Juicio a Gisella Dahiana Madrid por la muerte de Diego Maradona comienza con audiencia previa para definir pruebas y testigos, mientras se espera determinar responsabilidades en la tragedia del exfutbolista
El joven de 21 años enfrenta cargos de homicidio doblemente calificado por violencia de género y alevosía.
Dahiana Madrid es enfermera y es una de las personas acusadas de la muerte de Diego Armando Maradona. Será juzgada por un jurado popular. Hoy, en una audiencia preliminar, se esperaba que se definieran las pruebas que deberán presentar cada parte del proceso y la fecha de inicio, pero todo se postergó para fin de mes después de que el Ministerio Público Fiscal solicitara que el debate se realice después de juzgar al neurocirujano Leopoldo Luque y otros seis acusados, a cargo de un tribunal técnico.Así lo informaron a LA NACION fuentes que participaron de la audiencia preliminar que estuvo a cargo de la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro y a cargo de coordinar el jurado popular que definirá si la enfermera Madrid es culpable o inocente.La magistrada citó a las partes para el 28 de este mes. "Se realizó una audiencia preliminar donde se pidió que este juicio se realice con posterioridad al que serán juzgados los otros siete acusados. Se fundamentó la solicitud", explicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.Al pedido de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal Laura Capra, se sumaron los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, representantes de Dalma y Gianinna; Mario Baudry, a cargo de los intereses de Diego Fernando Maradona, el hijo menor del astro mundial del fútbol y Jana Maradona, otras de las hijas del Diez."La Fiscalía, con razón, intenta que este juicio se haga después del juicio contra los otros siete acusados", sostuvo a LA NACION Burlando.Rodolfo Baqué, defensor de Madrid, se opuso a la solicitud hecha por parte del Ministerio Público Fiscal."Después de exponer la teoría del caso, la jueza dispuso una nueva fecha para el 28 de octubre próximo donde se fijarán las pruebas y la fecha del juicio. No hay marcha atrás en este juicio, el debate se hace o se hace", afirmó a LA NACION Baqué.Los otros siete acusados son Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, Nancy Forlini, Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el médico Pedro Di Spagna. Serán juzgados por el TOC N°3 de San Isidro, integrado por erónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach, a partir del 11 de marzo próximo."Entiendo que corresponde hacer lugar a la solicitud de postergación de la audiencia debate formulada por las Defensas de los imputados Luque, Cosachov y Díaz, sin oposición de las demás partes de este proceso. La falta de oposición expresa de los representantes del Ministerio Público Fiscal, de los letrados que asisten a los cinco particulares damnificados, y las defensas de los restantes imputados, debe ser evaluada en el marco del proceso acusatorio que rige en la provincia de Buenos Aires", sostuvo en su voto el juez Savarino en la resolución donde se postergó el inicio del juicio para el próximo 11 de marzo.
La solicitud se dio en el marco del juicio Mansión Seré IV/RIBA II, que tiene un total de 133 víctimas. Según uno de los sobrevivientes, el pontífice "insistió en forma casi violenta" para su liberación. Leer más
El juicio programado por injurias y calumnias contra Óscar Puente en Valladolid queda suspendido tras el perdón otorgado por el ministro, quien estaba citado como testigo para el proceso
El hijo de Verónica Ojeda y el Diez se expresó en sus redes sociales."Es difícil entender todo lo que ha pasado", aseguró el joven.
Álvaro Uribe
A pesar de que la defensa de Néstor Aguilar Soto, el imputado, tenía la opción de apelar la decisión de llevar el caso a juicio, decidieron no hacerlo, lo que aceleró el proceso judicial. Leer más
El asesinato en julio de la estudiante de arquitectura Catalina Gutiérrez (21) conmocionó a la provincia. Su compañero de facultad Néstor Aguilar Soto (21) será juzgado por femicidio.
Gisella Dahiana Madrid será la primera de las acusadas en ser juzgada. Según consideró el letrado, es responsable de "abandono seguida de muerte".
La defensa de Néstor Soto no presentó ningún recurso para frenar el avance de la medida dictada por el fiscal José Maná. Leer más
El juicio por jurados comenzará este miércoles en el Tribunal Oral Criminal N°7 de San Isidro a las 10. La enfermera Gisella Dahina Madrid estará en la audiencia preliminar de su juicio pero no se espera que declare.
AVIÑÓN.- Dominique Pelicot, juzgado en Francia por drogar a su esposa durante una década para violarla junto a decenas de desconocidos, se ausentó nuevamente este lunes del mediático proceso, debido a que se sometió "a una operación médica"."No se encuentra bien. Debe someterse a una operación médica esta tarde. Le permití ausentarse hoy. Mañana veremos", explicó el presidente del tribunal de Aviñón, en el sur de Francia, que lo juzga, Roger Arata.Pelicot, de 71 años, se sometió el viernes a un examen médico, previsto desde hace varios días. Su abogada Béatrice Zavarro indicó a AFP que fue "bien" y que su cliente estaría presente el lunes en el tribunal.El hombre ya se ausentó una semana a mediados de septiembre por problemas intestinales, antes de que el tribunal adoptara medidas, como una silla adaptada, para que el principal acusado pudiera seguir el juicio.Este proceso, seguido con gran atención en Francia y en el mundo, que comenzó el 2 de septiembre, juzga hasta el 20 de diciembre a 51 hombres, entre ellos Pelicot, en su gran mayoría por violar a su ahora exesposa Giséle.Entre 2011 y 2020, el principal acusado administró a escondidas medicamentos a su esposa para dormirla y violarla junto a desconocidos contactados por internet. Los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión.La quinta semana de juicio se centrará en un tercer grupo de siete acusados, entre ellos Jéreme V., de 46 años, quien acudió seis veces al domicilio de los Pelicot para agredir sexualmente a Giséle.El presidente del tribunal anunció que consagrará el jueves por la tarde a debatir sobre su decisión de prohibir la difusión de los videos de las violaciones con público y periodistas en la sala.Los abogados de la principal víctima rechazaron esta decisión, en la línea del deseo de Giséle Pelicot de que este juicio, que consiguió que se celebrara con público, sirva para que "la vergüenza cambie de bando".Ausencias prolongadasDominique Pelicot se ausentó en varias ocasiones del juicio, citando problemas de salud como la necesidad de una operación médica reciente y problemas intestinales anteriores.Estas ausencias prolongadas han retrasado el proceso y generado preocupación entre las víctimas y sus abogados.Debido a su enfermedad, el juicio podría aplazarse, pero no suspenderse.El caso de Dominique Pelicot conmocionó a Francia y al mundo por su brutalidad. Durante casi una década, Pelicot drogó a su esposa y permitió que decenas de hombres la violaran mientras ella estaba inconsciente, lo que quedó registrado en videos. Estos abusos, que incluyeron 200 violaciones por más de 70 hombres, fueron organizados por Pelicot a través de internet. La víctima solo descubrió lo sucedido cuando la policía le mostró las grabaciones.Agencia AFP
Se llama Christian Ivan Cámara. Es la tercera causa penal que enfrenta. En este expediente sostuvo que él no fue el atacante porque tiene un problema visual, pero las pruebas lo comprometen.
