impuesto

Impuesto predial, ICA y de vehículos: cuánto ha recaudado el distrito antes de las fechas límite de pago

En el caso de generar el pago de la vigencia correspondiente en línea, los propietarios podrán efectuarlo por 'Descarga/Paga'; sin embargo, los contribuyentes también podrán pagar de manera presencial en ventanilla

Impuesto a los autos de lujo: cómo va a impactar en el precio de los 0 km la actualización de mayo

El aumento promedio del 4,7% en marzo para los autos cero kilómetro resultó menor al proyectado. Con un acumulado del 27,6% entre enero y marzo, el nuevo precio máximo para no pagar el impuesto interno estará cerca de los 37,5 millones de pesos. Con bajas ventas, pocas marcas aprovecharán la posibilidad de aumentar los valores

Diputados debaten impuesto a las Ganancias y el resto del paquete fiscal del Gobierno

En un encuentro de la Comisión de Presupuesto, diputados iniciaron el debate de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes del Gobierno.

Pago de impuesto predial en Bogotá: 13.193 inmuebles no tienen aún su recibo

La Secretaría de Hacienda informó que a falta de ocho días para vencerse el plazo de descuento del 10% por pago oportuno, los predios afectados tendrán dos formas para poder realizar el pago de su obligación

Impuesto de Sucesiones en Castilla-La Mancha: qué herederos tienen bonificaciones y no tienen que pagarlo

Cada Comunidad Autónoma tiene una serie de cuotas y reducciones que hay que conocer a la hora de afrontar una herencia

Bankinter gana casi 201 millones hasta marzo, un 8,7 % más, pese al impuesto a la banca

La oposición dialoguista cierra filas para reclamar modificaciones a la ley de Bases y en el impuesto a las Ganancias

Tras mantener reuniones por separado con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior Guillermo Francos en la Casa Rosada, los cuatro bloques de diputados dialoguistas -incluido Pro, el aliado más cercano del Gobierno- decidieron ayer cerrar filas para ganar impulso en el planteo de modificaciones a la versión acotada de la Ley de Bases que promueve el Gobierno. Reclamarán, por caso, que se incorpore en la iniciativa la reforma laboral, la reintroducción de los artículos que garanticen el pago equitativo de impuestos al sector tabacalero, un esquema alternativo a la derogación de las moratorias previsionales, entre otros puntos.Asimismo, los bloques de Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal reclamarán que la actualización del piso mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, como así también de las respectivas escalas, sea trimestral y no anual, tal como propone el Gobierno. Legisladores patagónicos plantearán, por su parte, sus objeciones al monto mínimo a partir del cual se gravarán los salarios con el impuesto ($1.8 millones para los solteros y 2,2 millones para los casados) por considerar que un amplio abanico de trabajadores asalariados de aquella región quedarían comprendidos por el tributo.La reversión del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría está incluida en el paquete fiscal que el Poder Ejecutivo envió hoy por la tarde a la Cámara de Diputados y será uno de los puntos salientes en la discusión que arrancará mañana en la Comisión de Presupuesto.La versión acotada de la Ley de Bases, en cambio, todavía no tiene fecha de discusión en la Cámara de Diputados. La intención del oficialismo es tomar como base el dictamen que tuvo aprobación en enero pasado, cuando se discutió el texto original -que luego naufragó en el recinto-, e incorporarle las modificaciones acordadas con la oposición dialoguista durante las rondas de negociación que se desarrollaron en la Casa Rosada. Estos bloques, si bien anticiparon que votarán en general la iniciativa, advierten que todavía persisten artículos sobre los que no están de acuerdo y reclamarán cambios.Esos puntos son los siguientes:Fondos fiduciarios. Este fue uno de los temas que hizo naufragar la versión original de la Ley de Bases. La nueva versión faculta al Poder Ejecutivo a modificar o cancelar los fondos fiduciarios y que los recursos que los nutren -provenientes de asignaciones específicas de impuestos coparticipables- vayan al Tesoro. La oposición sostiene que los recursos de los fondos fiduciarios, si éstos son eliminados por el Gobierno, deben ir a la masa de coparticipación, no al Tesoro.Disolución e intervención de organismos públicos. A instancias de la oposición, el Gobierno excluyó en la iniciativa a varios organismos pasibles de ser disueltos o intervenidos por el Poder Ejecutivo a partir de las facultades delegadas en la iniciativa. Los opositores propondrán ampliar esta lista e incluir al Instituto Malbrán; el Banco Nacional de Datos Genéticos; la Anmat; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae); el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai); el Servicio Meteorológico Nacional; el Senasa y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).Privatizaciones. La privatización del Banco Nación y sus seis empresas anexas, promovida por el Gobierno, genera posiciones contrapuestas entre los bloques: algunos están a favor, otros en contra. Propondrán al Gobierno separar, en un artículo aparte, a esta entidad bancaria del resto de las empresas públicas a ser eventualmente privatizadas. Asimismo, sugerirán que en el caso de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) emita un informe crítico sobre la privatización de una determinada empresa, el proceso se frene durante 45 días para permitir que el Congreso tome cartas en el asunto.Desregulación de la economía. No aceptarán el artículo 70 de la iniciativa por considerar que es demasiado concesivo. Allí se faculta al Ejecutivo a disponer la derogación o modificación de leyes que, de forma manifiesta, generen distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente.Incorporación de la reforma laboral. Fue presentada por la UCR el jueves pasado. Si bien los bloques no tienen una posición unívoca sobre esta iniciativa -que, entre otras cosas, propone eliminar las llamadas "cuotas sindicales"-, sí están de acuerdo en que debería ser incorporada en la nueva versión de la Ley de Bases.Moratoria previsional. El Gobierno propone derogar este régimen, pero los opositores plantearán que se incorpore un esquema alternativo que permita que aquellos individuos en condiciones de jubilarse que no cumplieron con los 30 años de aportes que exige la ley puedan recibir una prestación proporcional.Tabaco. El Gobierno eliminó del proyecto el capítulo para que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos, resistido por las empresas grandes del rubro como Tabacalera Sarandí. Los opositores insistirán en que este capítulo sea reincorporado.Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Solo admite proyectos que involucren un monto de inversión igual o superior a u$s200 millones. A ellos se les ofrece un amplio menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios: una alícuota única del Impuesto a las Ganancias del 25%; la actualización de quebrantos por IPC en Ganancias; tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y dividendos; la contabilización del 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos como pago a cuenta de Ganancias y la posibilidad de pagar el IVA a proveedores y a la AFIP con certificados de créditos fiscales. Los opositores insistirán en que las PyME puedan participar de este régimen de incentivos (con la consiguiente baja en el monto para ingresar) o bien que los beneficios fiscales no sean tan "generosos" para las grandes empresas en condiciones de participar.Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El Gobierno tiene la intención de consolidar las tenencias de los títulos de deuda pública en poder de las entidades del Sector Público Nacional (SPN), entre ellos los $26.000 millones en títulos que están en manos del FGS. Los opositores quieren condicionar la aprobación de este artículo a que, previamente, el Gobierno garantice que la Anses se afrontará la deuda con las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación, como también el pago aún pendiente de las sentencias jubilatorias.Respecto del paquete de leyes fiscales, los opositores acordaron analizar cada una de las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo tras escuchar a los funcionarios de Economía que asistirán mañana a la Comisión de Presupuesto, comandada por el oficialista José Luis Espert. Además de las objeciones sobre el impuesto a las Ganancias miran con recelo el nuevo régimen que se propone para el pago del impuesto a los bienes personales, por considerarlo demasiado concesivo para las grandes empresas y contribuyentes.Este régimen le permite al contribuyente adherido adelantar el pago del impuesto este año a tasa reducida por los períodos fiscales 2023-2027 por los bienes registrados hasta el último día de 2023. El pago inicial no podrá ser inferior al 75% del total, con tasas que van del 0,5% al 0,75% (en la actualidad es del 2,25%). Los contribuyentes que opten por este régimen gozarán de estabilidad fiscal por 14 años, hasta 2038: los opositores cuestionan que el gobierno de Javier Milei establezca condiciones tributarias que excedan su mandato.

Se acerca la fecha límite para pagar el impuesto vehicular con el 10% de descuento en Bogotá

Le mostramos hasta cuándo aplica el descuento, cómo descargar la factura y dónde puede realizar el pago

El Gobierno envió al Congreso el proyecto con medidas fiscales: impuesto las ganancias, blanqueo y bienes personales

Con la garantía de tener los votos para avanzar en Diputados, el Gobierno envió hoy al Congreso la iniciativa "Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes". Tiene 102 artículos. La ley fiscal, que contiene, entre otros puntos, un amplio blanqueo de capitales y la propuesta de restituir la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, con un mínimo no imponible en $1,8 millones para los solteros y en $2,2 millones para los casados con hijos. Si prospera esta medida, casi un millón de asalariados volverán a pagar el tributo. Además, la iniciativa prevé modificaciones en el impuesto a los Bienes Personales. La ley fiscal, para la que el Gobierno enhebró acuerdo con diferentes mandatarios provinciales, contiene seis capítulos bien definidos: Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social; Régimen de Regularización de Activos; impuesto sobre los Bienes Personales; impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas; impuesto a las ganancias; Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, y Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. Noticia en desarrolloEl proyecto completo

¿Cuánto pagará AMLO de Impuesto Sobre la Renta (ISR) este año?

El presidente percibe uno de los sueldos mensuales más altos dentro del gobierno federal, al que se suman diversas prestaciones y compensaciones

Ortega Smith (Vox) denuncia que estas "no son unas elecciones libres" y que ETA "ha impuesto la ley del silencio"

El ranking de los municipios del conurbano bonaerense que cobran más caro las naftas por la aplicación de un impuesto

Frente al ajuste del Gobierno, varios distritos aplicaron un ajuste en las tasas municipales para mejorar la recaudación

Cambios en la Retención en la Fuente y el impuesto de renta de personas naturales, implementó el Gobierno: así impactarán a los colombianos

Las modificaciones del Gobierno implementan una nueva deducción por dependientes, menos beneficios por aportes tributarios y tarifa de retención para rentas de trabajo no derivadas de una relación laboral

Cuerpo dice que los tipos influirán en el diseño del impuesto a la banca "si se mantiene"

Impuesto PAÍS: ¿la principal traba para levantar el cepo?

El presidente Javier Milei afirmó que las condiciones para levantar el cepo podrían estar dadas para el segundo semestre del año. El exministro Domingo Cavallo, padre de la convertibilidad, reapareció para contradecirlo y afirmar que las condiciones no estarían dadas al menos hasta fin de año. Distintos economistas explican que todo depende de las condiciones y la forma en la que se daría este levantamiento. También advierten que el impuesto PAÍS podría convertirse en una traba, o al menos en un problema fiscal para el Gobierno. Leer más

Nuevo impuesto a las Ganancias: piso, cuánto se paga por salario y qué pasa con el monotributo

El borrador, que será pronto presentado al Congreso, tiene la intención de establecer nuevas pautas para la tributación de los trabajadores.

Damián Di Pace: "Un autónomo que esté casado con 2 hijos va a pagar impuesto a las ganancias siendo pobre"

Según explicó el economista, los autónomos tendrán nuevas escalas, las cuales se interponen con lo que necesita una familia tipo para no ser pobre en la ciudad de Buenos Aires. Leer más

Impuesto a las ganancias: "En este paquete fiscal ganan todos"

"El paquete es un conjunto, genera más recaudación, es coparticipable, con lo cual, no trae el problema político que está teniendo", destacó el tributarista, Guillermo Pérez. Leer más

Santiago Taboada propone reducir el Impuesto Sobre Nómina a empresas con menos de dos años de antigüedad

El candidato por la jefatura de Gobierno participó en un evento de la Coparmex

El Frente Renovador advirtió que con el nuevo proyecto de Ganancias volverán a pagar el impuesto más de 1,1 millones de personas

El partido aseguró que sólo en Buenos Aires quedarán alcanzados más de medio millón de trabajadores. Cuál es su justificación

Aporte voluntario del impuesto predial será destinado a la seguridad de Bogotá

La Secretaría de Hacienda anunció que el 10% del aporte voluntario en el pago de impuestos será invertido en el plan 'Bogotá camina segura'

Impuesto a las Ganancias: cuánto se pagaría por el impuesto según el salario y la situación familiar

Un asalariado con una remuneración bruta de $3.000.000 que no tenga deducciones ni por cónyuge ni por hijos, ni tampoco por gastos como alquiler o servicio doméstico, pagaría un impuesto mensual de $222.830, si se aprueba el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Si se trata de alguien con ese mismo sueldo, pero que declara deducciones por cónyuge y por dos hijos menores de 18 años, entonces el monto sería de $107.084 mensuales. Así, el tributo equivaldría al 7,4% del sueldo bruto en el primer caso y al 3,6% en el segundo.Con un salario bruto de $5.000.000, el descuento mensual por Ganancias sería de $879.009, mientras que si un empleado con ese ingreso aplica deducciones por cónyuge dos hijos menores de 18 años, el impuesto sería de $698.750. En esos supuestos, el impuesto representaría el 17,6% y el 14%, respectivamente, de la remuneración bruta.Los ejemplos fueron aportados a LA NACION desde el Gobierno y los números fueron chequeados con otras dos fuentes. Según cálculos publicados por la cuenta de la red social X Blog del Contador, del contador Marcos Felice, con el impuesto cedular que rige actualmente (y que tiene una base salarial para tributar de $2.340.000), el empleado del primer ejemplo (un salario de $3.000.000) paga $272.220 mensuales, independientemente de si tiene o no cargas de familia (en el esquema vigente la situación frente al impuesto no varía según la persona tenga o no familiares a su cargo). Es decir, con el esquema propuesto se pagaría menos, al menos en esa comparación, para la que se toma en cuenta la situación de este mes.Esta conclusión es válida, al hacerse la comparación con el sistema actual, para todos los casos de quienes están tributando actualmente (en el cuadro elaborado por Felice hay casos de salarios de, por ejemplo, $3.500.000, $4.000.000 y $4.500.000). Esto ocurriría porque con el proyecto más personas quedarían alcanzadas por la carga, pero con niveles de imposición más moderados.De todas maneras, hay que tener en cuenta que la ley vigente prevé una actualización a mitad de año, y con efecto retroactivo a enero, de las variables que definen quiénes y cuánto pagan. El piso para tributar (el llamado mínimo no imponible) equivale al salario mínimo, vital y móvil (SMVM) multiplicado por 15. Y en julio próximo, según lo establecido, debería considerarse el valor del SMVM que esté vigente ese mes y recalcularse el impuesto del primer semestre del año según los nuevos parámetros (con lo cual, los importes del impuesto terminarían siendo inferiores salvo, claro está, que el salario mínimo quede congelado).En la propuesta del Gobierno, la actualización de las deducciones que definen quiénes tributan (es decir, que determinan el denominado mínimo no imponible), y también el reajuste de los valores de la tabla de alícuotas, se harían una vez al año, siguiendo el índice de inflación interanual a octubre. El texto prevé, de todas maneras, la delegación de facultades para que, durante este año, el Poder Ejecutivo pueda modificar los importes. Es decir, si antes de enero de 2025 habría alguna actualización, es algo que dependería de una decisión del Gobierno.Si se aprueba el proyecto del Gobierno tal como está, los asalariados pagarán el impuesto a las ganancias a partir de una remuneración bruta mensual de $1.800.000 (en términos netos, es un salario de $1.494.000) si no aplican deducciones por cónyuge ni por hijos, ni tampoco por determinados gastos que podrán descontarse del ingreso a los fines del cálculo del tributo. Esa cifra sería, por tanto, la comúnmente conocida como "el mínimo no imponible para empleados solteros".En el caso de un empleado que tenga cónyuge y dos hijos menores de 18 años declarados a su cargo, el salario bruto más bajo alcanzado por el impuesto sería de $2.300.000 (equivale a un sueldo neto de $1.981.278). Y si -por dar otro ejemplo- se trata de un empleado que deduce dos hijos menores (y no cónyuge), tributará a partir de una remuneración de $2.057.405 (un neto de $1.738.683).Para aplicar la deducción por cónyuge, la persona no deberá tener ingresos propios o bien, en caso de contar con ellos, deberán ser muy bajos (el límite permitido sería de $3.091.035 por todo este año); el monto que se descontaría del ingreso antes de calcularse el impuesto (no del impuesto en sí mismo) sería de $2.911.135 por todo el año. En el caso de los hijos menores de 18 años se deduciría (se restaría) del ingreso un monto anual de $1.468.096 por cada uno; en el caso de hijos incapacitados para el trabajo, la cifra de la deducción duplicaría (solo uno de los padres podría hacer la deducción, o bien podría aplicar, cada uno, el 50% del monto deducible).Respecto de la tabla de alícuotas, que se propone determina una alícuota inicial del 5% sobre los montos que, descontadas las deducciones, queden sujetos al impuesto. La tabla tiene nueve niveles de imposición y, según evaluó el tributarista Andrés Edelstein, del estudio Edelstein, Mariscal, Torassa & Asociados es más progresiva, "especialmente cuando se compara a partir de qué monto aplica la alícuota máxima del 35%, respecto de la que se aplica según la ley vigente". La tasa máxima se aplicará, según estimó, a partir de un ingreso neto imponible (descontados los aportes y las deducciones) de $36,45 millones anuales.Además de ese efecto, una tabla más progresiva produce que quienes tienen los ingresos más bajos -entre los gravados- estén alcanzados con tasas de imposición moderadas. La contadora Florencia Fernández Sabella analizó que el esquema previsto en el proyecto provocaría saltos bastante significativos entre niveles salariales no tan distantes entre sí: un asalariado con cónyuge y dos hijos a cargo no tributa si tiene una remuneración de $2.300.000, en tanto que si el sueldo es de $3.000.000 pasa a pagar Ganancias con la alícuota marginal del 19%, que es ya la quinta de la tabla (hay otras de 5%, 9%, 12% y 15%).Por eso, Fernández Sabella sostiene que debería procurarse una mayor progresividad. "Un aumento salarial de 30% te lleva cinco alícuotas arriba en la tabla", advierte, al tiempo que observa que, en la coyuntura actual, ese 30% de aumento sería, muy probablemente, para recomponer los ingresos frente a la inflación, con lo cual no habría una mejora real de los ingresos para justificar una mayor carga tributaria.Otro ejemplo mostrado por el Blog del Contador indica que con un salario bruto de $4.000.000 se pagaría un impuesto mensual de $526.561 (trabajador sin cargas de familia) o de $370.250 (con cónyuge y dos hijos menores a cargo). Se trata, respectivamente, del 13,2% y del 9,2% de la remuneración. Si con ese sueldo se deduce cónyuge y un hijo, entonces el impuesto resultaría, según la propuesta, de $404.003 (10,1% de la remuneración). Según la ley actual, en esos casos corresponde un impuesto de $647.747.En el caso del proyecto de ley, todos los montos a pagar podrían ser inferiores se aplican deducciones por determinados gastos, como cuotas de medicina privada, honorarios médicos, aportes a seguros de vida o retiro, salarios del servicio doméstico, alquileres, donaciones o gastos de la educación de los hijos.

