el fallecimiento y derivó el resto de las preguntas a las autoridades locales.El caso también involucró a Tailandia. El Ministerio de Relaciones Exteriores tailandés informó que brinda asistencia consular a la mujer detenida, aunque señaló que no disponía de información inmediata sobre una eventual ayuda legal durante su comparecencia ante la Justicia.El Sakura Residence, escenario del crimen, se encuentra en el exclusivo barrio de Golden Valley, cerca de la embajada estadounidense. El complejo suele alojar a diplomáticos, funcionarios de Naciones Unidas, trabajadores humanitarios y empresarios extranjeros, lo que aumentó la repercusión internacional del caso.La investigación avanza en un contexto especialmente complejo. Myanmar atraviesa una profunda crisis desde que las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno democráticamente electo de Aung San Suu Kyi en 2021. El golpe provocó protestas masivas y derivó en una guerra civil que continúa hasta hoy. Desde entonces, el sistema judicial del país se volvió cada vez más opaco y el acceso de la prensa a los tribunales quedó severamente restringido.Agencias AP y Reuters
En la Justicia ponen en duda las explicaciones de Adorni
Fuente judicales infieren que hay incongruencias en todo el patrimonio y no alcanza con la explicación de que ahorró en negro 506 mil dólares. Leer más
La Justicia ya pidió la declaración jurada de Adorni a la Oficina Anticorrupción
El jefe de Gabinete aseguró que presentó este miércoles la documentación. "Toda la vida ahorré en negro", reconoció. Dijo que su incremento patrimonial fue por las ganancias que obtuvo de operaciones en criptomonedas entre 2013 y 2018. Leer más
Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra la congresista Gloria Arizabaleta por solicitar suspensión de Gustavo Petro
La actuación del tribunal se originó por la denuncia presentada por el abogado Luis Felipe Henao
Las dudas que dejó Manuel Adorni y que ahora deberá demostrar ante la Justicia: criptomonedas, bienes y declaraciones
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, omitió aclarar múltiples incógnitas durante la entrevista que concedió anoche a LN+ e incurrió en inconsistencias, omisiones y afirmaciones que requerirán documentación fehaciente, trazable y verificable de manera independiente que deberá presentar ante la Justicia federal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina Anticorrupción (OA). Los principales puntos críticos, según contadores, expertos antilavado, inversores en criptomonedas y abogados consultados por LA NACION, son los siguientes:â?¢ Inconsistencia en la cronología de inversiones: ofreció versiones divergentes sobre el inicio de sus operaciones en Bitcoin ("hace 13 años", "2013-2014", operaciones exhibidas de 2017-2018), sin lograr reconstruir una secuencia temporal coherente que arroje un monto final que sea con las cotizaciones de 2014 y 2018 (con valores promedios de 527 y 7573 dólares, respectivamente, lo que arrojaría una ganancia muy superior a la declarada por Adorni). Esta inconsistencia afecta la posibilidad de verificar la evolución patrimonial y el origen temporal de los activos.El detalle de las criptomonedas en las que habría invertido Manuel Adorniâ?¢ Ganancias alegadas sin respaldo técnico idóneo: reconoció utilidades por aproximadamente US$ 300.000, sustentadas en capturas de pantalla de billeteras digitales. Pero no acreditó titularidad, integridad ni correspondencia con registros verificables en blockchain o exchanges.â?¢ Falta de identificación de instrumentos operativos: no precisó direcciones de wallets, sean "calientes" o "frías", ni plataformas de intercambio utilizadas o cantidades de USDT vendidas. Esta omisión impide la verificación independiente en registros públicos (blockchain) y privados (exchanges), restringiendo la auditabilidad de las operaciones.â?¢ Origen indeterminado del fondeo inicial (FIAT): no acreditó el origen de los fondos con los que él y Angeletti habrían adquirido los criptoactivos, ni su correspondencia con ingresos declarados. Este vacío resulta relevante a efectos de determinar la licitud del capital inicial.â?¢ Falta de correlación entre liquidación de activos y registros bancarios: no aportó evidencia sobre la fecha, modalidad ni destino de la eventual venta de criptoactivos, ni su reflejo en las cuentas bancarias en las que ingresaron esos fondos, lo que impide verificar su entrada al circuito formal, por ejemplo a través de un banco, sea en dólares, pesos u otra moneda.â?¢ Posible inconsistencia en declaraciones juradas patrimoniales: reconoció una modificación en la titularidad del inmueble en el country Indio Cúa previamente omitido o consignado de forma parcial con Angeletti, lo que podría configurar una declaración incompleta o inexacta bajo los estándares de integridad exigidos por la legislación vigente a funcionarios públicos.Adorni explicó los motivos por los qué se mudó a Indio Cuáâ?¢ Estructura contractual atípica en operación inmobiliaria: describió un esquema de financiamiento con créditos sin intereses con jubiladas y amigos, sin cronograma de amortización y con formalización posterior, características que se apartan de prácticas usuales y que, en sede judicial, podrían requerir justificación económica y documental adicional.â?¢ Invocación de ingresos de terceros sin acreditación: atribuyó diferencias entre ingresos y consumos a ingresos de su cónyuge, sin aportar documentación respaldatoria suficiente ni consistencia con registros tributarios, lo que impide validar esa fuente de financiamiento.â?¢ Reconocimiento de omisión impositiva: admitió no haber declarado ganancias derivadas de inversiones en criptomonedas, invocando una práctica generalizada de economía "en negro". Dicha admisión podría resultar relevante a efectos tributarios y eventualmente penales, en tanto no se invocó causal legal que justifique la omisión.â?¢ Demora en la producción de prueba documental: indicó haber tardado tres meses en localizar documentación clave sobre el origen de los fondos, lo que plantea interrogantes sobre su disponibilidad, conservación y consistencia, elementos centrales en procesos de verificación patrimonial.â?¢ Adhesión posterior a régimen de regularización fiscal: se acogió ayer al régimen simplificado de Ganancias creado por la Ley de Inocencia Fiscal, tres meses después de radicada la denuncia penal en su contra. Si bien la herramienta es legal, su utilización en ese contexto temporal podría ser objeto de análisis respecto de sus efectos jurídicos y su alcance frente a eventuales responsabilidades preexistentes.
