Así lo aseguró Carlos Lanser, el dueño del feedlot de donde la policía de la provincia secuestro a los animales por orden judicial.Sostuvo que el proceso de sustracción del ganado se hizo de manera "errónea" y que ya no está involucrado en la causa.
Todas las jugadas y las incidencias del partido.El encuentro corresponde a la fecha 2 del certamen.Cómo verlo por TV y en streaming.
Wilson Ruiz Orejuela hizo uso de duros calificativos en la red social X para poner en duda la disposición del presidente colombiano a enfrentar a su homólogo estadounidense en la reunión prevista en Washington este año
Chats internos revelaron órdenes para formatear computadoras y borrar cámaras antes de los allanamientos a la financiera de Ariel Vallejo
El informe de un detective privado presentado por la aseguradora revela que, a pesar de estar oficialmente de baja, el demandante realizaba actividades laborales durante el periodo en el que reclamaba incapacidad
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el nombramiento de Colin McDonald como primer fiscal general adjunto para la Lucha contra el Fraude a Nivel Nacional, una división del Departamento de Justicia creada en los últimos días. El objetivo del organismo será, según la administración, "atrapar y detener a los estafadores que le robaron al pueblo estadounidense".El 8 de enero, la Casa Blanca compartió un comunicado en el que anunció la creación de la división y aclaró que buscará aplicar las leyes civiles y penales federales contra "el fraude dirigido a los programas del gobierno federal, los beneficios financiados por el gobierno federal, las empresas, las organizaciones sin fines de lucro y los ciudadanos privados de todo el país".En este sentido, Trump sostuvo que su administración descubrió esquemas de fraude en varios Estados, como Minnesota y California, donde "ladrones le han robado cientos de miles de millones a los contribuyentes". "Juntos acabaremos con el fraude y restauraremos la integridad de nuestros programas federales", subrayó.El presidente nombró para el flamante cargo a McDonald, un fiscal federal de America First, el movimiento que llevó a Trump a su segunda presidencia. El mandatario, en tanto, lo definió como una persona "inteligente, firme y muy respetada que ha impartido justicia con éxito en algunos de los casos más difíciles y de mayor importancia" de su país. President Donald J. Trump announces the first-ever Assistant Attorney General for National Fraud Enforcement.END THE FRAUD. pic.twitter.com/cOsyf3Vyxx— The White House (@WhiteHouse) January 29, 2026La función de McDonald será liderar iniciativas impulsadas por el departamento para investigar; procesar y remediar el fraude en Estados Unidos; supervisar los movimientos en distritos y agencias; asesorar y brindar asistencia a las fiscalías; y ayudar al desarrollo y establecer prioridades sobre la aplicación de la ley, así como proponer reformas para evitar vulnerabilidades sistemáticas.Según datos de la propia administración, el Departamento de Justicia acusó a 98 personas por fraude en Minnesota, de las cuales 64 fueron condenadas. Además emitió más de 1750 citaciones, ejecutó más de 130 órdenes de allanamiento y realizó más de 1000 entrevistas a testigos como parte de su investigación.Entre las investigaciones que aún están en curso, el gobierno de Trump acusó de fraude a los programas estatales "Alimentando Nuestro Futuro", "Servicios de Estabilización de Vivienda" e "Intervención Temprana Intensiva para el Desarrollo y la Conducta".Por su parte, la Oficina Federal de Investigaciones está realizando investigaciones sobre docenas de proveedores de atención médica y domiciliaria de Minnesota acusados â??â??de fraude, desplegando contadores forenses y equipos de análisis de datos e investigando posibles vínculos con funcionarios electos y financiamiento del terrorismo.
La necesidad de abordar distintas reformas estructurales para crear condiciones de prosperidad y progreso en el país forma parte de la agenda política actual. La modernización de la Justicia es una asignatura pendiente, por el alto impacto que su actuación tiene en lo institucional, económico, social y, sobre todo, en la vida cotidiana de los argentinos.Semanas atrás, Neuquén ha tomado la delantera, impulsando una ambiciosa transformación de su justicia civil y comercial. Fruto de una política pública impulsada por el gobernador y apoyada por los otros dos poderes se decidió, por primera vez en la historia argentina, cambiar de modelo y se promulgó un novedoso Código Procesal Civil Adversarial. Ya no se trata de una simple reforma, sino de un sistema nuevo que fija reglas claras y tiene a la imparcialidad de las decisiones judiciales como norte.Hasta ahora, los cambios más trascendentes en la Justicia argentina se concentraron en los procesos penales: en los últimos años varias provincias implementaron el sistema acusatorio, que hoy se abre paso en el ámbito federal. Pero las propuestas de reforma de la justicia no penal no se desprendían de la matriz inquisitiva y autoritaria imperante desde hace dos siglos. Basta un dato para ilustrarlo: el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación vigente se dicta de 1967, y se inspira en el Código italiano de 1940 y el Reglamento de Franz Klein para el Imperio Austro-húngaro de 1895. El nuevo Código neuquino se aparta de esa tradición, se apoya en principios republicanos y alinea el modelo de justicia civil provincial con el penal.El nuevo cuerpo normativo regula los litigios sobre derechos privados disponibles y pone el foco en las partes procesales y en el ejercicio de su derecho de defensa. Su carácter adversarial separa con claridad las funciones de probar y de juzgar. Los procesos, derechos y bienes en juego pertenecen a las partes, no al Estado, lo que define una regla básica: las partes y sus abogados litigan; los jueces resuelven. Como aquellos asumen mayor responsabilidad, se exigen estándares éticos más altos, y se prevén sanciones concretas frente al actuar de mala fe. A su vez, se liberan a los jueces de tareas para que se concentren en dictar resoluciones en tiempo oportuno.La simplificación de los procedimientos, la oralidad en su justa medida y el apoyo en las nuevas tecnologías previstas -sin excluir a quienes no acceden a ellas- reduce la carga de trabajo de los tribunales y sus estructuras, con el fin de dotarlos de una mayor eficiencia. Además, se bajan costos para los litigantes, eliminando trámites innecesarios e incorporando la publicación gratuita de edictos, las traducciones privadas de documentos e incentivos impositivos en materia sucesoria para fomentar los acuerdos entre herederos.Entre numerosas innovaciones, regula herramientas para casos de urgencia, acorta sensiblemente los tiempos de desalojo y se fomenta el arbitraje conforme a reglas internacionales. Introduce la figura del descubrimiento de pruebas, basada en el discovery anglosajón, para que las partes construyan con solidez sus casos y evalúen su viabilidad. El nuevo modelo desalienta las aventuras procesales: exige concurrir con un caso justiciable y demostrarlo con pruebas, de allí el minucioso tratamiento de la actividad probatoria.Esta transformación, que acompaña un proyecto de prosperidad, se logró con una notable participación ciudadana en las siete regiones de la provincia demostrando que la justicia no es solo cuestión de abogados y jueces. Es de todos.Neuquén ha dado un paso ejemplar y necesario: su nuevo Código Procesal Civil Adversarial sienta las bases de una Justicia más moderna y previsible, y envía una señal concreta a los inversores al ofrecer seguridad jurídica e imparcialidad judicial. El desafío ahora es que esta transformación no sea una excepción, sino el inicio de una agenda impostergable que marque el camino para las provincias que buscan fortalecer sus instituciones y promover el desarrollo.Director de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Austral
