fiscal

Denuncian a fiscal por liberar a conductora ebria implicada en en atropello mortal a vigilante en Trujillo

Greco Quiroz presentó la acusación luego de cuestionar que la Fiscalía no considerara agravantes como la conducción en estado de ebriedad y la presunta tentativa de fuga de la conductora

Tierras fiscales, fundaciones y exfuncionarios: la causa que sigue después de la condena a Tito López

La Justicia Federal avanza sobre un expediente paralelo que investiga presuntas maniobras con campos fiscales, contratos irregulares y desvío de fondos públicos vinculados al entorno del dirigente piquetero. Leer más

Facturas apócrifas: ARCA acusó a Tapia y Toviggino de integrar una "asociación ilícita fiscal"

La presentación judicial detalla un perjuicio fiscal de casi 300 millones de pesos y solicita investigar a los dirigentes por el delito de asociación ilícita fiscal. Leer más

Facturas apócrifas: ARCA acusó a Tapia y Toviggino de integrar una "asociación ilícita fiscal"

El ente recaudador amplió la denuncia contra los dirigentes de la AFA. Fue presentada ante el juez Diego Amarante, que ya los investigaba por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por $19 mil millones. El nuevo escrito habla de maniobras por casi $300 millones

La Asamblea Legislativa aprueba prórroga de incentivos fiscales para turismo internacional en El Salvador

El acuerdo legislativo contempla la continuidad de incentivos económicos y administrativos, favoreciendo la organización y realización de encuentros internacionales en áreas como el surf, la gastronomía y las tradiciones culturales.

La Fiscalía del Supremo apoya un indulto parcial al ex fiscal general Álvaro García Ortiz

Fiscal ve indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados de matar a Lukas Agirre

Rechazan otra vez un pedido fiscal para ponerle fecha al juicio de Cristina por Hotesur y Los Sauces

El Tribunal Oral Federal 5 rechazó una vez más el pedido del fiscal para que le pongan fecha de inicio al juicio contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por el caso Hotesur y Los Sauces, por supuesto lavado de dinero, pero fijó una audiencia preliminar para el 4 de septiembre para organizar los detalles del proceso.La decisión es de los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, que de manera unánime rechazaron un recurso de reposición del fiscal Diego Velasco, que insiste con que arranque el proceso. Los jueces afirman que no pueden ponerle fecha de inicio al juicio porque está en trámite un peritaje contable y, hasta que no concluya la producción de la prueba, no es posible comenzar con las audiencias.La fiscalía entiende que se puede poner una fecha de inicio, y en todo caso, aplazarla, si es necesario, por la conclusión de ese peritaje contable.Velasco ahora irá a la Cámara Federal de Casación para que sea ese tribunal el que inste a que arranque el proceso donde se juzgará una presunta maniobra de lavado de dinero.Ese estudio contable que está en proceso busca determinar si hay correlación entre el dinero que recibieron Lázaro Báez y Cristóbal López por sus contratos y negocios durante el kirchnerismo, con las transferencias que efectuaron a empresas de los Kirchner, ya sea mediante el pago de alquileres a la empresa Los Sauces o contratando habitaciones hoteleras a Hotesur.Velasco argumenta que la acusa está inmersa en una maraña de rituales dilatorios y maniobras burocráticas que impiden el avance de la Justicia en asuntos de gravedad institucional.Para el tribunal, iniciar un debate sin haber finalizado peritajes pendientes podría poner "eventualmente en riesgo la validez de las actuaciones, sometiéndolas a una multiplicidad de planteos por parte de las defensas".Como una suerte de compensación ante la negativa al recurso de reposición, los jueces dispusieron que el 4 de septiembre se haga una audiencia preliminar entre todos los abogados de los acusados, la fiscalía y los jueces.Allí, en general, se debaten cuestiones de organización del juicio, se busca reducir la lista de testigos y agilizar las audiencias, se define si el proceso será virtual o presencial y se debate acerca de las pruebas pendientes.Pero el hecho de que esa audiencia sea en septiembre no hace más que aplazar el inicio del proceso a una fecha cercana con el fin de año y la feria judicial de verano.La Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso de Cristina Kirchner en esta causa, el 17 de diciembre de 2024, e instó a que se haga el juicio oral.El máximo tribunal reforzó el equipo de contadores que está peritando las cuentas de las empresas Hotesur y Los Sauces para avanzar con más celeridad en ese estudioEl tribunal exhortó al Colegio de Peritos a que estimen una fecha probable para concluir su tarea y así poder comenzar el juicio.El caso Hotesur y Los Sauces está elevado a juicio desde hace 5 años. El tribunal oral, con otra integración y los votos de Adrián Grünberg y Daniel Obligado, absolvió a todos los acusados sin juzgarlos.Esa sentencia fue revertida por la Sala I de la Cámara de Casación (con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone), que excluyó del caso a Florencia Kirchner.La Corte Suprema dejó firme ese fallo e impulsó el juicio. Fue de los últimos fallos que votó el juez Juan Carlos Maqueda antes de jubilarse. Firmaron allí Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Maqueda y Ricardo Lorenzetti.La expresidenta, que ya fue condenada a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, deberá enfrentar entonces este nuevo juicio, que se suma al que tiene pendiente por la firma del memorándum con Irán y al que afronta por el caso de los Cuadernos de las Coimas.La causa Hotesur y Los Sauces se inició en 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer.El caso está conectado con la causa Vialidad. La hipótesis es que como contraprestación por haber recibido millonarios contratos de obra pública, Lázaro Báez transfirió al patrimonio de los Kirchner en Hotesur millones de pesos justificados como contratos de alquiler de habitaciones de sus hoteles de Calafate.También forma parte de la causa Cristóbal López, que obtuvo otros beneficios del kirchnerismo y transfirió dinero a los Kirchner a Los Sauces como pago por el alquiler de departamentos.Un peritaje parcial exhibido por la fiscalía en audiencias previas al juicio oral prueba que Báez cobró del Estado hasta 20 millones de dólares, en las mismas fechas en las que luego las transfirió a la sociedad de la familia presidencial Hotesur.

