Hace diez años, el fiscal federal José Luis Bruno había pedido "amurallar la frontera caliente" entre Salta y Bolivia como paliativo para intentar frenar el contrabando de drogas y la trata de personas. Pero ocultaba un secreto. En las últimas horas, para evitar ir a prisión, en un acuerdo de juicio abreviado reconoció que benefició a capos narcos durante su gestión en Orán.Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Ahora, el acuerdo de juicio abreviado por el que Bruno recibiría una pena de tres años de prisión en suspenso, debe ser homologado por un tribunal."Con la firma del acuerdo de juicio abreviado, Bruno presentó su renuncia como fiscal", dijeron las fuentes consultas. Bruno, de 67 años, estaba a cargo de la Fiscalía Federal de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, con jurisdicción en la "puerta de entrada de los grandes cargamentos de cocaína", una zona caliente del tráfico de drogas y del contrabando en general. Había sido suspendido a mediado de 2024.El ahora exfiscal llegó a la etapa de juicio acusado de delitos como prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según el expediente judicial en el que intervinieron Eduardo Villalba, fiscal coordinador del Distrito Salta; Carlos Amad, fiscal general a cargo del Área de Transición, y Diego Iglesias, fiscal federal que conduce la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).En la audiencia donde se firmó el acuerdo de juicio abreviado, los acusadores públicos le preguntaron al imputado si había prestado atención y comprendido con "claridad el relato de los hechos que surgen del requerimiento de elevación a a la etapa de debate" y por el que en definitiva se requerirá imposición de pena. Bruno respondió afirmativamente."El imputado dijo que entendía y reconocía todo lo informado. Brindó su libre consentimiento para la celebración del acuerdo de juicio abreviado. De esta manera renunció al derecho ser juzgado en un amplio debate oral y público", dijeron fuentes judiciales al tanto de la audiencia.Bruno fue acusado, entre otras cuestiones, de "consentir diferentes beneficios procesales otorgados ilegítimamente a la organización narcocriminal liderada por René Antonio Arancibia [conocido por el apodo de Choco] por parte del exjuez federal Raúl Reynoso, quien presuntamente realizó dicha actividad a cambio del cobro de dádivas, que ascendían a 150.000 dólares", según se desprende del expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION.El pago de los 150.000 dólares, siempre según la causa judicial, habría sido pagado por Choco Arancibia, por medio de Barakat Barakat, un comerciante de origen sirio. El dinero habría sido recibido por Arsenio Gaona, cuñado del exjuez Reynoso.Barakat Barakat y Arancibia ya habían llegado a un acuerdo de juicio abreviado por el delito de cohecho.Como explicó el sitio de noticias sobre crimen organizado y narcotráfico Encripdata.com, "Arancibia admitió su responsabilidad penal como organizador y financista de una operación fallida de 93 kilos de cocaína desde Bolivia hacia y también como autor de cohecho activo, es decir, el pago de 150.000 mil dólares, según él, repartidos entre Reynoso y Bruno".Reynoso, de 67 años, fue uno de los jueces más poderosos del país. Durante una década tuvo a su cargo el Juzgado Federal de San Román de la Nueva Orán. En 2019 fue condenado a la pena de 13 años de cárcel como jefe de una asociación ilícita que cobraba dinero y obtenía bienes a cambio de favorecer a los narcos imputados en distintos expedientes judiciales.El año pasado, Reynoso volvió a ser condenado. En esa oportunidad la sentencia fue a cinco años de prisión por los delitos de cohecho pasivo, en concurso real con falsedad ideológica de documento público y concusión.Se trató de una investigación donde resultó beneficiado Delfín Castedo, conocido como el Patrón del Norte.Reynoso, según la Justicia, simuló haberle tomado declaración indagatoria a Castedo cuando tenía pedido de captura. En el Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán, que durante poco más de una década estuvo a su cargo, se presentó un "doble" del capo narco.También fue condenado Castedo a una pena de tres años de prisión, en calidad de coautor del delito de cohecho activo, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público en calidad de partícipe necesario.Reynoso también está imputado en la causa que derivó en la aceptación por parte de Bruno de una condena en juicio abreviado. A diferencia del ahora exfiscal federal de Orán, el magistrado que se mostraba como paladín de la lucha contra el narcotráfico habría decidido llegar a juicio para definir su suerte ante un tribunal.Inacción Según se explicó en el requerimiento de elevación a juicio de la causa contra Bruno, "la serie de actos procesales que aquí se imputan y que configuran graves omisiones funcionales, permiten vislumbrar la existencia de un direccionamiento en la instrucción del caso, fundamentalmente para justificar la libertad provisoria de Arancibia. Estas resoluciones de mérito, que aquí se imputan a los magistrados, ya sea por suscribirlas y/o consentirlas, resultan ilegales, habida cuenta la deliberada omisión de considerar la prueba de cargo agregada válidamente al expediente. Asimismo, también se observa la incorrecta aplicación de la ley penal, al considerarse al objeto procesal como un simple transporte de estupefacientes, y al jefe de la estructura narcocriminal como un mero partícipe secundario, cuando en verdad era protagonista de la maniobra". Y se agregó que "para ello se emplearon frases dogmáticas, sin sentido, y la formulación de mendaces consideraciones, con las cuales se torció la verdad, en franca contradicción con las pruebas de la causa, y a fin de otorgar beneficios procesales ilegítimos".Sobre Bruno, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron: "Tales beneficios procesales contaron con la inacción de Bruno, quien, como titular de la acción pública, no ejerció el debido control, ni la vía impugnativa correspondiente, habilitando de esta forma que una importante causa de narcotráfico quedara prácticamente desactivada, a la espera de la prescripción".Como se dijo, hace más de diez años, en octubre de 2015, Bruno había pedido amurallar la frontera con Bolivia, mensaje que tuvo fuerte repercusión pública y que posicionó al entonces fiscal como uno de los referentes de la lucha contra el narcotráfico."La zona permite hacer un muchos negocios ilegales. Solicitamos la construcción de un murallón que sirva para encauzar el caudal del río Bermejo y, de paso, sea un obstáculo más para los contrabandistas", agregó el fiscal federal.En la frontera no sólo hay tráficos de drogas, también hay contrabando de divisas y de personas", había dicho a LA NACION en su despacho de la Fiscalía Federal de Orán.En esos momentos no solo se hablaba de la cocaína que pasaba por la frontera desde Bolivia. El crimen organizado se había instalado con sicarios, tal como lo expusieron un triple homicidio en Acambuco y un doble homicidio en Tartagal, sobre la ruta 9."La droga va por todos. Los narcotraficantes utilizan todos los pasos no habilitados posibles", sostenía Bruno cuando estaba lejos de las acusaciones de beneficiar a narcotraficantes con su "inacción judicial". Ahora reconoció su responsabilidad penal. Los próximos pasos serán la clausura del expediente por parte del juez federal Julio Bavio y la homologación del acuerdo de juicio abreviado por parte de un tribunal.
