inmigrante

Deportaciones masivas: elevan demanda para evitar que el ICE oculte ubicación de inmigrantes con orden final

La política migratoria del gobierno de Donald Trump quedó bajo cuestionamiento judicial en Estados Unidos. Cuatro organizaciones que brindan servicios legales a inmigrantes presentaron una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para exigir que se restablezca el acceso público a la información sobre personas detenidas con órdenes finales de deportación.Qué se sabe sobre la demanda contra el ICELa acción judicial fue presentada el 28 de octubre ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts. La causa, identificada como Greater Boston Legal Services et al. v. Mullin, cuestiona una directiva que impide conocer el paradero de miles de personas que permanecen bajo custodia migratoria.Según los demandantes, la modificación del Sistema en Línea de Localización de Detenidos (ODLS, por sus siglas en inglés) comenzó alrededor del 15 de septiembre, sin un anuncio previo. La herramienta permitía a familiares y abogados consultar dónde estaban alojadas las personas detenidas por las autoridades migratorias."Al optar por ocultar incluso la información más básica sobre miles de personas bajo su custodia, el gobierno está bloqueando ilegalmente su acceso a asesoría legal y a los tribunales", dijeron los abogados en un comunicado en conjunto con las organizaciones demandantes.Qué cambia con la política de localización de detenidos del ICELa normativa cuestionada, denominada ODLS Final Order Policy, excluye del sistema a los adultos que tienen una orden definitiva de expulsión. Cuando familiares o representantes legales ingresan los datos de una persona, el portal puede devolver una búsqueda sin resultados, aunque el detenido continúe bajo custodia federal.La restricción también alcanza las consultas directas. De acuerdo con la demanda, el personal del ICE recibió instrucciones de no informar por teléfono ni en persona dónde se encuentran estos detenidos.Las líneas de asistencia tampoco resuelven necesariamente las consultas, ya que dependen de los mismos mecanismos de localización o derivan a los usuarios al portal.Las organizaciones estiman que entre 16.000 y 20.000 personas quedaron fuera del sistema, una cifra que representaría cerca del 32% de la población retenida por el ICE. La medida se aplicaría en gran parte de la red nacional de centros de detención, con excepciones limitadas a determinadas instalaciones.Demanda contra el ICE: los obstáculos judiciales que denuncian organizacionesLas entidades demandantes son Greater Boston Legal Services, Rian Immigrant Center, Florence Immigrant and Refugee Rights Project y Amica Center for Immigrant Rights. La presentación cuenta con el respaldo jurídico de organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el National Immigration Law Center y el National Immigration Project.El argumento central de esas organizaciones es que una orden final de deportación no elimina todas las posibilidades de defensa legal. Las personas retenidas todavía pueden solicitar la reapertura de sus expedientes, presentar recursos de habeas corpus ante tribunales federales, pedir protección frente a determinadas expulsiones a terceros países o denunciar condiciones de detención y posibles abusos.Los demandantes también advirtieron que las familias quedan sin información sobre sus allegados y que las organizaciones deben destinar recursos adicionales a intentar localizarlos.Los fundamentos legales de la demanda contra el ICELa demanda sostuvo que la directiva vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés), porque las autoridades habrían cambiado una práctica vigente durante aproximadamente 16 años sin explicar los motivos ni evaluar sus consecuencias. Las organizaciones consideraron que la decisión carece de una justificación suficiente.También alegaron una violación de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Según su planteo, impedir que los abogados conozcan la ubicación de sus clientes interfiere en la comunicación, la prestación de asesoramiento jurídico y la representación de personas detenidas.El tercer eje está relacionado con la transparencia administrativa. Las organizaciones cuestionaron que el gobierno no haya publicado oficialmente la directiva ni informado de manera adecuada sobre sus alcances.Por ese motivo, invocaron la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) para reclamar la divulgación de los detalles de la medida.Las entidades pidieron al tribunal que suspenda la aplicación de la política mientras se tramita el caso y que, al resolver la controversia, la deje sin efecto. También solicitaron que se ordene al ICE restablecer la información de las personas detenidas en el sistema público de localización.

Quién fue Dolores Huerta, cofundadora del mayor sindicato agrícola de Estados Unidos y defensora de los derechos de jornaleros, mujeres e inmigrantes

La activista falleció a los 96 años en su casa de Bakersfield, California. Creadora del lema "Sí, se puede", lideró huelgas y boicots que transformaron el sindicalismo en los campos de la nación y dejó una huella profunda en el feminismo y la lucha por la igualdad civil

El Uscis cambia el formulario I-914 y desde el 27 de noviembre dejará de aceptar las versiones anteriores para no inmigrantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) modificó las condiciones de presentación del formulario I-914, un documento destinado a personas que buscan protección migratoria temporal tras ser víctimas de trata de personas. La actualización establece una fecha límite para utilizar la edición anterior y recuerda los requisitos de presentación que deben cumplir los solicitantes.Qué cambia en el formulario I-914 del UscisDe acuerdo con la información oficial, hasta el 26 de noviembre, los solicitantes podrán presentar tanto la nueva edición del 14 de septiembre, identificada como "09/14/26â?³, como la versión del 20 de enero de 2025, correspondiente a la fecha "01/20/25â?³.Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de UscisSin embargo, a partir del día siguiente, el Uscis dejará de admitir la versión anterior y exigirá la presentación del formulario actualizado.La fecha de edición figura en la parte inferior del formulario y de sus instrucciones. Por ese motivo, antes de enviar la documentación, es necesario comprobar que todas las hojas pertenezcan a la versión que corresponde según el plazo establecido por la agencia migratoria.El Uscis también requiere que las páginas incluidas en la solicitud estén completas y permitan identificar tanto la fecha de edición como el número de página. La combinación de hojas de distintas versiones o la ausencia de alguna página puede derivar en el rechazo de la presentación.La actualización no modifica el propósito central del formulario I-914: permitir que determinadas víctimas de trata soliciten el estatus T de no inmigrante. Este mecanismo contempla protección migratoria temporal en EE.UU. y, cuando se aprueba la solicitud principal, la posibilidad de obtener autorización de empleo.Quiénes pueden solicitar el estatus T de no inmigranteEl formulario está dirigido a personas que fueron víctimas de formas graves de trata laboral o sexual. En el primer caso, se contempla la explotación mediante trabajo o servicios obtenidos a través de fuerza, fraude o coerción. La segunda también puede dar lugar a la solicitud cuando se cumplen las condiciones previstas para esta categoría migratoria.Entre los requisitos para acceder al estatus T se encuentran los siguientes:La presencia física en EE.UU., Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte o un puerto de entrada, cuando esa situación está relacionada con la trata. También puede contemplarse el ingreso autorizado para participar en investigaciones o procedimientos judiciales vinculados con el caso.Otro criterio es haber respondido a los pedidos razonables de colaboración de las autoridades encargadas de investigar o procesar estos delitos, ya sean federales, estatales, tribales o locales.Ese último requisito contempla excepciones para quienes eran menores de 18 años cuando ocurrieron los hechos y para las personas que no pueden cooperar debido a un trauma físico o psicológico.Los requisitos de protección y el riesgo de deportaciónQuienes solicitan el estatus T también deben demostrar que su expulsión de EE.UU. podría ocasionarles una dificultad extrema que implique un daño inusual y severo. Este aspecto forma parte de los criterios de elegibilidad que el Uscis considera al evaluar la solicitud.La documentación presentada debe respaldar las circunstancias que fundamentan el pedido de protección. Por eso, los interesados deben revisar las instrucciones correspondientes a la edición vigente y reunir los antecedentes necesarios antes de enviar el expediente.El cumplimiento de los requisitos no elimina la obligación de utilizar la versión correcta del formulario. Incluso cuando una persona reúne las condiciones para solicitar el estatus T, la presentación de páginas incompletas o pertenecientes a ediciones diferentes puede ocasionar problemas administrativos.

El operativo del ICE para detener a un inmigrante que dejó una camioneta abandonada en la ruta: "Agentes encubiertos"

Un procedimiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) terminó con la detención de un inmigrante en un estacionamiento de Corona, California. Después del arresto, la camioneta que conducía quedó en el lugar con el motor encendido y un teléfono móvil que recibía llamadas.Cómo fue la detención del ICE en CaliforniaEl episodio fue grabado por un testigo, quien se encontraba en las inmediaciones cuando intervinieron los oficiales. "Agentes encubiertos del ICE", señaló, según el relato asociado a las imágenes retomadas por Univision.Durante la intervención, el hombre cuestionó que los agentes realizaran el procedimiento en una propiedad privada. En el registro audiovisual también se escuchan intercambios verbales entre la persona que filma y los funcionarios, mientras la camioneta permanecía estacionada.Tras llevarse al conductor, los agentes dejaron el vehículo en el estacionamiento con los vidrios bajos. "El auto todavía está encendido. Alguien está llamando también", advirtió el testigo.Ante esa situación, según lo retomado por el medio, él y otras personas buscaron la manera de comunicarse con sus familiares para informarles lo sucedido. Los allegados del detenido finalmente acudieron al estacionamiento para hacerse cargo de la camioneta.El aumento de los arrestos del ICE en CaliforniaEl procedimiento se produjo en un contexto de expansión de las detenciones migratorias. Según las cifras oficiales, el ICE registró 49.571 arrestos en todo Estados Unidos durante julio, un aumento del 70% respecto de febrero.En el mismo período, las detenciones informadas en Los Ángeles llegaron a 1179, mientras que en el área de San Francisco alcanzaron las 890. Esta última cifra representó un incremento superior al 60% en comparación con febrero, de acuerdo con los datos oficiales.También se informó sobre el denominado operativo Safe California, una intervención de 45 días que habría comenzado en San Diego y avanzado hacia Los Ángeles y San Francisco. Las denuncias sobre estas acciones sostuvieron que las instrucciones contemplaban arrestos de inmigrantes sin estatus regular, incluso cuando no tenían antecedentes penales.Las denuncias por operativos del ICE y el reclamo judicial en CaliforniaA comienzos de octubre, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes reportaron más de 100 detenciones durante operativos en California. La Unión de Trabajadores Agrícolas afirmó haber registrado 60 arrestos en una sola jornada en el Valle Central.Según esos informes, las intervenciones se concentraron principalmente en zonas agrícolas cercanas a Fresno.Entre las principales críticas hacia los operativos del ICE figuran el uso de ropa de civil, máscaras y vehículos sin identificación visible, además de denuncias sobre detenciones sin orden judicial. Activistas también señalaron consecuencias para trabajadores, vendedores ambulantes y familias.Qué cuestiona California sobre las detenciones sin orden judicialEl fiscal general de California, Rob Bonta, encabezó una coalición de 21 estados y el Distrito de Columbia que presentó un escrito judicial en apoyo de una impugnación contra determinadas prácticas del ICE. La presentación corresponde al caso Escobar-Molina v. DHS, ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia.El planteo sostiene que la legislación federal permite ciertos arrestos migratorios sin orden judicial únicamente cuando se cumplen requisitos específicos, entre ellos la existencia de motivos fundados y una evaluación individual del riesgo de fuga antes de obtener una orden. La coalición cuestiona que esas condiciones no se respetan en determinadas intervenciones.El documento también advierte sobre posibles efectos en el acceso a la justicia, la asistencia escolar, la atención sanitaria y la actividad económica. Entre los datos citados figura una caída del 28% en las llamadas de emergencia a la Policía de Los Ángeles después de los operativos, atribuida al temor de algunas personas a entrar en contacto con las autoridades."La administración Trump ha emprendido un programa de deportación masiva agresivo y militarista, sin ningún respeto por la humanidad ni la dignidad de las personas", dijo Bonta en un comunicado.

Revisan el voto de cientos de personas en Washington y entre los señalados hay inmigrantes con green card

Las autoridades federales pidieron al estado de Washington que revise el voto de más de 400 personas, entre las que se encuentran inmigrantes con green card, y aparte sus boletas por correo hasta verificar su ciudadanía. El reclamo se produce en medio de las disputas por el presunto sufragio de no ciudadanos antes de las elecciones del 3 de noviembre.Qué investigan sobre los votos y las green cards en WashingtonSegún el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), los fiscales federales identificaron más de 400 personas presuntamente inscritas de manera irregular en los registros electorales. Las autoridades sostuvieron que varias participaron en elecciones anteriores pese a no contar con ciudadanía estadounidense.KUOW precisó que los investigadores señalaron a 405 personas, a quienes atribuyeron la emisión de más de 1500 votos presuntamente ilegales. Los fiscales no especificaron el período completo al que corresponden esos sufragios.Entre los individuos identificados figuran residentes permanentes legales. Estas personas poseen una green card que les permite vivir legalmente en EE.UU., pero no les otorga la ciudadanía ni el derecho a participar en elecciones federales.El fiscal federal interino del distrito occidental de Washington, Neil Floyd, afirmó que los investigadores detectaron personas que votaron en múltiples elecciones.Los fiscales también señalaron posibles errores en el programa Washington Motor Voter. Según explicaron, algunos residentes permanentes denunciaron que el sistema los inscribió sin su conocimiento.A partir de esa supuesta falla, recibieron boletas electorales por correo y asumieron que tenían autorización para votar.El plazo del DOJ para que Washington separe las boletasDe acuerdo con Reuters, los fiscales federales solicitaron al secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs, verificar la ciudadanía de los individuos señalados y evitar el recuento de sus boletas hasta completar ese procedimiento.El documento estableció como plazo el miércoles 28 de octubre, a las 12 hs (hora local). El DOJ advirtió que podría solicitar una medida judicial de emergencia si las autoridades estatales no cumplían con el requerimiento.La lista de personas investigadas provino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), según informó KUOW. Los fiscales federales revisaron los antecedentes electorales de los individuos y cruzaron los registros electorales para identificar posibles irregularidades.Sin embargo, el propio DOJ reconoció en su carta que algunos de los señalados podrían haber obtenido la ciudadanía estadounidense y esa información no estaría actualizada en su registro migratorio. No se precisó cuántas personas podrían encontrarse en esa situación.La intervención federal en Washington ocurrió después de una solicitud similar en California, donde el DOJ exigió apartar las boletas de unas 20.000 personas consideradas posibles no ciudadanas. Las autoridades californianas cuestionaron los datos y el conflicto derivó en una demanda judicial.La respuesta de Washington a las acusaciones de fraude electoralLa Secretaría de Estado de Washington confirmó el 26 de octubre que recibió el pedido del DOJ. El organismo anunció que examinaría la información solicitada y evaluaría su compatibilidad con las leyes estatales y federales.Hobbs cuestionó la confiabilidad del sistema federal utilizado para identificar a posibles extranjeros en los padrones. Según la dependencia estatal, esa herramienta puede señalar por error a ciudadanos estadounidenses, un riesgo asociado a las revisiones de ciudadanía de los votantes.La Secretaría de Estado destacó que uno de los aproximadamente 400 registros mencionados por el DOJ data de 1994. Desde ese año, Washington contabilizó unos 113,5 millones de votos en elecciones primarias y generales.En una entrevista anterior citada por KUOW, Hobbs afirmó que entre 1982 y 2025 se identificaron apenas 15 casos de voto de personas sin ciudadanía en el estado. El secretario sostuvo que las autoridades revisan los padrones constantemente para detectar posibles inscripciones incorrectas.Qué consecuencias pueden enfrentar los inmigrantes con green card por votarEl DOJ advirtió que los residentes permanentes que declaren falsamente su ciudadanía para inscribirse como electores pueden enfrentar cargos penales. Las acusaciones por determinadas declaraciones falsas y registros fraudulentos contemplan penas máximas de cinco años de prisión federal.También existen posibles consecuencias migratorias. Según el organismo, una persona que votó ilegalmente podría enfrentar dificultades durante su proceso de naturalización, especialmente si niega esos antecedentes o una declaración previa de ciudadanía estadounidense en la solicitud.

Interceptan a 36 inmigrantes llegados en dos pateras a Formentera

El Uscis lo confirmó: estos inmigrantes que ingresaron con CBP One podrán solicitar la reapertura gratis de ciertos trámites

Los inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos mediante CBP One podrán solicitar la reapertura gratuita de determinados trámites migratorios si pertenecen al grupo afectado por la cancelación masiva del parole en abril de 2025. La medida surge después de un fallo sobre la aplicación y permite revisar decisiones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) relacionadas con aquella revocación.Qué inmigrantes que ingresaron con CBP One podrán reabrir trámites gratisEl Uscis confirmó en un comunicado oficial que los integrantes de la demanda colectiva Sileiri Doe vs. DHS podrán solicitar la reapertura o reconsideración de decisiones migratorias desfavorables sin pagar una tarifa.El beneficio alcanza a resoluciones que el organismo emitió entre el 1° de abril de 2025 y el 21 de abril de 2026 como consecuencia de la cancelación del permiso de permanencia temporal (parole). Además, el Uscis aclaró que no existe una fecha límite para presentar estas solicitudes bajo el procedimiento especial.Para acceder al mecanismo, los inmigrantes deben cumplir cuatro condiciones:Ingreso mediante CBP One: haber programado una cita para entrar a EE.UU. a través de la aplicación.Fecha del permiso: haber recibido el parole entre el 16 de mayo de 2023 y el 19 de enero de 2025.Cancelación del beneficio: haber recibido en abril de 2025 un correo electrónico con la frase "Es hora de que abandone EE.UU.", o un mensaje similar, como notificación de la finalización del permiso.Permanencia en EE.UU.: continuar dentro del territorio estadounidense.El organismo precisó que la medida no alcanza automáticamente a todos los usuarios de CBP One. Los solicitantes también deberán demostrar que la cancelación de abril de 2025 afectó su elegibilidad para el beneficio migratorio que intentaban obtener.Afectados por CBP One: qué trámites del Uscis podrán reabrirse sin pagarLa disposición contempla distintos tipos de solicitudes que recibieron una decisión desfavorable durante el período establecido. El Uscis identificó seis situaciones:Solicitudes denegadas.Peticiones desestimadas.Expedientes considerados abandonados.Casos cerrados administrativamente.Solicitudes rechazadas.Expedientes remitidos a la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés).Joven latino contó su experiencia con CBP OneEntre los procedimientos comprendidos figuran las solicitudes de asilo y determinados trámites de ajuste de estatus. Sin embargo, el mecanismo excluye expresamente las autorizaciones de empleo basadas en el parole.La reapertura tampoco garantiza una resolución favorable. Los funcionarios deberán analizar cada expediente individualmente y comprobar que el extranjero reúne los requisitos correspondientes, sin considerar la cancelación del permiso de abril de 2025.Cómo solicitar la reapertura gratuita de un trámite migratorio ante el UscisEl Uscis estableció que los integrantes del grupo deberán utilizar los formularios o mecanismos que determine la agencia y seguir las instrucciones especiales correspondientes al caso Sileiri Doe.Los solicitantes tendrán que explicar cómo la revocación de su parole afectó su elegibilidad para el beneficio solicitado. También deberán justificar por qué corresponde reabrir o reconsiderar la decisión original.Las instrucciones oficiales distinguen dos categorías:Formulario I-589: para solicitudes relacionadas con asilo. Las indicaciones especiales se encuentran en la página oficial del I-589.Formulario I-290B: para los demás tipos de beneficios alcanzados por el procedimiento. Las instrucciones están disponibles en la página oficial del I-290B.La exención de la tarifa corresponde exclusivamente al mecanismo dispuesto por la resolución judicial. El Uscis aclaró que las apelaciones quedan excluidas y mantienen los procedimientos y requisitos habituales.El fallo judicial que permitió revisar las cancelaciones de paroleEl origen de la medida se encuentra en una resolución del 31 de marzo de 2026. En aquella oportunidad, el Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts anuló la revocación del parole que el gobierno federal había comunicado por correo electrónico a determinados inmigrantes en abril de 2025.La jueza federal Allison D. Burroughs determinó que las autoridades no habían respetado los procedimientos requeridos para finalizar aquellos permisos y ordenó restablecerlos.Posteriormente, el 21 de abril de 2026, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) actualizó las bases de datos gubernamentales para reflejar la restitución de los períodos de parole. Ese mismo día, emitió nuevas notificaciones de cancelación.El documento judicial estableció posteriormente medidas para corregir las consecuencias de las cancelaciones originales. Entre ellas, incluyó un procedimiento gratuito para revisar decisiones migratorias desfavorables y la obligación de notificar a los afectados sobre esa posibilidad.La resolución también ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comunicar el procedimiento a los integrantes del grupo mediante avisos traducidos a cinco idiomas. Además, exigió modificaciones en las bases de datos y directrices internas para evitar que las cancelaciones de abril de 2025 perjudicaran futuras evaluaciones migratorias.Qué sucede con los migrantes que enfrentan la deportación, según el UscisEl procedimiento gratuito presenta restricciones para quienes tienen expedientes ante un juez de inmigración.El Uscis explicó que, en general, los integrantes del grupo que enfrentan procesos de expulsión deberán conseguir primero que el juez cierre o desestime ese procedimiento. Esta condición resulta necesaria antes de solicitar a la agencia la reapertura de un caso de asilo y, en determinadas situaciones, de ajuste de estatus.Existen excepciones limitadas. Sin embargo, si el organismo ya no tiene jurisdicción sobre el expediente debido al proceso judicial, podrá rechazar o denegar la solicitud.El Uscis también diferenció este mecanismo de las mociones ante tribunales migratorios. La gratuidad anunciada para Sileiri Doe no modifica las reglas generales aplicables a las apelaciones.Por otra parte, el tribunal aclaró que la anulación de los correos electrónicos de abril de 2025 no afecta las nuevas cancelaciones de parole emitidas el 21 de abril de 2026. La resolución tampoco ordenó liberar automáticamente a todos los integrantes del grupo que permanecen detenidos.

La Unión europea quiere convertir su agencia guardafronteras en una maquinaria de deportaciones de inmigrantes ilegales

La propuesta prevé elevar su presupuesto anual a casi 2.000 millones de euros y multiplicar por más de diez su personal hasta alcanzar las 30.000 personas.La iniciativa impulsada por el comisario Magnus Brunner plantea dotar al organismo de mayor tecnología para la vigilancia de las fronteras y el monitoreo de redes sociales.

La norma sobre la licencia de conducir y validez en Nueva Jersey con la que el ICE detiene inmigrantes en carreteras

Los camioneros inmigrantes que circulan por Nueva Jersey deben cumplir con nuevos requisitos para conservar su licencia de conducir comercial. Las disposiciones de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, por sus siglas en inglés) limitan las categorías migratorias que permiten obtener o renovar determinadas credenciales y se relacionan con controles del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).Qué cambia sobre la licencia comercial para inmigrantes en Nueva JerseyDesde el 16 de marzo, las disposiciones de la FMCSA restringen el acceso a las licencias comerciales no domiciliadas. Según los requisitos informados, solo determinadas personas con visas de empleo temporal H-2A y H-2B, o con permisos de inversionista E-2, pueden reunir las condiciones migratorias exigidas.Uno de los principales cambios afecta al Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), ya que dejó de ser suficiente para tramitar o renovar una licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés) no domiciliada. La modificación alcanza a grupos que anteriormente podían presentar esa documentación, incluidos:Solicitantes de asiloRefugiadosPersonas con asilo concedidoBeneficiarios de DACABeneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés)La Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey debe aplicar los requisitos federales en la emisión y renovación de estas credenciales. Los trámites tienen que realizarse en persona y el Estado debe verificar la situación migratoria mediante el sistema federal SAVE. La licencia puede tener una vigencia máxima de un año o vencer en la fecha indicada en el formulario migratorio I-94, si esta llega antes.Qué documentos se necesitan para obtener o renovar una CDLLos solicitantes deben presentar un pasaporte extranjero vigente junto con un formulario I-94 o I-94A válido que acredite una de las categorías migratorias admitidas. Cuando corresponda, también pueden presentar el formulario I-797A emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Una notificación I-797C no sustituye los documentos requeridos. Las autoridades estatales tienen la obligación de comprobar que cada solicitante reúna las condiciones establecidas. Si la verificación determina que una persona ya no cumple los requisitos federales, debe iniciarse el procedimiento para retirar o degradar la licencia dentro de un plazo máximo de 30 días.La credencial debe incluir de manera visible la indicación non-domiciled, que identifica este tipo de licencia. Por eso, contar con una CDL emitida anteriormente no garantiza que siga con validez bajo las nuevas disposiciones.Las modificaciones también se relacionan con los controles del ICE en carreteras. Durante estas inspecciones, los agentes pueden revisar las licencias y la documentación de los conductores, lo que puede derivar en intervenciones migratorias cuando detectan irregularidades.Cómo utiliza el ICE los controles en las carreterasLas operaciones conocidas como Highway Shield e ICE Wall se apoyan en puntos donde los transportistas suelen detenerse por razones operativas o reglamentarias. Entre ellos figuran estaciones de pesaje, áreas de descanso y paradas de servicio para camiones.Durante los procedimientos, los agentes pueden solicitar la licencia comercial, documentos de identidad y comprobantes del estatus migratorio. También pueden examinar el cumplimiento de las normas de transporte, entre ellas las relacionadas con el dominio del idioma inglés.Si oficiales encuentran una CDL anulada o que no reúne los requisitos aplicables, el conductor puede quedar impedido de continuar su actividad comercial y enfrentar una intervención de las autoridades migratorias.En Nueva Jersey, se registraron intervenciones en paradas de camiones ubicadas junto a la autopista New Jersey Turnpike. NBC News señaló que durante agosto los agentes acudían con frecuencia a estos establecimientos, donde interrogaban a conductores y trasladaban a algunos de ellos esposados a vehículos oficiales.Regla de las CDL y controles del ICE: hay disputa judicial en EE.UU.La regulación federal recibió impugnaciones ante los tribunales. La Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D. C. escuchó los argumentos de las partes el 15 de septiembre y, de acuerdo con la información disponible, todavía no emitió una decisión.La FMCSA defiende las restricciones con el argumento de que resulta difícil verificar los antecedentes de conducción de algunos trabajadores extranjeros en sus países de origen. Los demandantes, en cambio, sostienen que la agencia excedió sus atribuciones y que la medida afecta a transportistas con experiencia laboral en EE.UU.Mientras continúa el litigio, los conductores extranjeros que trabajan o transitan por Nueva Jersey deben prestar atención a la vigencia de sus credenciales y a los documentos que respaldan su elegibilidad.

El discurso de la ley y el orden entra de lleno en la campaña electoral: PP y Vox salen en tromba contra el Gobierno y los inmigrantes tras los disturbios en Barcelona

Aunque sin pruebas sobre la identidad de los alborotadores, Santiago Abascal ha señalado al "islamoizquierdismo" y Alberto Núñez Feijóo ha vinculado la violencia con la negativa de la izquierda política a abandonar el poder

En Florida denuncian que ICE prepara deportaciones de inmigrantes latinos a países africanos

Familiares de inmigrantes detenidos en Florida denunciaron el 21 de octubre que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) prepara deportaciones hacia países africanos de personas con enfermedades graves. Los afectados permanecen bajo custodia en dos centros del sur del estado y podrían ser enviados a destinos con los que no tienen vínculos. ¿Qué inmigrantes podrían ser deportados por ICE desde Florida hacia África?De acuerdo con una investigación publicada por The Guardian, familiares de los detenidos y la organización de defensa de los inmigrantes Workers Circle denunciaron que las autoridades preparan vuelos de deportación para personas con diferentes problemas de salud.Los inmigrantes permanecen en dos centros de detención administrados por operadores privados por cuenta de ICE:Krome North Service Processing Center, ubicado en Miami.Broward Transitional Center, situado en Pompano Beach.Arianne Betancourt, organizadora de derechos de los inmigrantes de Workers Circle, explicó durante una conferencia de prensa realizada el martes 20 de octubre por la noche que recibió llamadas de varios detenidos.Según relató, agentes de deportación citaron a algunos hombres para informarles que México no los recibiría debido a sus problemas de salud y que, por ese motivo, serían enviados a países africanos. Betancourt también advirtió que los inmigrantes trasladados a terceros países enfrentan dificultades para acceder a medicamentos y atención médica.El caso del cubano de 41 años que tiene diabetes y pancreatitisUno de los inmigrantes afectados es Noslén Sendra, un ciudadano cubano de 41 años que permanece bajo custodia desde noviembre de 2025. Su esposa, Anisley Cortés, explicó que inicialmente estuvo detenido en el centro conocido como Alligator Alcatraz y que en abril de 2026 fue trasladado a Krome.Según su testimonio, Sendra tiene diabetes no controlada y pancreatitis aguda, una afección que provocó una hospitalización de varias semanas a comienzos de 2026. Cortés denunció problemas en el tratamiento médico que recibió su esposo durante la detención y afirmó: "Perdió más de 50 libras (22,7 kilogramos). No le daban sus medicamentos y tampoco suficiente comida".La mujer sostuvo que su marido necesita atención sanitaria adecuada. También aseguró que Cuba no lo acepta como deportado y que, según la información que recibió, México rechazó admitirlo debido a su estado de salud.De acuerdo con su relato, las autoridades le comunicaron a Sendra que sería enviado a África porque ninguno de los dos países aceptaría recibirlo. Cortés agregó que la cantidad de medicamentos que necesita su esposo fue uno de los argumentos mencionados para justificar el supuesto rechazo mexicano. "No sabemos cómo está ni si volveremos a verlo", expresó.¿Cuándo saldrían los vuelos de deportación de ICE y cuáles serían los destinos?La abogada especializada en derechos de los inmigrantes Shalyn Fluharty señaló que los testimonios recibidos apuntan a dos posibles vuelos de deportación hacia África durante la semana del 21 de octubre.Según explicó, las operaciones podrían realizarse el jueves 22 y el viernes 23 de octubre. También identificó a la República Centroafricana y Burundi como posibles destinos.Fluharty describió las condiciones de traslados anteriores, durante los cuales los inmigrantes permanecieron sujetos con esposas en las muñecas, los tobillos y la cintura. Según la abogada, algunas personas que se quejaron durante los viajes fueron inmovilizadas mediante dispositivos que les impedían mover el cuerpo. Los vuelos pueden durar hasta 24 horas, advirtió. ¿Qué documentaron las organizaciones sobre las deportaciones a terceros países?Un informe publicado por Human Rights Watch el 8 de octubre examinó las deportaciones desde Estados Unidos hacia países africanos con los que los inmigrantes no mantienen vínculos de nacionalidad o residencia habitual.La organización documentó testimonios de malos tratos durante los vuelos, detenciones arbitrarias después de la llegada y casos de personas expuestas a persecución o tortura.Según los datos de ICE analizados por Human Rights Watch, entre el 20 de enero de 2025 y el 5 de agosto de 2026, Estados Unidos deportó a 536 personas a países africanos distintos de sus lugares de origen. De acuerdo con los defensores de los inmigrantes citados por The Guardian, el aumento de las detenciones durante el segundo mandato de Donald Trump provocó una mayor sobreocupación de los centros migratorios, por lo que el DHS recurrió a más vuelos hacia terceros países para aliviar la presión sobre las instalaciones.El 29 de septiembre, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió provisionalmente que la administración de Donald Trump reanudara las deportaciones a terceros países al suspender una decisión de un tribunal inferior que había declarado ilegal la política del DHS.La medida no resolvió de manera definitiva la legalidad de estas expulsiones y el máximo tribunal acordó escuchar los argumentos del caso en diciembre.¿Qué respondió el DHS sobre las posibles deportaciones desde Florida?Ante una consulta de The Guardian, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) solicitó información personal de los inmigrantes afectados. Sin embargo, el organismo no ofreció una respuesta adicional después de recibir los datos de Noslén Sendra, cuyo caso fue presentado por su esposa.

Es oficial: en qué caso el Uscis aplica la regla del DHS que da prórroga a inmigrantes con permisos de trabajo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) definieron el marco de aplicación de la regla de extensión automática para los permisos de trabajo de los inmigrantes. La normativa establece criterios específicos según la fecha de presentación de la solicitud de renovación del documento de autorización de empleo.Casos en los que el Uscis aplica la prórroga automática a los permisos de trabajoEl Uscis mantiene la posibilidad de acceder a una prórroga automática de hasta 540 días para determinadas solicitudes de renovación recibidas antes del 30 de octubre de 2025, siempre que cumplan los requisitos de elegibilidad.Quienes solicitaron la renovación antes del 30 de octubre de 2025 y cumplen los requisitos establecidos pueden mantener su autorización laboral durante un máximo de 540 días después del vencimiento del permiso anterior, mientras se resuelve su solicitud.Según N+ Unvision, esta disposición permite a los beneficiarios mantener activa su autorización laboral y la vigencia de su número de Seguro Social durante el periodo de prórroga. De este modo, los trabajadores que tramitaron su renovación en el plazo indicado evitan la interrupción de sus contratos de trabajo.En contraste, las solicitudes de renovación ingresadas a partir del 31 de octubre de 2025 quedan exentas de la extensión automática de 540 días. Para estos casos, la autorización laboral concluye en la fecha de vencimiento impresa en la tarjeta si la agencia no aprobó el nuevo documento.Uscis: más de 432 mil renovaciones de permisos de trabajo acumulan demoras de al menos seis mesesEl gobierno estadounidense creó la extensión de 540 días como una respuesta temporal ante la acumulación masiva de trámites en las oficinas de migración. La medida buscaba proteger a los trabajadores extranjeros mientras las autoridades procesaban los retrasos en la emisión de las credenciales.Al 30 de junio de 2026, el Uscis registraba más de 432 mil solicitudes de renovación pendientes desde hacía al menos seis meses, entre ellas más de 91.000 que acumulaban demoras superiores a los 18 meses.Aunque el reglamento permite enviar la solicitud de renovación hasta 180 días antes del vencimiento del permiso, los plazos de respuesta de la agencia sobrepasan con frecuencia ese margen. Por esta razón, miles de personas que realizaron el trámite con seis meses de anticipación sufren la caducidad de sus documentos sin recibir la nueva tarjeta.Efectos laborales para los trabajadores y las alternativas ante el vencimientoCuando vence el documento de autorización de empleo sin una prórroga válida, el trabajador puede perder temporalmente su habilitación legal para trabajar, aunque su número de Seguro Social continúa vigente. Esta situación impide el desempeño de tareas en empresas y negocios en todo el territorio nacional.Por ello, abogados de inmigración recomiendan a los usuarios revisar el recibo oficial de entrega del Formulario I-765 para verificar la fecha exacta de ingreso del caso. El documento de notificación confirma si la persona califica para el beneficio de los 540 días o si debe evaluar otras opciones legales.Para quienes presentaron la renovación después del 30 de octubre de 2025, los especialistas sugieren mantenerse en comunicación constante con sus empleadores. De igual manera, consultar con asesores legales permite identificar alternativas para mitigar el impacto de la pérdida temporal de la autorización laboral.

