ANC del Ministerio Público aparta por 6 meses al exmiembro del Equipo Especial Lava Jato y también abre investigación disciplinaria a la fiscal que denunció la presunta alteración del expediente de colaboración eficaz del empresario Gustavo Salazar
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos mexicanos y nueve empresas vinculadas a una red de contrabando de hidrocarburos
El Gobierno aún no giró la nueva versión de la iniciativa. Lo que se espera la semana que viene con la reunión de la mesa política y lo que dijo el presidente Javier Milei
Esta situación implicaría un aumento considerable e inmediato en partidas asociadas a educación, ayudas familiares y sanidad pediátrica
El informe compara el desempeño de 43 economías y plantea un panorama desafiante para las cuentas públicas colombianas
La actriz abordó el estigma hacia las mujeres independientes y compartió detalles sobre su economía personal durante la presentación de su nueva película
El fiscal federal chaqueño expuso ante la Comisión de Acuerdos y contestó una pregunta por las impugnaciones vinculadas al caso Cecilia Strzyzowski y explicó qué ocurrió con el expediente de "Sueños Compartidos". Leer más
se debate el futuro de la arquitectura tributaria internacional que define cuánto puede recaudar cada país para financiar su desarrollo.
El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra dos mexicanos y nueve empresas por estar vinculadas con el contrabando de combustible en la frontera
La UIA expresó preocupación por la carga impositiva y su impacto en la producción y la competitividad internacional. Qué propone
El Presidente recibió en Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza para marcar los próximos objetivos del gobierno nacional
La CNMC monitorizará los beneficios de cada estación de servicio y habilitará un canal gratuito para que los consumidores afectados puedan presentar reclamaciones
La OFAC del Departamento del Tesoro designó a dos presuntos colaboradores del cártel que introducían combustible con documentos falsos para evadir impuestos
"Argentina es el tercer país en el mundo con más cuentas off shore, siendo que 80 % de las familias más ricas las que tienen sus activos fuera del país", señala el autor. Por caso, "aparecieron distintas sociedades vinculadas a la familia Santilli; en una de ellas, South Tourin LLC, figuraría como CEO Darío Santilli, hermano de Diego Santilli", agrega. Leer más
El TSJ rechazó la casación de uno de los agentes de la FPA de Cruz del Eje sentenciado junto a otros seis en un juicio abreviado donde confesaron la asociación ilícita. En simultáneo, la Cámara de Acusación no ratificó la elevación a juicio al fiscal del fuero especial en Punilla, Raúl Ramírez, y ordenó profundizar la pesquisa. Leer más
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que desde el Ejecutivo se presentará un proyecto de ley de financiamiento ante el Congreso el 20 de julio de 2026. Dijo que la reducción en materia de gasto no depende del Gobierno
Las personas físicas y las empresas con deudas previas pueden cubrir solo el gravamen original si cumplen plazos, topes de ingresos y requisitos según el origen del crédito fiscal
Los hombres estarían encargados de realizar sobornos para permitir el paso del combustible a través de la frontera
La administración de De la Espriella asumirá el 7 de agosto con un desequilibrio cercano a 130 billones de pesos, intereses que consumen un tercio del recaudo y recortes sugeridos por Anif y el Banco de Bogotá
Hay 189 fiscalías nacionales y federales vacías sobre 366 cargos.El Gobierno aún retiene 54 ternas correspondientes a los integrantes de la Procuración General de la Nación, y este año en el Senado sólo se aprobaron dos pliegos.
Al margen de las promesas de campaña, especialistas advierten que las primeras decisiones del próximo gobierno serán determinantes para sostener la recuperación económica, atraer inversiones y evitar que problemas estructurales como la baja productividad y la burocracia sigan frenando el desarrollo del país
El fiscal también pide 15 años de cárcel para el exsecretario de Estado de Seguridad, el exDAO de la Guardia Civil y el inspector jefe Andrés Gómez Gordo
El analista financiero analizó las cifras del EMAE y destacó en Infobae al Regreso el impacto de las políticas de ajuste, la reducción de pobreza y los desafíos que persisten para la inversión y el empleo formal en la economía argentina
A la espera de que se sancione el proyecto del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) empezó a aplicar el denominado "tapón fiscal" sobre aquellos contribuyentes que se adhirieron a la iniciativa del Gobierno. Se trata de uno de los beneficios más destacados de la normativa, ya que protege al contribuyente contra futuras fiscalizaciones y acciones legales por períodos impositivos ya declarados. A través de un comunicado interno que emitió la semana pasada, el organismo recaudador fijó pautas claras para sus inspectores durante este período de transición, ordenando desactivar los controles sobre los períodos fiscales de 2024 y anteriores para aquellos que ya hayan cumplido con la presentación de la declaración jurada del año base 2025 (Formulario 2711).Dos gigantes energéticos se suman como socios productores al proyecto de GNL de YPF en Vaca Muerta"De constatarse la presentación de la declaración jurada simplificada antes del inicio formal de la acción y, cuando corresponda, el pago respectivo, el caso deberá ser desestimado por resultar aplicable la presunción de exactitud prevista en el artículo 40 de la ley. En tales supuestos, la fiscalización o verificación de períodos fiscales anteriores al período base sólo podrá proceder cuando se detecte una discrepancia significativa en los términos de dicha norma", explicó el documento oficial, que lleva la firma del subdirector general de Fiscalización, Sergio Javier Rufail.Para César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, este comunicado marca el inicio operativo del "tapón fiscal" y deja de ser una "expectativa abstracta" para convertirse en un criterio operativo de la propia administración tributaria. "La palabra utilizada por el comunicado no es casual. Dispone expresamente que el caso 'deberá ser desestimado', es decir, no deja margen para una decisión discrecional del inspector", subrayó. La única excepción prevista es la existencia de