fiscal

Federico Domínguez: "El superávit fiscal es la política social más efectiva que tuvo Argentina en décadas"

El analista financiero analizó las cifras del EMAE y destacó en Infobae al Regreso el impacto de las políticas de ajuste, la reducción de pobreza y los desafíos que persisten para la inversión y el empleo formal en la economía argentina

"Dólares del colchón": ARCA ya aplica el "tapón fiscal" y ordena frenar controles sobre contribuyentes adheridos

A la espera de que se sancione el proyecto del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) empezó a aplicar el denominado "tapón fiscal" sobre aquellos contribuyentes que se adhirieron a la iniciativa del Gobierno. Se trata de uno de los beneficios más destacados de la normativa, ya que protege al contribuyente contra futuras fiscalizaciones y acciones legales por períodos impositivos ya declarados. A través de un comunicado interno que emitió la semana pasada, el organismo recaudador fijó pautas claras para sus inspectores durante este período de transición, ordenando desactivar los controles sobre los períodos fiscales de 2024 y anteriores para aquellos que ya hayan cumplido con la presentación de la declaración jurada del año base 2025 (Formulario 2711).Dos gigantes energéticos se suman como socios productores al proyecto de GNL de YPF en Vaca Muerta"De constatarse la presentación de la declaración jurada simplificada antes del inicio formal de la acción y, cuando corresponda, el pago respectivo, el caso deberá ser desestimado por resultar aplicable la presunción de exactitud prevista en el artículo 40 de la ley. En tales supuestos, la fiscalización o verificación de períodos fiscales anteriores al período base sólo podrá proceder cuando se detecte una discrepancia significativa en los términos de dicha norma", explicó el documento oficial, que lleva la firma del subdirector general de Fiscalización, Sergio Javier Rufail.Para César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, este comunicado marca el inicio operativo del "tapón fiscal" y deja de ser una "expectativa abstracta" para convertirse en un criterio operativo de la propia administración tributaria. "La palabra utilizada por el comunicado no es casual. Dispone expresamente que el caso 'deberá ser desestimado', es decir, no deja margen para una decisión discrecional del inspector", subrayó. La única excepción prevista es la existencia de una "discrepancia significativa". En este punto, Litvin remarcó que se espera que el proyecto de modificación del régimen tenga mayor precisión, un nuevo umbral más alto y la posibilidad de establecer una defensa en instancia administrativa con elementos probatorios a cargo de ARCA y, en última instancia, de no resultar favorable al contribuyente, al pagar el monto de la discrepancia no se pierden los beneficios del régimen. "Recordemos que la declaración jurada presentada en el marco del nuevo régimen simplificado goza de la 'presunción de exactitud', la cual opera a partir de la presentación y pago de la declaración jurada en término. Así, y salvo que se detecte lo que se define como una 'discrepancia significativa', se presume la misma como exacta, brindando una suerte de 'tapón fiscal' sobre los períodos 2022 a 2024. En virtud de esto último, torna en abstracto accionar sobre los contribuyentes en fiscalizaciones sobre dichos períodos, si luego no podrán ser exigidos los posibles ajustes que surjan de las mismas", sumó Claudia Pose, socia de Impuestos en BDO Argentina.Crisis textil: Amesud, proveedora de Nike y Adidas, entró en concurso con una deuda de $12.156 millonesEn la comunicación interna, ARCA también dejó constancia de que la generación centralizada de cargos contempla el filtro de adhesión al Régimen Simplificado. Esto podría generar que el contribuyente se haya adherido después de emitida la orden, pero antes de que el inspector iniciara formalmente su actuación. Por esa misma razón, se obliga a la verificación previa del trámite antes de dar comienzo con la inspección. "Esto quiere decir que se analiza asimismo la adhesión al régimen, aún estando pendiente la presentación, la cual vence el próximo 27 de julio, lo que se traduce en una suspensión del inicio de fiscalizaciones sobre los contribuyentes adheridos. Esto iría en línea con lo mencionado por el proyecto de ley, el cual indica la continuación de las fiscalizaciones sólo en la medida en que la notificación de inicio de estas (orden de intervención, liquidación o determinación de oficio) se haya producido con anterioridad a la opción de adhesión al Régimen Simplificado", explicó Pose.Sin embargo, para Litvin esto podría dar lugar a futuras controversias porque significa que las inspecciones ya iniciadas, en principio, no quedarían alcanzadas por esta instrucción interna y podrían continuar su trámite normal. "Esa diferencia entre contribuyentes fiscalizados unos días antes y otros unos días después podría convertirse en uno de los principales focos de discusión cuando el nuevo régimen comience a aplicarse plenamente", completó.

El senador Alfredo Deluque demanda al Ministerio de Hacienda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por presunto riesgo fiscal

El recurso presentado por el congresista sostiene que el monto proyectado para el próximo año, en un entorno de intereses al alza, puede ampliar la presión sobre el presupuesto y elevar la carga de la Nación

Roberto Cachanosky: "No es sostenible la forma en que fueron ajustando el déficit fiscal"

En referencia a seguir bajando la inflación, el economista comentó que, "lo que hicieron fue pasar los pasivos remunerados del Banco Central a los pasivos al Tesoro Nacional. Pero eso sigue corriendo, no desapareció". Leer más

Agencia Tributaria inicia operación en seis autonomías contra fraude fiscal inmobiliario

Competencia publicará la lista de gasolineras que no trasladen rebaja fiscal a los precios

El IPC aguanta en el 3,2% en junio pese al encarecimiento de la luz y el gas tras la retirada parcial de las rebajas fiscales

El dato adelantado del INE mantiene estable la inflación anual y sitúa la subyacente en el 2,9%, una décima menos que en mayo

Según un ránking, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe son las provincias de mayor transparencia fiscal

Las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe encabezan el Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), un relevamiento que elabora la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) entre 22 jurisdicciones que adhieren al régimen federal. En el fondo del listado, en cambio, están las provincias de Buenos Aires, Chubut, Mendoza, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego.Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe integran el Grupo I del listado, que nuclea a los gobiernos provinciales de "cumplimiento estricto", y alcanzan un Índice LRF de 100 puntos, calificación máxima a la que se puede aspirar en el relevamiento presupuestario.Las provincias gobernadas por Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro "presentaron toda la información requerida en los plazos establecidos", se informó en un comunicado de la ASAP.Para elaborar el índice, se tiene en cuenta si las administraciones provinciales publican el presupuesto del ejercicio corriente (en ese caso, se otorgan 35 puntos); el Esquema Ahorro Inversión Financiamiento (AIF) de la Administración Pública no Financiera Provincial (vale 25 puntos si está publicado con hasta tres meses de rezago); las Deducciones con Financiamiento Especial de la Administración Pública no Financiera Provincial (se suman 10 puntos, con la publicación hasta los tres meses de atraso); los Gastos clasificados por Finalidad y Función de la Administración Pública no Financiera Provincial (también, significa 10 puntos en caso de ser publicados con hasta tres meses de rezago); la Planilla Stock de Deuda de la Administración Pública no Financiera Provincial (otros 10 puntos al publicarla hasta con tres meses de demora), y la Planilla de Cargos, Horas Cátedra y Módulos Ocupados (también se otorgan 10 puntos por su difusión con hasta tres meses de rezago).La crisis más extensa. Al final, era apenas un jefe de GabineteEl Grupo II está integrado por las provincias que consiguieron un "cumplimiento alto". Son la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán. Todas estas provincias obtuvieron 90 puntos. "Todas publicaron la información en tiempo y forma, con la salvedad de los datos de planta de personal, que quedaron pendientes", se informó en un comunicado de la ASAP.En el Grupo III, de "cumplimiento intermedio", figuran las provincias de Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones. Las tres primeras llegaron a los 70 puntos; Misiones, a 65. "Brindan información completa solamente en los casos del Presupuesto 2026, pero el cumplimiento es parcial respecto a los restantes requisitos", indicó la ASAP.El conjunto de menor transparencia fiscal es el del Grupo IV, el de "cumplimiento bajo", que integran las provincias de Buenos Aires, Chubut, Mendoza, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego. Con 55 puntos se ubicaron Buenos Aires, Chubut, Mendoza y San Juan; con 35, Corrientes, Jujuy y Río Negro. En el último lugar, quedó Tierra del Fuego con 30 puntos. "De este grupo, todas excepto San Juan, Jujuy, y Tierra del Fuego cumplieron con la publicación del Presupuesto 2026â?³, se informó en el relevamiento presupuestario.

Piden juicio político para el fiscal general de Lomas de Zamora que archivó una causa por corrupción contra funcionarios de Insaurralde

