A un año de la primera marcha federal universitaria que movilizó, en todo el país, a docentes, estudiantes y familias en contra de los recortes en los fondos públicos destinados a las casas de altos estudios, la oposición en la Cámara de Diputados volvió a presentar un proyecto que busca garantizar la estabilidad presupuestaria del sistema universitario, iniciativa similar a la que fue vetada por el presidente Javier Milei. La iniciativa, elaborada por los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Danya Tavela (Democracia para Siempre) se presentó luego de dos jornadas de protesta impulsadas por los gremios universitarios ante la demora del Gobierno en convocar a paritarias para actualizar los salarios de docentes y no docentes, como así también ante la continuidad del desfinanciamiento del sistema científico, la parálisis delas obras de infraestructura, la reducción de las becas y la desactualización de los gastos de funcionamiento.El proyecto, que cuenta con el guiño de los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), propone la actualización automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales retroactiva al 1° de enero de 2025 y según el índice de precios al consumidor (IPC). Para el resto del año establece un mecanismo de ajustes bimestrales combinando inflación (50%), variación del tipo de cambio oficial para importaciones (25%) y tarifas de servicios públicos (25%).El texto también prevé la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes universitarios dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el fin de recomponer los salarios en base a la inflación acumulada. Asimismo, propone actualizar los programas de becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que pierdan poder adquisitivo."Frente a un contexto de ajuste fiscal que desfinancia a nuestras universidades, proponemos una ley que garantice previsibilidad, calidad educativa y acceso igualitario en todo el país", indicó Tavela. "La educación superior es una inversión estratégica para el futuro del país. Garantizar su financiamiento adecuado es una condición indispensable para promover el desarrollo científico, tecnológico, cultural y social de la Argentina".Por su parte, Ferraro aseguró que "destruir las universidades es destruir el futuro del país. Su desfinanciamiento no es un simple ajuste, es una decisión política que asfixia a nuestras universidades, compromete su funcionamiento, el pago de salarios y la calidad educativa. No nos da lo mismo. Por eso impulsamos este proyecto, para garantizar su sostenimiento. Esta decisión no es aislada ni accidental: forma parte de un rumbo elegido que pone en riesgo uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional. Por eso, defender la universidad pública es una causa irrenunciable para quienes creemos en un país con futuro, igualdad y oportunidades".Advertencia de los rectoresFuentes legislativas anticiparon que los rectores nucleados en el CIN avalaron la iniciativa de los legisladores y que en los próximos días presentarán un proyecto propio de carácter integral. "Sin salarios dignos no hay universidad pública", advirtieron el martes pasado los rectores de las 61 universidades nacionales. Allí señalaron que el desfasaje entre inflación e incrementos recibidos desde noviembre de 2023 supera el 80% y que, en muchos casos, los salarios se ubican por debajo de la línea de pobreza. "No hay universidad pública sin salarios dignos", advirtieron, y calificaron la situación como "la más grave desde la recuperación democrática en materia salarial".El proyecto de los diputados opositores plantea también la modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior, incorporando criterios objetivos para la distribución presupuestaria, tales como el número de estudiantes, tipo de carreras, áreas estratégicas, egresos, actividades científicas y de extensión, garantizando además la equidad regional y la transparencia en la asignación de recursos.Además, otorga un rol protagónico a la Auditoría General de la Nación, que deberá remitir al Congreso informes de seguimiento y control sobre el uso de los fondos, reforzando la transparencia del sistema.La iniciativa fue acompañada por diputados de Encuentro Federal y de Democracia para Siempre, entre ellos Marcela Antola, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Fernando Carabajal, Mariela Coletta, Marcela Coli, Mónica Fein, Mónica Frade, Melina Giorgi, Pablo Juliano, Facundo Manes, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.
La ONG, que ha presentado un decálogo de medidas al Ejecutivo y grupos parlamentarios, se muestra "disponible" a hacer adaptaciones en sus centros para acoger menores migrantes solicitantes de asilo de Canarias
UGT solicita una comisión de seguimiento para asegurar el cumplimiento de los compromisos gubernamentales tras la dana en Valencia y plantea la gestión pública del servicio de emergencias
La Iglesia Católica santafesina emitió un documento, suscripto por la totalidad de las diócesis de esa provincia, para alentar a la participación ciudadana y subrayar la importancia del proceso en marcha para la reforma constitucional. Se pide que los cambios garanticen justicia, equidad y desarrollo.
