fiscal

Disciplina fiscal, reservas en alza y margen limitado para bajar impuestos

Futuras rebajas impositivas dependerán de nuevos ajustes del gasto o de una recuperación más firme de la actividad económica

Anularon la destitución de Cecilia Goyeneche y vuelve a ser fiscal anticorrupción de Entre Ríos

Tras cuatro años de lucha en los tribunales, la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche reasumió hoy su cargo, luego de que el Superior Tribunal de Justicia anulara su destitución promovida después de que acusara en causas de corrupción al condenado exgobernador Sergio Urribarri y a sus funcionarios."Fue una pelea por la independencia de los fiscales que salió bien. Estoy feliz. Esta situación se originó en que algunas personas investigadas por corrupción creían que tenían el derecho a la impunidad, pero las investigaciones que llevamos a cabo en la causa de los contratos y en el juicio a Urribarri nos demostraron que no", dijo Goyeneche a LA NACION. Y enfatizó que ahora espera que la condena a Urribarri quede firme y que el caso de los contratos de la Legislatura local llegue a juicio.Goyeneche fue reinstalada hoy en su cargo de Procuradora Adjunta del Ministero Público Fiscal de Entre Rios por el procurador Jorge García, en una acto rodeada de procuradores de otras provincias y de la Asociación de Fiscales.Cecilia Goyeneche fue desvinculada de su cargo mediante un jury el 30 de noviembre de 2021, pero peleó en la justicia local, sin suerte, y llegó a la Corte Suprema de Justicia, que fue la que le dio la razón, anuló todo el procedimiento y ordenó dictar una nueva sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos. Y hoy, tras cuatro años y tres meses de lucha judicial, conjueces del Tribunal Superior de Justicia, porque los jueces titulares se excusaron y se apartaron, anularon el jury y la repusieron en su cargo.Hablaron acerca de que el jury que destituyó a Goyeneche actuó con falta de imparcialidad".La Corte había señalado vicios en el proceso y cómo se integró el jury, y por eso el Tribunal Superior de Justicia debió volver a fallar.Los jueces que habían participado en el rechazo inicial del recurso extraordinario no podían volver a intervenir luego de que la Corte dejara sin efecto aquella sentencia. Ahora los jueces que fallaron son los camaristas, que actuaron como conjueces: María Alejandra Abud, Marcelo Baridón, Santiago Brugo, Aranzazú Quiroga, Mauricio Mayer y Carina Nassivera.La justicia entrerriana dio marcha atrás, declaró nula la resolución del 30 de noviembre de 2021 del Jury y anuló la destitución de la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Andrea Goyeneche.Los jueces que fallaron hoy dijeron que "se violaron gravemente las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio, principalmente porque el tribunal que juzgó a Goyeneche no fue imparcial".El fallo detalla que varios jueces del jury debieron ser apartados, por ejemplo Daniel Carubia y Claudia Mizawak, que ya habían intervenido como jueces en distintas etapas de una causa que originó la denuncia contra la fiscal. El fallo señala que esta participación previa comprometía su objetividad y que, según la ley, debieron haberse inhibido por "haber intervenido o tenido interés en el resultado de la causa".En el caso del juez Juan Smaldone, dijeron que el nivel de parcialidad detectado es "patente y grave". Por un lado, Smaldone intervino en una causa de amparo, en la que se discutió exactamente el mismo tema que luego tuvo que resolver como jurado.Además, existía un conflicto de intereses, pues el Ministerio Público Fiscal que integraba Goyeneche había acusado penalmente al hijo de Smaldone por corrupción en un caso de negociaciones incompatibles, fraude y cohecho, donde la fiscal intervino.El Superior Tribunal de Justicia anuló la integración de este jurado al considerar que "se violó la garantía constitucional del juez natural".Además de la falta de imparcialidad de los jueces, el fallo subraya que se eligió a un fiscal a dedo para la acusación contra Goyeneche. Recordó: se apartó a todo el Ministerio Público Fiscal como acusador por falta de objetividad y lo reemplazó por un fiscal "ad hoc" sacado de una lista de conjueces.El superior tribunal de Entre Ríos resolvió que "esta decisión fue manifiestamente ilegítima y arbitraria".Al constatar que "el proceso nació viciado por un jurado parcial y un órgano acusador ilegal", anuló todo y ello permitió reponer a la fiscal en su cargo.Goyeneche dijo a LA NACION que continuará con las investigaciones de corrupción, que coordinará los juicios en marcha y no descartó intervenir ella misma como fiscal en algunos de los juicios por venir.

Desaparición de Loan: fuerte cruce entre fiscales y jueces por la decisión de empezar el juicio el 7 de octubre

CORRIENTES (de un enviado especial).- Fue una sorpresa que generó indignación en los fiscales y en María Noguera y José Peña, madre y padre de Loan Danilo Peña, cuando escucharon que el presidente del Tribunal Oral Federal, Fermín Cereloni, anunció que el juicio por la desaparición del niño comenzaría el 7 de octubre y que estaba previsto que se realizaran dos audiencias por semana hasta diciembre; es decir, en tres meses, en un debate que tendrá, como mínimo, 160 testigos."Este caso no es común. Tenemos un chico desaparecido, cuyos padres, que están sentados en primera fila, quieren encontrarlo y saber qué pasó. No podemos empezar este juicio el 7 de octubre", aseguró el fiscal federal Carlos Schaefer. Esta nueva postergación es lo que, en definitiva, pretendían las defensas de la mayoría de los 17 acusados, cuyas evidencias en su contra prueban â??según la mirada del Ministerio Público Fiscalâ?? que Loan fue retenido y extraído del naranjal cercano al campo de su abuela, Catalina Peña, en las afueras de 9 de Julio, donde se había realizado un almuerzo que terminó siendo el último lugar donde fue visto el chico. Para la fiscalía eso está acreditado en la instrucción que realizó la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, en los 93 cuerpos del expediente enviados el año pasado a Corrientes.El malestar y el rechazo que generó la fecha que estableció el tribunal â??conformado por Eduardo Belforte, Fermín Cereloni y Simón Braccoâ??, que fijaba el inicio para dentro de más de siete meses, hizo reflexionar a los jueces, quienes decidieron analizar y estudiar el tema. La desprolijidad del tribunal y el apuro por terminar la audiencia preliminar antes del mediodía dejaron esta situación en una especie de limbo. "No entiendo para qué se hizo esta audiencia preliminar si no se decidió nada", afirmó Schaefer.Casi todos los acusados seguían la audiencia de manera virtual desde sus celdas en distintas partes del país. El único que se desconectó fue Antonio Benítez, pero el resto â??como Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Macielâ?? estuvieron atento a sus pantallas. Cuando tengan que declarar deberán ser trasladados a la ciudad de Corrientes.Parecía que los magistrados estaban en otra dimensión, muy distinta a la que deambula la familia de Loan desde el 13 de junio de 2024, cuando el niño desapareció. "Tenemos que guardar respeto a esta familia", insistió Schaefer, mirando a María y José Peña, que estaban sentados en unos pupitres a dos metros del estrado, en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad del Nordeste. No se sabe cuándo comenzará el juicio, aunque, según los fiscales, las condiciones están dadas para que sea de inmediato."Me parece un disparate. Si es posible, queremos que el juicio empiece en una semana o dos; queremos que sea lo antes posible", dijo María Noguera al finalizar la audiencia.Una parte considerable del tiempo de la audiencia la ocupó una discusión intrascendente: la decisión de los jueces de pedirles a dos mujeres de Goya, que reclaman la aparición de Loan, que se sacaran las remeras con la estampa del rostro del niño. "En este juicio no debe haber ninguna connotación política", sostuvo el presidente del tribunal, interpretando que ese reclamo podría estar motivado por alguna intencionalidad ajena al pedido de justicia.Otro punto de discusión fue la prueba ofrecida por el Ministerio Público Fiscal, que incluye 161 testigos. El tribunal otorgó 15 días para readecuar la prueba, pero Schaefer indicó que esa tarea ya había sido realizada y que la audiencia era el ámbito adecuado para resolverlo. "Este sería el recinto y el momento para discutir, de esos 160 testigos, qué más piden las defensas. Si no, nos quedaríamos sin audiencia del día de hoy". El fiscal reiteró que mantiene un criterio de amplitud probatoria, aunque insistió en que el proceso debe avanzar sin dilaciones innecesarias.Los defensoresErnesto "Tito" González, abogado de Pérez y Caillava, había adelantado en la previa que la estrategia de la defensa se centraría en objetar las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal y la querella. "Hay ciertas incongruencias en los planteos realizados por la querella y también por el Ministerio Público Fiscal. Tengamos un poco más de seriedad en cuanto a la cantidad de personas que pretendemos que vengan a declarar, porque tenemos que tener en cuenta que vamos a tener declaraciones testimoniales que no van a durar dos minutos. Hay que depurar aquellas que sean verdaderamente útiles", señaló.Luego de la audiencia, que dejó un sabor amargo para los fiscales, Schaefer insistió en que el juicio es vital para que puedan surgir nuevos elementos en la búsqueda de Loan y para que se pueda romper el pacto de silencio entre los imputados. El fiscal reconoció que es relevante lo que hasta ahora logró determinar la investigación, aunque gran parte de la opinión pública considera que, al no hallarse a Loan, es un caso perdido.La esperanza del equipo fiscal es que durante el juicio se rompa el pacto de silencio que envuelve a los principales acusados. Según la causa, "intervinieron de manera coordinada" y, tras el almuerzo, un grupo de adultos y niños se dirigió a un naranjal cercano. En ese trayecto, Loan fue apartado de su padre y, desde entonces, permanece desaparecido. Las evidencias permiten determinar que Loan fue atropellado por la camioneta de Pérez y que, a partir de ese hecho, se planeó la desaparición del niño. El delito que se les endilga a estos acusados, contemplado en el artículo 146 del Código Penal, prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión.A estos imputados, que están con prisión preventiva, se suman otros diez vinculados a la llamada Fundación Dupuy, que habrían entorpecido la investigación de la desaparición de Loan. El único de ese grupo que está detenido es Nicolás Gabriel Soria, conocido como el "falso yankee", quien se presentaba en Corrientes como agente de la CIA o de Interpol, pero había nacido en Avellaneda.Schaefer destacó, luego de la audiencia, que los principales indicios de que Pérez y Caillava ocultaron a Loan están determinados por las pruebas realizadas con perros, que marcaron que el chico estuvo en la camioneta Ford Ranger con la que el matrimonio asistió al almuerzo y en la que, tras la desaparición del niño, regresaron a 9 de Julio. Además, horas más tarde viajaron a Corrientes y a Chaco en otro auto, un Ford Ka. La sospecha es que ese viaje lo hicieron con Loan, aunque aún no está claro con qué fin.Los investigadores determinaron que entre las 13.52 y las 15.26 se consumó la sustracción de Loan "para luego dar lugar a su ocultamiento hasta el día de hoy". En ese lapso, "Benítez, Ramírez, Millapi y Peña aprovecharon que José Peña (padre) y la abuela del niño se encontraban en la sobremesa conversando con el matrimonio Pérez-Caillava para apartar a Loan de su padre. Usaron la excusa de ir a buscar naranjas con los otros niños â??logrando así que el menor los acompañaraâ?? a un naranjal ubicado en un monte a más de diez minutos a pie, desde donde era imposible que el menor pudiera ser visualizado desde la casa de Catalina Peña, donde se encontraba su padre".En ese recorrido, y a medio camino hacia el naranjal â??donde ya se encontraba Benítezâ??, en una tranquera donde Ramírez esperaba a las mujeres y a los niños, Laudelina convenció a la prima de Loan de regresar a la casa con la excusa de que allí también había naranjas. De esa manera logró que todos los chicos se quedaran solos con los tres adultos que habían ido hacia allí y que participaron en la sustracción.La investigación señala que en el naranjal â??independientemente de las versiones ensayadas por los involucrados y del relato de los niñosâ?? se produjo "un suceso que desencadenó la sustracción del menor, el cual luego fue alejado del lugar y ocultado", situación que para los fiscales "perdura al día de la fecha".La sospecha de los fiscales es que para sacar a Loan del lugar se utilizó "el vehículo Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava, en el cual se hallaron rastros odoríficos del menor".El llamado sospechoDurante esa tarde del 13 de junio, Laudelina llamó a Caillava, según detectaron las antenas. Luego, la esposa de Pérez llamó a la policía a las 15.37, pero el comisario Maciel ordenó que se asentara en el libro de guardia que la comunicación había sido a las 16.15. Más tarde, Caillava y Pérez se encontraron con Laudelina. La sospecha es que le ordenaron plantar el botín de Loan para desviar la investigación, mientras el matrimonio viajaba a Corrientes y a Chaco.El jefe de la Comisaría de 9 de Julio, Walter Maciel, según los fiscales, montó un falso escenario de búsqueda e impartió distintas órdenes con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo de Loan.En la investigación se concluyó que "la denominada zona cero de la desaparición fue rastrillada agotando todos los recursos posibles: el mismo día de la desaparición, el 13 de junio, y en los días inmediatamente posteriores; el 30 de junio; nuevamente el 24 de julio; el 15 de octubre; y, por último, el 18 de diciembre de 2024". "En ninguna oportunidad se hallaron rastros fehacientes del niño que lo ubicaran fuera de la órbita del naranjal", remarcaron.Aunque aún no hay certezas de que el juicio arranque antes del 7 de octubre, como estableció originalmente el tribunal, los abogados de María Noguera y José Peña pidieron a los jueces que se lleve adelante lo antes posible una reconstrucción de la desaparición de Loan en el paraje El Algarrobal, en 9 de Julio. "El 13 de junio se van a cumplir dos años de la desaparición de Loan y ustedes deben saber y tener dimensión del lugar donde ocurrió esta tragedia", afirmó uno de los abogados de la querella, quien pidió, antes de que se cerrara la audiencia, que los magistrados le dieran la posibilidad de hablar a la madre de Loan. El presidente del tribunal se olvidó de este pedido y dio por terminada, a las 12.45, la fallida audiencia preliminar de un juicio emblemático.

