CÓRDOBA.- Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro volvieron a pedirle a la administración nacional "priorizar el trabajo" y "bajar las retenciones". Los reclamos los realizaron en su recorrida por Todo Láctea 2026, la exposición más grande de esa actividad en América del Sur, que se realiza en San Francisco, en el este de esta provincia."El camino no son los planes, sino el trabajo de nuestros productores", manifestó Pullaro y Llaryora reforzó con que "hay que poner a la producción y al empleo en primer lugar"."Son imparables": Cristiano Rattazzi cargó contra dos impuestos, habló del campo y dejó una definición sobre los autos chinosLa quinta edición de Todo Láctea tiene por lema "pensar globalmente, actuar localmente y producir sustentablemente". Es organizada por el grupo TodoAgro y reúne a unos 200 stands comerciales relacionados con la producción primaria. Los gobernadores subrayaron su trabajo conjunto con Entre Ríos, en el marco de la Región Centro. "Hay un camino para sacar adelante a la Argentina que no son los planes sociales, las dádivas ni el populismo, sino el esfuerzo y el trabajo diario de nuestros productores, que invierten y apuestan al país", apuntó Pullaro y señaló que la Región Centro es la "más productiva de la Argentina, la que sostiene gran parte de la economía nacional".En ese contexto, ratificó el pedido a Nación que vienen haciendo hace tiempo: "Sáquenle el pie de encima al campo y terminen con las retenciones, como hicimos nosotros desde las provincias con bajas impositivas para el campo y la industria". InfraestructuraA ese pedido le sumó el de la necesidad de mantener la infraestructura: "Arreglen las rutas nacionales y apuesten al desarrollo energético para que nuestra industria tenga más potencia, reduzca costos y pueda generar más empleo".En la misma sintonía, Llaryora manifestó que la Argentina "no puede seguir sosteniendo un esquema de retenciones agropecuarias que le quita competitividad y capacidad de generar empleo al interior productivo".Planteó, en relación al anuncio del presidente Javier Milei de un nuevo "súper RIGI", que "si va a haber nuevos esquemas de beneficios impositivos, es hora de que también alcancen al campo argentino y que esos recursos queden en manos de los productores y de nuestros pueblos".Hace poco menos de un año, en una cumbre de la Región Centro, los dos mandatarios y su par entrerriano Rogelio Frigerio hicieron un planteo por las retenciones. "Nuestros productores no mandan la plata a otros países o a paraísos fiscales. Invierten en la Argentina. Se compran una camioneta, tecnología y apuntan al desarrollo. Por eso, una vez más, pedimos al gobierno nacional que tenga en cuenta este reclamo del interior productivo", señalaron entonces."Retenciones primero": Frigerio reclamó una reforma impositiva urgente y dijo que el agro no puede seguir con baja rentabilidadLlaryora en Todo Láctea también volvió a sostener que es clave que se sancione una nueva ley de biocombustibles. Desde hace unos seis meses hay un proyecto en el Senado impulsado por la Liga de Provincias Bioenergéticas (Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán) y apoyado por la Unión Industrial Argentina (UIA).La iniciativa busca desarrollo federal y transición energética y establece un cronograma progresivo de incrementos en las mezclas obligatorias con combustibles fósiles.
La petrolera de mayoría estatal define este viernes si da lugar al lobby del sector refinador o si extiende el acuerdo de precios. Una decisión clave que pondrá a prueba la hoja de ruta del Palacio de Hacienda. Leer más
El mileísmo insiste en sostener su postura de recortes brutales en la administración pública, sobre todo en educación y salud, con argumentos o razonamientos falsos, falaces o engañosos. Leer más
El Gobierno aprobó la adhesión al RIGI del proyecto de ampliación del Gasoducto Perito Moreno, a cargo de Transportadora de Gas del Sur (TGS) en la Resolución 676/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial. Leer más
Una multitud le reclamó al Gobierno que cumpla la ley de financiamiento universitario. Docentes, estudiantes y gremios se movilizaron a Plaza de Mayo para exigir más fondos que garanticen el funcionamiento de las casas de estudio públicas y un aumento salarial para los docentes. El Gobierno mantuvo su postura y espera la definición de la Corte con respecto a la ley que aprobó el Congreso y que el Ejecutivo no aplicó. El Gobierno prohíbe a los deudores de cuotas alimentarias ingresar a partidos de fútbol. La medida quedó oficializada y pasará a aplicarse a través del programa "Tribuna segura". La prohibición de ingreso a estadios de fútbol será siempre y cuando exista una restricción judicial o administrativa vigente.Se conocieron los oferentes para la concesión de los medios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Las dos ofertas que quedaron son de Cale Group Media, el holding que lidera Augusto Mariani y que opera los canales de streaming Blender y Carajo, y Argentinos Media de Marcelo González. No hubo ofertas para las radios. Mientras, la jueza Macarena Marra Giménez rechazó dictar una cautelar, pero los trabajadores van a apelar la decisión.Donald Trump viaja a China para reunirse con Xi Jinping. Se espera que el conflicto en Medio Oriente, el comercio internacional, la inteligencia artificial y la situación de Taiwán, aliado militar de Washington y considerada una provincia rebelde por Beijing, sean parte de las conversaciones que van a buscar estabilizar la relación bilateral. La delegación que viaja desde Estados Unidos incluye a directivos de las empresas más importantes del país.Ya se definieron los primeros semifinalistas del Apertura. Argentinos superó a Huracán 1 a 0 en el alargue y va a jugar contra Belgrano, que le ganó 2 a 0 a Unión. El partido, que se disputará en La Paternal porque el Bicho quedó mejor ubicado en la fase regular, será el sábado por uno de los pases a la final del torneo.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
Tras la cuarta marcha federal convocada por la comunidad universitaria este martes, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, volvió a tildar este miércoles la movilización de un hecho "político", se alejó de la discusión del número de personas que se congregaron en Plaza de Mayo y apuntó contra el rector de la Universidad de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Anselmo Torres."La marcha no está cruzada por la política: es política y está organizada por partidos opositores. Ahora, la Ley de Financiamiento Universitario nació muerta. Viola el primer principio, que es el presupuestario", marcó Álvarez.En diálogo con radio Mitre, sumó: "La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos; si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto".Álvarez también repudió las declaraciones contra el gobierno de Javier Milei que lanzó el vicepresidente del CIN en el marco de la manifestación. "Lo escuchaba a Torres hablando como si fuera un inocente profesor y es político profesional... Tiene todas las fotos con [Axel] Kicillof", apuntó."Otra hipocresía que nos molesta es que el gestor defiende el ingreso irrestricto y tiene un amparo para poner cupo en todas las carreras. Eso hay que financiarlo... Él [Torres] resolvió su problema. En el medio, en su inocencia como 'simple profesor' le dio el honoris causa a Cristina [Kirchner]", deslizó y acusó: "Uno trata de no ir a cuestiones personales, pero que no nos acusen a nosotros de querer destruir el sistema universitario cuando, en realidad, lo queremos salvar de quienes se aprovecharon de él y lo quieren llevar a la destrucción".La convocatoria en reclamo por fondos para la educación pública se dio en distintos puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires, según cálculos de LA NACION, participaron unas 120.000 personas. "De números no hablamosâ?¦ Si no, votaríamos las leyes de acuerdo a quién hace la manifestación más grande. El orden republicano pretende evitar eso", consideró el funcionario mileísta al respecto.Noticia en desarrollo
El subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, se refirió a la masiva movilización del miércoles y enfatizó que "fue organizada por los partidos opositores". Además insistió en la necesidad de discutir el sistema de admisión y en que se especifique de dónde van a salir los fondos para ampliar el presupuesto
La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. También se endurecieron las restricciones para personas con conductas violentas y vinculadas a delitos en espectáculos deportivos.
El alto tribunal rechazó las alertas del Ejecutivo sobre una posible afectación en el pago de mesadas tras frenar el traslado de recursos hacia Colpensiones
El decano de Filosofía y Letras de la UBA aseguró en el programa de Canal E que la movilización en defensa de la educación pública fue una respuesta social y política frente al ajuste universitario. El investigador del CONICET Alberto Kornblihtt renegó: "No podemos estar discutiendo esto". Leer más
La renuncia de la alcaldesa de Arcadia expone una red de influencia china, que operaba un portal de noticias falsas para difundir propaganda de Pekín. Leer más
"El que no cumple con sus hijos, afuera de las canchas", sostuvo la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, tras anticipar la medida en redes sociales. La medida alcanzará también a quienes hayan tenido actitudes violentas con las fuerzas de seguridad
El Gobierno incorporó a las personas que hayan incumplido con las cuotas alimentarias dentro de los supuestos que podrán derivar en una prohibición de ingreso a estadios de fútbol. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y pasará a aplicarse a través del programa Tribuna Segura cuando exista una orden judicial o administrativa vigente.La normativa modificó el artículo 2° de la Resolución 354/2017, que regula el régimen de Restricción de Concurrencia Administrativa a espectáculos futbolísticos. Según el texto oficial, la decisión apunta a adecuar el funcionamiento del programa a situaciones que comenzaron a registrarse en distintas jurisdicciones del país, donde jueces ordenaron impedir el ingreso a estadios a personas que incumplen el pago de cuotas alimentarias.La resolución agregó un nuevo grupo dentro de los casos alcanzados por las restricciones de acceso. Por lo que, a partir de ahora, también podrán quedar impedidas de ingresar a estadios aquellas personas sobre las que pese una medida judicial o administrativa fundada en su inscripción en un Registro Público de Alimentantes Morosos o en sistemas equivalentes previstos por normativas locales.El texto aclara que la restricción continuará vigente mientras permanezca la situación que originó la medida. La incorporación de este supuesto se suma a otros ya contemplados por el régimen, vinculados con hechos de violencia, alteraciones del orden público y delitos cometidos en el contexto de espectáculos deportivos.Entre los fundamentos de la decisión, el Ministerio de Seguridad Nacional sostuvo que la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos recibió numerosos oficios judiciales que ordenaban incorporar personas a la base de datos de Tribuna Segura debido a sanciones relacionadas con incumplimientos alimentarios. Según explicó la cartera, esas resoluciones disponían restricciones de ingreso a estadios deportivos o a determinados clubes como mecanismo complementario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. La norma menciona específicamente la legislación vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Salta. En el caso porteño, recordó que la Ley 269 creó el Registro Público de Alimentantes Morosos y dispuso que los organismos encargados del control de acceso a estadios rechacen el ingreso de las personas inscriptas en ese registro durante partidos organizados por entidades vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la FIFA o la Conmebol.Respecto de Salta, la resolución señaló que la Ley 7411 creó un Registro de Deudores Alimentarios que prohíbe el ingreso a estadios para asistir a espectáculos deportivos o culturales pagos. Además, indicó que existen registros similares en otras jurisdicciones del país con medidas equivalentes.La modificación también mantuvo y reordenó el resto de las causales previstas para aplicar restricciones de concurrencia. Entre ellas figuran las personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos cometidos en el marco de la Ley 23.184 sobre violencia en espectáculos deportivos; quienes enfrenten causas por delitos dolosos y representen un riesgo para la seguridad pública; y quienes protagonizaran hechos violentos antes, durante o después de encuentros futbolísticos.El listado incluye además a personas involucradas en actuaciones contravencionales relacionadas con partidos de fútbol, participantes de incidentes durante traslados de parcialidades y quienes alteren el orden público o afecten la seguridad y el tránsito tanto en espectáculos deportivos como en manifestaciones o concentraciones realizadas en la vía pública.
