indemnizaciones
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad prepara un índice para actualizar las indemnizaciones por despido
Tras fijar un criterio para actualizar las sentencias en los juicios por accidentes laborales, ahora el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad trabaja en sentencias donde fijará el índice para ajustar las indemnizaciones y las multas en los casos por despido de los trabajadores.Con estos nuevos parámetros, el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, que se transformó en la máxima autoridad de apelación ante los casos laborales, civiles, comerciales y penales de la Justicia nacional, establece un horizonte de previsibilidad que contrasta con la dispersión que existía hasta ahora en las sentencias laborales.Se trata de un asunto espinoso que viene enfrentado a los camaristas laborales nacionales con la Corte Suprema de la Nación, que exige a la justicia laboral fijar ajustes razonables y proporcionados después de numerosos casos de intereses exorbitantes, que el máximo tribunal anuló.De hecho, en la Cámara Laboral, controlada en parte por el poder sindical y con algunos camaristas afines al peronismo, hay criterios disimiles de ajuste para las indemnizaciones. Buena parte de las salas aplica un coeficiente de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC, y la Sala 8, que aplica el CER. Ahora, la Cámara Laboral dijo que desde 2024 hay que aplicar la tasa activa del Banco Nación. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso Levinas, que estableció que la "Corte porteña" es la que revisará todos los casos nacionales, el Superior Tribunal de Justicia porteño se organizó para enfrentar esta tarea.Inauguró un nuevo edificio frente al Obelisco, con oficinas para tramitar los miles de causas que ingresaron, y comenzó a trabajar en casos señeros que fijen criterios para adelante.Ahora trabaja en un criterio único para ajustar las indemnizaciones y multas en el millar de causas laborales que tiene a estudio. Con el fallo del TSJ se acabará la dispersión, esperan.Los jueces están unificando criterios y buscan llegar a un fallo que sea lo más contundente posible, de preferencia unánime, o casi unánime, para fortalecer la decisión del tribunal que va a marcar un tope para el cálculo de las indemnizaciones.Pero aun hay miradas que no convergen del todo. En efecto, hay tres posiciones de mínima. La primera, aplicar el criterio del IPC más el 3 por ciento. La segunda, aplicar como índice la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), como ya ocurrió con los juicios por accidentes de trabajo. La tercera es establecer una especie de índice con un piso y un techo teniendo en cuenta un 3 por ciento más o menos sobre IPC.El criterio del IPC mas el 3 por ciento es el establecido en el artículo 276 del DNU 70/23, norma fundacional del gobierno de Javier Milei dictada a días de asumir, hace dos años, y frenada por la Justicia Laboral. Allí se establece que las actualizaciones o la aplicación de intereses en ningún caso podrá ser superior a la que resulte de calcular el capital histórico actualizado por el IPC con más una tasa de interés pura del 3% anual.El capítulo laboral de este DNU fue declarado inconstitucional y no se aplica. La Corte Suprema de Justicia no se pronunció aún. No obstante, ese mismo criterio es el que introdujo ahora el Gobierno en el proyecto de ley de reforma laboral que se discutirá en la sesiones extraordinarias del Congreso, la segunda quincena de diciembre.Allí se establece que para reducir la "discrecionalidad" de los jueces se fijará un único cálculo, actualizado por el IPC con más una tasa de interés pura del 3% anual. Además, se prohíbe por ley que se devenguen intereses sobre los intereses, llamado anatocismo, como sucedía con algunos fallos de la Cámara Laboral, que fueron anulados por la Corte Suprema de Justicia, este año, con fuertes críticas a los camaristas laborales.La intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es vista por los empresarios como un bálsamo ante la incertidumbre de los fallos de la justicia nacional. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, tras la sentencia de esta semana donde el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad puso tope a los actualizaciones en casos de accidentes laborales, dijo: "Este fallo le pone un freno claro y directo a las mafias de los juicios laborales"."Es un paso clave para terminar con la industria del juicio, que destruye el empleo y lo precariza, espanta la inversión y se convierte en una trampa para el que produce y el que trabaja", mencionó. Agregó que la ciudad de Buenos Aires "necesita reglas claras, seguridad jurídica y sentido común", y levantó la apuesta con un tema resistido por los jueces nacionales: "Para eso es importante avanzar en la transferencia de las competencias judiciales a la Ciudad".El exministro y ahora empresario Guillermo Dietrich, cercano a Mauricio Macri, festejó la sentencia: "La principal reforma laboral necesaria es evitar la industria del juicio que se apoya en la discrecionalidad de las indemnizaciones"."El sistema actual es una tragedia que no sólo funde empresas pequeñas y chicas sino que desincentiva completamente la creación de empleo y el crecimiento de proyectos de miles de emprendedores que no se animan a crecer. Es por acá", celebró.Accidentes laboralesLa semana pasada, la Corte porteña reafirmó que las indemnizaciones fijadas en los juicios por accidentes laborales deben actualizarse por el índice Ripte, en un caso sucedido antes de 2019. La decisión marca dos novedades trascendentes. Por un lado, ratifica que rige para los cálculos anteriores a 2019, no solo casos nuevos. Y también termina con la actualización por inflación, que había en el pasado generado cifras excesivas.Además, el máximo tribunal porteño reafirmó su competencia establecida por la Corte Suprema de Justicia en el caso Levinas, como la máxima instancia de revisión de los casos de la justicia nacional, incluidos los laborales. El fallo recayó en el caso "Asociart SA Art S/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Valdez Carlos Alberto C/Asociart SA Aseguradora De Riesgos Del Trabajo S/ Accidente".El caso comenzó cuando Carlos Valdez, un trabajador gráfico, maquinista de Gráfica Cortiñas, demandó a la ART por una enfermedad laboral por las tareas que desempeñaba cargando bultos de cartulina. El fallo lleva la firma de los jueces Inés Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. El juez Luis Lozano fijó su posición en un voto aparte, coincidente, y hubo una disidencia de la jueza Alicia Ruiz.El tribunal confirmó que el Ripte rige también para las causas anteriores a 2019, al revocar una sentencia dictada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928 y permitido la actualización de las tasas de interés por inflación.La aplicación de este criterio tuvo su inicio en el caso Boulanger c/ Provincia ART Seguros, en octubre pasado, cuando el Tribunal Superior validó el uso del Ripte por reflejar de manera más adecuada la evolución salarial. Con esta sentencia, el tribunal consolidó un cambio decisivo en la ciudad al establecer el modo de calcular las actualizaciones por intereses derivados en accidentes laborales.
Reforma laboral: el Gobierno impulsa recortes en las indemnizaciones y una fuerte rebaja de los aportes patronales
La iniciativa será presentada el martes antes de ser enviada para su tratamiento al Senado. No se considerarán el aguinaldo y las vacaciones para el cálculo de las indemnizaciones y se crea un nuevo sistema obligatorio para financiarlas, con un aporte empresario del 3% que se descontará de la contribución al sistema previsional.Fin de la ultraactividad, convenios por empresa y cambios en las condiciones laborales.