una "discrepancia significativa". En este punto, Litvin remarcó que se espera que el proyecto de modificación del régimen tenga mayor precisión, un nuevo umbral más alto y la posibilidad de establecer una defensa en instancia administrativa con elementos probatorios a cargo de ARCA y, en última instancia, de no resultar favorable al contribuyente, al pagar el monto de la discrepancia no se pierden los beneficios del régimen. "Recordemos que la declaración jurada presentada en el marco del nuevo régimen simplificado goza de la 'presunción de exactitud', la cual opera a partir de la presentación y pago de la declaración jurada en término. Así, y salvo que se detecte lo que se define como una 'discrepancia significativa', se presume la misma como exacta, brindando una suerte de 'tapón fiscal' sobre los períodos 2022 a 2024. En virtud de esto último, torna en abstracto accionar sobre los contribuyentes en fiscalizaciones sobre dichos períodos, si luego no podrán ser exigidos los posibles ajustes que surjan de las mismas", sumó Claudia Pose, socia de Impuestos en BDO Argentina.Crisis textil: Amesud, proveedora de Nike y Adidas, entró en concurso con una deuda de $12.156 millonesEn la comunicación interna, ARCA también dejó constancia de que la generación centralizada de cargos contempla el filtro de adhesión al Régimen Simplificado. Esto podría generar que el contribuyente se haya adherido después de emitida la orden, pero antes de que el inspector iniciara formalmente su actuación. Por esa misma razón, se obliga a la verificación previa del trámite antes de dar comienzo con la inspección. "Esto quiere decir que se analiza asimismo la adhesión al régimen, aún estando pendiente la presentación, la cual vence el próximo 27 de julio, lo que se traduce en una suspensión del inicio de fiscalizaciones sobre los contribuyentes adheridos. Esto iría en línea con lo mencionado por el proyecto de ley, el cual indica la continuación de las fiscalizaciones sólo en la medida en que la notificación de inicio de estas (orden de intervención, liquidación o determinación de oficio) se haya producido con anterioridad a la opción de adhesión al Régimen Simplificado", explicó Pose.Sin embargo, para Litvin esto podría dar lugar a futuras controversias porque significa que las inspecciones ya iniciadas, en principio, no quedarían alcanzadas por esta instrucción interna y podrían continuar su trámite normal. "Esa diferencia entre contribuyentes fiscalizados unos días antes y otros unos días después podría convertirse en uno de los principales focos de discusión cuando el nuevo régimen comience a aplicarse plenamente", completó.
El recurso presentado por el congresista sostiene que el monto proyectado para el próximo año, en un entorno de intereses al alza, puede ampliar la presión sobre el presupuesto y elevar la carga de la Nación
En referencia a seguir bajando la inflación, el economista comentó que, "lo que hicieron fue pasar los pasivos remunerados del Banco Central a los pasivos al Tesoro Nacional. Pero eso sigue corriendo, no desapareció". Leer más
El dato adelantado del INE mantiene estable la inflación anual y sitúa la subyacente en el 2,9%, una décima menos que en mayo
Las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe encabezan el Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), un relevamiento que elabora la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) entre 22 jurisdicciones que adhieren al régimen federal. En el fondo del listado, en cambio, están las provincias de Buenos Aires, Chubut, Mendoza, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego.Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe integran el Grupo I del listado, que nuclea a los gobiernos provinciales de "cumplimiento estricto", y alcanzan un Índice LRF de 100 puntos, calificación máxima a la que se puede aspirar en el relevamiento presupuestario.Las provincias gobernadas por Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro "presentaron toda la información requerida en los plazos establecidos", se informó en un comunicado de la ASAP.Para elaborar el índice, se tiene en cuenta si las administraciones provinciales publican el presupuesto del ejercicio corriente (en ese caso, se otorgan 35 puntos); el Esquema Ahorro Inversión Financiamiento (AIF) de la Administración Pública no Financiera Provincial (vale 25 puntos si está publicado con hasta tres meses de rezago); las Deducciones con Financiamiento Especial de la Administración Pública no Financiera Provincial (se suman 10 puntos, con la publicación hasta los tres meses de atraso); los Gastos clasificados por Finalidad y Función de la Administración Pública no Financiera Provincial (también, significa 10 puntos en caso de ser publicados con hasta tres meses de rezago); la Planilla Stock de Deuda de la Administración Pública no Financiera Provincial (otros 10 puntos al publicarla hasta con tres meses de demora), y la Planilla de Cargos, Horas Cátedra y Módulos Ocupados (también se otorgan 10 puntos por su difusión con hasta tres meses de rezago).La crisis más extensa. Al final, era apenas un jefe de GabineteEl Grupo II está integrado por las provincias que consiguieron un "cumplimiento alto". Son la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán. Todas estas provincias obtuvieron 90 puntos. "Todas publicaron la información en tiempo y forma, con la salvedad de los datos de planta de personal, que quedaron pendientes", se informó en un comunicado de la ASAP.En el Grupo III, de "cumplimiento intermedio", figuran las provincias de Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones. Las tres primeras llegaron a los 70 puntos; Misiones, a 65. "Brindan información completa solamente en los casos del Presupuesto 2026, pero el cumplimiento es parcial respecto a los restantes requisitos", indicó la ASAP.El conjunto de menor transparencia fiscal es el del Grupo IV, el de "cumplimiento bajo", que integran las provincias de Buenos Aires, Chubut, Mendoza, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego. Con 55 puntos se ubicaron Buenos Aires, Chubut, Mendoza y San Juan; con 35, Corrientes, Jujuy y Río Negro. En el último lugar, quedó Tierra del Fuego con 30 puntos. "De este grupo, todas excepto San Juan, Jujuy, y Tierra del Fuego cumplieron con la publicación del Presupuesto 2026â?³, se informó en el relevamiento presupuestario.