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En contradicción con Berni, dijo que no le correspondía dirigir el operativo en el departamento del ex fiscal de la AMIA el 18 de enero de 2015. Y afirmó que "desde los albores del procedimiento, Sara Garfunkel -madre del fiscal- junto con Marta Chagas, se encontraban sentadas en la cama".

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Ricardo Quintela ratificó sus dichos sobre Milei tras la denuncia del fiscal Stornelli

Tras la denuncia del fiscal Carlos Stornelli por "inicitación a la violencia colectiva", el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ratificó sus dichos contra la administración de Javier Milei y aseguró que, de persistir con su agenda política, el Presidente no llegará a completar su mandato. Stornelli había avanzado penalmente contra el mandatario peronista por considerar que sus declaraciones incitaban a la violencia."Yo lo que hice fue un análisis político, una descripción de lo que yo visualizo. De continuar con estas políticas, de no modificar sus políticas, este gobierno no llega al 10 de diciembre de 2027â?³, reafirmó Quintela en diálogo con radio Delta 90.3. Negó que, como plantea el fiscal, su intención haya sido instigar algún tipo de levantamiento.Advirtió, sin embargo, que espera que la CGT active un "plan de lucha" frente al avance de la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, a la que considera inconstitucional por violar el artículo 14 bis de la Carta Magna y tratados internacionales de rango constitucional. "También digo, como peronista, que la CGT tiene que armar un plan de lucha, tiene que resistir este modelo que atenta contra los derechos de los trabajadores", sostuvo.Cree, además, que otros dirigentes políticos deberían acompañar esta acción. "Quien tiene que manifestarse y visibilizar los problemas que vamos a tener [con la reforma laboral] tiene que ser la CGT, acompañado por todos aquellos que tenemos responsabilidad. Tenemos que defender los derechos de nuestra gente", agregó.Algo similar había planteado el lunes pasado en Radio 10. Fueron sus declaraciones en esa emisora las que motivaron la denuncia penal de Stornelli por "incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional".En el escrito presentado, el fiscal puntualizó la frase del gobernador por la que decidió actuar judicialmente. "Eso lo he planteado a mis colegas gobernadores y a los tres que conducen la CGT, que estaban acompañados por Héctor Daer y por el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. Estábamos todos juntos y yo planteé esto, tenemos que tomar decisiones, fuertes decisiones. Me dijeron: 'Sí, bueno, pero acordate, digo, en el año 2001, tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Sí tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo (...) este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027â?³, dijo Quintela, y abrió así la polémica. Además de la presentación de Stornelli, Quintela enfrenta otra denuncia, en este caso, de parte del riojano Javier Ruiz, referente de La Libertad Avanza en su provincia. Ruiz interpretó que el gobernador del PJ habría validado una interrupción anticipada del mandato presidencial.El futuro del peronismoEn diálogo con radio Delta 90.3, Quintela también se refirió al futuro del peronismo. Aseguró que -además de acompañar en el corto plazo el reclamo de los gremios y trabajadores- el partido debe trabajar para liderar un frente político amplio que pueda disputarle poder a La Libertad Avanza."Tiene que ser un grupo de compañeros que nos sentemos alrededor de la mesa a diseñar primero un proyecto político que encabece el peronismo como columna vertebral de un espacio mucho más grande", explicó. "[El peronismo sería] un núcleo que pueda convocar a otros partidos políticos, a movimientos sociales, a la CGT para constituir un frente político con un programa de gobierno que empatice con nuestra gente".El gobernador se mostró escéptico respecto de la posibilidad de incorporar a la vicepresidenta Victoria Villarruel a ese frente que pretende constituir, pero no lo descartó por completo. La titular del Senado se había mostrado junto al mandatario peronista a mediados de febrero en la última edición del Festival Nacional de La Chaya."Dentro del peronismo, no creo [que haya lugar para Villarruel] por su posición negacionista. No te puedo decir esta agua no has de beber, pero en principio me parece que no por su posición negacionista de la década del '70 y los 300.000 desaparecidos, compañeros torturados", concluyó Quintela.

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El informe subraya que la Comisión de Postulación debe incorporar indicadores concretos que permitan valorar la independencia, idoneidad y ética de los candidatos, promoviendo un sistema de selección acorde a principios constitucionales

El jefe de los fiscales pidió la prisión perpetua para los jóvenes condenados a 15 años de cárcel por el homicidio de Fernando Báez Sosa

El procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, pidió que Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli, los tres jóvenes que recibieron una pena de 15 años de cárcel por su participació secundaria en el homicidio de Fernando Báez Sosa, crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en la ciudad de Villa Gesell, sean condenados a la pena de prisión perpetua.Así se desprende de un dictamen presentado ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense presentado el 4 de este mes, pero que se conoció en las últimas horas, informaron a LA NACION fuentes judiciales.En la parte final de la presentación, Conte-Grand solicitó al maximo tribunal bonaerense que "se haga lugar a los recursos de inaplicabilidad de ley interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por los particulares damnificados [por los padres de Báez Sosa], casar la decisión impugnada -en relación a las participaciones secundarias y la desestimación del agravante de la alevosía- y adoptar competencia positiva", explicaron las fuentes consultadas.También, el jefe de los fiscales bonaerenses pidió que se desestimen por "improcedentes" los recursos de inaplicabilidad de ley presentados por las defensas de los jóvenes condenados.Veredicto: Thomsen, Pertossi, Comelli, Benicelli y Pertossi condenados a prisión perpetuaEl 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari condenó a la pena de prisión perpetua a Máximo Thomsen, de 26 años; Luciano Pertossi, de 24 años; Ciro Pertossi, de 25; Enzo Comelli, de 25, y Matías Benicelli, de 26. Fueron encontrados culpables del delito de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves [por los golpes que recibieron los amigos de Báez Sosa]".En cambio, Lucas Pertossi, que ayer cumplió 27 años; Viollaz, de 26, y Cinalli, de 24, fueron considerados "partícipes secundarios" del delito de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves".A fines de febrero de 2023, la sentencia fue apelada por los padres de la víctima, Silvino Báez y Graciela Sosa, representados por los abogados Fernando Burlando y sus colegas Fabián Améndola, Facundo Améndola, y Germán Facio. Solicitaron la pena de prisión perpetua para los tres jóvenes condenados a 15 años de cárcel. "La sentencia atacada ha incurrido en una errónea aplicación de la ley sustantiva a través de un desvío palmario de las reglas del sentido común. El tribunal a quo ha incurrido en un error lógico al interpretar y valorar las pruebas, con tergiversación de las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables", sostuvieron en la presentaciónLo mismo hicieron los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, representantes del Ministerio Público durante el juicio."Los fiscales, en su planteo, sostuvieron, como lo hicieron durante el juicio, en que los ocho acusados fueron coautores del homicidio de Báez Sosa", explicaron, en su momento, fuentes judiciales.El 27 de febrero de 2023, el abogado Hugo Tomei, que en ese momento representaba a los ocho jóvenes condenados, apeló la sentencia de primera instancia: solicitó la absolución de Lucas Pertossi, Viollaz y Cinalli; y para sus otros cinco asistidos pidió una pena máxima de cinco años de cárcel."Sin lectura de derechos, sin saber que podían negarse a responder preguntas incriminatorias y sin intervención de la defensa oficial, se les requirieron sus teléfonos celulares con las claves de acceso y la confesión sobre la propiedad de cada prenda de vestir con presuntas manchas hemáticas que se iban incautando. Eso sí; el personal policial dejó constancia a fs. 38, renglón 21, que de averiguaciones practicadas habría un sospechoso más que emprendió huida de nombre Pablo Ventura. El funcionario en ningún momento indicó como obtuvo dicha información que valió detener a un inocente que luego demandó al Estado por los daños y perjuicios que le ocasionó el irregular proceder del Ministerio Público Fiscal, en la suma de diez millones de pesos, que en caso de prosperar deberíamos pagar los contribuyentes mediante nuestros impuestos", sostuvo Tomei en parte de su apelación.El 22 de marzo de 2024, el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas de primera instancia, pero decidió quitar el agravante de la alevosía.Los jueces Luis María Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño sostuvieron: "Debe quedar nítidamente establecido, fuera de este asunto, pero a modo de ejemplo esclarecedor, que, aun mediando una pelea previa, en la cual uno de los contendientes queda indefenso, su inmediata matación no es alevosa. Por otro lado, y ya en orden a este acontecimiento en concreto, aunque no haya habido pelea, el escenario de los hechos muestra una nutrida concurrencia pública, con presencia policial relativamente cercana, que impide tanto la emboscada, como la típica actuación sobre seguro, propia de la figura, sin que sobre agregar a estos fines -para descartar definitivamente la sorpresa- el modo de embestida no disimulado con perfiles de horda vociferante".Caso Fernando Báez Sosa, el juicio: el fiscal Dávila dijo que 'son todos coautores'El Ministerio Público insistió y la Fiscalía de Casación presentó un recurso de inaplicabilidad de ley, que ahora apoyó el procurador Conte-Grand ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense."Se dictaminó hace unas semanas en el sentido del acogimiento de los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal de Casación. Ahora el tema está para resolver en la Suprema Corte de Justicia bonaerense", dijo a LA NACION una calificada fuente con llegada al despacho de Conte-Grand.La Suprema Corte de Justicia, que debe tener siete miembros y solo está integrada por los jueces Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria, para tratar el tema Báez Sosa convocó al magistrado Daniel Carral, integrante del Tribunal de Casación Penal (su presidente, Mancini Hebeca no pudo intervenir porque ya participó en la apelación a la sentencia de primera instancia).Pedido de nulidadAyer, por otra parte, se conoció que el fiscal de Casación, Ignacio Nolfi, que desde diciembre pasado representa a Lucas Pertossi, pidió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la sentencia de su asistido y la realización de un nuevo juicio La fundamentación de la presentación ante el máximo tribunal se basó en "la vulneración estructural del derecho de defensa en juicio, derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso", según informó la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires en un comunicado de prensa.Desde pocas horas después de su detención y tras ser indagado, el 18 de enero de 2020, había sido defendido por el abogado Hugo Tomei, al igual que los otros siete condenados."Si bien el doctor Tomei asumió la defensa con posterioridad a la audiencia prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense [por la declaración indagatoria], lo cierto es que, desde el mismo momento en que tomó intervención, ya existía un cuadro evidente de intereses contrapuestos entre los imputados, derivado de la disparidad objetiva de roles, de la distinta entidad de la prueba de cargo y del diverso grado de responsabilidad que se les atribuía. Ese contexto imponía, como vengo sosteniendo reiteradamente en este escrito, una actuación diferenciada y un control judicial activo, tendiente a evitar que la defensa común frustrara el ejercicio pleno del derecho de defensa de alguno de los encartados", sostuvo Nolfi en su presentación ante la Corte Suprema de Justicia, a la que tuvo acceso LA NACION.Para Nolfi, "la asunción de una defensa técnica común en una causa de extrema gravedad, con roles fácticos claramente disímiles, requería la revisión crítica de lo actuado por el letrado de confianza y la adopción inmediata de medidas orientadas a resguardar el derecho de defensa. En otras palabras, los tribunales debían intervenir de oficio para subsanar esa situación y permitir una defensa diferenciada que tutela de manera efectiva la situación fáctica y jurídica de Lucas Pertossi".Los ocho jóvenes están alojados en la Unidad 61 del Servicio Penitenciario Bonaerense, cárcel que hasta hace pocos meses se conocía como Alcaidía Departamental 3 de La Plata.

Caso Cuadernos: La fiscal Fabiana León rechazó el pedido de Cristina Kirchner para anular el juicio

"El ámbito natural para discutir la culpabilidad o inocencia de las personas, es el juicio oral", dijo la representante del Ministerio Público durante la audiencia de este jueves.

El fiscal Carlos Stornelli denunció al gobernador de La Rioja Ricardo Quintela por amenazas de sedición

Es porque el mandatario dijo que el gobierno de Milei "no llegaba al 10 de diciembre de 2027" y por instó a la CGT a "tomar decisiones fuertes" contra la administración nacional.

El PJ salió a apoyar a Ricardo Quintela tras la denuncia de un fiscal por sus polémicos dichos sobre Milei

El Partido Justicialista nacional, que preside Cristina Kirchner, emitió un comunicado de apoyo al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien fue denunciado por el fiscal federal Carlos Stornelli tras declarar que el presidente Javier Milei no debe concluir su mandato en término. Además de solidarizarse con el mandatario provincial, el partido cuestionó al funcionario judicial por tener "una larga trayectoria en causas armadas, extorsiones y persecución a los peronistas".Bajo el título "Solidaridad con el gobernador Quintela", el PJ señaló en su comunicado que "repudia la denuncia impulsada por el fiscal Carlos Stornelli contra el gobernador de La Rioja, el compañero Ricardo Quintela". "La denuncia no tiene ningún sustento: se origina en una opinión del gobernador realizada en un medio de comunicación y es llevada adelante por un fiscal con una larga trayectoria en causas armadas, extorsiones y persecución a los peronistas", se subrayó en el texto del partido conducido por Cristina Kirchner. Entre otros expedientes, Stornelli intervino en el de los Cuadernos de las Coimas, que está en proceso de juicio oral con la expresidenta entre los acusados. COMUNICADO DEL PARTIDO JUSTICIALISTASOLIDARIDAD CON EL GOBERNADOR QUINTELAEl Partido Justicialista repudia la denuncia impulsada por el fiscal Carlos Stornelli contra el gobernador de La Rioja, el compañero Ricardo Quintela. La denuncia no tiene ningún sustento: se originaâ?¦— Partido Justicialista (@p_justicialista) February 26, 2026"Se trata de un nuevo episodio de persecución política y de la utilización del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento contra dirigentes de la oposición al gobierno de Milei. Nuestra solidaridad con el gobernador Ricardo Quintela", se concluyó en el documento del peronismo, que se difundió por redes sociales.Quintela -quien, en 2024, intentó postularse dentro del PJ para disputar una interna con Cristina, pero no lo logró porque su lista fue rechazada por la junta electoral partidaria y por la jueza federal María Servini- había dicho el martes a Radio 10 que "el peronismo es una fuerza política que dejó jirones en el camino, pero este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027â?³. "Si llegamos, [será] con un país totalmente destruido, entregado", remarcó. En las mismas declaraciones radiales, el gobernador riojano advirtió que el gobierno de Milei podría entregar la Patagonia a manos extranjeras. "Guarda desde La Pampa para abajo, guarda con la Patagonia. No vaya a ser cosa que después nos enteremos que se quedaron con las Malvinas y también con la Antártida y la Patagonia, son unos vivillos", advirtió.Tras la repercusión de los dichos de Quintela, el fiscal Stornelli lo denunció porque esas declaraciones podrían constituir los delitos instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y amenaza de sedición. Argumentó que las declaraciones del mandatario provincial tienen "mayor trascendencia y gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades, concretamente, como gobernador".Además de Stornelli, también denunció a Quintela el referente de La Libertad Avanza (LLA) de La Rioja, el exconcejal Javier Ruiz, que planteó que el gobernador incurrió en una instigación pública a la alteración del orden constitucional.A título personal, Quintela recibió apoyo de dirigentes del peronismo como el jefe del bloque justicialista en la Cámara de Diputados, Germán Martínez (Santa Fe). "La denuncia de Stornelli contra Quintela es un bochorno. Otra afrenta contra el federalismo. Y otro intento más de judicialización de la política. Atentos gobernadores de todos los signos políticos: los quieren amordazar. Algo más: no creo que Stornelli actúe solo", planteó el diputado en su cuenta de la red social X.Las declaraciones que Quintela formuló el martes sobre un posible final anticipado del mandato de Milei no fueron las primeras suyas en ese sentido. En julio de 2024, en la presentación del libro Conocer a Perón. Destierro y regreso, de Juan Manuel Abal Medina (padre), en el Centro Cultural Torquato Tasso, había pedido que el Presidente cambie su rumbo o se aparte de la Presidencia. "Le pedimos que modifique sus políticas. Caso contrario, córrase, porque el pueblo, si lo tiene que correr, va a ser de una manera que no va a gustar", dijo en esa oportunidad.

El fiscal mantiene los diez años al instalador de alarmas acusado de violar a una clienta

La Corte de Constitucionalidad recibe amparos que exigen reformar proceso de selección de fiscal general de Guatemala

Un sector de la comunidad jurídica sostiene que el sistema actual otorga ventaja desproporcionada a profesionales con trayectorias extensas, restringiendo así la participación de aspirantes que cumplen con los años mínimos de ejercicio profesional

El fiscal Stornelli denunció al gobernador Quintela por decir que Milei no puede "llegar hasta el 10 de diciembre del 2027"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló del tema y remarcó que "lo de Quintela es lamentable desde todo punto de vista". Leer más

El fiscal de Florida acusó a Cuba tras el ataque a una lancha de EE.UU.: "Los comunistas rendirán cuentas"

El episodio dejó cuatro muertos y más de seis heridos. Washington abrió una investigación mientras el gobierno cubano sostuvo que respondió a disparos en aguas territoriales. Leer más

El fiscal Stornelli denunció a Quintela porque dijo que Milei "no puede llegar al 10 de diciembre de 2027â?³

CÓRDOBA.- El fiscal federal Carlos Stornelli denunció penalmente al gobernador riojano Ricardo Quintela por sus declaraciones acerca de que el presidente Javier Milei "no puede llegar al 10 de diciembre de 2027â?³. Para el funcionario judicial podrían constituir el delito de "incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional".Stornelli cita los dichos de Quintela el lunes en el programa"Mañana Sylvestre", conducido por el periodista Gustavo Sylvestre y emitido por Radio 10 (AM 710). En su escrito el fiscal puntualiza la frase del Gobernador: "...Eso lo he planteado a mis colegas gobernadores y a los tres que conducen la CGT, que estaban acompañados por Héctor Daer y por el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. Estábamos todos juntos y yo le planteé esto, tenemos que tomar decisiones, fuertes decisiones. Me dijeron: 'Sí, bueno, pero acordate, digo, en el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Sí, tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, 39 Ñ?оmÑ?аñeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo (...) este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027, si llegamos asi llegamos con un país totalmente destruido, entregado, guarda, guarda...".En la presentación, el fiscal subraya que los dichos adquieren "mayor trascendencia y gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades, concretamente, como gobernador".Plantea que, prima facie, las declaraciones podrían encuadrar en los delitos tipificados en los artículos 209 (instigación a cometer delitos), 211 (intimidación pública), 212 (incitación a la violencia colectiva), 213 (apología del crimen) y 226 bis (amenaza de sedición), del Código Penal.Otra denuncia fue presentada por el referente de La Libertad Avanza (LLA) de La Rioja, el exconcejal Javier Ruiz. Para el dirigente las palabras del Gobernador constituyen una instigación pública a la alteración del orden constitucional. Plantea que Quintela utilizó su investidura para validar una interrupción anticipada del poder presidencial por vías no democráticas.Además, por el segmento en el que Quintela se refiere a las muertes del 2001 como "hay sacrificios que valen la pena", el denunciante dice que se puede inferir "la posible participación en una estructura u organización política que habría asumido como legítima la exposición de personas a un contexto cierto y previsible de riesgo de muerte, con pleno conocimiento de las consecuencias que de ello podían derivarse".En esa línea, Ruiz pide a la Justicia que investigue si estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles. Solicita que se llame a Quintela a declarar para que precise quiénes dieron las órdenes en 2001 y qué rol cumplió él en esa organización.