Alejandro Carranza cuestionó el estado de varias denuncias y procesos que, según afirmó, no han avanzado en el ente acusador. También reiteró solicitudes relacionadas con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci
Operaciones millonarias en Indian Creek y Coconut Grove, protagonizadas por Jeff Bezos, Larry Page y Mark Zuckerberg, consolidan a la ciudad como epicentro de la migración patrimonial en Estados Unidos
Una empresa de espectáculos habría servido como fachada durante su paso por el país, por parte del capo que fue detenido la madrugada del viernes 13 de marzo de 2026 luego de un operativo que se desarrolló en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
La evaluación realizada por el organismo internacional sostiene que los compromisos de gasto y la rigidez presupuestaria podrían dificultar la consolidación fiscal durante la próxima administración y en el contexto de las elecciones
Los resultados positivos en las cuentas públicas emergen de la combinación entre ingresos extraordinarios y una gestión presupuestaria restrictiva en todas las áreas del Estado
Las diferencias entre provincias hacen que la misma estrategia financiera ocasione resultados tributarios desiguales para empresas con el mismo perfil
Un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana reveló que exenciones, deducciones y descuentos tributarios alcanzaron ese monto en 2023, una cifra equivalente al 8,7% del PIB que reaviva el debate sobre el impacto de estos alivios en las finanzas públicas
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, amenazó a la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, por implementar políticas de protección de la información de migrantes. Según la denuncia, el Departamento de Policía de la ciudad (TPD, por sus siglas en inglés) tiene prohibido compartir datos con las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que contradice los términos del acuerdo 287(g). En su mensaje, advirtió que "habrá consecuencias" si continúan estas medidas y sostuvo que la demócrata podría ser destituida.El fiscal general de Florida amenaza con destituir a la alcaldesa de Tampa por sus políticas de protección a migrantesA través de un mensaje en su cuenta de X, Uthmeier apuntó contra la alcaldesa de Tampa por sus supuestas acciones contra el ICE. "Castor está imponiendo políticas de santuario al TPD, lo que viola la ley de Florida. Estas medidas deben revertirse inmediatamente o habrá consecuencias", advirtió, junto con una imagen del documento judicial en el que se refiere al acuerdo 287(g).En la misiva enviada a Castor, Uthmeier escribió: "Las acciones del TPD que limitan las actividades de control de inmigración en las que participa establecen efectivamente una política de santuario".Específicamente, el departamento policial prohíbe a los oficiales compartir cierta información con las autoridades federales, especialmente sobre víctimas y testigos de delitos. La agencia local también impide a los efectivos llevar a cabo redadas de amplio alcance. Esto fue calificado por Uthmeier como "una restricción ambigua" a las operaciones del ICE.Según el fiscal general, el departamento apoya "ostensiblemente" las directrices de Castor porque "no quiere que los extranjeros indocumentados se preocupen por las consecuencias de inmigración al cooperar con las fuerzas de la ley". El objetivo del TPD es garantizar a las personas sin documentos que no enfrentarán detención ni deportación por denunciar un delito.Para concluir su mensaje, Uthmeier agregó: "Nosotros queremos que los indocumentados teman las consecuencias de la inmigración en la medida en que estén aquí ilegalmente". El fiscal general ordenó a la ciudad revertir las políticas antes del 31 de marzo. En caso de no hacerlo, advirtió que la alcaldesa podría ser destituida.Cómo respondió la alcaldesa de Tampa a la amenaza del fiscal general de FloridaAl recibir la carta, Castor emitió un comunicado en el que indicó que la ciudad de Tampa "revisará las preocupaciones planteadas y evaluará las directrices y procedimientos". Además, precisó que este proceso servirá para demostrar que su gestión hace "todo lo posible para apoyar la aplicación de la ley federal".En esa línea, la alcaldesa aseguró que Tampa, en lo que se refiere a su extensión, "es una de las ciudades más seguras en EE.UU.". Luego, planteó que su administración logró este resultado gracias a la construcción "una relación de confianza con la comunidad a través de la colaboración"."El Departamento de Policía de Tampa firmó el acuerdo 287(g) y desarrolló su política de control migratorio en consulta con agencias asociadas y asociaciones policiales para garantizar que todas las acciones relacionadas con la inmigración se lleven a cabo de conformidad con las leyes estatales y federales", concluyó, citada por WFLA.Qué es el acuerdo 287(g) y cómo permite al ICE actuar con policías locales en FloridaEl programa 287(g) del ICE permite al organismo delegar a los agentes del orden estatales y locales la autoridad para desempeñar labores específicas de funcionarios de inmigración bajo su dirección y supervisión.Desde el inicio del plan de deportaciones, Florida fue uno de los estados que más acuerdos firmó. Según el sitio web oficial de la entidad, la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del organismo opera cuatro modelos:Modelo de cumplimiento carcelario: diseñado para identificar y procesar a extranjeros sujetos a deportación â??con antecedentes penales o cargos criminales pendientesâ?? que son arrestados por agencias policiales estatales o locales.Modelo de grupo de trabajo: sirve como multiplicador de fuerza para que los oficiales apliquen la autoridad federal limitada con la supervisión del ICE durante sus tareas de rutina.Modelo de grupo de trabajo tribal: funciona como un apoyo para que los departamentos tribales utilicen la autoridad migratoria bajo la vigilancia del organismo según el Título 25 USC 2804.Modelo de oficial de servicio de órdenes judiciales: permite al ICE capacitar, certificar y autorizar a funcionarios del orden público estatales y locales para entregar y ejecutar órdenes administrativas contra personas extranjeras detenidas en establecimientos de su jurisdicción.
El intendente de Córdoba advirtió sobre el impacto de la crisis económica, la caída de la coparticipación y el cierre de pymes. Además, contrastó el relato nacional sobre los impuestos con datos locales que exponen la verdadera carga tributaria en el país. Leer más
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) eliminó el Impuesto de Sellos del 1,2% que se aplicaba sobre el financiamiento de consumos cancelados con tarjetas de crédito emitidas en el distrito.La exención elimina un sobrecosto importante para quienes recurren al pago mínimo o parcial de los tradicionales resúmenes de estos plásticos y se aplicará de forma automática, sin necesidad de realizar trámites.Por eso, reduce de manera directa el costo de este tipo de financiamiento de los saldos no cancelados, un mecanismo al que apelan muchas personas en épocas de bolsillos enflaquecidos como la actual, lo que en los hechos disminuye el monto total a pagar.La medida había sido aprobada por la Legislatura de la Ciudad, con el apoyo de distintos bloques, precisamente teniendo en cuenta un contexto económico "en el que muchas personas recurren a la financiación con tarjeta o enfrentan mayores dificultades para cumplir con los pagos en tiempo y forma".Al quedar exentas del impuesto, las financiaciones tendrán un costo menor, lo cual reduce el monto total a pagar. La decisión se complementa con otras medidas orientadas a generar mayor alivio fiscal, entre las que se destaca la exención del 100% del Impuesto de Sellos para la compra de una vivienda única y familiar."A partir de este año, se actualizó a $226.100.000 el valor máximo de la propiedad para acceder a este beneficio", explicaron desde la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) tras anunciar ambos beneficios.La iniciativa también fue destacada en redes por el jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri: "Nuestro orden fiscal nos permite hacer esto: eliminar impuestos y aliviar la carga impositiva de los porteños", sostuvo.Desde la administración porteña indican que ambas iniciativas fiscales buscan aliviar la situación de muchos hogares, frente a gastos fijos mensuales que se incrementan y ingresos que, en muchos casos, no acompañan ese ritmo de actualización.En este contexto, "el financiamiento de saldos con tarjeta se convirtió en una herramienta a la que habitualmente recurren quienes buscan cumplir con sus obligaciones". Al eliminar el impuesto, la Ciudad lo que busca es mejorar la capacidad de pago y reducir el endeudamiento asociado a los costos financieros, señalaron.
El pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que el escenario fiscal planteado por el Gobierno para 2026 es "poco creíble", al no existir claridad sobre los mecanismos para reducir el gasto
Se trata de Luis María Viaut, ex fiscal federal de San Francisco, Córdoba, condenado a cinco años de prisión por tráfico de influencias y exacciones ilegales agravadas. Leer más
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso del organismo recaudador y cerró la discusión judicial sobre la extinción de la acción penal contra el empresario y su socio por irregularidades en el frigorífico El Fuego y El Agua
Jaime Andrés Alba Nortes ya tenía una condena a 7 años por haber sido miembro de la banda que lideró el ex juez federal de Mendoza. Ahora se le sumó otra a 6 meses por haber dicho que "compré un fusil 308 para mandar a matar al fiscal Dante Vega".
Autoridades federales advierten que las obligaciones económicas continúan vigentes aun cuando una persona abandona el país, lo que puede derivar en sanciones administrativas, acumulación de intereses y acciones judiciales
La expresidenta resiste la entrega de su patrimonio para ejecutar la sentencia que la tiene presa por seis años.Mientras la Casación Federal analiza sus objeciones, Luciani pidió el decomiso de 141 inmuebles: 13 de sociedades de la familia Kirchner y 128 vinculadas a Báez.El TOF 2 pidió precisiones sobre esos bienes.
Las mejoras tecnológicas y nuevas herramientas para contribuyentes han contribuido a superar cifras de recaudación, según informó el superintendente Ovalle, quien subrayó el impacto positivo en el control y cumplimiento fiscal
El esquema de incentivos impulsó inversión y construcciones residenciales en varias ciudades. Un contraste con el escenario argentino, marcado por presión fiscal.
El titular de Justicia prevé impulsar un proceso sin precedentes para cubrir vacantes en la judicatura y el ministerio público, tras una histórica demanda de la Fiscalía General y con la aprobación inmediata de un real decreto del Gobierno
La jueza aplicó el principio de ley penal más benigna porque el monto de la operatoria fraudulenta era inferior al piso que fijó la nueva legislación
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena para uno de los abogados condenados en la causa contra el exjuez de Mendoza Walter Bento, por amenazas al fiscal Dante Vega que llevó adelante esa investigación. Según grabaciones que constan en la causa, el acusado dijo que había comprado un "fusil" para que mataran al funcionario que lo investigaba. Se trata de Jaime Andrés Alba Nortes.La amenaza tuvo lugar en una causa paralela al caso principal en donde el exjuez Bento fue condenado, en febrero pasado, a 18 años de prisión por liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a cambio de fallos favorables. En ese juicio también fue condenado el abogado Alba Nortes a siete años de prisión como organizador de la asociación ilícita que contactaba a narcos y contrabandistas que el juez investigaba. Y les pedía coimas a cambio de resoluciones favorables.Pero mientras tramitaba esa causa, un informante policial, Enzo Diego Stuto, se reunió con el abogado Alba Nortes, y el letrado le dijo que "había comprado un fusil 308 para mandar a matar al fiscal Dante Vega".Nueva causaLa declaración de Stuto ante el Tribunal Oral de Mendoza durante el juicio a Bento hizo que se abriera esta nueva causa por amenazas."Te lo cuento entre nosotros, lo hago matar al Vega", decía en uno de esos diálogos. "Che, entonces le digo, me podés sacar las esposas que se yo, y cuando me las sacaron, olvidate [...], soltaste al dogo (risas).... y lo mando y lo voy a mandar a saetear"; "lo voy a mandar a saetear, compré un fusil, setenta lucas, un trescientos ocho'; "compré para que lo maten [...], te lo juro por mis hijos", decía en otro audio.Por estos dichos, la jueza subrogante del Juzgado Federal N° 3, Susana Pravata, condenó a Alba -que cumplía arresto domiciliario- a seis meses de prisión en suspenso. En su indagatoria, el hombre afirmó que "era un comentario en una charla privada" y que sabía que su interlocutor era informante policial.Para la jueza Pravata no quedaron dudas de que existieron las amenazas contra el fiscal. La defensa apeló, pero la Sala I de Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena.La defensa presentó un recurso extraordinario que llegó en queja a la Corte Suprema. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la presentación por inadmisible y así quedó firme la condena.
El exministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque aseguró que la administración Petro aumentó el gasto público a niveles insostenibles
Por su parte, los representantes de CCOO y UGT han asegurado que por el momento no ven un impacto del conflicto en el empleo
La Policía Nacional también forma parte de la investigación, ya que se ofrecen nombres, DNI, número de teléfonos y direcciones de correos de muchos cargos de la judicatura y la fiscalía
Familiares de la joven denunciante cuestionaron la actuación de la PNP y la ausencia del Ministerio Público durante las primeras diligencias del caso
El centro de estudios de la Universidad Javeriana revisó las proyecciones fiscales del Gobierno y señaló interrogantes sobre la viabilidad del recorte del gasto, el crecimiento económico y la trayectoria de la deuda pública en los próximos años
Los libertarios con los aliados dominan la comisión de Acuerdos para dictaminar y tienen los votos para ganar en el recinto.Anticipan que enviarán los pliegos en tandas.
El órgano disciplinario concluyó que el fiscal incurrió en faltas éticas y vulneró disposiciones de la Ley de la Carrera Fiscal por intervenciones públicas realizadas en 2023
El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, pidió a la Justicia que lo sobresea porque dijo que no hay ningún delito ante la denuncia de apropiación de aportes y evasión y reclamó que en todo caso le apliquen de manera retroactiva la "ley de inocencia fiscal", promovida por el Gobierno.En su escrito de más de 100 páginas que acompañó con su abogado Marcelo Rocchetti ante el juez Diego Amarante, el dirigente del fútbol dijo que los plazos de pago estaban suspendidos por resoluciones del propio Gobierno, que no hubo intención de defraudar al Estado, y que la entidad ya canceló las deudas reclamadas.La ARCA denunció a las autoridades de la AFA por evasión y no pagar aportes previsionales por unos 19.000 millones de pesos y por eso Toviggino fue indagado hoy por el juez Diego Amarante.Toviggino rechazó las acusaciones y dijo que la conducta de la AFA no constituye ningún delito.La mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia, titular de la casa madre del fútbol argentino, pidió que le apliquen la la nueva "ley de Inocencia Fiscal" de manera retroactiva, por ser la ley penal más benigna.Esta norma prohíbe formular denuncias penales cuando el retraso en el pago obedece a diferencias de interpretación normativa o de criterios técnico-contables. Para el tesorero de la AFA, el conflicto con ARCA es "una mera controversia administrativa sobre cuándo correspondía depositar el dinero, no un fraude penal". "Es evidente que la causa penal se encuentra sustentada en una diferencia de criterio (ajuste) técnico entre el criterio del organismo recaudador y el del contribuyente. Mientras que el organismo pretende sostener que la retención es de ingreso inmediato, independientemente de las medidas de alivio fiscal. La contribuyente, genuinamente y basada en normas dictadas por la Administración, interpretó que la suspensión de las facultades de apremio y la prohibición de ejecutar deudas afectaban la exigibilidad temporal del tributo", dijo. Y mencionó que "esta discrepancia interpretativa sobre normas complejas y circulares administrativas es la situación a la que expresamente hace referencia el art. 19 de la Ley de Inocencia Fiscal recientemente sancionada y promulgada". Mencionó que los impuestos no estaban vencidos porque el plazo para pagar esas obligaciones no había expirado ya que normas de la ARCA y del Ministerio de Economía suspendieron la exigibilidad y ejecución de deudas para asociaciones civiles sin fines de lucro hasta el 31 de julio de 2026. Explicó que no hubo intención de evadir y, por lo tanto, no hay delito. Dijo que la AFA jamás ocultó sus deudas, solo que no depositó el dinero amparándose en las normas de alivio fiscal.Finalmente, dijo que la AFA canceló la totalidad de las obligaciones reclamadas por lo que pidió su sobreseimiento inmediato y definitivo.
Además se estableció que Karen, la mujer que habría muerto tras el exidente víal según el acusado, no tenía licencia de conducción ni conocimientos de esta habilidad
El Máximo Tribunal rechazó recursos extraordinarios y confirmó un fallo de la Cámara de Casación que ratificó penas de tres años de prisión en suspenso por asociación ilícita en el expediente por exportaciones simuladas
El líder del principal partido de la oposición urge al Ejecutivo a aplicar una reducción del IRPF, un recorte del IVA en productos energéticos y la eliminación del impuesto a la generación eléctrica para aliviar el impacto económico de la crisis internacional
Un informe del BCRA reveló que los argentinos mantienen cerca de u$s250.000 millones fuera del sistema financiero, el equivalente al 40% del PBI.
La sugerencia proveniente del organismo internacional llega tras un periodo prolongado de inflación baja, en el que se enfatizó la importancia de ajustar el régimen tributario y modificar la política aplicada por el ente emisor local
Disconforme con la marcha del expediente $LIBRA que investiga al presidente Javier Milei, el diputado y dirigente social, Juan Grabois, que representa como abogado a un grupo de damnificados en la causa, le envió este lunes una carta al procurador general interino Eduardo Casal, jefe de todos los fiscales, denunciando demoras en la producción de pruebas y solicitándole el armado de un equipo especial de investigadores para apuntalar la pesquisa. En su escrito, Grabois argumentó que el fiscal Eduardo Taiano -a quien cuestiona en el expediente- se encuentra con demasiado trabajo, por estar a cargo de la fiscalía especializada que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman y subrogar otras fiscalías. "El estado de la pesquisa [ por $LIBRA], así como la gran cantidad de notas periodísticas publicadas recientemente, las cuales informan sobre un presunto ocultamiento de pruebas a las partes de la causa, así como también de la dilación en la producción de aquellas, exponen palmariamente la necesidad de armar un equipo de fiscales", le dice Grabois a Casal, y cita como antecedente la designación de fiscal Ignacio Mahiques como fiscal colaborador en la causa conocida como Hotesur/Los Sauces, que investiga a la expresidenta Cristina Kirchner. "La demora en la investigación -transcurrido ya más de un año desde el inicio de la causa- y el retraso en la producción de medidas de pruebas urgentes, o la cooperación internacional de un expediente que ya tiene ramificaciones en Estados Unidos y en España expondrán a la República Argentina, y en particular a la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, a un deterioro de la credibilidad", sigue el texto.En paralelo, el equipo de abogados que trabaja junto al dirigente en la causa presentó un escrito en fiscalía advirtiendo sobre un presunto ocultamiento de parte de la prueba recabada, a raíz de información que dieron a conocer medios de comunicación, como el diario LA NACION. En particular, citan el caso del informe pericial de la DATIP, que es un análisis sobre el material extraído de teléfonos y dispositivos pertenecientes a dos de los protagonistas de la maniobra investigada, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.Denuncian una "asimetría" de acceso a la prueba entre el acusador público -Taiano- y ellos, que representan a tres querellantes, afectados por el colapso repentino del precio de la moneda digital, que previamente, con la promoción del presidente Milei en redes sociales, había experimentado una alza abrupta. Nueva informaciónA fines de febrero, LA NACION contó que expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron que el presidente Milei había mantenido conversaciones por WhatsApp e Instagram con Novelli y este último con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el creador del activo Hayden Davis. También que en uno de los dispositivos de Novelli se detectaron borradores del "acuerdo confidencial" que el presidente Milei y el estadounidense Hayden Mark Davis habrían firmado el 30 de enero de 2025. De esa y otra información los abogados se habrían enterado por la prensa.Los letrados Nicolás Rechanik, Camila Palacin Roitbarg y Yamil Castro Bianchi también critican que el fiscal haya consultado en la secretaría que dirige Karina Milei si existe copias del presunto acuerdo confidencial que habría firmado el presidente con Hayden Davis. "El pedido de información se encuentra dirigido a un órgano administrativo que depende jerárquicamente de una persona imputada en la causa", marcan, en referencia a la hermana del presidente, cuyo nombre está en la carátula del expediente.
Con experiencia en investigaciones de delitos complejos y en el análisis de flujos financieros ilícitos, su postulación busca reforzar el control estatal sobre operaciones sospechosas
En un informe advierten que el desbalance de las cuentas públicas alcanzó niveles que solo se habían visto en episodios excepcionales. El deterioro se explica por el aumento del gasto, mientras los ingresos se mantienen casi sin cambios
El episodio ocurrió el jueves pasado en el Palacio de Justicia de San Juan, al finalizar una audiencia por lesiones graves. Ahora se le sumó una imputación por daño agravado contra el Poder Judicial, con el fiscal Fernando Bonomo a cargo. Leer más
El Parlamento Europeo aprueba un plan para frenar la escalada de precios y la escasez de casas en la UE, con medidas que incluyen ayudas a la primera vivienda, control de los alquileres turísticos y más inversión en construcción
Axel Hernán Rojas (28) ya debía cumplir una condena de poco más de 11 años de prisión. Aunque ahora sumó una nueva causa en su contra, por "daño agravado".Un policía llegó a interponerse y lo redujo antes de que lograra concretar la agresión contra el fiscal José Plaza.