Marcelo Macarrón tras el fallo contra los fiscales: "Empecé a creer en la justicia"

El médico aseguró que el reciente fallo representa un punto de inflexión en la causa por el crimen de Nora Dalmasso. Tras dos décadas de proceso judicial, sostuvo que comienza una nueva etapa en la búsqueda de la verdad. Leer más

Sheinbaum desconoce si Adán Augusto fue citado a declarar por caso de huachicol fiscal

La mandataria remitió la pregunta directamente a la FGR y subrayó que la Fiscalía no comparte sus investigaciones con el Ejecutivo

Caso Nahuá: el fiscal Mosquera pedirá la prisión preventiva para José Codazzi

El fiscal Javier Mosquera confirmó que solicitará la medida de coerción tras considerar que el letrado facilitó la fuga de Josías Santos Regis. La postura de la defensa. Leer más

"Negligencia" y pistas ignoradas: las razones detrás de la destitución de los fiscales del caso Nora Dalmasso

Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro deberán fueron desplazados por "mal desempeño" en la pesquisa por el femicidio ocurrido en Río Cuarto, en 2006. "Fue un manual de cómo no investigar un caso de violencia de género", sostuvo la fiscal a cargo del jury. Leer más

Fiscal ve legítima defensa en el exmarido Lucía Garrido, que mató a dos personas en Málaga

Caso Nora Dalmasso: destituyeron a los tres fiscales que investigaron el crimen tras casi dos décadas de errores

Fueron acusados de "negligencia grave" y "mal desempeño". El crimen ocurrió en noviembre de 2006.

Causa Seguros: el fiscal Rívolo evalúa una posible imputación contra Santiago Cafiero

El exjefe de Gabinete y excanciller debía declarar como testigo, pero el ministerio público pidió suspender esa cita porque considera que el actual diputado podría ser acusado por beneficiar al broker Martínez Sosa, amigo de Alberto Fernández.

Fiscal de Medio Ambiente cifra en "solo" 86 las condenas por incendios forestales en 2025

El crimen de Nora Dalmasso: en un giro histórico destituyen a los tres fiscales que investigaron el caso

Lo hizo un jury de enjuiciamiento tras dos semanas de testimoniales. Deberán dejar sus cargos.Los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro se ensañaron con la familia de la victima y descartaron la prueba clave de ADN que apuntaba al verdadero homicida: el parquetista Roberto Barzola.A casi 20 años de la violación seguida de muerte, en la Corte cordobesa se debate la prescripción.

