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Gobierno ve en el acto del papa en Arguineguín "un espaldarazo" a su política migratoria

Óscar López señala que "hay jueces que prevarican" y advierte: "La Justicia no gobierna, gobierna el Gobierno"

El Gobierno respaldó las explicaciones de Adorni: "La Justicia va a poner punto final al asunto"

El miércoles por la noche, el jefe de Gabinete confirmó que presentó su declaración jurada a la Justicia, luego de que comenzara a ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito

Mundial y política: el Gobierno, frente al interminable deterioro por el caso Adorni y la difícil apuesta a un Congreso activo

Como era previsible, el jefe de Gabinete esperó el arranque mundialista para presentar su declaración jurada. Y reavivó el tema, en lugar de cerrarlo. El oficialismo sigue buscando pasar página y avanzar con sus proyectos legislativos. Negociaciones en el Senado y alerta en Diputados

Enfrascado en sus internas y el caso Adorni, el Gobierno ignoró el aniversario de la condena a Cristina Kirchner

A diferencia del año pasado, prácticamente omitieron las respuestas a los cuestionamientos que la oposición dura lanzó contra Milei en una serie de movilizaciones, tanto presenciales como virtuales

Hoy se publica el dato de inflación de mayo: qué espera el Gobierno y qué prevén los analistas

El Indec dará a conocer de cuánto fue la variación de precios en el quinto mes, tras la desaceleración de abril. Las consultoras estiman que se ubicará entre 2,1% y 2,5%

"Cristina va a estar libre el 11 de diciembre", la definición de Agustín Rossi en "QR!" sobre un futuro gobierno peronista

En el programa de Canal E, el exjefe de Gabinete y dirigente peronista analizó la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, planteó una profunda reforma del Poder Judicial y aseguró que el próximo gobierno nacional y popular deberá tomar decisiones de fondo desde el inicio de la gestión. Leer más

Gobierno salvadoreño propone ampliar a cinco años el fideicomiso al sector cafetalero, conocido como "FICAFÉ"

La iniciativa enviada a la Asamblea Legislativa busca extender hasta 2031 la vigencia del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero, cuyo vencimiento actual está previsto para julio de 2026

Máximo Kirchner denunció que su madre puede "morir presa" y apuntó contra el Gobierno de Milei por el funeral del Indio Solari

El dirigente adelantó: "Queremos que Cristina pueda ir a elecciones y si la sociedad quiere elegirla, la vote y el que no quiera votarla, no la vota y san se acabó", y cuestionó, sin nombrarlo, al gobernador Axel Kicillof, al afirmar que "un montón de argentinos" no quieren "votar candidatos por default". Leer más

Gobierno de Honduras y Colegio Médico alcanzan acuerdos tras conflictos que afectaban al sistema público de salud

Tras una mesa de diálogo desarrollada en Casa de Gobierno, autoridades del Ejecutivo y representantes del Colegio Médico de Honduras lograron acuerdos en 17 puntos relacionados con salarios, estabilidad laboral, reintegros y condiciones de trabajo.

Congreso de Guatemala enviaría esta semana al gobierno central la Ley Antilavado

La norma, identificada como Decreto 15-2026, iniciará su aplicación tres meses después de su publicación oficial y fijará el control diario de operaciones en efectivo desde 10 mil dólares o su equivalente

Conflicto universitario: el acuerdo con el Gobierno alivia, pero los rectores insistirán con la Ley de Fondos

Se pactó una suba de 24,3%. Las universidades no aceptaron retirar la demanda judicial para cumplir la Ley.

La tregua de Milei con las universidades: un acuerdo que trajo alivio en el Gobierno después de un largo conflicto

Mientras intenta salir del agujero en el que se metió con el caso de Manuel Adorni y despejar el clima de internas que atraviesa al Gabinete, el Gobierno logró este miércoles aplacar la disputa con las universidades por el ajuste presupuestario, un frente de conflicto que se abrió hace más de dos años y que le provocó un costo político excesivamente alto a Javier Milei. El acuerdo que firmó la cartera de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, con los rectores y representantes gremiales de las casas de estudios trajo cierto alivio en la Casa Rosada. Por un lado, Milei ensayó un giro pragmático: dejó de lado su discurso intransigente en materia fiscal y abrió la billetera para descomprimir la presión callejera en un momento complicado de su gestión. Semanas atrás, se habían reactivado las protestas, con medidas de fuerza de docentes y toma de colegios en reclamo de mejoras salariales y en rechazo del ajuste. Y en el Gabinete temían una escalada de la conflictividad social por el accionar de los sindicatos más radicalizados del sector. Son momentos en que Milei lidia con un creciente malhumor social, según indican la mayoría de las encuestas, por la pérdida del poder adquisitivo y el lento repunte de la economía. En ese contexto, la tregua con las universidades se había convertido en una necesidad imperiosa. A su vez, los colaboradores del Presidente esperan que el convenio firmado con los rectores y sindicatos les permita ganar tiempo y evitar un eventual revés judicial en la Corte Suprema de Justicia, que debe definir si deja firme o no la medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la actualización de salarios y becas, prevista en la ley de financiamiento universitario. Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/5GpUsMo6KT— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) June 10, 2026Desde los tribunales le habían mandado señales al Gobierno de que los jueces del máximo tribunal aguardaban que emergiera una solución política para el conflicto universitario. Por esa razón, los funcionarios oficiales olfateaban que la Corte no estaba dispuesta a zanjar el tema y, peor aún, se disponía a fallar en contra de los intereses del Ejecutivo si no existía una solución acordada. "Lo de la Corte puede ser eterno, pero necesitábamos cerrar la etapa del conflicto en las calles y garantizar que haya clases", señalan fuentes al tanto de las negociaciones que llevó adelante el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, un funcionario que orbita cerca de la tropa de tuiteros de Santiago Caputo. Álvarez fue el interlocutor de Milei y Petovello en las tratativas con Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario (CIN).En un comunicado, el CIN resaltó que "la actualización salarial y presupuestaria" acordada con el Gobierno representa "un paso importante, pero de ninguna manera definitorio ni suficiente". Buscaron dejar en claro que, pese al entendimiento con Milei, continuarán reclamando la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ratificaron que mantendrán la demanda judicial contra el Gobierno. En el arranque de la negociación había trascendido que los funcionarios nacionales exigían el retiro de la denuncia para dar el aumento. Finalmente, esa cláusula fue excluida del acta del acuerdo. Se conformaron con incluir como condición que las universidades nacionales deberán rendir los "fondos asignados". "Vamos a reforzar el área de fiscalización", dicen en el Gobierno. Hasta anoche, el Presidente solo había reposteado un mensaje en "X" de un tuitero libertario en el que destacaba la labor de Caputo y Álvarez en el acuerdo. En el Gabinete de Milei están satisfechos, pero no hay ánimo de celebración. Saben que consiguieron una mini-tregua. "Esperemos que ahora se dejen auditar", chicanearon. Hoy se acordó un aumento salarial del 24,33% -21,33% para junio y un 3% adicional en octubre- y un incremento de los fondos destinados para becas, hospitales y gastos de funcionamiento. Pero la discusión paritaria se reabrirá en septiembre, contemplando la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Además, rectores y gremios continuarán presionando por una recomposición salarial por el desfasaje del 2024.Álvarez consiguió una partida del Ministerio de Economía, a cargo de Luis "Toto" Caputo, de alrededor de 800.000 millones de pesos para sellar el trato con los rectores. El costo fiscal de aplicar la ley de financiamiento universitario sería mucho mayor. Según estimaciones, la normativa aprobada en el Congreso implicaría un desembolso de unos $2,5 billones y los $3,6 billones - 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI)-.En definitiva, la administración de los libertarios necesitaba terminar con un conflicto que arrancó el 23 de abril de 2024 con una masiva marcha en rechazo del recorte presupuestario a las universidades y en favor de la educación pública. Esa fue la primera gran movilización que enfrentó Milei. El conflicto escaló y la oposición llevó los reclamos al Congreso, donde logró aprobar leyes para exigir el incremento de los fondos destinados a las universidades. El año pasado, el Presidente pagó un costo altísimo cuando vetó por segundo año consecutivo una norma orientada a incrementar el presupuesto universitario. Ambas cámaras del Congreso rechazaron esa decisión y dejaron firme la ley, en una dura derrota para el oficialismo. Milei supo reaccionar con furia ante las ofensivas opositoras para reforzar los fondos destinados a la educación o mejorar los salarios del personal médico y empleados del Hospital Garrahan. Lo interpretaba como un ataque al corazón de su programa económico: el equilibrio fiscal.

CNTE y Gobierno de Sheinbaum no cierran acuerdo: se manifestarán durante la inauguración del Mundial 2026

El magisterio aseguró que analizará las propuestas realizadas por SEP e ISSSTE, sin embargo, advirtieron que no cubren sus demandas

