Las brechas en licencias y en servicios para la primera infancia excluyen a una parte significativa de la población que los requieren
La estrategia incorporará a Ameripol, la DEA e Interpol para identificar redes transnacionales, perseguir el blanqueo de capitales y ejecutar notificaciones contra integrantes de organizaciones dedicadas al narcotráfico en Colombia
Luego de una serie de bloqueos, el Gobierno Federal acordó con los transportistas discutir medidas de seguridad carretera en próximas mesas de trabajo; entre enero y septiembre se registraron 3 mil 646 denuncias por robo a unidades de carga
La iniciativa radicada ante el Legislativo pretende asegurar las transferencias pendientes, mientras un nuevo desembolso iniciará el 28 de octubre para los beneficiarios inscritos
El funcionario informó que coordinó con Ricardo Monreal el inicio del mecanismo para nombrar a quien dirija el organismo electoral
En Ronda de Investigación (RDI), por +Perfil, el diputado nacional Maximiliano Ferraro cuestionó el pedido de sobreseimiento en la causa $Libra y acusó al fiscal Eduardo Taiano y al juez Marcelo Martínez de Giorgi de obstaculizar la investigación. El ex presidente de la comisión investigadora sostuvo que no se tomaron declaraciones indagatorias y denunció trabas para acceder al expediente y reconstruir la ruta del dinero. Leer más
Es uno de los temas que tiene en la agenda para el tramo final del año y deberá conseguir un acuerdo que le habilite los votos en la Legislatura, incluyendo al resto del peronismo. Las vacantes a ocupar en la Corte bonaerense y el avance de la ley de Seguridad Pública también están sobre la mesa
Los especialistas respaldaron las medidas dirigidas a proteger a las trabajadoras sexuales y establecer responsabilidades para las instituciones públicas
Un entorno de nube exclusivo y auditable por entes externos permite concentrar todos los desarrollos tecnológicos en Santander bajo estándares definidos por organismos regulatorios globales
La falta de avances en exploración, la necesidad de importar gas natural y las dificultades financieras de las empresas eléctricas figuran entre los factores que presionan al sistema
El pliego plantea que las madres recuperen información sobre sus hijos y que el DIF garantice la continuidad de los vínculos
El máximo tribunal consideró que la Cámara no fundamentó adecuadamente su decisión de exigir una propuesta habitacional. Señaló que los hechos de violencia invocados ocurrieron en Colombia entre 2010 y 2014 y ordenó dictar una nueva sentencia
La Ministra de Culturas, Artes y Saberes de Colombia, aseguró que su cartera rechazará expresiones que considere una apología al delito
Seis instituciones culturales suscribieron una declaración conjunta en la que solicitaron una revisión pública de la decisión de retirar al menos 30 obras de las exposiciones del Museo Nacional por razones ideológicas
El alto tribunal dispuso la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para definir las medidas de regulación, financiación y abastecimiento de medicamentos en Colombia
El Máximo Tribunal determinó que existe una omisión legislativa en la entidad
Las autoridades escolares llegaron a un acuerdo con los estudiantes para la reanudación de actividades presenciales
La compañía ofrecerá a Constellation Energy acceso a los servicios de Google Cloud y a Gemini Enterprise, en el marco de una alianza denominada AI for Energy
En menos de 48 horas, dos enfrentamientos al interior del penal mazatleco cobraron la vida de 11 reclusos y un niño que asistió de visita
La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia
Los riesgos que enfrentan chicos y chicas en internet no pueden resolverse únicamente desde las familias o las escuelas. Las plataformas también deben asumir responsabilidades sobre los entornos que diseñan, los datos que recopilan y los sistemas que utilizan para recomendar y amplificar contenidos. Ese es el eje de la campaña para convertir en ley nacional la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, que acaban de lanzar de manera conjunta unas 300 organizaciones y referentes. Desde comienzos de año, vienen impulsando conversaciones con diputados y senadores para que alguno de los 34 proyectos que existen vinculados a la regulación de los entornos digitales para niños y adolescentes, incluyan las bases