Destituyeron a los tres fiscales acusados de mal desempeño en el caso Dalmasso

CÓRDOBA.- En un trámite sumario, el jurado de enjuiciamiento de magistrados de esta provincia destituyó a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por su mal desempeño y negligencia en la investigación de la violación y homicidio de Nora Raquel Dalmasso, el conmocionante crimen ocurrido en Río Cuarto en noviembre de 2006 que, tras veinte años de una errática actuación judicial, quedó impune.La decisión del jury, presidido por la legisladora Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba) e integrado por sus pares Facundo Torres (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (UCR) y Walter Gispert (Frente Cívico) y la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti, estuvo en línea con la acusación realizada por la fiscal general adjunta de la provincia, Betina Croppi.Después de las 20 Miralles y Di Santo hicieron uso del derecho de la última palabra mientras que Pizarro no habló porque lo había hecho en su alegato, ya que era codefensor de sí mismo. Posteriormente, empezó la deliberación secreta de los integrantes del jury.Toda la sesión fue seguida por la familia de la víctima, Marcelo Macarrón, el viudo, y sus hijos Facundo y Valentina.En el inicio de su alegato, Croppi afirmó: "Con todo lo que se ha oído y probado podemos afirmar con certeza que las circunstancias de la causa han sido probadas", comenzó la fiscal."Quedó claro en esta audiencia que había pocos insumos para trabajar", planteó, al describir las actuaciones de los forenses en el lugar del hecho y los problemas que podrían haber provocado irregularidades en el levantamiento de las muestras de ADN."Se ha establecido el perjuicio grave al servicio público. No puede seguir ocupando un magistrado el cargo cuando ha incurrido en una negligencia grosera. Este perjuicio es lo que se encuentra acreditado en este caso. No fueron errores y descuidos de cualquier ser humano. Generaron perjuicio personal e institucional, dañando la confianza de la ciudadanía. Los fiscales acusados no están preparados para la función que la ley orgánica les exige", dijo Croppi.Antes de pedir la sanción señaló que "es incuestionable que la conducta atribuida a los fiscales se enmarca en las causales invocadas. "¿Querían los fiscales que el asesino de Nora Dalmasso sea descubierto? Me permito dudarlo". "Di Santo, instalado en el quincho de la casa, comenzó a entrevistar a amigos, parientes, familiares... La casa estaba llena de gente. Y les preguntó a todos, a los 58, quién era el amante de Nora Dalmasso", razonó Croppi para señalar que esa fue la principal línea de investigación y no la de que las relaciones sexuales que, según marcaban los indicios, había tenido la víctima antes de ser asesinada podían haber sido forzadas.En su alegato recordó que la declaración como testigo de Roberto Bárzola, el parquetero imputado porque su ADN estaba en la escena del crimen y que fue absuelto el año pasado porque se juzgó que el caso ya estaba prescripto, fue tomada mientras se desarrollaba el velatorio de la víctima. "Aquí nace la primera alerta que debió atenderse. ¿Por qué un sospechoso se ubica en la escena del crimen y no es sospechoso?".Añadió: "En los días posteriores siguieron las alertas sobre Bárzola. La madre de Dalmasso declaró que su hija había tenido una discusión con un carpintero. Ya teníamos varios señalamientos", sumó. A esto se sumó la declaración del jefe de Bárzola y del dueño de la otra casa donde trabajaban en simultáneo a la de los Macarrón."Los resultados de la autopsia revelaban que Nora había muerto la mañana del sábado. ¿A quién teníamos en ese lugar y a esa hora? ¿Qué se hizo con esta alerta, qué se podría haber hecho? El sospechoso estaba ante sus ojos. ¿Chequearon la coartada de Bárzola? Pues no, nada hicieron. Ni citaron como testigo a la concubina de Bárzola", precisó.Croppi enfatizó: "Yo me pregunto qué pasó, por qué esta ceguera. En ese momento la fiscalía estaba ocupada en buscar al 'amante asesino'. Todos los esfuerzos de esa etapa fueron dedicados a investigar a la víctima".Remarcó que tampoco se investigó la procedencia de una carta que advertía que el asesino había sido uno de los obreros. "Había sospechas de que Bárzola mentía", insistió y apuntó que se habían pedido las 'sábanas' telefónicas [registro de llamadas entrantes y salientes] de la concubina y del parquetista y las grabaciones. "Nadie escuchó lo que se grabó en el teléfono de Bárzola. No pasó nada con eso, nadie lo hizo. Todo lo señalaba, ¿por qué lo descartó como sospechoso?".Al hablar de la prueba de ADN, indicó que el fiscal Di Santo ordenó un mapeo