El ministro Daniel Pastore aseguró que Milei es ahora "un presidente moderado, que reconoce los esfuerzos que han hecho los gobernadores". Leer más
El líder de morena señaló que no puede sancionarse con una mayor pena a la autoridad que omite, que al delincuente
La pulseada por la entrega de información digital suma presión sobre el proceso judicial en Nueva York, que ayer tuvo una jornada importante por la sentencia de fondo del caso
En un mensaje público, Angélica Pacheco manifestó su preocupación por la salud de su padre y de los demás cautivos, y solicitó acciones humanitarias urgentes que permitan su regreso con vida
La Asociación Argentina de Tenis emitió un duro comunicado contra la periodista Julia Mengolini después de que calificara a los tenistas profesionales de "tontos". La controversia se viralizó en redes sociales y derivó en un cruce de declaraciones que involucró a Agustín Calleri, presidente de la entidad y funcionario del Gobierno de Córdoba como director de la Agencia Córdoba Deportes. Leer más
Otra vez un contrato sospechoso en una obra social intervenida por el Gobierno. El fiscal Guillermo Marijuan, el mismo que investiga la gestión en la obra social de los empleados rurales (Osprera), presentó una denuncia penal para que se investigue la contratación de una empresa de informática en la obra social de la industria del fósforo (Ospif), una de las ocho intervenidas durante el gobierno de Javier Milei. Esa firma fue creada por Juan Manuel Picón, que saltó de la actividad privada a la Superintendencia de Salud (SSS) en marzo de 2024. Cinco meses después, la empresa sumó a su cartera de clientes a la obra social del fósforo. Picón es el actual gerente general de la SSS, el organismo a cargo de controlar a las obras sociales y que está bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones. En principio, a Picón se lo acusa de negociaciones incompatibles con la función pública, aunque la denuncia podría ampliarse a otros delitos. Durante una investigación preliminar, antes de presentar la denuncia, Marijuan comprobó que Picón creó la empresa SAAS SAU en agosto de 2021, y que fue su director titular y presidente hasta desembarcar en el Gobierno.Esa empresa desarrolló un software especializado para las obras sociales. "La misión de SAAS es organizar los datos, generar procesos internos eficientes, y automatizar el intercambio de información entre la Obra Social y los agentes externos, reduciendo costos de infraestructura en el camino", explica su sitio web. Entre sus clientes se destaca la obra social de los camioneros (OSCHOCA), la obra social de trabajadores de prensa (OSTPBA), y la obra social de los despachantes de aduana (OSEDA), entre otras. "El software de SAAS tiene un mecanismo de integración en discapacidad. A través del software se cargan las facturas de los prestadores en discapacidad, la SSS le gira los fondos y la obra social le paga a los prestadores", explicó un especialista ante una consulta de LA NACION. Picón dejó la empresa SAAS SAU en marzo de 20024 para desembarcar en el Gobierno. Ese mismo mes fue designado como Gerente Operativo de Subsidios por Reintegros de la Superintendencia de Servicios de Salud. Y recién en julio de este año ascendió a Gerente General. Apenas cuatro meses después de la salida de Picón, SAAS SAU fue contratada por la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (Ospif). La contratación se registró el 10 de julio de 2024. Para esa fecha, la obra social ya había sido intervenida por el Gobierno y estaba bajo la órbita de la SSS. "No hay ningún tipo de incompatibilidad. El funcionario vendió su participación en la empresa previo a asumir su cargo. Esto significa que al momento de iniciar sus funciones no mantenía participación societaria, vínculo económico, ni interés patrimonial alguno directo o indirecto, quedando así garantizado los principios de transparencia e imparcialidad que exige la ley", dijeron fuentes de la Superintendencia de Salud ante una consulta de este medio. Según un informe elaborado por el titular de la Superintendencia de Salud, Claudio Stivelman, a pedido del fiscal Marijuan, Ospif fue intervenida el 23 de diciembre de 2023 y estuvo a cargo hasta hace pocos días del abogado Mariano Luis Negro. En total, son ocho las obras sociales intervenidas durante el actual gobierno: seis en 2024 y dos en 2025. Las dos últimas intervenciones están suspendidas por la Justicia laboral: en la obra social de los fotógrafos y en la obra social del personal de la industria del chacinado y afines. En el caso de Ospif, Marijuan comprobó que el contrato con la empresa SAAS SAU estuvo vigente al menos hasta agosto de este año. Por ese motivo, presentó una denuncia y pidió que se investigue si hubo una maniobra ilegal. "Los extremos reseñados demuestran por sí mismos el vínculo de Picón con la firma SAAS SAU, y de la contratación de esa sociedad por parte de Negro para prestar servicios para un agente del seguro de salud cuya gestión se encontraba bajo la órbita del poder ejecutivo nacional, tras haberse procedido a la designación de este último como administrador provisorio y, posteriormente, como interventor", dice la presentación. La denuncia ya fue sorteada y le tocó al juzgado federal 5, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. Antes de avanzar, la Fiscalía a cargo deberá decidir si impulsa la investigación.
El endurecimiento de medidas en cárceles peruanas durante el estado de emergencia provocó una ola de intimidaciones contra trabajadores penitenciarios y sus familias
Ocho personas fueron detenidas acusadas de utilizar compañías ficticias para adjudicarse licitaciones públicas en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
La intervención dejó un saldo provisorio de 130 fallecidos, la mayoría de ellos presuntos integrantes de la organización criminal Comando Vermelho. Leer más
Desde el inicio de la gestión libertaria, el gigante financiero estadounidense recuperó su influencia en la política económica argentina. Los encuentros oficiales la primera plana del Gabinete de Javier Milei. Leer más
Respondieron con dureza a las preguntas sobre recortes y obras públicas, asegurando que el ajuste continuará y que las jubilaciones seguirán atadas a la inflación. Fuerte rechazo de los funcionarios a los números del FMI
La Corte Suprema de Justicia confirmó dos condenas contra Guillermo Moreno. La decisión del máximo tribunal activa la inhabilitación del exsecretario de Comercio Interior para ejercer cargos públicos. Los fallos ratificados corresponden a las causas por la compra de cotillón contra el Grupo Clarín y por amenazas durante una asamblea de la empresa Papel Prensa. Un tribunal ahora deberá unificar las penas y notificar formalmente al exfuncionario.Por qué Guillermo Moreno ya no podrá ser funcionario públicoLa Corte Suprema confirmó una condena que incluye una inhabilitación absoluta y perpetua para Guillermo Moreno. Esta sanción es parte de la sentencia por el caso conocido como "cotillón anti-Clarín", que también le impuso dos años y seis meses de prisión en suspenso.El máximo tribunal también ratificó una segunda condena por el delito de amenazas coactivas en la causa Papel Prensa. Por estos hechos, la pena fue de dos años de prisión en suspenso y seis meses de inhabilitación. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos de queja que presentó la defensa del exsecretario. Con este fallo, ambas sentencias quedaron firmes y deben ejecutarse.Cómo se desarrolló el caso por la compra de cotillónLa causa que resultó en la inhabilitación perpetua investigó el uso de fondos públicos para financiar mercadería con consignas contra el Grupo Clarín. Moreno fue acusado por el delito de peculado. La acusación sostuvo que el exfuncionario pagó con dinero estatal gigantografías, stickers, banderas y globos para utilizar en actos políticos. Estos materiales se exhibieron en distintos eventos entre el 1 de enero de 2011 y el 2 de diciembre de 2013.Las leyendas de los productos incluían frases como "Clarín Miente" o "Clarín. Cadena Nacional del desánimo, ocultamiento, desinformación, miedo". En diciembre de 2017, el Tribunal Oral Federal 7 lo condenó a dos años y seis meses de prisión en suspenso. En ese mismo fallo dispuso su inhabilitación perpetua. También recibieron condenas de dos años de prisión el expresidente del Mercado Central, Fabián Dragone, y los dirigentes Carlos Martínez y Guillermo Cosentino.La Sala IV de la Cámara de Casación Penal convalidó la condena en 2019. La defensa apeló, pero la Corte desestimó el planteo. "Pueden inhabilitarme, pero yo hago parto de proyectos colectivos, no de proyectos individuales", ironizó Moreno cuando escuchó su sentencia original.Por qué se lo condena por amenaza coactivaEl otro expediente que llegó a la Corte Suprema se originó por un hecho ocurrido el 12 de agosto de 2010. Moreno se presentó en una reunión de accionistas de Papel Prensa como representante de los derechos societarios del Estado Nacional. Durante una discusión por la elección de miembros de la comisión fiscalizadora, el exfuncionario exhibió unos guantes de boxeo y un casco de sparring. Colocó los objetos sobre la mesa de las autoridades.Según las pruebas, dijo a los presentes que eligieran entre unos u otros. "Acá no se vota nada. Las mujeres para atrás y demos la pelea que hay que dar", expresó en otro momento. Un video registró parte de la secuencia. El extitular de la Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo, fue el encargado de tapar la cámara. Moreno también advirtió a los accionistas privados que la asamblea terminaría mal.En 2022, los jueces Nicolás Toselli y Sabrina Namer lo condenaron a dos años de prisión en suspenso por amenazas coactivas. La jueza Gabriela López Iñiguez votó por su absolución. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la apelación de su defensa. El juez Daniel Petrone, con la adhesión de Diego Barroetaveña, afirmó que no existió una violación al derecho de defensa. El máximo tribunal ahora desestimó el último recurso por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.La reacción de Juan Grabois y el tercer exoedienteEl dirigente y diputado electo Juan Grabois defendió a Moreno tras la decisión judicial. Calificó el fallo como "un nuevo acto de proscripción política". Definió la decisión como "la segunda pena de muerte civil contra un peronista que decreta este año el triángulo de escribas".Grabois expresó su postura en sus redes sociales. Acusó a la Corte Suprema de bailar "al ritmo del poder". Sostuvo que en la Argentina "no hay estado de derecho" y que al kirchnerismo le queda por delante una "intensa resistencia".Moreno enfrenta otra condena por la manipulación de datos del INDEC entre 2006 y 2007. En esa causa, el exfuncionario recibió una pena a tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación por los delitos de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos. Este caso también espera una decisión final del Máximo Tribunal.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Nicolás Pizzi.