La onda expansiva del escándalo de corrupción por el que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, golpeó a la Justicia provincial.En las últimas horas se conoció la existencia de un pedido de juicio político contra el fiscal general de Lomas de Zamora, Carlos Baccini, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. El jefe de los fiscales de Lomas de Zamora fue acusado de archivar una causa penal contra un contador que trabajaba en la municipalidad durante la gestión de Insaurralde. Baccini también fue imputado por la presunta desaparición de pruebas.Al ser consultado por LA NACION, Baccini rechazó la acusación en su contra y agregó: "Apliqué la resolución 1390 de la Procuración, así que no puedo analizar de oficio un dictamen sobre el que la denunciante nunca pidió una revisión".La investigación contra el contador de la municipalidad de Lomas de Zamora comenzó el 29 de noviembre de 2017, cuando una auditora de la delegación local del Tribunal de Cuentas de la bonaerense encontró dos cajas y una bolsa con facturas, formularios para las licitaciones y remitos en su oficina.A partir de este hallazgo, la auditora hizo una denuncia por la posible comisión de un delito, ya que entre la documentación que encontró había facturas y remitos correspondientes a empresas proveedoras del municipio.La investigación recayó en la fiscalía a cargo de Pablo Rossi, quien luego de tomarle declaración a la auditora describió el contenido de la documentación y mostró las grabaciones y fotocopias de lo que había encontrado.Debido a que en esas cajas había presupuestos en blanco, facturas y sellos de empresas, algunas de ellas proveedoras de la comuna, se sospechó que se trataba de un "kit para inventar licitaciones". Por ese motivo fue imputado Héctor Rosin, entonces contador de la Municipalidad de Lomas de Zamora, quien, según la auditora del Tribunal de Cuentas, había reclamado las dos cajas y la bolsa con documentos. Al fundar dicho pedido, el contador manifestó que esos documentos pertenecían a su estudio contable. Lo curioso del caso fue que Rosin guardara documentos de su estudio en la municipalidad donde trabajaba como contador.Un "kit" para licitacionesSegún se determinó en la investigación, entre esa documentación había formularios presuntamente aptos para completar, simular o armar expedientes administrativos de contratación pública.Inicialmente la causa tuvo impulso investigativo. El fiscal Rossi, que intervino en la primera etapa, analizó la documentación y solicitó medidas de prueba. Se ordenaron allanamientos en la Municipalidad de Lomas de Zamora y en domicilios vinculados a Rosin; también se secuestró nueva documentación y se dispusieron peritajes contables e informáticos. En el pedido de allanamiento se mencionó la posible existencia de un conjunto de funcionarios municipales vinculados a la maniobra investigada. Al revisar las empresas que figuraban en la documentación encontrada por la auditora del Tribunal de Cuentas se determinó, por ejemplo, que el contador Rosin aparecía vinculado con una de las empresas proveedoras del municipio y que su estudio contable particular tenía el mismo domicilio que otra empresa que era proveedora de la municipalidad.Además, al revisar los integrantes de los directorios de algunas de las empresas, los investigadores encontraron a otros funcionarios de alto rango de la Municipalidad lomense que pertenecían a la gestión Insaurralde.Según consta en el sumario, el 9 de noviembre de 2020, el fiscal general Baccini le sacó la investigación a Rossi y se la asignó a otro fiscal, quien ordenó el archivo de la causa al considerar que "no surge del informe de los peritos oficiales que las operaciones a las que calificó como 'llamativas' hayan tenido carácter defraudatorio, y si lo hubieran tenido, la acción estaría prescripta".En la resolución que decretó el archivo del expediente contra los funcionarios de la gestión Insaurralde se expresó que "los peritos solo pudieron verificar la existencia de una relación entre Rosin y proveedores del Municipio, pero solamente ello, pues no se verificó que fueran partícipes de una maniobra defraudatoria o integrantes de una asociación ilícita, sino solo una incompatibilidad administrativa. Se habría considerado que no se encontraba acreditado un delito penal y que, en todo caso, podría existir una incompatibilidad administrativa o disciplinaria en la actuación [de Rosin] por su doble rol como contador municipal y eventual contador de proveedores de la Municipalidad".El archivo del expediente tuvo como inmediata consecuencia que se dejara sin efecto la acusación contra el contador Rosin y contra los otros funcionarios municipales que eran subordinados del intendente Insaurralde.Pedido de otro fiscal y nueva acusaciónEl escándalo en la Justicia lomense estalló cuando el fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde, a su exesposa Jésica Cirio y a la modelo Sofía Clerici por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, solicitó el expediente 07-00-76248-17 por el caso de corrupción en la municipalidad a la fiscalía a cargo de Baccini.Ante la falta de respuestas, el fiscal federal Mola, mediante los canales oficiales, puso en conocimiento del procurador general ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte-Grand, la conducta reticente del responsable del Ministerio Público de Lomas de Zamora.Entonces, el jefe de los fiscales provinciales dispuso que la conducta del fiscal Baccini fuese investigada por el Departamento de Control Disciplinario de la Procuración.Para garantizar la objetividad del proceso en investigaciones en las que aparece imputado un fiscal, los sumarios se instruyen en otro departamento judicial. Se inició así un sumario que quedó a cargo del fiscal general de Pergamino, Fernando D'Elío, quien luego de revisar las pruebas concluyó que "con su conducta, Baccini habría ocasionado la impunidad en una causa de interés institucional, puesto que se denunciaba la posible comisión de una defraudación en perjuicio del erario público".En la resolución de 60 páginas, el fiscal D'Elío consideró que Baccini sería responsable del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.Al consignar las cuestiones prejudiciales, en las que se detalló que el fiscal general de Lomas de Zamora tiene fueros, se consideraba necesario que para avanzar en el proceso se debía comunicar la resolución a la Secretaría de Control Disciplinario y de Enjuiciamiento de la Procuración General, a través del Departamento de Enjuiciamiento de Magistrados y remitir otra copia a la fiscalía federal N°1 de Lomas de Zamora, que investiga las denuncias contra Insaurralde y que había denunciado la reticencia en el envío del expediente contra los colaboradores del intendente.El 9 de septiembre del año pasado, Baccini recibió la notificación de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses.A casi diez meses de la presentación del pedido de juicio político contra Baccini, el expediente no tuvo avances relevantes y no fueron sorteados los conjueces que deben revisar si el Jurado tiene competencia para resolver sobre la denuncia contra el fiscal."Para mí, la acusación no tiene fundamentos. Nunca me demoré en entregar el expediente. Yo expuse una opinión. Actualmente, la causa que me atribuyen haber archivado sigue abierta. Además, el denunciante, en este caso, la auditora del Tribunal de Cuentas, nunca se mostró disconforme con la resolución de archivar la causa", concluyó el fiscal Baccini.

Fiscal advierte que el narcotráfico podría converger con el tráfico de fauna en Costa Rica

El funcionario de la Fiscalía Ambiental señaló en un seminario que las redes de captura y venta de animales ya replican patrones del crimen organizado, y pidió reforzar normas y fiscalización

Ayuso ve "sospechoso" que no se haya producido "inspección fiscal" en "tramas de corrupción" del Gobierno

Ayuso ve "sospechoso" que no se haya producido "ningún tipo de inspección fiscal" en "tramas de corrupción" del Gobierno

Fiscal González: "El desafío sigue siendo controlar a quienes tienen la tarea de controlar"

En medio de la crisis desatada por el "caso Wachitas", el fiscal que investigó la denominada Causa Bomberos advirtió que los riesgos de corrupción persisten mientras existan estructuras estatales encargadas de controlar la actividad privada. Leer más

Fiscal es destituido por la JNJ tras caso de acoso a trabajadora en su último día laboral en la sede fiscal

La asistente administrativa relató ante la JNJ que el fiscal de Pisco le dirigió frases como "Tú me gustas hace tiempo" y "te voy a extrañar mucho", en un caso que terminó con la destitución del magistrado

Crece la tensión entre el fiscal y el juez de la causa por el enriquecimiento de Martín Insaurralde y Jesica Cirio

