"Tenemos un acuerdo y un compromiso con LLA y lo vamos a honrar", aseguró el senador nacional Luis Juez frente a dirigentes del Frente Cívico. De esta manera ratifica su alianza con el esquema libertario de cara a las elecciones del 2027. Leer más
Dos de las hijas de Diego Armando Maradona (60) denunciaron a la ex magistrada por daños y perjuicios tras la nulidad del primer debate por la muerte de su padre.Le piden un resarcimiento de 600 millones de pesos por haberlas avasallado en su "personalidad, intimidad, honra y honor".
Buscan determinar si hubo uso de de la Inteligencia Artificial en los famosos registros que trascendieron en los medios. Leer más
El fallo se dio por no cumplir una orden judicial que le exigía a la entidad devolverle más de 62 millones de pesos a una paciente que tuvo que pagar de su propio bolsillo un dispositivo médico
El Ministerio Público y personal especializado ejecutaron un operativo que permitió capturar a efectivos investigados dentro de una supuesta red dedicada a intimidar a profesionales y empresarios de la región San Martín mediante amenazas y hechos violentos
El magistrado quedó a cargo del expediente y cambió el criterio que había mantenido Sebastián Casanello. La Cámara Federal había ordenado verificar el origen y la autenticidad de las grabaciones
En un encuentro sin la participación del principal bloque opositor, la Comisión de Acuerdos del Senado avanzó con la audiencia pública de múltiples postulaciones para juzgados penales, económicos y civiles en la Ciudad y fueros federales
El presidente del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos cuestionó su intervención en el proceso judicial. Sostuvo que su accionar afecta el funcionamiento institucional. Leer más
El Consejo de la Magistratura avanzó en el concurso para reemplazar a Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, integrantes de la estratégica Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py 2002. Es un tribunal clave pues confirma o revoca los procesamientos por casos de corrupción de funcionarios actuales y exfuncionarios, y habilita que lleguen o no a juicio.Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados hace 10 años desde otros tribunales, por decreto del expresidente Mauricio Macri, y la Corte Suprema ordenó que debían regresar a sus tribunales y realizarse concursos para todos los jueces trasladados por esa vía. Eran más de 20 casos.Este fue el único concurso que avanzó (por lo que Bruglia y Bertuzzi denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), primero de la mano del kirchnerismo y, ahora, con el impulso del gobierno de Javier Milei, que este jueves logró el apoyo de jueces, académicos y abogados en el Consejo de la Magistratura.La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura aprobó hoy dos ternas, una para cada cargo de camarista. Las ternas ganadoras â??propuestas por el consejero juez Diego Barroetaveñaâ?? están integradas por Femando Luis Poviña, de la Cámara federal de Tucumán, cercano al peronismo y con actuación en causas por violaciones a los derechos humanos; Agustina Inés Rodríguez, coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, y el juez en lo penal económico Pablo Yadarola, que cobró notoriedad luego de que se conoció que integró el grupo de funcionarios judiciales que viajó a Lago Escondido.Yadarola es amigo personal del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que también fue de la partida en ese viaje junto con su padre, el camarista de la Casación Penal Carlos "Coco" Mahiques.En la segunda terna propuesta que obtuvo mas cantidad de votos están el juez de tribunal oral federal de la Matanza Julio César Di Giorgio, la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el propio Bertuzzi, que tras el fallo de la Corte decidió concursar para su propio cargo.Incardona es la fiscal que investiga a Ariel Vallejo, de Sur Finanzas y a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una de las causas que se acumulan sobre Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino.Las dos ternas fueron votadas por el consejero juez Barroetaveña, la consejera abogada Jimena de la Torre, (cercana a Pro), el académico Hugo Galderisi, la jueza Alejandra Provítola, el legislador de La Libertad Avanza Gonzalo Roca, el viceministro de Justicia, Santiago Viola, y la consejera Fernanda Vazquez. En segundo lugar quedó la lista propuesta por la consejera diputada del kirchnerismo Vanesa Siley, que propuso a Poviña, a Incardona y a la fiscal federal de Mar del Plata Laura Mazzaferri.Para el otro cargo, Siley postuló al juez de la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires Gonzalo Viña; junto a los ya mencionados Julio de Giorgio y Agustina Rodríguez.Obtuvo dos votos: uno de la propia Siley y el otro del consejero Grau. Hubo una tercera propuesta del consejero abogado Maques, que obtuvo también dos votos: impulsaba a Poviña, a Agustina Rodriguez y a Yadarola; y para el otro cargo a Viña, Incardona y Bertuzzi. Apoyaron esta propuesta Maques y el juez Lugones.La Comisión de Selección decidió elevar el dictamen de mayoría ganador y los otros dos al plenario del Consejo. Se impondrán las dos ternas que consigan 14 votos.Las ternas ganadoras serán elevadas al Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, el ministro de Justicia Mahiques â??con el aval del presidente Javier Mileiâ?? deberá elegir un postulante de cada terna y enviar sus nombres al Senado para que los senadores por mayoría simple aprueben sus pliegos y el Poder Ejecutivo, luego, los designe por decreto. El caso LichtLa Comisión de Selección decidió también aprobar las impugnaciones y mantener tercero en el orden de mérito al presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Miguel Licht para ocupar una vacante en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.El abogado reclamaba que le validaran antecedentes en la docencia que no había acreditado a tiempo. El año pasado fue cuestionado porque incluyó citas falsas en un libro jurídico de dos tomos realizado con la ayuda de Inteligencia Artificial.La lista de candidatos para ese concurso pasará ahora a la instancia de la entrevista personal, donde se decide el orden de mérito definitivo.
Consejeros toman represalias contra el magistrado por haber advertido a la comunidad internacional que el Parlamento y el Ejecutivo debilitan el sistema de justicia
Son los que hoy ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La comisión de Selección aprobó por mayoría la terna que incluye a Bertuzzi, a quien intentó expulsar Cristina Kirchner. Y no la terna que impulsaban los K. Ahora deberá ser ratificado por el plenario del Consejo.
"Indirectamente hace la Justicia quien hace al juez" - Juan Bautista Alberdi Hasta los Juegos Olímpicos de México de 1968, la forma tradicional en que los atletas pasaban por encima de la barra de salto de altura era con el cuerpo paralelo a ella, hasta que un atleta poco conocido llamado Dick Fosbury, cambió sustancialmente a una técnica de espaldas, hizo colocar la vara a 2,24 metros, muy por arriba del récord existente y sorprendentemente con esa técnica novedosa la superó exitosamente. A partir de ese momento, todos los atletas de elite comenzaron a utilizar esa técnica y se elevaron los récords. En lo que hace a la selección de jueces, ya desde 1853 la Constitución Nacional estableció la regla de la "idoneidad" como condición imprescindible para el acceso a los cargos públicos. Con la reforma de 1994 este requisito se debería cumplir -y comprobar técnicamente- con la realización de concursos públicos a cargo de un órgano que se crea al efecto: el Consejo de la Magistratura. Este órgano es el encargado constitucionalmente para emitir propuestas en ternas vinculantes al Poder Ejecutivo, quien de este modo ve limitada sus facultades, antes absolutamente discrecionales, a un menú reducido a tres candidatos por cada cargo a cubrir. La cuestión a reflexionar es qué "perfil" deberían reunir esos tres candidatos. Y la pregunta que surge específicamente en cuanto a las cualidades "técnicas": ¿Dónde colocamos la vara? ¿Queremos a los mejores o solo que pasen un filtro mínimo de admisibilidad? Este interrogante no es nuevo, tiene miles de años. En la antigua Grecia, más específicamente en Atenas, y en la época de Demóstenes, la elección de los magistrados era por "sorteo" entre los ciudadanos. Pero se sometían a dos condiciones absolutamente innegociables: la dokimasia (idoneidad) y la euthynai (rendición de cuentas). El procedimiento de la dokimasia era un necesario filtro para contrarrestar las desafortunadas consecuencias de haber sorteado un ciudadano sin las mínimas condiciones para el cargo. Es decir, el sorteo se realizaba previo filtrado y cumplimiento de las condiciones necesarias de los cuales nos han llegado algunos profusos conceptos al respecto, entre otros, a partir del corpus de Lisias y estudios de Mogens Hansen. El proyecto de reglamento de concursos para la selección de magistrados que propone la Corte Suprema de Justicia, mediante la acordada 04/2026, tiende a perfeccionar esa dokimasia, estableciendo en su artículo primero una verdadera proclama de principios rectores: â?¢ Legalidad: plena sujeción a la Constitución, tratados internacionales y leyes aplicables; â?¢ Igualdad y no discriminación: garantía de igualdad real de oportunidades para todos los postulantes, sin distinciones arbitrarias, y con posibilidad de aplicar acciones positivas; â?¢ Idoneidad: selección basada en la capacidad, trayectoria y mérito acreditados, como condición esencial para acceder al cargo judicial; â?¢ Transparencia y publicidad: asegurando el control ciudadano; â?¢ Imparcialidad: actuación objetiva en el procedimiento; â?¢ Eficiencia y celeridad: tramitación ordenada y en plazos razonables; â?¢ Debido procedimiento: respeto al derecho de los postulantes a ser oídos y a impugnar; â?¢ No discrecionalidad: La selección se basará en criterios prefijados, evitando la asignación de ventajas indebidas a cualquiera de los postulantes.Uno de los puntos esenciales del proyecto consiste en reglamentar y limitar la discrecionalidad en las denominadas "entrevistas personales". Estableciendo un tope máximo de 20 puntos para esa etapa y detallando las cuestiones que deberían evaluarse: - Hasta 5 puntos por las propuestas o planes de trabajo para el cargo concursado; - Hasta 5 puntos por las respuestas a preguntas sobre principios generales del Derecho, valores democráticos, vigencia de la Constitución Nacional, derechos fundamentales y perspectiva de género, independencia judicial y ética en la función; -Y hasta 10 puntos por la valoración de opiniones, criterios o puntos de vista del postulante vinculados a tópicos o materias que hacen a la especialidad de la vacante.Estas cuestiones, en apariencia tan elementales y de sentido común, al ser desechadas arrojaron como resultado concreto que en la última reunión del Plenario del Consejo de la Magistratura del pasado 15 de abril de 2026, se aprobaran concursos en cuyas ternas figuraban postulantes que de haberse aplicado solamente el art. 92 del reglamento propuesto por la Corte Suprema, "objetivamente" no deberían haber estado entre los mejores, desplazando a otros que sí deberían haber quedado en la terna. Una verdadera montaña rusa y no precisamente de emociones. Cabe mencionar también que el reglamento propuesto por la Corte resulta más amigable al ingreso de abogados de la matrícula, lo que permitiría una necesaria oxigenación y enriquecimiento del Poder Judicial. Hoy los cargos de jueces son cubiertos prácticamente con exclusividad por personas provenientes de lo que algunos llaman "familia o casta judicial". Volviendo a los griegos, nos cuenta Diógenes Laercio que el filósofo Antístenes aconsejaba a los atenienses que hiciesen un decreto ordenando que, en adelante, los asnos fuesen caballos. Cuando los atenienses rechazaron indignados esta propuesta, Antístenes les replicó: "¿Pero qué dificultad tendrían en hacerlo, cuando entre vosotros se crean magistrados que nada tienen en la cabeza, sino solamente el nombramiento en las manos?"El interrogante final es: ¿Sacamos la vara? La bajamos? ¿O la subimos? ---------------------El autor es consejero de la Magistratura de la Nación