Reforma Laboral: qué pasará con las vacaciones, indemnizaciones, despidos y el banco de horas según el último borrador
Según el borrador actualizado, la propuesta introduce modificaciones sobre en varios aspectos como vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad y nuevas reglas para indemnizaciones. Además, se suman capítulos dedicados a la regulación del trabajo en plataformas digitales. Leer más
Reforma laboral: las modificaciones en horas extra, vacaciones e indemnizaciones
Nuevo borrador presentado por el Gobierno
Reforma Laboral: los cambios que vienen en indemnizaciones, juicios, horas de trabajo y vacaciones
La norma en la que trabaja el equipo de Milei representa un cambio radical de los alcances de la Ley de Contrato de Trabajo. Los detalles del proyecto, en el que se sigue trabajando, y que el Gobierno aspira que se trata en Extraordinarias. Leer más
Nuevo borrador del proyecto de Reforma Laboral del Gobierno: qué dice sobre vacaciones, indemnizaciones, despidos y los "bancos de horas"
En medio de la discusión entre el oficialismo, los sindicatos y el empresariado, Infobae accedió a un texto que define los nuevos lineamientos sobre remuneraciones, plataformas de reparto y otros ítems clave
La Justicia porteña confirmó que las indemnizaciones laborales deben actualizarse por RIPTE y no por inflación
En los casos previos al 2019, el índice de referencia para la actualización los intereses en la indemnización por accidentes laborales ya no será el IPC, revocando así un fallo de la Cámara Nacional de Trabajo. Leer más
Kicillof logró la ley de financiamiento y podrá tomar deuda; fijan un límite a la actualización de las indemnizaciones
Kicillof logró la ley de financiamiento, que lo autorizó para tomar nueva deuda. La cámara de senadores bonaerenses, tras negociaciones intensas, sancionó el proyecto del Ejecutivo esta madrugada, que autoriza al gobierno de la Provincia a tomar deuda por poco más de 3000 millones de dólares. Es un paso decisivo para garantizar el pago del aguinaldo de unos 550 mil empleados públicos en diciembre.La Justicia fijó un límite a la actualización de las indemnizaciones laborales. Estableció que deben actualizarse por el RIPTE, índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, incluso para los casos previos al 2019. De esta manera termina con la actualización por inflación que había generado en el pasado cifras excesivas.Santilli recibe a Jorge Macri en medio del reclamo por la deuda de la coparticipación de la Ciudad. El encuentro será al mediodía en Casa Rosada, en el marco de las reuniones que viene manteniendo el Ministro del Interior con distintos gobernadores en la previa al debate del Presupuesto 2026 y las reformas que impulsa el Gobierno. La Ciudad mantiene un reclamo judicial por el reintegro de 6000 millones de dólares por la quita inconstitucional de la coparticipación en 2020.La Corte comenzó con el decomiso de bienes de Lázaro Báez en la causa conocida como La ruta del dinero K. El máximo tribunal dio inicio al operativo para devolverle al Estado unos 60 millones de dólares en dinero y bienes decomisados que pertenecen a Lázaro Báez y a su hijo Martín. Le ordenó al tribunal que lo condenó a que transfiera el dinero obtenido de las subastas de los bienes del empresario kirchnerista.Messi habló sobre las chances de Argentina de volver a ganar un Mundial. El capitán remarcó que el plantel mantiene intacta su ambición y su compromiso: "es un grupo que lo va a volver a intentar, lo va a dejar todo y va a pelear", aseguró Leo, que también advirtió que los detalles pueden definirlo todo y que cualquier rival puede complicar y dejar afuera incluso al equipo más fuerte.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
El principal tribunal de CABA le puso un límite a los abusos en las indemnizaciones laborales
El Tribunal Superior de Justicia confirmó que el RIPTE se aplicará en accidentes laborales anteriores a 2019 y no el índice de inflación, que generaba cálculos disparatados. También estableció que las obligaciones de valor en juicios civiles deberán ajustarse con una tasa pura del 8% anual
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad confirmó el índice de actualización de las indemnizaciones por accidentes laborales
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad reafirmó que las indemnizaciones fijadas en los juicios por accidentes laborales deben actualizarse por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) en un caso sucedido antes de 2019.De este modo, el máximo tribunal porteño reafirmó su competencia establecida por la Corte Suprema de Justicia en el caso Levinas, como el la máxima instancia de revisión de los casos de la justicia nacional, incluidos los laborales,En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) falló que el Ripte es el índice aplicable en la actualización de intereses derivados de accidentes de trabajo. El fallo recayó en el caso "Valdés, Carlos Alberto c/ Instituto de Salta Cia. De Seguros de Vida SA y Otro" (Expte 49351/2017). El fallo lleva la firma de los jueces Inés Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. El juez Luis Lozano fijó su posición en un voto aparte, coincidente, y hubo una disidencia de la jueza Alicia Ruiz.De esta manera, el TSJ confirmó que el Ripte rige también para las causas anteriores a 2019, al revocar una sentencia dictada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928, que fija un método de actualización de condena y una tasa de interés pura.La aplicación de este criterio tuvo su inicio en el caso Boulanger c/ Provincia ART Seguros, el 1° de octubre de este año, cuando el Tribunal Superior validó el uso del Ripte por reflejar de manera más adecuada la evolución salarial. Así, resolvió aplicar lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019, que dispone la actualización de los créditos laborales mediante este cálculo.Con la sentencia dictada ahora en la causa Valdés, el TSJ consolidó un cambio decisivo en la Ciudad al establecer el modo de calcular las actualizaciones por intereses derivados en accidentes laborales.La resolución del máximo tribunal porteño va a contramano de lo que venía sosteniendo la Cámara Nacional del Trabajo, un fuero en el que tienen peso e influencia los sindicatos y el peronismo. Con este fallo laboral, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad siguió despejando la incertidumbre y la dispersión de aplicación de intereses en los juicios por accidentes de trabajo que impera en la justicia laboral nacional.La aplicación del Ripte implica que el ajuste que se hará en los juicios por accidentes de trabajo es inferior a los ajustes que venía aplicando la jurisprudencia de la Cámara del Trabajo.Este criterio se replicará en más de 1000 causas similares que se encuentran en trámite ante el TSJEn 2019, el gobierno nacional emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19, que modificó la Ley de Accidentes de Trabajo y estableció que las indemnizaciones por accidentes tendrían un interés equivalente a la variación del índice Ripte. Este índice mide la evolución de los salarios formales.El DNU fue remitido al Congreso, que nunca lo rechazó, por lo cual se encuentra vigente.Sin embargo, muchos jueces laborales se negaron a aplicar ese DNU. Como resultado de esta decisión, hay diversos criterios judiciales para fijar los intereses de las indemnizaciones por accidente.Esto alarga los juicios y consagra notorias desigualdades entre los trabajadores beneficiarios, dependiendo de a qué juez o a qué sala le toque resolver su caso.Ahora, el Tribunal Superior de Justicia dispuso que el Ripte se aplica a casos aún anteriores a 2019.En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se acumulan más de 1000 casos laborales para resolver. El 70 por ciento son por juicios laborales y el resto, por indemnizaciones por despido.
Reforma laboral: en Córdoba advierten que un tope a las indemnizaciones sería "inviable" y generaría una ola de juicios
El nuevo paquete laboral promete cambios profundos en convenios, indemnizaciones y reglas sindicales: especialista local descarta un recorte a las indemnizaciones y advierte que un límite abriría un frente judicial inmediato. Leer más
Un plan macabro para eliminar las indemnizaciones: qué esconde el fondo de cese laboral
"La industria del juicio es un mito"
Qué dice la "ley Moyano" sobre las indemnizaciones a Camioneros
La llamada "ley Moyano" no es una ley del Congreso ni una norma formal, sino el nombre que se le da a un mecanismo laboral que se consolidó durante décadas en actividades del Sindicato de Camioneros. Ese sistema, aplicado sobre todo en la recolección de residuos urbanos, establece que cada vez que cambia la empresa que presta un servicio, el personal debe ser despedido por la firma saliente, cobrar la indemnización completa y luego ser recontratado por la compañía entrante en las mismas condiciones.Este artilugio se formó a partir de una combinación de fallos judiciales, disposiciones del convenio colectivo 40/89 y negociaciones sindicales sostenidas por Camioneros desde los años 90. A eso se sumó el fuerte poder de negociación del gremio, que logró que esta práctica se convirtiera en una regla de hecho.En la práctica, el mecanismo genera indemnizaciones masivas cada vez que se renueva una licitación de residuos o un contrato de logística, lo que encarece los costos del servicio.Esto termina impactando en las cuentas públicas y obliga a municipios o compañías contratistas a asumir pasivos laborales por eventos que no controlan. Para el gremio, en cambio, se trata de un resguardo necesario en un sector con alta rotación empresarial y donde el Estado es un actor frecuente en la contratación.A ese esquema se suma otro rasgo característico: la base de cálculo de las indemnizaciones es más amplia que en otros rubros. La Justicia convalidó en numerosas oportunidades que viáticos, adicionales no remunerativos y otros pagos propios de la actividad deben integrarse al monto indemnizatorio.Esta "ley" volvió a cobrar relevancia en tiempos recientes producto de una iniciativa presentada por el legislador por la ciudad de Buenos Aires, Facundo del Gaiso (Coalición Cívica), conocida mediáticamente como "ley anti Moyano". Su proyecto pretende garantizar que las indemnizaciones corran a cuenta únicamente de las empresas adjudicatarias del Servicio Público de Higiene Urbano (SPHU) y no impliquen perjuicio alguno para el Gobierno de la Ciudad. "Se elimina cualquier posibilidad de interpretaciones ambiguas que impliquen que el gobierno local deba asumir el pago de indemnizaciones que corresponden a las empresas concesionarias", establece.También pretende que las empresas concesionarias que no cumplan con el pago de las indemnizaciones correspondientes no puedan ser contratadas por el Gobierno de la Ciudad para la prestación del servicio. Busca así evitar "extorsiones" del gremio contra la administración porteña, como sucedió en 2024, cuando la familia Moyano amenazó con "tapar la ciudad de basura" si no se acataba el pago de indemnizaciones.Ante el posible avance de esta iniciativa, desde Camioneros rechazaron cualquier modificación al sistema y afirmaron que el sistema actual es garantía de estabilidad laboral y una herramienta para evitar despidos.Del Gaiso -que lideró la lista del oficialismo porteño para el parlamento local en 2023-buscará aprobar su proyecto este jueves, el mismo día en que la Legislatura tiene previsto tratar el presupuesto 2026. "Voy a pedir que se trate mi proyecto de Ley Anti Moyano este jueves 27 en la sesión de Presupuesto de la Legislatura. Que quede claro, no es contra los trabajadores, es contra la mecánica de extorsión", planteó.