Un violento episodio se vivió en las últimas horas durante una audiencia en un juzgado de San Juan, cuando un preso intentó abalanzarse contra el fiscal. Si bien la agresión no pudo concretarse porque un oficial policial logró contener al reo, el violento hombre le dio un puñetazo a una pantalla que había en la sala y la rompió.El suceso tuvo lugar el jueves 5 de marzo, cuando Axel Hernán Rojas, de 28 años, fue trasladado a una sala judicial para ser acusado formalmente del delito de lesiones graves tras quebrarle con un palo un dedo a un guardiacárcel del penal de Chimbas, donde se encuentra alojado.Escándalo en una audiencia judicial en San Juan: un preso intentó atacar a un fiscalDurante la audiencia, el magistrado de turno le dio la posibilidad de declarar o guardar silencio. Rojas tomó la palabra y reconoció que había atacado al efectivo carcelario, aunque sostuvo que el hecho habría estado relacionado con un supuesto incumplimiento de un acuerdo dentro del penal. El medio local Diario 13 San Juan indicó que el interno afirmó que algunos penitenciarios harían acuerdos con los presos, donde les pedirían que les provoquen lesiones para justificar licencias médicas cubiertas por la ART, a cambio de permitir el ingreso de drogas al penal.Cuando la defensora oficial solicitó que Rojas fuera derivado al pabellón de sanidad dentro de la cárcel por tener problemas de adicción, el fiscal de la causa se opuso al pedido. Finalmente, el juez resolvió imputar a Rojas por lesiones graves.El escándalo sucedió cuando la audiencia terminaba. En el momento en que el policía que estaba al lado del preso se disponía a ponerle las esposas para trasladarlo, Rojas intentó arrojarse contra el fiscal, aunque el efectivo logró reducirlo rápidamente. El interno continuó forcejeando y, de un golpe, rompió un televisor de la sala, por lo que se le abrió un nuevo legajo por daños.De acuerdo con los medios locales, Rojas cuenta con varias causas penales y antecedentes de conflictos dentro del Penal de Chimbas. En agosto de 2025, por ejemplo, fue condenado por romper el celular que utilizan los internos para comunicarse con sus familiares.
Jean-Michel Bouvier declarará ante la unidad especial que continúa la investigación por el doble femicidio de su hija, Cassandre Bouvier, y su amiga, Houria Moumni. Volvió a denunciar irregularidades y dijo que ahora su objetivo es "identificar a todos los responsables". Leer más
El ministro de Justicia emitió un comunicado para iniciar el trámite para designar 200 jueces, 72 defensores y 65 fiscales.La información es un paso más para que Javier Milei decida sobre los pliegos presentados.
Mahiques informó este domingo a través de un comunicado difundido en redes sociales que comenzará el trámite para la cobertura de cargos en el Poder Judicial de jueces, fiscales y defensores
La extensa entrevista que el Ministro de Economía dio esta semana dejó dos mensajes claros: "No tenemos ninguna intención de salir al mercado internacional" y "todavía puede pasar que haya una elección con alternativas moderadas y eso lógicamente reduciría el ruido financiero".Si bien falta mucho, el riesgo de ballotage define una pared de vencimientos en 2027 que sigue escalando frente a un riesgo país que no termina de comprimir (567 puntos básicos en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente).Parados a hoy, sumando mercado y organismos e incluyendo Repos y Bopreales del BCRA, hay vencimientos en dólares por US$28.500 millones en 2027 que se suman a US$16.000 millones en lo que resta de 2026. A esto se agregan los vencimientos en pesos, concentrados en el corto plazo: US$66.000 millones en 2026 y US$29.000 millones en 2027.La deuda en pesos representa una tercera parte de la deuda neta de tenencias intra sector público. Sumando Tesoro y BCRA en pesos y dólares, volvió a niveles de arranque de la gestión: US$278.000 millones, 40% del PBI. Recordemos que en los últimos meses el Tesoro abandonó el punto Anker por el cual monetizaba parte de los intereses de la deuda en pesos no registrados en las cuentas fiscales. En lo que va del año actuó no sólo pagando con más deuda esos intereses, sino además "esterilizando" con más deuda la mayor parte de los pesos que emitió el BCRA al comprar dólares. Mercado local y dólares del colchónEn la lógica del ministro, el efecto crowding out (desplazamiento del crédito del sector privado al público) producto del financiamiento en el mercado local para cancelar deuda emitida en el exterior sería subsanado por la bancarización de los "dólares del colchón", en el marco de la ley de presunción de inocencia fiscal.Al igual que con el blanqueo de capitales de 2024, se busca que los dólares fuera del sistema (esta vez sin distinguir entre flujo o stock, dado que el nuevo blanqueo es permanente) se vuelquen a bancos y/o Alycs, pero que en esta segunda ronda financien no sólo al sector privado sino también al sector público.En 2024, cuando aparecieron los dólares del primer blanqueo, el ministro dijo explícitamente que eran para el sector privado. Parte de los conseguidos entonces vía ON y/o crédito bancario (US$16.000 millones) fueron vendidos en el MULC permitiendo que el BCRA vuelva a comprar dólares y enderezar el carry que se había empezado a desarmar en julio de 2024.El carry se extendió con esos dólares hasta febrero de 2025, cuando volvió a desarmarse frente a la expectativa de cambio de régimen en el acuerdo con el FMI, para recomponerse con los dólares del FMI y la decisión del BCRA de no comprar dólares. La remoción de los controles de capitales a las personas en el marco del acuerdo con el FMI y una demanda acumulada de US$32.000 millones desde abril de 2025 coordinó desde julio un apretón monetario para intentar sostener el dólar cuyos costos, aún con la inestimable ayuda de Bessent, todavía estamos pagando.Parados a hoy, después de que el sector privado (y algunas provincias) volviera a colocar ON por US$11.000 millones adicionales desde la elección de octubre (dólares que permitieron financiar el puente a la salida de la cosecha), el Tesoro armó un cronograma de emisión de bonos en dólares con cupones mensuales. Por ahora anunció hasta US$2000 millones con vencimiento inmediato después de la primera vuelta electoral de 2027 pagando una TIR de 5,89%, significativamente más baja al rendimiento de los bonos que flotan en el mercado. Lleva colocados US$250 millones de las "nuevas Letes", tras recibir sobreofertas en la primera vuelta.Un equilibrio que tensionaA diferencia del ala política que decidió revivir "el riesgo kuka" después de la contundente victoria electoral y de los "triunfos" conseguidos en el Congreso (Presupuesto, Modernización Laboral, Inocencia Fiscal, Ley Penal Juvenil y Ley de Glaciares), el ministro reconoce lo evidente: más allá del compromiso con el superávit fiscal, el pago de la deuda y un Banco Central que volvió a tener como objetivo comprar dólares (van US$2900 millones desde enero), las dificultades para recrear el crédito persisten.Recordemos que en las últimas dos elecciones presidenciales la oposición con chances de ganar jugó avisando que era impagable la deuda contraída por el gobierno anterior: la de dólares en 2019 y la de pesos en 2023. Incluso el actual presidente, entonces candidato que había ganado las PASO, llegó a recomendar "no renovar plazos fijos porque el peso era excremento".Parados a hoy, cuando todavía falta "una eternidad" para la elección de 2027, el Gobierno necesita recordar los riesgos de volver al pasado para mantener alta la moral frente a los elevados costos de transición que enfrenta el programa. Pero al mismo tiempo, necesita alargar el horizonte político y económico para descomprimir el programa financiero.Todo esto en medio de una cruzada para transformar la estructura económica, política y social argentina abriendo agresivamente una economía muy cerrada que opera con un equilibrio dólar-tasa que sigue priorizando la desinflación por sobre la actividad. Esto en un contexto donde el impacto de la IA sobre la productividad y los excedentes exportables de China están generando una reacción contraria en buena parte de las economías. Y cuando todavía los beneficios del RIGI en actividad, empleo e ingresos son limitados, además de concentrados geográficamente.A diferencia de 2024 (y del arrastre estadístico que dejó para 2025), cuando el crédito al sector privado compensó una masa de ingresos estancada, hoy no parece traccionar. Todavía las entidades financieras están digiriendo el aumento en la mora coordinado por el enorme apretón monetario preelectoral. Recién en los últimos diez días la coordinación entre el Tesoro y el BCRA pareciera procurar bajar los niveles y la volatilidad de las tasas más cortas, en un contexto donde la inflación todavía se mantiene cerca del 3% mensual.En el interín, la política económica va por el marginal: amplios beneficios fiscales para lo nuevo (RIGI, Mini RIGI e incentivos para contratar nuevos trabajadores con reducción de contribuciones) mientras las mejoras para lo viejo se manejan con cuentagotas en un contexto donde la infraestructura no ayuda. En el medio, una erosión de los recursos fiscales que se acrecienta con la reforma laboral y la necesidad de seguir achicando el gasto (y vender activos) para asegurar el equilibrio fiscal.Como en las cruzadas, el objetivo final organiza la marcha y le da sentido a la epopeya. Pero aquellas expediciones también recuerdan que las grandes cruzadas rara vez terminan como fueron imaginadas al inicio y que su desenlace suele definirse en las decisiones tácticas tomadas en el camino y, fundamentalmente, en la capacidad de administrar sus costos.
