La diligencia fue reprogramada por el Tribunal Superior de Barranquilla, fecha en la que la funcionaria deberá entregar los registros relacionados con los procesos contra Nicolás Petro por presunta financiación irregular de la campaña de 2022
El DFI atrapó a Luis Fernández Albín, quien habría planeado el ataque a la fiscal Mónica Ferrero.El hombre era buscado por la DEA y tenía un pedido de captura internacional con notificación roja de Interpol.Había entrado a la Argentina el 27 de junio.
CÓRDOBA.- El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, Carlos Casas Nóblega, pidió 10 años de prisión para el exsecretario general de Luz y Fuerza-Córdoba Gabriel Suárez y nueve años y medio para el actual titular, Jorge Molina Herrera. Ambos están acusados de encabezar una asociación ilícita dedicada a desviar fondos sindicales, estafar al sindicato y lavar activos entre 2011 y 2019. Después de los alegatos que comenzarán los próximos días, la sentencia llegaría la primera semana de diciembre. Para la Fiscalía, el perjuicio económico rondó los US$220 millones.Para Suárez, además, la Fiscalía pidió ocho años de inhabilitación y multa de $15,6 millones y para Molina Herrera, el mismo plazo de inhabilitación y multa de $67,5 millones. Para Fernando Navarro, quien manejó las arcas del sindicato en el período cuestionado, la pena requerida es de 9 años y 6 meses de prisión, inhabilitación por ocho años y multa de $12,6 millones.Para el resto de los acusados -Daniel Edgardo Lozano, Roque Daniel Tapia, Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván y Yanina Victoria Molina- los pedidos de pena van entre 5 años y seis meses, y tres años.Casas Nóblega, en su alegato, planteó que "existió un desvío intencional de cheques para obtener retornos". Los imputados usaron dineros del Fondo Compensador para jubilados y de la Obra Social, a través de cheques que libraban ellos, emitidos a proveedores verdaderos y ficticios que, con los endosos, perdían la trazabilidad. Eran cobrados en el Banco de Córdoba y el Banco Nación.El Fondo Compensador nació en 1975 cuando la Epec (empresa provincial eléctrica de Córdoba) absorbió personal de lo que era Obras Sanitarias. Entonces se diseñó ese esquema para atender las diferencias remuneratorias entre las jubilaciones de unos y otros. El plan se fue extendiendo en el tiempo y nunca se deshizo, aunque ya no quedan activos exObras Sanitarias. La discusión de que se mantenga el fondo no se dio nunca: se nutre de aportes de los empleados y de la empresa. En 2018, el sindicato dejó de pagar compensaciones a los jubilados aduciendo que no quedaba más dinero.La causa judicial se inició a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que derivó en una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Habían detectado "movimientos financieros sospechosos" desde 2012 por parte de integrantes del Sindicato de Luz y Fuerza. En 2021, la Justicia ordenó el procesamiento.En el caso del lavado de activos, en la causa quedaron bajo la lupa inversiones inmobiliarias, compras de autos y de divisas. Un punto clave de la investigación fue cuando Molina Herrera, en 2012, compró fichas en casinos por $13 millones.Cuando la causa se elevó a juicio, Casas Nóblega equiparó la situación a la del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), intervenido en febrero de 2020. Sus líderes Mauricio Saillén y Pascual Catrambone estuvieron detenidos y están acusados de asociación ilícita y administración fraudulenta.Para la Fiscalía, "los imputados, valiéndose de sus funciones y facultades legales conferidas para administrar y distribuir los saldos del Fondo, habrían desviado dichos fondos hacia diferentes destinos, perjudicando a los jubilados y los pensionados que deberían haber recibido ese dinero".