La onda expansiva del escándalo de corrupción por el que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, golpeó a la Justicia provincial.En las últimas horas se conoció la existencia de un pedido de juicio político contra el fiscal general de Lomas de Zamora, Carlos Baccini, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. El jefe de los fiscales de Lomas de Zamora fue acusado de archivar una causa penal contra un contador que trabajaba en la municipalidad durante la gestión de Insaurralde. Baccini también fue imputado por la presunta desaparición de pruebas.Al ser consultado por LA NACION, Baccini rechazó la acusación en su contra y agregó: "Apliqué la resolución 1390 de la Procuración, así que no puedo analizar de oficio un dictamen sobre el que la denunciante nunca pidió una revisión".La investigación contra el contador de la municipalidad de Lomas de Zamora comenzó el 29 de noviembre de 2017, cuando una auditora de la delegación local del Tribunal de Cuentas de la bonaerense encontró dos cajas y una bolsa con facturas, formularios para las licitaciones y remitos en su oficina.A partir de este hallazgo, la auditora hizo una denuncia por la posible comisión de un delito, ya que entre la documentación que encontró había facturas y remitos correspondientes a empresas proveedoras del municipio.La investigación recayó en la fiscalía a cargo de Pablo Rossi, quien luego de tomarle declaración a la auditora describió el contenido de la documentación y mostró las grabaciones y fotocopias de lo que había encontrado.Debido a que en esas cajas había presupuestos en blanco, facturas y sellos de empresas, algunas de ellas proveedoras de la comuna, se sospechó que se trataba de un "kit para inventar licitaciones". Por ese motivo fue imputado Héctor Rosin, entonces contador de la Municipalidad de Lomas de Zamora, quien, según la auditora del Tribunal de Cuentas, había reclamado las dos cajas y la bolsa con documentos. Al fundar dicho pedido, el contador manifestó que esos documentos pertenecían a su estudio contable. Lo curioso del caso fue que Rosin guardara documentos de su estudio en la municipalidad donde trabajaba como contador.Un "kit" para licitacionesSegún se determinó en la investigación, entre esa documentación había formularios presuntamente aptos para completar, simular o armar expedientes administrativos de contratación pública.Inicialmente la causa tuvo impulso investigativo. El fiscal Rossi, que intervino en la primera etapa, analizó la documentación y solicitó medidas de prueba. Se ordenaron allanamientos en la Municipalidad de Lomas de Zamora y en domicilios vinculados a Rosin; también se secuestró nueva documentación y se dispusieron peritajes contables e informáticos. En el pedido de allanamiento se mencionó la posible existencia de un conjunto de funcionarios municipales vinculados a la maniobra investigada. Al revisar las empresas que figuraban en la documentación encontrada por la auditora del Tribunal de Cuentas se determinó, por ejemplo, que el contador Rosin aparecía vinculado con una de las empresas proveedoras del municipio y que su estudio contable particular tenía el mismo domicilio que otra empresa que era proveedora de la municipalidad.Además, al revisar los integrantes de los directorios de algunas de las empresas, los investigadores encontraron a otros funcionarios de alto rango de la Municipalidad lomense que pertenecían a la gestión Insaurralde.Según consta en el sumario, el 9 de noviembre de 2020, el fiscal general Baccini le sacó la investigación a Rossi y se la asignó a otro fiscal, quien ordenó el archivo de la causa al considerar que "no surge del informe de los peritos oficiales que las operaciones a las que calificó como 'llamativas' hayan tenido carácter defraudatorio, y si lo hubieran tenido, la acción estaría prescripta".En la resolución que decretó el archivo del expediente contra los funcionarios de la gestión Insaurralde se expresó que "los peritos solo pudieron verificar la existencia de una relación entre Rosin y proveedores del Municipio, pero solamente ello, pues no se verificó que fueran partícipes de una maniobra defraudatoria o integrantes de una asociación ilícita, sino solo una incompatibilidad administrativa. Se habría considerado que no se encontraba acreditado un delito penal y que, en todo caso, podría existir una incompatibilidad administrativa o disciplinaria en la actuación [de Rosin] por su doble rol como contador municipal y eventual contador de proveedores de la Municipalidad".El archivo del expediente tuvo como inmediata consecuencia que se dejara sin efecto la acusación contra el contador Rosin y contra los otros funcionarios municipales que eran subordinados del intendente Insaurralde.Pedido de otro fiscal y nueva acusaciónEl escándalo en la Justicia lomense estalló cuando el fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde, a su exesposa Jésica Cirio y a la modelo Sofía Clerici por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, solicitó el expediente 07-00-76248-17 por el caso de corrupción en la municipalidad a la fiscalía a cargo de Baccini.Ante la falta de respuestas, el fiscal federal Mola, mediante los canales oficiales, puso en conocimiento del procurador general ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte-Grand, la conducta reticente del responsable del Ministerio Público de Lomas de Zamora.Entonces, el jefe de los fiscales provinciales dispuso que la conducta del fiscal Baccini fuese investigada por el Departamento de Control Disciplinario de la Procuración.Para garantizar la objetividad del proceso en investigaciones en las que aparece imputado un fiscal, los sumarios se instruyen en otro departamento judicial. Se inició así un sumario que quedó a cargo del fiscal general de Pergamino, Fernando D'Elío, quien luego de revisar las pruebas concluyó que "con su conducta, Baccini habría ocasionado la impunidad en una causa de interés institucional, puesto que se denunciaba la posible comisión de una defraudación en perjuicio del erario público".En la resolución de 60 páginas, el fiscal D'Elío consideró que Baccini sería responsable del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.Al consignar las cuestiones prejudiciales, en las que se detalló que el fiscal general de Lomas de Zamora tiene fueros, se consideraba necesario que para avanzar en el proceso se debía comunicar la resolución a la Secretaría de Control Disciplinario y de Enjuiciamiento de la Procuración General, a través del Departamento de Enjuiciamiento de Magistrados y remitir otra copia a la fiscalía federal N°1 de Lomas de Zamora, que investiga las denuncias contra Insaurralde y que había denunciado la reticencia en el envío del expediente contra los colaboradores del intendente.El 9 de septiembre del año pasado, Baccini recibió la notificación de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses.A casi diez meses de la presentación del pedido de juicio político contra Baccini, el expediente no tuvo avances relevantes y no fueron sorteados los conjueces que deben revisar si el Jurado tiene competencia para resolver sobre la denuncia contra el fiscal."Para mí, la acusación no tiene fundamentos. Nunca me demoré en entregar el expediente. Yo expuse una opinión. Actualmente, la causa que me atribuyen haber archivado sigue abierta. Además, el denunciante, en este caso, la auditora del Tribunal de Cuentas, nunca se mostró disconforme con la resolución de archivar la causa", concluyó el fiscal Baccini.
