La compañía sostiene que no puede garantizar qué trenes podrán circular durante las jornadas de huelga y opta por suspender toda su programación
Las demandas incluyen un mayor financiamiento educativo, reglamentación de pensiones, así como subsidios destinados a las familias de profesores fallecidos, según expuso la dirigencia sindical
El sindicato Semaf, que convocó el 16 de octubre, se declara "fuertemente consternado" por el accidente en Urda
Una vez más, los usuarios del transporte público quedaron el martes último reducidos a la condición de rehenes de una áspera disputa sindical que, más allá de la legitimidad que puedan tener algunos de sus reclamos, resulta inadmisible por los métodos empleados. El paro de subtes y del Premetro llevado a cabo durante más de seis horas afectó a cientos de miles de usuarios, volviendo a exponer una práctica tan recurrente como perjudicial: la de utilizar a parte de la sociedad como instrumento de presión para imponer intereses sectoriales.El detonante fue la detención de los dirigentes gremiales Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y Néstor Segovia en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B, luego de que se abrieran las puertas de emergencia para permitir el ingreso gratuito de pasajeros. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp) respondió con la paralización completa del servicio y condicionó su restablecimiento a la liberación de los detenidos. Así, una controversia que debía resolverse por los cauces institucionales terminó trasladándose, sin consideración alguna, a quienes dependen diariamente del subte para trabajar, estudiar o cumplir obligaciones impostergables como el cuidado de la salud.Nadie desconoce el derecho de los trabajadores. Pero una cosa muy distinta es atribuirse la facultad de cercenar los derechos de los demás. La libertad sindical no otorga patente de corso ni posiciona a una organización gremial por encima de la ley.Entre 300.000 y 400.000 pasajeros quedaron afectados anteayer por la interrupción de un servicio que, en una jornada hábil habitual, utilizan alrededor de 800.000 personas. Para muchos de los usuarios, no existía una alternativa razonable para llegar a cumplir con sus compromisos. La pérdida de tiempo, de dinero y oportunidades, sumada a la angustia e impotencia frente a la desidia sindical recayeron sobre individuos ajenos a la disputa, sin posibilidad de intervenir en ella ni de defenderse de sus consecuencias.Igualmente grave es que la medida se adoptara en abierta contradicción a las disposiciones vigentes destinadas precisamente a evitar que se coarte la libertad constitucional de circular y transitar libremente. El gobierno porteño había ya declarado a los servicios públicos esenciales como una actividad de suma importancia, por lo que estableció oportunamente la obligación de mantener una prestación mínima del 50% de ellos durante las huelgas. Mediante la ley nacional de modernización laboral y un posterior decreto porteño se fijaron mecanismos para impedir que una protesta paralice por completo un servicio indispensable para la vida cotidiana. Durante el conflicto con los subtes, la Ciudad intimó a cumplir con esa cobertura, disposición que fue desestimada por los gremialistas que, además, amenazaron con cortar el servicio de manera indefinida si no se atienden sus reclamos. A ello se agregó ayer la intención de los metrodelegados de denunciar ante la Justicia al gobierno local, curiosamente, por hacer cumplir las normas que ellos quiebran.Para que el Estado de Derecho sea algo más que una declaración retórica, las disposiciones deben aplicarse y sus incumplimientos deben tener consecuencias. Si las organizaciones sindicales ignoran las obligaciones que limitan las medidas de fuerza sin afrontar ninguna responsabilidad, la regulación pierde eficacia y los ciudadanos quedan librados a la voluntad de quienes tienen capacidad de interrumpir servicios esenciales. La evaluación de eventuales sanciones por parte de las autoridades porteñas no debería convertirse en una nueva postergación del principio básico que establece que las reglas rigen para todos.También merece un rechazo inequívoco la violencia registrada durante los enfrentamientos en la estación Juan Manuel de Rosas. La protesta laboral no justifica agresiones, intimidaciones ni feroces actos de resistencia contra las fuerzas de seguridad. La Policía de la Ciudad actuó en cumplimiento de una orden judicial dictada conforme a las normas vigentes. Las diferencias con esa decisión deben canalizarse mediante los recursos legales correspondientes, no mediante la confrontación física. Quien reclama el respeto de sus derechos tiene la obligación elemental de respetar los de los demás.El problema de fondo es una inadmisible concepción corporativa según la cual determinados sectores, por su capacidad de presión, pueden sustraerse a las obligaciones que rigen para el conjunto de la sociedad. Bajo esa lógica, el transporte deja de ser una prestación indispensable y se convierte en moneda de cambio. Así, el interés general queda subordinado al de una minoría organizada, mientras el costo de la disputa recae sobre millones de ciudadanos que no tienen voz en la negociación.Reivindicar el derecho de huelga exige reconocer sus límites. La solución de los conflictos laborales requiere negociación, responsabilidad y respeto por el prójimo y las leyes. Cuando la protesta se transforma en una imposición unilateral y la fuerza reemplaza a las instituciones se incurre en una forma de violencia social que no puede ser tolerada.El país necesita sindicatos capaces de defender a sus representados sin convertir a los usuarios en sus rehenes o prisioneros, y un Estado dispuesto a garantizar que las normas no sean letra muerta. Ningún reclamo, por legítimo que parezca, autoriza a atropellar los derechos ajenos.
