En Ronda de Corresponsales (RDC), Eleonora Gosman analizó la estrategia de Lula para equilibrar las cuentas públicas, sostener las políticas sociales y atraer inversiones. Leer más
La regla de oro del proceso penal: sin acusación no hay causa. Y ese es uno de los mecanismos de los que se valió el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para solucionar los principales problemas judiciales que aquejaban al Gobierno. El otro atajo fue promover jueces allegados, que fallaron en sintonía con los deseos de la Casa Rosada. Con este trabajo sobre Comodoro Py, Mahiques busca que Javier Milei lo postule como Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales. En apenas ocho meses desde que asumió el cargo el 5 de marzo pasado, Mahiques logró, merced a gestiones informales y contactos reservados, que Javier y Karina Milei sean sobreseídos en el caso $LIBRA, que el expediente de enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni se encamine hacia el sobreseimiento, que la causa Andis por el pago de sobreprecios en la compra de medicamentos y prótesis para discapacitados quede neutralizada y el archivo del caso de las valijas que ingresaron sin revisar en el avión de Leonardo Scatturice, un empresario vinculado al oficialismo. Todo esto sin contar el archivo de la causa por el préstamo tomado al Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el macrismo, que afectaba a los ministros de Mieli, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y el camino al archivo de la causa por el supuesto desvío de un fideicomiso destinado a mantener las rutas nacionales. Este poder se proyecta hacia el futuro, pues Mahiques va a coronar su primer año de gestión con la designación de 231 jueces y fiscales federales y nacionales en todo el país, con lo que tejió una red que promete repetir la fórmula ante cada problema judicial del Gobierno.Juan Bautista Mahiques fue fiscal general porteño durante seis años, presidió la Asociación Internacional de Fiscales y llegó al Ministerio de Justicia en marzo con el aval de Karina Milei para reemplazar a Mariano Cúneo Libarona. Karina Milei era una de las investigadas en la causa $LIBRA, por ahora archivada. Mahiques se valió de dos mecanismos: logró diluir la acusación de los fiscales y logró nombrar en cargos clave a jueces y camaristas que fallaron en sintonía con los deseos del Gobierno o sus aliados.Cuando en una causa desaparece el impulso fiscal, es decir, la acusación, el juez no tiene más remedio que sobreseer, archivar o hacer desaparecer la acusación, pues el fiscal es el dueño de la acción penal en representación de la sociedad. Con acusadores que no acusan, no hay caso.El fiscal Eduardo Taiano firmó a las 11:32 del jueves 22 de octubre un dictamen de 58 páginas que nadie le había pedido. Concluyó que no había "sustento fáctico alguno" para seguir investigando el lanzamiento de $LIBRA. Al día siguiente, a las 14:29, el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados, entre ellos Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Pasaron 26 horas. En el juzgado explicaron que el fiscal había anticipado su presentación y que el juez tenía un viaje programado.Esa misma noche del 22, Milei celebró en la cena de gala de la Fundación Faro y entre los comensales estaban Mahiques y su viceministro, Santiago Viola.La causa se quedó sin acusadores, porque el 3 de julio, el juez Martínez de Giorgi había apartado a los inversores que actuaban como querellantes, patrocinados por Juan Grabois. Quedaron fuera los acusadores particulares. Desde entonces, Taiano quedó como único acusador. Doce días después, el 15 de julio, el Boletín Oficial publicó el decreto 589/2026, firmado por Milei y Mahiques, que designó a Ana María Juan, esposa de Martínez de Giorgi, al frente del Juzgado Federal de Hurlingham.El 3 de septiembre asumieron en la Sala I de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, cuyos pliegos había impulsado Mahiques. Al día siguiente, Mariano Llorens y Bertuzzi confirmaron el apartamiento de los querellantes. Sin víctimas en el expediente y con un fiscal que no acusa, el juez archivó.Ahora los querellantes llegaron a la Cámara de Casación, que admitió analizar si corresponde reponerlos en el caso, lo que permitiría recurrir el archivo y buscar reabrir el caso. Un camino difícil. Pero el fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, asumió la acción penal que Taiano había abandonado y apeló los sobreseimientos. Dijo que quedan muchas medidas de prueba pendientes que el propio Taiano había ordenado.En la causa Adorni, el 24 de abril, el juez Daniel Rafecas archivó, a pedido del fiscal, la causa por el viaje de Manuel Adorni a Nueva York con su esposa, en la que se investigaba una posible malversación.El fiscal Gerardo Pollicita concluyó que no hay elementos para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete y pidió que el expediente pase al fuero penal económico para investigar una posible evasión tributaria. Pollicita conoce bien a Mahiques y trabajó codo a codo con su hermano Ignacio cuando redactaron la elevación a juicio del caso Vialidad. No es un sobreseimiento, pero saca el caso de Comodoro Py y de la figura del delito de funcionario. Ahora decide el juez Ariel Lijo, que sin acusación no tiene más remedio que sobreseer. En el fuero penal económico, un caso de evasión se cierra pagando la deuda. Fin del problema.Otra causa que inquietó al Gobierno es la investigación sobre la llegada del avión privado de Leonardo Scatturice, el entonces amigo del Gobierno, del que desembarcó la señorita Laura Belén Arrieta con diez valijas que no se revisaron en la Aduana. El juez en lo penal económico Pablo Yadarola archivó el 2 de septiembre, en su último día como juez en ese fuero, la causa. Al día siguiente juró como camarista federal, en el cargo en que lo impulsó su amigo, el ministro Juan Bautista Mahiques. En el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, el expediente está bajo observación. El fiscal Franco Picardi sostuvo la investigación por el supuesto sobreprecio. Hay 19 procesados, entre ellos el extitular Diego Spagnuolo, y Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina. Pero el tramo que apuntaba a la Casa Rosada por el supuesto pago del 3% en sobornos para Karina Milei y el rol de Eduardo Menem se basaba en los audios de Spagnuolo que dieron origen al caso, pero que no son tomados como prueba. Esos audios están siendo cuestionados por las defensas. Según el Gobierno, un peritaje determinó que no es posible seguir su trazabilidad y detectó supuestas maniobras de edición. El Juzgado Federal 11, donde nació el caso, no tiene juez titular. Esa vacante la subroga Ariel Lijo como suplente, pero Mahiques propondrá al candidato que quede como juez titular.La eficacia de Mahiques con las causas contra el Gobierno es similar a su capacidad para designar jueces en las vacantes disponibles. Ya impulsó 231 nuevos magistrados, y el Consejo de la Magistratura aprobó otras 71 ternas antes del recambio de consejeros que operará el 18 de noviembre, lo que pondría la cifra de jueces puestos por el ministro por encima de los 300. Además, durante ese mismo período, se le extendió el acuerdo como camarista de su padre, Carlos Mahiques, que cumplió 75 años. El Gobierno no tuvo el mismo criterio con otros jueces. Según el Ministerio, a fines de octubre ya había enviado 232 pliegos al Senado y se concretaron 169 designaciones. Germán Garavano, ministro en el macrismo, nombró 190 jueces en toda la gestión de Juntos por el Cambio. El ministro negoció los pliegos con gobernadores, legisladores, aliados y opositores. El peronismo acompañó en el Senado buena parte de los pliegos, incluido el de Yadarola, un juez que integró la comitiva que viajó a Lago Escondido, en octubre de 2022, episodio que había sido duramente cuestionado por el kirchnerismo y que incluso había impulsado una denuncia.El escenario que viene, con la llegada del sistema acusatorio a Comodoro Py 2002 en febrero próximo, agiganta el poder de Mahiques.En un sistema donde el fiscal decide si una causa avanza, controlar a los fiscales es controlar las causas. Hoy, cuatro de las doce fiscalías federales de Comodoro Py vacantes. Mahiques se lo reprochó en público al procurador interino, Eduardo Casal, el 21 de octubre: "Espero que se avance rápido". Su deseo es ser propuesto por el Gobierno como Procurador General de la Nación, jefe de todos los fiscales. Mahiques cumple con los Milei para llegar a su meta.