La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, le tomó juramento al Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción del MPA, Mauricio Clavero. "Elijo estar acá porque quiero estar acá", afirmó y agregó: "Vengo a trabajar por todos los vecinos del sur provincial. Trabajaremos por y para las víctimas, tal como lo establecen los lineamientos priorizados de Gestión de la Fiscal General". Vranicich por su parte expresó que "es un día que quedará en la memoria institucional del MPA ya que la jura de Mauricio Clavero fue la primera de un Fiscal Regional ante un Fiscal General en el marco del MPA extrapoder que estableció la nueva Constitución Provincial".
La investigación incluye a los directores de Fecundart y Nascentis, a un abogado y una empleada administrativa. La clave: la "captación" de mujeres que buscaban ingreso de dinero por su estado de vulnerabilidad, la mentira del espíritu "altruista" y un presunto negocio millonario montado sobre la necesidad de parejas que no pueden concebir a sus hijos. Leer más
La entidad informó que las evidencias quedaron bajo custodia del auditor y que serán extraídas mediante orden de Policía Judicial para avanzar en las investigaciones correspondientes
Una iniciativa fiscal impulsada por el senador demócrata Chris Van Hollen propone cambiar de raíz el esquema impositivo federal en Estados Unidos. La iniciativa, que será presentada formalmente en los próximos días, apunta a que aproximadamente la mitad de los trabajadores del país norteamericano deje de pagar el impuesto federal sobre la renta. La propuesta de Van Hollen para eliminar el impuesto federal a millones de trabajadoresDe acuerdo con un adelanto publicado por The Washington Post, la iniciativa establece que todos los trabajadores que perciban ingresos equivalentes o inferiores a un "salario digno" quedarían exentos del pago del impuesto federal sobre la renta. Ese umbral está fijado en 46.000 dólares anuales para contribuyentes individuales y en US$92.000 para matrimonios que presentan declaración conjunta.La definición de "salario digno" surge de un índice elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y, según el diseño del proyecto, se ajustaría automáticamente con la inflación. Es decir, el límite no quedaría congelado, sino que evolucionaría a medida que aumente el costo de vida.El impacto sería significativo. En la actualidad, alrededor de 37 millones de contribuyentes no pagan impuesto federal sobre la renta. Bajo la propuesta de Van Hollen, esa cifra escalaría hasta los 66 millones, según estimaciones de Steve Wamhoff, director de política tributaria federal del Institute on Taxation and Economic Policy, un centro de estudios de orientación progresista citado por The Washington Post. En términos prácticos, esto implicaría que casi la mitad de los trabajadores estadounidenses quedaría liberada de esa carga fiscal.Cómo impactaría el plan fiscal en la clase media de EE.UU.El proyecto no se limita a quienes están por debajo del umbral del "salario digno". En caso de concretarse, implicará reducciones impositivas para decenas de millones de trabajadores de clase media que, aunque seguirán pagando impuestos, verán disminuida su obligación tributaria.Siempre según el análisis difundido por The Washington Post, el plan reduciría los impuestos a cerca de 130 millones de personas en total. Un contribuyente soltero con ingresos de US$50.000 anuales podría obtener un alivio promedio de unos US$2800. En el caso de una familia tipo de cuatro integrantes con US$95.000, el ahorro rondaría los US$6000.Estos números buscan reforzar el mensaje político del senador de Maryland: que el Partido Demócrata debe presentarse como el defensor directo de los empleados que "sudan todos los días para llegar a fin de mes". En una entrevista citada por el periódico, Van Hollen sostuvo: "Este proyecto de ley, además de ser la política correcta, envía un mensaje muy fuerte de que estamos del lado de la gente trabajadora".Cómo se financiaría el plan fiscal de Van HollenEl costo del alivio fiscal no sería menor. Para compensar la pérdida de recaudación, la propuesta contempla la creación de un nuevo recargo para los contribuyentes millonarios. Ese suplemento impositivo se aplicaría sobre los ingresos más altos y, según las estimaciones, permitiría recaudar aproximadamente US$1,5 billones en la próxima década.El esquema establece un adicional del 5% para ganancias superiores al millón de dólares, del 10% para quienes superen los dos millones y del 12% para ingresos por encima de los cinco millones de dólares. El laboratorio presupuestario de Yale (Yale Budget Lab) calculó que este recargo alcanzaría a unos 615 mil contribuyentes.A diferencia del impuesto a la riqueza propuesto por otros sectores del ala progresista, el diseño de Van Hollen grava ingresos y no patrimonio acumulado. Esto, según los especialistas, podría reducir el riesgo de enfrentar impugnaciones constitucionales, un debate recurrente en torno a la legalidad de un tributo nacional sobre la riqueza.
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El representante del Ministerio Público cuestionó que el rechazo a fijar fecha de debate fuera firmado únicamente por el presidente del cuerpo, José Michilini. Y sostuvo que el inicio de las audiencias no depende de la finalización de los peritajes pendientes
ARCA ha ampliado los controles sobre operaciones registradas en plataformas digitales, incrementando las notificaciones a contribuyentes que presentan inconsistencias entre sus declaraciones tributarias
La exfiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche ha sido repuesta en su cargo luego de cuatro años y tres meses de lucha en los que, además, fue privada de su sueldo. La procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos recuperó oficialmente su sitial en un acto en el que participaron procuradores y fiscales. Su resistencia condujo a que por primera vez una persona expulsada por un tribunal pudiera ser restituida en su cargo, en una medida cuyo valor ejemplificador merece destacarse.Había sido esta valiente fiscal quien inició el expediente conocido como "Contratos Truchos" de la Legislatura provincial y condujo, en 2022, a una condena de ocho años de prisión al exgobernador Sergio Urribarri por su participación en cinco causas vinculadas al desvío de fondos públicos. Estuvo acusada de no excusarse porque su marido era amigo de uno de los imputados, aunque ella declaró que investigó con independencia y que entendió que su apartamiento habría generado "un perjuicio a la investigación". El desprestigio y una carrera interrumpida por inadmisibles argumentos fueron el precio a pagar por investigar causas de alto voltaje político que involucraron millones de pesos.En noviembre de 2021 un polémico Jurado de Enjuiciamiento, con el apoyo del entonces gobernador Gustavo Bordet, en connivencia con Urribarri, inició el proceso que condujo a la destitución de Cecilia Goyeneche seis meses después. Esta medida acaba de ser anulada por el Superior Tribunal de Justicia Entrerriano, que calificó de viciada la conformación del órgano, afectando el debido proceso. El quiebre lo había impuesto el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando anuló las actuaciones en diciembre 2024 tras detectar "gravísimos vicios" en la conformación de los órganos juzgador y acusador. El mensaje disciplinador que el poder político provincial había intentado imponer al Poder Judicial perdía así su sustento.Tanto el Colegio de Abogacía de Entre Ríos como la ONG Será Justicia, entre otras organizaciones, alzaron oportunamente sus voces en defensa de Goyeneche. Desde la Asociación Argentina de Fiscales se habló de un "vuelto de la corrupción y de la mafia política motivado por el impulso de causas contra el poder político provincial". Marcelo Varona Quintian, su presidente, calificó de burda la destitución, tanto que provocó "miedo en el mundo judicial". La entidad había recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humano y a la relatoría de las Naciones Unidas en defensa de Goyeneche y de otros seis fiscales que investigaron la corrupción y que terminaron con sumarios. La reciente decisión judicial favorable a la fiscal, que incluye el cálculo y la liquidación de sus haberes retroactivos, debe ser celebrada. Investigar la corrupción demanda agallas y no debería haber en el país ni un solo fiscal amedrentado o cuya labor peligre por el accionar interesado de la política. "Cuando se investiga la corrupción, la soledad es enorme", había dicho Goyeneche respecto del sentimiento compartido con sus pares en demanda de independencia.El Ministerio Público Fiscal se ve revitalizado por una medida que ofrece no solo una reparación personal sino también institucional. Buscar la verdad es un acto de valentía que debe reconocerse y valorarse en una sociedad saqueada y asqueada por años de corrupción.