mínimas que reclaman. Para que la protección real exista, argumentan, no es correcto confundir el foco y creer que los riesgos online que enfrentan chicos y chicas solamente tienen que ver con el tiempo en pantalla o con el control de ese tiempo por padres y escuelas. "El foco principal debe ponerse en las plataformas algorítmicas, en sus diseños, en sus incentivos económicos y en los riesgos que producen o amplifican", dice el documento que entregaron a los legisladores. La iniciativa reúne a organizaciones de la sociedad civil y expertos en derechos de la niñez, derechos digitales, educación, salud y protección de datos, junto con defensorías de la Niñez, defensorías del Pueblo de la República Argentina y el Ministerio Público Tutelar de la ciudad de Buenos Aires."Está hecha la trampa, pero no la ley" es la frase elegida por los organizadores de la campaña para alertar sobre el vacío legal que existe en torno de esta problemática. Por eso, exigen una norma nacional que contemple diez puntos mínimos que logren garantizar una protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre ellos, que las plataformas demuestren que trabajan proactivamente en prevenir daños, que el diseño de la seguridad sea obligatorio para las empresas y no opciones configurables de los usuarios, que la verificación de la edad sea real, que se protejan los datos de los usuarios y que los algoritmos sean transparentes, entre otras cuestiones."Entendemos que la Argentina no puede seguir abordando este tema mediante respuestas fragmentadas, tardías o basadas casi exclusivamente en la autorregulación empresaria. Los daños que hoy atraviesan niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales no son hechos aislados ni meros efectos colaterales del avance tecnológico: son, en gran medida, el resultado de entornos diseñados bajo lógicas de captación de atención, dependencia, perfilamiento y monetización de datos", advierte el texto de la iniciativa.María Capurro Robles es abogada y referente del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom). "La agenda digital es bastante fuerte en la vida de los chicos y chicas y cada vez más. Y tenemos que pensar que, dado que el Comité de los Derechos del Niño aprobó un estándar específico sobre la vida digital, y consideró que la Convención de Derecho del Niño es aplicable a los entornos digitales, existen ya estándares muy sólidos para entender que existe obligación de los Estados de garantizar los derechos tanto afuera como dentro del entorno digital. Por eso, consideramos que es fundamental que el país avance en una regulación de los entornos digitales, tal como lo hizo Brasil y como lo está haciendo en este momento Europa, para garantizar que la protección sea real y segura. Y para eso tenemos que incluir el papel de las plataformas. Tenemos que llevar esa conversación social a una protección legal", explicó. Los diez puntos que plantea la campaña para una ley sobre entornos digitales seguros para los chicos son los siguientes. Prevenir los riesgos: que las plataformas identifiquen y reduzcan los posibles daños antes de que ocurran.Seguridad desde el diseño: que la privacidad y la protección estén incorporadas de entrada y no dependan de cada usuario.Verificación de edad de forma segura: que existan mecanismos efectivos para determinar la edad, sin generar nuevas formas de vigilancia.Protección de datos: que los datos de chicos y chicas no se utilicen para perfilarlos comercialmente ni dirigirles publicidad personalizada.Algoritmos transparentes: que las plataformas expliquen cómo recomiendan y amplifican contenidos.Control estatal: que los servicios digitales evalúen su impacto en los derechos de niños, niñas y adolescentes y puedan ser fiscalizados.Políticas públicas: fortalecer la educación digital, la salud, la prevención y el acompañamiento a las familias.Participación: que chicos y chicas sean escuchados en las decisiones que los afectan en los entornos digitales que habitan.Sanciones efectivas: que existan controles y consecuencias cuando las empresas incumplan sus obligaciones.Educación digital integral: garantizar herramientas para que niñas, niños y adolescentes puedan desenvolverse online de manera segura, crítica, creativa y autónomaEntre las organizaciones y organismos que impulsan esta iniciativa se encuentran: Protección Digital