La Justicia ya pidió a la OA la nueva declaración jurada de Adorni y pone la mira en el origen de los ahorros en negro
El fiscal Gerardo Pollicita pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que le envíe la nueva declaración jurada de bienes del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, investigados ambos por supuesto enriquecimiento ilícito.Esto es porque Adorni presentó la declaración correspondiente al último período 2025 donde supuestamente incorporó un patrimonio de unos US$500.000, que nunca había declarado hasta ahora. Anoche, en una entrevista con José Del Rio, en LN+, dijo que había ganado US$300.000 con inversiones cripto y que, tras el fallecimiento de su padre, encontró dinero en su casa.La declaración jurada de Adorni es pública, pero la correspondiente a los ingresos de su esposa es reservada y solo es visible para la Justicia cuando la solicita.La nueva presentación que hizo el jefe de Gabinete sobre sus bienes fue tomada con escepticismo en los tribunales, donde no creyeron las últimas explicaciones públicas que dio el funcionario, que ahora deberá probarlas en la causa. En el delito de enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba y es el funcionario quien debe probar su inocencia. No es como en el resto de los ilícitos, donde se presume la inocencia del imputado y es el fiscal el que debe quebrar esa presunción."Comienza ahora una nueva investigación", dijeron a LA NACION fuentes judiciales que mencionaron que ahora se debe acreditar de dónde surgieron los primeros 200.000 US$ que dijo el jefe de Gabinete que invirtió en criptomonedas y se transformaron en más de medio millón de dólares."¿Con qué plata hizo esas inversiones, cuando además no eran nominales en ese momento [supuestamente en 2024]?", se preguntaron funcionarios judiciales que hablaron con LA NACION.Asimismo, las fuentes señalaron que en 2014, al momento en que supuestamente se hicieron estas operaciones, no era necesario dar nombre y apellido para comprar las criptomonedas.No descartaron que pueda estarse ante un caso de un "mutuo cripto", es decir, que alguien le hubiera prestado ese dinero digital y las claves para poder operar.Ahora en los tribunales se analiza que se debe reconstruir toda la cadena de operaciones desde el principio para establecer si es real la declaración de Adorni. No obstante, en Comodoro Py destacaron que con su entrevista de anoche Adorni confesó haber cometido un delito continuado de evasión, más allá de que las normas ahora le permitan no ser perseguido por ello."Mintió. Hace dos años y medio que viene cometiendo un delito, por más que luego no sea penado", señalaron fuentes judiciales.Además, en los Tribunales destacaron que recién la regularización se produjo ahora cuando hay una investigación patrimonial en marcha. "Sin causa no hubiera hecho nada", sostuvieron funcionarios judiciales relacionados con el caso.Adorni aseguró anoche que presentó su nueva declaración jurada. En la entrevista con LN+, intentó justificar sus gastos y operaciones inmobiliarias en la existencia de un ahorro previo a la función pública que tenía "en negro". "Ahorramos en negro como todos los argentinos", afirmó."¿Y por qué no lo declararon?", preguntó Del Rio. "No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años", respondió el funcionario de Milei.Adorni afirmó que rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 e incorporó activos que no había consignado anteriormente. Según explicó, ese capital es del orden de los 500.000 US$, cuyo origen atribuyó a ahorros acumulados durante años y a ganancias obtenidas con inversiones en criptomonedas. Sostuvo que la omisión fue "un error" y aseguró que pagará "todos los impuestos" que correspondan."La declaración jurada de 2025, que vence el 31 de julio próximo, la presenté antes de entrar acá [por anoche en el estudio de TV], y también presenté las declaraciones rectificativas 2023 y 2024, siempre hablándote de la Oficina Anticorrupción", añadió.Adorni aseguró que durante su vida laboral en el sector privado acumuló ahorros junto a su esposa. "Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", afirmó.La explicación contrasta con declaraciones que había realizado en marzo. "Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado lo está en cada uno de los organismos tal como corresponde", había afirmado en una conferencia de prensa. Ayer se contradijo."Mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en 2002, dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento. Después conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros. En 2013, empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin. En 2014, empiezo a invertir fuerte en bitcoins; de hecho, mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000â?³.Y detalló: "Esos dólares surgen de veinticinco años de haber invertido. La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron veinticinco años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella".