El fiscal ante la Casación Penal Mario Villar dictaminó que debe rechazarse el pedido de Cristina Kirchner para no decomisar los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia, y avanzar de inmediato con la ejecución de las propiedades, que son 19. El tironeó ocurre en el marco de la ejecución de la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple una pena a 6 años de prisión en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. El decomiso de los bienes es lo único que resta ejecutar de esa condena. Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron en un escrito ante la Cámara de Casación que los hijos de la expresidenta son ajenos al proceso que la condenó y que sus bienes tienen un origen lícito. El reclamo es más amplio y cuestiona todo el decomiso. Villar, cuyo dictamen antecede a la decisión del tribunal, remarcó que la condena de Vialidad ya quedó firme en junio del año pasado y que el decomiso ya estaba dispuesto como parte de la condena. Por lo tanto, lo que está en discusión ahora no es la existencia del decomiso, sino cómo ejecutarlo.También marcó que en las causas de corrupción no siempre es posible reconstruir el exacto recorrido de los fondos ilícitos y que por eso jueces pueden considerar incrementos patrimoniales vinculados temporalmente con la maniobra delictiva.Esto último es en respuesta a la queja de la expresidenta acerca del "modelo de decomiso ampliado" que puso en marcha el Tribunal Oral Federal N°2 que la condenó. En el escrito, sus abogados sostienen que no se realizó ninguna investigación patrimonial ni análisis de trazabilidad de fondos que demuestre que los bienes pertenecientes a los hijos de la expresidenta guarden alguna relación con el delito por que fue condenada.BienesEl listado de bienes que la expresidente busca poner a resguardo incluye 10 departamentos en Río Gallegos, dos inmuebles en la misma ciudad, y una serie de terrenos en Lago Argentino, en Santa Cruz, todas propiedades que fueron cedidas a sus hijos por Cristina o Néstor KirchnerLa expresidenta también cuestiona la actualización del monto a cubrir. En distintas presentaciones sotuvo que estuvo mal calculada y que no está firme. La Justicia fijo el decomiso de bienes actualizado en poco más de 684.000 millones de pesos."El decomiso ordenado no constituye una sanción autónoma ni una pena nueva, sino la consecuencia necesaria y legal de una condena penal firme", marcó Villar. "La resolución impugnada no modifica el contenido de la condena ni introduce nuevas obligaciones, sino que se limita a hacer operativa una consecuencia penal ya establecida", señaló el fiscal. La defensa de la expresidenta exige que se otorgue efecto suspensivo al recurso, frenando de inmediato cualquier intento de tasación, remate o inscripción de los bienes a favor de la Corte Suprema u otra entidad. La puja en torno al decomiso de bienes debe ser resuelta por los jueces de la Cámara Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Probablemente los magistrados se reúnan la semana próxima para definir la situación. El fiscal Diego Luciani y su colega Sergio Mola siguieron insistiendo para ejecutar los bienes, en línea con el planteo de Villar. En agosto pasado pidieron que esa medida se ejecute de manera inmediata, pero no tuvieron éxito. Además de los bienes de la expresidenta, solicitaron el decomiso de propiedades de Lázaro Báez, también condenado en el mismo expediente. Pidieron en total el decomiso de 141 inmuebles (13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez), 46 automotores, US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia y $53.280,24. Luciani solicitó además el decomiso de propiedades de Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Casas de Pinamar, ubicadas en Hélades 297, Troya 783, Poseidón 449 y Goleta Hércules 424.
Yndira Sandoval exigió acciones concretas y presupuesto suficiente para la protección de niñas y mujeres en el estado
"Detengan esta locura", gritó un vecino a los micrófonos de la prensa, que se encuentra trabajando en la puerta del complejo de departamentos, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, cuyo estacionamiento se derrumbó el martes. Según indicaron los damnificados a LN+, la empresa constructora se presentó este viernes a retirar los escombros sin autorización de la fiscalía a cargo de la investigación.Las familias afectadas por el hecho se concentraron horas después del mediodía para reclamar la actividad en zona del derrumbe. "A nosotros no nos dejan sacar nuestras pertenencias, pero le están dejando borrar las evidencias a la constructora", señaló un hombre, visiblemente conmovido por la situación.En ese marco, los denunciantes pidieron la presencia de la fiscal a cargo del caso en el lugar y del jefe de la Policía para evitar que los incidentes escalen.Incidentes en la puerta del complejo de Parque PatriciosEl hechoEl martes por la madrugada se desplegó un fuerte operativo en Parque Patricios luego de que se derrumbara parte de una estructura interna de un complejo de viviendas y cayera sobre alrededor de 60 vehículos que estaban en el estacionamiento subterráneo.El hecho ocurrió cerca de las 4.30 de la mañana en la calle Mafalda al 907, entre la avenida Suárez y Ástor Piazzola. A fines de proteger a los vecinos ante posibles más derrumbes, decenas de vecinos fueron evacuados.El proyecto y la empresa constructoraEl complejo Estación Buenos Aires fue desarrollado por el Gobierno nacional a través del plan Procrear. La obra fue licitada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las viviendas comenzaron a entregarse en 2021. Se trata del emprendimiento más grande construido por el Estado Nacional en el marco de Procrear II: cuenta con 2476 departamentos, con superficies que van desde los 32 hasta los 119 metros cuadrados.Para realizar la obra, el Gobierno licitó la obra a diferentes constructoras. El edificio, en el sector 2, fue levantado por la Constructora Sudamericana (Cosud), que también realizó los edificios del sector 1 y 10 del complejo. Entre los tres, la superficie total realizada por la constructora alcanza los 45.000 metros cuadrados."Ante lo sucedido, la empresa activó de inmediato los protocolos de emergencia correspondientes e inició una investigación para establecer las causas del derrumbe. Ni bien se cuente con claridad respecto al estado de la estructura y las causas que lo provocaron, se dará a conocer dicha información", compartió la empresa constructora en un primer comunicado.En un segundo anuncio, afirmó que se llevó a cabo una inspección visual de las instalaciones afectadas, con presencia de ingenieros de Cosud, un asesor estructural independiente y funcionarios de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "La recorrida permitió definir un curso de acción técnico de verificación profunda del estado estructural de las instalaciones", concluyó.
La interna republicana por el escaño del Senado de Estados Unidos que representa a Texas sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. El fiscal general estatal, Ken Paxton, sugirió que podría abandonar la carrera si se cumple una condición específica vinculada a una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump. La propuesta, planteada públicamente en redes sociales, eleva la presión sobre su rival en la contienda, el senador John Cornyn.La condición inesperada de Paxton para bajarse, en medio de la carrera electoralEl planteo surgió en medio de la segunda vuelta de las primarias republicanas por el Senado. Según publicó el propio Ken Paxton en su cuenta de la red social X, consideraría retirarse de la contienda si los líderes republicanos en el Senado aprueban una ley que considera prioritaria para la agenda del presidente Donald Trump.En ese mensaje, el fiscal de Texas destacó la importancia del proyecto y dejó clara su posición sobre la estrategia legislativa que deberían adoptar los republicanos. "Save America Act es el proyecto de ley más importante que el Senado de Estados Unidos podría aprobar jamás, y estoy comprometido a ayudar al presidente Trump a lograrlo.", escribió. En la misma publicación, Paxton agregó: "Consideraría abandonar esta carrera si el liderazgo del Senado acepta levantar el obstruccionismo y aprueba la SAVE America Act".En su mensaje, Paxton también cargó contra su rival dentro del Partido Republicano, el senador John Cornyn, a quien acusó de no respaldar la aprobación de la iniciativa. Según afirmó, Cornyn "se ha negado a apoyar la abolición del filibusterismo para aprobar este proyecto de ley". El fiscal aprovechó además para defender su historial de apoyo al presidente, al destacar su participación en acciones legales tras la elección presidencial de 2020 y su cercanía con Trump en momentos clave de su carrera política.Qué propone la ley SAVE America Act que quiere PaxtonDe acuerdo con el medio especializado The Texas Tribune, la propuesta legislativa mencionada por Paxton, conocida como SAVE America Act, busca introducir nuevas exigencias en el proceso electoral estadounidense.Según explicó el periódico, el proyecto obligaría a los ciudadanos a presentar pruebas de ciudadanía al momento de registrarse para votar, como un certificado de nacimiento o un pasaporte. Además, también exigiría mostrar una identificación con fotografía en los centros de sufragio, entre otras modificaciones relacionadas con las reglas electorales.The Texas Tribune detalló que Paxton hizo su planteo en una publicación en redes sociales en la que criticó directamente a Cornyn por su postura sobre el "filibuster", un mecanismo parlamentario del Senado que en la práctica exige el respaldo de 60 legisladores para llevar un proyecto a votación en la cámara alta, compuesta por 100 miembros.El debate sobre la eliminación del "filibuster" se convirtió en el núcleo del conflicto político. Tal como explicó The Texas Tribune, aunque John Cornyn apoya la legislación impulsada por Trump, fue reticente a respaldar la idea de eliminar ese procedimiento parlamentario.En este contexto, el desafío es evidente: los republicanos cuentan actualmente con 53 escaños en el Senado, una cifra insuficiente para superar el umbral de 60 votos requerido para poner fin al "filibuster" y avanzar con la legislación si los demócratas mantienen su oposición.Ken Paxton lanza su candidaturaCornyn respondió a los cuestionamientos al reiterar su apoyo al proyecto, aunque evitó pronunciarse de forma directa sobre la posibilidad de eliminar el procedimiento. "Repito lo que he dicho constantemente: apoyo el proyecto de ley y he alentado a los republicanos del Senado a que lo aprueben", afirmó el senador, según citó The Texas Tribune.