El Gobierno logró renovar el 100%, sumar liquidez y estirar plazos

El Gobierno logró hoy refinanciar el total de la deuda en pesos que vence este viernes, estirando plazos, captando fondos adicionales para incrementar sus ahorros e incluso reduciendo, mediante un canje, en un 22% promedio el compromiso que deberá afrontar en poco más de dos semanas, o sea, el mayor vencimiento del año.La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $6,12 billones habiendo recibido ofertas por un total de $7,40 billones.Esto significa un rollover de 120.42% sobre los vencimientos del día de la fecha.Licitación:â?? CER/TAMARâ?¡ï¸?â?¦ pic.twitter.com/wIFoHAKEDz— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) June 10, 2026Adicionalmente, captó US$200 millones mediante una nueva emisión del Bonar 2028 (AO28), ingreso que â??junto a los US$100 millones que podría agregar mañana en la segunda vueltaâ?? utilizará dentro de un mes para pagar parte del capital y los intereses de los bonos Globales.Todo ocurrió en la primera licitación programada para junio, la que presentaba la menor dificultad en términos de monto de todo el año, en un contexto de notable calma financiera, con un dólar oscilante pero bajo control y tasas de interés en pesos bajas e incluso negativas en términos reales. Ese escenario impulsó al Ministerio de Economía a aprovechar la oportunidad para promover un alargamiento de plazos que permita ir despejando vencimientos en el período previo a las elecciones presidenciales del año próximo, trasladando parte de esos compromisos hacia 2028 y años posteriores.En la subasta se recibieron ofertas de compra por $7,40 billones para los cinco instrumentos en pesos ofrecidos, de los cuales sólo uno vencía este año. Del total, se adjudicaron nuevos títulos por $6,12 billones, cifra que, frente a compromisos inmediatos por $5,1 billones, no sólo permite cubrir esos vencimientos, sino también acumular $1,02 billones adicionales. "Esto significa un rollover de 120,42% sobre los vencimientos del día de la fecha", explicó la Secretaría de Finanzas al comunicar los resultados.La demanda se concentró principalmente en los bonos Duales (CER/Tamar) de plazos más cortos y más largos, que captaron $3,56 billones en total, con una sobretasa de entre 7,7% y 9,3%, y en la letra dollar-linked con vencimiento a fines de agosto, que atrajo $1,62 billones. El resultado no sorprendió, dado el mayor interés por cobertura que ya se había observado en las últimas ruedas del mercado tras el cierre de posiciones en dólar futuro correspondientes a mayo.Por otra parte, se logró una adhesión al canje del 24,89% para el Boncer TZX26, que vence a fin de mes, equivalente a $1,81 billones, y del 21,79% para el Dual TTJ26, que también vence a fines de junio. Ambos títulos fueron entregados a cambio de bonos Duales CER/Tamar con vencimientos entre fines de 2028 y fines de 2030.El resultado de ambas operaciones permitió una extensión de la vida promedio de la deuda de 2,71 años, cifra que se eleva a 3,29 años si se considera únicamente la conversión de títulos, un objetivo explícitamente buscado por el Gobierno.La licitación se completó con la colocación de un nuevo tramo del AO28 por US$200 millones, el bono diseñado para ahorristas e inversores que paga una tasa de interés anual del 6% con desembolsos mensuales. En esta oportunidad, la tasa de corte fue de 8,31%, unos 18 puntos básicos menos que la registrada hace dos semanas."Fue una licitación positiva que muestra demanda y capacidad de refinanciamiento. Pero el mensaje del mercado sigue siendo claro: busca instrumentos defensivos, cobertura entre tasa, inflación y dólar, y todavía no abandona del todo la cautela", evaluaron desde Inversiones Pergamino.El analista Martín de la Fuente, de BAVSA, coincidió con esa evaluación. "Es una buena licitación porque el menú era agresivo, en el sentido de que incluía cinco reaperturas y el instrumento más corto ofrecido â??excluyendo la opción ajustable por dólarâ?? era el TXMD8, con un plazo de 2,5 años, lo que empujaba al mercado a extender duration", señaló.Además, consideró que "la decisión de volver a incluir conversiones luego de dos licitaciones sin canjes muestra cierta cautela del Tesoro de cara a la próxima licitación, que enfrenta vencimientos por $23,5 billones. Por esa razón ofreció canjear los títulos TZX26 y TTJ26, que representaban el 58% de ese monto, con el objetivo de descomprimir esos compromisos", algo que, según estimó, se habría logrado por algo más de $4 billones.Para Eric Ritondale, de Puente, Finanzas "aprovechó el contexto de abundante liquidez en el sistema financiero para profundizar su estrategia de consolidación de pasivos, fijando tasas de largo plazo y reduciendo el stock de los vencimientos más inmediatos, sin convalidar rendimientos por encima del secundario". algo que juzgó muy "valorable".

Gobierno de la CDMX reinstala la escultura del ajolote frente al Estadio Ciudad de México

La figura del ajolote causó controversia dado que la FIFA habría ordenado retirar la estatua que se encuentra a las afueras del recinto deportivo

PPK revela que asesoró a Keiko Fujimori y ofrece apoyar su eventual gobierno: "Estoy dispuesto a tragarme el trago amargo"

El expresidente detalló que recomendó a la candidata mostrarse más natural en campaña y valoró su capacidad para conformar un equipo sólido, especialmente en materia económica

Frente al escándalo Adorni, el Gobierno minimiza críticas y promete "gestión"

El oficialismo muestra tranquilidad en medio de los cuestionamientos de la oposición. Los principales argumentos y las explicaciones que restan. Leer más

El Gobierno consiguió otros USD 200 millones para pagar la deuda y renovó todos los vencimientos en pesos

La Secretaría de Finanzas colocó el monto máximo del Bonar 2028 nominado en dólares y logró refinanciar el 120,42% de lo que vencía en la licitación de este miércoles

Otros funcionarios también están inscriptos en el Régimen Simplificado, pero el Gobierno dice que no es para blanquear

Al igual que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hay otros funcionarios del Gobierno nacional que también están inscriptos en el Régimen Simplificado de Ganancias, una ley que partió de la gestión libertaria y que obtuvo aval del Congreso durante el verano de este año. El sistema opcional simplificado del impuesto se debatió atado al plan para sacar los dólares del colchón, es decir, para que la población vuelque sus ahorros no declarados con un relajamiento de los controles contra la evasión.No obstante, desde el Gobierno insistieron con plantear en las últimas horas, tras el impacto político que tuvo la revelación de LA NACION de que tanto Adorni como su esposa habían solicitado entrar en el esquema, que ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias no significa entrar directamente al plan de Inocencia Fiscal. Retomaron ese argumento cuando se conoció que había más funcionarios adheridos al sistema. De momento, LA NACION constató a través de los datos del portal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que, de los integrantes del Gabinete, además de Adorni figura el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.No así el resto de los ministros; ni la secretaria general, Karina Milei; ni tampoco la vicepresidenta Victoria Villarruel o el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.LA NACION anticipó que Adorni pidió el alta el miércoles por la mañana, mientras que Sturzenegger envió su solicitud el 7 de mayo, también de 2026.Ante la consulta de LA NACION, fuentes del Ministerio de Desregulación confirmaron que Sturzenegger se sumó al Régimen Simplificado y lo justificaron en que así optó "por un mecanismo más sencillo para presentar la declaración de Ganancias".De acuerdo con la ley, este régimen predetermina el monto a tributar por cada persona adherida, solo sobre la base de la facturación y de los gastos deducibles, y el contribuyente -que ya no tiene que presentar la tradicional declaración jurada de Ganancias- puede optar por aceptarlo y pagarlo, o por rectificarlo."Más de 80.000 argentinos ya adhirieron a este régimen; Federico decidió utilizar una herramienta disponible para cualquier contribuyente que reúna las condiciones previstas por la normativa vigente", sostuvieron desde Desregulación y marcaron: "Presentar esa adhesión como algo irregular o extraordinario es incorrecto. Lo único que acredita es que eligió realizar su declaración de Ganancias a través del procedimiento simplificado previsto por Arca".En tanto, dentro de los altos mandos del equipo que comanda Adorni también se unió al Régimen Simplificado la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores â??en la diaria, la mano derecha del jefe de Gabineteâ??, Aimé "Meme" Vázquez, quien solicitó el alta el 20 de mayo de 2026. No están adheridos a este programa ni el secretario de Prensa, Javier Lanari; ni el secretario de Relaciones Parlamentarias, Ignacio Devitt; ni el secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia; ni el secretario Ejecutivo, Ian Vignale, todos laderos de Adorni. Tampoco el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, que reporta directamente al jefe de Gabinete; ni el de Innovación, Darío Genua. Asimismo, en redes sociales circuló que sí se encontraban adheridos al Régimen Simplificado de Ganancias Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo y titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior, que ya había quedado envuelto en la polémica por los créditos del Banco Nación; como además el director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría. Según la consulta de LA NACION en la web de Arca, efectivamente ambos se sumaron al Régimen Simplificado: Núñez pidió el alta el 1 de este mes; mientras que Oría lo hizo el 6 de abril. A su vez se inscribió en el Régimen Simplificado el exdiputado nacional libertario José Luis Espert, que solicitó el alta el 9 de junio. Corrido completamente de la vida pública, Espert -imputado por presunto lavado de dinero- bajó su candidatura en la provincia de Buenos Aires para renovar su banca en 2025 por sus vínculos con Fred Machado, el argentino que firmó un acuerdo con la Justicia de Texas para declararse culpable por lavado y fraude electrónico a cambio de no quedar implicado en un cargo de narcotráfico.Fuentes oficiales del Gobierno, ante la consulta de LA NACION respecto a si los funcionarios adheridos lo hacían para blanquear fondos, alegaron que ingresar al Régimen Simplificado forma parte de un tema "contable-operativo" para hacer más sencilla la declaración de Ganancias y obtener de esa forma "algún beneficio". Acotaron, siempre bajo esa postura, que adherir al Régimen Simplificado es un paso excluyente para ingresar en el programa de Inocencia Fiscal, pero que no necesariamente implica acogerse al blanqueo. "Cada uno elige si adherir a este régimen simplificado o no, en función de su situación contable personal", refirió una de las voces autorizadas de la Casa Rosada.Otra fuente de peso en el Gobierno ahondó en el mismo sentido: "22% del padrón argentino está incluido en el Régimen Simplificado de Ganancias. Eso no significa entrar a Inocencia Fiscal, no significa que tengas nada para blanquear. Cada uno hace lo que su contador le recomienda. Es algo transparente y aplicado por ley". En el mundillo libertario, además, negaban cualquier tipo de acción coordinada entre los funcionarios para adherirse al Régimen Simplificado y denunciaban una "caza de brujas" contra funcionarios que -supuestamente y siempre según el propio oficialismo- solo siguen los parámetros que les marcan sus contadores.

El Gobierno confirmó un acuerdo con las universidades: aumento salarial y transferencia de fondos

Lo anunció el Ministerio de Capital Humano tras una reunión con rectores del CIN y gremios docentes y no docentes.De cuántos será el incremento de fondos y cómo se distribuirán los fondos de aumentos salariales.