La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. La restricción ya regía en algunas jurisdicciones y ahora se incorpora al esquema nacional de control en estadios.
En el oficialismo vaticinan que el desempeño de La Libertad Avanza en 2027 estará sujeto al impacto del plan económico. Optimismo y expectativas. La disputa que anticipan
A partir del caso Adorni bajaron las perspectivas positivas sobre Milei, pero en la Casa Rosada son intransigentes y sostienen la postura del inicio del mandato. Repitieron la estrategia de victimización y contraataque frente al reclamo que llenó las calles del centro porteño.
El emblema animal y la tonalidad morada fueron elegidos por su representatividad histórica y social
El Gobierno de Honduras sostuvo una reunión con representantes de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) para analizar la situación del sistema eléctrico nacional y avanzar en soluciones conjuntas orientadas a garantizar la estabilidad y sostenibilidad del servicio.
Las autoridades estatales insisten en que la operación antidrogas fue diseñada y desarrollada únicamente por instancias mexicanas
La mesa técnica regional evaluó problemas de humedad, falta de señalización y deficiencias de acceso en el complejo arqueológico ubicado en Pomalca
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El operativo contó con más de 50 agentes penitenciarios y forma parte del Plan Nacional de Deshacinamiento impulsado por el Ejecutivo
La cita incluirá representantes clave del aparato judicial, quienes analizarán, junto al Poder Ejecutivo, posibles cambios legislativos y operativos para mejorar la seguridad y la institucionalidad
La Casa Militar acusó a los dos periodistas de TN de espionaje por producir un informe en los pasillos de la Casa Rosada y luego suspendió, durante varios días, el acceso a los periodistas acreditados. La justicia lo anuló. Leer más
La mesa política se volvió a reunir y dejó pocas conclusiones. Manuel Adorni coordinó el debate, que contó con presencias y ausencias destacadas. Leer más
El Gobierno aumentará la bonificación para usuarios con subsidios y analiza distribuir en cuotas â??a partir de la primavera, cuando baja el consumo residencialâ?? el mayor costo de importar gas natural licuado (GNL) durante el invierno, al tiempo que contiene el alza de los precios internacionales del petróleo para amortiguar el salto del precio de la nafta. La gestión de Javier Milei se define como liberal, pero en materia energética es, ante todo, pragmático. El alza de precios desatada por el conflicto en Medio Oriente encontró al oficialismo en un momento de mayor fragilidad política: escándalos de corrupción, una inflación que ronda el 3% mensual y una actividad económica que no repuntó en el primer trimestre del año. En ese contexto, el Gobierno tomó una serie de medidas para amortiguar el impacto de la disparada del petróleo y el gas que, en todos los casos, implicaron algún grado de intervención en el mercado.El caso más visible es el de los combustibles. El precio del petróleo acumula una suba del 67% desde enero, con el Brent en torno a los US$105 el barril. De esa suba, el 23% se trasladó al surtidor en menos de dos meses, algo que en gestiones anteriores hubiera sido impensado, pero dejó un atraso de 15% en el precio de las naftas respecto de la paridad de importación. El mecanismo que sostiene esa brecha es un acuerdo informal entre las productoras y las refinadoras: las primeras les venden el crudo por debajo de la cotización internacional y esperan recuperar la diferencia cuando el precio baje. No hay contrato firmado. Las productoras, en la práctica, financian a las refinadoras.El mercado local de combustibles tiene una dinámica particular: YPF controla el 55% del despacho, seguida por Shell con el 19%, Axion con el 14% y Puma Energy con el 5%. Ninguna empresa mueve sus precios hasta que YPF lo hace primero. Y la petrolera, cuyo principal accionista es el Estado, no se movió en 45 días. El propio Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, reconoció ante inversores el atraso acumulado y confirmó que esta semana habrá una definición interna. "Al final vamos a trasladar", dijo, aunque aclaró que el momento y la magnitud dependerán de la evolución del mercado internacional, la demanda interna y las condiciones macroeconómicas.El contexto internacional agrega presión adicional. El barril de petróleo liviano de Vaca Muerta â??llamado medanitoâ?? cotiza hoy con una prima de entre US$4 y US$8 sobre el Brent, porque compradores asiáticos están dispuestos a pagar más para asegurarse abastecimiento. En el mundo faltan al menos 13 millones de barriles diarios (casi el 10% del consumo total), lo que implica que hay que destruir demanda para compensar esa falta de oferta. Si los precios locales no suben lo suficiente, el ajuste viene por el lado de la escasez.En mayo, además, volvió a subir el impuesto a los combustibles, presionado el Gobierno por la caída en la recudación, lo que obligó a YPF a trasladar casi un 1% adicional a los precios en los últimos días. El litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires promedia hoy los $2014, cuando a principios de año estaba en $1566. La suba de los combustibles impactó en la inflación de marzo y el Gobierno no tomó medidas compensatorias del lado impositivo, a diferencia de lo que hizo Brasil, donde el gobierno de Lula Da Silva dispuso una reducción transitoria de los impuestos a los combustibles.El gas, otro frenteAlgo similar ocurre con el gas. Como se mencionó, el Gobierno anunció que incrementará la bonificación para usuarios con subsidios y analiza distribuir en cuotas â??a partir de la primaveraâ?? el mayor costo de importar GNL durante el invierno. La lógica es aplanar el impacto tarifario en el momento de mayor demanda, aunque vaya a contramano del manual liberal: que cada usuario conozca el costo real de lo que consume. Ese criterio sí se aplicará a la industria y la generación, que deberán informarle a la Secretaría de Energía cuánto gas están dispuestos a comprar a precios internacionales, que están en máximos por el conflicto en Medio Oriente. El que no quiera y tenga contrato interrumpible, se quedará sin suministro. La señal de precio funciona, pero solo para quienes pueden absorberla.En la misma línea de pragmatismo, el Gobierno suspendió la privatización de la importación de GNL, que continuará en manos de Enarsa pese a que Trafigura y Naturgy ya habían presentado ofertas técnicas en la licitación. La decisión se tomó al evaluar que no era el momento â??ni externo ni políticoâ?? para delegar en privados el suministro de gas en plena escalada de precios internacionales. En combustibles se puede intervenir de manera indirecta a través de YPF. En el GNL, sin ese paraguas, el precio de mercado se trasladaría de inmediato a las tarifas residenciales. A todo esto se suma el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso para reformar el Régimen de Zonas Frías y recortar el alcance de los subsidios al gas, donde busca deshacer la ampliación impulsada por el diputado Máximo Kirchner en 2021, que extendió el beneficio a regiones sin severidad climática suficiente â??incluyendo Mar del Plata y Santa Feâ??, donde hay localidades con temperaturas superiores a 30 grados en verano.El ahorro fiscal sería acotado, pero el Gobierno necesita acumular cada punto disponible en un contexto en el que los subsidios energéticos vuelven a presionar sobre las cuentas públicas. Liberal en el discurso, pragmático en los hechos: esa es, por ahora, la política energética del oficialismo.
Se estima que en el país hay entre ocho a 10 "ángeles blancos" por cada 10,000 habitantes
Un equipo oficial dominicano realizó reuniones en la capital guatemalteca para estudiar los procesos de integración y protección ofrecidos a personas repatriadas, con especial atención al trabajo interinstitucional en capacitación laboral y defensa de derechos humanos
Si el deterioro de la aprobación del Gobierno no se explica por la situación de Manuel Adorni sino la economía, el dato de este jueves del Indec será un buen termómetro para contrastar esta hipótesis, verdadera y única apuesta de Milei: es la economía, estúpido.
La marcha universitaria de ayer se convirtió, otra vez, en un hito negativo para Milei y su gobierno. Una plaza colmada sin protagonismo sindical ni de figuras opositoras.