La medida cautelar se ordenó para asegurar su presencia en el proceso penal, mientras la autoridad judicial define su situación jurídica
La autoridad judicial consideró suficientes las medidas restrictivas no privativas, tras concluir que no existe un riesgo de fuga ni de inasistencia al proceso por parte del hijo del presidente de la República
"Es una historia de terror. Todavía estoy con tratamiento psicológico", dice Andrés Leonelli, con 25 años de trayectoria en la Justicia. Actualmente es juez de Cámara en Ushuaia, Tierra del Fuego. En 2016, cuando desempeñaba funciones como magistrado de primera instancia en Río Grande, instruyó una causa por delitos sexuales contra menores. El expediente incluía una serie de archivos que descargó en su computadora de uso laboral y, después, al hacer un backup, se subieron a su perfil de Google Drive. Lo que siguió fue el bloqueo de sus cuentas y un reporte de la multinacional de tecnología ante la National Center for Missing and Exploited Children (Ncmec) de los Estados Unidos, que derivó en una causa penal en la que se lo investigó por la producción o facilitación de imágenes con contenido de abuso sexual infantil.El año pasado, cuando Google le bloqueó su cuenta, Leonelli pensó que el "algoritmo" había leído algunas de las sentencias que había subido al Drive y que podía tratarse de una confusión relacionada con las causas penales que había instruido. Pero lo que siguió fue, para él, una pesadilla.Su domicilio fue allanado. También su despacho en los tribunales de Río Grande. Finalmente, en octubre pasado fue sobreseído "con expresa declaración de que el proceso no ha afectado el buen nombre y honor que hubiere gozado". En este tipo de casos, esa formalidad puede resultar insuficiente y el impacto en las carreras y las vidas de los implicados es fuerte y perecedero.Acto seguido, Leonelli entabló demandas contra Google en los fueros penal y civil. Recientemente logró un fallo a su favor por parte del juez civil y comercial federal Marcelo Bruno Dos Santos, quien ordenó a Google que "en el término de tres días arbitre los medios necesarios para restituirle" a Leonelli las cuentas bloqueadas y sus "aplicativos vinculados".En el recurso de reposición presentado ante el juez Dos Santos, Leonelli explicó que "en el marco de sus tareas, tanto como juez de instrucción como en su actual función de vocal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, conservaba en su computadora institucional archivos digitales correspondientes a causas penales tramitadas durante su carrera judicial, consistentes esencialmente en documentos de trabajo y sentencias". Sostuvo que "el almacenamiento de documentación judicial en soportes digitales personales o en la nube â??tales como Google Drive, servicio prestado por la demandadaâ?? es promovido por el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego para favorecer el flujo de trabajo remoto" y agregó que "no existe reglamentación alguna que imponga el uso de otra plataforma digital para el resguardo de datos laborales, ni que sugiera o prohíba el empleo de otros servicios de almacenamiento, ni sistemas oficiales obligatorios al efecto".Después recordó que en abril de 2025 "transfirió archivos judiciales desde su computadora institucional hacia su cuenta personal de Google Drive con el fin de favorecer el flujo de trabajo". Agregó que "entre esos archivos laborales se incluyeron imágenes que formaban parte de un proceso judicial por delitos sexuales contra menores cuya legítima tenencia se originó en su función pública como juez de instrucción en 2016, y que tales archivos se incorporaron a la memoria de su computadora institucional de forma automática, con motivo de la apertura de archivos encriptados, sin advertir al usuario. Dijo que el alojamiento de esos documentos en su computadora laboral no fue voluntario, ya que se originó en un proceso automático de descarga, por lo que desconocía su tenencia", según se desprende del expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION.Tras el reporte de Google, la Ncmec se comunicó con la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, la investigación recayó en el Juzgado de Instrucción N°2 de Ushuaia.Para Leonelli, según el expediente que tramita ante el juez Dos Santos, "con base a esa denuncia, que únicamente pudo generarse por la conducta arbitraria y desaprensiva de Google, que parcializó dolosamente su contenido, omitió elementos esenciales para determinar el origen de los archivos, mintió acerca de su potencialidad delictiva, calificándola como acción maliciosa, y soslayó intencionalmente los descargos del actor que estaban en su poder, se dispusieron allanamientos y medidas judiciales que fueron difundidos masivamente por medios de comunicación y redes sociales, generando un grave daño material, moral, reputacional, físico y psíquico al magistrado, su esposa y sus hijos".El juez Dos Santos, al hacer lugar a lo solicitado por Leonelli para que Google le restituyera la cuenta, resaltó que la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur de Tierra del Fuego "declaró la absoluta inexistencia de conducta delictiva de su parte, acreditando que las imágenes investigadas formaban parte de documentación judicial de legítima tenencia obtenida en el ejercicio de su función como juez de instrucción, que desconocía que dicho material se almacenaba dentro de una copia de respaldo de su material de trabajo, y que la carga a la nube se realizó en bloque junto a miles de archivos laborales".
Habrían ocurrido "posibles acuerdos que podrían poner en riesgo la independencia judicial". También hay "dudas sobre la idoneidad y la independencia de quienes fueron postulados". Leer más
Crisantos Javier Sotelo Valencia es acusado de ocultar el opioide
La acusación, centrada en la imagen de unas conchas que formaban los números "86 47", aviva el debate sobre los límites del discurso político y la instrumentalización del Departamento de Justicia contra adversarios del mandatario de EEUU
La demanda obedece al incumplimiento de ofertas, no entrega de productos o cancelación unilateral de compras en línea los años 2022, 2023 y 2024
La Justicia de Maryland obligó al Uscis a retomar trámites paralizados para migrantes de 39 países.
El próximo jueves, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura votará las ternas de candidatos para cubrir dos vacantes en la estratégica Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py 2002. Es un tribunal clave pues confirma o revoca los procesamientos por casos de corrupción de funcionarios actuales y exfuncionarios, y habilita que lleguen o no a juicio.Los dos cargos a cubrir son los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que llegaron a esa función en 2017, trasladados desde otros tribunales por un decreto del gobierno de Mauricio Macri. La Corte Suprema dijo que sus cargos deben ser concursados, como el resto de los jueces trasladados, pero el Consejo de la Magistratura sólo avanzó con este concurso.Hay dos propuestas para reemplazarlos que se votarán el jueves, si es que avanza la sesión: una de ellas es del consejero juez Diego Barroetaveña, que postula para el primer cargo a la terna integrada por Femando Luis Poviña, de la Cámara federal de Tucumán, cercano al peronismo y con actuación en causas por violaciones a los derechos humanos; a Agustina Inés Rodríguez, coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, y al juez en lo penal económico Pablo Yadarola, que cobró notoriedad luego de que se conoció que integró el grupo de funcionarios judiciales que viajó a Lago Escondido.Yadarola es amigo personal del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que también fue de la partida en ese viaje junto con su padre, el camarista de la Casación Penal Carlos "Coco" Mahiques.En la segunda terna propuesta por el consejero Barroetaveña se postulan al juez de tribunal oral federal de la Matanza Julio César Di Giorgio, a la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el propio Pablo Bertuzzi, camarista que concursó para su propio cargo.Incardona es la fiscal que investiga a Ariel Vallejo, de Sur Finanzas y a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una de las causas que se acumulan sobre Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino.Yadarola, Bertuzzi e Incardona aparecen como los candidatos que pueden cosechar más voluntades, pero sus chances se conocerán en la reunión de la Comisión de Selección del jueves. Algunos consejeros se disponen a pedir una prórroga del debate.Pero hay otra propuesta a considerar por los consejeros, que es la de la diputada Vanesa Siley, del kirchnerismo, que postula a Poviña, a Incardona y a la fiscal federal de Mar del Plata Laura Mazzaferri.Para el otro cargo, Siley postula al juez de la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires Gonzalo Viña; junto a los ya mencionados Julio de Giorgio y Agustina Rodríguez.Los consejeros que votarán son la académica María Fernanda Vazquez, la abogada (cercana a Pro) Jimena de La Torre, el juez Barroetaveña, el académico Hugo Galderisi, el abogado Cesar Grau (cercano al peronismo), el camarista Alberto Lugones, el abogado Alberto Maques, la jueza Alejandra Provítola, el diputado Gonzalo Gabriel Roca (de La Libertad Avanza), la diputada Siley, el académico Guillermo Tamarit y el viceministro de Justicia, Santiago Viola.La Comisión de Selección deberá votar dos ternas y una lista complementaria. Si esas dos ternas luego son aprobadas por el plenario del Consejo de la Magistratura, serán elevadas al Poder Ejecutivo Nacional.Entonces, el ministro de Justicia Mahiques â??con el aval del presidente Javier Mileiâ?? deberá elegir un postulante de cada terna y enviar sus nombre al Senado para que los senadores por mayoría simple aprueben sus pliegos y el Poder Ejecutivo, luego, los designe por decreto.