genético por "posible contaminación de la evidencia". Entre esas 26 personas había posibles sospechosos. Los vecinos tenían llave de la casa y uno de ellos encontró el cuerpo. Estaba el hermano, un médico amigo y el suegro de Nora Dalmasso. Se identificó ADN del linaje Macarrón masculino, lo que evidencia la presencia de abuelo, padre o hijo. "Esto terminó siendo la base para la imputación de Facundo y Marcelo Macarrón".Sobre la acusación contra el hijo de la víctima, Croppi añadió que fueron "cinco años de sospecha que, en sus palabras, le arruinaron la juventud".Las defensas A su turno, Luciana Caminal, defensora de Di Santo, dudó de la objetividad del jury y pidió la nulidad del proceso al plantear que la acusación de la Fiscalía General fue "sesgada". "Contrariamente a lo que se ha dicho acá, el fiscal Di Santo no ha incursionado ni en mal desempeño ni en negligencia grave". También indicó que "nadie acá puede afirmar que Bárzola sea el culpable. Este proceso no está para resolver quién es el asesino de Nora Dalmasso", señaló."La acusación se centra en que había una premisa obvia: Bárzola. Las hipótesis criminales no se eligen, se valoran de acuerdo con las pruebas. No ha habido sesgo investigativo de ningún tipo", agregó.Caminal enfatizó: "¿La imposibilidad de saber dónde estaba una persona varía de clase social a clase social? Porque en un caso la fiscalía lo tomó como un sesgo y en otro era lo que justificaba que debían investigar a una persona"."¿Dónde está la seguridad jurídica al destituir a un fiscal en base a una hipótesis?", sintetizó."Croppi nombró a Bárzola más de 30 veces en su alegato. Además le agregó al caso la perspectiva de género y observaciones semánticas. La doctora Croppi habla de obviedad y defiende a Jávega [el fiscal que imputó al parquetista]. Esa obviedad no existió para ninguno de los fiscales", aseguró el defensor de Miralles, el exjuez Emilio Andruet. Negó también que haya existido o que se haya acreditado la negligencia y el mal desempeño en sus funciones y planteó dos nulidades. Enfatizó que sobre el material genético "había mezclas, uno mayoritario y otro minoritario, y el mayoritario pertenecía a Marcelo Macarrón", a lo que sumó "la ausencia total de aportes indicativos de la sospecha de Bárzola", que "nunca fue introducida en la causa"."A la altura de los acontecimientos que asumió Miralles ya no se podía volver a la línea Bárzola. Él se orientó hacia nuevas líneas y no pudo concluir la investigación". Sobre la prueba genética en la bata, Andruet afirmó que "no era determinante" y señaló, como ejemplo, que con una prueba genética positiva, "Macarrón fue absuelto". Añadió: "Se analiza lo que hicieron los fiscales con lo que tenemos hoy y no con las circunstancias en las que ocurrió. Hoy sabemos que el ADN era de Bárzola, pero nada de eso podía saberse en ese momento, en 2016"."Está claro que Marcelo y Facundo Macarrón son inocentes. Se merecen una disculpa, pero no debe ser de los fiscales. No se puede afirmar hoy que Bárzola es culpable. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hoy sufrimos todos que el asesinato de Nora Dalmasso está impune, y acá no se va a determinar [quién la mató]. Las causas no son la falta de idoneidad ni el mal trabajo de la fiscalía. Yo digo que existió una escasez de rastros claros, falsas pistas, la política, la mediatización, muchos factores más que llevaron a este triste desenlace".Carlos Pajtman, el defensor de Pizarro, adhirió a lo dicho por las otras defensas. "Estamos acostumbrados a contar primero con un hecho. Los hechos debe tener circunstancias de tiempo, modo y lugar. De esta manera yo puedo defender a alguien o ver si estuvo en el lugar", planteó. Sumó que "se acusó de haber desatendido una línea investigativa razonable que apuntaba a Bárzola. ¿Qué es desatender una línea? Como no explica muy bien en qué tiempo, en qué parte y cómo se hizo, se nos compara con el doctor Jávega".Cuestionó la cadena de custodia de la prueba genética: "Nos llama la atención que 11 años después a un fiscal con la carga de distancia, trabajo, con la cantidad de personas a su cargo, justamente a ese, el más recargado de la provincia de Córdoba, le encomendaron la causa más importante y compleja del siglo XXI en la provincia?", afirmó.El abogado apuntó que esta causa "no se le prescribe al doctor Pizarro porque se puso a trabajar con todo lo que había. Hizo un análisis crítico que le llevó un buen tiempo. Dicen, acusando a Pizarro, que desatendió la línea del señor que hoy está imputado. La fiscalía interrogó a Bárzola y la Policía Judicial también, y están entrenados, y ninguno de ellos encontró nada para seguir investigándolo".