Perdieron el TPS y ahora se esconden o se van: el pueblo de Estados Unidos que pierde trabajadores inmigrantes

La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) modifica la dinámica laboral y social en distintas comunidades de Estados Unidos. En Ohio, la eliminación de esta protección legal afecta la continuidad de la mano de obra migrante en el ámbito local.Los afectados que perdieron el TPS y la situación que enfrentanLa decisión judicial alcanza a cerca de 350 mil ciudadanos de origen haitiano en todo el país. Las autoridades federales confirmaron que se puso fin a la vigencia del TPS para esta población.Según BBC, muchos de estos residentes llegaron a suelo estadounidense tras el terremoto de 2010 en Haití. Otros ingresaron en 2021 a causa de la inestabilidad política y la violencia posterior al asesinato del presidente Jovenel Moïse.Al perder la protección, miles de trabajadores quedaron sin la autorización oficial para desempeñarse en fábricas y depósitos. Varios inmigrantes enfrentan órdenes de salida o la colocación de grilletes electrónicos de rastreo por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).En Springfield, un joven de 20 años llamado Pierre Damas Bel falleció el 31 de agosto de 2026 tras la imposición de un grillete de monitoreo en el tobillo. La familia vinculó el trágico hecho al impacto emocional del control oficial.Asimismo, diversos residentes acuden a centros de ayuda comunitaria para gestionar la retirada de los dispositivos mientras avanza el proceso de expulsión. Algunos comercios locales cierran sus instalaciones por temor a las inspecciones federales.El pueblo de Springfield y la pérdida de sus trabajadores inmigrantesLa localidad de Springfield, en el suroeste de Ohio, recibió a unos 20.000 migrantes haitianos durante los últimos cinco años. Esta población cubrió la escasez de personal en el sector industrial y en los centros de distribución.De acuerdo con BBC, el municipio arrastraba décadas de declive económico por el cierre de fábricas tradicionales y la despoblación. La llegada de la comunidad caribeña impulsó la ocupación de viviendas vacías y el consumo en los negocios locales.Sin embargo, la cancelación del TPS paralizó la actividad de varios establecimientos comerciales. El propietario de una tienda de abarrotes, Paschur Castelly, reportó estanterías desiertas ante la falta de clientes.Los habitantes de la zona mantienen posturas divididas ante la velocidad de la transformación demográfica. Algunos vecinos mencionaron el aumento del tráfico y la sobrecarga en los servicios públicos municipales.En el plano político, el presidente Donald Trump sostuvo en actos públicos que la salida de los migrantes "devolverá la tranquilidad" al municipio. Las autoridades federales intensificaron las operaciones de control y los vuelos de repatriación.El alcance de la medida y el contexto electoralLa revocación del TPS para Haití integra una política que canceló la protección a más de un millón de personas de 13 países. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defiende la medida bajo el argumento de cumplir la ley.A pesar de las deportaciones, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) mantiene para Haití la alerta máxima de Nivel 4 que prohíbe los viajes a esa nación. Las organizaciones sociales advierten sobre los riesgos de seguridad por la violencia de las pandillas.El pedido de la organización CASA por la liberación del pastor con TPSLa controversia migratoria incide en la campaña de las elecciones de medio término de 2026 en el estado de Ohio. La disputa abarca un escaño clave en el Senado federal dentro de un territorio competitivo.Por su parte, las empresas locales reportan puestos vacantes en líneas de ensamblaje que dependían de la mano de obra amparada por el TPS.

Alcalde de Nueva York explica en video en español a los inmigrantes cómo actuar ante ICE

El líder de Nueva York ofrece orientación en español sobre cómo actuar ante agentes migratorios, destacando derechos y recursos legales. Resalta la importancia de asesorarse legalmente y asegura que los inmigrantes no están solos, reafirmando el compromiso con las leyes de ciudad santuario.

El gobierno de Trump revocó la ciudadanía estadounidense a dos inmigrantes por falsear información

El gobierno de Donald Trump consiguió que dos tribunales federales de Estados Unidos revocaran la ciudadanía de dos mujeres naturalizadas que habían omitido información sobre sus antecedentes durante los trámites migratorios. Las decisiones se basaron en pruebas de fraude y en declaraciones falsas realizadas ante las autoridades.Quiénes son los inmigrantes cuya ciudadanía estadounidense fue revocadaDe acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), las personas involucradas son Vivian Chike Obichere, nacida en Nigeria, y Milagros Marileisis Acosta Torres, originaria de Cuba.En ambos expedientes, la agencia sostuvo que las mujeres no habían cumplido con los requisitos legales para obtener la ciudadanía porque ocultaron conductas delictivas previas.Las resoluciones se dictaron el 13 y el 14 de octubre y los procedimientos concluyeron mediante acuerdos entre las partes que fueron presentados ante los respectivos tribunales. El gobierno enmarcó estas actuaciones en su política de perseguir los casos en los que considera que la naturalización se consiguió de manera ilegal."La revocación de la ciudadanía es el paso final para privar de ella a quienes ocultan delitos o defraudan al pueblo estadounidense", indicó el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del DOJ. "Esta administración continuará su histórica campaña de revocación para proteger el valor de la ciudadanía estadounidense", señaló.Los motivos por los que el gobierno revocó la ciudadanía de Vivian Chike ObichereEl caso de Obichere se relaciona con el uso de una identidad ajena para obtener documentos estadounidenses. Según el DOJ, en 1992 la mujer utilizó el nombre, el número de Seguro Social y los datos de nacimiento de una ciudadana estadounidense para obtener un pasaporte.Al año siguiente, la oriunda de Nigeria obtuvo la residencia permanente legal con su identidad real. Sin embargo, nueve años después intentó renovar nuevamente el pasaporte expedido bajo el nombre falso, mientras tramitaba su naturalización con sus datos verdaderos. Durante la entrevista migratoria, negó bajo juramento haber utilizado esa identidad. Obtuvo la ciudadanía en 2013, pero dos años después fue condenada por presentar declaraciones falsas en una solicitud de pasaporte y utilizar ese documento de manera fraudulenta.El 30 de julio de 2026, el Departamento de Justicia presentó una demanda para revocar su naturalización. Después de que ambas partes solicitaran una resolución acordada el 7 de octubre, el tribunal federal del Distrito Norte de California ordenó retirar su ciudadanía el 13 de ese mes.El caso de Milagros Marileisis Acosta Torres y el lavado de dineroLa segunda causa involucra a Acosta Torres, quien obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2015. Antes de naturalizarse, participó en una conspiración para ocultar el origen de fondos obtenidos mediante un fraude contra un casino tribal de Florida.Según los antecedentes del caso, su esposo y otros participantes sustrajeron millones de dólares mediante comprobantes de crédito falsificados. Acosta Torres realizó operaciones financieras destinadas a disimular la procedencia del dinero y evitar los controles establecidos para determinadas transacciones.Durante su solicitud de ciudadanía y la entrevista correspondiente, afirmó que no había cometido delitos por los que no hubiera sido arrestada. En 2020 fue condenada por conspiración para cometer lavado de dinero, recibió una pena de seis meses de prisión y fue obligada a pagar cerca de US$150 mil en concepto de restitución. El DOJ presentó la demanda de desnaturalización el 8 de junio de 2026. Tras un pedido conjunto de las partes, el tribunal federal del Distrito Sur de Florida revocó su ciudadanía el 14 de octubre.En qué casos el gobierno de EE.UU. puede revocar la ciudadanía estadounidenseLa legislación federal contempla la desnaturalización cuando una persona obtuvo la ciudadanía sin reunir los requisitos legales o mediante el ocultamiento deliberado de información relevante. Estos procedimientos deben tramitarse ante la justicia federal y requieren que el gobierno presente pruebas que sustenten la revocación.Uno de los requisitos para naturalizarse es acreditar buen carácter moral durante el período exigido por la ley. Por eso, la información sobre delitos anteriores puede influir en la evaluación de una solicitud, incluso cuando no hubo arresto o condena en el momento de completar el trámite.El formulario de naturalización N-400 incluye preguntas sobre delitos e infracciones, entre ellas conductas que el solicitante pudo haber cometido sin ser arrestado. Proporcionar información falsa bajo juramento u ocultar hechos relevantes puede convertirse en fundamento de una demanda. Los antecedentes sellados o eliminados en el ámbito estatal tampoco deben darse por irrelevantes para el proceso migratorio: las obligaciones de declaración dependen de las normas aplicables y del tipo de antecedente.Trump acelera las demandas para revocar ciudadanías en EE.UU.: las cifras de 2026Los dos fallos se conocen en un período de expansión de las acciones judiciales para revocar ciudadanías. Según las cifras de TRAC Immigration, el gobierno presentó al menos 15 demandas civiles en mayo y otras 18 durante la primera mitad de junio. En conjunto, fueron 33 casos en aproximadamente seis semanas.El incremento contrasta con los ocho procedimientos registrados durante el año pasado y con el promedio histórico, inferior a una demanda mensual. Entre enero de 2008 y el 12 de junio de 2026 se habían identificado 166 demandas civiles, de las cuales cerca de una quinta parte se concentró entre mayo y principios de junio de este año.El DOJ había establecido la desnaturalización como prioridad de cumplimiento en un memorando de junio de 2025. También reactivó la revisión de registros vinculados con la Operación Janus y el proyecto Historical Fingerprint Enrollment, iniciativas destinadas a detectar identidades diferentes y antecedentes que no habían sido identificados durante trámites anteriores.

La nueva decisión de una corte migratoria que avala una orden de deportación aunque el inmigrante no haya recibido la citación

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) resolvió que una orden de deportación dictada contra una persona que no acudió a su audiencia puede seguir vigente si la citación fue enviada a la dirección disponible en el expediente oficial. El criterio quedó establecido en el caso Matter of Jose Israel Chamorro Castillo, mediante una decisión emitida el 22 de octubre. Por qué la BIA confirmó la vigencia de la orden de deportaciónEl tribunal analizó si la devolución de una notificación postal obligaba a la Corte de Inmigración a tomar medidas adicionales para localizar al destinatario. La respuesta fue negativa: según la BIA, el envío a la única dirección registrada cumplió con los requisitos de notificación, aunque el documento no llegara a manos del inmigrante."Cuando la correspondencia enviada a la única dirección que figura en el expediente para un compareciente es devuelta como imposible de entregar, no existen medidas adicionales razonablemente disponibles o viables que la Junta o un Tribunal de Inmigración puedan tomar para llevar a cabo la notificación", explicó la BIA en la decisión.La resolución también determinó que los jueces migratorios no deben asumir tareas de búsqueda de domicilios o rastreo de personas. De acuerdo con el organismo, esas funciones exceden las responsabilidades judiciales y podrían afectar la neutralidad que deben mantener frente a las partes de un proceso de deportación.El caso comenzó después de que el inmigrante fuera liberado de la detención migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) presentó ante el tribunal el formulario I-830, que contenía la dirección declarada por el hombre en Richland, Washington, además de un número telefónico.La Corte de Inmigración envió la citación a ese domicilio para una audiencia prevista en enero de 2020. Sin embargo, la correspondencia regresó a la oficina judicial con una indicación postal que señalaba que no había podido entregarse y que no era posible reenviarla. Como el destinatario no compareció, el juez emitió una orden de deportación en ausencia. Posteriormente, el inmigrante solicitó que se reabriera el procedimiento. La documentación presentada indicó que el domicilio utilizado era efectivamente el suyo, pero que el buzón estaba completamente lleno. Según la constancia de un empleado postal, el sobre permaneció diez días en la oficina de correos y fue devuelto porque nadie lo retiró.Los jueces migratorios no están obligados a localizar extranjeros, según el falloPara fundamentar su decisión, la junta examinó los criterios de debido proceso aplicables en el Noveno Circuito, que contemplan la necesidad de adoptar medidas razonables adicionales cuando las autoridades saben que una notificación no llegó a destino. No obstante, concluyó que en este caso no correspondía exigir nuevas gestiones.El organismo sostuvo que los jueces de inmigración cumplen una función judicial y no cuentan con las facultades, el presupuesto ni el personal necesarios para localizar a quienes intervienen en los procedimientos. Investigar domicilios, realizar búsquedas en internet o verificar personalmente dónde vive una persona supondría incorporar tareas ajenas a su función.La BIA también rechazó que los tribunales deban llamar por teléfono a los inmigrantes cuando el correo es devuelto. Según su razonamiento, esa práctica podría generar problemas para comprobar la identidad de quien responde y plantear cuestiones de confidencialidad. Además, podría transmitir la impresión de que el tribunal colabora con el gobierno para facilitar detenciones o deportaciones. "Los Tribunales de Inmigración y la Junta no tienen ni han tenido jamás función alguna sobre si un compareciente es detenido o removido", señaló la BIA en el fallo.Formulario EOIR-33: los inmigrantes deben actualizar el domicilioLa decisión remarcó que mantener actualizada la información de contacto corresponde a las partes del procedimiento. Los inmigrantes deben informar sus cambios de domicilio a través del formulario EOIR-33, mientras que el DHS tiene responsabilidades vinculadas con la actualización de los datos de custodia.Abogado especialista en migración explica qué son las órdenes de deportación en ausenciaEste mecanismo permite que las autoridades judiciales utilicen la dirección incorporada al expediente para enviar citaciones y otras comunicaciones oficiales. Si no se informa un cambio, el tribunal puede recurrir al último domicilio registrado, sin que exista una obligación general de buscar otra ubicación cuando la correspondencia regresa.En consecuencia, la BIA confirmó la validez de la orden de deportación dictada contra Jose Israel Chamorro Castillo. El criterio se refiere a las circunstancias evaluadas en esta decisión y no significa que cualquier orden emitida en ausencia sea válida, aunque sienta un precedente para casos similares.

Ni el ICE ni la CBP ni el Uscis: el freno al DHS que prohíbe visitas de agentes a inmigrantes

Una decisión judicial en Estados Unidos impuso límites temporales a los operativos de campo que el gobierno federal realizaba para investigar la elegibilidad de los votantes. La medida alcanza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y a sus agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La resolución final impide que las agencias federales realicen determinadas visitas domiciliarias e interrogatorios vinculados con cuestiones electorales en nueve estados.La decisión que limita los operativos del ICE sobre votantes no ciudadanos"Los demandados anunciaron el despliegue de agentes armados en una acción militarizada hacia los hogares y comunidades de las personas durante los últimos meses previo a las elecciones de mitad de término", indicó la jueza Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, en la resolución que también alcanza a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).La jueza aclaró que ni los demandantes sostienen ni el tribunal concluye que sea ilegal que funcionarios federales investiguen votaciones no autorizadas en elecciones federales. Lo que se busca, señaló, es impedir que el DHS indague a ciudadanos estadounidenses "de una forma que intimide y amenace la participación" de los miembros de organización comunitaria para instar o ayudar a otros a votar. El fallo impide que las agencias federales realicen determinadas visitas domiciliarias e interrogatorios vinculados con cuestiones electorales en nueve estados, cuando se trate de personas que saben o sospechan que son ciudadanas estadounidenses.La medida se dictó en el marco de una demanda impulsada por una coalición conformada por sindicatos de trabajadores de la salud, una organización comunitaria de defensa del voto y dos gobiernos locales de California. Los demandantes sostuvieron que los operativos podían desalentar la participación electoral y afectar tanto a los sufragistas como a quienes colaboran con las tareas de inscripción y movilización ciudadana.En qué estados rige la restricción a los operativos del DHS por las eleccionesLa orden judicial comprende nueve estados en los que el gobierno había concentrado sus actividades de campo mediante una directiva conocida como Surge Initiative Guidance. Las jurisdicciones alcanzadas son:CaliforniaConnecticutGeorgiaMisuriNevadaNueva YorkPensilvaniaWashingtonWisconsinEl fallo establece que las agencias federales no pueden realizar allí las intervenciones contempladas en la resolución durante el período previo a las elecciones de mitad de término. La restricción tiene como fecha límite las 20 hs del 3 de noviembre, cuando cierran las urnas, salvo que el tribunal determine otra cosa.Errores en los registros y denuncia por intimidación electoral contra el DHSUno de los puntos centrales del caso fue el funcionamiento de la iniciativa federal denominada Unlawful Voter Initiative. Según los antecedentes presentados ante la corte, el programa reunió alrededor de 98 millones de registros comerciales y listas electorales, que luego fueron procesados mediante herramientas de inteligencia artificial dentro del sistema informático iLab.La demanda cuestionó la fiabilidad de esos procedimientos y señaló que EE.UU. no cuenta con una base de datos federal única que permita verificar de manera directa la ciudadanía de todas las personas. Además, los funcionarios del Uscis habrían tenido que revisar los expedientes en períodos de hasta 12 minutos, una exigencia que, según los denunciantes, contribuyó a errores de identificación.Como consecuencia, miles de ciudadanos estadounidenses habrían sido señalados de manera incorrecta como posibles sospechosos de fraude electoral, entre ellos naturalizados e integrantes de la comunidad hispana. La presentación también denunció que se enviaron agentes armados a domicilios y que se difundieron imágenes de arrestos en redes sociales como parte de una estrategia de presión pública."El voto es un derecho fundamental que los ciudadanos, ya sean nacidos aquí o naturalizados, deben poder ejercer sin que agentes armados del gobierno los acosen", dijo Beau Tremitiere, abogado de Protect Democracy, en un comunicado.

Inmigrantes que buscan la ciudadanía de EEUU son blanco de la ofensiva de Trump contra voto ilegal

Inmigrantes en California enfrentan cargos por fraude electoral tras solicitar ciudadanía. Algunos podrían enfrentar prisión y deportación por mentir.Los casos son parte de una ofensiva federal contra el voto ilegal, impulsada por la administración Trump antes de elecciones legislativas.

El DHS lo confirmó: el ICE aplica operativo para detener a inmigrantes indocumentados que recibieron SNAP

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puso en marcha un operativo en Estados Unidos para localizar y detener a inmigrantes indocumentados señalados por su presunta participación en fraudes vinculados con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Los primeros arrestos incluyeron a ciudadanos de Haití y Cuba.Qué inmigrantes busca detener el ICE por el fraude al SNAPLa iniciativa fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que explicó que las medidas forman parte de una estrategia federal para investigar el uso ilegal de fondos públicos destinados a personas con bajos ingresos."Los inmigrantes indocumentados, que no tienen derecho a estar aquí, son quienes menos deberían beneficiarse del programa SNAP y otras formas de asistencia social", declaró el secretario del DHS, Markwayne Mullin, en un comunicado.La legislación federal establece restricciones generales para que las personas sin estatus migratorio legal no accedan a los beneficios del SNAP, aunque existen categorías específicas de no ciudadanos que pueden reunir los requisitos. El operativo anunciado apunta a extranjeros indocumentados acusados de obtener o utilizar esos recursos mediante maniobras fraudulentas.Entre las primeras personas detenidas figuran cuatro ciudadanos haitianos: Rubstony Junior Theodore, Wilbert Jean Baptiste, Louis Jean y Jhensly Charles. También fue arrestada Elizabeth Povea Rodríguez, ciudadana cubana.De acuerdo con la información difundida por las autoridades, algunos de los sospechosos tenían antecedentes o detenciones previas por otros hechos. En el caso de Theodore, se mencionaron arrestos anteriores relacionados con robo, obstrucción y allanamiento. Povea Rodríguez, por su parte, registraba condenas por alteración del orden público y detenciones vinculadas con acusaciones de agresión y violencia doméstica.Cómo funcionaban las redes de fraude con el SNAPLa investigación forma parte de una tarea coordinada entre el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) y organismos policiales. Según los datos proporcionados por las autoridades, las pesquisas identificaron fraudes por casi 42 millones de dólares relacionados con los beneficios alimentarios.Uno de los mecanismos consistía en instalar dispositivos para copiar los datos de las tarjetas electrónicas EBT utilizadas por los beneficiarios. En otros casos, los acusados habrían accedido a cuentas mediante sistemas telefónicos automatizados, modificado credenciales y utilizado los fondos sin autorización.Las investigaciones también detectaron presuntas maniobras en comercios habilitados para aceptar SNAP. Algunos establecimientos simulaban ventas de alimentos que nunca entregaban, mientras que otros cambiaban los beneficios por efectivo o permitían adquirir productos no autorizados.El DHS investiga robo de identidades y lavado de dineroOtro método investigado consistía en utilizar datos personales de terceros para presentar solicitudes falsas.Una vez aprobadas, las tarjetas EBT podían enviarse a domicilios controlados por los responsables de las maniobras, que después las utilizaban o revendían.Las autoridades también investigaron redes que compraban grandes cantidades de productos con beneficios obtenidos ilegalmente para comercializarlos fuera de los canales legales. Entre los artículos mencionados figura la fórmula infantil con un caso en el que los envíos superaron las 124 mil libras (56.245 kilogramos) de este producto.El dinero y las ganancias de estas actividades presuntamente se movían mediante transferencias entre distintos estados. Parte de los fondos habría sido destinada a la compra de vehículos para exportación y al enriquecimiento personal.Fraude del SNAP: qué puede ocurrir con los inmigrantes detenidos por el ICEEl ICE busca identificar a los sospechosos, ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes y evaluar los procedimientos migratorios aplicables.Las consecuencias dependerán de las circunstancias de cada expediente, de los cargos presentados y de las decisiones judiciales o administrativas.El DHS señaló que la operación continuará y que el gobierno pretende impedir que las personas responsables de fraude sigan con acceso a los beneficios públicos. Sin embargo, una detención o una acusación no equivale por sí sola a una condena por fraude.

La regla final del DHS para inmigrantes con EAD y los 540 días que inhabilita el Seguro Social de trabajadores

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) oficializó la eliminación de las extensiones automáticas de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) para determinados inmigrantes que solicitan renovar sus permisos de trabajo. La disposición, que entró en vigor el 14 de octubre, convierte en definitiva una medida provisional anunciada el 30 de octubre de 2025.Qué cambia con la nueva norma del DHS sobre los permisos de trabajoEl cambio afecta a quienes presentaron sus solicitudes de renovación a partir del 30 de octubre de 2025. Bajo el sistema anterior, determinados trabajadores podían continuar empleados hasta 540 días después del vencimiento de su tarjeta mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) resolvía el trámite.Con la nueva normativa, esa protección deja de aplicarse a las renovaciones comprendidas en la regla. En cambio, quienes presentaron sus solicitudes antes del 30 de octubre de 2025 conservan, si reúnen los requisitos correspondientes, la extensión automática que les permitía mantener su autorización laboral durante el procesamiento. Las modificaciones implementadas por el DHS no eliminan las prórrogas que cuentan con una base legal independiente, como ciertas extensiones vinculadas al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).Qué pasa si vence el EAD antes de que el Uscis apruebe la renovaciónLa principal consecuencia para los trabajadores afectados es que pueden quedarse sin autorización para trabajar si su EAD caduca antes de que el Uscis apruebe la renovación y no disponen de otra extensión válida. La presentación de la solicitud, por sí sola, ya no garantiza la continuidad del empleo mediante la antigua prórroga de 540 días.Esta situación también tiene consecuencias para las empresas. Los empleadores deben verificar que sus trabajadores mantengan la autorización correspondiente y, cuando no exista documentación válida que permita continuar con la relación laboral, deben suspender el empleo hasta que se regularice la situación o darlo por terminado, según corresponda.El abogado de inmigración Álex Gálvez explicó que el vencimiento del documento puede impedir que una persona continúe con su trabajo de manera legal. También advirtió que la interrupción de la autorización puede afectar la utilización del número de Seguro Social para los controles de elegibilidad laboral."Esos 540 días se desaparecen y, si no tienes el permiso, no eres elegible para trabajar y el Seguro Social queda inactivo", señaló en una entrevista con Univision.Los retrasos en Uscis aumentan el riesgo de interrupciones del EADLa normativa recomienda a los inmigrantes planificar la renovación con anticipación. En general, las solicitudes pueden presentarse hasta 180 días antes de la fecha de vencimiento del permiso, aunque el tiempo de procesamiento depende de cada categoría y del estado del expediente.Sin embargo, Gálvez señaló a Univision que los retrasos administrativos dificultan esa planificación. Según las cifras que citó, unas 432.000 solicitudes de renovación permanecían pendientes durante más de seis meses y alrededor de 91.000 acumulaban más de un año de espera.Además, para los trámites presentados desde el 30 de octubre de 2025, el comprobante de recepción del formulario I-797C no sustituye la autorización de empleo ni permite, junto con una tarjeta vencida, recurrir a la extensión automática eliminada por la regla.Qué pasa con el TPS y las extensiones especiales del EADLos beneficiarios del TPS no quedan sujetos a la eliminación general en los mismos términos que otras categorías de trabajadores. Las extensiones de sus documentos laborales pueden depender de disposiciones legales específicas y de avisos publicados por el DHS en el Registro Federal.Por eso, una extensión asociada al TPS puede continuar vigente si así lo establece el aviso correspondiente. La regla final no suprime ese mecanismo independiente, aunque la duración de los permisos de trabajo concedidos bajo el programa temporal está sujeta a los límites establecidos por la legislación aplicable.

El informe del DHS que revela cómo la administración Trump deportó a casi un millón de inmigrantes hasta julio de 2026

El gobierno de Donald Trump aceleró las deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos durante sus primeros 18 meses de gestión, con cifras que superan el ritmo registrado durante el gobierno de Joe Biden y el primer mandato del republicano. Un análisis basado en datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) refleja el endurecimiento de la política migratoria.El DHS realizó cerca de 980.000 deportaciones hasta julio de 2026El DHS completó aproximadamente 980.000 deportaciones entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026, durante los primeros 18 meses del segundo mandato de Trump.La cifra surge de un análisis del Migration Policy Institute (MPI), elaborado a partir de datos de la agencia federal obtenidos mediante solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).Estos son los principales datos que surgen del informe:El ritmo de expulsiones superó el registrado durante la administración Biden y el primer gobierno de Trump, aunque permaneció por debajo de los niveles alcanzados a comienzos de la década de 2000.El 69% de las deportaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) correspondió a inmigrantes sin autorización que habían sido interceptados inicialmente en la frontera.El ritmo anualizado para el año fiscal 2026 apuntaba a unas 660.000 deportaciones, un 26% por encima del promedio de los años fiscales 2021 a 2024.Una proporción importante de los inmigrantes deportados llevaba años en EE.UU. y no tenía condenas penales.El análisis del Migration Policy Institute destaca que el aumento de las deportaciones se produjo incluso cuando los encuentros en la frontera entre EE.UU. y México se encontraban en mínimos históricos. Trump aceleró las deportaciones, pero no alcanzó los máximos históricosEl volumen de deportaciones registrado durante los primeros 18 meses del segundo mandato de Trump se ubicó por encima de los niveles de los gobiernos anteriores, aunque todavía lejos de los récords históricos. El informe aclara que la categoría de deportaciones utilizada en el análisis comprende tanto las expulsiones formales como las órdenes de retorno. Por eso, el total no debe interpretarse como el número de personas sometidas a una orden formal de expulsión: incluye diferentes mecanismos mediante los cuales los inmigrantes abandonaron el país norteamericano.El documento del MPI señala que el segundo mandato de Trump concretó 580.000 expulsiones y que, al anualizar los datos, presenta un promedio de 380.000 por año. Esa cifra se mantiene por debajo del récord del año fiscal 2013, cuando se concretaron 432.000 bajo el mandato de Barack Obama.Los arrestos dentro de Estados Unidos ganaron peso en las deportacionesUno de los cambios más relevantes identificados por el MPI es el aumento de las expulsiones derivadas de arrestos efectuados en el interior del territorio estadounidense. Aunque las personas interceptadas inicialmente en la frontera aún representan la mayoría de las deportaciones, la participación de los casos originados dentro del país norteamericano creció durante el período estudiado.Según el informe, los arrestos en el interior representaron el 28% de las deportaciones en 2025. Para julio de 2026, esa proporción aumentó al 39%, lo que muestra un desplazamiento progresivo hacia las actuaciones realizadas dentro de las comunidades estadounidenses.El ritmo mensual de estas deportaciones también se aceleró. Durante los primeros tres meses del segundo mandato de Trump, las expulsiones derivadas de arrestos en el interior promediaron unas 8000 por mes, mientras que entre mayo y julio de 2026, el promedio subió a 19.000 mensuales, más del doble del nivel inicial.

Deportaciones masivas: el DHS ofrece hasta US$3000 para inmigrantes menores que salgan voluntariamente de EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) habría ampliado su programa de autodeportación y ofrecería hasta 3000 dólares a menores inmigrantes no acompañados para que abandonen Estados Unidos. La iniciativa, que también contempla el pago del viaje, abrió un nuevo frente de discusión por la forma en que las autoridades presentan la propuesta a niños que comparecen ante tribunales.Qué se sabe sobre el programa del DHS para menores no acompañadosHasta ahora, el incentivo económico para menores se había anunciado con un monto de US$2500. La nueva oferta eleva esa cifra en US$500 y, según abogados que representan a inmigrantes, comenzó a plantearse a niños de entre cinco y 14 años que tienen procesos judiciales abiertos."Toda persona que busque autodeportarse y recibir estos US$3000 tiene que hacerlo a través del programa de CBP Home, excepto los niños", dijo Isaroa Velázquez, abogada de inmigración, a Univision. "Los niños tienen el privilegio, por decir así, de poder recibir este monto a través de un proceso judicial con la fiscalía", explicó.Autodeportaciones del DHS: denuncian casos de menores sin abogadosLas organizaciones Acacia Center for Justice y Amica Center for Immigrant Rights advirtieron que la oferta puede comprometer el derecho de los niños a solicitar asilo u otras formas de protección humanitaria. Sus representantes sostuvieron que algunos menores deben evaluar la propuesta sin asistencia jurídica y sin comprender plenamente las consecuencias de abandonar sus expedientes.Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia Center for Justice, señaló que su organización recibió reportes de abogados y observadores judiciales sobre casos en distintas partes de EE.UU. Según esas actas, algunos jueces presentan el incentivo como una oportunidad que debe aceptarse durante la misma audiencia, sin un período suficiente para consultar con un abogado o analizar otras alternativas."Consideramos que esto forma parte de un patrón más amplio de intentos por coaccionar y acosar a los niños, intensificando la presión sobre ellos para que abandonen sus casos", dijo Aber a Bloomberg Law.Michael Lukens, director ejecutivo de Amica Center for Immigrant Rights, también informó sobre ofertas comunicadas por abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Para los defensores, el problema no se limita al dinero, sino que incluye las condiciones en las que se toma una decisión que puede determinar el futuro migratorio de un menor."No creo que nadie deba sentirse cómodo con esta situación en la que a un niño se le niega un juicio justo porque se le dice que debe acogerse a la salida voluntaria y que debe recibir una compensación económica por ello", dijo Lukens a Bloomberg Law.Qué incluye el programa de autodeportación para menores del DHSLa aplicación CBP Home permite a los inmigrantes adultos comunicar su intención de salir voluntariamente de EE.UU. El esquema contempla un incentivo de US$3000, pasajes gratuitos, asistencia para gestionar documentos de viaje y la exención de ciertas multas civiles relacionadas con la permanencia irregular o con órdenes migratorias anteriores.El procedimiento también prevé que, mientras se organiza la partida y se realizan las verificaciones correspondientes, la persona pueda quedar temporalmente fuera de las prioridades de detención del ICE.Para quienes viajan por vía aérea o marítima, la salida puede verificarse mediante los registros de las compañías de transporte. En los cruces terrestres, se requiere confirmar el abandono del territorio mediante la aplicación.Sin embargo, aceptar la salida voluntaria puede tener consecuencias legales. Cuando existe una solicitud de asilo pendiente, abandonar el país norteamericano puede generar la presunción de que el pedido fue desistido.En los casos judiciales, la salida también puede dar lugar a que el gobierno solicite el cierre del expediente. Estas consecuencias causan preocupación en los abogados, que señalan que el programa ahora se extendió a menores no acompañados.La controversia se suma a las preocupaciones por la reducción del financiamiento federal destinado a la asistencia jurídica de menores inmigrantes. Aunque las personas que enfrentan procesos de expulsión deben recibir información sobre opciones de representación legal de bajo costo, los defensores consideran que ese recurso no reemplaza la asistencia efectiva durante una audiencia."Lamentablemente, la mayoría de estos niños en estos momentos se están presentando a la corte sin representación", dijo Velázquez.Ante esta situación, la abogada recomienda que los familiares y patrocinadores de menores consulten con profesionales especializados antes de aceptar una salida voluntaria.

Redadas del ICE en California: reportan detenciones de vendedores ambulantes y crece el temor entre inmigrantes

En las últimas semanas, aumentaron los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Valle de San Fernando, California, con detenciones de vendedores ambulantes y al menos tres padres de familia en las inmediaciones de una escuela primaria. La intensificación de las redadas desencadenó un clima de temor e incertidumbre entre la comunidad inmigrante y movilizó a organizaciones comunitarias locales.Redadas del ICE en Canoga Park: denuncian cinco arrestos de vendedores ambulantesEn línea con el aumento de operaciones de control migratorio impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump, los operativos comenzaron a primera hora de la mañana del miércoles 21 de octubre en Sherman Way y otros sectores de Canoga Park, en Los Ángeles, California.Según relatos de testigos presenciales, agentes federales irrumpieron en las zonas donde se establecen los puesteros comunitarios, lo que dejó puestos de comida completamente vacíos."Escuché 'migra', 'migra', 'migra', y cuando vi, había muchos corriendo. Olía a tortillas quemadas porque todos los que venden se fueron y todo se estaba quemando", expresó un testigo en diálogo con Univision.En este escenario, testigos denunciaron que al menos cinco vendedores ambulantes habrían sido detenidos durante un operativo migratorio en Canoga Park, lo que generó corridas y pánico entre las personas presentes en el lugar.La preocupación se intensificó hacia el mediodía con reportes de acciones migratorias cerca de una escuela primaria en Van Nuys. Según activistas y equipos de defensa comunitaria, al menos tres padres de familia fueron detenidos mientras esperaban para recoger a sus hijos."Había mucha fila para sacar a los niños. Las personas estaban muy asustadas. Me dijo mi hermanita que había muchos niños adentro preocupados y llorando", contó una mujer.La colombiana que fue detenida por el ICE y hoy ayuda a miles de migrantes en California a través de la lecturaValley Defense y Unión del Barrio advierten sobre las redadas del ICE en Los ÁngelesAnte el incremento sostenido de estos patrullajes en las últimas semanas, marcados por operaciones de mayor escala en el área, organizaciones locales como Unión del Barrio y Valley Defense se desplegaron en las calles para distribuir material informativo y folletos sobre los derechos constitucionales.Los activistas hicieron un llamado a la calma y a recordar el derecho a permanecer en silencio ante agentes migratorios, mientras residentes expresaban su temor a salir a trabajar o realizar compras cotidianas debido a la presencia constante de vehículos federales.Paul Ramírez, miembro de la organización Valley Defense, señaló que los operativos se intensificaron en las últimas semanas. "Hemos visto más redadas de inmigración en estas últimas semanas con la Operación Safe California que lanzó la administración de Trump. Vimos últimamente que salen más y más carros del edificio del ICE por las mañanas para ir a las redadas", indicó.ICE en California: qué revelan los datos de 2026 sobre el aumento de los operativosAl margen de los relatos de los testigos, varios informes de organizaciones independientes reflejan un aumento de las operaciones del ICE en el Estado Dorado en los últimos meses. Los datos recopilados por Deportation Data Project en un análisis publicado a finales de septiembre señalan una disminución temporal de las detenciones tras los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti.El número de personas arrestadas pasó de 1610 en diciembre de 2025 a 742 en febrero de 2026 en Los Ángeles. La cifra volvió a aumentar en los meses ulteriores, con la mayor cantidad registrada en junio (1101) y julio (1179).Además, según los datos del Deportation Data Project, el ICE registró en julio 890 arrestos en el área de San Francisco, un incremento superior al 60% respecto de febrero.Por su parte, el fiscal general Rob Bonta informó que, durante el año posterior al cambio de política del ICE de mayo de 2025, el promedio mensual de arrestos migratorios en torno a los tribunales de California aumentó más del 550% respecto de los meses anteriores.Según el comunicado, en junio de 2026 se registraron 34 incidentes de control migratorio y 30 arrestos civiles en tribunales superiores de California; en julio hubo 28 incidentes y 28 arrestos.El aumento de las redadas responde también a una política impulsada a nivel federal. El ICE registró 49.571 arrestos en julio en todo Estados Unidos, un 15% más que en junio y un 70% más que en febrero, de acuerdo con Associated Press.