Gerardo Pollicita impulsó la denuncia de Nisman y el caso Vialidad. Ahora pidió enviar el expediente al fuero penal económico por una posible evasión. Leer más
El fiscal federal Gerardo Pollicita aceptó la explicación que dio Manuel Adorni sobre la mejora en el tren de vida que experimentó desde el momento en que asumió en el gobierno de Javier Milei. Dijo que no tiene cómo rebatir que los gastos por cientos de miles de dólares que el exfuncionario hizo en los últimos años se explican por inversiones en bitcoins que, siempre según su relato, había mantenido a escondidas hasta junio pasado. Fue en ese momento, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y números que no cerraban, cuando Adorni modificó su estrategia: dijo que él y su mujer habían ahorrado 200.000 dólares, que los invirtieron en criptomonedas y que ganaron otros 300.000, todo antes de ser funcionario. Ante la Justicia, tres meses después, lo desarrolló con más precisiones y añadió que había guardado esos fondos sin declararlos al fisco, mientras vivía "como si no los tuviera".La historia, como la presentó la defensa del exjefe de Gabinete, tiene capítulos oscuros, casi imposibles de chequear; según Adorni, por la propia naturaleza de la inversión, que puede hacerse sin dejar rastros. Pero además, en toda la cadena de movimientos de dinero -algunos muy llamativos- el exfuncionario relató haber elegido siempre la informalidad. Priorizó eludir la acusación más grave, a costa de casi autoinculparse de evasión impositiva. Pollicita, de hecho, pidió que el caso pase al fuero penal económico. Adorni dijo que compró bitcoins con ahorros no bancarizados ni declarados, a desconocidos con los que se encontraba en lugares públicos; que los vendió a otros compradores anónimos que le pagaron en efectivo (uno de ellos, de acuerdo con su relato, le dio en mano, el 5 de agosto de 2017, 296.785,46 dólares), que él y su mujer guardaron todo el dinero (que llegó a sumar 565.000 dólares) en su departamento durante años, hasta que, por razones de seguridad, se vieron obligados a usar parte de esos fondos.Sostuvo que el giro se dio cuando él asumió como funcionario, para mudarse ("al encontrarse en el primer piso, sus vecinos le arrojaban objetos a su patio", dice el escrito presentado para explicar la mudanza a Caballito); también, para comprarse una casa de fin de semana (decisión que tomaron después de que Adorni sufrió un "altercado" en la "vía pública", cuenta el texto). La operación de venta del 5 de agosto de 2017 es la más llamativa porque, de acuerdo con lo que sostiene Adorni, un desconocido le pagó casi 300.000 "dólares billete" en algún lugar no revelado "sin que mediara intervención de plataforma, entidad financiera o intermediario alguno". Años después de esas supuestas operaciones, Adorni se mostraba en público escéptico sobre las inversiones cripto y daba una cronología distinta sobre cómo descubrió el mundo del bitcoin. Adorni Sobre BitcoinAdorni afirmó que, en total, fueron ocho las billeteras con las que operó. ¿Cómo justificó que efectivamente eran suyas? Presentó un acta en la que un escribano dejó asentado que constató que el exfuncionario tiene las claves privadas para operar con esas billeteras, que hoy están vacías, y se ofreció a entregar esas claves si la Justicia se las pedía. "La sola tenencia de la clave privada hace a la titularidad de la billetera", afirmó el abogado de Adorni, Matías Ledesma. Pero el acta es de septiembre de este año. Lo que acredita es que Adorni es quien dispone de esas billeteras ahora; no que fuera su dueño antes de asumir como funcionario, cuando fueron las operaciones.El fiscal verificó que puede firmar con las claves de las 8 direcciones, aunque señaló en su dictamen que no hay forma técnica de atribuir esas direcciones a una persona específica en el momento en que se hicieron las operaciones investigadas. Consigna también que es imposible rastrear a los responsables de movimientos de hace más de diez años, porque en esa época no había obligación de identificar a los usuarios y los plazos de conservación de datos de las plataformas ya vencieron.Pollicita entiende que, como todo eso no puede ser corroborado ni desmentido, está obligado a aceptar la versión del exjefe de Gabinete. Le dio por válida así la justificación que le reclamó la Justicia a Adorni luego de meses de investigación que mostraron que había mostrado un salto apreciable en sus bienes y gastos.Con su planteo de "incompetencia" de la justicia federal penal, Pollicita dejó claro que, a su juicio, en esta causa no tiene más líneas a seguir para determinar si Adorni cometió un delito de corrupción.Adorni y la plata que se encontró en el departamento de su padre fallecidoLas operaciones cripto, paso a pasoEl origen. Adorni sostuvo que compró las criptomonedas con un capital inicial compuesto por ahorros de honorarios que ganaron él y su mujer, Bettina Angeletti, durante años con sus respectivas actividades profesionales (él, como contador, y ella, como licenciada en administración de empresas), más una herencia que recibió de su padre. De ese dinero no hay rastro. Eran todos "fondos mantenidos por fuera del sistema financiero", según Adorni.Las compras. De acuerdo con el relato del abogado defensor, Adorni "se encontraba personalmente con quienes le vendían las criptomonedas, oportunidad en la que estos le transferían los Bitcoin y él entregaba, a cambio, el dinero en efectivo correspondiente". Según Ledesma, "por razones de seguridad, esos encuentros se realizaban siempre en lugares públicos, y ninguna de las partes se identificaba, manteniéndose estricta reserva y anonimato". La propia defensa admite que de estas operaciones, celebradas entre 2014 y 2017, no hay más "respaldo" que "el relato" de Adorni. Alega que esto es así porque en aquellos años no había una "regulación específica" ni un "mercado de intercambio desarrollado", a diferencia de lo que ocurre hoy.Las ventas. "Ya con ganancias considerables producto de la marcada revalorización que experimentó el activo durante 2017, y con miras a garantizar, a mediano plazo, la educación y el futuro de sus hijos, mi asistido optó por comenzar a desarmar esas posiciones", escribió Ledesma. Y añadió que la liquidación se concretó igual que la adquisición: mediante encuentros personales con los compradores en los que se hacía entrega de las bitcoins a cambio del efectivo correspondiente, "manteniéndose la misma reserva de identidad ya señalada". De las ventas sí hay constancias en "el propio registro público e inmutable de la blockchain", afirmó Ledesma, que detalló que está acreditado que cuatro de las ocho direcciones fueron liquidadas el mismo día, el 5 de agosto de 2017; otra, el 26 de marzo de ese año y las tres restantes antes de 2019. La ganancia. En total, los Adorni dicen haber invertido US$200.000 y haber terminado con US$591.544,61 como resultado de la compraventa de los criptoactivos. Según su relato, todo ese dinero no lo bancarizaron ni lo llevaron a una caja de seguridad; lo tuvieron durante unos seis años oculto dentro de su departamento de Parque Chacabuco, hasta que, con Adorni ya funcionario, la mayor parte la invirtieron. Sin embargo, él recién lo declaró al fisco y la Oficina Anticorrupción dos años y seis meses después de la asunción de Milei y justo cuando la Justicia le detectó gastos e inversiones que no se condecían con los ingresos y el patrimonio que el entonces jefe de Gabinete tenía declarados.
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo hoy que no existen pruebas para creer que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni se enriqueció ilícitamente durante su paso por la función pública. Para el fiscal, no hay elemento alguno para seguir investigando al exfuncionario por corrupción.Según informaron fuentes judiciales, Pollicita presentó un dictamen en el juzgado federal de Ariel Lijo en el que alegó que no tiene fundamentos para rebatir la versión de Adorni de que tenía el dinero desde antes de llegar a la función pública, escondido del fisco. Con ese argumento, el fiscal pidió que el caso pase al fuero penal económico para que se determine si hubo evasión.De ese modo, la postura del fiscal se adecúa a laversión que dio Adorni una vez que en la causa por presunto enriquecimiento ilícito quedó a la vista el salto en los bienes y el tren de vida que él y su familia experimentaron desde su llegada al poder.Según Adorni, el dinero que utilizó durante el tiempo que fue funcionario de Javier Milei para comprar inmuebles (un departamento y una casa en un country) provenía de una apuesta por la moneda Bitcoin y lo tenía desde antes de convertirse en funcionario, solo que no había sido declarado ante el fisco. Tampoco, en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.Si Lijo hace lugar al pedido de Pollicita, Adorni no será sobreseído, pero los números del exfuncionario pasarían a ser revisados por el fuero penal económico, bajo una posible evasión.En los tribunales de Comodoro Py, el eje de la investigación fue determinar si el crecimiento patrimonial exponencial que reflejaban los viajes, las compras inmobiliarias y otros gastos del exfuncionario podían justificarse con sus ingresos y los de su esposa.Con la causa penal muy avanzada en su contra, el exfuncionario rectificó sus declaraciones juradas e incorporó más 565.000 dólares a su patrimonio bajo el rótulo de "venta de activos"; una cifra que salvaba los agujeros que la investigación había ido destapando.Noticia en desarrollo
El organismo federal actualizó los umbrales de ingresos, las cantidades deducibles y los créditos disponibles, con medidas que se reflejarán en las declaraciones presentadas durante 2028
La defensa del exasesor presidencial acusó al fiscal superior Daniel Jara Espinoza de prevaricato tras su dictamen desfavorable. Por ello pidió su apartamiento, pero la Sala Penal rechazó excluirlo y ratificó la audiencia para el 24 de noviembre
El fiscal federal consideró que la prueba no alcanza para acreditar que el patrimonio cuestionado se formó durante la gestión pública. Aun así, vio indicios de bienes y fondos no declarados y pidió girar el expediente al fuero Penal Económico, Leer más
En una tarde marcada por el nuevo máximo del riesgo país, el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, llegó apurado a la Universidad del CEMA (Ucema) de un viaje con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): "Me bajé del avión y llegué justo para estar acá".El pedido del funcionario para adelantar su conferencia, titulada "Federalismo fiscal en la Argentina, más allá de la coparticipación", obligó a los organizadores a suspender el coffee break. En su discurso, el secretario dijo que las provincias deberían resolver la coparticipación entre ellas y adelantó medidas para "forzar" el equilibrio fiscal en esos distritos.Seguro contra default: el costo para cubrirse de un incumplimiento de la Argentina alcanzó su nivel más alto en un año"No queremos seguir con la política vieja de que el Estado nacional iba a salir a resolver los problemas de las provincias", sentenció Guberman, al reclamar que las 24 jurisdicciones tienen que sentarse a debatir cómo se reparten su parte. "A su vez, se tienen que poner de acuerdo con sus municipios", indicó.En esa línea, el funcionario recordó la primera reunión con los gobernadores a 10 días de asumir: "Empezamos con los tapones de punta, marcando la cancha, y funcionó". De todos modos, aclaró que todos los mandatarios provinciales partían de la misma situación de igualdad y que el Gobierno nacional iba a "tratar absolutamente a todos de la misma forma".El hombre del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, advirtió que las provincias aún no replican la política de déficit cero: "Dijimos que íbamos a cumplir con el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, al menos desde el Gobierno".Frente a la resistencia de algunos distritos, Guberman detalló que el mecanismo por parte de la Nación es el bloqueo al financiamiento. "La única penalidad más o menos seria que tiene la ley es no autorizar el endeudamiento, que pasa por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía. Si no las autorizan, no pueden tomar deuda", explicó.Para destrabar esos permisos, la Nación ahora exige que los distritos con números en rojo presenten un "plan de encuadramiento" fiscal, es decir, una hoja de ruta de ajuste, comprometiéndose a alcanzar el equilibrio financiero entre 2026 y 2027."Aprovecho que no hay ningún gobernador presente para decir que buscamos empujar de alguna manera a que hagan el proceso de ajuste o de eficiencia en el gasto", ironizó Guberman.Para lograr ese objetivo, contó que el Gobierno logró una nueva línea de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinada a mejorar los sistemas tecnológicos y la eficiencia de las agencias de recaudación provinciales. "Un gobernador me vino a plantear que necesita ya poner esto en funcionamiento", deslizó el secretario.El escándalo de Ueno Bank llegó a la Argentina: suspenden empleados y admiten que no tienen fondos para pagar salariosGuberman también destacó los resultados del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), la cual afirma que cambió la dinámica entre la Nación y la Corte Suprema, ya que detalló que con la misma se dieron de baja 37 juicios en el último año y medio."Hicimos un ajuste de más de 7 puntos del PBI" insistió el funcionario y, si bien aclaró que en la Casa Rosada no pretenden que las provincias hagan el mismo esfuerzo, advirtió que a los distritos y municipios todavía "les falta" avanzar en esa línea.Durante la ronda de preguntas, Guberman fue consultado sobre qué acuerdos y acciones concretas tienen pensadas para garantizar el equilibrio fiscal en los distritos. "Estamos buscando todo el tiempo maneras de forzar el comportamiento", contestó. De cara al corto plazo, dejó una advertencia: "Vamos a ver cómo se dan las cosas el año electoral".La conversación terminó con una reflexión de Carola Pessino, rectora de la Ucema, quien presentó a Guberman como "el hacedor del milagro argentino en el tema fiscal" y resumió: "No tenemos un buen sistema de coparticipación, están los intereses cruzados. Una reforma los va a beneficiar en el largo plazo".Carlos Rodríguez se despidió de la Ucema: "Ya no mantengo ninguna relación"La presentación del secretario de Hacienda fue en el marco de las XV Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local. El foro reunió a académicos, mandatarios provinciales y especialistas de instituciones como el BID, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Asociación Iberoamericana de Financiación Local (AIFIL) para debatir sobre tributación, finanzas y la calidad del gasto subnacional en la región.