El hecho ocurrió en mayo de 2019 y la víctima tenía 19 años. Luego de denunciarlos fue desafectada del curso que realizaba en la Escuela de Aviación Militar. Hay otro expediente penal federal demorado con personal militar imputado por obstruir la denuncia inicial tras el abuso. Leer más
Pese a que los accidentes cayeron 40%, las denuncias crecieron 25%.La judicialización encarece los costos del sistema.
El empresario está enojado porque el buscador "beneficia a la otra candidata (Kamala Harris), de ella solo dan noticias positivas, y de mí todas malas...". Los detalles. Leer más
El proceso judicial se realiza en la ciudad de Bariloche. En la segunda jornada, los vecinos de la localidad detallaron los momentos de terror que vivieron por la violencia de la agrupación Lafken Winkul Mapu
El exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina le reclamó al tribunal oral federal a cargo del juicio por el caso de "los cuadernos de las coimas" que lo excluya de ese proceso, con el argumento de que él no recibió sobornos de empresarios sino aportes irregulares para la campaña del Frente de Todos de 2013 y, por ende, es la justicia electoral la competente para investigarlo.Abal Medina, exfuncionario del gobierno de Cristina Kirchner, sigue el mismo camino que otros acusados -empresarios- que señalaron que los fondos que pagaron a exfuncionarios kirchneristas no eran coimas, sino donaciones para la campaña de 2013 que no declararon.El empresario Angelo Calcaterra consiguió este año que la Justicia atendiera sus argumentos. Él hizo 16 pagos en el garage subterráneo del hotel HiIton de Puerto Madero y señaló que eran aportes para la campaña. El Tribunal Oral Federal N° 7, a cargo del juicio, rechazó sus pretensiones, pero la Cámara de Casación Penal hizo lugar al pedido del empresario.Los jueces de la Casación Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone resolvieron enviar su caso a la jueza federal electoral María Servini. Pero el fiscal Raúl Pleé pidió anular esa decisión porque la tomaron sin escuchar los argumentos de un organismo que es parte en el juicio, la Unidad de Información Financiera (UIF).Con ese mismo argumento, también la UIF pidió anular la decisión que favoreció a Calcaterra y ahora los camaristas convocaron a una audiencia "multipropósito", donde escucharan a la UIF, a Pleé y a los acusados, y resolverán si anulan su propio fallo y dan marcha atrás con su decisión. Hay voluntad de hacerlo, al menos en alguno de los jueces del tribunal, lo que prenuncia un fallo con disidencias, tal vez contra Calcaterra.Abal Medina basó su reclamo actual en este fallo. En el escrito de su abogado Gabriel Presa rescata la sentencia de Casación que "dispuso la declinatoria parcial de competencia en favor de la justicia electoral, expresamente y sin margen de dudas, en relación también al proceso de recepción de fondos en el que participara nuestro asistido por lo que de ningún modo puede mantenerse al margen de las consecuencias de esta decisión la situación de nuestro defendido, Juan Manuel Abal Medina"."Se observa la relevancia que en dicho pronunciamiento judicial se da a las manifestaciones vertidas justamente por nuestro asistido, en consonancia con las de su secretario, Martín Larraburu, al afirmarse la finalidad exclusivamente electoral de los aportes realizados por privados durante el año 2013â?³, dice el escrito.El planteo de Abal Medina está aún en el Tribunal Oral Federal N° 7, donde los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero deben resolver. La fiscal Fabiana León ya se opuso a que el legajo de Abal Medina pase a la justicia electoral, pero la última palabra la tienen los jueces del tribunal oral. En Comodoro Py creen que el planteo de Abal Medina tiene más chances de prosperar que los de otros acusados.En su momento, el juez Claudio Bonadio sacó del caso de las coimas y envió a la justicia electoral a otros imputados, pero obvió a Abal Medina. Sin embargo, Bonadio lo separó de la asociación ilícita dedicada a recaudación de sobornos y lo dejó con una acusación como partícipe secundario en un cohecho pasivo. Lo sobreseyó por la asociación ilícita y ese fallo quedó firme. La versión de Abal MedinaAbal Medina viene declarando desde 2018 que el dinero que recibió de empresarios fue para la campaña electoral. Lo dijo en su declaración del 9 de agosto de 2018 y a través de un escrito que presentó en ese momento al entonces juez Bonadio.Ahora, en su escrito de 27 páginas al que accedió LA NACION, mencionó que la totalidad de las "entregas/recepciones" de estos dineros ocurrieron y se limitaron "única y exclusivamente" al tiempo entre mayo y octubre de 2013, "justamente período en el que se celebraron las elecciones "PASO" (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias); entre el 1° de Agosto y las "Elecciones Generales de Legisladores" del 27 de octubre -también de 2013- y, la última, el 22 de octubre, cinco días antes de los últimos comicios.El exfuncionario y su secretario Martín Larraburu aparecen mencionados en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer del detenido exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido. "Lazarte y Hugo Martín Larraburu retiran dinero en una oficina de Puerto Madero para luego lleváselo a Juan Manuel Abal Medina", escribió el remisero en los cuadernos que investiga la Justicia. LA NACION investigó el caso y aportó esos cuadernos a los tribunales.Abal Medina desvinculó a su secretario privado de cualquier responsabilidad con el argumento de que "actuó de acuerdo a sus instrucciones generales", dijeron cerca del exjefe de Gabinete.Abal Medina, en su declaración, señaló que Baratta era la persona que "recolectaba" los pagos que realizaban los empresarios para financiar la campaña. "Siempre entendí que dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción", indicó Abal Medina en un comunicado. También dijo desconocer quiénes eran los empresarios que hacían los pagos y negó cualquier vinculo con ellos.Oscar Centeno, exchofer de Baratta, escribió que Larraburu recibió un pago de US$200.000 de "Armando" (en supuesta referencia al empresario Armando Loson), "que llevan luego a la Rosada". Dos meses después, Centeno anotó en su famoso cuaderno: "Entraron con Martín [Larraburu] y retiraron en cada lugar US$1 millón y se lo llevó Martín a Presidencia para entregar a Abal Medina".Abal Medina explicó que "a finales de julio o principios de agosto de 2013â?³ fue contactado por Baratta. "Me informó que debía coordinar con él la entrega de algunos eventuales fondos que él recaudaría de aportes voluntarios", dijo. Detalló que le encomendó a Larraburu "la coordinación con el mencionado Baratta para la recepción de los eventuales aportes de campaña" y que coordinó su entrega con Juan Carlos "Chueco" Mazzón -por entonces Coordinador General de Asuntos Políticos-Institucionales de la Unidad Presidente-, "quien a su vez, y según el caso, instrumentaba su reenvío a distintos puntos del país para ser utilizada [la supuesta donación electoral] de acuerdo a las necesidades político-partidarias que este último establecía"."En ningún caso tal requisitoria me pareció impropia o desajustada, me refiero a la de Baratta, más allá de la informalidad, pues ningún elemento tenía en aquel momento para dudar de su procedencia", dijo Abal Medina.Las palabras de Abal Medina coinciden con el relato aportado por los empresarios arrepentidos, que repitieron que los pagos que se realizaban a pedido de Baratta eran aportes para campañas electorales.