El escándalo que sacude a la AFA dejó hace rato de ser un asunto meramente deportivo. El dato más inquietante de los últimos días no es solo la magnitud del dinero desviado ni la obscena naturalidad con la que se movieron millones de dólares por cuevas, sociedades fantasmas y facturas truchas, según el resultado de las múltiples investigaciones en danza, sino el sospechoso cambio de jueces y la creciente sensación de que, detrás del telón judicial, opera una trama de encubrimiento, contubernio y connivencia política que tiene nombres propios rondando entre bambalinas: Sergio Massa, Gerardo Zamora y Pablo Toviggino.La intervención del Poder Judicial en esta historia no es neutra ni casual. En pocas semanas se resolvieron conflictos de competencia que alteraron el rumbo de investigaciones sensibles. En La Plata, la Cámara Federal decidió apartar al juez Luis Armella, quien había avanzado con allanamientos y otras medidas de prueba relevantes, para trasladar la causa al cuestionado Federico Villena. Armella había puesto el foco en la AFA, los intermediarios y el empresario Javier Faroni, estrechamente ligado a Massa. El desplazamiento no puede leerse como un mero tecnicismo procesal. En la Argentina real, estos movimientos suelen marcar el inicio de un proceso de licuación de responsabilidades, o sea, del camino a la impunidad.Villena no es un magistrado más. Sus relaciones políticas son conocidas y, aunque nadie puede afirmar de antemano el resultado de un expediente, la experiencia indica que esos vínculos siempre han pesado en nuestro país. En el sur del conurbano se perfila un cerco de contención política en el que confluyen jueces, intendentes, abogados influyentes y empresarios del dinero informal. La presencia de figuras como Martín Insaurralde, su entorno y los nexos con Sur Finanzas refuerzan la sospecha de una arquitectura diseñada para evitar a la Justicia. No es una prueba judicial, pero sí un indicio político grave, serio y concordante.El mismo patrón se repite en el norte del conurbano. La Cámara Federal de San Martín apartó al magistrado Marcelo Aguinsky quien ya envió al juzgado de Campana el expediente por la lujosa quinta de Pilar que está valuada en 17 millones de dólares y es vinculada a la AFA. El titular de ese juzgado -pedido por los supuestos testaferros- es Adrián González Charvay, un hombre ligado a dirigentes de la AFA, de vínculos con Massa y con intendentes como Ariel Sujarchuk, de Escobar, y Federico Achával, de Pilar, precisamente donde está ubicada la quinta bajo investigaciónLa denuncia del dirigente Matías Yofe sobre intimidaciones, allanamientos selectivos y una red de corrupción municipal aporta un elemento tan perturbador como inaceptable: que la justicia no solo investiga, sino que también puede ser utilizada como herramienta disciplinadora. Ese uso es, sencillamente, inaceptable.En el centro de esta trama aparece un gigantesco negocio estructural alrededor del juego. Fútbol y apuestas forman hoy un binomio inseparable, con una dimensión formal y otra mucho más vasta, llevada adelante en penumbras. En los clubes chicos del conurbano, la informalidad es la regla, no la excepción. Allí, el rol de los árbitros designados por la AFA se vuelve decisivo. Toviggino -tesorero de esa entidad e imputado en la causa judicial iniciada por la ARCA por retención indebida de tributos por unos 19.000 millones de pesos- no es un personaje secundario de esta oscura trama; es el administrador de ese poder. Cuando se observa que los mismos actores políticos gravitan en el juego, en el fútbol, la política y en la Justicia, la palabra "mafia" deja de ser una exageración retórica.Los vínculos personales, políticos y económicos son demasiado visibles. La relación de Massa con Toviggino, con Faroni y con un conjunto de operadores que hicieron carrera al calor del poder no es un secreto. Resulta difícil creer que contratos millonarios, intermediaciones opacas y sociedades radicadas en Paraguay o Miami hayan prosperado sin protección política. Más aún cuando esos mismos circuitos fueron mencionados en el pasado en operaciones vinculadas a aviones privados, viajes de lujo y empresarios del círculo del ex candidato presidencial.Las mismas cuevas que hoy se investigan habrían sido claves para aprovechar la enorme brecha cambiaria durante la gestión de Massa como ministro de Economía de Alberto Fernández. No se trata solo de corrupción deportiva, es un sistema. Y, frente a ese sistema, el silencio de buena parte de la dirigencia futbolística, política y empresaria resulta tan elocuente como vergonzoso. Salvo excepciones aisladas, nadie explica cómo se vaciaron las arcas de clubes que, obviamente, pertenecen a sus socios.La dimensión internacional añade presión. La FIFA, los Estados Unidos y la disputa por los derechos de televisación del Mundial de Fútbol colocan a la Argentina bajo observación. El tiempo judicial parece estar dosificado, a la espera de calendarios deportivos. Pero la Justicia que espera y especula deja de ser justicia y se convierte en encubrimiento e impunidad.No puede seguir tolerándose que el fútbol -pasión popular y negocio multimillonario- sea administrado como un feudo protegido por jueces amigos y políticos influyentes. Los escandalosos cambios de magistrados, las relaciones cruzadas y el silencio cómplice configuran un cuadro nefasto. Urge una investigación independiente y profunda, sin favoritismos ni atajos. Todo lo demás es connivencia. Y, como sociedad, sabemos muy bien adónde conduce.
Es amigo de Agustín Laje y Nicolás Márquez y uno de los responsables del evento del que participó Javier Milei este martes en Mar del Plata. En Radio 750, habló sobre su vínculo con el presidente y la batalla cultural que lleva adelante.
El caso de "Orelha", una perra de 10 años que era el símbolo de una playa en Santa Catarina, se ha convertido en un verdadero escándalo nacional. Dos de los cuatro adolescentes acusados están de viaje en Disney, y la policía incluso imputó a empresarios y abogados por amenazar a testigos. Hasta la esposa de Lula se pronunció en el caso. Los detalles. Leer más
Andrés Idárraga pidió que las autoridades le expliquen al país qué pasó en realidad con el narco que se fugó de La Picota en 2022
La Cámara Federal de San Martín confirmó su prisión preventiva. Está procesado por asociación ilícita y estafas reiteradas en 524 hechos, a través de su fintech
La Justicia habilitó la feria judicial para tratar un planteo de la plataforma china, que busca frenar una medida impulsada por Mercado Libre por presunta deslealtad comercial. Leer más
El gobierno de Tierra del Fuego llevó este miércoles a la Justicia Federal la intervención nacional del puerto de Ushuaia y presentó una demanda por inconstitucionalidad. En su presentación solicitó una cautelar para el inmediato cese de la intervención prevista para los próximos doce meses luego de que el Gobierno Nacional afirmara que detectó "irregularidades financieras", "desvíos de fondos" y "riesgo operativo" en las instalaciones. El mandatario provincial, Gustavo Melella, había calificado a la intervención de un "acto irresponsable"."Vamos a la Justicia Federal por la intervención del Puerto de Ushuaia. Es un atropello a la autonomía provincial y al federalismo: una intervención federal encubierta", detalló Melella en X. La acción judicial de inconstitucionalidad cae sobre la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) con el objetivo de anular la intervención.Según se anunció, la demanda, redactada a través del Secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto y el equipo de esa secretaría, fue presentada ante la Justicia Federal y ataca directamente la resolución 4/2026 del Ministerio de Economía, que formalizó la decisión de la gestión libertaria.Allí el Gobierno establecía que se realizaron una serie de inspecciones que concluyeron que el puerto tenía un deterioro significativo en sectores estructurales, deficiencias en la señalización e incumplimiento de protocolo. También mencionaban la falta de observancia de mínimos estándares nacionales e internacionales de la tecnología y seguridad y la baja inversión en infraestructura. Esto último, aseguraban, podía comprometer la disponibilidad futura de recursos para ejecutar obras. En su presentación judicial, el gobierno de Tierra del Fuego argumentó que la intervención representa una violación de la autonomía provincial y el régimen federal, ya que se trata de una "intervención federal indirecta o encubierta" que evita el procedimiento constitucional previo para dicha decisión, que es la sanción de una ley en el Congreso. También consideraron que la gestión libertaria desconoció el Convenio de transferencia de puertos Nación-Provincia, donde el Gobierno Nacional "le transfirió a título gratuito el dominio, la administración y la explotación del Puerto de Ushuaia a la provincia".Noticia en desarrollo
Temu reaccionó tras la denuncia realizada el año pasado por Mercado Libre ante el Ministerio de Economía.En agosto de 2025, Mercado Libre denunció una "estrategia desleal y contraria a las disposiciones del Decreto de Lealtad Comercial N° 274/2019 por parte de Temu", ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno. Y frente a ello, la autoridad dictó una medida preventiva que obligaba a la plataforma china a cesar su publicidad.Ahora, Temu reclamó una medida cautelar que suspenda las actuaciones iniciadas.Noticia en desarrollo
Durante la visita del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, internos de La Picota denunciaron la falta de agua, alimentos y medicinas, alertaron sobre extorsiones dentro del penal y expresaron su rechazo a las extradiciones hacia Venezuela
La compañía de Marcos Galperin considera que hay competencia desleal por publicidad engañosa.La empresa quedó bajo la mira por la comunicación de ofertas que generan falsas expectativas y otros recursos que usa para vender.