Redadas del ICE sin orden judicial: 22 fiscales generales desafían al DHS por arrestos de inmigrantes

El 19 de octubre, una coalición de 22 fiscales generales de Estados Unidos presentó ante un tribunal federal de apelaciones un escrito para cuestionar las prácticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) relacionadas con los arrestos de inmigrantes sin orden judicial. La iniciativa busca respaldar un litigio que cuestiona los procedimientos de detención utilizados por las autoridades federales.¿Qué reclaman los 22 fiscales generales por las redadas del ICE sin orden judicial?De acuerdo con un comunicado oficial de la Fiscalía General de Illinois, el fiscal general Kwame Raoul encabezó la presentación de un escrito amicus curiae ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. El documento respalda la demanda Escobar-Molina contra DHS, que cuestiona la política y las prácticas de detenciones civiles por motivos migratorios sin una orden judicial en Washington D. C. La coalición sostiene que la legislación federal establece dos condiciones que los agentes de inmigración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deben cumplir para detener a una persona sin una orden judicial:Contar con una causa probable para creer que el individuo se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.Tener motivos fundados para considerar que esa persona podría escapar antes de que las autoridades obtengan la autorización correspondiente.Kwame Raoul cuestionó las políticas migratorias de la administración TrumpEl fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, criticó las actuaciones de las autoridades federales y afirmó que sus métodos afectan la relación entre las comunidades inmigrantes y las instituciones. "La administración Trump continúa infundiendo miedo y desconfianza entre las comunidades inmigrantes de Illinois y de todo el país con tácticas innecesariamente crueles e ilegales", declaró Raoul.El funcionario también manifestó que mantendrá su posición junto con los demás integrantes de la coalición para defender los derechos de los extranjeros. "Seguiré junto a mis colegas y apoyaré los derechos de todos los inmigrantes mientras luchamos contra las acciones inmorales del gobierno federal que perturban nuestras comunidades", sostuvo.Cómo afectan las detenciones migratorias a las comunidades de EE.UU.En la presentación judicial, los fiscales generales describieron las consecuencias que atribuyen a los procedimientos de control migratorio cuestionados. El escrito identifica diferentes ámbitos que, según los funcionarios, resultaron perjudicados:Educación: las operaciones provocaron que algunos estudiantes dejaran de asistir a clases.Trabajo agrícola: las actuaciones de las autoridades interrumpieron actividades del sector.Salud pública: el temor a los operativos desalentó a personas que necesitaban atención médica.Economía familiar: las medidas comprometieron la estabilidad financiera de los hogares.Seguridad comunitaria: los procedimientos debilitaron los vínculos entre la población inmigrante y las fuerzas policiales locales.El antecedente judicial del caso Escobar-Molina contra el DHSLa controversia ya había registrado una resolución previa en diciembre de 2025, cuando el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió parcialmente una solicitud de medida cautelar preliminar.La decisión se produjo durante el desarrollo del proceso que examina las detenciones civiles por razones migratorias efectuadas sin órdenes judiciales. La nueva intervención de los fiscales generales se presentó ante una instancia de apelaciones mediante un escrito destinado a respaldar los argumentos contra las prácticas del organismo federal.¿Qué estados participan en la acción contra el DHS?Además de Illinois, otros 21 estados y jurisdicciones se sumaron al documento presentado ante la justicia federal. Los fiscales generales participantes representan a: ArizonaCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrito de ColumbiaHawáiMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaNevadaNueva JerseyNuevo MéxicoNueva YorkOregonRhode IslandVermontVirginiaWashington

ICE prepara deportaciones de inmigrantes gravemente enfermos desde Florida hacia países de África con los que no tienen vínculos

Familiares y organizaciones defensoras de inmigrantes denuncian que varios detenidos con problemas de salud podrían ser trasladados esta semana a países africanos. Entre los afectados hay un cubano de 41 años con diabetes y pancreatitis que necesita atención médica constante.

María Elvira Salazar asegura que Trump legalizará a millones de inmigrantes con la aprobación de su ley en EE.UU.

La congresista republicana María Elvira Salazar aseguró que Donald Trump podría impulsar una reforma migratoria antes de terminar su mandato, con la que determinados inmigrantes indocumentados podrían regularizar su situación en Estados Unidos.Qué dijo María Elvira Salazar sobre el apoyo de Trump a la Ley DignidadSegún declaraciones citadas por El Nuevo Herald, Salazar afirmó en Miami que el presidente estadounidense impulsará la legislación destinada a regularizar a ciertos migrantes.La legisladora sostiene que su propuesta, conocida como Ley Dignidad, busca responder a las necesidades de la economía estadounidense sin conceder la ciudadanía a sus beneficiarios.La campaña de María Elvira Salazar contra las políticas migratorias de TrumpLa congresista, que busca la reelección y ganó notoriedad nacional por sus críticas a las deportaciones impulsadas por Trump, vinculó su pronóstico con la necesidad de resolver un problema migratorio que, según sostuvo, lleva cuatro décadas sin una solución definitiva."No es que lo haya convencido, sino que el presidente es un hombre inteligente y sabe que la economía depende de ello", afirmó Salazar.La legisladora explicó que, de acuerdo con su argumento, el 20% del producto interno bruto de Estados Unidos depende de cinco industrias que necesitan una gran cantidad de trabajadores, muchos de los cuales carecen de estatus migratorio regular."Hay una legislación, la Ley Dignidad, que estoy presentando y que es una solución equilibrada: no les concede la ciudadanía, pero al mismo tiempo les permite quedarse con una visa Dignidad", explicó.La congresista también manifestó su confianza en que el proceso pueda avanzar antes de que Trump termine su mandato. "Sé que esto se está hablando y que, durante los próximos dos años, antes de que el presidente se vaya de la Casa Blanca, habrá una reforma migratoria que habrá resuelto un problema de 40 años", señaló.Qué es la Ley Dignidad de Salazar y cómo regularizaría el estatus de migrantesDe acuerdo con el comunicado de prensa de Salazar sobre la iniciativa, la versión actualizada de la Ley Dignidad fue presentada el 15 de julio de 2025 bajo el número de expediente H.R. 4393. La propuesta fue impulsada por la congresista republicana de Florida junto con la demócrata Veronica Escobar, representante de Texas.El texto se presenta como una alternativa bipartidista para modificar el sistema migratorio estadounidense. Su planteamiento combina medidas para reforzar la seguridad fronteriza, reformar los procedimientos de asilo, ofrecer una solución a determinados inmigrantes indocumentados y atender las necesidades del mercado laboral.El proyecto se organiza en cinco principios centrales: poner fin a la inmigración ilegal, actualizar el sistema de asilo, establecer una solución para los inmigrantes indocumentados que ya viven en el país norteamericano, proteger a los trabajadores y fortalecer la prosperidad y la competitividad económica.El Programa Dignidad está dirigido a personas que vivieron en EE.UU. durante más de cinco años antes del 31 de diciembre de 2020. El objetivo es ofrecerles la posibilidad de trabajar, cumplir sus obligaciones fiscales y obtener un estatus legal condicionado a su conducta y a sus contribuciones económicas.Para acceder al programa, los solicitantes deberán cumplir las leyes federales y estatales, superar una verificación de antecedentes penales, pagar los impuestos atrasados que adeuden y comenzar a abonar los correspondientes sobre sus ingresos. También deberán realizar pagos de restitución durante el período establecido y mantener una situación legal y cívica adecuada.Qué propone la Ley Dignidad para los dreamersLa Ley Dignidad también contempla disposiciones específicas para las personas acogidas al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Según el comunicado de Salazar, estos grupos podrían recibir un estatus de residente permanente condicional durante diez años y, posteriormente, acceder a una vía para ajustar su situación a la de residente permanente legal.María Elvira Salazar a Donald Trump: "tienes que tener cuidado, no puedes confiar en Delcy"Ese ajuste estaría condicionado a determinadas trayectorias, como la experiencia laboral, el servicio militar o la educación superior. También se propone desarrollar una estrategia integral para la frontera sur, incorporar barreras físicas y desplegar tecnologías de vigilancia y detección.El proyecto plantea, además, aumentar las sanciones contra los traficantes de personas, incluidos quienes participan en la explotación sexual de menores, y endurecer las penas por facilitar cruces fronterizos ilegales. En materia de asilo, la propuesta busca acelerar la resolución de las solicitudes mediante la creación de al menos tres centros humanitarios para recibir a personas y familias que lleguen a la frontera sur. La iniciativa fija como objetivo resolver las solicitudes de asilo en un plazo de 60 días. Para ello, prevé una entrevista inicial sobre temor creíble dentro de los primeros 15 días y una evaluación posterior que permita adoptar una decisión definitiva durante los 45 días siguientes.

Reactivan el TPS para miles de inmigrantes en EE.UU., pero el Uscis aún no aclara fechas de vigencia para el EAD

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos ucranianos que viven en Estados Unidos continúa vigente, aunque todavía no se conocen las nuevas fechas oficiales que regirán el programa. La falta de una actualización definitiva del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) genera incertidumbre sobre la documentación que deben presentar los beneficiarios para acreditar su derecho a trabajar.Qué pasará con el TPS para ciudadanos de Ucrania"Se hará un anuncio sobre el TPS de Ucrania en el momento apropiado. Hasta que se haga dicho anuncio, los ucranianos presentes en EE.UU. bajo el TPS mantienen su protección, incluida la autorización de empleo", anunció el Uscis en su sitio web.La designación alcanza a unos 101.200 ciudadanos de Ucrania, sujetos al requisito de residencia establecido para esta categoría migratoria desde 2023. Según la información disponible en el sitio web del Uscis, el período de extensión anterior tenía como fecha límite el 19 de octubre.Ante la ausencia de una comunicación definitiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la situación queda sujeta a las disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).Permisos de trabajo EAD: qué deben tener en cuenta los beneficiariosUno de los principales interrogantes está relacionado con el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). La fecha impresa en la tarjeta puede no coincidir con la vigencia que corresponde por una extensión legal, lo que podría generar dificultades al momento de acreditar el permiso ante un empleador.Anteriormente, una notificación del Registro Federal había previsto una extensión automática de determinados documentos de autorización laboral hasta el 19 de abril. Sin embargo, debido a las prórrogas posteriores, la vigencia se mantuvo hasta el 19 de octubre.Una vez cumplido ese período y ante la falta de nuevas fechas oficiales, es necesario distinguir entre los plazos consignados en los documentos y las disposiciones que puedan extender su validez.Los beneficiarios ucranianos deben consultar las comunicaciones oficiales antes de tomar decisiones sobre su situación migratoria. El sitio web del Uscis, en su sección dedicada al TPS, es una de las fuentes institucionales para conocer las actualizaciones sobre la designación, la reinscripción y la documentación laboral.EAD para ucranianos con TPS: qué pueden hacer los empleadoresLa incertidumbre también afecta a las empresas que deben verificar la autorización de sus trabajadores. El formulario I-9 se utiliza para comprobar la identidad y la elegibilidad laboral de quienes son contratados en EE.UU., por lo que las extensiones de los EAD pueden requerir anotaciones específicas.De acuerdo con información previa del Uscis, los empleadores pueden registrar la leyenda "Extendido según anuncio del DHS" en el apartado de información adicional del formulario, cuando corresponda aplicar ese procedimiento. La verificación debe realizarse conforme a las reglas vigentes y a los avisos oficiales aplicables.Asimismo, las empresas no deben exigir documentos adicionales ni comprobantes de reinscripción que excedan los requisitos establecidos para la verificación laboral. Mientras se esperan nuevas precisiones, tanto los trabajadores como los empleadores necesitan identificar qué disposiciones se encuentran vigentes y qué documentación resulta válida en cada caso.Esta situación para los ciudadanos ucranianos presenta similitudes con la de los beneficiarios salvadoreños del TPS. La designación para El Salvador tenía como fecha límite el 9 de septiembre y la falta de una decisión oportuna puso en duda la continuidad de la protección para unos 200.000 beneficiarios.En ambos casos, la diferencia entre la vigencia legal de las autorizaciones y las fechas impresas en las tarjetas EAD puede generar inconvenientes en los procesos de contratación y en los sistemas de verificación laboral, incluido E-Verify.Qué establece la ley sobre la continuidad del TPSLa sección 244 de la INA regula las designaciones del TPS y los procedimientos para determinar su continuidad. Entre sus disposiciones figura la obligación de que el DHS evalúe las condiciones del país correspondiente y comunique su decisión con al menos 60 días de anticipación al vencimiento previsto.Cuando no se publica una determinación dentro del plazo establecido, la normativa contempla una prórroga automática de seis meses. Durante ese período, los beneficiarios mantienen la protección frente a la deportación y la autorización laboral, de acuerdo con las condiciones legales aplicables.Por otra parte, una decisión de cancelar el programa debe comunicarse mediante una publicación en el Registro Federal y respetar el plazo legal correspondiente antes de entrar en vigor. La falta de una resolución definitiva, por sí sola, no equivale a una cancelación inmediata de las protecciones.

Un exjuez de Rhode Island admitió que cobró casi USD 100.000 a inmigrantes por trámites que nunca realizó

Joseph Molina Flynn se declaró culpable de fraude electrónico y evasión fiscal tras engañar a sus clientes durante cuatro años y utilizar el dinero para pagar deudas personales

Sheinbaum lo confirmó: México emitirá una denuncia en EE.UU. por muerte de inmigrante detenido por el ICE

El gobierno de México anunció que presentará una denuncia para esclarecer la muerte de un ciudadano mexicano que se encontraba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas. La noticia fue confirmada por la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Sheinbaum reclamó investigar la muerte del mexicano detenido por el ICESheinbaum anunció que su gobierno iniciará acciones legales en EE.UU. tras el fallecimiento de un migrante mexicano en el centro de procesamiento Río Grande, ubicado en Laredo, Texas. De acuerdo con la información publicada por N+ Univision, la víctima fue identificada como Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años, quien fue encontrado sin vida durante el fin de semana en una celda del establecimiento migratorio. Tras conocerse la noticia del fallecimiento, el gobierno mexicano informó que recurrirá a los mecanismos diplomáticos y jurídicos disponibles para solicitar una investigación sobre las circunstancias del caso.En la conferencia de prensa matutina del lunes, Sheinbaum remarcó la importancia de que se protejan los derechos fundamentales de los migrantes. "Debe haber protección a los derechos humanos", afirmó la presidenta al referirse a la muerte del mexicano.México registra 18 fallecidos por operativos del ICE en la administración TrumpLa muerte de Andrade Covarrubias se suma a una serie de casos que mantienen en alerta al gobierno mexicano. Según el comunicado número 207/2026 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), difundido el 18 de octubre, con este episodio asciende a 18 el número de ciudadanos mexicanos fallecidos bajo custodia o en circunstancias relacionadas con operativos del ICE y otras agencias estadounidenses desde el 20 de enero de 2025.La fecha coincide con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca para iniciar su segundo mandato presidencial. El dato fue señalado por las autoridades mexicanas para expresar su preocupación por la recurrencia de estas muertes y reclamar una respuesta.En el documento oficial, la SRE informó que recibió la notificación del fallecimiento a través del Consulado General de México en Laredo, después de que la oficina local del ICE comunicara lo sucedido en el centro de procesamiento Río Grande.Una vez que tuvo conocimiento del caso, la representación consular activó el protocolo de protección correspondiente y estableció contacto con los familiares del fallecido. Además, comenzó a brindar la asistencia consular necesaria y solicitó formalmente a las autoridades estadounidenses que investiguen lo ocurrido.La SRE manifestó su preocupación por las múltiples muertes de ciudadanos mexicanos en este tipo de circunstancias. Según el organismo, el número acumulado de casos exige medidas concretas por parte de EE.UU. para garantizar que las personas migrantes reciban protección y que sus derechos fundamentales sean respetados durante la detención.Dudas sobre la salud del mexicano que falleció bajo custodia del ICEUno de los aspectos mencionados públicamente por Sheinbaum fue el estado de salud del migrante. La mandataria explicó que la familia le había transmitido información sobre las enfermedades que padecía Andrade Covarrubias y manifestó su preocupación por la posibilidad de que no hubiera recibido todos los medicamentos que necesitaba.Sin embargo, los datos difundidos no establecen que la falta de medicación fuera la causa del fallecimiento ni permiten determinar, por sí solos, qué ocurrió dentro de la celda. Precisamente, el gobierno mexicano reclamó esclarecer las circunstancias de la muerte y establecer si existieron responsabilidades.

Oficial y confirmado | El DHS de Trump elimina de forma definitiva la extensión automática de los permisos de trabajo para inmigrantes

La regla puede afectar la continuidad laboral de inmigrantes en Estados Unidos.Qué solicitudes están alcanzadas y cuáles son las excepciones que se mantienen.

Permiso de trabajo para inmigrantes: la regla del Uscis que podría modificar el trámite para guatemaltecos

La renovación de visas de trabajo en Estados Unidos para ciudadanos de Guatemala podría quedar sujeta a nuevas condiciones de revisión si prospera una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis). El proyecto plantea que los funcionarios analicen cada solicitud de extensión de manera independiente, incluso cuando el interesado ya haya obtenido una aprobación para el mismo empleo.Qué cambiaría en las extensiones de visas de trabajo del Uscis para guatemaltecosAunque la propuesta no está dirigida específicamente a Guatemala, podría repercutir en los ciudadanos de ese país que trabajan en EE.UU. con visas temporales. También podría tener consecuencias para quienes dependen de la situación migratoria de un trabajador principal.El proyecto, publicado el 14 de octubre en el Registro Federal, busca eliminar la disposición 8 CFR 214.1(c)(5), que establece que los funcionarios deben considerar las decisiones favorables anteriores al resolver determinadas solicitudes de extensión de estadía o de validez de peticiones laborales presentadas mediante el formulario I-129.Actualmente, esa disposición contempla la deferencia hacia una aprobación previa cuando el nuevo trámite involucra a las mismas partes y mantiene los hechos fundamentales del caso. Si la propuesta entra en vigor, esa aprobación dejaría de funcionar como un antecedente que deba recibir un tratamiento preferencial durante la nueva evaluación.En consecuencia, los empleadores tendrían que demostrar nuevamente que el trabajador reúne las condiciones exigidas por la categoría migratoria correspondiente. El Uscis podría examinar toda la documentación presentada y determinar si se mantienen los requisitos necesarios, sin asumir que la decisión anterior confirma la elegibilidad para una extensión.Por qué el gobierno federal quiere eliminar la deferencia previaEl DHS sostiene que la modificación permitiría aplicar la sección 291 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que asigna al peticionario la responsabilidad de demostrar que se cumplen los requisitos migratorios. Según la agencia, las aprobaciones anteriores no deberían limitar la facultad de los funcionarios para revisar la evidencia actualizada.Entre los motivos expuestos figura la posibilidad de que una decisión inicial basada en información incompleta o incorrecta continúe con efectos en renovaciones posteriores. La agencia también señala que una revisión menos exhaustiva podría dificultar la detección de declaraciones falsas, incumplimientos o posibles fraudes.Para respaldar su posición, el Uscis cita registros de auditorías y visitas a lugares de trabajo correspondientes a los años fiscales 2018 a 2025:En el programa H-1B, la tasa combinada de fraude e incumplimiento fue del 16,77% durante los años sin deferencia, frente al 22,39% en los períodos en que se aplicaba. En la categoría L-1A, los porcentajes fueron del 18,37% y del 24,46%, respectivamente.Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de UscisQué trabajadores guatemaltecos podrían verse afectadosLa modificación abarcaría las peticiones presentadas mediante el formulario I-129, por lo que su alcance incluiría a guatemaltecos con distintas clases de visas temporales, entre ellos se encuentran:Visas H-1B: para profesionales en ocupaciones especializadas.Visas H-2A y H-2B: para trabajadores agrícolas y no agrícolas temporales.Visas TN: creadas bajo el tratado de libre comercio (T-MEC) y ampliamente utilizadas por profesionales de México.Visas L-1: para transferencias de ejecutivos o personal especializado intraempresarial.Visas E-1, E-2 y E-3: para inversionistas, comerciantes y profesionales calificados.Otras categorías: incluye visas O-1, P-1, P-2, P-3, Q-1 y R-1.El DHS calcula que eliminar la deferencia podría incrementar en un 2,9% la tasa de solicitudes de evidencia adicional (RFE, por sus siglas en inglés). La estimación equivale a 6044 requerimientos adicionales por año en el conjunto de los casos alcanzados por la medida.Según los cálculos presentados por la agencia, las peticiones que reciben una RFE tardan, en promedio, 64 días calendario más en procesarse que aquellas que no requieren documentación adicional. El gobierno federal también proyecta un costo anual de US$133.987 por el tiempo que empleadores y especialistas dedicarían a responder los requerimientos adicionales.Qué deben tener en cuenta los inmigrantes y sus empleadoresLa propuesta no significa que todas las extensiones vayan a ser rechazadas ni que los permisos existentes queden anulados automáticamente. Su objetivo es modificar la forma en que el Uscis evalúa determinadas solicitudes, mediante una revisión individual de los requisitos y de las pruebas presentadas en cada expediente.La información proporcionada por el DHS también contempla que una solicitud de extensión presentada oportunamente, antes del vencimiento del estatus, puede permitir que el beneficiario permanezca en EE.UU. durante un período de estancia autorizada mientras espera una decisión, según las condiciones aplicables.Por ahora, la iniciativa se encuentra en la etapa de propuesta regulatoria. El DHS recibirá comentarios hasta el 13 de noviembre y, una vez concluida esa instancia, evaluará las observaciones antes de decidir si publica una regla definitiva.

La regla final del DHS que el Uscis aplicará a inmigrantes latinos que tramitan el EAD

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) presentaron un proyecto de reglamentación que modifica la manera en que se revisan las solicitudes para extender determinadas visas laborales en Estados Unidos. La iniciativa busca eliminar el criterio que indica a los funcionarios que deben mantener, bajo ciertas condiciones, las decisiones favorables emitidas anteriormente y puede complicar indirectamente a latinos con EAD.Qué propone el DHS para las renovaciones de visas de trabajoLa propuesta contempla derogar la disposición 8 CFR 214.1(c)(5), que establece la deferencia hacia aprobaciones previas cuando una nueva petición involucra a las mismas partes y circunstancias. Si el cambio entra en vigor, los funcionarios podrán volver a examinar cada expediente del inmigrante latino sin tener que justificar previamente por qué se apartan de una resolución anterior.Según el DHS, el objetivo es que cada renovación se evalúe con base en las pruebas disponibles al momento del trámite. La agencia considera que una aprobación anterior no debe sustituir la obligación de demostrar que se sigue en cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación migratoria.Visas de trabajo: qué latinos podrían ser afectados por los cambios del UscisLa medida alcanza las peticiones de trabajadores latinos no inmigrantes presentadas mediante el formulario I-129. Entre las categorías contempladas figuran:Visas H-2A, destinadas al empleo agrícola temporal.H-2B, utilizadas para trabajos temporales no agrícolas.Ambas son vías de contratación utilizadas por empleadores estadounidenses que incorporan trabajadores procedentes de países latinoamericanos. También están comprendidas otras clasificaciones como:Visas TN, disponibles para determinados profesionales mexicanos y canadienses.H-1B, para profesionales en ocupaciones especializadas.L-1, para transferencias de ejecutivos o personal especializado intraempresarial.E-1, E-2 y E-3, para inversionistas, comerciantes y profesionales calificados.Visas O-1, P-1, P-2, P-3, Q-1 y R-1.Además, los familiares dependientes que soliciten extender su permanencia mediante el formulario I-539 podrían verse alcanzados por los cambios vinculados a sus trámites.En ese sentido, si un latino con un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) depende de que su cónyuge con H-1B mantenga su estatus, el aumento en la demora podría complicar también su renovación.El Uscis prevé más pedidos de pruebas y demoras para visas de trabajoLas estimaciones administrativas incluidas en la propuesta anticipan un aumento de las Solicitudes de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés), mediante las cuales el Uscis requiere documentos o información adicional para resolver un expediente. El cálculo oficial proyecta un incremento de 2,9 puntos porcentuales en la tasa de estas solicitudes, equivalente a unas 6044 peticiones adicionales por año.Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de UscisEl análisis también estima que los casos que reciban una RFE podrían demorar, en promedio, 64 días calendario adicionales. De acuerdo con las cifras presentadas, el tiempo mediano de procesamiento pasaría de 12 días para los expedientes sin ese requerimiento a 76 días para aquellos que necesiten pruebas complementarias.En materia económica, el DHS calcula que los empleadores afrontarían alrededor de US$133.987 adicionales al año para reunir y presentar la documentación solicitada. Estos valores son proyecciones de la agencia y no significan que todas las renovaciones vayan a recibir una RFE ni que todos los expedientes experimenten la misma demora.Por qué el DHS busca eliminar la deferenciaEl DHS fundamenta la iniciativa en la Sección 291 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que asigna al solicitante o peticionario la responsabilidad de acreditar la elegibilidad para obtener el beneficio migratorio. Según la interpretación oficial, la regla vigente imponía a los funcionarios una carga adicional cuando pretendían apartarse de una aprobación anterior.La agencia también argumenta que mantener una decisión previa podría prolongar errores derivados de información incompleta, desactualizada o incorrecta. Para respaldar su postura, el DHS cita datos de inspecciones de campo de los años fiscales 2022 a 2025 y señala diferencias en los niveles registrados de fraude e incumplimiento en determinados programas.El proyecto todavía contempla una instancia de participación pública. Los interesados podrán presentar observaciones hasta el 13 de noviembre; una vez concluido ese período, el gobierno federal podrá analizar los comentarios antes de avanzar con la decisión regulatoria.

Torres niega que se pueda cambiar la ley sobre menores inmigrantes para devolverlos a su país

Oficial y confirmado: la línea gratuita de ayuda a los inmigrantes que Mamdani impulsa en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, difundió el 9 de octubre una línea gratuita de apoyo legal migratorio para que los inmigrantes encuentren ayuda sin importar su estatus. El mandatario compartió el número 800-354-0365 y la alternativa de llamar al 311 y decir "Immigration Legal".Ayuda migratoria gratuita en Nueva YorkSegún la Oficina de la Alcaldía para Asuntos del Inmigrante (MOIA), la ciudad financia el servicio para responder preguntas sobre políticas migratorias y orientar hacia asistencia legal gratuita y confiable.Mamdani presentó la línea como gratuita y confidencial, con atención en el idioma de quien consulta, independientemente de su situación migratoria.Horarios de la línea de apoyo legal para inmigrantes en NYCLunes y miércoles: de 9 a 20; martes, jueves y viernes: de 9 a 18, según los horarios publicados por MOIA.También atiende el último sábado de cada mes, de 9 a 17. Los horarios corresponden a la hora local de Nueva York.Qué ofrece el servicio en Nueva York y cuáles son sus límitesMOIA aclara que la línea ayuda a residentes elegibles de los cinco distritos a localizar proveedores confiables, pero no presta servicios legales directamente ni programa citas.La oficina advierte que la alta demanda puede impedir una evaluación inicial o que una organización asociada acepte el caso para representación completa."Immigration Legal": la palabra clave de ayuda gratuita en NYCPara buscar orientación legal migratoria, llama al 800-354-0365 o al 311 y di "Immigration Legal". Para consultas generales sobre acceso a servicios municipales.MOIA dispone de otro número: 212-788-7654, de lunes a viernes, de 9 a 17. Esta segunda vía está disponible sin importar el estatus migratorio.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

La regla oficial confirmada por Uscis para inmigrantes sin green card que salen de Estados Unidos

Los inmigrantes sin residencia permanente que salen de Estados Unidos después de acumular presencia ilegal pueden enfrentar restricciones de reingreso. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), las consecuencias dependen del tiempo acumulado y las condiciones de salida: no tener green card no activa, por sí solo, estas barreras.Restricciones de tres y diez años para regresar a EE.UU.Tres años: según el Uscis, corresponden a quienes acumularon más de 180 días, pero menos de un año, de presencia ilegal en una sola estancia y salieron voluntariamente antes del inicio de procedimientos de expulsión.Diez años: aplican a quienes acumularon un año o más en una sola estancia y luego salieron o fueron expulsados, de acuerdo con la agencia. Ambos plazos comienzan con la salida.Qué se considera presencia ilegal según el UscisSegún el organismo, comprende el tiempo dentro del país sin admisión ni permiso de permanencia temporal, o después de que vence la estancia autorizada.La agencia aclara que los menores de 18 años no acumulan presencia ilegal. En general, tampoco cuenta el tiempo durante el cual permanece pendiente una solicitud de asilo de buena fe.Qué ocurre con el permiso anticipado de viaje con la regla del UscisLa página oficial del Uscis mantiene que salir tras obtener un permiso anticipado de viaje, conocido como advance parole, no activa estas barreras de tres y diez años por presencia ilegal.Según la agencia, algunos afectados pueden solicitar una exención. Los requisitos dependen del beneficio migratorio solicitado; la aprobación no es automática.Para tener en cuenta sobre el Advance ParoleAntes de viajar, conviene revisar el historial migratorio con una persona autorizada para brindar asesoría legal, como indica el Uscis. El organismo advierte que determinar la inadmisibilidad puede ser complejo: importan las fechas, las excepciones y el beneficio solicitado.Ya se aplica: la nueva medida sobre el Advance Parole que impacta en el TPS y migrantes llegados en la infanciaEste contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Oficial y confirmado | Estados Unidos alerta a los inmigrantes con Green Card sobre los delitos que llevan a la deportación

La residencia permanente otorga derechos, pero también crea obligaciones.Diversas situaciones podrían derivar en un juicio y la expulsión del país.

El DHS lo pidió: la regla del Uscis que cambiaría las solicitudes de trabajo para inmigrantes mexicanos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) presentó el 14 de octubre una propuesta para modificar una regla del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos sobre las solicitudes de trabajo de inmigrantes mexicanos y otros extranjeros. La iniciativa afectaría el procedimiento que utiliza el organismo migratorio para resolver determinadas peticiones de extensión de estadía vinculadas con empleos temporales.¿Qué regla del Uscis quiere cambiar el DHS para las solicitudes de trabajo?De acuerdo con el documento publicado en el Registro Federal, el cambio consiste en eliminar una disposición que obliga a los funcionarios a respetar determinadas decisiones favorables adoptadas anteriormente sobre la elegibilidad de un trabajador extranjero.La regulación, identificada como 8 CFR 214.1(c)(5), establece un criterio de deferencia cuando un empleador solicita prolongar la permanencia del mismo beneficiario, bajo la misma clasificación migratoria y sin modificaciones sustanciales en las circunstancias del caso.En esas condiciones, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) debe tomar como referencia su resolución previa, salvo que detecte un error material, cambios relevantes o nueva información desfavorable.La propuesta permitiría realizar una evaluación independiente de cada petición, incluso cuando el organismo ya hubiera autorizado una solicitud semejante para esa persona. La modificación se refiere a determinadas extensiones de estadía presentadas mediante el Formulario I-129, Petición para Trabajador No Inmigrante.Las visas laborales que podrían quedar alcanzadas por la modificaciónLa iniciativa comprende distintas categorías de trabajadores extranjeros que solicitan continuar temporalmente sus actividades en Estados Unidos. Entre ellas se encuentra la clasificación TN, destinada a determinados profesionales de México y Canadá, además de otras modalidades de empleo no inmigrante. Las categorías contempladas incluyen:TN: profesionales mexicanos y canadienses que cumplen los requisitos de esa clasificación.H-1B: trabajadores en ocupaciones especializadas.H-2A y H-2B: empleados temporales agrícolas y no agrícolas.L-1: personal transferido dentro de una misma empresa.O y P: personas con determinadas capacidades, logros o actividades profesionales.E, Q y R: otras clasificaciones de empleo temporal previstas en la normativa migratoria.El alcance de la disposición depende del tipo de petición y de las condiciones del trámite. No se trata de una modificación específica para ciudadanos mexicanos, sino de un cambio general que también podría afectar a quienes utilizan la categoría TN.¿Por qué el DHS propone revisar decisiones laborales previamente aprobadas?El departamento sostiene que la deferencia obligatoria limita la capacidad de los funcionarios para examinar nuevamente los antecedentes de una petición. Con la eliminación de ese requisito, la agencia podría reconsiderar los elementos presentados por el solicitante y determinar si continúa cumpliendo las condiciones correspondientes a su clasificación.El DHS también plantea que la responsabilidad de demostrar la elegibilidad debe permanecer en el peticionario, independientemente de las resoluciones anteriores.Entre los fundamentos de la propuesta figuran la posibilidad de identificar irregularidades, detectar información relevante que no hubiera sido advertida y fortalecer los controles sobre el cumplimiento de las condiciones migratorias.El documento incorpora resultados de inspecciones a empleadores. Para la clasificación H-1B, la proporción de visitas con hallazgos de fraude o incumplimiento pasó del 16,77% en el período fiscal 2018-2020 al 22,39% entre 2022 y 2025.En el caso de la categoría L-1A, los porcentajes fueron del 18,37% y el 24,46%, respectivamente. El organismo reconoce que otros factores también podrían influir en esas diferencias.