El funcionario de la Fiscalía Ambiental señaló en un seminario que las redes de captura y venta de animales ya replican patrones del crimen organizado, y pidió reforzar normas y fiscalización
En medio de la crisis desatada por el "caso Wachitas", el fiscal que investigó la denominada Causa Bomberos advirtió que los riesgos de corrupción persisten mientras existan estructuras estatales encargadas de controlar la actividad privada. Leer más
La asistente administrativa relató ante la JNJ que el fiscal de Pisco le dirigió frases como "Tú me gustas hace tiempo" y "te voy a extrañar mucho", en un caso que terminó con la destitución del magistrado
La relación entre el juez federal Luis Armella, que investiga a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio, y el fiscal federal del caso, Sergio Mola alcanzó un pico de máxima tensión. Mola acusa a Armella de demorar la causa, pero no es la única diferencia. También discrepan sobre los pedidos de captura de los sospechosos que impulsa el fiscal y sobre la exclusión de la segunda esposa del exfuncionario, Carolina Álvarez, en un peritaje contable clave que va a determinar si hubo enriquecimiento ilícito del exintendente. Los roles de ambos son diferentes; el fiscal acusa, impulsa la acusación y empuja el caso, y el juez debe evaluar la prueba y conceder o no los pedidos de las partes. Las diferencias de mirada van mucho más allá de los aspectos procesales. El fiscal Sergio Mola pidió indagar a Insaurralde y el juez Armella no hizo lugar a esa solicitud. El viernes pasado, Mola pidió detener a Insaurralde y a Jesica Cirio, exmujer del exintendente, al entender que pueden sustraerse de la justicia o perjudicar la investigación. Lo determinante para el pedido de detención fue la difusión de los videos de Cirio rodeada de fajos de dólares en paquetes termosellados, ocultos en el vestidor de la casa que compartía con Insaurralde.Los funcionarios de la Fiscalía se hartaron. "Si tienen este dinero escondido en un placard, cuánto más habrá invertido o depositado en otros ámbitos", se preguntan. Antes de que, una vez más, "le tomen el pelo a la justicia", en la fiscalía decidieron actuar ante la presunción de que los acusados se les estaban riendo en la cara, según reconocieron allegados a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal.A fondo - Cirio - HOMEEl pedido de detención de Insaurralde y Cirio hay que leerlo en la clave de la indignación de la fiscalía, antes que en la lógica de la fría letra de la ley.El juez Armella no contempla hacer lugar al pedido de detención. No está dispuesto a avanzar en esta dirección. Seguirá con la impronta que le dio a la causa durante los últimos tres años. La semana próxima tendrá lugar un casi seguro rechazo a la pretensión del fiscal y pagará el costo que corresponda ante la opinión pública.Los investigadores calculan, de acuerdo a las imágenes, que podrían haber unos 10 millones de dólares en el vestidor.Mola ya venía insistiendo desde el año pasado con el pedido de indagatoria de Martín Insaurralde, cuyo último cargo político fue ser jefe de Gabinete de Axel Kicillof.La indagatoria fue preparada por Mola junto a su colega Diego Velasco de la Procelac, que es la fiscalía especializada en lavado de dinero. El informe patrimonial que reconstruyeron los fiscales fue lapidario.Detectaron decenas de millones de gastos sin justificar, solo de los viajes al exterior que hizo Insaurralde; imposibles de cubrir con su sueldo de empleado público de la provincia de Buenos Aires.También descubrieron supuestas negociaciones con contratistas de la municipalidad, investigaron a supuestos testaferros e imputaron a hijos, a la segunda esposa de Insaurralde, Carolina Alvarez, y otros parientes.Era el momento en que la Argentina se jugaba en Paris la aprobación de su calificación en el Grupo de Accción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a los países por sus políticas contra el lavado de dinero.La Unidad de Información Financiera, a cargo entonces de Ignacio Yacobucci, había también pedido indagar a Insaurralde y a Cirio por lavado y enriquecimiento ilícito, pero en el Gobierno nacional los frenaron y echaron al segundo de Yacobucci, Manuel Tessio. La fiscalía se diferenció y pidió indagar a Insaurralde por esos delitos con los elementos que tenía en ese momento. Pasó casi un año y ahora cuenta con más elementos para avanzar contra Cirio y el resto de los acusados. Ya se prepara un nuevo pedido de indagatoria.Pero nada de esto ocurrirá hasta que concluya un peritaje contable que culminará supuestamente el 17 de julio, con 75 puntos de pericia, que determinará si Insaurralde, Cirio y el resto de los acusados pueden o no justificar sus gastos.Los peritos oficiales y de parte vienen hasta ahora firmando en conjunto las respuestas a los puntos de pericia. Faltarían cinco para concluir el trabajo y los abogados defensores están confiados en que el resultado los favorecerá. Es una cuestión al menos dudosa si se mira en detalle el video del vestidor millonario. Por eso, la voluntad de Cirio de excluirlo como evidencia y mencionar que su aparición es producto de una trama extorsiva. Sacar el video de la causa y excluir el allanamiento a su casa, donde encontraron drogas y armas, es parte de su estrategia de defensa. El peritajePero las diferencias entre el juez Armella y el fiscal también pasan por un peritaje en cuanto al patrimonio que abarca a Carolina Álvarez, la segunda esposa de Insaurralde.Insaurralde se casó en primer lugar con Liana Toledo, hija del exintendente de Lomas de Zamora Hugo Toledo y madre de Martín y Rodrigo, sus dos primeros hijos. Los bienes e ingresos de ellos están también en la mira. La mujer es funcionaria del otro juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.Luego, Insaurralde formó pareja con Carolina Alvarez, quien era la esposa del hermano de Liana, Leandro Toledo. Es decir, se enamoró de su exconcuñada. Tuvieron a Bautista, el tercer hijo del exintendente. En 2008 decidieron separarse.Con posterioridad, el exintendente de Lomas de Zamora se casó con Jesica Wanda Cirio, quien está investigada en esta causa, junto