La multitud que se concentró en Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires y los grupos que colmaron distintas zonas del país para reclamar que se giren los fondos para las universidades no movieron al Gobierno de la postura que sostuvieron sus funcionarios en la previa: negar un ataque directo a ese sector educativo y vincular este tipo de reclamos a espacios políticos opositores a la gestión nacional. Además, distintos funcionarios del oficialismo enfatizaron en que buscan auditar lo que llamaron "las cajas", discutir el arancelamiento y "eficientizar el uso de los recursos".De momento, en la Casa Rosada esperan la definición de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la ley de financiamiento universitario que salió del Congreso y que el Gobierno no aplicó. Mientras que en el documento final de la marcha al Ejecutivo le achacaron que "incumple la regla democrática y constitucional básica" por no poner en marcha esa legislación, ya judicializada, desde el Gobierno alegaron que la medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) "no está firme hasta que se expida la Corte". Esa posición la señalaron tanto fuentes en off del gobierno de Milei como en una réplica de la Oficina de Respuesta Oficial en X. El máximo tribunal del país tiene que decidir sobre un Recurso Extraordinario Federal. Esto será clave para saber si avala o no la postura de la gestión Milei, que se ancla en que la legislación del Congreso no tiene especificado de dónde saldrían los fondos para el financiamiento. "Lo tiene la Corte y tendrá que resolver. Estamos a la expectativa", resumió una alta fuente de la Casa Rosada ante la consulta de LA NACION. Esta tarde, el sistema universitario le pidió a la Corte que acompañe y que "escuche el clamor de las plazas de toda la república".A la vez que avanzaba la protesta y se acumulaban estudiantes, profesores, gremios y columnas políticas, el Presidente replicaba mensajes que se enfocaron en partidizar la discusión. "Posta que estallo que una vez por año marchan para que no cierren las universidades que nadie quiere cerrar", fue uno de los tuits que avaló Milei, en este caso del propagandista Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan. Otro decía: "La universidad pública no está en peligro. La caja sin control, sí. Y eso les duele". Uno, todavía más tensionado, rezaba: "Hoy marcha de la oposición escudándose cobardemente en la defensa de la universidad pública. Los mismos de siempre haciendo lo único que saben hacer: intentar desestabilizar".A través de esos dardos, el Presidente deslizó un posicionamiento similar al que más temprano en medios había encarnado su subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, del riñón del estratega Santiago Caputo. Álvarez planteó en Radio Rivadavia que en las universidades hay "dos corporaciones": una "política", que aseguró que responde "mayoritariamente al radicalismo"; y una "sindical", que le achacó al peronismo. "Es un acto opositor. Una causa noble se esconde atrás de la política", dijo el encargado de las universidades del gobierno de Milei sobre el masivo reclamo de este martes. Horas después, con la gente en la calle y tras la lectura del documento, no hubo matices en esas manifestaciones suyas, según pudo saber LA NACION.En tanto, desde el Ministerio de Capital Humano prefirieron enfatizar en la necesidad de auditar y "mostrar los números" de las universidades."Sería preferible que quisieran hablar de los criterios de regularidad, del cobro a extranjeros, de auditorías. No creemos que marchar sea útil para lo que realmente se precisa, que es mejorar la calidad educativa y los índices de graduación, y utilizar eficientemente los recursos", señalaron fuentes de esa cartera y añadieron, ante la consulta de LA NACION: "Amparándose en la autarquía solo les importa la plata y después la población desconoce en qué se utilizan esos recursos".En el documento final de este martes -que firmaron el CIN, las universidades, la Federación Universitaria Argentina y distintas asociaciones gremiales del rubro- denunciaron que el financiamiento del sistema nacional es "crítico" y que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada de 45,6% entre 2023 y 2026. "Es una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario. Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años", denunciaron.Esta mañana, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello -que tiene bajo su ala la cartera educativa-, cargó contra la UBA, la acusó de pedir 95% de la distribución del refuerzo para hospitales universitarios y aseguró que esa casa opta por mantener el financiamiento a cargo del Estado y no arancelar a estudiantes extranjeros, cuando -según el Gobierno- debe 50% de las rendiciones de gastos de salud de 2024 y 2025. Asimismo, anunció el lanzamiento del "Micrositio de Datos de las Universidades Nacionales" donde, aseguró, podrán consultarse la cantidad de alumnos regulares, la tasa de egreso, el presupuesto y el costo por graduado. La ministra prometió "datos actualizados y fehacientes". Además, Pettovello avaló mensajes contra el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, también referente del radicalismo, quien más temprano se había cruzado con Álvarez y había acusado al Gobierno de "mentir sin vergüenza", "inventar datos" y "bajar el presupuesto universitario a la mitad en dos años".Mienten sin vergüenza @AleCiroAlvarez Mientras inventan datos, bajaron el presupuesto universitario a la mitad en dos años, el 80% de los profesores cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza y no mandan los fondos para que funcionen los hospitales.Mañana vamos a serâ?¦ https://t.co/SUufIen0qw— Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) May 12, 2026Ayer, la gestión de Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi $2,5 billones, que incluyó un ajuste de $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial.En plena polémica por más recortes, desde el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, aseveraron que estas adecuaciones presupuestarias "no representan una desinversión" sino que intentan garantizar "la eficiencia del Estado" y priorizar "el financiamiento directo a las instituciones y la mejora en los procesos de gestión sin afectar el funcionamiento educativo ni la investigación científica". Refirieron incluso que la tijera -que se sintió como una provocación en la previa de la protesta- no pasó sobre la Subsecretaría de Políticas Universitarias.Este martes, las redes de propaganda libertaria en X -que venían alicaídas en medio del escándalo Adorni- se activaron con material que buscó desacreditar la movilización. Por ahora, quien cultiva su silencio público (hasta en días tan tensionados como este) es el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
Antonio Sanguino denunció la actitud del Consejo de Estado y prometió avanzar frente a nuevas trabas para cumplir lo que se busca con la reforma pensional
El diputado nacional de la Coalición Cívica analizó en Infobae al Regreso el conflicto por el financiamiento universitario, denunció el recorte salarial docente y reclamó la intervención de la Corte Suprema
Gobierno federal reporta decomisos históricos y detenciones en combate a la delincuencia
El documento, construido por pacientes, clínicas, hospitales, EPS, universidades y gremios, será entregado a los candidatos presidenciales, a quienes se les pidió avanzar en un plan de choque para garantizar la continuidad de la atención y la estabilidad financiera del sistema
En la Casa Rosada insisten con cuestionar la transparencia de las casas de estudio, aunque reconocen que la mayoría de los manifestantes tenían un reclamo legítimo
Los hogares seguirán pagando el gas a un promedio de US$ 3,79 por millón de BTU y no se les cobrará en invierno un adicional a US$ 20.Esa diferencia recién se saldará en cuotas durante el verano.
A la par de la marcha universitaria que tuvo epicentro en la Plaza de Mayo, la protesta de docentes y alumnos se hizo escuchar este martes en distintas ciudades del país donde la comunidad universitaria tiene peso político y social. Por caso, las manifestaciones fueron contundentes en Córdoba, Rosario y Mendoza.En la ciudad de Córdoba, la convocatoria fue masiva. Las columnas partieron desde la Ciudad Universitaria para avanzar, por 30 cuadras, hasta el frente del Arzobispado, a donde se montó un escenario. A medida que los manifestantes caminaban más gente se iba sumando, de diferentes edades y sectores sociales. La protesta fue convocada por la Universidad Nacional de Córdoba -al frente de las columnas estaban el actual rector, Jhon Boretto, y el candidato que lo enfrentará en las elecciones Pedro Pérez-, el gremio de los docentes (Adiuc) y la Gremial San Martín, que nuclea a los trabajadores no docentes.También se sumaron los centros de estudiantes de cada una de las facultades, junto a la Federación Universitaria de Córdoba (FUC). Además, adhirieron y enviaron representantes de la Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).El gobernador Martín Llaryora y su antecesor, Juan Schiaretti -además de otros legisladores del oficialismo provincial- manifestaron a través de sus redes sociales el apoyo al reclamo de las universidades. En las calles, la diputada nacional Natalia de la Sota se sumó a las columnas de manifestantes.En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) otorgó facilidades académicas y administrativas para que la comunidad educativa pudiera participar de la movilización. La disposición alcanzó a la Presidencia, colegios preuniversitarios y dependencias de la universidad.A su vez, las distintas facultades fueron invitadas a adherir en sus respectivos ámbitos. En la práctica, las facilidades implicaron flexibilización académica y administrativa para quienes participaron de la protesta, incluyendo posibles justificaciones de inasistencias, permisos o reprogramaciones de actividades.En Rosario, una multitud se movilizó para visibilizar la situación presupuestaria de las universidades nacionales. El reclamo comenzó a las 15.30 con una concentración en plaza San Martín. Desde allí se realizó una marcha que concluyó en el Monumento a la Bandera, con las calles colapsadas por la multitud. La movilización y el reclamo no fueron los únicos protagonistas. La Universidad Nacional de Rosario aprovechó para mostrar la importancia de la educación pública. En la previa a la movilización colocó una carpa en la plaza para realizar extracciones de sangre con el objetivo de avanzar en estudios sobre el cáncer.En Mar del Plata, la marcha tuvo como punto de partida el complejo central de la Universidad Nacional de Mar del Plata y avanzó por más de 2.000 metros hasta el microcentro, donde se completó la protesta con un acto bajo la consigna de defensa de la educación pública y más recursos para la universidad. Las autoridades académicas y gremiales se ubicaron a la cabeza de la marcha, que como en sus anteriores expresiones, logró una altísima convocatoria que excedió a los protagonistas del sistema universitario y sumó acompañamiento de organizaciones sindicales, organizaciones sociales, políticas y vecinos en general."Son 200 días de incumplimiento de la ley, ya era hora de volver a las calles", señaló Abigail Araujo, de la Agremiación de Docentes Universitarios Marplatenses (ADUM). Marina Sánchez Herrero, vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, lamentó por su parte la judicialización por parte del Estado nacional."Es inédito tener que recurrir a la Justicia para que el Gobierno la cumpla", expresó Sánchez Herrero. El reclamo reiterado durante la marcha fue de "educación pública y gratuita", así como se escucharon algunos cánticos muy críticos contra el Gobierno. La universidad local viene de cinco jornadas de paro. En Mendoza, miles de estudiantes, docentes, personal no docente y organizaciones sociales -además de público en general- dijeron presente en la movilización, que partió desde el predio de la UNCuyo, en el Parque General San Martín, hasta la tradicional Plaza Independencia, en el microcentro provincial. La columna de manifestantes estuvo encabezada por la rectora Esther Sánchez y las cuatro listas que se presentaron para las próximas elecciones al Rectorado en la casa de altos estudios, que se celebrarán el 9 de junio. "No es una marcha opositora y la sociedad acompaña la