Donald Trump acusó a los inmigrantes por los graves disturbios en Francia: "Cierren sus fronteras y tomen el control antes de que sea tarde"

El presidente de los Estados Unidos habló de personas que provienen de "un mundo totalmente diferente, con odio en el corazón".Los incidentes en las protestas de ayer dejaron graves daños y 1.800 detenidos a 6 meses de la elecciones francesas.

La regla del DHS que se aplicaría para inmigrantes latinos con solicitudes de renovaciones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) propuso eliminar de forma definitiva el principio de "deferencia" en las renovaciones y extensiones de visas de trabajo tramitadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Bajo esta norma, cuyo período de comentarios públicos concluye el 13 de noviembre, los funcionarios ya no darían por válida una aprobación previa.La nueva regla del DHS que aplicaría a solicitudes de inmigrantes latinosLa propuesta publicada en el Registro Federal busca derogar formalmente la sección 8 CFR 214.1(c)(5) del Código de Regulaciones Federales. Esta regla instruía a los adjudicadores del Uscis a otorgar deferencia a las decisiones favorables anteriores cuando una empresa o trabajador presentaba una extensión utilizando el Formulario I-129 bajo los mismos hechos y partes involucradas.Esto significa que, en las renovaciones y extensiones de visa de trabajo, el oficial debía otorgar deferencia a la decisión anterior sobre la solicitud del migrante, salvo que se presentaran determinadas excepciones.Según argumenta el DHS, la regla actual trasladó la carga de la prueba hacia los propios oficiales de inmigración, quienes debían justificar por qué se desviaban de una aprobación previa en lugar de exigir que el solicitante probara su derecho al beneficio. Con la eliminación de la deferencia, cada solicitud de extensión será evaluada de manera exhaustiva e independiente, sin presumir que la decisión anterior fue correcta.Visas afectadas e impacto en trabajadores latinosEl cambio aplicará a todas las clasificaciones de trabajadores no inmigrantes tramitadas mediante el Formulario I-129. Esto abarca categorías clave para la fuerza laboral hispana y profesionales internacionales:Visas H-1B: para profesionales en ocupaciones especializadas.Visas H-2A y H-2B: para trabajadores agrícolas y no agrícolas temporales.Visas TN: creadas bajo el tratado de libre comercio (T-MEC) y ampliamente utilizadas por profesionales de México.Visas L-1: para transferencias de ejecutivos o personal especializado intraempresarial.Visas E-1, E-2 y E-3: para inversionistas, comerciantes y profesionales calificados.Otras categorías: incluye visas O-1, P-1, P-2, P-3, Q-1 y R-1.Asimismo, el análisis de impacto económico e institucional del DHS anticipa consecuencias directas para los solicitantes. Los funcionarios proyectan un incremento de 2,9 puntos porcentuales en la tasa de Solicitudes de Evidencia (RFE), lo que equivale a unos 6044 casos adicionales al año que recibirán peticiones extraordinarias de documentación.En esa línea, las solicitudes que reciben una RFE enfrentan un tiempo medio de procesamiento de 64 días adicionales frente a las que se aprueban directamente.Por otra parte, se estima un costo anual directo de 133.987 dólares para los empleadores. Esta cifra proviene de las horas de personal de recursos humanos y abogados necesarias para responder a los requerimientos adicionales.La razón del cambio de normas y cuándo entraría en vigorLa política de deferencia fue implementada originalmente en 2004, revocada en 2017, reinstaurada en 2021 y codificada a finales de 2024. Según el DHS, los resultados fueron negativos, ya que presuntamente redujo el escrutinio de los casos e impactó en la capacidad de detectar aprobaciones erróneas o posibles esquemas de fraude.Los datos del Uscis citados por la agencia muestran que durante los períodos sin deferencia se identificaron menores porcentajes de incumplimiento y fraude en visitas a sitios de trabajo de programas como H-1B y L-1A.La norma del Uscis para quienes cumplen 14 añosTras la presentación de la norma, el público, las organizaciones civiles y los empleadores tienen hasta el 13 de noviembre a las 23:59 hs (hora del Este) para enviar comentarios escritos sobre la reglamentación propuesta a través del portal oficial.Una vez concluido el plazo, el DHS y el Uscis deben evaluar los comentarios recibidos. Si la agencia decide seguir adelante, deberá redactar y publicar una regla final en el Registro Federal.La fecha exacta en que la eliminación de la deferencia comenzaría a aplicarse se fijará y anunciará formalmente dentro de esa Regla Final.

La regla final del Uscis sobre la visa de inmigrante basada en empleo que entra en vigor el 30 de noviembre

La visa de inmigrante EB-5, destinada a extranjeros que invierten en negocios de Estados Unidos, tendrá nuevas tarifas de presentación desde el 30 de noviembre de 2026. La regla final del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) modifica los costos de la green card para inversores y fija cargos para solicitudes individuales, centros regionales y determinados trámites de residencia permanente.Qué establece la regla final del Uscis para la visa EB-5Según la regla final publicada en el Federal Register, las solicitudes, peticiones y otros pedidos con matasellos del 30 de noviembre de 2026 o posterior deberán presentarse con los nuevos valores. El documento oficial, difundido el 30 de septiembre, modifica los aranceles de la quinta preferencia de inmigración basada en empleo (EB-5).Uno de los principales cambios afecta al Formulario I-526, utilizado por inversores independientes. Su costo pasará de US$3675 a US$7615.Para quienes participan mediante centros regionales, la presentación inicial del Formulario I-526E tendrá una tarifa de US$7850, a la que se sumará un cargo de US$1100 destinado al Fondo de Integridad EB-5.El nuevo esquema también establece un cargo tecnológico de US$75, que ya está incluido en las tarifas finales del I-526 y de la presentación inicial del I-526E. El dinero tendrá como destino las mejoras de los sistemas informáticos que utiliza la agencia para administrar las peticiones.De acuerdo con Bloomberg Law, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) redujo algunos importes respecto de su propuesta original de octubre de 2025. En ese proyecto, el organismo planteó un arancel de US$9625 para el I-526, pero la versión definitiva estableció un monto menor.Las nuevas tarifas de los formularios EB-5 desde noviembreLa actualización de tarifas para los inmigrantes inversores también comprende solicitudes de centros regionales y trámites posteriores a la obtención de la residencia. Entre los valores que fijó la normativa figuran:Formulario I-829: US$5000 para solicitar la eliminación de las condiciones sobre la residencia permanente.Formulario I-956: US$44.115 para la designación inicial de un centro regional y US$9835 para modificar una designación existente.Formulario I-956F: US$42.675 para solicitar la aprobación de una inversión en una empresa comercial.Formulario I-956G: US$2165 para la declaración anual de centros regionales.Formulario I-956H: US$65 para las personas vinculadas con el programa de centros regionales.Formulario I-956K: US$2165 para el registro de promotores directos y terceros.La disposición también incorpora el Formulario I-527, destinado a determinados inversores que presentaron peticiones I-526 antes de la reforma de 2022. Este trámite, que permite modificar una solicitud para conservar la elegibilidad ante la cancelación de un centro regional o la inhabilitación de determinadas entidades asociadas con la inversión, tendrá una tarifa de US$10.330.Por qué el Uscis modifica los costos del programa EB-5En un comunicado, el Uscis explicó que los ajustes buscan financiar el funcionamiento del programa, cumplir los objetivos legales de procesamiento y reforzar las medidas de prevención del fraude.El programa EB-5 nació en 1990 con el objetivo de promover el crecimiento económico mediante inversiones extranjeras y generación de empleo. Actualmente, exige una inversión general mínima de US$1,05 millones, aunque contempla un umbral de US$800.000 para proyectos en determinadas zonas o iniciativas de infraestructura.Además, requiere la creación de al menos diez puestos de trabajo a tiempo completo. La Ley de Reforma e Integridad EB-5 de 2022 ordenó realizar un estudio específico sobre los costos del programa y estableció controles adicionales, auditorías, visitas a instalaciones y verificaciones sobre el cumplimiento de los requisitos.El análisis actualizado del DHS estimó un costo anual de aproximadamente US$105 millones para el programa. Con las tarifas anteriores, la recaudación proyectada alcanzaba US$56,6 millones, lo que dejaba una diferencia de US$48,4 millones.La agencia calculó que la nueva estructura afectará unas 16.600 presentaciones por año. Para los formularios existentes, el incremento promedio ponderado será del 70,7%, equivalente a aproximadamente US$2945,90 adicionales por presentación.Visa EB-5: sanciones para los centros regionales que no paguen las tarifasOtra modificación alcanza al Fondo de Integridad EB-5, que financia investigaciones, auditorías y controles de cumplimiento. La regla incrementa sus cargos un 10% para reflejar la inflación acumulada entre 2022 y 2025.Los centros regionales con 20 inversores o menos deberán pagar una tarifa anual de US$11.000, mientras que aquellos que superen esa cantidad abonarán US$22.000.La normativa también establece penalidades por incumplimientos. Si un centro regional paga entre los días 31 y 60 posteriores al vencimiento, afrontará un recargo del 10%. Si lo hace entre los días 61 y 90, la multa será del 20%.La falta de pago durante más de 90 días provocará la cancelación de su designación.En paralelo a los ajustes económicos, el DHS impulsó una propuesta de cambios en la visa EB-5. Ese procedimiento normativo, publicado en julio de 2026, aborda aspectos de elegibilidad e integridad del programa y es diferente de la regla final sobre tarifas.Los plazos de procesamiento de la visa EB-5La legislación de 2022 también estableció objetivos de procesamiento para las solicitudes EB-5. Entre ellos figuran 240 días para determinadas peticiones de inversores y 120 días para aquellas relacionadas con inversiones en áreas de empleo objetivo.Para ciertas solicitudes de centros regionales, la normativa contempla metas de 180 días y de 90 días en los casos correspondientes a proyectos en esas áreas. El DHS incorporó estos plazos como referencia para calcular los recursos necesarios, aunque aclaró que la duración efectiva de los trámites depende del volumen de solicitudes, el personal disponible y la complejidad de cada expediente.

Trump vuelve a criminalizar a inmigrantes en su intento de animar al votante republicano

El mandatario estadounidense criticó a inmigrantes y ciudades refugio en un mitin en Kentucky, alertando sobre las elecciones de medio término. En su discurso, culpó al gobierno anterior de la inflación y prometió recompensas si su partido mantiene el control legislativo.

El campo pide que vuelvan los inmigrantes: una nueva encuesta revela que los votantes rurales le dan la espalda a Trump

Un sondeo realizado por KFF Health News y Associated Press (AP) reveló el descontento de los votantes rurales con la administración Trump. A pocos días de las elecciones generales del 3 de noviembre, un 40% de los encuestados asegura que el republicano "ha ido demasiado lejos" con las deportaciones masivas y restricciones migratorias. A favor de los inmigrantes: qué dicen los votantes rurales sobre la administración Trump La encuesta se realizó entre el 12 y el 24 de agosto de 2026, con la participación de 2241 votantes de zonas rurales. De los encuestados, un tercio (33%) consideró que las medidas migratorias de Trump tenían un efecto positivo en sus comunidades, mientras que otro tercio sostuvo lo contrario. "Entiendo que haya que deshacerse de los asesinos", dijo Laura Leigh Taylor, una agricultora de 37 años que votó por Trump en 2024. "Pero todas las personas que quedaron en un punto intermedio, que no hacían otra cosa que cuidar de su familia, fueron arrancadas de sus casas". Por su parte, el 40% de los votantes rurales opinaron que la administración Trump ha ido "demasiado lejos" en las restricciones a la inmigración legal y las deportaciones masivas. Esta cifra es menor que la postura de la población general de EE.UU., donde el 55% consideraba que las medidas han sido excesivas. "Es difícil argumentar que [los inmigrantes] suponen una carga excesiva para el sistema", dijo David Grabowski, profesor de políticas sanitarias en la Facultad de Medicina de Harvard. El rol de la comunidad migrante en la industria agrícola Los encuestados también remarcaron la importancia de los inmigrantes en puestos de trabajo en sectores como la manufactura, la salud y la agricultura.Según el sondeo, siete de cada diez votantes rurales afirman que tanto los inmigrantes legales como los trabajadores agrícolas temporales son muy importantes para la economía de sus localidades. Asimismo, el 45% de los encuestados admite que los inmigrantes sin autorización legal desempeñan un papel importante en la economía local. "Para muchos pueblos pequeños, los inmigrantes son la razón por la que la escuela y el hospital permanecieron abiertos y el condado no se redujo", dijo Shannon Monnat, directora del Centro de Investigación de Políticas de la Universidad de Syracuse.¿Republicanos o demócratas? La brecha política entre los votantes rurales La encuesta advierte que los votantes rurales son menos propensos a decir que Trump se ha extralimitado en la aplicación de sus políticas migratorias. En ese sentido, dos tercios de los republicanos afines al movimiento MAGA (Make America Great Again, en inglés) evalúan como positivo el impacto de estas medidas.Sin embargo, de cara a las elecciones generales del próximo 3 de noviembre, el 80% de los demócratas rurales afirmó estar "totalmente seguros" de acudir a las urnas, una proporción superior al 74% de los republicanos rurales encuestados.

Buenas noticias para inmigrantes que renuevan el EAD en USA: el Uscis confirma que el trámite no subirá de precio

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) oficializó las tarifas para el año fiscal 2027 bajo los mandatos de la Ley One Big Beautiful Bill (H.R. 1). A pesar de los aumentos generales por inflación en diversos trámites migratorios, las renovaciones y extensiones del permiso de trabajo mantendrán sus valores actuales a partir del 16 de octubre.Las renovaciones y extensiones del EAD conservan sus valores sin aumentosLa normativa federal establece la actualización anual de las tarifas sobre la base del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U). Entre julio de 2025 y julio de 2026, la tasa de inflación acumuló un incremento del 3,36% en la economía estadounidense.Sin embargo, el reglamento exige redondear cada monto resultante hacia el múltiplo de diez dólares inferior más cercano. Esta regla de redondeo y las disposiciones del artículo 1810 del Código de Estados Unidos evitan aumentos en los trámites de renovación del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).Los solicitantes que envíen trámites de extensión a partir del 16 de octubre de 2026 pagarán los mismos montos del ciclo fiscal anterior. La medida beneficia a los titulares de asilo, Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y permiso humanitario o parole en todo el país.Valores de cada categoría para las renovaciones del permiso de trabajoEl listado oficial publicado en el Registro Federal detalla los costos fijados para la renovación o extensión del EAD en cada categoría:Para solicitantes de asilo (Formulario I-765): 275 dólares.Para beneficiarios de permiso humanitario o parole con vigencia de un año (Formulario I-765): US$280.Para beneficiarios del TPS con vigencia de un año (Formulario I-765): US$280.Solicitud de EAD por re-parole (Formulario I-765): US$280.La ley H.R. 1 prohíbe los ajustes por inflación en las renovaciones de autorización de empleo para solicitantes de asilo. Por este motivo, la tarifa de este trámite permanece fija en US$275 sin variaciones respecto al período anterior.En los casos de renovación para TPS, parole y re-parole, la fórmula de inflación aplicó un cálculo de US$289,42. Al aplicar la regla de redondeo hacia el múltiplo de diez inferior, el monto final retrocede a 280 dólares, lo que resulta en un incremento nulo de cero dólares.Trámites migratorios que sí registraron actualizaciones en sus preciosA diferencia de las renovaciones, las solicitudes iniciales del permiso de trabajo y otros formularios sí tuvieron aumentos. Las tarifas actualizadas regirán de forma obligatoria para todas las solicitudes enviadas desde el 16 de octubre.Las solicitudes iniciales del EAD para asilo, TPS y permiso humanitario mediante el Formulario I-765 subirán de US$560 a US$570. Este ajuste representa un aumento neto de US$10 por cada petición inicial ante la agencia.De igual manera, la tarifa anual para solicitudes de asilo pendientes mediante el Formulario I-589 aumentará de US$102 a US$105. En tanto que el trámite del Estatus de Protección Temporal con el Formulario I-821 subirá de US$510 a US$520.Por su parte, la tarifa del permiso humanitario de inmigración con el Formulario I-131 registrará un incremento de US$1020 a US$1050. Asimismo, los trámites de ejecución migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para personas con orden de remoción o aprehendidas entre puertos de entrada subirán a US$5300.El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) rechazará cualquier solicitud que ingrese sin el pago exacto a partir del 16 de octubre de 2026. La autoridad migratoria exige a los usuarios verificar los valores oficiales antes del envío de formularios para evitar devoluciones.

El ICE lo oficializó: cobrará US$5300 a inmigrantes con orden de deportación que sean detenidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzará a cobrar una tarifa de 5300 dólares a determinados inmigrantes con órdenes de deportación que sean detenidos a partir del 16 de octubre en Estados Unidos. La medida forma parte de los ajustes por inflación anunciados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una notificación publicada el 1° de octubre en el Registro Federal. ¿Qué inmigrantes deberán pagar US$5300 al ICE desde el 16 de octubre?La disposición establece que el nuevo importe se aplicará a las personas que recibieron una orden de deportación en ausencia y posteriormente sean arrestadas por agentes del ICE.Esta categoría comprende a extranjeros que no asistieron a sus procedimientos de expulsión y contra quienes un juez de inmigración emitió una resolución conforme a la sección 240(b)(5) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Para dictar una orden de este tipo, la legislación establece determinadas condiciones:La persona o su abogado registrado debe haber recibido la notificación escrita correspondiente al procedimiento migratorio.El extranjero debe haber faltado a la audiencia de deportación.El DHS debe demostrar, mediante pruebas claras, inequívocas y convincentes, que se entregó la notificación y que la persona está sujeta a expulsión.El DHS también aplicará el nuevo cobro a extranjeros detenidos entre puertos de entradaEl ajuste anunciado para el año fiscal 2027 incluye una segunda categoría: inmigrantes considerados inadmisibles que sean detenidos entre puertos de entrada a Estados Unidos. En estos casos, tanto el ICE como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) podrán determinar y recaudar el importe establecido.La medida corresponde a la sección 100017 de HR-1 y alcanza a personas consideradas inadmisibles bajo la sección 212 de la INA 1182. Entre las situaciones contempladas se encuentran las de extranjeros que:Están presentes en territorio estadounidense sin haber sido admitidos oficialmente o sin haber recibido un permiso de permanencia temporal (parole).Ingresan al país nortearmericano por lugares distintos de los puntos autorizados.Son considerados inadmisibles por otros motivos establecidos en la sección 212 de la legislación migratoria.¿Cómo aumentó la tarifa migratoria del ICE hasta llegar a US$5300?El incremento responde al mecanismo de actualización anual por inflación que establece la One Big Beautiful Bill Act, identificada como HR-1 y promulgada el 4 de julio de 2025. La evolución de los importes fue la siguiente:Fecha de entrada en vigorTarifa8 de septiembre de 2025US$50001° de diciembre de 2025US$513016 de octubre de 2026US$5300Para calcular el ajuste correspondiente al año fiscal 2027, el organismo utilizó el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U, por sus siglas en inglés). El indicador pasó de 323,048 puntos en julio de 2025 a 333,918 en julio de 2026. Con esos valores, la autoridad federal aplicó un multiplicador de 1,03365 sobre el importe anterior.La operación produjo un resultado de US$5302,62, que posteriormente se redondeó hacia abajo al múltiplo de US$10 más cercano, conforme al procedimiento establecido por la legislación. De esta manera, el incremento respecto de la tarifa vigente durante el año fiscal 2026 es de US$170.Las excepciones legales para inmigrantes con órdenes de deportación en ausenciaLa sección 100016 de HR-1 contempla una excepción para quienes logren que se anule su orden de expulsión dictada en ausencia. La legislación establece dos situaciones que permiten solicitar la reapertura del procedimiento:Circunstancias excepcionales: el extranjero puede presentar una moción dentro de los 180 días posteriores a la orden de deportación si demuestra que su inasistencia respondió a circunstancias excepcionales.Falta de notificación o detención previa: la solicitud puede presentarse en cualquier momento si la persona demuestra que no recibió el aviso correspondiente o que se encontraba bajo custodia federal o estatal y faltó a la audiencia por causas ajenas a su voluntad.El procedimiento de cobro continuará mediante notificaciones individuales a las personas alcanzadas por las disposiciones. El DHS informó que enviará las comunicaciones correspondientes e incluirá instrucciones para realizar el pago de los importes aplicables desde el 16 de octubre.

James Talarico, candidato de 37 años en Texas: "No puedes amar a Dios y maltratar al inmigrante"

El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos James Talarico, de 37 años, buscó convertir su mensaje de justicia social, defensa de los inmigrantes y compromiso religioso en uno de los ejes de su campaña en Texas. En una entrevista con el conductor Jimmy Kimmel, el político cuestionó la influencia del movimiento MAGA en el cristianismo. La frase de James Talarico sobre los inmigrantes y el cristianismoLa entrevista de Kimmel con Talarico se publicó en YouTube en septiembre, después de que el presentador anunciara que no la emitiría por la cadena ABC, ante la posibilidad de que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) tomara medidas contra las estaciones afiliadas.Uno de los momentos centrales se produjo cuando Kimmel le preguntó a Talarico por su interpretación del cristianismo. El presentador sostuvo que algunas corrientes del movimiento MAGA se habían apropiado de la imagen de Jesús de una manera contradictoria con sus enseñanzas.Talarico respondió que el problema no consiste solo en las diferencias de interpretación religiosa, sino también en la manera en que esas ideas se traducen en el trato cotidiano hacia otras personas. "Las escrituras nos dicen que no puedes amar a Dios y odiar a otras personas. No puedes amar a Dios y maltratar al inmigrante. No puedes amar a Dios y oprimir a los pobres. No puedes amar a Dios y acosar a los marginados", señaló Talarico.Elecciones al Senado en Texas: Talarico confía en que ganaráDurante la entrevista, Kimmel le preguntó a Talarico por qué creía que sus adversarios estaban tan preocupados por su candidatura. El demócrata respondió que su movimiento representa una amenaza para quienes se benefician del funcionamiento actual del sistema político y económico."Les preocupa que vayamos a ganar esta contienda en Texas", afirmó. Sin embargo, aclaró que considera que su candidatura sigue en desventaja hasta que se cuente el último voto.Talarico señaló que su campaña pretende reunir a trabajadores de distintos partidos, razas, géneros, religiones y culturas para enfrentar a quienes concentran el poder. En ese marco, mencionó las contribuciones millonarias que, según afirmó durante la entrevista, se destinaban a impedir su victoria.El candidato también cuestionó el papel del dinero en la política estadounidense. El demócrata manifestó que no acepta contribuciones de comités de acción política corporativos y que su campaña se financia con aportes individuales de ciudadanos que colaboran con cantidades pequeñas.James Talarico cuestionó a Ken Paxton por las acusaciones de corrupciónOtro de los ejes de la conversación fue la disputa con Ken Paxton, su rival republicano en la contienda por el Senado. Talarico cuestionó las controversias que rodean al funcionario, quien se desempeña como fiscal general de Texas, y señaló que sus propios compañeros republicanos lo sometieron a un juicio político por acusaciones relacionadas con sobornos.El demócrata también criticó la evolución del patrimonio de Paxton y afirmó que el funcionario posee 15 propiedades, pese a recibir un salario público inferior a los 150.000 dólares anuales. Durante la entrevista, Talarico sostuvo que el patrimonio del fiscal general aumentó un 7000% desde que asumió el cargo.

El DHS lo pidió: la regla del Uscis que cambiaría las solicitudes para trabajadores inmigrantes cubanos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) presentó una propuesta para modificar el procedimiento que utiliza el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) al analizar las solicitudes de extensión de estadía de trabajadores extranjeros. El proyecto busca eliminar la denominada regla de deferencia, que permite tomar en consideración decisiones favorables emitidas previamente cuando las condiciones del caso se mantienen.La nueva propuesta del DHS que cambiaría las solicitudes de visas de trabajo ante el UscisSi la iniciativa se aprueba, las solicitudes presentadas mediante el formulario I-129 dejarán de beneficiarse de la deferencia obligatoria a las aprobaciones anteriores, incluso cuando el trabajador continúe con el mismo empleador y las circunstancias no hayan cambiado.El cambio podría afectar a profesionales cubanos que trabajan legalmente en el país norteamericano bajo distintas categorías migratorias.La propuesta fue publicada en el Registro Federal el 14 de octubre. Por el momento, no constituye una norma vigente y deberá completar el proceso reglamentario.La regulación actual, contemplada en el apartado 8 CFR 214.1(c)(5), establece que los funcionarios deben respetar una determinación previa de elegibilidad al revisar determinadas solicitudes de extensión presentadas mediante el formulario I-129. Esto se aplica cuando intervienen las mismas partes y las circunstancias relevantes no cambiaron, salvo que exista un error material u otra modificación sustancial.El DHS pretende suprimir esa disposición; en consecuencia, las aprobaciones anteriores dejarían de funcionar como referencia que deba recibir deferencia durante la evaluación de una nueva petición. Los funcionarios analizarían cada expediente según las pruebas y los requisitos aplicables al momento de la revisión.La agencia sostuvo que este enfoque permitiría examinar con mayor detalle las solicitudes y mantener la responsabilidad de demostrar la elegibilidad en manos de quien presenta la petición. La Sección 291 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece que esa obligación corresponde al peticionario, generalmente el empleador en los trámites de visas laborales.Por qué el DHS quiere eliminar la regla de deferenciaEntre los argumentos de la propuesta, el departamento señala que el sistema actual podría dificultar una revisión completa de los expedientes. Según su interpretación, la obligación de respetar decisiones anteriores puede hacer que los funcionarios deban justificar especialmente por qué rechazan una extensión que ya había sido aprobada.Para respaldar su posición, el DHS citó datos de inspecciones en centros de trabajo:En las extensiones de visas H-1B, la tasa combinada de fraude e incumplimiento fue del 22,39% durante períodos con deferencia, frente al 16,77% en períodos sin ella. En la categoría L-1A, los porcentajes informados fueron del 24,46% y el 18,37%, respectivamente.Qué cambiaría para los trabajadores cubanos con visasLos ciudadanos cubanos que trabajan en Estados Unidos bajo categorías migratorias como H-1B, L-1, O-1 o P podrían verse alcanzados por el cambio, según la categoría y el tipo de petición que presenten. Entre los trabajadores potencialmente afectados se encuentran médicos, ingenieros, especialistas tecnológicos, ejecutivos, artistas y deportistas.Uno de los principales cambios sería la necesidad de volver a demostrar que se cumplen los requisitos migratorios. El empleador tendría que preparar documentación suficiente para respaldar la solicitud, sin depender de que una extensión anterior fuera aprobada para el mismo puesto o trabajador.El DHS calcula que la eliminación de la deferencia podría generar unas 6044 solicitudes adicionales de evidencia, conocidas como RFE, cada año. Estos requerimientos permiten al Uscis pedir documentos o información complementaria antes de tomar una decisión sobre el expediente.Cuándo podría entrar en vigor la nueva regla del DHSEl proyecto contempla un período de comentarios públicos de 30 días, que finaliza el 13 de noviembre. Durante ese plazo, empleadores, abogados, organizaciones y otras personas interesadas pueden presentar observaciones a través de Regulations.gov, bajo el expediente DHS Docket No. Uscis-2026-0529.Una vez cerrado el período de consulta, la agencia deberá revisar los comentarios recibidos y decidir si introduce modificaciones o mantiene la propuesta. Después tendrá que completar las revisiones administrativas correspondientes y publicar una versión definitiva en el Registro Federal.La regla final deberá establecer su fecha de entrada en vigor. Solo después de completar ese procedimiento podrá el Uscis implementar oficialmente el nuevo criterio y actualizar sus instrucciones operativas.

La inseguridad alimentaria entre inmigrantes y refugiados de Colorado aumenta el 90 %

La demanda de ayuda alimentaria por familias inmigrantes en Colorado creció un 90% este año, según cifras de Project Worthmore. Un informe estatal revela que la inseguridad alimentaria afecta al 17,7% de la población, con un impacto mayor entre los hispanos.

Green card y advance parole: la regla del Uscis que bloquea a inmigrantes que viajen fuera de EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) actualizó sus directrices sobre los efectos del advance parole (permiso de viaje anticipado) en el estatus migratorio. Las autoridades federales aplican una nueva interpretación legal sobre el abandono del país y las causas de inadmisibilidad para la residencia permanente o green card.En qué consiste la regla del Uscis que bloquea a inmigrantes que viajen fuera de EE.UU.La regla establece que la salida de EE.UU. mediante un documento de Permiso de Viaje Anticipado (Formulario I-512L) es considerada como una salida formal bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta determinación jurídica revoca el criterio sentado en el precedente judicial Matter of Arrabally and Yerrabelly de 2012.La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) emitió el fallo precedente Matter of Delcarmen-Lara el 13 de agosto. La agencia confirmó que las normas migratorias no contemplan excepciones para las salidas temporales amparadas por un permiso de viaje.En ese sentido, el nuevo criterio impone la causa de inadmisibilidad a los extranjeros que retornan al país tras utilizar el beneficio de salida temporal. La medida afecta de forma directa el trámite de ajuste de estatus para la obtención de la residencia permanente o green card.El Uscis publicó una alerta oficial en su portal institucional para advertir a los solicitantes sobre esta interpretación. Las personas con permisos de viaje vigentes deben evaluar los riesgos de inadmisibilidad antes de cruzar las fronteras.Casos en los que se aplica la regla del UscisLa normativa aplica a los extranjeros que acumularon más de 180 días de presencia ilegal en el país durante una sola estancia. Asimismo, la restricción alcanza a los inmigrantes que contabilizaron un año o más de estancia no autorizada en EE.UU. La salida bajo el permiso anticipado activa de manera inmediata el castigo de diez años de inadmisibilidad según la sección 212 de la ley.La regla perjudica a los beneficiarios de programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que acumularon presencia ilegal tras cumplir la mayoría de edad. Los titulares de esta protección que viajan al exterior activan las barreras de reingreso al momento de su regreso.De igual manera, la disposición afecta a los solicitantes de ajuste de estatus que registran períodos previos de estancia indocumentada. La agencia deniega la solicitud de green card si la persona resulta inadmisible sin un perdón de presencia ilegal aprobado.Excepciones y aplicación de la norma del UscisLas autoridades de inmigración determinaron que la regla rige de manera prospectiva desde el 13 de agosto de 2026. La decisión preserva los procesos de los extranjeros que realizaron viajes al exterior bajo la normativa anterior a esa fecha.La ley establece exenciones específicas en el cómputo de la presencia ilegal para ciertos grupos vulnerables. Los menores de 18 años de edad no acumulan tiempo indocumentado bajo las disposiciones del servicio de inmigración.Las personas con solicitudes de asilo pendientes no contabilizan presencia ilegal durante el análisis de sus casos. Tampoco acumulan días no autorizados las víctimas de violencia doméstica amparadas por la Ley Contra la Violencia contra la Mujer (VAWA) y las víctimas de trata de personas.Los inmigrantes afectados por esta causa de inadmisibilidad pueden solicitar un perdón o exención mediante los formularios oficiales I-601 o I-601A. El solicitante debe demostrar que la negación de la residencia causará un sufrimiento extremo a un familiar cónyuge o padre ciudadano estadounidense.

Avanza el ICE: el nuevo modus operandi para acelerar la detención de inmigrantes en carreteras

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) retomó las paradas de vehículos en carreteras, según confirmó el zar fronterizo Tom Homan. Cada equipo de arresto tendrá al menos un agente con cámara corporal. Qué cambió en las paradas vehiculares del ICESegún CBS News, el secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, había pausado las paradas vehiculares.El presidente Donald Trump revirtió esa suspensión y el zar fronterizo confirmó en Fox News que las paradas de tráfico volvieron."Se han reanudado las paradas de tráfico, eso es cierto. Es obligatorio llevar una cámara corporal durante el operativo", dijo Homan. "[Mullin] tomó medidas en pro de la seguridad de los agentes y la forma en que realizamos las operaciones". En qué consisten las nuevas cámaras corporales del ICE El presupuesto para la tecnología superó los US$120 millones. Según CBS News, el DHS informó que más de la mitad de las oficinas de campo ya tiene cámaras. El resto las recibirá en un plazo de 60 días.El ICE probó 1600 cámaras en Baltimore, Filadelfia, Detroit, Buffalo y Washington, según el mismo reporte. Homan afirmó en Face the Nation, de CBS News, que las cámaras ya se compraron y que van a capaticar a los instructores.Antecedentes del nuevo modus operandi del ICE para las detenciones vehiculares El pasado 7 de julio, un oficial del ICE mató en Houston a Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano que vivía en EE.UU. desde hacía décadas.Días después, otro oficial mató a un colombiano en Biddeford, Maine. Ninguno de los agentes llevaba cámara corporal y el DHS reconoció que ambos hombres no eran el objetivo de los operativos, informó CBS News."Me parece indignante y ridículo oír que nadie en esa furgoneta era objeto de ningún tipo de investigación", dijo Ronald Salgado, el hijo mayor del mexicano asesinado en Houston, en diálogo con The New York Times. Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Nithya Raman, candidata en California: "Los inmigrantes están aterrados en Los Ángeles"

La candidata Nithya Raman centró sus críticas en la situación de los inmigrantes durante el último debate electoral con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. En ese sentido, advirtió que los operativos migratorios federales provocaron temor entre los residentes de la ciudad. Durante el encuentro, la concejala defendió su postura contra las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y cuestionó la respuesta del gobierno local.Nithya Raman cuestionó las redadas migratorias en Los ÁngelesLa discusión se produjo en la recta final de las elecciones en Los Ángeles, previstas para este 3 de noviembre. Ambas candidatas demócratas y expresaron críticas a los operativos migratorios federales, sus diferencias quedaron expuestas cuando debatieron sobre la protección de las comunidades inmigrantes, el papel de la policía local y la confianza de los habitantes en las autoridades municipales.Según la cobertura de Los Angeles Times, la concejala respondió a preguntas sobre una entrevista en video difundida en internet durante la semana anterior, en la que había reiterado su pedido de destituir al jefe de la policía de Los Ángeles y había instado a combatir a quienes calificó como mentirosos fascistas.Al explicar sus declaraciones, Raman sostuvo que sus críticas estaban dirigidas a los agentes federales de inmigración y a sus actuaciones en las calles de la ciudad. La candidata defendió el contenido de la entrevista y vinculó sus palabras con los operativos migratorios que se desarrollaron en Los Ángeles."Los inmigrantes están aterrados aquí en la ciudad de Los Ángeles, y voy a alzar la voz contra las acciones de ICE y las acciones de la administración Trump en nuestras calles todos los días, porque esta es una ciudad de inmigrantes", declaró.Raman aseguró que el gobierno de Bass perdió la confianza de una parte de los residentes durante su gestión, especialmente por las denuncias de que el LAPD habría compartido información con ICE. Para la candidata, esa situación afecta la relación entre las comunidades inmigrantes y las instituciones que deben prestar servicios y garantizar la seguridad en la ciudad.Elecciones en Los Ángeles: Raman apuntó contra la respuesta de Bass ante el ICELa discusión sobre inmigración continuó cuando las candidatas abordaron la financiación de los servicios legales destinados a personas indocumentadas que enfrentan procedimientos de deportación. El programa Represent LA, que brinda asistencia jurídica a estos residentes, quedó en el centro de un intercambio sobre las prioridades presupuestarias del municipio.De acuerdo con la cobertura del debate realizada por Los Angeles Times, a Bass le preguntaron por qué su propuesta presupuestaria de 2025 había excluido fondos para ese programa. La alcaldesa negó que la decisión respondiera a restricciones financieras y explicó que su administración consideraba posible conseguir recursos a través de organizaciones filantrópicas.Raman cuestionó esa explicación y afirmó que la respuesta del gobierno municipal no fue suficiente para mantener la confianza de los inmigrantes.En su intervención, Raman planteó que el problema no se resolvía únicamente con declaraciones públicas o con reuniones entre funcionarios, sino que requería medidas concretas para proteger a los residentes frente a las consecuencias de las operaciones federales.Nithya Raman defendió sus críticas a ICE y a la administración TrumpRaman participó en una entrevista difundida en redes sociales en la que pidió la salida del jefe policial Jim McDonnell y utilizó la expresión "mentirosos fascistas" para referirse a quienes cuestionaba.Durante el debate, Bass utilizó ese episodio para poner en duda el criterio político de su rival. La alcaldesa sostuvo que la controversia demostraba que Raman no estaba preparada para asumir determinadas responsabilidades y cuestionó su utilización del término fascista.Raman sostuvo que el video había sido editado de una manera que distorsionaba sus declaraciones. Aclaró que no había calificado de fascistas a Bass ni al jefe policial, aunque mantuvo sus cuestionamientos al ICE y a los operativos migratorios federales.Para Raman, la respuesta policial ante las redadas es uno de los aspectos que deben cambiar en la ciudad. Bass, en cambio, sostuvo que las críticas de su rival no reflejaban adecuadamente las limitaciones que enfrenta un gobierno municipal ante decisiones adoptadas a nivel federal.La alcaldesa insistió en que las autoridades locales no pueden sustituir las políticas del gobierno nacional y que es importante ser transparentes con los residentes acerca de las herramientas que tienen a su disposición.

