El 26 de mayo se celebran las elecciones primarias republicanas por el Senado. Los candidatos en la contienda son el actual senador John Cornyn y el fiscal general del estado Ken Paxton. Respaldado por el presidente Donald Trump, este último propone detener las "políticas de fronteras abiertas" y la protección de las libertades religiosas. Ken Paxton, el candidato republicano por el Senado en EE.UU. Paxton es un abogado y político estadounidense que se desempeña en la actualidad como el 51º fiscal general de Texas, cargo que ocupa desde enero de 2015, según consignó su biografía oficial. Obtuvo una licenciatura en Psicología en la Universidad de Baylor y tiene un MBA. También es abogado por la Universidad de Virginia. Con este último grado, trabajó en firmas de abogados, fue asesor legal de J.C. Penney y dirigió su propio despacho durante 14 años antes de asumir cargos públicos. La carrera pública de Ken Paxton El fiscal general de Texas comenzó su carrera política en 2002, cuando fue elegido por primera vez para representar al Distrito 70, que abarca partes del sur del condado de Collin y ciudades como Allen, Plano, Richardson y Dallas. Sirvió en la Cámara de Representantes desde 2003 hasta 2013. En 2012, fue elegido para el Senado estatal, donde representó al Distrito 8 en los condados de Collin y Dallas. El 4 de noviembre de 2014 fue votado para ser el 51.º fiscal general de Texas y asumió el cargo el 5 de enero de 2015. Ha sido reelegido para este rol en dos oportunidades y ha centrado su gestión en combatir lo que denomina "extralimitación federal". Con esta premisa, durante la administración de Obama presentó 27 demandas contra el gobierno federal y bajo la administración Biden superó los 100 reclamos en temas como fronteras abiertas y la Segunda Enmienda, esta última que establece el derecho al porte de armas."Confiar en regímenes autoritarios para garantizar la libertad continua de internet es una locura. El presidente no tiene autoridad para renunciar sin más al papel pionero de Estados Unidos en asegurar que internet siga siendo un espacio donde la libre expresión pueda florecer", destacó el fiscal general tras denunciar a la administración Obama en 2016 por querer ceder supervisión de internet a una organización internacional. Enfrentamientos a lo largo de su carrera política El candidato por el Senado ha contado con diferentes detractores a lo largo de su carrera. En 2020, ocho abogados de su propia oficina lo denunciaron ante el FBI por presunto soborno, abuso de autoridad y tráfico de influencias para favorecer al empresario Nate Paul. Los denunciantes fueron despedidos, lo que generó acusaciones de represalias ilegales, según consignó Houston Public Media. Por su parte, en 2023, la Cámara de Representantes de Texas votó a favor de un juicio político con 121 votos a favor. Se le acusó de 20 artículos de corrupción y obstrucción de la justicia, aunque luego fue absuelto por el Senado estatal. Las propuestas de campaña de Ken Paxton El pasado 8 de abril de 2025, Paxton anunció su candidatura por el Senado bajo la premisa de "hacer un cambio" por Texas. Bajo una postura de confrontación contra lo que llama el "establishment de Washington", tiene cinco propuestas puntuales, según consignó en su sitio web: Seguridad fronteriza extrema: propone detener lo que califica como una "invasión de inmigrantes ilegales". Integridad electoral: promueve leyes de identificación de votantes y presume haber obtenido cientos de condenas por fraude electoral en Texas durante su gestión como fiscal general. Guerra contra la "Agenda Woke": busca eliminar los marcos de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) en las universidades y se opone firmemente a los derechos de las personas transgénero, a quienes ha llegado a calificar en comunicados oficiales con términos peyorativos. Defensa de la libertad religiosa y la vida: propone la protección del no nacido y ha impulsado que se exhiban los Diez Mandamientos en las escuelas públicas. Regulación de "Big Tech": sugiere combatir el abuso de datos por parte de compañías tecnológicas y se opone a los criterios empresariales de inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés)."Desde los tribunales hasta el Capitolio, Ken Paxton nunca ha dejado de luchar por Texas, y esto es solo el principio", destaca el precandidato en su sitio web oficial de campaña.
El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este jueves un encuentro con tributaristas. Los puntos débiles que le marcaron de la normativa y el compromiso de una nueva norma jurídica
En el marco de una nueva audiencia del juicio contra una organización narcocriminal que funcionó entre 2019 y marzo de 2024 en Entre Ríos, una de las imputadas declaró en contra del presunto líder de la banda, el productor rural y expresidente de la Sociedad Rural de Diamante Leonardo Airaldi. "Todo el mundo decía que era un sicario", indicó en un tramo de su exposición, en la que también aseguró que era "capaz de cualquier cosa".Ante esto, y tras el planteo de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná, a cargo del fiscal José Ignacio Candioti y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) â??representada por el fiscal Diego Iglesias y el fiscal coadyuvante, Martín Urionaâ??, el Tribunal Oral Federal de Paraná ordenó que la Policía de Entre Ríos custodie a la imputada y le entregue un botón antipánico.Durante la declaración, que se extendió prácticamente durante tres horas, María Soledad Touzet precisó cómo operaba la organización e indicó que trabajó para Airaldi entre 2021 y 2022. "Los últimos seis meses con él fueron un infierno", remarcó, antes de afirmar que el imputado "estaba con la droga". Tras esto, relató una secuencia en la que él le pidió que averiguara el precio de combustible para avionetas. Tras consultarle por mensaje si avanzaba con la compra, volvió enojado a la oficina en la que ella se encontraba y le advirtió: "Un error más de estos y te vuelo la cabeza de un tiro".Según indicó, otro de los implicados le habría explicado "el negocio" de Airaldi. "¿Vos fuiste al campo? Leonardo no siembra, no fumiga, dos más dos son cuatro", le habría dicho este hombre. "Ahí entendí todo, que Leonardo estaba con la droga", agregó la imputada en su declaración, glosada en el portal informativo de la Procuración General, www.fiscales.gob.ar.Hacia el final, Touzet pidió que "no suelten a ese animal" y aseguró que tenía miedo porque vivía sola con su hija. Por todo lo expuesto en la audiencia, los fiscales Candioti e Iglesias acompañaron el pedido de la defensa y le requirieron al tribunal que se designe una custodia y se le otorgue un botón antipánico a la mujer. Los jueces Noemí Berros, Mariela Rojas y José María Escobar Cello hicieron lugar al pedido y dispusieron medidas especiales para que la mujer no se cruzara con el productor rural.Airaldi estaba presente en el recinto porque amplió la declaración que hizo al comienzo del debate y había solicitado hacerlo de manera presencial. Hasta el momento, había seguido las audiencias de manera virtual desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde se encuentra alojado en el Sistema Integral para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (Sigpplar). Allí está desde febrero de este año, cuando se develó un presunto plan suyo para atentar contra el juez federal de Paraná Leandro Ríos, el fiscal general Candioti y el ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos y exjefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia.Tras las declaraciones de ayer están previstas otras tres audiencias de prueba, en las que se presentarán los testigos vinculados a la causa que instruyó la Justicia federal de Santa Fe por el secuestro de casi 30 kilos de cocaína. El 12 de junio comenzarán los alegatos y se espera que el tribunal dicte su veredicto el próximo 30 de julio, tras el receso de la feria judicial en Entre Ríos.El casoDe acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio realizado por la Fiscalía Federal de Paraná, se señala a Airaldi como organizador y financista del tráfico ilícito de estupefacientes que tuvo lugar entre 2019 y el 8 de marzo de 2024 en las ciudades entrerrianas de Paraná y Diamante. En esa investigación fueron identificados otros 13 implicados en las maniobras: cuatro ya alcanzaron un acuerdo de juicio abreviado, que será tratado al momento de la sentencia. El debate oral comenzó el 3 de marzo pasado."Cada uno de los integrantes ha representado y desempeñado un rol específico en su estructura, liderada por Leonardo Roberto Airaldi, encargado de la coordinación general, gestión financiera y la obtención de información de importancia proveniente de funcionarios policiales, que era utilizada para sortear operativos de control y/o seguridad", se explicó en el requerimiento formulado por el fiscal federal interino Leandro Ardoy.Por otro lado, Airaldi también es juzgado por el secuestro de 29,5 kilos de cocaína en una vivienda de la localidad costera de Puerto Gaboto, en el departamento San Jerónimo de la provincia de Santa Fe. Por el caso, permanece prófugo un empleado rural señalado como el encargado de custodiar la droga y trasladarla por el río Paraná desde un establecimiento ubicado en las islas.
El juez de garantías ordenó la detención provisional de Orlando Cuesta mientras avanzan las pesquisas por la muerte de Patricia Ossa Sánchez ocurrida el 18 de mayo.
En la región que incluye a Reconquista, Vera y Las Toscas, hubo 103 resoluciones judiciales, y sólo 23 juicios orales.