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de 14 funcionarios provinciales y un representante técnico por el rol que tuvo cada uno de ellos en el direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, hechos juzgados en el tramo principal de la causa Vialidad, por la que la expresidenta Cristina Kirchner cumple en su casa una pena de prisión a 6 años. Esta parte del caso se centró en aquellos funcionarios de la Administración General de Vialidad (AGV) santacruceña, quienes ejecutaron a nivel regional la maniobra de corrupción planificada desde el Poder Ejecutivo, según juzgó la Justicia. Se trata de Guillermo Fabián Torres, Orlando Marino Taboada Ovejero, Jorge Ricardo Pasiecznik, Víctor Hugo Paniagua, Claudia Viviana Oliva, Gerardo Daniel Mansilla, Carlos Alberto Mancilla, Roberto Antonio Lillo, María Lorena Lencina Albornoz, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Horacio Cantero, Alba Lilia Josefa Cabrera y Juan Gelves, que fueron procesados como coautores del delito de fraude al estado; y José Carlos Pistán, que, en tanto representante técnico de varias de las firmas del grupo Báez, fue procesado como partícipe necesario del mismo delito. De acuerdo con el procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini, confirmado ahora por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de la Sala II de la Cámara, cada uno de los funcionarios incumplió de forma sistemática con sus deberes, omitiendo "ejercer adecuadamente deberes de control, verificación y resguardo del interés público, lo que resultó fundamental para lograr el resultado criminal deseado y oportunamente probado en las actuaciones principales".Así, de acuerdo al procesamiento, conformaron un engranaje clave en el direccionamiento de la obra pública hacia las empresas de Báez, una maniobra que incluyó un amplio abanico de irregularidades, como doble concurrencia de las firmas del empresario en licitaciones, adjudicaciones veloces y muy por encima de la capacidad técnica de esas empresas, pagos preferenciales y extensiones injustificadas en los plazos de "entrega". "El hecho de que las mismas prácticas se reiteraran a lo largo del tiempo y en múltiples procedimientos (sin intervención correctiva alguna por parte de las autoridades de la AGVP) refuerza la hipótesis de que no fueron hechos ocasionales ni errores administrativos, sino elementos funcionales de una estructura sostenida durante más de una década orientada al favorecimiento sistemático de un grupo empresario determinado". "Tenemos por acreditado -sigue el fallo-, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, que los acusados permitieron implementar y articular la maquinaria de corrupción, en tanto sus funciones, dentro de sus respectivas competencias en materia de obras públicas viales". Los magistrados consideraron que las conductas atribuidas a los exfuncionarios de Vialidad provinciales "revisten menor capacidad de daño" que las de los funcionarios nacionales. Por eso, desacoplaron el embargo de la cifra que fijó en su momento el Tribunal Oral 2 contra Cristina Kirchner y el resto de los condenados, actualizada luego a más de 600 mil millones de dólares.De ese modo, sobre el conjunto de los funcionarios provinciales, la Cámara dictó un embargo actualizado de 8000 millones de pesos.
La gestión de Javier Milei tendrá que ponerse en contacto con exfuncionarios de la administración de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa para solicitarles sus chats de WhatsApp y entregárselos a la Justicia de Estados Unidos por el caso YPF. También a algunos de sus propios funcionarios. Sucede que la defensa de la Argentina aceptó la orden judicial estadounidense, pero solicitó extender el plazo. Es una sorpresa jurídica atada al pleito más grande que enfrenta el país.Todo esto ocurrió en la previa del comienzo del "día D" en el otro expediente por el caso YPF, que es el de la cuestión de fondo. Este miércoles, la defensa argentina tiene la audiencia por la apelación al fallo en primera instancia que ordena pagar US$16.100 millones por la expropiación. En paralelo, tramita la otra causa, conocida como "discovery", en la que la Justicia neoyorquina solicitó las comunicaciones de altos funcionarios."Se ordena a la República recopilar y presentar estas comunicaciones fuera de canal a más tardar el 30 de octubre", dictó la jueza Loretta Preska en una audiencia celebrada del 9 de octubre, por el expediente conocido como "discovery".Esta orden implica entregar correos electrónicos, chats de WhatsApp y otras comunicaciones de altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández. La solicitud forma parte del pleito judicial que discute si YPF es un alter ego del Gobierno o si funciona como una firma que no está supeditada a las órdenes de funcionarios del Ejecutivo. En otras palabras, si una entidad es lo mismo que la otra entidad.Entonces, al filo de que se cumpliera el plazo máximo estipulado por Preska, la Argentina resolvió acatar. Los abogados que representan al país presentaron un escrito en el que expresaron que entregarán esas comunicaciones de altos funcionarios, pero le solicitaron más tiempo para hacerlo."Los dos funcionarios de los que se sabe que pidieron son Sergio Massa y Luis Caputo", señaló Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y experto en litigios contra el país en el exterior. El listado completo de funcionarios no trascendió hasta el momento.Fuentes al tanto del litigio señalaron que esto muestra buena disposición de la Argentina y que la cuestión deberá ser resuelta por la jueza Preska o en una nueva audiencia. Hasta el momento, tiene fecha para el 4 de noviembre."Una vez que la Argentina haya entregado las comunicaciones, no significa necesariamente que estén completos, satisfactorios", indicó Maril. Es decir, en esta cuestión también será relevante, además de las fechas y los nombres, el modo en que el país entregará la información solicitada por Preska.La decisión de la jueza alude a las "off channel communications". Tal cual indicó Maril, esto implicaría la entrega de "todas las decisiones, comunicados, actos gubernamentales relacionados y realizados por funcionarios argentinos mediante WhatsApp, emails, que la Argentina dice que no son elementos oficiales, deben ser producidos y entregados de cualquier manera".Este expediente, conocido como "discovery", busca determinar si son alter ego de la República Argentina Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Arsat y el Banco Central, además de YPF. Se trata de la búsqueda de activos del país para que los demandantes puedan cobrar la sentencia.La cuestión de fondo es la condena por US$16.100 millones contra la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, que el país apeló. En caso de que esa sentencia quedara firme y el Estado se negara a pagar dicha suma, la Justicia podría avanzar contra los bienes declarados "alter ego", que devienen del expediente conocido como "discovery". Por lo tanto, esta es otra de las ramificaciones del caso más importante que involucra directamente a la expropiación de la petrolera.A propósito de la apelación de la Argentina por la cuestión de fondo, este miércoles es considerado un "día D" en los despachos oficiales. A las 12 hora local, 11 de la mañana en Nueva York, los abogados que representan a la Argentina tendrán la audiencia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. Durante 30 minutos expondrán ante los magistrados los argumentos con los que el Gobierno busca revertir el fallo en primera instancia, también dictado por la jueza Preska."Es el mayor litigio internacional del país", comentaron en despachos oficiales. Para Maril, "es el día más importante de los últimos 10 años del juicio por YPF".El 16 de septiembre de 2023, Preska resolvió que la Argentina debe pagar a los demandantes por la expropiación de YPF la suma de US$16.100 millones. En junio de este año, dictaminó que el país debía entregar las acciones que posee sobre la petrolera. Todo fue apelado y este miércoles la disputa se acerca a zona de definición.Del otro lado de la Argentina está Burford, un buffet de abogados que adquirió los derechos de reclamos judiciales de Petersen, uno de los viejos accionistas de YPF, y es el demandante en este pleito judicial contra el país. "Actualmente, hay procedimientos de reconocimiento pendientes en el Reino Unido, Francia, Irlanda, Canadá, Australia, Luxemburgo, Brasil y Chipre; la Argentina se resiste vigorosamente a cada uno de ellos", sostuvo un comunicado de la firma.Las partes poseen 30 minutos para defender su posición: primero los abogados de la Argentina, luego los representantes de Burford, y después los de YPF. Las exposiciones pueden ser interrumpidas por preguntas de los jueces e incluso por interpelaciones de los otros actores del juicio.Se trata de la defensa oral y cara a cara, dado que los argumentos de la Argentina ya fueron presentados por escrito. Entonces, será una oportunidad para ampliarlos y para cuestionar a las otras partes. Es por ello que el subprocurador Juan Ignacio Stampalija se encuentra hace dos semanas en Nueva York, enfocado en la preparación de esta instancia.Fuentes al tanto del desarrollo del litigio indicaron a LA NACION que los abogados que representan a la Argentina practican en una especie de sala de situación, donde algunos exponen los argumentos esgrimidos por el país y otros actúan como si fueran la parte demandante e interrumpen para hacer preguntas en presuntos puntos débiles. Asimismo, también ensayan qué tipo de exposición pueden realizar los representantes de Burford y qué preguntas realizarles.Los argumentosLa postura argentina se resume en cuatro argumentos. El primero de ellos alude a una supuesta violación de la inmunidad soberana. De acuerdo con la Procuración, "la práctica y el derecho estadounidense reconocen que la propiedad de un Estado en el extranjero está absolutamente protegida frente a embargos o ejecuciones", según un escrito presentado hace un mes ante la misma Corte de Apelaciones.El segundo fundamento hace referencia a una "interpretación errónea del derecho de Nueva York". Según la Procuración, el fallo de Preska aplica "indebidamente la norma de 'turnover', que jamás fue diseñada para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio".A su vez, la defensa argentina planteó la "inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas" en el caso. "Las acciones de YPF no están 'en los Estados Unidos, nunca fueron utilizadas en una actividad comercial en EE.UU. ni en la actividad comercial que dio origen al reclamo'", explicó la Procuración.Y el último punto destacado en la apelación de la Argentina señala una presunta violación del derecho argentino e internacional. "La orden judicial fuerza a la Argentina a desconocer su propia legislación, que desde 2012 exige la aprobación del Congreso por mayoría especial para cualquier transferencia de esas acciones. Además, contradice el principio de cortesía internacional ("comity") y la doctrina del acto de Estado ("act-of-state doctrine"), pilares de las relaciones entre naciones", ampliaron desde la Procuración.Asimismo, fuentes oficiales señalaron que un punto adicional es el monto de la sentencia en primera instancia dictada por Preska, en caso de que sea confirmada. La cifra de US$16.100 millones es considerada excesiva y, a su vez, cuestionan que su conversión tenga que ser realizada a tipo de cambio del momento del fallo ($365,50), dado que defienden que, en esa hipotética situación, debería ser con la cotización del momento de expropiación de YPF (alrededor de $8).Entonces, se abren dos posibles escenarios después de la audiencia de apelación de este miércoles. Si bien la resolución final no se conocerá inmediatamente, los magistrados pueden hacer lugar a la petición argentina o rechazarla.En caso de ser exitoso el reclamo de la Argentina, en los despachos oficiales confían que todos los otros litigios vinculados al caso YPF también queden sin efecto. Entre ellos se encuentra el expediente que busca determinar si la petrolera es un alter ego del Estado, trámite judicial por el que se puso una fecha límite a funcionarios argentinos a entregar sus chats personales.El segundo escenario, el del rechazo a la apelación argentina, sería entendido como un mal resultado pero no como el definitivo. Fuentes al tanto del litigio aseguraron que todavía quedarían otras instancias, como el rehearing, que vendría a ser una revisión de la apelación, o hacer escalar el expediente hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
El dictamen quedó aprobado en lo particular con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones
Sucedió en el municipio de Angaco. El responsable de un área de infraestructura destino recursos para realizar una conexión de agua que bajó la presión en el resto del pueblo. Los vecinos lo denunciaron y fue juzgado
Lo pedía la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y ya lo había rechazado un juez de instrucción. La medida beneficia a Karina Milei.
La Cámara Federal confirmó que la Justicia no llevará por la fuerza pública al Congreso a los funcionarios que evitaron declarar en la comisión que lleva allí una investigación paralela del caso $LIBRA, la moneda virtual que promocionó Javier Milei en redes y que está sospechada de estafa. El pedido fue formulado por el presidente de la comisión investigadora, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y buscaba llevar ante ese órgano a los titulares de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), Alejandro Melik y Paulo Starc, respectivamente; a la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, y al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emilio Silva, quienes decidieron hacer caso omiso de las citaciones para testificar ante la comisión, al igual que otros funcionarios, como la hermana y secretaria del Presidente, Karina Milei. Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia rechazaron el planteo de forma unánime, al considerar "razonables" los motivos esgrimidos en primera instancia por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien lleva el caso en la Justicia desde la salida de la jueza María Servini."Como punto de partida -marcaron los magistrados-, resulta importante advertir las diferencias que, por naturaleza y esencia, separan y distinguen a una investigación de carácter político desarrollada por una comisión legislativa con un proceso de índole penal en sentido estricto"."Mientras que el objetivo de la primera redunda en la obtención de información para así dictaminar sobre aspectos de interés público, la segunda persigue conocer si se ha cometido un delito", distinguieron los jueces."Observamos que [Martínez de Giorgi] en su pronunciamiento se ha encargado priorizar, más allá de toda reglamentación dispuesta por una comisión legislativa, la salvaguarda de las garantías que amparan a las personas cuya convocatoria se pretende", siguieron, para luego completar: "La solicitud no pretende un acto de mera 'colaboración' como se argumenta, sino de una decisión respecto a una medida coercitiva que excede el ámbito de actuación jurisdiccional y solo puede ser adoptada en el marco de un proceso penal".La resolución llega en vísperas de una nueva sesión de la comisión investigadora, que sí ha conseguido respuestas favorables en otros de sus pedidos, en especial, por parte de algunas plataformas virtuales. La semana pasada, por caso, el diputado kirchnerista Juan Marino dio a conocer un informe de Ripio, una plataforma que alcanzó a enlistar a $LIBRA como moneda de compra-venta. En su respuesta a la comisión, Ripio informó que 1329 argentinos compraron o vendieron el token a través de su plataforma, lo que, a criterio de Marino, contradecía los dichos del Presidente, quien aseguró que solo unas pocas personas habían adquirido el activo. En la sesión también se propuso profundizar esa vía y requerir información a otras plataformas respecto de posibles cuentas registradas a nombre de Karina Milei, el Presidente, su vocero y futuro legislador porteño, Manuel Adorni, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el diputado José Luis Espert.