La relación entre el juez federal Luis Armella, que investiga a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio, y el fiscal federal del caso, Sergio Mola alcanzó un pico de máxima tensión. Mola acusa a Armella de demorar la causa, pero no es la única diferencia. También discrepan sobre los pedidos de captura de los sospechosos que impulsa el fiscal y sobre la exclusión de la segunda esposa del exfuncionario, Carolina Álvarez, en un peritaje contable clave que va a determinar si hubo enriquecimiento ilícito del exintendente. Los roles de ambos son diferentes; el fiscal acusa, impulsa la acusación y empuja el caso, y el juez debe evaluar la prueba y conceder o no los pedidos de las partes. Las diferencias de mirada van mucho más allá de los aspectos procesales. El fiscal Sergio Mola pidió indagar a Insaurralde y el juez Armella no hizo lugar a esa solicitud. El viernes pasado, Mola pidió detener a Insaurralde y a Jesica Cirio, exmujer del exintendente, al entender que pueden sustraerse de la justicia o perjudicar la investigación. Lo determinante para el pedido de detención fue la difusión de los videos de Cirio rodeada de fajos de dólares en paquetes termosellados, ocultos en el vestidor de la casa que compartía con Insaurralde.Los funcionarios de la Fiscalía se hartaron. "Si tienen este dinero escondido en un placard, cuánto más habrá invertido o depositado en otros ámbitos", se preguntan. Antes de que, una vez más, "le tomen el pelo a la justicia", en la fiscalía decidieron actuar ante la presunción de que los acusados se les estaban riendo en la cara, según reconocieron allegados a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal.A fondo - Cirio - HOMEEl pedido de detención de Insaurralde y Cirio hay que leerlo en la clave de la indignación de la fiscalía, antes que en la lógica de la fría letra de la ley.El juez Armella no contempla hacer lugar al pedido de detención. No está dispuesto a avanzar en esta dirección. Seguirá con la impronta que le dio a la causa durante los últimos tres años. La semana próxima tendrá lugar un casi seguro rechazo a la pretensión del fiscal y pagará el costo que corresponda ante la opinión pública.Los investigadores calculan, de acuerdo a las imágenes, que podrían haber unos 10 millones de dólares en el vestidor.Mola ya venía insistiendo desde el año pasado con el pedido de indagatoria de Martín Insaurralde, cuyo último cargo político fue ser jefe de Gabinete de Axel Kicillof.La indagatoria fue preparada por Mola junto a su colega Diego Velasco de la Procelac, que es la fiscalía especializada en lavado de dinero. El informe patrimonial que reconstruyeron los fiscales fue lapidario.Detectaron decenas de millones de gastos sin justificar, solo de los viajes al exterior que hizo Insaurralde; imposibles de cubrir con su sueldo de empleado público de la provincia de Buenos Aires.También descubrieron supuestas negociaciones con contratistas de la municipalidad, investigaron a supuestos testaferros e imputaron a hijos, a la segunda esposa de Insaurralde, Carolina Alvarez, y otros parientes.Era el momento en que la Argentina se jugaba en Paris la aprobación de su calificación en el Grupo de Accción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a los países por sus políticas contra el lavado de dinero.La Unidad de Información Financiera, a cargo entonces de Ignacio Yacobucci, había también pedido indagar a Insaurralde y a Cirio por lavado y enriquecimiento ilícito, pero en el Gobierno nacional los frenaron y echaron al segundo de Yacobucci, Manuel Tessio. La fiscalía se diferenció y pidió indagar a Insaurralde por esos delitos con los elementos que tenía en ese momento. Pasó casi un año y ahora cuenta con más elementos para avanzar contra Cirio y el resto de los acusados. Ya se prepara un nuevo pedido de indagatoria.Pero nada de esto ocurrirá hasta que concluya un peritaje contable que culminará supuestamente el 17 de julio, con 75 puntos de pericia, que determinará si Insaurralde, Cirio y el resto de los acusados pueden o no justificar sus gastos.Los peritos oficiales y de parte vienen hasta ahora firmando en conjunto las respuestas a los puntos de pericia. Faltarían cinco para concluir el trabajo y los abogados defensores están confiados en que el resultado los favorecerá. Es una cuestión al menos dudosa si se mira en detalle el video del vestidor millonario. Por eso, la voluntad de Cirio de excluirlo como evidencia y mencionar que su aparición es producto de una trama extorsiva. Sacar el video de la causa y excluir el allanamiento a su casa, donde encontraron drogas y armas, es parte de su estrategia de defensa. El peritajePero las diferencias entre el juez Armella y el fiscal también pasan por un peritaje en cuanto al patrimonio que abarca a Carolina Álvarez, la segunda esposa de Insaurralde.Insaurralde se casó en primer lugar con Liana Toledo, hija del exintendente de Lomas de Zamora Hugo Toledo y madre de Martín y Rodrigo, sus dos primeros hijos. Los bienes e ingresos de ellos están también en la mira. La mujer es funcionaria del otro juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.Luego, Insaurralde formó pareja con Carolina Alvarez, quien era la esposa del hermano de Liana, Leandro Toledo. Es decir, se enamoró de su exconcuñada. Tuvieron a Bautista, el tercer hijo del exintendente. En 2008 decidieron separarse.Con posterioridad, el exintendente de Lomas de Zamora se casó con Jesica Wanda Cirio, quien está investigada en esta causa, junto con Sofía Clerici, la "acompañante de viajes" con la que navegaron en el yate Bandido por el Mediterráneo en Marbella en 2023.Ese periplo en yate fue el disparador de la investigación judicial por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.El juez Armella entendió que la exesposa de Insaurralde, Carolina Alvarez, no está imputada en la causa en que se investigan los bienes del exfuncionario y la excluyó del peritaje contable.La resolución sorprendió a la Unidad de Información Financiera, a la fiscalía de Sergio Mola y a los querellantes de Poder Ciudadano, que apelaron esta decisión. El juez rechazó la apelación y ahora el asunto está en la Cámara Federal de La Plata, que debe decidir si se avanza o no con el análisis de los bienes de Álvarez.El juez Armella argumenta que el período por el que se investiga a Insaurralde es desde 2009, cuando fue intendente de Lomas de Zamora en adelante; por eso hay que excluir la compra del terreno que hizo Álvarez donde se construyó la casa en San Vicente, que es de 2006.Pero los fiscales creen otra cosa. Mencionan que Álvarez está imputada como testaferro de Insaurralde por adquirir esos terrenos en su nombre.Diego Iglesias, que es el fiscal ante la Cámara de La Plata que debe decidir sobre el asunto, apoyó el reclamo de Mola. Dijo que era necesario incluir en el peritaje una averiguación para determinar el origen de los fondos con los que fueron adquiridos los terrenos en los que luego se alzó la mansión de Insaurralde en San Vicente, en torno a los cuales Álvarez aparece mencionada.Entre lo que se va a analizar hay un supuesto préstamo o donación de US$250.000 que habría hecho Insaurralde a Cirio y se buscarán determinar los orígenes de esos fondos.También se analizará cómo se pagó el viaje realizado en 2023 por Insaurralde a Marbella, cuando compartió una semana con Clérici en una villa de lujo y navegó en el yate Bandido mientras tomaban champagne en el Mediterráneo.Otro de los asuntos que se ahondará es cómo pagó los pasajes de avión con los que realizó un centenar de vuelos, ya que sus ingresos en blanco no permiten costearlos. Asimismo, se evaluará el mecanismo de adquisición de la quinta de San Vicente, donde el exintendente vivió con Cirio, y la compra de vehículos de lujo que utilizaban él y algunos colaboradores.Allí es donde fue incluida Álvarez. El fiscal pidió en uno de los puntos de pericia que se "determine y explique en particular si, de acuerdo con los ingresos declarados por Carolina Álvarez las retenciones impositivas y los consumos declarados en el período, poseía la capacidad económica para afrontar el pago de 26.000 dólares estadounidenses al 11 de mayo de 2006". El fiscal Iglesias defendió la inclusión de Álvarez y dijo que es difícil entender la decisión del juez Armella de dejarla fuera del caso. "Resulta difícil de entender que el juez, contradiciéndose con todo lo que venía afirmando previamente, incluso dictando medidas de importancia respecto de Álvarez, como lo es la cautelar antes de la indagatoria, que ahora sostenga sin más que no resulta imputada, y deje afuera del peritaje el punto pericial relativo a ella", señaló.Esta diferencia será la que ahora deba zanjar la Cámara Federal de La Plata, y el resultado de este conflicto determinará que se tenga que completar luego o no el peritaje contable próximo a concluir.

José Domingo Pérez asegura que tendría un trágico final frente a un gobierno de Keiko Fujimori: "Terminaré muerto como el fiscal Alberto Nisman de Argentina"

En una reciente declaración, el magistrado vinculó su futuro a escenarios de riesgo como los de Nisman en Argentina o jueces en Centroamérica, desatando una ola de reacciones y cuestionamientos en el país

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Hacienda retira a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y añade a Rusia

Una orden ministerial actualiza la lista española de jurisdicciones no cooperativas tras los avances en cooperación fiscal con Gibraltar e incluye a Rusia por mantener un régimen tributario perjudicial

Rafael Marín se registra como aspirante de Morena a Quintana Roo tras polémica de huachicol fiscal: "No tengo nada que esconder"

El exfuncionario confirmó que recientemente se reunió con Mario Villanueva, exgobernador en prisión domiciliaria

Asumieron las procuradoras penitenciarias y el gran ausente fue el fiscal Iván Rodríguez

Bettina Croppi encabeza el organismo cuyo funcionamiento comenzará efectivamente después de la feria invernal. Se completaron la Fiscalía General y la Defensoría General. Leer más

El fiscal pidió la detención de Martín Insaurralde

El fiscal federal Sergio Mola solicitó formalmente la detención de Martín Insaurralde ante el juez Luis Armella, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Leer más

Confirman los procesamientos de Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y la AFA por una causa de evasión fiscal

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ratificó los procesamientos del presidente de la AFA, del tesorero Pablo Toviggino y de la entidad por presunta evasión y retención indebida de aportes. Leer más

Justicia confirma procesamiento de la Asociación del Fútbol Argentino por fraude fiscal

El fiscal solicitó la detención de Martín Insaurralde en la causa por enriquecimiento ilícito

El fiscal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.La medida fue solicitada al juez federal Luis Armella, que será quien decida si la concede. Es poco probable que lo haga, dijeron a LA NACION fuentes judiciales, que analizaron que no se cumplirían los requisitos necesarios para ordenar la captura del exjefe comunal.La causa fue sacudida el sábado pasado por la aparición de videos de 2023 de Jesica Cirio, exesposa de Insaurralde, contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con él, imágenes que difundió LA NACION. El pedido del fiscal Mola se basa en que, tras la difusión de los videos, hay peligro de que Insaurralde se fugue o entorpezca el avance de la investigación, buscando ocultar pruebas o presionar a testigos, según el fiscal.Mola, en paralelo, pidió además hacer una inspección ocular en la casa del country de San Vicente donde supuestamente fueron filmados los videos de Cirio.Además, solicitó peritar celulares, dos tablets y tres pendrives encontrados en el departamento de Cirio, en Ortega y Gasset 1661, piso 18, en Palermo, para determinar si en esos dispositivos están los videos.Insaurralde está acusado de enriquecimiento ilícito y también de lavado de dinero en este expediente, que se inició después de que fue fotografiado, en 2023, navegando por el Mediterráneo en el yate "Bandido" con Sofía Clerici como acompañante.Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 (cuando asumió en reemplazo de Jorge Rossi) y 2021 (cuando pidió licencia para ser jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof). Su llegada al gabinete bonaerense se había dado por una gestión de la expresidenta Cristina Kirchner ante el mandatario provincial.

García Ortiz: "Creo en el Estado de derecho, en la judicatura y en los fiscales"

JNJ abre investigación contra Delia Espinoza por presuntas infracciones como Fiscal de la Nación

La Junta Nacional de Justicia otorgó un plazo de 10 días hábiles para que la extitular del Ministerio Público presente sus descargos

El fiscal Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba en la causa contra Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una serie de medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y les dio nuevas indicaciones a los contadores de la Procuración que están revisando las cuentas del funcionario.Pollicita les indicó a los expertos que colaboran con su fiscalía qué es lo que necesita que analicen para determinar posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Adorni. No les puso fecha de entrega de este nuevo informe, pero fuentes que trabajan en la investigación dijeron a LA NACION que la idea es contar con toda la información antes de la feria judicial de invierno. Después, si los números no cierran, la fiscalía pedirá que el jefe de Gabinete sea intimado a justificar su crecimiento patrimonial, adelantaron fuentes de los tribunales federales de Comodoro Py. Las nuevas medidas dispuestas por la fiscalía incluyen pedidos de informes al country Indio Cuá, donde Adorni compró una propiedad; a ARCA, y a Binance y Lemon Cash, dos plataformas vinculadas con criptomonedas.El informe contablePollicita les pidió a los contadores de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) que colaboran con él que el informe sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, abarque del 14 de diciembre de 2023, cuando él asumió en el Gobierno, a la actualidad. Solicitó que la DAFI considere de manera integral todos los elementos incorporados a la causa, efectuando los cruces necesarios entre las fuentes de ingresos acreditadas, la evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y pasivos, y los gastos de los que hay registro en el expediente, informaron fuentes con acceso a la causa. Pollicita pidió que el informe identifique las "inconsistencias" que puedan existir, distinguiendo las partidas que cuenten con respaldo suficiente de aquellas que no, o que requieran una explicación adicional. También, que le señalen si es que existe un "desbalance patrimonial apreciable", con el propósito de evaluar la eventual formulación de un requerimiento de justificación patrimonial. Noticia en desarrollo

Exvendedora de Aluminar pasó 6 meses presa y pide el sobreseimiento: "El fiscal Iván Rodríguez no escuchó mi versión"

Dos mujeres que cumplían funciones subordinadas dentro de Grupo Aluminar pasaron más de seis meses privadas de la libertad en el marco de la investigación por la presunta estafa del emprendimiento Catalina del Norte. Ambas acusan al fiscal Iván Rodríguez de no haberlas escuchado ni distinguido del resto de los imputados. Leer más