Gobierno de la CDMX acompañará a madres buscadoras en la inauguración del Mundial 2026

La presencia de autoridades pretende garantizar condiciones para que los colectivos expongan sus expedientes durante el evento

Las Universidades Públicas y el Gobierno de Javier Milei llegaron a un acuerdo

El Gobierno Nacional, rectores y sindicatos docentes universitarios llegaron a un acuerdo por recomposición salarial y fondos de funcionamiento de las instituciones. Sigue vigente la demanda ante la Corte Suprema de Justicia por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Leer más

Marco Rubio representará al Gobierno Trump en el debut de EE.UU. en el Mundial

Tras casi tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por el financiamiento

Luego de casi tres años de una puja que erosionó la relación entre la administración libertaria y la comunidad académica, el Gobierno y los rectores de las universidades nacionales lograron finalmente coincidir en un acuerdo económico para destrabar el conflicto presupuestario.La propuesta acordada es un aumento salarial del 24,33% -21,33% para junio y un 3% adicional en octubre- y refuerzos para becas, hospitales y gastos de funcionamiento. El acuerdo se terminó de sellar este mediodía en el Palacio Sarmiento, en una reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, con rectores y representantes gremiales en donde todos firmaron el acta que formaliza los ajustes.Este desenlace llega luego de dos semanas de conversaciones y de un derrotero de casi tres años que incluyó cuatro marchas federales universitarias, clases públicas frente a la casa de Manuel Adorni o la Corte Suprema, tomas de colegios, semanas enteras de paros docentes, seis votaciones en el Congreso, vetos presidenciales y una judicialización que llevó la disputa hasta la Corte Suprema de Justicia. Desde abril de 2024, cuando la primera movilización reunió a más de 400.000 personas en defensa de la educación pública, el conflicto universitario se consolidó como uno de los principales frentes de la "batalla cultural" libertaria. Y tuvo múltiples capítulos: acusaciones de "curros" en las universidades públicas, resistencia a las auditorías, denuncias de adoctrinamiento, cuestionamientos por falta de eficiencia, alumnos fantasmas y exceso de extranjeros.Hoy, con la autorización de una partida de $800.000 millones por parte del Ministerio de Economía y la promesa de paritarias cada tres meses en lo que resta del año, el sector universitario vislumbra la posibilidad de un alivio en su principal urgencia: los salarios. El acuerdo busca cerrar â??al menos de forma parcialâ?? uno de los conflictos más persistentes del primer tramo de la gestión libertaria.Y representa, además, una mejora significativa respecto de la "ley alternativa" que la administración libertaria intentó impulsar sin éxito en el Congreso, que proponía apenas un 12,3% de actualización. Meses antes había intentado derogar la ley de financiamiento aprobada en la votación del presupuesto 2026.Sin plazos definidos para un fallo de la Corte, ambas partes se mostraron dispuestas a dialogar desde hace algunas semanas. Por parte del Gobierno las negociaciones las llevó Álvarez y en representación de las casas de estudios participaron el presidente y el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores Franco Bartolacci (Universidad Nacional de Rosario) y Anselmo Torres (Universidad Nacional de Río Negro).El acuerdo no se limita exclusivamente a la recomposición de los salarios docentes y no docentes. A esto se agregarían $50.000 millones para los hospitales universitarios, no contemplados en el presupuesto 2026, que se suman a los $80.000 millones ya previstos para estos centros de salud, cuya distribución venían reclamando. A la vez, se contempla un 20% de aumento para los gastos de funcionamiento y un 50% para las becas Manuel Belgrano, exclusivas para carreras universitarias o terciarias vinculadas a áreas estratégicas, que se mantienen congeladas en $81.685 desde 2024. No está contemplado un aumento para las becas Progresar, que cubren un espectro más amplio â??educación secundaria y todos los niveles superioresâ?? y por las que reclamaban.Las negociaciones se habían trabado porque el Gobierno pedía que el CIN levantara la demanda judicial y los rectores no estaban dispuestos a hacerlo.El derrotero judicial de la ley, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, comenzó cuando los rectores interpusieron una acción de amparo contra el Estado tras la suspensión, por decreto, de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) hasta que se definieran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general.El juez de primera instancia, Martín Cormick, ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a las actualizaciones salariales y de las becas. El Gobierno apeló y la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades. El Ejecutivo entonces recurrió a la Corte Suprema mediante la presentación de un recurso extraordinario que fue aceptado.Incluso pidió que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de intervenir en este expediente por tener cargos docentes vigentes o en licencia, el mismo argumento que había planteado sobre los jueces anteriores.El camino de la ley también fue extenso. Fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado. Luego fue vetada por el Presidente y volvió a pasar por ambas cámaras, que la ratificaron. En 2024, Milei ya había vetado una iniciativa similar y en esa oportunidad el Congreso no la sostuvo.Distintas voces del Gobierno insistieron en que era inaplicable. Argumentaron, como con la Ley de Discapacidad, que no la implementaría hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Luego sumaron que, al no estar especificadas, violaba la Ley de Administración Financiera. La deuda fue creciendo y circularon distintos montos sobre el desembolso que implicaría cumplir con la norma. Al presentar el recurso federal, detallaron que cumplir con la ley requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades, según un informe del Ministerio de Economía.Eso implicaría, según el Ejecutivo, "una parálisis significativa del funcionamiento de los tres poderes del Estado" desde la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la ciudad de Rosario, la interrupción en la provisión de alimentos en las cárceles federales o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia y ambas cámaras legislativas.En paralelo, se repetían las clases públicas, las tomas de colegios y los paros, junto con los reclamos de los directores de hospitales por más fondos y la alerta de los rectores por un "éxodo de docentes" que, ante sueldos en niveles mínimos de los últimos 23 años y una caída real del 33% de sus ingresos, optaron por migrar al sector privado o al exterior, donde podían llegar a cuadruplicar sus salarios.Según datos del CIN, ya renunciaron 10.000 docentes. La Universidad de Buenos Aires (UBA) elaboró sus propios cálculos: 103 docentes en Veterinaria, más de 100 en Agronomía, 342 en Ingeniería y 438 en Exactas. A ellos se suman los de los colegios preuniversitarios, sujetos al mismo régimen paritario: 134 en el Colegio Nacional de Buenos Aires y 93 en el Carlos Pellegrini.

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Con respecto a la función del régimen de Inocencia Fiscal, el tributarista, Guillermo Poch, comentó que, "hay un montón de situaciones que esta norma no viene a cubrir". Leer más

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El Decreto 438/2026 incorporó a la legislación argentina un régimen aprobado previamente en el ámbito del Mercosur. El esquema busca fortalecer la actividad económica en las zonas limítrofes y generar nuevas oportunidades para las economías regionales. Leer más

El Gobierno modificó el régimen de free shops para que se puedan instalar en fronteras terrestres

El Gobierno reglamentó este miércoles la instalación de tiendas libres de impuestos -conocidas como "free shops"- en pasos fronterizos terrestres y creó el marco normativo para habilitarlas en los cruces internacionales. La medida fue oficializada mediante el Decreto 438/2026, que incorpora una norma adoptada por el Mercosur en 2018.El nuevo régimen dispone que estos locales podrán instalarse en áreas sometidas a control aduanero ubicadas en pasos fronterizos terrestres habilitados. Varios ejemplos son Puerto Iguazú, Paso de los Libres, Santo Tomé, Cristo Redentor o La Quiaca.Para operar, deberán contar con una doble autorización previa del Ministerio de Economía y con la correspondiente habilitación aduanera de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).Según el decreto, que contiene las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, las ventas estarán destinadas exclusivamente a viajeros que crucen la frontera y quedarán alcanzadas por el régimen de equipaje vigente, por lo que las mercaderías adquiridas deberán respetar las franquicias, límites y controles establecidos por las reglas aduaneras vigentes.El texto, además, establece que las autorizaciones para explotar estos establecimientos serán otorgadas mediante procedimientos competitivos, mientras que ARCA tendrá a su cargo la fiscalización de las operaciones, el control de las mercaderías y la supervisión de los locales.En los fundamentos de la medida, el Gobierno sostuvo que el objetivo es "dotar de mayor competitividad a las zonas de frontera, promover la actividad turística, incentivar el comercio regional y contribuir al desarrollo económico local, en condiciones equivalentes a las existentes en otros Estados Partes del Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay), que cuentan con regímenes similares".Asimismo, el anexo precisa los productos que quedan excluidos del régimen: Medios de transporte, sus partes y repuestos; aceites y combustibles. Productos de la canasta básica de consumo de la población de frontera (incluidos, entre otros, los productos del reino animal, reino vegetal y de almacén). Animales y plantas. Armas y municiones. Productos del tabaco y cigarrillos. Maquinaria agrícola/agropecuaria, industrial, comercial y/o de servicios. Electrodomésticos de gran porte. Materiales de construcción civil, incluidos materiales eléctricos y sus partes, hidráulicos y sanitarios. Neumáticos. Tejidos e hilados y calzado, con excepción de zapatillas deportivas y ojotas/chancletas.El Gobierno está habilitado a limitar la cantidad de locales autorizados por razones técnicas y/o comerciales. Los free shops que operaban con el régimen anterior podrán continuar con su actividad bajo las mismas conficiones.A comienzos del año pasado, la administración de Javier Milei había avanzado con una serie de licitaciones y concesiones de los predios de servicios aledaños a los puntos de cruce de frontera. Los mismos pasarán a estar manejados por un privado, que tendrá que hacer la inversión para mejorar, conservar y explotar el área. En Paso de los Libres y en Santo Tomé (Corrientes), ya empezó la licitación para hacerse cargo del área de servicios. Allí, se podrán instalar locales de gastronomía, hotelería, casas de cambio, farmacias y free shops.

El duro diagnóstico de Ricardo Darín tras el femicidio de Agostina Vega y su opinión sobre el gobierno de Javier Milei