Los jueces del Máximo Tribunal desestimaron los planteos de los familiares de las víctimas. La Cámara de Casación había sostenido que la AFI actuó dentro de sus facultades legales para resguardar la seguridad del entonces presidente
Tres personas fueron arrestadas en una operación de la Fiscalía y la Dijín, señaladas de integrar una red que filtraba información confidencial y extorsionaba a funcionarios en la región Caribe
Pedro Sánchez reafirmó el respaldo del Gobierno a los cuatro secuestrados y sus familias, rechazó el uso del secuestro como herramienta de presión y pidió al ELN demostrar humanidad liberándolos sin condiciones
RAWSON.- En medio de la fuerte derrota del los candidatos del gobernador Ignacio Torres, el referéndum provincial realizado ayer en Chubut arrojó una victoria del "Sí", con el 63,61% de los votos (183.832), frente al 36,39% del "No" (105.169). De esta manera, la ciudadanía avaló la reforma constitucional impulsada por el mandatario provincial para eliminar los fueros de funcionarios públicos, magistrados, legisladores y dirigentes sindicales.Con esta decisión, Chubut se convierte en la primera provincia argentina en suprimir las inmunidades judiciales y parlamentarias de forma integral, un hecho que abre un nuevo escenario legal en la relación entre los poderes del Estado.Sin embargo, Torres tuvo un fuerte revés electoral en las elecciones legislativas: con la victoria de La Libertad Avanza, Maira Frías, y de Unidos Podemos, con el kirchnerista Juan Pablo Luque, el oficialismo chubutense perdió una banca en el Congreso. Sin fuerosEl resultado del plebiscito sobre los fueros implica que la modificación entrará en vigencia en los términos aprobados previamente por la Legislatura provincial, sin necesidad de una nueva instancia parlamentaria. La jornada se desarrolló con normalidad y una participación superior a los 280.000 votantes en toda la provincia, según los datos difundidos por el sitio oficial del Gobierno del Chubut.El plebiscito vinculante fue convocado para que los ciudadanos decidieran si se mantenían o no los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial, que establecían inmunidades judiciales y de arresto para diversos cargos públicos. El texto aprobado elimina esos artículos y dispone que ningún funcionario, legislador, magistrado o dirigente sindical goce de fueros especiales de arresto, allanamiento o proceso penal, con la excepción del "fuero de opinión", que protege la libertad de expresión de los representantes electos.En caso de que una condena judicial sea confirmada, ya no será necesario un proceso de desafuero ni autorización legislativa para su ejecución. El objetivo declarado de la reforma es "garantizar la igualdad ante la ley y la transparencia institucional".La propuesta surgió del Poder Ejecutivo provincial y fue aprobada por la Legislatura en 2025 con el voto mayoritario del oficialismo y parte de la oposición. La norma estableció que la modificación debía ser ratificada o rechazada por la ciudadanía mediante referéndum vinculante, de acuerdo con los procedimientos previstos en el artículo 263 de la Constitución de Chubut.Durante la campaña previa, el Gobierno provincial promovió la participación bajo el lema "Chubut sin fueros", mientras que distintos sectores del Poder Judicial y organizaciones gremiales plantearon objeciones a la iniciativa. Los críticos sostuvieron que los fueros no constituyen privilegios personales, sino garantías funcionales destinadas a preservar la independencia de los poderes y evitar presiones políticas.En septiembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino ante recursos presentados por asociaciones judiciales y finalmente habilitó la consulta popular, al considerar que el proceso de reforma se ajustaba a los mecanismos provinciales vigentes.Los resultados finales indican que las mayores adhesiones al "Sí" se registraron en los departamentos del Valle Inferior del Río Chubut y la zona costera, incluyendo Rawson, Trelew y Comodoro Rivadavia.En cambio, en la región cordillerana e interior provincial, como en Esquel, Cushamen y Telsen, el "No" alcanzó porcentajes más elevados, aunque sin revertir la tendencia general. El nivel de participación se ubicó en torno al 63% del padrón electoral, cifra similar a la registrada en elecciones provinciales recientes. La consulta se realizó en paralelo con las elecciones municipales en varios distritos, lo que favoreció una mayor concurrencia.El resultado del referéndum tiene carácter vinculante, por lo que la reforma constitucional entra automáticamente en vigencia una vez proclamado el escrutinio definitivo por el Tribunal Electoral Provincial.En la práctica, esto supone que los fueros especiales quedan suprimidos y que los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado y los dirigentes sindicales podrán ser investigados o detenidos sin requerir autorización previa de otro poder. El Gobierno provincial deberá ahora avanzar con la promulgación formal de la enmienda y su publicación en el Boletín Oficial, además de coordinar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal la adecuación de los procedimientos penales y administrativos.Anoche, Torres manifestó su apoyo a la diputada Ana Clara Romero, quien no logró renovar su banca en el Congreso, y valoró el apoyo de la ciudadanía a la eliminación de los fueros de dirigentes políticos, jueces y sindicalistas."Decidieron un antes y un después y, más allá de la ideología, el resultado es que no queremos más privilegios; la eliminación de los fueros fue una respuesta contundente del pueblo", afirmó Torres. "Podemos estar orgullosos que vamos a ser la primera provincia de la Argentina donde somos todos iguales ante la ley", sostuvo.
La Secretaría Distrital de Integración Social orientó al equipo de la Comisaría en el proceso de denuncia penal y articuló acciones con la Policía, la Unidad Nacional de Protección y la Alcaldía Local
El líder de Los Águilas escapó de una prisión ecuatoriana con ayuda de personal penitenciario y fue capturado semanas después en Medellín
En el acto de Fuerza Patria en San Martín, el gobernador bonaerense cargó contra el "casino" económico de Javier Milei y chicaneó a Guillermo Francos por ser la "verdadera casta". Fuerte respaldo de Sergio Massa y Juan Grabois en el escenario. Leer más
Con las renuncias de Gerardo Werthein a la Cancillería y la despedida prometida por Mariano Cúneo Libarona al Ministerio de Justicia, ya son cinco los ministros que dieron un portazo o fueron expulsados en lo que va de la gestión libertaria. A ellos se suman casi una veintena de funcionarios de primera línea, si se incluyen también los apartamientos de secretarios y de directores de organismos clave, como la ANSES o la AFIP.El recambio de nombres fue una constante en todas las áreas y líneas de Gobierno, y se acentuará aún más cuando Patricia Bullrich y Luis Petri dejen sus respectivas sillas en Seguridad y Defensa para asumir sus bancas en el Congreso, y lo propio haga en la Legislatura porteña el vocero presidencial Manuel Adorni, que también ostenta un cargo con rango de ministro.Para ese tiempo, cruzada ya la primera mitad de gestión, serán entonces ocho los ministros que, por distintos motivos, habrán dejado sus cargos. El politólogo Pablo Salinas lleva un relevamiento más amplio de la tendencia e incorpora también a subsecretarios y funcionarios políticos en general. Según sus cálculos, ya son 174 las personas que abandonaron el Gobierno. ð??¥CÚNEO LIBARONA DEJA EL GOBIERNOð???Según trascendidos del propio ministro, a partir del lunes dejará su cargo al frente de Justicia. Se suma a la salida anunciada del Canciller, elevando el número de bajas de funcionarios/as políticos a 174ð??? pic.twitter.com/MueXV1wZat— Pablo Salinas (@SalinasPabloJ) October 23, 2025El recambio de ministros se inauguró con Guillermo Ferraro. En enero del año pasado, a semanas del inicio de la gestión, debió abandonar la cartera de Infraestructura por presuntas filtraciones a la prensa en medio de las tratativas por la ley ómnibus, como se dio en llamar al primer intento del Gobierno por aprobar en el Congreso un ambicioso paquete de reformas. Su salida fue acompañada de un rediseño de Gabinete que incluyó la disolución de su ministerio y el reparto de sus competencias en otras áreas, la mayoría absorbidas por Economía.A Ferraro lo siguieron funcionarios importantes como la exsecretaria de Minería Flavia Royón y el exdirector de la Anses Osvaldo Giordano, que pagó con su cargo el voto contra la ley ómnibus de su pareja, la diputada nacional Alejandra Torres. Luego fue el turno del secretario de Trabajo, Omar Yasín, un exfuncionario de Pro a quien el Gobierno le imputó erróneamente ser el artífice del aumento de salarios a funcionarios del Poder Ejecutivo. Yasín había tomado el lugar de Horacio Pitrau, quien antes fue eyectado por intentar lograr un acuerdo con el sindicalista Armando Cavalieri, jefe histórico de los comerciales. El aumento de sueldos también se cobró la salida de Armando Guibert de Transformación del Estado, que aquel entonces no era más que una secretaría que permanecía bajo la órbita de Nicolás Posse, quien no tendría mucho tiempo más como Jefe de Gabinete. Pero antes que Posse fue el turno de Sebastián de Luca, el asesor durante la campaña presidencial de Patricia Bullrich. De Luca, que era secretario de Articulación Federal dentro del ministerio, se alejó por motu proprio del armado libertario, por estar en desacuerdo con la estrategia de confrontación directa con los gobernadores que se desplegaba desde la Casa Rosada. Luego sí, fue el turno de Posse, una de las salidas más abruptas, por la cercanía que el jefe de los ministros tenía con el presidente Milei. Su apartamiento del elenco libertario anunciaba, en marzo de 2024, que nadie contaba con protección especial y que un funcionario ensalzado un día desde el entorno presidencial podía ser despreciado al día siguiente.Con Posse cayó también el exjefe de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvestre Sívori, que fue reemplazado por Sergio Neiffert, un hombre de Santiago Caputo, que extendía así su influencia sobre el gabinete. Más desplazamientosUna de las áreas que sufrió un mayor recambio fue la social, que solo encontró estabilidad cuando el fantasma del estallido comenzó a desdibujarse. El primero en partir fue Pablo de la Torre. Su gestión al frente de la Secretaría de Niñez y Adolescencia quedó arrinconada por dos polémicas. Primero, la administración que hizo de los alimentos destinados a la asistencia social, luego de que se conociera la existencia de más de 5000 toneladas de mercadería sin entregar; y, después, el primer pequeño escándalo de corrupción que golpeó al Gobierno, cuando detrás de un sistema de convenios con un organismo internacional apareció una presunta trama de contratos fantasmas, que hoy se sigue investigando en la Justicia. De la Torre fue sucedido por Yanina Nano Lembo, una funcionaria ligada a Pro, sin experiencia en el área, que no logró hacer pie y al tiempo sería despedida, luego de un insólita polémica por la compra de una costosa cafetera.Pero antes que ella partieron al menos otros ocho funcionarios. Vicente Ventura Barreiro, un hombre de confianza de Cristian Ritondo, dejó su cargo como secretario de Seguridad por presuntamente haber intentado torcer una licitación dentro del Servicio Penitenciario Federal, según dijo la ministra Patricia Bullrich. El hecho fue investigado por la Justicia y Barreiro fue sobreseído el mes pasado. A los pocos días de su salida, dejaba su silla como número dos del ministro de Economía Joaquín Cottani. Como tantas otras, su renuncia fue por "motivos personales", pero el macroeconomista blanquearía luego que nunca "comprendió" el programa del ministro Caputo y que tampoco compartía la política cambiaria del Gobierno. También en el mes de julio dejaba el Ministerio de Economía Fernando Vilella, que fungió hasta ese momento como secretario de Bioeconomía, área que sería reconvertida luego en la actual secretaría de Agricultura, Pesca y Ganadería. Por esas fechas ocurrió una de los desplazamientos más