Venezuela: un hombre clave de Maduro renuncia como fiscal general y asume un nuevo cargo en el país

El fiscal general de Venzuela, Tarek William Saab, presentó este miércoles su renuncia tras estar casi una década al frente del Ministerio Público. Era señalado por la oposición y organismos internacionales como uno de los colaboradores más estrechos de Nicolás Maduro y figuraba en el centro de constantes denuncias por la violación de derechos humanos.Su salida, informada por la Asamblea Nacional, ocurre en un clima de extrema fragilidad institucional tras la captura del exmandatario por parte de fuerzas estadounidenses y el ascenso interino de Delcy Rodríguez, quien busca reconfigurar el gabinete para intentar estabilizar el país.El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la renuncia de Saab y del defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. Ambos habían sido ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un período de siete años, es decir, hasta 2031.Las renuncias fueron aceptadas durante la misma sesión en la que la Asamblea designó una comisión conformada por 13 diputados para que evalúen postulaciones y definan a los nuevos titulares de la Fiscalía y la Defensoría en un plazo de 30 días.Sin embargo, la Asamblea nombró al propio Saab como Defensor del Pueblo encargado, y como fiscal eligió al abogado Larry Daniel Devoe Márquez, quien hasta ahora era secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.Una medida que fue criticada por la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW)."Tarek William Saab desempeñó un papel destacado en la persecución sistemática de críticos y opositores en Venezuela. Su renuncia como fiscal general es prometedora, pero su designación como defensor del pueblo es una bofetada a las víctimas. Una reforma significativa requiere el nombramiento de un nuevo fiscal general que sea independiente, deje de perseguir a la disidencia y se comprometa a garantizar la liberación y amnistía de todos los presos políticos", manifestó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW en diálogo con CNN.Al frente del Ministerio Público, Saab desplegó una sistemática ofensiva judicial contra las voces disidentes, con los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González.Además, organismos internacionales, entre ellos Human Rights Watch y Amnistía Internacional, documentaron detenciones arbitrarias, torturas y el uso del sistema penal como herramienta de represión, con al menos 18 muertes en custodia registradas durante su gestión, según consignó El Nacional.Con información de AFP

El fiscal Stornelli denunció a Ricardo Quintela por presunta instigación tras sus críticas al Gobierno

La presentación judicial se originó luego de que el mandatario riojano advirtiera que el Ejecutivo nacional "no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027"

Equilibrio fiscal en tensión: el impacto previsional de la reforma laboral

Mediante el FAL, se pagarían indemnizaciónes cubriendo costos empresariales con recursos que hoy financian jubilaciones y pensiones, y reduciendo los recursos del sistema para la seguridad social

La inesperada confesión de la fiscal del caso Nisman

Viviana Fein calificó de "fracaso" la investigación que ella misma dirigió durante once meses.

La postulación de Consuelo Porras para reelegirse como fiscal genera críticas por parte del presidente de Guatemala

Durante una conferencia de prensa, el mandatario manifestó preocupación por prácticas que beneficiarían intereses particulares, señaló deficiencias en el proceso y resaltó la necesidad de salvaguardar la independencia y legitimidad de los órganos judiciales

Clave de la acusación contra los fiscales del caso Dalmasso: la hipótesis del parquetero siempre estuvo a la vista

A Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro no se los juzgará "con el diario del lunes". El mal desempeño y la negligencia grave ocurrieron porque no profundizaron la investigación sobre Roberto Barzola, claro sospechoso cuando el expediente estuvo bajo la dirección de cada uno. El 12 de marzo podría fijarse fecha de juicio. Los tres siguen en funciones. Leer más

El proceso para elegir fiscal general en Guatemala avanza con exclusiones y revisión exhaustiva de expedientes

Las autoridades ajustaron el calendario para evaluar la idoneidad de los postulantes, en medio de presiones locales e internacionales por fortalecer la legitimidad y la independencia del Ministerio Público

Buenas noticias para contribuyentes en Arizona: la gobernadora Hobbs redujo los impuestos con nuevas deducciones de alivio fiscal

La gobernadora demócrata ordenó varios cambios en formularios y guías tributarias. ¿A qué apunta el plan?

Eligen a Consuelo Porras como candidata a seguir como fiscal general, pese a sanciones de EE.UU. y la UE

La candidatura de la actual fiscal fue aprobada por el órgano encargado del proceso tras depurar la lista de aspirantes, pese a sanciones internacionales. La decisión final dependerá del presidente Bernardo Arévalo de León

El gobierno de Panamá convoca a embajadores europeos para exponer su posición sobre listas fiscales

La administración panameña busca influir en futuros dictámenes de la Unión Europea mediante un encuentro en el que abordará su permanencia en registros de jurisdicciones señaladas, enfatizando la colaboración con países miembros que apoyan su exclusión

Caso Aguas Vivas: fiscal y abogado defensor de exfuncionarios de Daniel Quintero protagonizaron fuerte cruce durante audiencia de acusación

La última diligencia del caso Aguas Vivas expuso un nuevo episodio de confrontación verbal entre la fiscalía y la defensa, cuando el abogado Santiago Trespalacios y Yarlecy Mena se cruzaron en una discusión sobre el respeto y la validez de las acusaciones contra los exmiembros de la pasada Administración distrital

Caso Dalmasso. Presentan la acusación contra tres fiscales y comienza un proceso inédito por sus características

CÓRDOBA.- Este miércoles el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, hará la presentación oficial de la acusación contra tres de los fiscales que actuaron en el caso del femicidio de Nora Dalmasso. Con la llegada del expediente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Poder Judicial provincial se pone en marcha un cronograma que debe finalizar el 28 de mayo con la sentencia. Si no se cumple, se cae el proceso.El jury de enjuiciamiento es contra Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes actuaron entre el 26 de noviembre de 2006, cuando la mujer fue encontrada violada y asesinada en su casa de un barrio cerrado de Río Cuarto, y 2022, cuando Pizarro elevó a juicio la acusación contra Marcelo Macarrón, el viudo, por ser el supuesto ideólogo del crimen.En diálogo con LA NACION, Delgado â??quien en marzo deja su puestoâ?? afirmó: "Es una situación compleja, difícil, con un resultado lamentable, no querido por todas las personas que trabajamos en la Justicia. Fue un fracaso el resultado de la investigación para la familia y para la gente que confía de la Justicia. Ahora se determinará si hubo responsabilidades, en qué grado, si hubo mal desempeño, si hubo negligencia. Nosotros consideramos que sí, por eso acusamos".Para Córdoba es un hecho sin precedentes que tres fiscales sean sometidos conjuntamente a juicio político por una misma causa. La familia Macarrón los denunció, a través de sus abogados, por "negligencia grave" y los acusó de no verificar rastros genéticos que vinculaban al parquetista Roberto Bárzola con la escena del crimen, pruebas que surgieron años después.La familia también espera la resolución de la apelación que presentaron por el sobreseimiento de Barzola, quien trabajaba en la casa de Río Cuarto cuando se produjo el femicidio. En octubre pasado la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de segunda nominación de Río Cuarto decretó el sobreseimiento total por prescripción.En lo que hace al jury, el 4 de diciembre pasado, el Jurado de Enjuiciamiento que integran los legisladores Julieta Rinaldi, Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Walter Gispert (Frente Cívico) y Miguel Nicolás (Unión Cívica Radical), y Aída Tarditti en representación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), resolvió por unanimidad admitir formalmente la denuncia. Con la presentación de Delgado comenzarán a correr los 60 días hábiles previstos por la ley para la lectura de la sentencia. En los primeros diez hábiles los acusados pueden hacer sus descargos y presentación de pruebas; dentro de los tres siguientes el Jury fija la primera audiencia de debate, a partir de la cual les toma declaración a ellos si lo considera pertinente y a los testigos.Las actuacionesDi Santo fue el primer fiscal y dejó el caso en 2015. Cuando lo hizo reivindicó su actuación al frente de la investigación. "Puesta en sospecha mi imparcialidad con la interposición de una denuncia [â?¦], en miras a garantizar su total transparencia, me veo en la obligación de no seguir entendiendo en lo relacionado al homicidio de Nora Raquel Dalmasso", planteó, después de que el Observatorio de Derechos Humanos de Río Cuarto pusiera en duda su actuación.En su actuación tuvo a tres imputados al mismo tiempo: Rafael Magnasco, Gastón Zárate y Facundo Macarrón; todos estaban acusados de asesinar a Nora Dalmasso, aunque por diferentes motivos. Sobre el primero pesó una "sospecha leve" por haber sido amante de la víctima. En el juicio al viudo dijo que esa versión fue armada para "inculparlo".Zárate, quien estaba haciendo un trabajo de pintura en la casa de Dalmasso, fue detenido y la comunidad de Río Cuarto se movilizó para defenderlo. La marcha quedó en la memoria popular como "el Perejilazo". Ahora está preso por haber matado a un hombre a golpes.Cuando Zárate fue liberado, Di Santo enfocó sus sospechas en el hijo de la víctima. Facundo Macarrón quedó en la mira porque el ADN encontrado en el cuerpo de la mujer y en el cinto de la bata era de un Macarrón. Fue imputado en junio del 2007, pero no quedó preso porque el mismo fiscal entendió que no había pruebas suficientes. En 2012 fue sobreseído por el juez de Control de Río Cuarto, Daniel Muñoz.A Di Santo le siguió el fiscal Miralles, quien en marzo de 2016 imputó al viudo, Marcelo Macarrón, por el homicidio sobre la base de las pruebas de ADN; creía que el viudo había hecho un viaje relámpago desde Punta del Este hasta Río Cuarto, había mantenido relaciones con su mujer y la había matado. Y que después, volvió a Uruguay a jugar al golf y ganó el torneo. En 2017 Miralles renunció después de que la defensa de Macarrón pidiera su apartamiento. "La presencia genética del imputado es muy grande en la escena del crimen, lo que lo coloca como el principal sospechoso", dijo, horas antes de dejar el caso.En setiembre de 2019, fue Pizarro el que elevó la causa a juicio. Un año antes había agravado la acusación contra el viudo. Sostuvo que había sido el instigador del crimen y que había contratado a alguien para que matara a su esposa. Así, Marcelo Macarrón llegó al proceso por jurados populares imputado por homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria.En julio de 2022 un jurado popular absolvió a Marcelo Macarrón. La Justicia reconoció a la mujer como "víctima de violencia de género", pero el crimen quedó impune. El dictamen no podía ser otro después de que, en el proceso, el fiscal de Cámara Julio Rivero dijo que no había elementos para acusar al viudo.