con Sofía Clerici, la "acompañante de viajes" con la que navegaron en el yate Bandido por el Mediterráneo en Marbella en 2023.Ese periplo en yate fue el disparador de la investigación judicial por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.El juez Armella entendió que la exesposa de Insaurralde, Carolina Alvarez, no está imputada en la causa en que se investigan los bienes del exfuncionario y la excluyó del peritaje contable.La resolución sorprendió a la Unidad de Información Financiera, a la fiscalía de Sergio Mola y a los querellantes de Poder Ciudadano, que apelaron esta decisión. El juez rechazó la apelación y ahora el asunto está en la Cámara Federal de La Plata, que debe decidir si se avanza o no con el análisis de los bienes de Álvarez.El juez Armella argumenta que el período por el que se investiga a Insaurralde es desde 2009, cuando fue intendente de Lomas de Zamora en adelante; por eso hay que excluir la compra del terreno que hizo Álvarez donde se construyó la casa en San Vicente, que es de 2006.Pero los fiscales creen otra cosa. Mencionan que Álvarez está imputada como testaferro de Insaurralde por adquirir esos terrenos en su nombre.Diego Iglesias, que es el fiscal ante la Cámara de La Plata que debe decidir sobre el asunto, apoyó el reclamo de Mola. Dijo que era necesario incluir en el peritaje una averiguación para determinar el origen de los fondos con los que fueron adquiridos los terrenos en los que luego se alzó la mansión de Insaurralde en San Vicente, en torno a los cuales Álvarez aparece mencionada.Entre lo que se va a analizar hay un supuesto préstamo o donación de US$250.000 que habría hecho Insaurralde a Cirio y se buscarán determinar los orígenes de esos fondos.También se analizará cómo se pagó el viaje realizado en 2023 por Insaurralde a Marbella, cuando compartió una semana con Clérici en una villa de lujo y navegó en el yate Bandido mientras tomaban champagne en el Mediterráneo.Otro de los asuntos que se ahondará es cómo pagó los pasajes de avión con los que realizó un centenar de vuelos, ya que sus ingresos en blanco no permiten costearlos. Asimismo, se evaluará el mecanismo de adquisición de la quinta de San Vicente, donde el exintendente vivió con Cirio, y la compra de vehículos de lujo que utilizaban él y algunos colaboradores.Allí es donde fue incluida Álvarez. El fiscal pidió en uno de los puntos de pericia que se "determine y explique en particular si, de acuerdo con los ingresos declarados por Carolina Álvarez las retenciones impositivas y los consumos declarados en el período, poseía la capacidad económica para afrontar el pago de 26.000 dólares estadounidenses al 11 de mayo de 2006". El fiscal Iglesias defendió la inclusión de Álvarez y dijo que es difícil entender la decisión del juez Armella de dejarla fuera del caso. "Resulta difícil de entender que el juez, contradiciéndose con todo lo que venía afirmando previamente, incluso dictando medidas de importancia respecto de Álvarez, como lo es la cautelar antes de la indagatoria, que ahora sostenga sin más que no resulta imputada, y deje afuera del peritaje el punto pericial relativo a ella", señaló.Esta diferencia será la que ahora deba zanjar la Cámara Federal de La Plata, y el resultado de este conflicto determinará que se tenga que completar luego o no el peritaje contable próximo a concluir.
En una reciente declaración, el magistrado vinculó su futuro a escenarios de riesgo como los de Nisman en Argentina o jueces en Centroamérica, desatando una ola de reacciones y cuestionamientos en el país
Una orden ministerial actualiza la lista española de jurisdicciones no cooperativas tras los avances en cooperación fiscal con Gibraltar e incluye a Rusia por mantener un régimen tributario perjudicial
El exfuncionario confirmó que recientemente se reunió con Mario Villanueva, exgobernador en prisión domiciliaria
Bettina Croppi encabeza el organismo cuyo funcionamiento comenzará efectivamente después de la feria invernal. Se completaron la Fiscalía General y la Defensoría General. Leer más
El fiscal federal Sergio Mola solicitó formalmente la detención de Martín Insaurralde ante el juez Luis Armella, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Leer más
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ratificó los procesamientos del presidente de la AFA, del tesorero Pablo Toviggino y de la entidad por presunta evasión y retención indebida de aportes. Leer más
El fiscal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.La medida fue solicitada al juez federal Luis Armella, que será quien decida si la concede. Es poco probable que lo haga, dijeron a LA NACION fuentes judiciales, que analizaron que no se cumplirían los requisitos necesarios para ordenar la captura del exjefe comunal.La causa fue sacudida el sábado pasado por la aparición de videos de 2023 de Jesica Cirio, exesposa de Insaurralde, contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con él, imágenes que difundió LA NACION. El pedido del fiscal Mola se basa en que, tras la difusión de los videos, hay peligro de que Insaurralde se fugue o entorpezca el avance de la investigación, buscando ocultar pruebas o presionar a testigos, según el fiscal.Mola, en paralelo, pidió además hacer una inspección ocular en la casa del country de San Vicente donde supuestamente fueron filmados los videos de Cirio.Además, solicitó peritar celulares, dos tablets y tres pendrives encontrados en el departamento de Cirio, en Ortega y Gasset 1661, piso 18, en Palermo, para determinar si en esos dispositivos están los videos.Insaurralde está acusado de enriquecimiento ilícito y también de lavado de dinero en este expediente, que se inició después de que fue fotografiado, en 2023, navegando por el Mediterráneo en el yate "Bandido" con Sofía Clerici como acompañante.Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 (cuando asumió en reemplazo de Jorge Rossi) y 2021 (cuando pidió licencia para ser jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof). Su llegada al gabinete bonaerense se había dado por una gestión de la expresidenta Cristina Kirchner ante el mandatario provincial.