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El juicio oral y público contra integrantes de la comunidad mapuche Quemquemtrew, acusados de usurpar terrenos en Cuesta del Ternero, cerca de El Bolsón, finalizó este viernes en San Carlos de Bariloche. El veredicto se dará a conocer el próximo miércoles.El Ministerio Público Fiscal consideró probado que "los seis imputados participaron activamente en el hecho, invadiendo el predio y obstaculizando la posesión de quien la detentaba desde 1981â?³. Se trata de cuatro hombres y dos mujeres. A todos se los acusó de haber perpetrado el delito de usurpación el 18 de septiembre de 2021.El hecho se perpetró en los lotes 103 y 104 de las leguas A, B y C del paraje denominado Cuesta del Ternero, en el que "se despojó de la posesión pacífica que la víctima, Rolando Rocco, detentaba desde el año 1981â?³, cuando los imputados, "invadiendo el predio", le impidieron "concretar las actividades forestales y ganaderas que realizaba hasta ese momento".Desde el ministerio público afirmaron que, "en este marco, además, se cortaron especies arbóreas, manteniéndose el grupo de personas dentro del predio, instalando pancartas que decían 'Lof Quemquemtrew', 'Rafa vive en la resistencia' y una bandera mapuche".La fiscal jefe Betiana Cendón consideró probado que los imputados participaron de manera activa de este hecho junto a otras personas que no fueron identificadas aún: "Estas personas, traídas a juicio, sabían cuál era la intencionalidad y ellos mismos confirmaron en esta sala la fecha del hecho".Cendón se refirió también al modo de ingreso al predio: "Entraron al predio aprovechando la ausencia (â?¦) ocultaron sus rostros, encapuchados, negándose a ser identificados. Es decir, en la clandestinidad". Dijo además que la posesión del lugar por parte de Rocco también fue acreditada por una pluralidad de testigos: "Es decir, el lugar fue invadido, la comunidad ha usurpado".La fiscal agregó que se pudo ver en los videos exhibidos a lo largo del debate el corte de árboles y la obstaculización del ingreso imposibilitando la posesión de Rocco hasta el día de hoy. También quedó acreditado en el juicio que la víctima ejercía la actividad forestal. Asimismo, Cendón enfatizó en que el mencionado "arraigo espiritual con un lugar no necesariamente implica el arraigo legal".El abogado querellante adhirió al alegato de la fiscal y añadió el alto costo que significó para el Estado provincial toda esta situación, por lo que solicitó la pena máxima que marca el artículo 181 y realizó la reserva de efectivizar el desalojo al final del juicio. En tanto, la defensora particular de los imputados pidió la absolución al asegurar que no había quedado demostrado que Rocco ejercía la posesión del lugar.El juicio duró cuatro días, en los que brindaron declaración testimonial unas 20 de personas. El veredicto se dará a conocer el 2 de octubre a las 8.15. En febrero de 2022, los integrantes de la comunidad Quemquemtrew y el empresario Rocco llegaron a un acuerdo por el cual la lof permanecería en el lugar en disputa, aunque abriría una vía de acceso para la explotación forestal. Las tierras en disputa pertenecen al Estado argentino y Rocco es su ocupante fiscal desde 1981.Tras la usurpación en 2021, la ocupación en Cuesta del Ternero ganó notoriedad nacional en noviembre de ese mismo año, cuando Elías Garay fue asesinado y Gonzalo Cabrera sufrió heridas graves tras ser baleados por dos individuos finalmente detenidos en Esquel y Comodoro Rivadavia. Garay y Cabrera pertenecían a la lof.En junio de 2023, el Tribunal de Impugnación de Río Negro confirmó la condena de 12 años de prisión a Diego Ravasio como autor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego del que resultó víctima el joven mapuche Garay.A su vez, los jueces condenaron a Martín Cruz Feilberg por los delitos de homicidio culposo y lesiones graves culposas, a 5 años de prisión. De acuerdo con la sentencia que los condenó, tanto Ravasio como Feilberg sabían que los lotes 103 y 104 de Cuesta del Ternero "se encontraban en conflicto y ocupados por integrantes de la comunidad mapuche lof Quemquemtreu desde el día 18 de septiembre de 2021â?³.
La actualización de los intereses en los juicios laborales es obscena, destructiva y letal con graves cuestionamientos del sector productivo, que espera con urgencia una respuesta justa, equitativa y definitiva de la Corte Suprema. Por estas horas se debate un reciente fallo del fuero laboral que vulnera la ley de un modo notorio para favorecer a alguien.