causa", expresó la rectora de UNCuyo.En la marcha no hubo funcionarios de primera línea del gobierno radical que comanda el gobernador Alfredo Cornejo, reconocido exalumno y militante de la UNCuyo, hoy aliado políticamente a La Libertad Avanza (LLA). Uno de los ausentes fue fue el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar."Desde Mendoza hemos planteado que antes de discutir reformas educativas, necesarias, el país necesita discutir el financiamiento educativo", señaló de todos modos Zalazar. En la marcha fue común y coincidente una respuesta, entre alumnos y docentes. "La ley ya se aprobó y no se da cumplimiento", dijeron. En Río Negro, las principales concentraciones se dieron en Bariloche, El Bolsón, Viedma, General Roca y Choele Choel. En el caso de Bariloche, la comunidad en general y los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro se sumaron a la convocatoria de la red de Becarios de Conicet en Patagonia Norte. El rector de la UNRN, Anselmo Torres, denunció formalmente ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Farida Shaheed, la situación de extrema gravedad institucional, social y humanitaria que atraviesa el sistema universitario en la República Argentina y solicitó su intervención. La denuncia del rector subrayó que el Estado argentino dispone de fuentes de recaudación alternativas, como impuestos coparticipables o la revisión de gastos tributarios, que permitirían solventar la inversión educativa sin comprometer el equilibrio fiscal, en lo que constituyó un mensaje directo al Gobierno nacional.En Chubut, la comunidad universitaria volvió a las calles de Comodoro Rivadavia. La movilización comenzó en el playón de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y avanzó hacia el centro con la participación de docentes, no docentes, estudiantes, organizaciones sociales y sindicatos. En la región también hubo convocatorias en Neuquén, Bariloche, General Roca y Viedma. Uno de los ejes centrales del reclamo estuvo vinculado al deterioro del presupuesto universitario. Desde la UNPSJB advirtieron que las partidas previstas para 2026 quedaron rápidamente desactualizadas a raíz de la inflación.El director de la sede local, Gustavo Fleitas, sostuvo que el cálculo inflacionario contemplado en el presupuesto "ya fue ampliamente superado" durante el primer cuatrimestre del año y remarcó que el conflicto continúa judicializado luego de las presentaciones realizadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).Durante la convocatoria también se expuso la preocupación por el congelamiento de las becas estudiantiles. Las autoridades universitarias señalaron que la pérdida del poder adquisitivo afecta directamente la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, en un contexto económico complejo para las familias. El escenario de conflictividad se profundiza por la situación salarial del sector universitario. Según datos difundidos por autoridades académicas, gran parte de los docentes percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza y en distintas facultades ya se registran renuncias y jubilaciones anticipadas en masa. En Misiones, la Plaza 9 de Julio fue el epicentro de la marcha en defensa de la universidad pública, y especialmente pidiendo por el descongelamiento de las becas universitarias, el presupuesto de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). También hubo marchas en otras ciudades como Eldorado. La concentración en la capital misionera comenzó pasadas las 13 en la zona que se conoce como El Mástil, en la entrada al microcentro. Desde allí una columna de jóvenes estudiantes, docentes, y también otros vecinos que salieron a apoyar a la universidad, caminó unas diez cuadras hasta la Plaza 9 de Julio. Con la colaboración de los corresponsales
El futuro de la competitividad empresarial y la seguridad en las fronteras dependerá de la rapidez con que se resuelva un vacío regulatorio actual en el Régimen Sancionatorio Aduanero
En base a la explicación del analista político, Alejo Leguizamón, en el último tiempo "unos gestos de autonomía bastante fuertes que se dieron en los últimos días por parte del PRO". Leer más
El fiscal Gerardo Pollicita desestimó la denuncia del Gobierno contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno por realizar filmaciones dentro de la Casa Rosada con "lentes inteligentes", un dispositivo con forma de anteojos que permite grabar. La denuncia había sido promovida por la Casa Militar, con el argumento de que los periodistas habían puesto en riesgo la seguridad nacional al filmar, de forma subrepticia, el interior de casa de gobierno.Luego de analizar el material, el fiscal Pollicita entendió que en el episodio no se configuró ningún delito penal y le pidió al juez de la causa, Ariel Lijo, que deberá decidir sobre el caso, que lo archive."Las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público sin que se haya acreditado la captación o difusión de secretos, ni verificado una perturbación sustancial de la seguridad nacional", dice el dictamen del fiscal, que sigue: "todo lo cual permite descartar la relevancia jurídico-penal de los sucesos bajo análisis". Pollicita destacó que existen distintas fuentes públicas, como Google Maps, que exhiben imágenes parecidas a las que se obtuvieron en las grabaciones cuestionadas. "El periodista Salerno, a lo largo de la grabación obtenida mediante lentes inteligentes, captó imágenes similares a las ya dadas a conocer al público en general", dijo el fiscal, relativizando el episodio."La actividad efectivamente realizada no se condice con la referida en la denuncia, en tanto no se obtuvieron ni revelaron al público imágenes que exhiban espacios secretos ni compatibles con la inspección de despachos", agregó. Luego del episodio, y en medio de una fuerte escalada de ataques del presidente Javier Milei contra la prensa, el Gobierno impidió el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, una decisión que despertó duras críticas de entidades periodísticas, cámaras empresariales y del arco político opositor.La decisión fue presentada oficialmente como una medida preventiva por razones de seguridad, mientras se revisaba el sistema de acreditaciones. Se justificó a partir de la denuncia y en la necesidad de profundizar una investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa.El Gobierno reabrió la sala de prensa una semana después.
La comunidad universitaria nacional concretó este martes la cuarta marcha federal en reclamo por los 203 días sin aplicación de la Ley de Financiamiento por parte del gobierno de Javier Milei.En un extenso documento, las autoridades académicas, gremios docentes y agrupaciones estudiantiles sostuvieron que el actual sistema de financiamiento es "crítico", acusaron al gobierno de "romper el contrato social" y alertaron sobre una caída real del 45,6% en los fondos de las universidades nacionales.El texto además incluye un pedido explícito a la Corte Suprema de Justicia para que intervenga ante el "desprecio institucional" del Poder Ejecutivo por desoír las leyes del Congreso y los fallos judiciales.Asimismo, advierte que el recorte presupuestario y el congelamiento de las becas estudiantiles ponen en riesgo la continuidad del sistema estatal de educación superior.Documento completoLas universidades públicas y sus comunidades, junto con el sistema público de investigación, desarrollo e innovación, somos el fruto de una larga lucha de nuestro país, de nuestro pueblo, por contar con un sistema estatal de educación y de producción de conocimientos que garantizara el núcleo del porvenir: educación superior de la máxima calidad para todos, profesionales altamente calificados, conocimientos para el desarrollo social y económico, una juventud protagonista de su tiempo.La universidad pública se constituyó como una caja de resonancia de las grandes demandas del país, de sus dolores y de sus esperanzas. Hoy, como siempre, la comunidad universitaria asume la tarea de luchar por su universidad y en esa lucha hacer reverberar todas las demás: la discapacidad, las jubilaciones, la salud, las diversidades, el alimento, los recursos naturales, la industria nacional.El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico y la principal causa es que el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema.La situación presupuestaria, como lo venimos planteando públicamente es crítica. El recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones sustantivas gravemente. Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario.La política salarial impuesta por el Gobierno nacional cerró las paritarias y produjo un deterioro alarmante del poder adquisitivo y el empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo, preocupante nivel de renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales: las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas.Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30 %,mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado. Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa además la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios.El sistema de apoyo al acceso, ingreso, sostenimiento y graduación de las y los estudiantes ha sufrido un profundo deterioro que vacía de contenido una política pública fundamental para garantizar el derecho a la educación superior.Las principales becas nacionales como las Becas Progresar permanecen congeladas frente a una inflación creciente, perdiendo gran parte de su poder adquisitivo y dejando de cumplir su función de acompañamiento económico para miles de jóvenes trabajadores y sectores populares. Del mismo modo, las Becas Estratégicas Manuel Belgrano atraviesan una situación de incertidumbre y desfinanciamiento que afecta especialmente a estudiantes de áreas estratégicas para el desarrollo nacional. La reducción y el deterioro de estas políticas expulsan estudiantes del sistema universitario, profundizan las desigualdades sociales y ponen en riesgo la posibilidad de que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios. Las becas vinculadas a las vocaciones científicas (EVC) también se encuentran suspendidas siendo el principal instrumento de sostenimiento de esas vocaciones a nivel nacional.El poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de Gobierno, el 64% del que tenía en enero de 2023. Actualmente esa tendencia se intensificó y se ha perdido, durante la gestión del actual gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias.Sin embargo, la crisis no es solo presupuestaria, como ciudadanas y ciudadanos debemos denunciar con dolor y firmeza la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en nuestra nación. El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho.La Universidad argentina, pública, gratuita y federal, tal como la construimos, la promovemos, la protegemos y la defendemos, es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar; siempre hicimos notar que si se atenta contra el sistema de educación pública, se lesionan las condiciones de igualdad y el horizonte posible de reducción de asimetrías y atención de los problemas colectivos desde lo público. La educación es y debe ser el medio para reducir las desigualdades y la exclusión en la sociedad argentina.La universidad pública y el sistema público de investigación, desarrollo e innovación son factores fundamentales de la economía del país, recursos estratégicos para una industria nacional con capacidad para competir en el mundo, agregar valor a la materia prima, generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables. Además, necesita movilizar toda la creatividad que el mundo de las artes y del conocimiento de lo humano aportan para que un país se piense. Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo.La universidad pública argentina somos todas y todos. Hijos e hijas de una nación que supo construir aquí lo que no se pudo en ninguna otra parte del mundo. Un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes. Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo.Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. La trama que nos impulsa se funda en el derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública.No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, no docentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora ¡La universidad pública se defiende! ¡Por más y mejor educación pública y ciencia!