La Justicia pidió las nuevas declaraciones juradas de Manuel Adorni
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó que la Oficina Anticorrupción aporte la documentación del jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti. Las causas penales siguen avanzando y se prepara un requerimiento de justificación patrimonial
La Anses le hizo un pedido a la Justicia, como condición para restituirle a Cristina Kirchner una pensión de privilegio
La Anses le pidió a la justicia previsional que fije una "caución real" a prestar por la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, como condición para volver a pagarle mensualmente una pensión de privilegio que rondaría los $15 millones, según una estimación del organismo que consta en el expediente de la causa. Es decir, se solicitó disponer que CFK ponga algo en garantía para que, en caso de que una futura sentencia sea adversa a su pretensión de percibir sus prestaciones multimillonarias, el Estado pueda recuperar el dinero que le haya abonado a causa de darle cumplimiento a una medida cautelar. El trámite ocurre en el marco de un fallo judicial que le ordenó al organismo de la seguridad social abonarle a la exmandataria (que desde hace un año está en prisión domiciliaria, tras ser condenada por corrupción) la pensión como viuda de Néstor Kirchner. El pago ordenado es provisorio, ya que se dispuso efectuarlo mientras se resuelve de manera definitiva el juicio en curso, referido a la normativa de la Anses que dio de baja tanto esa pensión como la jubilación de privilegio, surgida de haber ejercido ella misma la presidencia de la Nación. Ambas asignaciones sumaron en noviembre de 2024 (último mes de pago) más de $35,2 millones en bruto y casi $22 millones en términos netos.La medida cautelar pedida por CFK y otorgada por jueces de segunda instancia se refiere a la reposición provisoria de uno de los beneficios que, en mano y un año y medio atrás, fue de $12,5 millones, incluyendo un plus por zona austral, que Cristina Kirchner percibía pese a que vivía en la ciudad de Buenos Aires. La resolución que hizo lugar a esa solicitud es de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad y fueron los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini quienes accedieron a la pretensión. La baja de las prestaciones de privilegio se dispuso en 2024, tras la confirmación de la sentencia por corrupción en la causa Vialidad contra CFK, ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras la habilitación de la cautelar, la Anses y el Ministerio Público Fiscal habían hecho presentaciones para que se otorgara un recurso extraordinario y la causa pasara a la Corte Suprema. Los jueces camaristas rechazaron esa apelación a fines de abril pasado y, días después, el fiscal Juan Carlos Paulucci y la Anses presentaron (por separado) recursos de queja ante el tribunal superior.Mientras tanto, la Anses elevó ahora su pedido de que se establezca una garantía, que posibilite el recupero del dinero en caso de que, finalmente, la Justicia decida que, debido a su condena por corrupción, no corresponde que la expresidenta cobre del Estado beneficios de privilegio.La nueva presentación menciona que el artículo 199 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que "la medida precautoria solo podrá decretarse bajo la responsabilidad de la parte que la solicitare, quien deberá dar caución por todas las costas y daños y perjuicios que pudiere ocasionar". Hay también una referencia a un artículo de la ley 26.854, que dice que las medidas cautelares dictadas contra el Estado nacional o sus entidades descentralizadas "tendrán eficacia práctica una vez que el solicitante otorgue caución real o personal por las costas y daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar". "La sentencia de la Alzada no fijó ninguna caución", afirma la presentación hecha por la abogada Yanina Luminoso, en nombre de la Anses. Y agrega un dato, al afirmar que "la asignación mensual vitalicia cuya rehabilitación se dispuso cautelarmente ascendería actualmente a 38 haberes mínimos", lo cual equivale a unos $15,3 millones.Tras conocerse la ratificación de la medida cautelar, LA NACION consultó a la Anses, a través de un pedido de acceso a la información pública, cuál es el monto actualizado de la prestación que debería rehabilitar por la orden judicial. La respuesta fue que, "al no tratarse de un beneficio activo, no se dispone de información sobre montos vigentes ni se puede realizar una proyección teórica de la suma que eventualmente podría corresponder".Paso a paso de la causaEn noviembre de 2024, una resolución firmada por el entonces director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, dispuso dar de baja las dos asignaciones de privilegio que hasta ese mes estaba cobrando Cristina Kirchner. Fue luego de que la exfuncionaria fuera condenada por la Cámara de Casación Penal Federal, que la consideró "autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". La condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Después de iniciar una demanda para recuperar ambos pagos, CFK pidió una cautelar para cobrar, mientras se espera la resolución de fondo de la causa, una de las dos prestaciones. El pedido fue rechazado en noviembre pasado por la jueza Karina Alonso Candis, del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1. Pero, tras la apelación de la demandante, los ya mencionados Russo y Fantini sí lo admitieron, alegando cuestiones alimentarias.Tras esa decisión, se presentó el recurso extraordinario para procurar que la causa llegara a la Corte. Eso fue negado por los camaristas Russo y Fantini, en tanto que la tercera integrante de la misma Sala, la jueza Nora Dorado, votó en favor de hacer lugar a la solicitud del Gobierno. Posteriormente, llegaron las presentaciones de los recursos de queja, por ahora no resueltos.El importe total de las dos asignaciones cobradas hasta noviembre de 2024 incluía unos $6 millones de plus por zona austral, ya que el domicilio declarado era en Santa Cruz, pese a que la exfuncionaria no residía allí. Por esto último, existe una denuncia penal.Ambos ingresos (la asignación vitalicia por expresidenta y la pensión por el también expresidente Néstor Kirchner) surgen de la ley 24.018 y son considerados de privilegio porque, para su obtención, no se pide cumplir con requisitos ni de edad ni de tiempo de aportes.La expresidenta había comenzado por primera vez a percibir dos beneficios simultáneamente apenas terminado su mandato presidencial. Todavía en tiempos de su gestión, se le había otorgado la jubilación como expresidenta, a la vez que cobraba la asignación como viuda de Néstor Kirchner.Durante el gobierno de Mauricio Macri se le dejó de pagar una de las prestaciones, y tal decisión se justificó en las incompatibilidades fijadas en la ley 24.018, que regula estas asignaciones.Sin embargo, en marzo de 2021 y en medio de un juicio en trámite, la entonces directora ejecutiva de la Anses y militante camporista, Fernanda Raverta, repuso el pago de la prestación suspendida.El artículo 5 de la ley 24.018 indica que el cobro de la asignación de expresidente "es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal". Si bien no hay mención explícita a una asignación vitalicia prevista por la misma ley, la norma define como una "pensión" a la asignación por ser viuda de un exmandatario.Más allá de esa discusión sobre el doble cobro, la resolución de baja de noviembre de 2024 argumenta que no corresponde el cobro de ninguna prestación, porque eso resulta incompatible con haber cometido un delito "en ejercicio de la misma función pública" por la cual se origina el beneficio.La cuestión del cobro del doble beneficio tiene su propia causa judicial, que sigue abierta luego de que la entonces diputada nacional Graciela Ocaña, presentara años atrás un recurso de queja ante la Corte Suprema (después de haber agotado otros recursos), para procurar que la cuestión no se archivara, tras la decisión del gobierno anterior (en el cual CFK fue vicepresidenta) de otorgarle administrativamente los dos beneficios a la vez.
La Justicia desestimó la denuncia contra Karina Milei por la licitación para mantener los jardines de Olivos y la Casa Rosada
Era por presuntas irregularidades porque dos empresas que se presentaron forman parte del mismo grupo.El fiscal Ramiro González pidió rechazar la denuncia por "inexistencia de delito" porque el trámite continúa abierto y restan etapas de control.