MADRID.- El Tribunal Supremo de España condenó este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación, una multa de 7200 euros y una indemnización de 10.000 euros por un delito de revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, empresario investigado por fraude fiscal y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La decisión, adoptada por mayoría de cinco votos contra dos, marca la primera condena penal en democracia contra un fiscal general en ejercicio y abre una grieta institucional de gran calado. Las juezas Ana Ferrer y Susana Polo anunciaron votos particulares y Polo, ponente original, había propuesto la absolución.El fallo se hizo público sin que la sentencia estuviera redactada, una medida excepcional y casi inédita en el alto tribunal. Esta anticipación impide conocer por ahora los argumentos con los que los magistrados fundamentan la condena, así como si atribuyen directamente a García Ortiz la filtración del correo electrónico que originó la causa. El Supremo adelantó únicamente el veredicto: condena por revelación de datos reservados y absolución de los demás delitos imputados por algunas acusaciones populares, como prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos.El caso se remonta a marzo de 2024, cuando circuló entre periodistas un correo enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía en el que ofrecía un pacto y admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales. La difusión de ese mensaje ocurrió después de que el diario El Mundo publicara una versión favorable a la narrativa del entorno de Ayuso, según la cual era la Fiscalía la que buscaba un acuerdo con el empresario. La filtración revirtió ese relato y, con ello, transformó un asunto tributario en un enfrentamiento político de alto voltaje.Durante el juicio, celebrado en el Supremo entre el 3 y el 13 de noviembre, declararon 40 testigos, incluidos altos cargos de la Comunidad de Madrid, responsables de Moncloa, periodistas y el propio González Amador. Varios comunicadores afirmaron que habían tenido acceso al correo antes de que lo recibiera el fiscal general y que este nunca se lo envió. Aportaron incluso mensajes que acreditaban conversaciones previas sobre las negociaciones de conformidad del empresario. Aun así, se acogieron al secreto profesional para no revelar sus fuentes. Pese a esas declaraciones, el tribunal consideró que existían indicios suficientes para apreciar un delito de revelación de información reservada por parte de la autoridad.García Ortiz negó siempre cualquier implicación y sostuvo en el juicio que ni él ni su equipo filtraron el documento. "La verdad no se filtra, la verdad se defiende", dijo ante el tribunal. Además, rechazó dimitir mientras avanzaba el proceso, pese a la presión política. La fiscal del caso, María Ángeles Sánchez Conde, también pidió la absolución de su superior jerárquico.La pena impuesta se sitúa en la mitad del rango previsto para el tipo básico del artículo 417.1 del Código Penal â??de uno a tres años de inhabilitaciónâ?? y queda lejos de la solicitada por las acusaciones populares, que pedían entre cuatro y seis años de prisión y hasta doce de inhabilitación. El texto íntegro de la sentencia, que incluirá los votos particulares de las dos magistradas discrepantes, será clave para entender por qué el tribunal optó por una condena pese a la ausencia de pruebas directas.Impacto políticoLa decisión tiene un fuerte impacto y ya sacudió el avispero político. Pedro Sánchez, antagonista de las políticas de Díaz Ayuso, defendió públicamente a García Ortiz en varias ocasiones y aseguró que era "inocente", lo que permitió al PP acusar al presidente de haber "dictado sentencia" antes que los jueces. El PP aseguró que este jueves "la verdad se impuso" y calificó de "histórico" el fallo. Tras conocerse el fallo, voceros populares como Cuca Gamarra, Carmen Fúnez y Cayetana Álvarez de Toledo celebraron la resolución y reclamaron disculpas al jefe del Ejecutivo. Además, Fúnez recordó que Pedro Sánchez "exigió disculpas de todos para el hoy condenado García Ortiz. Pues ahora tendrá que ser él quien pida perdón a los españoles por tanta corrupción". "La degradación es insoportable. España merece otro Gobierno", agregó.Sí, señor Sánchez: el fiscal general tendría que haber dimitido hace mucho.Hoy, quien tiene que pedir perdón es usted, a todos los españoles. Esta es una condena penal al fiscal y una condena moral a Pedro Sánchez. pic.twitter.com/k7hgsiDURk— Cuca Gamarra (@cucagamarra) November 20, 2025"Quien tiene que perseguir los delitos, los ha cometido. La degeneración sanchista es total, pero la ley es igual para todos", declaró Gamarra en un mensaje en la red social 'X'La condena deja sin dirección a la Fiscalía General del Estado en un momento de alta tensión institucional. El relevo deberá producirse una vez se notifique la sentencia definitiva. Mientras tanto, el juicio por fraude fiscal contra González Amador, â??que defraudó presuntamente 350.000 euros durante la pandemiaâ?? sigue su curso y se celebrará próximamente.Agencias AFP, DPA y Reuters y diario El País
La presidenta madrileña celebra que la Justicia haya imperado en España tras conocer el fallo del Tribunal Supremo
Óscar Acuña estaría involucrado en una presunta red criminal que habría manipulado procesos de selección y adjudicación para beneficiar a Frigoinca como proveedora del programa de alimentación escolar
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha comparecido sin preguntas horas después de conocer la condena del Supremo
Los jueces del Tribunal Supremo declaran culpable a Álvaro García Ortiz por la filtración de los correos del novio de Ayuso
El Tribunal Supremo ha impuesto a García Ortiz una multa y dos años de inhabilitación por filtrar el correo donde el novio de Ayuso reconocía fraude fiscal
También le condenan a una multa de 7.200 euros y la decisión se ha tomado con dos votos particulares
Álvaro García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de datos reservados.El funcionario deberá pagar además una multa de 20 euros por día durante 12 meses.