Según el dictamen al que accedió Infobae, en el expediente no se pudo probar que el incremento patrimonial investigado se originara durante el paso del ex funcionario por el Estado. Pidió que sea investigado por posible evasión impositiva
La medida de AGIP comenzará a regir en 2027 y alcanzará a personas con una facturación anual inferior a $127 millones. La Ciudad también adherirá a SIRCUPA, el régimen que aplica retenciones sobre los fondos recibidos en billeteras virtuales
Los trabajadores por cuenta propia pueden aplicar distintas deducciones en la declaración de la renta, desde las primas del seguro médico familiar hasta determinados gastos de manutención, formación y suministros del hogar
La reunión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel permitió establecer nuevas coordinaciones entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Las autoridades también abordaron posibles medidas legislativas contra el crimen organizado
Un informe de Fedea advierte que el sistema ya genera un déficit estructural que creció 67.300 millones de euros en veinte años y que podría agravarse con el envejecimiento poblacional hacia 2050
El abogado de las víctimas, Wilson Ruiz, y el apoderado Manuel Villanueva pidieron explicaciones a la Fiscalía y garantías de continuidad e independencia en el proceso
La Cámara Federal de Resistencia declaró inadmisible el planteo para llevar el expediente a Casación. Siete imputados mantienen esa situación procesal, mientras debe continuar la investigación sobre el origen de los fondos. Leer más
La fiscal Paloma Ochoa firmó un requerimiento en el que pidió que se investigue si se cometió algún delito durante el trasbordo en el país del excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro. Esa solicitud está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien determinará si lo impulsa y, en caso de que lo haga, podrá definir qué medidas de prueba realizar.Capuchetti ya realizó unos primeros movimientos en la investigación la semana pasada, cuando el caso estalló. Pidió al Gobierno que informe si Bolsonaro tenía algún impedimento para entrar a la Argentina y mandó a preservar las filmaciones del puente internacional entre ambos países, de Migraciones y del aeropuerto de Puerto Iguazú.La trama del trasbordo de Bolsonaro en la Argentina habría involucrado al asesor presidencial Santiago Caputo. Unas dos horas y media después del despegue del avión, a las 2:50, la policía de Misiones paró en la ruta 12 una caravana que venía de Puerto Iguazú. Según el acta de la Unidad Regional IV, en una Toyota Hiace con patente diplomática de la Entidad Binacional Yacyretá viajaba el asesor presidencial Caputo. Se identificó como "consultor político" y asesor de Milei, y pidió que no lo demoraran para no retrasar su regreso.Delante iba una Ford Ranger que manejaba Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad de Yacyretá y amigo de Caputo. Consultado por LA NACION, Caputo negó haber estado en ese control: "De ninguna manera, no sé de qué estás hablando". Cuando le preguntaron por detalles del operativo, respondió: "Misterio".Tal como informó LA NACION, la jueza Capuchetti ordenó las primeras medidas de prueba la semana pasada a pedido de la fiscal Ochoa, que solicitó diez medidas de prueba como parte de una investigación preliminar, antes de la decisión que tomó este miércoles al presentar el requerimiento de instrucción. Después de eso, resta saber cuál es el delito puntual que la fiscalía busca investigar y quiénes serían los investigados. Ochoa había pedido imágenes del puente Tancredo Neves y del aeropuerto de Iguazú desde donde la familia Bolsonaro partió a Estados Unidos, además del plan de vuelo y la lista de pasajeros y el personal de Migraciones que intervinieron en esta trama. La causa empezó con una denuncia de Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, contra el Presidente y funcionarios de su gobierno. Los acusa de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos. El diputado Esteban Paulon también realizó otra denuncia relacionada. Ambas ingresaron al juzgado de Capuchetti.Mientras la investigación del caso Bolsonaro comenzó a moverse en Comodoro Py, en Misiones se dirigió a la inversa. Precisamente, el fiscal federal de esa provincia, Fabián Martínez, pidió desestimar la denuncia para que se investigue si hubo delito en el ingreso al país de Bolsonaro. Lo hizo luego de recibir informes que le señalaron que no existió ningún impedimento para que el excandidato presidencial brasileño ingresara a la Argentina y viajara a Estados Unidos, según informaron fuentes judiciales.La decisión del fiscal Martínez será analizada por un fiscal de revisión. Se trata del expediente que inició a raíz de la denuncia de la diputada Marcela Pagano.Según Migraciones, Bolsonaro entró a la Argentina a las 22:50 del 27 de octubre por el puente que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú. Lo acompañaban su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas. Menos de dos horas después, a las 0:21 del 28, despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú un Gulfstream de la empresa Baires Fly.Funcionarios de la Casa Rosada dijeron que se cumplieron todos los pasos legales. En paralelo, nadie esbozó comentarios sobre una posible participación del asesor Caputo.
El juez federal Daniel Rafecas, a cargo hasta el viernes del caso $LIBRA, le dio intervención al fiscal Eduardo Taiano para que opine sobre el planteo presentado en el expediente por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una fiscalía especializada en corrupción que considera que todavía quedan pruebas por producir y busca tomar las riendas de una investigación al borde del cierre. Se trata de un movimiento interno del expediente, pero que deja frente a frente a dos fiscales del mismo organismo público con posturas contrapuestas: por un lado, Taiano, que dio inicio a la investigación, la defendió ante las críticas y finalmente la abandonó al pedir los sobreseimientos; y por el otro, Sergio Rodríguez, titular de la PIA, que detectó señales de un posible fraude y pretende intervenir en el caso.El desencuentro de criterios entre fiscales gira en torno al modo de analizar las pruebas recabadas en la investigación. Para Taiano, las llamadas entre Mauricio Novelli y Milei alrededor del tuit presidencial, las transferencias que hizo Hayden Davis antes del episodio por alrededor de cinco millones de dólares y una nota sobre un presunto acuerdo entre ambos por ese monto, entre otros elementos, no eran suficientes para sostener la pesquisa. Rodríguez, en cambio, considera que esos y otros elementos del caso -como las visitas de la familia Novelli con bolsos a las cajas de seguridad de un banco antes y después del lanzamiento de la moneda- deberían llevar a "profundizar" la investigación, no a clausurarla. "Resultan indicios que refuerzan, en sentido contrario a la conclusión a la que llega el Sr. Juez [por Marcelo Martínez de Giorgi], la necesidad de profundizar en los hechos objeto de investigación", dice su escrito con el que se presentó en el caso. El titular de la PIA fue incluso más allá. Señaló que las pruebas reunidas eran señales de un posible fraude. "El estado actual del caso no se encuentra en el final de la investigación, sino en su etapa de recolección de pruebas, las cuales estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria", sostuvo el fiscal. Algunas de estas pruebas ya habían colocado a Taiano en el centro de una controversia. En marzo, la abogada Natalia Volosin publicó que el fiscal había ocultado elementos sensibles para el Gobierno, como una nota encontrada en el celular de Novelli sobre un presunto acuerdo millonario entre Milei y Davis. Una semana después, se conocieron las llamadas entre Milei y Novelli durante el lanzamiento de la criptomoneda, el 14 de febrero de 2025.La situación llevó al fiscal Taiano a defenderse con un comunicado en el que reivindicaba el rumbo de su causa. "Quiero aclarar que la investigación avanza y eso es gracias a mi responsabilidad", sostuvo. "Si yo secuestré los teléfonos y si yo ordené el análisis de los dispositivos electrónicos, ¿cómo se puede pensar que yo oculté pruebas? ¿Cómo haría eso si todo queda registrado en el expediente?", razonaba. Meses después consideró que los elementos no merecían seguir siendo investigados y pidió los sobreseimientos que ahora cuestiona la PIA.El movimientoLo que hizo el juez Rafecas fue habilitar a Taiano a que se exprese sobre el planteo de la PIA, en el que Rodríguez fue crítico de la postura de su colega. En concreto, la fiscalía especializada en corrupción pide que se reabra el caso y asumir ella el ejercicio de la acción penal, en reemplazo de Taiano.Es decir, que Taiano deberá pronunciarse sobre el intento de otro fiscal de asumir una investigación que él consideró agotada y cuyo cierre impulsó. Será el juez Martínez de Giorgi (cuando vuelva de su licencia, la semana próxima) quien resolverá sobre el pedido de la PIA y, en definitiva, sobre el choque de criterios. La PIA pidió que el asunto pase directamente a la Cámara si Martínez de Giorgi fallaba en su contra. AntecedentesEn tanto fiscales, Rodríguez y Taiano representan los mismos intereses en la causa. Por eso, sus posturas abren una grieta dentro del Ministerio Público Fiscal. Fuentes de los tribunales recuerdan un antecedente similar, que tuvo al propio Rodríguez como protagonista. En 2017, Gustavo Arribas, entonces jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fue investigado por una serie de transferencias de dinero que había recibido. El funcionario fue sobreseído y el fiscal del caso, Federico Delgado, apeló esa decisión. El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, desistió de sostener la apelación, por lo que el sobreseimiento se encaminaba a quedar firme.Del mismo modo que ahora en el caso $LIBRA, el fiscal Rodríguez buscó evitar el cierre de la investigación e intervino con un recurso. La disputa se trasladó a la Casación Penal, que rechazó el recurso del organismo especializado, y llegó finalmente hasta la Corte Suprema.La escalada derivó también en la intervención del procurador general interino, Eduardo Casal, jefe de todos los fiscales, quien mantuvo un criterio amplio sobre las facultades de la PIA y dictaminó a favor de su intervención."La PIA se halla facultada para intervenir en todo proceso por hechos de corrupción en los que pudieran estar involucrados funcionarios nacionales, aunque éstos no se hallen aún individualizados, y que esa facultad se extiende a los particulares que pudieran haber intervenido en esa clase de hechos, en especial, aquellos que pudieran haber actuado en carácter de intermediarios", sostuvo Casal en aquel dictamen.La Corte Suprema, sin embargo, desestimó el recurso y no se pronunció sobre el fondo de la cuestión. De ese modo, quedó firme el criterio de la Casación. El máximo tribunal penal confirmó que la PIA podía intervenir en investigaciones de corrupción, pero rechazó el recurso porque consideró que Arribas no era funcionario al momento de los hechos investigados.
La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente que la actual detención de Vallejo se convierta en prisión preventiva. Leer más
Las resoluciones 5923/2026 y 5924/2026, publicadas en el Boletín Oficial, establecen nuevas condiciones para PyMEs y pequeños contribuyentes. Las medidas también alcanzan a entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector de la salud. Leer más
El centro de pensamiento señaló que elevar los costos de contratación formal podría afectar el empleo y cuestionó que los incentivos para grandes proyectos se mantengan durante 16 años, por sus posibles efectos sobre el recaudo público
El encuentro se realizará este jueves en el Cuartel General del Ejército, en San Borja, durante una nueva sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, que busca fortalecer la respuesta del Estado frente a la criminalidad
La funcionaria, identificada como Silvana Uribe, tuvo problemas para vocalizar y utilizó lenguaje inadecuado en su intervención
El diputado del PAN aseguró que desconoce los avances de la investigación presentada en agosto de 2025 y afirmó que la Fiscalía no ha permitido consultar la carpeta
Un autócrata socialista conocido por sus críticas a Washington está cosechando elogios de las agencias de calificación crediticia tras convertirse en el mayor defensor de la disciplina fiscal del continente americano. Leer más
Nathan Johnson, abogado y actual senador, también tuvo una etapa como compositor para la versión en inglés del popular anime japonés
Una científica de Harvard, detenida por introducir embriones de rana sin declarar, ve retirados sus cargos tras decisión judicial en EE.UU.El gobierno de Trump endurece políticas migratorias, afectando a extranjeros en universidades, en medio de un clima de deportaciones masivas.
Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y exaccionista de la droguería Suizo Argentina, se presentaron en Tribunales pero no declararon ante el fiscal Franco Picardi. Leer más
La suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027 fue la medida más valorada por los empresarios e industriales que participaron del encuentro de la UIA. Sin embargo, advirtieron que el alivio financiero no resuelve la falta de demanda, los costos crecientes ni los problemas de competitividad. Leer más
El ataque protagonizado por un grupo de ciclistas contra mujeres trans en los bosques de Palermo comenzó a ser investigado de oficio por la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad, a cargo de la fiscal Andrea Scanga. La representante del Ministerio Público solicitó la recolección de material fílmico y, además, busca testigos del violento episodio.Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. "En principio, se investiga el delito de lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género", sostuvieron voceros de la investigación.La fiscal Scanga dispuso una serie de medidas de prueba e investigación para identificar a los autores y demás personas que participaron en el ataque homofóbico."La representante del Ministerio Público Fiscal le solicitó al Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad que envíe todas las filmaciones de las cámaras públicas instaladas en las inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello y sus alrededores", dijeron fuentes con acceso al expediente.Para la investigación, dijeron las fuentes consultadas, sería de suma importancia que las víctimas se presenten ante la fiscal Scanga para relatar, de su propia experiencia, el ataque sufrido.El ataque se conoció durante la noche del lunes pasado, luego de que los agresores lo filmaran y lo subieran en sus redes sociales para "presumir". Pero se supone que todo se habría planificado semanas atrás.La causa que tramita Scanga no es el único expediente que se tramita en la justicia porteña. La Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público de la Ciudad lleva adelante un expediente que se inició por las lesiones que habría sufrido uno de los agresores ante el intento de defensa de las mujeres trans.En las grabaciones subidas en redes sociales se puede apreciar cómo los agresores utilizaron conos de tránsito para atacar a las víctimas. "Dale, pu.., dale, travesti pu...", insultaron los agresores a las mujeres trans que en los bosques de Palermo ofrecen servicios sexuales.Uno de los agresores hizo una publicación en su perfil de la red social Instagram, donde se burlaba del repudio generalizado que hubo sobre el ataque. "Me dicen ahora el matatrans", escribió y le sumó emojis de sonrisas. Los violentos, en las publicaciones en las redes sociales, incluyeron descripciones provocadoras a los videos subidos. "A correr los trabas (sic)", escribió uno de ellos.En el streaming TUGO, la politóloga y referente de la comunidad LGBT, Gabriela Ivy, brindó detalles de lo ocurrido. "Fueron contra varias chicas trans que trabajaban en los bosques de Palermo. Organizaron para ir a 'cazar travas'. Eran entre 50 y 60 chicos", dijo.Ivy informó que las víctimas se encontraban "traumatizadas" por lo ocurrido, y que una de ellas terminó con heridas cortantes en sus pies: "Que aparezcan 50 pibes en bicicleta tirando palos y piedras... Una de las chicas tiene el pie cortado con vidrios".Reportó que uno de los involucrados es oriundo de Bernal, mientras que otro es de San Martín. "No son chicos de un grupo de amigos. Esto fue premeditado. El grabarlo, el reunirse a cierta hora donde ellas empiezan a trabajar. Es muy probable que haya sido por Telegram, que después no queda nada registrado. Pero todavía no se sabe nada de cómo perpetuaron esto", expresó.Los ataques ocurridos en Palermo son de suma gravedad y no vamos a permitir que estos delitos queden impunes.Los ministros de Justicia y de Seguridad ya están avanzando con la investigación para identificar a estos delincuentes. Les vamos a caer con todo el peso de la ley.— Jorge Macri (@jorgemacri) November 3, 2026Tras la repercusión mediática, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, condenó el ataque."Los ataques ocurridos en Palermo son de suma gravedad", consideró Macri mediante un posteo en su cuenta oficial de X. "Los ministros de Justicia y de Seguridad ya están avanzando con la investigación para identificar a estos delincuentes", dijo y agregó: "Les vamos a caer con todo el peso de la ley".
La entidad calcula que Colombia necesitaría un ajuste cercano a $43 billones para contener el deterioro de las finanzas públicas y evitar que la deuda supere el 70 % del PIB en 2028
La magistrada advirtió que el Distrito concentra el 26,89% de las acciones de tutela del país y pidió partidas adicionales para crear despachos judiciales, entre otras medidas
El llamado de la exsenadora se registró luego de que el presidente Abelardo de la Espriella activó el trámite de urgencia para acelerar en el Congreso su Ley de Rescate Económico
En medio de la caída de la actividad industrial y la pérdida de puestos de trabajo, la Unión Industrial Argentina (UIA) presentó una propuesta para crear un régimen de incentivos para el sector, similar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla una reducción de impuestos, beneficios para las inversiones y estabilidad fiscal por 30 años. La iniciativa, denominada RICI, forma parte de un pacto fiscal que la entidad busca impulsar con la Nación, las provincias y los municipios para mejorar la competitividad de las empresas.Durante la 32ª Conferencia Industrial, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, planteó que el objetivo es acercar las condiciones de producción de la Argentina a las de sus competidores regionales, en un contexto en el que las empresas locales enfrentan costos elevados, una demanda debilitada y una creciente competencia internacional.Los dueños de Adecoagro compraron las tierras de Benetton en la Argentina"El gran desafío es pasar de una economía para defenderse a una economía para producir. Y para eso la estabilidad macroeconómica es fundamental, pero es solo el comienzo", sostuvo Rappallini, quien destacó los anuncios realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el encuentro."El ministro hizo anuncios muy importantes que veníamos conversando en los últimos meses", afirmó.El dirigente industrial reconoció los avances en materia de estabilización económica, pero advirtió que las empresas necesitan condiciones más favorables para competir con la producción del exterior. "Una empresa argentina compite con las condiciones laborales, los tributos y la infraestructura de otros países. La competitividad no depende solo del esfuerzo de las empresas, sino también de las condiciones del país. Las empresas tenemos la responsabilidad de invertir y mejorar la productividad, pero el Estado tiene que generar las condiciones para que podamos hacerlo".Qué propone el RICILa propuesta de la UIA se enmarca en un Pacto Fiscal Industrial Federal para la Competitividad, que contempla compromisos tributarios de alcance nacional, provincial y municipal.El punto de partida es un diagnóstico sobre la carga impositiva que soportan las empresas formales. Según un relevamiento presentado por la entidad, mientras que la presión fiscal promedio de la Argentina es del 28%, la carga sobre el sector formal asciende al 56%, lo que ubica al país en el primer puesto de la comparación internacional elaborada por la UIA, por encima de Brasil, donde alcanza el 50%.En la comparación de presión fiscal promedio, en cambio, la Argentina ocupa el puesto 12, por debajo de países como Francia, Italia, Alemania y Brasil.Entre las principales medidas figura establecer una alícuota única del 25% para el impuesto a las ganancias de las sociedades, permitir que las contribuciones patronales se computen como pago a cuenta de IVA y Ganancias y habilitar que el impuesto a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque) también pueda utilizarse para cancelar esos tributos.La propuesta contempla además la creación de una cuenta única tributaria, la exclusión de determinados regímenes de retención y percepción, la amortización acelerada de inversiones y beneficios adicionales para proyectos considerados estratégicos.A esto se suma un incremento de los reintegros para las exportaciones industriales y una garantía de estabilidad fiscal durante 30 años.En el plano provincial, la entidad plantea una reducción progresiva de las alícuotas de Ingresos Brutos hasta alcanzar la exención para la actividad industrial. También propone limitar las tasas municipales, de manera que respondan a servicios efectivamente prestados y guarden proporcionalidad con sus costos.El proyecto incluye, además, exenciones de Ingresos Brutos y Sellos para el financiamiento productivo y la refinanciación de pasivos, junto con medidas para simplificar los mecanismos de recaudación tributaria.El objetivo, explicó Rappallini, es "nivelar la cancha" para que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones con sus pares del exterior.Sin embargo, hizo especial hincapié en la necesidad de avanzar con medidas inmediatas, sin esperar a que se concrete una reforma estructural de toda la economía."Las pymes no pueden esperar a una reforma integral de toda la economía. Por eso hablamos de un puente", explicó.Según planteó, estas iniciativas deben formar parte de una agenda más amplia que incluya el acceso al crédito a tasas competitivas, la lucha contra el contrabando, el abastecimiento energético, la implementación de la ley de modernización laboral, la mejora de la infraestructura y la formación de trabajadores.La preocupación por la actividad y el empleoLa propuesta de la UIA llega en un contexto de debilidad de la producción manufacturera, que todavía no logra recuperar los niveles de 2022. Según estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA), la producción industrial retrocedió un 0,2% mensual desestacionalizado en septiembre y un 3,4% en la comparación interanual. Con ese resultado, el sector acumuló una contracción del 2,8% en los primeros nueve meses del año frente al mismo período de 2025.La caída de septiembre se produjo después de una mejora mensual del 1,9% en agosto, que respondió en parte a una baja base de comparación.El comportamiento de los distintos sectores fue dispar. La industria automotriz creció un 1% mensual, pero acumula una contracción del 17% frente a 2025 y se encuentra un 20% por debajo de los niveles de 2022. La metalmecánica, por su parte, mejoró un 2,5% respecto de agosto, aunque registra una caída acumulada del 5,3% en el año.En tanto, la producción de acero retrocedió un 4% mensual, mientras que los despachos de cemento aumentaron un 14,3%, impulsados por obras de mayor escala, aunque todavía se encuentran entre un 25% y un 30% por debajo de los niveles de 2022.A la debilidad de la producción se suma el deterioro del mercado laboral. Según las cifras mencionadas por Rappallini, desde agosto de 2023 la industria perdió 95.000 puestos de trabajo, a un ritmo promedio de 3700 por mes."Detrás de estos números hay empresas que tienen demanda limitada, costos altos y una competencia que muchas veces se desarrolla en condiciones desiguales", advirtió.En ese contexto, sostuvo que la principal preocupación de la UIA es sostener la producción y el empleo formal, especialmente durante el proceso de adaptación al nuevo escenario económico.Rappallini también alertó sobre los riesgos de que la transición económica implique la desaparición de capacidades productivas que llevaron décadas de desarrollo. "El desarrollo es acumulación de capacidades. Una industria, además de bienes, produce conocimiento. Esto se construye durante décadas y, si durante esta transición destruimos esas capacidades, destruimos también la posibilidad de construir futuro", señaló.El desafío de integrar a las pymes a las grandes inversionesOtro de los ejes del planteo de la UIA es la necesidad de que los grandes proyectos de inversión en energía, minería e infraestructura generen oportunidades para los proveedores industriales locales. "Si queremos que estos sectores sean realmente competitivos a nivel global, tenemos que trabajar para que toda la cadena de valor sea competitiva", afirmó Rappallini.La semana pasada, la entidad organizó en Rosario una ronda de negocios vinculada con el RIGI, que reunió a representantes de 43 grandes proyectos estratégicos con alrededor de 2500 pymes y proveedores de todo el país."Cuando vemos a esas empresas con ganas de crecer, comprendemos el enorme potencial que tiene el país", dijo, y concluyó: "Tenemos por delante la responsabilidad de construir un futuro común, aun cuando pensemos distinto. El desarrollo del país necesita respeto y compromiso de todos".