Adorni: la Justicia pidió "urgente" la declaración jurada y analizará si puede justificar las inversiones en Bitcoin
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó la presentación de 2025 y todas las rectificaciones realizadas por el jefe de Gabinete.
Justicia e inteligencia artificial: un encuentro entre Borges y León XIV
Una decisión judicial redactada con asistencia algorítmica seguirá siendo legítima únicamente si el juez puede asumirla como propia, explicarla públicamente, responder por ella y que aparezca el corazón, la frescura y los sentimientos de quien la emite
Óscar López señala que "hay jueces que prevarican" y advierte: "La Justicia no gobierna, gobierna el Gobierno"
El Gobierno respaldó las explicaciones de Adorni: "La Justicia va a poner punto final al asunto"
El miércoles por la noche, el jefe de Gabinete confirmó que presentó su declaración jurada a la Justicia, luego de que comenzara a ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito
Una mujer demandó por una cesárea "prematura" y con complicaciones, pero para la Justicia no hubo mala praxis
La demandante llevó a juicio a sus médicos y al sanatorio al asegurar que la cirugía fue realizada de manera apresurada. Sin embargo, 18 años después, un tribunal determinó que el equipo de salud actuó correctamente frente a una situación de urgencia
Le donó la casa a su hijo, se arrepintió y lo demandó por "ingrato" para recuperarla, pero la Justicia falló en su contra
Una madre intentó revocar la transferencia de un inmueble alegando que su hijo no se comportaba como esperaba. Sin embargo, el tribunal determinó que no se acreditaron los requisitos legales necesarios para dejar sin efecto la donación. ¿Qué hechos denunció la mujer como "actos de ingratitud" y por qué se desestimó el pedido?
Cartas de lectores: Educación y justicia, olor, médicos
Educación y JusticiaPor más que la Argentina tenga cinco yacimientos como Vaca Muerta y produzca 200 millones de toneladas de granos, sin educación y una justicia eficaz no va a salir de la mediocridad en la que estamos sumergidos desde hace 70 años. El caso AFA puso en la vidriera pública una justicia infiltrada por amigos y cómplices de los sospechosos, con un juez al que el periodismo considera socio de los culpables, y a él no se le mueve un pelo. En cuanto a la educación, que ya tiene muchos años de retroceso -se advierte en los exámenes internacionales en los que participan nuestros alumnos- la demostración más cabal de esta decadencia educativa se observa en el ámbito laboral. Hoy cuesta muchísimo encontrar un joven de 22 años con capacidades para insertarse en este nuevo mundo, informatizado y mucho más exigente.Sergio Ohanessianaviar4345@gmail.comOlorA principios del mes de mayo el Presidente declaró haber comprobado que "los números" del Jefe de Gabinete de su gobierno "están en orden" y agregó: " a nosotros no nos genera ninguna preocupación". A fines del mismo mes la esposa de dicho funcionario y, en el curso de este mes él también, solicitaron su incorporación al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la Ley de Inocencia Fiscal. Mientras tanto sigue en su cargo, con lo que se infiere que a la más alta autoridad de Poder Ejecutivo no le parece suficiente motivo para darle salida de su gabinete, como sucedió con otros funcionarios anteriormente por disidencias que sólo el Presidente conoce. Parafraseando a Shakespeare podemos decir que "algo huele mal en Argentina".Norberto Nasoncnaso@yahoo.com.arMédicosImposible ser más justo y asertivo de lo que nuevamente ha sido el Dr. Roberto Borrone en sus reflexiones sobre la ambivalencia social hacia los médicos. Agregaría que, desde la mirada psicoanalítica, el ser humano claudica en la condición de tal en la medida en que el fantasma que lo devora, es decir su inagotable narcisismo, lo hace odiar a todo aquello que necesita, pues le confirma su natural debilidad (Interfaeceseturinamnascimur, Jerónimo de Estridón, s. IV). Agregaría -pensando en quienes explotan a los médicos (empresas, otros médicos-empresarios y el Estado mismo)- que se confirma una vez más aquella sentencia del filósofo y estadista romano Plauto (254-184 a.C.) :"Lupusesthomo hominis" es decir "el hombre es el lobo del hombre". Así nos va como especie.Eduardo Chandlerdreduardochandler@gmail.comGaray y la ciudadEl 11 de junio se conmemoran los 446 años de la fundación de Buenos Aires por Juan de Garay en 1580. Originariamente fue llamada ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto Santa María de los Buenos Aires. Cabe recordar que el domingo anterior se había celebrado la Fiesta de la Santísima Trinidad. Al fundarla donde está la actual Plaza de Mayo, dispuso el lugar destinado a la Catedral, al Fuerte y el Cabildo, y repartió tierras. Juan de Garay, su fundador, fue un hidalgo español que tuvo un importante papel en la colonización de la parte atlántica de América del Sur. Fundó primero, en 1573, Santa Fe y luego Buenos Aires, para extender la fe cristiana y los dominios de la España civilizadora y fecunda. De España heredamos el territorio, el idioma y la religión católica. En marzo de 1583 sucedió un hecho trágico, poco recordado, en el trayecto de Buenos Aires a Santa Fe: Garay decidió pasar la noche en tierra. Fue atacado y matado por los indios junto a un franciscano, una mujer y doce soldados. No fue el único. Mucho antes, Juan Díaz de Solís, luego de descubrir en 1516 lo que es hoy el Río de la Plata, fue cruelmente matado y descuartizado junto a sus compañeros por los aborígenes. Al respecto quería hacer un pequeño aporte histórico respecto al origen y construcción del primer fuerte, llamado "Real Fortaleza Don Juan Baltasar de Austria". Su construcción en el lugar elegido por Juan de Garay (donde