La Junta Nacional de Justicia otorgó un plazo de 10 días hábiles para que la extitular del Ministerio Público presente sus descargos
El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una serie de medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y les dio nuevas indicaciones a los contadores de la Procuración que están revisando las cuentas del funcionario.Pollicita les indicó a los expertos que colaboran con su fiscalía qué es lo que necesita que analicen para determinar posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Adorni. No les puso fecha de entrega de este nuevo informe, pero fuentes que trabajan en la investigación dijeron a LA NACION que la idea es contar con toda la información antes de la feria judicial de invierno. Después, si los números no cierran, la fiscalía pedirá que el jefe de Gabinete sea intimado a justificar su crecimiento patrimonial, adelantaron fuentes de los tribunales federales de Comodoro Py. Las nuevas medidas dispuestas por la fiscalía incluyen pedidos de informes al country Indio Cuá, donde Adorni compró una propiedad; a ARCA, y a Binance y Lemon Cash, dos plataformas vinculadas con criptomonedas.El informe contablePollicita les pidió a los contadores de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) que colaboran con él que el informe sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, abarque del 14 de diciembre de 2023, cuando él asumió en el Gobierno, a la actualidad. Solicitó que la DAFI considere de manera integral todos los elementos incorporados a la causa, efectuando los cruces necesarios entre las fuentes de ingresos acreditadas, la evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y pasivos, y los gastos de los que hay registro en el expediente, informaron fuentes con acceso a la causa. Pollicita pidió que el informe identifique las "inconsistencias" que puedan existir, distinguiendo las partidas que cuenten con respaldo suficiente de aquellas que no, o que requieran una explicación adicional. También, que le señalen si es que existe un "desbalance patrimonial apreciable", con el propósito de evaluar la eventual formulación de un requerimiento de justificación patrimonial. Noticia en desarrollo
Dos mujeres que cumplían funciones subordinadas dentro de Grupo Aluminar pasaron más de seis meses privadas de la libertad en el marco de la investigación por la presunta estafa del emprendimiento Catalina del Norte. Ambas acusan al fiscal Iván Rodríguez de no haberlas escuchado ni distinguido del resto de los imputados. Leer más
El jefe de Gabinete deberá justificar en Comodoro Py los números que no le cierran. Si persisten las inconsistencias, será citado a indagatoria. La Justicia aguarda informes de billeteras virtuales, el ARCA y el country Indio Cuá
Un nuevo aumento plantea el Ejecutivo tras la protesta de las confederaciones en la negociación colectiva. Sin embargo, aún resultaría insuficiente para los trabajadores
Antes de viajar a España, el Presidente firmó la selección de distintos candidatos para juzgados de diferentes puntos del país. Esta mañana se oficializaron 47 nombramientos judiciales en el Boletín Oficial
El ministro de Transportes asegura que se han difundido datos personales sobre el expresidente, aspectos de su intimidad, su agenda y conversaciones privadas, algo que ve "gravísimo" e "inaceptable"
En un fallo adverso al contribuyente, la justicia corrobora los efectos de plantear la excepción de la inhabilidad del título (boleta de deuda), así como del pago de la deuda, lo que constituye una situación contradictoria.
El fiscal federal Sergio Mola ordenó una batería de medidas de prueba para avanzar en la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exjefe de Gabinete bonaerense. Su eje central es un peritaje técnico sobre videos donde se observan fajos de dólares. Leer más
El programa económico del presidente electo plantea reducir gasto, combatir evasión, vender activos improductivos y activar sectores como energía, agro, turismo e innovación
Expertos de Los Andes, Nacional, Javeriana y Fedesarrollo alertaron que aplazar el ajuste fiscal hará más costosa la corrección de las finanzas públicas
El abogado demandante Nicolás Oszust confirmó que, en ese caso, apelarán la decisión y continuarán con el proceso judicial. "Va a seguir elevándose hasta que nos reconozcan", dijo en Radio 750.
"Ir a un consenso del compromiso de todas las partes de bajar los impuestos distorsivos para mejorar la competitividad", indicó el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, en cuanto al objetivo de la medida. Leer más
Las confederaciones de trabajadores públicos que participan de la negociación colectiva se reunieron con la Presidencia del Consejo de Ministros
El hallazgo ocurre durante trabajos de prospección de un grupo de especialistas de la Comisión Local de Búsqueda
El ente de control señaló pagos concurrentes en programas para menores durante dos años y atribuyó la falla a verificaciones insuficientes
Junto a los investigadores de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), Pollicita analizó los temas que busca esclarecer.
El ministro de Economía y el gobernador de Entre Ríos, aliado de la Casa Rosada, coincidieron en que el sistema tributario debe simplificarse para fortalecer la competitividad
Los abogados del acusado, Tyler Robinson, solicitaron además que se impida a la fiscalía pedir la pena de muerte en caso de condena. Según argumentaron, los comentarios realizados ante medios de comunicación sobre un fragmento de bala recuperado del cuerpo pudieron influir en la percepción pública sobre la culpabilidad de su cliente
La postergación de la jura del fiscal no desactivó para nada el conflicto. El juecismo y la UCR buscan que la Legislatura intervenga y revoque su designación. Mensaje al PJ en el poder y al Tribunal Superior de Justicia. Leer más
Al quinto mes del año, el ministro de Economía ya consiguió la mitad de la meta de superávit primario que acordó con el FMI. El pago de Ganancias de sociedades que ayudó y las medidas para blindar el resultado fiscal
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Dictaminó en contra de un planteo de la defensa para frenar el estudio que busca esclarecer si las grabaciones son verídicas y aseguró que es un intento por demorar la causa. Spagnuolo se niega a aportar su voz para compararla con las grabaciones