La Cámara de Apelación en Feria de Santa Fe ratificó la intervención parcial de la cooperativa láctea SanCor y confirmó la designación de una coadministradora judicial con amplias facultades sobre la gestión de la empresa, en el marco de su concurso preventivo. De ese modo, el tribunal rechazó la apelación presentada por la compañía y dejó firme la medida adoptada a fines de diciembre pasado por el juez del concurso, Marcelo Gelcich, que estableció un esquema de control conjunto sobre la administración, la representación y la auditoría de la firma por un plazo inicial de 60 días, prorrogable.La resolución fue firmada por los jueces Daniel Fernando Alonso, Aidilio Gustavo Fabiano y Sebastián César Coppoletta. En su fallo, la Cámara sostuvo que "la medida recurrida se encuentra dentro de las posibles medidas a tomar por juez concursal" y destacó que el magistrado de primera instancia "ha optado por una medida intermedia -ni la más grave, ni la más leve- entre las disponibles", orientada a "la necesidad de proteger todos los intereses involucrados en el concurso".Debe más de $34.000 millones: un emblemático frigorífico suspendió a 500 empleados y su producción y lo acecha un fantasmaLa medida había sido dispuesta por el magistrado de primera instancia el 29 de diciembre pasado, al considerar acreditada una "reiterada reticencia de la concursada en la entrega de información requerida tanto por el juzgado como por la sindicatura y de importancia para el proceso". Según la resolución, esa falta de datos clave â??sobre contratos en ejecución, actividad productiva y comercial, plantas operativas, recursos humanos, stock y capacidad instaladaâ?? impedía contar con un diagnóstico preciso de la situación real de la empresa y justificó la designación de una coadministradora judicial con facultades de administración, representación y auditoría.Además, el fallo mencionó incumplimientos informativos en medidas cautelares vinculadas a acreedores con garantía real, así como la falta de acreditación del pago de salarios, aguinaldos y créditos con derecho al pronto pago. En ese marco, el magistrado concluyó que la información no aportada era necesaria para conocer "la evolución de la empresa, la existencia de fondos líquidos disponibles y el cumplimiento de normas legales y fiscales".Frente a esa decisión, SanCor apeló la resolución y cuestionó los fundamentos del juez de primera instancia. En su presentación, la cooperativa negó haber incumplido sus deberes informativos y sostuvo que "desde la apertura del concurso preventivo había brindado información regular, suficiente y oportuna a la sindicatura". Según su postura, las objeciones formuladas por el juzgado respondían a diferencias sobre el nivel de detalle exigido.También señaló que los pedidos realizados en diciembre de 2025 "implicaron exigencias excepcionales y de extrema complejidad", aunque afirmó haberlos cumplido dentro de los plazos fijados. En ese marco, argumentó que "no se encontraban configurados los presupuestos legales del art. 17 de la LCQ para disponer una coadministración", al tratarse â??según sostuvoâ?? de una herramienta excepcional reservada para supuestos de mayor gravedad.Además, la empresa advirtió que la exigencia de actuación conjunta en todos los actos patrimoniales podía generar "riesgo de paralización" de la operatoria cotidiana y afectar la continuidad de la actividad. También cuestionó la acumulación de funciones asignadas a la coadministradora, al entender que la combinación de tareas de administración y auditoría resultaba incompatible.Al analizar esos planteos, la Cámara sostuvo que, aun cuando la concursada afirmó haber entregado información suficiente, "no puede soslayarse que medió omisión de informaciones requeridas por el juez o la sindicatura", lo que encuadra dentro de los supuestos previstos por la Ley de Concursos y Quiebras.En ese punto, el tribunal aclaró que no es necesario que existan actos prohibidos o irregulares consumados para disponer este tipo de medidas. En palabras del fallo, "no se requiere el perjuicio actual bastando la potencialidad concreta de perjuicio", cuando está en juego la protección del patrimonio y de los acreedores.Respecto de la proporcionalidad, la Cámara destacó que no se trató de una intervención plena ni del desplazamiento de los órganos naturales de la cooperativa. Por el contrario, subrayó que la coadministración constituye una herramienta intermedia, orientada a reforzar el control sin paralizar la actividad. "El juez concursal ha optado por una medida intermedia -ni la más grave, ni la más leve- entre las disponibles", señaló la sentencia, al tiempo que remarcó que la duración acotada de 60 días permite compatibilizar el control judicial con la continuidad operativa de la empresa.Prueba en 500.000 hectáreas: Córdoba es la primera provincia en tener un seguro de multicobertura agrícolaPor último, el tribunal rechazó el planteo de SanCor sobre una supuesta incompatibilidad entre las funciones asignadas a la coadministradora. Si bien reconoció que, en términos generales, esas tareas suelen estar diferenciadas, entendió que en este caso la acumulación se justifica por el carácter transitorio y cautelar de la medida y por el objetivo central de obtener información confiable en un período crítico del proceso.En su conclusión, la Cámara sostuvo que la decisión cuestionada "se encuentra dentro de las posibles medidas a tomar por juez concursal", fue adoptada de oficio conforme a la ley y está suficientemente fundada en las circunstancias del caso. Por ello resolvió rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución impugnada.
Así lo determinó un fallo de la Cámara Civil al considerar que abandonaron a la mujer y no la asistieron cuando estaba gravemente enferma. Ella falleció en septiembre de 2017. Leer más
La Cámara en lo Penal Económico rechazó un planteo de las defensas que buscaba apartar al organismo. El fallo ratifica su rol activo en investigaciones complejas
La entrega del detenido se realizó cumpliendo una disposición judicial y contó con la participación de una comitiva amplia, incluyendo altos mandos policiales y fiscales de ambos países.
Familias de víctimas de las protestas sociales de 2022 y 2023 en el sur del país, colectivos y gremios llegan a la capital para exigir respuestas tras la desactivación del equipo fiscal que investigaba las muertes en movilizaciones contra Dina Boluarte
La Procuración del Tesoro de la Nación volvió a denunciar un "hostigamiento sistemático" por parte de Burford Capital. Creen que las medidas impulsadas buscarían afectar a la economía argentina, para cobrar los USD 16.000 millones por el juicio
Desde el 30 de diciembre último, el servicio de inteligencia del Estado está en condiciones de detener a cualquier ciudadano argentino sin autorización judicial. Y lo seguirá estando si las dos cámaras del Congreso no rechazan ese decreto de necesidad y urgencia, firmado por Javier Milei el 30 de diciembre pasado (y publicado en el Boletín Oficial recién el 2 de enero), veinticuatro horas antes de que el Parlamento argentino entrara en receso por las vacaciones del verano. "Cuando el Gobierno firma esa clase de decisiones horas antes de que comience enero, o cuando la Justicia dicta resoluciones en tales días, es porque quiere esconder algo", concluyó ayer un juez que prefirió trabajar en enero. Como suele suceder en política, los arbitrariedades que se cometen cuando se está en el poder terminan afectando luego a los oportunistas que cometieron aquellos excesos. Fue la entonces senadora Cristina Kirchner quien redactó la ley reglamentaria del artículo de la Constitución, incluido en la reforma de 1994, que autoriza al Poder Ejecutivo a dictar decretos de necesidad y urgencia en condiciones muy excepcionales. Su marido, Néstor Kirchner, era presidente, pero esa abusiva ley beneficia ahora a Milei, a quien ella considera se principal enemigo político. En síntesis, por culpa de esa ley de la viuda de Kirchner, que ella escribió para darle más poder a su esposo, es más fácil ahora que el Congreso rechace un proyecto de ley formalmente enviado por el Gobierno (se necesita solo la desaprobación de una sola de las dos cámaras) que rechazar un decreto de necesidad y urgencia. La cancelación de esos decretos requiere, en cambio, de la desaprobación de ambos cuerpos legislativos o que simplemente no los trate nunca para que los DNU queden firme y se conviertan en leyes. El trámite de aprobación en el Congreso es, además, más lento aún en el mes de febrero y luego de una elección legislativa de mitad de mandato. De hecho, no está integrada todavía la comisión bicameral que debe dictaminar sobre los decretos de necesidad y urgencia, antes de que llegue al recinto, como no lo está ninguna comisión del Senado. Ocurre que el Senado elige sus autoridades en febrero (la Cámara de Diputados lo hace en diciembre) y, por lo tanto, no puede establecer hasta después de esas decisiones internas quién hará qué cosa en el cuerpo. Cuando se elijan las autoridades senatoriales y se integre la comisión bicameral para los tratamientos de los decretos de necesidad y urgencia comenzarán a correr los diez días hábiles que tiene esa comisión para expedirse sobre los DNU. Cumplido ese plazo, y si la comisión no emitiera un dictamen, el plenario del cuerpo estará en condiciones de tratar el decreto de Milei que reformó 40 artículos de la ley sobre el servicio de inteligencia que se aprobó en 2001 por amplia mayoría del Congreso y con el consenso de los entonces dos partidos mayoritarios del país: el peronismo y el radicalismo. Mientras suceda ese fárrago, cualquier argentino estará expuesto a ser detenido por alguien que diga ser de la SIDE. "¿Y si alguien me detiene a la salida de un banco y dice ser de la SIDE, pero es un simple ladrón?", se preguntó ayer un destacado legislador que no es ni opositor ni oficialista. Refiere a que los espías de la SIDE no deben identificarse formalmente, como sí lo debe hacer cualquier fuerza de seguridad. Sin debateLa obsesión del gobierno mileista por estas cuestiones comenzó en 2024 con varios decretos de necesidad y urgencia y resoluciones que modificaron las leyes de defensa, de inteligencia y de seguridad interior. Como ninguno de esos decretos ni resoluciones se derogaron nunca, todo ellos fueron conformando una nueva doctrina que en los hechos le dio más poder a las actividades de inteligencia y contrainteligencia oficiales. Más allá de la discusión sobre si eran necesarios o no, lo cierto es que semejantes cambios en las garantías de los ciudadanos argentinos debió ser ampliamente debatida por el Congreso. Nunca lo fue. Hasta ahora. El decreto de necesidad y urgencia usa la palabra "aprehensión" por parte de agentes