El fiscal Pollicita pidió las últimas medidas de prueba antes de exigirle explicaciones patrimoniales a Manuel Adorni

El jefe de Gabinete deberá justificar en Comodoro Py los números que no le cierran. Si persisten las inconsistencias, será citado a indagatoria. La Justicia aguarda informes de billeteras virtuales, el ARCA y el country Indio Cuá

Aumento salarial para el sector público en pugna: Ahora MEF propondría subir a S/726 millones el espacio fiscal

Un nuevo aumento plantea el Ejecutivo tras la protesta de las confederaciones en la negociación colectiva. Sin embargo, aún resultaría insuficiente para los trabajadores

Javier Milei acelera su política judicial: envió al Senado un nuevo paquete con 21 pliegos de jueces y fiscales

Antes de viajar a España, el Presidente firmó la selección de distintos candidatos para juzgados de diferentes puntos del país. Esta mañana se oficializaron 47 nombramientos judiciales en el Boletín Oficial

Óscar Puente ve escandalosa la filtración de Zapatero y dice que por menos se condenó al fiscal: "Vamos a comprobar hasta qué punto la Justicia opera con igualdad"

El ministro de Transportes asegura que se han difundido datos personales sobre el expresidente, aspectos de su intimidad, su agenda y conversaciones privadas, algo que ve "gravísimo" e "inaceptable"

Ejecución fiscal: la excepción de inhabilidad de título niega la deuda; mientras que el pago, su reconocimiento

En un fallo adverso al contribuyente, la justicia corrobora los efectos de plantear la excepción de la inhabilidad del título (boleta de deuda), así como del pago de la deuda, lo que constituye una situación contradictoria.

Escándalo de los dólares de Jesica Cirio: el fiscal pidió calcular cuánto dinero había en el vestidor de la mansión de San Vicente

El fiscal federal Sergio Mola ordenó una batería de medidas de prueba para avanzar en la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exjefe de Gabinete bonaerense. Su eje central es un peritaje técnico sobre videos donde se observan fajos de dólares. Leer más

De La Espriella propone ajuste fiscal: déficit de 4,8 % en 360 días y crecimiento de 5 %

El programa económico del presidente electo plantea reducir gasto, combatir evasión, vender activos improductivos y activar sectores como energía, agro, turismo e innovación

Mesa Fiscal advierte crisis de finanzas públicas en Colombia y pide ajuste: deuda llegó a 58,5 % del PIB

Expertos de Los Andes, Nacional, Javeriana y Fedesarrollo alertaron que aplazar el ajuste fiscal hará más costosa la corrección de las finanzas públicas

Causa $Libra: "Si el fiscal retira la querella va a ser un escándalo"

El abogado demandante Nicolás Oszust confirmó que, en ese caso, apelarán la decisión y continuarán con el proceso judicial. "Va a seguir elevándose hasta que nos reconozcan", dijo en Radio 750.

Entre Ríos volvió a impulsar la necesidad de avanzar en un nuevo pacto fiscal entre Nación, provincias y municipios

"Ir a un consenso del compromiso de todas las partes de bajar los impuestos distorsivos para mejorar la competitividad", indicó el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, en cuanto al objetivo de la medida. Leer más

Negociación colectiva: MEF elevaría el espacio fiscal a S/676 millones, tras gestión de sindicatos

Las confederaciones de trabajadores públicos que participan de la negociación colectiva se reunieron con la Presidencia del Consejo de Ministros

Encuentran restos humanos en una casa de Zacatecas: son al menos cuatro cuerpos, informa fiscal

El hallazgo ocurre durante trabajos de prospección de un grupo de especialistas de la Comisión Local de Búsqueda

Contraloría de Bogotá abrió proceso fiscal por $2.603 millones a Integración Social e Icbf por duplicidad en programas de primera infancia

El ente de control señaló pagos concurrentes en programas para menores durante dos años y atribuyó la falla a verificaciones insuficientes

Después de una reunión clave, el fiscal definió qué le va a pedir a Adorni para que justifique su patrimonio

Junto a los investigadores de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), Pollicita analizó los temas que busca esclarecer.

Luis Caputo y Rogelio Frigerio impulsan un nuevo pacto fiscal entre Nación y las provincias

El ministro de Economía y el gobernador de Entre Ríos, aliado de la Casa Rosada, coincidieron en que el sistema tributario debe simplificarse para fortalecer la competitividad

La fiscal del Supremo Madrigal advierte de las "turbias redes" de la corrupción política

Caso Charlie Kirk: la Justicia de Utah analiza un posible desacato de fiscales en vísperas de una audiencia clave

Los abogados del acusado, Tyler Robinson, solicitaron además que se impida a la fiscalía pedir la pena de muerte en caso de condena. Según argumentaron, los comentarios realizados ante medios de comunicación sobre un fragmento de bala recuperado del cuerpo pudieron influir en la percepción pública sobre la culpabilidad de su cliente

La pausa no alcanza: La oposición redobla la ofensiva contra el fiscal que liberó a Barrelier en 2025

La postergación de la jura del fiscal no desactivó para nada el conflicto. El juecismo y la UCR buscan que la Legislatura intervenga y revoque su designación. Mensaje al PJ en el poder y al Tribunal Superior de Justicia. Leer más

Motosierra selectiva: cómo gastó y qué partidas ajustó Caputo en mayo para tener superávit fiscal

Al quinto mes del año, el ministro de Economía ya consiguió la mitad de la meta de superávit primario que acordó con el FMI. El pago de Ganancias de sociedades que ayudó y las medidas para blindar el resultado fiscal

SIRA: levantan secreto fiscal de empresarios y citan a miembros de ARCA

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Con fuertes críticas a Spagnuolo, el fiscal Franco Picardi rechazó suspender el peritaje de los audios de la causa ANDIS

Dictaminó en contra de un planteo de la defensa para frenar el estudio que busca esclarecer si las grabaciones son verídicas y aseguró que es un intento por demorar la causa. Spagnuolo se niega a aportar su voz para compararla con las grabaciones

Adorni: el problema no es fiscal, es corrupción

Adorni era el vocero del presidente Milei cuando anunciaban "la moral como política de Estado". La lucha contra los corruptos pretendía ser una bandera de la gestión y él era su cara más visible, antes de ser funcionario ya le contaba las costillas a la casta política. Eso explica la profunda indignación que produce su situación patrimonial.La actual estrategia de reducir la cuestión a un simple asunto de evasión fiscal, diciendo que habían "ahorrado en negro como la mayoría de los argentinos" y que no lo habían declarado porque "la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro", se choca de frente con lo que en marzo declaró ante el Congreso de la Nación: que tenía todo declarado "como corresponde".El problema de Adorni es el inverosímil ahorro informal, que mágicamente apareció, y pretender hacernos creer que la empezó a gastar toda de golpe desde que ejerce la función pública.La declaración jurada que Adorni tanto tardó en presentar es inconsistente, vaga e imprecisa. Contradice registros públicos y hasta sus propios dichos en varias ocasiones. Asegura una importante inversión en criptomonedas sin explicar en detalle cuánto, cómo, dónde compró y con qué ingresos. Para justificar su falta de fondos de origen legítimo durante este tiempo, recurrió a mutuos hipotecarios -es llamativo que no haya recurrido al Banco Nación-, sobre inmuebles de dudosa valuación, operaciones que deben recibir máxima atención porque no responden a los usos y costumbres habituales del mercado.Al ocultamiento de la compra de la casa en Indio Cua, que al principio era 100% de su mujer, pero que luego aparece siendo 50% suya, se agregan para investigarse las refacciones y los viajes. Los flujos y stocks detallados en una línea de tiempo conforman el objeto de una investigación por enriquecimiento ilícito durante su gestión y posible lavado de activos.Si bien el régimen simplificado de ganancias, incluido en la ley de inocencia fiscal, puede permitir un bloqueo respecto de cuestiones tributarias e incluso -por la elevación de los montos de la evasión- la inexistencia de infracciones penales, ese perdón no abarca a los delitos penales por los que se investiga a Adorni hoy: enriquecimiento durante el ejercicio de la función pública; el delito de dádivas por el viaje en avión privado a Punta del Este que pagó un contratista de la TV Pública, su amigo y exempleador, ni el de declaración maliciosa en la declaración jurada.Por su parte, la consultora de su mujer es pieza central del análisis económico, financiero y patrimonial. Según las fuentes de ingreso que allí se registren, se activan posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. La autoría mediata de esos delitos debería recaer sobre Adorni: él es el funcionario, ella es el vehículo.La pregunta que la Justicia no puede eludir es simple: ¿de dónde proviene el incremento patrimonial de Adorni si el único cambio sustancial en su vida es que hoy representa al Estado argentino?El juez Lijo fue invitado por el ministro de Justicia para viajar a ParísLa causa principal, más allá de haber sido delegada en el fiscal Pollicita, está en manos del juez Lijo, quien fue invitado por el ministro de Justicia para viajar a París, al Pleno del GAFI -el organismo internacional de lucha contra el lavado de activos- sin ninguna justificación técnica verdadera. El juez de la causa viajando con el ministro del gobierno al que pertenece el investigado es una imagen propia del cambalache del sistema judicial argentino y de lo poco que importan las reglas sobre el buen comportamiento de los jueces.El caso Adorni vuelve urgentes tres reformas. La Oficina Anticorrupción no puede seguir siendo un apéndice político que recibe declaraciones juradas sin ningún control real. La ley de ética pública no es un papel pintado: las inconsistencias entre lo declarado y el patrimonio real deben analizarse con continuidad para prevenir y eventualmente denunciar.Por su parte, la UIF no debe pedir permiso para avanzar en cuestiones operativas y tiene que recuperar sus facultades para querellar -facultades que este gobierno le quitó mediante el decreto 274/2025 bajo la excusa de una observación que realizó el GAFI-. Finalmente, la ley de inocencia fiscal debe modificarse para prever explícitamente que el "tapón fiscal" -no analizar incrementos patrimoniales o consumos- no se aplique a funcionarios políticamente expuestos y a procesados por delitos precedentes del lavado de activos.Cabe celebrar el fallo difundido en los medios en estos días, donde el juez Casanello procesó a "sherpas de la corrupción"Es importante alentar a los sujetos obligados del régimen de prevención de lavado de activos -como casas de cambio, proveedores de servicio de activos virtuales, sociedades de bolsa, bancos, escribanos, algunos abogados y contadores- a reportar las operaciones sospechosas de personas políticamente expuestas (PEP); es una obligación legal. Adorni es una PEP. Esa obligación no es facultativa y en ese sentido celebro el fallo difundido en los medios en estos días, donde el juez Casanello procesó a "sherpas de la corrupción", es decir, a facilitadores profesionales de maniobras de esta catadura que colaboraron con un problema sistémico y estructural como es el lavado proveniente de la corrupción.La Argentina atraviesa un momento de grandes expectativas. Millones de personas apostaron a un cambio real, hicieron sacrificios concretos y depositaron su confianza en un proyecto político que prometía romper con la lógica de la corrupción sistémica. Sostener esquemas o personas con graves sospechas de corrupción defrauda esa confianza y pone en riesgo también el rumbo económico y de desregulación que es el correcto.La corrupción no es un problema abstractoLa historia de nuestro país demuestra que los proyectos políticos fracasan cuando quienes ejercen el poder comienzan a creerse por encima de las leyes, los controles y la rendición de cuentas. La corrupción no es un problema abstracto: corroe la implementación de todas las políticas públicas, golpea con mayor virulencia a los más pobres y destruye el valor más difícil de reconstruir, que es la confianza.Hasta que "la moral como política de Estado" deje de ser un eslogan hipócrita y se convierta en una práctica real, todo este sacrificio corre el riesgo de no valer la pena. El enriquecimiento ilícito es un delito constitucional y enriquecerse desde la función pública es traicionar a la patria.