De esta manera, la exportación de oro ilegal desde el Perú decrecería considerablemente. Expertos sugieren fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para ayudar con este propósito
En vísperas de la marcha de jubilados que tendrá lugar mañana ante el Congreso Nacional, intelectuales, escritores, actores, periodistas, músicos y directores de cine, junto con representantes de organizaciones de derechos humanos y legisladores de distintos partidos políticos, dieron a conocer un petitorio donde solicitan que las autoridades nacionales y de la ciudad de Buenos Aires garanticen el derecho a la protesta y eviten la represión. En la marcha de la semana pasada, resultó herido de gravedad el fotorreportero Pablo Grillo por un proyectil de las fuerzas de seguridad, tal como quedó registrado en filmaciones y fotografías de prensa.Entre los firmantes, aparecen el investigador del Conicet Roberto Gargarella, la fotógrafa Adriana Lestido, el sociólogo Daniel Feierstein, los escritores Guillermo Martínez, Selva Almada, Dolores Reyes, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Piñeiro, Agustina Bazterrica, Julián López, Raquel Robles, Mariana Travacio, Ana Ojeda, Santiago Craig y Enzo Maqueira; el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Guillermo Durán, y su par de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Ana Arias; los cineastas Marcelo Piñeyro, Lucrecia Martel, Benjamín Naishtat y María Alché (los "proféticos" directores de Puan); los músicos Ricardo Mollo, Lula Bertoldi y Peteco Carabajal, las cantantes Julieta Laso y Liliana Herrero, los periodistas Jorge Fontevecchia, Jorge Rial, Alejandro Bercovich, Luciana Peker, Marta Dillon y Gustavo Sylvestre, y actores y actrices como Gustavo Garzón, Érica Rivas, Jean Pierre Noher, Pablo Echarri, Cecilia Roth, Carolina Papaleo, Osvaldo Santoro, Norman Briski y Claudia Cárpena, entre muchos otros.Los firmantes exigen que las autoridades del Estado Nacional y del gobierno porteño "garanticen en forma irrestricta la libertad de reunión y manifestación" durante la protesta de jubilados de mañana cuyo horario de inicio está previsto para las 17. La jubilación mínima en el país, sumando el bono "extraordinario" de $ 70.000, asciende en marzo a los $ 349.121,71."Rechazamos las amenazas vertidas desde el aparato del Estado a fin de amedrentar a quienes quieren manifestarse -prosigue el comunicado en referencia a dichos de funcionarios y simpatizantes del Gobierno en redes sociales-. Las manifestaciones que se vienen llevando adelante responden al reclamo por los derechos sociales y económicos reconocidos por la Constitución y que día a día son violentados por el Gobierno".Los firmantes recuerdan que el miércoles 12 "las fuerzas de seguridad federales y la Policía de la Ciudad violaron en forma flagrante estos derechos y garantías amparados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el Estado argentino".Sigue el petitorio: "El pueblo argentino ha visto que en las multitudinarias movilizaciones del 1° de febrero y el 8 de marzo, que se desarrollaron sin ningún despliegue visible de las fuerzas de seguridad, no hubo heridos ni personas privadas de su libertad. Exigimos una exhaustiva investigación para dar con los responsables materiales y políticos de las graves lesiones que sufrió el fotoperiodista Pablo Grillo y decenas de manifestantes el miércoles 12 de marzo".Entre los firmantes, figuran organizaciones de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S Red Nacional, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y Curas de Opción Por los Pobres, así como políticos: los legisladores porteños Victoria Montenegro y Eduardo Valdés, los diputados nacionales Nicolás del Caño, Leopoldo Moreau, Christian Castillo, Alejandro Vilca, Lorena Pokoik, Blanca Osuna y Carolina Gaillard, entre otros. También adhieren personalidades del deporte, como el preparador físico Fernando Signorini, el exfutbolista Héctor Enrique y el exjugador y técnico de fútbol Ángel Cappa.