Adorni era el vocero del presidente Milei cuando anunciaban "la moral como política de Estado". La lucha contra los corruptos pretendía ser una bandera de la gestión y él era su cara más visible, antes de ser funcionario ya le contaba las costillas a la casta política. Eso explica la profunda indignación que produce su situación patrimonial.La actual estrategia de reducir la cuestión a un simple asunto de evasión fiscal, diciendo que habían "ahorrado en negro como la mayoría de los argentinos" y que no lo habían declarado porque "la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro", se choca de frente con lo que en marzo declaró ante el Congreso de la Nación: que tenía todo declarado "como corresponde".El problema de Adorni es el inverosímil ahorro informal, que mágicamente apareció, y pretender hacernos creer que la empezó a gastar toda de golpe desde que ejerce la función pública.La declaración jurada que Adorni tanto tardó en presentar es inconsistente, vaga e imprecisa. Contradice registros públicos y hasta sus propios dichos en varias ocasiones. Asegura una importante inversión en criptomonedas sin explicar en detalle cuánto, cómo, dónde compró y con qué ingresos. Para justificar su falta de fondos de origen legítimo durante este tiempo, recurrió a mutuos hipotecarios -es llamativo que no haya recurrido al Banco Nación-, sobre inmuebles de dudosa valuación, operaciones que deben recibir máxima atención porque no responden a los usos y costumbres habituales del mercado.Al ocultamiento de la compra de la casa en Indio Cua, que al principio era 100% de su mujer, pero que luego aparece siendo 50% suya, se agregan para investigarse las refacciones y los viajes. Los flujos y stocks detallados en una línea de tiempo conforman el objeto de una investigación por enriquecimiento ilícito durante su gestión y posible lavado de activos.Si bien el régimen simplificado de ganancias, incluido en la ley de inocencia fiscal, puede permitir un bloqueo respecto de cuestiones tributarias e incluso -por la elevación de los montos de la evasión- la inexistencia de infracciones penales, ese perdón no abarca a los delitos penales por los que se investiga a Adorni hoy: enriquecimiento durante el ejercicio de la función pública; el delito de dádivas por el viaje en avión privado a Punta del Este que pagó un contratista de la TV Pública, su amigo y exempleador, ni el de declaración maliciosa en la declaración jurada.Por su parte, la consultora de su mujer es pieza central del análisis económico, financiero y patrimonial. Según las fuentes de ingreso que allí se registren, se activan posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. La autoría mediata de esos delitos debería recaer sobre Adorni: él es el funcionario, ella es el vehículo.La pregunta que la Justicia no puede eludir es simple: ¿de dónde proviene el incremento patrimonial de Adorni si el único cambio sustancial en su vida es que hoy representa al Estado argentino?El juez Lijo fue invitado por el ministro de Justicia para viajar a ParísLa causa principal, más allá de haber sido delegada en el fiscal Pollicita, está en manos del juez Lijo, quien fue invitado por el ministro de Justicia para viajar a París, al Pleno del GAFI -el organismo internacional de lucha contra el lavado de activos- sin ninguna justificación técnica verdadera. El juez de la causa viajando con el ministro del gobierno al que pertenece el investigado es una imagen propia del cambalache del sistema judicial argentino y de lo poco que importan las reglas sobre el buen comportamiento de los jueces.El caso Adorni vuelve urgentes tres reformas. La Oficina Anticorrupción no puede seguir siendo un apéndice político que recibe declaraciones juradas sin ningún control real. La ley de ética pública no es un papel pintado: las inconsistencias entre lo declarado y el patrimonio real deben analizarse con continuidad para prevenir y eventualmente denunciar.Por su parte, la UIF no debe pedir permiso para avanzar en cuestiones operativas y tiene que recuperar sus facultades para querellar -facultades que este gobierno le quitó mediante el decreto 274/2025 bajo la excusa de una observación que realizó el GAFI-. Finalmente, la ley de inocencia fiscal debe modificarse para prever explícitamente que el "tapón fiscal" -no analizar incrementos patrimoniales o consumos- no se aplique a funcionarios políticamente expuestos y a procesados por delitos precedentes del lavado de activos.Cabe celebrar el fallo difundido en los medios en estos días, donde el juez Casanello procesó a "sherpas de la corrupción"Es importante alentar a los sujetos obligados del régimen de prevención de lavado de activos -como casas de cambio, proveedores de servicio de activos virtuales, sociedades de bolsa, bancos, escribanos, algunos abogados y contadores- a reportar las operaciones sospechosas de personas políticamente expuestas (PEP); es una obligación legal. Adorni es una PEP. Esa obligación no es facultativa y en ese sentido celebro el fallo difundido en los medios en estos días, donde el juez Casanello procesó a "sherpas de la corrupción", es decir, a facilitadores profesionales de maniobras de esta catadura que colaboraron con un problema sistémico y estructural como es el lavado proveniente de la corrupción.La Argentina atraviesa un momento de grandes expectativas. Millones de personas apostaron a un cambio real, hicieron sacrificios concretos y depositaron su confianza en un proyecto político que prometía romper con la lógica de la corrupción sistémica. Sostener esquemas o personas con graves sospechas de corrupción defrauda esa confianza y pone en riesgo también el rumbo económico y de desregulación que es el correcto.La corrupción no es un problema abstractoLa historia de nuestro país demuestra que los proyectos políticos fracasan cuando quienes ejercen el poder comienzan a creerse por encima de las leyes, los controles y la rendición de cuentas. La corrupción no es un problema abstracto: corroe la implementación de todas las políticas públicas, golpea con mayor virulencia a los más pobres y destruye el valor más difícil de reconstruir, que es la confianza.Hasta que "la moral como política de Estado" deje de ser un eslogan hipócrita y se convierta en una práctica real, todo este sacrificio corre el riesgo de no valer la pena. El enriquecimiento ilícito es un delito constitucional y enriquecerse desde la función pública es traicionar a la patria.
El tributarista Diego Fraga explicó los cambios que impulsa el Gobierno para fortalecer el régimen simplificado de Ganancias y brindar mayor seguridad jurídica a quienes decidan incorporar fondos no declarados a la economía formal. Leer más
La norma aprobada por el Congreso Nacional, según la Presidencia de la República, busca reforzar la disciplina presupuestaria, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la previsibilidad de la gestión económica ante la incertidumbre internacional
Grave hecho. Tomás Gálvez dio detalles desconocidos de la salida del exmiembro del Equipo Especial Lava Jato de la coordinación de las Fiscalías de Lavado de Activos
La trayectoria de la fiscal incluye su desempeño en el Ministerio de Justicia entre 2014 y 2018 y la Jurisdicción Especial para la Paz como magistrada auxiliar y jefe del Grupo de Análisis de Información
Después de las declaraciones juradas rectificada y la última correspondiente al período fiscal 2025, que da cuenta de un patrimonio de 944 millones de pesos, la justicia federal se concentra en el análisis de la herencia recibida por el jefe de Gabinete.