hoy está la Casa de Gobierno) se concreta en 1594 y fue obra de Fernando de Toledo Pimentel, teniente gobernador de Salta y de Hernando de Zárate, gobernador del Rio de la Plata, quienes había pedido autorización para construir el fuerte al rey Felipe II de España, para defender a Buenos Aires de los portugueses y de los ingleses. Con mucho sacrificio vinieron del Norte a Buenos Aires a construir el primer fuerte (demoraron 8 meses y recorrieron 200 leguas de despoblado ) según lo relata el prestigioso historiador Roberto Levillier, en el libro Biografías de conquistadores de la Argentina del Siglo XVI, publicado en Madrid en 1928. Cabe señalar que Fernando de Toledo Pimentel, antepasado directo mío por la rama salteña, era sobrino del virrey del Perú Francisco de Toledo (que mandó a fundar Salta en 1582 ) y era bisnieto del primer Duque de Alba y sobrino de Carlos V y primo de Felipe II , documentado en Historia de la Nación Argentina, de Ricardo Levene ( Vol. X, Buenos Aires 1942 ) . Es justo recordar el sacrificio de los fundadores de nuestra argentinidad.Marcelo J. Louge Juárezmjlouge@gmail.com.arVolumenEstá por comenzar el mundial y ya escucho, desde mi casa, las pruebas de sonido de la instalación que, para su transmisión, el gobierno de la ciudad está haciendo en la plaza Intendente Seeber. Sólo pido que al hacerlo tengan la gentileza de respetar a los vecinos al regular el volumen de los parlantes. Ya ha ocurrido antes que el mismo puede llegar a ser tan alto que retumba en nuestros oídos y perturba nuestras vidas. Lo agradeceremos.Ivan Poklepovicipoklegm@gmail.com En la Red FacebookEl kirchnerismo marchó a San José 1111 a un año de la condena a Cristina Kirchner "Agotador el tema. Y esto es culpa de los jueces, qué justicia corrupta. Como puede pasar, que después de un año, siga con sus privilegios, todavía no le han podido sacar un peso, de su fortuna y cuando quiere sale al balcón, a recibir a sus simpatizantes. Y nadie piensa en los vecinos. ¡Vergüenza de esta injusticia!" -Maria Del Carmen Fondevila "¡Pobres vecinos!" - Adriana Guglielmini Valenti
Denunció que su padre la violó durante una década y tuvo un hijo con él pero la Justicia declaró la causa prescrita
Ocurrió en la localidad de Montecarlo, en Misiones.La denunciante pide reabrir el caso porque, dijo: "Cuando pude contar la verdad, ya era tarde".
La Justicia rechaza bajar la pena de José López porque hizo cursos de marketing en prisión
La Justicia rechazó la pretensión del exsecretario kirchnerista de Obras Públicas José López de reducir la condena a 13 años de prisión que pesa en su contra por enriquecimiento ilícito, el arma que tenía consigo cuando trató de esconder ocho millones de dólares en un convento de Moreno y la causa Vialidad.López presentó ante los jueces constancias de que realizó cursos de marketing intramuros, dentro de la cárcel, lo que le permite beneficios en el régimen penal progresivo, como una rebaja de cuatro meses en su condena. Pero los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal rechazaron su pretensión. José López quería reducir su condena unificada de 13 años de prisión por la causa Vialidad y por enriquecimiento ilícito y tenencia ilegal de arma de uso civil.La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, declaró inadmisible, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de José Francisco López.El acusado había cuestionado el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que rechazó su pedido de reducción de plazos por estímulo educativo.López, exsecretario de Obras Públicas de la Nación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, está cumpliendo en prisión una condena en la causa Vialidad, en la que fue sentenciado junto a la expresidenta por el direccionamiento irregular de obra pública en Santa Cruz.La condena a López en esa causa, de seis años de prisión por administración fraudulenta, quedó firme en junio de 2025 tras el rechazo de los recursos extraordinarios por parte de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, esa condena fue unificada con otras en la pena de 13 años de prisión, vinculadas con causas de enriquecimiento ilícito y portación ilegal de arma de fuego.Durante la ejecución de esa pena, la defensa de López había solicitado al Tribunal Oral Federal 2 una reducción de cuatro meses en el avance del régimen de progresividad penitenciaria. Argumentó el mecanismo de estímulo educativo que prevé una reducción de pena si el preso realiza determinados estudios en prisión.López fundó su pedido en que presenció y aprobó dos cursos de formación profesional, uno de "Auxiliar en marketing de Productos" y otro de "Auxiliar en marketing de Servicio". Sostuvo que correspondía computar dos meses de reducción por cada uno de esos cursos.El juez de ejecución del tribunal oral rechazó el planteo, criterio que compartió el fiscal Diego Luciani. Consideraron que los conocimientos adquiridos mediante esa actividad no resultaban suficientes para tener por demostrado que el condenado se hubiera capacitado como técnico en un área ocupacional determinada. A la hora de determinar si los cursos podían equipararse a una formación profesional anual, el magistrado concluyó que las 80 horas de cada curso resultaban manifiestamente insuficientes.Al resolver el recurso de casación, el juez Borinsky consideró que la defensa no logró demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, ya que se limitó a reiterar su propia perspectiva sobre la cuestión sin desarrollar una crítica concreta de los argumentos del tribunal de instancia. Barroetaveña adhirió a la postura de Borinsky.En disidencia, el juez Hornos votó por declarar admisible el recurso. Pero el tribunal, por mayoría, confirmó el rechazo de la petición de López.