Argentina, Asociación Chicos.net, Asociación de Juristas de Familia de la República Argentina (Ajufra), Red por la Infancia, Observacom, Eforo, Amnistía Internacional Argentina, Sociedad Argentina de Pediatría, Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Icmec, por su sigla en inglés), Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral (Ocedic), Mesa de Articulación de Niñeces y Adolescencias, Asociación Civil Padre Carlos Mugica, Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (Adpra); Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Ministerio Público Tutelar de la Ciudad, Bienestar Digital, Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, Coordinadora de Igualdad y Diversidad, DHyTecno, El Arca, Faro Digital, Forum Infancias Red Federal, Fundación Che Pibe, Fundación Emmanuel, Fundación LA NACION, Organización Género y TIC (Gentic), Grooming Argentina, Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de las Políticas Públicas (Iadepp), La Ronda, Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA ), Las Otras Voces. Aula Abierta, Andhes, Comunicación para la Democracia, LatinLab, Manos Libres, PENT, Proyecto Desconfío, Querido Adolescente No Es Tu Culpa y Revelar.Apoyan la iniciativa Martín Becerra, Sergio Balardini, Carina Lion, Roxana Morduchowicz, Roxana Perazza, Ana Campelo, Silvina Pedrouzo, Silvina Ferreira Dos Santos, Gisela Grunin, Mariana Ferrarelli, Carolina Stanley, Pilar Molina, Daniela Dupuy, Paula Wachter, Santiago Morales, Cielo Salviolo, Sebastián Novomisky, Fabio Tarasow, Carolina Martínez Elebi, Carla Pitiot, Nora Pulido, Andrea Urbas, Marcela Czarny, Mariela Reiman, Facundo Hernandez, Joaquín Cruzalegui, Eliana Groisman, Adriana Krasnow, Santiago Stura, Silvia Bacher, Lucia Fainboim, Ximena Diaz Alarcón, Damián Supply, Betina Perona, Milagros Schroder; Candelaria Kelly, Romina Zapata, Hernán Navarro, Federico Cassani, David Coronel, Paula Chinellato y Valeria Dotro, entre cientos de profesionales adherentes.Qué dice el proyecto enviado al Congreso"Diversos países del mundo y de la región han regulado o están avanzando a paso firme en la protección desde el enfoque que se propone, así tanto la Unión Europea, el Reino Unido, España en breve, o Brasil son algunos de los ejemplos", apunta la iniciativa."Hoy niñas, niños y adolescentes enfrentan múltiples riesgos en línea: violencia digital, grooming, discursos de odio, difusión no consentida de contenidos, desinformación, acceso temprano a pornografía, apuestas, consumos problemáticos, dificultades para la desconexión y afectaciones al bienestar, la autoestima y la salud mental. Estos riesgos se intensifican en un contexto de desigualdad, sobrecarga de cuidados, debilitamiento de políticas públicas y profundas diferencias en las posibilidades reales de acompañamiento familiar y comunitario", agrega.Y continúa: "Según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), el tiempo de desconexión es hoy un indicador de salud. Desde una perspectiva de derechos, no se trata de excluir a niñas, niños y adolescentes del entorno digital, sino de garantizar condiciones compatibles con su dignidad, desarrollo, privacidad, salud, autonomía progresiva e interés superior. La respuesta no puede ser la inacción ni la prohibición como única herramienta, sino una regulación que reorganice el ecosistema digital desde el deber de cuidado, la prevención del daño y la responsabilidad empresarial".Marcela Czarny, de la organización Chicos.net, recordó: "Desde que nos organizamos, nos dimos cuenta que nuestra voz en conjunto tiene mucho peso y también que el debate que traemos no puede demorarse. Quizás, hablar de estas cuestiones hace un año era mucho más difícil, en cambio ahora, después de lo que ocurrió en Estados Unidos, donde las plataformas reconocieron el impacto en la salud mental de los chicos y chicas, estamos en otro tiempo para este debate. También, así como hubo países que prohibieron el uso de redes sociales en la adolescencia, se vio que el problema es que el eje del problema se sacó de la discusión. El riesgo sigue existiendo y se crea una falsa sensación de seguridad. Por eso, en este debate no alcanzan prohibiciones o restricciones. También es necesario determinar las condiciones en que las plataformas van a operar. En otros países eso ya está ocurriendo y es muy saludable".