Tanto la empresa como los trabajadores alcanzaron un tercer preacuerdo, que contempla un incremento global de 8.24 por ciento
Trabajadores de una planta en Taiwán de un gigante tecnológico iniciaron una huelga exigiendo mayor participación en las ganancias.El sindicato local busca un bono único y un sistema de reparto trimestral de beneficios, mientras las negociaciones continúan.
Miles de empleados públicos están convocados a un paro de 24 horas que podría alterar la atención en distintas agencias como el DMV, el EDD y los parques estatales.Qué deben considerar quienes tengan trámites pendientes y qué reclaman los trabajadores.
Vocero de Fetraenergía advierte que la protesta puede escalar a nivel nacional y exigió respetar la contratación colectiva en la industria
Las libertades no pueden transformarse en un libertinaje y el estado de derecho es lo que deben cuidar los jueces, no fomentar la violencia ni la conflictividad
El SNTSS busca ampliar el plazo para negociar un nuevo incremento salarial, después del rechazo de trabajadores a la propuesta inicial presentada
El sindicato Semaf pide que se cumplan los compromisos firmados, a los que considera "vitales para transformar el sistema ferroviario y hacerlo mucho más seguro"
La Delegación de Gobierno ha pedido una "investigación urgente" y la Comunidad de Madrid lamenta estos "incidentes aislados"
Los docentes reclaman un aumento salarial, rebajar las ratios y las horas lectivas
El director ejecutivo empresarial sostuvo que las medidas de presión perjudican al ciudadano y reclamó aplicar el Código del Trabajo, que reconoce la atención sanitaria como un servicio esencial para la población.
Las manifestaciones se extendieron a distintas ciudades y dejaron policías y trabajadores de la educación heridos. Aunque disminuyeron los establecimientos bloqueados, persisten los reclamos por la falta de recursos y las condiciones del sistema educativo.
La participación es voluntaria y está protegida, aunque quienes cubran servicios mínimos deberán acudir a su puesto
José Antonio Muriillo, Director General de Nacional Monte de Piedad, celebró la reanudación de actividades en las casas de empeño en el país
Aseguran que están a la expectativa del resultado de una investigación de la Defensoría del Pueblo sobre presuntas violaciones a sus derechos humanos
"Estos acampantes y toda esta gente que está muy movilizada podría acercarse más a los partidos de izquierda tradicionales", indicó el periodista, Marcelo Molina, en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. Leer más
UGT y CCOO han confirmado este miércoles la convocatoria casi al mismo tiempo que se conocía la muerte de Maricarmen
El rechazo al decreto de alquileres provocó el llamado a elecciones para el 29 de noviembre. Ante el descontento social por la especulación inmobiliaria y las medidas de emergencia, los sindicatos convocaron a un paro general. Leer más
Está convocada para el 11 de noviembre, poco antes de las elecciones generales anticipadas del 29 de ese mes.Las protestas contra los desalojos compulsivos y los precios impagables de los alquileres pusieron al presidente Pedro Sánchez contra la pared.
CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas confirmaron la medida, que busca reclamar mejores ingresos y condiciones que permitan acceder a un hogar adecuado.
Ya hay fecha para la huelga general por la crisis de la vivienda: será antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre
El exdirigente piquetero Emerenciano Sena, condenado a prisión perpetua por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, lleva adelante una huelga de hambre en la cárcel para exigir que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria. Sena protesta bajo esa modalidad desde hace dos semanas, lo que generó que sea derivado a un hospital.Sena, exaliado político del exgobernador Jorge Capitanich, dejó de ingerir alimentos hace 14 días. El objetivo de su protesta es conseguir que la Justicia chaqueña falle a favor de que cumpla la condena en su casa. En su propiedad de Resistencia fue asesinada Strzyzowski, el 2 de junio de 2023. Según informó el diario chaqueño Norte, el 21 de septiembre Sena hizo una presentación ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, en la que consignó que atraviesa un "grave y progresivo deterioro" de su salud. Pidió que su situación sea evaluada "con carácter de urgente". El sábado, el dirigente detenido fue trasladado desde el Complejo Penitenciario Nº1 al Hospital Perrando, donde fue estabilizado.El dirigente piquetero asegura que padece pérdida de audición, dificultades visuales, problemas de memoria, depresión, trastornos gastrointestinales. Agrega que sufre de diabetes y que debe tratarse con insulina, dado que la medicación por vía oral ya no sería suficiente. Desde que inició la huelga, sin ingerir alimentos sólidos ni líquidos, bajó unos siete kilos de peso. Su defensa solicita que sea evaluado por una junta médica integral.Sena fue condenado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género, en calidad de partícipe primario. En ese mismo fallo, conocido el 10 de febrero, también fueron condenados a prisión perpetua su esposa, Marcela Acuña (partícipe primaria), y el hijo de ambos, César Sena (en calidad de autor). El juicio estuvo a cargo de la jueza Dolly Fernández, y se realizó mediante la modalidad de juicio por jurado popular.Mientras estaba detenido, antes del juicio, Sena también recibió atención médica. En una de esas oportunidades, recibió el repudio cuando se lo trasladó al hospital desde la Comisaría 3º, donde estaba alojado.