El informe macroeconómico 2026 del organismo señala que la región enfrenta presiones presupuestarias derivadas de ingresos estatales y la incidencia de fenómenos naturales, lo que impacta la capacidad de respuesta frente a futuras emergencias
La lista elaborada por la comisión será remitida al mandatario, a quien corresponde seleccionar a la autoridad que, además de privilegios e inmunidades legales, cumplirá funciones entre 2026 y 2030
Los 396 concejales del espacio presentaron en simultáneo proyectos para eliminar o reducir tasas municipales y simplificar trámites. En Morón aún se cobra una tasa creada durante la pandemia por el COVID-19
Los cambios en materia tributaria provocan una merma en los ingresos para el Estado nacional y para las provincias. La estrategia oficial para generar una mayor recaudación sin tocar el gasto
El fiscal Sebastián Basso detalló en Infobae al Regreso cómo la justicia argentina reconstruyó la trama internacional detrás del atentado a la AMIA, identificando a Irán como autor intelectual y a Hezbolá como ejecutor
Además antes de ser nombrado ministro de Justicia de la Nación, designó a su sucesor. Las leyes porteñas lo habilitan. Pero las designaciones fueron calificadas como "producto del amiguismo y la discrecionalidad". Afirman que así se aseguró un eventual retorno si fracasa como ministro de Justicia de la Nación.
Se busca ampliar la base de usuarios que ingresan divisas al circuito formal, reducir la informalidad y fortalecer la transparencia del sistema financiero. En el sector bancario confirman que la operatoria ya está disponible en la mayoría de las entidades, aunque la experiencia del usuario puede variar según la institución y el canal utilizado. Leer más
Ni las autoridades del establecimiento ni los representantes de la comunidad religiosa que lo conduce se contactaron con las familias para acompañarlas. Casi una decena de niños y niñas fueron retirados de la institución tras la repercusión pública del caso. Leer más
Una jueza federal dio a la FGR un plazo de 15 días para transparentar en su totalidad el expediente del ex alto mando de la marina
Para el economista Cristian Girard, el modelo basado en el recorte del gasto público "genera menos demanda, menos ventas y menos recaudación", lo que podría agravar los problemas fiscales en el mediano plazo. Leer más
Juan Bautista Mahiques asumió hoy como ministro de Justicia y le solicitaron avanzar cuanto antes para completar los cargos libres en juzgados y fiscalías nacionales y federales. La estrategia oficial
La designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia nacional obligó a hacer cambios en la estructura judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Es que, tras concederse una licencia extraordinaria sin goce de haberes para asumir como funcionario de Javier Milei, el letrado designó a su reemplazante como Fiscal General porteño. El elegido fue Javier Martín López Zavaleta, un hombre cercano a Daniel "Tano" Angelici que tallaba en el área de seguridad.Los cambios se formalizaron a través de la Resolución 19/26 de la Fiscalía General de la ciudad, firmada este miércoles. Desde octubre de 2019, López Zavaleta se desempeñaba como Fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional del organismo que conducía Mahiques. En el Gobierno de la Ciudad advierten que era su sucesor natural."Es funcionario judicial de carrera. Está hace muchos años y era el sucesor natural solo que ahora se precipitaron los tiempos", señalaron en el gabinete de Jorge Macri. A Mahiques se le terminaba su mandato como jefe de los fiscales porteños en octubre y ya se preveía que López Zavaleta, abogado especializado en ciberdelincuencia, lo sucedería en el cargo.Es que, al igual que el ahora ministro de Justicia nacional, el flamante fiscal general cuenta con el respaldo del empresario y operador judicial del macrismo, Daniel Angelici. A mediados del año pasado, el dirigente radical profundizó su injerencia en la administración de Jorge Macri -con terminales en áreas clave- y desde hace años digita, junto al peronista Juan Manuel Olmos, los movimientos en el Poder Judicial porteño.Por estas semanas, busca retener bajo su órbita, por ejemplo, la comisión de Justicia de la Legislatura porteña. Se prevé que la presidencia vuelva a quedar en manos del radicalismo, pese a que su bloque cuenta con apenas cinco legisladores.Además de su rol como fiscal general adjunto, López Zavaleta también tenía injerencia en el área de seguridad. Es que, en febrero de 2024, el exministro de Seguridad y actual legislador porteño de Pro, Waldo Wolff, lo nombró director del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), encargado de la capacitación de la policía de la ciudad y el cuerpo de bomberos. Según pudo saber LA NACION, aún no se definió quien lo reemplazará al frente de este organismo.Por su trabajo en este organismo, López Zavaleta también cuenta con vínculo asiduo con el jefe de gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y con Gabino Tapia, ministro de Seguridad de la gestión macrista.Anteriormente, había ocupado otros roles dentro del Poder Judicial porteño. En 2013, fue fiscal de primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas N°30 y, en 2014, estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en delitos informáticos. El letrado contaba con un posgrado en Ciberdelincuencia de la Universidad de Catalunya.Según consigna en la página web del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, en 2018 empezó a trabajar como Secretario General de Gestión y un año después obtuvo su designación como fiscal general adjunto.En la resolución que oficializa su encumbramiento como jefe de los fiscales porteños, Mahiques destacó la trayectoria de López Zavaleta en la Justicia local y algunos hitos de su mandato como Fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional. El letrado había participado de la creación y puesta en funcionamiento de las Unidades de Flagrancia, la Unidad Fiscal Especializada en Ejecución Penal y los Equipos Especializados en Violencia de Género (EEVG).Los cambios en NaciónEl encumbramiento de López Zavaleta se conoció una horas después de que el gobierno de Javier Milei confirmara a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia nacional en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, quien condujo la cartera durante los primeros dos años de mandato de Milei. Mahiques juró como funcionario nacional este mediodía. Angelici extiende, así, su influencia judicial fuera de los límites de la ciudad de Buenos Aires.Con la salida de Cúneo Libarona del gabinete nacional, también se conoció el desplazamiento de su segundo al mando Sebastián Amerio, un hombre del asesor presidencial Santiago Caputo. En su lugar, quedará como viceministro de Justicia Santiago Viola, cercano a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.
El fiscal Mario Villar mantuvo el recurso donde se reclama que la investigación salga de la justicia de Campana y vuelva al juzgado de Marcelo Aguinsky
Un documento oficial enviado a fiscales de todas las jerarquías y especialidades señala que la administración realiza gestiones para restablecer el servicio mientras se adoptan medidas temporales en las oficinas
Mohsen Rabbani, uno de los denunciados, habló hoy con la prensa y remarcó: "Para nosotros los argentinos son amigos y siempre estamos trabajando juntos. Yo quiero al pueblo argentino". Leer más
Lejos de renunciar, el ministro de Justicia nacional entrante, Juan Bautista Mahiques, se dio licencia a sí mismo como fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, para así poder ejercer como funcionario de Javier Milei.El propio Mahiques firmó la resolución en la que también él definió otorgarse una licencia extraordinaria "por ejercicio transitorio de otro cargo" a partir del 5 de marzo, es decir, de mañana, "y mientras dure dicha designación o se produzca la finalización del mandato constitucional como fiscal general, lo que ocurra primero". La decisión indica que la licencia será sin goce de sueldo. Además, en el mismo texto, Mahiques dispuso que el fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional, Javier Martín López Zavaleta, lo reemplace. "El nombrado magistrado cuenta con los antecedentes profesionales, trayectoria y experiencia suficientes en el ámbito tanto académico como judicial", señaló Mahiques y también destacó que López Zavaleta le propuso "acciones de impacto institucional" implementadas "de manera exitosa", como la creación y puesta en funcionamiento de las Unidades de Flagrancia, la Unidad Fiscal Especializada en Ejecución Penal, los Equipos Especializados en Violencia de Género y la implementación de la figura del "auxiliar fiscal".Además, ponderó la trayectoria de su colega desde 1999 en el Ministerio Público Fiscal. Mahiques fue nombrado por Javier Milei como reemplazo de Mariano Cúneo Libarona este miércoles y ya estuvo en la Casa Rosada con la secretaria general, Karina Milei -promotora de su designación junto a los primos Menem-, y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.Está previsto que el nuevo funcionario asuma mañana al frente del Ministerio de Justicia en una ceremonia de jura que se hará en la Casa Rosada a las 12, encabezada por el Presidente. Asimismo, pasó a ser número dos del área, también promovido por la hermana presidencial, Santiago Viola, hasta ahora apoderado de La Libertad Avanza.De esta forma, la secretaria general vuelve a ganar una batalla interna contra el estratega Santiago Caputo, que perdió a uno de sus máximas terminales: el ahora exsecretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien llevaba los temas más calientes de la gestión de esa cartera que formalmente conducía Cúneo Libarona.