de inteligencia. Fuentes oficiales señalaron que lo que se quiso decir es que los espías están en condiciones de frenar a una persona, ya sea porque corre riesgo o porque está por obstaculizar involuntariamente un operativo del servicio de inteligencia. El diccionario de la Real Academia de Letras define a la palabra aprehender de la siguiente forma: "Coger, asir, prender a alguien, o bien algo, especialmente si es de contrabando", y cita como palabras similares, entre otras, a "capturar", "detener" y "aprisionar". La intención del Gobierno sobre las facultades de sus agentes de inteligencia debería ser más clara si no quiere chocar de frente con la Real Academia o cometer un abuso de poder. Funcionarios mileistas señalaron también que tales modificaciones a la ley de inteligencia están espoleadas por la situación internacional y el alineamiento del Presidente con Donald Trump y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que provocó ya una amenaza explícita a la Argentina de parte del gobierno teocrático y autoritario de Irán. También dijeron que la ley de 2001 se hizo antes de los más importantes progresos tecnológico en el universo de Internet, y que estos permitieron luego hasta la incursión de ciertos países en elecciones de otros países. Se refieren a Rusia, sin nombrar a este país, porque solo el gobierno del déspota Putin se metió en varias elecciones del mundo occidental. Mencionan, por último, que las reservas de petróleo y gas de Vaca Muerta y la potencial existencia de las llamadas tierras raras (contienen varios minerales utilizados en el mundo actual de la tecnología) en algunas provincias argentinas exponen al país a la penetración de servicios de inteligencia extranjeros.Es cierto que tales novedades existen en el mundo de hoy, pero ¿por qué es necesario no tener en cuenta a la Constitución argentina para garantizar la seguridad de los argentinos? El hecho de que los agentes de inteligencia estén facultados en estos momentos para detener a personas (llamemos a las cosas por su nombre) es claramente violatorio de dos disposiciones constitucionales. Nadie puede ser detenido sin orden judicial, salvo en el caso de flagrancia. Es decir, cuando agentes de las fuerzas de seguridad (o un civil) asisten a la perpetración de un delito, aunque tienen la obligación de darle intervención urgente a la Justicia. La otra ilegalidad consiste en que la Constitución prohíbe que los decretos de necesidad y urgencia dispongan sobre cuestiones penales, tributarias y electorales. Y cuando se habla de "aprehender" o de detener a personas se está entrando en territorio de cuestiones penales.El Congreso suele ser muy lento; de hecho, rechazó solo un decreto de necesidad y urgencia desde el año 2006, que fue cuando Cristina Kirchner le hizo un favor a su marido y terminó favoreciendo también a Mauricio Macri y a Milei. El único DNU rechazado en 20 años fue uno de Milei por el que disponía un aumento de 100.000 millones de pesos para la SIDE. El servicio de inteligencia está siempre en los desafueros del gobierno actual. Pero como se trata de una interpretación constitucional, la última palabra la tendrá siempre la Corte Suprema de Justicia. Su función última en la vida es precisamente interpretar la letra y el espíritu de la Constitución. En 2021, y cunado todos los jueces supremos de hoy estaban en sus actuales cargos, la Corte escribió sobre los decretos de necesidad y urgencia que el Poder Ejecutivo puede dictar esas decisiones solo cuando se cumplen dos condiciones: cuando el trámite constitucional no se puede cumplir y el Congreso no puede sesionar o cuando existe una situación grave que requiere de una urgente solución. Se han presentado hasta ahora cinco pedidos de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo de la Justicia, que es donde se litiga contra las decisiones del Estado, para que ese decreto de necesidad y urgencia sea declarado inconstitucional. Veinticuatro horas después de que Milei firmara ese DNU, también el Poder Judicial entró en receso, que concluirá el próximo lunes. El juez de turno Walter Larra Correa y el fiscal Fabián Canda se negaron a habilitar la feria de enero para tratar la constitucionalidad del decreto; argumentaron que el tema merece tener su juez natural y esperar la decisión final sobre si las cinco causas estarán -o no- en un mismo juzgado.Una vez que se haya conocido el fallo de un juez de primera instancia, cualquiera de los cinco querellantes podrá pedir un per saltum para apelar directamente ante la Corte Suprema. Dicho de otra manera: para saltar por encima de una Cámara. Sera la propia Corte Suprema la que luego decidirá si aceptará o rechazará el per saltum. Varios juristas que suelen frecuentar la Corte Suprema aseguran que el caso de este decreto, que tuvo el rechazo casi unánime de los constitucionalistas, no tendrá un trámite largo en el máximo tribunal de justicia del país. "La violación de la Constitución es muy clara. La Corte no necesitará mucho tiempo para estudiar un expediente breve", adelantó uno de esos constitucionalistas. La Justicia puede ser, claro está, mucho más rápida que el Congreso.Ese decreto preocupa también especialmente al periodismo, porque amplia el secreto y la responsabilidad por la difusión de información supuestamente vinculada a la seguridad nacional, aunque no establece ningún límite ni tiene claridad para señalar cuál sería esa información. Ese instrumento es peligroso de especial manera en manos de un presidente como Milei, acostumbrado a vapulear verbalmente al periodismo, y que aspira a una prensa sumisa con él. Ayer cometió ese garrafal error con la periodista Sofía Diamante, quien escribió en LA NACION una crónica sobre lo que podría hacer la multinacional Techint luego de haber perdido una licitación privada para construir cientos de kilómetros de caños sin costura para un gasoducto. Ese producto lo necesita un consorcio de varias empresas, la mayoría privadas con excepción de una minoritaria participación de YPF. La periodista recabó la información sobre la reacción de Techint (consultar con todas las partes es también el deber del periodismo), pero al mismo tiempo consignó en su crónica todo el proceso que terminó con la compra de los caños a una empresa de la India. Ni siquiera escribió una opinión personal sobre ese diferendo entre privados. Milei usó su poder presidencial para ponerles degradantes apodos tanto a Diamante como el CEO de Techint, Paolo Rocca. No es lo que se espera de un jefe de Estado. Un presidente tiene también el deber de preservar la dignidad del cargo que ocupa.
Una mujer quedó envuelta en investigaciones penales luego de que su nombre figurara, por error, como titular de una línea usada para delinquir. La Cámara Civil confirmó la responsabilidad de la compañía y ordenó el pago de una compensación económica ampliada por el daño moral y psicológico
La Cámara Civil confirmó la decisión de primera instancia que desestimó la responsabilidad de la propietaria del centro comercial por un reclamo de lesiones. El tribunal destacó la falta de pruebas clave en un proceso iniciado hace casi una década
Carmen Mejía, la niñera condenada por el caso del bebé Abelardo Casiano, fue declarada inocente en un sorpresivo fallo por la Justicia de Texas. ¿Qué pasó con su caso?La nueva evidencia que demostró qué ocurrió con la víctima y con la acusada.
Según denuncias obtenidas por Infobae Colombia, Dary Cruz, quien habría firmado declaraciones de insubsistencia, salió en el último remezón de la entidad
Desde que tenía 9 años, Alexandra Velazco conoce el rostro del niño que desapareció un 24 de diciembre de 2010 en su ciudad, Clorinda, provincia de Formosa. "Juan Agustín Bataglia tiene 8 años y su familia lo busca desesperadamente", era la leyenda de las fotocopias en blanco y negro que mostraban la foto del niño y que ella veía en paradas de colectivos o cada vez que acompañaba a su mamá al almacén. Hoy, Alexandra tiene 25 años y pasó de ser una observadora más de ese drama que ya lleva 15 años a tener un papel importante en la reactivación de la búsqueda de Juan Agustín. Es que hace poco más de un mes se enteró de que la Justicia formoseña nunca atendió los pedidos de la madre del niño para que se hiciera la progresión del rostro, es decir una simulación de cómo se vería actualmente, a sus 23 años. "La de Juan Agustín es una familia muy humilde, sin recursos. Sentí que estaba abandonada a su suerte en la búsqueda y me di cuenta de que yo podía ayudarla", cuenta a LA NACION Alexandra, que estudió fotografía y producción audiovisual, y es la responsable de la imagen de Juan Agustín adulto que hoy recorre toda Formosa y el país gracias a quienes la viralizan en redes sociales y gracias a organizaciones formoseñas o nacionales como Missing Children. "Ese ángel hizo lo que la Justicia y las autoridades no hicieron en todos estos años. Apenas vi la foto empecé a llorar porque es muy parecido a mi marido de joven, ahora tengo la esperanza de que va a aparecer", dijo hace unas semanas Norma Vallejos a LA NACION sobre Alexandra. La joven cuenta que el caso de Juan Agustín es muy conocido en la provincia y causa indignación, ya que la Justicia, a pesar de los pedidos de la familia, tampoco cambió la carátula del caso de "desaparición de persona sin sustracción" a "trata de personas". Es que el niño desapareció esa tarde previa a Navidad cuando hacía compras con su abuela cerca de un paso fronterizo con Paraguay. Su madre denuncia desde esa época que la búsqueda estuvo activa solo una semana, que la Justicia nunca analizó imágenes de cámaras de seguridad ni consideró trabajar con Paraguay y Brasil."En tres días y desde tres países"Para trabajar sobre la imagen de Juan Agustín, Alexandra le pidió ayuda a dos amigos, que como ella trabajan en el rubro de la fotografía y la producción audiovisual. "Nathean es estadounidense y fue mi primer profesor de fotografía; Iván es paraguayo y un colega", dice sobre los dos jóvenes que comparten apellido Acevedo porque son primos lejanos. "Yo quería que el resultado fuera profesional. Lo hicimos en tres días y desde tres países porque Iván trabaja en Estados Unidos y Nathean, en Paraguay", dice. En ese proceso, hubo algunas dificultades que demoraron el resultado: "Nathean trabaja tomando imágenes de la naturaleza y estaba en el chaco paraguayo, que es puro monte y no hay buena señal. Entonces para intercambiar opiniones y las imágenes tenía que buscar los árboles más altos y subirse. Pero finalmente lo logramos".Con programas como Adobe Photoshop y software de Inteligencia Artificial, cada uno hizo su versión de cómo se vería Juan Agustín hoy. Alexandra trabajó con las tres imágenes para sintetizarlas en una sola. "Cuando crecemos, lo que no cambia