Estaban citados para el jueves 29 pero pidieron una postergación. También está previsto que declare un gerente de la Suizo Argentina. Leer más
A través de un video publicado en sus redes sociales, el hijo del expresidente López Obrador negó las acusaciones en su contra
Consejeros sancionan a Diana Liz Canchihuamán Castañeda por usar en la acusación la declaración de un aspirante a colaborador eficaz que falleció antes de terminar el proceso especial
En la 32ª Conferencia de la UIA, el Jefe de Gobierno porteño repasó los incentivos tributarios para las pymes, anunció inversiones récord en infraestructura para 2027 y ratificó que el orden institucional y la propiedad privada son claves para atraer inversiones. Leer más
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional elogió el rumbo económico del Gobierno durante una conferencia bancaria en Madrid. Destacó el orden de las cuentas públicas como condición para recuperar la estabilidad y el crecimiento. Leer más
MADRID. - (Enviado especial) - La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, mencionó a la Argentina entre los ejemplos de los países emergentes que luego de atravesar una crisis aprendieron a tener las cuentas fiscales en orden, e instó a las grandes economías de Europa que enfrentan grandes déficits fiscales a seguir ese mismo ejemplo.Al brindar una exposición en la Conferencia Internacional de Banca del Grupo Santander, que la entidad organiza en su ciudad financiera en las afueras de Madrid, Georgieva habló sobre la situación que viven los países europeos y los desafíos para la economía mundial que plantea la inteligencia artificial, y en ese contexto hizo alusión al caso de la Argentina.Según la número uno del FMI, que participó de una charla junto a Ana Botín, presidenta ejecutiva de Santander, muchas economías emergentes europeas como Grecia, Portugal e Irlanda lograron ordenar sus cuentas fiscales luego de atravesar crisis muy severas, lo cual las coloca hoy en ventaja frente a los problemas que experimentan los países más importantes del continente porque ya encararon las reformas necesarias.En ese grupo de países que encararon el problema fiscal mencionó también más tarde a la Argentina y a Chile, cuyo presidente, José Antonio Kast, brindó previamente una presentación en la que expuso las ventajas que ofrece hoy la economía chilena para atraer inversiones.Al finalizar su disertación y en una breve declaración a medios argentinos en los pasillos mientras abandonaba el evento, Goergieva señaló que "La Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera, y el país será recompensado por ello".Frente al desafío que plantean los altos déficits fiscales y el crecimiento de la deuda pública que agobian a las grandes economías, Goergieva se preguntó, aludiendo al ejemplo de los países emergentes, si es necesario tener que "aprender de la manera más dura" para hacer el ajuste, una vez que se desató la crisis. En ese sentido, se mostró preocupada por los crecientes niveles de deuda en función del PBI y por los altos costos de los intereses, en un momento en que la inflación se aceleró en el mundo producto del impacto de la guerra en Medio Oriente y la suba del precio del petróleo.Para Georgieva, el problema que enfrentan muchos países europeos, lo mismo que Estados Unidos, es que los gobiernos se endeudan para enfrentar shocks -como fue el Covid en 2020, o la guerra en Ucrania desde 20222-, pero luego no ajustan sus cuentas durante los períodos de normalización para contar con amortiguadores fiscales. Esto llevó a las deudas públicas de las principales economías a una peligrosa escalera ascendente, "que no es una escalera al cielo", advirtió.El lado positivo de la crisis fiscal europea, dijo la directora del Fondo, es que "la herida se la hizo a sí misma", y el continente cuenta con el ahorro y la capacidad de resolver el problema, hablando ya como europea (es búlgara de nacimiento). Llamó a los gobiernos del continente a dejar de actuar mirando el momento actual y las próximas elecciones y "pensar en lo que hay que hacer". Y sentenció: "Nos arriesgamos a que la transformación nos pase por delante. Necesitamos una mentalidad de ganadores en Europa".Casi al final de su charla, retomando la cuestión de los déficits fiscales, dijo que "el populismo trae pobreza" y "hay que cortarle la cabeza".Sobre la IA, se mostró preocupada en que se convierta en el único motor de crecimiento para la economía mundial, dados los enormes volúmenes de capital que está captando. Y alertó que, si "esa pata tambalea", puede traer consecuencias ya que las nuevas tecnologías siempre sobreestiman en el corto plazo sus beneficios, pero subestiman los efectos en el largo plazo. La IA, además, representa un "tsunami en cámara lenta" para el empleo, dijo, con una estimación de que el 40% de los puestos de trabajo a escala global se verán afectados en los próximos tres a cinco años. Algunos empleos saldrán beneficiados, otros serán redefinidos y otros tantos desaparecerán, explicó.
Para Kristalina Georgieva, "Argentina lo está haciendo muy bien y el país será recompensado por eso", afirmó.Alertó sobre la inteligencia artificial como la "única pierna" sobre la que se está sosteniendo el crecimiento mundial.
La titular del Fondo Monetario sostuvo, durante una conferencia financiera en Madrid, que el país está sentando las bases para el crecimiento y la estabilidad macroeconómica y financiera. Habló de IA y la economía global junto a Ana Botín, presidente de Santander
Diputados peronistas cordobeses presentaron un proyecto para "rechazar" la decisión del Gobierno que concentra los subsidios al transporte en el AMBA. Leer más
El expresidente siguió con sus reparos luego de que el Ejecutivo radicó en el Congreso una reforma tributaria y apuntó al presunto cobro del IVA que sufriría uno de los productos más consumidos por la ciudadanía, y que hace parte de la canasta familiar: el café
La actualización de un informe de MAP LATAM, presentada este lunes estimó pérdidas fiscales por casi USD 3.000 millones anuales y más de 11.000 empleos formales que no se generan. El estudio analizó 15 sectores de la economía
Julie Kozack, portavoz del organismo internacional, afirmó por medio de X que "acogemos con agrado la decisión de las autoridades colombianas de presentar un importante paquete fiscal al Congreso"
La Unidad de Información Financiera publicó la resolución que determina cómo tienen que actuar bancos y sociedades de bolsa ante los nuevos depósitos. La novedad del nuevo umbral y cómo se aplica
La suspensión definitiva que consigió el político detiene el avance hacia la etapa oral mientras se resuelve una impugnación contra la decisión judicial solicitada por la Fiscalía
La colectividad encabezada por la exsenadora del Centro Democrático respalda corregir el déficit, pero sostiene que los contribuyentes no deben asumir otra vez el costo de un Estado que gasta por encima de su financiación
El proyecto plantea trasladar a la Adres una cuarta parte del aporte parafiscal y habilitar el uso de saldos del FOSFEC para atender obligaciones del sistema de salud. Gremios y sindicatos advierten posibles efectos sobre la cuota monetaria, los subsidios de vivienda, la protección al desempleo y las tarifas de educación y recreación
Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), concebidas bajo la premisa institucional de democratizar las estructuras partidarias en la Argentina, exhiben tras más de una década de aplicación profundas asimetrías entre sus objetivos de diseño y su funcionamiento concreto. Este mecanismo ha derivado en una encuesta nacional vinculante que externaliza los costos de las dinámicas internas de los partidos hacia el erario público, podría alterar la estabilidad macroeconómica y satura de forma recurrente el calendario de los electores.El primer eje crítico corresponde al volumen del gasto público electoral. Una aproximación rápida al tema del gasto demuestra el colosal peso financiero del aparato actual: la política electoral y el financiamiento de comicios generales ha llegado a demandar presupuestos de $575.000 millones. Por su parte, el Poder Ejecutivo ha proyectado ahorros teóricos superiores a los US$ 200 millones mediante la supresión de las primarias. La suspensión o eliminación de las PASO disminuye rubros específicos como el aporte extraordinario de campañas y la impresión de boletas únicas, temas de seguridad, recuento provisorio o gastos de pagos a autoridades de mesa entre otros, pero también invita a revisar el sobredimensionamiento de otros componentes fijos; por ejemplo, el rígido servicio de logística y distribución, a cargo de la empresa estatal Correo Argentino. Este concepto ha registrado su máximo histórico en la última elección de 2025 con $225.113 millones, lo que representó por sí solo casi el 48% del presupuesto electoral total según el estudio de la Fundación Eforo. Si nos vamos a una elección atrás, a las generales 2023, un dato que también llama la atención contempla a esta empresa estatal: del dinero recibido el 90% fue para la realización de la primaria y la general, y solo el 10% a la segunda vuelta.Todo este gasto entra en una zona de cuestionamientos debido a la polémica de financiar públicamente una instancia donde predomina la ausencia de competencia real â??debido a que las coaliciones mayoritarias suelen convalidar listas de unidad previamente consensuadas por sus cúpulasâ?? lo que contradice los principios elementales de la eficiencia asignativa del gasto público. La subejecución de esta herramienta PASO por parte de los partidos políticos lleva a los cuestionamientos actuales reflejados por ejemplo en la encuesta de Isasi Burdman de julio de este año en donde el 63% de los electores las rechaza.La superposición de calendarios generada por los desdoblamientos de los comicios a nivel provincial genera un escenario de fatiga institucional del electoradoDesde el análisis de la conducta electoral y la macroeconomía, el diseño de las PASO introduce externalidades negativas severas. Por un lado, la superposición de calendarios generada por los desdoblamientos de los comicios a nivel provincial genera un escenario de fatiga institucional del electorado, dado que podría obligar a concurrir a las urnas hasta cuatro o cinco veces en un mismo año. Esta saturación erosiona el valor del voto y distorsiona el debate público hacia lógicas meramente cortoplacistas. Si a esta situación le agregamos que la Argentina ha pasado en los hechos de un voto obligatorio a un voto facultativo por la desactualización de las multas por no votar, el escenario es preocupante dado que puede afectar seriamente los porcentajes de participación futuros. Por otro lado, la brecha temporal entre las primarias y la elección general extiende artificialmente los períodos de transición gubernamental. La introducción de este hiato político inyecta una profunda incertidumbre en los mercados internos, desencadenando shocks cambiarios, volatilidad financiera y parálisis en la formación de precios y la inversión productiva, afectando la sustentabilidad macroeconómica general de la nación. La política no esta disociada de la economía, por el contrario. Por lo tanto, este aspecto debe ser considerado más allá de la resistencia de los sectores políticos que están disociados de las estructuras productivas de nuestro país y que dependen exclusivamente del financiamiento estatal (debido e indebido).Frente al desgaste del modelo vigente, la reforma política debe orientarse hacia un esquema alternativo basado en dos pilares fundamentales: la autonomía de financiamiento y la opción tecnológica. El primero es el financiamiento privado e institucional a cargo de los partidos. Se propone la eliminación definitiva de la obligatoriedad de las primarias para los ciudadanos no afiliados. La selección de candidaturas debe regresar al ámbito privado de las asociaciones políticas. De este modo, cada partido o coalición debe asumir la responsabilidad financiera y operativa de sus procesos de selección interna, desgravando al contribuyente del costo de sus disputas de liderazgo.En segundo lugar, el estímulo a la innovación mediante el voto móvil (Mobile Voting). Al quitar la estructura de soporte del Estado centralizado y el consecuente costo de logística física del Correo Argentino, se genera un incentivo de mercado para que los partidos políticos adopten tecnologías modernas de democracia digital. La implementación de votaciones electrónicas encriptadas a través de teléfonos celulares â??usando sistemas descentralizados de autenticación biométrica de identidadâ?? permitiría dirimir internas con costos marginales cercanos a cero.Esta descentralización de los procesos electivos no solo resguardaría las variables fiscales y de estabilidad económica del país, sino que obligaría a las plataformas partidarias a modernizarse, competir en innovación institucional y recuperar su relevancia frente a una ciudadanía crecientemente demandante y digitalizada. Nuevos electores, nuevos procedimientos, nuevas organizaciones partidarias para las nuevas democracias en transformación.