curiosos: el de Julio Garro de la subsecretaría de Deportes. Comenzó a gestarse en el colectivo que llevó a la selección argentina desde el Hard Rock Stadium de Miami â??donde acaba de consagrarse campeona de la Copa América 2024â?? hasta el hotel donde había concentrado. En el traslado, el jugador Enzo Fernández tuvo expresiones discriminatorias contra los jugadores franceses que quedaron capturadas en un video que dio vuelta en las redes sociales. Tras ello, Garro sugirió que Lionel Messi, capitán del seleccionado, debía ofrecer disculpas por el comportamiento de su compañero. En poco tiempo, Garro estaba afuera del Gobierno. Como en otras oportunidades, su salida fue anticipada en las redes sociales por cuentas asociadas al oficialismo. En este caso, fue el Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, quien la adelantó. En los meses que siguieron se sucedieron las salidas de Francisco Sánchez de la secretaría de Culto y la de Eduardo Rodríguez Chirillo en la de Energía; luego llegarían las mucho más resonantes salidas de Mario Russo del Ministerio de Salud y la de la canciller Diana Mondino, cuya gestión quedó eclipsada por las negociaciones que estableció Werthein desde Washington con los Estados Unidos. Algo similar le ocurriría días atrás al propio Werthein, que quedó en un segundo plano durante la última negociación con los Estados Unidos por el swap, una negociación que se encarriló a través de canales diplomáticos extraoficiales, donde el asesor Caputo tiene injerencia decisiva. Sin embargo, cuando Donald Trump coronó esas gestiones advirtiendo que el auxilio económico desaparecería si Milei no ganaba las elecciones, el sector de Caputo responsabilizó a Werthein.Este año comenzó con la renuncia de Ignacio Yacobucci en la Unidad de Información Financiera (UIF), luego de ser sometido a una campaña de desgaste por el alto nivel de actividad que mostró el organismo durante su gestión en las causas judiciales. Antes, el sector de Caputo había logrado desplazar a Manuel Tessio, el segundo en la UIF, luego de que se presentara como querellante en la causa por lavado de dinero contra el kirchnerista Martín Insaurralde.También a comienzos de año partió del gobierno Eduardo Serenellini, quien había sucedido como secretario de Medios a Belén Stettler, quien, a su vez, había suplantado al comienzo de la gestión a Eduardo Roust, que estuvo solo un puñado de días en el área. El mes de febrero siguió con la salida de Mariano de los Heros de la Anses, luego de anunciar una reforma previsional. Según el Gobierno, lo hizo unilateralmente y de manera inconsulta. "Me parece un disparate que un funcionario de segunda línea haga algo así. Me pareció una falta de respeto y voló por los aires, como correspondía", explicó el presidente Milei. Ese mismo día, Sonia Cavallo dejó de ser la embajadora del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de que su padre, el exministro de Economía Domingo Cavallo, criticara el rumbo económico de la gestión. La salida que más ruido trajo fue la de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un cargo de menor relieve, pero desde el cual se gestó una de las mayores crisis para el oficialismo. Sus consecuencias son aún inciertas, a partir de la causa que se libra en la Justicia Federal, donde se investiga un presunto entramado de corrupción en la compra de medicamentos en el área que, según audios atribuidos a Spagnuolo, culminaba en Karina Milei y su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem.
El presidente del Tribunal de Barandilla falleció luego de preparar un terreno para sembrar flor de cempoasúchil y celebrar el día de muertos
Así lo expresó el periodista, Alejandro Gomel, quien luego añadió que la presencia de Santiago Caputo en el gabinete "por un lado, garantiza esa buena relación con parte del gabinete de Donald Trump. Por otro lado, hace mucho ruido interno". Leer más
El funcionario estira los brazos, se acomoda en la silla y se sincera con la tranquilidad de quien habla bajo la condición de mantener su nombre en reserva. Dice que a él no le preocupa tanto el tema porque ya tiene varios años, hizo su carrera en el sector privado y tiene a sus hijos grandes, de modo que no debe, por ejemplo, pagar colegios privados. Se trata de un secretario de Estado que lamenta, al mismo tiempo, que uno de sus compañeros â??un joven a quien considera talentoso y responsable, que toma a diario decisiones que afectan intereses millonariosâ?? tenga dificultades para llegar a fin de mes. Los salarios de los funcionarios del gobierno nacional están congelados desde diciembre de 2023, cuando dejaron el poder Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En ese mismo período, la inflación acumulada superó el 230%. De manera que quien cobraba $100 en ese mes, debería haber recibido $230 en septiembre pasado, algo que no ocurrió. En términos de salario bruto, no hubo peor trabajo en la Argentina que ser ministro de la Nación. Son los efectos de la política de ajuste fiscal conocida como "motosierra".Hay números para sostener lo anterior. En julio de 2025, el salario real del sector privado registrado se ubicó prácticamente en el mismo nivel que en noviembre de 2023, último mes completo de la gestión Fernández. Eso indica que logró mantener su poder adquisitivo pese a la alta inflación del período. En cambio, los sueldos del sector público mostraron una caída del 14% en términos reales. Reflejan un mayor atraso frente a los precios y consolidan una brecha creciente entre los ingresos del empleo estatal y los del ámbito privado. En el caso de la alta conducción del Estado, esos problemas se profundizan por el congelamiento.El problema, sin embargo, no lo tienen los integrantes del Gabinete â??que en muchos casos poseen una larga trayectoriaâ?? sino quienes están inmediatamente por debajo: secretarios y subsecretarios.Los reclamos internosIncluso el propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, intercedió ante Javier Milei para revisar su situación, pero no tuvo éxito. Apenas intentó una jugada con las unidades remunerativas (UR) que no terminó de convencer.Varios de sus colaboradores alertaron acerca del problema al ministro de Economía, Luis Caputo, aunque el tema no se solucionó. En medio de esas tensiones, el propio jefe de Hacienda defendió la situación a través de un mensaje en la red X. Sostuvo que podría ganar más de diez veces su salario en el sector privado, pero que eligió permanecer en el Gobierno "por la patria". Además, destacó que sus dos hijos trabajan con él sin percibir remuneración, "solo para ayudar a sacar el país adelante", según escribió. Los propios funcionarios creen que la salida de algunos de sus compañeros, silenciosa y paulatina, tiene que ver con los sueldos que paga la administración pública. Aseguran que también enfrentan dificultades para atraer gente idónea al Estado. En muchos casos, no alcanza solo con el honor, la dedicación o el prestigio que puede otorgar el hecho de trabajar en el Gobierno.Cuánto gana hoy Javier MileiUna parte de la cuestión se resume en un solo recibo de sueldo: el del presidente Javier Milei, que se muestra en esta nota. Es a partir de ese papel que se establecen las relaciones entre las remuneraciones de otros escalones del Estado.Milei percibió en marzo de 2025 un sueldo bruto de $4.066.018,15, según el recibo oficial emitido por la Secretaría General de la Presidencia que maneja su hermana. De ese monto, $1,8 millones corresponden al sueldo básico y $2,25 millones al plus por responsabilidad en el cargo.Tras los descuentos previsionales, de obra social y de Impuesto a las Ganancias â??que en conjunto sumaron unos $856.600â??, el sueldo neto que cobró Milei fue de $3.209.415,78. La liquidación lleva la firma de la Dirección de Contabilidad y tiene fecha de pago del 1° de abril de 2025. Los integrantes del Gabinete no pueden ganar más que el Presidente, salvo en casos excepcionales.El tema ya se mezcla en charlas empresarias. El coordinador del área energética, Daniel González, que tuvo un prolífico paso por la actividad privada, sostuvo en un almuerzo en el último Coloquio de Idea que el principal escollo que hay para ir más rápido [en la gestión del Gobierno] es encontrar personal calificado que se quiera quedar en la administración pública luego de que Milei congelara los sueldos, según contó LA NACION.Los organismos que pagan más que los ministeriosLos ministros encontraron algunos atajos para esquivar el congelamiento de los salarios en la alta conducción del Estado. La respuesta está en algunos organismos autárquicos y empresas públicas, que tienen una lógica propia. Si se revisa la composición de los directorios de esos organismos, es probable que aparezcan nombres de funcionarios a los que se quiso premiar por un trabajo más amplio.Hay casos paradójicos. ¿Tiene sentido, por ejemplo, que el jefe de una compañía pública gane más que el Presidente? Los especialistas creen que no, pero ocurre en la práctica.Los registros oficiales muestran que las remuneraciones más altas dentro de la administración pública nacional no se concentran necesariamente en los ministerios, sino en los entes estatales con estructura societaria o autonomía financiera. Por ejemplo, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), cuyos vicepresidentes y directores estatutarios perciben honorarios mensuales de $5.875.934, una cifra que se ajusta según las paritarias bancarias.Muy cerca aparece la Intervención de Radio y Televisión Argentina (RTA), donde el interventor saliente Eduardo Roberto González tenía una remuneración bruta de $5.854.937,56. También dentro de RTA, las gerencias generales alcanzan los $5.391.862,11, correspondientes a áreas como Asuntos Legales, Gestión de Personal, Comercial y Contenidos de la TV Pública.En la Agencia de Publicidad del Estado, el gerente general Pablo Leandro Ciocchini registró en julio pasado un salario de $4.204.255,40.Puestos sin remuneraciónOtros tienen menos suerte. En Coviara -Desarrollos para la Defensa-, el presidente percibe $2.890.341,22 y el director vocal, $2.046.886,64, montos que incluyen adicionales por desarraigo establecidos en normativa específica.Hay ejemplos más recientes. Demian Reidel, exjefe de Gabinete del Consejo de Asesores de Milei, desembarcó hace algunos meses en Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa pública que administra las centrales atómicas del Estado. Allí contrató a varios directivos por salarios superiores a $5 millones mensuales.No todas las empresas estatales, sin embargo, pagan remuneraciones a sus directivos. En varios casos, los puestos principales son ad honorem o están vacantes. Pasa en la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), cuyos miembros del directorio no cobran sueldos, y en Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U., donde el interventor desempeña sus funciones sin percibir honorarios. Incluso en el propio BICE, el presidente del banco no recibe remuneración.Por último, algunos cargos se rigen por convenios colectivos o escalas especiales no expresadas en cifras fijas. El gerente general del BICE, por ejemplo, cobra de acuerdo con la grilla de la Asociación Bancaria.La tensión con VillarruelPese a algunas diferencias, formar parte del Poder Ejecutivo no es la actividad más redituable si el objetivo es trabajar en el Estado. La Justicia paga más: el salario del procurador general es de $8,11 millones, y hay varios cargos inferiores que están por encima de la remuneración presidencial.Una de las primeras en exponer abiertamente estas tensiones fue la vicepresidenta Victoria Villarruel. En enero de este año, sostuvo que en poco tiempo más iba a ganar "dos chirolas", porque si bien preside el Senado, cobra como número dos del Ejecutivo. Milei le respondió que estaba "desconectada de la realidad".Javier Milei en Radio Mitre con Gabriel AnelloDías atrás, en un encuentro en Mar del Plata, el Presidente dio más contexto a su pensamiento:"Todos hemos hecho un esfuerzo enorme, nosotros desde el Poder Ejecutivo también, porque nuestros sueldos están freezados por mi decisión desde diciembre de 2023", reconoció.