Recolección de residuos: impulsan una "ley anti Moyano" para que el Gobierno porteño no tenga que pagar indemnizaciones
El legislador porteño Facundo del Gaiso (Coalición Cívica) impulsa un proyecto de ley para evitar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deba hacerse cargo de los costos derivados de la denominada "ley Moyano". El legislador buscará tratarla sobre tablas en el parlamento local el próximo jueves.La "ley Moyano" es un acuerdo tácito, vigente desde 1998, que establece que, cuando vence la concesión del servicio de recolección de residuos, los trabajadores deben ser echados, indemnizados y recontratados por la nueva concesionaria, conservando su puesto y antigüedad, según explicó Del Gaiso a LA NACION. El sindicato de Camioneros se queda con un porcentaje de esos pagos.En este contexto, la ley propuesta por Del Gaiso pretende garantizar que las indemnizaciones corran a cuenta únicamente de las empresas adjudicatarias del Servicio Público de Higiene Urbano (SPHU) y no impliquen perjuicio alguno para el Gobierno de la Ciudad. "La nueva redacción elimina cualquier posibilidad de interpretaciones ambiguas o sin sustento legal que impliquen que el gobierno local deba asumir el pago de indemnizaciones que corresponden a las empresas concesionarias del servicio", establece el proyecto.El proyecto también establece que las empresas concesionarias que no cumplan con el pago de las indemnizaciones correspondientes no podrán ser contratadas por el Gobierno de la Ciudad para la prestación del servicio. Apunta, así, a evitar "extorsiones" del gremio contra la administración porteña, como sucedió en 2024, cuando la familia Moyano amenazó con "tapar la ciudad de basura" si no se acataba el pago de indemnizaciones por la finalización de las concesiones.En la Ciudad de Buenos Aires se negaban a concretar los pagos bajo el argumento de que la contratación se había prorrogado hasta el 2028 durante la gestión del exalcalde Horacio Rodríguez Larreta. En el sindicato aseguraban que, de todos modos, correspondía el pago.Ahora Moyano recuperó el reclamo y pide que los trabajadores cobren al menos una parte "a cuenta" de las indemnizaciones correspondientes. En las empresas concesionarias ya advirtieron que el pago es "inviable" y, con esta ley, Del Gaiso buscará evitar que el costo del reclamo termine recayendo sobre la ciudad e impedir, así, que el costo termine impactando en las cuentas públicas.VOY A PEDIR QUE SE TRATE LA LEY ANTI MOYANO Pagarle una indemnización a 6.000 recolectores de basura por una concesión con las empresas, que termina en 2028, le costaría a todos los porteños unos 200 millones de dólares. Este disparate se tiene que parar con una ley. Voy a pedirâ?¦— Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) November 24, 2025"Pagarle una indemnización a 6.000 recolectores de basura por una concesión con las empresas, que termina en 2028, le costaría a los porteños unos 200 millones de dólares. Este disparate se tiene que parar con una ley", afirmó el legislador de la Coalición Cívica en su cuenta de X (exTwitter).Del Gaiso -que lideró la lista del oficialismo porteño para el parlamento local en 2023- buscará aprobar su iniciativa este jueves, el mismo día en que la Legislatura tiene previsto tratar el proyecto de presupuesto 2026. "Voy a pedir que se trate mi proyecto de Ley Anti Moyano este jueves 27 en la sesión de Presupuesto de la Legislatura. Que quede claro, no es contra los trabajadores, es contra la eterna mecánica de extorsión de los Moyano", planteó.
Lenia Batres plantea ajustar cálculo de indemnizaciones y reducir pagos por muerte laboral
La SCJN analizará un proyecto que propone calcular compensaciones por muerte laboral con UMA, lo que acortaría el monto entregado a los familiares
José Luis Ábalos ataca a Óscar Puente: señala supuestas irregularidades de dietas e indemnizaciones en el Puerto de Valencia
El importe de dietas supuestamente irregulares se cifra en unos 15.000 euros asociados a varios viajes de trabajo, según el diputado, que ha registrado una pregunta parlamentaria sobre este asunto
Analizan impulsar convenios por empresas, cambios en indemnizaciones y la posibilidad de cobrar en pesos, dólares o euros
El Gobierno planea cerrar el año con la aprobación de la reforma laboral. El proyecto que recorre los despachos oficiales y al cual accedió LA NACION, prevé impulsar convenios por empresa, conceder premios a la productividad, crear bancos de horas, una posible reducción de los impuestos al trabajo y la opción de que los trabajadores cobren en pesos, dólares o, incluso, en euros. Hay en carpeta beneficios fiscales y reducción de cargas sociales -siempre bajo la lupa del equilibrio fiscal que tiene como norte el equipo económico- e, incluso, condonación de multas y sanciones si se regulariza al personal no registrado. Se trabaja, por otra parte, en dar mayor claridad contractual a los tipos de vínculos laborales y las condiciones de contratación, y en ofrecer mayor flexibilidad para adaptar contratos y modalidades existentes en el mercado. El Gobierno buscará, por otra parte, darle al fondo de cese laboral, que ya rige pero que no tuvo adhesión, un marco de certidumbre. No está definido aún, pero los nuevos empleados podrían ya ser redirigidos a este nuevo sistema obligatoriamente, según contaron a este medio, en referencia a las alternativas para reemplazar las indemnizaciones. Bajo revisión, según el texto oficial, está la Ley de Contrato de Trabajo, que necesita, dicen los libertarios, una modernización. Sin embargo, en el programa oficial -en la búsqueda de la viabilidad del proyecto en el Congreso- puede leerse entre líneas cierta moderación. "Se hace evidente la necesidad de debatir cuanto antes una reforma que fomente la creación de empleo, reduzca la informalidad y acompañe adecuadamente el crecimiento de la actividad", dicen fuentes allegadas al Gobierno, que no consideran entre las posibilidades una aprobación que se estire a marzo. Agregan que las más beneficiadas serán las pymes -las mayores empleadoras del país-, porque son las que más sufren los juicios laborales, las altas indemnizaciones a pagar y el costo de registrar a los empleados.¿Se esperan fuertes chispazos con los sindicatos? El proyecto al que accedió este medio no toca intereses claves de las entidades, como la cuota obligatoria para los trabajadores o la ultraactividad, un principio por el cual un convenio colectivo de trabajo mantiene su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro. Sin embargo, quienes conocen la letra chica afirman que estos temas podrían también ser parte del debate. Además, está bajo análisis la obligación de las empresas de retener las cuotas sindicales y derivarlas a los gremios. Existen dos posturas en el Gobierno a la hora de presentar el nuevo proyecto de ley. Ir por todo o sacar la reforma posible. Todo sigue aún en discusión en los despachos oficiales. El resto de lo que se está "cocinando" para reformar la Ley de Contrato de Trabajo no generaría grandes problemas, según creen. Sobre todo, lo que tiene que ver con el impulso a la formalización de empleados (vale recordar que el 37,7% de los asalariados no cuenta con descuento jubilatorio, según el Indec), una acción que beneficia no solo a los trabajadores a quienes se les abre la puerta para tener un empleo de calidad y el derecho a una jubilación, sino también a sus representantes gremiales que, con los mismos costos, tendrían mayores ingresos. "Es un disparate que los trabajadores del Estado salgan a protestar contra la reforma laboral, ya que no los afecta en nada. Ellos se rigen por la Ley de Empleo Público. Hay muchas ganas de mezclar todo y hacer ruido para que el Gobierno no pueda sacar esta ley", cuenta un funcionario cercano a la Casa Rosada, haciendo referencia al paro nacional que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante en reclamo contra la reforma laboral.La reforma impulsada por el Gobierno cuenta con el asesoramiento del Consejo de Mayo, donde está representado el Ministerio de Capital Humano (Sandra Pettovello) a través de la Secretaría de Trabajo; el Ministerio de Desregulación (Federico Sturzenegger); las diferentes cámaras empresarias y los sindicatos. Hay propuestas además del Ministerio de Economía (Luis Caputo), y también del ámbito tributario que rozan lo laboral. También se tuvieron en cuenta tres proyectos de ley presentados en el Congreso, pero el punteo final viene de la mesa chica libertaria, con el aval del presidente Javier Milei.El objetivo de la reformaEl documento al que accedió LA NACION explicita que la reforma busca "recomponer el vínculo entre el trabajador y la empresa, promoviendo un marco más justo, ágil y previsible que incentive la formalización del empleo e impulse la creación de nuevas fuentes de trabajo". ¿Cuál es el proceso para la aplicación de los cambios? El rumbo previsto es una simplificación de las normas que lleve a la reducción de la litigiosidad y una mayor flexibilidad. Se busca, según el pliego con el que trabajan los que piensan la reforma, generar las condiciones para un mercado laboral competitivo y sostenible.Los lineamientos generales que están en el borrador que vio LA NACION son: 1- Aumentos salariales y salarios dinámicos: la idea del Gobierno es "fomentar el crecimiento y aumento de la competitividad y la producción". Quienes más produzcan, podrán obtener mayores ganancias a través de un reconocimiento diferenciado y compensaciones según su rendimiento y productividad. En despachos públicos sostienen que una cosa es que el empleador pueda pagar voluntariamente por encima del mínimo pactado con los sindicatos, como sucede hoy, y otra es que esté acordado entre las partes que haya un aumento si se dan determinadas variables o parámetros objetivos. En ese sentido, el objetivo es que la paritaria sea un piso (bajo) en las negociaciones colectivas y que haya resto, sobre todo para las pymes, para ir por encima y pagar por el buen desempeño.2- Convenios por empresa: para el Gobierno, las negociaciones son más productivas si son por empresa que por actividad. Se trata de abrir esta puerta, que también puede favorecer a que fluya mejor el fondo de cese laboral, que hasta ahora no tuvo mayor adhesión. El objetivo, afirman, es conservar los puestos de trabajo en las empresas menos favorecidas, impulsar la creación de empleo y favorecer mayores aumentos de sueldo en las empresas con mayores ganancias. Quienes trabajan la letra chica del proyecto oficial observan que, "cuando se homologa una paritaria, rige para toda la actividad en todo el país. La idea es que los acuerdos se puedan hacer por empresa o por región y sean un piso de la negociación y no un techo. Porque el almacén de barrio, o de un pueblito del interior, entonces, tiene que pagar lo mismo que un hipermercado. Se considera que las empresas más grandes terminan absorbiendo a las más chicas, que no están en condiciones de pagar esos salarios. Tienen la disyuntiva de ir a la informalidad, a la quiebra o trabajar con muy poco personal".3- Pacto de monedas: los trabajadores podrán elegir libremente cómo cobrar sus salarios en pesos argentinos, dólares o euros. 