Inocencia Fiscal: aseguran que la reforma busca dar más seguridad para utilizar los "dólares del colchón"

El tributarista Diego Fraga explicó los cambios que impulsa el Gobierno para fortalecer el régimen simplificado de Ganancias y brindar mayor seguridad jurídica a quienes decidan incorporar fondos no declarados a la economía formal. Leer más

Fiscalía suspende el expediente a fiscales mencionadas en 'caso Plus Ultra' hasta que se cierre la investigación a ellas

Luis Abinader promulga la Ley 30-26 con medidas para el crecimiento económico y la estabilidad fiscal dominicana

La norma aprobada por el Congreso Nacional, según la Presidencia de la República, busca reforzar la disciplina presupuestaria, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la previsibilidad de la gestión económica ante la incertidumbre internacional

Tomás Gálvez denuncia que Germán Juárez alteró carpeta fiscal para encubrir denuncia de soborno en su contra

Grave hecho. Tomás Gálvez dio detalles desconocidos de la salida del exmiembro del Equipo Especial Lava Jato de la coordinación de las Fiscalías de Lavado de Activos

Ella es Marcela Abadía, la fiscal que lideró el llamado a indagatoria contra Álvaro Uribe Vélez por las masacres del Aro y La Granja

La trayectoria de la fiscal incluye su desempeño en el Ministerio de Justicia entre 2014 y 2018 y la Jurisdicción Especial para la Paz como magistrada auxiliar y jefe del Grupo de Análisis de Información

El fiscal Pollicita recibió el expediente de la herencia recibida por Manuel Adorni y pone la lupa en su veracidad

Después de las declaraciones juradas rectificada y la última correspondiente al período fiscal 2025, que da cuenta de un patrimonio de 944 millones de pesos, la justicia federal se concentra en el análisis de la herencia recibida por el jefe de Gabinete.

Wachitas: qué fiscales investigarán si el bar movía un submundo de sexo y drogas, donde había menores

Las nuevas causas podrían complicar a Soledad Andreani, el punto donde confluyen los dos casos. Hoy será indagada por presunto encubrimiento del crimen de Agostina por el fiscal Garzón, quien ya remitió el testimonio de una extrabajadora sexual del bar a fiscalías especializadas. Leer más

PP y Vox acusan a Peramato de "purgar" a fiscales díscolos y promover a otros por adhesión

Medida oficial vigente: Texas avanza en la aplicación de la Ley SB-4 para rastrear a migrantes con una apelación del fiscal general

Un juez federal suspendió algunas de las disposiciones de la normativa, que penaliza la entrada ilegal de migrantes. El fiscal Ken Paxton apeló esa decisión.Pero otras disposiciones de la Ley SB-4 están en vigor desde el 15 de mayo de este año.

Fiscal Medio Ambiente: "Me preocupa la nueva generación de incendios casi incontrolables"

Ernestina Godoy designa a nuevos fiscales federales en Colima y Zacatecas

Los dos nombramientos se enmarcan en el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, con el que la FGR busca acabar con la llamada burocracia dorada

Reforma fiscal de Luis Abinader queda lista para promulgación tras su aprobación de urgencia en el Congreso dominicano

La iniciativa, convertida en ley en seis días, busca añadir RD$50.000 millones al Presupuesto General del Estado mediante mayores tributos, con 139 votos favorables del oficialismo y el rechazo de los bloques opositores

Refutan a Sheinbaum: abogados de los Farías Laguna afirman que todavía no tienen toda la carpeta del caso de huachicol fiscal

La defensa de los hermanos acusados de "huachicol fiscal" exhibe un acuerdo judicial que contradice la versión oficial y sostiene que la Fiscalía sigue sin cumplir la orden de entrega total del expediente

Área de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca afectada por excavaciones clandestinas: siete detenidos y pesquisa fiscal en curso

Durante la inspección se hallaron materiales de construcción, herramientas y vehículos utilizados en trabajos ejecutados dentro del área protegida

Temporalmente: la CNV pone en pausa los fondos para invertir en el exterior y revisa su costo fiscal

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aplicó un freno temporal a aquellos Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCIA) destinados a los grandes patrimonios para posicionarse en activos que están fuera de la Argentina. La justificación técnica es la revisión del costo final de estas herramientas de inversión. La medida entró en vigencia este jueves, a través de la Resolución General N° 1153, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. En la normativa, el organismo regulador suspendió transitoriamente la aprobación de nuevos Fondos Comunes de Inversión Abiertos destinados a inversores calificados que prevean en su reglamento la gestión de inversión en activos emitidos y negociados en el exterior en un porcentaje mayor al 25% de su patrimonio neto.Jetsmart suma 10 aviones a su operación el país y va a cubrir rutas que operaba FlybondiLa CNV también suspendió las nuevas suscripciones de cuotapartes a este tipo de Fondos ya existentes, por lo que los inversores calificados ya no podrán invertir en ellos si hasta el momento no lo hacían. "Dicha suspensión, de índole transitoria, se debe a la evaluación pendiente del costo fiscal que implican este tipo de FCIA", explicó el organismo que dirige Roberto Silva a través de un comunicado. Estos fondos nacieron bajo el impulso de la Ley de Financiamiento Productivo, la cual reformó la Ley de Fondos Comunes de Inversión incorporando el artículo 7 bis. El objetivo original de esta modificación legislativa fue modernizar el mercado de capitales local permitiendo la estructuración de fondos exclusivos para "inversores calificados"â??un segmento que cumple con determinados requisitos patrimoniales y de ingresos anualesâ??, bajo la premisa de que estos vehículos funcionarían como canales fundamentales para captar ahorro a gran escala, permitiendo robustecer la demanda de valores negociables y aumentar la profundidad y liquidez de la plaza financiera doméstica.Inicialmente, la CNV limitó la sumatoria del patrimonio neto de los fondos destinados a inversores calificados en moneda extranjera al 25% del total administrado por cada sociedad gerente mediante la Resolución General 1030. Sin embargo, en abril del año pasado, a través de la norma 1059, decidió aliviar ese techo excluyendo del cálculo a los fondos que invirtieran exclusivamente en valores negociables emitidos y negociados dentro de la Argentina para apuntalar el mercado de crédito doméstico. "En esta instancia, se está reconsiderando el costo fiscal de dichos FCIA. Que, mientras tanto, corresponde suspender la aprobación de nuevos FCIA bajo el artículo 7 bis de la Ley de Fondos Comunes de Inversión que prevean en su reglamento de gestión la inversión en activos emitidos y negociados en el exterior en un porcentaje mayor al 25% de su patrimonio neto, así como suspender la suscripción de nuevas cuotapartes de los ya existentes", cerró la resolución.

El fiscal Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete

El fiscal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria de Francisco Adorni, funcionario del Gobierno y hermano del jefe de Gabinete, por el presunto delito de "omisión maliciosa o falsedad en declaraciones juradas patrimoniales".Fue luego de que el funcionario, al igual que su hermano, rectificara su declaración de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA) para introducir activos que no había informado. El expediente se inició por una denuncia de la diputada Marcela Pagano y quedó radicado en el juzgado del juez Daniel Rafecas, que deberá decidir ahora si convoca al funcionario para que dé explicaciones. Durante el gobierno libertario, el hermano del jefe de Gabinete fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, en junio de 2025, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), un organismo que depende del Ministerio de Defensa y administra y paga el sistema de retiros y pensiones del personal militar.Noticia en desarrollo

El fiscal Marijuan pidió la indagatoria para Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete

Es por la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia investiga si el legislador libertario bonaerense, y al igual que el funcionario nacional, omitió información en su declaración jurada de bienes. Leer más

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni por presentar declaraciones juradas falsas

La acusación sostiene que el diputado bonaerense, con antecedente en un área ligada a esos trámites en el consejo de la magistratura provincial, habría omitido datos patrimoniales en sus declaraciones juradas

El fiscal mantiene la petición de 13 años para el rapero El Jincho por violar a una menor

Tierras fiscales: apartan a dos jueces de la causa que involucra a exfuncionarios de la gestión Capitanich

El expediente investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales, el manejo de fondos públicos y el accionar de fundaciones vinculadas al entorno del piquetero Ramón "Tito" López. Leer más

Fentanilo mortal: los organismos del Estado que debían controlar a los laboratorios están bajo la lupa del juez y la fiscal

La causa ya asoció 90 muertes con el anestésico contaminado. Hay 13 procesados. Ahora se espera que la fiscalía presente su dictamen para impulsar la acción respecto de los funcionarios que conducían la ANMAT y el INAME. Las pruebas que ya hay en el expediente

El fiscal pidió el historial de operaciones de criptomonedas en Argentina desde el 2012 para investigar la coartada de Manuel Adorni

Gerardo Pollicita solicitó al juez Lijo que requiera a la Comisión Nacional de Valores el marco histórico de las ventas y compras de esa monedas virtuales. Es porque el jefe de Gabinete dijo que se encontró una billetera fría con 200 mil dólares y luego de invertir, sumó un total de 500 mil para tratar de justificar su incremento patrimonial.

Pierde fuerza el superávit fiscal

Las cuentas públicas siguien dando resultado favorable, pero con un superávit real hasta mayo 12% menor al de 2025

Caso Adorni: el fiscal Pollicita profundiza la pesquisa patrimonial y pone la lupa sobre una propiedad en Indio Cuá

El fiscal federal solicitó información sobre obras y movimientos realizados en una vivienda del country Indio Cuá, además de requerir datos sobre antecedentes laborales de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. También pidió documentación vinculada a una compra millonaria detectada en la investigación. Leer más

Presunto enriquecimiento ilícito: el fiscal pone la lupa sobre las nuevas explicaciones de Manuel Adorni y pidió una nueva batería de pruebas

El fiscal Gerardo Pollicita profundizó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una serie de medidas que alcanzan a la familia del funcionario, sus antecedentes laborales, al universo de las plataformas de criptomonedas. Apuntan también a verificar las primeras explicaciones públicas que ofreció el jefe de Gabinete sobre su drástico crecimiento patrimonial, durante la entrevista con el periodista José Del Rio, en LN+, luego de presentar su largamente anunciada declaración jurada. Entre las medidas, Pollicita solicitó al canal el envío de una copia sin editar de aquella entrevista, en la que Adorni explicó que la principal modificación que introdujo en su declaración jurada fue la incorporación de más de US$500.000 que había atesorado en criptomonedas. Dijo que US$200.000 fue el capital que invirtió en Bitcoin y otros US$300.000 las ganancias que obtuvo. Ese ingreso quedó reflejado en una rectificación realizada sobre su declaración jurada de 2023, en la que incorporó una "venta de activos" por un total de US$565.000, una cifra que le permitió al funcionario restituir el balance entre sus ingresos y egresos. En la entrevista, Adorni sostuvo que obtuvo ganancias por US$300.000 luego de operar con Bitcoin a partir de los años 2013 y 2014. Por eso, el fiscal le pidió a la Comisión Nacional de Valores que informe qué plataformas, exchanges, billeteras, custodios, intermediarios y proveedores de servicios de activos virtuales operaron en el país desde 2012.Las medidas que ordenó el fiscal Pollicita alcanzan también a dos countries. A la administración del Golf Club Indio Cua â??donde Adorni alquiló una casa y luego compró otraâ?? le solicitó los registros de ingreso y egreso entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.A la administración del barrio privado Fincas de Iraola 2, en La Plata, le pidió que informe si Silvia Pais, madre de Adorni, reside actualmente allí. La medida se dispuso a partir de una noticia que la situaba viviendo dentro de ese barrio. El fiscal quiere saber si esto es así y bajo qué términos se concretó la supuesta mudanza: pidió datos sobre montos pactados, modalidad de pago y eventuales pagos por adelantado.El fiscal también solicitó información al juzgado de Daniel Rafecas, donde tramita la causa en la que está investigado Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, también por presunto enriquecimiento ilícito. Pollicita busca determinar si existe algún tipo de vinculación entre ambos casos.Al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el fiscal le pidió información sobre eventuales vínculos laborales del funcionario con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, una institución educativa privada sin fines de lucro.Noticia en desarrollo

Escándalo en el juicio por el Caso Loan: un imputado llegó tarde y un fiscal alertó riesgos de nulidad

La segunda jornada del debate en el Escuadrón 48 arrancó de manera insólita con un cuarto intermedio por la ausencia de Alan Cañete. Tras el retraso, el fiscal Carlos Schaefer estalló contra el Tribunal. Leer más

CAME solicitó alivio fiscal urgente ante el Senado: "La situación de las pymes es acuciante"

La entidad elevó un pedido formal para modificar la Ley de Inocencia Fiscal para frenar el aumento automático de multas y suspender embargos en un contexto marcado por 13 meses consecutivos de caída en el consumo. Leer más

AIReF eleva a 65.085 millones el coste fiscal de los desastres naturales entre 2005 y 2025

Caso Adorni: la oposición vuelve a atacar y propone cambios a la ley de Inocencia Fiscal

Este miércoles la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales se reunirá para analizar y debatir cambios a la normativa que benefició al funcionario y su esposa, Bettina Angeletti. Leer más

Honduras: Piden más de 31 años de cárcel para la "Barbie Fiscal" por millonario desfalco al Banco Central

El Ministerio Público solicitó más de 31 años de prisión para la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez, conocida como la "Barbie Fiscal", por la sustracción de casi 89 millones de lempiras del Banco Central de Honduras.

Inocencia Fiscal: buscan ampliar el régimen para que más contribuyentes puedan usar sus ahorros no declarados

La tributarista Elisabet Piacentini explicó los alcances de la reforma impulsada por el Gobierno para flexibilizar el régimen simplificado de Ganancias y facilitar la utilización de ahorros no declarados. Leer más

El juicio por la desaparición de Loan comenzó envuelto en controversias y quejas de fiscales y defensores

ROSARIO.- "Querían entorpecer la causa y lo están logrando", afirmó el fiscal federal Carlos Schaefer. A las 15, cuando se reanudó el juicio por la desaparición de Loan Peña, el niño de cinco años cuyo rastro se perdió el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de Nueve de Julio, después de un cuarto intermedio, apareció conectado de forma virtual, desde Tucumán, el psicólogo Esteban Rossi Colombo, luego de que el Tribunal Oral Federal de Corrientes hubiese ordenado su detención por no estar presente en la primera audiencia. Rossi Colombo está procesado -estuvo unos días preso durante septiembre de 2024- por entorpecer la causa, junto con 10 integrantes de la fundación Dupuy, y de manipular a los menores que fueron testigos de la desaparición de Loan."Esto es desprolijo y no se atiene a lo que debe ser un debate con seriedad en un caso tan importante como la desaparición de un niño, que aún no fue encontrado", aseguró Schaefer, como respuesta a la decisión del tribunal de aceptar que Rossi Colombo participe del juicio en libertad, con la asistencia de un abogado particular, que recién había asumido la defensa unos minutos antes. Incluso, el abogado Delgado pidió al tribunal que le dieran 72 horas de plazo para estudiar la causa, algo que fue rechazado por los jueces. A esa hora de la tarde, no se había terminado de leer el resumen de la elevación juicio, donde figura de qué está acusado cada procesado en este debate oral que se realiza en las instalación del Escuadrón de la Gendarmería en la ciudad de Corrientes.Un día antes de que comenzara el juicio por la desaparición de Loan, el fiscal Schaefer anticipó que en el inicio del proceso las defensas, como estrategia, iban a buscar entorpecer el avance del juicio, que se prevé que se extienda por unos seis meses. La escasa autoridad que impuso el tribunal - que integran los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco- dejó la sensación, durante la primera jornada, de que será complicado que haya celeridad en un debate oral en el que se escucharán a unos 200 testigos.La fiscalía mostró su descontento, porque dos abogados que defienden a los integrantes de la fundación Dupuy -también acusados de encubrimiento- plantearon que podrían defenderse ad honorem a Rossi Colombo. Ante esa escena de una informalidad poco usual en un juicio, los fiscales pidieron "seriedad". "Este tribunal decidió la detención de Rossi Colombo hace tres horas y sin revocar esa postura dice que el imputado puede participar en libertad en este juicio. Pedimos seriedad", planteó Schaefer, que sugirió que esta maniobra puede esconder una estrategia de los miembros de la fundación Dupuy e intereses contrapuestos.Una hora más tarde, cerca de las 16, el problema quedó zanjado luego de que el tribunal decidiera convocar a un defensor oficial a Rossi Colombo, y revertir su detención. Deberá seguir el juicio en un destacamento de Gendarmería.Rossi Colombo no es uno de los principales acusados, pero su rol en el juicio puede ser importante para otros acusados, entre ellos, Nicolás "El Americano" Soria, quien se hacía pasar por agente de la CIA e Interpol, y trató de desviar la investigación al acercarse a la familia de Loan.En septiembre de 2024, la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo, quien llevó adelante la instrucción de la causa, ordenó la detención de Rossi Colombo en Tucumán, tras un pedido de la fiscalía federal, que lo acusó de falso testimonio.La aprehensión de este supuesto psicólogo forense se produjo después de su declaración, en la que entró en varias contradicciones.El psicólogo fue clave en relación con un episodio oscuro que ocurrió tras la desaparición del niño que tenía 5 años en el momento en que se perdió su rastro. Rossi Colombo y otras personas de la fundación se llevaron a los niños que habían estado con Loan en el naranjal el día que desapareció para darles, "en teoría", contención psicológica, pero la sospecha es que intentaron manipularlos antes de que declararan en cámara Gesell. Los habían llevado a un alojamiento que se llama Bocanegra, en la localidad correntina de Nueve de Julio.Este problema que surgió en la primera jornada del juicio es posible que sea la dinámica que tenga el proceso hasta llegar a un veredicto, con el planteo de nulidades de parte de los abogados defensores de manera sistemática. La lectura de las acusaciones que figuran en la elevación a juicio continuará este miércoles a la mañana.En la audiencia inaugural del juicio estuvieron presentes en la sala de Gendarmería los principales acusados. La mayoría de los imputados arribaron al destacamento pocos minutos antes de que comenzara el juicio, a las 10 de la mañana. María Victoria Caillava y el capitán de navío retirado Carlos Pérez, la pareja que está acusada de la sustracción y posterior ocultamiento de Loan. El matrimonio fue el primero en entrar a la sala de audiencias.Poco después llegó Laudelina Peña, tía de Loan, quien se sentó junto a Caillava. También estuvieron presentes en el tribunal Antonio Benítez, tío político de Loan; la pareja de amigos, Daniel "Fierrito" Ramírez y su esposa, Mónica del Carmen Millapi, quien participa del debate de forma virtual. También estaba sentado en la sala Nicolás "El Americano" Soria, imputado por entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos y otros delitos, de la fundación Dupuy."Las penas son altas para todos. Son entre 10 y 15 años de prisión; espero que estas personas tomen conciencia de esto. Además, el delito es permanente porque el menor sigue desaparecido", apuntó antes del inicio del juicio. La otra fiscal del debate, Tamara Pourcel, anticipó el objetivo central del proceso: "Esperamos que alguno de ellos se quiebre y confiese", dijo.Schaefer también alertó públicamente sobre maniobras para obstaculizar el proceso. Advirtió que detectó intenciones de entorpecerlo, algo que no sorprende en una causa donde el pacto de silencio entre los principales imputados resistió dos años de instrucción. Ese silencio es, precisamente, uno de los principales objetivos que la fiscalía espera romper en el debate. Schaefer remarcó que no saber nada del paradero del menor "es una crueldad extrema para la familia, en primer lugar, y para toda la sociedad".Según el requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal que se leyó en el inicio del juicio, Loan Peña no se extravió y siete de los imputados intervinieron de manera coordinada en su sustracción y posterior ocultamiento: Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña -tía del niño-, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo Carlos Pérez (oficial retirado de la Armada) y el por entonces comisario Walter Maciel.La reconstrucción que elaboraron los fiscales establece que durante el almuerzo del 13 de junio de 2024 en la chacra de Catalina Peña, abuela de Loan, Benítez, Ramírez, Millapi y Laudelina aprovecharon que el padre del niño y la anciana conversaban con Pérez y Caillava durante la sobremesa para apartar al menor usando la excusa de ir a buscar naranjas con los otros chicos. Laudelina convenció luego a la prima de Loan de regresar a la casa, de modo que los niños quedaron solos con los tres adultos que participaron en la sustracción.La sospecha central es que para sacar a Loan del lugar se usó la camioneta Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava, en la que se hallaron rastros odoríferos del menor. Horas después, el matrimonio viajó a Corrientes y a Chaco en otro vehículo. La hipótesis es que hicieron ese traslado con el niño.Los fiscales sostienen que Maciel, que era jefe de la comisaría de Nueve de Julio, montó un falso escenario de búsqueda e impartió medidas para entorpecer e imposibilitar el hallazgo. Uno de los indicios en su contra es que ordenó asentar en el libro de guardia que el llamado de Caillava a la policía había sido a las 16.15, cuando en realidad fue a las 15.37.Los otros diez imputados, Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, llegaron a Nueve de Julio después de la desaparición. Se presentaron como integrantes de una asociación contra la violencia infantil, cuando en realidad no lo eran. Mantuvieron contacto con testigos e imputados, incluso con los niños.