Tras una reunión entre el canciller Pablo Quirno y su par uruguayo, las autoridades señalaron que están estudiando otras localizaciones para la planta de hidrógeno verde que aprovechen las ventajas logísticas y técnicas
El Consejo de Estado, en su auto, considera que el Gobierno buscó suplir la ausencia de regulación causada por la suspensión parcial de la reforma pensional
Las autoridades y los gremios docentes se pronunciaron en contra del Poder Ejecutivo y volvieron a pedir que cumpla con la ley de financiamiento. "La universidad argentina es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar", señalaron
Morena convocó a la marcha por la "seguridad de Chihuahua y la defensa de la soberanía nacional"
Carlos Castagnani, respaldó el ajuste fiscal del Gobierno pero advirtió que la presión impositiva, tanto nacional como provincial, sigue siendo el principal freno para el crecimiento del sector agropecuario. Leer más
El fundador de PayPal y uno de los empresarios tecnológicos más influyentes de Silicon Valley, Peter Thiel, se reunió este martes con el ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de la definición final del denominado "Súper RIGI", el nuevo esquema de incentivos para grandes inversiones que el Gobierno todavía no envió al Congreso.La reunión se realizó en el Palacio de Hacienda y también participaron el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. El encuentro fue confirmado por el propio Caputo a través de un mensaje publicado en redes sociales."Excelente reunión con @JoseLuisDazaAR, @Kicker0024 y el empresario Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir, con quien dialogamos sobre numerosos temas de actualidad económica y geopolítica", escribió el ministro.Thiel estuvo acompañado por Matt Danzeisen, gestor de cartera de Thiel Capital LLC y esposo del empresario estadounidense. La visita se produjo apenas días después de que el fundador de Palantir mantuviera otros encuentros con funcionarios clave del Gobierno de Javier Milei.El pasado 23 de abril, Thiel se había reunido con Milei y con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, en un encuentro del que también participaron Danzeisen y Matias Van Thienen, socio del fondo Founders Fund.La presencia de Thiel en Buenos Aires coincide con el momento en que el Ministerio de Economía trabaja en los últimos detalles del "Súper RIGI", una versión ampliada y más agresiva del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que el Gobierno busca utilizar para atraer desembolsos en sectores industriales, tecnológicos y energéticos.El viernes pasado, Caputo adelantó algunas de las características del proyecto. Entre los cambios previstos figura una reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias del 25% al 15% para los proyectos alcanzados, además de un esquema más acelerado de amortización fiscal de las inversiones.Según explicó el ministro, las empresas podrán amortizar el 60% de la inversión en el primer año, un 20% en el segundo y el 20% restante en el tercero. El nuevo régimen también prevé beneficios adicionales para importaciones y exportaciones.En el caso de las exportaciones, los proyectos incluidos en el "Súper RIGI" quedarían exentos del pago de derechos desde el inicio de sus operaciones, mientras que en el esquema actual ese beneficio comienza a regir después de dos o tres años, según el tipo de actividad.Caputo también anticipó que el proyecto incluirá límites a la presión tributaria provincial y municipal. Las provincias adheridas no podrán cobrar más de 0,5% de Ingresos Brutos y los municipios no podrán aplicar tasas sobre las ventas.Aunque todavía no se definió el monto mínimo de inversión requerido para acceder al nuevo esquema, el ministro aseguró que ese punto quedará establecido antes del envío de la iniciativa al Congreso.Entre los sectores que el Gobierno busca impulsar aparecen el refinamiento y laminado de cobre, la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, fertilizantes y datacenters.La visita de Thiel también volvió a alimentar especulaciones dentro del mercado sobre un eventual interés de compañías vinculadas al ecosistema tecnológico y de inteligencia artificial en la Argentina, especialmente en áreas asociadas a energía, infraestructura digital y procesamiento de datos.Thiel, de 58 años, construyó una fortuna estimada en unos US$27.000 millones como cofundador de PayPal y uno de los primeros inversores de Facebook. También es propietario de Palantir Technologies, firma creada con apoyo de la CIA que desarrolla plataformas de análisis de datos utilizadas por agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales de Estados Unidos.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, habló con Infobae Colombia y aseguró, entre otras cosas, que Colpensiones tiene un déficit y todos los años el Gobierno gira el faltante
El oficialismo buscará sancionar el tratado en una sesión el 20 de mayo. Como se dejó "en reserva" el Capítulo II, deberá volver a pasar por el Senado. La ratificación del PCT es parte de los acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea
"Con una gestión eficiente, cada peso va donde corresponde: al cuidado de la salud de los argentinos". Con ese mensaje, el ministro de Salud, Mario Lugones, sentó posición en una jornada compleja para el Gobierno por la marcha universitaria a Plaza de Mayo en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento de la actividad.En un video publicado en sus redes sociales, el funcionario destacó: "En el Garrahan, gracias a los ahorros que hemos logrado, hemos podido incorporar un microscopio de alta generación para cirugías oftalmológicas", ejemplificó.Con una gestión eficiente, cada peso va donde corresponde: al cuidado de la salud de los argentinos. pic.twitter.com/21nhgRvf5w— Mario Lugones (@Mariolugones_ar) May 12, 2026"En el Pami las auditorías que están haciendo han detectados muchas irregularidades en las prestaciones oftalmológicas y de ópticas, y en algunos casos detectaron sobrefacturaciones y cobros indebidos a los prestadores", añadió.El funcionario expresó: "Hacemos todo esto porque los recursos tienen que ir a los beneficiarios de la institución"."Todo lo que hacemos tiene un mismo sentido: ordenar el sistema, cuidar los recursos y garantizar que el sistema de salud esté al servicio de los argentinos".Preocupación por el ajusteEl mensaje llegó en medio de las críticas al Gobierno por el ajuste que impuso la gestión de Javier Milei, y en la misma jornada en la que el movimiento universitario concretaba una multitudinaria marcha a Plaza de Mayo en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento universitario.Además, y en una decisión conocida el el lunes último, la administración de Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que incluyó un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades. El monto del ajuste equivale aproximadamente a un 1,6 por ciento del Presupuesto y los principales cambios incluyen ajustes por deudas previsionales y el plan de retiro de la Anses, pero también en el presupuesto educativo, según publicó el Gobierno en el Boletín Oficial.En efecto, y tal como consignó LA NACION, ese recorte del gasto público firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, genera desconcierto y preocupación entre los ministros de Milei.El mega recorte, que modifica el presupuesto 2026 votado por el Congreso y poda unos $2,5 billones, obligará a la mayoría de los ministros y secretarios a "ajustarse el cinturón", en momentos de tensión interna por las denuncias judiciales contra Adorni por su presunto crecimiento patrimonial y en un contexto de deterioro del sector público, con despidos en diferentes áreas y una caída salarial de 37% en dos años, según datos del Indec.