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Comenzó este jueves en esta ciudad el juicio oral y público contra miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. Hay ocho personas imputadas por los delitos de atentado a la autoridad y usurpación entre 2017 y 2022, a raíz de la ocupación de dos predios ubicados en Villa Mascardi, pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales.Una de las imputadas, Betiana Ayelén Colhuan, machi de la comunidad, fue absuelta durante la mañana: la defensa planteó que la mujer era menor en el momento de los hechos, ya que tenía 16 años. Eduardo Soares, de la Gremial de Abogados, indicó que si bien Colhuan quedó fuera de la causa tras la absolución resuelta por el juez Hugo Horacio Greca, los defensores pidieron que sea incorporada como testigo. El juez resolverá sobre ese punto este viernes.El crecimiento de la pobreza: una crisis social que mantiene en primer plano el crudo mensaje de Francisco al GobiernoEl resto de los imputados son Martha Luciana Jaramillo, MariÌ?a Isabel Nahuel, Romina Rosas, Mayra AyleÌ?n Tapia, Joana Micaela Colhuan, Cristian GermaÌ?n Colhuan y Gonzalo Fabián ConÌ?a."Cuando ocurrió la usurpación, en 2017, esta comunidad dejó sin abastecimiento eléctrico a toda Villa Mascardi y cuando el juez y el fiscal fueron al lugar los amedrentaron y fueron violentos con ellos. Luego se ordenó un allanamiento y cuando la Policía Federal y la Gendarmería se presentaron, los recibieron con piedras y palos", dijo a LA NACION el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen.Luego de la primera audiencia, celebrada en el Escuadrón 34 de la Gendarmería nacional, con una mínima cantidad de público, Larsen puntualizó que tras el cambio de gobierno, en diciembre de 2019, hubo inacción. "Nadie se presentó para dar impulso a la causa y quedó dormida, con pocos avances, a pesar del buen trabajo de la Fiscalía".La Administración de Parques Nacionales se constituyó luego como querellante en la causa por usurpación que es considerada la "causa madre", ya que existen varios expedientes abiertos en la Justicia relacionadas con estos hechos.La controversia que ahora llegó a juicio -las audiencias continuarán el viernes y el lunes- se originó luego de que el 10 de noviembre de 2017, un grupo de personas que se autodenominó como perteneciente a la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu ingresara a un predio ubicado en el kilómetro 2006 de la ruta nacional 40 Sur propiedad de Parques Nacionales.La primera usurpación se extendió luego a otros terrenos lindantes, pertenecientes a entidades públicas, sindicales, religiosas y personas particulares."Estamos impulsando la causa. El 19 de octubre operaría la prescripción, así que entiendo que tras estos tres días de audiencia habrá una sentencia antes de esa fecha. Se trata de mostrar la voluntad del gobierno nacional, que hay nuevos aires y no vamos a tolerar que se usurpen tierras de parques nacionales. Esperamos una sentencia favorable, que sea condenatoria", explicó Larsen."La idea es dar un mensaje: no nos da lo mismo que los parques estén usurpados o no. Y no es un hecho puntual. También lo hacemos en otros lados, en Los Alerces, con la usurpación de la seccional El Maitenal; en Ciervos de los Pantanos, donde hay una ocupación y también nos presentamos a la Justicia y estamos a punto de obtener el desalojo. Hay otro caso en el parque Aconquija, en Tucumán".En Parques Nacionales destacaron que trabajan de forma conjunta con la gran mayoría de las comunidades mapuches en todo el país, como sucede en los parques Lanín y Nahuel Huapi.Actos de violencia"Hay otras comunidades violentas, que prefieren estar en la clandestinidad y ejercer actos de violencia contra los funcionarios de Parques Nacionales. Muchos guardaparques fueron golpeados y sufrieron agresiones. No lo vamos a permitir", señaló Larsen.-¿Acepta la raigambre mapuche de los miembros de Lafken Winkul Mapu, que fue cuestionada por los vecinos de Villa Mascardi?-Ese tema le corresponde al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Hay muchas comunidades que no son originarias. Jones Huala vivía en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Hay muchos delincuentes que se hacen pasar por mapuches para obtener la propiedad de las tierras y no lo vamos a tolerar.-¿Qué condena esperan lograr en esta causa?-La máxima condena que el Código Penal prevé para delitos de usurpación, que es de 3 años de prisión.-¿Qué planes tienen a futuro para esos terrenos de Parques sobre la ruta 40?-Ahí está situado el rewe o sitio sagrado, en un terreno en el que estaba el hotel IOS, que fue destruido durante la usurpación. Está previsto hacer una Escuela de Guardaparques. Por eso es muy importante que el tótem que forma parte del rewe se retire. Es simbólico y es el lugar donde se produjeron los hechos de violencia. Para que podamos comenzar la construcción de la Escuela de Guardaparques, ese rewe debe ser retirado. Hoy la Justicia no permite ninguna modificación en ese espacio, pero esperamos que con la sentencia podamos empezar a poner las cosas en su lugar.Todos los predios ocupados sobre la ruta 40 fueron desalojados en octubre de 2022 durante un operativo del que participaron la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).Durante el gobierno de Alberto Fernández, luego de ese desalojo, el Estado nacional se comprometió a reconocer el "rewe" como sitio sagrado de la comunidad mapuche en Villa Mascardi. El acuerdo, cuestionado por los vecinos y la oposición, se concretó en junio de 2023.En tanto, en la Gremial de Abogados consideraron que la sentencia condenatoria "ya está escrita y firmada" y denunciaron que "los racistas y supremacistas nos encerrarán en un cuartel de la Gendarmería, una fuerza nacional de ocupación responsable de asesinatos y desapariciones en los últimos años de democracia". Transmitieron, así, su desconfianza y rechazo a los funcionarios judiciales, la Administración de Parques Nacionales, las fuerzas federales y muchos vecinos de Bariloche y la Comarca Andina.
La Fiscalía Anticorrupción reduce penas para Ana Duato e Imanol Arias en un caso de presunto fraude fiscal, con múltiples acusados y un entramado empresarial en investigación
El conflicto por la ocupación de tierras adquiridas por el reconocido basquetbolista hace dos décadas llega a los tribunales. La comunidad mapuche Paicil Antriao reclama el territorio ubicado en Villa La Angostura como parte de su herencia ancestral. Leer más
La Procuraduría llamó a juicio a los cuatro profesores tras adelantar investigaciones en su contra
Algunos letrados de la defensa atacaron frontalmente a la víctima. Todos son acosados por la opinión pública. Y denuncian que son amenazados."La mediatización y la opinión pública han afectado los procedimientos judiciales en el pasado", advirtieron.
Siete integrantes de la comunidad Paichil Antriao están acusados de haber ocupado ilegalmente una propiedad que el ex basquetbolista adquirió hace 20 años.
En 2018, un grupo de mapuches miembros del Lof Paicil Antriao decidió instalarse en una propiedad que el exbasquetbolista Emanuel Ginóbili había comprado en 2004 en el cerro Belvedere, en Villa La Angostura. Los integrantes de esa comunidad justificaron entonces que se trata de un territorio ancestral que les pertenece. Finalmente, en diciembre de este año y a pedido de la defensa del reconocido deportista, se llevará adelante un juicio contra los ocupantes por usurpación y amenazas.En tanto, este jueves, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional de Bariloche comienza un proceso oral contra ocho integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu por una causa similar a la de Ginóbili que le inició la Administración de Parques Nacionales a esa comunidad, informó el diario local Río Negro. Esa causa comenzó en 2017 tras la denuncia de ese organismo por la ocupación ilegal del predio próximo al viejo hotel del organismo ubicado sobre la Ruta 40, a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche. Para esa época, se vivían momentos álgidos y tensos entre los mapuches y los lugareños.Por la denuncia realizada por Ginóbili, los medios locales indicaron que la Justicia de Neuquén confirmó que las audiencias comenzarán el próximo 16 de diciembre y se extenderán hasta el 23 de ese mes. La Justicia decidió unificar las tres causas que involucran las tierras que supuestamente fueron ocupadas por la comunidad mapuche. Uno de los legajos es por la usurpación al lote del exdeportista bahiense.Desde la compra del lote a un vendedor privado hace 20 años, hubo espacios de mediación y negociación entre la defensa del exbasquetbolista y los acusado, pero todas las instancias fracasaron. Se tratan de alrededor de 20 hectáreas.El campeón olímpico compró el lote en la ladera del cerro Belvedere en 2004, pero según los integrantes de la comunidad mapuche, el reconocido deportista no estaba al tanto de que esas tierras eran usadas por la comunidad para pasear el ganado ovino. La comunidad Paicil Antriao aseguró que Emanuel Ginóbili "fue estafado" al comprar los lotes. Florentino Nawel, vocero de la comunidad, señaló en una entrevista con El DiaroAr: "Compró sin saber que ese es territorio es de la comunidad".Según la comunidad, cuyos algunos integrantes estarán en el banquillo de los acusados, los predios reclamados por los mapuches fueron históricamente de su propiedad desde 1900, cuando el general Roca les entregó la posesión de 625 hectáreas del histórico lote número 9, que incluye al cerro Belvedere, sobre el lago Correntoso.A fines de agosto pasado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, posteó en sus redes sociales un mensaje de apoyo para Ginóbili. "Todo nuestro apoyo a Manu en su disputa con los criminales pseudomapuches", escribió la funcionaria."No podemos permitir que pseudo-mapuches se apropien de lo ajeno. En este caso le tocó a Manu Ginóbili. En Parques Nacionales trabajamos para terminar con el abuso y la criminalidad de la usurpación de tierras que son de todos los argentinos. El que las hace, las va a pagar", sumó hace días Cristian Larsen, el presidente de ese organismo.