Diputado guatemalteco solicita crear Comisión de la Verdad para investigación adopciones ilegales vinculadas a la Fiscal Consuelo Porras

La propuesta pretende instalar en marzo un mecanismo de verdad con participación de expertos externos, replicando modelos de otros países, para elaborar en siete meses un informe sobre presuntas violaciones a derechos humanos y adopciones irregulares

Pesca ilegal en Áncash: incautan más de una tonelada de pescado en operativo fiscal

Siete personas son investigadas por la extracción ilícita de recursos hidrobiológicos en el distrito de Comandante Noel

Declaró la ex fiscal Viviana Fein y calificó de "fracaso" la investigación por la muerte de Alberto Nisman

Lo dijo en un escrito que presentó al ser indagada por no cuidar la escena en la que fue encontrado muerto el ex fiscal."Yo sé quien soy y cómo actué", enfatizó tras declarar ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano.

Ley de inocencia fiscal: se cerraron centenares de causas de evasión fiscal

La norma, número 27.799, sancionada junto al presupuesto 2026, entró en vigencia el primer día hábil de enero. Leer más

Con un posible planteo de la fiscal, se reinician las audiencias del juicio por los Cuadernos de Centeno

Será a las 13. La representante del Ministerio Público acusador, Fabiana León, anticipó que solicitará un cronograma si el TOF 7 no lo fija y no descartó proponer un esquema más "eficiente" para el desarrollo del proceso

Caso Nisman: indagarán hoy a la ex fiscal Viviana Fein por su actuación en la escena del crimen

Está citada para las 10 en los tribunales federales de Retiro y será interrogada sobre las irregularidades en la escena del crimen del fiscal Alberto Nisman, investigador del atentado a la AMIA

Un fiscal imputado

El fiscal de Vera Leandro Benegas fue imputado como autor de delitos contra la integridad sexual de una menor de edad. La atribución delictiva fue realizada por los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi ante la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Norma Senn, en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales de Vera. Si bien la inmunidad de su cargo impidió aplicar la prisión preventiva, la magistrada obligó al imputado a constituir domicilio; le prohibió salir del país; le ordenó que entregue su pasaporte en 48 horas y le prohibió tener cualquier tipo de contacto con las víctimas y testigos de la causa.

Por qué el empleo formal se derrumba pese al crecimiento económico: el impacto de la presión fiscal y el monotributo

En Infobae al Regreso, la discusión reveló cómo el endurecimiento de la fiscalidad y el avance del monotributo están transformando el mercado laboral argentino, desplazando a miles de trabajadores hacia la informalidad

Juicio político a los fiscales del caso Dalmasso: la abogada de los Macarrón dijo que "el mal desempeño operó como obstáculo legal"

El Fiscal General de Córdoba hará oficial las acusaciones por negligencia contra los tres funcionarios judiciales que investigaron el asesinato de la mujer en 2006. Para la abogada de la familia, hubo "muchos errores" que llevaron a la impunidad del principal sospechoso. Leer más

Petro afirmó que la investigación de la Ungrd se enfocó en él y atribuyó la corrupción a una estructura heredada: "Muchos fiscales fracasan"

El presidente Gustavo Petro volvió a hablar del caso de corrupción, durante su gobierno, en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a través de su cuenta oficial de X

Postuladora inicia etapa decisiva en la nominación para fiscal general de Guatemala con la participación de Consuelo Porras quien busca reelegirse

La revisión de los antecedentes de cada aspirante y el impacto de aliados universitarios y sectores políticos constituyen el escenario sobre el que se dirimirá la conducción del Ministerio Público para el próximo periodo

Masivo cierre de expedientes por evasión a raíz de la sanción de la ley de inocencia fiscal

Los efectos judiciales de la denominada "ley de inocencia fiscal" se sienten con fuerza en el fuero penal económico, donde todas las fuentes consultadas por LA NACION coinciden en señalar la existencia de un cierre masivo de expedientes tras la sanción de la norma y en tan solo 13 días de vigencia. La ley fue aprobada junto al presupuesto 2026, a fines del año pasado, e incrementó en al menos un 3000% los montos mínimos a partir de los cuales se configuran los delitos tributarios, por lo que la enorme mayoría de las causas activas que tramitan en el fuero, afirman las fuentes, quedaron fuera del ámbito penal y comenzaron a caerse a un ritmo de entre 15 y 20 por día, o incluso más en algunos casos. Con la nueva ley, la evasión simple pasó de $1.500.000 a $100.000.000 y la agravada, de $15.000.000 a $1.000.000.000, lo que representa en ambos casos un aumento del 6567%. Todavía más lejos fue el delito de evasión a través de terceros, que creció un 9900%, al pasar de $2.000.000 a $200.000.000."Son muy pocas las [causas] que pasan los montos", explica un funcionario judicial en cuyo despacho quedaron apenas cuatro de las más de 300 causas que tenía, todas relativas al delito de facturación apócrifa. El vaciamiento del fuero es un fenómeno todavía en curso porque si bien la nueva ley comenzó a regir el 2 de enero, su impacto en los tribunales empezó a sentirse recién en febrero, con el regreso de la actividad tras la feria judicial, por lo que solo estuvo operativa durante 13 días hábiles.Así, un extendido universo de casos abandona los estrados judiciales para pasar a ser atendido en el ámbito administrativo, relativizando el problema de las vacantes que azota a la Cámara del fuero, con solo dos jueces en las seis vocalías. Los fiscales y ARCA, alineadosSon al menos dos las vías por las que este grupo de causas comenzó a morir: o los abogados defensores presentan un escrito pidiendo quedar al amparo de la nueva ley o son los propios jueces, basados en el principio constitucional de la ley penal más benigna, quienes actúan de oficio y cierran los expedientes.Los fiscales, en tanto, con el mismo criterio, o no apelan la decisión de los magistrados u optan directamente por hacer caer la acusación. La tendencia de la mayoría de los representantes del Ministerio Público Fiscal durante los últimos años fue oponerse a la aplicación de ley penal más benigna cuando los montos punibles cambiaban o se "actualizaban" con el objetivo de no quedar tapados por la inflación. Fue la posicion que fijó el exprocurador Esteban Righi en 2012 o el actual, Eduardo Casal, en 2018.La postura, sin embargo, se fue flexibilizando en los hechos porque las apelaciones de los fiscales se estrellaban contra el muro que la Corte Suprema fue construyendo con una serie de sentencias y que terminó de consolidar en 2021 con el fallo "Vidal", que dejó asentado de manera definitiva que las nuevas leyes no eran "actualizaciones" de los montos sino normas sustantivas cuya aplicación debía ser retroactiva. Ahora, además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio instrucciones precisas sobre el tema a sus funcionarios y equipos jurídicos. Tras la sanción de la ley, en su primer instructivo de 2026 ordenó la aplicación "universal e irrestricta" del principio de la ley penal más benigna y el reconocimiento de los nuevos montos mínimos en la causas ya iniciadas. "A diferencia de otras épocas, los fiscales y ARCA hoy están alineados", señala el juez Marcelo Aguinsky, que tiene a su cargo dos de los once juzgados del fuero Penal Económico. En línea con el espíritu de la nueva normativa, el magistrado considera que también debería actualizarse el monto que divide la frontera entre una infracción aduanera del delito de contrabando, hoy fijado en 500.000 pesos. Alivio para un empresarioLa semana pasada, la Casación puso en movimiento la nueva ley, al revertir una condena contra G.G.M S.A, una empresa de calzado que era agente de retención y había quebrado, y su presidente, Guillermo Andrés Gotelli, condenado a dos años y seis meses de prisión. En abril de 2024, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº2 los encontró culpables del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social en 29 períodos entre los años 2012 y 2015. Sin embargo, el jueves pasado la Justicia dio vuelta la sentencia. La Sala III de la Casación sostuvo que los montos mensuales retenidos por la empresa en cada uno de esos periodos eran inferiores al nuevo umbral de $3.500.000, por lo que, en virtud de la nueva ley y el principio constitucional de la ley penal más benigna, no había delito. Los camaristas Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Juan Carlos Gemignani resolvieron "remitir la presente causa al Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2 de esta ciudad a los fines de que resuelva acerca de la atipicidad de la conducta enrostrada a los nombrados". Los "peces gordos"Los detractores de la ley sostienen que los nuevos montos son demasiado elevados y que se trata prácticamente de una "amnistía fiscal", mientras que sus partidarios, como los jueces Aguinsky y Borinsky, argumentan que, con ella, el Estado concentra sus esfuerzos y recursos en perseguir penalmente solo a los "grandes evasores" y que el resto de los casos no quedan impunes, sino que se abordan desde una perspectiva administrativa, con sanciones o multas. "La medida apunta a dotar de mayor coherencia al sistema y a delinear una política criminal verdaderamente focalizada en los grandes evasores", marcó el juez Borinsky en una columna sobre el tema de reciente publicación. "Al mismo tiempo, al desplazar los casos de menor entidad al ámbito administrativo, se favorece una resolución más ágil y eficiente orientada al cobro efectivo de las deudas, lo que incluso puede traducirse en una mejora de la recaudación fiscal", escribió en Infobae. Un caso contra "grandes evasores" es la denuncia que ARCA impulsó en diciembre contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que abrió la causa en la que su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, entre otros dirigentes, fueron llamados a indagatoria por el juez Diego Amarante. El monto total denunciado por ARCA asciende a más de 19.000 millones de pesos, que abarcan un total de 35 períodos mensuales reclamados, 18 son por retención tributaria y 17 por retención de aportes previsionales.