Desde España, Ricardo Darín (69) se pronunció sobre el femicidio de Agostina Vega, la nena de 14 años asesinada en Córdoba, reflexionó sobre la violencia de género e instó a la sociedad a tomar acción real sobre esta problemática que, en Argentina, durante los últimos 11 años se cobró una víctima cada 31 horas."La situación es tremenda. Lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente, ya no los movimientos femeninos, ya los hombres, la ciudadanía, la humanidad deba pensar cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados por otros que están peor de la cabeza que ellos como para que ocurra lo que acaba de ocurrir", señaló el actor durante su participación en el programa de la televisión española Cara al show.Ricardo Darín habló sobre el femicidio de Agostina Vega"Esta chiquita, Agostina, no solo fue secuestrada, fue violada, fue asesinada y fue descuartizada, y luego enterrada por un señor que había tenido denuncias de violencia de género y que había estado detenido y lo largaron, lo dejaron libre. Es decir, si esa línea de energúmenos hubiesen hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva", cuestionó el protagonista de El Eternauta en diálogo con el presentador Marc Giró."¿Qué pasa con la violencia en el mundo? ¿Qué pasa con la violencia con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? Ya es una pregunta que no sé a quién se tiene que dirigir", remarcó Darín. "Propongo que todos tratemos de recordar en nuestro grupo de amigos si no detectamos en algún momento señales, alarmas de violencia, y que en un determinado contexto hasta nos parecían un poco graciosas, pero que luego, capa sobre capa, conforman una personalidad de una violencia que termina siendo lo que hizo este hombre con esta pobre chica".Fue entonces que el conductor del ciclo apuntó que "el caso de Agostina Vega demuestra que negar los feminicidios y la violencia de género como hace la ultraderecha y el fascismo acaba en muerte". "¿Cómo pueden negar? ¿Cómo se les ocurre?", se preguntó el actor. "Es una de las consecuencias, en este momento la más grave de todas porque encendió a un país y estamos todos alineados detrás de esto, aun estando a la distancia porque a mí me tocó estar aquí", agregó. "Agradezco la oportunidad de poder decirlo porque en realidad lo que hace falta es que nos pongamos los pantalones largos de verdad, de una vez por todas, y dejarnos de joder", sentenció."No podemos empezar a naturalizar este tipo de cosas como ha venido ocurriendo. Y en eso tenés mucha razón que las políticas, las formas de ser de la ultraderecha normalmente tienden a no ser sensibles con este tipo de temas, incluso tratar de taparlos o de tacharlos. No existen, para ellos no existen", concluyó Ricardo Darín."Hay gente que la está pasando muy mal"Asimismo, el protagonista de Argentina, 1985 fue consultado sobre la gestión del presidente Javier Milei: "Este es un momento bisagra, se acercan próximamente las elecciones y es un momento de reflexión profunda. Creo que la gente ya está reflexionando muchísimo al respecto porque también hay que decirlo, que este señor ganó las elecciones, hubo mucha gente que lo votó". Según su opinión, el gobierno "se basa y se ampara en que cierta realidad los ayuda en términos económicos", aunque sostuvo que a él le "gustaría entender esos parámetros" porque hay "gente que la está pasando realmente muy mal". Ricardo Darín opinó sobre Javier Milei"Argentina es un país muy cíclico en ese sentido porque salimos de una y entramos en otra. Esto nos ha dado una gimnasia de crisis que casi está en nuestro ADN, entonces, no nos terminan de voltear nunca. Estamos acostumbrados a que no nos vamos a entregar, algo va a pasar y vamos a salir adelante. Yo estoy convencido de eso, estoy convencido de que vamos a salir adelante porque es nuestra forma de ser, lamentablemente. Es un país de gente maravillosa, trabajadora, sensible, cálida, amistosa. Es una pena que definitivamente no encontremos un rumbo en común que permita el diálogo, la tolerancia y no la intolerancia, que es lo que estamos viviendo en estos momentos", finalizó.

Polémica en el Museo Malvinas: el Gobierno le quitó el nombre del correntino Orlando Pascua al salón auditorio

La decisión de la dirección del establecimiento de renombrar el espacio como "Julio Rubén Cao" se formalizará este 10 de junio. La medida generó fuertes cuestionamientos en el sector de los veteranos. Leer más

Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Gobierno busca retomar lar iniciativa en Diputados con los proyectos de Súper RIGI y Ley de Lobby

Las iniciativas serán debatidas en comisión este miércoles, con el objetivo que de se traten en el recinto este mes.Seguí todas las novedades del Gobierno, en la cobertura minuto a minuto de Clarín.

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Fue a raíz de un pedido de información pública que realizó Clarín, en medio de las denuncias contra el jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito y sus viajes privados.Uno por uno, el detalle de todos los 50 destinos que visitó el mandatario, quiénes lo acompañaron y cuánto se gastó.

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Sin avances en la reforma electoral, Patricia Bullrich acuerda una nueva hoja de ruta para los proyectos del Gobierno

En un nuevo gesto de concordia y convivencia con la oposición dialoguista, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), acordó un nuevo cronograma de tratamiento para los proyectos del Poder Ejecutivo.Sin embargo, las noticias no son del todo buenas para la Casa Rosada, que deberá esperar para ver avances en los proyectos más deseados por la administración de Javier Milei. Tanto la reforma política como el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada seguirán demorados.De hecho, la senadora libertaria debió ceder en sus intenciones de sesionar este miércoles con el proyecto de propiedad privada luego de reunirse por casi dos horas con los radicales Eduardo Vischi (Corrientes) y Mariana Juri (Mendoza), el jefe del bloque Pro, Martín Goerling (Misiones), el peronista Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes) y los provinciales Carlos Arce (Frente Renovador de Misiones) y Flavia Royón (Salta), entre otros. Bullrich pretendía llegar a un acuerdo rápido para consensuar un texto que reuniera la mayoría necesaria para ser aprobado y girado a Diputados, pero se topó con la negativa de varios legisladores a bajar al recinto esta semana.La sesión quedó para la semana próxima con un temario que, por ahora, incluye el polémico proyecto elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al que se sumarían los pliegos judiciales que obtuvieron dictamen tras la audiencia pública de este martes a la mañana.Hay optimismo en que la retoques que se le harán al dictamen de comisión terminarán cristalizando en una amplia aprobación del proyecto de propiedad privada. "El texto está acordado, sólo se está buscando que abarque a la mayor cantidad de bloques", precisó uno de los asistentes al encuentro. Tampoco hubo avances en cuanto a la reforma electoral, que sigue sin fecha de inicio para su tratamiento.Como anticipó este diario, la iniciativa más deseada por la jefa del partido de Gobierno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sigue sin reunir la mayoría de 37 votos afirmativos que se requieren para eliminar las elecciones primarias.La erradicación de las PASO del calendario electoral es al principal objetivo que persigue el Gobierno, pero amplios sectores de la oposición no están dispuestos a eliminarlas de cara a una elección presidencial, ya que será una herramienta clave para ordenar frentes electorales heterogéneos.En la reunión con los otros jefes de bloque, Bullrich volvió a la carga y reiteró los argumentos del Gobierno, en cuanto a que las PASO son un gasto innecesario de fondos públicos y que, para colmo de males, termina convirtiendo en una competencia de tres vueltas a las elecciones presidenciales.No hubo caso. Al menos por ahora, la resistencia sigue siendo mayor a los cantos de sirena o contraprestaciones que podría ofrecer el Poder Ejecutivo a las provincias a cambio de apoyar la eliminación de las primarias. Tampoco hay clima para la suspensión de las PASO, como ocurrió el año pasado.En cuanto al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, las diferencias siguen girando en torno a la habilitación para comprar tierras a extranjeros.El Gobierno pretende relajar las restricciones vigentes y permitir las operaciones y sólo limitar la compra de terrenos por parte de naciones extranjeras en zonas de frontera, las que quedarán supeditadas a una autorización que podrán dar las provincias, pero con el conforme de la Nación.Sin embargo, en sectores de la UCR y de Pro hay quienes pretenden mantener la prohibición en zonas de frontera. Además, también quieren que el texto quede más claro en su redacción y defina situaciones híbridas, como el de las empresas Chinas, que son todas propiedad del gobierno de Beijing. ¿En ese caso, cómo se las toma?, es la pregunta que se hacen en algunos bloques dialoguistas.Nueva agendaPor lo pronto, en el encuentro de esta tarde oficialismo y oposición dialoguista acordaron iniciar la semana próxima el tratamiento de los proyectos de etiquetado frontal de los alimentos y el que introduce modificaciones en la ley de sociedades.Según confiaron voceros del encuentro, ambos temas comenzarán a tratarse en comisiones con la presencia de invitados a exponer sus puntos de vista sobre las iniciativas. Por el momento no se habla de la posiblidad dedictaminar.Por ulitmo, tras la reunión creció el optimismo ante la posiblidad de que se alcance un texto con amplio consenso -hasta el kirchnerismo podría apoyar, aunque con disidencias-, en torno a los cambios propuestos a la ley de Salud Mental.

Jugada del Gobierno Petro empezó a generar consecuencias en la deuda externa: el Banco de la República reveló millonaria disminución

Mientras autoridades celebran una tendencia inédita en el portafolio financiero nacional, surgen dudas por los crecientes intereses y la lenta evolución de los ingresos públicos

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El Gobierno prometió cambios para salvar la ley de propiedad privada en el Senado y quiere sesionar en una semana

Fue acordado esta tarde entre jefes dialoguistas y Patricia Bullrich. En el temario del potencial encuentro también aparecerían un puñado de pliegos judiciales e iniciativas -las últimas, sin conflicto- dictaminadas durante la jornada de hoy

El Gobierno reunió al campo y a los semilleros: se viene una negociación por una reforma en la ley de semillas