Los funcionarios del Gobierno de Abelardo de la Espriella explicaron que la propuesta reunió recortes estatales, devolución del IVA, cambios en renta y mayores aportes a salud
Publicará su primer libro en Amazon, en papel y digital, y ofrecerá a los compradores un código para que puedan descargarse de una web los audios en los que sustenta todo el texto. Audios novedosos de los archivos del comisario Villarejo y la periodista Patricia López
Jáuregui Moreno fue acusado de "traición a la patria" por la Fiscalía General que responde a la Presidenta. El partido Morena, aseguran, quiere silenciarlo para que cese con operativos contra bandas criminales con los cuales tendrían vínculos
Los operativos realizados entre el 27 y el 30 de octubre detectaron bienes sin respaldo tributario, documentación de compra legal ni las etiquetas sanitarias exigidas por el Ministerio de Salud
La luz y el gas, regulados por la Nación, vuelven a subir en noviembre, pero menos que lo previsto originalmente.Como con los colectivos, el ministro de Economía suelta la billetera y otorga más subsidios para contener más aumentos potenciales y aflojar el ajuste en los hogares.
La actual comisionada de Búsqueda de Personas del Estado de México asumirá su nuevo cargo el 17 de noviembre
El exsenador puso como ejemplo lo que están haciendo los gobiernos de Argentina, Chile y Perú como ejemplo de la región en materia tributaria
Para sectores de la oposición, el acto legislativo de rescate económico tiene matices parecidos a los que precedieron el estallido social en 2021, en medio de la polémica que ha desatado posiciones a favor y en contra desde el Senado y la Cámara de Representantes
La iniciativa de ajuste fiscal reúne cinco pilares y deberá superar cuatro debates antes del 16 de diciembre, con la posibilidad de conciliación si las cámaras aprueban textos diferentes entre sí
Un informe de la consultora Dialogía revela que el Poder Judicial es la institución menos confiable del Estado cordobés, por debajo del Ejecutivo y la Legislatura. Además, el 47,3% considera que la Justicia trata de manera relativamente igualitaria a hombres y mujeres, mientras que el 19,8% la define como machista. Leer más
La figura regulada por ARCA permite almacenar y verificar cargas bajo control aduanero fuera de las terminales, con cambios normativos recientes que redujeron trámites y costos para los operadores
El expresidente se pronunció sobre el proyecto de ley de rescate económico radicado el 29 de octubre de 2026 y defendió la necesidad de aumentar los ingresos del Estado y reducir el gasto público
La implementación del régimen de incentivos que complementa al RIMI nacional, si bien se encontraba reglamentado, carecía aún de las normas que se acaban de dictar sobre actividades, sectores, zonas y requisitos que hacen a su puesta en marcha
La fuga de rodajes al exterior destruyó 50.000 empleos en una década y convirtió la crisis de la industria en uno de los ejes de la campaña por la alcaldía de Los Ángeles
El exdirector de la Dian advirtió sobre la facultad que tendría el presidente Abelardo de la Espriella
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), fiscalía especializada en delitos de funcionarios públicos, se presentó formalmente ayer en la causa $LIBRA: asumió el ejercicio de la acción que había declinado impulsar el fiscal Eduardo Taiano y apeló los sobreseimientos del presidente Javier Milei, su hermana Karina y los otros nueve acusados, dispuestos por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi el viernes pasado.La PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, contradijo así la posición del fiscal Taiano y planteó que el expediente debe continuar abierto para esclarecer aspectos centrales del lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda. También interpuso un recurso de apelación en subsidio para el caso de que el pedido sea rechazado, con lo que dejó planteada la posibilidad de que la Cámara Federal revise el cierre que firmó el juez Martínez de Giorgi.La intervención de la PIA respondió a una presentación que habían realizado el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), las dos organizaciones que participan en el expediente como "amicus curiae" (amigos del tribunal). Ambas habían reclamado que la PIA, como organismo especializado, asumiera directamente la persecución penal para evitar el cierre definitivo de una investigación que consideraban prematuro.La presentación tiene un antecedente relevante: en los días posteriores al lanzamiento y colapso de $LIBRA, la propia PIA ya había abierto una investigación propia, antes de que el episodio llegara a los tribunales. Sin embargo, tras la apertura de la causa penal, Taiano nunca le dio intervención durante el año y medio que tuvo a su cargo la pesquisa, pese a que el organismo suele participar en causas que involucran a funcionarios públicos.La Procuraduría tiene antecedentes de haber impulsado investigaciones que otros fiscales habían dejado de lado. Uno de los más relevantes es el caso Skanska, donde insistió durante años para que se incorporara una grabación interna de la empresa sobre el presunto pago de sobornos. La Corte Suprema terminó validando su planteo y la incorporación de ese material permitió reabrir el expediente, que derivó en condenas de exfuncionarios kirchneristas. Más recientemente, y también con Taiano como fiscal, la PIA reclamó la reapertura de la causa por el Vacunatorio VIP. La Cámara Federal hizo lugar a ese planteo y ordenó continuar la investigación.La intervención en $LIBRA, sin embargo, no estaba exenta de obstáculos. Fuentes del Ministerio Público Fiscal habían advertido que, a diferencia de aquellos antecedentes, Taiano había solicitado los sobreseimientos y Martínez de Giorgi ya los había dictado, y que la Procuraduría no había sido notificada de esa decisión. Pese a ese escenario, Rodríguez comunicó ayer al juzgado que asumía el ejercicio de la acción penal y cuestionó formalmente el cierre del expediente.Ahora, el Juzgado Federal 8, interinamente a cargo de Daniel Rafecas tras un pedido de licencia del juez Martínez de Giorgi, que está de viaje, deberá resolver el pedido de reapertura. Si lo rechaza, la apelación subsidiaria permitirá que la cuestión sea examinada por la Cámara Federal. El planteo abre así una nueva instancia judicial en una causa que involucra al Presidente, a su hermana y a otros funcionarios y particulares vinculados con el lanzamiento del token.Inecip y Cipce, cabe remarcar, habían formulado duros cuestionamientos a la actuación de Taiano. Señalaron los reiterados pedidos de recusación contra el fiscal, las filtraciones de información sensible a la prensa y lo que consideraron un manejo direccionado de los tiempos de análisis de pruebas clave. También denunciaron que algunos dictámenes y elementos probatorios fueron incorporados al sistema de gestión judicial recién después de que trascendieran a través de investigaciones periodísticas.También cuestionaron la negativa reiterada del fiscal a los pedidos de las querellas y de las propias ONG para que Milei fuera citado a prestar declaración indagatoria, y advirtieron que el dictamen fiscal que sustentó los sobreseimientos ni siquiera estaba incorporado al sistema de gestión judicial, lo que impedía a las partes conocer y analizar sus fundamentos.En su presentación, la Procuraduría que lidera el fiscal Rodríguez recogió los cuestionamientos sobre las líneas de investigación que quedaron sin agotar. Entre ellas, mencionó la necesidad de reconstruir la trazabilidad de los fondos, recuperar y analizar comunicaciones, investigar posibles acuerdos comerciales y examinar los movimientos de dinero relacionados con los hechos.En su presentación, la PIA también objetó que se hayan valorado indicios de manera aislada, en lugar de analizarlos en conjunto para determinar si permiten reconstruir una eventual trama de corrupción. Desde esa perspectiva, las limitaciones técnicas o las respuestas incompletas a los requerimientos de información no deberían funcionar como motivos para clausurar el expediente, sino como razones para profundizar las medidas necesarias.Cipce e Inecip habían señalado, además, que la investigación debía avanzar para determinar si la conducta del Presidente pudo encuadrar en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El objetivo, sostuvieron, debía ser producir la prueba necesaria para formular, eventualmente, una acusación precisa que pudiera debatirse en un juicio oral y público.Otro de los cuestionamientos centrales apunta a la situación de las víctimas. Cipce e Inecip denunciaron que los sobreseimientos fueron solicitados y dictados sin garantizarles la posibilidad de ser escuchadas ni de pedir la revisión del criterio fiscal. Para las organizaciones, ese procedimiento desconoce las garantías previstas en el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal y en la Ley de Víctimas.La presentación de la PIA representa, por lo tanto, un nuevo intento de impedir que los sobreseimientos se conviertan en el punto final del expediente. El organismo especializado asumió la acción penal que Taiano decidió no impulsar y reclamó que la Justicia habilite una investigación exhaustiva, proactiva y especializada.
La iniciativa combinaría recortes al tamaño del Estado e incentivos a la inversión privada, con aumentos en los aportes a seguridad social, cambios en el IVA y nuevos gravámenes que tendrían injerencia en la población
Tanto el presidente como el vicepresidente ya habían advertido que aumentar el cobro de impuestosno era la solución más "viable" para impulsar la economía del país, a la que señalaron a la administración de Gustavo Petro de dejarlos con "una bomba de tiempo"
El contrabando representa el 5% del PBI y seis de cada diez empresas industriales lo sufren. Esta semana el Estado firmó acuerdos con Mercado Libre y la UIA, entre otras cámaras empresarias para detectar y frenar el comercio ilegal
La iniciativa presentada ante la Cámara de Representantes busca ajustar las finanzas públicas, promover la inversión y estimular la generación de empleo. El funcionario también señaló al gobierno de Gustavo Petro por la situación fiscal que enfrenta el país
Las pruebas internas del sistema reconocen el 97,5% de las actas en una primera lectura. La Dirección General de Informática prevé elevar la precisión hasta el 99,9% al incorporar más muestras de escritura manual provenientes de procesos electorales anteriores en Guatemala antes de los comicios de 2027
El gremio de comerciantes presentó sus solicitudes al Gobierno nacional, con reclamos sobre tributos que inciden en tiendas de barrio y ventas digitales internacionales
El proceso, abierto el 2 de octubre de 2026, tiene como ponente al magistrado Julio Andrés Sampedro
El fallo se apoya en un precedente del 9.° Circuito y suma un nuevo capítulo a la ofensiva judicial contra los fiscales interinos de la administración
El organismo internacional aprobó la tercera revisión del acuerdo en donde no se alcanzó el objetivo fiscal del primer semestre. Los analistas aseguran que no hay lugar para recortar gastos de cara a la de diciembre
La iniciativa no quedó entre las primeras a tratarse, en un encuentro que comenzará desde las 14. El proyecto de los radicales apunta a planes desde los USD 12 millones. También se intentará votar la regulación del mercado de bonos de carbono. Habrá homenajes varios y jurará el reemplazo de Juan Carlos Pagotto
Un operativo contra la evasión de impuestos en Quiché terminó en una crisis de rehenes. Un fiscal pidió auxilio en un audio: alertó sobre amenazas de desvestirlos y azotarlos si no se atendían las exigencias.