El presidente del alto tribunal, Mauricio Lenis, afirmó que la discusión se llevará a cabo en próximas sesiones
El PRO, que conduce el expresidente Mauricio Macri, publicó este martes un sugestivo mensaje en redes sociales en medio de las críticas al Gobierno por la causa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la marcha universitaria a Plaza de Mayo."El próximo paso no es un partido político. Ni un dirigente, por mejor que sea. El próximo paso sos vos, el argentino que pagó el costo del cambio y todavía espera", expresó el partido con tono enigmático.El mensaje llegó en medio de las especulaciones por la posibilidad de que el expresidente Macri sea candidato presidencial el año que viene para competir contra el mandatario Javier Milei.La inclusión de la palabra "paso" también puede leerse como una alusión al proyecto de reforma política presentado por el Poder Ejecutivo y a través del cual se pretende eliminar las PASO para las elecciones presidenciales del año próximo.El PRO también había cuestionado el domingo último el rumbo del Gobierno al advertir que "acompañar el cambio no es aplaudir todo", además de acusar a sectores del oficialismo de actuar "con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer".Ese texto, titulado "Manifiesto Próximo Paso", marca un tono más crítico por parte del partido fundado por Mauricio Macri hacia la administración libertaria, pese al respaldo que le brindó en distintos proyectos legislativos.El comunicado fue difundido tras una serie de acusaciones y la investigación judicial que recae sobre Adorni por su presunto incremento patrimonial. Noticia en desarrollo
El exfuncionario Mariano Mirotti analiza la ausencia de un plan estratégico en infraestructura y transporte que otorgue la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones privadas. Leer más
En medio de los recortes de todas las áreas, la cartera de Justicia y el Poder Judicial tuvieron nuevos aumentos presupuestarios. Leer más
La negativa del órgano judicial impide los traslados programados para el proceso de paz y obliga al equipo negociador a buscar mecanismos alternativos que permitan cumplir con lo acordado durante los diálogos del Gobierno con el grupo armado
"Sepan que primero la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía", aseguró Omar García Harfuch
El diputado nacional presentó un proyecto para eliminar de forma gradual los derechos de exportación y comentó que, "en 36 meses las retenciones tienen que estar en cero". Leer más
El director de la consultora Poliarquía, Alejandro Catterberg, planteó una advertencia sobre la estabilidad del gabinete nacional durante su participación en Odisea Argentina, en LN+.El analista político sostuvo que el desplazamiento de Manuel Adorni, lejos de solucionar la crisis política, podría generar nuevos problemas para el presidente Javier Milei si no se resuelven primero conflictos más profundos que afectan el funcionamiento del Poder Ejecutivo nacional.El caso Adorni y la imagen del Gobierno: Alejandro Catterberg en Odisea ArgentinaLos problemas que debe resolver el Gobierno, según Catterberg Catterberg detalló cuatro ejes fundamentales que la Casa Rosada debe atender antes de considerar cualquier cambio en su estructura. El especialista afirmó que el Gobierno necesita recuperar la capacidad de controlar la agenda pública, reducir las internas dentro de La Libertad Avanza, modificar la actual estrategia de confrontación permanente con el periodismo y avanzar hacia una ampliación política. Según el consultor, omitir estos pasos previos dejaría el problema de fondo sin respuesta.El analista explicó que el Gobierno atraviesa una etapa de desgaste marcada por la caída en el respaldo social y precisó que, desde el mejor momento post-electoral, la administración libertaria perdió entre 10 y 12 puntos en los sondeos, un descenso que calificó como significativo por la velocidad del proceso. "Venimos del mejor verano del Gobierno desde que llegó", señaló Catterberg, aunque aclaró que la situación actual no presenta un carácter dramático dado que el Presidente conserva niveles de aprobación que superan el 40 por ciento.En su diagnóstico, apuntó a que el Ejecutivo sufre el impacto de una combinación de factores económicos y políticos. Entre ellos, destacó la influencia de la inflación sobre los ingresos y los cuestionamientos sobre las formas de gestión. "Ese sector -el que representa Bullrich- creyó en la idea de 'somos distintos, somos diferentes'", afirmó el analista, quien subrayó que los escándalos recientes erosionaron esa percepción. "No hay nada más casta que subirse a un avión privado e irse a Punta del Este", enfatizó al referirse a la desilusión de los sectores de centroderecha.En cuanto a las internas, advirtió sobre dinámicas ocultas: "Hay un segundo nivel, que está un poco más abajo de la superficie, que tiene que ver con la disputa de poderes vinculados al Poder Judicial, las relaciones con la política y la corrupción". Ante este escenario, el consultor resumió su visión sobre la figura del vocero presidencial: "Tenerlo a Adorni es un dolor de cabeza, pero, tal vez, sacarlo te genere, en poco tiempo, un nuevo dolor de cabeza".
El bloque opositor oficializó para este jueves una sesión especial para emplazar pedidos de informes y tratar iniciativas vinculadas a la remoción del jefe de Gabinete. Persisten las dudas sobre la presencia de aliados y espacios provinciales, en medio de nuevas negociaciones en la Cámara baja.
Más de 48 millones de personas en Estados Unidos padecen trastornos por uso de sustancias y 23.5 millones están en recuperación; en México el consumo de drogas ilícitas alcanzó al 2.7% de la población, de acuerdo con cifras oficiales
De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el objetivo de esta iniciativa es "abajo los privilegios"
La candidata presidencial del Centro Democrático aseguró que se garantizará el cumplimiento de la ley y el pago de las pensiones mientras avanza la transición de la reforma pensional
El subsecretario de Políticas Universitarias aseguró que "no hubo recortes" sino que "no hay actualización salarial"."Quieren 50% de aumento", reprochó Alejandro Álvarez.
En la apertura de JONAGRO, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, defendió el ordenamiento fiscal y la modernización del Estado.También destacó el acuerdo Mercosur-UE, reclamó infraestructura y llamó a fortalecer las instituciones.
Las entidades interesadas podrán presentar propuestas para restaurar ecosistemas utilizando flora autóctona, con financiamiento disponible entre 2 y 8 millones de quetzales por iniciativa, conforme a los lineamientos oficiales y técnicos establecidos
El Gobierno envió 45 nuevos pliegos de jueces y fiscales al Senado para negociar con la oposición dialoguista. Hay 16 candidatos que corresponden a jurisdicciones del interior y de la provincia de Buenos Aires, y 29 de tribunales, juzgados, fiscalías o defensorías federales y nacionales con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Entre los pliegos más salientes de los jueces candidateados está Tomás Rodríguez Ponte para ocupar el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, con jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza, casado con la fiscal Alejandra Mangano, que hace semanas pidió cerrar la causa contra Adorni por el viaje de su mujer a Nueva York.Con una nueva marcha federal, las universidades vuelven a reclamar por la ley de financiamiento. En la ciudad de Buenos Aires, la concentración será a las 17 en Plaza de Mayo, y habrá discursos desde las 18. Reclaman la inmediata implementación de la ley de financiamiento y la recomposición salarial docente y no docente. Las movilizaciones se van a replicar en todas las provincias del país.Trasladaron a Julio de Vido a su quinta en Zárate para cumplir prisión domiciliaria. El exfuncionario kirchnerista, de 76 años, cumple condena a cuatro años de prisión por la tragedia de Once, donde fue declarado culpable de fraude al Estado. La Cámara Federal de Casación Penal aceptó su pedido a raíz de algunas patologías crónicas que padece.Nueva audiencia en el juicio por la muerte de Maradona. Se desarrolla hoy la novena jornada del proceso que busca determinar las responsabilidades sobre los siete acusados. Se espera la declaración de Mario Schiter, el médico de Diego durante su rehabilitación en Cuba, quien había desaconsejado la internación domiciliaria. También declararán dos profesionales del hospital Ipensa que lo evaluaron antes de la cirugía. Donald Trump dijo que logrará una "victoria total" en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos aseguró que el alto el fuego solo tiene un 1% de chances de sobrevivir. Además, calificó de "estúpida y basura" la respuesta del régimen a la propuesta norteamericana. Mientras, el presidente del parlamento iraní sostuvo que "las fuerzas armadas del régimen están preparadas para dar una respuesta ejemplar a cualquier acto de agresión".Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
La decisión frena, por ahora, la solicitud de suspensión presentada por el Ejecutivo para permitir el traslado de los integrantes del grupo armado a las Zonas de Ubicación Temporal previstas para junio
El Consejo de Ministros establece nuevos tramos de renta y pone un máximo mensual a pagar en la farmacia
El Gobierno impulsa su proyecto de ley para limitar la gestión privada de la sanidad pública Sanidad busca defender la gestión pública de los centros de salud y evitar la deriva privatizadora del Sistema Nacional de Salud
El plan cuenta con 315 millones para abaratar las pólizas de agricultores y ganaderos ante sequías, heladas, pedriscos, enfermedades y otros riesgos
El presidente canario acusa al Ejecutivo central de deslealtad institucional
Economía activó más recortes como parte del pedido de Manuel Adorni. Ajustes e inversión en niveles del 2002. Leer más
El superintendente cuestionó la capacidad de la Supersalud para vigilar y controlar, y aseguró que muchas entidades intervenidas llegan con problemas financieros, jurídicos y administrativos prácticamente irreversibles
La concentración es a las 17 en Plaza de Mayo. Exigen la ejecución inmediata de la Ley de Financiamiento y la recomposición salarial. Convocan el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales
La comunidad universitaria vuelve a reclamar por su presupuesto. El eje de esta cuarta marcha apunta a que la administración de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que busca garantizar los fondos para las casas de altos estudios y encomienda al Poder Ejecutivo a actualizarlos de manera mensual por inflación. El Gobierno, por su parte, ya dejó en claro que está dispuesto a llevar su postura hasta la última instancia para evitar cumplir la norma sancionada y sostenida el año pasado por el Congreso. En ese camino, recurrió a la Corte Suprema al presentar un recurso extraordinario que fue aceptado. La medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras un planteo de los rectores de las universidades, quedó entonces suspendida hasta que se expida el máximo tribunal. La pulseada entre el Ejecutivo y las universidades suma así un nuevo capítulo que promete instalarse en la agenda pública. La dinámica se repitió en la previa de cada una de las marchas: mientras se viralizan imágenes de clases públicas, paros o reclamos de los hospitales universitarios, irrumpen argumentos cruzados. La llamada batalla cultural apareció en diferentes versiones: acusaciones de "curros" en las universidades públicas, de resistencia a las auditorías y de adoctrinamiento son algunos de los dardos que se vuelven a hacer visibles por estos días. Mientras que algunos sectores agitan la idea de que la administración libertaria busca cerrar las universidades, el Ejecutivo insiste una y otra vez en la politización del reclamo y acusa a quienes marchan de querer que el Gobierno caiga. En medio de una discusión que parece no tener fin y del cruce de números que hacen circular de uno y otro lado del conflicto, la sociedad civil, que fue determinante en todas las marchas, puede quedar sin brújula para dimensionar la problemática. ¿Cuál es el sueldo de de un docente con dedicación exclusiva? ¿Cuánto dinero reciben las universidades? ¿Cómo se ejecuta el presupuesto asignado?Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto universitario cayó un 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006. Y el presupuesto vigente para este año profundiza esta tendencia. Los fondos universitarios se mantienen prácticamente sin modificaciones. Según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), implicaban un aumento real de 0,8%, asumiendo las proyecciones macroeconómicas del presupuesto 2026. Ya no se cumplieron, por lo que el ajuste será mayor.Al presentar el presupuesto 2026, entre los temas sensibles que enumeró el Presidente, estuvo el de las universidades. Milei dijo que asignarían $4,8 billones. Se trata de un aumento que ronda el 14% nominal con respecto al presupuesto previsto para 2025, cercano a los $4,2 billones. Lejos quedaron los $7,3 billones que habían pedido los rectores para el funcionamiento de las universidades. Un año más, el presupuesto asignado representa la mitad de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).En nombre del equilibrio fiscal, el Gobierno se resiste a aplicar la ley. Argumentó que no lo haría hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Diversos funcionarios suelen repetir que "quiebra al Estado". En la apelación indicaron que "afecta la estabilidad económica y la macroeconomía del país". Citaron un informe del Ministerio de Economía según el cual cumplir con la ley requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades. Implicaría "una parálisis significativa del funcionamiento de los tres poderes del Estado, como, por ejemplo, la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la ciudad de Rosario, en la provisión de alimentos en las cárceles federales, o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia y el cierre de ambas cámaras legislativas", enumeraron. Una marcha que cambió todoEl reclamo por fondos universitarios consiguió movilizar a una multitud en la primera gran marcha contra la administración libertaria, en abril de 2024, a poco más de cuatro meses de asumir el poder. En ese momento, la demanda se centraba en la actualización para los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, que representan cerca del 10% de las partidas que reciben las universidades cada mes. Cerca de un 90% se destina al pago de salarios, que se renegocian a través de paritarias. Aquella marcha del 23 de abril, luego de las imágenes de universidades a oscuras para el ahorro de energía, reunió cerca de 430.000 personas según el cálculo de LA NACION. El reclamo contundente y transversal en las calles obligó al gobierno nacional a sentarse a dialogar y a conceder el aumento de 270% para los gastos que reclamaba el sistema universitario, luego de que para ese año se prorrogara el mismo presupuesto que para 2023. El de 2024 no se había aprobado. A partir de ese momento, los salarios docentes se volvieron la variable de ajuste. Son los más bajos de los últimos 23 años, según comunicó el CIN. Acumulan una caída cercana al 33% en términos reales con respecto a noviembre de 2023. Una caída mayor a los sueldos del sector público que en promedio se redujo en el orden del 18%, según precisó Javier Curcio, que dirige el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA)."En los hechos supone la necesidad de más que duplicar el salario vigente para poder cumplir la ley. De cada dos pesos que deberían estar cobrando hoy los profesores universitarios, los no docentes, los directivos, cobran uno y el otro se lo queda el Ejecutivo que no está cumpliendo con la ley", graficó el Investigador IIEP Baires - UBA Conicet.Los sueldos de los docentes universitarios varían de acuerdo al cargo -titular, asociado, adjunto, jefe de trabajos prácticos y auxiliar de primera- y a la dedicación: exclusiva (40 horas semanales), semiexclusiva (20 horas) y simple (10 horas). A modo de ejemplo, un jefe de trabajo prácticos con dedicación exclusiva que hoy gana $1.060.054 para recuperar el ingreso que tenían antes del ajuste, debería percibir $1.612.159 (ajustado por inflación), según cálculos de Curcio. Las autoridades universitarias alertan sobre "un éxodo de profesores" formados que encuentran en el sector privado sueldos que hasta cuadruplican lo que perciben hoy. Según datos del CIN ya renunciaron 10.000 docentes. La Universidad de Buenos Aires (UBA) hizo sus propios cálculos y enumeró: 103 docentes en Veterinaria, más de 100 en Agronomía, 342 en Ingeniería y 438 en Exactas. Se suman los de los colegios preuniversitarios, sujetos al mismo régimen paritario: 134 personas en el Colegio Nacional de Buenos Aires y 93 en el Carlos Pellegrini. "Es un goteo. Estamos perdiendo los docentes más viejos y los más jóvenes. El principal problema que tenemos ahora es que las generaciones jóvenes están abandonando la universidad. Por lo tanto, el problema no es solo ahora, sino que, si esto sigue, vamos a tener un gran problema hacia el futuro", describió Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Y graficó: "Recién el sueldo de un docente jefe de trabajos prácticos, con dedicación exclusiva, que implica bloqueo de título, con 10 años de antigüedad y un doctorado, es decir, un posgrado de cinco años, llega al valor de la canasta básica total".Del lado del Gobierno, y en la antesala de la cuarta marcha, cuestionaron la naturaleza del reclamo. "Hay una demanda genuina de salarios que nosotros podemos entender, pero las características que tiene, está fuertemente influenciado por la política", sostuvo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. En esta línea, apuntó a la foto de los rectores con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la reunión que mantuvieron con la CGT. Hospitales universitarios, nuevo eje de tensiónEn esta nueva pulseada, adquirió especial relevancia el reclamo por los hospitales universitarios. Al igual que sucedió en 2024 en la previa a la marcha universitaria con un masivo abrazo al Clínicas, los centros que dependen de la UBA volvieron a denunciar la semana pasada que podrían dejar de funcionar en 45 días si no reciben los fondos nacionales necesarios. "Fuimos apagando el hospital", afirmó Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas José de San Martín y describió los diferentes recortes en servicios de seguridad, limpieza y compras de medicamentos. Según manifestaron, en lo que va del año, el Gobierno no envió fondos para el funcionamiento de los hospitales. Se trata de una partida de casi $80.000 millones, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril. De esa partida de casi 80.000 millones, la UBA reclama $75.371.896.068. "El Ministerio de Capital Humano considera inadmisible que, mediante amenazas de medidas de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución", comunicaron desde la cartera a cargo de Sandra Pettovello. El dinero para los hospitales está contemplado en un ítem del presupuesto universitario que requiere de una autorización administrativa extra del Poder Ejecutivo. Son los casi $80.000 millones mencionados. Hay otro ítem denominado "función salud", que tiene que ver con las carreras vinculadas a Medicina, pero puede usarse para los hospitales. Hoy alcanza $34.505.738.992. Según explicaron desde la UBA, el dinero de la función salud es el que el Gobierno transfirió. Coinciden con Capital Humano en que se encuentran al día los pagos de este ítem. Pero el dinero que aún no se envió es el de hospitales universitarios. De esa partida de casi 80.000 millones, la UBA reclama $75.371.896.068. "El 94,5% de un fondo que pertenece a todo el sistema universitario nacional.", marcaron en el comunicado difundido por el ministerio.En las últimas horas, Pettovello y Álvarez prometieron crear una comisión para rediseñar el nuevo criterio con el que distribuirán el presupuesto para hospitales universitarios de todo el país.
El nuevo marco define prioridades para el desarrollo agrícola y la nutrición en el país, promoviendo la colaboración institucional y el apoyo internacional en la lucha contra la pobreza y la resiliencia ambiental
En un cambio de estrategia a horas de la marcha, la gestión libertaria convocará a los rectores para acordar el reparto del presupuesto médico que antes se entregaba a dedo. En paralelo, Sandra Pettovello apura una web de auditorías y sepulta el reclamo salarial de los gremios. Leer más
El convenio asegura estabilidad y nuevos beneficios al personal gracias a la creación de vacantes, progresos contractuales y un esquema renovado para quienes integran el STC
La calle fue el escenario que puso en dimensión el descontento social: aquel 23 de abril de 2024, a poco más de cuatro meses de haber asumido el actual gobierno, unas 430.000 personas participaron de la primera marcha federal universitaria. Muchos interpretaron que esa multitud no solo salió a manifestar su disconformidad por los recortes en Educación, sino también para ratificar la idea de la universidad pública como ese puente fantástico que transforma al hijo de cualquier vecino en un profesional. El concepto está imbricado en la propia identidad nacional, en la idea de ascenso social. Concepto que, desde hace algún tiempo, también entró en crisis.En aquella oportunidad, lo masivo de la marcha obligó al gobierno nacional, a pesar de sostener su discurso de intransigencia, a sentarse y negociar partidas. La gran pregunta que se hacen por estas horas tanto en el Gobierno como en el ecosistema universitario es si la movilización convocada para mañana, la cuarta de este tipo, tendrá el impacto de aquella primera o si, por el contrario, se disolverá en medio de otros reclamos sociales que agitan las aguas por estos días.Mañana por la tarde, otra vez, las columnas universitarias volverán a ocupar las calles del centro porteño. Como ocurrió en las tres marchas universitarias anteriores, docentes, estudiantes, rectores y trabajadores no docentes se manifestarán desde distintos puntos de la ciudad hasta Plaza de Mayo para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas. La convocatoria es a las 17 y abrirá un nuevo capítulo en un conflicto que, lejos de desactivarse, escaló hasta la Corte Suprema."Esto trasciende lo económico. Se pretende destruir el Estado argentino en su parte fundacional, que es afectar la educación y la ciencia. Es hipotecar el futuro", dijo el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi. La Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, convocó "a la comunidad estudiantil, docente, no docente y a la sociedad" a movilizarse en distintos puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires, la concentración será en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Esperan un acto multitudinario, con números similares a la primera marcha universitaria contra el Gobierno de Javier Milei.El miércoles último, los rectores de las universidades nacionales, junto con gremios docentes, no docentes y representantes estudiantiles, ratificaron la marcha de mañana. Lo hicieron a partir de una conferencia de prensa donde pidieron acompañamiento y hubo duros cuestionamientos a la postura de la gestión de Milei. "Necesitamos que seamos muchos y muchas en todas las plazas del país. No solo quienes formamos parte de la comunidad universitaria y científica, sino la sociedad en su conjunto", dijo el rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del CIN, Franco Bartolacci. Las universidades públicas, a través del CIN, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), exigen que se ejecute de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario y de recomposición del salario frente a la inflación. Durante los últimos dos años y medio, las escenas cotidianas en el ambiente universitario dan cuenta del tamaño de la crisis: carteles escritos a mano en los halls de las facultades, clases públicas en las veredas, hospitales universitarios con atención reducida y mensajes de denuncia y reclamos en redes sociales. El termómetro social marca un sistema universitario en estado crítico. Durante este cuatrimestre, se sumó otro condimento: el apoyo a los reclamos y los paros docentes y no docentes obligó a miles de estudiantes a perder horas de clase, a tener que recuperar las clases de forma virtual o con materiales de lectura, con grandes incógnitas a la hora de rendir los exámenes. El gran descontento tiene que ver con el desgaste generado por la falta de actualización de los salarios universitarios, que ya llevó a miles de profesores a abandonar la tarea docente. Reclaman que se cree un mecanismo de actualización salarial mensual ajustado a la inflación y que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, votada por el Congreso y rechazada por el Gobierno, que presentó un recurso federal extraordinario para evitar acatarla. Del otro lado, el Ministerio de Capital Humano insiste en la narrativa opuesta: habla de una politización del reclamo e insiste en cuestionar la falta de auditorías. También denuncia que detrás de las protestas hay sectores que buscan desgastar a la administración de Milei.En la primera marcha multitudinaria, en abril de 2024, el eje del reclamo se centraba en la actualización para los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, que representan cerca del 10% de las partidas que reciben las universidades cada mes. Cerca de un 90% se destina al pago de salarios, que se renegocian a través de paritarias. Esto obligó al Gobierno nacional a sentarse a dialogar y a conceder finalmente el aumento del 270% para estos gastos que reclamaba el sistema universitario.La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025, insta al Gobierno libertario a reforzar fondos de las universidades públicas y contempla una recomposición salarial desde 2023. Pero su aplicación quedó suspendida por el Ejecutivo hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado dejaron sin efecto este veto, pero sigue sin aplicarse. Los salarios actuales de los docentes universitarios son los más bajos en los últimos 23 años, con casi un 34% de pérdida de poder adquisitivo en poco más de dos años. Justamente, mañana por la tarde, el eje del reclamo girará alrededor de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada el año pasado por el Congreso, que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar mensualmente las partidas destinadas a las casas de altos estudios según la inflación. La norma también contempla la recomposición de salarios y becas estudiantiles, uno de los puntos más sensibles del conflicto.Pero el Gobierno ya dejó en claro que no está dispuesto a cumplirla sin dar batalla. Tras la presentación de los rectores universitarios, la Justicia había dictado una medida cautelar que ordenaba actualizar salarios y becas. Esa resolución fue ratificada en dos oportunidades. Sin embargo, el Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario que fue aceptado y, con ello, la cautelar quedó suspendida hasta que el máximo tribunal resuelva la cuestión de fondo.