El envejecimiento de la población presiona la sostenibilidad fiscal en países nórdicos

El caso finlandés expone límites en la respuesta de la región nórdica al cambio demográfico sin mencionar directamente el impacto del fenómeno ni la economía plateada

Fiscal acusó a abogado de presunta intimidación durante audiencia, pero minutos después se retractó

El expediente involucra al empresario Rafael Matera, quien ya ha sido mencionado en procesos judiciales por presunta financiación a grupos armados ilegales

Crímenes en Punta del Este y un tacho de cal: el plan del "gaucho" narco para matar a un ministro, un juez y un fiscal

ROSARIO.- Leonardo Airaldi es un personaje que por momentos parece absurdo, dislocado, pero también peligroso. Este entrerriano que fue presidente de la Sociedad Rural de Diamante, está acusado de haber pagado US$40.000 a dos sicarios uruguayos para que asesinaran al juez federal de Paraná Leandro Ríos y al fiscal federal José Candioti, quienes investigaron a Airaldi y develaron que movía por la hidrovía grandes cantidades de cocaína y que estaba conectado con organizaciones criminales transnacionales de peso, como el Primer Comando Capital (PCC).Airaldi creía que Ríos y Candioti iban a ir de vacaciones a Punta del Este y que allí, según su plan, iban a ser ejecutados por asesinos a sueldo uruguayos. Pero algo no salió como esperaba el "gaucho narco": otro preso lo delató y, además, los dos funcionarios judiciales nunca planearon irse a descansar a Punta del Este. Este plan generó honda preocupación y activó alertas entre las autoridades.El plan, según surge de la investigación, naufragó por la declaración de un recluso en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, donde también está detenido Airaldi. El objetivo era matar a Ríos y Candioti y evitar el juicio oral que este narcotraficante enfrentará desde este martes en Paraná. En la mira de Airaldi también estaba el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. "Los sicarios de Uruguay me salen dos mangos" es una frase atribuida a Airaldi en el expediente judicial.Ese testigo que lo delató aseguró que "Airaldi quería matar mediante un sicario a Roncaglia, pero ese le salía más caro porque debía ser en la Argentina. Él había averiguado que Roncaglia iba a un pueblito cerca de Paraná, a una quinta de amigos, y que el ministro iba solo, en moto. Con la gente con la que hablaba, [Airaldi, preso en Gualeguaychú] les decía que fueran con un tarro de cal. Para ser más exacto, que fueran en dos vehículos, que en uno fuese el tacho de cal y en el otro los sicarios, y que no debían dejar nada, ni un rastro". La idea era disolver el cadáver en la cal.La información sobre este plan surgió de un informe que hizo el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, que avisó a las autoridades judiciales. A partir de ese dato inicial comenzó una investigación encabezada por el juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri y el fiscal Pedro Rebollo. Esos funcionarios judiciales ordenaron el allanamiento en el pabellón E de la Unidad Penal N°9, donde está alojado el expresidente de la Sociedad Rural de Diamante. En esas celdas fueron secuestrados, además de dosis de cocaína, teléfonos celulares y anotaciones que serán analizados por los investigadores.Los análisis de los teléfonos â??cuyos resultados fueron plasmados en primera instancia en un informe de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones Paraná de Prefectura Naval y posteriormente en otro estudio realizado por la Dirección General de Narcocriminalidad de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFAâ?? revelaron conversaciones comprometedoras entre Airaldi y su círculo cercano.El juicio contra este narco está previsto que se inicie el martes. Airaldi recibió un último revés judicial luego de que el Tribunal Oral Federal de Paraná rechazara el recurso de casación presentado por su defensora, Mariana Barbitta. La letrada cuestionó la resolución que disponía la acumulación de las dos causas contra el productor agropecuario de Diamante: una de Santa Fe, que investigó el fiscal federal Walter Rodríguez, y otra de Entre Ríos, que llevó adelante Candioti.Hallazgo fortuitoEn el juicio deben declarar 51 testigos. La base más sólida de la causa surgió de la investigación que hizo Rodríguez en Santa Fe, en la que se reveló la trama en la que Airaldi usaba una isla en el río Paraná para el contrabando de cocaína. Como publicó LA NACION, el hallazgo de 28 ladrillos de droga allí se produjo por casualidad, a raíz de una denuncia por violencia de género contra un puestero que trabajaba para el expresidente de la Sociedad Rural de Diamante.La policía de Santa Fe encontró debajo de la cama del puestero 28 panes de cocaína. Los ladrillos blancos tenían marcas y etiquetas: Qatar y Emirates. También, la foto de un Boeing 737. La casa donde se secuestró la droga está situada en Solís al 600, en Puerto Gaboto. Esa droga había sido guardada allí por orden de Airaldi, que gerenciaba un campo de grandes dimensiones en la isla frente a Gaboto por donde pasan, muy cerca, las barcazas que provienen de Paraguay.Lo que llamó la atención del fiscal federal Walter Rodríguez fue la temporalidad. Porque en el momento en el que se produjo el secuestro de casi 29 kilos de cocaína en esa casa de Gaboto, el 10 de agosto de 2022, pasaban cosas extrañas en Rosario con grandes cargamentos de cocaína que estaba previsto que salieran rumbo a Dubái desde Terminal Puerto Rosario.El 26 de agosto de ese año la Policía Federal secuestró 1600 kilos de cocaína en un galpón del barrio Empalme Graneros. Ese cargamento tenía como destino Dubái.Dieciséis días antes aparecieron en la casa del puestero Diego Torres, empleado del establecimiento El Pillo, que gerenciaba Airaldi, aquellos 29 kilos de cocaína que fueron encontrados de casualidad. Esos cargamentos tenían el mismo destino o provenían del mismo lugar.Tras una denuncia por violencia de género la policía llegó a Solís al 600 y debajo de la cama encontró la droga. El fiscal Rodríguez empezó a investigar este caso. Airaldi se había hecho conocido a nivel mediático por haber sido detenido en Rosario comprando droga muy cerca de un búnker. El caso tomó trascendencia porque se trataba del expresidente de la Sociedad Rural de Diamante y porque había protagonizado un escándalo en el procedimiento. El 22 de julio de 2023, en un operativo de Gendarmería, Airaldi fue detenido cuando iba en una VW Amarok junto a otras tres personas. Ese vehículo fue secuestrado: tenía armas y droga. Se detectó que era uno de los activos del clan del narco y mafioso bonaerense Miguel Ángel "Mameluco" Villalba.La investigación en Rosario contra Airaldi le sirvió al fiscal Rodríguez para obtener información clave de los teléfonos, algo vital en cualquier investigación judicial hoy en día.Además, Prefectura realizó tareas de inteligencia en torno al puesto y el establecimiento en la isla. Un cargamento de cocaína, el río Paraná, la isla y Airaldi formaban un combo misterioso. El interrogante que surgió es si ese lugar servía como plataforma de llegada de grandes volúmenes de droga desde Paraguay.El Pillo queda a unos 20 minutos de navegación desde la desembocadura del río Carcarañá hasta el Coronda. Es, según el relevamiento de Prefectura, una zona de "anclaje sospechoso de barcazas".Hay un testimonio en otra causa que también fue importante en la investigación de Rodríguez: ante el fiscal de San Lorenzo Aquiles Balbis, un informante contó que Torres, el empleado de Airaldi, tenía varios puestos en la isla y que se movía con una lancha de gran potencia que no puede ser alcanzada por Prefectura. Esta fuente contó que, una vez, miembros de esa fuerza persiguieron a Torres, pero no lograron alcanzarlo porque tenía una lancha con un motor Mercury de 150 HP, que estaba "chipiado" [preparado para adquirir altas velocidades]. Ese informante declaró que le compraba carne a Torres de manera frecuente y que una vez que lo llevó al puesto en la isla recibió un llamado y le dijo que debía ir a buscar "merca a Diamante". "Pensé que era una joda y le dije que no, pero luego de dos horas volvió con un paquete grande, una bolsa negra, en la lancha. Y me dijo que tenía que irse para llevar el paquete a Gaboto", relató.El testigo contó que Torres le decía que "Airaldi tenía una pista en la isla para que aterrizaran las avionetas con droga", según consta en el expediente.A este testimonio clave se sumó otro que perfila a Airaldi y que fue elaborado por Prefectura a partir del iPhone 12 que Gendarmería le incautó en Rosario en 2022. En las conversaciones era notable que, cuando Airaldi y Torres â??según se infiere en la causaâ?? hablaban de droga, lo hacían con una jerga bastante torpe. Cuando se referían a cocaína decían "maple, carne, lomo y novillo".En el iPhone figura también un llamativo diálogo de Airaldi con un contacto no agendado al que le recomendaba que borrara la palabra "avión". "No mandes esas cosas por acá", le advirtió el expresidente de la Sociedad Rural de Diamante al desconocido.

Tabula rasa al ahorro: Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

La desconfianza al Estado llevó que argentinos atesoren fuera del sistema bancario. La nueva norma tributaria instrumenta un canal para que el ciudadano disponga libremente de sus excedentes monetarios

Desbaratan un complot narco que preparaba los asesinatos de un ministro, un juez federal y un fiscal