Cuenta con más de 25 años en el servicio público, su trayectoria combina eficiencia administrativa y visión moderna
En el histórico segmento "Weekend Update" del actor Colin Jost comparó al mandatario con el bizarro personaje de Austin Powers. "El presidente de la Argentina, Javier Milei, fue visto aquí diciendo: 'if you make me horny, baby'", dice el comediante.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial estableció que los fiscales actuaron al servicio de estructuras criminales, retrasando investigaciones sobre secuestros y homicidios en Cali
Guillermo Madero, subsecretario de defensa civil y protección humanitaria en el Ministerio de Defensa, respondió este viernes a los dichos del secretario de Obras Públicas de Bahía Blanca, Gustavo Trankels, quien dijo que el Gobierno le cobró un pago "millonario" para mantener los puentes de emergencia colocados tras el temporal en marzo."Si no, se los llevaban", había asegurado el funcionario bahiense en una entrevista al medio local La Brújula y planteó que para continuar con la prestación se le exigió al municipio una suma aproximada de $17 millones por cada obra de infraestructura. Sin embargo, Madero negó sus declaraciones y sostuvo que "es falso que las Fuerzas Armadas vayan a retirar los puentes móviles". "Finalizada la crisis, se firmó un convenio no comercial, para mantener su operatividad, tal como establece la Ley 20.459 desde hace décadas", escribió el funcionario en su cuenta de X. Además, cruzó al gobierno de la provincia de Buenos Aires: "Mientras el gobierno de Kicillof gasta miles de millones en propaganda y políticas de género, las Fuerzas hacen Patria con hechos, no con discursos".Fuentes de Defensa indicaron a LA NACION que actuaron de manera inmediata cuando el temporal se hizo presente en la ciudad bonaerense e instalaron, en horas, dos puentes móviles con rampas de 36 metros, "para garantizar la comunicación, el traslado de víveres y la asistencia a los vecinos". Esa infraestructura fue emplazada, según señalaron, de manera gratuita y mediante la firma de dos actas con vigencia de 90 días.Es falso que las Fuerzas Armadas retiren los puentes en Bahía Blanca. Fueron instalados en marzo, en plena emergencia, para garantizar la asistencia y conexión de los vecinos. Finalizada la crisis, se firmó un convenio no comercial, para mantener su operatividad, tal comoâ?¦ pic.twitter.com/9Sd4uWVwWn— Guillermo Madero (@guillermomadero) October 16, 2025"Cumplido el plazo y finalizada la emergencia, el propio intendente kirchnerista solicitó mantener los puentes instalados. Ante ese pedido, y conforme al marco legal vigente, el Ejército firmó un convenio con el municipio que establece un canon mínimo de mantenimiento, necesario para preservar la operatividad de las estructuras y asegurar su disponibilidad ante futuras emergencias en todo el país", sostuvieron desde Defensa.Según dijo este jueves Trankels, se trata de un convenio con la Nación, a través del Ministerio de Defensa que comanda Luis Petri, por el que se le exige al municipio el pago de aproximadamente 17 millones de pesos por cada puente, a lo que debe sumarse un agregado por mantenimiento.Sin embargo, desde el ministerio nacional indican que ese canon "no es un cobro comercial, sino un mecanismo habitual". Incluso señalan que existen convenios similares firmados con distintas provincias, que siguen vigentes hasta el día de hoy.En ese marco, Madero resaltó, este viernes en su publicación, la importancia y el costo económico asumido por el gobierno nacional: "Las Fuerzas invirtieron más de mil millones de pesos y la Agencia Federal de Emergencias aportó 200.000 millones para la asistencia".No es la primera vez que el municipio a cargo de Federico Susbielles (Unión por la Patria) le reclama al Gobierno fondos y obras que mitiguen los efectos de aquel temporal. Sin embargo, desde el Ejecutivo se vetó a fines de junio el proyecto de ley, aprobado por ambas cámaras en el Congreso, que incluía un fondo especial para la ciudad de $200.000.000.000 y que además dirigía partidas a la localidad de Coronel Rosales.Para justificar el veto a la ley de asistencia que había votado el Congreso, el Gobierno argumentó que el proyecto de ley sancionado no indicaba "cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen".La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, apuntó contra Milei a través de X, a quien lo acusó de "encontrar un negocio" en una necesidad."Que el gobierno de Milei cobre alquiler por los puentes de emergencia en Bahía Blanca, después de una inundación devastadora, es una muestra más de su crueldad y desprecio por el pueblo", publicó.Y sumó: "Los puentes de emergencia no son un negocio, son infraestructura vital para asistir y salvar vidas. El Estado debe estar para ayudar, no para facturar el dolor de la gente".
Entre los convocados están autoridades de la UIF, CNV y exresponsables del caso. También pretenden que declare la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.
El legislador nacional Emiliano Estrada aseguró que existe una "red de favores políticos" entre el narcotráfico y funcionarios del gobierno provincial. "El problema arranca en Salta, no en Rosario", agregó. Leer más
Pedro Edgardo Zarantonelli, funcionario de la Municipalidad de Goya, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional tras admitir su responsabilidad en un acuerdo de juicio abreviado. Leer más
El ente de control indaga si tres exdirectivos de la DIAN omitieron el traslado de un recurso interpuesto por Petrobras, lo que habría causado un perjuicio al patrimonio público
En la investigación figuran ministros, alcaldes, gobernadores y otros exfuncionarios que forman y/o formaron parte del actual Ejecutivo y la pasada administración
En su cuenta de X, el abogado Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, compartió ayer una imagen de la recepción del presidente estadounidense Donald Trump a la comitiva presidencial argentina encabezada por el presidente Javier Milei en el Salón Oval de la Casa Blanca, en la que se ve el célebre retrato de José de San Martín, héroe máximo de la Argentina, en el lugar que, en realidad, ocupa el retrato de George Washington hecho por Gilbert Stuart."Si no puedes amarlo, ódialo": Anatole Saderman, el gran retratista de la élite cultural porteña"Miren el principal cuadro colgado frente al escritorio del Presidente de EEUU, en el Salón Oval", escribió Soto.Miren el principal cuadro colgado frente al escritorio del Presidente de EEUU, en el Salón Oval: pic.twitter.com/eFDQBq04hn— Fernando Soto (@Doctor_Soto) October 15, 2025El óleo original, que se le atribuye a la profesora que daba clases de pintura a Mercedes (la hija de San Martín) en Bruselas, entre 1827 y 1829, pertenece al acervo del Museo Histórico Nacional (MHN) desde 1899. También es posible que lo haya pintado la propia Merceditas. Era el retrato favorito del Libertador, que lo tenía colgado en su cuarto en Boulogne-sur-Mer, en Francia, y del que se hicieron infinidad de reproducciones.El posteo de Soto dio lugar a una seguidilla de memes donde, en vez de San Martín o Washington, se ven retratos del personaje de Alf, del expresidente Alberto Fernández y de Javier Milei disfrazado como el General Ancap (superhéroe anarcocapitalista), además de bromas, reproches e insultos. Una hora después, el letrado -que también es vocal de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges- reposteó el mensaje con una aclaración: "Perdón. Me avisan que no es real. Que es fake".En diálogo con LA NACION, Soto dijo que había tomado la imagen de una cuenta de X, pensando que se trataba de un homenaje del gobierno estadounidense al argentino. "Máxime teniendo en cuenta que la estrategia del general San Martín se estudia en las principales capacitaciones y agencias militares del mundo, como en West Point, en Estados Unidos, y que en hay una estatua de San Martín en el Central Park [una réplica de la escultura que está en Plaza San Martín, obra del francés Louis-Joseph Daumas]". Como consignó LA NACION oportunamente, el canónico retrato del prócer aparece en la película Oppenheimer, de Christopher Nolan, en una escena en la que el físico Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) visita al presidente estadounidense Harry Truman (Gary Oldman), en referencia a la copia del cuadro que el presidente Juan Domingo Perón le obsequió a su par estadounidense en octubre de 1946. Más allá de que la película de Nolan comete un error histórico (la escena de la película tuvo lugar antes de que Truman recibiera el cuadro), la obra integra el archivo de la Biblioteca y Museo de Harry Truman.
En entrevista con Infobae México, Mike Vigil explicó por qué los funcionarios del ICE y la CBP no serían objetivos para las organizaciones criminales
Más allá de la ausencia de Javier Milei, para el periodista, Ariel Maciel, los empresarios "están expectantes porque hay muchas de las empresas que están presentes en este coloquio de IDEA que colmaron la capacidad total". Leer más
Aunque no mantuvieron una reunión allí, el presidente de Estados Unidos invitó a la delegación argentina a conocer su oficina.
El líder del grupo criminal La Inmaculada envió un mensaje a miembros del Gobierno, en el que se ofrece intervenir para frenar ataques contra personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
Diputados oficializó las interpelaciones para la sesión de este miércoles de Caputo y Karina.
La actividad se llevó a cabo en el marco de los convenios firmados entre la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fisca, y la Fundación Memoria del Holocausto
El influyente asesor, con un vínculo como monotributista con la Casa Rosada, es empujado por sus compañeros de Las Fuerzas del Cielo para que ingrese al gabinete en un cargo formal.