De 51 años, hasta ahora se desempeñaba como fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional y, desde febrero de 2024, está al frente del Instituto Superior de Seguridad Pública
Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, imputó y declaró en rebeldía a Alí Asghar Hejazi, ladero del líder supremo asesinado días atrás
El titular de la cartera energética, Edwin Palma, explicó que la decisión obedece a la recuperación del fondo estatal encargado de estabilizar los precios, desligando la medida de los recientes incrementos del valor internacional del petróleo
El fiscal anticorrupción cuestionó que el titular del Ministerio Público no exija celeridad en el caso de la deportista de apnea, quien fue arrollada y abandonada sin ser auxiliada en San Isidro
El ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada generó sorpresa a la vez que sirvió para reavivar ciertos escándalos del pasado. En ese contexto, Pablo Echarri fue consultado sobre la decisión de su colega de unirse al reality y también sobre los problemas judiciales que la actriz enfrentó en los últimos años.En diálogo con el programa Puro Show (Eltrece), el actor, que en el pasado coprotagonizó ficciones junto a la artista, se refirió tanto al presente televisivo de Del Boca como a su situación pasada ante la Justicia. Si bien la mayoría de los participantes de Gran Hermano provienen del universo de las redes sociales, la presencia de una figura icónica de la ficción como la artista sorprendió a la audiencia.Consultado sobre si él aceptaría ingresar a Gran Hermano, Echarri apuntó: "Yo creo que, por el presente, te diría que no, pero uno nunca sabe cuáles son las razones por las que uno toma una decisión: a veces son económicas, a veces personales; yo trataría de evitarlo, porque ese nivel de exposición es duro y doloroso. ¿Me lo estás preguntando por Andrea?".Al hablar del paso dado por su colega, precisó: "A mí me parece que está bien, ahí apuntaba mi respuesta, a que ella debe haber tomado una decisión de su propia coyuntura personal y debe tener razones lógicas para haberlo hecho", sostuvo.Echarri también se refirió a la causa judicial que involucró a la actriz en relación con la novela Mamá Corazón. Al ser consultado por este tema, sumó: "La situación judicial es que la persiguieron porque en algún momento estuvo cerca de Néstor y Cristina. Fue una persecución política, no tengas dudas. La investigación fue un blef, porque las medidas procesales dieron todas a favor de Andrea y nunca se comprobó ningún tipo de estafa ni nada", afirmó.Además, el actor defendió a su colega y apuntó que no llegó a demostrarse que estuviera involucrada en irregularidades: "Ella hizo una novela que fue sustentada por un gobierno. Hablaban de que se había quedado con dinero y ponían el foco como si ella hubiese tenido algún tipo de acto de corrupción, pero no fue así". View this post on Instagram Echarri profundizó en su análisis sobre el origen del conflicto. "Me imagino que haber hecho una novela por fuera de las herramientas del audiovisual, en el Instituto (INCAA), yo me imaginaba que ella iba a tener este lío", señaló.Al ser consultado por la apelación de la Fiscalía tras la absolución de Del Boca, el actor sumó: "Habría que ver el nombre de la fiscal, a veces en lugar de hablar de Justicia tendrían que hablar de nombres propios y habría que escarbar las razones por las que actúan y la razón de la apelación; no tengas dudas de que son asuntos políticos. Si uno quiere vivir con los ojos más abiertos tiene que hacerse este tipo de preguntas", reflexionó.Consultado sobre si considera que su colega fue apartada del medio artístico tras la polémica, Echarri mencionó: "No creo que ella haya sido cancelada, la oferta laboral se derrumbó en Argentina, las novelas que Andrea o nosotros hacíamos no se hicieron más, entonces la razón por la que no trabajó más es porque no se hicieron más las producciones que hacía ella", indicó.Finalmente, el actor concluyó con un diagnóstico sobre la actual situación de la industria en el país: "El audiovisual, el Instituto, está cerrado. Hoy se hace muy poca cantidad de películas. No hablaría de cancelación, primero hablaría del derrumbe en la producción audiovisual".El ingreso de Andrea del Boca al realityLa entrada de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano se produjo poco después de que el Tribunal Oral Federal 7 la absolviera en el juicio por presuntas irregularidades en la financiación de la novela Mamá Corazón. Tras años alejada de los medios, fue su abogado, Juan Pablo Fioribello, quien explicó públicamente cuál fue el motivo de su decisión. View this post on Instagram En diálogo con Moria Casán, Fioribello aseguró que la actriz atraviesa un nuevo presente personal y profesional. "Andrea está en otra etapa de su vida. Luego de esta absolución, donde limpió su imagen judicialmente, entró en una nueva etapa. Ella quería hacer algo totalmente disruptivo. Es una persona que quería hacer un contrato totalmente nuevo, un formato totalmente nuevo. Algo que no la encasille en el formato de novelas", sostuvo el letrado.Ante la pregunta de si buscaba limpiar su imagen o una reivindicación pública, el abogado lo negó. "Ella quería jugar. Me dijo: 'quiero jugar, quiero ser disruptiva'", afirmó Fioribello.
La confirmación de la autorización para la metalúrgica fue comunicada por el titular de la entidad estatal, reflejando el avance de un programa dirigido a promover el crecimiento económico y la generación de empleo en el territorio
La audiencia se desarrolla en el 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde se evalúa el riesgo procesal del investigado
Ante las advertencias del presidente de la Andi, el mandatario señaló que la situación en el país podría ir mejor, pero responsabilizó al Congreso de estancar sus iniciativas
Once nuevos fiscales federales asumen cargos en 11 estados, en un proceso marcado por el impulso femenino y el compromiso de fortalecer la presencia federal sin intervenir en las fiscalías locales
En lo que tiene que ver con los niveles de la recaudación impositiva, el economista, Lucas Carattini, manifestó que, "en términos reales viene cayendo mes a mes". Leer más
La entidad se anticipa al mercado con una operatoria ágil y suma alternativas de inversión en moneda extranjera con tasas competitivas.Es la primera entidad privada en implementar el esquema y ofrecer rendimiento en dólares bajo el nuevo marco regulatorio.
Juan Manuel Olmos cuestionó el programa económico del presidente Javier Milei y sostuvo que el peronismo debe construir una alternativa basada en el orden fiscal y el desarrollo productivo. El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) formuló estas declaraciones en el programa Odisea Argentina, por LN+, donde también analizó el reciente discurso del Presidente en el marco de la apertura de sesiones legislativas y el escenario político.En ese marco, Olmos advirtió que desde noviembre de 2023 a noviembre de 2025 se perdieron 278.000 empleos registrados en la Argentina y que en el mismo período dejaron de operar 22.000 empresas. También indicó que la utilización de la capacidad instalada industrial se ubica en 53,8%, por debajo del nivel registrado durante la pandemia, y que el endeudamiento de las personas pasó de un salario y medio a dos salarios y medio en un año, según cifras del Banco Central."Cristina quedó como una gacela al lado de Milei": Juan Manuel Olmos, mano a mano con Carlos PagniEl presidente de la AGN sostuvo que la dinámica sectorial profundiza ese escenario, ya que en los últimos dos años crecieron principalmente la intermediación financiera; petróleo, gas y minería; y el agro, actividades que en conjunto explican el 9% del empleo registrado. En contraste, construcción, industria manufacturera y comercio â??que concentran casi el 50% del trabajo formalâ?? registraron caídas. "Si los sectores que ganan son los que crean muy poco empleo y los que se derrumban son los que crean mucho empleo, vamos a terminar teniendo un país con un nivel de desocupación altísimo", advirtió en diálogo con Carlos Pagni.A partir de ese diagnóstico, Olmos planteó que el peronismo debe elaborar una alternativa al actual modelo económico. Sostuvo que el contexto político y social exige una propuesta que combine equilibrio en las cuentas públicas con crecimiento y desarrollo productivo. "El peronismo tiene que crear una alternativa a este modelo económico", afirmó, y agregó que el escenario actual implica "un cambio de época" que obliga a reformular estrategias.En esa línea, señaló que el espacio debe retomar una experiencia de orden fiscal como la registrada durante la presidencia de Néstor Kirchner, período en el que, según indicó, hubo superávit fiscal y comercial entre 2003 y 2008. "Tenemos que retomar ese programa de orden fiscal pero con crecimiento con industria nacional y con desarrollo nacional", sostuvo.Por otra parte, Olmos analizó el discurso que Milei pronunció en la apertura de sesiones ordinarias y cuestionó el tono empleado por el Presidente. Consideró que el mensaje estuvo atravesado por "gritos y violencia verbal" y sostuvo que ese registro debería dejarse de lado en la Argentina. Además, señaló que "la parte histriónica por momentos hasta parecía sobreactuada"."El Presidente siempre dice que no es gorila pero ayer parecía King Kong", señaló. En ese sentido, indicó que en su discurso Milei "se metió con Perón, con 'La Razón de mi vida', Néstor, Cristina" y que "trató a todos los peronistas de burros".Más allá de esas críticas, Olmos analizó que el jefe de Estado atraviesa un momento de mayor fortaleza política que al inicio de su mandato. Consideró que logró consolidar un liderazgo en la discusión pública y destacó la conformación de bloques legislativos que dejaron de lado la posibilidad de que se articule una mayoría de dos tercios en su contra. Afirmó que el oficialismo cuenta con equipos "monolíticos y disciplinados", y atribuyó ese armado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La FGR destacó que entre los nombramientos se encuentran 6 mujeres
Las recomendaciones enviadas a las máximas autoridades del Estado instan a que la selección de nuevos cargos en Corte de Constitucionalidad y Ministerio Público garantice procesos transparentes y excluya perfiles con antecedentes contrarios a estándares democráticos