4-Formalización: se pondrá en marcha la posibilidad de normalizar el empleo informal sin perder la antigüedad y asegurando el acceso a la jubilación. Los beneficios de esta medida son claros: el acceso a la obra social, aportes jubilatorios y cobertura legal. Las ventajas para los empleadores vendrían por el lado de facilitar la registración y la condonación de multas y sanciones al regularizar al personal no registrado. Hay en carpeta beneficios fiscales y reducción de cargas sociales. Se busca, de esta manera, bajar la litigiosidad.5- Previsibilidad: habrá mayor claridad contractual en tipos de vínculos laborales y condiciones de contratación. 6- Fondo de cese laboral: aseguraría el acceso a la indemnización y garantiza al trabajador su cobro rápido al finalizar la relación laboral. Según la idea del Gobierno, brinda mayor previsibilidad y promueve un menor costo laboral en caso de desvinculaciones. El fondo de cese laboral, en rigor, es una propuesta optativa para el empleador y el trabajador que forma parte de la Ley Bases, pero que no tuvo demasiada adhesión. El Gobierno intentará entonces dar más certidumbre respecto a su funcionamiento. Hasta ahora existe la posibilidad de que se negocie a través de los convenios colectivos.Para que hoy se articule un fondo de cese tiene que haber un acuerdo entre la cámara empresaria del sector y el sindicato. No está definido, pero se podría incluir la idea de que la forma de reemplazar la indemnización sea a partir de un fondo de cese obligatorio para los nuevos empleados. Las empresas tendrían que evaluar los números, porque el fondo tiene que ser a través de un aporte patronal. Un participante de las negociaciones lo describe como "un cambio de cultura", donde para el empleador será más ágil la desvinculación, pero para el empleado será más fácil insertarse en el mercado de trabajo. 7- Flexibilidad horaria: Es un sistema que permite compensar horas. Las horas adicionales trabajadas se acumulan en una cuenta personal del empleado. Cuando la actividad baja, esas horas se usan como tiempo libre, sin afectar el salario. No reemplaza el pago de horas extras, los recargos del 50% en días comunes ni el 100% en fines de semana o feriados. La jornada laboral, afirman, seguirá igual.8- Acuerdos entre partes: Habrá mayor flexibilidad para adaptar contratos y modalidades de trabajo. En el Gobierno creen que hay un agotamiento del esquema laboral vigente, y el crecimiento económico de 2025 -según calculan, de 5%- no se tradujo en una decisión firme por parte de las empresas privadas de contratar más empleados. "Esto es lo que no puede pasar", cuestionan. Así, apuestan a un cambio que, piensan, puede dinamizar el mundo del empleo.
El PP exige a Puente cumplir con indemnizaciones por retrasos en AVE: "Un ministro debe cumplir y hacer cumplir la ley"
Denuncian que los peritos inflan las indemnizaciones por accidentes laborales
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advirtió que la "intervención sin control de los peritos judiciales" está haciendo colapsar al sistema de ART porque inflan los montos en favor de los trabajadores en las causas de accidentes laborales. "Las pericias judiciales, en franco incumplimiento a la Ley 27.348 y sus 18 adhesiones provinciales, está haciendo colapsar al sistema de ART y atenta contra la generación de empleo formal en el país", aseguró Mara Bettiol, la presidente de la UART.Los peritos judiciales que establecen los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales, son externos, actúan sin control y "sus honorarios están ligados, directa o indirectamente, al resultado del juicio", dijo la Cámara.Señaló que los peritos establecen porcentajes de incapacidad según sus propios criterios y que "estos desvíos en las pericias judiciales son luego avalados por los jueces laborales en sus sentencias en la casi totalidad de los casos aplicando, además, sobre los montos indemnizatorios resultantes de actualizaciones y tasas de interés imposibles de ser financiadas". La organización los critica porque señala que "sus honorarios se establecen como porcentaje de las indemnizaciones" y por eso "hay una multiplicación sistemática de juicios con montos que constituyen un aliciente a la judicialidad, elevando los costos laborales, atentando contra la formalización y haciendo colapsar al sistema de ART, que protege tanto a empresas como a trabajadores". La UART quiere que se conformen Cuerpos Médicos Periciales. "Es necesario que la Justicia ponga en marcha lo previsto en el artículo 2 in fine de la Ley 27.348, que es la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses o de los Cuerpos Periciales", señalaron."La no constitución de los Cuerpos Médicos Periciales, significa continuar con la histórica discrecionalidad de la que gozan los peritos en la valuación de las incapacidades", dijeron.
La reforma laboral no toca las indemnizaciones y avanza sobre los salarios dinámicos, los convenios por empresa y el derecho de huelga
Fuentes del Consejo de Mayo anticiparon a Infobae lo que llamaron "los verdaderos ejes" de los cambios que propone el Gobierno y que no coinciden con versiones que circularon. Por qué serán rechazados por la CGT
La explosión de la fábrica militar de Río Tercero: de 8000 indemnizaciones se terminaron pagando solo 196
CÓRDOBA.- A 30 años de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, que dejó siete muertos y 300 heridos, el gobierno de Javier Milei acató el año pasado la orden judicial y empezó a pagar las indemnizaciones a los damnificados. De las alrededor de 8.000 en carpeta, cobraron 196 personas. El pago se hace en bonos y de alrededor de $8 millones para cada uno.La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (JxC), oriunda de Río Tercero, plantea su preocupación por las demoras en los pagos y, además, a punto de dejar su banca -termina su mandato en diciembre- señala que hace más de dos años impulsó un proyecto para instituir el 3 de noviembre como "Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del atentado a Fábrica Militar". "Nunca he logrado que se trata. Entiendo que es necesario que se instituya de la misma manera que existe, por el ejemplo, un día por el atentado a la Amia", apunta.En lo que hace a las indemnizaciones, su pago está contemplado en la ley 27.179 sancionada por el Congreso en 2015, que recién fue reglamentada tres años después. La Justicia determinó que el hecho fue intencional para encubrir un faltante de armas para venderlas a Ecuador y Croacia, durante el gobierno de Carlos Menem (el juicio al expresidente estaba previsto para días después de su muerte). Las condenas cayeron sobre mandos medios.Un informe del Ministerio de Defensa al que accedió LA NACION señala que desde 2018 y hasta 2023, de los casi 10.000 casos presentados sólo se pagaron 50 beneficios en el gobierno de Alberto Fernández. El reporte sostiene que como el decreto 596/23 que firmó el presidente Javier Milei apenas asumió para pagar las indemnizaciones, "se implementó sin asignación presupuestaria" para cubrir ese financiamiento se necesitó de "una reingeniería de los escasos recursos disponibles en el marco de la prórroga presupuestaria vigente". El documento señala que hubo reuniones de trabajo con Economía, Fabricaciones Militares y la Procuración del Tesoro de la Nación, para "aunar criterios respecto del abordaje de la situación judicial y del tratamiento y resolución de los trámites administrativos". El reporte da cuenta de que siguen trabajando para seguir avanzando en el pago. Defensa destaca que "en tan sólo un año nuestra gestión regularizó alrededor de 9.800 expedientes por reclamos. Duplicando en tiempo récord y hasta la fecha (NR: octubre) la cantidad de 94 casos resueltos". También repasa que, al inicio de la gestión, se identificaron un total de 11.942 expedientes relacionados con reclamos administrativos, se determinó que 2.748 "estaban vinculados a la misma persona pero por otro rubro de reclamo, siendo que en una primera etapa se vincularon 1935 expedientes y en una segunda etapa 813". Finalmente se consolidó un total de 9.847.Siempre según ese relevamiento, 6.117 estaban sin movimientos desde el 29 de diciembre de 2022 y 499 desde el 1 de noviembre de 2023. "La inacción obedece a diversas causas: falta de poder legar para actuar sobre el expediente, inactividad de la administración, ausencia del control adecuado sobre la documentación inicial (DNI) y falta de comunicación integrada entre las áreas técnicas involucradas en la gestión", describe el informe.