El líder sindical Hernando Vitola reclamó la falta de protección por parte del mandato de Gustavo Petro
El personal del Inpec enfrenta una escalada de homicidios, secuestros y atentados, con organizaciones criminales detrás de los crímenes y medidas oficiales que no logran frenar la crisis
El representante de los interinos denuncia que miles de empleados públicos llevan décadas con contratos temporales sin opción a estabilidad pese a haber pasado procesos selectivos estrictos
Jorge Eliécer Domínguez podría tener información sobre la alianza criminal detrás del asesinato del exconcejal Miguel Uribe Turbay; aunque algunas versiones lo presentan retirado de la vida criminal, su reputación de capo invisible y su influencia en la violencia del Valle del Cauca persisten
"Se ordena a la República recopilar y presentar estas comunicaciones fuera de canal a más tardar el 30 de octubre", dictó la jueza Loretta Preska en una audiencia celebrada este jueves. Allí estaban los abogados de la Argentina en el expediente conocido como "discovery".Esta orden implica entregar correos electrónicos, chats de WhatsApp y otras comunicaciones de altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández. Esto forma parte del pleito judicial que discute si YPF es un alter ego del Gobierno o si funciona como una firma que no está supeditada a las órdenes de funcionarios del Ejecutivo. En otras palabras, si una entidad es lo mismo que la otra entidad."Ayer verbalmente la jueza fresca obligó a Argentina a entregar todos los WhatsApp, emails, etcétera, el 30 de octubre", explicó Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y experto en litigios contra el país en el exterior. La decisión alude a las "off channel communications". Tal cual indicó Maril, esto implicaría la entrega de "todas las decisiones, comunicados, actos gubernamentales relacionados y realizados por funcionarios argentinos mediante WhatsApp, emails, que la Argentina dice que no son elementos oficiales, deben ser producidos y entregados de cualquier manera".El expediente también busca determinar si son alter ego de la República Argentina Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Arsat y el Banco Central, además de YPF, entre otros bienes. Se trata de la búsqueda de activos del país para que los demandantes puedan cobrar la sentencia. LA NACION consultó a la Procuración del Tesoro, es decir, el organismo jefe de los abogados del Estado, pero al momento de publicación de este artículo no emitieron comentarios sobre la decisión de Preska comunicada en la audiencia de este jueves.La cuestión de fondo es la condena por US$16.000 millones contra la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, que el país apeló. En caso de que esa sentencia quedara firme y el Estado se negara a pagar dicha suma de dinero, la Justicia podría avanzar contra los bienes declarados "alter ego", que devienen del expediente conocido como "discovery". Allí ocurrió la audiencia que fijó fecha para la entrega de este tipo de comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios.Por lo tanto, esta es otra de las ramificaciones del caso más importante que involucra directamente a la expropiación de la petrolera. De hecho, hace dos semanas, la Argentina ya había presentado argumentos para evitar la entrega de acciones de YPF, que deriva de un pedido de los demandantes de la Argentina como forma de pago por la sentencia en contra en primera instancia de US$16.100 millones más intereses, que se determinó en 2023.LA NACION consultó a los demandantes de la Argentina para conocer su visión sobre los argumentos del país, pero al momento de publicación de este artículo no emitieron respuesta. Se trata de los fondos Burford Capital â??que adquirió los derechos de litigio al fisco español tras la quiebra del Grupo Petersenâ?? y Eton Park, que presionan para cobrar la indemnización más intereses, tal como dictaminó en primera instancia la jueza Preska, del Distrito Sur de Nueva York.Las próximas semanas muestran un calendario con más de una fecha clave. El 30 de octubre, según lo mencionado por Preska en la audiencia, es el límite que fijó para que el país entregara las comunicaciones formales e informales de funcionarios y exfuncionarios vinculadas a las entidades sobre las que se busca determinar si son alter ego del Gobierno. Pero un día antes también ocurrirá algo relevante.El 29 de octubre es la fecha de una audiencia clave, en la que la Argentina expondrá todos sus argumentos para revocar la sentencia de la cuestión de fondo, que es la expropiación de YPF y el pago de US$16.000 millones. Ese día no se conocerá una determinación sobre la apelación, ya que el tribunal no tiene plazos para expedirse.
Guardianes y sindicatos del sistema carcelario realizaron un plantón frente al Ministerio de Justicia para exigir garantías de seguridad y rechazar los recientes ataques en Bogotá, Palmira, Armenia y Cartagena
Agresiones a varias mujeres se mencionan en el video que compartió el mandatario, y hasta señalan a un funcionario en específico de haberse quitado el cinturón para golpear a varios de los manifestantes
Morris responsabilizó directamente al concejal Andrés Felipe Rodríguez Puerta, al presidente del Concejo y al alcalde Federico Gutiérrez por amenazas al equipo periodístico de Rtvc
La Personería distrital de la capital de Antioquia inició un proceso para esclarecer la conducta de servidores públicos señalados de atacar a participantes de la marcha pro Palestina
El alcalde de la capital antioqueña compartió fotografías que dejan en evidencia heridas y afectaciones de los trabajadores
Gustavo Melella se hizo eco de las versiones sobre "reuniones reservadas".Dijo que, en caso de que se confirmen, "sería una acción de extrema gravedad institucional que contradice nuestro reclamo" sobre Malvinas.
Desde la institución carcelaria confirmaron que la víctima recibió varios disparos y ahora es atendida por el personal médico de un hospital de la ciudad
La empresa inició procesos disciplinarios y los residentes exigen medidas correctivas en el conjunto
Un hombre de Kentucky enfrenta cargos por intimidación y amenazas terroristas por objetos de utilería que colocó a la vista del público
La institución solicitó el apoyo de la Policía y el Ejército para custodiar los horarios de ingreso y salida, y los trayectos hacia y desde los centros penitenciarios, especialmente en las zonas de mayor riesgo
En su primera decisión de peso desde que se quedó con la investigación sobre el caso $LIBRA, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó por "improcedente" el pedido de la comisión legislativa para que dispusiera la comparecencia por la fuerza pública al Congreso de cuatro funcionarios públicos para que, tras varios faltazos, presten declaración testimonial.Martínez de Giorgi estimó que su juzgado "carece de competencia para disponer el comparendo por la fuerza pública de los testigos citados por el Poder Legislativo", ya que consideró "constitucionalmente inadmisible" que una comisión legislativa amplíe sus atribuciones por la vía de "normas reglamentarias", en vez de por una ley.La decisión de Martínez de Giorgi benefició, en particular, a los titulares de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc, a la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, y al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emiliano Silva, quienes faltaron a las citaciones a testificar cursadas desde el Congreso.La comisión legislativa evaluará esta tarde los pasos a seguir, tanto en la vía judicial -con la eventual apelación del fallo de Martínez de Giorgi ante la Cámara Federal-, como en la senda parlamentaria, donde los asesores del titular de la comisión, diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), ultiman un informe.La resolución de 24 carillas de Martínez de Giorgi, sin embargo, no sólo beneficia de manera directa a Melik, Starc, Zicavo y Silva, sino que aporta una señal de alivio a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tampoco se presentó a declarar ante la comisión legislativa, en dos ocasiones.Martínez de Giorgi quedó al frente de la investigación judicial por el "caso $LIBRA" junto al fiscal Eduardo Taiano luego de que María Servini primero impusiera su prevalencia frente a la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, para meses después y de manera inesperada declinar su competencia en favor de su colega de Comodoro Py.Ya con el expediente en sus manos, Martínez de Giorgi le puso un freno a los intentos de la comisión legislativa por forzar la comparecencia de funcionarios reticentes, pero también le llevó alivio a la Casa Rosada, que se resiste a dar explicaciones sobre lo ocurrido antes, durante y después del 14 de febrero pasado, cuando el presidente Javier Milei contribuyó al lanzamiento de la "memecoin" $LIBRA con un posteo en la red social X.Pese a rechazar por "improcedente" la petición de la comisión, el magistrado también fijó su posición sobre la eventual comparecencia por la fuerza pública de los funcionarios públicos convocados a prestar testimonio. Sostuvo que "excede" las "atribuciones implícitas" que emanan de la "redacción del último inciso del artículo 75 de la Constitución Nacional".Así, pese a que estimó que su Juzgado carece de competencia para ordenar la citación de testigos por la fuerza pública solicitada por la comisión legislativa, Martínez de Giorgi opinó en contra de esas citaciones. Estimó que podrían generar una "eventual afectación a la garantía judicial de no ser obligado a declarar contra sí mismo", y que podrían suponer "el arrogamiento de facultades privativas del Poder Judicial de la Nación, en franca conculcación de los principios de legalidad y juez natural".
De media, el sueldo del sector público supera en un 9% al resto de actividades económicas. Dentro de la Unión Europea, solo Chipre y Luxemburgo superan a España
El funcionario Jaime Avendaño confesó que, en lo corrido del año, no ha recibido ningún tipo de amenazas contra su vida
El Congreso dejó de ser un mero obstáculo para Javier Milei y se convirtió en un verdadero campo de batalla. En los últimos meses, no solo le impuso tres leyes que el oficialismo Presidente intentó frenar: también creó comisiones investigadoras que avanzan sobre su círculo más cercano y promovió interpelaciones a funcionarios clave, incluida Karina Milei, su hermana y confidente en la Casa Rosada. El miércoles próximo, incluso, podría avanzar contra José Luis Espert y desplazarlo de la estratétiga Comisión de Presupuesto. Lo que en otro contexto hubieran sido maniobras extremas, hoy son parte del repertorio habitual de la oposición frente a un gobierno que eligió no negociar. Milei lo dejó claro desde su asunción, cuando dio la espalda a la Asamblea Legislativa para hablarle directamente a la gente en la calle. Aquella señal de intransigencia hoy se le vuelve en contra: perdió aliados, sufrió traspiés políticos y judiciales, y hoy enfrenta a un Congreso que exige explicaciones y no está dispuesto a dejarse pisotear. El caso $LIBRA se convirtió en el frente más delicado para el oficialismo. La comisión investigadora intenta establecer hasta dónde llegó el involucramiento del Presidente en la promoción de la criptomoneda, hoy bajo sospecha de haber sido el vehículo de una estafa millonaria. Para avanzar, citó a dos funcionarios clave que terminaron en rebeldía: Florencia Zicavo, jefa de Gabinete de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia y responsable de la Unidad de Tareas de Investigación creada por el propio Gobierno tras el polémico tuit presidencial; y Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, organismo que debería auditar las irregularidades del Ejecutivo. Ninguno aceptó declarar; Melik fue más lejos e incluso rechazó recibir la notificación oficial. Ante ese bloqueo, el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi autorización para que ambos sean citados con auxilio de la fuerza pública. Si el magistrado accede, deberán comparecer el martes próximo en Diputados bajo la amenaza de ser escoltados por fuerzas federales.El paso siguiente apunta todavía más alto: Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia tenía plazo hasta el 30 de septiembre para fijar fecha de comparecencia, pero guardó silencio. Ferraro intentó contactarse con su secretaria privada en la Casa Rosada, sin éxito. La advertencia de la oposición llegó de la mano del diputado Oscar Agost Carreño: "Vamos a usar todas las herramientas que el reglamento nos da para que se rindan cuentas". Si la indiferencia de la funcionaria persiste, tampoco se descarta pedir al juez que la obligue a declarar.Cumpliendo con lo encomendado por la Comisión Investigadora $LIBRA, y ante el incumplimiento de la Secretaría General de la Presidencia a dos citaciones para brindar declaración testimonial, en mi carácter de Presidente de la Comisión intenté hoy comunicarme con su Secretaríaâ?¦ pic.twitter.com/CFHnm6h03r— maxi ferraro ð???ï¸? (@maxiferraro) October 2, 2025Mientras tanto, las pesquisas legislativas avanzan y empiezan a rodear al entorno más próximo del Presidente. La semana pasada surgió un nombre clave: Mauricio Novelli, empresario señalado como el nexo entre los creadores de $LIBRA â??el norteamericano Hayden Davis (Kelsier Ventures) y el singapurense Julian Peh (Kip Protocol)â?? y los hermanos Milei. Los registros muestran que una billetera virtual a su nombre recibió US$180.000 desde Singapur. También quedó registrado manipulando cajas de seguridad apenas diez días antes del tuit de Milei, y su madre y su hermana repitieron operaciones similares el primer día hábil tras ese anuncio. La comisión ya libró oficios a 18 exchanges y billeteras virtuales, y nadie descarta que surjan más nombres y movimientos financieros vinculados al lanzamiento de la "meme coin".ð??? En la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $Libra dejamos algo claro: no queremos que la Secretaría General de la Presidencia termine siendo buscada por la fuerza pública. Lo único que pedimos son explicaciones.Vamos a usar todas las herramientas que el reglamentoâ?¦ pic.twitter.com/begNjIfZez— Oscar Agost Carreño (@oagost) October 2, 2025Pero $LIBRA no es la única sombra. El Congreso también baraja pedirle explicaciones a Karina Milei por los audios del exdirector de la Andis, Diego Spagnolo, en los que la menciona como beneficiaria final de un presunto esquema de coimas montado en el organismo de discapacidad, supuestamente coordinado por su hombre de confianza, Eduardo "Lule" Menem.En paralelo, el Gobierno promulgó la emergencia en discapacidad pero suspendió su aplicación, alegando falta de financiamiento (pese a que desde hace dos años el Gobierno se maneja sin un presupuesto aprobado), lo que dejó en la cuerda floja al ministro de Salud, Mario Lugones, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La oposición ya motoriza interpelaciones y hasta una moción de censura contra Francos si no reasigna partidas a la Andis.El frente sanitario también amenaza. A Lugones le exigen explicaciones por las 124 muertes vinculadas al fentanilo adulterado, una tragedia que involucra a la Anmat, organismo bajo su órbita y responsable de garantizar el control y la trazabilidad de medicamentos.Con comisiones activas, citaciones en puerta y la amenaza de la fuerza pública, el Congreso arrincona a un oficialismo frágil y tensiona al máximo los márgenes de poder presidencial.
