La sugerencia proveniente del organismo internacional llega tras un periodo prolongado de inflación baja, en el que se enfatizó la importancia de ajustar el régimen tributario y modificar la política aplicada por el ente emisor local
Disconforme con la marcha del expediente $LIBRA que investiga al presidente Javier Milei, el diputado y dirigente social, Juan Grabois, que representa como abogado a un grupo de damnificados en la causa, le envió este lunes una carta al procurador general interino Eduardo Casal, jefe de todos los fiscales, denunciando demoras en la producción de pruebas y solicitándole el armado de un equipo especial de investigadores para apuntalar la pesquisa. En su escrito, Grabois argumentó que el fiscal Eduardo Taiano -a quien cuestiona en el expediente- se encuentra con demasiado trabajo, por estar a cargo de la fiscalía especializada que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman y subrogar otras fiscalías. "El estado de la pesquisa [ por $LIBRA], así como la gran cantidad de notas periodísticas publicadas recientemente, las cuales informan sobre un presunto ocultamiento de pruebas a las partes de la causa, así como también de la dilación en la producción de aquellas, exponen palmariamente la necesidad de armar un equipo de fiscales", le dice Grabois a Casal, y cita como antecedente la designación de fiscal Ignacio Mahiques como fiscal colaborador en la causa conocida como Hotesur/Los Sauces, que investiga a la expresidenta Cristina Kirchner. "La demora en la investigación -transcurrido ya más de un año desde el inicio de la causa- y el retraso en la producción de medidas de pruebas urgentes, o la cooperación internacional de un expediente que ya tiene ramificaciones en Estados Unidos y en España expondrán a la República Argentina, y en particular a la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, a un deterioro de la credibilidad", sigue el texto.En paralelo, el equipo de abogados que trabaja junto al dirigente en la causa presentó un escrito en fiscalía advirtiendo sobre un presunto ocultamiento de parte de la prueba recabada, a raíz de información que dieron a conocer medios de comunicación, como el diario LA NACION. En particular, citan el caso del informe pericial de la DATIP, que es un análisis sobre el material extraído de teléfonos y dispositivos pertenecientes a dos de los protagonistas de la maniobra investigada, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.Denuncian una "asimetría" de acceso a la prueba entre el acusador público -Taiano- y ellos, que representan a tres querellantes, afectados por el colapso repentino del precio de la moneda digital, que previamente, con la promoción del presidente Milei en redes sociales, había experimentado una alza abrupta. Nueva informaciónA fines de febrero, LA NACION contó que expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron que el presidente Milei había mantenido conversaciones por WhatsApp e Instagram con Novelli y este último con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el creador del activo Hayden Davis. También que en uno de los dispositivos de Novelli se detectaron borradores del "acuerdo confidencial" que el presidente Milei y el estadounidense Hayden Mark Davis habrían firmado el 30 de enero de 2025. De esa y otra información los abogados se habrían enterado por la prensa.Los letrados Nicolás Rechanik, Camila Palacin Roitbarg y Yamil Castro Bianchi también critican que el fiscal haya consultado en la secretaría que dirige Karina Milei si existe copias del presunto acuerdo confidencial que habría firmado el presidente con Hayden Davis. "El pedido de información se encuentra dirigido a un órgano administrativo que depende jerárquicamente de una persona imputada en la causa", marcan, en referencia a la hermana del presidente, cuyo nombre está en la carátula del expediente.
Con experiencia en investigaciones de delitos complejos y en el análisis de flujos financieros ilícitos, su postulación busca reforzar el control estatal sobre operaciones sospechosas
En un informe advierten que el desbalance de las cuentas públicas alcanzó niveles que solo se habían visto en episodios excepcionales. El deterioro se explica por el aumento del gasto, mientras los ingresos se mantienen casi sin cambios
El episodio ocurrió el jueves pasado en el Palacio de Justicia de San Juan, al finalizar una audiencia por lesiones graves. Ahora se le sumó una imputación por daño agravado contra el Poder Judicial, con el fiscal Fernando Bonomo a cargo. Leer más
El Parlamento Europeo aprueba un plan para frenar la escalada de precios y la escasez de casas en la UE, con medidas que incluyen ayudas a la primera vivienda, control de los alquileres turísticos y más inversión en construcción
Axel Hernán Rojas (28) ya debía cumplir una condena de poco más de 11 años de prisión. Aunque ahora sumó una nueva causa en su contra, por "daño agravado".Un policía llegó a interponerse y lo redujo antes de que lograra concretar la agresión contra el fiscal José Plaza.
Un violento episodio se vivió en las últimas horas durante una audiencia en un juzgado de San Juan, cuando un preso intentó abalanzarse contra el fiscal. Si bien la agresión no pudo concretarse porque un oficial policial logró contener al reo, el violento hombre le dio un puñetazo a una pantalla que había en la sala y la rompió.El suceso tuvo lugar el jueves 5 de marzo, cuando Axel Hernán Rojas, de 28 años, fue trasladado a una sala judicial para ser acusado formalmente del delito de lesiones graves tras quebrarle con un palo un dedo a un guardiacárcel del penal de Chimbas, donde se encuentra alojado.Escándalo en una audiencia judicial en San Juan: un preso intentó atacar a un fiscalDurante la audiencia, el magistrado de turno le dio la posibilidad de declarar o guardar silencio. Rojas tomó la palabra y reconoció que había atacado al efectivo carcelario, aunque sostuvo que el hecho habría estado relacionado con un supuesto incumplimiento de un acuerdo dentro del penal. El medio local Diario 13 San Juan indicó que el interno afirmó que algunos penitenciarios harían acuerdos con los presos, donde les pedirían que les provoquen lesiones para justificar licencias médicas cubiertas por la ART, a cambio de permitir el ingreso de drogas al penal.Cuando la defensora oficial solicitó que Rojas fuera derivado al pabellón de sanidad dentro de la cárcel por tener problemas de adicción, el fiscal de la causa se opuso al pedido. Finalmente, el juez resolvió imputar a Rojas por lesiones graves.El escándalo sucedió cuando la audiencia terminaba. En el momento en que el policía que estaba al lado del preso se disponía a ponerle las esposas para trasladarlo, Rojas intentó arrojarse contra el fiscal, aunque el efectivo logró reducirlo rápidamente. El interno continuó forcejeando y, de un golpe, rompió un televisor de la sala, por lo que se le abrió un nuevo legajo por daños.De acuerdo con los medios locales, Rojas cuenta con varias causas penales y antecedentes de conflictos dentro del Penal de Chimbas. En agosto de 2025, por ejemplo, fue condenado por romper el celular que utilizan los internos para comunicarse con sus familiares.
Jean-Michel Bouvier declarará ante la unidad especial que continúa la investigación por el doble femicidio de su hija, Cassandre Bouvier, y su amiga, Houria Moumni. Volvió a denunciar irregularidades y dijo que ahora su objetivo es "identificar a todos los responsables". Leer más
El ministro de Justicia emitió un comunicado para iniciar el trámite para designar 200 jueces, 72 defensores y 65 fiscales.La información es un paso más para que Javier Milei decida sobre los pliegos presentados.
Mahiques informó este domingo a través de un comunicado difundido en redes sociales que comenzará el trámite para la cobertura de cargos en el Poder Judicial de jueces, fiscales y defensores
La extensa entrevista que el Ministro de Economía dio esta semana dejó dos mensajes claros: "No tenemos ninguna intención de salir al mercado internacional" y "todavía puede pasar que haya una elección con alternativas moderadas y eso lógicamente reduciría el ruido financiero".Si bien falta mucho, el riesgo de ballotage define una pared de vencimientos en 2027 que sigue escalando frente a un riesgo país que no termina de comprimir (567 puntos básicos en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente).Parados a hoy, sumando mercado y organismos e incluyendo Repos y Bopreales del BCRA, hay vencimientos en dólares por US$28.500 millones en 2027 que se suman a US$16.000 millones en lo que resta de 2026. A esto se agregan los vencimientos en pesos, concentrados en el corto plazo: US$66.000 millones en 2026 y US$29.000 millones en 2027.La deuda en pesos representa una tercera parte de la deuda neta de tenencias intra sector público. Sumando Tesoro y BCRA en pesos y dólares, volvió a niveles de arranque de la gestión: US$278.000 millones, 40% del PBI. Recordemos que en los últimos meses el Tesoro abandonó el punto Anker por el cual monetizaba parte de los intereses de la deuda en pesos no registrados en las cuentas fiscales. En lo que va del año actuó no sólo pagando con más deuda esos intereses, sino además "esterilizando" con más deuda la mayor parte de los pesos que emitió el BCRA al comprar dólares. Mercado local y dólares del colchónEn la lógica del ministro, el efecto crowding out (desplazamiento del crédito del sector privado al público) producto del financiamiento en el mercado local para cancelar deuda emitida en el exterior sería subsanado por la bancarización de los "dólares del colchón", en el marco de la ley de presunción de inocencia fiscal.Al igual que con el blanqueo de capitales de 2024, se busca que los dólares fuera del sistema (esta vez sin distinguir entre flujo o stock, dado que el nuevo blanqueo es permanente) se vuelquen a bancos y/o Alycs, pero que en esta segunda ronda financien no sólo al sector privado sino también al sector público.En 2024, cuando aparecieron los dólares del primer blanqueo, el ministro dijo explícitamente que eran para el sector privado. Parte de los conseguidos entonces vía ON y/o crédito bancario (US$16.000 millones) fueron vendidos en el MULC permitiendo que el BCRA vuelva a comprar dólares y enderezar el carry que se había empezado a desarmar en julio de 2024.El carry se extendió con esos dólares hasta febrero de 2025, cuando volvió a desarmarse frente a la expectativa de cambio de régimen en el acuerdo con el FMI, para recomponerse con los dólares del FMI y la decisión del BCRA de no comprar dólares. La remoción de los controles de capitales a las personas en el marco del acuerdo con el FMI y una demanda acumulada de US$32.000 millones desde abril de 2025 coordinó desde julio un apretón monetario para intentar sostener el dólar cuyos costos, aún con la inestimable ayuda de Bessent, todavía estamos pagando.Parados a hoy, después de que el sector privado (y algunas provincias) volviera a colocar ON por US$11.000 millones adicionales desde la elección de octubre (dólares que permitieron financiar el puente a la salida de la cosecha), el Tesoro armó un cronograma de emisión de bonos en dólares con cupones mensuales. Por ahora anunció hasta US$2000 millones con vencimiento inmediato después de la primera vuelta electoral de 2027 pagando una TIR de 5,89%, significativamente más baja al rendimiento de los bonos que flotan en el mercado. Lleva colocados US$250 millones de las "nuevas Letes", tras recibir sobreofertas en la primera vuelta.Un equilibrio que tensionaA diferencia del ala política que decidió revivir "el riesgo kuka" después de la contundente victoria electoral y de los "triunfos" conseguidos en el Congreso (Presupuesto, Modernización Laboral, Inocencia Fiscal, Ley Penal Juvenil y Ley de Glaciares), el ministro reconoce lo evidente: más allá del compromiso con el superávit fiscal, el pago de la deuda y un Banco Central que volvió a tener como objetivo comprar dólares (van US$2900 millones desde enero), las dificultades para recrear el crédito persisten.Recordemos que en las últimas dos elecciones presidenciales la oposición con chances de ganar jugó avisando que era impagable la deuda contraída por el gobierno anterior: la de dólares en 2019 y la de pesos en 2023. Incluso el actual presidente, entonces candidato que había ganado las PASO, llegó a recomendar "no renovar plazos fijos porque el peso era excremento".Parados a hoy, cuando todavía falta "una eternidad" para la elección de 2027, el Gobierno necesita recordar los riesgos de volver al pasado para mantener alta la moral frente a los elevados costos de transición que enfrenta el programa. Pero al mismo tiempo, necesita alargar el horizonte político y económico para descomprimir el programa financiero.Todo esto en medio de una cruzada para transformar la estructura económica, política y social argentina abriendo agresivamente una economía muy cerrada que opera con un equilibrio dólar-tasa que sigue priorizando la desinflación por sobre la actividad. Esto en un contexto donde el impacto de la IA sobre la productividad y los excedentes exportables de China están generando una reacción contraria en buena parte de las economías. Y cuando todavía los beneficios del RIGI en actividad, empleo e ingresos son limitados, además de concentrados geográficamente.A diferencia de 2024 (y del arrastre estadístico que dejó para 2025), cuando el crédito al sector privado compensó una masa de ingresos estancada, hoy no parece traccionar. Todavía las entidades financieras están digiriendo el aumento en la mora coordinado por el enorme apretón monetario preelectoral. Recién en los últimos diez días la coordinación entre el Tesoro y el BCRA pareciera procurar bajar los niveles y la volatilidad de las tasas más cortas, en un contexto donde la inflación todavía se mantiene cerca del 3% mensual.En el interín, la política económica va por el marginal: amplios beneficios fiscales para lo nuevo (RIGI, Mini RIGI e incentivos para contratar nuevos trabajadores con reducción de contribuciones) mientras las mejoras para lo viejo se manejan con cuentagotas en un contexto donde la infraestructura no ayuda. En el medio, una erosión de los recursos fiscales que se acrecienta con la reforma laboral y la necesidad de seguir achicando el gasto (y vender activos) para asegurar el equilibrio fiscal.Como en las cruzadas, el objetivo final organiza la marcha y le da sentido a la epopeya. Pero aquellas expediciones también recuerdan que las grandes cruzadas rara vez terminan como fueron imaginadas al inicio y que su desenlace suele definirse en las decisiones tácticas tomadas en el camino y, fundamentalmente, en la capacidad de administrar sus costos.