La primera reunión convocada por el Gobierno para buscar consensos en torno a una nueva ley de semillas dejó un acuerdo básico entre los distintos sectores: continuar las negociaciones y trabajar en una propuesta que pueda llegar al Congreso con el mayor respaldo posible de toda la cadena. Si bien no hubo avances concretos sobre el contenido de la futura reforma, esperan que más adelante todos los puntos que hoy los distancian puedan ser unificados. Del encuentro participaron representantes de la Mesa de Enlace, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem), empresarios del sector semillero, funcionarios de la Secretaría de Agricultura, del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y de la Secretaría de Desregulación. En total, asistieron unas 25 personas.Gremios aceiteros y exportadores siguen sin un acuerdo salarial en plena cosechaSegún confiaron a LA NACION fuentes que participaron de la reunión, el intercambio fue "productivo" y permitió que todos los sectores expresaran sus posiciones. Mencionaron que existe coincidencia en que la propiedad intelectual debe ser respetada y reconocida económicamente. Las diferencias aparecen en los mecanismos para implementarla, los plazos y las condiciones bajo las cuales se realizaría ese reconocimiento.En ese sentido, desde el Gobierno señalaron que el objetivo es alcanzar consensos que permitan impulsar la producción, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y dar previsibilidad a toda la cadena. También indicaron que habrá nuevas reuniones en las próximas semanas, aunque la fecha todavía no está definida por la agenda mundialista. "Hay consenso para seguir trabajando y encontrar una solución posible a la problemática de las autógamas. Vamos a colaborar entre todos y, esta vez, lo vamos a conseguir", confió una fuente oficial.Desde el sector productivo reconocieron que el encuentro sirvió para abrir formalmente una instancia de diálogo, aunque remarcaron que no hubo definiciones. Pablo Ginestet, coordinador de la comisión de Agricultura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), sostuvo que no se presentó ninguna propuesta oficial del Gobierno y que tampoco se conoció formalmente la iniciativa que impulsa la industria semillera."No avanzamos en nada concreto, pero sí se dio inicio a la discusión", resumió. Según explicó, las partes acordaron volver a reunirse para analizar propuestas concretas y acercar posiciones sobre los puntos que aún generan diferencias.Esperan que en los próximos encuentros se exponga el cómo y cuándo se debe pagar la propiedad intelectual. Aunque, de acuerdo con una alta fuente, se remarcó que la propiedad intelectual debe ser respetada y pagada. "Todos coincidieron que hay que buscar consensos donde los distintos sectores se sientan cómodos, pero siempre priorizando el incremento de la producción y el beneficio del país", puntualizaron.Entre esos temas de búsqueda de consenso aparecen el alcance del uso propio de semillas, el límite de hectáreas alcanzadas por el sistema y el tiempo durante el cual debería reconocerse económicamente la propiedad intelectual de una variedad. Mientras la propuesta presentada por las entidades rurales contempla un período de tres años para la protección, sectores vinculados a la industria consideraron que la protección debería extenderse durante toda la vigencia del derecho de propiedad intelectual.Pese a esas diferencias, Ginestet destacó que existe acuerdo sobre una cuestión de fondo. "Estamos de acuerdo en que hay que reconocer la propiedad intelectual. Lo que queda por discutir es cómo, cuánto y durante cuánto tiempo", coincidió.Por su parte, ASA expuso durante la reunión datos vinculados con la innovación tecnológica, el desarrollo de variedades y el impacto de la biotecnología en la producción agrícola. Su director ejecutivo, Alfredo Paseyro, afirmó que la entidad considera que el esquema actual "no sirve" y ratificó que la adhesión de la Argentina al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91) constituye el marco adecuado para avanzar en una modernización del sistema.Según explicó, ASA también presentó una propuesta propia alineada con el tratado internacional, aunque aclaró que durante la reunión no se discutieron artículos específicos ni se analizaron los distintos proyectos punto por punto. "Todavía hay que sentarse a definir qué se va a discutir y cómo se va a construir el acuerdo", indicó.Uno de los datos que reveló el encuentro es que todavía no existe un borrador oficial de proyecto de ley elaborado por el Gobierno, al menos del que tengan conocimiento. De acuerdo con los participantes, la intención oficial es que los distintos sectores intenten acercar posiciones antes de avanzar con una iniciativa legislativa. Incluso, durante la reunión se planteó que, si no hubiera consensos, podrían ser los propios legisladores quienes impulsen proyectos por separado en el Congreso. Esta, consideraron algunos de los consultados, no sería la mejor opción si se trabaja de forma conjunta desde este momento. La discusión sobre una nueva ley de semillas cobró impulso en los últimos meses tras el compromiso asumido por la Argentina con Estados Unidos para avanzar hacia la adhesión a la UPOV-91, según el marco del acuerdo firmado con ese país. En paralelo, en los últimos días, el Gobierno estableció un nuevo protocolo de control de identidad varietal y protección de la propiedad intelectual en semillas, una medida que abrió un debate adicional dentro de la cadena agroindustrial y productores.Todos los actores de la cadena coincidieron en que la discusión recién comenzó. El desafío será encontrar un punto de equilibrio entre el derecho de los obtentores a cobrar por sus desarrollos y las condiciones que reclaman los productores para acceder a esas tecnologías, explicaron.

Dólares del colchón: el Gobierno ajusta el proyecto, pero un punto podría ahuyentar contribuyentes

El Gobierno busca incentivar que los argentinos se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias, la iniciativa oficialista para que los contribuyentes formalicen los dólares que tienen guardados "debajo del colchón" y los inyecten en la economía. Luego de un ida y vuelta con tributaristas, el Ministerio de Economía avanza con una nueva versión de la ley de inocencia fiscal con algunas medidas para ampliar el alcance del régimen, pero la aparición de un nuevo artículo podría generar el efecto contrario. Dentro del borrador del proyecto que fue presentado ante el Congreso, y al que tuvo acceso LA NACION, se prevé la incorporación del artículo 42° ter, en el que se establece que la adhesión al Régimen Simplificado y el pago del impuesto correspondiente no frenará ninguna de las inspecciones, determinaciones de oficio, sumarios ni juicios que el fisco hubiera iniciado con anterioridad. Esto implica que, si un contribuyente arrastra una fiscalización abierta por Ganancias de años previos, el organismo podrá seguir adelante con el reclamo.La lección que Europa no va a olvidar abre una oportunidad millonaria para la Argentina"Es la parte más problemática del proyecto. El régimen de inocencia fiscal se vendió como un 'tapón fiscal' para períodos anteriores: si el contribuyente adhiere, presenta y paga en término, ARCA no debería seguir hurgando para atrás, salvo que logre romper el período base por una discrepancia significativa. El artículo 42 ter va en sentido contrario, porque mantiene las inspecciones, determinaciones, recursos y juicios iniciados antes de la adhesión. En la práctica, ARCA va a decir: 'Si ya te estaba fiscalizando, puedo seguir igual'", explicó Diego Fraga, abogado tributarista y socio de Expansion Business.Para el especialista, este agregado genera "muchísima incertidumbre", sobre todo para aquellos contribuyentes que entraron â??o pensaban entrarâ?? al régimen para cerrar discusiones anteriores. Además, agregó que puede desalentar que salgan los "dólares del colchón" si el contribuyente cree que mostrar fondos le da "nueva munición" al inspector de una causa vieja. "Probablemente prefiera no mover nada", agregó."Pero afectará a pocos contribuyentes; solo implicaría la no adhesión de aquellos que estén bajo fiscalización y quieran seguir discutiendo la misma. El proyecto plantea que, si pagás el impuesto y el interés reclamado, te adherís y renunciás a repetir el impuesto, te condonan las multas por omisión de los artículos 45 y 46. Es decir, a alguien que esté bajo fiscalización y vea que tiene muy difícil la defensa, y que además el impuesto y los intereses deberá afrontar una multa, le conviene el régimen. Habrá otros que no, pero no es un espectro amplio", sumó Mariano Ghirardotti, socio del Estudio Ghirardotti & Ghirardotti.En este mismo punto hizo hincapié Alberto Mastandrea, socio de impuestos en BDO en la Argentina, quien opinó que es una opción que resulta "claramente conveniente" frente al ajuste indiscutible. Sin embargo, señaló que debe sopesarse con cuidado cuando exista una defensa de fondo sólida, porque la renuncia a repetir "puede valer bastante más que la sanción que se evita".Las acciones argentinas suben hasta casi 7% en Wall Street y el riesgo país perfora los 490 puntosLos otros cambios del proyectoMás allá de ese punto, el proyecto oficial introduce varios cambios que los tributaristas consideraron positivos. Uno de ellos es la ampliación del universo de contribuyentes que podrán adherir al régimen simplificado, ya que hasta ahora existían límites patrimoniales ($10.000 millones) y de ingresos ($1000 millones anuales). La nueva versión elimina estas restricciones y la elegibilidad dependerá de la residencia fiscal y de no ser considerado un Gran Contribuyente Nacional."Más allá de los retoques puntuales, el proyecto cambia la fisonomía del régimen en tres direcciones: amplía enormemente el universo de quienes pueden ampararse en él, fija una ventana temporal para formalizar fondos no declarados y eleva a rango legal una serie de soluciones que hasta hoy vivían en decretos y resoluciones", explicó Mastandrea.La propuesta también incorpora una fecha límite para exteriorizar fondos: el 31 de diciembre de 2027. Durante ese período, los contribuyentes podrán ingresar dinero no declarado al sistema financiero sin que eso implique automáticamente una presunción de evasión o un ajuste retroactivo en Bienes Personales. Tampoco se le cobrarán multas, a diferencia del blanqueo que impulsó el Gobierno en 2024."Lo que no me convence es la redacción en materia de bancarización de origen o destino de las operaciones. No queda claro el alcance, con lo cual no sé si recomendaría tranquilamente la utilización de los 'dólares del colchón'. El resto me parece que vino a solucionar puntos a favor de los contribuyentes, cuestiones que habían quedado en la danza, por lo que resultan muy positivas", analizó Ghirardotti.Cedears: estas son las empresas internacionales que recomiendan los especialistas para invertir en pesos durante junioOtro de los cambios celebrados por los tributaristas es la posibilidad de subsanar diferencias detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sin perder automáticamente los beneficios del régimen. El proyecto establece que, si el contribuyente rectifica y paga dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, no se considerará una "discrepancia significativa".A esto se le suma que la forma de medir la discrepancia significativa, que habilita al fisco a revisar, ya no se calcula sobre el saldo final de la declaración, sino sobre el impuesto determinado. A su vez, aunque se mantiene la diferencia del 15%, el régimen no se caerá si la diferencia no supera el 5% del monto previsto para la evasión simple, actualmente en $5 millones. "Si bien los cambios en general son positivos, en tanto apuntan a otorgar mayor seguridad jurídica y a ponerle fecha de vencimiento a la formalización de los dólares que están debajo del colchón, lo que no nos parece prudente es que cualquier diferencia â??por mínima que seaâ?? en materia de retenciones, percepciones, anticipos o pagos a cuenta haga decaer los beneficios. Allí está la letra chica del régimen: la ausencia de todo umbral mínimo para estos conceptos convierte a un simple error de imputación en una causal de pérdida del beneficio, salvo que se acepte el criterio fiscal dentro de los 15 días hábiles de notificada la liquidación efectuada por ARCA", cerró Mastandrea.

Zonas de Ubicación Temporal del Gobierno Petro estarán bajo la lupa: Consejo de Estado estudiará riesgos por el traslado del Clan del Golfo

El abogado Mauricio Pava Lugo, autor de la acción, advirtió que el calendario es crítico porque el traslado está fijado antes del cambio de gobierno, lo que, según él, obliga al alto tribunal a tomar una decisión inmediata para evitar consecuencias irreversibles

"Reformas estructurales": el Gobierno admite las complicaciones en el Congreso, pero mantiene el optimismo

La Casa Rosada envió varios proyectos que no se tratarán en el corto plazo. El estado de situación que detecta la mesa política y las negociaciones en curso

Se hizo pasar por inspector del gobierno para robarle a una pareja de ancianos: lo condenaron a más de ocho años de cárcel

Junto a otros dos hombres irrumpió en un hogar y se robó joyas y efectivo.