La reciente estrategia institucional revela la gravedad de los desafíos en materia de seguridad y justicia dentro del sistema carcelario
Los integrantes de este grupo suelen tener entre 45 y 64 años
El reciente caso expone la fragilidad institucional y los desafíos para proteger la confidencialidad de las investigaciones judiciales en la región Caribe
RÍO GALLEGOS.- El control de la justicia fue una de las obsesiones de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. El ejemplo más vívido lo representa Eduardo Sosa, el procurador general de justicia de Santa Cruz que fue arrancado de su cargo en 1995, en la génesis del disciplinamiento del poder judicial que extendería el kirchnerismo en su historia.Treinta años después, Eduardo Sosa está muy cerca de volver al cargo en medio del tembladeral que sacude al poder judicial de la provincia.El gobernador Claudio Vidal envió a la Legislatura un proyecto para restaurar el cargo de Procurador General de Justicia disuelto por una ley impulsada por Néstor y Cristina Kirchner. En paralelo, la Legislatura busca renovar el Tribunal Superior de Justicia, que había sido copado por el kirchnerismo.Sosa representa una historia de tres décadas de perseverancia, a la espera de una reivindicación."Esta iniciativa es simbólica e institucional, porque repara un agravio constitucional, la reparación personal es la que menos importa", afirma Sosa a LA NACION, sin perder el tono moderado de sus palabras.¿Aceptará asumir?: "En este estado de convulsión que está viviendo el poder judicial, si yo puedo aportar algo constructivo, lo haré", asegura.Sosa ejerció funciones al frente de la Procuradoría General de Justicia entre 1990 y 1995, cuando una reforma judicial -promovida por Néstor Kirchner con el aval de los diputados justicialistas encabezados por Cristina Kirchner,- desdobló el cargo en dos para dejar afuera a sosa. Sin poder controlarlo, el procurador era un obstáculo para la construcción de poder de Kirchner.El abogado llevó su causa hasta la Corte Suprema, que ordenó en numerosas oportunidades la reposición en su cargo, pero el Gobierno de Santa Cruz nunca acató el fallo. La provincia desobedeció un fallo de la Corte Suprema y se puso fuera de la legalidad. La Corte Suprema hizo responsable al entonces gobernador Daniel Peralta. Se lo intimó para que cumpla la disposición en un plazo inferior a los 30 días. No lo hizo. Los Kirchner no dieron el brazo a torcer. A Peralta, la Justicia le inició una causa y terminó con una condena. Peralta es actualmente miembro de la Legislatura de Santa Cruz, se alejó del kirchnerismo, tiene bloque propio y su voto puede ser decisivo. El 14 de septiembre de 2010, la Corte Suprema volvió a ordenar al gobernador a que reponga a Sosa.Para Kirchner, el caso se había transformado en algo personal. En un desafío a la justicia, encabezó un acto en el gimnasio del Boxing Club de Río Gallegos para oponerse a la orden de la Corte Suprema y retrucaba que se promovía una intervención federal. Nunca ocurrió.Allí, Kirchner, subió al escenario a 14 gobernadores peronistas que viajaron hasta la capital santacruceña: fue el 9 de octubre de 2010, el último acto multitudinario antes de su muerte. La provincia nunca cumplió la orden de la Corte Suprema y el kirchnerismo siguió firme en el poder provincial hasta 2023.Un pedido de disculpasEn estos treinta años, Sosa continúo con su vida, mientras seguía los avatares de la causa y ejercía la abogacía de manera privada.Nunca perdió la moderación en sus declaraciones, a pesar de los fallos a su favor y la negativa del poder político a reparar la injusticia. Siempre apostó al camino institucional. Del proyecto para restituirlo se enteró por los diarios, pero hubo un gesto del actual gobernador que lo puso sobre aviso. Unos días antes que asumiera en el cargo, el entonces gobernador electo, lo contactó para una reunión y le pidió disculpas, en nombre del pasado. "El me manifestó su voluntad de reparar las deficiencias y me pidió disculpas en nombre del cargo que iba a asumir, por el daño que me habían hecho; yo le dije que, en caso que se produjera una vacante en el cargo del que me habían expulsado, yo aceptaría para participar de esta reparación institucional", detalló Sosa. Esas disculpas quedaron asentadas en los fundamentos del proyecto presentado el viernes y que se tratará este lunes: "El atropello institucional contra la figura del Procurador General, iniciado con la Ley 2404 que dispuso el cese de funciones del doctor Sosa, al desdoblar su competencia, no podía ser reparado con una mera indemnización, sino que requería el restablecimiento del orden institucional afectado", sostiene. Y agrega: "Este proyecto de ley subsana el vicio de origen que causó el perjuicio al doctor Sosa y al rol institucional de la Procuración, dotando a este cargo de la autoridad y estabilidad necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial". La sesiónEl lunes se realizará la sesión extraordinaria.En la Legislatura, Vidal tiene mayoría ajustada, pero para la aprobación necesita contar con dos tercios de los presentes.Según las últimas votaciones, le faltaría solo uno para alcanzar los 16 votos necesarios, si es que los 24 diputados se sientan a sesionar. La moneda de una reparación histórica, treinta años después, vuelve a estar en el aire.
El organismo busca esclarecer el posible nexo entre la Presidencia y Juan Camilo Villalobos, señalado como uno de los convocantes del "hostigamiento"
El crimen, ocurrido en la vereda El Descanso, en el corregimiento de Potrerito, es investigado por las autoridades, que señalan al grupo armado ilegal como responsable del hecho
El incidente, ocurrido cerca de la prisión, en Bogotá, fue perpetrado por sicarios en dos motos que dispararon contra los guardias en cuando salían del turno
La trayectoria del exfuncionario evidencia cómo, pese a episodios controvertidos y procesos abiertos, logró mantenerse en cargos de confianza en distintas entidades públicas
El vocero presidencial dijo que los funcionarios públicas están "obligados a ser absolutamente transparentes en todo"."Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando", reconoció.
La Procuraduría abrió indagación preliminar para establecer si servidores de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas habrían apoyado campañas presidenciales
Estuvo a cargo de la subsecretaría de Política Criminal y trabajó en la implementación del sistema acusatorio en la Ciudad de Buenos Aires, prevista para noviembre
El organismo de control busca investigar a funcionarios de la Dirección de Hidrocarburos de la cartera. Presuntamente, se estaría apoyando al precandidato presidencial Daniel Quintero
El ministro de Justicia presentó al proyecto junto a la comisión redactora.Los integrantes de los tres poderes que sean condenados podrían afrontar penas de hasta 15 años de cárcel.
Por la hidrovía Paraná-Paraguay circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, principalmente granos, harinas y aceites, lo que la convierte en la mayor "autopista fluvial" del país. Su rol estratégico quedó en el centro del debate sobre infraestructura, donde empresarios y funcionarios advirtieron que el atraso en el dragado y la falta de modernización amenazan la competitividad de la producción nacional en los mercados internacionales. Así se planteó en el Agribusiness Forum 2025 de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), que se realizó este jueves."Verdadero riesgo": Trump hablará con Xi Jinping de la soja y se enciende una alarma en la ArgentinaEl presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, advirtió que el atraso en obras estratégicas de logística encarece costos y resta acceso a mercados, mientras que funcionarios nacionales anticiparon licitaciones y planes de inversión a largo plazo."Para llegar a los puertos necesitamos infraestructura, en ese sentido rutas, rutas que hoy tienen muchas dificultades; necesitamos ampliarlas, mejorarlas. Necesitamos recuperar fuertemente el transporte ferroviario. Hoy, de un total de 100 millones de toneladas de granos aproximadamente â??de acuerdo a los reportes de las bolsasâ?? estamos en 15 millones de toneladas transportadas por tren. El transporte ferroviario es el más eficiente en materia económica: reduce sustancialmente los costos. Estamos hablando de darle al productor entre 10 y 15 dólares, de acuerdo a los distintos estudios que se tienen a nivel local e internacional. Eso puede transformar a un productor de Salta, por ejemplo, en competitivo, para que logre intensificar su producción, usar más tecnología, producir más, diversificarse y, por supuesto, llegar a nuestros puertos, particularmente de la gran zona de Rosario", subrayó. Resaltó que con el Gobierno se ha lanzado una estrategia muy amplia para avanzar en privatizaciones y licitaciones. Otro tema de gran interés, dijo, es la única autopista de conexión que tiene la Argentina con el mundo, que no es Ezeiza, sino la vía navegable troncal, comúnmente conocida como la hidrovía. "Hoy tenemos una hidrovía que hace 15 años estaba muy bien, pero hoy quedó chica, con bajo dragado. Es como si tuviéramos un acceso norte donde fuera mano y contramano: estaba bien hace 30 años, pero la Argentina hoy necesita diez manos. Eso es lo que necesitamos en los próximos años, y ahí está trabajando fuertemente el Gobierno", observó.En tanto, Luciano Masnú, director ejecutivo de Procesos y Privatizaciones de la Agencia de Transformación Empresas Públicas, confirmó que antes de fin de año se lanzará la licitación del Belgrano Cargas y la primera etapa de los corredores viales. "Dentro de ese marco está la privatización y la concesión. Estamos trabajando en el sistema ferroviario y en las rutas para los camiones. En la hidrovía queremos que estos procesos sean sólidos, que el resultado de los mismos permita una protección de largo plazo. La concesión de la red ferroviaria está pensada a 50 años, diseñada de tal forma que pueda invertirse con cuidado, que el Estado acompañe", sostuvo. Se van a concesionar las vías por un lado, se va a subastar el material rodante por otro. "Con el resultado de esa subasta, los recursos se destinarán a las obras necesarias para mejorar la infraestructura, que es el dilema actual. Hoy la baja densidad no permite inversión para sostener el sistema, y al no estar en condiciones tampoco atrae el volumen necesario para justificar esas inversiones. La idea es salir de esa trampa con este proceso de licitación", afirmó.Remarcó que la primera etapa, el Belgrano en San Martín, se lanza antes de fin de año: "Estamos trabajando para ello. También se están armando estructuras de financiamiento que permitan acelerar la inversión privada y blindar los procesos para que sean irreversibles. La meta es liberar el potencial del Belgrano con inversión y gestión privada. Los corredores viales tienen tres etapas. La uno prevé la apertura de ofertas el 8 de octubre. El financiamiento es clave: se trabaja con el BID y con bancos privados para la primera etapa. También hay apoyo de multilaterales. Estoy entusiasmado con el avance, con poder lanzar estos procesos y que sean exitosos", amplió y resaltó que las provincias también deben involucrarse.En esa línea, Gastón Benvenuto, interventor de la Administración General de Puertos S.A.U, recordó que la hidrovía es la principal autopista fluvial, por donde se transporta el 80% de las exportaciones de la Argentina, por lo cual tiene un rol estratégico para el Estado. "Hay que planificarla para los próximos 20 o 30 años. El Estado tomó la administración de la hidrovía en el 2000, con fuerte déficit y ecuación económica desequilibrada. Se diseñó un plan para recomponer la ecuación, bajar costos, lograr break-even operativo y pagar deudas a proveedores. En paralelo, se avanzó en un plan para volver a licitar la hidrovía a manos privadas, sin aval estatal y a riesgo empresario", agregó. Recordó que este año se iniciaron nuevamente mesas de diálogo interdisciplinario con todos los actores del sector y en distintas provincias para lograr consenso. "Se debatieron cuestiones centrales: tarifas, calado, secciones. Hoy en el Boletín Oficial se publicó la convocatoria a audiencia pública para el 3 de noviembre, donde todos los actores podrán participar y opinar sobre la licitación. La idea es tenerla en condiciones lo antes posible. Ese es el plan de gestión en la agencia respecto a la hidrovía", sintetizó. "El riesgo es dejar pasar este tren", cerró Idígoras, al remarcar que la inversión en transporte y dragado condiciona la capacidad de competir en los próximos 30 o 40 años.