La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, le tomó juramento al Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción del MPA, Mauricio Clavero. "Elijo estar acá porque quiero estar acá", afirmó y agregó: "Vengo a trabajar por todos los vecinos del sur provincial. Trabajaremos por y para las víctimas, tal como lo establecen los lineamientos priorizados de Gestión de la Fiscal General". Vranicich por su parte expresó que "es un día que quedará en la memoria institucional del MPA ya que la jura de Mauricio Clavero fue la primera de un Fiscal Regional ante un Fiscal General en el marco del MPA extrapoder que estableció la nueva Constitución Provincial".
La investigación incluye a los directores de Fecundart y Nascentis, a un abogado y una empleada administrativa. La clave: la "captación" de mujeres que buscaban ingreso de dinero por su estado de vulnerabilidad, la mentira del espíritu "altruista" y un presunto negocio millonario montado sobre la necesidad de parejas que no pueden concebir a sus hijos. Leer más
La entidad informó que las evidencias quedaron bajo custodia del auditor y que serán extraídas mediante orden de Policía Judicial para avanzar en las investigaciones correspondientes
Una iniciativa fiscal impulsada por el senador demócrata Chris Van Hollen propone cambiar de raíz el esquema impositivo federal en Estados Unidos. La iniciativa, que será presentada formalmente en los próximos días, apunta a que aproximadamente la mitad de los trabajadores del país norteamericano deje de pagar el impuesto federal sobre la renta. La propuesta de Van Hollen para eliminar el impuesto federal a millones de trabajadoresDe acuerdo con un adelanto publicado por The Washington Post, la iniciativa establece que todos los trabajadores que perciban ingresos equivalentes o inferiores a un "salario digno" quedarían exentos del pago del impuesto federal sobre la renta. Ese umbral está fijado en 46.000 dólares anuales para contribuyentes individuales y en US$92.000 para matrimonios que presentan declaración conjunta.La definición de "salario digno" surge de un índice elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y, según el diseño del proyecto, se ajustaría automáticamente con la inflación. Es decir, el límite no quedaría congelado, sino que evolucionaría a medida que aumente el costo de vida.El impacto sería significativo. En la actualidad, alrededor de 37 millones de contribuyentes no pagan impuesto federal sobre la renta. Bajo la propuesta de Van Hollen, esa cifra escalaría hasta los 66 millones, según estimaciones de Steve Wamhoff, director de política tributaria federal del Institute on Taxation and Economic Policy, un centro de estudios de orientación progresista citado por The Washington Post. En términos prácticos, esto implicaría que casi la mitad de los trabajadores estadounidenses quedaría liberada de esa carga fiscal.Cómo impactaría el plan fiscal en la clase media de EE.UU.El proyecto no se limita a quienes están por debajo del umbral del "salario digno". En caso de concretarse, implicará reducciones impositivas para decenas de millones de trabajadores de clase media que, aunque seguirán pagando impuestos, verán disminuida su obligación tributaria.Siempre según el análisis difundido por The Washington Post, el plan reduciría los impuestos a cerca de 130 millones de personas en total. Un contribuyente soltero con ingresos de US$50.000 anuales podría obtener un alivio promedio de unos US$2800. En el caso de una familia tipo de cuatro integrantes con US$95.000, el ahorro rondaría los US$6000.Estos números buscan reforzar el mensaje político del senador de Maryland: que el Partido Demócrata debe presentarse como el defensor directo de los empleados que "sudan todos los días para llegar a fin de mes". En una entrevista citada por el periódico, Van Hollen sostuvo: "Este proyecto de ley, además de ser la política correcta, envía un mensaje muy fuerte de que estamos del lado de la gente trabajadora".Cómo se financiaría el plan fiscal de Van HollenEl costo del alivio fiscal no sería menor. Para compensar la pérdida de recaudación, la propuesta contempla la creación de un nuevo recargo para los contribuyentes millonarios. Ese suplemento impositivo se aplicaría sobre los ingresos más altos y, según las estimaciones, permitiría recaudar aproximadamente US$1,5 billones en la próxima década.El esquema establece un adicional del 5% para ganancias superiores al millón de dólares, del 10% para quienes superen los dos millones y del 12% para ingresos por encima de los cinco millones de dólares. El laboratorio presupuestario de Yale (Yale Budget Lab) calculó que este recargo alcanzaría a unos 615 mil contribuyentes.A diferencia del impuesto a la riqueza propuesto por otros sectores del ala progresista, el diseño de Van Hollen grava ingresos y no patrimonio acumulado. Esto, según los especialistas, podría reducir el riesgo de enfrentar impugnaciones constitucionales, un debate recurrente en torno a la legalidad de un tributo nacional sobre la riqueza.
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El representante del Ministerio Público cuestionó que el rechazo a fijar fecha de debate fuera firmado únicamente por el presidente del cuerpo, José Michilini. Y sostuvo que el inicio de las audiencias no depende de la finalización de los peritajes pendientes
ARCA ha ampliado los controles sobre operaciones registradas en plataformas digitales, incrementando las notificaciones a contribuyentes que presentan inconsistencias entre sus declaraciones tributarias
La exfiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche ha sido repuesta en su cargo luego de cuatro años y tres meses de lucha en los que, además, fue privada de su sueldo. La procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos recuperó oficialmente su sitial en un acto en el que participaron procuradores y fiscales. Su resistencia condujo a que por primera vez una persona expulsada por un tribunal pudiera ser restituida en su cargo, en una medida cuyo valor ejemplificador merece destacarse.Había sido esta valiente fiscal quien inició el expediente conocido como "Contratos Truchos" de la Legislatura provincial y condujo, en 2022, a una condena de ocho años de prisión al exgobernador Sergio Urribarri por su participación en cinco causas vinculadas al desvío de fondos públicos. Estuvo acusada de no excusarse porque su marido era amigo de uno de los imputados, aunque ella declaró que investigó con independencia y que entendió que su apartamiento habría generado "un perjuicio a la investigación". El desprestigio y una carrera interrumpida por inadmisibles argumentos fueron el precio a pagar por investigar causas de alto voltaje político que involucraron millones de pesos.En noviembre de 2021 un polémico Jurado de Enjuiciamiento, con el apoyo del entonces gobernador Gustavo Bordet, en connivencia con Urribarri, inició el proceso que condujo a la destitución de Cecilia Goyeneche seis meses después. Esta medida acaba de ser anulada por el Superior Tribunal de Justicia Entrerriano, que calificó de viciada la conformación del órgano, afectando el debido proceso. El quiebre lo había impuesto el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando anuló las actuaciones en diciembre 2024 tras detectar "gravísimos vicios" en la conformación de los órganos juzgador y acusador. El mensaje disciplinador que el poder político provincial había intentado imponer al Poder Judicial perdía así su sustento.Tanto el Colegio de Abogacía de Entre Ríos como la ONG Será Justicia, entre otras organizaciones, alzaron oportunamente sus voces en defensa de Goyeneche. Desde la Asociación Argentina de Fiscales se habló de un "vuelto de la corrupción y de la mafia política motivado por el impulso de causas contra el poder político provincial". Marcelo Varona Quintian, su presidente, calificó de burda la destitución, tanto que provocó "miedo en el mundo judicial". La entidad había recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humano y a la relatoría de las Naciones Unidas en defensa de Goyeneche y de otros seis fiscales que investigaron la corrupción y que terminaron con sumarios. La reciente decisión judicial favorable a la fiscal, que incluye el cálculo y la liquidación de sus haberes retroactivos, debe ser celebrada. Investigar la corrupción demanda agallas y no debería haber en el país ni un solo fiscal amedrentado o cuya labor peligre por el accionar interesado de la política. "Cuando se investiga la corrupción, la soledad es enorme", había dicho Goyeneche respecto del sentimiento compartido con sus pares en demanda de independencia.El Ministerio Público Fiscal se ve revitalizado por una medida que ofrece no solo una reparación personal sino también institucional. Buscar la verdad es un acto de valentía que debe reconocerse y valorarse en una sociedad saqueada y asqueada por años de corrupción.
El fiscal ante la Casación Penal Mario Villar dictaminó que debe rechazarse el pedido de Cristina Kirchner para no decomisar los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia, y avanzar de inmediato con la ejecución de las propiedades, que son 19. El tironeó ocurre en el marco de la ejecución de la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple una pena a 6 años de prisión en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. El decomiso de los bienes es lo único que resta ejecutar de esa condena. Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron en un escrito ante la Cámara de Casación que los hijos de la expresidenta son ajenos al proceso que la condenó y que sus bienes tienen un origen lícito. El reclamo es más amplio y cuestiona todo el decomiso. Villar, cuyo dictamen antecede a la decisión del tribunal, remarcó que la condena de Vialidad ya quedó firme en junio del año pasado y que el decomiso ya estaba dispuesto como parte de la condena. Por lo tanto, lo que está en discusión ahora no es la existencia del decomiso, sino cómo ejecutarlo.También marcó que en las causas de corrupción no siempre es posible reconstruir el exacto recorrido de los fondos ilícitos y que por eso jueces pueden considerar incrementos patrimoniales vinculados temporalmente con la maniobra delictiva.Esto último es en respuesta a la queja de la expresidenta acerca del "modelo de decomiso ampliado" que puso en marcha el Tribunal Oral Federal N°2 que la condenó. En el escrito, sus abogados sostienen que no se realizó ninguna investigación patrimonial ni análisis de trazabilidad de fondos que demuestre que los bienes pertenecientes a los hijos de la expresidenta guarden alguna relación con el delito por que fue condenada.BienesEl listado de bienes que la expresidente busca poner a resguardo incluye 10 departamentos en Río Gallegos, dos inmuebles en la misma ciudad, y una serie de terrenos en Lago Argentino, en Santa Cruz, todas propiedades que fueron cedidas a sus hijos por Cristina o Néstor KirchnerLa expresidenta también cuestiona la actualización del monto a cubrir. En distintas presentaciones sotuvo que estuvo mal calculada y que no está firme. La Justicia fijo el decomiso de bienes actualizado en poco más de 684.000 millones de pesos."El decomiso ordenado no constituye una sanción autónoma ni una pena nueva, sino la consecuencia necesaria y legal de una condena penal firme", marcó Villar. "La resolución impugnada no modifica el contenido de la condena ni introduce nuevas obligaciones, sino que se limita a hacer operativa una consecuencia penal ya establecida", señaló el fiscal. La defensa de la expresidenta exige que se otorgue efecto suspensivo al recurso, frenando de inmediato cualquier intento de tasación, remate o inscripción de los bienes a favor de la Corte Suprema u otra entidad. La puja en torno al decomiso de bienes debe ser resuelta por los jueces de la Cámara Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Probablemente los magistrados se reúnan la semana próxima para definir la situación. El fiscal Diego Luciani y su colega Sergio Mola siguieron insistiendo para ejecutar los bienes, en línea con el planteo de Villar. En agosto pasado pidieron que esa medida se ejecute de manera inmediata, pero no tuvieron éxito. Además de los bienes de la expresidenta, solicitaron el decomiso de propiedades de Lázaro Báez, también condenado en el mismo expediente. Pidieron en total el decomiso de 141 inmuebles (13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez), 46 automotores, US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia y $53.280,24. Luciani solicitó además el decomiso de propiedades de Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Casas de Pinamar, ubicadas en Hélades 297, Troya 783, Poseidón 449 y Goleta Hércules 424.