Un juez de Maryland ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) procesar las green cards de ciudadanos de 39 países. El magistrado George L. Russell III frenó la política de Donald Trump que suspendió estos trámites por el origen de los solicitantes. "El Uscis no tiene potestad para decidir no emitir ningún dictamen", sentenció el juez tras calificar la medida como ilegal.Qué cambia para los inmigrantes tras el fallo contra el Uscis por green cards congeladasCabe destacar que la mayoría de los demandantes reside en el país norteamericano hace más de cinco años y mantiene su estatus legal. Según reveló una investigación de Newsweek, muchos de los afectados son científicos e investigadores médicos con exenciones por interés nacional.Un portavoz de la campaña Project Press Unpause, identificado como Lavida, explicó la frustración del grupo ante una medida que consideran discriminatoria. "La mayoría de nosotros llevamos más de cinco años en EE.UU. sin problemas con la ley, somos contribuyentes ejemplares e incluso se nos concedieron exenciones por interés nacional debido al trabajo que realizamos. Somos inmigrantes legales (el tipo de inmigrantes que esta administración dice querer)", afirmó el vocero en Newsweek."Hemos contribuido positivamente a la economía estadounidense, pero ahora nos encontramos bajo una situación de espera indefinida debido a nuestro país de origen, algo que no podemos controlar", remarcó.La organización estima que el Uscis recaudó más de US$1000 millones en tarifas por aproximadamente dos millones de solicitudes que, según el grupo, quedaron congeladas. Sobre este punto, el portavoz agregó: "Esto envía un mensaje claro de que esta política es arbitraria y caprichosa".Por qué el Uscis defendió la pausa de green cards impuesta por TrumpPor su parte, el Uscis defendió la medida con el argumento de que la suspensión permite un examen exhaustivo de los solicitantes de países de "alto riesgo" para garantizar la seguridad nacional. Un portavoz de la agencia explicó a Newsweek la justificación oficial tras el freno administrativo. "El Uscis suspendió todas las resoluciones de solicitudes de extranjeros procedentes de países de alto riesgo mientras trabaja para garantizar que todos los extranjeros de estos países sean investigados y examinados", declaró el representante de la entidad."La seguridad del pueblo estadounidense siempre es nuestra prioridad", aseguró. Sin embargo, este bloqueo coincide con un informe del Cato Institute, que revela una caída drástica en la aprobación de residencias permanentes. Entre julio de 2025 y enero de 2026, las green cards basadas en lazos familiares cayeron un 54%, mientras que categorías humanitarias, como los ajustes para cubanos, sufrieron reducciones severas.Qué pasa ahora con las green cards congeladas para migrantes de países restringidosDe acuerdo con Newsweek, el fallo del juez Russell obliga a reiniciar el trabajo en las solicitudes de los demandantes, aunque se negó a fijar un plazo de 30 días para emitir decisiones finales, debido a que los casos se encuentran en etapas muy distintas. Para los inmigrantes que no formaron parte de esta demanda específica, el Uscis técnicamente podría intentar mantener la pausa, pero el fallo sienta un precedente. Según determinó el tribunal a la hora de rechazar los argumentos del gobierno, los funcionarios de inmigración tienen la obligación legal de procesar las solicitudes en un plazo razonable, ya que no tienen la facultad de negarse indefinidamente a resolver esos casos.
El tribunal rechaza los argumentos del trabajador ante la ausencia de pruebas, pero apunta que la empresa no justificó su decisión
Por tratarse de un tema incómodo, no formó parte de las conversaciones de la mesa política que se reunió este lunes, encabezada por Karina Milei.Pero hay quejas de que en la selección de magistrados que habría privilegiado "una negociación" en lugar de la idoneidad de los candidatos.
El titular de la AFA quería que le requieran al ARCA la lista de todos los deudores de aportes previsionales y a quiénes les hicieron juicio.El juez Amarante se negó a hacerlo.
La elevación al Senado de un centenar de nombres para ser designados como jueces, fiscales, o defensores oficiales en la Justicia Nacional generó una controversia en el seno del oficialismo, ya que mientras trascendieron antecedentes de algunos de ellos, como cercanos al kirchnerismo, en el Gobierno niegan estar negociando con esa fuerza y desestiman que los postulantes comulguen con Cristina Kirchner.Los principales cuestionamientos se registraron por media docena de candidatos de entre un centenar de propuestos. Apuntaron a Juan Manuel Mejuto, postulado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en un tribunal oral en lo criminal, ya que fue uno de los firmantes de la carta fundacional de la agrupación Justicia Legítima, que postulaba políticas judiciales en sintonía con el kirchnerismo.Mejuto se desempeña junto al juez Daniel Obligado, quien sobreseyó a Cristina Kirchner en el caso Hotesur y Los Sauces; y también a Amado Boudou.En el Gobierno negaron su filiación kirchnerista, dijeron que firmó la solicitada que fundó Justicia Legítima al igual que Carlos "Coco" Mahiques, el padre del ministro de Justicia, a quien el Gobierno esta promoviendo cinco años más en el cargo. "Decir que Coco Mahiques es kirchenrista es una locura", comparó un colaborador del ministro. La Oficina de Respuesta Oficial, que es un área del Gobierno con una cuenta de X, controlada por Santiago Caputo, indicó que Mejuto "no tiene ni tuvo participación política alguna". Y dijo que "no hay ni una sentencia, ni una resolución, ni un despacho firmado por Juan Mejuto en una causa donde se hubiera sobreseído o absuelto a alguien vinculado al kirchnerismo".Indicó que no firmó la solicitada de Justicia Legítima, sino que lo incorporó, "según él involuntariamente, un compañero de trabajo, exsecretario del tribunal oral federal Javier Falcioni". Dijo la cuenta oficial que su pliego fue enviado tanto por los gobiernos de Mauricio Macri como de Alberto Fernández y luego retirados, con el resto."No es una militante"Otros cuestionamientos se dieron por la postulación de Angeles Ramos, titular de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad con el procurador Eduardo Casal y propuesta como fiscal ante un tribunal oral en lo penal Económico. "No es una militante", dijeron fuentes judiciales que reconocen su capacidad técnica. "Es un sinsentido. No hay un acuerdo con el kirchnerismo, es una locura, decir que Mejuto es kirchnerista porque una vez fue a la ESMA o que fulano es kirchnerista porque como defensor oficial le tocó defender a un exfuncionario en problemas", deslizó un colaborador de Mahiques.Insistieron en que eligieron a la gente más capacitada, aunque reconocen que "pueden tener un pasado, en 20 años, estuvieron ocupando posiciones y diciendo cosas para progresar en sus carreras que no necesariamente compartían", deslizó un funcionario del Gobierno.Pablo Matkovic, candidato a jueces de tribunal oral federal en Neuquén, aparece entre los candidatos cuestionados por haber sido asesor de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad, ser denunciante de espionaje contra la Ciudad en el caso Lago Escondido y promovido acciones en favor de la comunidad mapuche.Otros cuestionamientos se dan en la postulación de Rául Agustín Rubiero para la Cámara Civil. Rubiero es miembro del tribunal de apelaciones de la AFA desde el 10 de diciembre de 2021 y estaba en la lista complementaria del Concurso 405.Al tratarse de un concurso múltiple y como el candidato que estaba en la terna Alejandro Laje renunció, quedó habilitada la elección de un postulante de la lista complementaria.En el Gobierno afirman que justamente el hueco en la terna habilita a recurrir a un candidato de la lista complementaria. Pero en los tribunales señalan que el artículo 48 del reglamento de concursos dice que "si se tratare de un concurso destinado a cubrir más de un cargo, se hará saber al Poder Ejecutivo Nacional el modo en que han sido conformadas las ternas y la lista complementaria, y que ante el supuesto de que alguna de las ternas se torne incompleta, previo a la utilización de la lista complementaria, deberá considerar prioritariamente a los postulantes que integran las ternas y que no hayan sido seleccionados".Pero las fuentes del Ministerio de Justicia señalaron que ello no obliga al Poder Ejecutivo a elegir a los otros dos de la terna original, "sino la lista complementaria no tendría sentido". Y afirmaron que hubo otros casos donde enviaron a candidatos de la lista complementaria.Los dos postulantes de la terna original que quedaron son Luis Crovi y Miriam Feigelman que no fueron elegidos. Pusieron como ejemlos concursos de 2021 y 2022 donde tres juzgados laborales fueron cubiertos con candidatos de las listas complementarias: Moira Fullana, en el Juzgado Nº 3; Sergio Raúl Micheloud, en el Juzgado N° 10 y María Romina Becchi, en el Juzgado N° 1.Grave afectación de la Independencia en la selección de Magistrados. Las propuestas para cubrir cargos judiciales plantean serias dudas. 12 postulantes "saltaron" más de 10 posiciones en el orden de mérito (hasta 32 lugares) tras etapas discrecionales como entrevistas.â?¦— Maria Eugenia Talerico (@eugetale) April 27, 2026La filtración de estos antecedentes de los postulantes es vista en el sector de Karina Milei en el Gobierno como parte de una embestida del ala que comanda Santiago Caputo, pues señalan que se difundieron nombres de candidatos cuando no habían llegado a enviarse al Senado."La gente de Santiago marca públicamente a candidatos, entre ellos los que apoyaron a la propia Corte en el juicio político que le hizo el kirchnerismo", dijeron fuentes del karinismo. Señalaron que Caputo le hizo llegar estas críticas al presidente Javier Milei y a Karina Milei. Y ambos confrontaron a Mahiques con esta información."Juan dio las explicaciones pertinentes al Presidente y a Karina y quedó zanjado el asunto, porque a ellos les pareció bien", dijo una fuente del Gobierno a LA NACION. Por eso, indicó que habiendo perdido la batalla interna, los caputistas decidieron filtrar esos datos a los medios.