El ICE quiere llegar a 3000 arrestos diarios y afianza su modus operandi contra inmigrantes en octubre 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) busca alcanzar los 3000 arrestos diarios este octubre. La nueva directiva coincide con una intensificación de los operativos migratorios, que incluyen controles vehiculares, detenciones en tribunales y operaciones en aeropuertos.La nueva meta del ICE: 3000 arrestos diarios en Estados UnidosSegún reveló CNN, dos fuentes familiarizadas con una orden verbal confirmaron que los directivos del ICE pidieron incrementar las detenciones en 1000 personas por jornada. La medida busca elevar el promedio reciente de 2000 arrestos diarios hasta alcanzar los 3000, una cifra que la agencia ya había intentado conseguir anteriormente sin éxito.El momento en que ICE se lleva detenido a un hombre en FloridaLos oficiales también recibieron instrucciones para intentar llegar a 19.000 detenciones semanales. Esta meta contempla una menor cantidad de operativos durante los fines de semana, cuando disminuye el número de agentes en servicio.Como referencia, a fines de junio la agencia registró poco más de 12.500 arrestos en una semana, según datos del Deportation Data Project citados por CNN.El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) rechazó que existan cuotas obligatorias de arrestos. Las autoridades de la administración de Donald Trump sostuvieron que las cifras representan objetivos operativos y que los oficiales no reciben sanciones si no logran alcanzarlos.El secretario del DHS, Markwayne Mullin, defendió anteriormente la política migratoria y afirmó que la prioridad consiste en detener a personas con antecedentes delictivos graves. Sin embargo, también sostuvo que los agentes deben arrestar a quienes encuentran sin autorización migratoria, independientemente de sus años de residencia en Estados Unidos.Cómo funciona el modus operandi del ICE para detener inmigrantesUna investigación de Reuters identificó distintas herramientas utilizadas por los agentes federales para ampliar el alcance de las redadas. Entre los principales mecanismos figuran la cooperación con policías locales, el uso de tecnología para localizar personas y el intercambio de información entre organismos gubernamentales.Durante el verano boreal, los oficiales realizaron controles de tránsito junto con fuerzas policiales locales. También efectuaron detenciones en domicilios, lugares de trabajo, tribunales de inmigración y citas migratorias habituales.Otro mecanismo consiste en utilizar información proporcionada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Los avisos de este organismo permitieron identificar en aeropuertos a personas cuyas visas habían vencido, incluso cuando posteriormente solicitaron asilo o iniciaron trámites para regularizar su situación.De acuerdo con datos gubernamentales internos examinados por Reuters, más de 1200 personas fueron arrestadas por el ICE a partir de alertas de la TSA hasta comienzos de junio.El cambio operativo también alcanzó a los perfiles de los detenidos. Los registros del Deportation Data Project mostraron que las personas con condenas penales representaron menos de una cuarta parte de las capturas realizadas en julio de 2026. En diciembre de 2024, ese grupo concentraba casi el 60% de los arrestos.La investigación de Reuters documentó un incremento de las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales, entre ellos personas sin condenas ni cargos criminales. Algunos tenían solicitudes de asilo pendientes o trámites de residencia permanente patrocinados por familiares estadounidenses.Récord de arrestos del ICE: las cifras oficiales de junio, julio y agostoEl DHS publicó el 2 de septiembre un comunicado con las estadísticas de detenciones migratorias correspondientes al verano boreal de 2026. El organismo confirmó que agosto marcó el tercer récord mensual consecutivo.Las cifras oficiales fueron:Junio de 2026: 43.900 inmigrantes arrestados.Julio de 2026: 50.208 inmigrantes arrestados.Agosto de 2026: 50.925 inmigrantes arrestados.Mullin destacó los resultados y aseguró que los agentes continuarían con las operaciones para localizar, detener y deportar a personas sin autorización para permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, el crecimiento de las detenciones no se tradujo en un aumento proporcional de las expulsiones.Por su parte, Reuters examinó datos preliminares del gobierno federal y encontró que las deportaciones se mantuvieron cerca de las 1200 diarias. Ese promedio fue similar al de mayo, cuando el ICE había efectuado aproximadamente 19.000 arrestos menos durante el mes.La diferencia respondió a las dificultades legales para expulsar inmediatamente a personas con solicitudes migratorias pendientes o sin órdenes de deportación. Los funcionarios consultados también mencionaron la falta de vuelos disponibles y las restricciones impuestas por algunos países para recibir deportados.Nuevas reglas del ICE para detener vehículos en octubre de 2026En paralelo al aumento de los operativos, el ICE modificó sus instrucciones internas sobre los controles de tránsito y las persecuciones vehiculares.Según informó Associated Press, un memorando enviado a los integrantes de la División de Operaciones de Control y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) prohibió las persecuciones de alta velocidad y estableció condiciones más estrictas para interceptar automóviles.Las restricciones a las paradas de tráfico del ICE surgieron después de diversos enfrentamientos entre agentes federales y conductores. Durante el último año, los oficiales dispararon en más de una docena de incidentes de estas características, con al menos cuatro fallecidos y varios heridos.CNN también accedió a instrucciones internas que establecieron dos requisitos para los operativos vehiculares:Capacitación previa: los agentes deben completar cursos específicos antes de realizar detenciones de vehículos.Identificación de las unidades: los automóviles utilizados para estos procedimientos deben contar con luces y sirenas.Un portavoz del ICE negó que las instrucciones representaran una nueva política operativa. El funcionario explicó al medio citado que la conducción de la agencia emite recordatorios periódicos sobre los procedimientos y aseguró que los controles vehiculares continuarían.El ICE busca ampliar sus instalaciones para procesar más detencionesLa intensificación de los arrestos incrementó las necesidades de infraestructura de la agencia.De acuerdo con CNN, el DHS publicó durante septiembre una solicitud de contratación de empresas para desarrollar instalaciones temporales destinadas al procesamiento y alojamiento de inmigrantes detenidos.El documento contempló tres tipos de infraestructura:Unidades de detención temporales para alojar personas bajo custodia.Espacios destinados a entrevistas y procedimientos administrativos.Instalaciones para celebrar audiencias virtuales ante tribunales de inmigración.La solicitud justificó la necesidad de ampliar la capacidad de procesamiento ante el incremento de las operaciones. No obstante, un portavoz del DHS declaró a CNN que el organismo no tenía nuevos planes de instalaciones para anunciar en ese momento.

Es oficial: inmigrantes se enfrentan al DHS por freno a residencias permanentes en Estados Unidos

El proceso de obtener la residencia permanente en Estados Unidos enfrenta nuevos obstáculos administrativos que ahora son objeto de una disputa judicial. Una coalición de organizaciones y personas afectadas presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para impugnar dos directrices que, según los demandantes, restringen las opciones de los inmigrantes que buscan regularizar su situación.Demanda contra el DHS: las políticas migratorias cuestionadasLa primera disposición está contenida en el memorando PM-602-0199, fechado el 21 de mayo. La directriz modifica los criterios para evaluar el ajuste de estatus, un mecanismo que permite a determinados inmigrantes elegibles solicitar la green card desde EE.UU. sin completar el trámite consular en el extranjero.Con esta política, presentar la solicitud dentro del país norteamericano puede considerarse un elemento negativo al evaluar el caso. Según los términos cuestionados, los interesados deben acreditar circunstancias inusuales o extraordinarias para contrarrestar ese criterio.La demanda argumentó que este enfoque restringe una alternativa contemplada en la legislación migratoria.El segundo cambio figura en el memorando PA-2026-05, emitido el 5 de agosto. Esta medida permite que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) rechace determinadas solicitudes incompletas o con pruebas insuficientes sin enviar antes una Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) o una Notificación de Intención de Denegación (NOID, por sus siglas en inglés), instrumentos que habitualmente permiten responder a las observaciones de la agencia."Esto es algo bien preocupante porque imagínate que presentas una residencia y por alguna razón el Uscis no escaneó un documento importante o perdió un papel que habías mandado y te dice: 'Te voy a negar la residencia porque no mandaste las fotos del pasaporte', cuando las fotos del pasaporte sí estaban ahí", explicó a Univision la abogada de inmigración Claudia Cañizares.Qué argumentos legales presentaron los demandantes contra el DHSEl recurso, identificado como American Association of University Professors v. Mullin, fue presentado ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts. La acción solicita que la Justicia declare ilegales las disposiciones, suspenda su aplicación y deje sin efecto los cambios introducidos por las autoridades migratorias.Además del cuestionamiento a la modificación de procedimientos que permiten tramitar la green card sin abandonar el territorio estadounidense y la eliminación de oportunidades para corregir errores en las solicitudes, se advirtió sobre las posibles consecuencias. Los demandantes esgrimieron que generarían efectos en el empleo, las trayectorias profesionales y la unidad de las familias inmigrantes.Uno de los principales cuestionamientos se basa en la Sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). La coalición afirmó que el Congreso estableció el ajuste de estatus para que los inmigrantes que reúnen los requisitos puedan obtener la residencia sin tener que salir del país norteamericano.Por eso, consideró que el gobierno no puede convertir esa opción en un factor desfavorable de aplicación general.El recurso también invocó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés). Según los demandantes, el Uscis introdujo cambios sustanciales sin habilitar una instancia previa de consulta pública. Además, cuestionaron la aplicación inmediata de las nuevas directrices a expedientes que ya estaban en trámite, porque los solicitantes podrían perder la posibilidad de completar la documentación bajo las condiciones anteriores.La presentación incluyó argumentos vinculados con la doctrina Accardi, que exige a las agencias respetar sus propias normas y procedimientos, y con las garantías del debido proceso de la Quinta Enmienda. Los demandantes sostuvieron que las medidas se apartan de precedentes administrativos y pueden afectar los derechos de quienes no tuvieron oportunidad de responder a las nuevas exigencias.Quiénes participan en la demanda contra el UscisLa acción reúne a organizaciones académicas y sindicales, entre ellas la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP, por sus siglas en inglés), sus capítulos vinculados con Harvard y Boston University, y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés).También forman parte del litigio organizaciones dedicadas a la defensa de los inmigrantes y al asesoramiento legal, como Americans for Immigrant Justice, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), American Immigration Council y Democracy Forward, además del estudio jurídico Colombo & Hurd. La coalición incluyó a inmigrantes con solicitudes de residencia pendientes.Entre las autoridades señaladas en el proceso figuran el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el DHS, el Uscis y el director de la agencia, Joseph B. Edlow."Nuestro sistema de inmigración debe encarnar los valores que definen a EE.UU.: equidad, transparencia, debido proceso y respeto al estado de derecho", dijo en un comunicado Jeff Joseph, presidente de la AILA.

Estados Unidos confirma nuevas restricciones para trabajadores inmigrantes con visas H-1B y solicitudes de residencia

La administración Trump anunció nuevas medidas contra los programas de visas H-1B y J-1. El Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) suspendió a ocho compañías del programa PERM y abrió investigaciones a nueve universidades. El vicepresidente JD Vance encabezó el anuncio y acusó a las empresas de usar mecanismos de contratación que perjudican a los trabajadores estadounidenses.Qué se sabe de las nuevas restricciones que inciden en trabajadores inmigrantes con visas H-1BEl DOL ya no aceptará nuevas solicitudes ni procesará los expedientes pendientes de Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies y Capgemini.Vance sostuvo que Microsoft despidió a 6000 trabajadores estadounidenses, mientras obtuvo 6300 visas H-1B y casi 3000 green cards.Microsoft rechazó esa lectura. Afirmó que cerca del 80% de sus peticiones H-1B fueron extensiones o cambios de estatus de empleados actuales.Qué cambia para las visas H-1B y la residenciaLa suspensión no revoca los permisos H-1B vigentes ni las green cards ya concedidas.No obstante, la medida sí afecta a los empleados que dependen del patrocinio de esas firmas para avanzar hacia la residencia permanente.Qué sucede con las visas J-1El DOL investiga a nueve universidades por el uso de visas J-1: Harvard, Yale, Stanford, Brown, Pittsburgh, UC Davis, Caltech, Arizona State y MIT.El inspector general del DOL, Anthony D'Esposito, indicó que ya se emitieron citaciones.Stanford y UC Davis dijeron que cooperarán con las autoridadesLas visas J-1 de estudiantes e investigadores no se cancelan. Por ahora solo hay investigaciones y citaciones.Cuál es el marco oficial del programa H-1BSegún información publicada por el Departamento de Trabajo, los empleadores deben pagar a los trabajadores H-1B al menos el salario real o el prevaleciente, el que sea mayor.De acuerdo con el mismo organismo, una proclamación del 19 de septiembre de 2025 restringe las visas H-1B, salvo para peticiones acompañadas de un pago de US$100 mil. Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Ben Affleck, 54 años, sobre el orgullo hispano: "Estados Unidos es un país de inmigrantes"

El pasado 9 de octubre se estrenó Animals, la película dirigida y protagonizada por Ben Affleck que cuenta con la participación de actores latinos. En ese contexto, el actor y director remarcó en una entrevista con el periodista Jorge Ramos que "Estados Unidos es un país de inmigrantes". Los dichos de Ben Affleck sobre la comunidad inmigranteEl director destacó la importancia de la comunidad migrante en el programa de YouTube de Ramos: Así veo las cosas, donde sostuvo que la historia de la comunidad inmigrante representa a Estados Unidos y que esto lo quiso realzar en la película Animals. "Estados Unidos es un país de inmigrantes. La historia de los personajes de Luis y Adriana [de la película Animals] representa al país", dijo en español. En ese contexto, aseguró que fue fundamental reivindicar la dignidad de los inmigrantes en el largometraje. Por eso decidió presentar a Ramón, interpretado por el actor mexicano Luis Gerardo Méndez, como el héroe de la historia. "Es un asunto muy importante hoy en día que los personajes puedan representar la dignidad de inmigrantes", dijo. Las secuelas de las redadas migratorias del ICE, según Ben Affleck El coescritor de Good Will Hunting también hizo alusión a las redadas coordinadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante la administración Trump. Durante el rodaje de Animals en Los Ángeles, aseguró que el equipo se vio afectado por los operativos migratorios. "Tuvimos días donde nos dijeron que no podíamos grabar porque había una redada", relató. "Fue increíble para mí mirar que las cosas que estaban en el guion pasaban en la vida real", agregó sobre las similitudes de la política migratoria actual con la sinopsis del largometraje. Ante esta situación, señaló que estos hechos han generado "mucho miedo, ahora más que nunca" en las comunidades migrantes que viven en ciudades como La Gran Naranja. La postura de uno de los protagonistas de Animals sobre el contexto migratorio en EE.UU. Luis Gerardo Méndez, el actor que interpreta a Ramón, también analizó el contexto migratorio actual en el país norteamericano. En diálogo con Variety, afirmó que, sin importar el estatus migratorio de una persona, nadie debería perder su dignidad."Me resulta muy difícil hablar de estas familias que son separadas", dijo. De igual modo, señaló que "nadie deja su hogar porque quiere", sino que las personas se ven obligadas a emigrar por diferentes situaciones de violencia y persecución política.

Oficial y confirmado | Los inmigrantes con DACA o green card en trámite que viajen con Advance Parole podrían quedar bloqueados 10 años para volver a Estados Unidos

Una resolución modificó las consecuencias de salir del país con un permiso anticipado de viaje.Quiénes pueden quedar alcanzados y por qué el historial migratorio resulta decisivo.

Actualizaciones del Uscis: qué significa la extensión del TPS para miles de inmigrantes salvadoreños

El futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de El Salvador sigue sin una resolución definitiva, aunque por ahora cuentan con una extensión provisoria. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) no comunicó si mantendrá o cancelará la designación antes de la fecha límite prevista, lo que mantiene en espera a aproximadamente 200.000 beneficiarios que viven y trabajan en Estados Unidos.Qué pasará con el TPS para ciudadanos de El SalvadorAnte la falta de una decisión definitiva, el Uscis indicó que dará a conocer novedades cuando corresponda. "Hasta que se haga dicho anuncio, los salvadoreños presentes en EE.UU. bajo el TPS mantienen su protección, incluida la autorización de empleo", indicó.Esta continuidad de las protecciones se apoya en las disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que establece un mecanismo de prórroga cuando el gobierno federal no informa su decisión con la anticipación requerida.La situación tiene consecuencias que van más allá de la documentación migratoria. Los beneficiarios necesitan confirmar que sus autorizaciones laborales continúan vigentes, mientras algunos empleadores y organismos estatales enfrentan dificultades para verificar las fechas de validez.Qué establece la ley sobre la extensión automática del TPSLa sección 244 de la INA establece que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) debe comunicar una decisión sobre la continuidad o finalización de la designación de un país al menos 60 días antes de su vencimiento. Si no cumple con ese plazo, "se activa una extensión automática de seis meses", explicó la abogada de inmigración, Kathia Quirós, a Telemundo.Para los ciudadanos salvadoreños, este mecanismo permitiría prolongar las protecciones hasta el 9 de marzo de 2027. Sin embargo, la fecha todavía necesita una confirmación oficial en el Registro Federal para que las instrucciones administrativas correspondientes queden claramente establecidas.Durante el período de vigencia aplicable, los beneficiarios mantienen la protección frente a la deportación contemplada por el TPS y la autorización para trabajar. Si el gobierno federal decide terminar el programa, también debe respetar los plazos de notificación previstos por la legislación.Permisos de trabajo: qué deben saber los beneficiarios del TPS salvadoreñoUno de los principales inconvenientes está relacionado con el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Algunas tarjetas contienen fechas de vencimiento que no coinciden con el período de extensión reconocido por las disposiciones legales, lo que puede generar dudas durante los controles laborales.El Uscis contempló extensiones automáticas para determinadas autorizaciones identificadas con las categorías A12 y C19 hasta la fecha de vencimiento del programa, el 9 de septiembre.La ausencia de instrucciones actualizadas para el formulario I-9 y el sistema E-Verify complica la verificación por parte de las empresas. La Alianza Nacional del TPS y el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN, por sus siglas en inglés) reportaron casos de trabajadores enviados a sus hogares mientras sus empleadores esperan aclaraciones oficiales."Quienes reciben el TPS no pueden dormir tranquilos por las consecuencias de esta confusión constante", señaló José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, en un comunicado. "En muchos estados, la gente está perdiendo sus empleos y su permiso de conducir, y muy pronto, algunos podrían empezar a perder sus hogares", advirtió.

Qué se sabe de los registros electorales a los que accedió el ICE y que podría complicar a miles de inmigrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tuvo acceso a más de 100 millones de registros electorales, según documentos internos de la agencia. Los datos se cruzaron con una herramienta que identifica migrantes sujetos a deportación. Qué se sabe sobre el acceso de ICE al registro electoral El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) aportó 50.6 millones de registros, según información publicada por la organización de Democracy Forward.Heather Honey, asesora sénior del director del ICE, aportó 48.4 millones de registros de "fuentes independientes". Ese segundo grupo incluye listas públicas de votantes de California, Nueva Jersey, Pensilvania y Nevada.Uso de los registros electorales en investigaciones migratorias del ICEAl contrastar los padrones con archivos del Uscis, el ICE generó más de 1500 pistas para sus oficinas regionales.Según Democracy Forward, datos de algunos estados pudieron ingresar a ELITE, la aplicación de la empresa de big data Palantir que la agencia federal usa para ubicar objetivos de deportación.Las investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) evaluaron usar agentes encubiertos contra organizaciones sin fines de lucro, con prioridad en Nueva Jersey y Pensilvania, según el mismo organismo.Estados prioritarios para votantes inmigrantesEl ICE fijó como prioritarios Texas, Pensilvania, California, Nueva Jersey, Minnesota, Michigan, Arizona, Florida, Georgia y Ohio, según Democracy Forward."La información revelada debería preocupar a todos los estadounidenses", expresó Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, en un comunicado de la organización."Constituye una prueba más de un alarmante intento del poder ejecutivo por socavar nuestras elecciones", agregó Perryman. Antes de las elecciones generales del 3 de noviembre, la agencia federal aseguró que no planea desplegar agentes en los centros de votación.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

TPS para venezolanos: los tres escenarios para inmigrantes que quedan en un limbo tras el fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de EE.UU. ordenó una nueva revisión del conflicto judicial en torno al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos. A más de diez días de la suspensión del beneficio por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis), el abogado de inmigración Jesús Reyes analiza el panorama actual de los afectados.Cuáles son los escenarios de los venezolanos perjudicados por la suspensión del TPSReyes aclara que el máximo tribunal anuló la sentencia del Noveno Circuito que favorecía a los beneficiarios del TPS, y devolvió el caso para una nueva revisión. Esta medida no implica una nueva cancelación del beneficio por parte del Uscis, pero sí deja sin efecto un fallo judicial que respaldaba a los beneficiarios, según el letrado. La decisión revocada establecía que la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, no tenía autoridad para anular una extensión de TPS vigente.Abogada de la Alianza Nacional TPS explica la decisión de la Corte Suprema sobre el TPS para VenezuelaEn ese contexto, el especialista analizó los siguientes escenarios y situaciones específicas: 1. Venezolanos con solicitudes de asilo pendientesSegún Reyes, la cancelación del TPS no implica la pérdida de la solicitud de asilo, que puede continuar su curso y abrir la posibilidad de acceder a otras alternativas migratorias."En función de cada caso, los solicitantes podrían mantener o solicitar un permiso de trabajo basado en su asilo pendiente", explicó en diálogo con LA NACION. No obstante, el abogado advierte que contar con dicho trámite no equivale a tener un estatus migratorio legal ni garantiza protección absoluta frente a una posible deportación. 2. Venezolanos con doble nacionalidad El contar con una segunda nacionalidad (incluso europea) no asegura ningún beneficio migratorio en Estados Unidos ni evita la pérdida de la protección del TPS si no existe otra base legal. De acuerdo con Reyes, en caso de solicitar asilo, este grupo enfrenta mayores dificultades, ya que deben demostrar temor de persecución en ambos países de nacionalidad y la imposibilidad de recibir protección en ninguno de ellos. 3. Venezolanos cuyo único estatus era el TPSEste grupo es uno de los más vulnerables tras la decisión de la Corte Suprema y la suspensión del TPS vigente desde el 2 de octubre. El abogado asegura que, de no contar con otro estatus legal, quedan expuestos a procedimientos de deportación y pierden la autorización de empleo vinculada a este beneficio. Cuáles son las alternativas migratorias para los venezolanos afectados por la suspensión del TPS Reyes señala que las vías migratorias dependen de las circunstancias particulares de cada migrante. Entre las opciones que podrían evaluarse se encuentran el asilo, peticiones familiares, visas de empleo u otros beneficios humanitarios. "Las opciones no aplican a todas las personas. Va a depender de cómo entraron al país, su historial migratorio, sus familiares y las circunstancias particulares de cada caso", dijo. De igual modo, el abogado asegura que haber contado con el TPS "no garantiza poder cambiar o ajustar su estatus migratorio".Qué se sabe de la salida voluntaria como alternativa para los inmigrantesEn cuanto a la posibilidad de una salida voluntaria, Reyes señala que no es una medida que deba solicitarse de inmediato. Según explica, se trata de una alternativa para quienes califican y desean salir de EE.UU. sin recibir una orden formal de deportación. "Puede solicitarse ante las autoridades migratorias o un juez de inmigración, dependiendo de la etapa del caso. Se debe obtener la autorización correspondiente y salir dentro del plazo establecido, que puede ser de hasta 120 días o 60 días, según el procedimiento", asegura. El defensor destaca que la salida voluntaria no elimina la presencia ilegal acumulada, la cual puede activar castigos de reingreso de tres o diez años según el tiempo transcurrido. Por tanto, recomienda realizar una evaluación legal individualizada antes de presentar cualquier nueva solicitud o decidir salir de Estados Unidos.

Deportación de inmigrantes: cómo opera el cruce de datos entre el ICE y la TSA en los aeropuertos de EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) amplió su capacidad para ubicar inmigrantes mediante un pacto con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Las aerolíneas verifican los datos de los pasajeros antes de emitir la tarjeta de embarque, y esa información se cruza con los registros de la agencia.Cómo funciona el cruce de datos entre el ICE y la TSA en aeropuertos de EE.UU.La Regla Final de Vuelo Seguro obliga a las aerolíneas a recopilar y verificar los datos de los pasajeros antes del embarque.Los agentes del ICE comparan esos registros con sus bases de datos y evitan así investigaciones previas o visitas a domicilios.El esquema permitió detectar a más de 1200 personas en al menos 15 terminales aéreas.Quiénes son los detenidos por el ICE mediante este cruce de datos Según Reuters, el ICE apuntó a personas que habían excedido el plazo de su visa, aunque luego pidieron asilo o se casaron con un ciudadano estadounidense y tenían vía a un estatus legal. Dolores Mendoza, de 62 años, y Roberto Avalos, de 64, fueron detenidos en el aeropuerto de Birmingham, Alabama. No tienen antecedentes penales y tienen una petición de residencia pendiente, según la agencia de noticias. El incremento de arrestos tras el pacto del ICE con la TSA Según Reuters, los arrestos llegaron a casi 51.000 en agosto, un récord por tercer mes seguido.Reuters indicó que las deportaciones se mantuvieron en torno a 1200 por día, igual que en mayo, cuando hubo unos 19.000 arrestos menos.Según datos del Deportation Data Project analizados por Reuters, menos de una cuarta parte de los arrestados en julio tenía condenas penales.Cuáles son los límites logísticos de las deportaciones en aeropuertosReuters informó que seis aviones Boeing 737 comprados para deportar siguen en revisión de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y aún no operan.Algunos países receptores limitan el número de personas que aceptan por vuelo."Gracias a las estrictas políticas de control migratorio del presidente Trump, tres millones de inmigrantes indocumentados han abandonado EE.UU.", dijo Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, a Reuters.

Adiós ciudadanía americana: avanzan casos para despojar de la nacionalidad a decenas de inmigrantes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 5 de octubre la presentación de 40 demandas para revocar la ciudadanía americana de inmigrantes naturalizados, incluidos cinco casos en el sur de Florida. Según el comunicado oficial, el gobierno sostiene que los demandados obtuvieron el estatus ilegalmente u ocultaron información relevante durante sus trámites. Quiénes enfrentan demandas para perder la ciudadanía americana en FloridaEntre los casos figura Yusmary Shirley Duran Mejia, colombiana de 47 años, residente en Hialeah, quien se naturalizó en 2018 y fue condenada por conspiración para lavar dinero en 2020. Según Justicia, durante el proceso penal admitió que su participación en la actividad ilícita comenzó antes de obtener la nacionalidad, circunstancia que habría ocultado a las autoridades migratorias.También enfrenta una demanda Jose Villarreal Ortiz, mexicano de 49 años. El gobierno alega que consiguió la residencia permanente al presentar a una tía estadounidense como su madre y mantuvo esa versión cuando solicitó la naturalización. La demanda fue presentada el 1° de octubre en el Distrito Sur de Florida.Los otros tres expedientes corresponden a Ralph Nabavi, residente de Miami nacido en Irán; Arnouse Merlien, haitiana de West Palm Beach; y Syed Mashood Ul Haque, originario de Pakistán. Según el comunicado, las acusaciones involucran evasión tributaria, fraude con reembolsos fiscales y utilización de identidades diferentes para eludir una orden de deportación, respectivamente.Qué debe probar el gobierno para revocar una naturalizaciónLa desnaturalización permite retirar la nacionalidad adquirida cuando se demuestra que fue obtenida ilegalmente o mediante ocultamiento de hechos relevantes o declaraciones falsas deliberadas. Según el manual del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), pueden examinarse requisitos como la admisión legal a la residencia permanente, la presencia física y el buen carácter moral exigido al momento del trámite.Una condena posterior, por sí sola, no invalida automáticamente la ciudadanía. De acuerdo con Miami Herald, los fiscales deben establecer una conexión jurídicamente suficiente entre las circunstancias de la naturalización y la causal invocada; en los procesos civiles, deben presentar pruebas claras, inequívocas y convincentes ante un tribunal federal.El manual de Uscis agrega una precisión: incumplir un requisito de elegibilidad puede sustentar la revocación incluso sin engaño deliberado. Cuando la causal es ocultamiento o falsedad, en cambio, deben acreditarse elementos adicionales, incluida la relevancia del hecho para la decisión migratoria.Cuántos procesos avanzan y por qué las cifras requieren cautelaLa expansión responde a un memorando del 11 de junio de 2025 que convirtió estos procedimientos en una prioridad. El documento incluye casos vinculados con seguridad nacional, delitos ocultados durante la naturalización y fraude contra programas públicos o particulares.Las 40 demandas anunciadas representan solicitudes de revocación, no 40 ciudadanías retiradas. Miami Herald también distinguió esos expedientes de otros 384 casos asignados a fiscalías para revisión, una etapa que puede terminar sin demanda.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Guardia Costera del Caribe Neerlandés interceptó una lancha con 24 inmigrantes venezolanos

La crisis ha hecho que cientos de personas se lancen al mar rumbo a Curazao y Aruba, territorios del Reino de los Países Bajos, en búsqueda de mejores condiciones de vida

Redadas del ICE en California: denuncian cientos de detenciones de inmigrantes por operativo masivo en octubre 2026

Activistas denunciaron más de 100 arrestos de inmigrantes durante los primeros días de octubre de 2026 en California, en medio de reportes sobre un supuesto despliegue federal denominado Safe California. Dónde se denunciaron detenciones durante las redadas del ICE en CaliforniaSegún informó Telemundo el 10 de octubre, las detenciones incluyen zonas próximas a campos agrícolas de Fresno y del Valle Central.La intervención habría comenzado cerca de San Diego y se prolongaría al menos 45 días, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) evitó confirmar su existencia ante consultas periodísticas.Gavin Newsom anunció oficialmente la firma de un paquete de leyes que impone regulaciones al ICE y brinda protecciones a inmigrantes en CaliforniaTelemundo informó sobre arrestos cerca de áreas agrícolas y recogió la estimación de activistas de más de 100 personas detenidas en los últimos días. El reporte no proporciona un listado individualizado ni una cifra oficial que permita establecer cuántos casos corresponden al supuesto operativo.También se reportaron denuncias sobre detenidos cuyo paradero se desconocía, una situación que dificulta a sus familiares identificar dónde están y buscar asistencia jurídica.Entre los testimonios recogidos figura el de Prudencio Rivera, quien relató que fue detenido y posteriormente liberado al no tener antecedentes penales.Qué se sabe del supuesto operativo Safe California de 45 díasEl despliegue comenzó en San Diego y sus alrededores, con una duración prevista de al menos un mes y medio. Fuentes citadas por Univisión afirmaron que los agentes recibieron instrucciones de detener a inmigrantes indocumentados que encontraran, incluso sin antecedentes penales. El medio local también describió un avance hacia Los Ángeles y San Francisco, con personal procedente de oficinas de esas ciudades; esos detalles continúan atribuidos a fuentes reservadas.Consultado por el Washington Examiner, el DHS respondió que no divulga ni discute operaciones policiales por razones de seguridad del personal. Por lo tanto, la respuesta federal deja sin confirmar públicamente el nombre, el calendario y el alcance del despliegue denunciado.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Zohran Mamdani, alcalde de 34 años: "Los inmigrantes neoyorquinos pertenecen aquí, ICE no"

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de 34 años, afirmó el viernes 9 de octubre que "los inmigrantes neoyorquinos pertenecen aquí, ICE no", en una publicación de su cuenta oficial en X. El mandatario acompañó su mensaje sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con los teléfonos de un servicio municipal gratuito y confidencial que permite buscar asistencia legal en distintos idiomas, independientemente del estatus migratorio.Qué dijo Mamdani sobre ICE y la ayuda a los inmigrantes"Si tú o alguien a quien quieres necesita ayuda, llama a nuestra línea gratuita y confidencial de apoyo legal migratorio", escribió Mamdani, según la publicación oficial. El mensaje incluyó el número 1-800-354-0365 y la alternativa de marcar 311 y decir "Immigration Legal" para acceder a información sobre asistencia jurídica.El alcalde también señaló que la ayuda está disponible en el idioma de quien consulta, sin importar su situación migratoria. La publicación remitió al portal municipal "Conozca sus derechos", que reúne materiales sobre encuentros con agentes federales, detenciones de familiares y recursos para buscar representación legal.Cómo funciona la línea de apoyo legal migratorio de Nueva YorkLa Oficina de la Alcaldía para Asuntos del Inmigrante, conocida como MOIA, explica que la línea permite obtener respuestas sobre políticas migratorias y orientación para encontrar proveedores de asistencia confiables en los cinco distritos. Para residentes hispanohablantes, el servicio ofrece acceso en español y una vía para localizar ayuda cercana a su comunidad.Según los horarios publicados por MOIA, la atención funciona los lunes y miércoles de 9 a 20, y los martes, jueves y viernes de 9 a 18. También está disponible el último sábado de cada mes, de 9 a 17; estas franjas corresponden al horario local de Nueva York.El alcance del servicio tiene límites que la propia oficina detalla: la línea orienta y deriva, pero no presta servicios legales directamente ni agenda citas. Además, debido a la demanda, contactar a una organización asociada tampoco garantiza que acepte el caso para una representación completa o que pueda realizar una evaluación inicial.Qué recursos en español ofrece la ciudad ante una detención de ICEEl portal municipal incluye materiales en español sobre detenciones, órdenes de deportación y procedimientos ante tribunales migratorios. También ofrece recursos para padres y cuidadores preocupados por una separación familiar, con información sobre contactos de emergencia y la designación de un cuidador de respaldo.El DHS desmiente a Mamdani tras el tiroteo del ICE en Nueva York y apuntó contra las ciudades santuarioEste contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Licencia comercial para inmigrantes: el documento del Uscis que el DMV no puede aceptar como prueba de estatus legal

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa, por sus siglas en inglés) actualizó el marco regulatorio para la emisión de licencias de conducir comerciales no domiciliadas en Estados Unidos. En ese marco, establece que los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) no pueden aceptar el Formulario I-797C como prueba de estatus legal.El Formulario I-797C y la prohibición de su uso como prueba de estatus legalLas autoridades federales de transporte prohibieron a las agencias estatales del DMV la aceptación del Formulario I-797C, Notificación de Acción, emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). La normativa precisa que este documento no es válido para acreditar la presencia legal de un solicitante en Estados UnidosSegún la Fmcsa, el Formulario I-797C es aceptado únicamente como un recibo de trámite que confirma la recepción de una solicitud ante el Uscis. Por este motivo, los DMV no pueden tomar esta notificación de forma individual ni en combinación con otros documentos para otorgar permisos comerciales.El documento que sí pueden aceptar los DMVEn contraste, las agencias de licencias sí aceptan el Formulario I-797A cuando el solicitante lo presenta junto a un pasaporte extranjero no expirado. Esto se debe a que ese documento incluye un registro I-94 de reemplazo que detalla la fecha de estancia autorizada para las categorías permitidas.En ese marco, el documento I-797A debe mostrar las fechas válidas de inicio y fin del estatus o la indicación de duración de estatus. Asimismo, el formulario requiere certificar de forma explícita que la persona pertenece a una de las clasificaciones laborales autorizadas.Las categorías de visado que pueden acceder a la licencia comercialLa regla final de la Fmcsa limita el acceso a la licencia comercial no domiciliada a tres categorías de visado de empleo temporal. Únicamente los trabajadores agrícolas H-2A, los trabajadores no agrícolas H-2B y los inversionistas E-2 califican para el trámite.El marco regulatorio excluye a todas las demás categorías migratorias, como los dependientes E-2S y los beneficiarios de asilo. Las autoridades federales cerraron la elegibilidad para cualquier otro grupo de residentes temporales en el territorio estadounidense.Qué pasa si un migrante con licencia de conducir comercial pierde su estatus legalLa reglamentación fija un límite de vigencia máxima de un año para todas las licencias de conducir comerciales no domiciliadas. La duración de la credencial no puede superar la fecha de vencimiento anotada en el registro I-94 del conductor o un año calendario, la opción que venza primero.Las agencias estatales tienen la obligación legal de completar el proceso de degradación de la licencia en un plazo máximo de 30 días si el titular pierde su estatus legal. Este procedimiento implica la remoción inmediata del privilegio comercial del registro del conductor en el sistema federal.Qué se necesita para rendir un examen de la licencia de conducir en el DMV de Nueva YorkLos titulares de estas licencias deben presentarse en persona ante las oficinas del DMV para gestionar duplicados, cambios de domicilio o restablecimientos de la credencial. La norma prohíbe el otorgamiento de permisos comerciales temporales o interinos durante la revisión de los documentos de inmigración.Las credenciales impresas deben exhibir la leyenda "no domiciliado" de forma visible y clara en el frente del plástico. La Fmcsa prohibió el uso de términos sustitutos como "limitado" o "temporal" en las licencias expedidas por los estados.