ATE denunció al Gobierno ante la OIT por la reforma laboral: "Fue en contra de los trabajadores"

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se sumó este martes a la postura crítica de las centrales sindicales y denunció al gobierno de Javier Milei ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde afirmó que "todo el planeta ya conoce el estrepitoso fracaso" de la administración libertaria."Milei quedó escrachado ante el mundo. Está siendo vapuleado en la OIT. Ahora en todo el planeta ya conocen el estrepitoso fracaso de su gobierno. Pasó de fenómeno barrial a vergüenza mundial", dijo Aguiar en Ginebra, Suiza, donde participó de la 114° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.Ante representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 países, el referente sindical denunció al Estado argentino por la "continuidad de su política de vulneración de los derechos consagrados en numerosos convenios de la OIT que fueron ratificados por el país"."El Gobierno no cumple con su obligación de consultar a todos los actores sociales y pretende imponer una reforma laboral absolutamente regresiva en contra de la expresa voluntad de los trabajadores", apuntó Aguiar.Además de las numerosas protestas en organismos, ministerios y todas las provincias del país, ATE mantiene una dura batalla legal contra el Gobierno en organismos como el INTA e INTI, donde logró frenar el "intento de desmantelamiento de los organismos de tecnología agropecuaria e industrial"."El mundo entero tiene que saber que en la Argentina aquellos que endiosan la libertad son los mismos que reprimen y criminalizan las protestas sociales y sindicales, y que además procesan y encarcelan a dirigentes gremiales", afirmó Aguiar.Denuncia de las centrales sindicalesLa semana pasada, la CGT y las dos CTA se habían unido para denunciar al Gobierno en OIT, el organismo especializado de las Naciones Unidas al que, por primera vez en 25 años, el Estado argentino no envió representantes de rango desde Buenos Aires.Jorge Sola, integrante del triunvirato de mando de la CGT, expuso en representación de las tres centrales obreras y denunció "graves incumplimientos a las normas internacionales del trabajo" por parte de la gestión de Milei. "Lo que hoy traemos a examen no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios; es la denuncia formal del desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza del trabajo que nos tomó décadas construir y que el actual Gobierno Nacional está demoliendo desde diciembre de 2023â?³, planteó Sola en aquella oportunidad.

La captura de "La Tripa" destapa su rol en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco

Su presencia en la administración municipal y su vinculación con el Comando Tlahuica reavivan las sospechas sobre la infiltración del crimen organizado en Morelos

El Gobierno intenta aprovechar una licitación para empezar a cubrirse de la incertidumbre 2027

El Gobierno buscará renovar el vencimiento de deuda en pesos más bajo que enfrenta en lo que va del año â??unos $5,1 billonesâ?? y dar un nuevo paso en su objetivo de alargar los plazos de colocación y llevarlos, en lo posible, más allá de 2027, año de las próximas elecciones presidenciales.La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el miércoles 10 de junio:â?¡ï¸? Licitaciónâ?? CER/TAMAR15/12/28 (TXMD8) - nuevo14/12/29 (TXMD9) - nuevo28/6/30 (TXMJ0) - nuevoâ?? Dólar Linked31/08/26 (D31G6) - nuevo15/12/28 (TZVD8) - nuevoâ?? Hard Dólar:â?¦ pic.twitter.com/NK2mq8AX5c— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) June 8, 2026El objetivo, que forma parte de una estrategia más amplia para intentar blindarse ante eventuales corridas contra el peso, como la registrada antes de las elecciones de medio término del año pasado, quedó en evidencia ayer cuando la Secretaría de Finanzas presentó un menú de instrumentos dirigido a los inversores compuesto mayormente por títulos nuevos, en el que cuatro de las cinco opciones ofrecidas son bonos con vencimiento entre fines de 2028 y mediados de 2030, es decir, una vez definido si habrá continuidad o cambio de gestión.A eso se suma una nueva convocatoria para canjear el Boncer TZX26, un título que explica cerca de un tercio del vencimiento total superior a $23 billones â??el mayor del añoâ?? que ya asoma para fin de mes, así como el Dual CER/Tamar (TTJ26), por nuevos bonos duales con vencimiento en 2028, 2029 y 2030 (en el primer caso) y en 2028 y 2029 (en el segundo)."Con los vencimientos más bajos en lo que va de 2026 y ahorros de caja que más que duplican el monto del compromiso a enfrentar, el Gobierno se permite innovar con un menú integrado exclusivamente por instrumentos nuevos y una sola Lelink con vencimiento dentro de este mandato", explicó el economista Federico García Martínez, quien destacó además que se trata de "la primera colocación programada de esta gestión sin instrumentos a tasa fija ni ajustados por CER" y en la que se apela a la opcionalidad para "maximizar plazos e intentar concretar la colocación más larga desde enero de 2024 â??cuando fue declarada desiertaâ?? o mayo de 2022"."Además, ofrecerá canjes para aliviar los abultados vencimientos de la próxima licitación, con una fuerte participación del sector privado", agregó.Gracias a la transferencia de utilidades del 21/05/2026 por parte del BCRA, el Tesoro estaría llegando a la licitación con depósitos por más del doble de los vencimientos a enfrentar; es el ratio de cobertura más alto desde el 15/10/2025.A su vez, los vencimientos delâ?¦ https://t.co/UQoM9tfENI pic.twitter.com/KMiV4bdODP— Federico García Martínez (@fegarciam) June 8, 2026"Es un menú orientado a extender duration, en línea con la estrategia de estirar plazos más allá del actual mandato de gobierno. Incluso el canje, que constituye un componente relevante del llamado y apunta principalmente a descomprimir la licitación de fin de mes, busca postergar vencimientos para después de las elecciones", coincidieron en señalar desde Delphos Investment.Todo se enmarca en los movimientos preventivos que ya ensaya el equipo económico para no repetir la traumática experiencia de la dolarización preelectoral de 2025, que consumió más del 50% de la base monetaria (BM), disparó las tasas de interés y dejó un legado costoso en términos de mora bancaria que aún se hace sentir y limita la recuperación de la actividad económica vinculada al consumo.Desde Facimex Valores consideran razonable la apuesta oficial, dado que la carga de vencimientos que enfrenta es la "menos desafiante desde octubre de 2025, previo a las elecciones. El principal compromiso corresponde a la Lecap S12J6 ($5,1 billones), ya que el cupón del TY30P ($0,2 billones) fue abonado el 1° de junio", detallaron.Tomando en cuenta este contexto y los confortables niveles de liquidez con los que viene operando el mercado en los últimos días â??estiman que ayer el BCRA absorbió $2,8 billones mediante operaciones repoâ??, esperan una tasa de refinanciamiento superior al 100%, aun cuando se ofrezcan "otros instrumentos" y no haya una alternativa a tasa fija como la que vence ahora, además de tratarse de colocaciones a plazos más largos.La subasta de mañana incluirá también la habitual oferta quincenal del Bonar 2028 (AO28), con un tope de US$200 millones, ampliable a US$300 millones en la segunda vuelta, luego de que se completara el cupo de US$2000 millones del AO27 en la licitación anterior. Esos recursos serán utilizados por el Gobierno para afrontar el pago a los bonistas por un total de US$4400 millones, previsto para el próximo 9 de julio.

El Gobierno derogó normas que regulaban a los colegios privados

La decisión fue oficializada dentro de un paquete más amplio de desregulaciones que incluyó la eliminación de decenas de regulaciones vinculadas al comercio interior. El Gobierno asegura que estas modificaciones aportarán mayor claridad jurídica para quienes interactúan con el Estado. Leer más

El Gobierno presenta el plan de prevención y lucha contra los incendios forestales 2026

Gobierno Trump buscaría revocar la ciudadanía estadounidense a dos colombianos: una es hija de un presunto narcotraficante

La Fiscalía de Estados Unidos sostuvo que la colombiana obtuvo la residencia permanente tras ocultar un matrimonio bígamo con un ciudadano estadounidense

Las universidades y el gobierno ante un acuerdo que no frena la demanda en la Corte Suprema de Justicia

Un acuerdo al margen de la sancionada Ley de Financiamiento Universitario que busca recomponer presupuestos y salarios atrasados. Rectores nacionales afimaron que van a mantener la demanda judicial ante la Corte Suprema y los sindicatos docentes advienten sobre acordar por debajo de lo estipulado en la ley ratificada en 2025. Leer más

El kirchnerismo arremetió contra el camarista que avaló la reforma laboral del Gobierno y Bullrich salió al cruce