El proceso estaba paralizado desde septiembre de 2022. Dos consejeros pidieron avanzar con las entrevistas personales a los candidatos
Cerca del Ministro señalan que entre los nombres no hay vinculación con el kirchnerismo; agregan que hay postulaciones a "defensores", cargos sin incidencia en el proceso. Leer más
La vicepresidenta había recusado al magistrado por una posible "enemistad", a partir de las críticas que había hecho cuando lo postularon para integrar la Corte Suprema de Justicia
El excontralmirante fue notificado formalmente de la solicitud de extradición mexicana en su comparecencia ante un juez federal en Buenos Aires
La vicepresidenta sostuvo que podía haber una "enemistad manifiesta" del magistrado porque lo criticó cuando fue postulado para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El CGPJ descarta suspender al magistrado al considerar que utilizó la inteligencia artificial como apoyo y no como sustitución de su función jurisdiccional
La Confedereración General del Trabajo (CGT), recusó a los jueces de la Cámara del Trabajo, Víctor Arturo Pesino y María Dora González, quienes fallaron a favor del Gobierno nacional en abril de 2026 al suspender una cautelar previa, permitiendo la vigencia de la reforma laboral impulsada por Javier Milei. Leer más
El promotor disciplinario analizará si las declaraciones del magistrado David Maman, realizadas en una jornada del Colegio de la Abogacía de Madrid, pueden constituir una infracción y derivar en un expediente sancionador
Raúl Ojeda explicó por Radio 750 qué hay detrás del proyecto del Gobierno, por el que ahora es víctima de hostigamiento y presuntos carpetazos.
Las autoridades detuvieron a Oswaldo Cheremo después de que un video grabado en su finca fuera considerado relacionado con actividades ilícitas, generando acusaciones de corrupción y extorsión que alcanzaron a figuras del sistema judicial y policial
Cristian Jerónimo, uno de los líderes de la central obrera, anticipó que no sólo apelará el fallo sino que avanzarán judicialmente contra el juez Raúl Ojeda.Cuestionó la prórroga que le habilitó el Gobierno al magistrado tras el fallo.
La Comisión de Acusación citó por unanimidad al magistrado federal de Rosario a una audiencia el 20 de mayo. Los cargos provisionales combinan decisiones cuestionadas en el ejercicio de su función y omisiones en sus antecedentes que se remontan décadas atrás
Al menos dos nombres vinculados al peronismo sobresalen entre las últimas tandas de pliegos enviadas al Senado por el Ministerio de Justicia, que encabeza Juan Bautista Mahiques.Fueron elegidos por el gobierno de Javier Milei para ocupar una fiscalía en el fuero Penal Económico y un Tribunal oral criminal y correccional en la Ciudad.Se trata de Juan Manuel Mejuto, un secretario de Comodoro Py, y Ángeles Ramos, titular desde hace casi una década de una procuraduría especializada en delitos de lesa humanidad. Ambos guardan algún grado de relación con la exprocuradora general del kirchnerismo Alejandra Gils Carbo.Con un paso previo por la Justicia de Quilmes, desde marzo de 2011 Mejuto se desempeña como secretario del Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5) de Comodoro Py, un cuerpo que en 2021 quedó envuelto en la polémica cuando, con los votos de Daniel Obligado y Adrián Grünberg, decidió cerrar el caso Hotesur-Los Sauces sin desarrollar el juicio oral y sobreseer a Cristina Kirchner.Antes de recalar en el tribunal, Mejuto fue prosecretario administrativo en un Juzgado de Garantías de Quilmes, entre 2005 y 2007, y más tarde secretario en la Defensoría General del municipio, entre 2007 y 2011.En abril de 2013, el funcionario puso su firma en un comunicado que encabezó la entonces procuradora general Gils Carbó para respaldar la creación de "Justicia Legítima", una corriente judicial que quedó directamente ligada al kirchnerismo.Mejuto quedó agrupado así junto a otros funcionarios, fiscales, jueces y dirigentes ligados al peronismo, como Juan Manuel Olmos, quienes también rubricaron el texto donde se ratificaba "en todos sus términos" el primer comunicado de Justicia Legítima y se convocaba al primer encuentro nacional del grupo, en la Biblioteca Nacional, ese mismo año. A principios de abril, en la primera tanda de pliegos enviados al Senado, Milei y Mahiques, propusieron a Mejuto como juez para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 (T.O.C.C 8) de la Capital.Su nombre había desembarcado en la Cámara alta años atrás, en 2019, cuando fue propuesto por Mauricio Macri para el TOCC 20. Sin embargo, al comienzo de su mandato, Alberto Fernández retiró el pliego, pero solo para volver a elegirlo, en abril de 2023, para un tribunal. Es decir que el mismo presidente que lo obturó la postulación, después lo promovió.Milei repitió luego el movimiento y sacó su nombre, negándole una oportunidad que ahora se le vuelve a abrir al funcionario, de la mano del propio Milei.Ramos, en tanto, fue elegida por Milei para convertirse en fiscal ante un Tribunal Oral en lo Penal Económico. Nacida en Tandil hace 48 años, Ramos se recibió de abogada a los 25 en la Universidad del Museo Social Argentino e inició una carrera como penalista.Fue fiscal en Azul y en marzo de 2017 se convirtió en la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), un área del Ministerio Público Fiscal especializada en causas por delitos de lesa humanidad, que asiste a fiscales de todo el país.Fue elegida para el cargo por Gils Carbó, quien había creado la procuraduría años atrás, y con quien compartió algunas actividades públicas.En marzo de 2023, Ramos participó como testigo en el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema, en una audiencia dedicada al capítulo del fallo del 2x1 en causas de lesa humanidad. En 2017, en el caso "Muiña", la Corte Suprema decidió por mayoría que ese beneficio en el cómputo de la pena podía aplicarse también a un condenado por delitos de lesa humanidad.Según consignó en Diputados, durante la audiencia, la fiscal se pronunció en contra de aplicar de manera automática el fallo de la Corte al sostener que "no necesariamente un precedente de la Corte deba aplicarse como una 'plancha', como habitualmente decimos en Tribunales, sino que, en cada caso, puede ser un estándar o un indicador de la interpretación, pero no significa que deba replicarse en todos los demás".
Se trata de Víctor Arturo Pesino, quien firmó la sentencia junto a su colega María Dora González. Ahora se abre un plazo de cinco días hábiles para presentar adhesiones o impugnaciones. Leer más
La resolución judicial confirma la continuidad de la medida cautelar contra la implicada, quien es acusada de practicar medicina sin autorización y de falsificar documentos oficiales en una clínica alquilada bajo identidad profesional ajena.