Los procesados son señalados de haber intentado ocultar el vehículo en el que fue trasladada la víctima y que también sirvió para sacar del país a otros implicados en los hechos
CÓRDOBA.- El jurado de enjuiciamiento que destituyó de sus cargos de fiscales a Francisco Javier Di Santo, Daniel Pedro Miralles y Luis Roberto Pizarro por su actuación en la investigación de la violación y asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido hace casi 20 años en Río Cuarto, difundió los fundamentos de la decisión. El eje fue que "desatendieron y relegaron sistemáticamente una línea investigativa razonable" que apuntaba al parquetista Roberto Bárzola.El jurado fue presidido por Julieta Rinaldi e integrado por la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti, y por los legisladores Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert. La acusadora fue la fiscal adjunta de la Provincia, Bettina Croppi.La acusación atribuyó a los tres fiscales, que se sucedieron en la dirección de la investigación entre 2006 y 2019, haber omitido ahondar respecto de la posible participación del hombre que había estado trabajando en la casa de la familia Dalmasso-Macarrón en los días previos al crimen. Por el contrario, las líneas investigativas destacadas en ese periodo tuvieron como actores centrales a Facundo y a Marcelo Macarrón, hijo y esposo de la víctima. Bárzola trabajó en la casa del barrio Villa Golf; admitió haber estado en el lugar y el día del hecho, en un horario compatible con el de la muerte. A su vez, sus explicaciones presentaban contradicciones e inconsistencias no despejadas. En lugar de profundizar esa hipótesis, "la pesquisa se orientó sucesivamente hacia integrantes del entorno familiar de la víctima, sobre la base de imputaciones que la acusación calificó como construidas ad hoc, sin sustento probatorio objetivo previo", y sostenidas durante años a pesar de la incorporación de evidencias genéticas y cooperaciones técnicas nacionales e internacionales que las desmentían.A Di Santo, el Jury le reprochó haber imputado a Facundo Macarrón bajo una sospecha leve basada en prejuicios sobre su orientación sexual, manteniéndolo bajo proceso por más de cinco años a pesar de que se había corroborado que el fin de semana del crimen estaba en Córdoba capital.Respecto de Miralles, calificaron de "especulativa" su decisión de imputar al viudo como autor material, basándose en la teoría de un supuesto "vuelo clandestino relámpago" desde Uruguay que no contaba con ningún registro aeronáutico ni sustento fáctico.En el caso de Pizarro, los jurados criticaron que hubiese modificado la acusación hacia una "hipótesis conspirativa" de sicariato e instigación intelectual por parte del viudo, sin identificar nunca a los ejecutores materiales ni probar la existencia de un pago o un pacto criminal.El jurado tuvo por acreditado, sobre la base de la prueba producida â??que incluyó las declaraciones de los fiscales intervinientes con posterioridad, peritos oficiales y de parte, agentes del Ministerio Público que participaron de la investigación y familiares de la víctimaâ??, que las medidas inicialmente dispuestas sobre la línea de los trabajadores fueron insuficientes y se abandonaron de modo prematuro. Señalaron que existieron "alertas tempranas y reiteradas" que sugerían profundizar la pista de Bárzola; entre ellas, informes del Ceprocor sobre perfiles genéticos minoritarios no atribuibles a las personas hasta entonces cotejadas, informes del laboratorio del Ballantyne y del FBI que excluyeron a los sospechosos investigados, y una "recomendación expresa" del Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos del FBI, formalmente incorporada al expediente en 2011, orientada a investigar a los trabajadores. "Las medidas necesarias para concretar esa profundización eran las mismas cooperaciones técnicas" que los fiscales ya tenían activas. En los fundamentos también se señaló que las imputaciones formuladas a lo largo de la actuación de los distintos fiscales se asentaron, en cambio, en "hipótesis preconcebidas, con omisión o lectura sesgada de pruebas relevantes, y carecían de correlato objetivo" en el material probatorio reunido."A lo largo de este proceso -planteó el jurado en sus fundamentos-, el jurado reafirmó que no constituye instancia revisora del acierto o desacierto de las decisiones jurisdiccionales y que las divergencias técnicas dentro del margen de razonabilidad funcional no integran las causales constitucionales de destitución". "Esa regla cede, sin embargo, cuando la conducta examinada se interna en el ámbito del abandono manifiesto de los deberes funcionales mínimos [...]. El reproche se intensifica cuando la investigación frustrada involucra a una víctima de violencia de género, supuesto en el cual rige un deber reforzado de debida diligencia", agregaron.La conducta de los enjuiciados fue subsumida en las causales de negligencia grave por el abandono prematuro y sostenido de una línea investigativa razonable, y de mal desempeño, por la formulación y mantenimiento de imputaciones desprovistas de sustento objetivo.PrescripciónEn octubre pasado, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2a. Nominación de Río Cuarto decretó el sobreseimiento total por prescripción de Bárzola, quien había sido imputado meses antes por el fiscal Pablo Jávega.La familia de la víctima apeló al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba para que haga lugar a la realización de un juicio por la verdad.En diciembre de 2024, Jávega acusó al parquetero a partir de un nuevo estudio de ADN. Lo imputó por abuso sexual seguido de muerte; Bárzola se presentó ante la Justicia acompañado de un abogado defensor y se abstuvo de declarar.
El periodista especializado en política estadounidense Henrik Rehbinder analizó la creación de un fondo de 1.700 millones de dólares vinculado a Donald Trump y cuestionó el acuerdo que beneficia al mandatario y a su entorno con una "amnistía total y retroactiva impositiva". Leer más
La decisión del titular del Ministerio Público implica la transferencia de investigaciones relevantes a otras áreas institucionales y dará paso a una revisión interna de los expedientes de alto impacto bajo nuevos lineamientos operativos
El Ministerio Público incluyó multas millonarias e inhabilitación para ejercer cargos públicos en su requerimiento contra ambos acusados, quienes enfrentan cargos por su presunta participación en una trama de corrupción
Marcelo Soto dejó de intervenir en el expediente luego de una recusación impulsada por la defensa del intendente. La investigación por las operaciones bursátiles que comprometieron más de $1.700 millones cambia ahora de fiscalía. Leer más
Fue tras el pedido de los defensores. El tribunal dispuso que el expediente pase al Fuero Anticorrupción. Leer más
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció la acusación formal contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro. Entre las figuras principales que van a supervisar la investigación se destaca Jason A. Reding Quiñones, el fiscal general de Miami que tiene origen cubano. Jason Quiñones, el fiscal general de Miami que va a investigar el caso contra Raúl Castro Jason Quiñones es el fiscal general para el Distrito Sur de Florida. Previo a liderar la oficina, trabajó como procurador en el Distrito Este de Virginia, además de ser funcionario de seguridad nacional en el DOJ enfocado en contraterrorismo e inteligencia. Quiñones es hijo de una refugiada política cubana. En 2023 comenzó a utilizar su apellido materno, Quiñones, como un gesto para honrar a su madre al postularse para el cargo de juez estatal. Previo a su carrera pública, obtuvo su licenciatura en Antropología con una mención secundaria en Ciencias Militares por la Universidad de Florida. Luego, se graduó como Doctor en Leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida (FIU) en la clase de 2008. La carrera pública y militar de Jason Quiñones El 13 de agosto de 2025, Quiñones juró como fiscal federal del Distrito Sur de Florida. La entonces fiscal general de EE.UU., Pam Bandi, le tomó juramento. "Como hijo de un refugiado político cubano y orgulloso nativo de Miami, me siento honrado por la confianza que el presidente Trump, la fiscal general Bondi y el Senado de Estados Unidos han depositado en mí. Como fiscal federal del Distrito Sur de Florida, trabajaré incansablemente para proteger al pueblo estadounidense, restablecer la justicia imparcial y defender el Estado de derecho sin temor ni favoritismo", dijo durante la juramentación.En paralelo a su cargo, cuenta con una carrera militar de más de 23 años de servicio. El 1° de abril de este año fue promovido al rango de coronel en la reserva de la Fuerza Aérea de EE.UU. y en la actualidad se desempeña como asesor legal senior de reserva en el Comando Central de Estados Unidos, donde brinda asesoría sobre leyes de operaciones de combate, interdicción marítima y seguridad nacional. La investigación contra Raúl Castro Este 20 de mayo anunció la acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Modesto Castro Ruz por su presunto papel en el derribo de dos aviones civiles estadounidenses desarmados operados el 24 de febrero de 1996 por Hermanos al Rescate (BTTR, por sus siglas en inglés). El caso que conmocionó a Florida hace 30 años"Estamos comprometidos a exigir responsabilidades a quienes asesinaron a cuatro valientes estadounidenses: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales", dijo el Fiscal General Interino Todd Blanche en una conferencia de prensa. "Por primera vez en casi 70 años, altos cargos del régimen cubano han sido acusados â??â??en Estados Unidos por presuntos actos de violencia". Quiñones también participó de la conferencia de prensa y estará a cargo de la investigación. En sus dichos, remarcó que la comunidad cubana esperaba esta decisión desde hace más de 30 años, entre ellas su madre. "Esta es la isla para los cubanos refugiados con la búsqueda del sueño americano. Mi mamá estuvo en este mismo lugar", dijo el procurador con la voz entrecortada.
Este 19 de mayo los gremios que participan de la negociación colectiva se movilizarán para que el Ministerio de Economía no siga retrasando la presentación de este documento, vital para continuar el proceso para el acuerdo del convenio colectivo
La iniciativa fue presentada por el Gobierno como una herramienta destinada a ampliar la base tributaria y facilitar la formalización de contribuyentes que hasta ahora permanecían fuera del sistema o mantenían inconsistencias fiscales. Leer más
El fallo destaca que no hubo "discrepancia de criterios" sino un "abandono de la función" al obviar pistas claves que hubieran permitido esclarecer el crimen de Nora Dalmasso, al punto de que sus omisiones consagrarían la impunidad. Leer más
Este miércoles se entregaron las razones del jury por las que el 7 de mayo se destituyó a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.Ellos llevaron el caso durante más de una década y cada uno -a su turno- se ensañó con la familia de la víctima y descartó la prueba clave de ADN que apuntaba al principal sospechoso: el parquetista Roberto Bárzola.