Como si la floja actualidad deportiva no fuera suficiente, la Justicia le dio a San Lorenzo otra mala noticia este miércoles luego de un largo proceso legal por la causa iniciada por el exmediocampista Ignacio Piatti. El exfutbolista inició su reclamo luego de su conflictiva salida del club en 2021, la Sala I de la Cámara Laboral dictó sentencia definitiva y le ordenó a la entidad de Boedo el pago de casi tres millones de dólares.En abril del año pasado, la Justicia había fallado en primera instancia parcialmente en favor de Piatti, que a fines de 2021 se fue a pesar de que le restaba un año de contrato, como consecuencia de la decisión de bajarle el sueldo por una cláusula contractual. El reclamo del por entonces futbolista ascendía a cerca de siete millones de la moneda norteamericana, en concepto de sueldos adeudados, intereses y la indemnización por la terminación anticipada del vínculo. Sin embargo, el fallo inicial en aquella oportunidad exigió el pago de 800 mil dólares por los sueldos adeudados y sin la indemnización, lo que abrió otra instancia en el conflicto.Esta vez, la Sala I de la Cámara Laboral dictó sentencia sobre la apelación de Piatti y modificó ese fallo, elevando la obligación de pago del club a 2.710.606,04 dólares. Eso sí, se aclaró que se deben deducir casi 950 mil dólares de ese monto, en concepto de sumas que ya debían estar abonadas, pero los abogados del exjugador apelarían nuevamente bajo el argumento de nunca cobraron aquel dinero inicial. En el Ciclón también están pensando en una apelación.Como se recordará, Piatti había llegado de la mano del por entonces presidente Marcelo Tinelli a inicios de 2020 con un contrato por dos temporadas con incrementos en su salario, aunque recibió a fines de ese mismo año el telegrama en el cual se le informaba que esa unión se rompía por parte de la dirigencia azulgrana. Pero en medio de la pandemia del Covid 19...Existía una cláusula gatillo para rescindir el acuerdo, con un resarcimiento de 850.000 dólares. No obstante, Piatti consideró que no correspondía aplicarse porque estaba vigente la ley que prohibía los despidos injustificados en medio de la situación sanitaria. Así, quien se retiró a fines de 2021 tras su paso por Racing, demandó a San Lorenzo por la totalidad de su contrato, incluidas la doble indemnización y multas. El conflicto fue escalando.A comienzos de 2020, Tinelli y Nacho se fundieron en un abrazo al presentar al flamante refuerzo del Ciclón, en lo que significó el regreso al club con el que había logrado ganar la Copa Libertadores de 2014. Pese a lo que fue su primera sorpresiva salida en medio de las finales de aquel certamen, en el que no pudo jugar la revancha con Nacional de Paraguay sin explicarse los motivos, la vuelta de Piatti había sido anunciada de manera rimbombante, con el recuerdo de lo que fue su gran nivel en ese primer paso por el club. Pero su segundo ciclo estuvo lejos de lo esperado, la relación se quebró por completo y los últimos tres años todo estuvo en manos de la Justicia.
Juan Carlos Vázquez Sarmiento fue condenado por la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro y es investigado por su participación en el secuestro y desaparición de Patricia Roisinblit y su compañero, José Manuel Pérez Rojo.
Se trata de Juan Carlos Vázquez Sarmiento, acusado por delitos de lesa humanidad, preso en Ezeiza. Leer más
El testigo principal, Roque Julio Díaz, acusa al excongresista de abuso de poder. La investigación conecta a un miembro de seguridad y un homicidio
Comenzará a mediados de octubre en Corrientes y durará hasta fin de año.Están acusados Leonardo Cositorto, su segundo Maximiliano Batista, el cajero Miguel Echegaray y otros tres líderes locales.Habrá más de 150 testigos, incluyendo al ex futbolista Alejandro Mancuso y al actor Gabriel "Rosita" González.