Despidos más baratos: cómo es la propuesta del Gobierno para reducir las indemnizaciones
Es uno de los ejes del borrador de la reforma laboral que impulsa la Casa Rosada, al que accedió Clarín.Punto por punto, cuáles son los cambios más importantes sobre salarios, horas extras, vacaciones y cuotas sindicales.
De ampliar la jornada a las indemnizaciones en cuotas: así es la reforma laboral de Milei
La reforma laboral de Milei: ampliar la jornada, flexibilizar convenios, indemnizaciones en cuotas y paritarias por productividad
Impulsado por un triunfo rotundo en las urnas, Javier Milei blanqueó hoy la secuencia de reformas que intentará activar. Entre ellas, figura en primer lugar la modificación de la legislación laboral. "Para la [reforma] tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, expandir la base imponible, de modo tal que, al bajar las alícuotas, no tenga sentido la evasión. O sea, que la gente no quiera estar en lo informal. Pero antes, debe haber una modernización laboral, que no implica una pérdida de derechos", dijo hoy el Presidente en A24. Y agregó, en un desafío, a la CGT: "Los sindicatos saben que esto no funciona, que si lo piensan como negocio están liquidados". El Gobierno presentó el año pasado un proyecto de ley de reforma laboral después de haber resignado 42 de los 58 artículos que contenía su propuesta original incluida en la Ley Bases. La iniciativa que cuenta con el aval de la Casa Rosada es la que presentó al cierre de 2024 la diputada libertaria Romina Diez, cercana a Karina Milei. La iniciativa, cuyo título es "ley de promoción de inversiones y empleo" no contempla cambios en lo relativo a la recaudación y a la democracia de los sindicatos, ejes de otros proyectos de ley impulsados por los aliados de Pro y la UCR que no prosperaron por una fugaz tregua que sellaron el Gobierno y la CGT durante el año pasado. La propuesta de Diez, que cuenta con el respaldo del bloque libertario, apunta, sobre todo, a dar incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas para contratar empleados. Una suerte de RIGI para inversores más modestos. En lo estrictamente laboral, permite fragmentar el período de vacaciones, la instrumentación de sistemas de banco de horas y otros esquemas flexibles a través de convenios colectivos, y la definición de derechos y plazos en casos de enfermedad o accidente.suspendido por la justicia laboral y está pendiente de una definición de la Corte Suprema.Entre alguno de sus puntos más polémicos, figuran la ampliación de 8 a 12 horas de la jornada laboral; la posibilidad de pagar una parte del salario en "ticket canasta o restaurant", algo ya objetado en fallos de la Corte, y la posibilidad de que los empresarios paguen en hasta 12 cuotas indemnizaciones o multas provenientes de litigios en la justicia. El Gobierno, además, a través del secretario de Trabajo, Julio Cordero, manifestó su deseo de avanzar sobre los convenios colectivos para revisar la obligatoriedad de los aportes y el concepto de ultraactividad. La ultraactividad implica que todos los CCT tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos convenios, se mantiene el actual. También generó ruido la intención de Cordero de modificar la negociación salarial. Aspira a que se discutan paritarias por productividad y por empresa, como sucedió en los 90. El secretario de Trabajo habló de negociaciones "dinámicas", un atajo retórico al que ya había apelado Domingo Cavallo cuando el gobierno de Carlos Menem limitó por decreto [1334/1992] los aumentos y los ató a la productividad. La intención de Milei es tomar el proyecto de ley de Diez como base y añadir las sugerencias que surjan del Consejo de Mayo, donde hay un representante de los gremios (Gerardo Martínez) y otro del empresariado (Martín Rappallini). La estrategia oficial fue confirmada por Cordero. En tanto, Diez no respondió a las consulta de LA NACION. Martínez, en nombre de la CGT, ya expresó su rechazo. "La pretendida reforma laboral que impulsa el Gobierno como solución a todos los males que acumula nuestro país en materia económica no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral, decisión inconsulta y que fuera oportunamente rechazado por la CGT y judicializado con éxito por nuestra central sindical", planteó el jefe de la Uocra en una suerte de carta abierta para fijar la postura de la central obrera. Y agregó: "En las reuniones del Consejo de Mayo, la CGT, con argumentos y definiciones, expresó un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, mucho menos aquellos inspirados en el decreto 70/23â?³.Milei imagina el proyecto de Diez como un atajo para incorporar a la formalidad a cerca de 8 millones de trabajadores que están hoy en la economía informal. Lo ve como un paso necesario y previo antes de avanzar con una reforma tributaria.
Fallo Vasold: el primer precedente tras la derogación de las indemnizaciones especiales
¿Qué implica que la Justicia Nacional reconozca por primera vez un resarcimiento integral por clandestinidad laboral luego de que la Ley Bases eliminara las indemnizaciones agravadas previstas en las leyes 24.013 y 25.323? Leer más
La UE no exige que España haga fijos a los interinos, pero insiste en aumentar las indemnizaciones
El Abogado General de la Unión Europea respalda que los empleados públicos temporales tengan que opositar para ser indefinidos, aunque considera insuficientes las compensaciones económicas por abuso en los contratos
El Congreso vuelve a exigir a Renfe recuperar las indemnizaciones por retrasos del AVE de menos de una hora
Las indemnizaciones por daños en el campo superan ya en un 15 % a las del pasado año
Libertad de presos políticos e indemnizaciones: estas fueron las peticiones de los estudiantes en el 68
El pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga sintetizó las exigencias centrales de los manifestantes
Accidentes de trabajo: el Tribunal Superior de Justicia estableció que corresponde aplicar el RIPTE en las indemnizaciones
Se trata de una primera sentencia revocatoria en un caso derivado de la justicia nacional laboral tras el fallo Levinas. El RIPTE responde a la evolución promedio de los salarios.
Infancia Robada tilda de "ofensivas" las indemnizaciones que ofrece la Iglesia a las víctimas de pederastia: "Pensar que con 3.000 euros reparan el daño es irrisorio"
La asociación cuestiona que la Conferencia Episcopal reste gravedad a los casos de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico e incluso llegue a poner en duda testimonios de algunas víctimas
Unidad para las Víctimas presenta cifras récord en reparación: más de 600.000 indemnizaciones en 2025
Con una inversión de $96,545 millones, la entidad cumplió con 3.025 pagos por sentencias judiciales que buscan restituir los derechos de las víctimas, consolidando un proceso de justicia integral
Histórico fallo en Corrientes: la Justicia condena al ICAA a pagar indemnizaciones a sus trabajadores por descuentos ilegales
El Juzgado Laboral N°1 de Corrientes ordenó al Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) a devolver los salarios retenidos de manera ilegal a más de 30 empleados. Leer más
Una petroquímica despidió a 125 trabajadores el último mes y no pagó indemnizaciones
Lucas Felici, secretario Gremial del Sindicato Químico y Petroquímico de Río Tercero, denunció que producto de la apertura indiscriminada de importaciones y la recesión, ya son más de 330 los despidos en la Petroquímica Río Tercero.
"Se está engañando a muchas personas": esta es la reflexión que hace un abogado sobre las indemnizaciones por accidente
La falta de información y asesoramiento adecuado sobre los plazos para reclamar puede resultar en la pérdida irreversible de derechos laborales y de compensaciones económicas
FACUA pide sanciones para el 'spam' telefónico e indemnizaciones para los usuarios
La entidad de consumidores urge a las autoridades a reforzar la legislación contra llamadas comerciales sin consentimiento, exige compensaciones económicas para los afectados y sostiene que las acciones actuales no logran frenar este problema, según un comunicado
Mendoza: más de 900 despidos en petroleras, retrasos de pagos y recortes en indemnizaciones
Gabriel Barroso, titular del Sindicato de Petroleros Privados de Mendoza, explicó que de fondo hay una licitación opaca sobre las zonas maduras del norte de la provincia.
¿Chau indemnizaciones?: Cómo funcionan los fondos de cese laboral
Este tipo de modalidad fue pensada en el Regimen de la Construcción debido a la finitud del objeto de contratación, atento a que una obra en construcción, en algún momento se termina. Aquí explicamos la naturaleza de estos fondos y cuál puede ser su impacto. Leer más
Empresa eléctrica anunció que pagará indemnizaciones por los incendios en Los Ángeles
La compañía Southern California Edison (SCE) informó que se crearía un fondo para ofrecer indemnizaciones a aquellos que perdieron sus bienes. Leer más
Las víctimas de accidentes de tráfico cobrarán indemnizaciones más altas tras aplicarse la directiva europea sobre seguros de vehículos
Los ciudadanos con lesiones graves recibirán hasta 24 horas de rehabilitación domiciliaria y las familias de fallecidos hasta 12 meses de asistencia psicológica
Pese a las recomendaciones de la Corte, continúan los criterios discrecionales para fijar indemnizaciones
El problema está tan a la vista que mereció el año pasado dos recomendaciones de la Corte Suprema. No hubo caso y sigue sin resolverse: la Argentina no ha logrado todavía unificar un criterio para actualizar las indemnizaciones por despido en litigios que se extienden en el tiempo. ¿Por índice de precios al consumidor? ¿Por salarios? ¿Por CER? La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) tiene diez salas y seis modos distintos de cálculo. El resultado es lo más parecido a un caos, y en el peor contexto: por las demoras en las causas y la inflación de los últimos años, muchas pequeñas y medianas empresas golpeadas por la crisis se han sorprendido con sentencias que las llevan al borde del cierre o, en el mejor de los casos, a pensar siete veces la contratación del próximo empleado. Es el infierno de la pyme. Cuanto más chica, peor. Bares, colegios, peluquerías, farmacias. La Argentina tiene desde 2007 la misma cantidad de pymes. Y el número de asalariados privados registrados clavado en 6,2 millones desde 2012. El gobierno de Javier Milei tampoco pudo revertirlo. De los 58 artículos que había enviado el año pasado a la Ley Bases como reforma laboral, ya se cayeron 42 por diferentes motivos. Y lo poco que logró remover de la legislación, la figura de "agravamiento indemnizatorio", más conocida como "multa" por contratación no registrada total o parcialmente, viene siendo reemplazada por los jueces por otra más conocida, "daños y perjuicios", con el mismo efecto sobre la creación de puestos de trabajo.Es inevitable que haya quejas de los empleadores. El dueño de un jardín de infantes de Palermo, por ejemplo, está preocupado porque una maestra que se dio por despedida en abril de 2020, en plena cuarentena y con tres años de antigüedad, no acepta arreglar por la vía extrajudicial. Le ofrece 5 millones de pesos más 20% para el abogado y 7% para los peritos. Pero es imposible acercarse en la negociación: el cálculo de la sentencia da 22 millones, y ella y su abogada lo saben. Lo resolverá el juez. La letrada lo dio a entender días atrás, cuando rechazó la última oferta con un mensaje de WhatsApp y elegante ironía: "No hay posibilidad de conciliación. Gracias igual! Seguimos en la instancia judicial, que ya queda menos. Saludos!", contestó.La raíz del problema es múltiple: tiempo, inflación, modo de calcular, contribuciones que suben un 50% el costo de una contratación y multas por incumplimiento laboral que sancionan desde diferencias en la categoría declarada hasta ausencia de aportes patronales o previsionales. Lo más complicado empezó en septiembre de 2022, durante la administración de Alberto Fernández, cuando la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió el acta 2764, que permitía aplicar un sistema de actualización con intereses todos los años, algo que en la jerga se conoce como "anatocismo" y que el Código Civil original, el de Vélez Sársfield, prohíbe. Una metodología que lleva a montos astronómicos. Cámaras y entidades empresariales hicieron en ese momento reclamos a la Corte, que se tomó varios meses y decidió intervenir después del cambio de gobierno: en febrero de 2024, con Milei recién asumido, anuló el fallo Oliva, que obligaba a pagarle a un trabajador de la constructora Coma casi 8000% de intereses. El argumento fue que el monto "excedía cualquier parámetro razonable".La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo pareció entonces tomar nota del asunto. Se reunió al mes siguiente para buscar una solución mediante el instrumento previsto para estas ocasiones, un plenario de los 30 jueces, y emitió otra acta, la 2783, que aplicaba una nueva fórmula para indexar: CER + 6% anual. Tampoco sirvió de nada. La cuenta era bastante similar a la anterior y eso llevó a la Corte a involucrarse por segunda vez: anuló en agosto pasado el fallo Lacuadra, mediante el que se le ordenaba pagarle a un empleado de DirecTV echado en 2013 intereses por casi 20.000%. El argumento fue idéntico al del caso Oliva: la sentencia era "arbitraria" y contraria al Código Civil. Desde entonces, cada sala aplica su criterio y eso ahonda la incertidumbre y los problemas. IPC + 3%; IPC + 6%; Ripte (salarios) + IPC; IPC solo; CER solo, y hasta un plus que apareció en fallos recientes. ¿Quién podría convencer ahora, por ejemplo, a Quesos Trelau, fábrica familiar de 80 empleados y más de 30 años, de ampliar su plantilla de personal? Tuvo embargada su principal cuenta bancaria durante tres meses por el reclamo de un encargado de local al que le detectaron en septiembre de 2019, según la causa, un faltante de 2043 kilos de quesos y varios de fiambre, perjuicio equivalente a unos 16.000 dólares a valores de entonces. ¿Negligencia? ¿Hurto? Cuando lo convocaron para consultarlo, él admitió las diferencias en el volumen y la facturación, pero pidió que se lo descontaran de los sucesivos sueldos. Ganaba 50.000 pesos por mes y tenía 8 años de antigüedad. La empresa decidió entonces echarlo y el trabajador fue a la Justicia, que le rechazó en primera instancia los años de antigüedad y le concedió como resarcimiento un monto acotado, 590.000 pesos. Eran algo así como 9800 dólares a la cotización de entonces. Ese cálculo inicial incluía multas porque, pese a que Quesos Trelau lo niega en el expediente, según declararon el empleado y un testigo, una parte de la remuneración estaba en negro.Pero el trabajador insistió en segunda instancia y consiguió bastante más. Ahí, por fallo dividido, la sala II de la Cámara de Apelaciones interpretó que la admisión del faltante no necesariamente implicaba que él hubiera "sustraído dinero o mercadería de la empresa para su beneficio personal" y que el desvío podía obedecer a "meros errores". Ordenó entonces que le pagaran una indemnización mayor: exactamente $1,7 millones. Unos 28.283 dólares de entonces. Esa suma incluye todo: antigüedad, ausencia de preaviso, aguinaldo, vacaciones proporcionales, multas por contratación no registrada y daño moral en "reparación del agravio padecido en el buen nombre y honor" del trabajador. Hasta ahí, la causa en sí misma. Nada demasiado novedoso. Pero el gran sobresalto para la empresa vino con la actualización, que se hizo con la fórmula inflación + 3% anual, más las costas y los honorarios, y quedó en $95,2 millones de pesos. Unos 73.460,6 dólares. Es decir, en el transcurso de esos cinco años y medio, y mientras el Indec registró una inflación de 3390,5%, el fuero laboral aplicó un interés muy superior: 5506% en pesos y 160% en dólares.Es la razón que lleva a las empresas a intentar evitar el juicio, incluso asumiendo pagos elevados. La bodega Norton, por ejemplo, acaba de llegar en junio a un arreglo por 400 millones de pesos con un vendedor que, con 16 años de antigüedad, se dio por despedido por un cambio en el cobro de comisiones. De esa suma, 80 millones más IVA deben ir para el abogado. ¿Qué empujó a la bodega a aceptar? La certeza de que la sentencia, indexada por IPC + 3% por año + un plus excepcional que determinó el juez, daba un monto mayor: 595 millones de pesos.Muchos abogados laboralistas defienden el sistema. Dicen que nada de esto ocurriría si las empresas no tuvieran incumplimientos. Mariano Recalde, senador nacional, abogado e integrante de una familia emblemática del fuero, negó el año pasado a LA NACION que hubiera un negocio montado sobre el paso del tiempo. "Al contrario, nadie quiere que el juicio se prolongue -dijo-. Para el abogado son muchos años de trabajo gratis y el trabajador tiene necesidades". No es lo que piensan quienes, al otro lado del litigio, patrocinan a empresas. Guillermo Lipera, por ejemplo, coincide con Horacio Lynch, fundador del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), que propuso el año pasado que el fuero laboral se fusionara con el comercial. "No dejan de ser contratos entre personas -dice-. Con el fuero laboral han inventado una especialidad: ahí los empleadores se sienten visitantes y con la cancha inclinada". Una vez dictada la sentencia, la empresa debe cumplir con rapidez o someterse a sanciones. Germán Tuma, dueño de Roliria, farmacia que fundó su abuelo hace más de 70 años y tiene dos sucursales en Paraná, acaba de ofrecerle, sin éxito, su propio Chevrolet Cruze o un terreno de 300 metros cuadrados bien ubicado a una exempleada que atendió el mostrador por 14 años. La sentencia, que contempla que ella ganaba una parte en negro, genera un interés diario de 80.000 pesos y está cerca de los 70 millones. Tuma paga además una cuota de 2,4 millones por mes por un crédito que sacó el año pasado para cumplir con una sentencia similar desfavorable y del mismo juez después del reclamo de un cadete. Está preocupado porque termina el frío y, dice, la temporada alta de venta de medicamentos se acaba. Aunque la metáfora dé para pensar lo contrario: que toda pyme vive hace tiempo un invierno interminable.
Una reforma para evitar indemnizaciones abusivas
La propuesta de reforma elaborada por el Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica no quita ningún derecho a los trabajadores, pero elimina el incentivo al uso oportunista de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. Leer más
El Gobierno reglamentó otra de las alternativas a las indemnizaciones
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) aprobó los lineamientos para las condiciones contractuales y la nota técnica de los "seguros de cese laboral", a través de la Resolución Sintetizada 347/2025, publicada en el Boletín Oficial. De esta forma, las empresas y sus empleados podrán acordar el reemplazo del régimen de indemnización laboral por antigüedad por un seguro, con las aseguradoras habilitadas por la SSN.La novedad estaba contemplada en el capítulo laboral de la Ley de Bases, reglamentada en septiembre del año pasado mediante el decreto 847. Hasta la aprobación del nuevo esquema, la normativa preveía únicamente que las empresas paguen un sueldo mensual por cada año trabajado o fracción mayor de tres meses, según el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.Se define un aumento salarial para el personal domésticoIrene Capusselli, presidenta de Aseguradoras de Vida y Retiro de Argentina (Avira), dijo que el Seguro de Fondo de Cese Laboral abre un nuevo escenario para el mercado asegurador y se constituye en un importante instrumento para promover el ahorro y motorizar el desarrollo productivo."El Seguro de Fondo de Cese Laboral se constituye así en un nuevo mecanismo, de adhesión voluntaria, que reemplaza la actual indemnización por antigüedad al fin de la relación contractual de trabajo, facilitando su resolución de manera sencilla, precisa y clara para las partes, al disponibilizar los fondos para efectuar el pago. Busca, además, incentivar la formalización del empleo y modernizar las relaciones del trabajo con un régimen alternativo, aceptado en Convenciones Colectivas y de adhesión voluntaria", agregó.Por su parte, Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Autónoma, explicó que esta es la reglamentación que faltaba para que todas las opciones previstas en la Ley de Bases estén a disposición de las partes signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo (sindicatos y cámaras patronales), en caso de que quieran optar por implementar un fondo de cese en reemplazo de la indemnización por despido prevista en la Ley de Contrato de Trabajo."Básicamente, hay tres opciones: cancelación individual (que no requiere de mayor reglamentación), fondos comunes de inversión y/o fondos fiduciarios (cuya reglamentación ya había dictado la Comisión Nacional de Valores), y seguros. Esta tercera opción es la que faltaba reglamentar y a la que refiere la resolución de hoy de la Superintendencia de Seguros", recordó.Más allá de eso, dijo que en líneas generales la resolución no establece ninguna precisión, ya que todo va a depender de lo que se negocie en el convenio colectivo respectivo."Esta resolución no hace más que terminar de preparar el terreno institucional para que los CCT tengan la posibilidad de incluir fondos de cese, pero nada indica que ello efectivamente vaya a ser así. Va a depender de cada negociación y de cada actividad. Por ahora no hay ninguna que haya avanzado en ese sentido, pero lo cierto es que recién ahora se están terminando de dictar las normas necesarias para que ello suceda. Yo no creo que ningún sindicato grande vaya a negociarlo en el corto plazo, pero a partir de octubre todo puede cambiar", opinó.Mediante un Convenio Colectivo de Trabajo se podrá implementar el Sistema de Cese Laboral mediante un seguro con las aseguradoras habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.Según Avira, el empleador, a través de aportes periódicos destinados a cuentas especiales a nombre de cada empleado participante, constituirá en la compañía de seguros de vida o de retiro un saldo que se utilizará como indemnización en caso de despido. También el empleado podrá ahorrar de forma voluntaria en una cuenta individual, de la que tendrá libre disponibilidad.Existirá una cartera de inversiones habilitada para que la aseguradora coloque esos fondos a fin de aumentar su rendimiento. El fondo es inembargable. Mientras que la cuenta individual será de libre acceso para el empleado, lo depositado en la cuenta especial solo podrá retirarse en caso de desvinculación por alguna de las causales explicitadas en la póliza, y de acuerdo con lo estipulado en el CCT y en el porcentaje correspondiente.
Seguro Agrícola entrega más de S/ 46 millones en indemnizaciones a productores que han perdido sus cultivos
Ayacucho destaca entre los departamentos con una de las mayores áreas compensadas, habiendo recibido asistencia para un total de 11.400 hectáreas cultivadas, principalmente con papa, maíz amiláceo y quinua
Fondo de Cese Laboral: cómo funciona el sistema del Gobierno para terminar con las indemnizaciones
El abogado laboralista Gustavo Ciampa, asesor de la comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados, explicó por la 750 en qué consiste el plan del Poder Ejecutivo y por qué es perjudicial tanto para trabajadores como empleadores.
Indemnizaciones laborales: el Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido
La Comisión Nacional de Valores publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 1071/2025. La entidad será la que regule los Fondos Comunes de Inversión de Cese Laboral.
Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Gobierno habilitó el uso de fondos de inversión para el pago de las indemnizaciones laborales
La norma, publicada en el Boletín Oficial, es un nuevo paso a la reforma laboral que busca el oficialismo.Todas las novedades del Gobierno, en una cobertura minuto a minuto.
Condenaron a dos empresas eléctricas por fallas en el suministro: de cuánto serán las indemnizaciones para los afectados
Las sentencias son contra Edesur y Edenor por casos del partido de Quilmes y el barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. Los jueces descartaron que la "situación tarifaria" o las "políticas de gobierno" eximan de responsabilidad a las compañías
Buque Escuela Cuauhtémoc: aseguran embarcación por 24 millones de dólares y cubrirán indemnizaciones tras accidente
La Semar aseguró sustentar las reparaciones y compensaciones a los familiares de las dos víctimas involucradas
Facua recuerda que los usuarios tienen derecho a indemnizaciones por la caída telefónica
Facua advierte que los usuarios pueden solicitar compensaciones por interrupciones en telefonía e internet, basadas en la duración del fallo y reguladas por el Real Decreto 899/2009
El Gobierno avanza con el reemplazo de las indemnizaciones por el fondo de cese laboral
Se conformaría con un aporte del 8% sobre los salarios.La Comisión Nacional de Valores llamó a consulta pública para implementar fondos comunes de inversión y fideicomisos con este fin.
Los frentes judiciales de Alvise Pérez: indemnizaciones a políticos, bulos en redes y la financiación de su partido
El eurodiputado tiene actualmente tres causas abiertas en su contra
El Gobierno espera abordar con León XIV las indemnizaciones por abusos sexuales en la Iglesia
El Supremo cuestiona en Europa las indemnizaciones en España por atropellos intencionados
Desestiman una denuncia que buscaba anular indemnizaciones a herederos de víctimas del terrorismo de Estado
El juez federal Daniel Rafecas cerró una causa impulsada en 2019 donde se cuestionaban las indemnizaciones pagadas en el caso del intento de copamiento de un regimiento militar de Formosa, en 1975. El fallo debilita uno de los ejes discursivos del gobierno de Javier Milei, según se evaluó en la mesa del programa "Desde el canil" Leer más
El terreno agrario dañado cayó un 13 % hasta marzo, pero con más indemnizaciones
Avanza el juicio contra los estafadores que simulaban ser víctimas de la dictadura para cobrar indemnizaciones
La fiscal federal Paloma Ochoa le solicitó a la jueza María Eugenia Capuchetti elevar a juicio oral la causa en la que investigó a un grupo de personas que, simulando ser víctimas del terrorismo de Estado, diseñaron un esquema para engañar a damnificados reales y cobrar los beneficios contemplados en las leyes de reparación.Lo hicieron a través de un estudio jurídico trucho, dirigido por el organizador de la maniobra, Matías Ezequiel López -quien falseaba la firma de un reconocido abogado, además de hacerse pasar él mismo por uno-; y a través de "H.I.J.O.S Paraguay", una asociación civil de su invención, a partir de la cual los miembros de la banda buscaban vincularse con las verdaderas víctimas y producir elementos que pudieran incorporar a los expedientes. Según la fiscal, esa plataforma, de la que también participaron Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Omar Ramón Enrique García, les sirvió para construir y formular denuncias falsas y presentarse en distintos expedientes judiciales con documentos y testimonios también truchos.En total, se les imputa haber participado en más 90 hechos que comenzaron a sucederse desde 2013. López, que llegó a adoptar al menos tres identidades falsas -una de las cuales logro inscribir en el registro- también se hizo pasar por víctima de la tragedia de Once, al sostener que su pareja había fallecido en el accidente ferroviario para recibir un beneficio económico que no alcanzó a cobrar. A López, en particular, la fiscal lo acusa del delito de asociación ilícita, en calidad de organizador; de falso testimonio; de uso falso de documentos públicos; de falsedad ideológica y de estafa procesal, entre otros delitos. López ya está detenido en el marco de otra causa que tramita en la justicia ordinaria, donde se lo juzgará por abuso sexual con acceso carnal. "La operatoria llevada a cabo por López, Gaete y Garrido Piris consistía, por un lado, en hacerse pasar por víctimas del terrorismo de Estado y solicitar en nombre propio y/o por sus supuestos familiares, los beneficios contemplados en las leyes de reparación, pretendiendo así defraudar a la administración pública", describe el dictamen. "Esta organización criminal se contactó con gran cantidad de víctimas de la última dictadura cívico militar y sus familias, a quienes les hicieron creer que también eran familiares de víctimas y militantes de 'Hijos Paraguay' y, tras ganarse su confianza, les brindaban información falsa relativa a sus casos y a los derechos que les otorgaban las leyes [...]", continúa. Con legajos, informes y testimonios falsos, López consiguió engañar a un juzgado en 2014 y cambiar tanto su fecha de nacimiento como su identidad. De Matías Ezequiel López pasó a llamarse Adrián Martínez Moreira. En septiembre del año pasado, con esta investigación en curso, el juzgado volvió sobres sus pasos y declaró la nulidad de aquella resolución. En dos hechos puntuales de la maniobra también habría formado parte Susan Claudia Feldman, acusada por el delito de falsa denuncia. El abogado Enrique García, otro de los implicados en la maniobra desde 2016, falleció el mes pasado mientras cumplía prisión preventiva. Todo ellos, según la acusación, integraron una "organización criminal destinada a cometer delitos indeterminados, cuya principal finalidad estaba orientada a defraudar a la administración pública a través del cobro ilegal de indemnizaciones".
A casi 30 años de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, empezaron a pagarse las indemnizaciones
CÓRDOBA.- A seis meses de que se cumplan 30 años de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, que dejó siete muertos y 300 heridos, el gobierno de Javier Milei acató la orden judicial y empezó a pagar las indemnizaciones. Los damnificados son unos 8000 por daño moral y emergente. El pago se hace en bonos; la indemnización reclamada es de $8 millones para cada uno. Mario Ponce, abogado representante de la mayoría de los damnificados, explicó a LA NACION que hasta ahora llegaron una docena de notificaciones de pago. "Es un buen indicio de que van a cumplir con la decisión de la Justicia Federal de la audiencia de octubre pasado, cuando los representantes de Nación se comprometieron a cancelar el pago durante este año", dijo.El trámite completo para cobrar implica que los damnificados renuncien a cualquier reclamo posterior. Una vez que completan ese paso y ratifican el poder a Ponce, se llena el formulario de pago para que autorice el desembolso Economía. De esas planillas ya llegaron alrededor de mil, según indicó el abogado.Las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández prometieron cumplir con los pagos, pero ninguna lo hizo pese a las definiciones judiciales en ese sentido. Durante la presidencia de Fernández, indicó Ponce, hubo una propuesta -que fue rechazada- de cerrar por $200.000.El gobierno nacional venía afrontando multas decididas por Justicia Federal de Río Cuarto en abril del 2022, eran $400.000 diarios por no cumplir con el pago de indemnizaciones. La sanción correspondió a 400 casos y se fijó en $1000 por cada uno. El Estado apeló oportunamente, pero se confirmaron.El pago de las indemnizaciones está contemplado en la ley 27.179 sancionada por el Congreso en 2015, que recién fue reglamentada tres años después. La Justicia determinó que el hecho fue intencional para encubrir un faltante de armas para venderlas a Ecuador y Croacia, durante el gobierno de Carlos Menem (el juicio al expresidente estaba previsto para días después de su muerte). Las condenas cayeron sobre mandos mediosEl 18 de diciembre del 2023 en el Boletín Oficial se publicó el decreto 56/2023 en donde se permite que el Banco Central emita hasta $3 billones más otros $4000 millones para hacer frente a "compromisos financieros inmediatos" y asegurar pagos, en un "esfuerzo" por garantizar la estabilidad financiera.Entre los "compromisos" que menciona el decreto aparecen los establecidos por la ley nacional 27.139 de 2015, que señala el derecho a percibir una indemnización a aquellos que a esa fecha ya tenían reclamo judicial en marcha. Para cobrarlas, se debe desistir de toda acción judicial. El pago "se hará mediante la entrega de bonos de consolidación o bonos de consolidación de deudas previsionales", agrega la resolución.
Principio de acuerdo en Naturitas con indemnizaciones de cuarenta días por año trabajado
Terminó reunión de transportistas en el Congreso: indemnizaciones, creación de unidad especial y otros acuerdos anunciados
Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, y otros agremiados calificaron de "fructífero" el encuentro en el Parlamento. Adelantaron que se instalará una mesa de diálogo con todos los poderes del Estado este lunes 14 a fin de debatir mayores medidas
Las indemnizaciones por accidentes de tráfico suben un 2,8 % en 2025
Valencia asegura que Consorcio anticipa por primera vez 50 % de indemnizaciones por dana
El Consorcio de Seguros ha transferido 240 millones de euros a los afectados por la dana en Valencia, implementando un anticipo del 50 % en las indemnizaciones para facilitar la asistencia económica inmediata
Delegada del Gobierno: Consorcio anticipa por primera vez 50 % de indemnizaciones por dana
El Consorcio de Seguros ha transferido 240 millones de euros a afectados por la dana, implementando por primera vez un anticipo del 50 % de la indemnización para ciudadanos
Álvarez (UGT) urge a adelantar las indemnizaciones de la dana: "Este país es muy lento"
Pepe Álvarez demanda al Estado la necesidad de acelerar las ayudas para los afectados por la dana en Valencia, destacando la pérdida total sufrida por muchos trabajadores en la catástrofe
Mazón urge al Consorcio de Seguros a "agilizar peritajes y abonar las indemnizaciones por coches, viviendas y comercios"
Mazón solicita al Consorcio de Seguros que reduzca la burocracia para el pago de indemnizaciones a víctimas de las inundaciones, destacando las ayudas directas de la Generalitat a afectados
El Consorcio ha pagado ya casi 158 millones en indemnizaciones a afectados por la dana
El CCS ha recibido 223.392 solicitudes de indemnización y ha aprobado pagos por 12,2 millones en ayudas directas, mientras se tramitan más de 208.000 casos tras las inundaciones en Valencia
Dos hosteleros echan a tres camareras porque "suben los precios de las materias primas" y la Justicia los declara improcedentes: indemnizaciones de hasta el salario de un año
Los dos socios justificaron el despido de las empleadas por el "aumento del coste de los suministros" y "la reducción de la clientela"
ERC niega que el Govern escondiera un informe de indemnizaciones para frenar el Hard Rock
Gobierno no gastará ni un sol en pago de indemnizaciones a sentenciados por terrorismo
Dina Boluarte aseguró en una ceremonia oficial que ninguna persona condenada por terrorismo recibirá compensaciones económicas del presupuesto público, destacando que los recursos del Estado pertenecen a todos los peruanos y no a quienes atentaron contra la democracia
La Casa Blanca ofrecerá indemnizaciones a los empleados federales que renuncien antes del 6 de febrero
La Oficina de Administración de Personal indicó que los trabajadores que se desvinculen deberán "ser reasignados o eliminados rápidamente de sus funciones" y colocados en licencia administrativa paga hasta finales de septiembre
Exfuncionarios del SAE cobrarían indemnizaciones y terminarían en cargos clave del Ministerio de Educación, esto se sabe
Pagos de más de 400 millones de pesos, despidos cuestionados y movimientos laborales que generan críticas. Conozca el trasfondo de una controversia creciente sobre el uso de recursos
Victoria Villarruel pidió indemnizaciones para las familias de los 13 militares muertos en el copamiento de La Tablada
El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, también rindió homenaje y remarcó que en el Gobierno de Javier Milei "la historia se cuenta completa". Leer más