Yndira Sandoval exigió acciones concretas y presupuesto suficiente para la protección de niñas y mujeres en el estado
"Detengan esta locura", gritó un vecino a los micrófonos de la prensa, que se encuentra trabajando en la puerta del complejo de departamentos, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, cuyo estacionamiento se derrumbó el martes. Según indicaron los damnificados a LN+, la empresa constructora se presentó este viernes a retirar los escombros sin autorización de la fiscalía a cargo de la investigación.Las familias afectadas por el hecho se concentraron horas después del mediodía para reclamar la actividad en zona del derrumbe. "A nosotros no nos dejan sacar nuestras pertenencias, pero le están dejando borrar las evidencias a la constructora", señaló un hombre, visiblemente conmovido por la situación.En ese marco, los denunciantes pidieron la presencia de la fiscal a cargo del caso en el lugar y del jefe de la Policía para evitar que los incidentes escalen.Incidentes en la puerta del complejo de Parque PatriciosEl hechoEl martes por la madrugada se desplegó un fuerte operativo en Parque Patricios luego de que se derrumbara parte de una estructura interna de un complejo de viviendas y cayera sobre alrededor de 60 vehículos que estaban en el estacionamiento subterráneo.El hecho ocurrió cerca de las 4.30 de la mañana en la calle Mafalda al 907, entre la avenida Suárez y Ástor Piazzola. A fines de proteger a los vecinos ante posibles más derrumbes, decenas de vecinos fueron evacuados.El proyecto y la empresa constructoraEl complejo Estación Buenos Aires fue desarrollado por el Gobierno nacional a través del plan Procrear. La obra fue licitada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las viviendas comenzaron a entregarse en 2021. Se trata del emprendimiento más grande construido por el Estado Nacional en el marco de Procrear II: cuenta con 2476 departamentos, con superficies que van desde los 32 hasta los 119 metros cuadrados.Para realizar la obra, el Gobierno licitó la obra a diferentes constructoras. El edificio, en el sector 2, fue levantado por la Constructora Sudamericana (Cosud), que también realizó los edificios del sector 1 y 10 del complejo. Entre los tres, la superficie total realizada por la constructora alcanza los 45.000 metros cuadrados."Ante lo sucedido, la empresa activó de inmediato los protocolos de emergencia correspondientes e inició una investigación para establecer las causas del derrumbe. Ni bien se cuente con claridad respecto al estado de la estructura y las causas que lo provocaron, se dará a conocer dicha información", compartió la empresa constructora en un primer comunicado.En un segundo anuncio, afirmó que se llevó a cabo una inspección visual de las instalaciones afectadas, con presencia de ingenieros de Cosud, un asesor estructural independiente y funcionarios de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "La recorrida permitió definir un curso de acción técnico de verificación profunda del estado estructural de las instalaciones", concluyó.
La interna republicana por el escaño del Senado de Estados Unidos que representa a Texas sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. El fiscal general estatal, Ken Paxton, sugirió que podría abandonar la carrera si se cumple una condición específica vinculada a una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump. La propuesta, planteada públicamente en redes sociales, eleva la presión sobre su rival en la contienda, el senador John Cornyn.La condición inesperada de Paxton para bajarse, en medio de la carrera electoralEl planteo surgió en medio de la segunda vuelta de las primarias republicanas por el Senado. Según publicó el propio Ken Paxton en su cuenta de la red social X, consideraría retirarse de la contienda si los líderes republicanos en el Senado aprueban una ley que considera prioritaria para la agenda del presidente Donald Trump.En ese mensaje, el fiscal de Texas destacó la importancia del proyecto y dejó clara su posición sobre la estrategia legislativa que deberían adoptar los republicanos. "Save America Act es el proyecto de ley más importante que el Senado de Estados Unidos podría aprobar jamás, y estoy comprometido a ayudar al presidente Trump a lograrlo.", escribió. En la misma publicación, Paxton agregó: "Consideraría abandonar esta carrera si el liderazgo del Senado acepta levantar el obstruccionismo y aprueba la SAVE America Act".En su mensaje, Paxton también cargó contra su rival dentro del Partido Republicano, el senador John Cornyn, a quien acusó de no respaldar la aprobación de la iniciativa. Según afirmó, Cornyn "se ha negado a apoyar la abolición del filibusterismo para aprobar este proyecto de ley". El fiscal aprovechó además para defender su historial de apoyo al presidente, al destacar su participación en acciones legales tras la elección presidencial de 2020 y su cercanía con Trump en momentos clave de su carrera política.Qué propone la ley SAVE America Act que quiere PaxtonDe acuerdo con el medio especializado The Texas Tribune, la propuesta legislativa mencionada por Paxton, conocida como SAVE America Act, busca introducir nuevas exigencias en el proceso electoral estadounidense.Según explicó el periódico, el proyecto obligaría a los ciudadanos a presentar pruebas de ciudadanía al momento de registrarse para votar, como un certificado de nacimiento o un pasaporte. Además, también exigiría mostrar una identificación con fotografía en los centros de sufragio, entre otras modificaciones relacionadas con las reglas electorales.The Texas Tribune detalló que Paxton hizo su planteo en una publicación en redes sociales en la que criticó directamente a Cornyn por su postura sobre el "filibuster", un mecanismo parlamentario del Senado que en la práctica exige el respaldo de 60 legisladores para llevar un proyecto a votación en la cámara alta, compuesta por 100 miembros.El debate sobre la eliminación del "filibuster" se convirtió en el núcleo del conflicto político. Tal como explicó The Texas Tribune, aunque John Cornyn apoya la legislación impulsada por Trump, fue reticente a respaldar la idea de eliminar ese procedimiento parlamentario.En este contexto, el desafío es evidente: los republicanos cuentan actualmente con 53 escaños en el Senado, una cifra insuficiente para superar el umbral de 60 votos requerido para poner fin al "filibuster" y avanzar con la legislación si los demócratas mantienen su oposición.Ken Paxton lanza su candidaturaCornyn respondió a los cuestionamientos al reiterar su apoyo al proyecto, aunque evitó pronunciarse de forma directa sobre la posibilidad de eliminar el procedimiento. "Repito lo que he dicho constantemente: apoyo el proyecto de ley y he alentado a los republicanos del Senado a que lo aprueben", afirmó el senador, según citó The Texas Tribune.
El informe macroeconómico 2026 del organismo señala que la región enfrenta presiones presupuestarias derivadas de ingresos estatales y la incidencia de fenómenos naturales, lo que impacta la capacidad de respuesta frente a futuras emergencias
La lista elaborada por la comisión será remitida al mandatario, a quien corresponde seleccionar a la autoridad que, además de privilegios e inmunidades legales, cumplirá funciones entre 2026 y 2030
Los 396 concejales del espacio presentaron en simultáneo proyectos para eliminar o reducir tasas municipales y simplificar trámites. En Morón aún se cobra una tasa creada durante la pandemia por el COVID-19
Los cambios en materia tributaria provocan una merma en los ingresos para el Estado nacional y para las provincias. La estrategia oficial para generar una mayor recaudación sin tocar el gasto
El fiscal Sebastián Basso detalló en Infobae al Regreso cómo la justicia argentina reconstruyó la trama internacional detrás del atentado a la AMIA, identificando a Irán como autor intelectual y a Hezbolá como ejecutor
Además antes de ser nombrado ministro de Justicia de la Nación, designó a su sucesor. Las leyes porteñas lo habilitan. Pero las designaciones fueron calificadas como "producto del amiguismo y la discrecionalidad". Afirman que así se aseguró un eventual retorno si fracasa como ministro de Justicia de la Nación.
Se busca ampliar la base de usuarios que ingresan divisas al circuito formal, reducir la informalidad y fortalecer la transparencia del sistema financiero. En el sector bancario confirman que la operatoria ya está disponible en la mayoría de las entidades, aunque la experiencia del usuario puede variar según la institución y el canal utilizado. Leer más
Ni las autoridades del establecimiento ni los representantes de la comunidad religiosa que lo conduce se contactaron con las familias para acompañarlas. Casi una decena de niños y niñas fueron retirados de la institución tras la repercusión pública del caso. Leer más
Una jueza federal dio a la FGR un plazo de 15 días para transparentar en su totalidad el expediente del ex alto mando de la marina
Para el economista Cristian Girard, el modelo basado en el recorte del gasto público "genera menos demanda, menos ventas y menos recaudación", lo que podría agravar los problemas fiscales en el mediano plazo. Leer más
Juan Bautista Mahiques asumió hoy como ministro de Justicia y le solicitaron avanzar cuanto antes para completar los cargos libres en juzgados y fiscalías nacionales y federales. La estrategia oficial
La designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia nacional obligó a hacer cambios en la estructura judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Es que, tras concederse una licencia extraordinaria sin goce de haberes para asumir como funcionario de Javier Milei, el letrado designó a su reemplazante como Fiscal General porteño. El elegido fue Javier Martín López Zavaleta, un hombre cercano a Daniel "Tano" Angelici que tallaba en el área de seguridad.Los cambios se formalizaron a través de la Resolución 19/26 de la Fiscalía General de la ciudad, firmada este miércoles. Desde octubre de 2019, López Zavaleta se desempeñaba como Fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional del organismo que conducía Mahiques. En el Gobierno de la Ciudad advierten que era su sucesor natural."Es funcionario judicial de carrera. Está hace muchos años y era el sucesor natural solo que ahora se precipitaron los tiempos", señalaron en el gabinete de Jorge Macri. A Mahiques se le terminaba su mandato como jefe de los fiscales porteños en octubre y ya se preveía que López Zavaleta, abogado especializado en ciberdelincuencia, lo sucedería en el cargo.Es que, al igual que el ahora ministro de Justicia nacional, el flamante fiscal general cuenta con el respaldo del empresario y operador judicial del macrismo, Daniel Angelici. A mediados del año pasado, el dirigente radical profundizó su injerencia en la administración de Jorge Macri -con terminales en áreas clave- y desde hace años digita, junto al peronista Juan Manuel Olmos, los movimientos en el Poder Judicial porteño.Por estas semanas, busca retener bajo su órbita, por ejemplo, la comisión de Justicia de la Legislatura porteña. Se prevé que la presidencia vuelva a quedar en manos del radicalismo, pese a que su bloque cuenta con apenas cinco legisladores.Además de su rol como fiscal general adjunto, López Zavaleta también tenía injerencia en el área de seguridad. Es que, en febrero de 2024, el exministro de Seguridad y actual legislador porteño de Pro, Waldo Wolff, lo nombró director del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), encargado de la capacitación de la policía de la ciudad y el cuerpo de bomberos. Según pudo saber LA NACION, aún no se definió quien lo reemplazará al frente de este organismo.Por su trabajo en este organismo, López Zavaleta también cuenta con vínculo asiduo con el jefe de gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y con Gabino Tapia, ministro de Seguridad de la gestión macrista.Anteriormente, había ocupado otros roles dentro del Poder Judicial porteño. En 2013, fue fiscal de primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas N°30 y, en 2014, estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en delitos informáticos. El letrado contaba con un posgrado en Ciberdelincuencia de la Universidad de Catalunya.Según consigna en la página web del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, en 2018 empezó a trabajar como Secretario General de Gestión y un año después obtuvo su designación como fiscal general adjunto.En la resolución que oficializa su encumbramiento como jefe de los fiscales porteños, Mahiques destacó la trayectoria de López Zavaleta en la Justicia local y algunos hitos de su mandato como Fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional. El letrado había participado de la creación y puesta en funcionamiento de las Unidades de Flagrancia, la Unidad Fiscal Especializada en Ejecución Penal y los Equipos Especializados en Violencia de Género (EEVG).Los cambios en NaciónEl encumbramiento de López Zavaleta se conoció una horas después de que el gobierno de Javier Milei confirmara a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia nacional en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, quien condujo la cartera durante los primeros dos años de mandato de Milei. Mahiques juró como funcionario nacional este mediodía. Angelici extiende, así, su influencia judicial fuera de los límites de la ciudad de Buenos Aires.Con la salida de Cúneo Libarona del gabinete nacional, también se conoció el desplazamiento de su segundo al mando Sebastián Amerio, un hombre del asesor presidencial Santiago Caputo. En su lugar, quedará como viceministro de Justicia Santiago Viola, cercano a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.