son los huesos, los rasgos del rostro, el tono de piel. Yo me encargué del retoque final porque no quería perder nada de eso e hice una versión con pelo largo y corto", explica."Se quedó muda y se puso a llorar" Cuando Alexandra y sus amigos llegaron a esas dos imágenes de Juan Agustín con 23 años, la joven buscó a la madre, Norma Vallejos, en las redes sociales. Una semana antes de que se cumplieran 15 años de la desaparición del niño, la encontró en Facebook y le envió un mensaje con su número de celular para que la contactara. Cuando Norma le escribió por WhatsApp, a Alexandra se le hizo un nudo en la garganta de los nervios. Le preguntó si le podía enviar una progresión de la imagen de su hijo. Ella aceptó. "Me llamó, le mandé la foto, se quedó muda un rato largo y se puso a llorar. Me dio las gracias feliz, me dijo que era igual a su marido de más joven", cuenta y sigue: "Habíamos logrado una imagen con un alto porcentaje de coincidencia sin tener a mano esa información. Sentí una gran alegría porque si un día se cruza con su hijo lo va a conocer". Hoy la foto de un Juan Agustín con 23 años llegó no solo a la población de Clorinda. Missing Children la publica en sus redes y ya han recibido varios llamados no solo desde Formosa, también desde Paraguay y Brasil. La joven le ofreció su ayuda a esa organización para actualizar los rostros de niños buscados y que hoy serían adultos."Sería importante que la Justicia formoseña tome esta foto y comience a trabajar con las autoridades de los países limítrofes para encontrarlo. Estamos a pasos de ambos países y no puede ser que nunca se lo haya buscado allí", dice Alexandra, que desde marzo comenzará a grabar un documental sobre la desaparición de niños. "Queremos partir del caso de Juan Agustín para mostrar lo necesario de que haya un protocolo de búsqueda, capacitación y que se ayude a las familias menos pudientes como la de este niño", cuenta Alexandra. La madre de Juan Agustín no se cansa de decir que la joven es un ángel. Alexandra dice que solo se dio cuenta de que podía dar una mano y lo hizo: "La Justicia tiene muchas herramientas para hacer lo que hicimos en un día. A nosotros nos tomó tres y lo hicimos con profesionalidad y corazón. Es cuestión de escuchar, hacer las cosas bien, trabajar en equipo, ayudar".Si sabés algo sobre Juan Agustín u otro niño perdido, contactá a:La línea 134 del Ministerio de Seguridad, que es gratuita y anónimaMissing Children: 11 4157-3101Red Infancias Robadas FormosaMás informaciónSi querés saber más sobre el caso de Juan Agustín: hacé clic aquíSi querés saber qué es lo que hay que hacer durante las primeras horas de desaparición de una persona, podés entrar a esta guía de LA NACION con toda la información necesaria sobre cómo proceder."Quiénes son y qué les pasó a los niños desaparecidos de la Argentina". En este informe especial, LA NACION reconstruye sus historias junto a familiares que, en soledad y sin ayuda del Estado, viajan por el país detrás de una pista que los ayude a reencontrarse con ese niño que un día alguien se llevó.La investigación especial "Qué les pasó a las 5000 mujeres perdidas que el Estado no sabe cómo buscar", hecha por LA NACION visibiliza las ineficiencias de policías, fiscales y jueces para buscar a las mujeres desaparecidas.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, brindó definiciones sobre el proyecto de ley de Penal Juvenil que el Gobierno incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas entre el lunes 2 y el viernes 27 de febrero. La iniciativa contempla la baja de la edad de imputabilidad y, según el funcionario, responde a un cambio profundo en el contexto social desde la sanción de la normativa vigente."La edad de 16 años se fijó en 1980. Es una ley que no dice nada. El joven de 1980 no es el joven de 2026: hoy es un joven atravesado por la droga, la violencia y muchísimos otros factores", sostuvo.En ese sentido, Cúneo Libarona afirmó que el proyecto busca alinearse con los sistemas penales de otros países. "En Inglaterra la edad es bajísima, en todos los países es más baja. Nosotros nos tenemos que aggiornar a la realidad en la que vivimos", remarcó."Al ser inimputables se cree que no comprenden la criminalidad del acto... Hay que prevenir, ¿pero qué haces cuando ya cometieron el delito?", cuestionó en diálogo con radio Rivadavia.Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La "Ley Penal Juvenil" también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias.Fin. pic.twitter.com/GSM6HHrI5g— Manuel Adorni (@madorni) January 26, 2026El ministro explicó que, de aprobarse la iniciativa, se creará un sistema penal específico para menores de 13 años. "Habrá una figura de supervisor: tienen que tener una persona a cargo que avisa a la familia y hace un seguimiento hasta comprobar que esté en buen estado", detalló."No se trata de una cárcel común, de régimen de mayores. [Los condenados] van a estar sometidos a un tratamiento educativo obligatorio, en el que aprenden un oficio y deportes. Hay que educar y resocializar, es tratar de darles otra oportunidad. Tienen que reinsertarse en la sociedad", enfatizó.Cúneo Libarona dijo que el Gobierno prevé construir estos espacios en terrenos ya disponibles en los complejos penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz. "Van a estar aislados de los mayores, en lugares en donde se puedan desarrollar bloques según su connotación social, su nivel de violencia y su delito. Eso se puede hacer, no tiene altos costos", aseguró.Además, afirmó contar con el respaldo de operadores judiciales especializados. "Me reuní con jueces y fiscales de menores y todos me apoyan", aseguró y adelantó: "Dicen que tiene que haber un cambio, el régimen actual es injusto para la víctima porque lo dejás en la calle. Tiene que haber una solución: no estamos en 1980, hay un mundo distinto. Hay mucha criminalidad, mucha impunidad. No se puede tolerar. Está muy revisada la ley. Podemos discutir 13 o 14 años, pero importa el sistema y la resocialización al menor". Por último, el ministro se refirió a versiones sobre una eventual salida del gabinete y aseguró que continuará al frente del Ministerio de Justicia por pedido del presidente Javier Milei. "Pensé que había cumplido mi ciclo, pero Javier y otros funcionarios me pidieron que me quedara", reveló y marcó: "Voy a cumplir mi ciclo de la forma más responsable hasta el último día. Estoy agotado, pero trabajando, y voy a hacer el mayor esfuerzo hasta que Javier lo decida y el tiempo que sea necesario".
El tribunal ha rechazado el recurso presentado al entender que los trabajos puntuales de la hija, que sigue estudiando, no le otorgan autonomía económica; y que la situación del progenitor no ha variado desde la sentencia anterior
Dos cirugías, meses de recuperación y la frustración de no recibir apoyo institucional. El enfrentamiento entre un jugador y una entidad deportiva expuso diferencias sobre lo que define el amateurismo y el profesionalismo
La sentencia ordena el pago de una compensación tras un accidente causado por una pieza mecánica en la ruta, que los damnificados no pudieron evitar. El juez determinó que los daños físicos, psicológicos y materiales sufridos se deben a una falla en el deber de seguridad de la empresa
Se trata de Pablo Santos, que a partir del 1° de febrero será reemplazado por el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, pero seguirá en el equipo del organismo.El saliente funcionario está sospechado de encubrir coimas en la denominada causa Securitas.
"Dejá de subir giladas porque ya te busco y te re cago a balazos", fue uno de los mensajes que recibió la víctima en redes sociales.Por el crimen hay tres menores detenidos y la madre de uno de ellos.
La condena a seis años contra un hombre en Santa Cruz nunca llegó a cumplirse. Tras una detención ocurrida varios años después, el tribunal entendió que la facultad estatal para hacerla efectiva se encontraba extinguida
Andrés Idárraga, actual jefe de esa cartera, recientemente denunció que está siendo víctima de un supuesto espionaje
La sentencia determina que tanto la firma como su antiguo asesor deben resarcir económicamente a una mujer que fue engañada al adquirir pasajes inexistentes, en una causa donde la relación laboral fue factor clave
A diez días de la detención de Néstor Maldonado, la fiscalía evalúa su situación procesal mientras Tania continúa internada y aún no declaró. El expediente avanza con peritajes médicos y versiones contrapuestas. Leer más
La sentencia deja claro que el Consistorio notificó incorrectamente el expediente sancionador y que cuando el expediente aún no es firme no se pueden detraer los puntos del carné. Automovilistas Europeos Asociados abre la puerta a que 10.000 conductores puedan recuperar puntos
El portavoz de la asociación considera que este aumento permitirá repartir mejor la carga de trabajo en los tribunales, mejorar la calidad del servicio y facilitar la incorporación de nuevas promociones judiciales, según una nota oficial
Fue en un caso donde un hombre afirmó haber caído de una formación en movimiento. La Cámara Civil concluyó que no pudo probar los hechos en los que basaba su reclamo, por lo que rechazó la demanda y le impuso el pago de las costas judiciales
El traslado del ciudadano fue realizado bajo estrictos protocolos de seguridad tras una orden judicial, en cumplimiento de tratados internacionales vigentes entre ambos países y con participación de agencias estadounidenses en la recepción del acusado
Manuel Poceiro, de 69 años, fue sentenciado a cadena perpetua luego de que admitiera delitos de explotación sexual contra menores a quienes contactó durante sus visitas a Colombia
La inquebrantable entidad que reúne a los reporteros gráficos 'jamás se olvidó de Cabezas', y el ataque del año pasado que casi le cuesta la vida a Grillo renovó el reclamo de que "pedir Justicia o ejercer el periodismo dejen de ser un peligro". Galería de imágenes. Leer más
La Cámara Comercial confirmó un fallo que exige al banco devolver el dinero sustraído a la damnificada y pagarle una suma por el daño sufrido. La sentencia puso en la mira la respuesta de las entidades financieras frente a este tipo de delitos
Después de un proceso de más de nueve meses, el 25 de enero de 1971 un tribunal de Los Ángeles condenó a muerte a los cinco miembros del clan por los asesinatos de siete personas en apenas dos noches. No fueron ejecutados porque poco después California abolió la pena de muerte. Las actitudes escandalosas del líder y sus seguidores durante el juicio y los diferentes caminos que siguieron en la cárcel
Según una jurista, los representantes del gobierno de Estados Unidos buscaban elementos con el objetivo de influir en el sistema judicial francés.