La actriz y el exministro De Vido serán juzgados junto a otros 8 funcionarios kirchneristas por los convenios con universidades para producir la novela "Mamá Corazón" y otra miniserie. Leer más
También fue legislador provincial. La fiscal de Deán Funes Analía Cepede acusa a José Eugenio Díaz (67) de coacción y abuso sexual en perjuicio de una víctima. Quedan pendientes hechos en perjuicio de otras cuatro mujeres. Leer más
La causa en la que la actriz Andrea del Boca y exfuncionarios del kirchnerismo, entre los que se encuentra Julio de Vido, fueron procesados por defraudación al Estado, llegará a la instancia de juicio oral y público. El cierre de la instrucción y elevación, por parte juez federal Sebastián Ramos, se hizo en abril de 2019 y recién el viernes pasado, más de cinco años después, se definió la fecha para el comienzo del juicio en el que se investiga el reparto irregular de fondos públicos para una telenovela y una miniserie que no se habrían terminado.La audiencia inicial se hará el jueves 6 de marzo de 2025 y habrá, a partir de entonces, audiencias semanales . Los imputados son Julio Miguel de Vido, exministro de Planificación Federal; Carlos Rafael Ruta, exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM); Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, exsecretario general de la universidad; Nahuel Billón Ahumada, Nadia Marina Jacky, Liliana Amalia Mazure, Alberto Daniel García, Luis Vitullo y Hugo Jorge Nielson.Se citaron a 97 testigos, entre los que están los actores Marcelo Mazzarelo y Fabián Mazzei, figuras del espectáculo como Fernando Dente, políticos como diputado de Pro Hernán Lombardi y Tristán Bauer, exministro de Cultura, entre otros. Quedaron pendientes las convocatorias a Alejandro Alfie, periodista, y Sebastián Ortega, el director de cine, pedidos por el abogado Juan Pablo Fioribello, que defiende a Andrea Del Boca."Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de 8 años finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en el 2025. Si, el famoso juicio del que tanto se habló. Sepan que quien más empujo deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escape ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa transparencia. Será justicia", dijo Del Boca en un comunicado en sus redes sociales.En la causa se investigaron presuntos ilícitos que se habrían cometido con la intervención de exfuncionarios y empleados de Planificación, la Universidad Nacional de San Martín y del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (Incaa). Los convenios investigados son los que posibilitaron el otorgamiento de fondos a la productora privada A+A Group SRL para la telenovela Mamá Corazón, que no se habría concretado.Según la defensa de Del Boca, los capítulos se hicieron, pero no se publicaron. "El error radicó siempre en que se decía que la novela nunca salió a la luz. Andrea, por contrato, no le correspondía exhibirla. Andrea lo que tenía que hacer era solamente dar el contenido al banco audiovisual. Nunca exhibirla. Ella dio la totalidad del contenido, 100%. Es el banco el que todavía no la exhibió. Ahí radica el error sustancial en esta causa. La novela fue hecha, la novela fue rendida, la novela fue auditada. No se exhibió porque quien tenía que exhibirla por contrato decidió no terminarla y no exhibirla. Pero la función de Andrea era dar el contenido, te repito", dijo Fioribello.El circuito involucró, según la instrucción, la actuación de funcionarios y empleados para la firma de dos convenios por $344 millones (los ACUDGDyME N° 1234/11 por $232.433.300,00 y el N° 1226/15 por $121.008.105,90) para financiar dos producciones: la miniserie El Pacto (antes denominada Será Justicia y otros) y la telenovela Mamá Corazón.En el procesamiento, en 2018, el juez Ramos enumeró 20 irregularidades detectadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en los contratos y en el flujo de dinero. La principal crítica es que se contrató a productoras privadas para las realizaciones cuando el Convenio contemplaba que eran parte de los trabajos que haría la Universidad de San Martín.En el primer tramo de cada una de las maniobras, se desviaron presuntamente los fondos mediante los convenios con la UNSAM, lo que permitió eludir los controles. La Universidad percibiría un canon del 10% de los recursos comprometidos, en concepto de honorarios y gastos administrativos. Las productoras privadas, además de obtener el financiamiento con fondos públicos, generarían sus propias ganancias. Todo ello, habría provocado un perjuicio económico para las arcas del Estado por la innecesaria tercerización para la producción de los contenidos audiovisuales.Para transferir la plata a las productoras se habría armado un sistema de triangulación. Primero se firmó un convenio con la UNSAM para producir contenidos digitales con un presupuesto de $232.433.300,00. Luego se firmó un convenio con el INCAA para la producción de contenidos audiovisuales para el fortalecimiento del sistema de televisión SATVDT y se licitaron diez series en HD."Después de tanto tiempo, la justicia le puso fecha de inicio a este juicio. Andrea lo tomó muy bien, estaba muy contenta. La verdad que creo que no hay persona más interesada en que se aclare la verdad que ella misma, porque esto le ha hecho un daño enorme a su vida, en lo personal, a su carrera, en todo, de manera que estaba muy muy segura y muy confiada en esto", comentó Fioribello.
El excongresista del Centro Democrático afronta cargos por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, en el escándalo de repartición de coimas por contratos dados por el Departamento de Prosperidad Social
El Tribunal Supremo ha tenido que pronunciarse ante el recurso de una persona que había sido grabada sin consentimiento, denunciando una violación de su derecho a la intimidad
El presidente del tribunal ha decidido llevar parte del proceso sin público ni cámaras para proteger la dignidad de Gisèle Pelicot
Se trata de información que podría justificar los viajes al exterior del exmagistrado, lo que desmontaría una de las principales hipótesis de la fiscalía sobre el enriquecimiento ilícito. Leer más
La fiscalía imputa cargos graves al exdirector, incluyendo homicidio con fines terroristas y porte ilegal de armas, en un caso que conmocionó a Colombia
El fiscal federal Diego Luciani reveló que durante el juicio en el que le tocó acusar a Cristina Kirchner en la causa Vialidad sufrió "presiones inconcebibles" del expresidente Alberto Fernandez, señaló que tuvo que enfrentar "operaciones mediáticas" y dijo que los medios kirchneristas lo hostigaban.En una charla en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, organizada por Transparencia Internacional y Poder Ciudadano, Luciani afirmó que las presiones se extendieron al fiscal Sergio Mola, con quien llevó adelante la acusación en el juicio, y también a sus familiares."Padecimos intromisiones inconcebibles por parte del presidente de la Nación, de sus ministros, de sus funcionarios, en especial durante los alegatos. Yo, mi familia, el doctor Mola, fuimos sometidos a operaciones mediáticas tendientes a desestabilizarnos y, justamente, amedrentarnos", aseguró Luciani.El fiscal federal, cuyo alegato fue tomado como base para la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión, dijo que ese "hostigamiento" tuvo su origen en "los medios de comunicación colonizados por la corrupción".Luciani compartió la charla con con François Valérian, presidente de Transparencia Internacional; el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez; la jueza Alejandra Provítola; y Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano."El mismo presidente de la Nación, dos días después de terminado nuestro alegato, dijo 'Nisman se suicidó. Yo espero que Luciani no se suicide'. Mis hijas estaban mirando la televisión en ese momento. La hipótesis investigativa es que a Alberto Nisman lo mataron", recordó Luciani.Además, afirmó que "la corrupción es un grave atentado contra la democracia y, principalmente, contra los derechos humanos, ya que desapodera de recursos públicos a sectores vulnerables, para enriquecer a los corruptos y a los amigos del poder". Reiteró, así, parte de los conceptos que usó al alegar en el juicio."Juzgar al poder mientras se está en el poder es un trabajo titánico, de mucho esfuerzo, que pone a prueba nuestra fortaleza mental, nuestras convicciones y nuestras propias limitaciones. Nosotros padecimos, casi en soledad, situaciones impensadas en democracia", sostuvo.