La discusión por la reforma laboral de Javier Milei se coló este martes en el Senado durante la audiencia pública en la que siete postulantes defendieron sus pliegos ante la Comisión de Acuerdos. El foco estuvo puesto en Víctor Arturo Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que solicitó una prórroga de cinco años para continuar en el cargo una vez que cumpla los 75 años, la edad límite que fija la Constitución para los magistrados.Pesino quedó en el centro de los cuestionamientos del Partido Justicialista (PJ) por dos decisiones que lo enfrentaron con el mundo sindical: el fallo que dejó sin efecto la cautelar que suspendía aspectos centrales de la reforma laboral y la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Su exposición derivó en un extenso interrogatorio, principalmente de los senadores kirchneristas Mariano Recalde y Eduardo "Wado" de Pedro y terminó con una encendida defensa de Patricia Bullrich, que anticipó el respaldo de La Libertad Avanza (LLA) a su continuidad.El camarista llegó a la audiencia con cuatro observaciones ciudadanas en su contra, presentadas por la UOM, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y abogados laboralistas. Entre otras cuestiones, los planteos cuestionaron su actuación en causas sindicales, las demoras de la Sala VIII y una sentencia que posteriormente debió ser anulada por inconsistencias en su redacción.La semana pasada, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, fue recibido por el bloque de senadores del PJ. El dirigente rechaza el fallo de Pesino que declaró nulas tanto la elección nacional del gremio como la de la seccional Campana y estuvo presente durante la audiencia.Recibimos en el @BJusticialistaS a Abel Furlán y a integrantes del Consejo Directivo de la UOM para interiorizarnos sobre la intervención judicial arbitraria contra el sindicato y expresarles todo nuestro apoyo.También conversamos sobre el accionar del juez Víctor Pesino, unoâ?¦ pic.twitter.com/Ex3UYTUpvW— Wado de Pedro ð??¦ð??· (@wadodecorrido) May 27, 2026Las preguntas más incómodas llegaron cuando Recalde y De Pedro pusieron el foco en los contactos que el magistrado mantuvo con funcionarios del Gobierno antes de que avanzara el trámite de su renovación. Pesino confirmó que el 3 de marzo se reunió con un asesor del entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Y que el 7 de abril lo hizo con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuando conversaron durante algunos minutos sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. En respuesta a los planteos sobre un eventual conflicto de intereses, recordó que había solicitado la prórroga en agosto de 2025 y que recién el 13 de abril fue notificado formalmente del inicio del procedimiento. También negó haber recibido garantías sobre el envío de su pliego. "El ministro no me informó que el Presidente iba a enviar mi pliego", sostuvo.Pesino también rechazó cualquier tipo de injerencia externa en las causas más sensibles que tramitó la Sala VIII. Ante preguntas sobre presiones, llamados o beneficios indebidos vinculados con la causa de la CGT contra la reforma laboral, respondió de manera tajante: "No".El momento más tenso llegó cuando Recalde mencionó que en los pasillos de Tribunales circulaba el apodo "Bonnie and Clyde" para referirse a Pesino y a la camarista María Dora González, con quien firmó el fallo que favoreció la entrada en vigencia de la reforma laboral. La referencia provocó la inmediata reacción de Bullrich.La jefa del bloque libertario acusó a la oposición de basarse en rumores y versiones sin sustento para desacreditar al magistrado y reivindicó especialmente su actuación en la causa de la reforma laboral. "Tomó una decisión respecto a algo muy importante para la Nación Argentina: que las leyes que este Congreso vota se respetan", afirmó. Y fue más allá: anunció que LLA votará a favor de la continuidad de Pesino por otros cinco años.La defensa de Bullrich no impidió, sin embargo, un gesto de acercamiento hacia el sector sindical que cuestiona al magistrado. Al finalizar la exposición de Pesino, la senadora se acercó a conversar con Furlán, de la UOM.Durante el intercambio, Furlán le explicó los detalles del expediente judicial que derivó en la intervención del gremio y en la anulación de las elecciones que lo habían ratificado al frente de la organización. Según reconstruyó LA NACION, Bullrich se comprometió a revisar el caso, le facilitó un contacto telefónico y la conversación concluyó en términos cordiales.Reforma laboral y demoras en expedientesBuena parte de la audiencia también giró en torno al fallo que modificó los efectos de la cautelar obtenida por la CGT contra la reforma laboral. Pesino defendió la decisión y sostuvo que la Cámara no resolvió el fondo del asunto sino una cuestión procesal. "Ningún juez de la Nación tiene aptitud para impedir la entrada en vigencia de una ley de alcance general", argumentó al invocar jurisprudencia de la Corte Suprema.Consultado por las demoras de la Sala VIII, atribuyó el problema a la acumulación de vacantes y al volumen de causas que ingresan al fuero. "Estamos recibiendo aproximadamente 600 expedientes mensuales y es materialmente imposible resolver esa misma cantidad para evitar que siga creciendo el stock de causas", explicó.Además de Pesino, defienden sus pliegos otros cinco candidatos para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo: Diego Fernando Manauta (Sala V), María Claudia Jueguen (Sala X), Diego Javier Tula (Sala II), Claudio Fabián Loguarro (Sala III) y Marina Edith Pisacco (Sala VI). La nominación de Pisacco se miró con lupa. Es la esposa del periodista de TN Adrián Ventura. El antecedente del pliego de Verónica Michelli, cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, que Javier Milei objetó, generó incógnitas. No obstante, las preguntas que se le formularon se centraron en cuestiones jurídicas.La nómina se completa con Leopoldo Rago Gallo, que también solicitó una renovación por cinco años al frente del Juzgado Federal N.º 2 de San Juan.

Sicarios asesinaron a abogada y pareja sentimental del líder de Los Costeños, alias Castor, en Barranquilla: estaba en diálogos de paz con el Gobierno

El crimen expone la vulnerabilidad de quienes median en diálogos entre bandas armadas y el Estado en la región Caribe

Se escapó alias Tito, vocero de los Comuneros del Sur, en mesa de negociaciones: sin embargo, Gobierno aseguró que seguirá con los diálogos

Carlos Erazo, jefe negociador del Ejecutivo, notificó que el hoy prófugo de la justicia le fue revocada su designación como gestor de paz para el proceso adelantado con el Gobierno colombiano

Gobierno de CDMX debe aclarar retiro de fichas de búsqueda que colocaron colectivos en el Estadio Azteca, pide Sheinbaum

Las jornadas buscan visibilizar la crisis de desapariciones en México ante la atención de la prensa internacional por el Mundial 2026

Gobierno de EEUU no ha esclarecido muertes de mexicanos bajo custodia de ICE

El titular de la SRE informó que se encuentran esperando a que los jueces de Estados Unidos emitan una resolución sobre los casos

El Gobierno extendió la concesión de una represa en favor de Aluar pero adelantó que llamará a una nueva licitación

La Secretaría de Energía firmó la cuarta prórroga consecutiva para que Hidroeléctrica Futaleufú S.A., controlada por la empresa de Javier Madanes Quintanilla, opere la central patagónica hasta el 15 de diciembre

El Gobierno de Guatemala inaugura el puente El Jícaro sobre el río Motagua tras 14 años de espera

La ejecución comenzó en 2022 con un presupuesto de 116 millones, según datos oficiales, y enfrentó interrupciones antes de concluir en 2026, cuando se habilitó el cruce vehicular sobre el Motagua

El Gobierno prorrogó los plazos para la licitación de Intercargo y ajustó el procedimiento

En la Resolución 833/2026 del Ministerio de Economía, publicado este martes en el Boletín Oficial, se detallaron las nuevas fechas y horarios para la realización de consultas al pliego de bases y condiciones, además de la presentación de ofertas y la apertura de la primera etapa. Leer más

El Gobierno dice que los últimos casos judiciales evidencian que "funciona" el Estado de derecho "sin injerencias"

Gobierno colombiano canceló aranceles del 30% a importaciones ecuatorianas: esto dice el nuevo decreto del Gobierno Petro

La decisión se produjo tras el retiro de las restricciones comerciales impuestas por Quito y marca un avance en la normalización del intercambio binacional

El PP expedienta a un alto cargo del Gobierno valenciano tras ser imputado en el caso Azud

Autos sin arancel desde EE.UU.: qué establece el acuerdo que el Gobierno terminaría de reglamentar en los próximos meses

Cuatro meses después de su anuncio, el acuerdo comercial firmado entre la Argentina y Estados Unidos continúa avanzando hacia su implementación definitiva. Entre los distintos puntos incluidos en ese entendimiento bilateral, uno de los que más interés genera en el sector automotor es el que habilita el ingreso de hasta 10.000 vehículos fabricados en territorio estadounidense sin pagar el arancel extrazona del 35%.Llega una nueva marca de motos que, con una inversión y elogios al Gobierno, presentó cinco modelosLa medida forma parte del proceso de apertura comercial impulsado por el Gobierno y se suma a otros cambios aplicados durante el último año sobre importaciones, homologaciones e impuestos que afectan al sector automotor. Su principal particularidad es que reconoce las normas de seguridad y emisiones vigentes en Estados Unidos, simplificando el ingreso de nuevos modelos al mercado local.En los hechos, el acuerdo abre una ventana para que automotrices e importadores incorporen vehículos que hoy no tienen presencia en la Argentina o que llegan con una estructura de costos más elevada debido a la carga arancelaria.Cómo funcionará el cupoEl esquema contempla un cupo de 10.000 vehículos por año que podrán ingresar al país sin abonar el arancel de importación del 35% que actualmente pagan los vehículos provenientes de mercados extrazona.La asignación se realizará bajo el criterio de "first come, first served", es decir, por orden de presentación de las solicitudes de importación. Una vez agotado el cupo anual, las unidades que ingresen posteriormente volverán a tributar el arancel pleno.El beneficio alcanza a automóviles, SUV, pickups y utilitarios livianos con motorizaciones nafteras, diésel, híbridas, híbridas enchufables o eléctricas producidos en los Estados Unidos.En el caso de algunas pickups y vehículos de carga, el acuerdo fija requisitos específicos. Para acceder al beneficio deberán contar con caja de carga separada y dimensiones mínimas determinadas, una condición que en la práctica favorece el ingreso de pickups full size y evita que compitan directamente con las camionetas medianas producidas en la Argentina.Otro de los aspectos relevantes del acuerdo es que la Argentina aceptará vehículos que cumplan con las normas federales de seguridad vehicular de Estados Unidos (FMVSS) y con los estándares de emisiones vigentes en ese país, sin exigir ensayos locales adicionales.Para acreditar ese cumplimiento será suficiente una certificación vinculada al número de chasis (VIN) y una declaración del fabricante, reduciendo tiempos y costos administrativos para el ingreso de nuevos modelos.Qué vehículos podrían llegarAunque todavía no existen anuncios oficiales de lanzamiento, el nuevo esquema abrió el análisis de distintos productos fabricados en Estados Unidos que hasta ahora no formaban parte de la oferta local.Entre los casos más mencionados aparece la Toyota Tundra, una pickup full size que permitiría a la marca japonesa ingresar a un segmento donde actualmente no participa en la Argentina.General Motors también podría beneficiarse del acuerdo. Durante el verano, la compañía exhibió la Chevrolet Tahoe en la Costa Atlántica para evaluar la reacción del público. Según pudo saber este medio, a este podría sumarse el Chevrolet Suburban, uno de los SUV más grandes comercializados por la marca a nivel global.En el segmento de lujo, la llegada de Maybach a la Argentina también abre la posibilidad de incorporar el Mercedes-Maybach GLS, uno de los SUV más exclusivos de la industria.Los modelos que ya se venden y su baja de precioMás allá de la eventual llegada de nuevos vehículos, uno de los principales efectos del acuerdo podría darse sobre modelos que ya se comercializan en el país y que se fabrican en Estados Unidos.En estos casos, el beneficio no implicaría ampliar la oferta sino reducir costos de importación para las unidades que logren ingresar dentro del cupo anual.Ford fue una de las primeras automotrices en reflejar parte de ese escenario en su estrategia comercial. A comienzos de año, el Mustang GT redujo su precio de US$90.000 a US$65.000, una baja del 27%. El Mustang Dark Horse, en tanto, pasó de US$97.000 a US$75.000, con una caída cercana al 22,7%. También se registraron ajustes en la Bronco Badlands y en la pickup F-150.En el sector explicaban entonces que la reducción respondía principalmente a la eliminación de impuestos internos aplicada por el Gobierno, aunque también comenzaba a incorporarse la expectativa generada por el futuro esquema que permitirá importar vehículos estadounidenses sin pagar el arancel extrazona del 35%.Entre los modelos que podrían verse beneficiados por el acuerdo aparecen justamente el Ford Mustang y la Ford F-150. También varios SUV de BMW producidos en Estados Unidos, como los X3, X4, X5, X6 y X7, además de la Honda CR-V y los Mercedes-Benz GLE, GLS y EQE.Qué falta para que entre plenamente en vigenciaSi bien el acuerdo ya fue anunciado y firmado por ambos países, todavía restan definiciones operativas para que el sistema funcione en la práctica. Entre ellas aparecen los procedimientos administrativos para las importaciones y la implementación definitiva del esquema de reconocimiento de normas técnicas estadounidenses.Por eso, en el sector automotor siguen de cerca los próximos pasos de la reglamentación. Una vez completado ese proceso, las automotrices podrán definir con mayor precisión qué modelos incorporarán al nuevo régimen y cuál será el impacto real sobre los precios y la oferta disponible en el mercado argentino.