En una entrevista exclusiva a CNBC, el multimillonario creador de Amazon apuntó contra los políticos y abogó por eliminar los impuestos para los contribuyentes de menor ingreso.
Un equipo de la organización se reunió con Larry Devoe
El uso combinado de certificados de depósito brinda oportunidades para optimizar el ingreso neto en el retiro, al tiempo que permite aprovechar ventajas y reducir el impacto tributario en Estados Unidos
El organismo aseguró que las finanzas públicas enfrentan mayores necesidades de financiamiento por diferencias entre el recaudo y las proyecciones presupuestales
Los referentes de la UIA explicaron el panorama de su sector y mostraron su preocupación ante el retraso en la reactivación de la industria en general y en especial a las PyMEs. Leer más
El ministro de Economía anunció que el jueves se reuniría con contadores. Los puntos que se van a tratar y el reclamo por la promesa incumplida de las multas automáticas
En Infobae a la Tarde, dos referentes en materia económica analizaron el impacto del aumento de los gastos fijos sobre el ingreso de los hogares y la dificultad de recomponer el poder de compra
El contador público y CEO de PMP Contabilidad y Consultoría, Juan Pablo Perojo, explicó cómo funcionará el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones y qué sectores tendrán ventajas especiales. Leer más
El economista del CEPA, Juan Manuel Gispert, aseguró que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) implica un costo fiscal anual estimado en más de 1.070 millones de dólares para el Estado nacional. Leer más
La Secretaría del Bienestar inauguró su primer establecimiento en Paseo de la Reforma y no descarta replicar el modelo en otras ubicaciones
El exgobernador del Chaco y actual senador nacional cuestionó el modelo económico de Javier Milei, alertó sobre despidos y cierre de industrias, y planteó que el peronismo debe construir primero "un programa de gobierno" antes de definir candidaturas para 2027. Leer más
Todos los caminos conducen a Campana. El fiscal ante la Cámara Federal de Tucumán, Rafael Vehils Ruiz, desistió del recurso que había planteado su colega Pedro Simón y de esa manera permitiría que la causa por lavado de dinero donde se pidió la detención de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino termine en el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que ya tiene varias de las causas contra los jerarcas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Llamativamente, el fiscal general citó como argumento el fallo reciente de la Cámara de Casación, que anuló la decisión de entregarle la causa de la mansión de Pilar a ese magistrado. Simón, fiscal de Santiago del Estero, había apelado la decisión del juez federal Sebastián Argibay de mandar el expediente a Campana. Apenas dos horas después, Argibay fue apartado del expediente porque su hija, Pilar Argibay, le había vendido un terreno a Darío Toviggino, hermano de Pablo. La decisión, sin embargo, no invalidó las decisiones que ya había tomado. En ese expediente, el fiscal de Santiago del Estero había acusado a los jerarcas de la AFA de liderar una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que comenzó en 2018. Según el dictamen, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la AFA; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.Simón pidió la indagatoria y la detención de Tapia y Toviggino, pero además había imputado a un total hay 26 personas. En el listado aparecen dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su ex mujer, María Julia Del Castillo Orellana; su actual pareja, María Florencia Sartirana; el abogadoJuan Pablo Beacon (su exmano derecha); Carlos Bruno Seguel (un ladero de Beacon), y quienes aparecen en los papeles como los dueños de la mansión de Pilar: Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte.El mismo día que regresó de de sus vacaciones, Argibay firmó una resolución de 39 carillas para desestimar la denuncia. La jugada se consumó en tiempo récord. "A las 11:23:55 comunicó que retomó sus funciones y formó incidente de recusación ante lo peticionado por esta Fiscalía. A las 12:58:02, ordena la desestimación del requerimiento de instrucción y la incompetencia a Campana", describió Simón en su apelación. Cuando todo indicaba que la Cámara de Tucumán podía revocar ese fallo, el fiscal general no sostuvo el recurso y dejó la situación en un limbo jurídico. Vehils Ruiz argumentó que el juzgado de Campana "ya se encuentra interviniendo de manera activa y ejerciendo el control jurisdiccional en investigaciones previas que guardan una íntima conexidad objetiva y subjetiva con el entramado analizado". Lo más llamativo fue que citó el reciente fallo de la Cámara de Casación que invalidó la decisión de la Cámara de San Martín de poner al juez de Campana a cargo de la causa de la mansión de Pilar, que luego terminó anexando otros expedientes. Ahora la decisión final quedó en manos de la Cámara en lo Penal Económico. La causa de Santiago del Estero está plagada de pruebas contra Tapia y Toviggino y es la que más avanzó sobre la red de empresas alrededor del tesorero de la AFA. ¿Cuál era el rol del presidente de la AFA? El fiscal "Habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la AFA al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero", justificó el fiscal Simón.Los informes bancarios revelaron el nivel de facturación cruzada con la AFA. Uno de los bancos reveló que desde la entidad de Tapia y Toviggino se transfirieron $3.633.013.825,80 a las cuentas de Soma, Malte, Segón, Servicios Lindor, y Servicios Neurus en el Banco Coinag.Otro informe destacó que la AFA le transfirió a la cuenta de Segon SRL del Banco de Santiago del Estero $1.328.266.369,20. En total, todas las transferencias suman $4.961.280.195 entre 2022 y 2025. Y la cuenta es provisoria porque todavía faltan algunos informes. Además del monto de los movimientos, lo que llamó la atención de los investigadores es que los fondos saltaban a otras cuentas en menos de 48 horas.Para justificar semejantes transferencias, se emitieron decenas de facturas. Según el fiscal Simón, el jefe de esa organización y el que tomaba las decisiones era Toviggino.
La reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) ya tiene letra chica. A través de la Resolución General Conjunta 5849/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno definió los requisitos, condiciones y mecanismos operativos para acceder a los beneficios fiscales previstos por el nuevo esquema impulsado por la Ley 27.802. La medida fue firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti; Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Andrés Vázquez, director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En un comunicado, Agricultura destacó el punto de que se implementó la reducción de impuestos para la valuación de hacienda de invernada.La normativa pone el foco en los criterios que deberán cumplir las micro, pequeñas y medianas empresas para transformarse en beneficiarias del régimen, además de establecer las pautas de coordinación entre los organismos encargados del control y seguimiento de las inversiones.Ajuste en el INTA: 420 trabajadores ya se adhirieron a un programa de retiros voluntariosEl RIMI fue creado con el objetivo de "incentivar las medianas inversiones nacionales y extranjeras en la República Argentina, promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, favorecer la creación de empleo e incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios". Según la reglamentación, el esquema contempla beneficios impositivos vinculados con "la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y a la devolución de créditos fiscales en el impuesto al valor agregado".Factura US$2200 millones: una cooperativa agrícola quiere invertir más de US$150 millones, pero espera que antes cambie una leyEl régimen alcanza a inversiones en bienes muebles amortizables y obras productivas realizadas en el país, siempre que se cumpla con un monto mínimo de inversión dentro de un plazo de dos años.Sin embargo, la resolución aclaró que determinadas inversiones podrán acceder a los beneficios sin necesidad de cumplir ese piso mínimo. Entre ellas figuran "sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y bienes semovientes".Uno de los puntos centrales de la reglamentación está vinculado con las condiciones para acceder al régimen. En ese sentido, la resolución dispuso que podrán ser beneficiarios los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias que califiquen como micro, pequeñas o medianas empresas "hasta la categoría de Mediana Empresa Tramo 2, inclusive".Para ello, deberán contar con el "Certificado MiPyME" vigente al primer día del mes de inicio del ejercicio fiscal en el que se concrete la primera inversión. Además, tendrán que encontrarse caracterizados en el "Sistema Registral" de ARCA como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas "Tramos 1 y 2".La norma también incorporó precisiones para entidades sin fines de lucro que no puedan tramitar el Certificado MiPyME. En esos casos, deberán estar registradas ante el organismo fiscal bajo determinadas formas jurídicas, entre ellas asociaciones, fundaciones, mutuales, asociaciones simples y otras entidades civiles.A su vez, tendrán que cumplir con los parámetros previstos por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa para acceder a la correspondiente categorización.La resolución estableció además un sistema de caracterización específico para este tipo de entidades dentro del "Sistema Registral" de ARCA. Allí se definieron códigos diferenciados para identificar a entidades sin fines de lucro micro, pequeñas o medianas, así como también para aquellas solicitudes rechazadas.Otro de los ejes centrales de la reglamentación pasa por la operatoria digital del sistema. La registración de inversiones, la selección de beneficios y toda la gestión integral del régimen deberán realizarse a través del servicio web "Sistema de Gestión de Inversiones (SGI)" que implementará ARCA.En paralelo, la resolución fijó criterios para acreditar inversiones productivas que no estén sujetas a montos mínimos. En esos casos, los bienes alcanzados serán definidos por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que deberán emitir normas específicas dentro de sus respectivas competencias. Además, esos bienes podrán consultarse en el sitio web institucional de ARCA. La norma también prevé situaciones donde las inversiones no puedan encuadrarse automáticamente dentro de las categorías establecidas. En esos casos, será obligatorio presentar "un informe de profesional idóneo", con firma certificada por la entidad correspondiente. Ese informe podrá ser evaluado posteriormente por Agricultura o Energía, según el tipo de inversión involucrada.La resolución avanzó, además, sobre los mecanismos para acreditar el grado de avance de obras productivas. Para ello, deberán presentarse facturas, documentos equivalentes, informes técnicos, certificados de avance de obra, contratos de locación o "cualquier otro medio fehaciente que acredite la valuación de la mejora al inmueble". Toda esa documentación deberá cargarse a través del sistema SGI.En materia de control, la resolución definió una articulación directa entre ARCA, Agricultura y Energía. ARCA será la encargada de verificar "la inexistencia de deuda líquida y exigible" al momento de solicitar los beneficios fiscales. En tanto, las secretarías de Energía y Agricultura podrán realizar controles y auditorías para verificar el cumplimiento de las condiciones del régimen.La resolución también estableció sanciones en caso de incumplimientos. Según el texto oficial, si se detectan irregularidades que puedan derivar en la caducidad del RIMI, la situación deberá ser comunicada a ARCA.En ese escenario, el organismo podrá reclamar "la restitución de los créditos fiscales devueltos y/o, en su caso, del impuesto a las ganancias ingresado en defecto, más los intereses resarcitorios correspondientes". Además, la normativa prevé la aplicación de multas contempladas en la Ley 27.802.Valuación de la haciendaEn este contexto, en un comunicado, Agricultura destacó que "las modificaciones en la valuación de hacienda de invernada para los establecimientos de invernada y/o engorde a corral incluidas en el marco de la ley 27.802/2026 de Modernización Laboral que sancionó el gobierno nacional, "generan un impacto positivo en la rentabilidad de los productores ganaderos dedicados al engorde"."En la aplicación del artículo n° 193 de la mencionada ley, los productores pueden definir valuar su stock de invernada utilizando el costo estimativo por revaluación anual. Para el cálculo de la valuación de las vaquillonas y de los novillos, el productor podrá usar los índices de relación contenidos en las tablas anexas a la ley 23.079. Esto es: para todas las vaquillonas, el correspondiente a vaquillona de uno a dos años y para todos los novillos, el de novillo de uno a dos años, de acuerdo con la categoría de que se trate", explicó."Este cambio en la modalidad de valuación reduce la carga tributaria por la mera tenencia, esto es mientras se engorda el animal, disminuyendo la valuación con respecto a los valores de plaza, generando un diferimiento del gravamen al momento de la venta efectiva del animal gordo", remarcó.