EL CALAFATE.- El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, hizo lugar a una medida cautelar y suspendió la aplicación de la nueva ley de Glaciares en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz. El juez argumentó que existe el riesgo de una "regresión ambiental" y la afectación de "ecosistemas sensibles y recursos esenciales como el agua". Su fallo puso el foco en privilegiar la prevención del daño antes que la reparación posterior.De esa forma, la justicia federal volvió a situarse en el centro del debate sobre el manejo de los recursos naturales y las facultades del Congreso.El Gobierno nacional, que ahora deberá presentarse en la causa, impulsó la modificación con el fin de fomentar inversiones que impulsen la extracción de cobre y litio. La reforma acota la protección del ambiente glaciar y periglacial únicamente a las áreas cuya función hídrica esté científicamente comprobada.La acción judicial, tramitada bajo la carátula de amparo ambiental, fue impulsada por el arco político oficialista de El Calafate, encabezado por el intendente kirchnerista Héctor Belloni, la presidenta del Concejo Deliberante local, Celia Beatriz Barría, el diputado provincial Carlos Alegría y la diputada nacional Ana María Ianni. Los demandantes cuestionaron la constitucionalidad de la reforma, argumentando que reduce los estándares de protección y habilita actividades industriales en zonas antes vedadas.El juez Vazquez sostuvo que los niveles de protección alcanzados por la legislación vigente no pueden ser disminuidos sin una justificación suficiente, ya que esto vulneraría el sistema de presupuestos mínimos previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Para el juez Vázquez, la cuestión no es meramente técnica, sino que involucra la supervivencia de ecosistemas de alta fragilidad. Un punto destacado por el tribunal es la interdependencia entre la preservación ambiental y la economía local. El fallo hace especial hincapié en que la zona de influencia de El Calafate y El Chaltén depende directamente de la integridad del sistema del Parque Nacional Los Glaciares. La actividad turística, considerada uno de los motores económicos de Santa Cruz, se sustenta en la conservación de estos paisajes, por lo que cualquier degradación de los recursos naturales comprometería la sustentabilidad del desarrollo regional.En uno de los pasajes del fallo, Vázquez asegura: "la cuestión planteada en autos no se agota en una mera discusión normativa, sino que involucra la ponderación de distintos modelos de aprovechamiento de los recursos naturales, con implicancias directas en la sustentabilidad ambiental, el desarrollo económico y la calidad de vida de las comunidades locales".Desde el punto de vista procesal, el juez decidió apartarse del encuadre de "proceso colectivo de clase" sugerido inicialmente por el Ministerio Público Fiscal, optando por el trámite de amparo ambiental. Fundamentó esta decisión en la necesidad de actuar con celeridad para proteger un "bien colectivo indivisible" como es el ambiente, evitando estructuras procesales que pudieran demorar una tutela judicial efectiva.La medida cautelar ordena al Estado Nacional abstenerse de aplicar, ejecutar o autorizar cualquier acto administrativo basado en la reforma que pueda afectar glaciares o zonas periglaciares en Santa Cruz. Si bien el alcance de la resolución especifica que se limita al territorio provincial, la decisión sienta un precedente judicial que podría ser replicado en otras jurisdicciones cordilleranas.Por último, el juzgado ha requerido al Estado Nacional la producción de un informe circunstanciado en un plazo de 10 días, paso previo a la discusión sobre el fondo de la inconstitucionalidad planteada. Mientras tanto, la cautelar mantiene vigente el "piso de protección" de la ley original, reafirmando que, en materia ambiental, la prevención debe prevalecer sobre cualquier intento de flexibilización normativa.
Miguel Ángel Martínez Conti fue elevado a juicio como jefe de una presunta asociación ilícita integrada por otros abogados, médicos y peritos oficiales. Los hechos investigados se sitúan entre 2010 y 2018. El asumió como juez en 2021. Leer más
Un día después de haber fallado a favor de la ley de modernización laboral, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, activó el trámite para prorrogar la magistratura del Víctor Arturo Pesino, quien en junio debería dejar la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por haber cumplido 75 años. Se trata del juez que falló a favor del gobierno de Javier Milei y suspendió la medida cautelar que bloqueaba la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral.Pesino, en un fallo conjunto con María Dora González, resolvieron ayer dejar en suspenso el fallo del juez Horacio Ojeda, quien, el 30 de marzo pasado, había hecho lugar a un pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dictado una medida cautelar para suspender 81 artículos de la ley 27.802, llamada de "modernización laboral".La semana pasada, el Gobierno había presentado un recurso per saltum ante la Corte Suprema para que levante la suspensión que se había impuesto sobre los principales artículos de la reforma impulsada por el oficialismo. Tras el fallo favorable, el Ministerio de Justicia inició el trámite para que Pesino continúe como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, una vez que cumpla 75 años. La Constitución establece que a esa edad, los jueces deben jubilarse, a menos que consigan el aval del Presidente y del Senado para extender su magistratura.La decisión del Gobierno de impulsar a Pesino apenas unas horas después de haber votado a favor de la reforma laboral motivó reacciones en la oposición. "Otra vez la sospecha de corrupción descarada para conseguir y sostener las leyes de Milei y el poder económico. En este caso, la 'devolución de favores' es para el Juez Víctor Pesino de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En el día de ayer, este juez hizo uso de una maniobra legal para otorgar vigencia a la reforma laboral y suspendió la medida cautelar que la había frenado. ¿Qué recibió Pesino a cambio? Solo un día después, el Poder Ejecutivo dio curso a la solicitud de Pesino para seguir en su cargo luego de los 75 años", escribió la diputada nacional Myriam Bregman en su cuenta de la red social X. Vuestra señoría, el poder económico.Otra vez la sospecha de corrupción descarada para conseguir y sostener las leyes de Milei y el poder económico.En este caso, la "devolución de favores" es para el Juez Víctor Pesino de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones delâ?¦ pic.twitter.com/PV1QjhihzG— Myriam Bregman (@myriambregman) April 24, 2026El senador nacional Mariano Recalde (PJ) también expresó su rechazo por la decisión de Mahiques. "Un intercambio obsceno, a la vista de todos. La casta protegida y los trabajadores con menos derechos", dijo Recalde. El juez Víctor Pesino falla a favor de la reforma laboral del Gobierno y, casi al mismo tiempo, el Gobierno pide que le den 5 años más en el cargo. Un intercambio obsceno, a la vista de todos. La casta protegida y los trabajadores con menos derechos. pic.twitter.com/qCF8mKg34J— Mariano Recalde (@marianorecalde) April 24, 2026En el fuero laboral, la Sala VIII es calificada como "la más patronal", según fuentes del sector consultadas por LA NACION. Recientemente, Pesino y González se desmarcarcaron de las nueve salas restantes al implementar un esquema a la baja para calcular los intereses en los casos de indemnización. "En vez de aplicar el IPC más el 3%, como hacíamos todos, él le restaba el 30 por ciento a los créditos", expuso un abogado laboralista de reconocida trayectoria. En su historial, Pesino tuvo otros fallos de repercusión pública: uno de ellos fue cuando en 2020 rechazó un amparo para la reinstalación de una trabajadora de la agencia de noticias estatal Télam; el otro, en 2018, cuando suspendió las elecciones del Sindicato de Comercio, a cargo de Armando Cavalieri, por irregularidades en los padrones del gremio más numeroso del país. Otros pliegosAdemás del acuerdo de Pesino, el Gobierno también envió al Senado otros pliegos para cubrir vacantes en fueros federales y provinciales. Entre los candidatos, aparecen figuras con algún tipo de vínculo con el oficialismo.Mahiques también impulsó, según consigna en el Boletín Oficial, la prórroga de la magistratura para Leopoldo Rago Gallo, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan. Se trata de un magistrado que -según consigna la prensa local- mantiene buena sintonía con Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.Durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando la ahora senadora ejercía como ministra de Seguridad, el juez destacó el trabajo de la administración de Cambiemos en materia de narcotráfico. "Desde Nación hay una fuerte decisión de luchar contra el narcotráfico y eso es muy importante. Con este Gobierno todo ha cambiado para mejor", aseguró y confirmó que había estado en contacto con Bullrich.El gobierno de Milei también avanzó con el proceso de designación de jueces para cubrir vacantes judiciales en fueros federales y del interior del país. Entre los pliegos remitidos figura el de José Eduardo Villena para conjuez de los Juzgados Federal de Primera Instancia de la Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.Villena había participado en marzo de una jornada de debate sobre falsas denuncias por violencia de género organizada por la legisladora porteña de La Libertad Avanza (LLA) Lucía Montenegro.
Tras el pedido de la fiscal federal Alejandra Mangano, le magistrado hizo lugar al requerimiento y archivó la causa. Leer más
La Cámara en lo Penal Económico ratificó al magistrado Diego Amarante al frente de la investigación y descartó los argumentos de Pablo Toviggino para intentar apartarlo
La resolución se basó en el dictamen de la fiscalía, que concluyó que el traslado de Bettina Angeletti en el avión oficial no generó gasto adicional ni implicó uso indebido de recursos públicos. "El tiempo da la razón a quien la tiene", tuiteó el jefe de Gabinete
Corresponden a los fueros Correccional y Criminal, Criminal Federal, Penal Económico, Civil, Comercial y Federal del interior del país. Ya son más de 110 las propuestas de nombramientos que elevó al Congreso
Para el magistrado Manuel Chuyo Zavaleta no se cumplen los requisitos para dictar la medida contra el exjefe de la ONPE, como que exista peligro de fuga u obstaculización
La causa ha sido archivada y el padre de Daniel Sancho no tendrá que pagar la multa de 6.000 euros que le pedían
El Club Político Argentino emitió un comunicado titulado Idoneidad, apertura y transparencia en los nombramientos judiciales en el que apoyó el nuevo reglamento de la Corte Suprema para elegir jueces destinada a mejorar la eficacia y la agilidad de los procesos de selección de magistrados.En el texto, la entidad, aunque destacó la intención de una representación pluralista y despolitización en el proceso de elección de jueces con la invención del Consejo de la Magistratura en la reforma constitucional de 1994, cuestionó el actual sistema de nombramientos."El resultado no alcanzó las metas pretendidas. Si bien gran parte de los jueces son idóneos, no es menos cierto que la elección discrecional del poder político generó nombramientos en los que primó la simpatía política sobre los criterios objetivos de conocimiento del derecho, títulos académicos avanzados, publicaciones relevantes, ejercicios notables de la profesión o de la docencia", expresó la asociación en el comunicado.En ese línea, sostuvo "su pleno respaldo" al reglamento que apunta, según la entidad, a "evitar la selección a dedo, que privilegia el conocimiento y el discernimiento a la hora de aplicar el derecho".Y añadió: "No hay reforma institucional que pueda prescindir de la calidad de los funcionarios que la encarnan. La propuesta de la Corte es un paso muy importante para restaurarla legitimidad y la credibilidad de la Justicia ante la sociedad. Que sean los jueces más capaces e imparciales, los más probos, de vida intachable, los que lideren uno de los tres poderes que prevé nuestra Constitución".En el final del texto el Club Político Argentino instó al Consejo de la Magistratura a tratar la propuesta con " seriedad y la urgencia".El Consejo de la Magistratura resiste el nuevo reglamentoEl Consejo de la Magistratura debate actualmente los cambios propuestos por los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en la acordada 4/26.El proyecto busca que el acceso a la función judicial se base en criterios objetivos de mérito e idoneidad, fortaleciendo la independencia judicial.Tal como contó LA NACION, la mayoría de los consejeros considera que la propuesta para implementar un nuevo reglamento para elegir jueces es un avance sobre las facultades propias del cuerpo y una especie de desautorización a los procesos de selección de magistrados realizados en los últimos años.Por eso es que decidieron rechazar la posibilidad de aprobar este proyecto a libro cerrado, sin cambios, como pidieron Rosenkrantz y Lorenzetti. Como contrapartida, definieron armar un texto que condense las iniciativas de los jueces de la Corte con las que ya existen en otros 14 proyectos que descansan en el Consejo."Se va a aprobar. Va a haber ajustes al proyecto. Lo están trabajando los asesores con un esquema para que condense todos los proyectos que hay en el Consejo", dijo una alta fuente del cuerpo a LA NACION.Asimismo, La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) coincidieron en la necesidad de aplicar al proceso una mayor transparencia, como propone el nuevo reglamento, y manifestaron objeciones sobre la discrecionalidad del sistema.