La llegada de Benedetti al gabinete provocó la salida de varios ministros históricos y generó rechazo entre los funcionarios afines al proyecto político de Gustavo Petro
En un acto en el Club Social de Resistencia, el influencer libertario Iñaki Gutiérrez respaldó el rumbo del gobierno de Javier Milei y pidió "profundizar el cambio" de cara a las elecciones del 26 de octubre. Leer más
El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y generó indignación en redes sociales. La víctima fue agredida verbalmente con frases racistas y misóginas
Durante una ceremonia en Trujillo, el gobernador regional sufrió un incidente al romper una botella de champán, lo que provocó risas entre los asistentes. El evento marcó la entrega de maquinaria y kits de cocina a municipios y comedores populares
Además de la Secretaria de Presidencia, tampoco se hicieron presentes el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. Asimismo, faltaron los empresarios y promotores de la criptomoneda $Libra, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, participó del lanzamiento de la Campaña Gruesa en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Se refirió a la reunión con la Mesa de Enlace, el fin del esquema de retenciones cero y a la necesidad de obras de infraestructura para el sector.
Algunos pacientes se sumaron al reclamo luego de evidenciar múltiples demoras en la atención de la Nueva EPS
El politólogo y expresidente del Banco Provincia criticó al ministro de Economía Luis Caputo. Aseguró que "nunca pisó una fábrica" y "nunca habló de producción". El titular de la cartera económica le respondió. Leer más
Varios miembros del gabinete colombiano renuncian a sus permisos de entrada a territorio estadounidense en señal de respaldo al presidente, luego de que Washington revocara su visa por declaraciones en un acto propalestino
El ex presidente de ENARSA realizó la mayor propuesta económica entre los acusados políticos del expediente para ser sobreseído. De qué se lo acusa. ¿Ser amigo de Baratta fue su mayor pecado?
En las últimas horas, la tensión en el partido bonaerense de 9 de Julio escaló cuando un grupo de productores y vecinos de la localidad de Carlos María Naón protestó frente a la Municipalidad por el mal estado de los caminos rurales y la falta de infraestructura, agravado en los últimos meses por las lluvias que generaron inundaciones. La escena tuvo un punto de máxima tensión cuando el productor Pedro Marra increpó con dureza a un funcionario local."Vamos a poner las cosas sobre la mesa. No jueguen con la vida de los seres humanos", gritó Marra, con bronca y desesperación, mientras golpeaba con firmeza con su puño el escritorio frente a Cristian Poggi, encargado de espacios verdes del municipio. El video del momento rápidamente se viralizó en redes sociales.Hasta US$8000 millones: septiembre cerrará con un aluvión de dólares tras la medida del Gobierno por las retencionesLa protesta comenzó temprano en la mañana, cuando productores y habitantes de Naón se concentraron en la plaza de la localidad para reclamar respuestas a la intendenta María José Gentile. Desde hace tiempo, vienen pidiendo obras de infraestructura que garanticen la transitabilidad de la red vial, pero aseguran que no reciben soluciones.La bronca de un productor del municipio de 9 de Julio en contra de un funcionario por el estado de los caminos ruralesFue así que un grupo de vecinos decidió encender neumáticos en la puerta de la Municipalidad. La policía desplegó un operativo de prevención frente al edificio, aunque la protesta se mantuvo sin incidentes mayores."Cerró las puertas": está paralizada una de las principales algodonerasEl reclamo central es la falta de accesos seguros a la localidad. "Me jugaron y me llenaron el campo de agua. Los autoricé, pusimos plata, carajo, y ahora de qué nos disfrazamos", lanzó Marra en su discusión con Poggi.En su descargo, el productor recordó que había autorizado obras para desagotar otros campos, con la condición de que luego el municipio completara las tareas en el propio. Sin embargo, denunció que nada se hizo. "Hace un mes autoricé y me hice cargo de sacar el agua. Dije: vamos a limpiar el agua de arriba para abajo con la condición de que iban a sacar de mi campo. ¿Lo hacemos? Dale, vamos. Pero ustedes no hicieron nada", recriminó.El tono subió rápidamente. "Estás todo el día tomando mate, nadie da la cara. Váyanse a la mâ?¦ con todo respeto, se los digo. Andá, hijito, porque les quedó grande la intendencia. No podés estar donde estás, hijo de Dios. ¡Ya les quedó grande!", le dijo al funcionario.El contexto de las lluvias recientes agravó una situación estructural. Muchos caminos rurales se volvieron intransitables, lo que afecta tanto la salida de la producción como el acceso de los pobladores a servicios básicos.El presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enríquez, confirmó la magnitud del reclamo, aunque se desmarcó de la modalidad de protesta. "Hay una protesta de un grupo de vecinos de la localidad de Naón, hay transportistas, algunos productores y los vecinos de Naón, porque se quedaron sin caminos, sin acceso al pueblo directamente, y vinieron a protestar al municipio", explicó.Según relató, la convocatoria se amplió hacia productores y vecinos de otras localidades. "Convocaron a más productores y a vecinos de otra localidad, pero fueron muy pocos. Básicamente eran ellos", señaló Enríquez.El dirigente confirmó también los momentos de tensión vividos frente al edificio municipal. "Prendieron con las gomas la puerta de la municipalidad. Se dirigieron mal, a los gritos y golpeando el escritorio. O sea, momento de enojo de la gente. Pero nosotros no participamos de esa forma en este tipo de situaciones", remarcó.Pese a la cautela de la Sociedad Rural, en la zona hay malestar por la situación de los caminos y las inundaciones. La falta de inversión en infraestructura vial es un reclamo histórico de los productores que consideran que la situación se agrava cada vez que hay exceso de lluvias."No te vine nunca a molestar, nunca te vine a molestar, porque allá no me atendieron", le reprochó Marra a Poggi, en otro tramo del video que circuló masivamente.El trasfondo de este episodio conecta con una problemática más amplia en la provincia de Buenos Aires, según los productores: una deuda pendiente en infraestructura rural. La falta de mantenimiento de caminos complica el traslado de insumos, el acceso a la educación y la salud, y la logística productiva.Según pudo saber LA NACION, tras el incidente, la intendenta habría recibido en su oficina a Marra junto a otros vecinos, pero aún no se sabe nada del encuentro sobre el reclamo puntual de Naón.
El actual ministro de Minas y Energía de Colombia ya no tiene acceso al país norteamericano, dirigido por Donald Trump, tras la revocación del documento oficial, tanto diplomático como de turismo
Germán Ávila, titular de la cartera, confirmó a través de las redes sociales de la dependencia que renunció al documento de ingreso a territorio norteamericano, en solidaridad con el primer mandatario, al que le comunicó el Departamento de Estado que se quedaría sin el mismo
Los señalamientos fueron hechos por el gobierno de EU
El precandidato resaltó el buen trabajo de uno de los exdirectores del DNP, que habría podido cambiar el rumbo político del país si el primer mandatario le hubiera permitido continuar en el cargo
El director territorial Caribe de la SAE Jaime Avendaño presentó una denuncia pública en contra de Sandra Rivero y Jorge Molina, y dijo que "espera con ansias" que estas dos personas interpongan una acción judicia
SANTA FE.- Desde el gobierno santafecino, lo sucedido con las retenciones, cuya suspensión del cobro duró solo tres días porque los exportadores llegaron al límite del cupo de US$7000 millones, revela que "el gobierno nacional solo ve una caja" ya que "no mira al campo más que para sacar plata, para sostener una especulación financiera. Es campo o joda (sic); eligieron la joda", fue la fuerte crítica que lanzó este viernes el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini.En diálogo con LA NACION, el funcionario explicó que "antes se repartía la plata del campo en planes sociales y subsidios para todos. Ahora en sostener la especulación y la fuga. Pero parece como que no se piensa las retenciones cero en serio", subrayó.Retenciones cero: tras el escándalo, diputados de la Coalición Cívica hicieron un pedido de informes a CaputoPuccini indicó que el final del cupo de US$7000 millones que estableció el Gobierno como barrera para mantener en cero las retenciones demuestran que "claramente era una necesidad de caja" de la administración Milei, "con lo cual fue una medida más para sostener el tipo de cambio"."Nada tuvo que ver con un estímulo a la producción", aseveró el funcionario del gabinete de Maximiliano Pullaro.Recordó que fue él "quien tituló a esto como un 'Hot Sale al estilo K'. Diría, uno de los pocos que se animó de entrada (a decir) que esto no sería positivo para el productor agropecuario. Las 72 horas lo confirmaron", insistió.Puccini añadió que "los productores no pudieron en 3 días liquidar sus granos para obtener un beneficio de retención 0. Estamos hablando de 1500 millones de dólares que podría haber impactado en la producción y creo que se perdió otra oportunidad de generar un verdadero cambio con el manejo de las retenciones".El ministro santafecino apuntó: "Es una herramienta más cerca de un manoseo al hombre que trabaja el campo que una medida productiva, previsible y duradera que apuntale al campo y la producción".Por su parte, Ricardo Argenti, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe (SRSF), consideró que la decisión del Gobierno nacional dejó una "sensación agridulce" en el sector agropecuario."Derrame" limitado: un informe alerta que la suspensión de las retenciones no les alcanzó a los productores"El beneficio fue aprovechado casi exclusivamente por las grandes exportadoras y la mayoría de los productores quedaron afuera. El productor la vio pasar", aseguró.En este contexto, desde Coninagro señalaron: "Desde Coninagro observamos con espíritu reflexivo la reciente medida que permitió, por un breve lapso, liquidar cereales y oleaginosas sin retenciones. Si bien la iniciativa fue recibida con expectativas, en la práctica dejó en el productor una sensación amarga. Celebramos el camino iniciado por el gobierno en la eliminación gradual y permanente de la alícuota, y en la convicción de que se plantee la necesidad de revisar este tributo distorsivo. Valoramos el gesto de avanzar en esa dirección. Sin embargo, entendemos que la medida transitoria no alcanzó a derramar sobre el primer eslabón de la cadena, el productor agropecuario, que es, además, quien más riesgo asume".
El incidente, grabado y viralizado en redes sociales, pone otra vez en evidencia actitudes de racismo y misoginia en el Perú
El secretario de Finanzas Pablo Quirno habló ante ejecutivos del sector financiero.Aseguró que continuará el respaldo del Fondo Monetario, el Banco Mundial y otros organismos internacionales.