El fiscal Mario Villar mantuvo el recurso donde se reclama que la investigación salga de la justicia de Campana y vuelva al juzgado de Marcelo Aguinsky
Un documento oficial enviado a fiscales de todas las jerarquías y especialidades señala que la administración realiza gestiones para restablecer el servicio mientras se adoptan medidas temporales en las oficinas
Mohsen Rabbani, uno de los denunciados, habló hoy con la prensa y remarcó: "Para nosotros los argentinos son amigos y siempre estamos trabajando juntos. Yo quiero al pueblo argentino". Leer más
Lejos de renunciar, el ministro de Justicia nacional entrante, Juan Bautista Mahiques, se dio licencia a sí mismo como fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, para así poder ejercer como funcionario de Javier Milei.El propio Mahiques firmó la resolución en la que también él definió otorgarse una licencia extraordinaria "por ejercicio transitorio de otro cargo" a partir del 5 de marzo, es decir, de mañana, "y mientras dure dicha designación o se produzca la finalización del mandato constitucional como fiscal general, lo que ocurra primero". La decisión indica que la licencia será sin goce de sueldo. Además, en el mismo texto, Mahiques dispuso que el fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional, Javier Martín López Zavaleta, lo reemplace. "El nombrado magistrado cuenta con los antecedentes profesionales, trayectoria y experiencia suficientes en el ámbito tanto académico como judicial", señaló Mahiques y también destacó que López Zavaleta le propuso "acciones de impacto institucional" implementadas "de manera exitosa", como la creación y puesta en funcionamiento de las Unidades de Flagrancia, la Unidad Fiscal Especializada en Ejecución Penal, los Equipos Especializados en Violencia de Género y la implementación de la figura del "auxiliar fiscal".Además, ponderó la trayectoria de su colega desde 1999 en el Ministerio Público Fiscal. Mahiques fue nombrado por Javier Milei como reemplazo de Mariano Cúneo Libarona este miércoles y ya estuvo en la Casa Rosada con la secretaria general, Karina Milei -promotora de su designación junto a los primos Menem-, y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.Está previsto que el nuevo funcionario asuma mañana al frente del Ministerio de Justicia en una ceremonia de jura que se hará en la Casa Rosada a las 12, encabezada por el Presidente. Asimismo, pasó a ser número dos del área, también promovido por la hermana presidencial, Santiago Viola, hasta ahora apoderado de La Libertad Avanza.De esta forma, la secretaria general vuelve a ganar una batalla interna contra el estratega Santiago Caputo, que perdió a uno de sus máximas terminales: el ahora exsecretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien llevaba los temas más calientes de la gestión de esa cartera que formalmente conducía Cúneo Libarona.
De 51 años, hasta ahora se desempeñaba como fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional y, desde febrero de 2024, está al frente del Instituto Superior de Seguridad Pública
Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, imputó y declaró en rebeldía a Alí Asghar Hejazi, ladero del líder supremo asesinado días atrás
El titular de la cartera energética, Edwin Palma, explicó que la decisión obedece a la recuperación del fondo estatal encargado de estabilizar los precios, desligando la medida de los recientes incrementos del valor internacional del petróleo
El fiscal anticorrupción cuestionó que el titular del Ministerio Público no exija celeridad en el caso de la deportista de apnea, quien fue arrollada y abandonada sin ser auxiliada en San Isidro
El ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada generó sorpresa a la vez que sirvió para reavivar ciertos escándalos del pasado. En ese contexto, Pablo Echarri fue consultado sobre la decisión de su colega de unirse al reality y también sobre los problemas judiciales que la actriz enfrentó en los últimos años.En diálogo con el programa Puro Show (Eltrece), el actor, que en el pasado coprotagonizó ficciones junto a la artista, se refirió tanto al presente televisivo de Del Boca como a su situación pasada ante la Justicia. Si bien la mayoría de los participantes de Gran Hermano provienen del universo de las redes sociales, la presencia de una figura icónica de la ficción como la artista sorprendió a la audiencia.Consultado sobre si él aceptaría ingresar a Gran Hermano, Echarri apuntó: "Yo creo que, por el presente, te diría que no, pero uno nunca sabe cuáles son las razones por las que uno toma una decisión: a veces son económicas, a veces personales; yo trataría de evitarlo, porque ese nivel de exposición es duro y doloroso. ¿Me lo estás preguntando por Andrea?".Al hablar del paso dado por su colega, precisó: "A mí me parece que está bien, ahí apuntaba mi respuesta, a que ella debe haber tomado una decisión de su propia coyuntura personal y debe tener razones lógicas para haberlo hecho", sostuvo.Echarri también se refirió a la causa judicial que involucró a la actriz en relación con la novela Mamá Corazón. Al ser consultado por este tema, sumó: "La situación judicial es que la persiguieron porque en algún momento estuvo cerca de Néstor y Cristina. Fue una persecución política, no tengas dudas. La investigación fue un blef, porque las medidas procesales dieron todas a favor de Andrea y nunca se comprobó ningún tipo de estafa ni nada", afirmó.Además, el actor defendió a su colega y apuntó que no llegó a demostrarse que estuviera involucrada en irregularidades: "Ella hizo una novela que fue sustentada por un gobierno. Hablaban de que se había quedado con dinero y ponían el foco como si ella hubiese tenido algún tipo de acto de corrupción, pero no fue así". View this post on Instagram Echarri profundizó en su análisis sobre el origen del conflicto. "Me imagino que haber hecho una novela por fuera de las herramientas del audiovisual, en el Instituto (INCAA), yo me imaginaba que ella iba a tener este lío", señaló.Al ser consultado por la apelación de la Fiscalía tras la absolución de Del Boca, el actor sumó: "Habría que ver el nombre de la fiscal, a veces en lugar de hablar de Justicia tendrían que hablar de nombres propios y habría que escarbar las razones por las que actúan y la razón de la apelación; no tengas dudas de que son asuntos políticos. Si uno quiere vivir con los ojos más abiertos tiene que hacerse este tipo de preguntas", reflexionó.Consultado sobre si considera que su colega fue apartada del medio artístico tras la polémica, Echarri mencionó: "No creo que ella haya sido cancelada, la oferta laboral se derrumbó en Argentina, las novelas que Andrea o nosotros hacíamos no se hicieron más, entonces la razón por la que no trabajó más es porque no se hicieron más las producciones que hacía ella", indicó.Finalmente, el actor concluyó con un diagnóstico sobre la actual situación de la industria en el país: "El audiovisual, el Instituto, está cerrado. Hoy se hace muy poca cantidad de películas. No hablaría de cancelación, primero hablaría del derrumbe en la producción audiovisual".El ingreso de Andrea del Boca al realityLa entrada de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano se produjo poco después de que el Tribunal Oral Federal 7 la absolviera en el juicio por presuntas irregularidades en la financiación de la novela Mamá Corazón. Tras años alejada de los medios, fue su abogado, Juan Pablo Fioribello, quien explicó públicamente cuál fue el motivo de su decisión. View this post on Instagram En diálogo con Moria Casán, Fioribello aseguró que la actriz atraviesa un nuevo presente personal y profesional. "Andrea está en otra etapa de su vida. Luego de esta absolución, donde limpió su imagen judicialmente, entró en una nueva etapa. Ella quería hacer algo totalmente disruptivo. Es una persona que quería hacer un contrato totalmente nuevo, un formato totalmente nuevo. Algo que no la encasille en el formato de novelas", sostuvo el letrado.Ante la pregunta de si buscaba limpiar su imagen o una reivindicación pública, el abogado lo negó. "Ella quería jugar. Me dijo: 'quiero jugar, quiero ser disruptiva'", afirmó Fioribello.
La confirmación de la autorización para la metalúrgica fue comunicada por el titular de la entidad estatal, reflejando el avance de un programa dirigido a promover el crecimiento económico y la generación de empleo en el territorio
La audiencia se desarrolla en el 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde se evalúa el riesgo procesal del investigado
Ante las advertencias del presidente de la Andi, el mandatario señaló que la situación en el país podría ir mejor, pero responsabilizó al Congreso de estancar sus iniciativas
Once nuevos fiscales federales asumen cargos en 11 estados, en un proceso marcado por el impulso femenino y el compromiso de fortalecer la presencia federal sin intervenir en las fiscalías locales
En lo que tiene que ver con los niveles de la recaudación impositiva, el economista, Lucas Carattini, manifestó que, "en términos reales viene cayendo mes a mes". Leer más
La entidad se anticipa al mercado con una operatoria ágil y suma alternativas de inversión en moneda extranjera con tasas competitivas.Es la primera entidad privada en implementar el esquema y ofrecer rendimiento en dólares bajo el nuevo marco regulatorio.
Juan Manuel Olmos cuestionó el programa económico del presidente Javier Milei y sostuvo que el peronismo debe construir una alternativa basada en el orden fiscal y el desarrollo productivo. El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) formuló estas declaraciones en el programa Odisea Argentina, por LN+, donde también analizó el reciente discurso del Presidente en el marco de la apertura de sesiones legislativas y el escenario político.En ese marco, Olmos advirtió que desde noviembre de 2023 a noviembre de 2025 se perdieron 278.000 empleos registrados en la Argentina y que en el mismo período dejaron de operar 22.000 empresas. También indicó que la utilización de la capacidad instalada industrial se ubica en 53,8%, por debajo del nivel registrado durante la pandemia, y que el endeudamiento de las personas pasó de un salario y medio a dos salarios y medio en un año, según cifras del Banco Central."Cristina quedó como una gacela al lado de Milei": Juan Manuel Olmos, mano a mano con Carlos PagniEl presidente de la AGN sostuvo que la dinámica sectorial profundiza ese escenario, ya que en los últimos dos años crecieron principalmente la intermediación financiera; petróleo, gas y minería; y el agro, actividades que en conjunto explican el 9% del empleo registrado. En contraste, construcción, industria manufacturera y comercio â??que concentran casi el 50% del trabajo formalâ?? registraron caídas. "Si los sectores que ganan son los que crean muy poco empleo y los que se derrumban son los que crean mucho empleo, vamos a terminar teniendo un país con un nivel de desocupación altísimo", advirtió en diálogo con Carlos Pagni.A partir de ese diagnóstico, Olmos planteó que el peronismo debe elaborar una alternativa al actual modelo económico. Sostuvo que el contexto político y social exige una propuesta que combine equilibrio en las cuentas públicas con crecimiento y desarrollo productivo. "El peronismo tiene que crear una alternativa a este modelo económico", afirmó, y agregó que el escenario actual implica "un cambio de época" que obliga a reformular estrategias.En esa línea, señaló que el espacio debe retomar una experiencia de orden fiscal como la registrada durante la presidencia de Néstor Kirchner, período en el que, según indicó, hubo superávit fiscal y comercial entre 2003 y 2008. "Tenemos que retomar ese programa de orden fiscal pero con crecimiento con industria nacional y con desarrollo nacional", sostuvo.Por otra parte, Olmos analizó el discurso que Milei pronunció en la apertura de sesiones ordinarias y cuestionó el tono empleado por el Presidente. Consideró que el mensaje estuvo atravesado por "gritos y violencia verbal" y sostuvo que ese registro debería dejarse de lado en la Argentina. Además, señaló que "la parte histriónica por momentos hasta parecía sobreactuada"."El Presidente siempre dice que no es gorila pero ayer parecía King Kong", señaló. En ese sentido, indicó que en su discurso Milei "se metió con Perón, con 'La Razón de mi vida', Néstor, Cristina" y que "trató a todos los peronistas de burros".Más allá de esas críticas, Olmos analizó que el jefe de Estado atraviesa un momento de mayor fortaleza política que al inicio de su mandato. Consideró que logró consolidar un liderazgo en la discusión pública y destacó la conformación de bloques legislativos que dejaron de lado la posibilidad de que se articule una mayoría de dos tercios en su contra. Afirmó que el oficialismo cuenta con equipos "monolíticos y disciplinados", y atribuyó ese armado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La FGR destacó que entre los nombramientos se encuentran 6 mujeres
Las recomendaciones enviadas a las máximas autoridades del Estado instan a que la selección de nuevos cargos en Corte de Constitucionalidad y Ministerio Público garantice procesos transparentes y excluya perfiles con antecedentes contrarios a estándares democráticos
Luego de la advertencia del Carf sobre el déficit fiscal, el mandatario propuso aumentar el ingreso tributario gravando a los sectores rentísticos y reprochó la reducción de la última reforma por parte de la Corte Constitucional
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal reportó que el déficit primario en 2025 fue de 3,5% del PIB y estimó un faltante de $31,1 billones para cumplir la meta fiscal de 2026
El ministro de Economía reiteró el objetivo de que la cifra del IPC empiece con cero en agosto y ratificó el esquema de bandas.Habló de la buena relación con Kristalina Georgieva y enumeró las empresas con las que prevén avanzar en la privatización.
En su discurso de apertura de sesiones en el Congreso, Milei prometió una justicia "ágil y eficaz", pero casi la mitad de los cargos de acusadores están vacantes.