La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso del periodista Roberto Navarro en una causa donde está siendo investigado por incitación a la violencia debido a expresiones suyas por las fue denunciado por su colega Eduardo Feinmann.La causa se inició el 17 de agosto de 2022 a partir de las denuncias presentadas por Feinmann y la abogada Silvina Martínez, habitual colaboradora en los programas de Luis Majul, porque Navarro dijo en su programa en la radio El Destape, el 15 de agosto de 2022, que generaban violencia con sus afirmaciones y que alguien "debía frenarlos" y que deberían tener miedo por ello.Navarro -según la denuncia- expresó: "Los Viale, los Lanata, los Feinmann, los Majul son los que están generando la violencia. Después pasan al aire los escraches. Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo hay que hacer con Jony Viale, con Majul, Leuco. Algo tenemos que hacer para frenarlos. Algo tenemos que hacer con ellos que están generando este nivel de violencia. Mañana o pasado un loco puede matar a alguien. Deberían tener miedo ellos. Viale debería tener miedo de que algo lo frenara". También habría dicho: "El Estado debe cuidarlo a Jony Viale para que esto no despierte la violencia contra él. Un día estos hechos van a terminar mal. Van a terminar a los tiros. Esa violencia puede ir contra ellos también".El 12 de octubre de 2022, la jueza federal María Eugenia Capuchetti desestimó la denuncia por inexistencia de delito, tras considerar que las expresiones formuladas por Navarro, por más reprochables que pudiesen resultar, se encontraban al amparo de la libertad de prensa, expresión y pensamiento. Esa decisión fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal.La querella a cargo de la abogada Silvina Martínez apeló esa decisión y el caso llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa de Navarro recusó entonces al juez de la ese tribunal, Carlos Mahiques, por considerar que las opiniones del juez sobre su programa El Destape eran hostiles y tenía temor de que actuara con parcialidad. Pero la Sala I rechazó sin más trámite ese planteo de recusación. Contra esa decisión de la Casación por la recusación de Mahiques, la defensa presentó un recurso extraordinario federal, que fue denegado. Y la Corte Suprema, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti desestimó el pedido de recusación realizado por Navarro.Ahora Navarro fue contra el fondo del fallo de la Casación, que el 14 de junio de 2024 anuló la decisión de la jueza Capuchetti que había entendido que las expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión, hizo lugar al recurso de Feinmann y ordenó a la magistrada dictar una nueva sentencia.Ahora los jueces Mahiques -ya confirmado en el caso-, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone rechazaron ese recurso. Dijeron que los agravios del periodista "no pueden habilitar la vía" del recurso extraordinario porque no se dirigen contra una sentencia definitiva."El recurso extraordinario federal exige, entre otros requisitos para su procedencia, que la sustancia del planteo en que se funda implique el debate de una cuestión federal, lo que en el presente caso sometido a control jurisdiccional no se advierte", dijeron los jueces. Agregaron que Navarro planteó "juicios discrepantes" con la decisión que no alcanzan para acreditar la cuestión federal. Por eso declararon inadmisible el recurso extraordinario de la defensa particular de Roberto Daniel Navarro, con costas.
El hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, enfrenta cargos en el Distrito de Columbia por narcotráfico
Los documentos judiciales expuestos indican que Tiffanie Lucas tiene intenciones de alegar una enfermedad mental, en un trágico caso que conmocionó a la comunidad
Sin evidencias, el presidente López Obrador fue señalado de supuestamente tener vínculos con el narcotráfico
Estas declaraciones se realizaron durante la segunda semana del juicio contra Rubén Oseguera González en una corte federal del Distrito de Columbia, en Washington D. C.
La Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas por la represión policial ocurrida durante la crisis del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando solo en la zona de la Plaza de Mayo murieron cinco personas por el accionar de la Policía Federal en momentos previos a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.El máximo tribunal dejó firme este martes la condena a cuatro años y tres mes de prisión contra el exsecretario de Seguridad Enrique Mathov y a tres años y seis meses de cárcel para el exjefe de la Policía Federal Rubén Santos.Ahora el Tribunal Oral Federal 6 que los condenó puede ordenar la detención de ambos, aunque por su edad es posible que cumplan su pena en prisión domiciliaria. Mathov estuvo seis meses preso y Santos algunas pocas semanas, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.Además quedó firme la sentencia contra Norberto Gaudiero, exdirector general de Operaciones de esa fuerza policial, que fue condenado a 3 años de prisión en suspenso.Pasaron 23 años desde que ocurrieron los hechos que conmocionaron al país y provocaron la caída de De la Rúa, con 39 muertos en toda la Argentina y mas de 500 heridos. La condena a los acusados fue impuesta en 2016 por el Tribunal Oral Federal N° 6, integrado entonces por José Martínez Sobrino, Adrian Martín y Rodrigo Giménez Uriburu en una snetencia que fue confirmada por la Cámara de Casación con las firmas de Angela Ledesma, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.Los muertos el 19 y 20 de diciembre en la zona de la Plaza de Mayo fueron Gastón Riva, Carlos "Petete" Almirón, Alberto Márquez, Diego Lamagna y Gustavo Benedetto, y además hubo de decenas de heridos. Todo el proceso estuvo plagado de tardanzas que hicieron que recién ahora quede firme la sentencia, a casi 23 años de que ocurrieran los hechos.Cinco manifestantes fueron asesinados por efectivos federales en la zona de Plaza de Mayo, y otros cientos resultaron heridos. En el país, los muertos fueron 39. Fernando de la Rúa fue sobreseído, pero las condenas recayeron sobre Mathov y Santos.En 2016, el Tribunal Oral Federal 6 condenó además a Raúl Andreozzi, otro ex jefe policial. También absolvió a otros seis policías y sobreseyó a otros dos.En ese juicio, por primera vez, el Poder Judicial consideró que los funcionarios políticos son penalmente responsables de las consecuencias que tiene la orden de reprimir una protesta social.Sin embargo, a instancias de Casación, esas penas fueron reconsideradas y las condenas quedaron fijadas en tres años y medio para Santos y cuatro años y tres meses para Mathov como responsables de las muertes de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón", y las heridas a otra veintena de manifestantes que protestaban por la situación social y el estado de sitio decretado por De la Rúa.Al exsubcomisario Carlos José López se lo encontró "coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio en agresión (por la muerte de Alberto Manuel Márquez) en concurso ideal con lesiones en agresión", y se lo condenó a 5 años y nueve meses de cárcel.Otros policías condenadosLa sentencia también impartió condenas al exdirector general de Operaciones de la Policía Federal Norberto Gaudiero, a tres años; y Víctor Manuel Belloni, a dos años y nueve meses pero en su caso sólo por el delito de "abuso de armas".En la causa está probado que Mathov ordenó despejar la Plaza de Mayo y trasmitió la orden al comisario Rubén Santos. La noche anterior la Policía había reprimido a los manifestantes que pedían la renuncia de De la Rúa. También policías arremetieron con sus caballos contra un grupo de Madres de Plaza de Mayo.Mathov quería evitar que De la Rúa fuera agredido al ingresar a la Casa Rosada y la protesta parecía descontrolarse. Había saqueos en distintos puntos del país. Se declaró el estado de sitio. Hubo gases, corridas, disparos con balas de plomo, cacerolazos, en un caos que duró 48 horas mientras se sucedían los saqueos en la provincia de Buenos Aires.