Rompió la ley: el Uscis confirma arresto de inmigrante cubano por votar en más de 13 elecciones federales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) confirmó el arresto y acusación formal de Andrés García, un inmigrante cubano de 64 años, por votar de manera ilegal como extranjero. Cada cargo conlleva una pena máxima de hasta un año de prisión y una multa de hasta US$100 mil. El cubano que votó en más de 13 elecciones federales de EE.UU.García emigró a EE.UU. desde Cuba durante su infancia y obtuvo la residencia permanente en 2009. Sin embargo, en 2004, se inscribió en el padrón electoral del condado de Cass, Missouri, afirmando que era ciudadano estadounidense. En 2013, declaró de nuevo que era estadounidense para mantener su registro electoral. Con esta condición, participó en al menos 15 elecciones durante los últimos 20 años, de las cuales 13 fueron federales. En Missouri, la ley prohíbe a los residentes permanentes legales votar en elecciones federales, así como en elecciones estatales o locales del estado. "Cuando una persona que no tiene autorización legal para votar emite su voto, se socava la confianza pública en nuestras elecciones", dijo R. Matthew Price, fiscal federal del Distrito Oeste de Missouri, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). "Nuestra oficina hará cumplir las leyes electorales federales y exigirá responsabilidades a cualquiera que interfiera con la integridad del proceso electoral", agregó. A qué cargos se enfrenta Andrés García por voto ilegal como extranjeroLa Fiscalía del Distrito Oeste de Missouri acusó a García de dos cargos federales de voto ilegal siendo extranjero. Dicha imputación corresponde a los sufragios que emitió en las elecciones federales de noviembre de 2022 y noviembre de 2024. Por cada uno de los cargos, enfrenta una pena de hasta un año de prisión y una multa máxima de US$100 mil dólares. La sentencia definitiva será fijada por el tribunal según las directrices federales de sentencia. "La integridad electoral es innegociable. Quienes violen a sabiendas las leyes federales de votación socavan la confianza pública en el proceso democrático y rendirán cuentas ante la justicia", señaló Rick Sabatini, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Kansas City. Otros casos de voto ilegal siendo extranjero en Estados Unidos El caso de Andrés García no es la única investigación en curso por presunto voto ilegal de ciudadanos extranjeros. Danubis Bernat, una venezolana residente en Nueva Jersey, declaró falsamente en sus formularios de registro de votantes que era norteamericana. Bernat votó en las elecciones generales 2024, en las que el actual presidente, Donald Trump, derrotó a Kamala Harris. Tras participar en los comicios, presentó el Formulario N-400 para obtener la ciudadanía.En dicho formulario, que exige juramento bajo pena de perjurio, afirmó que nunca se habían registrado para votar ni habían votado en elecciones federales.

Piden bloquear la ley que firmó Newsom para proteger a inmigrantes que van a centros de detención del ICE en California

GEO Group, una empresa privada que opera centros de detención migratoria, presentó una demanda federal para bloquear la ley SB 942, firmada por el gobernador de California, Gavin Newsom, el 29 de septiembre. La norma establece derechos de salud, privacidad, higiene y comunicación para personas detenidas por procedimientos migratorios civiles. Por qué piden bloquear la ley SB 942 en CaliforniaSegún Los Angeles Times, la compañía inició el litigio al día siguiente de la firma porque considera que el estado carece de autoridad para imponer esos estándares a instalaciones que trabajan bajo contratos federales.La empresa solicita que un juez declare inconstitucional la legislación e impida su aplicación. Su argumento sostiene que California no puede convertir operaciones federales de detención en instalaciones reguladas por el estado mediante obligaciones dirigidas al contratista que presta el servicio.Según Los Angeles Times, los abogados de GEO Group afirman que las autoridades estatales pueden discrepar con la política migratoria federal, pero carecen de facultades para modificar sus estándares de detención. La objeción comprende tanto exigencias que endurecen las reglas como disposiciones que las amplían, flexibilizan o alteran.La compañía tiene un antecedente favorable en este terreno. De acuerdo con el mismo medio, un tribunal federal invalidó una ley californiana de 2019 que buscaba prohibir las instalaciones privadas de detención, después de que GEO Group la impugnara judicialmente.Qué derechos protege la SB 942 para los inmigrantes detenidos por ICEEl texto promulgado reconoce atención médica, dental y de salud mental; agua potable; baños y duchas funcionales; alimentación segura y suficiente; y espacios limpios y mantenidos. También protege frente al abuso, la negligencia y el uso innecesario o excesivo de restricciones físicas, aislamiento o medicación.Para las familias, la norma incorpora disposiciones sobre el contacto con quienes permanecen bajo custodia. Reconoce acceso razonable al teléfono para realizar y recibir llamadas confidenciales, aunque permite límites de horario, frecuencia, duración y modalidades de pago para garantizar disponibilidad para todos.La correspondencia tiene una protección específica: las cartas o documentos enviados a abogados, tribunales o funcionarios gubernamentales, o recibidos de ellos, solo pueden ser leídos por su destinatario. El texto permite inspecciones para detectar contrabando y restricciones formales sobre tamaño, peso y volumen del correo.El alcance incluye instalaciones estatales, locales y privadas que alojan personas por procedimientos migratorios civiles, incluso bajo contratos con ICE o con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. La protección se vincula con las condiciones de custodia y las comunicaciones durante la detención.Cómo puede California exigir el cumplimiento de los estándaresLa SB 942 autoriza al fiscal general a iniciar acciones civiles para obtener órdenes judiciales que protejan esos derechos. Además, permite solicitar sanciones de hasta US$2500 por cada infracción, según el texto incorporado al Código de Gobierno estatal.El mensaje de Newsom contra Trump en pleno año electoral de medio términoLa obligación de supervisión comprende acceso a detenidos, instalaciones, funcionarios, personal y registros. Ese mecanismo añade una herramienta para investigar incumplimientos y exigir correcciones a los operadores responsables del cuidado y la custodia.La legislación contiene una cláusula de urgencia que dispuso su entrada en vigor inmediata. Por eso, el pedido empresarial apunta a frenar una norma ya promulgada; las coberturas consultadas describen la solicitud de bloqueo, sin informar una resolución que la conceda.Anna Caballero, autora del proyecto, defendió los estándares de trato y afirmó que respaldaba la ley, según The Sacramento Bee. El litigio plantea ahora ante la justicia federal hasta dónde puede California exigir esas condiciones a contratistas de detención migratoria.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

150.000 inmigrantes en un limbo en Florida tras el fin del TPS y sin opción por miedo al ICE y sus redadas

Unos 150.000 haitianos del sur de Florida perdieron la protección migratoria del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y muchos restringen sus salidas por temor a ser detenidos y deportados, según un reportaje publicado en WLRN.Qué cambió para los haitianos en Florida tras el fin del TPSLa cancelación, que Uscis considera efectiva desde el 27 de julio de 2026, también invalidó los permisos laborales asociados al programa. Los testimonios describen familias que permanecen en casa mientras enfrentan la posibilidad de regresar a un país marcado por la violencia de las pandillas.La cifra corresponde a personas afectadas por la pérdida de protección, según WLRN, y no a inmigrantes encarcelados. El medio describe un repliegue de la vida pública en comunidades como Little Haiti y North Miami, donde entrevistó a antiguos beneficiarios que dejaron de trabajar, conducir o asistir a sus iglesias.El impacto laboral tiene una instrucción administrativa concreta. Uscis informó que los documentos de autorización de empleo de las categorías A12 y C19 expedidos bajo el TPS haitiano dejaron de ser válidos; los empleadores deben volver a verificar la autorización y no pueden mantener contratado a quien carezca de otra documentación vigente.Evka, una de las entrevistadas por WLRN, llegó a Estados Unidos a los cuatro años y obtuvo una maestría en ingeniería civil en Florida International University. Antes de perder su permiso, era gerente de operaciones de una empresa comercial de Miami; ahora tampoco participa presencialmente en el ministerio juvenil de su iglesia por miedo a exponerse.Cómo afecta el temor a la deportación a las familias haitianasNaomie, cuyo apellido se reservó para proteger su identidad, trabajaba como terapeuta certificada para niños con discapacidades. Tras perder la autorización laboral, ella y su esposo buscan ingresos para pagar alimentos y alquiler, mientras cada traslado de sus hijos a la escuela genera temor a una detención.La eventual separación familiar también condiciona sus decisiones. Naomie tiene hijos nacidos en Estados Unidos, incluido uno de dos años, y explicó que intenta organizar quién podría cuidarlos si ambos padres fueran deportados, porque rechaza llevarlos a las condiciones de inseguridad que describe en Haití.El pastor Rick Eugene, de la First Haitian Baptist Church of North Dade, relató a WLRN que algunos fieles siguen los servicios por internet y solicitan recibir la comunión en sus hogares. Aproximadamente una quinta parte de su congregación tenía TPS, una proporción que muestra cómo la cancelación alcanza también a las redes comunitarias.Qué resolvió la Corte Suprema y qué otras protecciones pueden mantenerseLa Corte Suprema habilitó el avance de las terminaciones para Haití y Siria el 25 de junio. En Mullin v. Doe, sostuvo que la ley del TPS impide revisar judicialmente las impugnaciones no constitucionales contra esas decisiones y rechazó mantener las medidas provisionales que las habían suspendido.Abogada de la Alianza Nacional TPS explica la decisión de la Corte Suprema sobre el TPS para VenezuelaEl fallo recoge un detalle del funcionamiento del programa: si el Gobierno no actúa, la designación se prorroga automáticamente por seis meses. También recuerda que Haití recibió la protección en 2010, tras el terremoto, y fue redesignado en 2021 por razones que incluían violencia de pandillas e inseguridad alimentaria.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Formulario I-94 y la nueva categoría del Uscis para inmigrantes que buscan el permiso de trabajo EAD

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés, incorporó la categoría (c)(40) a la tabla de vigencias del permiso de trabajo (EAD). La medida incide en quienes tienen pendiente una solicitud del estatus de no inmigrante T mediante el Formulario I-914.Quiénes reciben el EAD (c)(40), según Uscis La medida figura en el Manual de Políticas, actualizado el pasado 2 de octubre. Corresponde a personas con una petición de buena fe pendiente del I-914.El EAD inicial y la renovación tienen el mismo tope: cuatro años.Cuatro años es el máximo que se puede conceder. No es una duración fija.Formulario I-94 y pruebas para el permisoSegún el Manual de Políticas del Uscis, la evidencia puede incluir visas, el Formulario I-94 (Registro de Llegada y Salida) y constancias como el Formulario I-797.Si el solicitante no indica su categoría en el Formulario I-765, el Uscis puede emitir una solicitud de evidencia (RFE, por sus siglas en inglés).Cómo se calcula la vigencia del EADCuando el plazo se fija en años, el Uscis emite el documento por el tiempo permitido menos un día.La validez inicial empieza en la fecha de aprobación.Si el permiso depende de un período de admisión o estatus, la duración puede coincidir con ese lapso.Aprobación o rechazo del Formulario I-765La aprobación no otorga un estatus migratorio. Solo autoriza a trabajar.De igual modo, el rechazo no tiene apelación, pero el solicitante puede pedir reabrir o reconsiderar el caso.Cómo avanza la solicitud para obtener la categoría (c)(40) La categoría (c)(40) es para quienes ya presentaron el I-914 y esperan una respuesta. El permiso se pide con el Formulario I-765.Antes de aprobarse, el Uscis debe revisar que la solicitud esté completa y que se haya pagado la tarifa. Asimismo, debe reunir las pruebas desde el inicio: el I-94, la visa si la tiene y el I-797 del trámite pendiente.Si la agencia rechaza el I-765, el solicitante puede presentar una moción con el Formulario I-290B. El plazo es de 30 días desde la denegación, o 33 si la notificación llegó por correo. También puede volver a presentar la solicitud si demuestra que cumple los requisitos, según el Manual de Políticas.Para renovar, el Uscis no extiende el EAD en las solicitudes presentadas desde el 30 de octubre de 2025. En ese sentido, conviene pedir la renovación con anticipación.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Formulario I-821 del Uscis en octubre 2026 y a cuánto asciende la solicitud del TPS para inmigrantes en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aplicará nuevos valores al formulario I-821, utilizado para solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a partir del 16 de octubre. La actualización corresponde al año fiscal 2027 y contempla ajustes establecidos por la legislación federal H.R.1 para acompañar la evolución de los precios.Cuánto costará el TPS y el permiso de trabajo desde octubreDe acuerdo con la información oficial, la tarifa del formulario I-821 para el registro inicial al TPS será de US$520, lo que representa un aumento de US$10 frente a los US$510 que se abonaban anteriormente.Para quienes soliciten al mismo tiempo un permiso de trabajo mediante el formulario I-765, el componente tarifario establecido por H.R. 1 para un EAD inicial basado en TPS será de US$570, mientras que para una renovación o extensión seguirá en US$280.Los nuevos valores deberán ser respetados por las solicitudes que tengan matasellos a partir del 16 de octubre. El Uscis informó que los trámites enviados con una tarifa inferior a la correspondiente serán rechazados.El cambio no modifica los requisitos para acceder al TPS. El programa continúa destinado a nacionales de países que cuentan con una designación vigente, así como a personas apátridas cuya última residencia habitual se encuentre en uno de esos lugares.Por qué el Uscis modifica las tarifas migratoriasLa actualización responde a las disposiciones de la ley H.R.1, conocida como One Big Beautiful Bill Act, promulgada el 4 de julio de 2025. La normativa establece que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Uscis deben efectuar ajustes anuales de determinadas tarifas conforme a la inflación.Para el año fiscal 2027 se utilizó la variación del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) registrada entre julio de 2025 y julio de 2026. El incremento considerado fue de 3,36%.La legislación también establece un mecanismo específico para calcular los nuevos importes. Una vez aplicado el ajuste, las tarifas deben redondearse hacia abajo al múltiplo de US$10 más cercano, salvo determinados trámites para los que se contempla otro criterio.Quién puede presentar el formulario I-821El I-821 puede ser presentado por personas que cumplan los requisitos establecidos para el TPS de un país designado. También pueden solicitarlo quienes no tengan nacionalidad y cuya última residencia habitual haya sido en un país incluido en el programa.Existen dos vías principales de presentación:Una corresponde al registro inicial, destinado a quienes solicitan el TPS por primera vez dentro del período establecido en la notificación publicada en el Federal Register. La otra es la reinscripción, destinada a quienes ya tienen el estatus y buscan conservarlo durante una extensión de la designación.Los períodos para presentar cada solicitud dependen del país correspondiente. Por ello, los solicitantes deben respetar las fechas fijadas en la notificación oficial que anuncia la designación, redesignación o extensión del programa.Qué documentos se deben presentar con el I-821El Uscis solicita evidencia que permita acreditar la identidad y nacionalidad del solicitante. También pueden requerirse documentos que demuestren la fecha de ingreso a EE.UU. y la permanencia continua en ese país.Cuando una persona fue arrestada, acusada o condenada por un delito, también pueden ser necesarios registros relacionados con sus antecedentes judiciales. La documentación debe acompañar el trámite conforme a los requisitos establecidos para cada caso.La versión vigente del formulario I-821 corresponde a la edición "01/20/25â?³. El organismo migratorio exige que todas las páginas pertenezcan a la misma edición y que la fecha y los números de página puedan verse en la parte inferior de cada hoja. La falta de estos criterios puede provocar el rechazo.Un formulario incompleto también puede ser rechazado. Entre los datos que deben estar correctamente consignados figuran el tipo de solicitud, el apellido, la dirección postal en EE.UU. y la fecha de nacimiento. Para las reinscripciones, además, se requiere el número de registro de extranjero o A-Number.

Ciudadanía estadounidense bajo revisión: el gobierno busca desnaturalizar a decenas de inmigrantes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó demandas civiles para revocar la naturalización de 40 ciudadanos de EE.UU. entre el 21 de agosto y el 2 de octubre de 2026. Los casos involucran acusaciones de delitos graves y presuntas irregularidades cometidas antes o durante los procesos mediante los cuales esas personas obtuvieron la ciudadanía.Por qué el gobierno de EE.UU. busca revocar estas naturalizacionesDe acuerdo con un comunicado del DOJ, las demandas fueron presentadas en tribunales federales de distintos estados. Entre los motivos mencionados, figuran actuar como agente de un gobierno extranjero, homicidio voluntario, delitos sexuales, fraude migratorio, uso de identidades falsas y ocultamiento de información relevante durante el proceso de naturalización.El organismo sostiene que las personas incluidas en las demandas obtuvieron la ciudadanía de manera ilegal o mediante el ocultamiento de hechos materiales o tergiversaciones deliberadas. Las acusaciones, sin embargo, son alegaciones y todavía no existe una determinación judicial de responsabilidad en estos casos.Uno de los expedientes corresponde a Jinchao Wei, un exmarinero de la Armada estadounidense nacido en China. El Departamento de Justicia sostiene que ocultó su actividad de espionaje durante el proceso mediante el cual obtuvo la ciudadanía en mayo de 2022.Wei fue condenado en agosto de 2025 por delitos que incluyeron conspiración para cometer espionaje, espionaje y exportación ilegal de información técnica relacionada con artículos de defensa. En enero de 2026 recibió una pena de 200 meses de prisión, equivalentes a 16 años y ocho meses.Otro de los casos corresponde a Norma Patricia Esparza, de origen mexicano. El gobierno presentó una demanda en California y sostiene que cometió homicidio voluntario antes de naturalizarse y que ocultó esa información durante su proceso de ciudadanía.Qué dice la ley sobre la desnaturalización en Estados UnidosLa Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) permite revocar una naturalización cuando fue obtenida ilegalmente o mediante el ocultamiento de un hecho material o una tergiversación deliberada durante el proceso. La legislación establece un procedimiento judicial para estos casos.Por eso, una condena penal no implica por sí sola la pérdida automática de la ciudadanía. En estas acciones civiles, el gobierno debe acudir a un tribunal federal, que debe determinar si existen fundamentos legales para revocar la naturalización.El procedimiento puede aplicarse cuando una persona utilizó una identidad falsa, ocultó antecedentes o proporcionó información incorrecta que resultaba relevante para determinar si cumplía los requisitos para convertirse en ciudadano estadounidense.El gobierno de Trump amplió las demandas de desnaturalizaciónLas nuevas acciones forman parte de un aumento de las demandas de desnaturalización impulsadas por el Departamento de Justicia durante la segunda administración de Donald Trump.En agosto, el DOJ informó que había presentado 123 demandas civiles de desnaturalización desde el 20 de enero de 2025, una cifra que la propia dependencia calificó como la mayor registrada hasta ese momento.En los meses anteriores también había anunciado otros grupos de demandas contra personas naturalizadas acusadas de delitos o de haber ocultado información durante sus procesos migratorios.En el comunicado de octubre, el fiscal general Todd Blanche afirmó que el Departamento de Justicia continuará utilizando el proceso de desnaturalización para proteger la seguridad nacional y a la población estadounidense.Las 40 personas incluidas en las nuevas acciones son originarias de distintos países, entre ellos México, China, Irán, Pakistán y Filipinas. Las demandas fueron presentadas en tribunales federales de varios estados y del Distrito de Columbia.

Inadmisibilidad por carga pública y las reglas que el Uscis aplica a inmigrantes que buscan la green card en octubre 2026

Las reglas de inadmisibilidad por carga pública que aplica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) alcanzan en octubre a ciertos extranjeros que solicitan el ajuste de estatus para obtener la green card.¿Qué analiza Uscis para determinar la inadmisibilidad por carga pública en octubre de 2026?De acuerdo con el Uscis, la guía vigente entró en vigor el 18 de septiembre y se aplica a los formularios I-485 enviados por correo o presentados de manera electrónica desde esa fecha. La evaluación se realiza caso por caso y considera la totalidad de las circunstancias de cada solicitante.La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece una serie de factores que los oficiales deben tener en cuenta para determinar si una persona podría convertirse en carga pública en algún momento. Entre los principales aspectos se encuentran:La edadEl estado de saludLa situación familiarLos activos, recursos y situación financieraLa educación y las habilidadesCuando corresponde, la agencia también considera el Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico bajo la Sección 213A de la INA, mediante el cual un patrocinador acepta utilizar sus recursos financieros para respaldar al extranjero.La agencia puede evaluar además otra evidencia relevante del expediente, incluida la recepción de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos, es decir, programas cuya elegibilidad depende de los ingresos o activos de la persona.El organismo no estableció una lista exhaustiva de prestaciones que deban considerarse automáticamente. El análisis puede incluir asistencia económica para el mantenimiento de ingresos y otros beneficios sujetos a requisitos financieros, según las características de cada programa.Para las prestaciones recibidas antes del 18 de septiembre, se aplica el criterio vigente con anterioridad a la nueva normativa. Desde esa fecha, el Uscis cuenta con mayor discreción para considerar beneficios sujetos a comprobación de recursos dentro de la evaluación general.La recepción de una prestación no determina por sí sola que una persona sea inadmisible. La decisión depende del conjunto de antecedentes y circunstancias particulares del caso.¿Qué inmigrantes están sujetos a la inadmisibilidad por carga pública?La causal alcanza a numerosos extranjeros que buscan ajustar su estatus para convertirse en residentes permanentes legales, salvo aquellos protegidos por una exención prevista en la legislación migratoria.Entre las categorías que pueden quedar alcanzadas se encuentran determinados solicitantes por vínculos familiares, empleo y otras vías de inmigración, como:Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidensesHijos e hijas solteros de ciudadanos y algunos de sus descendientesCónyuges e hijos de residentes permanentes legalesHijos casados y hermanos de ciudadanos estadounidensesPrometidos de ciudadanos y determinados viudos o viudasTrabajadores prioritariosProfesionales con títulos avanzados o capacidad excepcionalTrabajadores calificados y otros empleadosInversionistasTrabajadores religiososDeterminados empleados o exempleados del gobierno estadounidense en el extranjeroAlgunos inmigrantes seleccionados mediante visas de diversidadDeterminados testigos, informantes y otras categorías previstas por la legislación migratoria¿Quiénes están exentos de la inadmisibilidad por carga pública?La legislación contempla excepciones para distintos grupos humanitarios y otras categorías especiales. Estas personas pueden quedar fuera de la causal cuando reúnen los requisitos correspondientes a su clasificación migratoria. Entre los principales grupos protegidos se encuentran:Asilados y refugiadosDeterminados inmigrantes amerasiáticosAlgunos intérpretes y nacionales de Afganistán e Irak que trabajaron para el gobierno de EE.UU. o en su nombreDeterminados cubanos y haitianosSolicitantes amparados por la Ley de Ajuste CubanoCiertos nicaragüenses, centroamericanos y haitianos comprendidos por leyes especialesJóvenes inmigrantes especialesVíctimas de trata con estatus TVíctimas de actividades delictivas calificadas con estatus UAutopeticionarios amparados por la Ley de Violencia contra la MujerDeterminados extranjeros maltratados protegidos por la legislación migratoriaAlgunos familiares de miembros de las Fuerzas ArmadasDeterminados indígenas estadounidenses nacidos en CanadáIntegrantes de categorías especiales creadas para ciertos nacionales o grupos protegidos por leyes específicasTambién existen otras excepciones previstas por estatutos particulares. Por ese motivo, el Uscis analiza la categoría migratoria correspondiente antes de aplicar la causal de carga pública.

Buenas noticias para los inmigrantes: confirman que no habrá agentes del ICE el día de las midterm 2026

El gobierno de Donald Trump confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no planea desplegar agentes para vigilar las urnas durante las midterm 2026 del 3 de noviembre. Sin embargo, el gobierno no descartó por completo la presencia de oficiales de la agencia en los centros de votación, ya que podrían intervenir ante amenazas concretas a la seguridad pública o para ejecutar determinadas órdenes de arresto.Qué confirmó el DHS sobre los agentes del ICE en las midterm 2026Según informó Associated Press, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aseguró que no prepara operaciones migratorias dirigidas en los establecimientos electorales.El anuncio ratificó una posición que el gobierno federal expresó meses atrás. De acuerdo con Reuters, la funcionaria del DHS Heather Honey aseguró el 25 de febrero que las versiones sobre una presencia del ICE en los centros electorales eran falsas.Posteriormente, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, ofreció más detalles sobre las circunstancias excepcionales. En una entrevista con CNN del 18 de septiembre, afirmó: "No estaremos en los centros de votación salvo que exista una amenaza que requiera nuestra presencia".La explicación del funcionario estableció los dos casos en los que el DHS no descarta la presencia de agentes del ICE: una intervención ante un peligro para la seguridad pública o la ejecución de una orden de arresto contra una persona específica.Elecciones sin el ICE: qué dice la ley sobre la presencia de agentes armadosLa legislación federal contempla restricciones para el despliegue de personal armado en los establecimientos electorales. Una norma vigente desde la Guerra Civil estadounidense prohíbe la presencia de tropas u hombres armados, salvo cuando resulte necesario repeler a enemigos armados de EE.UU.El abogado David Becker, exintegrante del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y responsable del Centro para la Innovación y la Investigación Electoral, sostuvo ante Associated Press que el ingreso de personas armadas a los lugares de votación podría desencadenar acciones judiciales inmediatas.Por su parte, Jonathan Diaz, director de defensa del voto y alianzas de Campaign Legal Center, cuestionó incluso las excepciones que mencionó Mullin. El especialista argumentó que la legislación no contempla permisos especiales para realizar tareas policiales habituales dentro de esos establecimientos.La demanda contra el despliegue del ICE durante las elecciones 2026El 7 de octubre, Common Cause anunció una ampliación de la demanda presentada contra la administración Trump. La nueva versión incorporó otros argumentos legales, demandantes y acusados.El condado de Hennepin, Minnesota, se sumó a la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), Common Cause, UnidosUS y la ciudad y el condado de Denver, Colorado.Los demandantes incorporaron un reclamo basado en la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe intimidar, amenazar o coaccionar a las personas durante los procesos electorales. Las organizaciones solicitaron a la justicia que haga cumplir las protecciones federales contra la intervención de agentes armados.Por qué los votantes latinos temen la presencia del ICE en las eleccionesJuan Proaño, director ejecutivo de LULAC, sostuvo que incluso una aparición aislada del ICE podría generar temor entre los votantes. En declaraciones recogidas por Associated Press, señaló que la presencia de estos agentes dentro o alrededor de los centros electorales podría disuadir a integrantes de su comunidad de acudir a las urnas.El dirigente también advirtió sobre la velocidad con la que una noticia acerca de un operativo puede difundirse a través de las redes sociales. A su juicio, un incidente en un establecimiento podría influir en la decisión de ciudadanos de otras localidades.Elecciones 2026: EE.UU. investiga el voto de extranjerosLa discusión sobre la presencia de oficiales migratorios también se relaciona con las investigaciones del ICE sobre el presunto voto de personas sin ciudadanía.Durante su entrevista con CNN, Mullin afirmó que el DHS tenía 1620 investigaciones abiertas y había efectuado más de 151 arrestos por presuntas infracciones vinculadas con la participación electoral de personas sin ciudadanía estadounidense.Organizaciones preparan medidas de protección para las midterm 2026Thu Nguyen, directora de OCA-Asian Pacific American Advocates, explicó a Associated Press que su organización recluta observadores para supervisar el proceso electoral. Algunos integrantes, pese a ser ciudadanos norteamericanos, manifestaron temor por antecedentes de detenciones de estadounidenses o por sus vínculos familiares con personas sin estatus legal.Otra iniciativa es VoteSafe, un programa impulsado por una coalición no partidista de organizaciones críticas de la administración Trump. Su objetivo es reforzar la confianza de los votantes en comunidades con una importante presencia de minorías.El programa prevé actividades en Georgia, Michigan, Carolina del Norte y Ohio, cuatro estados con contiendas competitivas por el Senado estadounidense. La propuesta contempla la participación de referentes comunitarios para informar a los ciudadanos sobre sus derechos y reducir el temor a encontrarse con agentes armados.

Casa propia en California: por qué inmigrantes con dinero quedan afuera de hipotecas y compras

En California, muchas familias de inmigrantes cuentan con ahorros, ingresos estables e historial de propiedad en sus países de origen, pero quedan excluidas del mercado inmobiliario y de la posibilidad de comprar una casa. A pesar de tener la capacidad económica para adquirir una vivienda, las exigencias de documentación y evaluación crediticia tradicionales en Estados Unidos les impiden calificar para préstamos hipotecarios en el mercado formal.Por qué inmigrantes con dinero quedan afuera de hipotecas y compras en CaliforniaUno de los principales problemas que enfrentan las familias de inmigrantes en el Estado Dorado al intentar comprar una casa se presenta en el momento de justificar los fondos para el pago inicial. Algunas venden propiedades en sus países de origen para financiar la compra en EE.UU., pero debido a las condiciones bancarias de sus lugares de procedencia, esos fondos solo pueden recibirse en efectivo.Para las entidades prestamistas estadounidenses, el dinero en efectivo no puede ser aceptado sin una cadena documental formal que demuestre su origen. En última instancia, esta situación deja esos ahorros inutilizables y reduce el nivel de vivienda al que se puede aspirar.La problemática, que sucede en todo el territorio estadounidense, tiene mayor relevancia en California debido a la composición de su población. Alrededor del 28% de los californianos nacieron fuera de Estados Unidos, según CalMatters. La mayoría se encuentra en edad laboral; sin embargo, menos de uno de cada cinco hogares californianos puede permitirse una vivienda de precio medio, en gran parte debido a la burocracia.A estas circunstancias se le suma la imposibilidad de transferir el historial de crédito internacional. Aunque un comprador haya pagado puntualmente una hipoteca o servicios públicos durante 15 años en otro país, esos antecedentes no se trasladan a los informes crediticios de Estados Unidos. Para el sistema de evaluación de riesgos, estas familias comienzan desde cero al cruzar la frontera.Programas de vivienda en California y su impacto en las familiasA lo largo de la jurisdicción existen diversos programas de asistencia para que las familias logren adquirir su primer inmueble, pero los límites son estrictos. Un ejemplo es San Diego, donde la Comisión de Vivienda ofrece préstamos diferidos y subvenciones para los gastos de cierre.A pesar de esta ayuda, una familia que gana un poco más de lo debido queda desamparada debido a los límites de ingresos establecidos por el programa. En este escenario, las familias inmigrantes que ganan un poco más de ese límite caen en un vacío de protección: ganan demasiado para recibir ayuda estatal, pero son demasiado "nuevas" en el sistema crediticio para acceder al mercado libre. Cambios normativos en la compra de vivienda en CaliforniaEn 2026 hubo cambios en el sistema hipotecario federal que ampliaron las herramientas disponibles para evaluar a determinados prestatarios. En septiembre, la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) amplió el uso de VantageScore 4.0 entre los prestamistas aprobados por Fannie Mae y Freddie Mac. Este modelo puede incorporar información adicional, como pagos de alquiler y servicios públicos, cuando esos antecedentes son reportados.Gavin Newsom anunció oficialmente la firma de un paquete de leyes que impone regulaciones al ICE y brinda protecciones a inmigrantes en CaliforniaSegún Anastasiia Chystiukhina, agente inmobiliaria en San Diego y autora de una columna de opinión publicada por CalMatters, el desafío principal no corresponde necesariamente a añadir más programas de subsidio, sino a brindar mejor información financiera de manera temprana, antes de que las familias comiencen la búsqueda de vivienda."No creo que necesitemos otro programa. Necesitamos mejor información, que se proporcione con antelación, antes de que las familias empiecen a buscar vivienda, no después", cerró.