El Concejo Municipal de Hialeah aprobó una ordenanza que devolverá parte de los impuestos municipales a propietarios de 65 años o más con ingresos limitados. El programa prevé cheques a fines de marzo y será financiado con ahorros administrativos.Hialeah devolverá impuestos a mayores de 65 añosLa iniciativa establece que los beneficiarios recibirán un reintegro correspondiente a la porción municipal del impuesto inmobiliario. El plan fue presentado por el alcalde Bryan Calvo y cuenta con una asignación presupuestaria de US$1.2 millones.Hialeah aplicará un alivio fiscal para adultos mayores que cumplan ciertos requisitosDe acuerdo con lo informado, el financiamiento proviene de ajustes administrativos internos, por lo que no implicará incrementos en otros tributos ni reducciones en servicios públicos. El municipio indicó que los pagos comenzarán a enviarse hacia finales de marzo."Dijeron que no se podía hacer, y lo hicimos", dijo Calvo en una rueda de prensa. "Y lo logramos en menos de 45 días con esta nueva administración", aseguró.El gobierno local indicó que esta política convierte a Hialeah en la primera ciudad de Florida en implementar un esquema de devolución directa de impuestos municipales a adultos mayores bajo estas condiciones. La administración local señaló que el plan apunta a aliviar la carga tributaria frente al aumento del costo de vida.De acuerdo con el alcalde, 6000 familias podrían verse beneficiadas por la medida. El Concejo Municipal aprobó la ordenanza por unanimidad, aunque resta la votación final para completar el proceso normativo. Una vez cumplida esa instancia, el gobierno local quedará habilitado para emitir los pagos conforme al cronograma previsto.¿Cuáles son los requisitos para acceder al alivio fiscal en Hialeah?El programa fija tres condiciones específicas para acceder al reembolso:Los solicitantes deben tener al menos 65 años cumplidos al momento de la aplicación. Deben ser propietarios legales de la vivienda por la cual solicitan el beneficio. El inmueble debe constituir la residencia principal del contribuyente bajo la figura de "homestead exemption". Esto excluye propiedades utilizadas con fines comerciales o de alquiler.También se establece un tope de ingresos anuales de US$37.694. Este límite busca dirigir el programa hacia hogares con recursos acotados.El mecanismo definido por la ordenanza requiere que el propietario abone el impuesto inmobiliario como lo hace habitualmente. Una vez realizado el pago, el municipio emitirá un cheque por el monto equivalente a la parte del tributo que corresponde exclusivamente a la ciudad.El reintegro no incluye los cargos del condado ni los correspondientes al sistema escolar. Solo se devolverá la fracción local del gravamen a la propiedad.El monto promedio estimado del pago es de US$539, aunque la cifra final dependerá del valor tasado de cada vivienda y del total abonado en concepto de tributos municipales."Si usted paga más impuestos, el cheque va a ser por un número mayor. Si usted paga menos impuestos, va a ser por un número menor", señaló Calvo.Cuándo pagan y cómo solicitar la devolución de impuestos en HialeahEl envío de los cheques está previsto para finales de marzo y cubrirá los impuestos correspondientes al año fiscal 2025. La ordenanza contempla una segunda lectura administrativa programada para el 10 de marzo, instancia necesaria para autorizar los pagos.Quienes ya cuenten con la exención para adultos mayores registrada en su factura no deberán realizar ningún trámite adicional. En esos casos, el cheque será enviado automáticamente por correo al domicilio registrado.De acuerdo con CBS News, para los propietarios que reúnan las condiciones pero no tengan la exención aplicada, el municipio organizará jornadas de asistencia técnica. Estas sesiones se desarrollan con la colaboración de la Oficina del Tasador de Propiedades del Condado de Miami-Dade.
El jefe de Gobierno porteño inaugurará desde las 9.30 las sesiones ordinarias de la Legislatura porteña sobre los ejes de su gestión. Leer más
La presentación de la exfiscal Viviana Fein ante los tribunales federales marca un punto de inflexión en una causa que, 11 años después del asesinato del fiscal Alberto Nisman, sigue siendo una herida abierta en la vida pública argentina. Su convocatoria a prestar declaración indagatoria, concretada días atrás, se fundó en la existencia de motivos suficientes para sospechar que la funcionaria no preservó adecuadamente el lugar donde apareció muerto el titular de la investigación por el atentado contra la AMIA.La declaración indagatoria â??conviene recordarloâ?? no constituye una invitación a brindar explicaciones ni a aclarar aspectos de la investigación. La ley impone informar al imputado los hechos que se le atribuyen, su calificación legal y las pruebas existentes en su contra. Se trata de un acto procesal previsto para que el imputado â??condición que adquiere quien es llamado a declarar en este marcoâ?? pueda ejercer su defensa frente a un cuadro de sospecha ya configurado. Su sola convocatoria implica que, para el fiscal del caso, Eduardo Taiano, y para el juez interviniente, Julián Ercolini, existen motivos suficientes para sospechar que la exfiscal pudo haber incumplido deberes esenciales vinculados con la preservación del escenario del crimen.Este es, precisamente, el punto central. La justicia investiga el asesinato de Nisman y la hipótesis de suicidio ha sido, hasta el momento, descartada. Ese curso de investigación exige determinar si la escena fue preservada de manera adecuada para permitir responder con rigor las preguntas vinculadas a cómo ocurrió el deceso. La pesquisa actual avanza sobre esa dimensión y no se orienta a reconstruir directamente la mecánica de la muerte, sino a establecer si quienes debían garantizar las condiciones necesarias para conocer la verdad actuaron conforme a la ley o, por el contrario, contribuyeron â??por acción, omisión o negligenciaâ?? a impedirlo.De allí surge la gravedad institucional del momento. Una exfiscal que dirigió la primera etapa de una de las causas más sensibles de la historia reciente debe ahora explicar ante la Justicia por qué no habría cumplido con los estándares básicos de preservación de un sitio que exigía el máximo rigor técnico de cuidado. Y aunque Viviana Fein rechazó toda acusación y negó que la escena haya sido contaminada o afectada en su integridad, lo relevante para la sociedad no reside en sus argumentos defensivos, sino en lo que resuelva el juez respecto de su situación procesal. El fiscal Taiano ha sostenido que habría existido "un plan criminal" para ocultar el asesinato de Nisman, y que ese plan habría comenzado casi desde el momento en que fue hallado su cadáver, cuando se permitió el ingreso de más de 80 personas al departamento de Puerto Madero donde se produjo el crimen, cual si se tratase de un tour por la vivienda donde vivía el fiscal de la causa AMIA.El paso que sigue está reglado por el Código Procesal Penal de la Nación. Tras la indagatoria, el juez debe analizar la imputación, las pruebas reunidas y lo expresado por el imputado y, luego, resolver si corresponde dictar un procesamiento, una falta de mérito o un sobreseimiento. La sociedad espera una decisión que esclarezca uno de los aspectos más relevantes vinculados con la muerte de Nisman. Lo que está en juego es la confianza en la administración de justicia, lo que exige determinar si la exfuncionaria encargada de custodiar la primera escena del hecho actuó según los deberes que le imponía su función o, por el contrario, si algún incumplimiento pudo haber afectado la posibilidad de reconstruir cómo murió el fiscal, si se trató de un homicidio y, en última instancia, quién podría haber sido el responsable. Las dudas que pesan sobre la primera fiscal no solo comprometen su desempeño personal, sino también la legitimidad de un proceso que lleva más de una década y cuya prolongada incertidumbre impacta de manera directa en toda la opinión pública.Más aún, ya no se trata únicamente de la actuación de Viviana Fein. En la misma situación procesal se encuentran imputados el primer juez del caso, Manuel de Campos; el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, y otros funcionarios y jefes de fuerzas federales que intervinieron en las horas iniciales. La investigación sobre este conjunto de actores refuerza la idea de que el problema no se limita a una persona, sino a un entramado de decisiones y omisiones que podrían haber comprometido la búsqueda de la verdad sobre un hecho de una gravedad inusitada. Llamó la atención que Viviana Fein dijera que ella no autorizó a Berni a estar en el lugar del hecho, aunque tampoco le pidió que se fuera. Del mismo modo, resulta cuestionable que se niegue a aceptar responsabilidades, pese a que reconozca que la investigación fue un "fracaso". Lo que hoy requiere la sociedad es un horizonte de certeza brindado por el Poder Judicial. Se trata de obtener una explicación concreta sobre lo ocurrido en las etapas iniciales de la causa y sobre si existieron conductas que pudieron comprometer la posibilidad de esclarecerla. La indagatoria de la exfiscal abre un tramo crítico del proceso con respecto a la responsabilidad institucional de quienes debían garantizar las condiciones necesarias para avanzar hacia la verdad.Es necesario que esta etapa del proceso se transite con rigor y sin demoras injustificadas. La decisión que adopte el juez sobre la situación procesal de la exfuncionaria no cerrará la causa, pero sí permitirá establecer si la búsqueda de la verdad estuvo afectada desde su origen o si, por el contrario, las fallas señaladas no configuran una conducta penalmente relevante.La sociedad ha esperado demasiado tiempo para obtener respuestas. Es de esperar que este paso decisivo permita, al menos, comenzar a esclarecer si existió una trama destinada a diluir responsabilidades en las horas iniciales. Sin esa base, cualquier conclusión sobre cómo murió el fiscal y quiénes pudieron haber intervenido seguirá siendo incompleta.
El exministro planteó que sin una reducción significativa de la tasa real de interés será difícil sostener el ajuste fiscal y avanzar en la apertura económica. Señaló que el crédito accesible es clave para la competitividad y la reestructuración productiva
La presentación ante la Asamblea Legislativa incluyó un análisis de la situación económica heredada, avances normativos recientes y el anuncio de una serie de iniciativas sectoriales dirigidas a impulsar reformas estructurales y crecimiento en los próximos meses
La instancia legislativa se convierte en el escenario central donde las reformas económicas buscan consolidarse como normas permanentes, en un contexto de búsqueda de credibilidad y estabilidad para el régimen económico del país
El presidente Javier Milei señaló en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso que el Gobierno continuará con la baja de las retenciones "de forma responsable y solo en la medida en que el superávit fiscal lo permita". Además, el jefe de Estado anunció un régimen para la innovación en semillas, un tema clave considerando que la ley actual en la materia es de 1973, cuando la soja recién se expandía y no existía la biotecnología agrícola. Reclutados por WhatsApp y US$30 por día: así es el mundo del éxodo de los misioneros que buscan trabajo en Brasil"El sector agropecuario también tendrá su revolución. Estamos en condiciones de producir 300 millones de toneladas de grano, duplicando la producción actual. Para ello daremos un régimen de derecho de propiedad a los innovadores en semillas; continuaremos el sendero de baja de retenciones de forma responsable y solo en la medida que el superávit fiscal lo permita", expresó el jefe de Estado. En este contexto, luego amplió sobre el tema semillas: "El régimen de incentivo para medianas inversiones catalizará un torrente de bienes de capital y sistemas de riego. No podemos aceptar que nuestros rindes en Chaco sean de 600 kilos de algodón por hectárea cuando en Brasil son de 1400â?³, indicó. Después se refirió a lo que ocurre con la propiedad intelectual en semillas de soja: "Tampoco podemos permitir que Brasil triplique su producción de soja usando semillas con tecnología argentina, hecha por empresas argentinas, que no se pueden vender en la Argentina".
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El gobernador demócrata propondrá una pausa de dos años en los incentivos fiscales para nuevos centros de datos.
Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, comunicará mañana en la apertura de sesiones ordinarias de su provincia que impulsará una iniciativa que bajaría Ingresos Brutos, entre otras condiciones, y que acompañará el esquema de grandes inversiones diseñado por Nación
"Leonardo Airaldi, a partir de este momento, usted ingresa a la órbita del Servicio Penitenciario Federal, a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional". La frase, pronunciada en voz firme por un agente del SPF, abre los tres videos del operativo y marca el inicio del traslado. Mientras escucha, Airaldi permanece de pie, esposado, equipado con casco y chaleco antibalas, rodeado por personal táctico que verifica posiciones y repasa el procedimiento.El operativo formó parte de un movimiento de seguridad calificado como "sensible", adoptado en la antesala del juicio por narcotráfico que se reprogramó para el 3 de marzo y también a raíz de la causa paralela que investiga un plan criminal para asesinar a funcionarios judiciales y provinciales que habrían planeado el "gaucho" narco. El traslado no se limitó a un simple cambio de unidad: implicó una modificación de régimen para Airaldi, conocido como el gaucho narco, cuyo nuevo alojamiento contempla restricciones más estrictas, controles más frecuentes y un nivel de vigilancia diseñado para internos considerados de riesgo elevado por su capacidad operativa o por antecedentes de maniobras externas.Según la investigación judicial, Airaldi había estructurado un complot para matar al juez federal Leandro Ríos, al fiscal federal José Candioti y al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. El plan se iba a concretar la semana que está terminando. Para ello, el gaucho narco habría contratado a dos sicarios uruguayos, con un pago estimado en US$40.000, y había realizado averiguaciones sobre rutinas y desplazamientos de los funcionarios. El plan se malogró a partir de un aviso de otro narco preso al Servicio Penitenciario de Entre Ríos, que alertó a la Justicia sobre movimientos sospechosos dentro del penal donde el detenido estaba alojado. Ese informe derivó en allanamientos urgentes, en los que se secuestraron teléfonos, anotaciones y dosis de cocaína, todo incorporado como parte del cuadro probatorio que rodea al gaucho narco.La declaración del otro interno resultó determinante, al describir conversaciones en las que Airaldi habría manifestado su intención de concretar los homicidios mediante asesinos a sueldo. Ese testigo aportó detalles del supuesto plan y permitió reconstruir la secuencia en la que el detenido hablaba de dividir tareas entre dos vehículos, coordinar ataques en territorio uruguayo y disponer métodos para eliminar rastros. Con esos elementos, la Justicia ordenó medidas de protección reforzada para las potenciales víctimas y abrió una investigación independiente, a cargo del juez federal Hernán Viri y del fiscal Pedro Rebollo, que avanza en paralelo al expediente principal.Por qué será juzgadoMientras tanto, la causa madre se centra en el tráfico de cocaína mediante el uso de una isla del río Paraná como plataforma de llegada, almacenamiento y circulación de cargamentos. Parte del caso se inició de manera fortuita: una denuncia por violencia de género permitió que la policía encontrara 28 ladrillos de cocaína en una vivienda situada en Puerto Gaboto, con etiquetas compatibles con envíos hacia Dubái. Ese hallazgo se vinculó, por fechas e indicios, con un decomiso mayor: el 26 de agosto de 2022, la Policía Federal incautó 1600 kilos de cocaína en un galpón de Rosario. 16 días antes habían aparecido los casi 29 kilos del primer procedimiento, ocultos bajo una cama en la casa del puestero. Para los investigadores, esos elementos consolidaron la hipótesis de una estructura logística sostenida, de la cual Leonardo Airaldi era uno de los engranajes centrales.El recorrido procesal del imputado incluye, además, una detención previa en Rosario, ocurrida el 22 de julio de 2023, cuando Gendarmería lo arrestó en una VW Amarok donde se secuestraron armas, droga y teléfonos. Ese vehículo quedó asociado a la estructura del narcotraficante bonaerense Miguel "Mameluco" Villalba y ayudó a delinear las conexiones de Airaldi con organizaciones que operan en distintos puntos de la región. En el expediente constan también comunicaciones peritadas, registros de movimientos y testimonios que describen el uso de la isla como punto de desembarco de embarcaciones de alta velocidad vinculadas al tráfico de cocaína.
La administración de Gustavo Petro considera convertir la aseguradora en una entidad completamente pública y absorber su deuda, mientras el país enfrenta un alto déficit fiscal y aumento en las quejas de usuarios y embargos en hospitales
En las próximas elecciones de Texas, Ken Paxton se presentará como candidato al Senado de Estados Unidos. El fiscal general está en su puesto desde la asunción de Greg Abbott como gobernador y acompaña su duro enfoque migratorio en el Estado de la Estrella Solitaria. El funcionario intentará vencer a sus rivales republicanos en las primarias del 3 de marzo.Quién es Ken Paxton, fiscal general de Texas y candidato al Senado de EE.UU.De acuerdo con la biografía de Britannica, el funcionario nació el 23 de diciembre de 1962 en Minot, Dakota del Norte. Por el trabajo de su padre, durante su infancia vivió en distintas partes de EE.UU., como Oklahoma y Nueva York.En su juventud estudió psicología y derecho en la Universidad Baylor y la Universidad de Virginia respectivamente. Por más de una década, Paxton se desempeñó como abogado en distintos puestos y tuvo su propio estudio legal durante 14 años.Su recorrido en la función pública comenzó en 2002, cuando fue elegido para ocupar un lugar en la Cámara de Representantes de Texas. Diez años después, en 2012, fue votado para ser senador estatal.No llegó a cumplir su primer mandato completo en la Cámara alta del estado, ya que en 2014 ganó las elecciones para fiscal general de Texas. Paxton asumió a inicios del 2015, al igual que Abbott. Desde entonces, acompañó la trayectoria del gobernador republicano en el cargo.Durante sus primeros dos años como procurador general estatal, coincidió con el último período de la gestión de Barack Obama. En ese tiempo, presentó docenas de demandas contra la administración federal.Algunas de las presentaciones judiciales incluyeron reclamos contra normas de protección ambiental, reglas de horas extras y legislaciones sobre baños para personas transgénero.Las políticas migratorias de Ken Paxton como fiscal generalEn el inicio de su gestión, el funcionario tomó relevancia por una iniciativa para combatir el tráfico de personas. A lo largo de sus gestiones, construyó un perfil conservador, con fuertes posturas contra el aborto y las regulaciones sobre personas transgénero.Dentro de esa visión general, tomó múltiples medidas en línea con el enfoque migratorio de Abbott. Por ejemplo, poco después de la asunción de Donald Trump fue uno de los pioneros en firmar un acuerdo 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).Paxton celebró en un comunicado ser el "primer oficial de la ley de Texas" en comprometerse a colaborar con las políticas de deportaciones de la administración Trump.Además, también en 2025 anunció una investigación contra la ciudad de Dallas por sus protecciones a migrantes. Según su presentación, estas medidas incumplían la ley SB4, que impedía la aplicación de políticas santuario.En esa misma línea, Paxton también buscó cerrar el Fondo de Servicios Legales para migrantes del condado texano de Harris. La medida desembocó en una demanda y un fallo judicial adverso.Las políticas migratorias de Ken Paxton como fiscal generalTras tres mandatos consecutivos como fiscal general, el funcionario abandonará su cargo. El próximo procurador saldrá de una lista de siete nombres, cuatro republicanos y tres demócratas, que participarán en las primarias del 3 de marzo.Abbott firmó una resolución contra los no ciudadanosPor su parte, él buscará convertirse por primera vez en senador de EE.UU., tras su experiencia legislativa en el Congreso de Texas. Según Ballotpedia, la lista de candidatos republicanos para el Senado nacional está compuesta por:Ken PaxtonJohn CornynJohn AdefopeAnna BenderVirgil BierschwaleSara CanadyWesley HuntGulrez Khan
Futuras rebajas impositivas dependerán de nuevos ajustes del gasto o de una recuperación más firme de la actividad económica
Tras cuatro años de lucha en los tribunales, la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche reasumió hoy su cargo, luego de que el Superior Tribunal de Justicia anulara su destitución promovida después de que acusara en causas de corrupción al condenado exgobernador Sergio Urribarri y a sus funcionarios."Fue una pelea por la independencia de los fiscales que salió bien. Estoy feliz. Esta situación se originó en que algunas personas investigadas por corrupción creían que tenían el derecho a la impunidad, pero las investigaciones que llevamos a cabo en la causa de los contratos y en el juicio a Urribarri nos demostraron que no", dijo Goyeneche a LA NACION. Y enfatizó que ahora espera que la condena a Urribarri quede firme y que el caso de los contratos de la Legislatura local llegue a juicio.Goyeneche fue reinstalada hoy en su cargo de Procuradora Adjunta del Ministero Público Fiscal de Entre Rios por el procurador Jorge García, en una acto rodeada de procuradores de otras provincias y de la Asociación de Fiscales.Cecilia Goyeneche fue desvinculada de su cargo mediante un jury el 30 de noviembre de 2021, pero peleó en la justicia local, sin suerte, y llegó a la Corte Suprema de Justicia, que fue la que le dio la razón, anuló todo el procedimiento y ordenó dictar una nueva sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos. Y hoy, tras cuatro años y tres meses de lucha judicial, conjueces del Tribunal Superior de Justicia, porque los jueces titulares se excusaron y se apartaron, anularon el jury y la repusieron en su cargo.Hablaron acerca de que el jury que destituyó a Goyeneche actuó con falta de imparcialidad".La Corte había señalado vicios en el proceso y cómo se integró el jury, y por eso el Tribunal Superior de Justicia debió volver a fallar.Los jueces que habían participado en el rechazo inicial del recurso extraordinario no podían volver a intervenir luego de que la Corte dejara sin efecto aquella sentencia. Ahora los jueces que fallaron son los camaristas, que actuaron como conjueces: María Alejandra Abud, Marcelo Baridón, Santiago Brugo, Aranzazú Quiroga, Mauricio Mayer y Carina Nassivera.La justicia entrerriana dio marcha atrás, declaró nula la resolución del 30 de noviembre de 2021 del Jury y anuló la destitución de la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Andrea Goyeneche.Los jueces que fallaron hoy dijeron que "se violaron gravemente las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio, principalmente porque el tribunal que juzgó a Goyeneche no fue imparcial".El fallo detalla que varios jueces del jury debieron ser apartados, por ejemplo Daniel Carubia y Claudia Mizawak, que ya habían intervenido como jueces en distintas etapas de una causa que originó la denuncia contra la fiscal. El fallo señala que esta participación previa comprometía su objetividad y que, según la ley, debieron haberse inhibido por "haber intervenido o tenido interés en el resultado de la causa".En el caso del juez Juan Smaldone, dijeron que el nivel de parcialidad detectado es "patente y grave". Por un lado, Smaldone intervino en una causa de amparo, en la que se discutió exactamente el mismo tema que luego tuvo que resolver como jurado.Además, existía un conflicto de intereses, pues el Ministerio Público Fiscal que integraba Goyeneche había acusado penalmente al hijo de Smaldone por corrupción en un caso de negociaciones incompatibles, fraude y cohecho, donde la fiscal intervino.El Superior Tribunal de Justicia anuló la integración de este jurado al considerar que "se violó la garantía constitucional del juez natural".Además de la falta de imparcialidad de los jueces, el fallo subraya que se eligió a un fiscal a dedo para la acusación contra Goyeneche. Recordó: se apartó a todo el Ministerio Público Fiscal como acusador por falta de objetividad y lo reemplazó por un fiscal "ad hoc" sacado de una lista de conjueces.El superior tribunal de Entre Ríos resolvió que "esta decisión fue manifiestamente ilegítima y arbitraria".Al constatar que "el proceso nació viciado por un jurado parcial y un órgano acusador ilegal", anuló todo y ello permitió reponer a la fiscal en su cargo.Goyeneche dijo a LA NACION que continuará con las investigaciones de corrupción, que coordinará los juicios en marcha y no descartó intervenir ella misma como fiscal en algunos de los juicios por venir.