Se realizaron allanamientos de urgencia en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, donde se planificaba la coordinación de ataques contra importantes figuras públicas de Entre Ríos. La Justicia va ahora tras los pasos de dos sicarios uruguayos que habrían cobrado US$40.000 para ejecutar la orden de una banda narco. La directiva para esos asesinos a sueldo era la de matar al ministro de Seguridad y Justicia provincial, el comisario general retirado Néstor Roncaglia; el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y el fiscal federal José Ignacio Candiotti. Las emboscadas contra esos blancos estaban preparadas para los próximos días, ya que el objetivo central del grupo mafioso era, de acuerdo con la información judicial, evitar el inicio del juicio por narcotráfico contra Leonardo Roberto Airaldi y 13 de sus cómplices. Ese debate oral debe comenzar el martes próximo. De acuerdo con fuentes oficiales, el Tribunal Oral Federal de Paraná mantiene la fecha pautada para el comienzo de ese juicio. No habrá cambios pese a la amenaza narco, aunque si se reforzará de manera considerable la seguridad en los alrededores de la sala de audiencia y en el traslado de las personas involucradas en ese debate oral. Airaldi, de 46 años y que fue apodado el "Gaucho narco", se volvió famoso, no por su labor como productor agropecuario o por su gestión como expresidente de la Sociedad Rural de la ciudad entrerriana de Diamante, sino por ser acusado por el delito de tráfico de estupefacientes luego de que se descubriera que almacenaba casi 30 kilos de cocaína y la distribuía a lo largo del río Paraná para abastecer a los narcotraficantes de la zona. En julio de 2022, la investigación sobre la red de narcotráfico que involucra al "Gaucho narco", tomó un giro crucial cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron la camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok, que conducía en la calle Goritti al 5600, en el barrio Ludueña de Rosario. Ese vehículo fue vinculado luego con la banda de Mameluco Villalba, el jefe narco que comanda desde la cárcel el movimiento de drogas en el partido bonaerense de San Martín. En el procedimiento, los agentes secuestraron drogas, armas, municiones, dinero en moneda nacional y extranjera, y seis teléfonos celulares, que luego fueron sometidos a pericias forenses. Los análisis de los dispositivos - cuyos resultados fueron plasmados en primera instancia en un informe de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones Paraná de Prefectura Naval y posteriormente en otro estudio realizado por la Dirección General de Narcocriminalidad de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA - revelaron conversaciones comprometedoras entre Airaldi y su círculo cercano.Trascendió que la investigación judicial que permitió evitar los atentados planificados desde la cárcel de Gualeguaychú se sustentó con diversos testimonios que alertaron sobre la inminencia de esa maniobra narco. "Los sicarios de Uruguay me salen dos mangos", es una frase atribuida a Airaldi en el expediente judicial. También figura el relato de un testigo que dijo estar al tanto de la planificación de las emboscadas. En ese caso, fue preciso cuando detalló que la organización criminal contaba con información sobre los movimientos del ministro Roncaglia. Ese hombre dijo que "Airaldi quería matar mediante un sicario a Roncaglia, pero ese le salía más caro porque iba a ser en la Argentina. Él había averiguado que Roncaglia iba a un pueblito cerca de Paraná, a una quinta de amigos, y que el ministro iba solo, en moto. Con la gente que hablaba (por Airaldi, preso en Gualeguaychú) le decía que vayan con un tarro de cal. Para ser más exacto, que vayan en dos vehículos, que uno vaya con un tacho de cal y el otro con los sicarios, y que no debían dejar nada, ni un rastro".Fuentes de la investigación explicaron que la información inicial sobre la posibilidad de un triple atentado contra figuras de relevancia pública llegó por un aviso del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. A partir de ese dato inicial se inició la pesquisa encabezada por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y el fiscal Pedro Rebollo. Esos funcionarios judiciales ordenaron el allanamiento en el pabellón E de la Unidad Penal N° 9, donde está alojado el llamado "Gaucho narco", supuesto cabecilla del complot. En esas celdas fueron secuestrados, además de dosis de cocaína, teléfonos celulares y anotaciones que serán analizados por los investigadores."El plan criminal buscaba interrumpir el inicio del juicio oral contra Airaldi y otras 13 personas por narcotráfico, previsto para el próximo 24 de febrero. Según las declaraciones de un testigo clave dentro del penal, el jefe narco pretendía 'vengarse' del juez Ríos por la instrucción de la causa y de Candiotti ante la inminente condena de 15 años que solicita la fiscalía", señalaron fuentes oficiales del gobierno entrerriano.Noticia en desarrollo

El dilema de Milei: la disciplina fiscal frente a una inflación que no cede

El avance de las tarifas reguladas tras el cambio de gobierno marca una transformación estructural en la composición de los precios al consumidor, modificando la dinámica que dejó la gestión de Alberto Fernández

Desbaratan un plan de un narco para asesinar a un juez y un fiscal federal de Entre Ríos

Según la justicia local, el llamado "estanciero narco", Leonardi Airaldi habría impulsado un plan para asesinar al Juez Federal de Paraná, Leandro Ríos y al Fiscal Federal del Tribunal Oral, José Ignacio Candioti. Para ello había contratado a un sicario uruguayo. Pero la Justicia desbarató antes el plan.

Luces y sombras de la ley de inocencia fiscal

Caso Nisman: el martes será indagada la ex fiscal Viviana Fein por su actuación en la escena del crimen

A once años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la Justicia fijó para este martes 24 de febrero la declaración indagatoria de la ex fiscal Viviana Fein, acusada por irregularidades en la investigación inicial del caso

Reforma fiscal e impuesto a las ganancias: anticipan un fuerte impacto en construcción e inversiones

El tributarista analizó los cambios aprobados en Diputados, que eximen la venta de inmuebles y alquileres de vivienda del impuesto a las ganancias. Leer más

Ramiro Tosi: "El resultado fiscal de enero nos mostró nuevamente un superávit de 3 billones de pesos"

Sin embargo, el ex subsecretario de Financiamiento mencionó que, "estas cifras están un poco contaminadas por un ingreso extraordinario que tuvo el Tesoro durante el mes de enero". Leer más

El fiscal de Aguascalientes y la extensión polémica: un nombramiento que divide al Congreso

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Pacto con Irán: ¿Por qué se retrasa el inicio del juicio contra Cristina Kirchner por la denuncia del fiscal Nisman?

Pese a que hace más de un año la Corte ordenó avanzar con las audiencias orales, el TOF 8 todavía no lo hizo, ni tiene fechas posibles para hacerlo.

Xóchitl Gálvez asegura que hay evidencias de que funcionarios de la Marina están involucrados con el huachicol fiscal

Un audio reveló que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar alertó sobre la existencia de una red de robo de combustible

El novio de Ayuso basa su defensa por fraude fiscal en las vulneraciones de derecho del caso García Ortiz

Vino argentino: exportaciones, presión fiscal y debate estratégico, los desafíos y qué necesita el sector para crecer

El sector vitivinícola aporta u$s933 millones, empleo y desarrollo federal, pero enfrenta caída en ventas externas y carga impositiva. Vinos y tendencias.

Superávit fiscal: los desafíos que enfrenta el Gobierno y con qué vía puede sumar ingresos extra

El equipo económico afrontará obstáculos para sostener el equilibrio de las cuentas públicas y tendrá que explorar nuevas alternativas para incrementar los ingresos del Tesoro. Cuál es la meta con el FMI

El fiscal Stornelli pidió enviar a juicio a dos acusados por amenazas a Bullrich y Pullaro

Solicitó que Matías Romeo y Lucas Quiroz enfrenten un tribunal oral por intimidación pública agravada. La acusación se sostiene en peritajes de voz, análisis de las armas secuestradas y testimonios de identidad reservada

La pareja de Ayuso alega que Ortiz vulneró sus derechos y que no existió fraude fiscal

Causa Suris: Casación ratificó el monto millonario que deberá pagar el condenado por asociación ilícita fiscal en Bahía Blanca

El máximo tribunal respaldó la decisión del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que exige a Juan Ignacio Suris y los condenados en la causa por asociación ilícita fiscal el abono de $85.625.636,72

Giro en Nevada: quién es el abogado bipartidista elegido por Donald Trump para ser el nuevo fiscal federal

Luego de meses con una autoridad interina, cuya permanencia suscitó diversas críticas y batallas legales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer su candidato para el cargo de fiscal general de Nevada. George Kelesis, un abogado bipartidista con más de 40 años de experiencia, deberá ser confirmado por el Senado antes de asumir la posición.Quién es George Kelesis, el candidato de Trump para fiscal federal de NevadaNacido en Las Vegas en 1956, Kelesis comenzó su carrera en la abogacía en los inicios de la década de 1980. Tras graduarse con honores de la Facultad de Derecho McGeorge y obtener su Maestría en Derecho Tributario de la Universidad de Nueva York, regresó a su ciudad natal, desde donde ejerció la profesión durante los últimos 45 años.Socio de la firma Cook & Kelesis, el abogado ha presidido la Comisión Tributaria de Nevada desde 2023, y tiene una larga trayectoria. En su carrera profesional se desempeñó en varios ámbitos, principalmente en derecho tributario, con experiencias en transacciones corporativas y comerciales y constitución de empresas.En su rol como presidente de la comisión tributaria del estado, Kelesis tiene la obligación de presentar informes financieros anuales. El último fue el mes pasado, y allí enumeró seis negocios afiliados, todos relacionados con su firma.Junto con su trabajo legal, el abogado también es profesor adjunto en la UNLV y la Facultad de Derecho Boyd. Además, participó en la creación de entidades sin fines de lucro que brindan apoyo esencial al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas y al Departamento de Bomberos y Rescate de la ciudad.Su nominación llega en un momento clave para el estado, ya que la fiscal interina, Sigal Chattah, vio bloqueada su nominación por sus afiliaciones al Partido Republicano.Las donaciones políticas de George Kelesis, el nominado por TrumpUno de los factores clave es su vínculo con ambos partidos. Según datos federales, citados por Nevada Independent, actualmente está registrado como no partidista y ha donado a funcionarios de ambos partidos principales.La contribución económica más reciente del abogado se remonta a 2023, cuando donó 500 dólares para la campaña del concejal de la ciudad de Las Vegas, Brian Knudsen. Si bien se trata de un cargo no partidista, Knudsen está registrado como demócrata. Otras donaciones incluyen:A nivel federal: US$1000 para la campaña presidencial de George W. Bush en 2000 y US$1400 para la candidatura al Senado de Cortez Masto en 2015.US$5000 a Chattah y Lombardo en 2021 (se postulaban para fiscal general y gobernador) por parte de su bufete de abogados.US$250 a la entonces candidata al Senado estatal Nicole Cannizzaro (demócrata por Las Vegas) en 2016, por parte de su firma.Tres donaciones de US$5000 cada una en 2021 a Lombardo, al entonces candidato a sheriff del condado de Clark, Kevin McMahill, y al fiscal de distrito del condado de Clark, el demócrata Steven Wolfson. El dinero lo entregó Lollipop LLC, que comparte domicilio con su firma de abogados y antes figuraba en los formularios de su declaración financiera personal. En caso de ser aprobado por el Senado, Kelesis se convertiría en el principal fiscal federal de Nevada.Por qué Trump reemplazó a Sigal Chattah como fiscal federal en NevadaLa nominación de Trump llega en medio de la polémica que rodea a Chattah. La abogada, una aliada del presidente que anteriormente se postuló para fiscal general del estado, nunca tuvo audiencia en el Senado. Este es un requisito para permanecer en el cargo de forma permanente.En septiembre, un juez federal dictaminó que Chattah fue nombrada ilegalmente para el puesto interino. El fallo quedó en suspenso a la espera de la apelación. A su vez, dos senadores demócratas prometieron bloquear su posible nominación, por lo que su permanencia enfrentaba diversos desafíos legales.El mandato de 210 días de Chattah como fiscal federal interina expiraba este mes. No obstante, podría mantenerse en el cargo mientras se decide el futuro de la nominación de Kelesis.

Inocencia fiscal: el Gobierno permitirá invertir dólares no declarados y criptomonedas en el mercado

Las nuevas disposiciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV) buscan canalizar recursos al sistema financiero mediante vehículos de inversión alternativos, favoreciendo la formalización de activos

Sheinbaum asegura que la solicitud de extradición de algunos empresarios de EEUU por vínculos con huachicol fiscal está en proceso

La mandataria confirmó que entre los empresarios a los que se les solicitó su extradición se encuentra la familia Jensen

Fitch valora reducción del déficit, pero señala debilidades fiscales en Panamá

El informe señala que la caída del déficit no se tradujo en menor endeudamiento y mantiene incertidumbre sobre la relación deuda/PIB.