El ministro de Justicia señaló la localización de los responsables de fraudes recientes, mientras la Fiscalía y Defensa destacaron la ausencia de secuestros y carteles en el territorio
La demanda presentada por una de las hijas buscaba impedir el estreno de la ficción basada en una novela, pero la Cámara Civil porteña entendió que no se daban los supuestos para una restricción preventiva
Andrea del Pilar Verdugo será asesora en el Ministerio de Ambiente liderado por Irene Vélez, con la que trabajó en la cartera de Minas
Dos integrantes del pleno emitieron votos singulares con observaciones sobre la calificación de las faltas imputadas en el procedimiento
El empresario argentino Martín Eduardo Delloca se presentó ante el juez federal de Campana Adrián González Charvay para explicar su papel en la creación de una serie de sociedades en Miami que recibieron giros millonarios de los fondos de la AFA. Asistido por su abogado, Andrés Agustín Gramajo, Delloca manifestó su decisión de concurrir por "derecho propio" y con un "espíritu estrictamente colaborativo".En un escrito de cuatro carillas, al que tuvo acceso LA NACION, el empresario argentino, que también tiene nacionalidad estadounidense, sostuvo que su función se limitó a tareas administrativas y que no tuvo control sobre el dinero. Dijo que solo actuaba como "manager". "En los Estados Unidos el manager se limita pura y exclusivamente a ejercer un rol de gestoría, liquidador de impuestos y representante frente a cuestiones de carácter meramente administrativas que puedan dificultar el normal desenvolvimiento de la sociedad", aclara en la presentación. LA NACION reveló la participación de cinco sociedades "fantasma" creadas en el estado de Florida y con el mismo domicilio legal: la oficina 1130 "A" de la avenida Brickell número 848 de la ciudad de Miami. Esas sociedades emitieron once facturas, por un total de 3.745.090 dólares. Previamente, la AFA ordenaba a los intermediarios pagar en presunta contraprestación por supuestos servicios genéricos como "campaña de marketing digital en redes de Internet" (Samtak y MS Innovation), "tercerización y consultoría de procesos administrativos" (Arcofisa), y "servicios de consultoría" (SCH Consulting y MLS Global).Detrás de cuatro de esas sociedades "pantalla" (MS Innovation Tech, MLS Global Trading, Arcofisa y SCH Consulting) aparece Diego Martín Schrager, según constató LA NACION. Se trata de un argentino de 48 años con domicilio en Suipacha al 1100 de la ciudad de Buenos Aires. En algunos documentos públicos se presentó como "empresario" y en otros como "comerciante". Afronta problemas crediticios y comerciales â??está en situación 3, "con problemas/riesgo medio"â??, y llegó a estar en situación 5. Es decir, "incobrable", de acuerdo a los registros que LA NACION consultó en el país.En la Argentina, Schrager aparece vinculado a una sociedad de nombre casi idéntico a una constituida en Miami â??Arcofisa SAâ?? y preside además la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Libertador General San Martín Limitada, con domicilio legal en el piso 7 de la calle Reconquista 144 de la ciudad de Buenos Aires, en pleno corazón de la city porteña, donde funcionaría como "cueva", que llevó adelante operaciones con Bybit Fintech, según las fuentes consultadas por LA NACION. Es decir, operó con una contratista de la AFA.Detrás de la quinta sociedad, Samtak LLC, aparece otro argentino, de 46 años. Se trata de Darío Francisco Samaniego, con domicilio fiscal en Banfield, Lomas de Zamora, que también se presenta como "empresario" y aparece como accionista de Gurruchaga Inversiones SA, junto a Alan Esteban Rasumoff.Schrager y Samaniego no son caras conocidas en la city porteña. Tampoco serían los últimos eslabones de la cadena. Hubo al menos otras cuatro "cuevas" adicionales en la ciudad de Buenos Aires por donde se movieron los fondos de la AFA. Tres en la avenida Corrientes número 456, en el edificio Safico; y una cuarta, en la misma avenida, pero a una cuadra de distancia, en el número 327. Y las cuatro mantuvieron un ida y vuelta continuo con Juan Pablo Beacon, según reconstruyó LA NACION durante las últimas semanas.Aunque no mencionó a esas sociedades, Delloca aclaró que no conoce la actividad de sus representados ni el origen de los fondos. Y destacó que lleva su actividad a través de la empresa Blue Max Partners Corp, que representa a más de mil empresas en todo el mundo.
El artista español había solicitado el jueves el archivo al considerar que la justicia española no tiene jurisdicción. Dos exempleadas de las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas presentaron sus acusaciones el 5 de enero. Leer más
La esposa de Bernardo Bravo Manríquez afirmó que la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano no cierra el caso y exigió que el proceso judicial avance con diligencia y apego a derecho
El Ministerio Fiscal archivó la causa por "falta de jurisdicción de los tribunales españoles" para avanzar en la investigación de los hechos por los que dos expleadas acusan al cantante.
Legisladores demócratas impulsan una estrategia que busca bloquear el financiamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y avanzar en su reemplazo por una nueva agencia federal bajo la órbita del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). La propuesta es liderada por el congresista Ro Khanna, demócrata por California.Demócratas buscan desmantelar el ICE y reemplazarlo por una nueva agenciaLa iniciativa tiene como eje la idea de que el ICE ya no puede ser reformado y que su continuidad bajo el esquema actual resulta incompatible con el respeto a los derechos humanos y el control democrático. En diálogo con la agencia de noticias EFE, el congresista Ro Khanna, representante por California y referente del ala progresista, sostuvo que los líderes demócratas planean votar en contra de los fondos destinados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), debido al fuerte incremento previsto para el presupuesto del ICE. Según denunció, el financiamiento de la entidad "literalmente va a triplicarse", con la incorporación de 18.000 millones de dólares anuales durante cuatro años, que se sumarían a los aproximadamente US$10.000 millones que ya recibe cada año."Necesitamos votar para recortar los fondos del ICE. Francamente, necesitamos demolerlo y empezar una nueva agencia federal que esté bajo el Departamento de Justicia", afirmó Khanna. Además, el legislador calificó de "inaceptable" que otros demócratas avalen un presupuesto que considera inflado y peligroso. Para el congresista, la clave no es eliminar la aplicación de la ley migratoria, sino trasladarla a una estructura distinta, con mayor supervisión y estándares legales más estrictos.El ICE y su expansión récord: presupuesto y aumento de agentesEl rechazo demócrata al aumento de fondos se apoya en datos recientes sobre la expansión del ICE. El pasado 3 de enero se difundió que la agencia incrementó su fuerza en un 120% tras la contratación de 12.000 nuevos oficiales, lo que elevó su plantilla total a unos 22.000 efectivos. Según señaló Khanna a EFE, esta expansión se enmarca en la denominada "One, Big, Beautiful Bill Act" firmada por el presidente Donald Trump el 4 de julio del año pasado. Esa legislación, según explicó el legislador, encamina al ICE a convertirse en la mayor agencia de seguridad de Estados Unidos, con un presupuesto estimado en US$75.000 millones, una cifra superior incluso al presupuesto de casi todos los ejércitos del mundo.Para los opositores que impulsan el recorte, este nivel de recursos no solo resulta desproporcionado, sino que además alimenta prácticas que consideran abusivas. "No podemos tener demócratas cómplices en financiar un ICE que está deteniendo ciudadanos estadounidenses, matando ciudadanos estadounidenses, cometiendo atroces violaciones de derechos humanos en inmigrantes", advirtió Khanna.Otro proyecto en el Congreso apunta a abolir el ICEEn paralelo a la estrategia de bloquear fondos, otros demócratas avanzan con proyectos concretos para eliminar formalmente al ICE. Según informó The Hill la semana pasada, el congresista Shri Thanedar, representante por Michigan, planea presentar el denominado "Abolish ICE Act", una iniciativa que busca disolver la agencia y poner fin a su autoridad de aplicación.Durante una conferencia de prensa, Thanedar describió al ICE como un organismo "más allá de toda reforma" y aseguró que se encuentra "totalmente fuera de control". El legislador sostuvo que Estados Unidos puede aplicar sus leyes migratorias sin necesidad de mantener al ICE, al recordar que antes de su creación en 2003 otras agencias federales cumplían esas funciones."Podemos hacer esto sin el ICE", afirmó Thanedar, en declaraciones citadas por The Hill, al cuestionar lo que definió como una estructura de tipo paramilitar que, según él, aterroriza a ciudadanos estadounidenses, madres y niños.