La nueva normativa publicada en el diario oficial El Peruano permite que más familias peruanas puedan acceder a la formalización de su vivienda, mediante procedimientos simplificados y reducción de plazos para trámites administrativos
Los demandantes reclaman que, pese a las advertencias, el Ejecutivo no garantizó condiciones mínimas de seguridad ni coordinación institucional en las zonas intervenidas, y exigen que el Consejo de Estado tome una decisión que restablezca el control en estos territorios
Países Bajos, España, Islandia, Irlanda y Eslovenia no asisten por las políticas israelíes hacia los palestinos. Un millar de artistas se sumaron a la protesta.
Gustavo Sáenz grabó un video exigiendo que la región disponga de energía ante el incremento de la demanda por las bajas temperaturas. "No podemos seguir siendo argentinos de segunda", reclamó
El Gobierno envió al Senado los pliegos de 45 nuevos jueces y fiscales nacionales y federales, muchos de ellos del interior del país, con los que busca que la oposición dialoguista los apoye con sus votos para respaldar a los postulantes de las provincias.En el paquete resaltan los nombres de jueces federales para la provincia de Buenos Aires (Lomas de Zamora, San Justo y Mar del Plata); Santa Fe, Salta, Tucumán, Chubut (Comodoro Rivadavia); Catamarca, Misiones, Chaco, Corrientes (Paso de los Libres y en la ciudad capital), Mendoza y San Juan.Del total de 45 pliegos hay 16 candidatos corresponden a jurisdicciones del interior del país y de la provincia de Buenos Aires y 29 candidatos de tribunales, juzgados, fiscalías o defensorías federales y nacionales, con asiento en la ciudad de Buenos Aires.Entre los pliegos más salientes de los jueces candidateados está Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del juez federal Ariel Lijo durante 10 años, actual director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco). Ponte dirige un organismo hipersensible -que depende de la Corte Suprema de Justicia- ya que cubre las escuchas telefónicas realizadas con orden judicial, el análisis forense de los mensajes de los sospechosos y la realización de estudios periciales delicados y de cuyo resultado dependen causas resonantes.Su nombre fue enviado al Senado para ocupar el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, interinamente a cargo de Luis Armella. Allí está radicada la causa por supuesto lavado de dinero contra el financista Ariel Vallejo, allegado a Claudio Chiqui Tapia, de la AFA, y donde se investigan a 16 clubes de fútbol.Ese juzgado además tiene jurisdicción en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se suelen presentar causas por narcotráfico, terrorismo, contrabando y lavado de dinero.Ponte está casado con la fiscal Alejandra Mángano, que hace tres semanas pidió cerrar la causa contra Manuel Adorni por el viaje con su esposa Bettina Angeletti a Nueva York, al entender que no había delito. Es hijo de un exintendente radical de General Lavalle.Otros nombresAdemás, en la lista de nombres que envió el Gobierno al Senado está la renovación del pliego del juez Víctor Pesino de la Cámara Laboral, que dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de la ley de reforma laboral.A su vez, Florentino Malaponte es propuesto para la Cámara Federal Rosario, Sala A. Proviene de una familia con linaje en el radicalismo santafesino, en el entorno del gobernador Maximiliano Pullaro.También está Javier Cosentino, propuesto para la Cámara Comercial, que fue postulado por Mauricio Macri, su pliego retirado por Alberto Fernández, vuelto a enviar y retirado de nuevo y ahora impulsado por Milei. El kirchnerismo lo denunció por sus fallos en la causa comercial de Oil Combustibles.Además, el Ejecutivo envió los pliegos de Santiago José Martín para la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; y de Santiago French para la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Es considerado un pionero en la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy.Además, para Chubut envió el pliego de Sebastián Pedro Ruíz como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia; para Tucumán, envió a Pablo Roberto Toledo como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal y a Ángel Roger Luna Roldán para el mismo tribunal.Para Chaco envió el pliego de María Virginia Ise, para la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia; para Misiones, envió a Ruth María Ponce de León como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas; para Catamarca, envió a Ana María Busleiman como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca y para San Juan, a Leopoldo Jorge Rago Gallo como juez federal número 2.En Corrientes fue propuesto Hugo Daniel Froy como fisclal federal de Paso de los Libres; Juan Marcelo Burella Acevedo como fiscal federal de Corrientes y Patricio Nicolás Sabadini como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.En Mendoza, en tanto, fue propuesto Fernando Gabriel Alcaraz como fiscal general ante los Tribunales Orales Federales. El escenario en el SenadoCon estos nombres, el oficialismo busca destrabar en el Senado la designación de jueces. Es que un sector de la oposición dialoguista le había hecho saber que en política se cobra por adelantado: si querían los votos, era necesario mandar los pliegos de los jueces que les interesaban a los gobernadores. A juzgar por la lista que envió, Mahiques tomó nota de esa premisa política. Con estos nombres ya son casi 150 los postulantes enviados al Senado desde que asumió el cargo hace tres meses. De acuerdo a un relevamiento, hay vacantes en más del 35% de los juzgados en todo el país. Senadores radicales, peronistas díscolos, macristas del Pro y de fuerzas provinciales desconfiaban de la administración de Milei y decidieron frenar los pliegos. Por eso se registró esta movida apenas arrancó la semana para que prosperen en la Comisión de Acuerdos los nombres de los candidatos acordados con la Casa Rosada para ubicar en los juzgados federales de sus provincias.La encargada de conseguir esos apoyos es la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital). Desde que lo eligió Karina Milei para cumplir la misión de completar las más de 300 vacantes que hay en el Poder Judicial, el ministro Mahiques mantiene permanente línea abierta con Bullrich, que en su rol de principal interlocutora del Gobierno en la Cámara alta es, además, receptora de todas las quejas de los sectores de la oposición que necesita mantener contentos para garantizarse la aprobación de las leyes que envíe el Poder Ejecutivo.Tal era la resistencia que los dictámenes para tratar los primeros pliegos enviados al Senado las últimas semanas no consiguieron las nueve firmas necesarias. Faltaban las firmas de los senadores tucumanos, correntinos, misioneros y hasta bonaerenses. Ahora hay candidatos de esas provincias.La rebelión no alcanza al pliego del camarista Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia que busca extender su condición de juez por cinco años más después de que, en noviembre, cumpla 75 años. Las audiencias continuarán el miércoles y jueves próximos, con la exposición de los últimos 39 candidatos. En esas convocatorias estarán algunos de los pliegos más controvertidos, como el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y el de Laureano Durán, que para algunos bloques de la oposición tiene estrechos vínculos con el kirchnerismo, aunque en el oficialismo niegan que sea así y recuerdan que terminó arrimándose a María Eugenia Vidal cuando fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
Los comentarios del joven creador de contenido en la entrevista que le hizo al expresidente Álvaro Uribe hicieron que el también ex jefe de Estado, de corte conservador, recordara el origen, los propósitos y la vigencia de la que sería una de las políticas sociales más influyentes de las últimas décadas
El consorcio Genneia tiene 15 días desde la adjudicación para hacer la compraventa de acciones. Leer más