El tema merece atención porque influye directamente en la planificación financiera familiar.
Dos fiscales (Zwei Staatsanwalte, Francia, Alemania, Países Bajos, Letonia, Rumania, Lituania, Ucrania/2025). Dirección y guion: Sergei Loznitsa. Fotografía: Oleg Mutu. Edición: Danielus Kokanauskis. Elenco: Aleksandr Kuznetsov, Alexander Filippenko, Anatoli Beliy, Andris Keiss, Vytautas Kariusonis. Duración: 117 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años con reservas. Nuestra opinión: muy buena. Nacido en Bielorrusia, Sergei Loznitsa creció y se educó en Ucrania y ha sido a lo largo de su ya extensa carrera como cineasta (empezó hace más de 25 años) un obcecado crítico del totalitarismo, especialmente enfocado en las aberrantes manifestaciones de la época de la Unión Soviética. Coproducida por siete países y presentada en la competencia oficial de la última edición del Festival de Cannes, Dos fiscales se desarrolla en la Rusia estalinista de finales de los años 30. Está basada en un relato del escritor y científico disidente Georgy Demidov, preso en el gulag durante catorce años cuando la Segunda Guerra Mundial ensombrecía a Europa y acosado por la burocracia soviética hasta su muerte, producida a finales de los años 80.Con tomas prolongadas, el ritmo rígido y pausado con el que se expresan personajes casi siempre con gesto adusto y un trabajo notable del director de fotografía Oleg Mutu, Loznitsa consigue crear un clima muy especial, por momentos casi hipnótico, reflejo de las paranoias, las persecuciones y la represión que caracterizaron al régimen en los años de Stalin, un dispositivo de control frío y a la vez brutal que de todos modos no era tan nuevo en Rusia, como bien lo atestigua Recuerdos de la casa de los muertos, el gran libro en el que Dostoievski relata su vida como prisionero en Siberia. En ese contexto amenazante -todos parecen tener que esconder algo, todos parecen ser posibles delatores-, un joven abogado, idealista, miembro del Partido Comunista y recientemente nombrado fiscal del Estado, recibe una carta muy especial, escrita con sangre en un pequeño trozo de cartón arrugado: un recluso de una prisión de alta seguridad de Briansk, anciano y gravemente enfermo, denuncia las torturas y asesinatos de veteranos bolcheviques llevadas a cabo por la NKVD, policía secreta y principal organismo de seguridad del Estado soviético entre 1934 y 1946, encargada de las tristemente célebres purgas estalinistas que incluyeron a campesinos, intelectuales, minorías étnicas y opositores políticos. Muchos de esos teóricos enemigos de la URSS eran revolucionarios, pero pagaron con su vida no rendirle pleitesía a Koba (a propósito, el gran libro del británico Martin Amis titulado con este apodo de Stalin es un gran complemento de esta película). El largo monólogo con el que ese preso al borde de la muerte le revela al fiscal cómo funciona el aparato represivo montado por Stalin tiene un gran peso específico por su contenido y su forma, por esa cadencia en la narrativa oral que hemos experimentado también en muchos pasajes de los films de un prócer del cine ruso, Andréi Tarkovski.El poder soviético de esos años oscuros estaba sostenido por el fanatismo y el sálvese quien pueda, todo lo contrario a lo que demanda un proyecto colectivo, la fachada que creó el comunismo realmente existente para justificar sus fechorías. Loznitsa trabaja con mucha inteligencia y creatividad para sostener durante casi dos horas ese ambiente denso que transmite la película, incluso con algunos detalles muy precisos como la utilización de un mismo actor para encarnar al preso político y a un veterano de guerra lisiado y abandonado a su suerte, o un comentario insidioso sobre la virginidad del fiscal que se filtra en la mitad del relato durante un viaje en tren a Moscú y reaparece en el dramático final como un hecho que podría ser fortuito pero al mismo tiempo fomenta la atmósfera conspirativa que domina toda la historia.