Las nuevas causas podrían complicar a Soledad Andreani, el punto donde confluyen los dos casos. Hoy será indagada por presunto encubrimiento del crimen de Agostina por el fiscal Garzón, quien ya remitió el testimonio de una extrabajadora sexual del bar a fiscalías especializadas. Leer más
Un juez federal suspendió algunas de las disposiciones de la normativa, que penaliza la entrada ilegal de migrantes. El fiscal Ken Paxton apeló esa decisión.Pero otras disposiciones de la Ley SB-4 están en vigor desde el 15 de mayo de este año.
Los dos nombramientos se enmarcan en el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, con el que la FGR busca acabar con la llamada burocracia dorada
La iniciativa, convertida en ley en seis días, busca añadir RD$50.000 millones al Presupuesto General del Estado mediante mayores tributos, con 139 votos favorables del oficialismo y el rechazo de los bloques opositores
La defensa de los hermanos acusados de "huachicol fiscal" exhibe un acuerdo judicial que contradice la versión oficial y sostiene que la Fiscalía sigue sin cumplir la orden de entrega total del expediente
Durante la inspección se hallaron materiales de construcción, herramientas y vehículos utilizados en trabajos ejecutados dentro del área protegida
La Comisión Nacional de Valores (CNV) aplicó un freno temporal a aquellos Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCIA) destinados a los grandes patrimonios para posicionarse en activos que están fuera de la Argentina. La justificación técnica es la revisión del costo final de estas herramientas de inversión. La medida entró en vigencia este jueves, a través de la Resolución General N° 1153, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. En la normativa, el organismo regulador suspendió transitoriamente la aprobación de nuevos Fondos Comunes de Inversión Abiertos destinados a inversores calificados que prevean en su reglamento la gestión de inversión en activos emitidos y negociados en el exterior en un porcentaje mayor al 25% de su patrimonio neto.Jetsmart suma 10 aviones a su operación el país y va a cubrir rutas que operaba FlybondiLa CNV también suspendió las nuevas suscripciones de cuotapartes a este tipo de Fondos ya existentes, por lo que los inversores calificados ya no podrán invertir en ellos si hasta el momento no lo hacían. "Dicha suspensión, de índole transitoria, se debe a la evaluación pendiente del costo fiscal que implican este tipo de FCIA", explicó el organismo que dirige Roberto Silva a través de un comunicado. Estos fondos nacieron bajo el impulso de la Ley de Financiamiento Productivo, la cual reformó la Ley de Fondos Comunes de Inversión incorporando el artículo 7 bis. El objetivo original de esta modificación legislativa fue modernizar el mercado de capitales local permitiendo la estructuración de fondos exclusivos para "inversores calificados"â??un segmento que cumple con determinados requisitos patrimoniales y de ingresos anualesâ??, bajo la premisa de que estos vehículos funcionarían como canales fundamentales para captar ahorro a gran escala, permitiendo robustecer la demanda de valores negociables y aumentar la profundidad y liquidez de la plaza financiera doméstica.Inicialmente, la CNV limitó la sumatoria del patrimonio neto de los fondos destinados a inversores calificados en moneda extranjera al 25% del total administrado por cada sociedad gerente mediante la Resolución General 1030. Sin embargo, en abril del año pasado, a través de la norma 1059, decidió aliviar ese techo excluyendo del cálculo a los fondos que invirtieran exclusivamente en valores negociables emitidos y negociados dentro de la Argentina para apuntalar el mercado de crédito doméstico. "En esta instancia, se está reconsiderando el costo fiscal de dichos FCIA. Que, mientras tanto, corresponde suspender la aprobación de nuevos FCIA bajo el artículo 7 bis de la Ley de Fondos Comunes de Inversión que prevean en su reglamento de gestión la inversión en activos emitidos y negociados en el exterior en un porcentaje mayor al 25% de su patrimonio neto, así como suspender la suscripción de nuevas cuotapartes de los ya existentes", cerró la resolución.
El fiscal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria de Francisco Adorni, funcionario del Gobierno y hermano del jefe de Gabinete, por el presunto delito de "omisión maliciosa o falsedad en declaraciones juradas patrimoniales".Fue luego de que el funcionario, al igual que su hermano, rectificara su declaración de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA) para introducir activos que no había informado. El expediente se inició por una denuncia de la diputada Marcela Pagano y quedó radicado en el juzgado del juez Daniel Rafecas, que deberá decidir ahora si convoca al funcionario para que dé explicaciones. Durante el gobierno libertario, el hermano del jefe de Gabinete fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, en junio de 2025, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), un organismo que depende del Ministerio de Defensa y administra y paga el sistema de retiros y pensiones del personal militar.Noticia en desarrollo
Es por la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia investiga si el legislador libertario bonaerense, y al igual que el funcionario nacional, omitió información en su declaración jurada de bienes. Leer más
La acusación sostiene que el diputado bonaerense, con antecedente en un área ligada a esos trámites en el consejo de la magistratura provincial, habría omitido datos patrimoniales en sus declaraciones juradas
El expediente investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales, el manejo de fondos públicos y el accionar de fundaciones vinculadas al entorno del piquetero Ramón "Tito" López. Leer más
La causa ya asoció 90 muertes con el anestésico contaminado. Hay 13 procesados. Ahora se espera que la fiscalía presente su dictamen para impulsar la acción respecto de los funcionarios que conducían la ANMAT y el INAME. Las pruebas que ya hay en el expediente
Gerardo Pollicita solicitó al juez Lijo que requiera a la Comisión Nacional de Valores el marco histórico de las ventas y compras de esa monedas virtuales. Es porque el jefe de Gabinete dijo que se encontró una billetera fría con 200 mil dólares y luego de invertir, sumó un total de 500 mil para tratar de justificar su incremento patrimonial.
Las cuentas públicas siguien dando resultado favorable, pero con un superávit real hasta mayo 12% menor al de 2025
El fiscal federal solicitó información sobre obras y movimientos realizados en una vivienda del country Indio Cuá, además de requerir datos sobre antecedentes laborales de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. También pidió documentación vinculada a una compra millonaria detectada en la investigación. Leer más