Impuesto a las Ganancias: quiénes volverán a pagarlo con la nueva Ley de Bases

El Gobierno dejó trascender el borrador de la nueva Ley Ómnibus, que incorpora, entre sus medidas fiscales, la restitución del tributo ¿Cómo se aplicaría en caso de ser aprobado el proyecto en el Congreso? Leer más

La CGT recibió a senadores del PJ para abroquelarse contra la restitución del impuesto a las ganancias que impulsa el Gobierno

Antes de su primer encuentro oficial con interlocutores del Gobierno, la cúpula de la CGT recibió en la sede de Azopardo a un grupo de senadores de Unión por la Patria (UP) en su afán de reunir consenso legislativo para rechazar la reimposición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que el Gobierno impulsa desde un proyecto de ley de medidas fiscales presentado por separado de la reformulada ley ómnibus. De reestablecerse el tributo, casi un millón de trabajadores sufrirían quitas de sus salarios, según cálculos que hacen en la central obrera. Además, tanto el bloque peronista como los gremios pretenden impedir el avance de la "ley de Bases" en la Cámara alta en caso de que la iniciativa oficial se apruebe en Diputados.La invitación a los senadores de UP a la central obrera es parte de la estrategia parlamentaria que se trazaron los sindicatos desde que la gestión de Javier Milei publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, que ya fue rechazado en el Senado. La CGT fue la impulsora de los reclamos judiciales para el capítulo laboral del DNU, que fue considerado "inconstitucional" por la Cámara de Apelaciones del Trabajo y que está ahora a la espera de una definición de la Corte Suprema de Justicia.Además de los integrantes del bloque de senadores que comanda el formoseño José Mayans, como Eduardo de Pedro, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio, entre otros- estuvieron presentes exgobernadores peronistas como Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Juan Manzur (Tucumán).Como parte de su enfrentamiento con el Gobierno, la CGT convocó para mañana a su consejo directivo para definir un acto con movilización para el 1° de mayo. El lugar elegido para el reclamo sería la Plaza de Mayo. No se descarta que en la reunión de mañana el sector más duro, encarnado por los aliados de Hugo Moyano y otros gremios afines al kirchnerismo, presionen para activar la segunda huelga general contra el Gobierno.Unánime rechazo de los candidatos a presidir el Colegio Público de Abogados de la Capital a la postulación de Ariel Lijo para la CorteDe todos modos, antes de avanzar en otro paro, pesa en la CGT la postura de una mayoría que propone esperar a que se vote la ley de Bases en el Congreso. Incluso, hay expectativa por el encuentro de hoy con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en lo que será el primer encuentro oficial entre la central obrera y la gestión libertaria.Noticia en desarrollo

Ganancias: cómo quedaría el impuesto y quiénes lo pagarían si se aprueba el proyecto del Gobierno

Si se aprueba el proyecto de ley de medidas fiscales del Poder Ejecutivo que se oficializó en la noche de este martes, los asalariados pagarán el impuesto a las ganancias a partir de una remuneración bruta mensual de $1.800.000 (en términos netos, es un salario de $1.494.000) si no tienen deducciones por cónyuge ni por hijos, ni tampoco por determinados gastos que podrán descontarse del ingreso a los fines del cálculo del tributo.En el caso de un empleado que tenga cónyuge y dos hijos menores de 18 años declarados a su cargo, el salario bruto más bajo alcanzado por el impuesto sería de $2.300.000 (equivale a un sueldo neto de $1.981.278). Y si -por dar otro ejemplo- se trata de un empleado que deduce dos hijos menores (y no cónyuge), tributará a partir de una remuneración de $2.057.405 (un neto de $1.738.683).Las cifras fueron calculadas tomando como base lo que propone la iniciativa en cuanto a los montos deducibles (libres del impuesto) para este año. Un punto no menor es que en el texto se consigna un mecanismo para lograr que, pese a ser Ganancias un impuesto de cálculo anual, no queden gravadas las remuneraciones cobradas antes de la eventual aprobación de la ley. En otras palabras, tal como se había señalado desde el Gobierno, el nuevo esquema de imposición no tendría efecto retroactivo.El texto incluye también una tabla de alícuotas que, según evalúa el tributarista Andrés Edelstein, del estudio Edelstein, Mariscal, Torassa & Asociados es más progresiva, "especialmente cuando se compara a partir de qué monto aplica la alícuota máxima del 35%, respecto de la que se aplica según la ley vigente". Además de ese efecto, produce que quienes tienen los ingresos más bajos entre los que quedarían gravados, estén alcanzados con tasas de imposición moderadas (la escala arrancaría en el 5%).A diferencia de lo que ocurre con el impuesto cedular sobre los ingresos que rige actualmente (y que tiene en estos meses una base salarial para empezar a tributar de $2.340.000) es que el proyecto busca que se vuelva a diferenciar la situación de las personas frente al impuesto según tengan o no familiares a cargo, o según realicen determinados gastos. Eso, que se logra con la aplicación de deducciones específicas, funcionaba así también en esquemas anteriores.Otro punto del proyecto, según puntualiza la contadora Florencia Fernández Sabella, del estudio Laiún, Fernández Sabella, Smudt & Asociados, es que se busca derogar exenciones y algunos tratamientos especiales frente al impuesto, como la del bono por productividad, la de horas extras y la de jornadas de guardia médica. Además, no habría más deducción por viáticos y quedaría derogado el tratamiento especial que se había dispuesto para que el pago de horas extras que quedaba gravado no hiciera saltar al empleado de una alícuota a otra de la tabla.La actualizaciónEn cuanto a la actualización, tanto de los montos que definen el llamado mínimo no imponible como de los valores de la tabla de alícuotas, sería con frecuencia anual, y según la inflación interanual al mes de octubre. Ese punto de la propuesta es diferente a lo que se había planteado en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en enero último (allí se incluían actualizaciones trimestrales, según un esquema que, de haberse aplicado, habría provocado que los $1.250.000 propuestos entonces como salario alcanzado por Ganancias para un soltero, se transformaran en $2.134.000 desde este mes de abril).Según analiza el tributarista César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, los montos propuestos para el esquema del impuesto y ese mecanismo de actualización anual harían que no se produzca un efecto fuerte en la recaudación de manera inmediata, pero sí que se pueda recaudar mucho cuando los importes vayan quedando retrasados (algo que, a la vez, perjudicaría a los empleados). Según la iniciativa, habría que esperar hasta enero de 2025 para que se modifiquen los valores de las deducciones y, en consecuencia, del mínimo imponible, y de la tabla. De cualquier manera, el Gobierno pretende quedarse con un as en la manga, y un artículo pretende que el Congreso le dé facultades al Poder Ejecutivo para incrementar los valores durante el actual año.Otro aspecto importante previsto en el texto es la ratificación de algunos de los cambios hechos durante 2023. Esa ratificación por parte del Congreso es necesaria para evitar que haya deudas de un grupo de asalariados con el fisco. Tal como ya se informó, si no se aprueba la normativa correspondiente, con los salarios de mayo (a cobrar en junio), muchos empleados tendrán retenciones retroactivas, por el impuesto de 2023. Esto sería así porque dos decretos emitidos el año pasado, en plena campaña electoral, dispusieron actualizaciones de los montos de la tabla de alícuotas para hacer el cálculo de los importes a descontar mensualmente de los salarios, pero no para hacer la cuenta del monto del impuesto (y una cosa son las retenciones, que funcionan a manera de anticipos, y otra cosa es el tributo propiamente dicho).

El Gobierno fijaría el piso del impuesto a las Ganancias en 1,8 millones de pesos

Tras el encuentro con los bloques de la UCR y de Hacemos Coalición Federal, se habría acordado restablecer el piso de Ganancias en 1.800.000 de pesos para trabajadores solteros y 2.200.000 de pesos para trabajadores casados con dos hijos. Leer más

Denuncian que los aumentos de Kicillof en el Impuesto Inmobiliario Rural son "ilegales e inconstitucionales"

Según el expresidente de CARBAP, Juan Pedro Merbilhaa, el fuerte incremento del tributo dispuesto en las últimas semanas es "totalmente ilegítimo". En línea, planteó estrategias para contrarrestar la suba, que pesa sobre el sector productivo. Leer más

Un intendente no cobra un impuesto a los combustibles para que carguen en su distrito

Es la Tasa Vial, un tributo que tienen muchos muchos municipios y encarece el precio final.Para Diego Valenzuela, jefe comunal de Tres de Febrero, "menos impuesto es más trabajo".

Gran Buenos Aires: buscan ponerle un tope a la suba del impuesto inmobiliario rural

Diputados provinciales de la Coalición Cívica presentaron un proyecto para que el aumento en el inmobiliario rural no supere el 220%. Los productores denunciaron incrementos de hasta un 500%. Leer más

"Profundamente inconstitucional": un experto analizó las opciones legales para frenar un impuesto de Kicillof

En medio del malestar del campo bonaerense por el incremento del impuesto inmobiliario rural por parte del gobierno de Axel Kicillof, el expresidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Juan Pedro Merbilhaa, presentó un análisis sobre las posibles acciones que puede tomar el sector frente a esta medida y recomendó la acción meramente declarativa de certeza.Según dijo, no hay dudas de que la manera en que se está aplicando la ley impositiva anual, "es ilegal, ilegítima, profundamente inconstitucional, conteniendo vicios de fondo irrefutables". Frente a ello consideró que las vías judiciales son las más aptas para "intentar" dos objetivos principales: lograr un fallo de inconstitucionalidad que destruya las normas y los actos impugnados y llegar a él "sin tributar", "si se logra el beneficio de una medida cautelar" que así ordene un juez.Dentro de las vías judiciales posibles, Merbilhaa indicó que la acción meramente declarativa de certeza ofrece un procedimiento "más breve". En ella se puede plantear también una medida cautelar previa sin intervención de la demandada ("in audita parte") y, además, distinguió que con la misma "se va directamente al tema de fondo sobre la inconstitucionalidad de las normas legales y actos de la administración" que se impugnan.Cambio en el gobierno de Milei: echaron a dos funcionarios de la Secretaría de Agricultura"Basta con cumplir con los requisitos formales de toda demanda para que se pueda declarar la procedencia de la acción, el Juez se aboque al tratamiento de la cautelar, y corra traslado de la demanda iniciándose efectivamente el proceso ("trabándose la litis")", apuntó. Por otro lado también recomendó plantear con "mucho fundamento" la petición de cautelar, no como un simple pedido rutinario, ya que de ello dependerá liberarse del pago durante el juicio.Además sugirió no pretender reclamos económicos como el de "repetir lo mal pagado" si algo se hubiere pagado, porque sostiene que "eso le da "contenido económico" a la acción y se pagará tasa de justicia sobre ese monto. Si se pierde, los honorarios que se regulen en contra se basarán también en un porcentaje de ese contenido económico pretendido.Aconsejó limitar la impugnación a los fundamentos legales más sólidos, evitando argumentos meramente retóricos, aunque sean obvios para el sentido común. Sugirió evitar alegar cuestiones fácticas que requieran demostración, como la "confiscatoriedad" o el impacto real en el patrimonio del contribuyente, ya que este debe probarlo mediante su contabilidad si denuncia una confiscación de su renta como propietario de tierras rurales productivas.Por otro lado, consideró que las acciones judiciales deben "ser tomadas no solo como el legítimo ejercicio y defensa de derechos individuales, sino también como una acción gremial individual, como una manera de compartir desde lo individual una lucha sectorial ante el avasallamiento del poder político".El expresidente de Carbap realizó también un análisis de los argumentos para demostrar la "ilegalidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad" de las acciones llevadas a cabo por el gobernador y ARBA al aplicar la ley impositiva, que opinó se hace infringiendo expresamente tanto esta ley como la Ley de Catastro provincial. En primer lugar, precisó que el artículo 10 de la ley dice "expresamente" que el aumento del tributo, para el ejercicio 2024 no podrá ser superior al 200%, comparando la cuota 2024 con la cuota 2023. Al respecto, dijo: "Es obvio, de sencilla demostración aún con los propios ingresos del fisco por cada partida inmobiliaria (además de la comparación de las liquidaciones emitidas por ARBA en cada caso), que en la gran mayoría de los casos se superó tal límite".En segundo lugar, el dirigente sostuvo que la "trampa" planteada por el Poder Ejecutivo en su proyecto de ley, que fue aprobado por mayoría del Poder Legislativo, consistió en que incluyó un ajuste de la "base imponible" para el tributo 2024. En ese sentido, aclaró que eso "solo" el Poder Legislativo lo puede establecer, y remarcó que "incluso la Legislatura misma no puede imponer por encima de la valuación fiscal, determinada por el órgano, los mecanismos, procedimientos, conceptos y alcances que impone la Ley de Catastro".Frente a ello afirmó: "El ajuste de la base imponible, es inocuo, impotente, ante el límite del 200% para las cuotas 2024, y las normas que receptan ese ajuste son tan inconstitucionales, como falaz y tramposa la aplicación que de ellas hace el fisco".Expresó que el gobierno provincial "consiguió que "pasara" un ajuste "de la base imponible" que en verdad consiste en un aumento de la valuación fiscal, ostensiblemente ilegal. Con ese mecanismo "ilegítimo ARBA, ente autárquico de la esfera del Poder Ejecutivo bajo su anuencia, está aplicando el límite del 200%, pero sobre la base imponible ilegalmente ajustada, ilegítima por significar una "revaluación fiscal" tan nula como inconstitucional".Los precios del trigo a cosecha no entusiasman a los productoresPara Merbilhaa "es importante" que los propios legisladores que sancionaron la ley deslinden sus responsabilidades y le imputen al Poder Ejecutivo toda la responsabilidad de aplicar la ley fuera de los límites, no solo de lo que quisieron sancionar, sino del texto que sancionaron en el artículo 10."Estamos en consecuencia, ante un conflicto de poderes implícito y una gravísima conducta ilegítima, arbitraria, abusiva, hasta quizá penalmente punible, de parte del Poder Ejecutivo y del organismo fiscal. Este es, a mi juicio, el meollo de los vicios de fondo, de puro derecho, de origen, insolubles interpretativamente, de la conducta del PE, por el modo en que el Fisco está liquidando el tributo", concluyó.

Martín Menem afirmó que la restitución del Impuesto a las Ganancias no se tratará en el corto plazo: "Irá en otra etapa"

El presidente de la Cámara de Diputados se mostró cauteloso sobre la posibilidad de discutir el tributo en el Congreso. El futuro de la Ley Ómnibus de cara al Pacto de Mayo

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El titular de Interior dijo que lo está "terminando de analizar el ministro de Economía" en función de la meta de déficit cero y aclaró que no habrá retroactividad. Se demora una semana más el texto final de la ley ómnibus

El Gobierno impulsa la suba del mínimo del Impuesto a las Ganancias y promete que no habrá retroactivos

Tras los debates surgidos sobre la posibilidad de cobrar de manera retroactiva el tributo durante los meses en los que se eximió del pago, el ministro del Interior puntualizó que la ley tendrá un artículo que establecerá que "no es retroactivo al primer cuatrimestre del año". Leer más

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Para el autor, hay una alternativa a este gravamen propuesto por Bill Gates: una renta básica universal, que permitiría a toda la sociedad beneficiarse de la automatización. Leer más

Con los precios de los 0 km casi congelados, ¿qué pasará con el impuesto a los autos de lujo?