La Justicia le negó a José López un pedido para reducir su condena por haber aprobado dos cursos de marketing
El ex secretario de Obras Públicas enfrenta una pena unificada de 13 años de cárcel por la causa Vialidad y el caso de los bolsos con 9 millones de dólares. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de la defensa
Manuel Adorni: noventa días de idas y vueltas y contradicciones, sin presentar su declaración jurada ante la Justicia
Pasaron más de 90 días desde aquel 8 de marzo, cuando la vida política y personal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio un vuelco de manera drástica. Desde que se supo que su esposa, Bettina Angeletti, había formado parte de la delegación oficial que acompañó al presidente Javier Milei a la Argentina Week en Nueva York, el ministro coordinador intentó, con éxito dispar, explicar su crecimiento patrimonial, incurriendo en contradicciones, y sin cumplir hasta hoy su promesa de presentar su declaración jurada de bienes ante la Ofincia Anticorrupción (OA), mientras la Justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito."Mi mujer iba a viajar a Nueva York, de hecho tenía el pasaje comprado para el 26 de febrero. Después hubo un cambio en el viaje, yo pasaba por Miami y quería que mi mujer me acompañe. Por lo tanto, Presidencia la invitó", dijo Adorni en sus primeras explicaciones sobre el viaje que inició la polémica. El incómodo momento en la conferencia de Adorni, Caputo y MonteolivaNunca quedó claro quién había invitado a Angeletti al viaje, ya que, como recuerda Chequeado.com, la utilización de aviones oficiales para familiares de funcionarios fue prohibida por el propio Gobierno en agosto de 2024, y anunciada por Adorni en su carácter de portavoz de la gestión libertaria. "De esta forma no se van a poder usar aviones públicos para traer diarios en papel de una provincia del sur, traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública", advirtió el entonces vocero, en referencia a episodios ocurridos durante el kirchnerismo, pero que también se aplican en su caso. El segundo eje de la polémica fue el viaje en jet privado a Punta del Este, durante el feriado del Carnaval, con su familia y el empresario periodístico Marcelo Grandio, revelado el 9 de marzo por Carlos Pagni en LN+.Cuando se conoció la noticia, Adorni afirmó que había pagado el "proporcional" del vuelo, es decir, su pasaje y el de su grupo familiar, pero Agustín Issin Hansen, el piloto que facturó el viaje de regreso, y Vanesa Tossi, su secretaria, afirmaron ante la Justicia que fue Grandio quien lo pagó, y que tanto Adorni como su familia fueron invitados. "Apenas sos un periodista, no sos un juez; vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero", le contestó Adorni al periodista Jonatan Heguier, de El Destape, cuando lo consultó por el viaje, que podría encuadrarse en el delito de dádivas, y los contratos que unían a Grandio con la televisión pública. La compra, en noviembre de 2024, de la casa en el country Golf Club Indio Cua, a nombre de su esposa, también generó revuelo. En principio, la casa no figuraba en el apartado correspondiente de la pasada declaración jurada, con fecha del 4 de agosto de 2025. Adorni lo incorporó este año, una vez desatado el escándalo, según informó este diario. Cuando le tocó declarar en la Justicia, el contratista Matías Tabar afirmó que realizó refacciones en la casa del country y recibió de Adorni US$245.000 en efectivo, incluida la instalación de una cascada que motivó críticas en las redes sociales. "Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida y no se tuvo que declarar, parece que hay que explicar lo obvio", contestó Adorni a una pregunta de LA NACION, en la conferencia de prensa del 25 de marzo, aunque la propia compra de la casa, según fuentes judiciales, no figuraba en su declaración original y tampoco las costosas refacciones reconocidas por Tabar. Desde el Gobierno y el oficialismo dejaron trascender que demandarían a Tabar por falso testimonio. En aquella conferencia, Adorni también reconoció que vivía en un departamento en Caballito, adquirido en noviembre de 2025 por un total de US$230.000, a pesar de cobrar un sueldo de funcionario de poco más de $3 millones, hasta principios de este año, cuando su sueldo subió hasta los $7 millones. "Adorni no se va ni en pedo": Milei defendió contundentemente al jefe de Gabinete Para comprar la casa de country los Adorni pagaron US$20.000 en efectivo y accedieron a US$100.000 a través de una hipoteca con intereses que le facilitaron dos mujeres ligadas a la Policía Federal (una de ellas jubilada), que declararon en Tribunales haber cobrado US$30.000 de esa deuda, que vence en noviembre. A eso se suman los US$245.000 que dijo haber cobrado Tabar.Por el departamento de Caballito, los Adorni abonaron otros US$30.000 en efectivo, más una hipoteca por US$200.000 sin intereses que le facilitaron dos jubiladas, que también vence en noviembre. El hijo de una de ellas, Pablo Martín Feijoo, declaró en Comodoro Py que, aparte, Adorni le debe otros US$65.000 por esa operación."No tengo nada que esconder", dijo Adorni en sus primeras apariciones públicas luego de estallado el escándalo. Dos meses después, el 7 de mayo, fue la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, quien le pidió públicamente y en una reunión de gabinete que presente su declaración jurada. "Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior", insistió Bullrich. Ante el silencio de Adorni, Bullrich presentó días después su propia declaración jurada, dejando aún más expuesto al ministro coordinador. Lo defendió públicamente el propio presidente Javier Milei. "Es que en realidad Bullrich espoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarse [en referencia a la declaración jurada de bienes]", sostuvo el Presidente en una entrevista a América 24, aunque más de un mes después, Adorni aún no había presentado sus papeles ante la Justicia, trámite que según fuentes oficiales cumpliría en las próximas horas, luego de acogerse el régimen simplificado de Ganancias que habilitó la ley de inocencia fiscal.