La Cámara Federal de Casación Penal fijó una nueva audiencia para el 11 de mayo para escuchar los argumentos de las partes y decidir qué juez debe investigar al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por administración fraudulenta y lavado de dinero por la mansión de Pilar, supuestamente a nombre de testaferros de las autoridades de la organización deportiva.La decisión es de los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Angela Ledesma, que al mismo tiempo confirmaron al fiscal de Casación Mario Villar al frente del caso.La permanencia de Villar había sido cuestionada por el monotributista y dirigente de fútbol Luciano Pantano y su madre Ana Conte, que figuran como titulares de la sociedad Real Central, dueña de la casona de Pilar, de cinco hectáreas, pista ecuestre y helipuerto valuada en 20 millones de dólares.Ahora, tras la audiencia del 11 de mayo, los jueces deben resolver qué tribunal es competente para investigar el caso: si el juez federal de Campana Adrián González Charbay (como quiere la AFA), si el juez federal Daniel Rafecas, como opina el fiscal Villar, o si el juzgado en lo penal económico 10, a cargo de Verónica Straccia, pues se venció ayer la subrogancia de Marcelo Aguinsky.La causa está en la Sala I de la Cámara de Casación desde el 18 de febrero pasado sin que se resuelva esta cuestión de competencia. Pasaron cosas.Por ejemplo, el camarista Carlos Mahiques, que era subrogante en esa sala, dejó la suplencia y por ende la causa después de que LA NACION publicó que festejó su cumpleaños en la casona de Pilar. Mahiques lo negó.Su colega Daniel Petrone se excusó de votar porque comparte actividades sociales y escolares con Javier Faroni, que administra los fondos de la AFA en el exterior y es uno de los acusados de fraude.Llegó a la causa la jueza Angela Ledesma, que fue recusada por Elisa Carrió, el 10 de abril, justo el día en que se había convocado a una audiencia, similar a la de ahora, para escuchar a las partes. La audiencia se suspendió y los jueces rechazaron la recusación de Ledesma. Se sumó al caso además el juez Mariano Borinsky. Todos estos movimientos, sumados a la recusación del fiscal Villar y las apelaciones de la defensa de Pantano, hicieron que recién ahora el tribunal quede constituido para decidir.Carbajo, Ledesma y Borinsky rechazaron el planteo de recusación de Villar.Cabe destacar que el pedido de apartamiento del representante del Ministerio Público Fiscal fue interpuesto por la defensa, pues entendió que perdió objetividad y denunció que fue filtrado a la prensa antes de ser incorporado a la causa. El pedido de recusación formulado por la defensa de Pantano fue rechazado y se confirmó la intervención de Villar en el caso.Javier Carbajo dijo que la recusación es un mecanismo de excepción, de interpretación restrictiva y reservado para supuestos taxativamente previstos en la normativa ritual, los cuales no se verificaban en el caso. Explicó que para los fiscales no rige el principio de imparcialidad sino el de objetividad, el cual no se encontraba comprometido en el caso. Ledesma coincidió.El juez Borinsky en su voto sostuvo que no se advertía que se configure alguno de los supuestos para la recusación y que no se demostró la pérdida de objetividad.Mientras se definen esas cuestiones procesales, que por momentos terminan en un laberinto, el juez de Campana sigue avanzando y dispuso un peritaje sobre la contabilidad de la AFA para investigar el fraude y definir si se alteraron los registros informáticos.Al mismo tiempo y en paralelo, encargó un nuevo peritaje sobre la mansión de Pilar, no para saber su valor hoy (ya establecido en unos 20 millones de dólares), sino para conocer cuánto dinero demandó su construcción y la compra del medio centenar de autos de colección y alta gama hallados en un galpón.En paralelo, el juez de la Cámara del Crimen, Ignacio Rodríguez Varela, que tenía la causa de fraude y desvío de fondos, entendió que es la Corte Suprema la que debe definir la competencia y le envió esa parte del caso. Al definir el objeto de este caso, el fiscal Villar dijo que se vincula con la existencia de una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos lícitos obtenidos por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA mediante un complejo circuito financiero. Bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante comisiones del 30%, se habrían desviado y ocultado del patrimonio de la AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior, algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias offshore, con participación de dirigentes de la AFA.Los ingresos de la AFA se vincularían con el pago de derechos comerciales, de auspiciantes extranjeros de la Selección Nacional de fútbol, de derechos de transmisión de los partidos, entre otros.Se sospecha que aquellos fondos vinculados a la actividad comercial de AFA habrían ingresado a las cuentas bancarias en el extranjero de Torneos y Competencias SA (primer intermediario de gestión de cobro de AFA), de Q22 Services Limited (segundo intermediario), de Stratega Consulting USA LLC (tercer intermediaria, controlada por la homónima en Reino Unido), Odeoma Gestión SL (cuarta intermediaria) y TourProdEnter LLC (última intermediaria a partir de diciembre de 2021), luego desviados ilícitamente a sociedades constituidas en EE.UU., Reino Unido y República Oriental del Uruguay. "Se presume que esas sociedades serían meras fachadas, ligadas a las mismas personas o allegados de la dirigencia de la AFA", sostuvo el fiscal.A su vez, se denuncia la circulación posterior de los bienes, incluyendo la conversión de remesas en efectivo y la realización de actos de lavado de activos como la compra de propiedades, en especial la quinta de Pilar, casas en el barrio Ayres Plaza, de Pilar, 54 vehículos a nombre de Real Central SRL, caballos árabes y de pura sangre, y otros bienes.Se denunció a Central Park Drinks SRL, actualmente Real Central SRL, a nombre de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, sindicados como supuestos testaferros de personas vinculadas a la administración de fondos de AFA.A su vez existiría un poder especial de administración de la sociedad Real Central SRL a favor de Reinaldo Omar Bogado, Francisco Alejandro Capurro, José Miguel Verón, Leticia y Silvia Yaniello, supuestamente ligados a la política nacional y provincial, pues uno de ellos fue empleado en el Senado del exgobernador Gerardo Zamora y otro de un operador judicial del karinismo. Los investigados son Tapia, Toviggino, Darío Fabián Toviggino (hermano del tesorero de AFA, vinculado a Soma SRL), Juan Pablo Beacon (dirección ejecutiva de AFA), Ma. Florencia Sartirana (actual pareja de Pablo Toviggino y ex tesorera de AFA), Leandro Petersen (jefe del área comercial y de marketing de AFA), Marcelo Fabián Ramón Saracco (primer operador financiero de los fondos de AFA junto con Toviggino, socio de Odeoma Gestión SL), Gabriela Erica Gillette y Javier Horacio Faroni (pareja vinculada a TourProdEnter LLC, operador financiero de AFA a partir de diciembre 2021), Mauro J. Paz (por Soma SRL, ex director de la liga femenina de AFA), Mendoza Wines SA (vinculada a Luciano N. Pantano), Malte SRL, Soma SRL (creada en la Provincia de Santiago del Estero con domicilio en esta ciudad), Andrés Scornik (controlante de Global Fc LLC), Melchor A. Merlín (socio español de Odeoma Gestión SL), Global Fc LLC, BIBOP SA, WICCA SAS, LINDOR SRL, SERVICIOS LINDOR SA.También se mencionaron otras sociedades destinatarias de los fondos de AFA constituidas en EE.UU. presuntamente sin actividad real ni empleados a cargo, supuestamente controladas por personas de escasos recursos en Bariloche, Argentina, a saber: Velp LLC (de Verónica Inés Lopez), Velpasalt LLC (vinculada a Roberto Salice), Marmasch LLC (relacionada a Mariela Marisa Schmalz), Soagu Services LLC (vinculado a Javier Alejandro Ojeda Jara, pareja de Schmalz).Entre otras empresas beneficiarias de los fondos de AFA, se encontrarían: Dicetel Corp (o Decitel), Florida Secured Title LLC, Brisa Management, Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC, Spring Stalk (con sede en Italia) y Alas del Fin del Mundo SRL. La mayoría de estas sociedades carecerían de operaciones comerciales comprobables, no tendrían oficinas reales ni actividades acordes a los montos recibidos, y habrían sido utilizadas como vehículo de lavado de activos para ocultar la verdadera trazabilidad y destino final del dinero.Asimismo, se anotició la existencia de empresas vinculadas a actividades ecuestres privadas, ajenas a la actividad de la AFA, que habrían recibido sus fondos como Carbello SRL (dedicada a la compra-venta de caballos), M&H Horses Services (empresa francesa de transporte de caballos), Equestrian (dedicada a la compra-venta de caballos de salto). Esta actividad ecuestre es de las favoritas de Toviggino.