La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción abrió dos procesos de responsabilidad fiscal, donde se identificaron posibles daños al patrimonio público por más de $2.000 millones
El ex funcionario debe declarar hoy ante Franco Picardi que afirma que en la Agencia de Discapacidad se direccionaban compras para beneficiar a laboratorios.
Las subvenciones acumuladas a la energía ascendieron a USD 3.183 millones hasta octubre, lo que implica una reducción de 237% respecto al máximo de 2022. Cuánto subieron las tarifas en la era Milei
Funcionarios de la cartera a cargo de Acosta defendieron el paquete económico de LLaryora para el 2026. El oficialismo cuenta con la mayoría para avanzar a paso firme. La oposición lanzó su primera artillería pesada. Centró su fuego en el impacto del "alivio fiscal" y ya habla de "recortes" en programas sencibles. Leer más
"Toda resolución se tiene que cumplir en sus propios términos", aseguró. Sin embargo, insistió que su retorno depende de la Junta Nacional de Justicia, pues debe formalizar la situación de su suspensión
El apoderado del presidente y de su hijo Nicolás Petro aseguró que se estaría tratando de afectar la defensa del jefe de Estado
La diligencia busca recopilar información para el expediente que revisa posibles irregularidades financieras de la campaña presidencial de 2022
Miles de trabajadores del sector justicia siguen sin recibir el ajuste salarial anual, mientras la supuesta falta de decreto del Gobierno nacional genera riesgos fiscales y posibles demandas contra el Estado colombiano
La Sociedad Rural Argentina (SRA) se pronunció en contra de algunos puntos de la Ley Fiscal que buscará llevar adelante el gobierno de Axel Kicillof de cara al presupuesto provincial 2026. Entre otras cuestiones, la entidad, que preside Nicolás Pino, se opone a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo bonaerense intervenga en las valuaciones para el Inmobiliario Rural " sin criterios consensuados". La organización también rechaza que se puedan modificar cuotas y pidió que sean los legisladores quienes actúen y definan las condiciones que tendrá este tributo. "Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestamos nuestra preocupación frente al proyecto de Ley Fiscal enviado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y reclamamos que sean los legisladores provinciales quienes definan con precisión todas las condiciones vinculadas al Impuesto Inmobiliario Rural", señaló.Nueva oportunidad: el megaswap que puede otorgar el campoSegún la SRA, la iniciativa del gobierno provincial "traslada facultades centrales al Ejecutivo". Apuntó que así provoca "un marco de incertidumbre que afecta directamente la previsibilidad que necesitamos quienes producimos en la provincia".Respecto de los artículos objetados, apuntó: "Señalamos que el artículo 133 habilita al Ejecutivo a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados ni una hoja de ruta acordada para el revalúo, que incluya espacios de consulta con las instituciones locales y con la comunidad productiva". Agregó que otro artículo, el 167, "permite modificar las cuotas no vencidas durante el propio ejercicio fiscal, afectando nuestra capacidad de planificación".La entidad señaló que también el esquema de bonificaciones por cumplimiento "mantiene definiciones abiertas, sin porcentajes establecidos por ley". Remarcó: "La ausencia de parámetros claros por parte del gobierno provincial genera un escenario de inseguridad normativa. Por ello, instamos a la Legislatura provincial a asumir plenamente su responsabilidad constitucional, definiendo en la ley los criterios, límites y alcances del tributo y evitando delegar facultades esenciales al Poder Ejecutivo".Hace unos días, en tanto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) fustigó al gobierno provincial por el cobro de un adicional del 25% en el Inmobiliario Rural. Se trata de lo que se conoce como la "quinta cuota" extra a la cuarta que pagan los productores. La entidad criticó que eso se conoce en medio de las inundaciones en la provincia, al margen de que los distritos afectados están bajo la emergencia. El gobierno bonaerense tiene eximidos del Inmobiliario Rural a 19 partidos. Encontrá acá todos los remates ganaderosAyer Carbap calculó que entre inundadas, anegadas y afectadas hay 5,8 millones de hectáreas comprometidas. Agregó que 1,5 millones de hectáreas podrían quedar totalmente improductivas y generar una pérdida de ingresos por US$2000 millones en un momento en que debe avanzar la siembra de soja y de maíz. En este contexto, la SRA se hizo eco del momento por el que atraviesa el agro provincial. "Seguimos advirtiendo que estamos inmersos en el mencionado debate en momentos donde miles de hectáreas están bajo el agua, declaradas en emergencia y desastre agropecuario, y donde el gobierno provincial debería estar proyectando la realización de las obras de infraestructura que permitan prevenir fenómenos climáticos adversos y la baja de impuestos para aliviar la situación", indicó.En cuanto a las obras del Salado, vale recordar que ayer Carbap pidió que haya un compromiso para que para 2030 todo esté terminado. Incluyó en la solicitud pedidos al gobierno provincial y el nacional. En este contexto, la Rural recordó: "Los productores venimos haciendo frente a un alto tributo provocado por la Ley Fiscal aprobada en diciembre de 2023 y prorrogada en diciembre del año pasado con adicionales extraordinarios (5ta cuota). Todo esto nos obliga una vez más reclamar un sistema tributario transparente y plenamente definido por ley, sin sorpresas ni turbulencias, para poder seguir produciendo e invirtiendo en la provincia de Buenos Aires".