El Gobierno defiende que Borja Cabezón no está investigado y solo recurrió a una empresa de "asesoramiento fiscal"

María Jesús Montero, vicepresidenta y titular de Hacienda, expresó que Borja Cabezón no enfrenta diligencias judiciales y que su vínculo con asesorías tributarias fue en el ámbito profesional privado hace más de una década, sin cargos pendientes

La fiscal superior de Andalucía asegura que tiene "empeño" en que "no se dilate" la causa de Adamuz

Las autoridades judiciales reconocen la dificultad y extensión del proceso tras la tragedia de Adamuz, mientras la Fiscalía insiste en avanzar sin demoras, con especial atención a la transparencia y rigor en la recopilación de pruebas y peritajes técnicos

Piden al procurador Casal que ordene a los fiscales retirarse de los tribunales internos de la AFA

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le pidió al procurador general Eduardo Casal que el Ministerio Público Fiscal retire a sus fiscales del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un órgano interno de la entidad que revisa y sanciona infracciones disciplinarias vinculadas a los partidos y que ya había sido cuestionado por sus múltiples vínculos con el Poder Judicial."La AFA regula y administra el fútbol profesional argentino, un ámbito que involucra intereses económicos de enorme magnitud. La exposición de fiscales a este universo, en roles directivos o disciplinarios, crea un riesgo evidente de múltiples conflictos de interés", advirtió la organización.La ACIJ señala que esa "doble función" es ilegal, incompatible y contraria a estándares internacionales y apunta al caso particular del fiscal de Comodoro Py Ramiro González, que actualmente ejerce funciones dentro del Tribunal de Disciplina de la entidad que lidera Claudio "Chiqui" Tapia. Según el escrito, la integración de los tribunales internos de la AFA "supone la realización de tareas propias de la profesión jurídica", puesto que sus miembros revisan expedientes, investigan antecedentes, analizan pruebas, celebran audiencias y dictan resoluciones sancionatorias. "En otras palabras â??sostiene el textoâ?? implica intervenir en el trámite de expedientes, en la valoración de pruebas, en el razonamiento jurídico y, finalmente, en la emisión de verdaderas 'sentencias'".La organización recordó, además, que el Reglamento para la Justicia Nacional establece que los magistrados y fiscales no pueden participar en asociaciones profesionales ni integrar comisiones directivas de ninguna asociación sin autorización expresa de la autoridad de superintendencia.A su vez, señalan que no hay constancias de que la Procuración de Casal haya otorgado permisos especiales para ocupar esa doble función que, además, tensiona las directivas que recomienda la ONU para que los fiscales pueden desarrollar sus tareas "sin intimidaciónâ?¦ ni injerencias indebidas".La AFA y el cruce con la JusticiaLa repentina aparición de un puñado de causas sensibles colocó a la AFA en el centro de una tormenta judicial. En los últimos meses del año pasado, y en medio de esa creciente judicialización, a los tribunales de ética y de disciplina de la AFA renunciaron distintos miembros del Poder Judicial: Diego Barroetaveña, que es presidente del Cámara de Casación Federal y lideraba el tribunal de Ética de la AFA; Juan Ignacio Pérez Cursi, titular de la Cámara Federal de Mendoza y árbitro de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA; Néstor Barral, de la Cámara Federal de San Martín y miembro del tribunal de Disciplina; y el juez en lo Criminal y Correccional Nº9 de la ciudad de Buenos Aires, Martín Peluso, que también integraba la comisión.La ACIJ había elevado un pedido a la Corte Suprema para que disponga el cese inmediato de las funciones que desempeñan los jueces en los tribunales internos de la AFA por posibles conflictos de intereses. El caso del juez Barroetaveña terminó por ilustrar las preocupaciones de la ACIJ. Como miembro de la Casación, el camarista podría haber tenido que decidir junto a otros dos colegas si la causa que busca esclarecer de quién es la fastuosa quinta de Villa Rosa, Pilar, sospechada de pertenecer a los altos mandos de la AFA, sigue tramitando en la justicia federal de Campana, como quieren los imputados, o regresa al fuero Penal Económico. Por ser presidente de la Casación, el juez ya no integra la sala que debe definir sobre el caso, explicaron fuentes judiciales. El propio fiscal González debió intervenir en los inicios de la causa que investigaba la quinta de Pilar, cuando el expediente daba sus primeros pasos en Comodoro Py, antes de pasar al fuero Penal Económico y a la Justicia de Campana, donde se encuentra ahora. Los nexos de la AFA con la Justicia exceden la formalidad de los cargos. Del tribunal también formaba parte, por ejemplo, Esteban Mahiques, cuyo padre es Carlos Mahiques, miembro de la Casación Federal junto a Barroetaveña. Otro caso es el de Fernando Mitjans, que preside el tribunal de Ética de la AFA y está casado con Marcela Losardo, exministra de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández.

Inocencia fiscal: la UIF y el Banco Central fijan lineamientos sobre la reglamentación de la ley

Destacaron que "un sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva efectivo no puede escindirse de la realidad macroeconómica del país en el cual se encuentra implementado Leer más

Si cobras entre 15.876 y 20.000 euros, Hacienda aconseja presentar la declaración de la renta para no perder una deducción fiscal

Canarias, Murcia y Extremadura presentan la mayor proporción de asalariados en la horquilla de entre 15.876 y 20.000 euros

El Gobierno volvió a conseguir un superávit fiscal en enero

En enero, el Sector Público Nacional (SPN) tuvo un resultado primario positivo de $3 billones, mientras que el financiero fue de $1 billón. Cuál es el objetivo para 2026 y las dificultades que marcan los analistas

Luis Caputo proyecta un flujo de USD 15.000 millones por la inocencia fiscal para pagar deuda y esquivar a Wall Street

El equipo económico calcula que el nuevo régimen aportará las divisas necesarias para tener un flujo activo. Mientras el mercado exige una salida voluntaria a la deuda para despejar dudas de solvencia, el ministro apunta a las Alycs para captar los ahorros del "colchón". Leer más

Revelan audio del día que contralmirante asesinado acusó huachicol fiscal ante extitular de la Marina

Un audio inédito revela que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar alertó sobre una red de huachicol fiscal en aduanas a la cúpula de la Semar

El ministro de Justicia anunció que se reunirá con la fiscal general: "Los investigadores judiciales están colapsados"

A solo seis meses de la salida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño, Jorge Iván Cuervo busca alcanzar un consenso con Luz Adriana Camargo para mejorar la justicia, especialmente en medio del caos judicial que atraviesa el país

En el tercer juicio oral al exintendente de Pilar, Diego Bechis, el fiscal pidió absolución

El debate se centra en un plan de viviendas sociales denominado "VI.CO.M." y en presuntas irregularidades administrativas y financieras. A diferencia de la postura del fiscal, las querellas particulares solicitaron que se apliquen condenas. El lunes 23 habrá veredicto. Leer más

La fiscal general de Guatemala Consuelo Porras rechaza señalamientos de la ONU y anuncia acciones legales

Un mensaje formal dirigido a la ONU y a medios comunicó la postura de la funcionaria, quien desestimó los señalamientos y afirmó que presentará recursos ante instancias internacionales tras declarar que las afirmaciones no tienen sustento

¿Iban en shock? Fiscal revela cómo Ángela Aguilar y Christian Nodal vivieron la balacera en Zacatecas

Ángela Aguilar y Christian Nodal quedaron en medio de una balacera durante un operativo policial en Zacatecas cuando salían del rancho El Soyate

James Van Der Beek enfrentó problemas fiscales antes de su muerte

El actor y su esposa enfrentaron una deuda fiscal de más de 269 mil dólares

El Congreso nacional de Honduras analiza una emergencia fiscal histórica por 24 meses ante millonarios embargos

Esta iniciativa busca establecer medidas extraordinarias para corregir el desequilibrio fiscal, asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y sentar las bases para una recuperación económica duradera.

La ONU exige investigar a fiscal de Guatemala Consuelo Porras por adopciones ilegales de niños indígenas

Los especialistas del organismo internacional alertaron sobre la implicación de figuras estatales en estos hechos, señalaron la falta de esclarecimiento judicial y recordaron la importancia de los derechos de las víctimas y de sus familias

Bogotá habilitará mecanismo para que privados financien obras prioritarias a cambio de beneficios fiscales: de qué se trata

El nuevo esquema permitirá a quienes cumplan con los requisitos de ingresos aportar directamente a proyectos públicos seleccionados, accediendo a la suspensión temporal del pago de tributos

La Contraloría reforzó el control fiscal sobre los fondos destinados a la emergencia económica por lluvias

El órgano de control implementó un monitoreo sistemático sobre la gestión de recursos dirigidos a la atención de personas afectadas por lluvias, priorizando la vigilancia sobre la asignación y el uso de los dineros públicos en las regiones impactadas

Reforma laboral: el costo fiscal del proyecto cayó a la mitad por los cambios que negoció el Gobierno con las provincias

Será de 0,4% del PBI, la mitad del que contemplaba el proyecto inicial.Es por la eliminación de la baja de Ganancias a empresas y porque el FAL tendrá menos aportes de Anses.Economía necesitará recortar menos en otras partidas para mantener el equilibrio en las cuentas.

El fiscal recurre el tercer grado del etarra Arzalluz, condenado por el crimen de Lacalle

El Fiscal descarta delitos contra patrimonio y publicidad engañosa en el festival Icónica

"Actuación escandalosa": denuncian a policías por saquear, robar droga e inventar causas con un poderoso fiscal

El apuntado es Claudio Scapolan quien recién en abril de 2023 fue destituido de su cargo judicial en San Isidro tras resistir años de denuncias en su contra.Acusado finalmente de un delito menor, ahora el fiscal de juicio Marceo García Berro pidió a un tribunal que se lo investigue por ser parte fundamental de un engranaje criminal.

El PP carga contra Sánchez por la "ingeniería fiscal" de Borja Cabezón y le exigen que lo eche de la Ejecutiva del PSOE

La ley de Inocencia Fiscal: un cerrojo jurídico que aporta al crecimiento de la economía

La iniciativa es en los hechos una suerte de blanqueo permanente. Y se busca que la persona se comprometa a hacer "buena letra" en el futuro.

Salvador Vitelli, de Romano Group: "La inflación no bajará al 1% sin mayor coordinación entre el ancla fiscal y la política cambiaria"

El jefe de Research de una de las nuevas consultoras del mercado, analizó en diálogo con Infobae la coyuntura económica del país y expuso sus expectativas para el año en curso, respaldando sus respuestas con diversos gráficos

Inversión pública estancada en 2025: apenas se ejecutó el 64% y los compromisos fiscales no pagados suman $49 billones

Aunque el gasto total repuntó frente a 2024, la inversión volvió a quedarse corta por tercer año consecutivo y los $49 billones pendientes presionarán el margen fiscal del próximo año

Superávit bajo la lupa: el desafío fiscal después del ajuste

Tras dos años consecutivos con resultado positivo, el equilibrio de las cuentas públicas entra en una nueva etapa. El análisis de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA)