Su investigación derivó en el juicio contra el empresario Clay Shaw, absuelto en 1969, y décadas después inspiró parte de la película JFK, de Oliver Stone. Murió el 21 de octubre de 1992, a los 70 años
El fiscal general de California, Rob Bonta, impulsó una nueva acción judicial contra las prácticas de arresto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). La iniciativa cuenta con el respaldo de autoridades de otros 20 estados y del Distrito de Columbia, que cuestionan las detenciones migratorias civiles realizadas sin orden judicial.Nueva acción judicial contra el ICELa coalición presentó un escrito de amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia, en el caso Escobar-Molina v. DHS. Este tipo de documento permite que instituciones ajenas a las partes principales de un litigio aporten argumentos e información para respaldar una posición ante la justicia.El planteo busca mantener una medida cautelar que exige al gobierno federal respetar las condiciones legales para efectuar arrestos migratorios sin orden judicial. Según los fiscales, la práctica cuestionada no contempla de manera sistemática todos los requisitos previstos por la legislación federal y genera consecuencias que alcanzan a personas e instituciones que no participan directamente de los operativos."La administración Trump ha emprendido un programa de deportación masiva agresivo y militarista, sin ningún respeto por la humanidad ni la dignidad de las personas", dijo Bonta en un comunicado. "Los agentes federales de inmigración están arrestando a personas sin la debida determinación de causa probable, a menudo enmascarados, con chalecos antibalas y portando armas letales", aseguró.Qué exige la ley para que el ICE detenga a una persona sin orden judicialLa Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece condiciones para que los agentes puedan realizar determinadas detenciones civiles sin contar previamente con una orden judicial. De acuerdo con el argumento presentado por la coalición, deben existir motivos fundados para considerar que la persona permanece en EE.UU. sin autorización legal y que podría escapar antes de que sea posible obtener una orden.Bonta y los demás fiscales sostuvieron que los agentes federales realizan arrestos sin evaluar de manera individual el riesgo de fuga. La presentación consideró que esa omisión excede las facultades establecidas por el Congreso y plantea cuestionamientos relacionados con la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo y las protecciones vinculadas con la actividad judicial."California no permanecerá impasible mientras esta administración siembra el miedo en nuestras comunidades inmigrantes", señaló Bonta. "Seguiremos luchando, defendiendo a nuestros vecinos y alzando la voz por los derechos y la dignidad de cada persona", agregó.El fiscal general californiano también cuestionó el uso de agentes enmascarados, ropa de civil, armas y vehículos sin identificación visible. Según la coalición, estas modalidades pueden dificultar que la población reconozca a los funcionarios, provocar confusiones con delincuentes y facilitar que terceros se hagan pasar por integrantes del ICE.Los operativos migratorios y sus efectos en los tribunales y la seguridad públicaOtra de las acciones impulsadas por Bonta apunta a las intervenciones del ICE dentro de los tribunales estatales de California y en sus inmediaciones. El fiscal sostuvo al presentar una demanda que la presencia de agentes migratorios en esos espacios puede desalentar a víctimas de delitos, testigos y sobrevivientes de violencia doméstica a presentarse ante la justicia."Hemos visto cómo se han desestimado cargos penales graves y se han puesto en peligro casos enteros porque las víctimas y los testigos tienen demasiado miedo de acudir al juzgado a declarar", aseguró el fiscal general. "Nuestro sistema de justicia no puede funcionar así. Me preocupa profundamente que, hoy, tengamos que acudir a los tribunales por centésima vez en menos de dos años para hacer cumplir la ley", agregó.En Los Ángeles, según los datos incluidos en el escrito de amicus curiae, las llamadas de emergencia al Departamento de Policía local disminuyeron un 28% después de los operativos del ICE. La coalición vinculó este fenómeno con una menor disposición a recurrir a las instituciones.Cómo afectan las detenciones del ICE a la educación, la salud y la economíaLos documentos judiciales describieron consecuencias en el ámbito educativo. Algunas familias evitan enviar a sus hijos a las escuelas o guarderías por temor a que ellos o sus familiares sean detenidos durante los traslados. También se señaló un aumento de las necesidades de asistencia psicológica entre estudiantes afectados por la incertidumbre y el miedo a una separación familiar.En materia sanitaria, los fiscales advirtieron que algunas personas postergan consultas médicas, cancelan turnos o evitan acudir a centros de atención. La coalición sostuvo que estas conductas pueden dificultar la prevención y el tratamiento de enfermedades, además de afectar el funcionamiento de los servicios comunitarios.El impacto económico también formó parte de la presentación. Los operativos pueden reducir la asistencia de trabajadores a sus empleos y disminuir la cantidad de clientes en los comercios. Los sectores mencionados incluyen la agricultura, la construcción, los restaurantes y el cuidado infantil, actividades que dependen de la continuidad de sus plantillas laborales.Qué estados respaldan la demanda contra el DHS y el ICELa coalición está encabezada por California, Colorado y el Distrito de Columbia. Entre las jurisdicciones participantes también se encuentran:ArizonaConnecticutDelawareHawáiIllinoisMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaNevadaNueva JerseyNuevo MéxicoNueva YorkOregónRhode IslandVermontVirginiaWashingtonLa presentación judicial busca que se mantengan las restricciones cautelares mientras avanza el litigio sobre las detenciones sin orden judicial. Los fiscales sostuvieron que las autoridades migratorias deben cumplir los requisitos legales antes de privar de libertad a una persona.
En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Mariano Flores Vidal, economista, exgerente general del Banco Central y director de Iberión Consultores, analizó los desafíos del programa económico argentino y cuestionó que bajar la inflación implique necesariamente resignar crecimiento. Leer más
El requerimiento fiscal contra Luis Redondo y miembros de la Comisión Permanente llega a la Corte Suprema.
El líder estadounidense lanza un programa de recompensas para quienes denuncien fraudes fiscales, gestionado por el Departamento de Justicia.El incentivo incluye hasta el 1% de lo recuperado, con participación abierta a ciudadanos y periodistas a través de una web oficial.
Los bonos argentinos profundizan las pérdidas. El equilibrio de las cuentas públicas no alcanza para despejar las dudas sobre el pago de la deuda en dólares. El contexto internacional agrega presión, pero no explica por sí solo el castigo a los activos locales. Leer más
Jorge Antonio Hernández, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), resultó herido dos días antes de la colocación de los mensajes al intentar frustrar un asalto en Cuernavaca
Es una recuperación desde los 11 millones emitidos entre 2019 y 2020.Los estadounidenses pueden tener el pasaporte libreta y tarjeta.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Esaú Sorto, pidió a la Comisión de Hacienda aprobar una amnistía fiscal hasta el 11 de diciembre de 2026 para deudas acumuladas hasta el 30 de septiembre de este año
El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, Javier Mosquera, solicitó la detención preventiva del sospechoso por riesgo de entorpecimiento de la causa y posibles amenazas a testigos. La familia de la docente criticó con dureza el accionar judicial. Leer más
En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Agustín Campero advirtió que el ajuste está afectando a las universidades y al sistema científico y tecnológico, con consecuencias sobre los salarios, la infraestructura y la formación de profesionales. Leer más
La Corte Suprema de Justicia respaldó su continuidad con el voto favorable de 21 magistrados, en medio de cuestionamientos al proceso de elección y tensiones entre el Poder Judicial y el Gobierno. El funcionario cumplirá un segundo y último período de cuatro años.
La FGR acusa al exfiscal de Chihuahua por traición a la patria por presuntamente permitir la participación de dos agentes estadounidenses en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos
Un hotel comprado con 3 millones de dólares en efectivo. Una sociedad que nació con $100.000 de capital y terminó con un patrimonio de 12,1 millones de pesos. Valle Mitre, una empresa que pasó de administrar un restaurante a pagar 40.000 dólares por mes por gerenciar el hotel de un presidente. Los Sauces, la empresa de los Kirchner, que facturó casi $26 millones en alquileres, pero el 88% de sus negocios los hizo con empresas de Lázaro Báez y de Cristóbal López. Esos son algunos de los datos con los que la fiscalía sostiene, en las causas Hotesur y Los Sauces, que Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner lavaron, a través de sus hoteles y propiedades, parte del dinero que Báez, López y su socio en el Grupo Indalo, Fabián De Sousa, habrían obtenido irregularmente del Estado. La expresidenta, presa en su casa y condenada por el caso Vialidad a seis años de prisión, y el diputado nacional serán juzgados a partir del próximo viernes por los jueces José Michilini, Andriana Paliotti y Frenando Machado Pelloni del Tribunal Oral Federal 5 por el caso Los Sauces. El fiscal será Diego Velasco y se trata del primer juicio en el que Máximo Kirchner se siente en el banquillo.Pero, antes, la Cámara Federal de Casación decidiría la reunificación del caso Los Sauces con el caso Hotesur, que fueron separados por una decisión del tribunal oral en septiembre pasado. Ambos juicios se harían en simultáneo. Lo están analizando los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar. La reconstrucción de la acusación que realizó Mario Villar, fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, cuando pidió la reunificación, resume la evidencia contra los 19 acusados.El dinero, según la fiscalía, salía del Estado, pasaba por las empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo, entraba como alquiler a los hoteles y departamentos de los Kirchner y terminaba en las cuentas de los integrantes de la familia presidencial. Con ese circuito se convirtieron fondos públicos en ingresos de apariencia legal, concluye la acusación.Dentro de cada grupo empresario, ese dinero se giraba a una compañía "puente" que no tenía actividad suficiente para justificarlo, pero que era la que firmaba los contratos con los Kirchner. Esas compañías alquilaban hoteles y departamentos de Hotesur SA y Los Sauces SA, las sociedades de la familia. El pago entraba como canon locativo, con factura y contrato.El retorno se concretaba cuando, desde Hotesur y Los Sauces, el dinero pasaba al bolsillo de los socios (los Kirchner) como retiros, honorarios, sueldos o pago de gastos personales.Para los fiscales, el paso clave es el alquiler, que le da una explicación legal a un dinero que, en su origen, había salido del Estado.Según la acusación, entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2016 funcionó una asociación ilícita estable, con roles definidos, que tenía como jefes a Néstor y Cristina Kirchner. Máximo Kirchner figura como organizador, junto con Julio De Vido, José López, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Osvaldo Sanfelice y el contador Víctor Manzanares, entre otros.El esquema, dicen los fiscales, tenía dos tiempos. Primero, los grupos Báez e Indalo se quedaban con fondos públicos a través de la obra pública y otros negocios con el Estado. Después, una parte de ese dinero volvía a la familia Kirchner como pagos supuestamente legítimos: alquileres de hoteles y departamentos, compras de propiedades, préstamos y mejoras en los establecimientos. Los escribanos Ricardo Albornoz y Jorge Ludueña habrían armado las sociedades y los poderes; el contador Manzanares, el andamiaje contable, y el empresario Sanfelice habría operado como gerente de todo el entramado.La inmobiliaria de la familia Kirchner facturó entre 2009 y 2016 25.968.042,30 de pesos en concepto de alquileres. El 88% de ese dinero provino de empresas de Báez y del Grupo Indalo.En el caso de Báez, la acusación señala que el dinero provenía de la obra pública vial adjudicada a sus empresas en Santa Cruz, que fue juzgada en la causa Vialidad, donde la expresidenta y el empresario fueron condenados por administración fraudulenta. Austral Construcciones, la principal constructora del grupo, es la que más dinero aportó al circuito.En el caso del Grupo Indalo, la acusación sostiene que también se apropió de fondos del Estado nacional, y el dictamen vincula ese origen con el expediente de Oil Combustibles, la petrolera de López y De Sousa.Para que el esquema funcionara, la familia primero necesitó tener qué alquilar. Según los fiscales, Báez y el Grupo Eskenazi aportaron la liquidez para comprar los hoteles, unos US$10 millones. Austral Construcciones le prestó a Néstor Kirchner $8.329.596,50 en diciembre de 2007 y le compró nueve propiedades por $3.603.500. Epelco SA, del mismo grupo, le compró el 14 de enero de 2008 un terreno en Río Gallegos por $3.170.000. Las propiedades de la provincia de Santa Cruz que la familia Kirchner había comprado a valores fiscales, se vendieron a precios 40 veces mayores. El Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi, le prestó entre el 23 de octubre y el 5 de noviembre de 2008 $10.277.933,82 a Néstor, Máximo y Cristina Kirchner.Con esos fondos se adquirieron los dos hoteles de Hotesur. El 12 de febrero de 2008, Máximo Kirchner, en representación de su padre, pagó US$700.000 por la hostería Las Dunas, que tenía 12 habitaciones y, tras una ampliación, terminó con 47, un restaurante para 200 personas y un centro de negocios.El Alto Calafate, que no estaba en venta, se compró en noviembre de 2008. Néstor Kirchner le encargó a Patricio Pereyra Arandía sondear a sus dueños. Sanfelice, su socio y hombre de confianza, cerró la operación por las acciones de Hotesur SA. El boleto se firmó en una sucursal del Banco Santander Río en la calle 25 de Mayo y se pagó con US$3.168.000 en efectivo y US$1.632.000 transferidos desde el Banco de Santa Cruz.Valle Mitre, de Báez, fue la empresa puente en Hotesur. Hasta 2008 solo administraba un restaurante y facturaba $430.095,80 por año. Con esos ingresos no podía pagar el alquiler de dos hoteles. Por eso, según la fiscalía, otras empresas de Báez que eran contratistas del Estado le giraron dinero: solo Austral Construcciones le transfirió $70.949.170,95, y también aportaron las empresas Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Badial, La Estación, Don Francisco y otras.Para justificar esas transferencias, las empresas del grupo simularon contratarle habitaciones y salones de los propios hoteles, servicios de consultoría y marketing, y hasta la construcción de un complejo turístico, un rubro en el que Valle Mitre no tenía experiencia ni personal.El mismo papel cumplieron Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, del Grupo Indalo, en Los Sauces, según la fiscalía. Inversora M&S recibió más de $50 millones de la constructora CPC y más de $3000 millones de Oil Combustibles, donde trabajaba Romina Mercado, sobrina de la expresidenta. Álcalis recibió por vía indirecta $124 millones de otras firmas del grupo; allí figuraba como empleado Sanfelice. Con ese dinero, las empresas le pagaban a la familia Kirchner.En el caso Hotesur, Valle Mitre se hizo cargo del Alto Calafate en noviembre de 2008 con un contrato de US$80.000 más IVA por la locación y US$40.000 mensuales por la explotación, más US$100.000 por única vez. En 2011 lo reemplazó con otro de $469.272 por mes. Por Las Dunas pagó $177.172 mensuales entre marzo de 2010 y mayo de 2013: $6.909.708 en total. En julio de 2013, cuando la relación de los Kirchner con Báez ya era pública, Hotesur le pasó la gestión del hotel a Idea SA, de Sanfelice.El dato que la fiscalía considera revelador es que el negocio no cerraba: Valle Mitre recibió $86.566.062 mientras manejó los hoteles y terminó con una pérdida de $6.179.286,35. Una empresa que pierde plata pero sigue pagando un alquiler alto, sostienen los fiscales, no está haciendo un negocio hotelero: está transfiriendo dinero.En el caso Los Sauces, la inmobiliaria de la familia facturó entre 2009 y 2016 un total de $25.968.042,30 en alquileres. Por ejemplo, el Grupo Indalo le pagó $18.554.725,76 por departamentos, cocheras y bauleras en los edificios Juana Manso y Dique, del complejo Madero Center, en Puerto Madero.Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones, de Báez, pagaron $4.014.926,97 por los edificios de Alvear 391 y Moreno 882, en Río Gallegos. Mitre e Idea pagaron $3.398.389,57 por el hotel La Aldea del Chaltén.El último tramo fue sacar el dinero de las sociedades. Gracias a esos alquileres, el patrimonio neto de Los Sauces pasó de los $100.000 con que se constituyó a $12.122.430,26, un salto de más de 12.000%.De allí, la familia Kirchner retiró más de $10 millones como "devolución de créditos", honorarios de directores, sueldos o pago de gastos personales, sin las asambleas ni los plazos que exige la ley para repartir dividendos.Desde la cuenta de Néstor Kirchner, él y luego sus herederos retiraron $4.625.260,52: Cristina Kirchner retiró $2.095.426,67; Máximo Kirchner retiró $2.492.415,69 como pago de gastos propios y honorarios de director, y Florencia Kirchner, hoy sobreseída, retiró $883.293,07 y cobró $874.871,12 como empleada.En Hotesur ocurrió lo mismo: las acciones estaban a nombre de Néstor y Máximo Kirchner y, tras la muerte del expresidente, quedaron en manos de Máximo, Florencia y Cristina. Los socios dispusieron del incremento patrimonial sin asambleas ni reuniones de directorio.Para la fiscalía, la estructura tenía como jefes a Néstor y Cristina Kirchner; Máximo Kirchner era su organizador y quien, en algunas operaciones, representaba al grupo familiar. Sanfelice habría sido el gerente de todo el entramado: fue directivo, accionista, empleado o apoderado de Hotesur, Los Sauces, Idea, Negocios Patagónicos, Negocios Inmobiliarios y Álcalis de la Patagonia. El contador Víctor Manzanares habría armado la estructura contable y los escribanos Ricardo Albornoz y Jorge Ludueña, las sociedades y los poderes.En Los Sauces, los fiscales le imputaron a los acusados los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, dádivas y simulación de operaciones financieras. En Hotesur, Cristina y Máximo Kirchner están acusados de lavado de activos. La asociación ilícita no se volvió a imputar en ese tramo para no juzgarlos dos veces por el mismo hecho.Ese es uno de los argumentos con los que la fiscalía sostiene que los dos casos deben ir juntos, pues once acusados comparten ambos expedientes y la misma prueba documental.
Abarca a los productores que tuvieron que intercambiar ganado debido al fenómeno meteorológico.Gran parte del país está afectado por la falta de lluvias desde hace meses.
Funcionarios de Bogotá y Cundinamarca cuestionan la reubicación de sus despachos en instalaciones del nivel central por posibles dificultades operativas y reducción de los espacios de trabajo. Sindifgn solicitó a las directivas reconsiderar la medida
El organismo de control fiscal reveló que los movimientos del Ministerio de Defensa dejaron al descubierto presuntas irregularidades tarifarias en la adquisición de las nuevas naves de combate suecas, las cuales se ejecutaron en el gobierno Petro
Una cuestión internacional que crece.
A pesar de que una Sala de Apelaciones ya había ordenado que el director de la FPF sea juzgado, magistrado de primera instancia ordenó retrotraer el caso hasta el inicio del control de acusación al advertir que se habrían vulnerado sus derechos
El Ministerio de Economía y Finanzas espera recibir aportes importantes del Canal y dividendos de empresas públicas durante los últimos meses de 2026.
"Milei y Lugones achican Remediar: de un listado amplio de medicamentos esenciales a solo seis principios activos", aseguró la diputada nacional. Leer más
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El juez federal de Campana desvinculó del caso a seis empresas y 13 familiares y allegados del tesorero. El requerimiento de instrucción fue desestimado y el Ministerio Público busca que los implicados no queden "blindados" frente a eventuales imputaciones en otros expedientes o el hallazgo de nuevas pruebas
Los participantes advirtieron que la ciberseguridad es clave ante el fraude digital y el robo de identidad. La protección de la información tributaria fue presentada como condición para preservar la confianza de empresas y contribuyentes en los sistemas electrónicos, mientras crecen las amenazas sobre los datos personales
La disputa por quién debe investigar la causa de la "mansión de Pilar" puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal para que analice quién debe quedarse con el expediente. La presentación también solicita que deje sin efecto la decisión que hizo que el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, quedara a cargo de la pesquisa.Este pedido es la última vía que le queda al Ministerio Público en esta disputa. El 6 de octubre, la Sala I de la Casación, integrada por Alejandro Slokar, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, declaró inadmisible el recurso extraordinario de Villar. Por eso ahora el asunto pretende escalar hasta la Corte, mediante un escrito que habla de presuntas "suspicacias en la opinión pública".El centro del planteo es que la Casación mandó la causa a Campana con el argumento de que el lavado de dinero es un delito federal, pero sin analizar dónde habrían ocurrido los hechos que se investigan. La hipótesis plantea que ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires, no en Campana. "Conformarse con la afirmación de que el delito de lavado de dinero es de competencia de la justicia federal, como si esta frase tuviera algún contenido mágico que implicara que no debe observarse la competencia territorial, es insostenible", escribió el fiscal. Y agregó: "La Cámara de Casación está dejando de lado la ley procesal, citada por ambas partes, respecto de la competencia territorial, y no le importó". A su vez, Villar dio cuenta de un grupo de expedientes. "Las causas en trámite contra los dirigentes de la AFA y personas allegadas no se limitan a las presentes actuaciones, sino que comprenden un entramado de causas, que en su mayoría están bajo pedidos de inhibitoria por el juez federal de Campaña", sostuvo. Enumeró la investigación por la "mansión de Pilar" y el expediente proveniente de los tribunales de Santiago del Estero por presunta defraudación en la AFA.Por ese motivo, el fiscal aludió a un posible "forum shopping", en referencia a la "acumulación de causas" en un juez que considera no debería estar a cargo de los expedientes.Esta causa trata sobre quién es el dueño de la quinta de Pilar, que perteneció a Carlos Tevez. Su relevancia es tal porque el juez que investigue este caso arrastrará todas las causas de supuesto lavado de dinero y fraude ligadas con la AFA, que involucran a Claudio "Chiqui" Tapia y al tesorero, Pablo Toviggino. La entidad siempre negó las acusaciones en su contra.La denuncia original es del 1 de diciembre de 2025 y fue realizada por Elisa Carrió, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, integrantes de la Coalición Cívica.Los denunciantes apuntaban por lavado de dinero a quienes aparecen como dueños de la quinta de Pilar, de cinco hectáreas, donde había canchas de fútbol, un haras, caballos árabes, un helipuerto, gimnasio, casas, quincho y parrilla y un galpón con 54 automóviles de alta gama, incluidos algunos clásicos de colección y otros deportivos último modelo. Sospechan que son testaferros de alguien más.La quinta, que la Justicia estimó que tiene un valor de 25 millones de dólares, con los autos dentro, pertenece en los papeles a Real Central SRL, una sociedad a cargo de Luciano Pantano, exdirigente de futsal, y su madre, Ana Conte, jubilada. Cuando se allanó la quinta, en su interior fueron hallados objetos con el nombre de Pablo Toviggino, como un bolso y una placa.
El resultado financiero fue de $ 977.173 millones, según informó Luis Caputo. El saldo primario alcanzó $ 1,43 billones y el acumulado de los primeros nueve meses equivale al 0,3 % del PBI.
Un reciente informe de J.P. Morgan Chase ubicó a la Argentina entre las economías de la región con mayor presión impositiva y señaló que su estructura tributaria tiene efectos distorsivos sobre la actividad económica, en especial si se analizan los impuestos provinciales y el impuesto sobre los ingresos brutos.El informe del área de investigación de la citada entidad bancaria, la más grande de los Estados Unidos, cuestiona en forma particular el impuesto a los ingresos brutos, que implica alícuotas que generalmente se encuentran entre el 1% y el 5% en las 24 provincias y grava absurdamente las distintas etapas de la cadena de producción y comercialización. En el sector bancario, el más gravado, son incluso mayores: dos tercios de las provincias aplican alícuotas entre 8% y 9% sobre los intereses totales. No permite un crédito pleno por los impuestos pagados en las instancias anteriores y, por tal motivo, el impuesto se acumula perversamente a medida que un producto avanza por la cadena económica.Según el informe "Carga Fiscal Formal", realizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), por la forma como está diseñado el impuesto sobre los ingresos brutos -y también las tasas municipales con base de ingresos totales-, aplicando aquellas altas alícuotas en cada eslabón de la cadena, prácticamente no existen comparables entre los 30 países más relevantes, tomando el G-20 y Sudamérica. Sin embargo, el problema no reside solo en cuánto se paga, sino en la manera en que está estructurado el sistema. Así, se cuestiona la superposición de potestades tributarias entre la Nación, las provincias y los municipios, ya que tal fragmentación genera múltiples gravámenes y regímenes que incrementan el costo de cumplimiento y afectan las decisiones de inversión.Esta posición es coincidente con el diagnóstico que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en mayo de este año, al describir el sistema argentino como complejo, distorsivo e inestable, estimando la recaudación tributaria del gobierno nacional en aproximadamente el 27% del PBI en 2025, un guarismo muy alto para la región. Tal medición es aún más alta en el sector formal, porque está licuada por una informalidad que ronda el 45%. Es así como, para la UIA, la presión fiscal en el sector formal de la economía ascendería al 56 por ciento.Asistimos, en resumen, a una carga tributaria excesivamente elevada y una estructura tributaria particularmente distorsiva, en la que Ingresos Brutos ocupa un lugar central. Son conocidos los efectos de este impuesto en la economía, cuyo aspecto central es la forma que grava la actividad económica de manera acumulativa, en cada etapa de la cadena productiva y comercial. El efecto cascada que penaliza las cadenas productivas configura una situación ya admitida por la OCDE en el sentido de que este tributo genera un incentivo a la integración vertical, perjudicando la competitividad, con el consecuente aumento del costo argentino. Por otra parte, perjudica especialmente a la producción y a las exportaciones, al gravar la producción interna y las exportaciones, en razón del impuesto acumulado en las etapas anteriores que se incorporan en los costos del producto exportado.También señaló la OCDE que el impuesto sobre los ingresos brutos actúa como una especie de barrera económica interprovincial, debido a sus diferentes alícuotas y reglas entre jurisdicciones.Si bien determinados incentivos a la inversión, como el RIGI, pueden compensar parcialmente la elevada carga tributaria y mejorar la competitividad de proyectos de inversión, la cuestión tributaria requiere de una profunda discusión de fondo con los sectores involucrados para lograr un consenso nacional tendiente a obtener una definitiva solución.
Lo dijo el ministro de Economía griego, tras la comparación que hizo Kristalina Georgieva entre ambos países.Además,la directora gerente del Fondo dijo que confía en que la Argentina pagará la deuda con el organismo antes de 2034. "Te vas a sorprender", respondió Caputo.
El organismo tributario federal otorgó una prórroga a residentes y negocios de 40 condados del estado sureño para presentar declaraciones y abonar tributos pendientes
En medio del conflicto universitario, un análisis privado sostiene que hay $5,9 billones sin asignación dentro del Presupuesto 2027. Dónde están esos fondos y cuál sería el costo de cumplir la ley dentro del gasto presupuestado. Leer más
MADRID (AFP).- La Fiscalía española dio un giro de 180 grados y avala que se pueda abrir una investigación al cantante Julio Iglesias por presunta agresión sexual a dos exempleadas, luego de archivarse una primera denuncia, informaron este jueves fuentes del Ministerio Público. Ahora un juez tendrá que decidir si efectivamente inicia las pesquisas.La Fiscalía emitió un informe favorable de la competencia de la Audiencia Nacional, un tribunal en Madrid especializado en casos complejos y delitos cometidos por españoles en el extranjero, para estudiar los hechos. Las fuentes no explicaron la razón del cambio de criterio en este caso contra el artista de habla hispana que más discos vendió en el mundo.Cuando las dos exempleadas presentaron en enero su primera denuncia, el Ministerio Público consideró que la Audiencia Nacional no era competente porque los hechos fueron cometidos en el extranjero y tanto las presuntas víctimas como el acusado residían fuera de España. El dossier se archivó.Tras ese primer tropiezo, una nueva denuncia fue introducida en septiembre por las dos mujeres, identificadas como Rebeca y Laura, que afirman haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos cuando trabajaban en las propiedades del cantante de 83 años en las Bahamas y en República Dominicana en 2021.En una carta abierta que publicaron en septiembre las dos exempleadas, piden a la Justicia española que les "reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia".La ONG Women's Link Worldwide, que las representa, estimó que los tribunales españoles son competentes en virtud de una ley que "permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España".Julio Iglesias, el cantante de música romántica que vendió más de 300 millones de discos, tachó esas acusaciones de "absolutamente falsas" y negó "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer".Nacido en 1943, Iglesias se hizo famoso especialmente en España y Latinoamérica con temas como "Soy un truhán, soy un señor", "Gwendolyne", "Me olvidé de vivir" o "Con la misma piedra".Los testimonios de las dos mujeresSegún las declaraciones recogidas por Women's Link y Amnistía Internacional de las denunciantes, Iglesias "las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato". View this post on Instagram Una de las denunciantes, exempleada del servicio doméstico, relató que fue presionada para mantener encuentros sexuales, mientras que la otra mujer, una fisioterapeuta, aseguró que sufrió tocamientos, publicó el diario El País.Para la organización que asesora a Rebeca y Laura, los hechos mencionados podrían abarcar "delitos de trata, contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas"."Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava", dijo una de ellas en alusión â??según sus palabras posterioresâ?? a que el artista la mandaba a llamar a su habitación y abusaba de ella al finalizar su jornada laboral, con la complicidad de alguna trabajadora de mayor rango. La otra mujer agregó: "Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones"."Es una persona muy controladora que ejerce el poder a través del miedo. Amenaza con despedirte y constantemente te recuerda que estar trabajando para él es lo mejor que te ha pasado en la vida. Vive recordándote cuáles son las reglas, qué puedes hacer y qué no", indicaron y aseguraron que hasta les contaban la cantidad de comida que les servían en el plato, además de revisarles el celular. También agregaron que el artista solía hacerles preguntas fuera de lugar como "¿te gustan las mujeres?", "¿te gustan los tríos?", "¿te has operado los pechos?" y las insultaba. "Cuando le digo que no quiero estar con él (sexualmente), comienza a insultarme muy feo y a decirme que cómo no voy a estar con él, que hay muchísimas modelos muriéndose por estar con él y que yo, porque él me quería y me había tomado cariño, estaba siempre junto con él", relató una de ellas.
La Cámara de Diputados avaló una recaudación estimada de 10 billones 636 mil 488 millones 100 mil pesos
La mandataria mexicana dio a conocer la medida durante su discurso en el evento del 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial
Mientras el alto tribunal decide si admite el trámite, la entrada en vigor de la mayor parte de la Ley 2381 de 2024 se mantiene prevista para el 1 de abril de 2027
La discusión en lo particular se extenderá por varias horas en la Cámara de Diputados
El nuevo impuesto sobre segundas viviendas en Nueva York afecta a grandes fortunas del mundo empresarial, como el magnate inmobiliario Steve Witkoff. La medida busca incrementar la recaudación y ya ha eliminado exenciones fiscales a miles de apartamentos, tras auditorías recientes.
Sergio Eduardo Bruno Carballo recibió cinco años y cuatro meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La causa investigó un esquema encabezado por un empresario para obtener beneficios impositivos mediante documentación falsa y un prestanombre
Paola Andrea Londoño dijo que elevó informes ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para comunicar sus preocupaciones
La queja de responsabilidad financiera también señala a seis exdirectores de Talento Humano y busca que se determine si la designación provisional de personas ajenas a la carrera diplomática generó pérdidas de recursos públicos
Leonardo Villar, gerente general del Emisor, planteó en la Cámara de Representantes que el resultado también podría reflejar el agotamiento de los estímulos a la demanda
El ministro de Economía se encontró con Kristalina Georgieva en Tailandia. El Fondo Monetario recalculó a la baja la proyección de crecimiento de la economía argentina.
El ministro de Economía calificó de "excelente" el encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Aseguró que Georgieva destacó la disciplina fiscal argentina, mientras los equipos técnicos continuarán trabajando para cerrar la tercera revisión del programa, de la que depende un desembolso de unos USD 869 millones. Leer más
El ministro de Economía se reunió con la directora gerente del organismo y altos funcionarios del Fondo. La titular del FMI destacó el ajuste fiscal como "ejemplar en el mundo" y los equipos técnicos continuarán trabajando para cerrar la tercera revisión del programa.
Un acuerdo entre todos para defender el empleo y la producción
La presión tributaria, las tasas municipales y la caída del consumo golpean a las fábricas y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo. La propuesta es coordinar una reforma entre la Nación, la Provincia y los municipios para aliviar la carga impositiva y proteger la producción. Leer más
El Ministerio de Economía y Finanzas aseguró que mantendrá la meta de déficit del 3,5% del PIB para 2026 y priorizará seguros, donaciones y recursos no reembolsables para atender los daños de la emergencia.
La medida busca flexibilizar temporalmente los límites establecidos por ley para afrontar la emergencia. El Ejecutivo también autorizó hasta $100 millones en contrataciones especiales.
Tras el anuncio de Catamarca de llevar la alícuota al 0%, la UIA espera que otras jurisdicciones sigan el mismo camino. Sin embargo, las dificultades de recaudación complican la posibilidad de avanzar con rebajas para 2027
La iniciativa del diputado Guillermo Michel apunta a denunciar convenios vigentes de inversiones y de doble imposición, que hoy reducen las retenciones impositivas a las compañías trasandinas con operaciones en territorio argentino
El empresario Guillermo Tofoni envió a tres fiscales de Estados Unidos información sobre Moon Euro Management LLC, el nuevo agente de cobro de la Asociación del Fútbol Argentino decidido por el Chiqui Tapia y Pablo Toviggino. Antes había mandado un informe sobre el ex tesorero de un club de fútbol de Santiago del Estero.
Será la primera dedicada exclusivamente a servicios en Colonia y buscará captar estudios profesionales, tecnológicas, fintech y consultoras.Todavía no tiene empresas instaladas, pero todo el interés recibido hasta ahora llegó desde la Argentina.La apuesta es aprovechar la cercanía con Buenos Aires y los beneficios del régimen uruguayo.
Paola Andrea Londoño sostuvo que el expediente fue entregado a Nancy Carolina Aponte, funcionaria de delitos fiscales, a quien describió como amiga cercana de la directora contra la corrupción, sin un reparto aleatorio
La fiscalía sostiene que los cargos por el asesinato de Brian Thompson son distintos de los delitos federales por acoso a los que el acusado ya se declaró culpable
Entender hacia dónde va el mundo es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Expertos como Gita Gopinath advierten sobre una dinámica que erosiona la competitividad y pone en duda el discurso oficial sobre la mejora de la productividad local
La entrada en vigencia de la ley busca incentivar el uso de los ahorros que permanecen fuera del sistema formal mediante cambios tributarios y mayores certezas para los contribuyentes. Leer más
El Gobierno oficializó la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal II (Ley 27.826), una medida esperada por los tributaristas y contadores que amplía el universo de contribuyentes habilitados para ingresar al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La publicación en el Boletín Oficial activa, entre otros beneficios, el esquema de protección frente a inspecciones conocido como "tapón fiscal", que bloquea fiscalizaciones retroactivas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre años anteriores.El Gobierno prorrogó el plazo de presentación de Ganancias para personas físicasLa entrada en vigencia de la norma, sancionada por el Congreso en septiembre, llegó apenas un día hábil antes del vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas. Para evitar un cuello de botella con los contribuyentes, ARCA dispuso en paralelo â??a través de la Resolución General 5911/2026â?? una nueva prórroga que traslada la fecha límite al 30 de octubre.Hasta su publicación de hoy, la palabra "sorpresa" era la reacción en los estudios contables cada vez que corroboraban la ausencia de la norma, por lo que muchas presentaciones se mantenían en modo "borrador". La iniciativa pretende que los argentinos puedan regularizar fondos y utilizar los dólares guardados "debajo del colchón", aunque la primera versión del régimen había dejado a muchos sujetos afuera.Caputo: "Es una mala decisión tener los dólares en el colchón"Con el texto definitivo de Inocencia Fiscal II, se definen los cambios: se eliminan por completo las restricciones de ingresos (que antes eran de $1000 millones) y de patrimonio (fijadas en $10.000 millones) que limitaban el acceso a la modalidad simplificada.Además, la ley publicada hoy delimita el accionar del ente recaudador, al definir qué se considerará una "discrepancia significativa" para impugnar las declaraciones. Esta figura se configurará cuando la diferencia determinada por ARCA resulte en un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos impositivos no inferior al 15% respecto de lo que hubiera declarado el contribuyente original.A quiénes afecta: La Rioja volvió a crear un aporte extraordinario sobre Ingresos BrutosLa norma también trae alivio para los contribuyentes de menor tamaño al determinar reducciones automáticas, de pleno derecho, del 25% en determinadas multas por incumplimientos formales. Este beneficio alcanzará a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), personas humanas y entidades sin fines de lucro, siempre que no califiquen como Grandes Contribuyentes Nacionales.Con la ley reglamentada y la nueva fecha de vencimiento fijada para fin de mes, la atención de los tributaristas se centra ahora en la letra chica complementaria. Según el texto oficial, la Unidad de Información Financiera (UIF) cuenta con 15 días hábiles para dictar su normativa específica, mientras que el ente recaudador dispone de 30 días para emitir las resoluciones operativas sobre la reducción de multas.
Después de seis años, el país centroamericano fue retirado de la lista europea de jurisdicciones no cooperadoras en materia tributaria. La decisión también beneficia a Vietnam. Leer más
El organismo también trasladó a Vietnam a la lista gris, tras las reformas fiscales de ambos países: Panamá modificó su régimen de exención de ingresos extranjeros y Vietnam ajustó su Ley de Administración Tributaria y su Ley de Empresas para corregir fallos señalados por la OCDE
Sancionada por el Congreso en septiembre, la ley modificó los regímenes tributarios, la declaración simplificada de Ganancias y el trabajo rural, e incorpora reducciones de multas y nuevos criterios de fiscalización. Qué dice su reglamentación
Un día después de que María Victoria Caillava rompiera el silencio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, el fiscal federal Carlos Schaefer salió a desmontar su relato. "Dio muchas explicaciones, pero cuando se le preguntaba, mentía o no recordaba", afirmó. Para el fiscal, la exfuncionaria municipal de 9 de Julio "no respondió qué pasó con Loan", y la hipótesis de la acusación sigue en pie: "Tenemos acreditado que ella fue la que se lo llevó".Schaefer valoró que Caillava aceptara responder las preguntas de la fiscalía, pero puso el foco en lo que la acusada no dejó en claro: su conducta en las primeras horas de la búsqueda. "No pudo explicar por qué se había ido, por qué vino a Corrientes, al Hotel de Turismo, donde almorzó y se tomó una selfie, estando el menor perdido", dijo. Y agregó: "No se entiende la desidia de haberse ido cuando el niño estaba perdido".El fiscal también descartó la línea que intentó instalar la defensa, que buscó vincular la desaparición con una supuesta represalia narco por denuncias que Caillava habría hecho antes. "No hay elementos que den cuenta de que ella es informante de nadie ni de lo que logró con sus informes", sostuvo.Schaefer volvió sobre la prueba que considera central: el rastro odorológico. "El olor de Loan estaba en el vehículo de ella. Es ella la que va personalmente a entregar los vehículos a la comisaría porque dice que se sentía más segura", recordó. Y resumió la mecánica que plantea la acusación: "El olor da que ellos se lo llevaron de ahí y después lo pusieron en el otro auto".Caillava, esposa del capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez, es una de las siete personas acusadas por la sustracción y el ocultamiento de Loan Peña, que tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, en el paraje Algarrobal. Fue la cuarta imputada en declarar, después del excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez.En una exposición larga y por momentos entre lágrimas, negó haber subido al niño a su Ford Ranger. "Me duele que me acusen del secuestro de un niño", dijo. Reconstruyó el almuerzo minuto a minuto y aseguró que, al irse, ella y Pérez no se detuvieron ni se desviaron hasta llegar a la ruta nacional 123. Pidió a los jueces un seguimiento "minuto a minuto" de su celular para probarlo: "Van a comprobar que no fuimos nosotros, que jamás paramos y que nunca alzamos a Loan".Sostuvo que el niño pudo haberse perdido en el monte camino del naranjal, a unos 600 metros de la casa, y descartó un atropello porque en ese camino no se puede circular a más de 20 kilómetros por hora. Según relató, cerca de las 15 la llamó la abuela Catalina para preguntarle si lo había visto y si no se habría escondido en la camioneta; dijo que la revisaron y que luego avisó a un policía del pueblo porque el teléfono de la comisaría "nunca funciona".En la audiencia de este jueves declaró Jorge Luciano Bertón, hijo de Caillava y miembro de la Policía Federal, que no está imputado y participó en la búsqueda. "Quiero que se conozca la verdad", dijo ante el tribunal.Bertón contó que el 13 de junio vio la camioneta del matrimonio, aunque aseguró que no vio a su madre. Dijo que se enteró de la desaparición de Loan por el estado de WhatsApp de una vecina. Ante las preguntas de María Belén Russo Cornara, abogada de la querella, centradas en las primeras horas y los días posteriores a la desaparición, respondió varias veces "no recuerdo" o "no lo sé".Al cierre de la audiencia, el tribunal informó que desde la segunda quincena de octubre habrá solo dos audiencias por semana. El esquema regirá hasta el 1° de diciembre, cuando se haga efectivo el retiro de Fermín Ceroleni, presidente del TOF y único juez natural del cuerpo. Después de esa fecha, volver a tres jornadas semanales dependerá de los subrogantes Eduardo Belforte (Formosa), Simón Bracco (General Roca) y Enrique Bosch (Resistencia).La próxima será la última semana con tres audiencias. Entre el martes 13 y el jueves 15 de octubre están citados 14 testigos, entre ellos Ramón Dupuy.
A cuatro semanas de las elecciones, las autoridades de California pusieron el foco en una cuestión que puede resultar decisiva para millones de votantes: cómo y cuándo devolver las boletas que llegan por correo. El fiscal general Rob Bonta aseguró que el estado obtuvo una victoria judicial, luego de que la Corte Suprema de EE.UU. mantuviera vigente una decisión que impide aplicar nuevas restricciones a esta modalidad.Rob Bonta destaca la decisión de la Corte Suprema sobre el voto por correoEl 6 de octubre, a casi un mes de las elecciones del 3 de noviembre, el gobernador Gavin Newsom, la secretaria de Estado Shirley N. Weber y el fiscal general Rob Bonta llamaron a los votantes elegibles de California a revisar sus buzones durante esta semana, verificar la llegada de sus boletas y devolverlas cuanto antes. Por qué California tarda tanto en contar los votos en las eleccionesEn un comunicado de la gobernación, Bonta puso el acento en una resolución de la máxima instancia judicial estadounidense. Según declaró el fiscal general en el comunicado oficial del gobierno de California, quienes se preguntan si los acontecimientos provenientes de Washington modificaron las formas en que pueden votar reciben una respuesta negativa. "Ganamos con éxito una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos que protege su capacidad de votar por correo, por lo que pueden continuar votando como lo hicieron en elecciones anteriores", afirmó Bonta, quien agregó que los electores también pueden depositar la boleta en un buzón seguro, votar anticipadamente o concurrir en persona el día de los comicios. El mismo funcionario sostuvo que él y otros fiscales generales permanecen en contacto y preparados para actuar frente a nuevos intentos que, según su descripción, puedan afectar los derechos de los votantes. California advierte sobre los nuevos plazos del Servicio PostalEl llamado a no esperar hasta último momento está relacionado con un cambio en el procedimiento del Servicio Postal de Estados Unidos. Según explicó el gobierno de California, los envíos depositados en oficinas postales o buzones de recolección ubicados a más de 50 millas (80,47 kilómetros) de un centro regional del Servicio Postal son recogidos al día siguiente y no durante la misma jornada.En determinadas zonas, una boleta depositada en una oficina postal o en un buzón de recolección durante el día de las elecciones podría recibir el matasellos recién al día siguiente. De acuerdo con las instrucciones difundidas por el gobierno de California, una boleta que llegue tarde no es contabilizada. Por ese motivo, el estado recomienda a quienes quieran devolver su boleta que lo hagan, como mínimo, una semana antes de la jornada electoral. El gobierno estatal también recordó que existen alternativas para quienes se encuentren cerca del límite de tiempo. Una de ellas consiste en llevar la boleta completa a un centro de votación durante el día de las elecciones, en lugar de introducirla en el sistema postal.Elecciones 2026 en California: las 13 nuevas leyes firmadas por Gavin NewsomSegún el comunicado oficial, durante septiembre Gavin Newsom firmó 13 nuevas leyes destinadas a proteger el proceso electoral de posibles interferencias, incluidas aquellas provenientes de funcionarios federales. Gavin Newsom anunció oficialmente la firma de un paquete de leyes que impone regulaciones al ICE y brinda protecciones a inmigrantes en CaliforniaLas normas también establecieron nuevos delitos graves para quienes intenten alterar el proceso electoral. El paquete incluyó, además, iniciativas destinadas a incrementar la participación de los votantes elegibles. El gobierno estatal también destacó que, a comienzos de este año, Newsom había firmado la SB 73 antes de las elecciones primarias. Esa norma forma parte de la estrategia presentada por California para reforzar la protección de los procesos y limitar determinadas formas de intervención sobre los padrones, la tecnología electoral y los trabajadores electorales.
Miguel Ángel 'N' es investigado por coordinar embarcaciones, permisos y documentación aduanera para introducir combustibles de forma irregular al país
El Gobierno oficializó los nombramientos de Pablo Héctor Walter como subdirector ejecutivo del Registro Nacional de Armas y de la odontóloga Yasmín Andrea Martínez Naya como directora ejecutiva del Hospital Nacional "Doctor Baldomero Sommer". Leer más