El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, aseguró que el Ejecutivo analizará la carga tributaria de las plataformas internacionales y abrió la puerta a revisar el arancel del 40 % a confecciones y ropa
La Justicia federal ya investiga en la Argentina si hubo delitos detrás del avión que tomó el candidato presidencial Flavio Bolsonaro y su familia para salir del país y dirigirse a los Estados Unidos.El fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, solicitó informes a distintos organismos oficiales para determinar cómo Bolsonaro ingresó al país y si existía algún impedimento legal que le prohibiera hacerlo.El fiscal quiere saber si había alguna restricción respecto del dirigente del Partido Liberal para ingresar al territorio nacional. "Si no es así, el problema es de Brasil y no nuestro", dijo a LA NACION una fuente judicial.Al parecer, no hay ninguna circular roja de Interpol que impida la circulación de Bolsonaro; solo una medida judicial interna en Brasil de prohibirle la salida del país."Si es así, no habría delito, en todo caso una responsabilidad política en colaborar para que saliera a Estados Unidos, que no corresponde a la Justicia, pues no sería un delito penal", dijo una fuente del caso. Los investigadores, de todos modos, esperan los informes para tomar una decisión final.La causa se inició luego de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza, ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú.La diputada cuestionó los controles y pidió esclarecer si hubo irregularidades en el procedimiento que permitió el traslado de Bolsonaro y su familia."La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta", sostuvo Pagano en una publicación en X, en la que anunció la presentación judicial. En su denuncia, la diputada advirtió que el senador brasileño tendría restricciones judiciales para salir de Brasil y reclamó que se determine en qué condiciones se produjo su desplazamiento.Entre las medidas solicitadas, Pagano pidió preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú. También reclamó el acceso a los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del servicio de transporte aéreo privado utilizado por el dirigente brasileño.Además, solicitó que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con el tránsito de personas y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.En Misiones rige el sistema acusatorio, por lo que el fiscal maneja la investigación y espera los resultados de los pedidos de informes.En tanto, en los Tribunales de Comodoro Py 2002, se presentaron dos denuncias en las que se pide investigar a Milei y a funcionarios de su gobierno por el vuelo de Bolsonaro desde Misiones rumbo a Estados Unidos. Los denunciantes son el diputado socialista Esteban Paulón y el dirigente de izquierda Gabriel Solano. Ambos escritos ingresaron al juzgado a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien espera una determinación de la fiscal Paloma Ochoa.Es la fiscal la que debe dictaminar ahora si impulsa la acción penal y si interpreta que hay un delito a investigar. Por ahora está esperando los resultados del pedido de informes solicitado por su colega de Puerto Iguazú. Las denuncias señalan que supuestamente el Gobierno facilitó el ingreso y salida del país a una persona que tenía prohibido egresar de Brasil. La fiscal Ochoa deberá dictaminar si dichas presentaciones ameritan comenzar una nueva investigación.La denuncia de Paulón, de tres páginas y a la que accedió LA NACION, apunta contra Milei, el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo por presunto encubrimiento agravado. Según el escrito, el 27 de octubre Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas cruzaron por el puente Tancredo Neves y abordaron un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado por Baires Fly S.A. El diputado refiere que el Gobierno primero negó el ingreso y que, horas después, Migraciones publicó a las 2:01 de la madrugada de este miércoles que la familia había entrado a las 22:05 del día anterior "con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal".El escrito incorpora además los dichos del abogado mexicano Simón Levy, presidente del American Council, quien sostuvo en una entrevista que "el punto medular y central es la intervención directa de Javier Milei para que Bolsonaro pudiera salir de Brasil ileso y sano". La segunda denuncia, presentada por Solano, posee nueve páginas. Acusa a Milei de presuntos abuso de autoridad, encubrimiento agravado y malversación de caudales públicos, y extiende la acusación a los funcionarios de inteligencia, seguridad y diplomacia que hayan participado.Sostiene que existió "un plan orquestado para incumplir con una manda judicial" dictada por el juez brasileño Alexandre de Moraes, y que en las imágenes del ingreso se observa "una numerosa escolta de fuerzas de seguridad federales, comenzando por la PSA".Ese escrito pide informes a Migraciones, a las fuerzas de frontera, a la PSA y a la Cancillería, la preservación de los registros de inteligencia y el secuestro del teléfono personal del presidente Milei.
El documento establece pautas para que la investigación penal respete los tiempos, la autonomía y la integridad de las personas afectadas, sin agravar el daño ni desplazar su voluntad expresa
El Gobierno Nacional aprobó dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$1.150 millones. Estos serán implementados para dos propósitos: fortalecer la seguridad federal y mejorar la recaudación de las provincias.A través del Decreto 1284/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se oficializó el modelo de contrato de préstamo BID por un monto de US$400 millones en un plazo de cuatro años. Este será destinado para el "Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Federal en Argentina", que tiene como objetivo mejorar la capacidad investigativa de la Policía Federal Argentina (PFA) y optimizar su gestión. También involucra a la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval (PNA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) para combatir el crimen organizado de manera integral.Para este propósito, se desembolsarán primero US$152 millones, que serán ejecutados por el Ministerio de Seguridad a través de la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y Fortalecimiento Institucional y la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Secretaría de Coordinación Administrativa. El resto del dinero se estructura en diferentes tramos y metas de desembolso sujetos al cumplimiento de resultados específicos.Por su parte, el Decreto 1285/2026 aprobó el modelo de acuerdo para el establecimiento de una línea de crédito condicional para proyectos de inversión con el BID de hasta US$1500 millones por 10 años para el "Programa de Mejora de la Coordinación Fiscal Subnacional". Este tiene como fin contribuir a la sostenibilidad fiscal de las provincias mediante eficiencia de gasto y de financiamiento público, además de mejoras en la gestión de recaudación por ingresos propios. El programa fiscal está pensado para abarcar en principio a unas 15 provincias y exige que las jurisdicciones se adhieran a ciertos compromisos, como el control del gasto salarial y mejoras en la recaudación.Este consta de un primer desembolso de US$750 millones para la primera operación y lo ejecutará el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Hacienda (SH). Se trata de la primera operación individual de esa línea de crédito y queda abierta la posibilidad de solicitar más fondos en el futuro durante el plazo acordado.El pasado 22 de octubre el Ministerio de Economía informó que el BID aprobó una garantía de US$200 millones, con un plazo de 25 años, para respaldar el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico que impulsa el Gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación. En un comunicado, detalló que el dinero será destinado a los proyectos AMBA I y Puerto Madryn-Choele Choel / Choele Choel-Bahía Blanca, dos obras estratégicas para ampliar la capacidad de transmisión y fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). "Se prevé que el programa beneficie en forma directa a 16 millones de usuarios, entre hogares y empresas, al contribuir a un suministro eléctrico más confiable", agregó el documento.Mantuve un excelente encuentro en Tailandia con @igoldfajn, presidente del @el_BID, en el que conversamos sobre el importante respaldo del organismo al desarrollo de la Argentina y al proceso de reformas que estamos llevando adelante.También analizamos la cartera actual deâ?¦ pic.twitter.com/WjJeuLZcbj— totocaputo (@LuisCaputoAR) October 14, 2026Estos préstamos llegan semanas después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, se haya reunido con el presidente del BID, Ilan Goldfajn. El encuentro ocurrió en el marco de su viaje a Bangkok, Tailandia, durante las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.El funcionario detalló a través de su cuenta de X que conversó con Goldfajn sobre "el importante respaldo del organismo al desarrollo de la Argentina" y el proceso de reformas que se están llevando adelante en el país. También, se analizaron la cartera actual de proyectos y las perspectivas de financiamiento para el próximo año. "Seguimos trabajando para ampliar las oportunidades de inversión y desarrollo para nuestro país", sostuvo.
El exlegislador republicano de 40 años encabeza la ofensiva judicial contra presuntas irregularidades electorales. Su gestión en Los Ángeles acumula cuestionamientos y un juez federal declaró ilegal su permanencia al frente de la fiscalía.
La firma de asesoría y pronóstico económico global prevé una mejora paulatina, aunque estima que el saneamiento quedará pendiente al término del mandato presidencial, en 2030
Tras la primera apelación presentada contra los sobreseimientos del presidente Javier Milei y los otros diez investigados por los presuntos delitos cometidos antes, durante y después del lanzamiento y colapso de $LIBRA, y el pedido de intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), otro inversor reclamó ahora que se dicte la "nulidad absoluta" del dictamen del fiscal Eduardo Taiano que precedió a esos sobreseimientos. El pedido de nulidad lo presentó Martín Romeo, por sí mismo y como apoderado de dos "pretensos querellantes", Sviatlana Krasutskaya Vitalievna y Vladislav Lapchenko Andreevich, al sostener que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi no le dio la oportunidad de fijar su parecer sobre el dictamen fiscal, pese al derecho que le da la ley para eso. En particular, cuando "el Ministerio Público Fiscal actuó como abogado defensor" de los sospechosos.El planteo de Romeo apunta a la resolución que Martínez de Giorgi dictó el viernes, cuando sobreseyó a Milei tras concluir que los hechos denunciados "no encuadran en una figura legal". También benefició a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli y a los "cueveros" Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.Según Romeo, el Código Procesal Penal Federal le reconoce como víctima de un presunto delito el derecho a pedir la revisión del sobreseimiento solicitado por un fiscal, aun cuando no se haya constituido como querellante o su rol como tal todavía esté bajo revisión. Pero remarcó que el juez no le dio la oportunidad de opinar sobre el dictamen de Taiano. "Al querellante, cuya exclusión no está firme, no se le dio intervención alguna frente al pedido desincriminante del fiscal", sostuvo. Por eso reclamó que la Cámara Federal declare la nulidad absoluta del dictamen y, como consecuencia, la del sobreseimiento. Solo de manera subsidiaria pidió que revoque la decisión y ordene seguir investigando.La cuestión de fondo es si Romeo, con el patrocinio de Nicolás Oszust, conserva facultades para intervenir en la causa penal mientras se resuelve su disputa por la condición de querellante. La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado lo había reconocido como tal, pero en julio Martínez de Giorgi aceptó una excepción planteada por la defensa de Novelli y lo apartó de ese rol. La Cámara Federal confirmó esa decisión y luego declaró inadmisible su recurso de casación. Romeo acudió entonces en queja ante la Casación Penal, donde el planteo sigue pendiente. Sobre esa base, sostiene que su exclusión no está firme y que conserva sus facultades frente al pedido fiscal de sobreseimiento.Más allá del pedido de nulidad, Romeo cuestionó los sobreseimientos y argumentó que la investigación "no se completó", en línea con el planteo del otro inversor afectado, Juan Patricio Marchetto, que apeló anteayer el sobreseimiento. Romeo destacó que ninguno de los imputados fue citado a indagatoria y que tampoco se citó a los testigos que había solicitado; entre ellos, Diógenes Casares, Juan Carlos Pallarols, Eduardo Prestofelippo y Ramiro Marra.Romeo también objetó que quedaran inconclusos los estudios de trazabilidad de las operaciones con criptomonedas. Según su presentación, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) carecía de "herramientas técnicas bajo licencia". Y detalló que tampoco se convocó al exjefe de asesores Demian Reidel ni a Santiago Caputo, ni se identificó a los titulares de las 74 billeteras que compraron el token 22 segundos antes de que Milei publicara el contrato.El inversor también cuestionó que el juez restara valor a los informes forenses de los teléfonos secuestrados por presuntas irregularidades en su elaboración cuando, según Romeo, no se acreditó que esa conducta hubiera provocado una filtración a la prensa, como planteó en marzo pasado el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y Taiano rechazó en aquel momento.Romeo también reprochó que el fiscal Taiano interpretara cada indicio "a favor de los imputados" y "aisladamente", en lugar de valorarlos en conjunto. Entre los elementos que, a su juicio, debieron examinarse de manera integral, mencionó:â?¢ La ráfaga de llamadas entre Novelli y Milei del 14 de febrero de 2025.â?¢ La anotación "Pago Javier kari" hallada en el teléfono de Novelli.â?¢ La nota sobre el "acuerdo final" discutido con "H.", que preveía pagos atados al apoyo presidencial.â?¢ Los USD 507.400 que una billetera vinculada a Kelsier habría transferido a Mellino el mismo día en que Davis estuvo en la Casa Rosada.â?¢ Los movimientos de las cajas de seguridad de Novelli que Romeo describe como un vaciamiento, el primer día hábil posterior al colapso.â?¢ La orden "Pero borra" que Novelli le envió a Terrones Godoy."El dictamen fiscal no es la conclusión objetiva de una investigación agotada, sino un alegato de descargo", concluyó Romeo. Sostuvo que, al aceptar ese planteo, el juez ejerció un "control meramente aparente" sobre la investigación. Además, dejó planteada la cuestión federal para llegar, eventualmente, a la Corte Suprema.