A un año de la condena a Cristina Kirchner la Justicia no logró decomisarle sus bienes: marchas a San José 1111
La expresidente lleva 12 meses cumpliendo prisión domiciliaria y la Justicia no pudo rematar sus propiedades. Movilizaciones al domicilio donde cumple la condena. Leer más
Lo echaron por mala conducta, llevó el reclamo a la Justicia y colgó un pasacalles frente al colegio
Un alumno de sexto año colgó un pasacalles con mensajes intimidatorios frente a su colegio, luego de que las autoridades decidieran no renovarle la matrícula por mala conducta. El estudiante hizo un reclamo judicial que resolvió su reincorporación y lo anunció con un mensaje amenazante.El cartel, colgado en la intersección de las calles Catamarca y Quintana, contenía un mensaje directo hacia los directivos que decía: "Pablo y Ana, cuando se abusa de la autoridad, se pierde. Quisieron meter mano y yo metí el brazo. Atte: 'El intocable'". El pasacalles, ubicado frente al colegio Instituto Albert Einstein (IAE) de Mar del Plata, apareció después de que el estudiante afectado fuera reincorporado al establecimiento educativo mediante la interposición de un recurso en la Justicia Civil, según informó el medio local 0223.A raíz de este episodio, las autoridades del Instituto Albert Einstein difundieron el lunes un comunicado a través de las redes. En el texto, los directivos manifestaron su profundo rechazo a la acción y se refirieron a la coyuntura de las instituciones educativas en general, sin mencionar explícitamente el cartel con la firma anónima."No podemos ni queremos hacer como si nada estuviera sucediendo en la escuela porque sí, efectivamente, están sucediendo hechos que nos conmueven, nos generan la necesidad de reunirnos a pensar y a compartir entre nosotros lo que nos atraviesa como educadores que conviven con ustedes muchas horas por día", indicaron. Y agregaron: "Comunidades educativas enteras atravesadas por el temor, la incertidumbre y la sensación de que ALGO SE ESTÁ QUEBRANDO O YA SE QUEBRÓ. Están sucediendo otros que resultan totalmente inaceptables por su gravedad, por su naturalización y, justamente por esto, por resultar condiciones de posibilidad para que puedan emerger en un futuro situaciones aún peores".La carta pública fue firmada por docentes, directivos, representantes legales y el equipo de orientación del Nivel Secundario del IAE, quienes destacaron las actitudes que buscan erradicar en la institución. "Las burlas y menosprecio entre compañeros, miradas y voces que juzgan lo distinto, indiferencia ante el dolor del otro, expresión de mensajes de odio con total naturalidad, cantos insultantes y mensajes intimidatorios", enumeraron.Otro colegio de la zona, el Instituto Carlos Tejedor, también se pronunció sobre lo ocurrido y respaldó a las autoridades del IAE. "Defender a una escuela que se anima a intervenir es defender la posibilidad de una sociedad más justa, porque una comunidad que deja sola a su escuela, tarde o temprano, también se deja sola a sí misma", sostuvieron.
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"Que la biología no llegue antes que la justicia": el fuerte pedido de una jubilada víctima de estafa
La mujer tiene 71 años, cobra el haber mínimo y padece necesidades. El expediente transita un laberinto burocrático desde hace años. Primera presentación para que se haga efectiva la ley 11.122 recientemente aprobada. Leer más
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A un año de que la Corte dejó firme la condena, la Justicia no pudo decomisarle ni un peso a Cristina Kirchner
A un año de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por corrupción, la Justicia no pudo decomisarle ni un centavo, a pesar de que ordenó recuperar unos 685.000 millones de pesos.Hoy esa parte del caso volvió a la Corte Suprema, que debe resolver si rechaza el último recurso de Cristina Kirchner y avanza con el remate de sus bienes mediante una plataforma digital por internet.La expresidenta evitó que sus bienes sean alcanzados por el decomiso porque presentó una catarata de recursos judiciales en el Tribunal Oral Federal 2 que la condenó, en la Cámara Federal de Casación Penal y ahora -otra vez- en la propia Corte.La última batalla es por 111 bienes que identificaron el fiscal Diego Luciani y su colega Sergio Mola para que sean tasados y rematados, de modo de cubrir esa suma de dinero, aunque sea en parte. Resta otro grupo de bienes identificados por la fiscalía que están siendo objeto de un trámite en el tribunal oral.El rechazo del recurso extraordinario por parte de la Cámara Federal de Casación confirma definitivamente la ejecución de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.Con el recurso rechazado, el fallo del posible decomiso queda en condiciones de ser ejecutado de inmediato. Sin embargo, Cristina Kirchner fue a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso directo, que difícilmente prospere. Además de seis años de prisión, la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad implica el decomiso de bienes por unos 685.000 millones de pesos, por los que deben responder solidariamente todos los condenados.Pero, entre ellos, los únicos que tienen bienes cuantiosos son Cristina Kirchner y sus hijos, pues los activos de Lázaro Báez fueron rematados en la quiebra de Austral Construcciones y en la otra condena que tiene por lavado de dinero, en la causa de la Ruta del Dinero K.La decisión de rechazar el recurso extraordinario fue de los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación y dejó firme la decisión de avanzar con la ejecución de los bienes. La defensa de Cristina Kirchner argumenta que muchos de ellos fueron adquiridos antes de los hechos que motivaron la condena.Los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron por mayoría los recursos presentados por las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner contra la sentencia que había confirmado la ejecución de bienes para hacer efectivo el decomiso en la causa Vialidad.En el caso del recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner, los tres integrantes de la Sala coincidieron en declararlo inadmisible. En su voto, Hornos sostuvo que los recursos no demostraban la existencia de una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención de la Corte. El juez reiteró el fundamento general del decomiso en casos de corrupción, al señalar que "el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida" y que el instituto busca impedir que el ilícito produzca beneficios económicos permanentes.Por su parte, el juez Diego Barroetaveña adhirió al voto de Hornos. Consideró que los agravios de las defensas se limitaban a expresar desacuerdos con lo decidido y que no planteaban una controversia federal concreta sobre el alcance de normas constitucionales. También entendió que no se verificaban supuestos de arbitrariedad que justificaran la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte.El juez Mariano Borinsky coincidió en declarar inadmisible el recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner. Sin embargo, mantuvo una posición parcialmente distinta respecto de los recursos presentados por Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner.Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la sentencia que ordena concretar el recupero de los 685.000 millones de pesos, el tribunal oral que impuso las condenas le mandó un oficio a la Corte Suprema para avanzar con el asunto. Quiere saber si, en función de las normas vigentes, alguno de los 111 inmuebles a ejecutar es de interés de la propia Corte para su utilidad o del Consejo de la Magistratura.El juez Rodrigo Giménez Uriburu â??que condenó a la expresidenta y está a cargo de ejecutar la sentenciaâ?? pidió a la Corte que se resuelva si algún bien "será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso [por la Corte] o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación".La tobilleraEn tanto, la expresidenta reclamó a un año de su condena, que es el tiempo que lleva cumpliendo arresto domiciliario en su casa de San José 1111, que le saquen la tobillera electrónica, amplíen su régimen de visitas y la dejen salir a la terraza.Pero el fiscal Luciani se opuso y la semana pasada fracasó el último intento cuando el juez Rodrigo Giménez Uriburu ratificó la vigencia de todas las condiciones de arresto.Sobre el régimen de visitas, el tribunal autorizó el ingreso libre exclusivamente para familiares, médicos, custodios y abogados. El resto de las personas deben requerir sin excepción la autorización judicial.En cuanto al permiso de subir a la terraza del edificio, el tribunal autorizó su uso dos horas al día entre las 6 y las 20. En su última resolución, consideró que Cristina Kirchner "conserva la posibilidad de acceder diariamente a un espacio abierto apto para el desarrollo de actividades físicas y recreativas".