Recortes de Trump a Medicaid dejan sin cobertura a refugiados y otros inmigrantes

Recortes en Medicaid dejan sin cobertura a miles de inmigrantes legales en EE.UU., incluidos refugiados y víctimas de trata, intensificando la crisis sanitaria.Sin seguro médico, muchos recurrirán a las urgencias, aumentando la presión sobre el sistema de salud y los costos estatales, advierten activistas y expertos.

Confirmado por el IRS en Arizona: el crédito de hasta US$35.000 que se aplica a familias inmigrantes

En Arizona, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) otorga un crédito fiscal federal a las familias que tengan gastos de adopción elegibles durante el año tributario 2026. El límite establecido para cada hijo es de 17.670 dólares, por lo que el beneficio puede llegar hasta a US$35.340.Crédito por adopción del IRS 2026: cuánto se puede reclamar por cada hijoEl portal oficial del IRS indica las actualizaciones fiscales para el año tributario 2026, entre las que destaca el incremento del crédito por adopción hasta un máximo de US$17.670 por hijo elegible. El crédito contempla determinados gastos relacionados con el proceso de adopción, entre ellos honorarios legales, costos de agencias, procedimientos judiciales, estudios del hogar y determinados gastos de viaje.El esquema aplica a las declaraciones que se presentarán a inicios de 2027. En adopciones de menores elegibles determinados oficialmente como niños con necesidades especiales, puede reclamarse el importe completo aun sin acreditar gastos calificados.Entre las condiciones, uno de los puntos más importantes es que el beneficio está sujeto a límites de ingresos. Para el año tributario 2026, el crédito comienza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera los US$265.080 y deja de estar disponible a partir de US$305.080.En el comunicado, la agencia tributaria también especificó que solo una parte del beneficio puede ser reembolsable: el monto máximo indicado es de US$5120 por hijo. De esta manera, una familia que adopte dos niños podría obtener hasta US$10.240, siempre que reúna las demás condiciones aplicables.Por otra parte, el crédito contempla una diferencia importante respecto de una deducción tributaria.Mientras la deducción estándar reduce el ingreso sujeto a impuestos, el crédito se aplica directamente contra la obligación tributaria y, cuando corresponde, puede generar un reembolso.Esta compensación forma parte del sistema tributario federal y puede reclamarse al presentar la declaración correspondiente. Para utilizarlo, los contribuyentes deben completar el formulario 8839.Los inmigrantes que podrían recibir la parte reembolsable según la propuesta del IRSEl IRS y el Departamento del Tesoro propusieron nuevas reglas sobre la porción reembolsable de determinados créditos. La propuesta REG-119882-25, incluida en el Internal Revenue Bulletin 2026-38, vincula ese componente con la definición de "extranjero calificado" establecida por la Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996 (Prwora).De acuerdo con el IRS, entre quienes podrían ser considerados "extranjeros calificados" en Arizona figuran:Residentes permanentes legales.Personas a quienes se concedió asilo.Refugiados.Determinados beneficiarios de parole por un período de al menos un año.Determinados inmigrantes cuya deportación o expulsión fue retenida.Personas con determinadas formas de entrada condicional.Entrantes cubanos o haitianos.Residentes legales de países asociados mediante un Pacto de Libre Asociación.Bajo esta propuesta, el estatus migratorio se convertiría en un elemento determinante para cobrar bajo la propuesta. No obstante, los contribuyentes que no formen parte de estas categorías no necesariamente perderían todo el crédito.Con los cambios sugeridos, estas personas podrían utilizar la parte no reembolsable para disminuir los impuestos federales adeudados y trasladar el saldo que no utilicen durante un período de hasta cinco años.El IRS calcula que 49 millones de contribuyentes reclamarían alguno de los cuatro créditos y que unos 24 millones recibirían una porción considerada beneficio público federal; entre estos últimos, entre 200 mil y 700 mil podrían quedar excluidos debido a su condición migratoria.La nueva aplicación del IRS en Estados UnidosOtras disposiciones fiscales relevantes aprobadas por el IRS para 2026Al margen del crédito fiscal federal para familias que adoptan un hijo, el IRS incluyó en el comunicado institucional otros parámetros que figuran dentro del paquete de ajustes por inflación e inclusiones de la ley One, Big, Beautiful Bill (HR.1):Aumento en la deducción estándar: la deducción estándar sube a US$32.200 para matrimonios que declaran en conjunto y a US$16.100 para contribuyentes solteros. Los jefes de hogar contarán con una deducción de US$24.150.Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC): el tope máximo del EITC aumenta a US$8231 para familias con tres o más hijos cualificados.Exclusión para cónyuges no ciudadanos: en materia de donaciones o regalos a cónyuges que no posean la ciudadanía estadounidense, el límite de exclusión anual se incrementa a US$194 mil.Crédito por cuidado infantil para empleadores: la ley HR.1 elevó el tope máximo del crédito para empresas que ofrecen servicios de cuidado infantil a US$500 mil (y hasta US$600 mil para pequeñas empresas elegibles).

Oficial y confirmado: el DMV de California mantiene suspendidas las licencias de conducir comerciales para inmigrantes

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) mantiene suspendidos varios trámites vinculados con las licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) y los permisos de aprendizaje comercial (CLP, por sus siglas en inglés) de personas no domiciliadas. La decisión se aplica mientras la agencia espera nuevas instrucciones de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas.Qué conductores quedan fuera de las CDL en CaliforniaSegún el sitio web del DMV, las restricciones alcanzan a quienes no pueden demostrar ciudadanía estadounidense o residencia legal permanente bajo las nuevas condiciones establecidas para este tipo de licencias. También existen casos de conductores cuyas CDL fueron canceladas después de una revisión de los documentos utilizados para acreditar su presencia.Aunque el DMV también mantiene suspendidas las renovaciones hasta nuevo aviso, la agencia aclaró que entre los requisitos que deben afrontar los nuevos solicitantes figuran:Edad mínima correspondienteControles médicos periódicosEvaluaciones de habilidades para conducir vehículos comercialesRevisiones de seguridad del vehículoExámenes prácticos de conducciónEl departamento también revisó expedientes de conductores que tenían licencias comerciales emitidas bajo condiciones que ya no cumplen con la legislación estatal. Una de las normas estableció que la fecha de vencimiento de una CDL no puede superar la fecha de expiración de los documentos utilizados para acreditar la presencia legal.Cuando esa condición no se cumplió, la agencia procedió a cancelar las licencias correspondientes. La anulación de una CDL de término limitado también pudo dejar sin efecto un permiso Clase C no comercial que estaba asociado al mismo expediente.La alternativa para quienes necesitan conducir un vehículo particularMientras las solicitudes de CDL permanecen detenidas, los conductores afectados pueden pedir una licencia regular Clase C para utilizar automóviles particulares. Este trámite no exige repetir los exámenes teóricos ni la prueba práctica de conducción en los casos contemplados por el DMV.El procedimiento requiere completar la solicitud correspondiente, obtener una cita y acudir personalmente a una oficina de la agencia. Allí se debe entregar la licencia comercial cancelada, la comunicación recibida del DMV y los documentos que permitan acreditar identidad y presencia legal.En cambio, quienes presenten una nueva solicitud para obtener una CDL o un CLP deberán aguardar. El trámite permanecerá en este estado de espera y no será evaluado ni procesado hasta que el DMV reciba autorización de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (Fmcsa, por sus siglas en inglés) para continuar con las solicitudes de conductores no domiciliados.La Ley Dalilah que impulsa Trump contra inmigrantes indocumentadosNuevos controles para las CDL de conductores extranjeros a nivel federalLa medida establecida en California se produjo luego de que la Fmcsa informara sobre nuevos requisitos en torno a estos permisos. Las disposiciones federales redujeron las categorías migratorias que pueden utilizarse para demostrar la elegibilidad de una CDL. Desde el 16 de marzo, el esquema federal contempla determinadas categorías de trabajadores extranjeros, entre ellas personas con visas H-2A, H-2B o E-2. En cambio, el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) dejó de ser suficiente por sí mismo para cumplir con las condiciones para una CDL no domiciliada.La modificación alcanzó a distintos grupos migratorios que podían utilizar ese documento como respaldo, incluidos beneficiarios de DACA, personas con TPS, refugiados y solicitantes de asilo. Las autoridades deben verificar ahora la situación migratoria mediante el sistema federal SAVE.Las reglas federales también modificaron los procedimientos para emitir, renovar, duplicar, modificar o restituir estas licencias. Los trámites deben efectuarse de manera presencial y los estados tienen que comprobar la situación migratoria del interesado mediante los mecanismos disponibles.Entre los documentos que pueden utilizarse para acreditar la condición migratoria se encuentra un pasaporte extranjero vigente acompañado de un formulario I-94 o, cuando corresponda, un I-797A. Un formulario I-797C, por sí solo, no alcanza para cumplir con estas exigencias.La vigencia de una CDL para una persona no domiciliada puede quedar limitada a un año o al vencimiento del I-94, según cuál de esas fechas ocurra primero. Si la verificación oficial establece que el conductor dejó de reunir los requisitos, la autoridad estatal debe retirar el permiso dentro del plazo máximo establecido de 30 días.

En 1968 Florida comenzó la construcción de lo que sería el aeropuerto más grande del mundo, cinco veces del tamaño del JFK; solo se terminó una pista y en 2025 se volvió un polémico centro de detención para inmigrantes rodeado de la Reserva Nacional Big Cypress

Un estudio ambiental pionero en Florida obligó a desistir del faraónico proyecto. Cómo la única pista construida se volvió una prisión que generó controversias y denuncias en menos de un año.

Nueva York exige el fin del ICE tras el disparo a un inmigrante en el Bronx

Cientos marcharon en Manhattan exigiendo la abolición del ICE y justicia tras un tiroteo que dejó herido a un dominicano. El suceso ha generado indignación. Los manifestantes demandan una investigación independiente y acusaciones contra el agente implicado, mientras la comunidad clama por seguridad y transparencia.

Green card: el Uscis casi duplica el tiempo de espera para este grupo de inmigrantes en 2026

Los datos oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) muestran cambos importantes en los tiempos de procesamiento para distintos trámites, algunos relacionados con la green card. Por ejemplo, el ajuste de estatus para personas con asilo aprobado hace más de un año casi duplicó la demora, mientras otros trámites migratorios también registraron aumentos.Qué trámites para la green card aumentaron la demora en 2026El Uscis publicó los registros históricos de sus tiempos nacionales de procesamiento correspondientes a los años fiscales 2021 a 2026. La información está organizada según el formulario y el tipo de trámite, lo que permite comparar la evolución de las solicitudes migratorias.Entre los procedimientos vinculados con la green card, uno de los mayores cambios corresponde al formulario I-485 para personas cuyo asilo fue concedido hace más de un año. En este trámite, el tiempo mediano pasó de 10,3 meses en 2025 a 19,7 meses en 2026.El ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano también registró un incremento: la espera pasó de 7 a 11,8 meses. Los cambios también alcanzaron otros formularios:El I-730, utilizado para solicitar la reunificación con familiares de personas a quienes se concedió asilo, aumentó de 10,9 a 23,8 meses. El I-821, correspondiente al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), pasó de 6,1 a 13 meses.El I-131 también experimentó una variación. Para solicitudes de Parole in Place, el período pasó de 4,5 a 12,8 meses. En el I-131 para documentos de viaje generales, la espera aumentó de 13,6 a 14,9 meses.Trámites del Uscis: más espera para permisos de trabajoLos permisos de empleo presentados mediante el formulario I-765 también mostraron diferencias, según la categoría:Los casos basados en parole pasaron de 0,9 a seis meses.Aquellos vinculados con una solicitud I-485 pendiente aumentaron de 2,2 a 5,8 meses.En las solicitudes de autorización de empleo relacionadas con DACA, el tiempo pasó de 0,5 a 3,5 meses.Para las demás categorías, la cifra aumentó de 2,8 a 3,9 meses.Los procedimientos humanitarios también tuvieron incrementos en los tiempos de espera:El formulario I-914, relacionado con el estatus T para víctimas de trata, pasó de 20,8 a 28,7 mesesLas exenciones de inadmisibilidad, sin incluir el I-601A, subieron de 21,9 a 35,9 meses.El I-360 pasó de 4,2 a 6,2 meses.Ciudadanía y renovación de green card también registran cambiosEl formulario N-400, utilizado para solicitar la naturalización, aumentó de 5,6 a 7,2 meses en las solicitudes generales. En los casos militares, el período pasó de 2,5 a tres meses.Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de UscisPor su parte, el formulario N-600, para obtener un certificado de ciudadanía, subió de 2,9 a 5,5 meses.También se modificaron los tiempos de otros documentos:El N-565, destinado al reemplazo de certificados de ciudadanía o naturalización, pasó de 4,9 a 7,4 meses.El I-90, utilizado para reemplazar o renovar una green card, aumentó de 4,1 a 7,1 meses.En el caso del I-751, relacionado con la eliminación de condiciones de residencia, la espera pasó de 21 a 22,7 meses.El I-539 aumentó de 2,5 a 3,7 meses.El I-102, para reemplazar el registro I-94, pasó de 1,4 a 6,8 meses.Algunos formularios del Uscis redujeron sus tiempos de esperaNo todos los trámites tuvieron aumentos significativos durante el año en curso. El I-140, correspondiente a determinadas peticiones para trabajadores extranjeros sin procesamiento prioritario, redujo su tiempo de 7,9 a 3,7 meses.También disminuyeron algunos procedimientos de ajuste de estatus: Los casos basados en el empleo bajaron de 7,2 a 5,9 meses.Aquellos trámites vinculados con peticiones familiares pasaron de 7,4 a seis meses.Las demás categorías de ajuste descendieron de 11,6 a 7,7 meses.Entre las otras peticiones, el I-130 para familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses pasó de 14,4 a 12,9 meses. En las solicitudes relacionadas con adopciones, el cambio fue menor: de 45,9 a 45,8 meses.

Las nuevas preguntas que el DOS incorporó para tramitar la visa de inmigrante con el formulario DS-260

Las personas que tramitan una visa de inmigrante mediante el formulario DS-260 pueden encontrar nuevas preguntas al completar el documento electrónico en el Centro de Solicitud Electrónica Consular (CEAC, por sus siglas en inglés) del DOS. El sistema solicita información adicional sobre antecedentes familiares, vínculos previos, viajes internacionales y determinadas circunstancias personales. Cuáles son las nuevas preguntas que se incorporaron al formulario DS-260La firma First Consulting Group informó que detectó cambios en el sistema el 17 de septiembre. A su vez, la documentación federal vinculada con la revisión del DS-260 contempla una ampliación de algunos de los datos requeridos durante el trámite.Uno de los principales cambios corresponde a la sección de antecedentes familiares. De acuerdo con la firma, CEAC puede pedir información adicional sobre los hermanos de la persona que realiza la solicitud y determinados vínculos matrimoniales o domésticos anteriores.Entre las relaciones contempladas figuran las de pareja civil o pareja de hecho, cuando correspondan. También pueden aparecer consultas específicas en situaciones familiares particulares, como casos en los que determinados parientes se hayan casado posteriormente entre sí.El DS-260 amplía a 15 años el historial de viajesOtro de los cambios relevantes afecta los viajes internacionales. La documentación federal relacionada con la revisión del DS-260 contempla ampliar de cinco a 15 años el período sobre el que se solicitan antecedentes de desplazamientos fuera del país norteamericano. Entre los datos que pueden requerirse se encuentran:Países, regiones o ciudades visitadas.Fecha de llegada y duración de la estadía.Persona o entidad que pagó el viaje.VISAS (1)¿Qué otras situaciones pueden requerir datos adicionales?La entidad también indicó que algunas circunstancias personales pueden estar asociadas con nuevas consultas durante el proceso. Entre ellas, se encuentran haber residido durante un período prolongado en otro país, incluso sin un estatus migratorio regular, y haber estado anteriormente afiliado o haber participado en un partido u organización política.En esos casos, corresponde responder los apartados que aparezcan habilitados y proporcionar datos completos y consistentes con los antecedentes personales.El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) indica que en el DS-260 los solicitantes deben proporcionar respuestas verdaderas y completas, y revisar la información ingresada para comprobar que sea correcta antes de presentar el formulario. La modernización del DS-260 por parte del DOSLos cambios observados forman parte de una revisión más amplia del formulario. En una publicación del Federal Register de noviembre de 2025, el DOS explicó que trabajaba en un proyecto de modernización del DS-260 que incluye mejoras técnicas y una reformulación de distintas preguntas con un lenguaje más claro.En ese proceso, el organismo confirmó que la versión propuesta amplía de cinco a 15 años tanto el historial de domicilios como el período considerado para determinados viajes internacionales. El organismo también señaló que los domicilios anteriores se utilizan para distintos fines, entre ellos la prevención del fraude y controles reforzados de antecedentes. ¿Cuánto tiempo lleva completar el formulario DS-260?El gobierno de Estados Unidos estima que completar el DS-260 demanda, en promedio, 155 minutos, equivalentes a unas dos horas y 35 minutos por solicitud. Según la documentación presentada ante la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), el organismo calcula alrededor de 460 mil respuestas anuales para este trámite.

Estados Unidos aplica nuevos criterios para solicitar la Green Card en octubre: qué deben saber los inmigrantes

La nueva normativa amplía el tipo de beneficios públicos que los funcionarios pueden considerar al evaluar determinados expedientes, aunque recibir asistencia económica o alimentaria no supone un rechazo automático

La Corte Suprema de EE.UU. revisará la política de fianzas y detenciones de inmigrantes en 2026

La Corte Suprema aceptó revisar el caso Rhoney v. Barbosa da Cunha, identificado con el número de expediente 26-104, que enfrenta al gobierno de Donald Trump con la defensa de un inmigrante brasileño detenido en 2025. Los magistrados deberán determinar si la ley exige la detención obligatoria de personas que viven en Estados Unidos sin haber sido admitidas formalmente o si pueden solicitar una audiencia de fianza.Qué analiza la Corte Suprema en el caso de detención migratoriaEn su lista de órdenes, publicada el 1° de octubre, la Corte Suprema señaló para el caso Rhoney v. Barbosa da Cunha que "se conceden las peticiones de certiorari". Con esto, los magistrados requieren que el tribunal inferior de apelaciones le remita el expediente para su revisión judicial.El litigio plantea la pregunta de si las personas que viven en el país norteamericano sin haber sido admitidas formalmente pueden permanecer detenidas sin acceso a una audiencia para solicitar su liberación bajo fianza.La decisión podría establecer un criterio nacional sobre las condiciones de detención mientras se resuelven los procesos migratorios. El debate también involucra el alcance del debido proceso y la interpretación de las leyes federales que regulan la custodia de extranjeros.De acuerdo con el litigio, la controversia se concentra en dos disposiciones de la legislación migratoria:La sección 8 U.S.C. § 1225(b)(2)(A) es interpretada por el gobierno federal como una obligación de mantener detenidas, sin posibilidad de fianza, a las personas que no fueron admitidas formalmente en EE.UU.La sección 8 U.S.C. § 1226(a) permite que los jueces de inmigración evalúen cada situación y determinen si corresponde conceder una audiencia de fianza.Según los defensores de los inmigrantes, esta segunda norma debe aplicarse a quienes son detenidos en el interior del país norteamericano y no se encuentran en un proceso de admisión en la frontera."La ACLU ha impugnado la interpretación errónea que hizo la administración Trump de una ley de detención obligatoria que siempre se había aplicado únicamente a los inmigrantes que solicitaban admisión en la frontera", dijo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que representa a los demandantes, en un comunicado.La política aplicada por Trump desde julio de 2025 elimina, para las personas comprendidas en esa interpretación, la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza mientras enfrentan un procedimiento de deportación.Barbosa da Cunha: el caso del migrante detenido que revisará la Corte SupremaEl caso involucra a Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, inmigrante brasileño que llegó a EE.UU. sin pasar por una inspección migratoria en 2004 o 2005, según se detalla en el litigio. Desde entonces, permaneció en el país norteamericano durante más de 20 años, donde vive con su esposa y sus dos hijos, ambos ciudadanos estadounidenses.Barbosa da Cunha es propietario de una vivienda y dirige una empresa de construcción. En 2016 presentó una solicitud de asilo que continúa pendiente y cuenta con autorización de trabajo. Según dijeron sus abogados a Associated Press, nunca fue acusado ni condenado por un delito.En septiembre de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo arrestaron durante una parada de tráfico en Norwood, Massachusetts. Un juez de inmigración consideró que debía permanecer detenido bajo la nueva interpretación del gobierno, por lo que su defensa recurrió a la Justicia para solicitar una audiencia de fianza.Detención y fianza: los tribunales están divididos sobre la ley de inmigraciónLa disputa avanzó por distintas instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema. Según el historial del caso, el 28 de octubre de 2025, después de una revisión del expediente, un juez de inmigración ordenó la liberación de Barbosa da Cunha bajo fianza al concluir que no representaba un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad.Posteriormente, el gobierno apeló la decisión y el 28 de abril de 2026, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó por unanimidad el fallo favorable al inmigrante. El tribunal sostuvo que la norma sobre detención obligatoria no debía extenderse de esa manera a personas que ya viven en el interior del país norteamericano y advirtió sobre posibles problemas constitucionales vinculados con el debido proceso.La división judicial abarcó nueve circuitos federales. Los circuitos Primero, Segundo, Sexto, Séptimo, Noveno, Décimo y Undécimo, junto con más de 500 jueces de distrito, rechazaron la interpretación del gobierno.En cambio, los Quinto y Octavo respaldaron la aplicación de la detención obligatoria, lo que generó criterios diferentes según la jurisdicción.Fianza para migrantes detenidos: qué busca el gobierno federalLa administración Trump pretende que la Corte Suprema confirme que la sección 1225 permite mantener detenidos, sin audiencias de fianza, a los inmigrantes que no fueron admitidos formalmente, sin importar cuánto tiempo lleven en EE.UU. También sostiene que las sentencias contradictorias dificultan la aplicación uniforme de la legislación migratoria."El resultado es un mosaico inviable de medidas de aplicación de la ley de inmigración inconsistentes, donde los extranjeros presentes sin admisión están sujetos a detención obligatoria en algunos circuitos, pero tienen derecho a audiencias de fianza y a menudo son puestos en libertad en otros", señalaron los abogados del gobierno federal, según lo retomado por Associated Press.Según su postura, una resolución del máximo tribunal permitiría establecer una regla común para todo el país norteamericano. Por su parte, la ACLU defiende la aplicación de la sección 1226(a). La organización sostiene que las personas detenidas en el interior del territorio deben tener la oportunidad de demostrar, mediante una evaluación individual, que pueden continuar sus procesos en libertad bajo fianza.La Corte Suprema deberá resolver qué disposición legal regula estas detenciones y si el gobierno puede excluir de las audiencias de fianza a quienes llevan años establecidos en EE.UU. La aceptación del caso no implica que los magistrados hayan respaldado alguna de las dos interpretaciones.

"Ley de defensa de las víctimas inmigrantes": la nueva norma firmada por Newsom en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un paquete de normativas destinadas a proteger a la comunidad migrante del estado. Entre ellas se encuentra la "Ley de defensa de las víctimas inmigrantes", que busca asegurar que las víctimas de delitos conozcan sus derechos y las opciones de protección migratoria disponibles. En qué consiste la "Ley de defensa de las víctimas inmigrantes" firmada por Newsom La ley fue aprobada bajo el proyecto AB 1994 del asambleísta David Alvarez, según LegiScan. Esta obliga a las agencias policiales y a las fiscalías encargadas de procesar delitos a informar a las víctimas sobre los derechos y opciones de alivio migratorio durante el contacto inicial o las investigaciones de seguimiento. Las últimas leyes firmadas por Gavin Newsom en CaliforniaDe igual modo, cada organismo debe entregar de forma gratuita una tarjeta informativa denominada "Immigrant Victims Rights and Resources", la cual puede integrarse en la tarjeta existente de derechos de la Ley Marsy. "La ley vigente exige que el Fiscal General diseñe y ponga a disposición esta tarjeta en formato PDF u otro formato de imagen, con la información específica que contiene, entre ellas información sobre las ayudas federales en materia de inmigración disponibles para ciertas víctimas de delitos", señaló el escrito. Cuál es el contenido que debe tener la tarjeta informativa para los migrantes en California La tarjeta debe explicar en términos accesibles cuatro opciones de alivio migratorio. Estas se describen de la siguiente manera: Alivios migratorios disponibles: información sobre la elegibilidad potencial para programas federales de protección como la Visa U, la Visa T, el alivio bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) o cualquier otro alivio migratorio por haber sido víctima de un delito cualificado. Requisito de colaboración: advertencia explícita de que, para mantener la elegibilidad a una Visa U, la víctima debe mantener su colaboración durante la investigación o el procesamiento penal del agresor. Asesoría legal: instrucciones claras sobre cómo consultar a un abogado de inmigración para evaluar la elegibilidad en cada caso.Directorio de proveedores legales: el enlace al sitio web oficial del Departamento de Servicios Sociales de California, donde se lista a los proveedores acreditados de servicios legales de inmigración. Cuándo entra en vigor la "Ley de defensa de las víctimas inmigrantes"La normativa entra en vigor el 1° de enero de 2027. El fiscal general debe tener diseñada y distribuida la tarjeta informativa para el 1° de enero de 2028. Al imponer nuevas obligaciones a los gobiernos locales, se va a clasificar como un mandato estatal sujeto a reembolso de costos mediante la Comisión de Mandatos Estatales. Otras leyes de inmigración firmadas por Gavin Newsom De acuerdo con la oficina del gobernador de California, Newsom firmó el pasado 28 de septiembre seis proyectos destinados a facilitar servicios cotidianos que impactarán en los migrantes. Una de ellas es la AB 2292, que prohíbe que un médico o profesional cobre una tarifa administrativa por completar el formulario de un certificado exigido para establecer la elegibilidad médica.

Es oficial: cambian los precios del Uscis en la solicitud de autorización de trabajo EAD para inmigrantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) estableció nuevas tarifas para distintos trámites migratorios correspondientes al año fiscal 2027, entre ellos el del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Los cambios surgen de la actualización prevista por la ley H.R.1 y toman como referencia la evolución de la inflación en Estados Unidos.Cuánto costará tramitar el permiso de trabajo EAD ante el UscisEn el caso del permiso de trabajo, el cambio alcanza a determinadas solicitudes iniciales del formulario I-765. En particular, quienes tramiten por primera vez EAD bajo determinadas categorías de asilo, permiso humanitario o Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) deberán pagar US$570, frente a los US$560 anteriores.La actualización no modifica todos los valores asociados al formulario I-765. Las renovaciones o extensiones del permiso de trabajo para solicitantes de asilo continuarán con una tarifa de US$275.Para los casos relacionados con parole y el TPS, el costo de renovación o extensión seguirá en US$280. La aplicación de la fórmula de actualización y las reglas de redondeo establecidas por la legislación no generan un aumento en estos dos trámites.El ajuste responde a una variación del 3,36% del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) entre julio de 2025 y julio de 2026, de acuerdo con la información publicada en el Registro Federal.Los nuevos montos comenzarán a regir para las solicitudes que tengan sello postal del 16 de octubre en adelante. El Uscis indicó que los trámites presentados desde esa fecha deberán incluir el importe correspondiente a la nueva tarifa y los formularios acompañados por un pago inferior al requerido serán rechazados.Cómo se calcula el aumento de las tarifas del UscisLa normativa establece que, para la mayoría de los trámites alcanzados, el resultado de aplicar la inflación debe redondearse hacia abajo al múltiplo de 10 más cercano. Así, una tarifa de US$560, luego de incorporar el 3,36%, alcanza US$578,82 y queda establecida en US$570.Esta metodología explica por qué algunos trámites no registran modificaciones. Por ejemplo, el aumento sobre una tarifa de US$280 llevaría el valor a US$289,41, pero al aplicar el redondeo hacia abajo no se alcanza el siguiente múltiplo de 10 y el importe permanece en US$280.Tarifas del Uscis: otros trámites de inmigración aumentarán desde octubreLos siguientes trámites también verán un incremento:La tarifa correspondiente al permiso humanitario de inmigración asociado al formulario I-131 aumentará de US$1020 a US$1050.También se modifica el costo del formulario I-821 para solicitar el TPS, que pasará de US$510 a US$520.Otros importes permanecerán sin cambios:La tarifa inicial del formulario I-589 continuará en US$100.El formulario I-360 para Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ, por sus siglas en inglés) seguirá en US$250. El registro I-94 mantendrá su tarifa de US$24.El Uscis también actualizó instrucciones para el formulario I-765Además de las tarifas, el Uscis introdujo modificaciones recientes relacionadas con la presentación del formulario I-765. El 7 de octubre actualizó las direcciones utilizadas para el envío postal directo de estas solicitudes.La agencia estableció un período de transición de 30 días. Durante ese lapso, los formularios enviados a las direcciones anteriores y con sello postal hasta el 9 de noviembre serán aceptados.También existe una indicación sobre la versión del formulario que debe utilizarse. Debido a una orden judicial emitida el 14 de septiembre por un tribunal federal de Massachusetts, el Uscis acepta la edición del 21 de agosto de 2025 del I-765 y rechaza la versión fechada el 15 de septiembre de 2026.

La norma sobre la licencia de conducir y validez en Nueva York con la que el ICE detiene inmigrantes en carreteras

Los camioneros inmigrantes que circulan por las carreteras de Nueva York y de otros estados de EE.UU. enfrentan nuevas condiciones para mantener una licencia comercial no domiciliada. El cambio surgió de una regulación federal aplicada por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés).Las reglas federales sobre las CDL que se aplican en Nueva YorkDe acuerdo con la información oficial, desde el 16 de marzo, la normativa limita las categorías migratorias que permiten obtener o renovar este tipo de licencia. Entre las visas contempladas se encuentran H-2A, H-2B y E-2.Por su parte, el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) dejó de ser suficiente como prueba para acceder a una licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés) no domiciliada. Esta medida tiene alcance nacional y también se aplica en Nueva York. Entre los grupos que quedan fuera de la elegibilidad debido a los nuevos criterios aparecen solicitantes de asilo, asilados, refugiados y beneficiarios de DACA. También pueden verse afectados trabajadores que anteriormente solo utilizaban un EAD para acreditar su autorización laboral.Qué deben presentar los camioneros para obtener una CDL en Nueva YorkLa modificación también cambió el procedimiento para tramitar estas licencias. Los interesados deben realizar las gestiones de manera presencial y demostrar que pertenecen a una de las categorías migratorias aceptadas por la regulación federal.El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) debe verificar la información migratoria mediante el sistema federal SAVE. Entre los documentos exigidos figuran:Pasaporte extranjero vigente.Formulario I-94 correspondiente.En determinadas situaciones también puede utilizarse un I-797A.Una notificación I-797C, por sí sola, no cumple con el requisito establecido.La licencia tiene una vigencia limitada; puede extenderse por un máximo de un año o hasta la fecha de vencimiento del I-94, según cuál de los dos períodos termine primero. Si el estatus migratorio aparece como "D/S", la licencia tendrá una duración de un año.Cómo pueden afectar los controles del ICE a los camionerosLos cambios en las CDL coinciden con operativos migratorios desarrollados en distintos puntos de las carreteras. Iniciativas identificadas como Highway Shield e ICE Wall incluyen controles en lugares donde los vehículos comerciales realizan paradas, como estaciones de pesaje, áreas de descanso y zonas destinadas al transporte de carga.Durante una inspección, los agentes pueden solicitar la licencia comercial, documentos de identidad y comprobantes vinculados con la situación migratoria. También pueden comprobar el cumplimiento de los requisitos federales relacionados con la conducción de vehículos comerciales, incluido el dominio del inglés.Si una CDL dejó de ser válida por no cumplir los nuevos requisitos, el conductor puede quedar fuera de servicio. Sin embargo, esto no implica automáticamente una detención migratoria. Si durante el operativo las autoridades detectan una situación migratoria que justifique una detención, el ICE puede intervenir. De esta manera, las inspecciones de transporte pueden coincidir con controles migratorios.CDL no domiciliadas: qué se discute en la demanda contra la FmcsaLas nuevas condiciones para las CDL fueron cuestionadas ante la justicia federal. La Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. recibió los argumentos de las partes el 15 de septiembre, pero, según la información conocida hasta el momento, todavía no había emitido una decisión.La Fmcsa defendió las modificaciones con el argumento de que existen dificultades para comprobar los antecedentes de conducción de personas extranjeras en sus países de origen. Las autoridades también sostuvieron que las nuevas exigencias buscan facilitar el cumplimiento de los requisitos federales aplicables a los conductores comerciales.Mientras continúa el proceso judicial, las reglas siguen vinculadas con los controles realizados en las carreteras. Para los camioneros extranjeros, contar con una CDL vigente ya no depende únicamente de tener autorización para trabajar en EE.UU., sino también de cumplir con las categorías migratorias y los documentos específicos establecidos por la normativa federal.

Trump excluye a Microsoft de un programa para trabajadores inmigrantes especializados

El gobierno estadounidense excluye a dos gigantes tecnológicos de un programa de inmigración por presunto fraude, buscando proteger empleo local.El visado H-1B, clave para empresas, enfrenta restricciones que, según ejecutivos, podrían afectar la innovación y competitividad nacional.