La creación de un consejo independiente de seguridad de presas es urgente, afirma la Asociación de Ingenieros de Caminos, en respuesta a la necesidad de garantizar la seguridad de estas infraestructuras críticas
Miles de manifestantes se agrupan en Bilbao para exigir políticas que aseguren el acceso a la vivienda, denunciando el «negocio» inmobiliario y pidiendo medidas urgentes contra la especulación
María Guardiola exige al Gobierno central una reforma del sistema de financiación que asegure la suficiencia de recursos y garantice el acceso equitativo a los servicios públicos en todas las comunidades autónomas
En momentos en que el Gobierno avanza con la licitación por el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, cinco senadores nacionales de Juntos por el Cambio, que representan a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, pidieron al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que el proceso garantice la transparencia, la competencia y la eficiencia operativa y económica de la extensa vía navegable que atraviesa esas provincias.En una nota enviada al jefe de ministros, los senadores Eduardo Vischi (Corrientes), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Stella Maris Olalla (Entre Ríos), Carolina Losada (Santa Fe) y Eduardo Galaretto (Santa Fe) presentaron recomendaciones y reclamaron que la licitación para la concesión del Sistema de Navegación Troncal contribuya a mejorar la competitividad del comercio exterior del país y el desarrollo sostenible de la región."Orgullo antifascista": tensión entre el Gobierno y Jorge Macri por el protocolo antipiquetes en la marcha contra MileiLos legisladores trasladaron a Francos "observaciones y propuestas constructivas", a partir de análisis técnicos y recomendaciones de expertos, para fortalecer la iniciativa de infraestructura que resulta estratégica para el comercio exterior argentino y los países limítrofes"Resulta crucial que el diseño y ejecución del nuevo contrato de concesión contemplen medidas que favorezcan la transparencia, la competencia entre oferentes y una mayor eficiencia operativa y económica", señalan los legisladores en la nota, al presentar las recomendaciones de los expertos.Sintetizan, así, ocho medidas que deberían ser tenidas en cuenta para el desarrollo de la Hidrovía.Fraccionamiento de la concesión. se sugiere dividir la concesión en múltiples secciones con características hidrológicas, hidrodinámicas y operativas diferenciadas, asegurando una mayor participación de oferentes y facilitando un control más eficiente de los servicios. Aunque existen enfoques que proponen tres tramos (Paraná Superior, Paraná Inferior y Río de la Plata), también consideran válida la alternativa de dividir en dos tramos principales (Confluencia-Santa Fe y Santa Fe-Km 0), reconociendo las diferencias en las capacidades de dragado y los avances del proceso licitatorio.Revisión del plazo de concesión. El plazo estipulado en el pliego actual (30 años, con opción a 30 adicionales) podría ser reducido para adaptarse a las necesidades y condiciones de cada tramo. Se propone un período inicial de 10 a 15 años, con revisiones periódicas y extensiones condicionales al cumplimiento de objetivos, una práctica común en Estados Unidos, Países Bajos y Alemania.Selección de trazas prioritarias. Recomiendan evaluar las ventajas técnicas, económicas y ambientales de priorizar el ramal Canal Martín García-Paraná Bravo-Paraná Guazú-Brazo Talavera, por sus menores costos de dragado y su mayor sustentabilidad ambiental. Sin embargo, también proponen considerar la importancia estratégica del Paraná de las Palmas por su conexión con terminales portuarias clave, como la terminal de Zárate.Metas realistas. Acelerar el calendario de profundización con metas de 42 pies, manteniendo abierta la posibilidad de alcanzar 44 pies, si las condiciones técnicas y ambientales lo permiten. Esto maximizaría la capacidad de carga de los buques y fortalecería la competitividad de las exportaciones.Elegibilidad y ponderación técnica. Proponen revisar los criterios de antecedentes técnicos para fomentar una participación más amplia, incluyendo la habilitación de empresas de diferentes países y aquellas controladas por Estados soberanos. Esto garantizaría un contexto competitivo más equilibrado, tarifas más competitivas y la participación de más oferentes calificados.Transparencia tarifaria y participación de usuarios. Diseñar mecanismos de revisión transparente de las tarifas de peaje, vinculandose a los costos reales y al tráfico registrado. Fortalecer el rol de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, y considerar la participación de usuarios en la supervisión del sistema.Evaluación del impacto ambiental. Estrictos estándares internacionales en los trabajos de profundización.Tecnologías modernas. Sugieren la incorporación de sistemas de balizamiento dinámico y relevamiento batimétrico permanente para mejorar la seguridad y eficiencia operativa."Estas medidas son propuestas con el ánimo de contribuir a un proceso licitatorio que maximice los beneficios para el país y sus habitantes, mejorando la competitividad de nuestras exportaciones y fortaleciendo la posición estratégica de Argentina en el comercio internacional", concluyen los senadores nacionales en la carta dirigida a Francos.
La dependencia también celebró la despenalización del aborto en Nayarit, considerándolo un avance para garantizar los derechos reproductivos
Las entidades gubernamentales son instadas a priorizar derechos fundamentales como salud, educación y vivienda para proteger a la población infantil