CORRIENTES (de un enviado especial).- Fue una sorpresa que generó indignación en los fiscales y en María Noguera y José Peña, madre y padre de Loan Danilo Peña, cuando escucharon que el presidente del Tribunal Oral Federal, Fermín Cereloni, anunció que el juicio por la desaparición del niño comenzaría el 7 de octubre y que estaba previsto que se realizaran dos audiencias por semana hasta diciembre; es decir, en tres meses, en un debate que tendrá, como mínimo, 160 testigos."Este caso no es común. Tenemos un chico desaparecido, cuyos padres, que están sentados en primera fila, quieren encontrarlo y saber qué pasó. No podemos empezar este juicio el 7 de octubre", aseguró el fiscal federal Carlos Schaefer. Esta nueva postergación es lo que, en definitiva, pretendían las defensas de la mayoría de los 17 acusados, cuyas evidencias en su contra prueban â??según la mirada del Ministerio Público Fiscalâ?? que Loan fue retenido y extraído del naranjal cercano al campo de su abuela, Catalina Peña, en las afueras de 9 de Julio, donde se había realizado un almuerzo que terminó siendo el último lugar donde fue visto el chico. Para la fiscalía eso está acreditado en la instrucción que realizó la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, en los 93 cuerpos del expediente enviados el año pasado a Corrientes.El malestar y el rechazo que generó la fecha que estableció el tribunal â??conformado por Eduardo Belforte, Fermín Cereloni y Simón Braccoâ??, que fijaba el inicio para dentro de más de siete meses, hizo reflexionar a los jueces, quienes decidieron analizar y estudiar el tema. La desprolijidad del tribunal y el apuro por terminar la audiencia preliminar antes del mediodía dejaron esta situación en una especie de limbo. "No entiendo para qué se hizo esta audiencia preliminar si no se decidió nada", afirmó Schaefer.Casi todos los acusados seguían la audiencia de manera virtual desde sus celdas en distintas partes del país. El único que se desconectó fue Antonio Benítez, pero el resto â??como Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Macielâ?? estuvieron atento a sus pantallas. Cuando tengan que declarar deberán ser trasladados a la ciudad de Corrientes.Parecía que los magistrados estaban en otra dimensión, muy distinta a la que deambula la familia de Loan desde el 13 de junio de 2024, cuando el niño desapareció. "Tenemos que guardar respeto a esta familia", insistió Schaefer, mirando a María y José Peña, que estaban sentados en unos pupitres a dos metros del estrado, en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad del Nordeste. No se sabe cuándo comenzará el juicio, aunque, según los fiscales, las condiciones están dadas para que sea de inmediato."Me parece un disparate. Si es posible, queremos que el juicio empiece en una semana o dos; queremos que sea lo antes posible", dijo María Noguera al finalizar la audiencia.Una parte considerable del tiempo de la audiencia la ocupó una discusión intrascendente: la decisión de los jueces de pedirles a dos mujeres de Goya, que reclaman la aparición de Loan, que se sacaran las remeras con la estampa del rostro del niño. "En este juicio no debe haber ninguna connotación política", sostuvo el presidente del tribunal, interpretando que ese reclamo podría estar motivado por alguna intencionalidad ajena al pedido de justicia.Otro punto de discusión fue la prueba ofrecida por el Ministerio Público Fiscal, que incluye 161 testigos. El tribunal otorgó 15 días para readecuar la prueba, pero Schaefer indicó que esa tarea ya había sido realizada y que la audiencia era el ámbito adecuado para resolverlo. "Este sería el recinto y el momento para discutir, de esos 160 testigos, qué más piden las defensas. Si no, nos quedaríamos sin audiencia del día de hoy". El fiscal reiteró que mantiene un criterio de amplitud probatoria, aunque insistió en que el proceso debe avanzar sin dilaciones innecesarias.Los defensoresErnesto "Tito" González, abogado de Pérez y Caillava, había adelantado en la previa que la estrategia de la defensa se centraría en objetar las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal y la querella. "Hay ciertas incongruencias en los planteos realizados por la querella y también por el Ministerio Público Fiscal. Tengamos un poco más de seriedad en cuanto a la cantidad de personas que pretendemos que vengan a declarar, porque tenemos que tener en cuenta que vamos a tener declaraciones testimoniales que no van a durar dos minutos. Hay que depurar aquellas que sean verdaderamente útiles", señaló.Luego de la audiencia, que dejó un sabor amargo para los fiscales, Schaefer insistió en que el juicio es vital para que puedan surgir nuevos elementos en la búsqueda de Loan y para que se pueda romper el pacto de silencio entre los imputados. El fiscal reconoció que es relevante lo que hasta ahora logró determinar la investigación, aunque gran parte de la opinión pública considera que, al no hallarse a Loan, es un caso perdido.La esperanza del equipo fiscal es que durante el juicio se rompa el pacto de silencio que envuelve a los principales acusados. Según la causa, "intervinieron de manera coordinada" y, tras el almuerzo, un grupo de adultos y niños se dirigió a un naranjal cercano. En ese trayecto, Loan fue apartado de su padre y, desde entonces, permanece desaparecido. Las evidencias permiten determinar que Loan fue atropellado por la camioneta de Pérez y que, a partir de ese hecho, se planeó la desaparición del niño. El delito que se les endilga a estos acusados, contemplado en el artículo 146 del Código Penal, prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión.A estos imputados, que están con prisión preventiva, se suman otros diez vinculados a la llamada Fundación Dupuy, que habrían entorpecido la investigación de la desaparición de Loan. El único de ese grupo que está detenido es Nicolás Gabriel Soria, conocido como el "falso yankee", quien se presentaba en Corrientes como agente de la CIA o de Interpol, pero había nacido en Avellaneda.Schaefer destacó, luego de la audiencia, que los principales indicios de que Pérez y Caillava ocultaron a Loan están determinados por las pruebas realizadas con perros, que marcaron que el chico estuvo en la camioneta Ford Ranger con la que el matrimonio asistió al almuerzo y en la que, tras la desaparición del niño, regresaron a 9 de Julio. Además, horas más tarde viajaron a Corrientes y a Chaco en otro auto, un Ford Ka. La sospecha es que ese viaje lo hicieron con Loan, aunque aún no está claro con qué fin.Los investigadores determinaron que entre las 13.52 y las 15.26 se consumó la sustracción de Loan "para luego dar lugar a su ocultamiento hasta el día de hoy". En ese lapso, "Benítez, Ramírez, Millapi y Peña aprovecharon que José Peña (padre) y la abuela del niño se encontraban en la sobremesa conversando con el matrimonio Pérez-Caillava para apartar a Loan de su padre. Usaron la excusa de ir a buscar naranjas con los otros niños â??logrando así que el menor los acompañaraâ?? a un naranjal ubicado en un monte a más de diez minutos a pie, desde donde era imposible que el menor pudiera ser visualizado desde la casa de Catalina Peña, donde se encontraba su padre".En ese recorrido, y a medio camino hacia el naranjal â??donde ya se encontraba Benítezâ??, en una tranquera donde Ramírez esperaba a las mujeres y a los niños, Laudelina convenció a la prima de Loan de regresar a la casa con la excusa de que allí también había naranjas. De esa manera logró que todos los chicos se quedaran solos con los tres adultos que habían ido hacia allí y que participaron en la sustracción.La investigación señala que en el naranjal â??independientemente de las versiones ensayadas por los involucrados y del relato de los niñosâ?? se produjo "un suceso que desencadenó la sustracción del menor, el cual luego fue alejado del lugar y ocultado", situación que para los fiscales "perdura al día de la fecha".La sospecha de los fiscales es que para sacar a Loan del lugar se utilizó "el vehículo Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava, en el cual se hallaron rastros odoríficos del menor".El llamado sospechoDurante esa tarde del 13 de junio, Laudelina llamó a Caillava, según detectaron las antenas. Luego, la esposa de Pérez llamó a la policía a las 15.37, pero el comisario Maciel ordenó que se asentara en el libro de guardia que la comunicación había sido a las 16.15. Más tarde, Caillava y Pérez se encontraron con Laudelina. La sospecha es que le ordenaron plantar el botín de Loan para desviar la investigación, mientras el matrimonio viajaba a Corrientes y a Chaco.El jefe de la Comisaría de 9 de Julio, Walter Maciel, según los fiscales, montó un falso escenario de búsqueda e impartió distintas órdenes con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo de Loan.En la investigación se concluyó que "la denominada zona cero de la desaparición fue rastrillada agotando todos los recursos posibles: el mismo día de la desaparición, el 13 de junio, y en los días inmediatamente posteriores; el 30 de junio; nuevamente el 24 de julio; el 15 de octubre; y, por último, el 18 de diciembre de 2024". "En ninguna oportunidad se hallaron rastros fehacientes del niño que lo ubicaran fuera de la órbita del naranjal", remarcaron.Aunque aún no hay certezas de que el juicio arranque antes del 7 de octubre, como estableció originalmente el tribunal, los abogados de María Noguera y José Peña pidieron a los jueces que se lleve adelante lo antes posible una reconstrucción de la desaparición de Loan en el paraje El Algarrobal, en 9 de Julio. "El 13 de junio se van a cumplir dos años de la desaparición de Loan y ustedes deben saber y tener dimensión del lugar donde ocurrió esta tragedia", afirmó uno de los abogados de la querella, quien pidió, antes de que se cerrara la audiencia, que los magistrados le dieran la posibilidad de hablar a la madre de Loan. El presidente del tribunal se olvidó de este pedido y dio por terminada, a las 12.45, la fallida audiencia preliminar de un juicio emblemático.
El mandatario distrital se presentó en compañía del también alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para denunciar las altas tasas de impunidad en las ciudades capitales colombianas
La decisión del máximo órgano implica que la funcionaria judicial podrá volver a ocupar su cargo de Procuradora Adjunta. El fallo se dictó luego de la intervención de la Corte Suprema
La decisión impone una sanción equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por incumplir una orden judicial
La iniciativa, articulada entre la autoridad tributaria y migratoria, representa un paso para facilitar la reintegración de nacionales repatriados y respaldar su inclusión en la economía y servicios públicos
La organización prevé un crecimiento de 1.4%, por lo que exhortó a crear reformas profundas para evitar un mayor rezago
En contradicción con Berni, dijo que no le correspondía dirigir el operativo en el departamento del ex fiscal de la AMIA el 18 de enero de 2015. Y afirmó que "desde los albores del procedimiento, Sara Garfunkel -madre del fiscal- junto con Marta Chagas, se encontraban sentadas en la cama".
El nuevo marco permiten acceder a beneficios impositivos y financieros, con requisitos mínimos y canales simplificados. Pero conviene consultar a un contador antes de hacerlo
Tras la denuncia del fiscal Carlos Stornelli por "inicitación a la violencia colectiva", el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ratificó sus dichos contra la administración de Javier Milei y aseguró que, de persistir con su agenda política, el Presidente no llegará a completar su mandato. Stornelli había avanzado penalmente contra el mandatario peronista por considerar que sus declaraciones incitaban a la violencia."Yo lo que hice fue un análisis político, una descripción de lo que yo visualizo. De continuar con estas políticas, de no modificar sus políticas, este gobierno no llega al 10 de diciembre de 2027â?³, reafirmó Quintela en diálogo con radio Delta 90.3. Negó que, como plantea el fiscal, su intención haya sido instigar algún tipo de levantamiento.Advirtió, sin embargo, que espera que la CGT active un "plan de lucha" frente al avance de la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, a la que considera inconstitucional por violar el artículo 14 bis de la Carta Magna y tratados internacionales de rango constitucional. "También digo, como peronista, que la CGT tiene que armar un plan de lucha, tiene que resistir este modelo que atenta contra los derechos de los trabajadores", sostuvo.Cree, además, que otros dirigentes políticos deberían acompañar esta acción. "Quien tiene que manifestarse y visibilizar los problemas que vamos a tener [con la reforma laboral] tiene que ser la CGT, acompañado por todos aquellos que tenemos responsabilidad. Tenemos que defender los derechos de nuestra gente", agregó.Algo similar había planteado el lunes pasado en Radio 10. Fueron sus declaraciones en esa emisora las que motivaron la denuncia penal de Stornelli por "incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional".En el escrito presentado, el fiscal puntualizó la frase del gobernador por la que decidió actuar judicialmente. "Eso lo he planteado a mis colegas gobernadores y a los tres que conducen la CGT, que estaban acompañados por Héctor Daer y por el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. Estábamos todos juntos y yo planteé esto, tenemos que tomar decisiones, fuertes decisiones. Me dijeron: 'Sí, bueno, pero acordate, digo, en el año 2001, tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Sí tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo (...) este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027â?³, dijo Quintela, y abrió así la polémica. Además de la presentación de Stornelli, Quintela enfrenta otra denuncia, en este caso, de parte del riojano Javier Ruiz, referente de La Libertad Avanza en su provincia. Ruiz interpretó que el gobernador del PJ habría validado una interrupción anticipada del mandato presidencial.El futuro del peronismoEn diálogo con radio Delta 90.3, Quintela también se refirió al futuro del peronismo. Aseguró que -además de acompañar en el corto plazo el reclamo de los gremios y trabajadores- el partido debe trabajar para liderar un frente político amplio que pueda disputarle poder a La Libertad Avanza."Tiene que ser un grupo de compañeros que nos sentemos alrededor de la mesa a diseñar primero un proyecto político que encabece el peronismo como columna vertebral de un espacio mucho más grande", explicó. "[El peronismo sería] un núcleo que pueda convocar a otros partidos políticos, a movimientos sociales, a la CGT para constituir un frente político con un programa de gobierno que empatice con nuestra gente".El gobernador se mostró escéptico respecto de la posibilidad de incorporar a la vicepresidenta Victoria Villarruel a ese frente que pretende constituir, pero no lo descartó por completo. La titular del Senado se había mostrado junto al mandatario peronista a mediados de febrero en la última edición del Festival Nacional de La Chaya."Dentro del peronismo, no creo [que haya lugar para Villarruel] por su posición negacionista. No te puedo decir esta agua no has de beber, pero en principio me parece que no por su posición negacionista de la década del '70 y los 300.000 desaparecidos, compañeros torturados", concluyó Quintela.