Lo echaron de la Federal, fue "arrepentido" en el caso que terminó con la carrera de un fiscal y armó una banda para robar dos bancos: la historia de Carlos Maidana

Carlos Daniel Maidana integró la Policía Federal Argentina (PFA) hasta que fue exonerado en 1995. Prófugo de la Justicia por extorsionar a "transas" peruanos en la villa 1-11-14, del Bajo Flores, se convirtió en "buche" de Adrián Baeta, un sargento de la policía bonaerense que tenía una relación de amistad con Diego Guastini, alias Dolarín, un contador que era el cerebro financiero detrás de las más poderosas bandas narcos que operaron en el país y que fue asesinado en 2019 después de dar detalles a la Justicia de las organizaciones para las cuales lavaba dinero o gestionaba la logística del cobro de la droga traficada. También fue imputado colaborador como "arrepentido" en una causa que destapó un escándalo judicial en San Isidro y terminó con la carrera de un poderoso fiscal. Ahora está preso: lo acusan de ser el jefe de una banda de boqueteros que planeaba robar dos bancos, uno en Baradero y otro en Morón.Así lo reveló el sitio de noticias Encripdata, especializado en narcotráfico y crimen organizado, y lo confirmó LA NACION a través de fuentes de la causa.Maidana tiene 59 años. Para detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que participaron de la investigación que frustró el plan criminal, fue el jefe de la banda y el "orquestador general de la estructura delictiva".La investigación que llevó tras las rejas a Maidana comenzó el 19 de mayo pasado a partir de un correo electrónico que llegó a una casilla de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la policía bonaerense. En ese e-mail una persona aportó información sobre el plan criminal. El denunciante, que finalmente declaró bajo reserva de identidad, aportó detalles precisos sobre una organización criminal que planeaba robar la sucursal Baradero del Banco Provincia y la sucursal Morón del Banco Nación. Indicó que los ladrones pretendían ingresar en las entidades bancarias por medio de sendos boquetes para robar las cajas de seguridad y acceder a las bóvedas del tesoro, donde se guardan lingotes de oro y fajos termosellados de dólares.La investigación quedó a cargo del juez federal de Morón Jorge Rodríguez, con la intervención del fiscal federal Sebastián Basso."El correo daba precisiones sobre el esquema logístico y operativo de la banda y precisaba las identidades de los delincuentes que estaban detrás del plan criminal", dijeron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense.La idea de asaltar la sucursal del Banco Nación situada en la avenida Rivadavia al 18.000, en Morón, fue denominada por la banda como Robo al Tesoro y contemplaba la "sustracción de lingotes de oro, dólares y vaciar las cajas de seguridad". Los "boqueteros" pensaban ingresar en el banco por dos locales linderos, una zapatería y una playa de estacionamiento."En Baradero, los ladrones tenían conocimiento de que el fondo de una casa lindera al Banco Provincia daba al sector de bóvedas", dijeron las fuentes consultadas.Los voceros de la investigación dijeron que se sospecha que los "boqueteros" tenían información determinante para concretar el plan criminal aportada por empleados infieles de las entidades bancarias.La banda contaba con el aporte de un delincuente conocido como "El Uruguyo", considerado un "artesano del boquete". Su función era el diseño técnico de las perforaciones tácticas que permitirían ingresar en los bancos desde locales linderos.La organización también estaba integrada por un especialista informático o "hacker", cuya misión era vulnerar los sistemas antisísmicos de los bancos. Este técnico llegó a realizar pruebas de campo el 17 de mayo pasado, golpeando paredes con macetas de cemento desde el patio de un inmueble lindero para verificar que las alarmas, previamente manipuladas, no se activaran.Además estaba "el proveedor", encargado de proveer desde los discos de corte y rotopercutoras hasta las 100 bolsas de arpillera destinadas a retirar los escombros sin levantar sospechas.Maidana operaba desde su quinta de la localidad de Paso del Rey, en Moreno. Para moverse utilizaba tres camionetas Toyota SW4 con chapas patentes adulteradas y una camioneta Volkswagen Amarok blanca "que presentaba como rasgo distintivo sus llantas y espejos retrovisores pintados en color negro". El expolicía iba armado con una pistola marca Taurus robada durante una "entradera" en Adrogué."Leones blancos"El sindicado líder de la banda fue exonerado de la Federal en 1995. Como se dijo, fue "arrepentido" en una investigación que puso fin a la carrera del fiscal Claudio Scapolan y que llevó a la cárcel a 24 integrantes de la policía bonaerense y a un grupo de abogados. Se trata de una causa que tramitó la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y en la que intervino el fiscal federal Fernando Domínguez.Una de las graves irregularidades que quedaron plasmadas en la causa fue "el robo de parte del cargamento de cocaína del operativo conocido como "Leones blancos", de finales de diciembre de 2013. En la presentación del golpe ante los medios de comunicación estuvo presente el por entonces gobernador Daniel Scioli, que paseó entre los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolan y los detectives de la policía bonaerense.Esa vez se informó de la incautación de 600 kilos de cocaína. Pero eran más. Se sospecha que más de media tonelada "desapareció".Una parte de los 520 o 560 kilos de droga robados a la banda narco terminó en unas cabañas de Santa Clara del Mar, según la causa judicial.Antes del traslado a la costa, según la declaración de imputados arrepentidos y de testigos de identidad reservada, la sustancia estuvo almacenada en un local de Quilmes que funcionaba como concesionaria de autos y salón de fiestas y que pertenecería al sargento Baeta.

Tomás Gálvez remueve al fiscal del caso Los Waykis en la Sombra por fallo del TC a favor de Mateo Castañeda

Fiscal de la Nación envía a Carlos Ordaya a su plaza de origen en Huánuco y ya no verá casos de presunta corrupción. La ANC del Ministerio Público podría iniciarle una investigación disciplinaria

En el inicio del juicio por la desaparición de Loan los fiscales pidieron la detención de un psicólogo de la Fundación Dupuy

El inicio del juicio en Corrientes por la desaparición de Loan Peña, quien hoy tendría 7 años, empezó caldeado. Antes de que se leyera una síntesis del requerimiento de elevación a juicio contra los 17 acusados, los fiscales federales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel pidieron la detención del psicólogo de la Fundación Duduy Esteban Rossi Colombo, que ya estuvo preso por falso testimonio en esta causa, pero llegaba al juicio en libertad. El planteo del fiscal se produjo luego de que se detectara que Rossi Colombo no estaba presente en la sala y tampoco estaba conectado al juicio de manera virtual. El tribunal lo declaró en rebeldía y ordenó su arresto. La fiscalía también solicitó detener preventivamente al resto de los imputados que llegaron en libertad, que también integran la Fundación Dupuy, pero los jueces que integran el tribunal -Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco- rechazaron este planteo. Luego, el juicio, que se realiza en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería, en la capital correntina, continuó con la lectura de una síntesis de la elevación a juicio, que tuvo también algunas objeciones por parte de la mayoría de los abogados defensores. Estaba previsto que la audiencia comenzara a las 9, pero se inició con más de una hora de retraso. Parte de los imputados arribaron al destacamento de la Gendarmería pocos minutos antes. El matrimonio integrado por la exfuncionaria del municipio de 9 de Julio María Victoria Caillava y el exmarino de la Armada Argentina Carlos Pérez, acusados de la sustracción y posterior ocultamiento de Loan, fueron los primeros en entrar a la sala de audiencias. Poco después llegó Laudelina Peña, tía de Loan, quien se sentó junto a Caillava. También estuvieron presentes en el tribunal Antonio Benítez, tío político de Loan; la pareja de amigos, Daniel "Fierrito" Ramírez y su esposa, Mónica del Carmen Millapi, quien participa del debate de forma virtual. También estaba sentado en la sala Nicolás "El Americano" Soria, de la Fundación Dupuy, imputado por entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos y otros delitos.El pedido de detención de los fiscales fue avalado por los jueces del tribunal. Rossi Colombo ya había estado preso, acusado de desviar la investigación tras la desaparición de Loan. Este psicólogo se movía con el supuesto espía Soria. En septiembre de 2024, la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo, quien llevó adelante la instrucción de la causa, ordenó la detención de Rossi Colombo en Tucumán, tras un pedido de la fiscalía federal, que lo acusó de falso testimonio. La aprehensión de este supuesto psicólogo forense se produjo después de su declaración, en la que entró en varias contradicciones. El psicólogo fue clave en relación con un episodio oscuro que ocurrió tras la desaparición del niño que en ese momento tenía 5 años. Rossi Colombo y otras personas de la fundación se llevaron a los niños que habían estado con Loan en el naranjal el día que desapareció para darles, "en teoría", contención psicológica, pero la sospecha es que intentaron manipularlos antes de que declararan en cámara Gesell. Los habían llevado a un alojamiento que se llama Bocanegra, en la localidad correntina de 9 de Julio.