El juez Sergio Torres asumió como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.Torres está al frente del tribunal desde el 19 de abril pasado, a partir del sistema de rotación anual establecido por el artículo 162 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.Juez del Tribunal desde el año 2019, Torres ya fue su presidente durante el periodo 2023-2024.El cambio de autoridades dispuesto por el Acuerdo 4223 prevé que el juez Daniel Fernando Soria ejerza la vicepresidencia y la jueza Hilda Kogan complet la integración del máximo tribunal bonaerense.El máximo tribunal funciona desde hace tiempo con solo tres integrantes, pues se acumularon vacantes por jubilaciones, renuncias y fallecimientos.Esto hizo que el tribunal quedara reducido con respecto a su composición original de siete miembros.En junio de 2024, la salida del ministro Luis Genoud marcó una nueva vacante que se sumó a las de Eduardo De Lázzari y de Juan Carlos Hitters, renunciados y jubilados, y al lugar dejado por el fallecido Héctor Negri en 2020.Las vacantes obligan al tribunal a convocar a jueces de Casación para que integren el tribunal a la hora de fallar y conseguir las mayorías mínimas.Si bien el gobierno bonaerense tiene como una de sus prioridades cubrir estas vacantes, no avanzó en este sentido.
Denegó apartar el fiscal Mario Villar como había pedido la defensa de los "dueños" de ese inmueble de 17 millones de dólares atribuida a Pablo Toviggino. El 11 de mayo es la audiencia para escuchar a las partes y definir si el caso queda en el juzgado de Zárate o vuelve a la CABA.
Magistrado deberá resolver en las próximas horas si accede o no al pedido de la Fiscalía. Recientemente autorizó el allanamiento de mujeres beneficiadas durante el gobierno del interino José Jerí
Un juez de Virginia bloqueó la certificación del referéndum que redefine el mapa electoral del estado. El magistrado Jack Hurley anuló la votación del pasado martes 21 de abril por considerarla engañosa, lo que impide a los demócratas sumar cuatro escaños en la Cámara de Representantes. La medida frena el rediseño de distritos de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.La enmienda sobre los nuevos distritos electorales en Virginia quedó bloqueadaDespués de que se aprobara una enmienda que le concedería 10 de los 11 escaños del estado a los demócratas, surgió la disputa judicial. El juez Hurley, del tribunal de circuito del condado de Tazewell, consideró que la papeleta contenía un lenguaje "flagrantemente engañoso" y concluyó que los legisladores no respetaron las reglas correspondientes.El magistrado, según Newsweek, escribió en su fallo lo siguiente: "El tribunal proclama que se anulan todos los votos, sean a favor o en contra de la propuesta de modificación constitucional en las elecciones extraordinarias del 21 de abril de 2026".Esta resolución prohíbe que los funcionarios del Estado alteren las fronteras territoriales. Jay Jones, el fiscal general de Virginia, comunicó inmediatamente que su oficina apelaría la sentencia. El grupo Virginians for Fair Elections, por otro lado, criticó la resolución de la corte: "Los republicanos fueron derrotados. En este momento, intentan cancelar la voluntad de los votantes en los tribunales y volver a abrir un litigio sobre una elección que no lograron ganar".La lucha por la redistribución de distritos para el mes de noviembreLa pugna en Virginia ocurre dentro de un enfrentamiento a nivel nacional por el "gerrymandering", una práctica que consiste en reconfigurar distritos para favorecer a un partido.De acuerdo con la cadena CNN, los demócratas buscaban concentrar a los votantes rurales y republicanos en un solo distrito para ganar ventaja en el resto del territorio. Ante esta maniobra, el presidente Donald Trump reaccionó con dureza este miércoles y aseguró que la votación en el estado estuvo "amañada"."Durante todo el día los republicanos estuvieron ganando; el ambiente era increíble, hasta el final, cuando, por supuesto, hubo una avalancha de votos por correo. ¿Dónde he oído eso antes? ¡Y los demócratas consiguieron otra victoria fraudulenta!", expresó en una publicación en Truth Social.El mapa propuesto se presentó como un contrapeso a las iniciativas republicanas aplicadas en estados como Texas, Ohio y Carolina del Norte, donde el oficialismo impulsó el rediseño de mapas electorales para proteger su mayoría en el Congreso.El futuro de los escaños demócratas de Virginia y la decisión judicialLa redistribución de distritos electorales suele darse como respuesta al censo nacional que se realiza cada diez años, pero la presión de la Casa Blanca instó a varios estados a realizar cambios fuera de ciclo.Si la apelación del fiscal Jones no prospera en Virginia, el estado deberá utilizar los mapas anteriores, lo que diluye la ventaja obtenida en las urnas este martes.Aunque se trata de una disputa interna del estado, la resolución afectará a las elecciones intermedias de 2026 y, por ende, a la conformación del Congreso estadounidense.
La Cámara del Trabajo otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado Nacional contra la medida cautelar decretada por el juez Horacio Ojeda que frenó más de 80 artículos de la reforma laboral, según el fallo al que accedió LA NACION. De esta manera, la iniciativa aprobada en el Congreso está en vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Así lo resolvieron los camaristas de la Sala VIII, María Dora González y Víctor Pesino, que con su decisión dejaron en suspenso lo fallado en primera instancia por Ojeda, titular del juzgado del Trabajo N° 63 y quien el 30 de marzo pasado dictó una medida cautelar innovativa en la que hizo lugar a un pedido de la CGT para suspender 82 artículos de la normativa de la ley 27.802.La semana pasada, el Gobierno presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema para que levante la suspensión que se había impuesto sobre los principales artículos de la reforma laborala pedido de laConfederación General del Trabajo (CGT). El Ministerio de Capital Humano celebró en redes sociales el fallo de la Cámara del Trabajo con un comunicado. "La Cámara Laboral revocó la decisión del juez Ojeda y declaró la vigencia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional", expresó la cartera que depende de Sandra Pettovello, quien tiene bajo su órbita la Secretaría de Trabajo. COMUNICADO OFICIAL.@JMilei @MinJusticia_Ar @juanbmahiques @ProcuTesoroAR pic.twitter.com/iTE5mxQxXe— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) April 23, 2026La medida cautelar de Ojeda había frenado por tres semanas la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga por sectores de actividad, el cálculo de las indemnizaciones sin contemplar los aguinaldos y otros pagos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones, el traspaso de la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires y la derogación de la Ley de Teletrabajo, entre otros puntos de la iniciativa denominada de "modernización laboral". Ojeda es juez laboral desde 2012. Previamente fue empleado judicial y también fue asesor en asuntos legislativos del exministro de Trabajo Carlos Tomada durante el kirchnerismo. Su medida quedó ahora en suspenso. El magistrado había hecho lugar a la cautelar promovida por la CGT, representada por su triunvirato de mando: Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Raúl Jerónimo. Según la demanda sindical, la reforma establecía "modificaciones peyorativas y permanentes" que vulneraban de forma ostensible derechos de raigambre constitucional como la protección contra el despido, el principio de progresividad y la libertad sindical.El juez reconoció la legitimación de la CGT para actuar en representación colectiva de toda la clase obrera argentina y afirmó que la intervención de un Poder Judicial independiente es indispensable en la República.Noticia en desarrollo
También ha argumentado que la empresa no ha podido demostrar que este consumo provocara un daño concreto o una bajada de rendimiento
El Consejo de la Magistratura discutió en sus comisiones el reglamento propuesto por la Corte Suprema de Justicia para modificar la manera en que se eligen los jueces con la presencia de ONGs que respaldaron la iniciativa, en cuanto a que da transparencia y resta discrecionalidad al proceso, pero le criticaron falta de perspectiva de género.El debate se dio durante la reunión de la Comisión conjunta de Selección y Reglamentación del Consejo que sesionó para escuchar las posturas de la sociedad civil con respecto a los cambios propuestos por los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en la acordada 4/26.La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) coincidieron en la necesidad de aplicar al proceso una mayor transparencia, como propone el nuevo reglamento, y manifestaron objeciones sobre la discrecionalidad del sistema.Nieves Macchiavelli, representante de la Asociación de Mujeres Juezas, expresó la principal preocupación de su asociación: la eliminación del cupo femenino en el nuevo reglamento propuesto por la Corte.En el reglamento vigente, se debe citar a mujeres si no están primeras entre los primeros seis y si la entrevista es satisfactoria y no hay mujeres en los primeros tres lugares, se debe convocar una mujer para integrar cada terna. Macchiavelli afirmó: "Me gustaría alertar que el nuevo reglamento propuesto por la Corte elimina tal categoría de mujeres y eso no tiene un impacto neutro". La jueza subrayó que el debate no debe plantearse como una falsa dicotomía entre "mérito vs. género".En contraste, la asociación sostiene que "la condición de mujer no es un factor irrelevante de la toma de decisiones, por el contrario es una categoría jurídica", cuyo objetivo es garantizar "el cumplimiento de mandatos vigentes".Julián Alfie, en representación de Inecip, si bien consideró "urgente" sancionar una nueva normativa, sostuvo que el proyecto "no termina de solucionar los problemas que diagnostica".Alfie argumentó que el proceso de selección de magistrados presenta "altos márgenes de discrecionalidad que permiten sospechas de que inciden factores no objetivos". Además, remarcó la "falta de perspectiva de género", indicando que actualmente el "70% de los cargos de magistrados son varones"."Encontramos problemas en la