El ajuste trimestral debe llegar a finales de abril, pero al no haber aumentos significativos en los valores, no hay autos topeados ni preocupación por la nueva base imponible. Sin embargo, los nuevos valores toman el período de enero a marzo, donde sí hubo aumentos

Productores y dirigentes nacionales protestaron en Azul contra el Impuesto Inmobiliario Rural

Exigieron revisar la carga fiscal y mejorar la infraestructura. El encuentro fue apoyado por legisladores nacionales

"Queremos discutir dónde va el impuesto a los combustibles"

El programa contempla obras en 45 barrios y una inversión de 18 millones de pesos. En medio de la disputa con Nación por la coparticipación del impuesto a los combustibles, la obra se financiará en parte con la tasa vial municipal que comenzó a cobrarse desde este viernes en Rosario.

Productores autoconvocados protestaron en Azul contra la suba del impuesto inmobiliario rural bonaerense

AZUL (Enviada especial).- Con llamados a no pagar impuestos, un centenar de productores autoconvocados del centro de la provincia de Buenos Aires realizó hoy un acto en la plaza principal de esta ciudad en rechazo del aumento impuesto inmobiliario rural, las patentes y las tasas viales municipales. Impacto económico: una terrible plaga ya hizo perder unos US$800 millones y no se descarta otro golpeLa concentración, que fue promovida por la productora ganadera Cristina Boubee que lidera una red de productores de Azul, recibió el respaldo de ruralistas del norte bonaerense, pero no fue apoyada por las entidades que conforman la Mesa de Enlace nacional. Del arco político, se destacó la presencia del senador Alfredo de Angeli (Entre Ríos-JxC), uno de los líderes de la protesta por la 125 en 2008, y de los legisladores provinciales Florencia Arietto (hoy incorporada a La Libertad Avanza), Guillermo Castello (La Libertad Avanza) y Luciano Bugallo (Coalición Cívica). También hubo otros referentes del agro como Guillermo MacLoughlin y Pablo Torello y candidatos a intendentes por La Libertad Avanza. Pese a que había llamado a la "rebelión fiscal" contra el gobierno de Axel Kicillof y fue invitado al acto, no estuvo el diputado nacional José Luis Espert. Según pudo saber LA NACION no asistió por un tema personal.Frente a la plaza de esta ciudad bonaerense las sensaciones fueron encontradas, por un lado primaba la indignación por el aumento del inmobiliario rural, las patentes y las tasas viales rurales, por el otro, la orfandad de las entidades madre en un momento que para algunos era determinante. El sol intenso no impidió que decenas de productores de varios lugares del país se movilizaran en apoyo a sus pares locales. Antes de comenzar a definir los pasos legales a seguir, Boubee arengó a los asistentes con un "viva la patria" que fue devuelto con un enérgico "viva". Eran pocos, pero las voces se multiplicaban en segundos cada vez que alguno hablaba de la "injusticia" que representa la alta carga fiscal no solo para el campo, sino para el resto de los sectores de la economía. "Vamos a llegar a La Plata, no sé cómo, si con tractores o no, pero vamos a llegar", advirtió Boubee.José Perkins, un productor de Pehuajó, se disculpó por hablar de la macroeconomía para poder poner en contexto lo que vive la sociedad en general. Puso como ejemplo al médico, al abogado, incluso, al jubilado que hoy atraviesa este contexto, pero que no se manifiesta. "Hoy tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de todo eso, pero hay que achicar el Estado, es muy grande. Hoy, la propuesta del presidente Javier Milei está en achicar el Pami y la Anses ", dijo. Cada frase que pusiera en contexto la situación del país era motivo de un descargo de indignación por quienes escuchaban con atención el discurso. "Vergüenza", gritaban cada vez que podían. El precio de las cubiertas, el gasoil, las patentes o los impuestos que pagan los camiones cada vez que entra a una playa de desacarga fueron un motivo de enojo.El productor Lionello Sagramoso dijo: "Debemos saber que la determinación y liquidación impositiva que estamos recibiendo es ilegal, ilegítima e inconstitucional. Los montos a pagar este año por el ejercicio 2024 violan la propia ley impositiva anual vigente en forma expresa y ostensible".Para el productor, el impuesto de 2024 no puede resultar superior al máximo del 200% establecido por la Legislatura respecto del abonado el año pasado. "Ninguna boleta puede tener un aumento superior al 200% de la última del 2023. Eso es lo que la ley que el gobierno provincial violó; por lo tanto, todos los ciudadanos deben saber que tienen el derecho legítimo de exigirle a nuestros representantes del Poder Legislativo provincial que haga un paréntesis. No es justo que los contribuyentes paguen todo un año algo que es ilegal", fustigó.Alberto del Solar Dorrego, productor de Rojas, dijo que en esa localidad la actividad se achicó enormemente. En su caso, contó, pasaría de pagar $220.000 a $760.000 una cuota de impuesto Inmobiliario. "Quiero ver a fin de año con qué porcentaje va a estar la diferencia del 2023 con el 2024; va a estar en el 800 en el 1000% [por encima]", ejemplificó. Por esto, ratificó que van a llevar adelante acciones judiciales. "No paguen, esperen al 25 de mayo [por el Pacto de Mayo]", exhortó en referencia a la convocatoria del presidente Milei. En esto coincidió Bugallo, quien también incentivó a la rebelión fiscal, y adelantó que habrá una presentación de amparos en la Justicia."No bajemos los brazos"En medio de ovaciones, el senador nacional Alfredo de Angeli, dijo: "Lamento por los que no pudieron venir, pero más lamento lo que le van a decir a sus hijos cuando se incentivó a una rebelión fiscal". Según expresó, este tipo de acciones aumentaron la pobreza del campo argentino. "No bajemos los brazos, sino en la asamblea próxima no va a haber más productores", precisó.La bronca contenida de Ana Dall'Aglio, una productora de 77 años, oriunda de Azul era latente. En su caso, contó, no tienen caminos rurales para poder sacar la hacienda del campo y la situación se torna cada vez más difícil.Antes de cerrar, Boubee le pidió al intendente local, Nelson Sombra, que diera la cara. "¡Da la cara Sombra! porque no te vamos a pagar el impuesto hasta que no des la cara, ni siquiera el impuesto a los caminos. No hay que pagar más impuestos, no les vamos a pagar hasta que veamos las obras. Exactamente lo mismo decimos con Axel Kicillof: no tenemos que pagar los impuestos porque no ha podido demostrar en todos estos años lo que han hecho. Está todo destruido, ni hablar de los caminos rurales", expresó.Además, lamentó que la convocatoria no haya sido contundente. "Es muy triste que los productores pongan mil excusas para no venir, porque se lo pierden". Según reflexionó el motivo por el que no llegaron los dirigentes fue por "celos". Dijo que fueron invitados todos los ruralistas. "Cuando hacen algo, lo hacen en un cuartito cerrado y no se animan a hacerlo abierto", lanzó.Castello, en tanto, sostuvo que el productor agropecuario trabaja más de medio año para sostener el Estado. "En la Argentina, el día de la liberación fiscal, el día que dejás de pagar impuestos para el Estado y pasás a ganar la plata para vos, es el 5 de agosto. En otros países, donde la presión impositiva es menor, ese día es el 5 de junio o el 3 de mayo. El Estado nos tiene que servir a nosotros y no nosotros al Estado".

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Ganancias: la polémica por la "retroactividad" del impuesto y cómo son los números de la propuesta oficial

El debate en torno del impuesto a los ingresos personales -tal el cambio de nombre que el Gobierno propuso para el impuesto a las ganancias en el renovado paquete fiscal de la ley ómnibus- sigue generando disputas con la oposición y los gobernadores, tanto por la implementación en 2024 como por los grises regulatorios pendientes de 2023, sobre los que alertó hoy nuevamente el ministro del Interior, Guillermo Francos.La polémica es por la "retroactividad" que podría afectar a los contribuyentes que fueron eximidos sobre el final de 2023, en plena campaña presidencial del entonces ministro de Economía y candidato, Sergio Massa. En septiembre, el exintendente de Tigre modificó por decreto el esquema de Ganancias vigente y eximió de ese impuesto a cerca de 800.000 trabajadores, al elevar el mínimo a unos $1,77 millones mensuales. Era entonces el equivalente a 15 salarios mínimos (SMVM), piso que luego el Congreso, con el voto positivo del ahora presidente Javier Milei, aprobó en la ley del nuevo impuesto cedular.Pero esa ley comenzó a aplicarse para el período fiscal de 2024 y dejó paso a la duda respecto de los últimos meses del año pasado, una ventana que habilitaría al Gobierno a cobrar en forma retroactiva al realizar la AFIP la liquidación anual correspondiente. "Lo que hizo por decreto el gobierno nacional -el anterior- fue dictar una norma por la que no se hacían las retenciones de la cuarta categoría. Cuando se sanciona la ley se exime de ese impuesto a partir de enero de 2024: quedó el último trimestre de 2023 donde está la obligación de pagar Ganancias, aunque no se hizo la retención. "Hay que corregirlo porque hay que dejar afuera a ese cuarto trimestre", dijo Francos, el funcionario encargado de conducir la negociación con los gobernadores alrededor de la nueva ley de Bases que, entre otros puntos, propone reinstaurar el impuesto con un piso de ingresos mensuales netos de $1.053.291 para los solteros.En el medio de una ardua negociación con la oposición por la aprobación de la ley de Bases, el planteo del funcionario constituye un nuevo intento por sumar adhesiones a un proyecto que incluye en su articulado una ratificación de los decretos de 2023 y las exenciones dispuestas por Massa. En otras palabras, Francos plantea que, de no aprobarse la ley, se habilitaría al Gobierno a hacer el cobro de forma retroactiva.El otro punto en disputa tiene que ver con el cobro eventual del impuesto hacia adelante. Es que más allá de su pago mensual, Ganancias (ahora renombrado Ingresos Personales) es de liquidación anual. Por lo tanto, y dependiendo de la fecha en que se sancione la ley, podría generar una carga proporcional mayor sobre los contribuyentes en los meses restantes de 2024 para compensar esa diferencia. "Es un impuesto anual, con lo cual cuando salga la ley, si no se elimina este primer trimestre, tiene que pagarse", aclaró también Francos, al explicar los detalles de la propuesta oficial que, de todas maneras, incluye una salvedad que resuelve este entuerto. En el artículo 100 del paquete fiscal, el proyecto del Gobierno afirma que "podrá computarse una deducción especial" por el período de enero de 2024 hasta el mes de entrada en vigencia de la ley que compense la mayor carga impositiva. En otras palabras, se compensará en los meses anteriores al nuevo impuesto (y sí se cobrará en los meses siguientes con el esquema nuevo).En concreto, el proyecto que envió semanas atrás el oficialismo, aun en discusión, restablece un modelo de escalas progresivas y alícuotas incrementales (van del 5% al 35%), con piso de ingreso neto mensual de $1.053.291 para los contribuyentes solteros. Actualmente, esa cifra es de $3.042.000 (el SMN desde marzo de 2024 se ubica en $202.800), lo cual implicaría que casi 1,5 millones de asalariados volverían a estar alcanzados por el impuesto.Con las conversaciones en marcha en el Congreso, este impuesto, considerado entre los especialistas como el más progresivo y que alcanzaría a las personas de mayores ingresos (según datos del Indec al tercer trimestre de 2023, los argentinos con ingresos mensuales superiores a los $400.000 estaban en el 10% más alto del país) genera disputas entre el Gobierno, los gobernadores y la oposición. Además del costo político que implica reintroducir este cobro en un contexto de recesión y caída del poder adquisitivo, se trata de un impuesto coparticipable, que por ende impacta directamente en las finanzas provinciales.En 2023, según datos de la Secretaría de Hacienda, el total recaudado por Ganancias fue de $8,8 billones y cayó en términos reales (tuvo un incremento nominal del 86,3% con una inflación que acumuló 211,4%). Así, también se redujo su participación relativa dentro del total de ingresos del Tesoro Nacional: en 2022 había representado el 23,6% de la recaudación, mientras que en 2023 cayó al 20,4%.

Impuesto a las Ganancias: el Gobierno anticipó que actualizarán el piso y volvió a advertir que se podría aplicar un retroactivo

El Gobierno, a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, indicó este lunes que será actualizado el piso del Impuesto a las Ganancias y que "las escalas son diferentes, por supuesto, a las que estaban vigentes en noviembre" de 2023, previo a que la gestión de Alberto Fernández derogara parte de la tasa. Con respecto a la posibilidad de que sea tenido en cuenta el primer trimestre de 2024 para el cobro del impuesto, el funcionario nacional opinó que "si no se elimina" ese punto con la nueva ley "obviamente, como es anual, tiene que pagarse a fin de año", pero que ese tema todavía lo está discutiendo el Ministerio de Economía."No sé. No puedo contestar eso hoy porque no tengo esa información", señaló Francos al ser consultado en radio La Red si la idea del Gobierno es eliminar este primer trimestre como retroactivo de una ley que aún no está vigente.Sin dar datos precisos, Francos dijo que el piso de Ganancias "creo que empieza a partir de la suma de $1.200.000 para arriba, pero siempre en el entendimiento de que los números más bajos de la escala hagan un porcentaje mucho menor, porque hay algunos que hablan del 35% y esto no es así porque es un impuesto que establece una progresión".En esta línea, el ministro también se refirió a quienes hasta ahora no pagaban el impuesto y que ahora podrían ser pasibles de su cobro porque les aumentaron el salario. "No hay que preocuparse por eso. Todas esas cosas son tenidas en cuenta en la ley", aseguró.Francos además indicó que el tratamiento de Ganancias no será incluido en la ley ómnibus, sino en una nueva ley "especial" que se enviará para ser debatida en el Congreso con distintos temas vinculados a la cuestión fiscal como moratoria, blanqueo, y ganancias."Hay varios temas que son importantes. Uno de ellos tiene que ver con la improvisación con la que se hizo todo cuando se derogó el impuesto a la cuarta categoría. Se cometió una equivocación que haría que por el tercer trimestre del año 2023 tuviera que pagarse el impuesto, porque lo que hizo por decreto en su momento el gobierno nacional fue dictar una norma que decía que no se hacían las retenciones por parte de las empresas de la cuarta categoría", dijo Francos. Y prosiguió: "Después, cuando se sancionó la ley se eximió de ese impuesto a partir de enero de 2024, por el cual quedo el último trimestre de 2023 en que supuestamente está la obligación de pagar ganancias aunque no se hizo la retención. Hay que corregir eso".NegociacionesEl ministro también se refirió al debate por la Ley "Bases" que el Gobierno prevé para antes del 25 de mayo (día en el que está programada la reunión con gobernadores para firmar el Pacto), y no descartó que se incluyan algunos puntos del capítulo laboral. "No fue una propuesta nuestra, pero lo estamos analizando", adelantó, y sostuvo: "Surgió en conversaciones con algunos legisladores a los que les pareció importante. Uno de los temas más complejos es la regulación laboral, que es obsoleta en la Argentina, y que no genera el ánimo de los inversores para traer capitales". El paquete de medidas - que proponía, entre otras cosas, modificar los cálculos indemnizatorios, aplicar una "modernización laboral" e implementar un seguro de desempleo en reemplazo para las indemnizaciones - fue originalmente eliminado del debate de la ley ómnibus por la administración mileísta, luego de ser objetada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y declarada como inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo."En este tiempo hablé con los gobernadores, tuvimos reuniones y seguimos avanzando", manifestó Francos, en referencia al vínculo del Gobierno con los dirigentes provinciales luego de que rechazaran el paquete de leyes y de cara al pacto basado en un conjunto de principios económicos fiscales, monetarios y políticos que el Presidente convocó a firmar el próximo 25 de mayo. Y anticipó: "Seguramente la Ley 'Bases' se trate en el Congreso para fines de este mes. La idea es que tanto esto como la reforma tributaria que se va a enviar en los próximos días sean el primer paso hacia el pacto".Desmentida de Francos a Maximiliano PullaroHoras atrás, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro consideró necesario el ajuste de la administración de Javier Milei, pero marcó que fue "muy fuerte" y que "lo están pagando los sectores populares" y no la casta. Estas declaraciones fueron desmentidas por el ministro del Interior, que las tildó de "una apreciación"."Está equivocado. Los sectores populares sufren un ajuste de la economía como todos los argentinos", afirmó Francos en radio Rivadavia, y explicó que, al hablar de "casta", el Presidente se refiere a las "decenas y miles" de personas que tenían contratos en el sector público, cuyo presupuesto se fue recortando durante los últimos meses. El funcionario del gabinete minimizó la crítica de Pullaro y aseguró que no busca "desdecirlo".