La empresaria y celebridad puso voz a su doloroso pasado para impulsar leyes que protejan a víctimas de deepfakes
El accidente, sucedido hace más de 10 años, dejó 81 víctimas mortales y más de 140 heridos
El dictamen médico reveló que la víctima sufrió cuatro lesiones en el pecho, dos en el brazo izquierdo y una en el derecho
El tribunal destacó que "cualquier persona en condiciones normales hubiera podido apreciar que se trataba de un pozo profundo"
Sobre el preso pesan cinco condenas por delitos de lesa humanidad. Leer más
Los familiares acusan al Gobierno de negligencia y critican la falta de inversión en la seguridad de las infraestructuras ferroviarias tras la tragedia
Banda es acusada de trasladar grandes cantidades de cocaína desde Colombia, utilizando empresas y alianzas con grupos armados
Este jueves debe comenzar la exhibición de los registros. El miércoles por la noche empezó a circular una nómina de 15 mil hojas con los nombres de todos los afiliados en condiciones de votar, pero desde la conducción partidaria aclaran que no es el oficial
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ratificó el cese de desmontes ilegales en la Reserva Arroyo Perucho Verna y ordenó la recomposición del ecosistema con control provincial y municipal
Fuentes oficiales confirmaron que fue apartada de la carrera internacional tras ser sancionada por acoso laboral y enfrentar la oposición de dos miembros clave del Consejo de Seguridad de la ONU
El abogado de la familia pidió una investigación para detectar el origen de la filtración. El joven fue asesinado en diciembre de 2025.
Un análisis reciente advierte que la mayoría de las denuncias no llega a tener fallo condenatorio, situación que se atribuye a deficiencias presupuestarias, sobrecarga laboral y políticas de opacidad institucional
Luego del escándalo de Julio "Chocolate" Rigau, una nueva investigación judicial sacude a la Legislatura bonaerense. Ayer, se amplió la imputación de los empleados de planta permanente del Senado, detenidos el 29 de diciembre pasado. Están acusados de haber abusado sexualmente de cuatro mujeres. Los imputados militaban en una agrupación kirchnerista de La Plata y uno de ellos había trabajado también en la municipalidad.La causa por abuso sexual tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2, a cargo de la fiscal Betina Lacki, quien solicitó a fines del año pasado la detención de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz. Según consignó Ignacio Fernández Camillo, abogado de tres de las víctimas, son cuatro las denunciantes por abuso sexual: dos lo hicieron en 2019 y otras dos en 2025. A raíz de estas últimas dos denuncias fue que se avanzó con las aprehensiones a fin del año pasado. Y ayer se amplió la imputación por los otros cinco episodios denunciados en 2019. "Hay una quinta víctima, pero no denunció abusos sexuales. Denunció lesiones y amenazas en la puerta del Senado en 2014â?³, detalló el letrado a LA NACION.Rodríguez está imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" y Silva Muñoz como "partícipe necesario" de esos actos, agravados en algunos casos por privación ilegítima de la libertad y empleo de armas. Empezarán hoy los peritajes de los dispositivos electrónicos de los detenidos.Ambos imputados operaban bajo el paraguas de "La Orden de la Luz", una estructura con características de secta que habría captado a algunas de sus víctimas en movilizaciones políticas y con promesas de trabajo en el sector público, de acuerdo a lo que surge del expediente judicial. Contaban, además, con una larga trayectoria en la política local. Tanto Rodríguez como Silva Muñoz integraban la planta permanente del Senado bonaerense y militaban en el Movimiento Ciudadano La Capitana, una agrupación peronista de la capital provincial que, en el último tiempo, volcó su apoyo al gobernador Axel Kicillof.La Capitana nació en 2018 como un desprendimiento del frente Unidos y Organizados, una estructura militante en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue precisamente su hermana, Giselle Fernández, quien lideró durante muchos años la agrupación en la que recalaron Rodríguez y Silva Muñoz.Según informaron a LA NACION tres dirigentes del Partido Justicialista consultados por separado, Fernández había abandonado la conducción del movimiento hace años, una vacante que habrían cubierto los imputados. En enero de 2022, Luis D'Elia había compartido en sus redes sociales un video â??que hoy no está disponibleâ?? en el que la hermana de la exmandataria explicaba los motivos de su salida.En el último tiempo, y con el peronismo atravesado por una fuerte interna entre Kicillof y el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, La Capitana buscó acercarse al gobernador. El 22 de febrero de 2025, el mismo día en que el mandatario provincial lanzó el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la filial bonaerense de la agrupación compartió un posteo bajo la consigna "Es con Axel" en su cuenta oficial de Instagram. Desde entonces, militan a Kicillof en sus redes sociales y participan de actividades organizadas por el MDF. View this post on Instagram En la agrupación de Kicillof reconocen que tanto Rodríguez como Silva Muñoz se presentaban en actos del movimiento, pero niegan una conexión directa con ellos. "En dos actos me los crucé", indicó a LA NACION un militante del MDF, pero aclaró que el movimiento no cuenta con una estructura orgánica a la que pudieran integrarse formalmente los imputados y que la mayoría de sus actividades son abiertas a todos los que respalden al gobernador. "Vienen a los actos los que se referencian en Axel, se acercan y se sacan fotos. Acompañaban y eso, pero no eran parte del MDF", explicó.Otro referente de la agrupación de Kicillof que pidió preservar su identidad ratificó esta versión. "No dependían de nosotros, pero siempre andaban dando vueltas", dijo. Según su reconstrucción de los hechos, La Capitana había sido incorporada a una lista de difusión de actividades del frente, lo que permitió que estuvieran al tanto de su agenda durante varios meses. Ambos imputados habrían sido apartados de este esquema en agosto de 2025, luego de que empezaran a circular en el MDF versiones sobre las denuncias por abuso sexual en su contra.El paso de Rodríguez por La Capitana también le valió para conseguir, en 2019, una candidatura en La Plata. Integró la lista de concejales de la boleta que encabezaba la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, que se postulaba para la intendencia de la capital bonaerense, pero cayó ante el candidato de Pro Julio Garro. Silva Muñoz, por su parte, fue precandidata a concejala de La Plata por el Frente de Todos en 2021.En 2023, en tanto, su agrupación respaldó la candidatura a jefe comunal de Gastón Castagneto, militante kirchnerista e hijo de Carlos Castagneto, diputado nacional de Unión por la Patria y extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Alberto Fernández (2022-2023). Ese apoyo habría sido la puerta de ingreso a la municipalidad de La Plata, hoy a cargo del peronista Julio Alak.En las PASO municipales de 2023, el peronismo presentó cinco listas para la intendencia encabezadas por Paula Lambertini (extitular de la Anses local), Guillermo Escudero, Luis Arias y los ya mencionados Castagneto y Alak. Esta última fue la boleta que logró imponerse en la interna y que, en los comicios generales de noviembre, le arrebató la intendencia a Pro por una diferencia de poco más de 600 votos.Según reconstruyó LA NACION, ante este ajustado triunfo, en diciembre de 2023, Alak cerró un acuerdo con todas las agrupaciones peronistas que habían disputado las PASO, lo que permitió que algunos de sus dirigentes desembarcaran en la gestión. En este contexto, Castagneto juró como titular de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. Al poco tiempo, Rodríguez desembarcaría en esa cartera.En un decreto con fecha del 30 de octubre de 2024 y en el que se determinan los titulares autorizados y el fondo fijo para cajas chicas de cada repartición municipal, el imputado figura como responsable de la subsecretaría de Convivencia Ciudadana, dependiente de la secretaría de Castagneto. En la intendencia indicaron que ingresó al área en febrero de 2024 como asesor ad honorem, pero apenas duró ocho meses en el cargo y fue desplazado en octubre de ese mismo año.En registros oficiales de la municipalidad de La Plata también figuraba como funcionaria Melina Gaudino, señalada en la causa por abuso sexual. Conforme al testimonio de una de las víctimas, Gaudino â??a quien conocía desde 2017 por militancia compartidaâ?? se había comprometido a brindarle ayuda y le presentó a Claudio Yacoy, quien se ofreció a representarlas ante la Justicia. El abogado ya fue citado a declarar ante la fiscal.Según consta en la declaración, a partir de entonces, Gaudino habría informado a las víctimas sobre presuntos avances en la investigación que â??luego se enteraronâ?? no estaba en curso. "Nos dijo que estaba presentada la solicitud de tobillera, la prisión preventiva y que el primero de julio el juez de garantías había dictado la indagatoria de los imputados", continuó y especificó que nunca se les informó sobre el número de causa. Ante una serie de inconsistencias en la información que les aportaba Gaudino, una de las víctimas se presentó ante la fiscalía, donde se anotició de que no existía ninguno de los avances que se les había comunicado.Gaudino había sido designada en febrero de 2024 como directora general de Acceso a la Justicia y Asistencia a las víctimas de La Plata. Según indicaron en el municipio, fue desplazada en noviembre de 2024. Anteriormente, se había desempeñado en el Ministerio de Seguridad de la provincia, un área de la que fue desvinculada tras la asunción de Javier Alonso como titular de la cartera en diciembre de 2023.LA NACION intentó comunicarse con el Senado bonaerense para consultar por la actual situación laboral de los dos empleados imputados, pero en la Legislatura se negaron a brindar detalles y aseguraron que toda la información está a disposición de la Justicia. Las autoridades de la Cámara alta â??hoy a cargo de la vicegobernadora Verónica Magarioâ?? tampoco se expidieron públicamente al respecto.Según pudo saber LA NACION, previo a realizar las denuncias, una de las víctimas acudió al área de Género del Senado local para informar sobre los abusos. La oficina la habría contactado con el Ministerio de Mujeres y Diversidad y â??según señalaron en la carteraâ?? le brinda asistencia desde entonces."Se les aconsejó denunciar. Estos son delitos de instancia privada, no son delitos donde se pueda actuar de oficio", explicó a este medio Estela Díaz, ministra de Género bonaerense. "A fines de 2024, se empiezan a tener las reuniones y ellas recién llegan a denunciar a mediados del año pasado", continuó. La defensa de las víctimas confirmó que la Dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos del ministerio se puso a disposición.