selección de magistrados. Los largos plazos de los concursos que generan vacancias larguísimas, que generan un interinato permanente", sostuvo. Según el Inecip, el proyecto mantiene la regla de que los concursos inician solo cuando se produce una vacante y que "los postulantes y los evaluadores saben cuál es el cargo en juego", lo que constituye el "corazón de la discusión".Sin embargo, la propuesta de los jueces de la Corte es hacer concursos anticipados como norma y tener una suerte de banco de candidatos ya elegidos para cuando se produzca la necesidad de cubrir esos cargos. En línea con la necesidad de objetividad, Clara Lucarella, de ACIJ, remarcó que cualquier modificación del reglamento debe apuntar a la "idoneidad mediante evaluaciones justas, reducir el margen de discrecionalidad en distintas instancias y abrir la información en todas las instancias del proceso".La consejera abogada Jimena De la Torre manifestó estar en contra de los cupos y sugirió abordar el problema estructural de las mujeres al inicio del proceso. Propuso, por ejemplo, bajar un 30% el peso de los antecedentes, para que las mujeres "sientan que hay una real igualdad", ya que "las mujeres no se inscriben porque saben que caen con los antecedentes". De la Torre concluyó que su postura es "aprobar la acordada 4/2026 sin cambios ya que nos deja en un lugar más objetivo y más meritocrático".Por su parte, la consejera jueza Agustina Díaz Cordero salió al cruce de las críticas sobre transparencia y la escasa presencia de mujeres en las ternas. Aclaró que las ternas enviadas que no incluían mujeres correspondían a concursos de 2018 y no aplicaban la Acordada 216/2019, que rige "desde el concurso 436 en adelante". Por otra parte, aseguró que el Consejo está "trabajando de manera muy fuerte en todo lo que es transparencia como una política pública", destacando que las entrevistas son públicas y "se transmiten por YouTube".Fernanda Vázquez, consejera por los abogados, sostuvo que "muchas veces hay propuestas que se han hecho en este Consejo que son viables, pero que no reúnen el consenso y lo que se hace en este lugar es un consenso de los estamentos". "A mí me preocupa la escasez de abogados concursando, los que llegan; cómo podemos trabajar para mejorar estas cuestiones porque vamos a tener una justicia mejor y más eficiente con abogados de la matrícula". Sostuvo que es necesario llegar a consensos. "Esta reunión es prueba de nuestro compromiso y la seguridad que tenemos para que la norma sea mejor", enfatizó.Dos jueces apuntadosPor otra parte, en la reunión de hoy la comisión de Acusación del Consejo decidió citar a una suerte de indagatoria al juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por fallar a cambio de coimas para que un empresario pudiera acceder a dólares a cambio oficial.Y se decidió postergar una decisión similar sobre el juez civil y comercial Patricio Maraniello, acusado por maltrato y abuso, pese a los numerosos testimonios que se vinieron escuchando en las últimas semanas. Los dos magistrados investigados están en etapa de definiciones en sus procesos.Según se resolvió en la reunión hoy por unanimidad, Salmain será citado en las próximas semanas por el artículo 20 del reglamento, que implica la posibilidad de que el juez investigado haga un descargo, presencial o por escrito, para responder a las acusaciones que pesan en su contra. La defensa de Salmain buscaba frenar esta decisión en base a la denuncia que él mismo promovió en los tribunales de Comodoro Py 2002 contra el arrepentido Fernando Whpei, que reveló cómo logró que el magistrado sacara un fallo a su favor a cambio de una coima de 200 mil dólares y con la ayuda del operador judicial Santiago Busaniche. Aunque inicialmente la jueza María Servini había resuelto que esa denuncia de Salmain en Buenos Aires fuera enviada a Rosario porque es parte de su defensa, la semana pasada el camarista Eduardo Farah decidió hacer lugar al pedido del juez. Y ese fallo fue presentado por Salmain para postergar el trámite por su presunto mal desempeño. No lo consiguió: por unanimidad la comisión decidió avanzar con la citación y darle la posibilidad para sustanciar esa nueva prueba. Allí votaron el abogado Alberto Maques, el senador nacional Luis Juez, los diputados nacionales Álvaro González (Pro), Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria), Vanesa Siley (Unión por la Patria) y Gonzalo Roca (La Libertad Avanza) y el abogado César Grau.El caso de MaranielloQuien logró evitar frenar su citación, a través del artículo 20°, fue Maraniello, el juez que se conoció por dictar un fallo que prohibió la difusión de supuestos audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.Hay cuatro expedientes contra Maraniello por aquel fallo que, según las denuncias, violaba la libertad de prensa. La comisión tenía agendado dar inicio al trámite de esas denuncias contra Maraniello, además de otras por retardo de justicia.Fue Roca, diputado de LLA, quien pidió postergar los trámites contra Maraniello.El consejero Santiago Viola, viceministro de Justicia, estuvo en la reunión a pesar de que no integra la comisión de Acusación. Viola fue abogado de Karina Milei en la causa que llevó Maraniello.El pedido de Roca para postergar los expedientes de Maraniello generó una discusión entre los consejeros, que se habían reunido momentos antes a puertas cerradas y parecían haberse puesto de acuerdo inicialmente. Al pedir la palabra, Roca solicitó postergar el tratamiento de todos los expedientes cuando ya se terminaba de votar el primero sobre ese juez y habían decidido notificarlo por el artículo 11, que implica notificarlo de nuevas denuncias en su contra. "Posterguemos para que analicemos todos los expedientes de manera unificada", dijo Roca.Tailhade contó lo acordado momentos antes a puertas cerradas en torno a la postergación y su colega, Vanesa Siley, planteó que era absurdo acordar que se postergaban todos los expedientes cuando terminaban de votar uno. "Si fuera lógico lo que pide Roca, no tendría lógica lo que acabamos de votar", señaló. Tanto el senador de LLA Luis Juez como el abogado Alberto Maques (presidente de la comisión) salieron a sostener el pedido de Roca. Finalmente, todos los integrantes del cuerpo terminaron votando la postergación, incluidos los kirchneristas. "Por esta vez en particular todo lo que tiene que ver con Maraniello queda suspendido", dijo Maques. "En labor yo entendí lo contrario", quiso dejar asentado Tailhade. La postergación incluyó avanzar con la citación a hacer su descargo por las graves acusaciones contra Maraniello por maltrato y acoso a los empleados, entre los cuales figura una víctima que habló de abuso sexual.
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, reconoció este miércoles que participó del cumpleaños de su par de Salta, Gustavo Sáenz, en un encuentro que se hizo en la casa del juez Ariel Lijo. La celebración, que fue revelada por LA NACION, tuvo lugar en un departamento que del magistrado en la avenida Alvear."Cumplía años y tuvimos una pequeña reunión al pasar, nada más, como tengo muchas reuniones. Obviamente que yo tengo muchos amigos, me gusta compartir con gente y saber qué piensan todos, los dirigentes, la gente", señaló Jalil en diálogo con Futurock.Este medio había detallado que de ese encuentro también participaron el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el secretario personal del ex espía Jaime Stiuso, Lucas Nejamkis, y un hombre que estuvo ligado a Cristóbal López y Alberto Fernández, Julián Leunda. Del encuentro también formó parte el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa $LIBRA. Pero Jalil evitó brindar detalles al respecto. "Eso es parte de la vida privada de cada uno. Gustavo cumple años el 14 de abril, el mismo día que cumplía mi padre. Y yo justo me quedé ese día en Buenos Aires porque estaba mal el clima y no podía volar, pero nada más que eso", reiteró. Al ser consultado sobre si fue la reunión fue en el departamento de Lijo, insistió con que "fue un cumpleaños" y que "es un tema privado". "Tengo un gran aprecio por Gustavo. Como tengo un montón de reuniones privadas y hablando solamente cosas personales". Ante la insistencia del periodista, aclaró: "No lo estoy negando tampoco". La reunión resultó llamativa en momentos en que Lijo busca construir una mayoría en el Senado para alcanzar el cargo de procurador general de Justicia, después de no haber podido hacer prosperar su designación como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.En paralelo, Lijo lleva las causas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la falta de explicaciones sobre sus viajes y propiedades por valores por encima de su patrimonio declarado, además del expediente sobre supuestos casos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) debido a presuntas coimas en el manejo de prestaciones y medicamentos.Jalil propuso "desdramatizar la política" y la actividad de "tomar un café con alguien". "Creo que hay que desdramatizarla, ir al consenso. Es un año que se puede hacer consensos. Yo tengo reuniones periódicas con la Corte, el Tribunal de Cuentas, hablo con los jueces federales a ver qué están viendo con la inseguridad", acotó. Por eso llamó a "no estar todo el día con una agenda muy agresiva. Uno lee el diario y, si es ciudadano, ve a todos peleándose contra todos. Creo que este año hay que buscar consensos para que pueda gobernar bien el próximo presidente, eso es lo más importante", concluyó.
Es Gastón Salmain. Lo convocó el Consejo de la Magistratura a dar explicaciones para avanzar en su juicio político por mal desempeño.Se postergó la misma decisión para otro magistrado.
Marcus Terry, condenado por el brutal asesinato de su compañero de celda en el Instituto Correccional de Dade, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional luego de mofarse durante la audiencia
La medida cautelar dictada por el juez Raúl Ojeda mantiene suspendida la reforma laboral. Ahora denunciaron al magistrado y advirtieron por el impacto en las pymes y la incertidumbre jurídica
Carmen Luisa Terán Suárez enfrenta actualmente dos investigaciones disciplinarias por decisiones polémicas en casos de alto perfil, pero continúa en sus funciones judiciales mientras se aclaran las indagaciones