Financiamiento universitario: inminente acuerdo entre el Gobierno y las universidades con un aumento salarial del 24%

El Gobierno y las universidades firmarán entre hoy y mañana un acuerdo que permitiría destrabar el conflicto por más fondos para las casas de estudios superiores nacionales.La intención es que de la rúbrica del documento participen, además del gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios docentes.Como publicó LA NACION, el Gobierno y los rectores universitarios tenían voluntad de avanzar en una solución para el conflicto durante la semana. Las conversaciones, en rigor, empezaron hace dos semanas. La Subsecretaría de Políticas Universitarias mejoró su propuesta inicial y, para el encuentro de la semana pasada, estaba sobre la mesa un incremento salarial cercano al 24%: un aumento del 21,33% para el salario de junio más un 3% en octubre, según pudo saber este medio. A esto se agregarían $50.000 millones para los hospitales universitarios, que no están contemplados en el presupuesto 2026. Este monto se sumaría a los $80.000 millones ya contemplados para estos centros de salud, cuya distribución vienen reclamando. A la vez, ofrecieron un 20% de aumento para los gastos de funcionamiento y un 50% para las becas Manuel Belgrano, que se mantienen congeladas en $81.685 desde el año 2024. Según coincidieron fuentes que participan de la negociación, el Ministerio de Economía habría autorizado una partida de $800.000 millones para el sector universitario. "Si empiezan a pagarlo en junio, logran cubrir esta oferta", dijo una fuente universitaria al tanto de los cálculos. Los encuentros previosCon esa oferta llegaron a la reunión del lunes pasado los enviados de la administración de Javier Milei. Por parte del Gobierno, asistió Alejandro "Galleguito" Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y responsable de la administración del presupuesto destinado a las universidades nacionales. En representación de las casas de estudios superiores, participaron el presidente y el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Rio Negro. Se trata de una propuesta mejor que la que la administración libertaria había plasmado en la ley alternativa que presentó en el Congreso, pero que nunca avanzó. Allí proponían una actualización salarial del 12,3% en tres tramos - 4,1% en marzo, julio y septiembre- sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. La diferencia con la norma aprobada e insistida por el Parlamento es que no contempla la pérdida acumulada por la inflación desde diciembre de 2023. Aunque desde ambos lados remarcan la voluntad de diálogo, al término del encuentro de este lunes la negociación está estancada. Como se dijo, el Gobierno pide que el Consejo Interuniversitario Nacional levante la demanda judicial que derivó en una cautelar favorable, dos veces ratificada. Luego de que el Ejecutivo presentara un recurso federal extraordinario que fue aceptado, la cautelar quedó suspendida y ahora debe definir la Corte Suprema de Justicia, que no cuenta con un plazo específico para expedirse. Desde el CIN, pudo saber LA NACION, no estarían dispuestos a desistir del reclamo judicial. Ofrecieron presentar un acta para informarle a la Justicia que "están avanzando en un acuerdo", pero sin retirar la demanda por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. "No estamos dispuestos a renunciar a la ley", remarcan. "No hay margen para eso. Valoramos la buena voluntad, pero necesitamos un resguardo", dijeron fuentes universitarias. Destacan que los sindicatos docentes y no docentes universitarios también conocen la propuesta oficial y están hasta el momento dispuestos a firmar. "Habrá que seguir conversando y ver cómo evolucionan las próximas horas. Lo importante es mantener abiertos los canales de diálogo sin renunciar a las herramientas institucionales que nos llevaron hasta aquí", sumó otra fuente al tanto de las negociaciones. Desde el Gobierno, en tanto, entienden que la ley es ilegal. Como han dicho en varias ocasiones durante el conflicto universitario, consideran que la norma aprobada por el Congreso viola la ley de administración financiera que señala que las leyes deben indicar la fuente de financiamiento. En caso de que los fondos no esten especificados, marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto. Siguiendo esta línea, marcan entonces que los abogados del Estado y los del CIN "están analizando la forma legal" para poder avanzar en el acuerdo. Siempre a partir de la suspensión de la demanda impulsada por los rectores. "Todo esto que ofrecemos es para que retiren la demanda", apuntó una fuente al tanto de las conversaciones, pero desde el CIN aseguran que "no hay margen para eso". En caso de que no encuentren la manera, la negociación podría frustarse. La semana pasada, como parte de la presión a la Corte para una pronta resolución del expediente, la Universidad de Buenos Aires organizó clases públicas frente a la sede del máximo tribunal. Para darle visbilidad al conflicto, también los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos.

El Gobierno va a firmar un acuerdo con las universidades, pero el reclamo sigue en la Corte Suprema: ¿de cuánto será el aumento?

Los salarios docentes y no docentes se devaluaron un 35% desde noviembre de 2023 y de no haber cambios, ese número llegaría a 45% al final de este año. Las sospechas de un supuesto acuerdo entre el Ejecutivo y el máximo tribunal.

El Gobierno no ve motivos para que Sánchez sea llamado a declarar en el 'caso Leire', ni siquiera como testigo

El Gobierno activa el plan de prevención con recomendaciones para empresas y trabajadores expuestos a las altas temperaturas

Beber agua, ducharse tras finalizar la jornada laboral y evitar el café o la actividad física después del trabajo son algunas de las recomendaciones del Ejecutivo

El Gobierno vuelve a posponer la venta de Intercargo y suma condiciones al proceso para su privatización

La apertura de la Etapa N° 1 de la licitación se postergó por tercera vez y quedó fijada para el 25 de junio; además, se sumó la intervención obligatoria de la Procuración del Tesoro y la SIGEN al proceso

Paro de colectivos en el AMBA: nueva advertencia para el Gobierno

La UTA amenazó con realizar una nueva medida de fuerza en busca de destrabar las negociaciones salariales entre el Ejecutivo y las cámaras empresarias. Leer más

El Gobierno eliminó 58 normas de comercio interior, entre ellas Ahora 12 y Precios Cuidados

El proceso incluyó la revisión de regulaciones vinculadas a la defensa del consumidor y a las normativas de los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados junto con las regulaciones que obligan a las escuelas privadas a notificar sus aranceles. Leer más

Adiós a Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados: el Gobierno eliminó otras 58 normas

También quitó normas que regulaban el precio del trigo y la obligación de los colegios privados de informar los aranceles con anticipación.

El PP pide al Gobierno que retire el estatuto marco y empiece "de cero" sin "sectarismo"

El Gobierno derogó 16 resoluciones del Ministerio de Economía

El Gobierno derogó este martes 16 resoluciones y sus respectivas modificatorias dictadas entre 2007 y 2023 por el Ministerio de Economía. Según argumentó el Poder Ejecutivo, se trata de normas que "perdieron su objeto y aplicabilidad" y cuya vigencia no resulta necesaria. La medida fue formalizada mediante la Resolución 12/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne.Entre las disposiciones eliminadas figura la Resolución 355/2022 y sus 19 modificatorias, que habían creado la estructura operativa del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino. El fideicomiso fue impulsado durante la gestión del exsecretario de Comercio Roberto Feletti con el objetivo de subsidiar molinos y amortiguar el impacto que tuvo sobre los precios internos la suba internacional del trigo tras la invasión rusa a Ucrania.En ese marco, también fueron derogadas las resoluciones 439/2022, 498/2022, 10/2022, 29/2022, 119/2022 y 130/2022, junto con otras disposiciones dictadas durante 2023 vinculadas al funcionamiento del esquema.Asimismo, la administración de Javier Milei eliminó distintas normas relacionadas con mecanismos de control de precios y regulación comercial, entre ellas las resoluciones 426/2022, 296/2022, 22/2006, 178/2007, 177/2008 y 82/2014, además de la Disposición 167/2018.Otro de los cambios relevantes alcanza al programa Ahora 12, luego rebautizado Cuota Simple. La norma establecía las reglas del programa de financiamiento en cuotas para consumo, como qué comercios podían adherirse, qué bancos y emisores de tarjetas podían participar, qué bienes y servicios estaban incluidos y cuántas cuotas podían ofrecerse.En este marco, el Gobierno derogó la Resolución 282/2021 y sus 21 modificatorias, que establecían las condiciones de funcionamiento del programa de financiamiento en cuotas para el consumo.Con esta decisión quedaron sin efecto tanto la resolución original como todas las ampliaciones y actualizaciones dictadas entre 2021 y 2024.Otra de las resoluciones eliminadas es la 368/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, que prorrogaba los plazos que tienen los colegios privados para informar a las familias las condiciones económicas del ciclo lectivo siguiente. Fue derogada porque se trataba de una norma transitoria, válida únicamente para el ciclo lectivo 2026.Todas estas derogaciones se enmarcan en el objetivo del Gobierno, que es simplificar regulaciones. Incluso también se presentó al Congreso la Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone la eliminación de más de 70 normas. El Poder Ejecutivo justificó que buscará suprimir ciertas reglamentaciones porque las considera "obsoletas o superadas".En el proyecto, el Gobierno segmentó las leyes a dar de baja y las dividió entre "obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo; las que afectan a libertades individuales; las englobadas por legislaciones posteriores más completas y modernas; las que cuya derogación implica un avance en la desburocratización; las que remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; y aquellas sobre organismos para integrantes del sector público, financiados con fondos públicos nacionales".Además, en septiembre del año pasado la administración libertaria derogó 71 normas comerciales, incluidas la Ley de Góndolas y Precios Máximos, y otras disposiciones vinculadas al comercio y la defensa del consumidor.Entre las disposiciones derogadas sobresalen las que fijaron precios máximos durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

El PP ve "patético" que el Gobierno "use" al papa para que no se hable de "su corrupción"

El Gobierno se escuda en la "prudencia" para no condenar el ataque de Marruecos que ha matado a dirigentes del Polisario

Abogados Cristianos pide a la Audiencia Nacional que frene las "obras" del Gobierno en el Valle de Cuelgamuros