Suspensión confirmada: un juez falla a favor de inmigrantes que recibían multas de hasta US$1,8 millones

Una decisión judicial en Estados Unidos puso un límite a una política que permitió imponer multas a inmigrantes sujetos a órdenes de deportación o de salida voluntaria. El fallo considera que el gobierno federal tiene altas probabilidades de haber aplicado esas sanciones sin analizar de manera individual si cada persona realmente se negó de forma voluntaria o deliberada a abandonar el país norteamericano.Multas del DHS contra migrantes: un juez suspendió la medidaSegún el fallo, el Tribunal del Distrito de Massachusetts, a través del juez George O'Toole Jr., resolvió el 30 de septiembre conceder la solicitud presentada por los demandantes y ordenar la suspensión del mecanismo cuestionado. El caso fue iniciado por el Immigrant Legal Resource Center (ILRC) en nombre de Maria L. y Nancy M., contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia y otros funcionarios federales.Según el fallo, la demanda sostiene que decenas de miles de personas fueron alcanzadas por sanciones que podían llegar a 1,8 millones de dólares por persona. El juez consideró que los demandantes demostraron los elementos necesarios para obtener una medida de protección preliminar y que correspondía suspender la aplicación de las nuevas reglas mientras avanza el litigio.El cálculo que usó el DHS para calcular las multas a inmigrantesEl origen de las sanciones se encuentra en dos disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) que permiten imponer multas civiles bajo determinadas circunstancias:Una de ellas contempla sanciones cuando una persona autorizada a salir voluntariamente del país no lo hace dentro del plazo establecido. La otra prevé multas cuando alguien sujeto a una orden definitiva de deportación incumple deliberadamente determinadas obligaciones relacionadas con su salida.La primera disposición, identificada como 8 U.S.C. § 1229c, establece una multa que originalmente podía ubicarse entre US$1000 y US$5000 para quien recibió autorización para salir voluntariamente y no lo hiciera. El propio fallo aclara que esos valores fueron posteriormente ajustados por inflación y que el rango actualmente utilizado es de US$1992 a US$9970.La segunda disposición, 8 U.S.C. § 1324d, contempla una multa de hasta US$500 por cada día de incumplimiento cuando un inmigrante sujeto a una orden definitiva de deportación deliberadamente no abandona EE.UU., no realiza de buena fe los trámites necesarios, no se presenta para su expulsión o realiza acciones destinadas a impedir su salida. El valor ajustado por inflación mencionado en el fallo asciende a US$998 por día.El juez ordenó frenar el mecanismo de aplicación de las multasEl tribunal concedió la Motion to Stay, es decir, la solicitud para suspender la actuación administrativa cuestionada. La resolución concluyó que los demandantes demostraron una probabilidad suficiente de éxito en sus argumentos, además de acreditar un perjuicio que podría ser irreparable.Los puntos principales de la decisión son:El tribunal determinó que los demandantes tienen legitimación suficiente para cuestionar la política de multas. El juez consideró que existe una probabilidad de que la política aplicada por el gobierno contradiga las disposiciones legales que regulan las sanciones. La resolución cuestionó que las autoridades determinaran las multas sin evaluar individualmente si la conducta había sido realmente voluntaria o deliberada. El tribunal concluyó que existen argumentos sólidos para considerar ilegal la implementación de la nueva regulación sin el procedimiento de aviso y recepción de comentarios exigido por la legislación administrativa. El juez consideró que las multas, por sus montos y consecuencias, podían provocar un perjuicio irreparable a las personas afectadas.La orden judicial deja en suspenso el mecanismo introducido por la nueva regulación mientras continúa el proceso. Los esfuerzos del gobierno de Trump por aplicar multas a migrantes desde 2025De acuerdo con el fallo, estas disposiciones permanecieron prácticamente sin aplicación significativa durante años. La situación comenzó a cambiar durante la primera presidencia de Donald Trump, cuando una orden ejecutiva de enero de 2017 instruyó al DHS a avanzar con la evaluación y el cobro contra personas que permanecieran ilegalmente en el país norteamericano.El ICE comenzó entonces a imponer sanciones bajo las disposiciones relevantes. Sin embargo, el volumen de aplicación durante ese primer período fue limitado.La demanda citada por el tribunal sostiene que, al terminar aquella administración, la agencia conservaba 26 casos activos y que el total efectivamente cobrado a partir de las facturas emitidas había sido de apenas US$4215.El escenario volvió a cambiar el 20 de enero de 2025, cuando Trump comenzó su segundo mandato y emitió otra orden ejecutiva que instruyó al DHS a tomar las medidas necesarias para garantizar la evaluación y el cobro de las multas que la legislación autorizaba imponer a inmigrantes presentes ilegalmente en EE.UU.Según el fallo, el ICE retomó entonces la imposición de sanciones y, para junio de 2025, había iniciado casi 10.000 notificaciones de intención de multar por incumplimiento de la obligación de abandonar Estados Unidos.En junio de 2025, el Departamento de Justicia y el DHS aprobaron conjuntamente una nueva regulación denominada "Imposición y cobro de sanciones civiles por determinadas infracciones relacionadas con la inmigración".El nuevo sistema buscaba permitir que el DHS impusiera una mayor cantidad de multas, con mayor rapidez y a una escala acorde con el volumen de personas alcanzadas por las normas migratorias.

Freno al ICE: limitan las detenciones en paradas de tráfico y prohíben persecuciones a inmigrantes en EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) modificó los procedimientos que deben seguir sus agentes durante los controles de tráfico. La nueva directiva limita las persecuciones vehiculares y establece condiciones específicas para quienes estén autorizados a realizarlas.El ICE limita las persecuciones vehiculares y exige capacitaciónSegún lo retomado por Associated Press, un memorando firmado por Marcos D. Charles, director ejecutivo asociado del ICE, dispone que los agentes de la división de Operaciones de Control y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) no pueden iniciar ni intervenir en persecuciones vehiculares de alta velocidad.Cuando un conductor no acate una orden de detenerse, los oficiales deberán registrar la información del vehículo y continuar la investigación por otros medios. La nueva medida también establece que no todos los agentes del ICE podrán efectuar paradas de tráfico. Para hacerlo deberán haber completado uno de cinco programas de capacitación reconocidos por la agencia. Los oficiales que no hayan recibido esa formación podrán colaborar en los operativos, pero únicamente en funciones de apoyo.Restricciones y nuevas reglas del ICE para controles de tráficoDe acuerdo con Associated Press, las nuevas instrucciones también alcanzan las maniobras utilizadas para detener vehículos en situaciones consideradas de riesgo. El bloqueo o acorralamiento de un automóvil, conocido como "pinning", y el empleo de dispositivos para perforar neumáticos, como las tiras de púas, quedarán restringidos al personal que cuente con preparación específica para esas tareas.Otra de las disposiciones establece requisitos para que los vehículos oficiales puedan ser identificados por quienes circulan por la vía pública. Durante los operativos, los autos utilizados por el ICE deberán utilizar las luces y sirenas correspondientes para indicar que se trata de una intervención policial.El documento incorpora además una exigencia relacionada con las cámaras corporales. Los agentes deberán portar estos dispositivos y mantenerlos activados durante las operaciones de tráfico.La disposición busca establecer un registro de las intervenciones realizadas durante este tipo de intervenciones.Los casos de agentes del ICE que impulsaron el cambio de reglasLas nuevas reglas llegan después de una serie de incidentes registrados durante el último año. En más de una docena de casos vinculados con controles vehiculares, agentes del ICE utilizaron armas de fuego contra conductores que intentaban alejarse.Los episodios dejaron varios heridos y al menos cuatro personas murieron. Entre los casos conocidos figura el de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano de Houston que murió en julio después de recibir un disparo en el abdomen.También se encuentra el episodio ocurrido recientemente en Austin, protagonizado por Wilber Rafael Garces Perez, quien fue detenido y permanece bajo custodia por orden judicial.El caso de Garces Perez también puso bajo análisis los procedimientos utilizados durante la intervención. En la causa se plantearon cuestionamientos relacionados con una persecución a alta velocidad en calles residenciales y con el funcionamiento de las cámaras corporales de los agentes."Sé que se han cometido errores. Pero, considerando la cantidad de trabajo que realizan, en comparación con los errores que se cometen, creo que la gran mayoría de los oficiales del ICE están haciendo un trabajo profesional", dijo el zar de la frontera, Tom Homan, en una entrevista con CBS News.

Mario Tcherkaski, el inmigrante ruso que inspiró la canción que Piero hizo inolvidable: "Jamás hubiese permitido que lo llamase mi viejo", dice su hijo

La muerte de Piero, este 7 de octubre, a los 81 años, trae a la memoria "Mi viejo", ", la canción que tantas personas cantaron pensando en su propio padre. José Tcherkaski escribió la letra y Piero le puso música y voz. Desde su lanzamiento en 1969, acompañó a hijos y padres de distintas generaciones. Sin embargo, Mario Tcherkaski, el hombre que la inspiró, nunca llegó a escucharla. Murió cuando su hijo José tenía 14 años, mucho antes de que aquel adolescente encontrara en la escritura una manera de recordarlo.Antes de convertirse en una canción, su historia fue la de un padre que llevaba a su hijo al teatro, que leía mucho y que le transmitió su amor por los libros. José conservó ese recuerdo con gratitud: "Fue una persona muy importante para mí", dijo en una entrevista con LA NACION en 2023.El hombre detrás de la letraMario era un inmigrante ruso. Venía de una familia de terratenientes y había recibido una buena formación. Después de dejar Rusia y pasar por distintos países, llegó a la Argentina. En Buenos Aires se ganaba la vida como vendedor ambulante: "Él era un patricio ruso, pero en Buenos Aires se convirtió en vendedor ambulante de sábanas. Le costaba mucho entender el lugar al que pertenecía acá, estaba acostumbrado a otro estilo de vida", dijo. Se casó con Berta, descendiente de campesinos polacos, y tuvieron dos hijos: Osvaldo y José. Vivían en un inquilinato y muchas veces el dinero no alcanzaba. Sin embargo, cuando Mario hacía una buena venta, podía dar lugar a una salida especial: "...de repente nos llevaba al restaurante más caro de Buenos Aires y venía el sommelier a mostrarle los vinos. Era medio raro, ¿no?...", recordó José.Su padre murió a los 52 años. En la memoria del hijo quedaron sus lecturas, su carácter y todo lo que habían compartido. También una curiosidad: jamás se hubiera animado a llamarlo como lo llamó en la canción. "Yo a mi viejo no le podía decir 'mi viejo'", explicó a LA NACION. En su casa, no era una forma de dirigirse a él.De un recuerdo a una canciónAños después de perder a su padre, José escribió un poema sobre él. Lo recuperó cuando empezó a trabajar con Piero, a quien había conocido a través de compañeros de la revista Siete Días, donde era cronista. Hasta entonces, nunca había pensado en escribir canciones."Yo era cronista, que es la última categoría. Ni banquito tenía. En la revista había dos periodistas, grandes poetas, que eran amigos de Piero. Él había dejado de cantar y vendía clériman, lo que usan los curas en el cuello, para poder vivir. Un día vino a visitarlos y ellos le dijeron, apuntándome: 'Este es el que puede escribir con vos'. Habían visto poesía mía, que para mí era pésima. Yo nunca había valorizado lo que escribía y nunca había pensado en escribir una canción", recordó a LA NACION.José recordó aquél poema, donde encontró una frase que le gustaba: "Viejo, mi querido viejo". A partir de esas palabras empezó a darle forma a la letra, según contó a LA NACION.Los encuentros eran en su casa. Piero llevaba una guitarra y José tenía un viejo grabador Geloso. Trabajaban antes de que él entrara a la redacción o cuando regresaba. En una entrevista con Diario de Cuyo, Tcherkaski explicó cómo se entendían: él proponía una frase y Piero probaba la música. Si una palabra sobraba o faltaba, la letra se iba ajustando hasta que podían cantarla.Una emoción que los sorprendióPero conseguir que alguien apostara por "Mi viejo" llevó tiempo. Recorrieron discográficas con la grabación y recibieron muchos rechazos. Finalmente, un productor de CBS-Sony vio una oportunidad para lanzarla el Día del Padre de 1969.Después llegaron las firmas de discos y los oyentes que se acercaban con historias familiares. Algunos querían poner la canción en el velorio de su padre, otros la habían comprado para cumplir su último deseo... Tcherkaski contó a LA NACION que esos encuentros lo angustiaban, incluso lo llevaron a terapia, no estaba preparado para recibir tanta emoción.Hasta su madre tenía dificultades para creer lo que estaba pasando. Después de verlo en televisión junto a Piero, le advirtió: "Nene, decí la verdad porque si no vas a ir preso, vos no escribiste nada".Con los años, José comprendió que el recuerdo de su padre también emocionaba a otras personas, incluso de lugares distintos y culturas lejanas. Él la escribió pensando en Mario, pero quienes la escuchaban reconocían en esas estrofas a sus propios padres.Con los años, otros artistas la cantaron y la llevaron a distintos idiomas. En 1970, Iva Zanicchi grabó una versión en italiano, titulada "Un uomo senza tempo". La canción fue reproducida en 35 países y sonó en más de 40 series y películas, incluida la serie sobre la vida de Maradona. También llegó al doblaje latinoamericano de Los Simpson, donde Homero le canta a Bart una adaptación de "Mi viejo". Y su autor, más de medio siglo después del lanzamiento, todavía vivía de los derechos de la canción.

Ceuta estudia el coste de la entrada de inmigrantes a petición de la Audiencia Nacional

Inmigrantes contra el Uscis y la nueva demanda para lograr una vía para el ajuste de estatus

Una nueva disputa judicial enfrenta a inmigrantes y organizaciones de distintos sectores con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). El 5 de octubre, una coalición presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts para cuestionar dos memorandos emitidos por la agencia durante este año.Qué cambios del Uscis cuestiona la demandaEl expediente, identificado como American Association of University Professors, et al. v. Markwayne Mullin, et al., involucra a la American Association of University Professors (AAUP), universitarios de Harvard y Boston, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés) y organizaciones de asistencia legal para inmigrantes. También participan personas que actualmente tramitan su ajuste de estatus.Uno de los objetivos del litigio es la política identificada como PM-602-0199 y publicada el 21 de mayo. Según los demandantes, el Uscis comenzó a considerar el ajuste de estatus dentro del país norteamericano como una medida excepcional y no como una vía habitual contemplada por la legislación migratoria.La directriz establece que, en determinados casos, la decisión de permanecer en EE.UU. para tramitar la residencia puede ser considerada negativamente. Para contrarrestar esa valoración, el solicitante debería demostrar circunstancias que compensen esa presunción. La política contempla consideraciones particulares para determinadas categorías, como personas con visas de doble intención, refugiados y asilados.La segunda medida cuestionada es la política de denegación, PA-2026-05, publicada el 5 de agosto. Esta norma permite que el Uscis rechace determinadas solicitudes sin emitir previamente una Solicitud de Evidencia o una Notificación de Intención de Denegar. Además, la demanda cuestiona que el criterio pueda aplicarse a expedientes que ya estaban pendientes cuando entraron en vigor las nuevas pautas."Estamos impugnando estas políticas, que han sembrado caos e incertidumbre en la vida de familias y comunidades inmigrantes", señaló el American Immigration Council, uno de los representantes legales, en un comunicado. "Obligarlos a someterse al proceso consular implica la separación de su familia y comunidad, la pérdida de empleos para algunos y vivir en un país sin vínculos familiares ni perspectivas", indicó.Los argumentos legales contra el UscisLos demandantes sostuvieron que el Uscis y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) excedieron las facultades otorgadas por el Congreso mediante la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Según su planteo, la sección 245 de esa legislación permite determinadas solicitudes de ajuste de estatus dentro de EE.UU. y no autoriza al Ejecutivo a establecer una penalización general para quienes utilizan esa vía.Otro eje del reclamo es la Ley de Procedimiento Administrativo. La coalición consideró que las políticas debieron atravesar un proceso de notificación y recepción de comentarios públicos porque, según su interpretación, producen efectos similares a los de una norma sustantiva.También los demandantes acusaron al gobierno de apartarse de precedentes administrativos y de no considerar las consecuencias que los cambios tienen para quienes presentaron sus solicitudes bajo las reglas anteriores.La demanda planteó una cuestión vinculada con el debido proceso. Los solicitantes sostuvieron que una aplicación retroactiva de los nuevos criterios puede llevar a rechazos sin permitir que los afectados incorporen documentación adicional para responder a las nuevas exigencias. Por eso, consideraron que las decisiones del Uscis pueden perjudicar expedientes que fueron iniciados antes de los cambios.Qué consecuencias puede tener salir de Estados UnidosUno de los principales puntos de preocupación está relacionado con el procesamiento consular. Para los demandantes, obligar a determinadas personas a abandonar EE.UU. para completar el trámite en el extranjero puede generar separación familiar, pérdida de empleos e interrupciones en carreras profesionales.La salida del país norteamericano también puede activar determinadas restricciones de reingreso relacionadas con períodos de presencia no autorizada. A esto se suman posibles demoras consulares, restricciones de viaje, suspensión de emisión de visas o procedimientos administrativos adicionales que, según los demandantes, podrían mantener al solicitante fuera de EE.UU. durante un período indeterminado.El impacto señalado por la acción judicial alcanza a cónyuges y padres de ciudadanos estadounidenses, beneficiarios de programas migratorios y profesionales como médicos, profesores, ingenieros e investigadores. Los demandantes solicitaron al tribunal que declare ilegales las dos políticas, suspenda su aplicación durante el litigio, las deje sin efecto de manera permanente y ordene al Uscis procesar los casos conforme a las normas y precedentes que consideran vinculantes. También reclamaron el pago de los costos y honorarios derivados del proceso.

Un juez federal bloquea las multas de Trump a inmigrantes por no salir del país

Un magistrado de Boston detuvo la aplicación de sanciones económicas impuestas a inmigrantes por no abandonar EE.UU. tras órdenes de salida.La decisión judicial suspende multas que suman hasta 1,8 millones de dólares mientras se resuelve la legalidad del procedimiento.

La jueza reclama las llamadas que realizó el presidente de Ceuta a Sánchez antes de la entrada masiva de inmigrantes

Medicaid en Florida: el plazo de 90 días para los inmigrantes que perdieron la cobertura por falta de documentación

Las personas que perdieron Medicaid en Florida porque no entregaron la información solicitada por el estado cuentan con un plazo de 90 días posteriores a la denegación para pedir que se reevalúe su elegibilidad sin presentar una nueva solicitud. La disposición puede alcanzar a inmigrantes que recibieron un aviso para acreditar su estatus y cuya cobertura fue cancelada.¿Cómo funciona el plazo de 90 días para recuperar Medicaid en Florida?Según el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF, por sus siglas en inglés), el período se aplica cuando el organismo solicitó información necesaria para determinar la elegibilidad para Medicaid y no la recibió. En esos casos, el beneficio puede ser cancelado o denegado porque no pudo completarse la evaluación.Si la persona entrega los datos requeridos dentro de los 90 días posteriores a la denegación, puede pedir que el departamento vuelva a evaluar su elegibilidad sin necesidad de presentar una nueva solicitud. Es importante aclarar que el plazo no extiende automáticamente la cobertura de Medicaid. La falta de documentación también puede afectar a determinados inmigrantes. Desde el 1° de octubre entraron en vigor nuevas condiciones federales vinculadas con el estatus migratorio, por lo que el DCF debe verificar si los no ciudadanos cumplen con los requisitos establecidos para acceder al programa.Los nuevos requisitos migratorios para acceder a Medicaid en FloridaEl cambio deriva de la ley federal conocida como One Big Beautiful Bill Act (Obbba, por sus siglas en inglés), promulgada el 4 de julio de 2025, que modificó las reglas de financiamiento federal de Medicaid y CHIP vinculadas con el estatus migratorio.De acuerdo con el DCF, desde el 1° de octubre las categorías contempladas para acceder a la cobertura completa bajo las nuevas disposiciones incluyen:Ciudadanos y nacionales estadounidensesResidentes permanentes legales, también conocidos como titulares de la green cardEntrantes cubanos o haitianosMigrantes amparados por el Pacto de Libre Asociación (COFA, por sus siglas en inglés). Este grupo comprende a ciudadanos de las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia y Palaos.Florida mantiene, además, una excepción para los niños de 18 años o menos con residencia legal en el estado. Según el DCF, pueden continuar elegibles para Medicaid en virtud de la opción prevista por la Ley de Reautorización del Programa de Seguro Médico Infantil de 2009 (Chipra, por sus siglas en inglés), siempre que cumplan los demás requisitos del programa.¿Qué inmigrantes pueden quedar fuera de Medicaid en Florida?Los demás no ciudadanos que anteriormente podían reunir las condiciones para recibir cobertura completa de Medicaid pueden dejar de ser elegibles desde el 1° de octubre si no pertenecen a alguna de las categorías admitidas por las nuevas disposiciones federales. Entre los grupos alcanzados se encuentran refugiados, personas con asilo y determinados beneficiarios de permisos humanitarios que no reúnan otra condición migratoria habilitante. Sin embargo, perder la elegibilidad para la cobertura completa no significa necesariamente quedar excluido de cualquier prestación de Medicaid.Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) aclararon que las nuevas restricciones no eliminan la cobertura de servicios necesarios para tratar una condición médica de emergencia, conocida habitualmente como Medicaid de emergencia, para los no ciudadanos que cumplan los requisitos correspondientes.¿Por qué el DCF solicita documentos sobre el estatus migratorio?El organismo informa que utiliza el Programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés) para comprobar documentos y registros migratorios.Cuando una persona recibe una notificación en la que el DCF solicita documentación sobre su estatus, significa que el departamento no pudo determinar mediante la información disponible si cumple con las nuevas condiciones federales.El DCF envía los avisos de manera electrónica o por correo postal, de acuerdo con la preferencia de comunicación seleccionada por cada persona. Las notificaciones emitidas también pueden consultarse mediante una cuenta de MyACCESS.¿Por qué otras razones se puede perder Medicaid en Florida?La falta de información requerida no es el único motivo por el que una persona puede perder Medicaid en Florida. El DCF contempla otras situaciones que pueden modificar o cancelar la cobertura:Cambios en el hogar: si un integrante abandona la vivienda, ya no puede ser incluido en el programa y el DCF puede cancelar su cobertura.Fin del período de elegibilidad: Medicaid puede finalizar cuando vence el período de revisión y la persona no completa el proceso correspondiente.Incumplimiento de requisitos técnicos: para acceder al programa, el DCF evalúa condiciones como la ciudadanía o un estatus migratorio habilitante, la residencia en Florida y contar con un número de Seguro Social o haberlo solicitado, según corresponda.Hijos que cumplen 18 años: un padre o cuidador que recibe Medicaid por tener un menor a cargo puede perder la elegibilidad cuando el último hijo del hogar alcanza esa edad. El joven de 18 años puede continuar elegible bajo otra categoría.

Interceptan dos pateras con 87 inmigrantes frente a las costas de Cartagena (Murcia)

ICE mantiene los arrestos y deportaciones de inmigrantes con antecedentes criminales: "Cada día ICE sale a arrestar y deportar a inmigrantes ilegales criminales, nuestras comunidades se vuelven más seguras"

La agencia federal afirmó que entre las personas removidas hay condenados por homicidio, tráfico de drogas y miembros de pandillas.

La norma sobre la licencia de conducir y validez en Illinois con la que el ICE detiene inmigrantes en carreteras

Bajo la administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) comenzó a implementar una medida que limita quiénes pueden obtener o renovar una licencia comercial no domiciliada. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utiliza esta herramienta para incrementar las detenciones de camioneros extranjeros en rutas de Illinois y otras partes de Estados Unidos.Nueva regla de CDL: quiénes pueden obtener una licencia comercial en IllinoisDesde el 16 de marzo, solo pueden obtener o renovar una licencia comercial no domiciliada (CDL, por sus siglas en inglés) quienes tengan visas H-2A, H-2B o E-2, de acuerdo con la Federal Motor Carrier Safety Administration (Fmcsa, por sus siglas en inglés).De este modo, ya no es suficiente un permiso de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) como prueba de elegibilidad, sino que se exige pasaporte extranjero vigente y el formulario I-94 -o un Form I-797A como sustituto- correspondiente a esas categorías de visa.Bajo esta normativa, solicitantes de asilo, asilados, refugiados y beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) quedaron fuera de la elegibilidad para este tipo de licencia. En las estaciones de pesaje, áreas de descanso y centros de viaje de Illinois, los agentes del ICE solicitan documentos de identidad y verifican si la licencia comercial sigue vigente bajo los nuevos requisitos, según un informe de Telemundo.Según datos del propio gobierno, en Highway Shield, más de 800 conductores o vehículos fueron retirados de circulación con esta estrategia. Del total de detenidos, 51 eran inmigrantes sin documentación para residir en el país norteamericano.En esa línea, testigos y miembros del gremio denunciaron que los agentes irrumpen en las zonas donde los choferes estacionan para descansar o recargar combustible y abordan directamente las unidades. "Nos están golpeando las puertas y bajando a los choferes, solamente porque no tienen papeles o porque no tienen la licencia válida", describió uno de los conductores entrevistados por Telemundo, nacido en Estados Unidos.La ofensiva no se limita exclusivamente a personas sin estatus migratorio regular en el Estado de las Praderas, sino que también se enfoca de manera específica en quienes no poseen una licencia considerada válida o en conductores que no hablan inglés.CDL para inmigrantes: qué cambia con la regla federal de la FMCSAAl mismo tiempo en que suceden las detenciones, la administración Trump solicitó a una corte federal de apelaciones que mantenga una regla final emitida en febrero de 2026. La normativa retomó con modificaciones una regulación interina de 2025 y podría dejar sin posibilidad de renovar sus licencias comerciales a gran parte de los cerca de 200 mil titulares de CDL no domiciliadas.El litigio judicial podría determinar qué sucede con cientos de miles de conductores no ciudadanos cuyas licencias comerciales estatales, conocidas como CDL, fueron anuladas por la Fmcsa. La disputa llegó al Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C., que escuchó los argumentos orales el 15 de septiembre y aún debe resolver el caso.Según la Fmcsa, existen problemas relacionados con la información disponible sobre el historial de conducción de los inmigrantes en sus países de origen y con el proceso para obtener permisos de trabajo.Por su parte, los demandantes sostienen que la agencia se excedió en sus facultades al impedir que determinados conductores no ciudadanos renovaran sus licencias.Highway Shield: cómo son los controles del ICE a camioneros en carreteras de EE.UU.Mientras suceden los operativos en las rutas de Illinois, testigos grabaron en agosto más de una docena de videos que muestran con claridad cómo es el procedimiento de los controles. Las filmaciones, recopiladas por NBC News, reflejan el accionar policial.Muchos de los videos fueron grabados en el marco de la operación denominada Highway Shield. En algunos de los registros fílmicos se observa a agentes que revisan a conductores, mientras que en otros aparecen hombres esposados junto a camiones o siendo trasladados hacia vehículos policiales.En varios casos, los camioneros aseguraron que las autoridades les solicitan sus licencias, documentos de identidad y comprobantes relacionados con su situación migratoria.

Es oficial: se confirma la cifra de inmigrantes que podrían ser excluidos de Medicaid en Florida

El sistema de Medicaid comenzó a aplicar nuevas reglas de elegibilidad para determinados inmigrantes, esta modificación surge de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, impulsada por Donald Trump. En Florida, el Departamento de Niños y Familias (DCF, por sus siglas en inglés) identificó a cerca de 177 mil personas con estatus regular que podrían quedar fuera de la cobertura.Florida revisó los casos de beneficiarios inmigrantes de MedicaidEl cambio no está dirigido a la población indocumentada, que ya tenía restringido el acceso al Medicaid regular bajo la normativa federal. La nueva disposición alcanza a personas que cuentan con determinados permisos o categorías migratorias reconocidas por el gobierno estadounidense, pero que dejaron de estar contempladas dentro de los grupos habilitados para recibir fondos federales.En Florida, el DCF realizó una revisión de los expedientes de beneficiarios mediante registros estatales y federales. El proceso incluyó la utilización del sistema SAVE para comprobar la situación migratoria de quienes recibían Medicaid.Durante agosto, la agencia envió comunicaciones a personas cuyo estatus no pudo ser verificado automáticamente. Los beneficiarios debían presentar documentación que demostrara que pertenecían a una categoría que continúa incluida dentro de los criterios federales.Quienes no respondieron al requerimiento o no acreditaron una condición migratoria elegible dejaron de contar con la cobertura al finalizar septiembre. El DCF indicó que responder a la notificación era necesario para determinar si una persona podía continuar dentro del programa."Se identificaron que cerca de 177 mil inmigrantes dejarían de cumplir los requisitos para el programa a partir de octubre", indicó Anna Holaday, portavoz del DCF, según lo retomado por Miami Herald.Qué inmigrantes conservan MedicaidLas nuevas reglas mantienen dentro de la cobertura federal a los residentes permanentes legales, es decir, quienes poseen una green card, además de determinados inmigrantes cubanos y haitianos. También continúan incluidos los ciudadanos de países asociados a los Pactos de Libre Asociación (COFA, por sus siglas en inglés).Los niños y las mujeres embarazadas que se encuentran regular en EE.UU. pueden conservar la cobertura en los estados que adoptaron las disposiciones correspondientes a la Ley de Mejora de la Salud de los Niños Inmigrantes (Ichia, por sus siglas en inglés). Los residentes permanentes, además, continúan sujetos en general al período de espera de cinco años establecido por la legislación federal, salvo las excepciones previstas.En cambio, según KFF Health News, refugiados y asilados que todavía no obtuvieron la residencia permanente, personas bajo humanitarian parole, determinados sobrevivientes de violencia doméstica y víctimas de trata con visa T o solicitudes pendientes figuran entre los grupos que dejan de reunir los requisitos para Medicaid financiado con fondos federales.Qué ocurre con quienes pierden el beneficio de saludLa modificación también alcanza a personas con suspensión de deportación o remoción y a determinados intérpretes y colaboradores que prestaron asistencia a las Fuerzas Armadas estadounidenses en el extranjero. Para estos grupos, la pérdida de la cobertura regular no significa necesariamente quedar sin ningún tipo de atención médica.Las personas que ya no cumplen las condiciones para el programa pueden acceder al Medicaid de emergencia cuando reúnen los requisitos correspondientes. Este plan permite cubrir determinadas situaciones médicas urgentes, pero no reemplaza la cobertura integral de la opción regular.En Florida, organizaciones dedicadas a orientar a las familias expresaron preocupación por posibles cancelaciones derivadas de problemas administrativos. Entre las situaciones mencionadas aparecen cartas que no fueron recibidas, cambios de domicilio o beneficiarios que no comprendieron qué documentación debían presentar."Todos estamos preocupados. Creo que el mayor impacto de todo esto es que la gente está confundida", dijo Scott Darius, director ejecutivo de Florida Voices for Health, a Central Florida Public Media. "El miedo a salir de casa es lo que principalmente los aleja de las cosas que necesitan. Creo que la consecuencia de eso es que la gente enferma más", señaló.Katie Roders Turner, directora ejecutiva de Family Healthcare Foundation, también planteó que algunas personas que mantienen las condiciones necesarias podrían perder temporalmente el beneficio si no completan el proceso requerido."Hemos identificado algunos casos en los que las familias se han puesto en contacto con nosotros y nos han dicho que vieron que a sus hijos se les suspenderían las prestaciones de Medicaid", dijo Roders Turner.

Citas pendientes y asilo: los casos en los que agentes del ICE no detienen a inmigrantes latinos en EE.UU.

Dos encuentros recientes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el área metropolitana de Atlanta terminaron sin el arresto de un guatemalteco y un nicaragüense con procesos migratorios pendientes. Los episodios tuvieron desenlaces diferentes: ambos pudieron retirarse después de que los oficiales revisaran su información, mientras que otros dos trabajadores quedaron bajo custodia.Cuándo y por qué las autoridades migratorias no arrestan a migrantes con trámites en cursoEl primer episodio corresponde a un ciudadano de Guatemala interceptado por un oficial migratorio. En el video difundido por Univision se escucha al agente advertirle que el procedimiento era registrado en audio y video.Durante el intercambio, el oficial revisó su información y le preguntó cuándo debía comparecer nuevamente. El hombre respondió que tenía una audiencia de asilo prevista para el 13 de mayo de 2027. Tras comprobar los datos, el oficial le permitió continuar. El hombre aseguró que cree que "algo le tocó el corazón" y por eso le quitaron las esposas. Tres trabajadores nicaragüenses fueron interceptados en AtlantaEl segundo episodio involucró a tres trabajadores nicaragüenses que viajaban en un vehículo. Uno de ellos relató a Univision. "Nunca me percaté de que me seguían dos carros", afirmó. Cuando se disponía a abrir la puerta, tres oficiales descendieron de los vehículos y esposaron a los ocupantes con "violencia", de acuerdo con su testimonio. Luego comenzaron a interrogarlos sobre su procedencia y el momento en que habían llegado a Estados Unidos. El trabajador recordó que les preguntaron de dónde eran y en qué año habían entrado.¿Por qué uno de los nicaragüenses pudo retirarse y sus compañeros no?El procedimiento tuvo distintos desenlaces. El hombre que brindó su testimonio entregó la documentación que llevaba y, después de que los oficiales revisaran sus datos, recibió autorización para marcharse. "Me iban a dejar ir", recordó.Antes de retirarse, le indicaron verbalmente que debía presentarse posteriormente en una dirección de Atlanta y le tomaron una fotografía. Sus dos compañeros, en cambio, quedaron bajo custodia. "Llevaron lamentablemente a mis dos compañeros de trabajo", señaló.¿Tener una audiencia de asilo pendiente evita una detención de ICE?La normativa y la información oficial de las autoridades migratorias contemplan que una persona pueda tener un procedimiento pendiente ante un tribunal de inmigración y, al mismo tiempo, permanecer bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), dependiente del Departamento de Justicia, establece en su Manual de Políticas que el DHS tiene la responsabilidad de la aprehensión y detención de extranjeros. El mismo apartado señala que, cuando una persona se encuentra detenida, ese departamento debe garantizar su comparecencia en todas las audiencias programadas. A su vez, la EOIR explica cómo funcionan los tribunales de inmigración y señala expresamente que una persona puede estar detenida por el DHS mientras tramita su caso. En determinadas circunstancias, un juez de inmigración puede revisar la decisión inicial sobre la custodia y determinar si corresponde una liberación mediante el pago de una fianza. Estas audiencias de fianza se tramitan por separado del procedimiento principal de remoción. En cuanto al asilo, el EOIR establece que los jueces de inmigración tienen autoridad para resolver solicitudes de protección frente a la remoción, entre ellas las solicitudes de asilo, y también contempla por separado su facultad para realizar determinadas audiencias de custodia y procedimientos de fianza.

Inmigrante deportado por EEUU y retenido más de un año en una prisión africana es liberado

Un laosiano deportado a Esuatini por EE.UU. fue liberado tras un año en prisión. Fue parte del programa de deportaciones a terceros países.El hombre, sin vínculos con Esuatini, ahora se dirige a Laos. Este programa ha sido criticado por violar derechos humanos y carecer de transparencia.