El concejal Jairo Avellaneda pidió a Carlos Fernando Galán y a la Secretaría de Hacienda Distrital precisar cuánto dinero dejaría de recibir la capital y qué proyectos podrían verse afectados
Oficialismo y aliados acordaron esta tarde para ir a la reunión de Labor Parlamentaria de mañana -14- con las dos iniciativas -aunque quedan dudas por saldar-, más el proyecto que regula los bonos de carbono reclamado silvestres provinciales, entre otros textos. La idea es activar el recinto desde las 11, ya que se prevén varias horas de debate
En cuanto a la idea de pedir la nulidad del acto del dictamen del fiscal, el abogado, Nicolás Oszust, argumentó que es por una "clara violación a lo que establece la normativa". Leer más
La funcionaria criticó la presentación opositora ante la Corte Suprema que busca impedir que el gobernador compita por la reelección en 2027. "Vamos a defender la Constitución de Tucumán", dijo.
Con la depreciación del real y la suba del tipo de cambio, la especialista en finanzas del agro, Mónica Ortolani, comentó que eso "le va a afectar en sus costos esta devaluación" a los productores brasileños. Leer más
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi cerró el caso $LIBRA el viernes pasado. Sobreseyó a Javier y a Karina Milei, y al resto de los acusados, con un fallo de 60 hojas basado, fundamentalmente, en un dictamen del fiscal del caso, Eduardo Taiano, que hasta el momento no se conocía. El dato más notable es su fecha: está firmado el día anterior a la sentencia de los sobreseimientos. LA NACION accedió a su contenido y ratificó la fecha de presentación con fuentes oficiales.Esto quiere decir que el jueves, el juez recibió el dictamen, una presentación espontánea que no dice responder a consulta alguna, en la que, de forma inesperada, Taiano decide no seguir adelante con la investigación que tenía delegada. Y un día después, Martínez de Giorgi sobresee a todos los acusados. El juez hubiera podido limitarse a decir que, sin impulso fiscal, no podía seguir adelante. Pero eligió adentrarse en la revisión completa de las pruebas de la causa y en el análisis jurídico de las figuras penales adjudicadas al Presidente, a su hermana y al resto de los acusados. En 26 horas, revisó las 58 hojas del dictamen fiscal y tuvo lista la sentencia final para su causa.Taiano firmó su dictamen a las 11:32 del jueves y Martínez de Giorgi suscribió su fallo a las 14:29 del viernes. La sentencia estaba escrita desde al menos las 13:30 de ese día, que fue cuando la firmó el secretario de la causa.Fuentes del juzgado dijeron a LA NACION que Taiano ya le había avisado a Martínez de Giorgi que iba a presentar su dictamen y que el juez quiso dejar firmada su sentencia el viernes mismo porque "tenía un viaje programado".Por decisión del propio Martínez de Giorgi, Taiano era el único capaz de impulsar esta investigación porque el 3 de julio pasado el juez les quitó a las presuntas víctimas del caso la condición de querellantes (acusadores particulares) que tenían desde el 20 de marzo de 2025. Esa decisión fue confirmada el 4 de septiembre pasado por la Sala I de la Cámara Federal, en su primer día de integración con los nuevos jueces nombrados por el propio Milei.Los cinco inversores desplazados de la causa apuestan ahora a un último recurso: que la Cámara Federal de Casación revise esta situación y los reponga como querellantes. Llegan en una situación de debilidad a ese tribunal porque la Cámara Federal no les concedió el recurso (no les habilitó el camino) y, por ende, fueron "en queja". Por eso, lo primero que deberá hacer ahora la Casación es resolver si les abre o no el recurso. Ayer, Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores, presentó un "pronto despacho" para apurar esa decisión del tribunal. Con la expectativa de que le den la razón, Marchetto -patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik- apeló en paralelo los sobreseimientos.El dictamen de TaianoEn su dictamen del jueves pasado, Taiano hizo un resumen de las pruebas reunidas hasta el momento en el expediente y concluyó que no había "sustento fáctico alguno" para continuar con la investigación. Según el fiscal, no hay delito posible y no vale la pena seguir investigando. El inversor Marchetto, en su presentación de ayer, se quejó de que Taiano no hubiera esperado siquiera pruebas que él mismo había ordenado y que estaban en trámite. "Al momento de dictarse el sobreseimiento existían medidas ya ordenadas y todavía en curso, peritajes pendientes de ampliación y personas directamente vinculadas con acontecimientos relevantes que ni siquiera habían sido escuchadas", afirmó. Para Marchetto, "la contradicción resulta evidente" porque "si la propia investigación todavía procuraba determinar quién controlaba determinadas billeteras, reconstruir movimientos de activos, completar extracciones forenses y esclarecer relaciones personales y económicas entre los protagonistas, difícilmente pudiera afirmarse simultáneamente que se encontraba agotada toda posibilidad razonable de atribuir relevancia penal a los hechos". El presunto inversor damnificado destacó que una de las pruebas pendientes, dispuesta por el fiscal y no terminada, fue la ampliación de un análisis sobre "los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco", un jubilado argentino y un trader colombiana que recibieron cinco millones de dólares de Hayden Davis. Marchetto dijo: "El sobreseimiento no puede convertirse en el mecanismo mediante el cual se declare irrelevante aquello que la propia investigación todavía no terminó de investigar". En su presentación del jueves, Taiano dedicó 40 páginas a repasar todas las pruebas reunidas en la causa y analizó luego la relación de los acusados con los delitos que se les habían imputado. En cuanto a Karina Milei, sostuvo que "los denunciantes señalaron que habría recibido una suma de dinero para facilitar las reuniones del Presidente de la Nación con los empresarios extranjeros Hayden Davis, Julian Peh y Bartosz Lipinski", pero que "lo cierto es que de la prueba incorporada al expediente no ha sido factible acreditar esa sospecha preliminar".El fiscal, que en representación de la sociedad es quien impulsa las investigaciones penales, dijo que "no se puede sostener una imputación con meras suposiciones e inferencias sin sustento fáctico alguno que den cuenta de la posible comisión de un delito" y afirmó que, en este caso, "no se ha podido probar un intercambio indebido, es decir, una conexión entre un beneficio ofrecido o pactado y una actuación funcional concreta".En cuanto a la supuesta estafa adjudicada a Javier Milei y el resto de los acusados, el fiscal sostuvo que no estaban "configurados los elementos requeridos por la norma para afirmar la comisión" del delito de estafa, dado que "el proyecto efectivamente existía; que el token fue efectivamente lanzado; que el ecosistema blockchain involucrado era real; que las empresas participantes tenían existencia concreta y que la operatoria desarrollada se ejecutó públicamente a través de herramientas abiertas y trazables en blockchain". Según el fiscal, "podrá discutirse la conveniencia económica del proyecto, el éxito posterior de la iniciativa o incluso la razonabilidad especulativa de adquirir el token", pero "nada de ello convierte los hechos en una estafa".En cuanto a los dos hombres que recibieron los millones de Davis, Taiano dijo que "se detectaron movimientos de dinero por parte de dos personas que habrían sido identificadas como Flavio Camilo Rodriguez Blanco y Orlando Mellino, días antes del lanzamiento de $LIBRA". Pero afirmó: "Lo cierto es que, de los informes de la UFECI, del análisis de trazabilidad efectuado por el Departamento de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina y del análisis producido por la DATIP no fue posible relacionar a los nombrados con las maniobras denunciadas, como así tampoco acreditar que estos tuvieran un vínculo o relación con las personas investigadas". Para descartar los otros delitos adjudicados a Milei (abuso de autoridad, violación de sus deberes de funcionario, negociaciones incompatibles con su cargo), el fiscal se apoya en informes originados por organismos dependientes del propio Poder Ejecutivo. Taiano dice que "no debe perderse de vista que la resolución del titular de la Oficina Anticorrupción en el marco del expediente SISA 22.632, concluyó que el nombrado [Milei] no había cometido infracción alguna a la ley 25.188 de Ética Pública en el Ejercicio de la Función Pública". El fiscal afirma: "En definitiva, las circunstancias valoradas y las conclusiones arribadas por la Oficina Anticorrupción, organismo encargado de interpretar los alcances de la ley de ética pública, me eximen de efectuar mayores consideraciones respecto del delito reprimido en el artículo 248 del CPN [abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos]."Y añade: "Aunado a ello, es menester destacar que tanto la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y Asuntos Presidenciales de la Secretaría General de Presidencia [secretaría cuya titular es Karina Milei] fueron contundentes al informar que no se registraron actos administrativos y que no constan registros sobre un acuerdo confidencial entre Hayden Davis y el presidente de la nación Javier Milei relativo a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, específicamente con el objeto de brindar asesoramiento en Blockchain y Criptomonedas, que habría sido firmado por los nombrados días previos al lanzamiento del Token "$Libra".
Es un beneficio para personas que son propietarios de una vivienda principal en el estado.Hasta el momento, el gobierno envió un millón de cartas de confirmación y cheques.