El expresidente de Bolivia e histórico referente del Movimiento al Socialismo (MAS) explicó qué hay detrás de los levantamientos sociales contra el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira. En una entrevista exclusiva con Víctor Hugo Morales, lanzó críticas a la derecha y advirtió que hay en marcha un plan de persecución a líderes progresistas.
El impuesto sobre los ingresos brutos es el más tóxico de todos los tributos. Tiene un efecto devastador porque se aplica en cada una de las etapas del proceso productivo y se va repotenciando en el precio final. El consumidor paga más de tres veces la alícuota original, se va trasladando a precio incluso con el mismo impuesto. Afecta los costos de las empresas y la competitividad. Incide negativamente en las exportaciones porque se exporta el impuesto contenido en cada uno de los procesos que tiene el insumo que sale al exterior. No mide capacidad económica y hay que pagarlo aunque se venda a pérdida.Por todo eso, debería ser el primero de los impuestos que habría que eliminar o reformular.Lo recaudan 24 jurisdicciones, con distintas alícuotas y diferentes tratamientos, lo cual aumenta su complejidad. Justamente uno de los problemas actuales es la gran cantidad de regímenes de recaudación provinciales aplicables que van generando saldos a favor, porque se obliga al contribuyente a pagar por adelantado, antes de que se genere la obligación tributaria. De ese modo, las provincias se financian a tasa 0 y los contribuyentes se quedan con saldos a favor de muy difícil recupero, porque se les impone una normativa burocrática llena de laberintos para que puedan hacerse de ese dinero que les vendría muy bien como capital de trabajo. Además, existe un sistema de recaudación (Sircreb), que es perverso, por cuanto obliga a pagar el tributo con cada acreditación bancaria, con lo cual se obliga a las empresas a realizar un pago a cuenta antes de que se generen las ventas.El de ingresos brutos debería ser el primero de los impuestos que habría que eliminar o reformularEntre las jurisdicciones que más cobran por este impuesto, se ubica en primer lugar la provincia de Buenos Aires, que recauda casi la mitad de todo el impuesto sobre los ingresos brutos a nivel país. Le siguen Misiones, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán.Su reformulación o eliminación no es sencilla, dado que el impuesto sobre los ingresos brutos recauda cerca del 4% del PBI y, como se señaló, las provincias se financian anticipadamente a través de su recaudación.El Estado Nacional ya tomó conciencia de que se debe lograr una economía más competitiva y eliminó numerosos impuestos nacionales, pero no puede modificar las legislaciones provinciales y municipales ni la potestad de provincias y municipios de cobrar tributos. Son los contribuyentes adquirentes quienes deberían exigir que los tributos sean informados en los comprobantes para que todos tomen conciencia de la incidencia que tienen los impuestos -entre ellos, ingresos brutos- en el precio de los productos. El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que obliga a informar en los tickets el impuesto al valor agregado y los demás impuestos indirectos que inciden en los precios, representa una oportunidad en ese sentido, pero lamentablemente son muy pocas las provincias que hasta el momento adhirieron a él: Chubut, Entre Ríos, Mendoza y CABA.No hay dudas de que Ingresos Brutos es el peor de todos los impuestos, ya que afecta la actividad económica y la competitividad de nuestros productos. Es necesario contemplar su reformulación para salir adelante como país. En lo inmediato, es imprescindible eliminar los regímenes de recaudación anticipada que aplican las provincias antes de que se genere la obligación de tributar, para evitar la acumulación de enormes saldos a favor de muy difícil recupero, que ilegítimamente quitan capital de trabajo a las empresas.
"Trigo hoy tiene la retención más baja, tiene un 7,5%", indicó la economista, Antonella Semadeni, que luego agregó que eliminar las retenciones "sería un 0,05% del PBI, son 350 millones de dólares, es muy poquito". Leer más
El Gobierno se tomó una pausa respecto de la regla autoimpuesta de recortar el gasto en la misma proporción en lo que lo hacen los ingresos.
El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional registró en abril un superávit financiero de 268.103 millones de pesos, tras un resultado primario de 632.844 millones de pesos y pagos de deuda por 364.741 millones pesos. Con este dato, la administración de Javier Milei acumuló en el primer cuatrimestre un saldo positivo equivalente al 0,2 por ciento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, sectores de la oposición y analistas económicos cuestionan la sostenibilidad del indicador: señalan que el superávit se sostiene sobre la postergación de pagos y la licuación de partidas presupuestarias.
La Audiencia Nacional absolvió a la cantante de las acusaciones y ordenó al Estado reintegrarle más de 60 millones de dólares. Leer más
La notificación mediante el buzón SOL se considera formalmente válida, pero el Tribunal Constitucional advierte que no basta si el contribuyente no recibe la información por causas ajenas
El fiscal federal Ramiro González pidió hoy que el Gobierno le entregue el expediene completo de una licitación "para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno".Se trata de una medida previa a decidir si debe abrirse una investigación penal. El fiscal escribió: "Dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo". La denuncia que dio origen a este expediente la presentó la diputada nacional Marcela Pagano contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Es por los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pagano llegó al Congreso de la mano de La Libertad Avanza, pero hoy se distanción del bloque oficialista. La Licitación Pública cuestionada es la N° 23-0005-LPU26, convocada por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.Según relató el fiscal González en su resolución, "se cuestiona que en dicho procedimiento se habrían presentado como oferentes las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA, pese a que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia mediante dictamen IF- 2024-105621660-APN-CNDC#MEC, concluyó que ambas integran un mismo grupo económico, circunstancia que, según se sostiene, generaría una apariencia ficticia de competencia en el marco de la licitación".Fuentes de los tribunales informaron a LA NACION que tras recibir y analizar la documentación de esta licitación, la fiscalía decidirá si corresponde impulsar una causa penal.
El comunicado de la Misión Especial identificó la necesidad de una transición ordenada, la aplicación de criterios transparentes y respuestas efectivas a las inquietudes sobre el uso del sistema penal y la protección de derechos
El anuncio de la liquidación representa un cambio en la persecución penal, ya que las investigaciones sobre corrupción en el Estado serán reasignadas y quedarán sujetas al análisis de nuevas autoridades
La Agencia Tributaria logró demostrar que gran parte de las actividades personales, familiares y profesionales de Shakira giraban alrededor de Barcelona gracias a un exhaustivo rastreo de movimientos y gastos
Las autoridades españolas no pudieron acreditar que la cantante viviera 183 días al año en el país, tal como marca la ley, para que deba tributar allí.Antes, había admitido un fraude por otro período fiscal.
MADRID.- La justicia española ordenó al Ministerio de Hacienda que le devuelva a Shakira más de 55 millones de euros (equivalentes a más de US$64.000.000), tras anular una sanción correspondiente al ejercicio de 2011, según un documento judicial consultado este lunes por la agencia AFP.El tribunal de la Audiencia Nacional, la jurisdicción especializada en asuntos financieros complejos, ordenó a mediados de abril "la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas como consecuencia de la misma, más los intereses legales", respecto al ejercicio de 2011.La cantante tuvo varios enfrentamientos con Hacienda en España y otros casos fiscales en los que se vio implicada se resolvieron en 2024. El centro de estos conflictos tiene que ver con la residencia fiscal de la artista, que en 2011 inició una relación con el entonces jugador del Barcelona, Gerard Piqué, que en aquella época no dejaba de mudarse por todo el mundo debido a su carrera.Shakira siempre afirmó que se estableció de manera permanente en Barcelona a finales de 2014, antes de trasladar en 2015 su residencia fiscal de Bahamas a España, justo antes del nacimiento de su segundo hijo. Sin embargo, la Justicia alegaba que la artista pasó más de la mitad de ese tiempo en España y, por lo tanto, debía haber pagado impuestos por sus ingresos globales en el país. Las tasas son mucho más bajas en Bahamas que en España.Para que una persona sea considerada residente fiscal en España, debe pasar más de 183 días en el país. Las autoridades españolas sólo pudieron acreditar que Shakira vivió en territorio español ese año un total de 163 días, señaló el tribunal.La nueva sentencia aún puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional y no afecta a los ejercicios fiscales posteriores a 2011.Acuerdo previoEn noviembre de 2023, Shakira había llegado a un acuerdo con la fiscalía para evitar los tres años de prisión y un juicio en Barcelona por los cargos de no haber pagado 14,5 millones de euros en concepto de impuesto sobre â??la renta en España entre 2012 â??y 2014. Como parte del pacto, aceptó los cargos y una multa de la mitad de la cantidad adeudada, en total más de 7,3 millones de euros.El juicio original habría incluido más de 100 testigos y durado varias semanas, pero finalmente se resolvió en apenas ocho minutos. Shakira le dijo al juez que presidía el caso, José Manuel del Amo, que aceptaba el acuerdo alcanzado con la fiscalía. Respondió "sí" al confirmar que reconocía los seis cargos por no pagar impuestos al fisco español (unos 15,8 millones de dólares)."Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan; o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante", indicó la cantante colombiana citada en un comunicado difundido por sus abogados.En ese sentido, agregó que sus propios hijos le pidieron que llegara a un pacto, por lo que apostó por centrarse en lo más "importante de su vida" y evitarles el "desgaste" que supone ver a su madre en un juicio.Con información de AFP y Reuters
La iniciativa contempla un análisis detallado de casos en los que periodistas, operadores judiciales y defensores de derechos humanos reportan hostigamientos sufridos durante la gestión previa y buscará identificar posibles anomalías durante ese periodo
Un estudio privado precisó que 0,17 del 0,5% del PBI de saldo favorable fue por aumento de deuda flotante, mora en reintegros y devoluciones, rentas de inversión y privatizaciones
Carlos Stornelli había propuesto citar al presidente de la AFA como testigo, en el marco de la causa donde se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Tras la desestimación del juez, la querella insistirá para que se revea la decisión
La primera comparecencia pública de la nueva administración permitió un acceso pleno a los medios de comunicación, donde se anunciaron reestructuraciones internas y medidas inmediatas para fortalecer la confianza institucional y la rendición de cuentas
La fiscal Idamis Pastor señala un posible conflicto familiar como primera línea de investigación en la masacre de 10 personas en Tehuitzingo, Puebla
El titular del Ministerio Público de Guatemala se pronunció en favor de erradicar privilegios y discriminación. Su intervención apunta a la transparencia institucional y a fortalecer la confianza colectiva del país
El nuevo ajuste que el gobierno de Javier Milei ejecutó esta semana a través de la Decisión Administrativa 20/2026 en Boletín Oficial tuvo muchos perdedores y unos pocos ganadores que sortearon la motosierra aplicada para sostener el superávit fiscal, corazón del plan económico libertario. La baja del gasto que devino de la medida que vio la luz el lunes representó 1,6% del Presupuesto.En la Casa Rosada alegaban que todo se debió a un compromiso de Milei con el ajuste y con mantener las cuentas fiscales en orden, y no con un movimiento devenido de la caída en la recaudación, del impacto del primer trimestre inflacionario o de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI)."El Fondo pide un ajuste y le damos el doble", se jactaba uno de los funcionarios de la Casa Rosada esta semana sobre la publicación que llevó estampadas la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo, cerebro intelectual del recorte que tocó partidas sensibles, como la de tratamientos contra el cáncer o la de acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas.Los ganadores Entre las carteras nacionales, la única ganadora de la redistribución de fondos que hizo el gobierno de Javier Milei fue el Ministerio de Justicia, con Juan Mahiques a la cabeza, que recibió una modificación positiva de $65.500 millones para su área.Sin embargo, no todas las partidas de ese ministerio quedaron en verde. En base al Boletín Oficial, dentro de las que bajaron están, por ejemplo, la Unidad de Información Financiera, con -$713.640.000. Asimismo, el Gobierno decidió reducir los fondos para la promoción y defensa de los derechos humanos tanto a nivel local (-$5.262.704.502) como a nivel internacional (-$18.400.000).Según el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), que analizó la decisión publicada, la variación porcentual de fondos que recibió el Ministerio de Justicia respecto al crédito que tenía anteriormente fue de +16,9%.Más allá del Ministerio de Justicia, por fuera del Gobierno hubo otro beneficiado por la decisión de la Casa Rosada, vinculado al mismo rubro. Es que el Gobierno elevó los fondos que se giran al Poder Judicial, aunque la repartición no tocó a todos los fueros. En total, recibió $65.500 millones, con una variación de +3,1% según ASAP.Solo para actividades centrales, la Casa Rosada volcó $115.194.890.154 al Poder Judicial; mientras que a la Justicia de Máxima Instancia (es decir, a la Corte Suprema) se enviaron otros $22.000.000.000. En una época de alta judicialización de la política, el máximo tribunal recibirá buena parte de esas causas. Ya de momento, por ejemplo, debe fallar respecto de la ley de financiamiento universitario.El resto de los fueros (como la Justicia federal o la Casación) sufrieron achiques. Por el contrario, se vio beneficiado también el Consejo de la Magistratura, para gastos en personal, en $43.500.000. Tanto la Corte como el Consejo de la Magistratura lo tienen a Horacio Rosatti al mando. El Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, con la Corte y el Consejo, fueron las jurisdicciones que quedaron en verde. En la Casa Rosada, el resto de los ministerios pasaron por la motosierra. Al de Capital Humano, de Sandra Pettovello, le bajaron los giros en $4322 millones, pero en términos porcentuales la variación quedó en 0% de acuerdo a ASAP. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dentro de esa cartera, fue reforzada con fondos, en parte para afrontar un plan de retiros voluntarios. Los perdedoresDel otro lado, las Obligaciones a Cargo del Tesoro fueron (en términos de fondos) las más afectadas por el ajuste, con -$1.470.533 millones. Eso representó una variación de -11,7%.Dentro de esta jurisdicción hay partidas recortadas como la administración gubernamental, los servicios sociales, los servicios económicos, y la asistencia financiera a empresas públicas y otros entes dependientes de distintas secretarías, como la de Comunicación y Prensa, la de Educación, la de Energía y la de Obras Públicas.Le siguió dentro de los más perjudicados, siempre a nivel fondos, el Ministerio de Economía, con un recorte de -$521.939 millones, que derivaron en una variación de -6%, de acuerdo a los cálculos de ASAP, que tomó tanto al ministerio en sí como a los organismos y entidades que le corresponden. Dentro de Economía por ejemplo el subprograma de Coordinación Fiscal con las Provincias se redujo $322.745.345.624, el rubro Infraestructura bajó $28.331.857.300 y la Comisión Nacional de Energía Atómica se achicó $19.742.764.636. Se vieron tocados, también a la baja, los subsidios a la oferta y la demanda de hidrocarburos, como además distintas obras en las provincias, entre otras partidas.No obstante, en términos porcentuales el Ministerio del Interior fue el más afectado por la motosierra, ya que tocó -38,4% respecto del crédito vigente anterior. Esta cartera es clave a nivel político por la negociación con los gobernadores que lleva adelante Diego Santilli, sobre todo con el fin de conseguir votos para las distintas iniciativas oficialistas en el Congreso. En términos de fondos, a Interior le retacearon $320.671 millones.Más allá de que a Santilli le aumentaron los giros para la administración central del ministerio, el recorte en el programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional fue de los más agresivos, con -$320.711.008.980.
El Ministerio de Hacienda realizó una colocación de bonos TES por $6 billones en el mercado local con rendimientos elevados, en un contexto de mayor percepción de riesgo por parte de los inversionistas. Analistas atribuyen este comportamiento al incremento en el costo de financiamiento del Gobierno y a las condiciones actuales de las finanzas públicas, mientras se mantiene la atención sobre el nivel de endeudamiento y el déficit fiscal del país
La política económica implementada desde noviembre de 2023 ha permitido una significativa disminución del gasto primario y la consolidación del superávit primario, aunque persisten desafíos en el pago del capital de la deuda pública
Es un fenómeno sorprendente, pues ahora hasta el peronismo ha tomado nota de que la población desea mantener el valor de la moneda y dejar atrás la inflación. No es para menos. La evidencia de los últimos años es contundente. En 2019, al día siguiente de que Alberto Fernández ganara las PASO con el 47,78% frente al 31,79% de Mauricio Macri, el S&P Merval cayó el 37,9% en pesos y el 48% en dólares, mientras los ADRs argentinos se derrumbaron hasta el 59%. En 2025, cuando Fuerza Patria ganó ampliamente las elecciones de la provincia de Buenos Aires, los bonos cayeron hasta el 9% y se disparó el riesgo país. Por contraste, cuando La Libertad Avanza (LLA) revirtió el resultado en las legislativas nacionales de octubre, los activos argentinos se recuperaron con fuerza. Esa experiencia fue tan traumática que aún se refleja en el índice de riesgo país, penúltimo de América Latina, solo superior a Venezuela, pues el temor de que se repita en 2027 es difícil de superar.Para recuperar a su electorado y aventar su mala imagen, el denominado "peronismo federal" se reunió el pasado 1° de mayo bajo la consigna "Primero las Ideas" y elaboró un documento que afirma, como primer punto, que "sin orden macroeconómico no hay desarrollo sostenible para el país". Dejando a salvo que se trata de una "condición necesaria pero no suficiente". En esa salvedad quedó el huevo de la misma serpiente que, desde 1946, envenenó a nuestro país cuando se estatizó el Banco Central.Ahora que la inflación ha descendido desde el 211% en 2023 al 30%, algunos creen que basta con mantener las cuentas públicas en orden, como si fuera una simple cuestión de gestión económica, similar a bajar la tasa de interés, subir aranceles o subsidiar la energía. Y no es así. Desde 1900 la Argentina tuvo déficit fiscal en 113 de los últimos 126 años sufriendo 22 crisis económicas que forzaron nueve defaults (incluyendo el mayor del mundo en 2001) y siempre por causas fiscales. Un argentino de 56 años vivió cinco crisis estructurales con disrupciones institucionales: 1975, 1982, 1989, 1990, 2001. Y tres coyunturales profundas en 1995, 2009 y 2018. Desde 1956 hubo 24 acuerdos con el FMI y todos fueron repudiados por implicar ajustes del gasto estatal. Como consecuencia, desde 1970 se quitaron 13 ceros al peso y se sufrieron dos hiperinflaciones cuyas heridas todavía duelen. Por eso, la Argentina carece de moneda como medida de valor y para ahorro de las familias. Vive al borde de otra crisis.El gasto público no solo refleja las prioridades de una sociedad para atender necesidades colectivas, sino que también es campo de batalla por obtener empleos, contratos, subsidios u otros ingresos por fuera del mercado y a través de decisiones políticas. El prontuario de desatinos enumerado arriba es un síntoma grave de un problema profundo, consolidado por un sistema de ideas y creencias de nuestro ser nacional. Si nunca pudo ser corregido en años, se trata de una cuestión estructural que modela la distribución del ingreso de los argentinos, sus trabajos, sus quehaceres grandes y sus desvelos pequeños. Cualquier intento de austeridad implica alteraciones tan profundas de los devenires cotidianos y la afectación de intereses tan arraigados, que es imposible el éxito sin superar rechazos y abucheos.Para evitarlos, los programas de estabilización nunca redujeron de verdad las causas de los gastos, sino que congelaron gastos corrientes (como salarios y jubilaciones) y se focalizaron en aumentar ingresos para cubrir los déficits. Las huellas de esos malabares fiscales se reflejan en la estructura impositiva distorsionada que caracteriza a nuestro país, con retenciones al campo, los impuestos al cheque, a los bienes personales e ingresos brutos y las múltiples tasas municipales que traban la producción. En 2023 la presión fiscal de la Argentina era del 27,9% del PBI sobre quienes tributaban, por la enorme evasión del resto y a pesar de eso, el déficit alcanzó casi el 3% del PBI. En 2025 se redujo a 21,9%, la más baja en 19 años, con equilibrio fiscal. Aun así, las industrias sufren ese "costo argentino" que les impide tener una "cancha nivelada" para competir con las importaciones. Para protegerlas, se adoptó un modelo de economía cerrada con elevados costos unitarios (incluyendo la presión fiscal) e incapaz de generar divisas, que muestra sus falencias al momento de integrarse al mundo. Por ello, el equilibrio fiscal debe acompañarse de reformas estructurales (función del ministro de Desregulación, Federico Sturzenneger) para que la competitividad productiva pueda sostenerlo de forma genuina y creciente.Es la primera vez que la Argentina encara a fondo su mayor dolencia, pues es la primera vez que un economista ha sido ungido presidente. En el pasado, muchos buenos consejos del Palacio de Hacienda fueron desoídos por la Casa Rosada para no torcer antiguas consignas o desilusionar a bases históricas. Ahora la decisión de equilibrar las cuentas proviene de quien ejerce la primera magistratura y no es solo una carpeta con buenas intenciones. El "Diario de una temporada en el Quinto Piso" (Juan Carlos Torre, 2022) con las desventuras del equipo económico que diseñó el Plan Austral es ilustrativo. Impedido de reducir el gasto estatal, privatizar empresas y realizar reformas por la vieja guardia radical, Juan Sourrouille se sentía aislado e impotente. Raúl Alfonsín lo apoyaba en privado, pero carecía de convicciones para contener los desbordes del ala política que espiralizaron la carrera de precios y salarios. Y al final, debió renunciar.Todas las partidas del presupuesto reflejan finalidades plausibles y por algo fueron votadas por mayorías legislativas. La educación, la salud, la justicia, la seguridad como acápites mayores y una multiplicidad de necesidades específicas, cuya satisfacción es siempre prioritaria. "Por cada necesidad, un derecho", aun sin financiación. Las discapacidades, la tercera edad, los subsidios tarifarios, los trenes y los colectivos, la investigación científica, las universidades, el cine, los medios públicos y, por supuesto, la infraestructura insuficiente por todo el país. Cualquier recorte en una partida repercute en otra, como la sábana corta. Pero detrás de esos fines encomiables, hay costos redundantes y capas geológicas que se resisten, más allá de la corrupción que sustrae fondos masivos a los bolsillos familiares.La estabilidad está de moda, pero el costo de lograrla, no lo está. Las marchas, las cautelares, los cortes de rutas, las pancartas, los reclamos individuales y las quejas colectivas, todos tienen su razón y todos tocan el corazón. Por ello, su costo nunca fue asumido de forma explícita antes de 2024 y fue transferido, con disimulo inflacionario, a sectores vulnerables que cayeron en la pobreza.Detener la inflación y recuperar la existencia misma de moneda es condición previa e indispensable para que el país funcione, las empresas inviertan, demanden personal, paguen impuestos y hagan aportes jubilatorios. Nada puede hacer el Estado que comprometa sus finanzas para acelerar ese círculo virtuoso, pues si lo hiciera, giraría al instante en sentido contrario. Mucho puede hacer, en cambio, para generar confianza evitando ruidos internos y exhibiendo la ejemplaridad de sus funcionarios.Reformulando el fraseo peronista, la estabilidad fiscal es condición necesaria, pero no suficiente pues para que el país crezca y pueda sufragar sus aspiraciones, debe acompañarse de reformas estructurales que aumenten la productividad, cambiando los incentivos. Es indispensable que las iniciativas se conformen a las señales del mercado y lleguen las inversiones que han sido remisas a visitarnos para no estar expuestas a "pagar el pato" de nuestros desquicios fiscales con devaluaciones, confiscaciones u otras burlas populistas a la seguridad jurídica.
Se trata del fiscal Álvaro Castañeda, quien habría aceptado redactar la denuncia contra los jueces que otorgaron una medida cautelar a la anterior JNJ. Esta denuncia habría sido de interés de la exfiscal de la Nación
El 2 de enero entró en vigencia la ley 27.799, conocida como "inocencia fiscal", una reforma que modificó de manera profunda el régimen penal tributario argentino. La norma elevó significativamente los montos mínimos para considerar configurados los delitos de evasión y priorizó el recupero administrativo de impuestos por sobre la persecución penal.A cuatro meses de su promulgación, el impacto ya comenzó a reflejarse en los tribunales federales y en el fuero Penal Económico. Según datos oficiales recientemente difundidos por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso de la Nación, 5445 de las 6750 causas penales tributarias en trámite quedaron alcanzadas por la aplicación del principio de ley penal más benigna.La reforma introdujo cambios relevantes en distintos aspectos del régimen penal tributario, entre los que se destacan los aumentos significativos en los umbrales de punibilidad, donde por poner un solo ejemplo, la evasión simple pasó de $1,5 millones a $100 millones y su versión agravada subió de $15 millones a $1000 millones. En otras palabras, conductas que hasta diciembre podían derivar en procesos penales, hoy quedaron fuera del sistema criminal y pasaron al ámbito administrativo.La ley también amplió los mecanismos para extinguir la acción penal mediante el pago de la deuda tributaria. Por un lado, si ARCA detecta una deuda y el contribuyente la cancela íntegramente (capital e intereses) antes de la denuncia penal, el organismo deberá abstenerse de denunciarlo por ese hecho. La norma aclara que este beneficio solo puede utilizarse una vez. Por otro lado, con el proceso penal ya iniciado, el imputado dispone ahora de un plazo de 30 días hábiles desde la declaración indagatoria para cancelar la deuda, más un adicional del 50%, y así extinguir la acción penal.El cambio de enfoque resulta incontrastable, toda vez que la reforma reservó el derecho penal para maniobras de gran magnitud económica y desplazó fuera de la órbita criminal una enorme cantidad de expedientes iniciados por montos relativamente bajos.Hasta la sanción de esta ley, existían investigaciones penales por cifras que hoy resultan insignificantes frente a los nuevos umbrales. En algunos casos, incluso, los montos involucrados eran inferiores al valor de un teléfono celular o a los costos mínimos que implica sostener un proceso judicial.Ese nuevo criterio quedó reforzado pocos días después mediante la Instrucción General Nº 1/2026 de ARCA, dictada el 15 de enero, que ordenó aplicar el principio de ley penal más benigna -previsto en el artículo 2 del Código Penal- en todas aquellas investigaciones tributarias, aduaneras y previsionales cuyos montos hayan quedado por debajo de las nuevas condiciones objetivas de punibilidad.La instrucción se apoyó, además, en criterios históricos del propio organismo recaudador orientados a evitar litigios antieconómicos o carentes de viabilidad práctica. Sin embargo, en esta oportunidad el efecto es mucho más profundo porque impacta directamente sobre miles de causas penales en trámite.El reciente Informe de Gestión Nº 145 del jefe de Gabinete ante el Congreso de la Nación confirmó la magnitud de ese fenómeno al indicar que la reforma "impacta sobre 6750 causas" y que un total de 5445 expedientes -equivalentes al 81% del universo relevado- no superarían los nuevos montos exigidos por la ley. En consecuencia, quedarían en trámite unas 1305 causas iniciadas por el organismo recaudador.La aplicación retroactiva de la ley penal más benigna encuentra respaldo en una consolidada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, plasmada en los precedentes "Cristalux" (Fallos: 329:1053), "Palero" (Fallos: 330:4544), aunque especialmente en "Vidal" (Fallos: 344:3156) y "Caravetta" (Fallos: 346:407), donde el Máximo Tribunal ratificó que las modificaciones legales favorables al imputado deben aplicarse incluso a hechos anteriores a la reforma, como la actualización de los montos que operan como condición objetiva de punibilidad.Este marcado descenso de causas penales ya había comenzado a advertirse desde la sanción de la ley. En efecto, en marzo pasado, a partir de un pedido de acceso a la información pública, se conoció que ARCA estimaba inicialmente en 4199 las causas por evasión simple y agravada que podrían quedar fuera del régimen penal por no alcanzar los nuevos umbrales económicos. Sin embargo, creemos que la discusión de fondo excede el mero dato estadístico, a pesar de la contundencia que reflejan esos números.La ley de inocencia fiscal no implica la desaparición del régimen penal tributario ni supone que evadir impuestos haya dejado de ser delito a pesar de que en algunas comunicaciones oficiales se llegó a afirmar que "evadir ya no va a ser un delito penal". Creemos que esa expresión, si bien entusiasta -por los fines perseguidos-, resulta técnicamente inexacta. El régimen penal tributario continúa plenamente vigente, pues lo que cambió fue el criterio político-criminal respecto de cuándo el Estado considera necesaria la intervención del sistema penal.El espíritu que guía la reforma parece orientarse a concentrar la persecución penal en casos de gran escala y trasladar al ámbito administrativo el recupero de deudas tributarias de menor cuantía. Desde esa perspectiva, la discusión ya no pasa únicamente por castigar desde el derecho penal (ultima ratio), sino también por determinar cuál es el mecanismo más eficiente para recuperar recursos fiscales.En otras palabras, la despenalización de numerosos casos no implica necesariamente impunidad; sino que, por el contrario, el objetivo declarado consiste en que las deudas tributarias puedan ser reclamadas y percibidas con mayor eficacia por los organismos especializados del Estado.El debate inevitablemente nos recuerda las discusiones que surgieron en 1990 con la sanción del primer Régimen Penal Tributario y Previsional (ley 23.771), donde juristas de la talla de Francisco D'Albora, Miguel Ángel Almeyra, Héctor Guillermo Vidal Albarracín y Daniel Pablo Carrera cuestionaron severamente la criminalización de conductas que hasta entonces eran tratadas como infracciones administrativas (quien desee conocer en mayor detalle el contexto de estas -y otras- discusiones en torno a la criminalización de los delitos fiscales, las encontrará relatadas en la tesis doctoral Fraude Fiscal. Un estudio histórico, comparado, de derecho penal, tributario, económico y sociológico (Mariano H. Borinsky, Editorial Didot, 2013). Treinta y cinco años después, muchas de aquellas discusiones vuelven a ocupar el centro del debate jurídico y político.La ley de inocencia fiscal marca probablemente el cambio más profundo del régimen penal tributario argentino en las últimas décadas, pues la decisión de reservar la persecución penal para casos de gran magnitud económica modificó no solo los montos de punibilidad, sino también el razonamiento mismo con el que el Estado enfrenta la evasión fiscal.De todos modos el verdadero examen recién comienza porque la discusión ahora dejó de centrarse en cuántos expedientes penales se cierran, para dar paso a una pregunta mucho más pragmática, esto es, si el nuevo modelo logrará efectivamente mejorar la recaudación y aumentar la eficiencia estatal sin resignar capacidad de control frente al fraude fiscal.Borinsky es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor en Derecho Penal (UBA), profesor adjunto regular (UBA y UTDT) y director de posgrado en Derecho Penal Tributario (UBA); Rizza, secretario de la Cámara Federal de Casación Penal, abogado (UBA), magíster en Derecho Penal (Universidad Austral) y profesor invitado en Legislación Penal Especial (Iupfa)
La organización emitió un comunicado donde advierte que la administración de Consuelo Porras habría debilitado las unidades especializadas, lo que resultó en menor efectividad en la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país
Las estadísticas muestran un elevado nivel de resoluciones en causas atendidas, incremento en investigaciones científicas y mejora en la percepción de los usuarios acerca del servicio, conforme a datos presentados en el informe anual
El gobernador envió un proyecto que apunta a fomentar la inversión en el sector. Entre los requisitos para acceder, deberán garantizar mano de obra local.
La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, funcionario del Gobierno y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito que se inició este jueves e impulsa el fiscal Guillermo Marijuan. La medida la dispuso el juez Sebastián Casanello, que subroga por estos días el juzgado federal 6, en el que está radicada la causa. Fue en respuesta a un pedido incluido en la primera serie de medidas de prueba del fiscal, que tiene a su cargo la investigación. Ayer, Marijuan envió oficios a distintas agencias del Estado solicitando datos bancarios, impositivos y societarios de Francisco Adorni. Pero el levantamiento del secreto solo puede ser ordenado por un juez.Al Banco de la Provincia de Buenos Aires, le pidió información puntual sobre un crédito de 60 millones de pesos que Adorni tomó y habría pagado en 2025, según la denuncia, presentada esta semana por la diputada Marcela Pagano, que integra un monobloque en la Cámara baja.En el escrito, Pagano contrasta las delcaraciones juradas de los dos años en que Francisco Adorni fue funcionario. Señala que en febrero de 2024 el funcionario declaró el 50% de una casa en City Bell, valuada en $38.790.000, y el 50% de una Chery Tiggo 2017, valuado en $5.000.000. Adorni también informó bienes, depósitos y dinero por $43.790.000 y ninguna deuda.En su declaración jurada anual, correspondiente a 2025, el funcionario habría declarado un patrimonio neto de alrededor de $80.500.000. El aumento, marca la diputada, se explicaría a partir de dos movimientos: la incorporación del 50% de una Jeep Renegade 2020, valuada en $8.000.000, y la cancelación en doce meses de un crédito hipotecario del Banco Provincia por aproximadamente $60.000.000, sobre el que puso un ojo el fiscal Marijuan. "La investigación en autos tendrá por objeto la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni, que habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito Ejecutivo nacional, esto es, desde el mes de diciembre de 2023â?³, dice el dictamen de Marijuan.El fiscal también solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información fiscal de los últimos 6 años, y a la Inspección General de Justicia (IGJ), que remita información societaria del funcionario, en caso de existir alguna. Durante el gobierno libertario, el hermano del jefe de Gabinete fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, en junio de 2025, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), un organismo que depende del Ministerio de Defensa y administra y paga el sistema de retiros y pensiones del personal militar.
La mandataria nacional dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que desconocía sobre el caso, pero que pediría que se informara
El organismo que nuclea a integrantes del Ministerio Público expresó su desaprobación ante declaraciones ofensivas de un abogado defensor
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El informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana evidenció que el apoyo del Congreso a las reformas fiscales del Gobierno pasó de mayorías sólidas a un respaldo cada vez más débil, en paralelo con el deterioro de las cuentas públicas
El relato de una madre como testigo de la tercera denuncia fue clave para la decisión de la fiscal de Primer Turno de Villa Carlos Paz, Florencia Caminos Garay, de formular de oficio una cuarta denuncia por presuntos abusos sexuales contra menores en el Jardín del Niño Dios. Leer más
Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, destacó que la reglamentación de la llamada "Ley del Ticket" permitirá a los consumidores conocer cuánto pagan realmente en impuestos nacionales, provinciales y municipales. Leer más
El juicio contra el exsenador por presuntas irregularidades relacionadas con su título de abogado avanzará el 20 de mayo, mientras la Fiscalía reasignó el expediente a una nueva delegada especializada contra la corrupción
Tras quedar registrado un exabrupto en plena audiencia, el defensor Juan Manuel Ubeira debió pedir disculpas, pero ratificó su encono personal contra el instructor de la causa. Leer más
Las autoridades presentaron una extensa gama de documentos oficiales, declaraciones de testigos y material audiovisual que avalan la acusación contra la cúpula de la organización criminal entre los años 2012 y 2022
Un nuevo exabrupto tuvo lugar en el juicio de los Cuadernos de las Coimas, que se desarrolla entre la virtualidad y la presencialidad. En la audiencia de este jueves, el tribunal volvió sobre un episodio ocurrido el martes y le llamó la atención a uno de los abogados de los acusados, Juan Manuel Ubeira, quien, con el micrófono de su computadora abierto, había lanzado un insulto al aire. "Hijo de puta", se escuchó en el juicio. Causa Cuadernos: el abogado José Ubeira dejó el microfono abierto e insultó en plena audiencia"No era contra ninguna de las partes que están aquí presentes", se disculpó hoy Ubeira, sentado ya frente a los jueces del tribunal en la sala Auditorium, en los tribunales de Comodoro Py. Su insulto, aclaró, tenía como destinatario al fiscal que instruyó la causa, Carlos Stornelli. "Me estaba interpelando un colega vinculado al tema de que yo había tratado de 'criminal' la instrucción de primera instancia y salió el nombre de Stornelli y dije 'sí, ese hijo de puta'. Eso fue lo que pasó", relató, y añadió: "Generalmente suelo referirme a Stornelli de esa forma, pero nunca en público".Su encono tiene como precedente una causa judicial, ya cerrada. El abogado Ubeira -defensor en otras causas de Cristina Kirchner- acusó al fiscal de haber querido implantarle una cámara oculta, a través del falso abogado Marcelo D'Alessio, causa por la cual el fiscal fue sobreseído en distintas instancias. En el juicio de los Cuadernos, Ubeira y otros defensores tienen como eje de crítica el presunto uso extorsivo que el fiscal Stornelli habría hecho de la ley del arrepentido durante la instrucción. Es un ataque a una de las vigas maestras del caso: empresarios y exfuncionarios aceptaron tener algún grado de participación en el mecanismo de recaudación que está siendo juzgado y que tiene a la expresidenta como presunta jefa. Llamados de atenciónNo es la primera vez que Ubeira sobresale por sus dichos en el juicio. Se había referido a los arrepentidos como "buchones" y el jueves pasado le preguntó a la testigo Candela Ini, con un aire sugerente, si era "señora o señorita", hecho por el cual la fiscal Fabiana León lo criticó. "Falta que le pida el número de teléfono", marcó, enojada. "Tengo 72 años de edad, hace 45 que ejerzo este oficio. Jamás en la vida un juez o una fiscal me llamó la atención en público. No lo voy a empezar a permitir a esta altura de mi vida", contrapuso Ubeira en la última audiencia. Hoy, reprendido por su insulto, no pudo más que pedir disculpas.El del martes tampoco fue el primer episodio que rompió con la solemnidad del proceso. Cuando todavía el juicio se desarrollaba enteramente de manera virtual, una cámara encendida captó al exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, paseando por su casa con el torso desnudo. Una de las situaciones más llamativas se produjo al inicio del juicio. El empresario santafesino Alberto Ángel Padoán (Vicentín), siguió parte de la primera audiencia desde su cama, aunque no fue captado por la transmisión oficial del Poder Judicial."La frase se pudo escuchar en la grabación", marcó este jueves el presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, respecto al insulto de Ubeira. "Corresponde que lo exhorte puntualmente a que se abstenga -le dijo al abogado- de hacer manifestaciones que puedan resultar injuriantes o descalificatorias. Son impertinentes y no tienen que ver con el objeto del juicio."En este proceso, Ubeira defiende al misionero Oscar Thomas, director durante los 12 años del kirchnerismo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Cuando declaró, sostuvo que en los paquetes que le entregaba a Roberto Baratta había yerba."Yo siempre le traía yerba a todo el personal de él, que siempre me atendía bien. Entonces yo traía yerba de Misiones o mi secretaria se la mandaba con mi chofer. A veces le llevaba la bolsa o él pasó alguna vez por mi casa a retirar eso", sostuvo.
Lo dispuso el juez Casanello a pedido del fiscal Marijuan. Francisco Adorni está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Buscan inconsistencias en su patrimonio, luego de que trascendiera que pagó en 12 meses un crédito hipotecario de 60 millones de pesos.
Laura Ojela y Nicolás Petro compartieron un emotivo mensaje tras el doloroso momento que atraviesan, mientras las redes sociales se llenan de reacciones y el contexto de investigaciones judiciales suma tensión a la familia presidencial
Lo decidió sobre Francisco Adorni, diputado provincial, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La resolución, impulsada por la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan, incluye verificaciones sobre bienes y movimientos económicos de Francisco Adorni, actual diputado bonaerense, durante su gestión en un organismo estatal desde diciembre de 2023. El juez también pidió sus declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción
La asociación y el dirigente están procesados con embargos de $350 millones de pesos por presunta retención indebida de aportes impositivos y de la seguridad social
En un encuentro del Cicyp, referentes empresariales destacaron el potencial del país como proveedor global y valoraron el marco de previsibilidad actual. Plantearon la necesidad de avanzar en la reducción impositiva y asegurar la continuidad de las reformas estructurales más allá de 2027
Guillermo Arturo Zuany Portillo ya no estará en el cargo tras las actualizaciones presentadas por la Unidad Especializada
La resolución surgió por una conferencia de prensa donde estuvieron el fiscal Guillermo Gonzálea, la plana mayor de la Policía de Córdoba y el ministro de Seguridad. La denuncia fue realizada por el legislador Gregorio Hernández Maqueda. Leer más
A casi un año de la sanción nacional, solo Entre Ríos, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires reglamentaron la norma que obliga a detallar cargas provinciales y municipales en cada compra
El Departamento de Educación implementó una prórroga que bloquea temporalmente cobros automáticos, brindando a los prestatarios la oportunidad de negociar acuerdos o buscar la rehabilitación de sus créditos antes de la reanudación de sanciones
El economista aseguró que el modelo económico del Gobierno enfrenta crecientes dificultades para mantener el déficit cero sin profundizar el ajuste social y financiero. Leer más
El organismo determinó que los recortes y el presupuesto público deben evaluarse bajo estándares de protección social, y reclamó mayor transparencia sobre el manejo de los recursos públicos. Leer más
El organismo interamericano resalta que el reciente proceso de selección ocurrió en un contexto de denuncias por criminalización, persecución política y uso indebido de herramientas penales contra diversos sectores sociales y políticos
El encuentro, registrado durante el aniversario del Ministerio Público, coincidió con la decisión de dar por concluida la pesquisa contra la fiscal suprema por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias
A casi un año de la sanción del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, solo tres distritos avanzaron con la reglamentación para comenzar a mostrar en tickets y facturas el detalle de impuestos provinciales y municipales incluidos en el precio final de los productos y servicios. Se trata de la Ciudad de Buenos Aires, Chubut y Entre Ríos, mientras que el resto de las jurisdicciones todavía no reglamentó la implementación local o mantiene pendiente su puesta en marcha.Según informó la ONG Lógica, impulsora de la iniciativa, en Entre Ríos los tickets comenzarán a exhibir el impuesto sobre los Ingresos Brutos desde el próximo 5 de julio, mientras que en CABA y Chubut la implementación arrancará el 1° de septiembre.En el caso entrerriano, además, la reglamentación incorporó la posibilidad de discriminar también tasas municipales, primero de manera voluntaria y luego obligatoria. Durante un encuentro realizado este miércoles en el Malba, el gobernador Rogelio Frigerio presentó el primer ticket del país con Ingresos Brutos discriminados bajo el nuevo régimen y destacó las medidas fiscales impulsadas por su provincia.El avance de la implementación fue uno de los principales ejes de la reunión anual de la ONG Lógica, la asociación civil presidida por Matías Olivero Vila dedicada a promover la transparencia tributaria y la conciencia fiscal. En el evento participaron empresarios, gobernadores, funcionarios nacionales y referentes institucionales.Entre otros, estuvieron presentes Martín Berardi, presidente del directorio de Ternium; Federico Braun, presidente de La Anónima; Matías Fernández Díaz, director de Asuntos Públicos de Mercado Libre para Argentina; Enrique Cristofani, empresario y director de Lógica; el subsecretario de Defensa del Consumidor de la Nación, Fernando Blanco Muiño; el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; y el senador bonaerense Diego Valenzuela.Actualmente, ya adhirieron al régimen Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Mendoza y Santa Fe, aunque estas dos últimas todavía tienen pendiente la reglamentación local para que la medida pueda implementarse de manera efectiva. Desde la organización señalaron además que existen otras provincias donde los proyectos avanzan lentamente y cuestionaron la falta de definiciones del resto de los gobernadores.La ley de Transparencia Fiscal al Consumidor obliga a discriminar en tickets y facturas los impuestos incluidos en el precio final que pagan los consumidores. A nivel nacional, el esquema comenzó a implementarse meses atrás con la exhibición del IVA y otros tributos nacionales en comercios de todo el país.Desde Lógica remarcaron que el esquema nacional avanzó con mayor velocidad. Según señalaron, la ley fue reglamentada en menos de seis meses y los impuestos nacionales ya comenzaron a mostrarse en tickets "sin mayores inconvenientes". En cambio, advirtieron sobre la demora en la adhesión y reglamentación provincial.Durante la apertura del encuentro, Olivero Vila sostuvo que la Argentina atraviesa "una oportunidad histórica" para transformar la relación de la sociedad con los impuestos y el gasto público. "La transparencia fiscal es el paso necesario para involucrar a la ciudadanía, para que sea ella la que exija y logre la baja de impuestos, la austeridad en el gasto público y servicios acordes en los tres niveles del Estado", afirmó.El presidente de Lógica también sostuvo que el país enfrenta "una gran oportunidad" para impulsar cambios estructurales y convocó a empresarios, profesionales y ciudadanos a asumir un rol más activo en la discusión fiscal. "Hoy se nos presenta esta inédita oportunidad de involucrarnos como empresarios, profesionales y ciudadanos frente a la prolongada tragedia fiscal que vive la Argentina", señaló.La entidad citó además una encuesta de Poliarquía según la cual el 94% de los ciudadanos quiere saber cuánto del precio final corresponde a impuestos. En ese sentido, desde la organización cuestionaron la demora de varias provincias en avanzar con la reglamentación local del régimen y recordaron que la Constitución Nacional obliga a brindar al consumidor "información adecuada y veraz".
El país cerró marzo con un déficit equivalente al 1.37% del PIB y un gasto público superior a los ingresos corrientes.
El hijo mayor del presidente Gustavo Petro detalló que, durante una audiencia, la fiscal habría expuesto en forma indebida la identidad de su otro hijo
El presidente de ADBlick, José Demicheli, comentó que, "no puedo competir en el mundo con retenciones cuando Brasil no tiene". Leer más