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo que obliga a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a realizar en un plazo máximo de seis meses las obras necesarias para garantizar la calidad y potabilidad del agua de red en la ciudad de Bragado, afectada por las altas concentraciones de arsénico.El máximo tribunal rechazó el recurso de la empresa que alegaba que se trataba de una intromisión en la autonomía provincial.La demanda fue impulsada en 2013 por un grupo de vecinos preocupados por el nivel de arsénico en el agua de la zona. Pruebas técnicas e informes de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la UBA confirmaron niveles de arsénico de hasta 0,07 mg/l en el agua de Bragado, lo que supera los límites permitidos. Por eso los vecinos plantearon una acción de amparo para obligar a la provincia a realizar trabajos necesarios para mejorar la calidad del agua de acuerdo con los valores guía establecidos por la Organización Mundial de la Salud, el Código Alimentario Argentino y otros organismos internacionales.Además, demandaron a la Provincia de Buenos Aires, responsable sobre el acuífero del cual se sirve ABSA para efectuar el suministro de agua a la población de Bragado. Y reclamaron declarar la inconstitucionalidad de una resolución (N° 34/2012 y N° 50/2012 de la Secretaría de Políticas, Regulación y Pesca, y del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca) que permitió una excepción en el Código Alimentario para consumir el agua con esos valores de arsénico. En 2021, el juzgado de Garantías del Joven 1 de Mercedes ordenó a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. que dentro del plazo de ciento ochenta (180) días comenzara a realizar las obras necesarias que aseguren la calidad y potabilidad del agua de red de uso domiciliario en Bragado. Y mandó a que los valores máximos no debían exceder la composición microbiológica y físico-química del agua de consumo humano, en especial respecto del contenido de arsénico. No podía superar el umbral de 0,01 mg/l, nitratos, flúor, y sólidos disueltos, conforme a la normativa vigente.El juzgado instó a trabajar en un proyecto para garantizar la sanidad del agua para la población del municipio de Bragado.La empresa apeló y la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín rechazó la presentación y ratificó la orden para que ABSA comience las obras que aseguraran la mejora en la calidad y potabilidad del agua. Siempre con la idea de que el nivel arsénico no podía ser superior a 0,01 mg/l.Contra esa decisión, ABSA planteó un recurso extraordinario que fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que confirmó en todos sus términos la decisión. Pero la empresa provincial buscó la revisión de la Corte Suprema de la Nación, diciendo que la sentencia vulneraba la autonomía provincial regulatoria y que se le reclamaba un parámetro de calidad de agua que la ley no exige. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron la presentación inadmisible y dejaron firme la decisión.
El líder del PP ha regresado este miércoles a Ceuta por quinta vez, aunque es la primera ocasión en la que visita la ciudad autónoma en plena campaña electoral
El organismo internacional advirtió que cualquier decisión sobre el presupuesto debe tener en cuenta su impacto en el cumplimiento de las obligaciones en materia de verdad, justicia, reparación, memoria y búsqueda de personas desaparecidas
El jugador convirtió los ingresos de una carrera en seguridad económica para los suyos.
En su último acuerdo, el tribunal electoral también fijó el 28 de octubre como plazo máximo para el recuento de votos regionales y estableció el 29 de noviembre como fecha de una eventual segunda vuelta
Amílcar Córdoba considera indispensable asegurar el financiamiento de las obligaciones de la institución y profundizar su transformación tecnológica.
Sergio Torres encabezó la apertura de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro que organiza la RAE y se lleva adelante en la ciudad de La Plata
Los nuevos lineamientos incluyen atención prioritaria para personas menores de 15 años, comunidades indígenas y población vulnerable
Eduardo Clark detalló que el IMSS-Bienestar tendrá internet, receta electrónica y expediente clínico en ocho mil unidades de primer nivel, mientras Salud reporta más consultas y cirugías este año
Comunidades rurales ya no ven a esta especie como una amenaza, sino como una oportunidad para el turismo científico, la investigación y el desarrollo sostenible
Solo 24 entidades han despenalizado la interrupción al embarazo, pese a la política de impulso a los derechos de las mujeres en la administración de Claudia Sheinbaum
La exigencia central es asegurar el acceso directo y gratuito a la radio FM y DAB+ dentro de los vehículos, sin depender de una conexión a internet o de una aplicación externa
El alto tribunal exigió que el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación responda a criterios técnicos, contemple los costos reales del sistema y cuente con respaldo presupuestal, con responsabilidades para los ministerios de Salud y Hacienda