Un fallo derivado de un acuerdo con la fiscalía cierra el proceso iniciado hace seis años por operaciones presuntamente irregulares asociadas a bienes adquiridos con fondos de origen dudoso en el centro de Roma
La Audiencia Provincial de Murcia mantiene así la obligación de pagar la pensión, habiendo considerado "muy extraño estar años mandando mensajes a un hijo que no responde, llamándole siempre 'cariño' y mandándole 'besitos'": "Si el sentimiento es real, buscará otras formas de acercamiento"
La resolución señala que el Ejecutivo transgredió el mandato legal de equidad al no alcanzar el mínimo de representatividad femenina requerido y descarta que se tratara de una obligación gradual o interpretable
Una jueza federal de Neuquén concedió una cautelar a favor de la petrolera luego de que se denunciara el bloqueo del camino hacia locaciones operativas en Aguada del Chañar y autorizó la remoción de obstáculos con auxilio de la fuerza pública
La Audiencia Provincial de Madrid obligó a esta empresa a rectificar por publicitar el 'eTítulo' como si tuviera la misma validez que el título universitario en papel. Un año después, la web del producto no ha cumplido la sentencia
Sostienen que no hay plata para la implementación y están evaluando enviar un nuevo proyecto al Congreso.
El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, hizo pública su preocupación mientras crecen los juzgados y fiscales vacantes. El tema no está en los temas para tratar en el Congreso.
El jefe de cartera señaló que planea coordinar una reunión con los implicados para esclarecer la información
El Parlamento Europeo frenó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur al dar paso a una consulta al Tribunal de Justicia. Con 334 votos a favor y 324 en contra, los legisladores europeos decidieron que sea la Justicia la que dedica si el convenio firmado en Paraguay respeta los tratados del bloque de los 27 miembros.
El titular de la cartera reclamó celeridad en las investigaciones tras la muerte del coronel (r) Renato Solano Osorio, ocurrida luego del atentado armado del 13 de enero, en el que también falleció un menor de 11 años
Pamela Bondi señaló que esto fue gracias a la administración de Trump y que los criminales pagarán por sus crímenes
La decisión de impugnar el pacto comercial paraliza su ratificación y genera incertidumbre sobre su entrada en vigor, mientras la Comisión Europea estudia los próximos pasos
El Parlamento Europeo resolvió enviar a la Justicia europea el acuerdo de libre comercio con el Mercosur tras una votación ajustada en Estrasburgo, una decisión que retrasa su entrada en vigor y reaviva la disputa política entre Francia y Alemania, mientras el pacto firmado en Asunción queda sujeto a una posible aplicación provisional, según informó AFP. Leer más
El ente es la autoridad judicial de la Unión Europea. Creado en 1952 y con sede en Luxemburgo, la corte tendrá la última palabra sobre el tratado tras la votación del parlamento regional.
ESTRASBURGO.- El Parlamento Europeo decidió este miércoles paralizar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur y remitir la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE, tras una votación realizada en esta ciudad. La iniciativa fue aprobada por 334 votos a favor y 324 en contra.La decisión implica que el máximo tribunal del bloque, con sede en Luxemburgo, deberá analizar si el acuerdo firmado recientemente en Paraguay se ajusta a los tratados constitutivos de la Unión Europea. El resultado de la votación fue recibido con gritos de júbilo por agricultores que protestaban frente a la sede del Parlamento, y lamentado por la Comisión Europea, cuya presidenta, Ursula von der Leyen, firmó el acuerdo el fin de semana pasado con los mandatarios del Mercosur.De la firma el pasado 18 de enero que formalizaron los cancilleres del Mercosur y los líderes de la Unión Europea participaron también como testigos de honor el presidente Javier Milei, su par de Uruguay, Yamandú Orsi, y el presidente anfitrión, Santiago Peña. También llegaron a Asunción los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Panamá, José Mulino, ambos países en distintas etapas de incorporación al bloque sudamericano.Desde la Comisión Europea cuestionaron la medida. "Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas", afirmó Olof Gill, portavoz del organismo. En tanto, el ejecutivo europeo tiene la opción de aplicar el tratado provisionalmente si así lo desea. El tratado crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo entre la UE, Brasil, la Argentina, Paraguay y Uruguay, que abarca a más de 720 millones de consumidores. El acuerdo requiere ahora la aprobación â??antes de entrar en vigor.Un grupo de 144 legisladores ya había presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE para que se â? pronuncie sobre si el acuerdo puede aplicarse antes de su ratificación plena por todos los â??Estados miembros y si sus disposiciones restringen la capacidad de la UE para establecer políticas medioambientales y de salud de los consumidores. El Tribunal suele tardar unos dos años en emitir tales dictámenes.La reacción de FranciaEl acuerdo tiene varios grupos de detractores, encabezados â??principalmente por Francia â??el mayor productor agrícola â??de la UEâ??, quienes alegan que aumentará drásticamente las importaciones de carne vacuna, azúcar y aves de corral baratas, lo que perjudicará a los agricultores nacionales, que protagonizaron repetidas protestas.En renvoyant l'accord Mercosur devant la Cour de Justice de l'Union européenne, le Parlement européen s'est exprimé en cohérence avec la position que nous avons défendue. La France assume de dire non quand il le faut, et souvent l'Histoire lui donne raison. Le combat continueâ?¦— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) January 21, 2026El gobierno de Emmanuel Macron reaccionó tras el anuncio de la votación. "El Parlamento Europeo se manifestó en consonancia con la postura de Francia", declaró este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot y añadió: "Francia está dispuesta a decir no cuando sea necesario, y la historia a menudo le da la razón"."La lucha continúa para proteger nuestra agricultura y garantizar nuestra soberanía alimentaria", escribió en su cuenta de la red social X.Con información de AFP y ANSA
Votó a favor de elevar el acuerdo entre la UE y el Mercosur ante la justicia europea para comprobar si es compatible con los tratados comunitarios.
Milei habla en el Foro Económico de Davos. El Presidente expone hoy a las 11.45 hora argentina según el cronograma oficial, donde se espera que su disertación esté enfocada en la actualidad de la geopolítica global y que reafirme su alineación con el gobierno de Estados Unidos. Su discurso tendrá lugar una hora después del de Donald Trump ante el foro que reúne a líderes políticos y económicos de todo el mundo. El Gobierno sigue buscando apoyos para la reforma laboral. El Ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con una serie de reuniones con gobernadores en busca de respaldo para el proyecto en el Congreso. Esta semana ya se encontró con el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz; hoy lo hará con Rolando Figueroa de Neuquén, y mañana se reunirá con Rogelio Frigerio de Entre Ríos.Un juez federal le exigió al Gobierno que aplique la ley de emergencia en discapacidad. El magistrado Adrián González Charvay le dio dos semanas al Gobierno para que implemente la ley de emergencia en discapacidad a partir del 4 de febrero. Además, el juzgado federal de Campana, donde se tramita un proceso colectivo que comenzaron dos padres, le dio cinco días al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad para informar el avance de los trámites para que se cumpla la normativa que fue sancionada por el Congreso.El Gobierno eliminó un aporte que debían hacer las empresas para acceder al régimen de Tierra del Fuego. La Secretaría de Industria y Comercio dejó sin efecto el 15% que estaba destinado a financiar el fondo para la ampliación de la matriz productiva fueguina. La medida llega después de la entrada en vigencia del arancel 0 para la importación de celulares.Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League. El Real Madrid goleó 6 a 1 al Mónaco por la séptima fecha del torneo más importante a nivel clubes de Europa. El tercer gol del merengue lo anotó el volante argentino, quien logró revertir la opinión de los hinchas y de los periodistas españoles, que se deshicieron en elogios por su actuación.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
Esta decisión llega apenas 12 días después de haber recibido el visto bueno por mayoría cualificada
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