La estrategia de las autoridades busca recuperar $1,2 billones retenidos indebidamente: quienes no paguen la deuda podrían ser procesados y recibir penas de prisión de hasta nueve años
La reunión de la comisión investigadora del escándalo cripto que salpica al Presidente comienza a las 16.Todas las novedades del Gobierno, minuto a minuto.
El procurador Jorge Canteros y el equipo fiscal especial calificaron al juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski como "el más importante en la historia del Chaco" y defendieron la actuación del jurado popular. Leer más
El gobernador Leandro Zdero se reunió en Casa Rosada con Manuel Adorni y Diego Santilli para avanzar en una agenda común centrada en el orden fiscal del Chaco, la articulación institucional y el impulso a la matriz productiva provincial. Leer más
Según el Ministerio Público, la reunión se organizó debido a los cobros que la Dian reclamó a Ecopetrol por el IVA aplicado a las importaciones de combustibles
El Sector Público Nacional registro una diferencia primaria positiva por 1,4% en los primeros diez meses del año. Cuánto le exige el Fondo Monetario Internacional y los desafios
El resultado primario fue de $ 823.000 millonesEl pago de intereses de deuda pública sumó $ 306.000 millones.La recaudación volvió a caer en términos reales
El fiscal Mario Burgos, primera persona en investigar a Nicolás Petro, es investigado por el presunto delito de fraude procesal
la combinación de nivel de vida, reglas inestables y sacrificio impositivo genera una experiencia mucho más gravosa para quienes cumplen con el fisco en comparación con otras economías avanzadas
Durante dos semanas, unos 40 testigos han pasado por el Tribunal Supremo para aportar nuevas pruebas de la inocencia o culpabilidad de Álvaro García Ortiz
Nueva herramienta del Ministerio para impulsar la formación laboral en empresas.Permite financiar capacitaciones y obtener un bono fiscal para uso impositivo.
Secuestró documentación en diferentes áreas de la Unicameral. El expediente acumula dos denuncias. Una es la de Virginia Martínez, quien insiste que nunca firmó un contrato. Cuál es su situación, a quién pidió investigar. Quién es el segundo denunciante. En la mira, medio centenar de contratados. Leer más
Desde El Panal le hacen un guiño a Milei al mostrar sintonía con el precepto libertario de baja de impuestos. La oposición desconfía del anuncio de Llaryora. Leer más
El gobernador envió a la Legislatura un Presupuesto 2026 que incluye un paquete de reducción de impuestos que la Casa Rosada mira con agrado. Se consolida un vínculo más colaborativo, aunque en la Provincia advierten: "siempre estuvimos abiertos al diálogo, los que fueron y vinieron fueron ellos". Leer más
Las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores puede tener objetivos previsibles como el apoyo a las reformas oficialistas en el Congreso, o fondos para las obras públicas provinciales. Otros, en cambio, pueden resultar inesperados. Por ejemplo, un pedido para que se implemente en las provincias el Régimen de Transparencia Fiscal, como se conoce a la obligación de que en los tickets de los consumidores se aclare cuál es la carga impositiva de cada producto. Su aplicación puede afectar las compras de todos los argentinos. El Régimen de Transparencia Fiscal se describe en despachos oficiales como una herramienta de la "batalla cultural" contra los impuestos. En realidad, no los elimina. "Busca llevar a la cara del consumidor cómo incide la carga tributaria en cada cosa; es hacerse cargo", sostuvo uno de sus impulsores.La iniciativa fue aprobada en 2024 en medio del debate de la Ley Bases. Tras más de un año, parece estar "a medio camino". Introdujo el famoso "precio sin impuestos", que busca exponer cuánto paga el consumidor por el bien que compra y sus tributos correspondientes. Esto fue incluido en el texto aprobado por el Congreso, pero su implementación está limitada.Arrancó por impuestos nacionales. "Todos aquellos sujetos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deberán indicar, en la publicación de los precios de los respectivos bienes o prestaciones, el importe final que deba abonar el consumidor final. Además, deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios", sostiene la ley. Es decir, no incluyó a los tributos provinciales y municipales.Para ellos, la normativa estipuló: "Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las respectivas normas para que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los respectivos tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios". Fue una invitación. Muy pocos la aceptaron.Según un relevamiento de la organización llamada Lógica, precursora del proyecto, sólo dos provincias adhirieron al Régimen de Transparencia Fiscal: Chubut y Mendoza. Su mapa muestra en rojo a las jurisdicciones que, según su criterio, no iniciaron gestiones para profundizar el ticket de "precios sin impuestos" y marca en amarillo a aquellas en las que la iniciativa se encuentra "en proceso". En este último grupo se encuentran Salta, Córdoba, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Pero más allá de esas jurisdicciones, en uno de los despachos oficiales aseguraron que la iniciativa irá por más y que intentarán introducirla en las próximas conversaciones con los gobernadores. ¿En cuáles? Las iniciadas de cara a la segunda mitad de mandato de Javier Milei. Pese a la estrategia del diálogo, fuentes oficiales señalaron que también existe un "plan B", diseñado especialmente para aquellas donde no esperan una buena recepción de la idea. "Ya existen los fierros (herramientas) para conocer cómo impacta Ingresos Brutos en las compras", mencionó un funcionario.De esta manera, señaló que está en preparación una resolución que busca crear un "agente de cálculo", compuesto por representantes de ARCA, funcionarios del Ministerio de Economía, cámaras empresariales y, según el caso, representantes provinciales. Ese equipo, tal cual describieron, tendría la función de realizar un "coeficiente sobre comercio minorista" para determinar en canastas estandarizadas la incidencia de todos los impuestos sobre el precio de las cosas.Las canastas estandarizadas, tal cual explicaron, apuntarían a comercios cercanos a la vida cotidiana. Entre ellos, especificaron que pondrá el foco en supermercados, casas de electrodomésticos y locales de venta de ropa.Antes de hablar de este "agente de cálculo", la organización Lógica, precursora del Régimen de Transparencia Fiscal, inició contactos con las provincias. Envió cartas en las que les preguntó si tenían la voluntad de implementar la iniciativa y si pudieran tener sanciones las empresas que empezaran a aplicarla por "motus propio".La provincia de Misiones les contestó: "No se tomarán represalias alguna en la jurisdicción para el caso que algún comercio, antes de que se dicte la norma, realice el informe por ustedes mencionado".La provincia de Entre Ríos también le respondió a los impulsores del Régimen de Transparencia Fiscal. "No se prevé la aplicación de sanciones a aquellos comercios o contribuyentes que voluntariamente informes dichos tributos locales", según refleja una carta firmada por el gobernador Rogelio Frigerio.La Ciudad de Buenos Aires aclaró que "no instará la instrucción de sumarios para evaluar la tipicidad de dichas conductas para la eventual aplicación de sanciones", en referencia a los comercios que comenzaran a exponer la incidencia de los tributos porteños en sus tickets.Las negociaciones formales por el siguiente nivel del Régimen de Transparencia Fiscal están a punto de iniciar. Sus impulsores reconocieron que, en el corto plazo, lograr un consenso en 12 de las 24 jurisdicciones sería "un buen objetivo".Según las cifras de la organización Lógica, en el precio de los alimentos la incidencia de los impuestos puede llegar al 42%. En el caso de la ropa, al 50% y en el de los autos, a 53%. Sostienen que transparentarlo puede ser un primer paso para luego bajarlos. O, eventualmente, para darles más herramientas a los consumidores a la hora de decidir donde comprar.