La esposa de Manuel Adorni entró al régimen de "inocencia fiscal" mientras la Justicia analiza sus contratos con el Estado
El juez Ariel Lijo intenta determinar si existieron negociaciones incompatibles con la función pública y tres empresas proveedoras del Estado que trabajaron con +Be, la consultora de Bettina Angeletti, mujer del jefe de Gabinete. Leer más
El PSOE pide dejar actuar a la Justicia en el caso Leire Díez y no ve motivos para que imputen al partido
La abadía de Montserrat, epicentro del escándalo de pederastia clerical en Cataluña, recibe la visita de León XIV entre reclamos de justicia
Las víctimas de abusos sexuales consideran que es "un acto cruel e innecesario". El monasterio benedictino se niega a indemnizarlas
A los 35 años llevó a juicio a su padre biológico por no haberla reconocido, pero la Justicia rechazó la demanda
Tras un proceso de filiación, una mujer inició un reclamo millonario por daños y perjuicios derivados de la falta de reconocimiento paterno. Sin embargo, el tribunal consideró que el hombre no incurrió en una conducta "antijurídica"
La AFA consiguió una cautelar y trabó en la Justicia la investigación sobre sus balances
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga obtuvieron una medida cautelar de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que frenó la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que permitieran el acceso de sus veedores a sus balances correspondientes al período comprendido entre 2022 y 2025.La decisión se conoció a días del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esta maniobra y la protagonizada por el supuesto testaferro Luciano Pantano confirmarían la estrategia de la dirigencia de la AFA de dilatar las causas judiciales hasta después del torneo, apostando a que una potencial cuarta estrella contribuya a aminorar el impacto de los expedientes en trámite.A principios de mayo, los veedores de la IGJ dejaron la intimación en la sede de Viamonte. Pese a ello, los abogados de ambas entidades lograron que la Cámara les concediera el recurso y el trámite volvió a quedar en foja cero. Previamente había sucedido algo parecido con la Superliga, llegando a ser apercibida por el organismo de control.En marzo y luego de la partida de Daniel Vítolo de la IGJ, Alejandro Ramírez fue quien empezó a ocupar su silla. Durante ese interín, el ministro de Justicia tardó en reactivar del proceso de fiscalización que había impulsado la gestión anterior. Cuando finalmente se reactivó el expediente, la cautelar volvió a bloquear el avance de las inspecciones.En consonancia y mediante una resolución, Ramírez sostuvo que "habiéndose configurado la omisión al deber de colaboración e información por parte de la entidad, corresponde aplicar la sanción de apercibimiento con publicación prevista en el artículo 14, inciso b), de la Ley 22.315,e intimarla para que, en el plazo de diez días hábiles administrativos, permita el acceso a la documentación e información requerida por el interventor en grado de veedor, bajo apercibimiento de aplicarse mayores sanciones".El visto bueno de la cautelar corrió por cuenta de la Sala D de la Cámara Civil, compuesta por los magistrados Luis Maximiliano Caia, Juan Manuel Converset y Gabriel Gerardo Rolleri. Así, el empresario Guillermo Tofoni, quien presentó una denuncia contra la AFA por un supuesto fraude en los balances. hizo que el fiscal en lo Penal Económico, Emilio Gerchunoff, se declarase incompetente para seguir interviniendo en dicha acusación. En tanto, el funcionario judicial reveló nuevos datos sobre la relación entre la AFA y la empresa estadounidense TOURPRODENTER LLC, vinculada al empresario Javier Faroni.Después de un primer pantallazo de la documentación contable, Gerchunoff se refirió a la posible falsedad de los balances e indicó que "está funcionalmente conectada con una maniobra defraudatoria más amplia, consistente en una posible administración infiel de fondos pertenecientes a la AFA". El fiscal hizo hincapié en los ingresos generados por la explotación comercial de la selección argentina en el exterior.Se trata del mismo dictamen que reveló que el presidente de la AFA y su ladero extendieron hasta 2030 el contrato que convierte a la firma de Faroni en agente de recaudación de la entidad en el extranjero.
De la Espriella volvió a desafiar a la justicia, que le prohibió usar su lema en la recta final de la campaña: "Sigan firmes por la patria"
Durante un multitudinario acto desde la Plaza de la Aduana, en Cartagena, el candidato incitó a sus seguidores a desobedecer la restricción e insistió en que continúen difundiendo el material elaborado para su aspiración presidencial
La Justicia electoral habilitó una prueba piloto para juntar firmas digitales en proyectos de ley
La Cámara Nacional Electoral autorizó a una ONG a utilizar una plataforma electrónica para recolectar adhesiones ciudadanas en el marco de la Ley de Iniciativa Popular. La herramienta funcionará bajo supervisión técnica del tribunal.
Arequipa: personero sustrajo 261 cédulas de sufragio durante la segunda vuelta y ya fue condenado por la justicia
El acusado admitió los hechos durante una audiencia de terminación anticipada y recibió una pena de cuatro años, convertida en 208 jornadas de servicios comunitarios. Además, abonó una multa de S/ 2.000 por reparación civil