Medida de Milei: con la rebaja de las retenciones hasta 2028 se reducirá en más de la mitad la carga fiscal sobre los principales granos

La reducción gradual de los Derechos de Exportación (DEX) anunciada por el Gobierno mediante el Decreto 423/2026 abrió una nueva etapa para el agro y volvió a poner en discusión uno de los impuestos más cuestionados por el sector. Si bien las modificaciones suelen comunicarse en puntos porcentuales, un análisis elaborado por Santiago Sáenz Valiente, tributarista y especialista en impuestos del agro, muestra que el impacto real de las rebajas proyectadas hasta 2028 es mucho más significativo cuando se mide sobre la carga tributaria efectiva.Según el trabajo, las reducciones previstas para los principales cultivos implican recortes superiores al 50% respecto de las alícuotas vigentes en 2024. En algunos casos, como el girasol, la disminución supera el 57%.Cosecha récord y divisas: el agro cerraría el semestre con el ingreso de US$14.000 millones y alcanzaría US$37.000 millones en el año"Cuando se produjeron aumentos de estos DEX se indicaban los mismos en diminutivo, 'puntitos'; sin embargo, midiendo adecuadamente el incremento de la carga fiscal se trataba de porcentajes de gran porte", señaló Sáenz Valiente a LA NACION.El especialista sostuvo que el mismo criterio debería utilizarse ahora para analizar las rebajas anunciadas por el Gobierno. "Al comparar las reducciones de los DEX desde 2025 se concluye que, en cada año y dependiendo del grano en cuestión, los porcentuales de disminución de la carga fiscal son relevantes", afirmó.La industria frigorífica cayó a su nivel de actividad más bajo en una década y la producción de carne se redujo un 7,3%De acuerdo con la planilla elaborada por el tributarista, la soja pasará de una alícuota del 33% en 2024 al 15% en 2028. La reducción equivale a 18 puntos porcentuales, pero representa una disminución real del 54,5% de la carga tributaria. En tanto, los subproductos de soja muestran una caída similar. La alícuota bajaría del 31% al 14%, lo que implica una reducción del 54,8%.En el caso del trigo, la rebaja proyectada llevaría la alícuota del 12% al 5,5%. Esto representa una disminución efectiva del 54,2%. El maíz seguiría el mismo camino. Desde el 12% vigente en 2024 descendería al 5,5% en 2028, con una reducción equivalente al 54,2%. La cebada presenta idéntico comportamiento, con una baja desde el 12% al 5,5%, mientras que el sorgo recorrería la misma trayectoria. Entre los cultivos analizados, el girasol es el que exhibe la mayor reducción porcentual. Su alícuota pasaría del 7% al 3%, una disminución del 57,1%.Para Sáenz Valiente, la magnitud de estas rebajas permite dimensionar mejor el cambio que propone el esquema oficial. "Mostramos la rebaja profunda entre los extremos 2024 y 2028", explicó.El especialista recordó que los Derechos de Exportación constituyen un impuesto que se aplica sobre el valor FOB de la mercadería exportada y cuya incidencia termina trasladándose al productor. "Los DEX son un impuesto a los ingresos que supo llegar a porcentuales insoportables y es definido erróneamente como una retención", sostuvo.Según explicó, se trata de un tributo de sencilla recaudación para el Estado nacional, pero que genera fuertes distorsiones dentro del sistema productivo. "No está justificada su aplicación, más allá de las excusas que hemos escuchado ante su aplicación y aumento constante en años atrás. Son un arma de recaudación fácil, peligrosa y destructiva de toda la economía", afirmó.Entre los cuestionamientos planteados por el especialista figura el hecho de que todos los productores terminan tributando la misma alícuota pese a enfrentar realidades económicas muy diferentes. "No existe en ningún lugar del mundo y competimos en inferioridad de condiciones con países vecinos", indicó.La distancia a los puertos, los costos logísticos, los rindes obtenidos, las condiciones climáticas y las distintas estructuras de gastos generan rentabilidades muy diversas entre establecimientos agrícolas. "La renta que debiera ser la medición de la capacidad de contribuir exigida por la Constitución para aplicar un tributo es absolutamente disímil", señaló.Desde su visión, el Impuesto a las Ganancias es el mecanismo que mejor refleja la verdadera capacidad contributiva de cada productor. "La equidad tributaria se da exclusivamente con el Impuesto a las Ganancias", expresó.Además, destacó que una eventual reducción de los DEX no solo mejora la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias, sino que también puede generar efectos positivos sobre la inversión y la producción. "A medida que aumenta la carga fiscal, la recaudación total disminuye. Una reducción de este impuesto producirá un aumento de la siembra, de las inversiones y, en definitiva, incrementará exponencialmente impuestos como IVA y Ganancias", afirmó.Sáenz Valiente remarcó que la previsibilidad resulta un factor central para las decisiones productivas de largo plazo. "Los productores necesitan permanencia de normas, es decir seguridad jurídica, para impulsarlos a sembrar, cosechar y comercializar sus productos de la tierra. La inestabilidad permanente ahuyenta las inversiones", sostuvo.Mientras el sector continúa reclamando la eliminación definitiva de los DEX, el tributarista remarcó que el esquema proyectado hasta 2028 representa una reducción superior al 50% de la carga tributaria para soja, trigo, maíz, cebada y sorgo, y superior al 57% para girasol. "Han logrado quitarnos el puesto privilegiado que teníamos en el mundo como exportadores de granos. Países vecinos sostienen una estructura impositiva que contempla una determinación acorde a la realidad económica, sin superposiciones y con menos tributos. Nosotros vamos a ese camino. Las inequidades, falta de seguridad jurídica, carga fiscal virulenta, trabas para la exportación y falta de insumos son parcialmente parte del pasado, ante un programa de reducción de alícuotas", finalizó.

Se enciende una pelea fiscal entre bancos, el Gobierno y los municipios por una medida del BCRA que flexibiliza la radicación de cuentas

CÓRDOBA.- La decisión del Banco Central (BCRA) de permitir que los bancos radiquen las cuentas abiertas de manera remota en cualquier sucursal operativa del país volvió a encender la disputa entre la Nación, las provincias y los municipios por la carga tributaria que pesa sobre el sistema financiero.La medida, formalizada mediante una modificación normativa, apunta a dar mayor flexibilidad a los bancos en un contexto de creciente digitalización. Hoy, cerca de dos tercios de las nuevas cuentas se abren de manera no presencial. La única exigencia es que la entidad informe al usuario en qué sucursal quedará radicada la cuenta.Sin embargo, hay una consecuencia tributaria que ya genera debate: al poder elegir dónde radicar esas cuentas, los bancos pueden concentrarlas en jurisdicciones con menor presión fiscal y evitar aquellas provincias o municipios que aplican mayores alícuotas de Ingresos Brutos (IIBB) o tasas de Seguridad e Higiene.La medida se inscribe en la ofensiva que el Gobierno nacional viene sosteniendo contra tributos provinciales y municipales que, argumenta, encarecen el crédito y elevan los costos financieros para familias y empresas. Desde el sector financiero sostienen desde hace años que la carga de IIBB se traslada a las tasas de interés y termina afectando el acceso al financiamiento.Especialistas tributarios consultados por LA NACION advierten que la cuestión abre una discusión. Federico Favot califica la medida como "rebuscada y con una interpretación forzada que no corresponde", sostuvo. El especialista explica que la normativa del Banco Central no puede alterar las disposiciones del Convenio Multilateral, que regula la distribución de la base imponible entre las distintas jurisdicciones: "Establece que se le debe pagar IIBB a la provincia o la tasa al municipio desde el cual se presta el servicio bancario al cliente".En ese sentido, compara la situación con los intentos de algunos contribuyentes de radicar vehículos en municipios con menores tasas para evitar tributar más en donde efectivamente circula.A su juicio, si existe consenso sobre la necesidad de reducir la presión tributaria sobre la actividad financiera, el camino debería ser otro. "Lo que se debería hacer es sentar a todos los actores en una mesa y negociar un pacto fiscal donde las provincias y los municipios bajaran la carga impositiva a cambio de una compensación de recursos", indica. César Litvin coincide en que la distribución de IIBB entre jurisdicciones se encuentra regulada por reglas específicas del Convenio Multilateral, por lo que la sola radicación administrativa de una cuenta no necesariamente determina dónde debe tributarse.Además, recuerda que la Comisión Arbitral -organismo encargado de interpretar y aplicar el convenio- ha privilegiado históricamente el criterio de asignar base imponible al lugar donde se consume el servicio. "En este caso serían los clientes de las entidades financieras", sintetiza el titular del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich.Un relevamiento elaborado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) junto con ABA, Abappra y ABE había denunciado públicamente a comienzos de 2025 que las alícuotas más altas de IIBB estaban en La Pampa, que encabezó el ranking con una alícuota de 9,10%, seguida por Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, todas con una carga del 9%.Litvin identifica otro impacto potencial, el que alcanza a las tasas municipales. "El beneficio que van a obtener los bancos con esta norma es poder radicar las cuentas en las jurisdicciones que menor tasa de Seguridad e Higiene cobren", grafica.Además, menciona que existen diferencias muy significativas entre municipios: "Si se radican en CABA no hay tasa de Seguridad e Higiene. Si lo hacen en Morón o Pilar hay una tasa muy alta; Tres de Febrero aparece entre las jurisdicciones más económicas".Desde esa perspectiva, el principal beneficiario de la medida sería el propio sistema financiero. "Todo esto es exclusivamente para beneficio de los bancos", concluye.

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