En un fundado dictamen, Picardi reveló una organización que direccionaba contratos millonarios para la compra de medicamentos y logró la indagatoria del ex titular de la ANDIS y otras 15 ex funcionarios y empresarios que integraban el llamado "el Grupo Museo".
Sigue el desacato. Consejeros tenían hasta el viernes para cumplir con la medida cautelar, pero hasta el momento ni la titular del Ministerio Público ni el interino han sido notificado con alguna decisión
La mayoría de los fiscales supremos considera que pedido de algunos presidentes de Juntas de Fiscales Provinciales es a todas luces improcedente
La fiscal Lucy Flores Tasaico, grabada mientras rompía un acta policial, denunció por maltrato psicológico a un agente involucrado en la intervención. La acusación se presentó trece días después del incidente, confirmó PNP
Lo que antes requería una pipa y una manguera, hoy necesita una red de cibercriminales, el llamado huachicol fiscal se ha convertido en un negocio más rentable y menos visible que le cuesta al erario más de 177 mil millones de pesos al año
En muchos casos, desconocer qué dice la ley tributaria lleva a errores de declaración o expectativas infundadas.Qué información hay que tener para evitar malentendidos.
En un desprendimiento del expediente que tiene acusado de defraudación a Guillermo Kraisman, el fiscal investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal. El procedimiento se llevó a cabo esta mañana en sectores administrativos de la Unicameral. Leer más
En diálogo con Infobae Perú, la extitular del Ministerio Público se pronunció sobre el pedido atribuido a los presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales, que plantea concluir anticipadamente el mandato de Delia Espinoza
La iniciativa, incluida en el Presupuesto provincial 2026, habilitará una merma en la carga impositiva de $900.000 millones. Se estima que la baja de IIBB beneficiará al 64% de los cordobeses
En diálogo con Infobae Perú, la extitular del Ministerio Público se pronunció sobre el pedido atribuido a los presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales, que plantea concluir anticipadamente el mandato de Delia Espinoza
Ya visto para sentencia, el litigio que ha sentado en el banquillo a Álvaro García Ortiz cierra con todavía algunas preguntas que han quedado sin respuesta
Infobae Perú accedió a la grabación en la que quien sería Juan José Mendoza Abarca, presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro, invoca a firmar el documento y exigir un pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos
El tributarista analizó las recientes declaraciones del ministro de Economía y anticipó los ejes de la reforma tributaria y laboral que prepara el Gobierno. Leer más
En medio de la orden del PJ de reponer a Espinoza y el silencio de la JNJ, entidad que suspendió y desacató orden judicial, los fiscales remitieron un documento a la Junta de Fiscales Supremos solicitando estabilidad al interior de la institución
En medio de la orden del PJ de reponer a Espinoza y el silencio de la JNJ, entidad que suspendió y desacató orden judicial, los fiscales remitieron un documento a la Junta de Fiscales Supremos solicitando estabilidad al interior de la institución
Incorpora sanciones para quienes, desde el Estado, destruyen las cuentas públicas y comprometen la estabilidad monetaria del país
La fiscal Analía Duarte consideró que la magistrada acusada de participar del documental "Justicia Divina" tomó por tontos a quienes participaron del debate. En sus últimas palabras, Makintach pidió perdón a Dalma y Gianinna Maradona. Leer más
El suboficial Jasand Barrios Cárdenas habría pedido S/ 10.000 a otro policía para archivar un proceso y, al ser sorprendido por la Fiscalía, intentó destruir las pruebas
Empresarios y tributaristas debatieron sobre los obstáculos que hoy tienen las industrias para crecer y precisaron qué deben tener las reformas tributarias y laboral. El avance de la IA también fue eje de discusión
El abogado de González Amador ha asegurado que "no cabe exigirles una declaración veraz" a los profesionales de la información, mientras que la Abogacía del Estado ha pedido la "nulidad" del informe de los agentes de la Guardia Civil
"Una persona es inocente, hasta que se demuestra lo contrario", ha sentenciado el abogado del Estado que representa a García Ortiz
El informe advierte sobre la magnitud de los compromisos futuros: el gasto en pensiones de este sector superó los $11.68 billones en 2023, mientras que los pasivos futuros podrían rebasar los $140 billones
"No cabe exigirles una declaración veraz, sus declaraciones no deben ser valoradas como una testifical normal", ha sentenciado