Más presión a la inflación: la nafta sube 4,3% por la actualización de un impuesto

Este lunes 1 de abril se concreta la actualización de los impuestos al combustible líquido y al dióxido de carbono, por lo que esa suba se trasladará directamente al consumidor. Leer más

La nafta aumenta 4,3% a partir de mañana por la suba de un impuesto

La super costará $ 834.Es la tercera actualización del impuesto a los combustibles desde que el gobierno lo dispuso por decreto.Desde diciembre, el aumento en los combustibles acumula 106%.

Colombianos han dejado de consumir alimentos por "impuesto saludable": estos son los productos afectados

La presión al bolsillo de los hogares colombianos ha hecho que las familias modifiquen su consumo

Carrizosa se reivindica como único candidato constitucionalista "no impuesto desde Madrid"

Impuesto a las Ganancias: un ajuste a la productividad del trabajador

Los cambios que impulsa el Gobierno profundizan los cargos sobre todos los ingresos, no únicamente los remunerativos. Efectos sobre otros gravámenes

Impuesto que creó el Gobierno Petro está a punto de dejar sin trabajo a 600.000 familias

La reforma tributaria de 2022 trajo un nuevo cobro que se aplica a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados y que, en parte, asumen las tiendas de barrio

ARBA: comenzó a llegar la segunda cuota del impuesto inmobiliario bonaerense, ajustada por inflación

El organismo tributario bonaerense definió un aumento que generó la protesta en varios sectores productivos

"Autodestructivo": el impuesto más dañino espera que lo eliminen para liberar el campo

Hoy, 22 años después, seguimos hablando de derechos de exportaciones/retenciones, lejos de las promesas de campañas habituales. Si bien algunos consideran que el nombre correcto es Derechos de Exportación, no queda duda que actúan como "retenciones".No son retenciones de "una potencial" ganancia del productor, ni siquiera eso. Ni siquiera del potencial "ingreso". Son "retenciones o apropiación del precio que podría recibir un productor", en el momento de vender su producción, después de haber invertido miles de dólares por hectárea, de haber "cruzado" los dedos durante mínimo seis meses en agricultura, hasta dos años o más en ganadería e inclusive mucho más en fruticultura."Hasta 132 veces menos que las retenciones": un estudio del gobierno de Kicillof minimiza el impacto de un impuesto al campoEl perjuicio que esto genera es enorme en años de vacas gordas con valores de commodities en valores altos, en donde "a pesar" de los derechos de exportación, a los productores les queda un margen que les permite seguir en actividad, sembrar más, e inclusive usar mayor tecnología. Sin ir más lejos, algunos hasta invierten en equipos de riego en esas épocas de mejor ganancia, para poder dejar de "cruzar los dedos en tiempos de sequía".Pero es "autodestructivo" (pensándonos como país) imponer ese tipo de impuestos, y el efecto se nota en su máxima expresión en años donde los números no cierran. Como el actual o el pasado.Que los números no cierren tiene varias aristas, claro, son actividades con gran componente de "riesgo" climático y a eso los productores lo enfrentan con manejo. Salvo lo que sucede en las catástrofes, como la pasada donde en algunos casos ni con manejo se pudo evitar.Ayuda al Gobierno de Milei: anticipan que el campo aportará US$9700 millones más por exportacionesLos números pueden no cerrar porque los precios caen, porque la producción cae o porque los costos de los insumos suben (o todos ellos juntos). Eso ocurre para todos los productores de cualquier parte del mundo, claro está y es parte del negocio agro.Lo que no sucede en ninguna otra parte del mundo, (bueno, salvo en Rusia), es que "sin importar" si los precios son buenos, malos, mínimos desde el 2020 (como ahora), que haya sequía que reduzca a la mitad la producción, que los costos estén aún en niveles altos, que una plaga se lleve 80% de la producción en un mes, se le quite un porcentaje al "posible" precio que puede recibir un productor.Es tan "autodestructivo" que hoy, en lugar de estar pensando si se va a aumentar el área de trigo/cebada, estamos hablando "cuan negativo" dan los márgenes, según las zonas de producción. Es tan autodestructivo que, en lugar de estar analizando hectáreas a sembrar/insumos a comprar, preparando manejos para enfrentar otro posible año Niña, se corre el riesgo de arrancar una campaña con igual o menos hectáreas sembradas, con menos inversión en tecnología (eso incluye menos reincorporación de nutrientes en los suelos).Es tan autodestructivo que habrá que cruzar más los dedos para que esa cosecha le dé un respiro financiero/económico al productor, pero además un buen ingreso de dólares al país. El año pasado, la catástrofe de la sequía dejó de manifiesto lo irracional de este impuesto.Es reiterativo, pero ¿queda claro que esos porcentajes se descuentan del precio al cual el exportador vende al exterior (FOB)? El precio FOB, descontados esos derechos y otros gastos, deriva en el valor Fas teórico, de referencia, por ejemplo, Rosario. Ese valor de referencia con ese descuento va a ser aplicado para un productor que cosechó 100 qq/ha de maíz como al qué cosecha 50 qq/ha., como al que cosecha solo 20 hectáreas.Va a ser descontado en el precio de un productor que produce a 100 kilómetros de Rosario, de la misma manera que un productor que produce a 1000 kilómetros de ese punto que tiene no solo mayores costos de logística, sino en general menores rindes. Va a ser descontado con niveles de precios históricamente altos como con niveles históricamente bajos. Va a ser descontado, cuando los márgenes cierren como si estos antes de sembrar ya no cierran.Cuando uno en la vida quiere encarar algunos desafíos grandes en general corre el riesgo de "esperar el momento ideal" para arrancar. Y la verdad es que es muy difícil que llegue "ese momento ideal" y así, algunos pasan meses o años en la dulce espera.¿Cuándo es el momento de eliminar "uno" de los impuestos más dañinos de la producción agroindustrial? "Uno" porque hay otros varios impuestos y distorsiones que se van sumando. Nunca es el momento de sacarlas, porque siempre vamos de crisis en crisis y no hay forma más segura, rápida y eficiente de conseguir dólares para el Estado.Numerosos estudios de las distintas bolsas de cereales del país, de fundaciones como Producir Conservando y FADA, entre otras, muestran el efecto "círculo virtuoso" que generaría en la economía del país la eliminación de este impuesto, en especial en una Argentina con el nivel de pobreza altísimo que sigue aumentando. Encontrar las formas de "crecer" es cada vez más necesario y urgente. Una prueba contundente la tuvimos, cuando el Gobierno de Macri logró quitar los DEX en maíz y trigo, donde en la campaña siguiente no solo aumentó el área sembrada sino el uso de tecnología.Este año para las arcas del Estado parece que fuera imposible (nuevamente) definir eliminarlas. Para la producción es insostenible afrontar otro año possequía, con precios internacionales en mínimos, con cuatro años de insumos con altos costos (en la Argentina, agravado por impuesto PAIS de 17,5%) y con expectativas de un nuevo ciclo Niña. Estamos en momento clave de toma de decisiones, los tiempos del campo no son los de un excel donde, una vez que pasan las fechas claves, se pierden oportunidades.La autora es analista del mercado de granos

"Hasta 132 veces menos que las retenciones": un estudio del gobierno de Kicillof minimiza el impacto de un impuesto al campo

Luego de la polémica generada entre el gobierno de Axel Kicillof y el sector agropecuario por el incremento del inmobiliario rural bonaerense que, según denunciaron los productores, supera ese 200% sancionado el año pasado en la Legislatura provincial, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), a cargo de Cristian Girard, realizó un trabajo del impacto de este tributo en toda la estructura de costos del campo. Con cinco ejemplos diferentes de establecimientos de la provincia, con distintas escalas, estimaron ingresos, arrendamientos, derechos de exportación (DEX) e inmobiliario rural.Según dijeron, en los ejemplos se tomaron "desde un campo en Junín con unas 30 hectáreas a un campo de 1000 hectáreas en 9 de Julio". "El impuesto inmobiliario rural representa entre el 0,4% y el 1,8% del valor del ingreso bruto de la explotación agropecuaria. Es decir, de aquello que recibe el productor, el impuesto tiende a representar el 1%. Cabe señalar que la menor proporción corresponde a un campo de bajo valor fiscal y la mayor proporción a uno de alto valor, lo que muestra la clara progresividad en el inmobiliario rural", indicaron en ARBA.Despegó el negocio de exportar leche, pero hay un "fantasma" que despierta temor entre los empresariosPara los casos de arrendamientos, "se ha estimado cuánto se cobra en cada caso por el alquiler de los predios puestos de ejemplos: en esos casos, en los que el propietario no es productor y recibe un ingreso por alquilar el campo, el impuesto inmobiliario rural representa entre el 1,3% y el 5% del ingreso por alquiler"."Nuevamente aquí se observa progresividad ya que el mayor porcentaje corresponde a los campos de mayor valor. Cuando se compara lo que se paga por DEX, se observa que el pago por DEX es entre 28 y 132 veces de lo que se paga por el inmobiliario rural. Nuevamente, se observa progresividad al analizar la comparación entre casos (ver Tabla 2, fila 6). De manera inversa, el inmobiliario rural representa apenas entre el 0,8% y el 3,6% de lo que se cobra por derechos de exportación (Tabla 2, fila 7). Finalmente, el monto del inmobiliario rural representa entre el 0,05% y el 0,21% del valor de mercado del predio sobre el cual se impone el tributo (Tabla 2, fila 8)", subrayaron en el organismo recaudador bonaerense.Disputa con Kicillof: una jueza admitió una acción contra la suba del Inmobiliario Rural y abrió un juicioEn el análisis, los técnicos de ARBA eligieron predios que van de 500 hectáreas en Alberti (zona con excelente aptitud agrícola), de 1000 hectáreas en 9 de Julio (zona con muy buena aptitud agrícola), de 50 hectáreas en Pergamino (zona con excelente aptitud agrícola), de 200 hectáreas en Azul (zona con aptitud agrícola media) y de 30 hectáreas en Junín (zona con excelente aptitud agrícola). Y para cada caso tomaron rindes en el partido correspondiente al promedio de las últimas cinco campañas, excluyendo la de sequía."Se han considerado parámetros promedio de dos cada partido para alquileres, para costos, etc., donde los precios corresponden a precios de mercado", señalaron."La tabla 1 expresa que en un campo de 500 hectáreas en Alberti se obtienen, produciendo soja, unos US$558.000 de ingresos totales (fila 3). De ellos, pueden estimarse en US$134.000 los costos de producción (fila 4). Si el campo se alquila, debe estimarse en US$200.000 el pago anual por alquiler (fila 5). Ese campo tiene un valor de mercado de US$6.750.000 (fila 16). Por retenciones paga US$274.836 (fila 7), y por inmobiliario rural algo menos de 10 mil dólares (US$9975) (fila 10). El impuesto inmobiliario rural representa entre el 0,4% y el 1,8% del valor del ingreso bruto de la explotación agropecuaria (fila 4)", detallaron.En esa línea, el documento de ARBA describió que "la menor proporción corresponde al campo de 200 hectáreas en Azul que, de todos los estudiados, es la zona de peor desempeño agrícola (menores rindes)"."Con una proporción de 0,6% se ubica después el campo de Junín, y luego el de Pergamino: en ambos casos, prima que se trata de campos chicos, de 30 y 50 hectáreas. En estos tres casos, vale destacar, que el monto imponible se ubica dentro de aquellas partidas que tienen el tope del 200%. Con proporciones de 1,7% y 1,8% se ubican los campos de mayor escala. Los ejemplos muestran de manera categórica la clara progresividad en el inmobiliario rural", enfatizaron los analistas del organismo.Para los casos de arrendamientos, "se ha estimado cuánto se cobra en cada caso por el alquiler de los predios puestos de ejemplos; en esos casos, en los que el propietario no es productor y recibe un ingreso por alquilar el campo, el impuesto inmobiliario rural representa entre el 1,3% y el 5% del ingreso por alquiler"."Nuevamente, se observa progresividad al analizar la comparación entre casos (fila 6), siendo el ejemplo de Azul el que mayor coeficiente tiene: lo que se paga ahí de DEX es 132 veces de lo que se paga del inmobiliario rural. De manera inversa, el inmobiliario rural representa apenas entre el 0,8% y el 3,6% de lo que se cobra por DEX (fila 7)", aseguraron.Un último dato interesante, dijeron, fue "comparar el monto del impuesto inmobiliario rural con el valor de mercado de la propiedad". Para ello, tomaron las estadísticas de la revista Márgenes Agropecuarios en cuanto al valor de la tierra en cada uno de los municipios, y consideraron ese valor para cada predio. Es decir, asumieron que el valor del predio es similar al del promedio del distrito. "En concreto, el monto del impuesto inmobiliario rural representa entre el 0,05% y el 0,21% del valor de mercado del predio sobre el cual se impone el tributo (fila 8)", cerraron.

Inmobiliario rural: en Entre Ríos buscan que la suba del impuesto no supere el 140%

El incremento del impuesto inmobiliario rural en las diferentes provincias del país generó rechazo en los sectores productivos y en algunos lugares comenzaron a reunirse con los gobiernos locales para evitar una suba. En este caso, en Entre Ríos hace algunas semanas se propuso un aumento de hasta el 200%, pese a que la actual ley provincial contiene una fórmula de actualización que no supera el 140%. Por eso, este miércoles la Mesa de Enlace provincial comenzó a trabajar con autoridades del gobierno entrerriano para analizar el aumento.Dentro de un año: una abrumadora mayoría de productores espera una mejora en la situación económica, pero preocupa un datoA través de un comunicado, la Mesa de Enlace local mencionó que durante el encuentro expusieron la realidad actual del productor agropecuario entrerriano que viene de sufrir tres emergencias consecutivas. Fuentes del Gobierno local aclararon a LA NACION que le presentaron al sector el estado económico-financiero de la provincia y las líneas de trabajo en marcha para mejorar ese escenario. El encuentro se realizó en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, a donde asistieron los ruralistas, los miembros del gabinete del Gobierno local y se analizó el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural.Los ruralistas contaron que habían llegado con la intención de impedir repetir lo que sucede en Buenos Aires, donde hay polémica por los aumentos. "Expusimos la realidad actual del productor agropecuario entrerriano que viene de sufrir tres emergencias consecutivas, muy desfinanciado por las pérdidas económicas que debió afrontar y dentro de un contexto de presión fiscal récord. El productor de Entre Ríos es el que más recursos debe pagar a algún tipo de Estado (nacional, provincial y municipal) de toda la región pampeana y central del país. Cada 100 pesos que produce, 65 van a la burocracia estatal, un disparate", afirmó Juan Diego Etchevehere, director por el distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina [SRA].En el Gobierno, en tanto, señalaron que la reunión fue "muy buena". Agregaron que presentaron el esquema de actualización del impuesto de inmobiliario rural, que "tiene un tope por partida bastante menor a la inflación del último año". Además de esa reducción en pesos constantes, dijeron, que va de acuerdo con el compromiso que asumió el gobernador Rogelio Frigerio: el 50% del inmobiliario rural se aplicará a la mejora de los caminos rurales a través de un fondo específico a este fin, el que se administrará con mecanismos previstos de participación del sector privado productivo.En rigor, las fuentes del Gobierno señalaron que se planteó la intención de una actualización menor a la inflación pasada, con tope para todas las partidas y una asignación del 50% a caminos rurales. De esta forma cumplirían con el mandato del gobernador de avanzar en los caminos que la producción y la generación de empleo necesitan.Entre otros, asistieron el delegado Mariano Berisso, por el distrito Entre Ríos de la Rural; por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Nicasio Tito; por la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Ronald Garnier, y por Federación Agraria de Entre Ríos, Elvio Guía. Por parte del gobierno local participaron el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; el Secretario de Presupuesto y Finanzas; Uriel Maximiliano Brupacher, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc Ho, y por la Administradora Tributaria de Entre Ríos, su director Ejecutivo, Jesús Rafael Korell."Expresamos a los funcionarios del Gobierno que, según nuestros análisis, la actualización del impuesto inmobiliario provincial debería rondar el 140% -de acuerdo a la productividad de nuestras tierras y otros indicadores complementarios- y que en un contexto de aumento de costos y estancamiento de precios de nuestra producción, nos arruinaría económicamente cualquier índice de aumento que se acerque al 200%, como lo viene impulsando equivocadamente el gobierno kirchnerista de Axel Kicillof. La voracidad fiscal que están afrontando los productores de la provincia de Buenos Aires es lo que no queremos que suceda en Entre Ríos", afirmó el director de la SRA por Entre Ríos.

Ganancias: cuándo vence un trámite clave por el impuesto de 2023 y por qué hay riesgos de deberle plata a la AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió un mes el plazo que los asalariados y jubilados que en 2023 fueron alcanzados por Ganancias completen la declaración llamada Siradig-Trabajador correspondiente a ese año, en la cual se informan las deducciones por familiares a cargo o por determinados gastos, los pagos a cuenta (como las percepciones por compras de moneda extranjera o pagadas en moneda extranjera) y las situaciones de pluriempleo (que ocurren cuando se tiene más de un empleo bajo relación de dependencia).El período para rellenar el formulario iba a finalizar el 31 de este mes, pero finalmente se extenderá hasta el 30 de abril, con lo cual se retrasará la liquidación definitiva del tributo correspondiente a 2023 y, por lo tanto, también la devolución de montos para los empleados en los casos en que eso corresponda.La prórroga fue establecida mediante la resolución 5494, firmada por la administradora de la AFIP, Florencia Misrahi, y publicada hoy en el Boletín Oficial. La norma establece también que los empleadores o los organismos de seguridad social (estos últimos, en el caso de personas jubiladas) tendrán tiempo para hacer la liquidación anual del impuesto hasta el 31 de mayo. Y que las retenciones o los reintegros de importes que surjan de esas liquidaciones deberán concretarse "cuando se efectúe el primer pago posterior a la fecha de dicha liquidación o en los siguientes si no fuera suficiente, y hasta el 10 de junio de 2024, inclusive".Es decir, quienes tuvieron descuentos por Ganancias de sus salarios o haberes el año pasado, y declararon en el Siradig (o declararán en los próximos días) los montos retenidos durante 2023 en compras en el exterior o en la adquisición de dólares, deberán esperar hasta el cobro de sus ingresos correspondientes a mayo para la recuperación de esos importes, que mes a mes van perdiendo poder adquisitivo. Hasta antes de esta prórroga, esa recuperación estaba prevista para el momento en que se cobraran las remuneraciones de abril.Un tema pendiente en el Congreso¿Por qué se estableció la extensión del plazo? En los considerandos de la resolución publicada hoy, la AFIP menciona una situación sobre la cual se advierte desde hace hace meses: el Congreso tiene pendiente aprobar una ley para que algunos de los cambios hechos en el impuesto a las ganancias durante el año pasado (promovidos en el marco de la campaña electoral por el excandidato presidencial y exministro de Economía, Sergio Massa) no terminen provocando, al hacerse la liquidación definitiva de 2023, una deuda de los asalariados con el fisco.Concretamente, el año pasado hubo dos decretos, el 415 y el 427, que dispusieron que la AFIP haría actualizaciones en la tabla de cálculo del monto a descontar de los salarios en concepto Ganancias. Esos cambios fueron hechos, efectivamente. Pero no se modificó la manera de determinar el monto del tributo propiamente dicho, porque para eso hace falta una ley. Y una cosa es el cálculo de las retenciones mensuales de los ingresos y otra cosa diferente es el cálculo del impuesto en sí mismo.Es decir, en plena campaña electoral se logró que de los sueldos gravados se descontara mucho menos que antes por Ganancias a quienes siguieron alcanzados tras las últimas subas del piso salarial para tributar, pero no se estableció la reducción del impuesto, porque para modificar la tabla con ese efecto se requiere la aprobación de una ley. Esa situación deriva en el surgimiento de saldos a pagar; es decir, en deudas con el fisco que, en caso de no haber una medida del Poder Legislativo, se evidenciarán al hacerse la liquidación de Ganancias por 2023. Tal cosa, como ya se explicó, iba a ocurrir con los salarios de abril a cobrar, por lo general, en los primeros días de mayo. Finalmente y según lo establecido hoy, esa liquidación se retrasará un mes.A quiénes alcanza el riesgo de una deuda con la AFIPEl primero de los decretos mencionados, el 415 -de agosto- le encomendó a la AFIP subir un 35% los valores de los tramos de la tabla de alícuotas, con el objetivo de "reducir el monto de las retenciones". Y dispuso que se recalcularan con el esquema actualizado los descuentos de los meses previos, a partir de enero.Esa normativa tuvo alcance para todos los asalariados que a ese momento habían tenido retenciones en uno o más meses de 2023. La medida provocó la devolución de parte de dinero antes retenido a un grupo de empleados. En los considerandos del decreto se señalaba que el Poder Ejecutivo enviaría un proyecto de ley al Congreso para procurar que se estableciera que la tabla con los valores incrementados fuera la usada para calcular el impuesto (y no solo las retenciones). El punto se incluyó, de hecho, en la iniciativa referida al presupuesto 2024, nunca considerada.El segundo decreto, el 473, fijó la vigencia de tablas especiales para las retenciones de los salarios devengados desde octubre y percibidos hasta el 31 de diciembre. Esto alcanzó a quienes siguieron pagando Ganancias en esos meses, que son quienes tuvieron remuneraciones superiores a $1.980.000 (hasta los sueldos de septiembre, el piso había sido de $800.875).La modificación que elevó el salario más bajo desde el cual se tributa fue dispuesta utilizando facultades especiales que el Congreso le había delegado al Poder Ejecutivo al aprobarse la ley de presupuesto 2023. Por eso, ese punto en particular no necesita ratificación por parte de los legisladores. La situación es diferente, como se explicó, en lo que se refiere a la forma de hacer el cálculo.La medida necesaria para evitar que se determinen deudas con la AFIP por el impuesto del año pasado había sido incluida en el proyecto de ley sobre Ganancias y monotributo que el Poder Ejecutivo envió al Congreso a fines de enero. Pero, en medio de las dificultades para llegar a un acuerdo por la ley de bases (que finalmente no se aprobó), el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que, pese a haberse enviado esa iniciativa solo horas atrás, no se impulsaría su tratamiento. Este mes se volvió a hablar de una nueva iniciativa oficial, pero el texto aún no llegó al Congreso.Las declaraciones del SiradigEl Siradig es el formulario al que el empleado o jubilado con retenciones por Ganancias accede tras ingresar con su clave fiscal en la página web de la AFIP, para informar los datos necesarios para la liquidación del impuesto por parte de su agente de retención. En esta época del año están habilitados dos períodos: 2023 y 2024, y el que vencerá próximamente (el 30 de abril) es el correspondiente al año pasado.Además de los pagos a cuenta como las percepciones por las compras en moneda extranjera, se cargan allí las deducciones permitidas, que implican montos que se descuentan del ingreso antes de calcular el impuesto y, de esa manera, generan una reducción del importe a tributar.Por el período 2023 (no por 2024, ya que desde enero rige para gran parte de los casos un impuesto cedular que prácticamente no admite estas deducciones) las principales son: hijo menor de 18 años; hijo incapacitado para el trabajo; cónyuge o conviviente casi sin ingresos propios; alquiler de vivienda (con tope de $451.683,19 por todo 2023); intereses por préstamo hipotecario (solo $20.000 por 2023); salarios y contribuciones del régimen del servicio doméstico (con tope anual de $451.683,19); gastos educativos ($180.673 por todo el año); gastos de movilidad y viáticos (con límites y de manera diferencial según la actividad); medicina prepaga; honorarios médicos; seguros de vida y retiro; donaciones (con límites y condiciones); aportes a Fondos de Garantía Recíproca, e indumentaria y equipamiento para el trabajo (solamente si el gasto es obligatorio, lo hace el empleado y no le es reintegrado).

El futuro del impuesto a las Ganancias divide a los gobernadores: las tres posturas para negociar con la Casa Rosada

El Gobierno quiere acelerar el acuerdo con los mandatarios provinciales para que respalden la nueva Ley Ómnibus a cambio de fondos. Guillermo Francos se reunirá hoy con los representantes del norte grande

Denuncian que no se están respetando los aumentos establecidos en el impuesto inmobiliario rural

Con respecto a la reacción de los propietarios de los inmuebles, el abogado tributarista, Luis María Giménez, mencionó que, "hay mucho enojo y muchos lugares de inmuebles lo que están haciendo es mirar con lupa lo que antes no miraban". Leer más

Chau Impuesto PAÍS: la encrucijada a la que se enfrenta el Gobierno si levanta el cepo

Para los analistas, las condiciones no están dadas para levantar las restricciones cambiarias. Sin embargo, pareciera que el Gobierno ya tiene resuelto de dónde echar mano para sustituir lo que recauda con el gravamen.

Sturzenegger: la "batalla más importante" de Milei y el primer impuesto que el Gobierno va a bajar

La "batalla cultural", la consolidación fiscal y la pelea contra "la casta" son los tres niveles de disputa que emprendió el Gobierno desde el 10 de diciembre, según el economista Federico Sturzenegger, el asesor de Javier Milei que lideró la elaboración del texto del DNU y el proyecto de ley bases.El expresidente del Banco Central elogió el proceso de "consolidación fiscal" que impulsa el Gobierno, destacó la caída del riesgo país como paso previo para un escenario de recuperación económica y advirtió que el paquete de reformas incluido en ambas instancias es "apenas el 20%" de los cambios de leyes y regulaciones que trabajó y presentó al presidente."Me parece que no hay conciencia de lo que está ocurriendo en la macro. Estamos tan en la vorágine que no nos damos cuenta lo significativo que es que el Gobierno haya logrado en un mes superávit financiero", dijo Sturzenegger."Y ya van dos meses, y después van a ser tres y cuatro, porque al Presidente lo veo con una convicción absolutamente incólume de que la Argentina tenga equilibrio fiscal", planteó el economista, en una conferencia organizada por el IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral.Si bien reconoció que "va a haber tropiezos y retrocesos" en el proceso, también destacó que "la gente tiene confianza" en el plan del Gobierno. En ese camino, se refirió a la caída en la brecha cambiaria, la recuperación de los bonos y la baja del riesgo país. "No hay una sola experiencia en el mundo de una caída del riesgo país sin recuperación económica", dijo Sturzenegger, quien habló de que la meta de eliminar el déficit "sacó a la Argentina del precipicio fiscal" y permitirá recuperar el crédito."No hay economista que no piense que si el país se mueve de una situación de déficit crónico a otro de superávit, va hacia otro equilibrio", sostuvo."El Presidente está haciendo batallas diferentes al mismo tiempo. Y la primera es la cultural. Él piensa que es fundamental que en la Argentina cambie ese relato de que el Estado va a solucionar todo a otro donde se vea que el Estado puede ser la causa de tus problemas", insistió Sturzenegger.El expresidente del BCRA enfatizó que "la madre de las batallas" del Gobierno de Milei es el cambio de "50 años" contra el escenario de desequilibrio en las cuentas públicas y el "modelo empobrecedor". "Yo soy ortodoxo, pero Milei se me sale de escala, y esa es la batalla que nunca nadie dio. El mercado sigue estando escéptico, pero de a poco se va convenciendo de que hay algo diferente. Está empezando a creer en la corrección que estamos viendo", planteó.En ese camino de consolidación fiscal, Sturzenegger sostuvo que el esquema del Gobierno no es ajuste. "Ajuste es cuando el Gobierno gasta, no cuando deja de gastar. Porque el gasto se tiene que financiar con impuestos o con inflación. Y cuando bajás el gasto, liberás a personas de tener que pagar esos impuestos. Basta del relato de que el Estado te va a proteger y termina siendo pantalla para apropiarse de recursos", disparó.Ante la consulta de Santiago Bulat, moderador del encuentro, por su visión sobre la situación del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, un tema que criticó reiteradamente en intervenciones públicas y artículos antes del Gobierno de Milei, reconoció ser "bastante escéptico" sobre "todos los regímenes de excepción"."Hay una gran falacia, porque cada vez que el estado promociona, está resignando recursos que van a tener que recaudar en otro lado. Promociona por un lado y despromociona por otro", dijo Sturzenegger, en un planteo que alcanza desde Tierra del Fuego hasta la industria del conocimiento o la industria aceitera. "En general, los sectores que logran estas promociones son industrias bastante capital intensivas que contratan poca mano de obra y terminan derivando a industria poco mano de obra intensivas. Entonces, el empleo total del país se resiente", agregó.En ese sentido, Sturzenegger dijo que la situación deberá ser rediscutida. "Más temprano que tarde va a tener que abordarse de una manera integral todo el capítulo de promociones económicas", planteó, y apuntó que la "reforma tributaria" está incluida en el Pacto de Mayo convocado por Milei."Una reforma tributaria es algo que está en la agenda. Creo que la Argentina tiene ir a un esquema fiscal simple, transparente, con impuestos iguales para todos", se extendió Sturzenegger, sobre una visión que contrasta con el proyecto de ley Bases, que entre sus propuestas incluyó un régimen de promoción de grandes inversiones para diferentes sectores (agroindustria, infraestructura, minería, energía y tecnología, entre otros), con una serie de beneficios fiscales e incentivos tributarios y aduaneros.Con reiterados elogios a la política del Gobierno, Sturzenegger rechazó los cuestionamientos sobre los riesgos y la sustentabilidad del programa fiscal y dijo que "hay un componente extraordinariamente genuino de reducción del gasto". "Cuando ves el superavit fiscal de un mes, por ahí patearon gastos y no es real. Ahora fueron dos meses, y después serán tres. Me parece que el Gobierno tiene que sostener su política, y es totalmente honesto y normal que la gente pueda ser escéptica, porque esto no lo vimos en 50 años en la historia argentina", aseguró.Al referirse a la dinámica del gasto, también realizó cuestionamientos al kirchnerismo. "Nos vendieron que baja el impuesto a las Ganancias, pero minga. Lo que hicieron fue transformar esa baja de impuestos en emisión monetaria y crearon inflación. El único impuesto que baja genuinamente es cuando baja el gasto, y no hay presidente que lo haya hecho como Milei. El primer impuesto que se va a bajar es el inflacionario", cerró.

Sturzenegger: "Milei no hace un ajuste, la baja del gasto libera a la gente del impuesto inflacionario"

El ex presidente del BCRA y actual asesor del Presidente participó del evento "Desafíos y oportunidades de la economía argentina 2024â?³ organizado por Escuela de Negocios la Universidad Austral

Dudas en el destino del impuesto a la nafta que debía destinarse a obras contra las inundaciones

En 2001, tras una fuerte inundación en la provincia de Buenos Aires, Fernando de la Rúa constituyó por decreto un fondo fiduciario de Infraestructura Hídrica, que durante los últimos años tuvo problemas de fiscalización, según la Sigen. El objetivo, que fue ampliado durante el gobierno de Néstor Kirchner, incluía realizar grandes obras para evitar inundaciones. Para eso, se lo dotó de recursos directos. Se financia hasta hoy con las compras de los automovilistas: con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el GNC. Si el Gobierno mantiene la idea de eliminar los fideicomisos y de empezar por aquellos que fueron creados por normas del Poder Ejecutivo, este es uno de los que se disolvería primero, aunque no está claro qué ocurriría con esos recursos.En la gestión anterior se iniciaron 132 obras, de las cuales fueron terminadas 67, casi todas vinculadas a alcantarillas, sumideros, desagües pluviales, espacios verdes para aminorar subas del agua y defensas urbanas ante la posibilidad de inundaciones. Las provincias más beneficiadas fueron la de Buenos Aires, con 25 proyectos; Formosa, con 15, y Chaco, Córdoba y Santa Fe, con cinco cada una.Entre 2020 y 2023 se realizaron dos auditorías internas sobre este fondo. En el resumen que elaboró la Sigen para Casa Rosada, se destacan problemas como el incumplimiento de requisitos y procedimientos administrativos para el otorgamiento de fondos, debilidades en los procesos de rendición de cuentas, falta de evaluación sobre el alcance e impacto de sus políticas y dificultades para controlarlo y fiscalizarlo por ausencia de normativas. El brazo ejecutor del fondo era la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, que gestiona cerca de $62.074.367.000 en la proyección de ingresos para este año.En la provincia de Buenos Aires solo se hicieron obras en 17 municipios de los 135. Tuvieron dos obras Berisso, Berazategui, Quilmes, Florencio Varela, San Martín, Bahía Blanca, San Miguel y Exaltación de la Cruz, mientras que Baradero, General Pinto, General Rodríguez, Ensenada, Lobería, San Vicente, Esteban Echeverría, Ituzaingó y Tres de Febrero, recibieron una. En La Plata, una de las zonas más afectadas por el temporal de estos días, que rememoró la tragedia de inundaciones de 2013, no se iniciaron obras.Un ejemplo de obras de relativa relevancia o de falta de especificación es lo que pasó en Quilmes: se destinaron $294.719.668 a, "a través de un enfoque integral, no solo mejorar las condiciones de drenaje sino también promover una conciencia sobre el medio ambiente, la preservación de los cauces y la consecuencia de la ocupación indiscriminada de áreas que funcionan como drenes naturales de las aguas de lluvia disminuyendo así la frecuencia y magnitud de las inundaciones".Durante la gestión anterior, se proyectaron tres grandes obras en materia hídrica. La de mayor valor fue un acueducto San Javier-Tostado, en Santa Fe, que tuvo una inversión proyectada por $94.081.704.349. Se gastó el 12,8% de ese presupuesto, pero solo se concretó el 2,41% del avance físico de esa obra, que fue iniciada en 2023 con una proyección de finalización en 2026.Le siguió el "Nuevo Canal de la Patria", en Santiago del Estero. La obra consistía en brindar agua potable y asegurar el abastecimiento a poblaciones y explotaciones (básicamente ganaderas). La inversión planificada fue de $29.987.513.843. El 81% de ese presupuesto fue gastado, aunque logró avanzar en un 63,4%, no sin problemas. Surgieron denuncias en la provincia respecto de que la forma en la que se ejecutaron los canales causaron inconvenientes para la fauna local, productiva y no productiva. Se reportaron muertes de vacas, perros, osos hormigueros y otras especies en las rejas del canal porque al caerse no podían salir. @maynejason UNA TRAMPA MORTAL â? ï¸? ð??¢ El nuevo Canal de la Patria atraviesa 180km de Santiago del Estero. A 15 dias de ser inaugurado, animales comenzaron a aparecer atrapados entre el hormigón y las rejas. Informe para @telenoche Clara evidencia de una mala evaluación de impacto ambiental, sin obras de mitigación. 0 coordinación entre ambiente y obras públicas. Las empresas constructoras son Panedile y Mijovi. #arg #animales #noticias â?¬ sonido original - JasonMayne La tercera inversión más importante fue para una obra que hace 25 años, gestión tras gestión, no se finaliza. Se trata de un proyecto complejo, pero que ha sufrido marchas y contramarchas que impiden su realización, que mejoraría el panorama de inundaciones para 59 municipios de la provincia de Buenos Aires: la ampliación de capacidad del Río Salado.La obra tiene cinco etapas y nueve subtramos. Cuatro etapas fueron comenzadas en la gestión de Mauricio Macri, entre 2017 y 2019, y una en la de Alberto Fernández. Varias de las primeras se finalizaron en el gobierno anterior, pero quedaron con bajo nivel de ejecución las correspondientes a la etapa dos, que recorre Roque Pérez y Lobos. El subtramo A tiene 1,25% de avance, el B, 11,91%, y el C, 0,83%."El Tramo IV consta de cuatro etapas, que a la vez incluyen subtramos, y de las cuales se finalizaron la 1 y 4, y se están ejecutando la 2 y la 3. Durante esta gestión, se continuaron y finalizaron los trabajos de las etapas 1A y 1B y 4, que en diciembre de 2019 tenían un avance de 94%, 9% y 5%, respectivamente. De la misma manera, continuó en ejecución la Etapa 3, que presentaba un avance de 9% y tiene fecha de finalización estimada en noviembre de 2023. Por último, la Etapa 2 se inició en mayo de 2023, con un plazo de ejecución previsto de dos años", destacó una informe oficial de 2023.

Impuesto del 4 x 1.000: conozca qué es, cómo se cobra y a qué se destina

Este impuesto fue creado en 1998 durante el mandato del ahora expresidente Andrés Pastrana Arango para que sirviera de salvavidas a los bancos, las cooperativas financieras dando alivios a los deudores del sistema Upac

El PP critica el "relato impuesto" de la Ley de Memoria y Vox advierte de que la derogarán en las CC.AA

Francos comparó la suba del impuesto inmobiliario rural de Kicillof con la resolución 125

El ministro del Interior, Guillermo Francos, habló en medio del malestar por el aumento del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires -con casos hasta el 500%, por encima del 200% esperado-, que gana cada vez más intensidad en el sector agropecuario. Fue en ese sentido que el funcionario del gobierno de Javier Milei comparó esta medida con la resolución 125, que propuso una suba de renciones en 2008 y generó una rebelión del campo. "Va a poner a todos los agropecuarios en guerra", apuntó así al gobernador Axel Kicillof.A medida que se acerca la fecha del Pacto de Mayo que propuso Milei, y que antes de fines de ese mes el Gobierno quiere aprobar la nueva versión de ley ómnibus, Francos se refirió a la falta de diálogo con Kicillof. "Nunca hubo un acercamiento con el gobernador y difícilmente encontremos puntos de acuerdo porque tenemos visiones muy distintas", sostuvo el ministro en diálogo con Radio La Red.En ese sentido, agregó: "Nosotros queremos un país desregulado y Kicillof quiere altas regulaciones y altos impuestos. Es difícil que quiera acompañar un proceso como el que estamos llevando adelante. El Presidente lo critica porque la única forma que tiene Kicillof de parar la fiesta de gastos en la Provincia es aumentar los impuestos de una forma brutal".Fue luego de estas declaraciones que Francos comparó la suba del impuesto con la 125. "El impuesto inmobiliario le quita toda la renta del campo a los productores, están en llamas. El impuesto inmobiliario de Kicillof es una especie de 125â?³, lanzó, y advirtió: "Los va a poner a todos los agropecuarios de la Provincia en guerra".La Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó en diciembre la ley impositiva 2024 propuesta por el gobernador, que dispone aumentar el impuesto inmobiliario hasta un 200%. Así, se establecieron topes progresivos de crecimiento del gravamen inmobiliario respecto del año anterior, aunque con modificaciones a la propuesta original de Kicillof. El proyecto inicial pretendía que el 90% de los contribuyentes tenga aumentos iguales o menores al 200% y el 10% restante tenga subas del orden del 300%. Sin embargo, se negoció con la oposición bajar los topes al 200% para los patrimonios más altos y a 130% el piso, en lugar del 140% que se había propuesto.El diputado José Luis Espert, recientemente integrado a La Libertad Avanza (LLA), sugirió la semana pasada que los bonaerenses no abonen el aumento en patentes, bienes inmobiliarios, urbanos edificados y tierra rural. Pese a que la evasión fiscal está penada en el régimen penal tributario, el diputado nacional que representa a esa provincia y comanda la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara baja, marcó: "Llamo a los bonaerenses a que no paguen el aumento impositivo". Ese mismo día, el presidente Milei lo respaldó: "Es un robo descarado".Jubilaciones y GananciasEn otro tramo de la entrevista, Francos habló sobre la posibilidad de aprobar una nueva fórmula jubilatoria por decreto. "Estamos buscando un consenso en el Congreso, de cómo se ajusta la fórmula. Si no conseguimos para el 1 de abril la nueva fórmula, seguimos con la anterior en el mes siguiente", explicó. Fue en ese sentido que confirmó que "podría" salir por decreto después del 1 de abril."El Presidente está analizando el tema en profundidad. La intención es que sea aprobada en la ley [ómnnibus]. Las personas que aportaron toda su vida son perjudicadas por las personas que no aportaron", agregó.Finalmente, se refirió a la vuelta del Impuesto a las Ganancias que quiere el Gobierno, y que fue en su mayoría eliminado por una ley aprobada en septiembre de 2023 impulsada por el exminsitro de Economía Sergio Massa. "Es un impuesto que siempre estuvo, posiblemente el más razonable. Todos los organismos multilaterales cuestionaron la eliminación del impuesto a los Ingresos personales porque es el más progresivo", aseguró, aunque todavía no hay acuerdo con las provincias para restituir el gravamen.

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Guillermo Francos comparó la 125 con el impuesto inmobiliario rural de Kicillof: "Va a poner a todos en pie de guerra"

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"Bolsillo inagotable": se viene otra asamblea en contra de la suba del impuesto inmobiliario en Buenos Aires

El malestar por aumento del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires -con casos hasta el 500%, por encima del 200% esperado- gana cada vez más intensidad en el sector agropecuario. Este descontento provocó las primeras asambleas de productores, como la realizada la semana pasada en Salto, y, de hecho, esta noche habrá otra en Salliqueló. "El desmedido aumento del inmobiliario rural, la implementación de una 5° cuota del mismo más las actualizaciones de tasas municipales ponen en jaque la capacidad contributiva de la producción. En vista de esta situación es que, en estado de alerta, convocamos a la reunión/asamblea", expresaron desde la Asociación Rural de Salliqueló, donde esta noche se hará otro encuentro de productores, desde las 20. "Palazo tremendo": en el sur de Santa Fe aguardan un duro golpe productivo por las inundacionesEn diálogo con LA NACION, Ignacio Irigoyen, presidente de la Rural de Salliqueló, explicó que esta convocatoria sigue el camino marcado por las rurales del norte bonaerense, que recientemente realizaron la asamblea en Salto para oponerse a la suba del impuesto inmobiliario rural, que alcanzó hasta el 500% en algunos casos, según denunciaron."Queremos mostrar el descontento y no quedarnos callados ante el aumento de la presión impositiva hacia el sector", señaló y agregó: "Buscamos reclamar que se vuelva hacia atrás en los excesivos aumentos de la base imponible, rechazar la quinta cuota del impuesto inmobiliario o, en su defecto, la eliminación del impuesto inmobiliario complementario".La convocatoria incluye a productores agropecuarios de localidades aledañas, así como también a directivos de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). "Es inconcebible porque nunca terminan de satisfacerse con lo que pueden extraerle al productor agropecuario. Lo ven como un bolsillo inagotable del que pueden seguir sacando sin consideración. Sin embargo, la realidad no es así. Venimos de tres años de sequía, durante los cuales los productores apenas pueden alcanzar a cubrir los márgenes brutos y pagar los costos. Y, encima, se suman todas estas cuestiones impositivas", dijo Irigoyen.El desmedido aumento del inmobiliario Rural, la implementación de una 5° cuota del mismo más las actualizaciones de tasas municipales, ponen en jaque la capacidad contributiva de la producción. 1/2 pic.twitter.com/uxQ3xZGU27— Rural Salliquelo (@RuralSalliquelo) March 18, 2024Para el dirigente, también existe una discriminación a nivel local, además de la suba impositiva provincial, con los aumentos de tasas del Concejo Deliberante, que superaron el 100% desde la primera cuota de este año. Irigoyen explicó que también hay un fuerte descontento por parte de los productores porque el gobierno municipal busca que el monto de la tasa vial tenga una actualización automática. En la zona también hay malestar por las guías de traslado de hacienda y la situación de la red vial. "Comenzamos con la cosecha de girasol hace tres semanas y los camiones se nos encajaban; estaban en pésimas condiciones siendo que para el arreglo de los caminos hay cuatro tributos: el impuesto inmobiliario y el complementario, las patentes, red vial y la guía de traslado", dijo."Se lo devoró": destruyen cultivos de maíz por la temible expansión de una plagaEn el enojo en este lugar va en línea con el reclamo de numerosas entidades y asociaciones de productores. Hoy la Mesa de Enlace, integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), expresó en un comunicado su rechazo hacia la creación de impuestos o tasas por parte de algunas comunas en diversas provincias.Según las palabras de las entidades, "pareciera que el único fin que los moviliza es el de recaudar más y no de mejorar los servicios que brindan y por los cuales se pagan importantes sumas". En este sentido, remarcaron que estas medidas se estarían implementando sin considerar una racionalización del gasto público ni una mejora en la prestación de servicios.Como se mencionó, el lunes pasado en Salto más de 100 productores se reunieron para analizar la situación creada por el incremento del impuesto inmobiliario rural y propusieron no pagar la primera cuota hasta tanto se revierta todo a un tope del 200%. Acordaron exigir al gobierno bonaerense una revisión del monto y la eliminación del impuesto inmobiliario rural complementario, además de limitar el incremento del inmobiliario urbano y las patentes.

Impuesto a las ganancias: "Nadie quiere poner la cara para la restitución"

La medida apunta alcanzar a 1.500.000 asalariados y quienes cobren menos de 15 salarios mínimos, vitales y móviles, quedarán exentos de pagar el impuesto a las grandes fortunas. Leer más

"La casta": productores lograron frenar un nuevo impuesto y dieron un portazo en un municipio

Los productores agropecuarios de Necochea, en la provincia de Buenos Aires, lograron frenar una fuerte suba de la tasa vial rural que buscaba implementar el intendente local, Arturo Rojas (Nueva Necochea). En el proyecto de ordenanza municipal que se trató este lunes en el Concejo Deliberante se proponía una actualización del 140% que se aplicó en diciembre pasado por el índice UVA [Unidad de Valor Adquisitivo], más una nueva tasa del 35% para la compra de maquinaria. El gravamen pasaba de $5000 por hectárea a superar los $10.000 o $12.000, según sean las actualizaciones. No logró avanzar ya que no consiguió el aval suficiente en el cuerpo legislativo local."Lluvias arrasadoras": se viven momentos de desesperación en los campos inundados en el sur de Santa Fe"En diciembre tuvimos un aumento de la tasa vial del 140%; quedó en alrededor de $5000 por hectárea. Hace 10 años habíamos logrado hacer un ente vial donde manejamos el presupuesto -estaba también integrado por productores-, cediendo una parte en rentas generales y nada para nosotros; ahora la situación es distinta", relató Patricio Bosch, presidente de la Sociedad Rural local. El proyecto de ley volvió a comisión ante la falta de votos afirmativos.La preocupación de los productores se reflejó luego de una reunión de este fin de semana de la Comisión Fiscal Impositiva local donde se determinaron los aumentos y actualizaciones de la tasa vial rural. Por eso, los productores que integraban el Ente Vial, hoy a cargo de Sergio Giorello, decidieron dar un paso al costado del Ente.A través de un comunicado informaron a sus pares de la decisión; además, en una solicitada le pidieron a los concejales que los representen. "De ser necesario recurriremos a la Justicia", advirtieron. "Motiva esta decisión el falso uso del Ente por parte del ejecutivo municipal, hasta el punto de falsear el objeto para el cual fue creado", señalaron en el documento.Durante el primer mandato de Rojas [2019-2023] a los productores les pidieron que con el presupuesto del Ente Vial, que sostiene el sector agropecuario, el organismo se hiciera cargo de las calles internas de la ciudad. "El Ente funcionaba bárbaro, y la tasa estaba afectada por él, y como pasa siempre manoteaban el presupuesto. Cuando asume el nuevo gobierno [de Rojas] desafectan la tasa", señaló. De esta forma, comenzaron a realizarse tareas de mantenimiento de la red vial urbana y de las obras sanitarias de la ciudad con lo recaudado por este Ente.A los productores les preocupaba el mayor costo de la tasa por ahora frenada. "Si se llegaba a tomar los índices retroactivos se iría a más de $10.000 en estos tres meses", precisó. La sobretasa del 35% para la compra de maquinaria tendría que salir de rentas generales, según los ruralistas. "Si ya nos sacaban plata del presupuesto del Ente Vial, ahora nos van a sacar la mitad más ese 35%", enumeró el dirigente.Más allá de los números, en el sector alertaron que el municipio se queda con el 50% del presupuesto para rentas generales: no se usa todo lo recaudado de la tasa rural. El nuevo proyecto contemplaba que todas las tasas, tanto rurales como urbanas se ajusten por el índice UVA.En esa región hay alrededor de 700 productores agropecuarios que estarían alcanzados por este gravamen en caso de que se apruebe el proyecto. En total, hay más de 400.000 hectáreas en todo el partido entre lo urbano y lo rural, donde se produce trigo, cebada, girasol, maíz y soja."El ajuste lo seguimos haciendo los privados y no el sector público. Seguimos los privados poniendo y ellos no hacen ningún tipo de ajuste de la organización municipal. Sabemos cómo se manejan con los gastos, la maquinaria y la desidia con que se maneja al personal. La tasa es un servicio, no es impuesto, es el pago por una prestación de servicio, pero como tenemos un desmanejo del presupuesto pasa esto...", afirmó.Pablo González, un productor local y abogado, señaló que "no hay ningún justificativo" para el aumento. "En realidad, en la tasa, toda la vida estuvo incluido el equipamiento. Cobrar un adicional por algo que ya está incluido dentro de la tasa no es legítimo. Al margen, el municipio no aplica a la conservación de los caminos todo el porcentaje que se recauda en concepto de tasas, por tanto, no es constitucional", precisó. La decisión de aplicar otra tasa, dijo, es "una doble imposición".La preocupación se agudiza por la actualización que busca aplicar el Municipio por el índice UVA que se utiliza en otros sectores de la economía. El abogado estimó que este valor podría llegar a los $12.000, dependiendo si es retroactivo. "Esto contratasta con el partido de San Cayetano que tiene un mejor servicio y está cobrando $4500â?³, ejemplificó.El Ente Vial se creó durante la gestión de Daniel Molina [2003-2007 y 2007-2011] con una cuenta afectada para tal fin. El Ente atendía todo el costo del servicio: inversión de maquinaria, repuestos, salarios, etc. "Cuando asume Rojas se desafecta la cuenta y se agregan prestaciones de servicio que no están incluidas en las tasas rurales, como mantenimiento de calles urbanas y obras sanitarias urbanas, sin agregarle fondos. Los servicios urbanos tendrían que tener un fondeo propio", alertó."La asignación de recursos en perjuicio de lo recaudado tiene que tener una relación razonable. El año pasado, de lo recaudado para el servicio rural se aplicó apenas el 50%, eso es antijurídico. Se está cobrando de más para atender otras cuestiones y la tasa por naturaleza jurídica y punto de vista tributario es el pago de un servicio concreto. Esto está excediendo todos los límites. Es una barbaridad lo que se está haciendo", extendió.Según dijeron, en caso de avanzar el tributo solicitarían la impugnación ante la Justicia. Entre el monto de lo recaudado y lo utilizado como prestación de servicios coincidió que se utilizó alrededor del 50%."En lugar de hacer un recorte de los gastos de la casta, la variable de ajuste que hacen es el aumento de impuestos al campo. Es injusto. El ajuste lo hacen aumentando los ingresos con nuestros impuestos", resumió.

El peso del Estado: cuál es el impuesto que más desalienta la inversión y cuál la agencia fiscal de peor reputación entre las empresas

De una encuesta de KPMG surge que un tributo provincial es el que más afecta la actividad productiva y presiona sobre la provisión de bienes y servicios. Aunque el país tiene ahora un gobierno "libertario", 89% de las firmas encuestadas consideró que la presión fiscal se mantendrá o aumentará en 2024

Oscar Cetrángolo: "En la Argentina de hoy estar en contra del impuesto a las Ganancias es ser conservador o de derecha"

Para este economista, profesor de la UBA, referente de las finanzas públicas y autor de un reciente trabajo sobre el tributo en el centro del debate, no hay justificativos teóricos y prácticos para que Argentina no cobre un gravamen sobre los ingresos o rentas.

El Norte contra el Sur, la grieta entre los gobernadores por el impuesto que más le duele a la clase media

El impuesto a las Ganancias, ahora bautizado como Impuesto a los Ingresos Personales, el que más molesta a los asalariados formales, ha cavado una grieta entre los gobernadores. Pero, más allá de esta disputa concreta, hay que reconocerle a la política argentina una enorme virtud: siempre encuentran consensos a la hora de subir los impuestos.El punto de desencuentro ha trazado una teórica división que podría resumirse en una consigna: los mandatarios del Norte contra la liga de los Sur, con Buenos Aires en una posición híbrida. ¿El motivo? Unos, los de arriba, insisten para que el menor salario bruto alcanzado por ese impuesto sea el más bajo posible mientas que los otros pujan por un monto mucho más grande. El gobernador bonaerense es el "distinto": no quiere que nada cambie influenciado por la cuestión ideológica.El punto de discordia es el siguiente. En el Norte tiene una estructura laboral muy distinta donde el universo de los alcanzados por la reposición del impuesto no es tan alta mientras que, en el Sur, el mercado laboral es distinto y sí hay una porción importante que volvería a tener que tributar. Preguntará el lector qué pasa con Buenos Aires. Pues no importa demasiado el contribuyente para el gobernador Axel Kicillof. Lo que rige sus movimientos es la mirada política. Dice que no hay que gravar el salario, pese a que jamás levantó esa bandera mientras era ministro de Economía de Cristina Kirchner, y además, no quiere deshacer aquella medida del cuarto kirchnerismo en campaña, cuando todo valía para entronar a Sergio Massa en la Casa Rosada.El planteo se reduce en posiciones concretas. El Norte quiere Ganancias con el tope más bajo posible y el Sur pretende un menor salario bruto alcanzado mucho más alto. "Es el gran tema de desacuerdo entre los propios gobernadores. De acuerdo a lo que se acordó el viernes, las comisiones técnicas de Nación y provincias empezarán a debatir todos los temas pendientes tanto de la nueva "Ley Bases" como del capítulo fiscal [que irá al Congreso como una ley separada]. Imaginamos que esto sucederá estos días como para que después de los feriados largos de Semana Santa se empiece a debatir en el recinto. Pero con todo acordado. Ganancias, donde hay muchas diferencias, es el gran tema a definir", dijo una fuente oficial con acceso a las oficinas donde se debate el asunto.De acuerdo al paquete que por ahora es borrador, el renombrado impuesto a los Ingresos Personales prevé que empezarán a tributar los asalariados que tengan un salario bruto de $1.250.000, o $1.053.000 en mano) para el caso de los solteros, mientras que quien tiene dos hijos menores de 18 años y cónyuge, tendrá un piso de $1.590.062 brutos, o lo que es lo mismo, un salario mensual de $1.393.000 de bolsillo.No obstante, para conviviente, la persona en cuestión no debería superar como ingresos propios los $2.360.829 en todo 2024, según lo establece el proyecto. A su vez, la deducción por hijo podría hacerse si se trata de menores de 18 años o si están incapacitados para el trabajo. En el primer caso, la declaración produce que se descuente del ingreso un monto de $92.494 mensuales antes del cálculo del impuesto; en el segundo caso, lo deducible es de $184.988 mensuales.Dentro del nuevo esquema de discusión que planteó el Gobierno con los gobernadores, y que formalmente empezó el viernes pasado con la reunión en la Casa Rosada que presidió en Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, la cuestión de Ganancias se posó fuerte en la conversación. De hecho, aquel viernes fue unánime el comentario en Balcarce 50 respecto de que la última palabra la tendrá esa comisión técnica y que seguramente, el monto final, será acordado por los mandatarios provinciales.Quizá una anécdota sirva para ilustrar las posturas. Transcurría aquel encuentro y, en una charla, un gobernador se sinceró. Contó que en su provincia, apenas unos pocos miles eran alcanzados por el impuesto a las Ganancias, con lo cual, no era un tema que le preocupara demasiado. "Tengo unos pocos que pagan pero, sin embargo, que lo reestablezcan me genera una enorme cantidad de ingresos", le dijo, palabras más, palabras menos, a su interlocutor. Y luego se explayó: "Me significa alrededor de 8% más de coparticipación". De más está decirlo, pero el hombre habita en el Norte.El esquema actual, el de la ley 27.725 aprobada por el Congreso en septiembre último y hasta ahora no reglamentada, rige desde lo percibido en enero, aunque en los últimos meses de 2023 y por modificaciones hechas por decreto, ya estuvieron vigentes reglas similares en lo referido, por ejemplo, a la manera de definir quiénes tributan y quiénes no.Las reformas más recientes, impulsadas en plena campaña electoral por quien era ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, llevaron a que muchos de los asalariados antes alcanzados dejaran de pagar el tributo, y a que la mayoría de quienes lo siguen abonando lo hagan con una modalidad de cálculo que fue modificada. Cuando se hicieron esos cambios, que tuvieron el voto favorable del presidente Javier Milei en su rol de diputado, no se previó una contrapartida por la caída de la recaudación de recursos para el Estado, un efecto que era imposible desconocer. Pasó un tiempo y la elección. En estos meses, algunos trabajadores sonrieron. Ahora les tocan las carcajadas a los gobernadores y al Jefe de Estado. No importa mucho si para hacerlo deban borrar lo que firmaron en plena campaña. Vale todo a la hora de aumentar impuestos.

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El diputado de La Libertad Avanza habló de "rebelión fiscal con sentido común".Comparó la acción con un "método de protesta" como los piquetes y la huelga.

Milei insiste con reponer el impuesto a las Ganancias: a cuántos salarios mínimos equivaldría

Mientras el salario real perdió 20,7% en los primeros 50 días de la gestión libertaria, el Gobierno insiste con la restitución de la cuarta categoría en Ganancias. El impuesto toma relevancia en medio de la caída de las transferencias a las provincias. Si se restituye como lo plantea Milei en el borrador enviado a los gobernadores, el mínimo imponible sería similar a lo que necesitó una familia en CABA para no caer en la pobreza en febrero. Leer más

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Solteros desde $ 1,1 millón y casados desde $ 1,5 millón estarán alcanzados por el impuesto.Se estima que un millón y medio de trabajadores, hoy exentos, pasarán a pagarlo. Las alícuotas van del 5% al 35% por encima del nuevo minino no imponible.

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"Ilegítimo e inconstitucional": un productor presentó la primera demanda judicial contra el aumento de un impuesto de Kicillof

En medio del malestar del campo bonaerense por el incremento del impuesto inmobiliario rural, se presentó la primera demanda contra la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), a cargo de Cristian Girard. En rigor, el denunciante es un abogado y productor ganadero de San Vicente, Agustín Arechavala, que busca que se de marcha atrás con el aumento que entiende es "ilegítimo y confiscatorio". Los productores han venido denunciando alzas muy por encima del 200% esperado, con casos del 500%. Para fuentes del Ministerio de Desarrollo Agrario provincial, en tanto no hay registros de subas mayores al 200%: solo unas 2100 partidas, de 300.000, tienen incrementos del 300%.Abogado por elección y productor por herencia, Arechavala decidió ir a la Justicia porque considera que existe una suba desmedida del inmobiliario rural. En su caso particular, pasó de $100.000 (considerando una bonificación) a unos $800.000 por unas 210 hectáreas del campo familiar, donde hace ganadería. Su demanda cayó en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1º de La Plata.Quiso ayudar a su padre con el trabajo y fundó una empresa para un mercado que llegará a US$4000 millones"La verdad es que si hoy tuviera que elegir ser productor, con todos los dolores de cabeza que eso genera, te diría que no. La demanda que presenté es un remedio jurídico que se llama acción declarativa de certeza que cualquier particular la puede promover, exista o no exista el daño. En una acción preventiva y que tiene muchas particularidades o similitudes con el amparo. En la misma, lo que yo le explicó a los jueces es que estamos ante un impuesto que es ilegítimo e inconstitucional y que podría causarme un perjuicio por muchas razones", dijo a LA NACION.Según explicó, hay una parte de las razones que hace a los antecedentes de San Vicente, donde existe "una desproporción en los valores óptimos asignados desde el 2012 hasta la fecha"."Es muy bueno": llevaron a una zona marginal un animal que produce una carne nutracéutica y los resultados son prometedores"Dice que para hacer el cálculo del impuesto inmobiliario se multiplica el valor óptimo del partido con el valor óptimo de la parcela. Es decir que puedo tener un campo que es todo laguna, bajo y que no vale nada, pero si el municipio está catalogado como tierra buena, se me eleva el impuesto. Y eso hace que San Vicente, que es una zona de ganadería y de tambos de muy baja productividad, pague un impuesto igual a campos en Rojas o en Capitán Sarmiento, que pertenecen a la zona núcleo de agricultura y muy por encima de Brandsen y Cañuelas, partidos linderos y similares en productividad", remarcó.Entonces, indicó, que partiendo de ese error, el impuesto le pega tres veces más a los productores de San Vicente. En términos gremiales, detalló que la Sociedad Rural de San Vicente ya presentó, tanto en el municipio, en el Concejo Deliberante, en el Ministerio de Desarrollo Agrario y en ARBA, diferentes acciones al respecto."La más significativa es una que se encargó a través de la Defensoría del Pueblo, con la cual se generó un expediente administrativo y ARBA determinó que la evaluación dependía de un decreto emitido por Daniel Scioli en el 2012, que tuvo en cuenta la valuación de la tierra en San Vicente por una encuesta a inmobiliarias, lo cual es un error, porque en San Vicente no hay inmobiliarias rurales, lo único que hay son inmobiliarias urbanas. Pueden haber cerca emprendimientos urbanísticos, pero que no tienen nada que ver con el 90% del campo, donde la hectárea vale menos de US$6000 pero están cobrando un impuesto de una hectárea de entre 14.000 y 15.000 dólares, cuando mi tierra vale US$4000, por ejemplo. ARBA consideró que eso fue una estimación especulativa del Fisco. Por lo cual, entiendo que, en base a esa respuesta, tengo argumentos para cuestionar, la ilegitimidad, la ilegalidad y la constitucionalidad del impuesto, tal como se me calcula para mi caso en particular", aseguró."Es una acción individual que puede generar un precedente que sale a favor, pero que no tiene efecto erga-hombre, es decir, no se aplica para todos. Cada productor tiene que hacerlo en forma individual para pedir lo que considere. En particular esto es en San Vicente, pero el aumento del impuesto es para toda la provincia, por lo cual los aumentos que superan el tope del 200% y que están hoy afectando a todos los productores, se da por igual. Yo tengo un agravante, mi punto de partida es diferente, pero al resto de los productores bonaerenses los afecta igual y tendrían argumentos para recurrir también a la Justicia", agregó el abogado.Mientras tanto, fuentes del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, que conduce Javier Rodríguez, buscaron relativizar los cuestionamientos en general de los productores. Como primer punto dijeron que, de las 300.000 partidas que tiene la provincia, solo 2100 quedaron por encima de ese tope del 200%. Según explicaron, no hubo revalúo sino que, para la determinación del impuesto se actualizó la base imponible en un 300%. De ahí, el coeficiente que se considera para calcular el impuestos, que es el 12,1% de esa base imponible modificada. En definitiva lo que se aumentó fue la base imponible."Por ejemplo, si tenía un campo de $50 millones, la base imponible se fue a $200 millones. A la vez se puso tope de 140%, de 160% y de 200% (hasta $189 millones). Solo si te vas de ese margen, te opera el 300%. No hay aumentos del 500%. El tope sobre las cuatro cuotas es 300%. Sumando que, además, el 98% de las 300.000 partidas están dentro de ese 200%, solo 2100 están fuera de ese tope", detallaron.Seguramente, indicaron, muchos contribuyentes tomaron en cuenta no la boleta plena del año pasado sino con los descuentos por débito automático y de buen pagador que rondaba en orden del 15% que, al no estar más este 2024, el incremento puede mostrarse aun más elevado."Es atribución de ARBA. El descuento era un premio y, cuando vieron que, contra la inflación del 270%, el impuesto quedaba muy atrás, dijeron 'saquemos el premio, las bonificaciones'. La otra era aumentar el impuesto un 240/260%. Pero en este contexto, preferimos aumentar menos nominalmente y quitar en parte estas bonificaciones. Muchos comparan factura contra factura y dicen que el año pasado pagaron 80 y este año están pagando 300. Pero el error está en no considerar el monto original", reiteraron."Lo que todo el tiempo se dijo es que tratemos de mantener los mismos niveles de ingreso de la provincia en términos reales, ese es el objetivo. Siempre lo que hacemos es segmentarlo: que algunos estén por ahí un poquito por arriba de la inflación, pero que muchos estén por debajo. Eso es lo que venimos haciendo en los cuatro o cinco años de gestión. El impuesto inmobiliario más el automotor representa un 8% de la recaudación bonaerense", agregaron.En este contexto, desde la cartera provincial se juntaron la semana pasada con todas las entidades ruralistas. "A la fecha no tuvimos ninguna boleta de las que nos mandaron que nos dijera que está por encima del 200%. Ese es el tema. Les dijimos que si había cuatro o cinco casos, podíamos hablar de una cuestión generalizada. Recibimos 35 casos y ARBA recibió 150 pedidos, pero todos estaban correctos. Necesitamos más que un excel para ver si están tomando y considerando el valor original de la boleta o se están fijando con los descuentos que tuvieron el año pasado. Otra cuestión es que pueden ser partidas que tuvieron de descuento por la emergencia de la sequía, donde se les computaban una bonificación y ahora la sacaron", cerraron.

Crece la polémica por el aumento de un impuesto en Buenos Aires: plantean no pagarlo y llegó a la Justicia

Denuncian que hubo incrementos desmedidos en el inmobiliario rural.Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario niegan que los aumentos superen los que indica la ley.

El PSOE enmienda el impuesto de sociedades para contrarrestar la anulación de su reforma

Santa Fe: devolverán más de $2400 millones del pago de un impuesto

SANTA FE.- Los productores agropecuarios de esta provincia, afectados por el desastre agropecuario que ocasionó la sequía de tres años consecutivos, recibirán lo abonado -total o parcialmente- por el Impuesto Inmobiliario Rural durante 2023, según el anuncio del gobierno santafecino.El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que "debido a la declaración de desastre agropecuario, resultaban exentos del pago del impuesto inmobiliario y muchos ya lo habían abonado total o parcialmente; se establecieron mecanismos para que, por primera vez, puedan aplicar ese saldo a favor a las cuotas de este año e inclusive con la prórroga de poder liquidar el impuesto anual con descuento previsto del 35 % hasta el 30 de abril".Además, Olivares detalló que aquellos que cuenten con este saldo a favor, y que de igual manera abonaron el pago anual 2024, por primera vez la provincia les reintegrará el impuesto por ese pago en exceso directamente a su propia CBU con trámite 100% digital. Se indicó que la devolución impositiva supera los $2425 millones."Raramente visto": según los expertos, las lluvias de estos días son esenciales para morigerar un pronóstico que ya preocupaEn tanto, se explicó que los contribuyentes alcanzados por el desastre agropecuario que realizaron pagos por el impuesto inmobiliario correspondiente a las cuotas del período fiscal 2022 y 2023 podrán realizar la compensación de pagos mediante la aplicación web que se encuentra disponible. Una vez efectuada la compensación podrán generar la liquidación del pago total anual ingresando al siguiente link: https://www.santafe.gob.ar/e-in-liq-deuda/pago_anticipado/ o de las cuotas del año 2024 ingresando al link: https://www.santafe.gob.ar/e-in-liq-deuda/. Para realizar los trámites deberán contar con CUIT y el servicio "API - Santa Fe - Compensación Pago Inmobiliario" Res. 15/2023 habilitado en el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).Aquellos que realizaron el pago total anual del año 2022 y 2023 deberán tener el servicio "API - Santa Fe - Inmobiliario Devolución Pago Total Anual 2022/2023â?³ habilitado en el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos. La aplicación se encontrará disponible en www.santafe.gov.ar/api - Box de Destacado: "Impuesto Inmobiliario - Devolución Pago Total Anual 2022 y 2023â?³.Una vez finalizado los trámites tanto para la generación de saldo por el pago de cuotas o por haber abonado el total del período 2022 - 2023, el sistema le asignará un número de trámite, el cual será incorporado al Sistema de Gestión de Trámites de esta Administración Provincial de Impuestos para su posterior tramitación.RepercusionesConsultada al respecto, Sara Gardiol, presidenta de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), que agrupa a más de 30 sociedades rurales de la provincia, sostuvo ante LA NACION que "se trata de un acto de consideración del gobierno provincial". Estimó que la medida "es coherente con el pensamiento de este gobierno", subrayó.Gardiol no ocultó la situación de muchos productores actualmente. "Hay gente que sacó recursos de su circuito financiero, que pudo haber necesitado más adelante por la sequía que tuvimos que soportar, pero que destinó a cubrir sus obligaciones tributarias", señaló.