Hay menos accidentes, pero más juicios. Las empresas y las aseguradoras de riesgos de trabajo reclaman que se constituyan cuerpos médicos forenses en todas las provincias
AVIÑÓN.- Dominique Pelicot, acusado de drogar a su esposa para que fuera violada por decenas de desconocidos en Francia, volvió a ausentarse del juicio este lunes debido a la persistencia de problemas de salud, lo que llevó al tribunal a aplazar el proceso hasta el martes."No estará aquí hoy. A menos que lo saquen a la fuerza de su celda", había anunciado a AFP su abogada Béatrice Zavarro, antes de que se reanudara brevemente el proceso ante el tribunal de Aviñón, en el sur de Francia.El presidente del tribunal que lo juzga, Roger Arata, indicó que el principal acusado, de 71 años, se sometió la víspera a un escáner y sufriría un "cálculo renal, una infección renal y un problema en la próstata"."Vamos a suspender [el juicio] por hoy y lo retomaremos mañana [martes] por la mañana", declaró Arata, quien encargó un informe médico para decidir si aplaza definitivamente este mediático proceso hasta una nueva fecha.Pelicot está acusado de drogar a su mujer administrándole medicamentos para que la violaran decenas de desconocidos entre 2011 y 2020. Junto a él, otros 50 hombres, de entre 26 y 74 años, enfrentan penas de hasta 20 años de prisión.Su primer interrogatorio estaba previsto el pasado martes, pero desde el día anterior se ausentó del juicio por enfermedad, obligando al presidente del tribunal a modificar el programa y decretar varias suspensiones.Antes de la última suspensión de este lunes, los abogados de la defensa, de las partes civiles e incluso el fiscal denunciaron una situación insostenible en este proceso, muy seguido en Francia y en el mundo."Estamos como rehenes desde hace ocho días, porque si lo hubieran atendido desde el principio, no estaríamos en esta situación", lamentó Zavarro ante el tribunal, precisando que su cliente "continúa queriendo hablar y lo hará"."No están solas"Los abogados de su ahora exmujer y principal víctima, Gisele Pelicot, y de sus hijos consideraron "anormal" la reanudación del juicio sin el principal acusado, ya que hay gente cuyo trabajo es garantizar que pueda asistir."Si esta situación se debe a un retraso en el tratamiento [médico], sería un escándalo", dijo el letrado Stéphane Babonneau. Sus dos hijos deben aún declarar, pero estos sólo quieren hacerlo en presencia de su padre.Este juicio se ha convertido en un símbolo del uso de drogas para cometer agresiones sexuales, práctica conocida como sumisión química, y relanzó en Francia el debate sobre la cuestión del consentimiento.Al grito de "todas somos Gisele", 10.000 personas manifestaron el sábado en Francia en apoyo a la principal víctima, que rechazó al inicio del juicio el 2 de septiembre que este se celebrara a puerta cerrada.A su llegada al tribunal, la mujer de 71 años, quien busca que "la vergÃ?¼enza cambie de bando", tuvo palabras para los manifestantes: "Gracias a todos ustedes, tengo la fuerza de librar este combate hasta el final"."Dedico [este combate] a todas las personas, mujeres y hombres, en todo el mundo que son víctimas de violencia sexual. A todas ellas, quiero decirles hoy: 'Miren alrededor suyo, no están solas'", agregó.Agencias AFP y AP
Entre el 2 y el 5 de diciembre será juzgado por la Cámara 1a del Crimen por presunto abuso sexual y privación ilegítima de la libertad de su expareja. Leer más
El hombre que drogó durante una década a su mujer para que otros abusasen de ella fue hospitalizado anoche por un cálculo renal
Tras la suspensión del año pasado, la fiscalía informó a la víctima que el sacerdote será juzgado desde el 21 al 24 de octubre. El denunciante está Córdoba y pide que el Poder Judicial de Salta cubra el costo de los pasajes, ya que le dijeron que no será posible por la crisis económica que atraviesa el país.
El principal acusado del caso Mazan se encuentra hospitalizado y su estado de salud podría paralizar el proceso judicial al que se enfrentan él y otros 50 hombres
Tras la muerte del exdictador, la audiencia por el asesinato de seis pobladores de Pativilca prosigue. La defensa de Fujimori solicitó la extinción de la acción penal, por la cual se solicitaba 25 años de prisión. Pero el procurador público pidió continuar en el fuero civil para determinar un posible monto de reparación
La defensa del narcotraficante descartó que haya recibido amenazas y asegura que está bien de salud
Dio su apoyo a Rodrigo Valdés, el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental. El Gobierno había celebrado su salida.
Jake Weddle reveló un ambiente laboral insostenible y acusó al youtuber de utilizar la filantropía para lavar dinero, desatando alarma pública
El exmagnate del cine condenado por violación tuvo recientemente una cirugía de corazón de urgencia. Un tribunal de apelaciones anuló su pena alegando que no tuvo un proceso justo y ordenó uno nuevo para noviembre.
Hay ocho los profesionales de la salud acusados por el delito de "homicidio con dolo eventual". El pedido de postergación del juicio lo presentaron los abogados de la psiquiatra Agustina Cosachov, el neurocirujano Luciano Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Ángel Díaz. Leer más
El periodista militante kirchnerista y la madre de la víctima están acusados de abuso sexual y corrupción de menores.Las audiencias continúan la próxima semana.
Hace un año la jueza Preska condenó al Estado argentino a pagar un monto multimillonario. Desde entonces el país sumó una deuda por otros USD 902 millones en concepto de intereses punitorios por el incumplimiento de la decisión
Era un secreto a voces. El inicio del juicio para juzgar a los acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, previsto para el 1° de octubre próximo se portergó para el 11 de marzo próximo. Además, "por el momento", no autorizó que el cuerpo del astro mundial del fútbol sea trasladado a un mausoleo de Puerto Madero.Así lo resolvió en las últimas horas el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, integrado por los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach, a cargo del debate, según informaron a LA NACION calificadas fuentes con acceso al expediente.Por mayoría, el tribunal hizo lugar al pedido de las defensas del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, tres de los acusados, de postergar la audiencia de inicio del debate y fijaron como fecha para comenzar el juicio el 11 de marzo próximo a las 9.30.Se trata de la segunda postergación. La fecha original había sido programada para el 1 de junio pasado.Noticia en desarrollo
Así lo definieron los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro.Lo pidieron los tres de los imputados.
En la apertura de la audiencia de este jueves, el presidente del tribunal declaró que el jubilado de 71 años fue examinado por un médico que "confirma la necesidad de una exención este jueves y mañana viernes"
Este jueves se sorteará la Cámara del Crimen que intervendrá en el juicio histórico por los asesinatos de recién nacidos ocurridos en el Hospital Neonatal de Córdoba. Leer más