El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, hizo un llamado al MEF y a la población sobre la situación que atraviesa la institución en medio de la crisis de criminalidad
Zarzuela señala que el rey emérito puede regresar cuando quiera, pero subraya que para proteger su imagen y la de la Corona debería volver a tributar en España
La gestión de Tarek William Saab y de Alfredo Ruiz coincidió con un país escenario de denuncias sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y persecución por motivos políticos
En la reunión extraordinaria los comisionados, redactaron un informe circunstanciado solicitado por la Corte de Constitucionalidad, en el cual detallan las acciones realizadas desde su primera reunión y el cambio en la tabla de gradación, por lo cual consideran que el acto reclamado queda sin efecto.
El informe subraya que la Comisión de Postulación debe incorporar indicadores concretos que permitan valorar la independencia, idoneidad y ética de los candidatos, promoviendo un sistema de selección acorde a principios constitucionales
El procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, pidió que Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli, los tres jóvenes que recibieron una pena de 15 años de cárcel por su participació secundaria en el homicidio de Fernando Báez Sosa, crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en la ciudad de Villa Gesell, sean condenados a la pena de prisión perpetua.Así se desprende de un dictamen presentado ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense presentado el 4 de este mes, pero que se conoció en las últimas horas, informaron a LA NACION fuentes judiciales.En la parte final de la presentación, Conte-Grand solicitó al maximo tribunal bonaerense que "se haga lugar a los recursos de inaplicabilidad de ley interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por los particulares damnificados [por los padres de Báez Sosa], casar la decisión impugnada -en relación a las participaciones secundarias y la desestimación del agravante de la alevosía- y adoptar competencia positiva", explicaron las fuentes consultadas.También, el jefe de los fiscales bonaerenses pidió que se desestimen por "improcedentes" los recursos de inaplicabilidad de ley presentados por las defensas de los jóvenes condenados.Veredicto: Thomsen, Pertossi, Comelli, Benicelli y Pertossi condenados a prisión perpetuaEl 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari condenó a la pena de prisión perpetua a Máximo Thomsen, de 26 años; Luciano Pertossi, de 24 años; Ciro Pertossi, de 25; Enzo Comelli, de 25, y Matías Benicelli, de 26. Fueron encontrados culpables del delito de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves [por los golpes que recibieron los amigos de Báez Sosa]".En cambio, Lucas Pertossi, que ayer cumplió 27 años; Viollaz, de 26, y Cinalli, de 24, fueron considerados "partícipes secundarios" del delito de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves".A fines de febrero de 2023, la sentencia fue apelada por los padres de la víctima, Silvino Báez y Graciela Sosa, representados por los abogados Fernando Burlando y sus colegas Fabián Améndola, Facundo Améndola, y Germán Facio. Solicitaron la pena de prisión perpetua para los tres jóvenes condenados a 15 años de cárcel. "La sentencia atacada ha incurrido en una errónea aplicación de la ley sustantiva a través de un desvío palmario de las reglas del sentido común. El tribunal a quo ha incurrido en un error lógico al interpretar y valorar las pruebas, con tergiversación de las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables", sostuvieron en la presentaciónLo mismo hicieron los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, representantes del Ministerio Público durante el juicio."Los fiscales, en su planteo, sostuvieron, como lo hicieron durante el juicio, en que los ocho acusados fueron coautores del homicidio de Báez Sosa", explicaron, en su momento, fuentes judiciales.El 27 de febrero de 2023, el abogado Hugo Tomei, que en ese momento representaba a los ocho jóvenes condenados, apeló la sentencia de primera instancia: solicitó la absolución de Lucas Pertossi, Viollaz y Cinalli; y para sus otros cinco asistidos pidió una pena máxima de cinco años de cárcel."Sin lectura de derechos, sin saber que podían negarse a responder preguntas incriminatorias y sin intervención de la defensa oficial, se les requirieron sus teléfonos celulares con las claves de acceso y la confesión sobre la propiedad de cada prenda de vestir con presuntas manchas hemáticas que se iban incautando. Eso sí; el personal policial dejó constancia a fs. 38, renglón 21, que de averiguaciones practicadas habría un sospechoso más que emprendió huida de nombre Pablo Ventura. El funcionario en ningún momento indicó como obtuvo dicha información que valió detener a un inocente que luego demandó al Estado por los daños y perjuicios que le ocasionó el irregular proceder del Ministerio Público Fiscal, en la suma de diez millones de pesos, que en caso de prosperar deberíamos pagar los contribuyentes mediante nuestros impuestos", sostuvo Tomei en parte de su apelación.El 22 de marzo de 2024, el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas de primera instancia, pero decidió quitar el agravante de la alevosía.Los jueces Luis María Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño sostuvieron: "Debe quedar nítidamente establecido, fuera de este asunto, pero a modo de ejemplo esclarecedor, que, aun mediando una pelea previa, en la cual uno de los contendientes queda indefenso, su inmediata matación no es alevosa. Por otro lado, y ya en orden a este acontecimiento en concreto, aunque no haya habido pelea, el escenario de los hechos muestra una nutrida concurrencia pública, con presencia policial relativamente cercana, que impide tanto la emboscada, como la típica actuación sobre seguro, propia de la figura, sin que sobre agregar a estos fines -para descartar definitivamente la sorpresa- el modo de embestida no disimulado con perfiles de horda vociferante".Caso Fernando Báez Sosa, el juicio: el fiscal Dávila dijo que 'son todos coautores'El Ministerio Público insistió y la Fiscalía de Casación presentó un recurso de inaplicabilidad de ley, que ahora apoyó el procurador Conte-Grand ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense."Se dictaminó hace unas semanas en el sentido del acogimiento de los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal de Casación. Ahora el tema está para resolver en la Suprema Corte de Justicia bonaerense", dijo a LA NACION una calificada fuente con llegada al despacho de Conte-Grand.La Suprema Corte de Justicia, que debe tener siete miembros y solo está integrada por los jueces Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria, para tratar el tema Báez Sosa convocó al magistrado Daniel Carral, integrante del Tribunal de Casación Penal (su presidente, Mancini Hebeca no pudo intervenir porque ya participó en la apelación a la sentencia de primera instancia).Pedido de nulidadAyer, por otra parte, se conoció que el fiscal de Casación, Ignacio Nolfi, que desde diciembre pasado representa a Lucas Pertossi, pidió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la sentencia de su asistido y la realización de un nuevo juicio La fundamentación de la presentación ante el máximo tribunal se basó en "la vulneración estructural del derecho de defensa en juicio, derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso", según informó la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires en un comunicado de prensa.Desde pocas horas después de su detención y tras ser indagado, el 18 de enero de 2020, había sido defendido por el abogado Hugo Tomei, al igual que los otros siete condenados."Si bien el doctor Tomei asumió la defensa con posterioridad a la audiencia prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense [por la declaración indagatoria], lo cierto es que, desde el mismo momento en que tomó intervención, ya existía un cuadro evidente de intereses contrapuestos entre los imputados, derivado de la disparidad objetiva de roles, de la distinta entidad de la prueba de cargo y del diverso grado de responsabilidad que se les atribuía. Ese contexto imponía, como vengo sosteniendo reiteradamente en este escrito, una actuación diferenciada y un control judicial activo, tendiente a evitar que la defensa común frustrara el ejercicio pleno del derecho de defensa de alguno de los encartados", sostuvo Nolfi en su presentación ante la Corte Suprema de Justicia, a la que tuvo acceso LA NACION.Para Nolfi, "la asunción de una defensa técnica común en una causa de extrema gravedad, con roles fácticos claramente disímiles, requería la revisión crítica de lo actuado por el letrado de confianza y la adopción inmediata de medidas orientadas a resguardar el derecho de defensa. En otras palabras, los tribunales debían intervenir de oficio para subsanar esa situación y permitir una defensa diferenciada que tutela de manera efectiva la situación fáctica y jurídica de Lucas Pertossi".Los ocho jóvenes están alojados en la Unidad 61 del Servicio Penitenciario Bonaerense, cárcel que hasta hace pocos meses se conocía como Alcaidía Departamental 3 de La Plata.
"El ámbito natural para discutir la culpabilidad o inocencia de las personas, es el juicio oral", dijo la representante del Ministerio Público durante la audiencia de este jueves.
Es porque el mandatario dijo que el gobierno de Milei "no llegaba al 10 de diciembre de 2027" y por instó a la CGT a "tomar decisiones fuertes" contra la administración nacional.
El Partido Justicialista nacional, que preside Cristina Kirchner, emitió un comunicado de apoyo al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien fue denunciado por el fiscal federal Carlos Stornelli tras declarar que el presidente Javier Milei no debe concluir su mandato en término. Además de solidarizarse con el mandatario provincial, el partido cuestionó al funcionario judicial por tener "una larga trayectoria en causas armadas, extorsiones y persecución a los peronistas".Bajo el título "Solidaridad con el gobernador Quintela", el PJ señaló en su comunicado que "repudia la denuncia impulsada por el fiscal Carlos Stornelli contra el gobernador de La Rioja, el compañero Ricardo Quintela". "La denuncia no tiene ningún sustento: se origina en una opinión del gobernador realizada en un medio de comunicación y es llevada adelante por un fiscal con una larga trayectoria en causas armadas, extorsiones y persecución a los peronistas", se subrayó en el texto del partido conducido por Cristina Kirchner. Entre otros expedientes, Stornelli intervino en el de los Cuadernos de las Coimas, que está en proceso de juicio oral con la expresidenta entre los acusados. COMUNICADO DEL PARTIDO JUSTICIALISTASOLIDARIDAD CON EL GOBERNADOR QUINTELAEl Partido Justicialista repudia la denuncia impulsada por el fiscal Carlos Stornelli contra el gobernador de La Rioja, el compañero Ricardo Quintela. La denuncia no tiene ningún sustento: se originaâ?¦— Partido Justicialista (@p_justicialista) February 26, 2026"Se trata de un nuevo episodio de persecución política y de la utilización del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento contra dirigentes de la oposición al gobierno de Milei. Nuestra solidaridad con el gobernador Ricardo Quintela", se concluyó en el documento del peronismo, que se difundió por redes sociales.Quintela -quien, en 2024, intentó postularse dentro del PJ para disputar una interna con Cristina, pero no lo logró porque su lista fue rechazada por la junta electoral partidaria y por la jueza federal María Servini- había dicho el martes a Radio 10 que "el peronismo es una fuerza política que dejó jirones en el camino, pero este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027â?³. "Si llegamos, [será] con un país totalmente destruido, entregado", remarcó. En las mismas declaraciones radiales, el gobernador riojano advirtió que el gobierno de Milei podría entregar la Patagonia a manos extranjeras. "Guarda desde La Pampa para abajo, guarda con la Patagonia. No vaya a ser cosa que después nos enteremos que se quedaron con las Malvinas y también con la Antártida y la Patagonia, son unos vivillos", advirtió.Tras la repercusión de los dichos de Quintela, el fiscal Stornelli lo denunció porque esas declaraciones podrían constituir los delitos instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y amenaza de sedición. Argumentó que las declaraciones del mandatario provincial tienen "mayor trascendencia y gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades, concretamente, como gobernador".Además de Stornelli, también denunció a Quintela el referente de La Libertad Avanza (LLA) de La Rioja, el exconcejal Javier Ruiz, que planteó que el gobernador incurrió en una instigación pública a la alteración del orden constitucional.A título personal, Quintela recibió apoyo de dirigentes del peronismo como el jefe del bloque justicialista en la Cámara de Diputados, Germán Martínez (Santa Fe). "La denuncia de Stornelli contra Quintela es un bochorno. Otra afrenta contra el federalismo. Y otro intento más de judicialización de la política. Atentos gobernadores de todos los signos políticos: los quieren amordazar. Algo más: no creo que Stornelli actúe solo", planteó el diputado en su cuenta de la red social X.Las declaraciones que Quintela formuló el martes sobre un posible final anticipado del mandato de Milei no fueron las primeras suyas en ese sentido. En julio de 2024, en la presentación del libro Conocer a Perón. Destierro y regreso, de Juan Manuel Abal Medina (padre), en el Centro Cultural Torquato Tasso, había pedido que el Presidente cambie su rumbo o se aparte de la Presidencia. "Le pedimos que modifique sus políticas. Caso contrario, córrase, porque el pueblo, si lo tiene que correr, va a ser de una manera que no va a gustar", dijo en esa oportunidad.