"Una trampa": la oposición a Kicillof busca ponerle un tope a la suba de un impuesto al campo

El bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, impulsado por Luciano Bugallo, presentó un proyecto para modificar la ley 15.479 para que incluya topes de aumentos en el inmobiliario rural, con el objetivo de "corregir la inequidad que afectó a una gran cantidad de productores de la provincia de Buenos Aires"."El gobierno provincial le encontró una trampa a la ley sancionada, que de por sí, es muy clara en los topes que fija los aumentos y esa fue la intención de los legisladores que acompañamos en su momento. No solo evitar el 300% que pretendía imponer Kicillof, lo cual ya era un impuestazo por encima de la inflación, sino también, determinar los topes a los distintos escalones de partidas, de acuerdo a cada valuación fiscal, con un tope máximo del 200% a las partidas de hasta $200 millones y de ahí para abajo", afirmó Bugallo."Cosecha rescatista": qué se viene para los productores y la economía en los próximos meses"¿Qué hizo el gobierno provincial? Aumentar a través de ARBA la valuación fiscal para el 2024, haciendo que muchos productores pasaran al escalón siguiente de aumento y muchos de ellos, quedando por encima de una valuación de $200 millones, donde a ellos le aplican una fórmula para determinar el aumento. Hemos visto casos que superan el 500% y en otros, hasta el 1000%: un choreo", enfatizó el legislador provincial de la CC.Según comentó, en la ley impositiva recientemente sancionada en diciembre pasado se había establecido un tope de aumento del impuesto inmobiliario rural para aquellas partidas cuya valuación no superara los $198.940.000, pero, "al aplicarse un incremento del 12,1% en el valor fiscal de las mismas, la base imponible de la porción con alícuota más alta se amplió, provocando incrementos en algunos casos superiores al 500%"."No hay plata": proponen no pagar el aumento de un impuesto de Axel Kicillof y exigen una marcha atrásLa iniciativa de la CC propone fijar un tope de aumento del 220% para los inmuebles citados, teniendo en cuenta "la difícil situación macroeconómica, sumada a la crisis productiva, consecuencia de una larga racha de sequías que lleva ya años padeciendo varias provincias del país y especialmente el territorio bonaerense".En ese sentido, busca "derogar el artículo 137 de la ley que le permitió a ARBA establecer por sí un coeficiente de actualización (a través de una fórmula determinada por el propio organismo recaudador) de las cuotas del Impuesto inmobiliario y automotor". En esa oportunidad, dijeron, que el bloque de legisladores de la CC votó en contra de ese artículo en la sesión de diciembre pasado. "Esta prerrogativa resulta violatoria del principio de legalidad en materia tributaria, ya que es una facultad propia de este cuerpo y no del organismo fiscal", alerta el proyecto.También se impone "la obligación a ARBA de que establezca bonificaciones especiales por pago en término y/o buen cumplimiento de las obligaciones fiscales como así también por adherirse a la boleta electrónica de forma tal de incentivar el, actualmente dificultoso, cumplimiento de la obligación"."Es deber de esta Legislatura establecer medidas que coadyuven a aminorar los efectos de la crisis como así también hacer imperar el principio de legalidad cuando la norma se aparta de ello, en claro respeto a nuestra Constitución Nacional a lo cual el Poder Ejecutivo debe sujetar también su accionar", cerraron.

"Aumentos desmedidos": en el campo se preparan para llevar a la Justicia una pelea con Kicillof por un impuesto

La polémica por el fuerte incremento del impuesto inmobiliario rural por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires sigue tomando más temperatura en el ambiente agropecuario y en el sector buscan diferentes caminos para revertir dicho aumento. En este escenario, la Sociedad Rural Argentina (SRA) envió una carta a sus socios para plantearles las posibilidades que cuentan para hacer frente a los "aumentos desmedidos, donde se vulneraron los topes aprobados en la Ley fiscal 2024â?³. Allí mencionan la opción de la vía judicial. También la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) puso la lupa en un análisis para un camino en la Justicia."Si usted está en los casos alcanzados por los aumentos que no corresponden, la primera opción es pedir la revisión de la factura a través de la página web de ARBA en la sección 'Atención, reclamos y consultas'. Esto lo tiene que hacer el titular ya que solicitan datos de la partida. La segunda opción es hacer un reclamo individual ante el Poder Judicial. Al ser temas patrimoniales, debe hacerlo cada uno individualmente, no pudiendo actuar la SRA como en forma colectiva", detallaron en la misiva de la Rural."Cosecha rescatista": qué se viene para los productores y la economía en los próximos meses"Entendemos que las facultades delegadas por el Poder Legislativo a favor de ARBA han generado esta suba desmedida y las complicaciones que nos tocan vivir", añadieron.Según alertaron días atrás en Carbap, hay productores que tuvieron por algunas de sus parcelas subas que superan el 500%. En la Legislatura bonaerense se aprobó una escalera de incrementos de hasta el 200% para el caso de una base imponible de hasta $198.940.000. Por encima de ese número no se fijó tope. El campo rechazó esto último y pidió no más del 200%."No hay plata": proponen no pagar el aumento de un impuesto de Axel Kicillof y exigen una marcha atrásIncluso hay partidas donde el impuesto inmobiliario complementario [en este caso se suman las distintas partidas] tuvo un incremento de más del 600%. Por ejemplo, una empresa agropecuaria que el año pasado pagó $164.000 por el complementario, este año, en junio próximo, deberá abonar la suma de $1.280.000. Otro caso, una compañía del sector que a mediados de 2023 debió pagar a ARBA alrededor de $670.000, este año el valor es de aproximadamente $3.800.000.En esa línea, la semana pasada, la Mesa de Enlace provincial envió una carta al gobernador Axel Kicillof para tener una reunión y darle una solución al respecto pero aun no tuvo respuesta positiva. "Hemos pedido una reunión con el gobernador. Hemos hablado en Expoagro con el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez y enviado la documentación que demuestra lo mal liquidado que están hechas las partidas pero él entiende que ARBA lo ha hecho bien. Tenemos el excel armado con todos los valores e información que así lo demuestra", dijo a LA NACION Horacio Salaverri, presidente de Carbap."Pero estamos molestos porque esa respuesta de Kicillof se hace esperar, el tiempo pasa y se vencen las cuotas y nosotros seguimos aguardando en ese sentido", añadió.El tema de ir por el no pago que propusieron algunas sociedades rurales y productores autoconvocados ayer en Salto no es un buen mensaje para el sector, entienden en las entidades. Porque, si bien reconocen que existe una "incapacidad de pago" en parte del sector, la cuestión de no abonar lleva al productor automáticamente a que le modifiquen el scoring que tiene ARBA y comienzan a retenerle y a percibir el 2,2% o el 3% del impuesto."Por nuestra parte, como entidad seguimos trabajando en ese sentido. Ayer le hemos enviado una nota a los legisladores provinciales para que intercedan con el gobierno de Kicillof para que se postergue el tributo y la readecuación del mismo. Hoy, además, tenemos una reunión en la zonal 7 para tratar el tema con todas las rurales del sudoeste bonaerense. Estamos viendo ahora variantes inclusive de tipo judicial, estudiando los planteos jurídicos para ver cómo podemos encararlo por ese lado", finalizó Salaverri.Por su parte, George Breitschmitt, representante de Coninagro en la entidad provincial, dijo que "este incremento supera las capacidades contributivas de los productores"."No podemos medir solo un aumento por la inflación sino que debe tenerse en cuenta la capacidad de pago del contribuyente. Y responsabilizaría también a los legisladores que aprobaron aumentos por encima de la capacidad de pago. Otra discusión diferente que puede plantearse es cuál es el destino de esos impuestos", indicó.

"No hay plata": proponen no pagar el aumento de un impuesto de Axel Kicillof y exigen una marcha atrás

Más de 100 productores que se reunieron esta tarde noche en la localidad bonaerense de Salto propusieron al término de una asamblea que no se pague el impuesto inmobiliario rural que vence este martes y miércoles y que vino con subas, según denunciaron, de hasta el 500% por parte del gobierno de Axel Kicillof."Lo que se propuso es no pagar hasta tanto no se revea el monto del aumento", dijo a LA NACION Patricio Molle, presidente de la Asociación de Productores Rurales de Arrecifes, que estuvo en el encuentro. Según se leyó al término de la asamblea no habrá pago hasta tanto se ponga un máximo de 200% "total". Además del inmobiliario rural, quieren que se limite el incremento del inmobiliario urbano, patentes y se quite el impuesto inmobiliario rural complementario. Este último lo que hace es sumar distintas partidas. Lluvias: se vienen días con fuertes precipitaciones y anticipan un efecto positivo y otro negativo"No hay plata para pagar; no arrancó la cosecha y no hay disponibilidad de dinero", agregó el ruralista. La convocatoria de hoy fue impulsada por las sociedades rurales y asociaciones de productores de Colón, Rojas, Salto, Capitán Sarmiento, San Pedro, Pergamino, Arrecifes, San Antonio de Areco y Baradero. Al margen de las entidades que llamaron a la reunión, terminaron asistiendo productores de otras localidades, autoconvocados y representantes de Federación Agraria Argentina (FAA), según indicaron a este medio. No hubo autoridades de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) a pesar de que fueron invitadas y las rurales bonaerenses están integradas a la entidad. "Yo no lo voy a pagar", señaló Alberto Del Solar Dorrego, presidente de la Sociedad Rural de Rojas. Los asambleístas pidieron que se pusiera de manera explícita la "negativa" a pagar la primera cuota hasta que se retrotraiga a un máximo de 200%, se elimine la quinta cuota establecida y se restituyan los beneficios por buen contribuyente y débito electrónico. Según han dicho los productores, esto último significa descuentos que llegaban sumados al 20%.Del Sola Dorrego señaló que la propuesta de la asamblea tiene que llegar a las entidades: "Que acompañen a los productores". Según dijo, se va a impulsar que, si no hay una respuesta favorable de la provincia, se llame a otra asamblea, ya más grande. "Vamos a hablar con los representantes de Carbap; hoy no vino nadie de ellos", expresó. Tampoco lo hicieron miembros de la Mesa de Enlace.Agregó que ven "callados" a los intendentes frente al reclamo y dio su versión sobre esto último. Dijo que como la provincia coparticipa, mientras más se aumente más dinero reciben los municipios. Molle, en tanto, indicó que la convocatoria a otra asamblea, si no hay respuestas, debería ser en 10 a 15 días. "Hay productores con varias partidas [con el impuesto rural complementario] con aumentos superiores al 500%", afirmó.Lo que dice la provinciaEn tanto, para el gobierno bonaerense, las boletas que llegaron a los productores para el pago del inmobiliario rural "tienen los porcentajes" que corresponden y están bien confeccionadas.Así lo expresaron a este medio desde el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, que conduce Javier Rodríguez. En los últimos días hubo tensión entre la Mesa de Enlace provincial y el gobierno de Axel Kicillof porque, según las entidades, hay errores y terminaron llegando incrementos incluso superiores al 500%. "La Mesa de Enlace de la Provincia de Buenos Aires, integrada por la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Carbap y Coninagro, reitera el pedido al gobernador Axel Kicillof de postergación del vencimiento de la primera cuota del inmobiliario rural dada la enorme cantidad de inconsistencias encontradas en las boletas emitidas por ARBA", dijo la agrupación ruralista."Dichas irregularidades en muchos casos traspasan los topes aprobados en la ley fiscal 2024 para las distintas escalas de establecimientos rurales. Desde la Mesa de Enlace bonaerense manifestamos que, de no corregirse dichas inconsistencias, en las boletas del Impuesto Inmobiliario Rural, se declarará en estado de alerta, ante la imposibilidad de afrontar por parte de los productores tales incrementos. La capacidad contributiva de los productores está agotada, y cualquier aumento excesivo promoverá el accionar frente a lo que se considera un verdadero atropello", agregó la dirigencia bonaerense.En este marco, desde Desarrollo Agrario dijeron: "Están dentro de la ley [las boletas], no hay nada por encima del 500%". Agregaron: "Son los porcentajes que corresponden".Vale recordar que en la legislatura provincial se aprobó una escala de aumento según la base imponible: hasta $3.544.400, un 140%; hasta $8.127.288, 180%; hasta $19.986.324, un 190% y; hasta $198.940.000, el 200% de incremento. Después de los $198,9 millones no hay tope para los aumentos y estos han llegado, según los productores, a superar el 500%. En rigor, a la valuación de 2012, hecha por el exgobernador Daniel Scioli, se le puso una nueva base imponible multiplicada por 12,3%. Desde Desarrollo Agrario explicaron: "El tope del 200% está aplicado sobre la cuota a pagar".

Controversia: en el gobierno bonaerense ratifican que "corresponden" los aumentos de un impuesto al campo

Para el gobierno bonaerense, las boletas que llegaron a los productores para el pago del inmobiliario rural, que vence mañana y pasado, "tienen los porcentajes" que corresponden y están bien confeccionadas.Así lo expresaron a este medio desde el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, que conduce Javier Rodríguez. En los últimos días hubo tensión entre la Mesa de Enlace provincial y el gobierno de Axel Kicillof porque, según las entidades, hay errores y terminaron llegando incrementos incluso superiores al 500%. Pidieron que se postergue el primer pago."La Mesa de Enlace de la Provincia de Buenos Aires, integrada por la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Carbap y Coninagro, reitera el pedido al gobernador Axel Kicillof de postergación del vencimiento de la primera cuota del inmobiliario rural dada la enorme cantidad de inconsistencias encontradas en las boletas emitidas por ARBA", dijo la agrupación ruralista."Dichas irregularidades en muchos casos traspasan los topes aprobados en la ley fiscal 2024 para las distintas escalas de establecimientos rurales. Desde la Mesa de Enlace bonaerense manifestamos que, de no corregirse dichas inconsistencias, en las boletas del Impuesto Inmobiliario Rural, se declarará en estado de alerta, ante la imposibilidad de afrontar por parte de los productores tales incrementos. La capacidad contributiva de los productores está agotada, y cualquier aumento excesivo promoverá el accionar frente a lo que se considera un verdadero atropello", agregó la dirigencia bonaerense.Lluvias: se vienen días con fuertes precipitaciones y anticipan un efecto positivo y otro negativoSegún dijeron desde Desarrollo Agrario, Carbap envió dos facturas y un excel con los incrementos. También hicieron el envío de información Coninagro y Federación Agraria Argentina. A estas últimas "se les demostró", dijeron, que no había errores. "Están dentro de la ley, no hay nada por encima del 500%", dijeron las fuentes oficiales a este medio. "Son los porcentajes que corresponden", añadieron.Vale recordar que en la legislatura provincial se aprobó una escala de aumento según la base imponible: hasta $3.544.400, un 140%; hasta $8.127.288, 180%; hasta $19.986.324, un 190% y; hasta $198.940.000, el 200% de incremento. Después de los $198,9 millones no hay tope para los aumentos y estos han llegado, según los productores, a superar el 500%. En rigor, a la valuación de 2012, hecha por el exgobernador Daniel Scioli, se le puso una nueva base imponible multiplicada por 12,3%. Desde Desarrollo Agrario explicaron: "El tope del 200% está aplicado sobre la cuota a pagar".De acuerdo a lo expresado desde esa dependencia pública, si hubiera problemas estos se resolverían, pero insistieron que no se presentó esa situación. Precisaron que puede haber casos que algunos productores que tuvieron descuentos por la última sequía ahora vean, en una situación normal, un corrimiento de mayor incremento. "Javier está abierto al diálogo", indicaron respecto del ministro de Kicillof.Rodríguez estuvo en la última edición de Expoagro con dirigentes rurales. "Estuvimos en Expoagro con Rodríguez y, justamente, entre los temas tratados fueron los aumentos de los inmobiliarios rurales, el Impuesto Complementario y patentes, que en muchos casos sobrepasan la capacidad de pago de los contribuyentes, porque no sólo se ajustó la alícuota sino también las valuaciones fiscales de los predios. Hay subas que son casi del 400%", dijo Elbio Laucirica, presidente de Coninagro.Según el dirigente, Rodríguez les dijo "que estaba dentro de lo que se había aprobado oportunamente por la Legislatura provincial". Añadió: "Cuando dimos valores que sobrepasan el monto aprobado a nuestro entender, debido en parte a haber eliminado los descuentos por buen contribuyente, nos pidió esa información para estudiarla". Además del aumento, se aplicó en efecto una quita de los beneficios por pago electrónico y buen contribuyente que para los ruralistas significan descuentos en torno del 15% sumados.Ante una consulta de este medio, desde Federación Agraria remarcaron que el tema "sigue igual" y que por eso la Mesa de Enlace provincial insistió con el pedido de postergación del impuesto. En tanto, otra fuente de la Mesa de Enlace provincial advirtió: "Ya hay productores evaluando hacer presentaciones judiciales".