Destituyen a los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso

La decisión fue por unanimidad. A partir de este momento cesan en sus tareas en las fiscalías que dirigían. Leer más

La OEA pide compromiso con la autonomía al nuevo fiscal de Guatemala

El organismo regional ha solicitado que la nueva administración del Ministerio Público garantice objetividad y evite prácticas de criminalización, en respuesta al contexto de presión política y demandas de rendición de cuentas

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Germán Ávila aseguró que el país enfrenta fuertes presiones sobre las cuentas públicas, cuestionó las altas tasas de interés y advirtió que reformas hundidas dejaron de aportar cerca de $47 billones al Estado

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El juez volvió a citar a Ariel Vallejo, tras el pedido de detención que hizo la fiscal Incardona

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella volvió a citar a Ariel Vallejo, el financista de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cercano a Claudio "Chiqui" Tapia, a prestar declaración indagatoria por lavado de dinero para el 26 de mayo.El magistrado lo resolvió luego de que la fiscal Cecilia Incardona y la ARCA pidieran su detención porque no se presentó a su indagatoria prevista inicialmente para ayer. Además del financista debía presentarse su madre, Graciela Vallejo.Mas allá de esta novedad, hoy la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, resolvió descartar que la Fundación Apolo sea querellante en el caso y ordenó que el expediente se quede en el juzgado de Armella.Allí se investigan presuntas maniobras de evasión tributaria agravada y lavado de activos, con operaciones sospechadas por más de 818.000 millones de pesos y derivaciones en el ámbito financiero y del fútbol. La Sala IV de la Casación hizo lugar al criterio de la fiscal Incardona y el fiscal de Cámara Diego Iglesias que buscaron evitar que distintas causas vinculadas con Sur Finanzas avanzaran de manera separada.Para el juez Hornos, la hipótesis fiscal no podía ser examinada de manera aislada ni fragmentaria. La dispersión de expedientes puede afectar la eficacia de la pesquisa, dijo. Respaldó el planteo de los fiscales para que la investigación avance de forma concentrada, coherente y sin superposición de expedientes.En cuanto a las indagatorias, ante la presentación del abogado de Vallejo, Mauricio D'Alesandro, el juez Armella pospuso la audiencia. El financista no se había presentado porque presentó un recurso contra su llamado a indagatoria, que fue rechazado.Armella definió que Vallejo y su madre deben presentarse el 26 de mayo a las 9 y a las 11 bajo apercibimiento de declararlos en rebeldía y ordenar sus detenciones. "Están citando a Vallejo por tres cuestiones que no debieran. La Cámara ya dijo a ARCA, que la causa corresponde a otro juzgado, el de Federico Villena; el caso de los clubes de fútbol ya fue enviado al juzgado federal de Campana y la Cámara ya dijo que no había lavado de dinero por el caso del fideicomiso de Banfield", argumentó el abogado D'Alesandro.SospechasEntre los investigadores hay una fuerte expectativa porque la declaración de Vallejo puede resultar explosiva si acepta responder preguntas. Las sospechas son que Vallejo manejó dinero de dirigentes del fútbol y de la política.Días atrás, el Banco Central le aplicó una multa de $5400 millones por un sumario que señala que una de sus casas de cambio fue una supuesta intermediaria en un "pasamano" del dólar blue por US$25 millones.Armella citó a indagatoria a Vallejo y a otras 15 personas acusadas de integrar una presunta asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a diversos clubes que integran esa entidad, que preside Claudio "Chiqui" Tapia.El juez considera que Vallejo era la cabeza de la organización.Ya se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, varios clubes a los que la financiera les giraba fondos y en propiedades ligadas a esas maniobras que la Justicia considera sospechosas.Además de Vallejo, su madre, Graciela Beatriz Vallejo, que figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas, fue citada junto con dos personas de su extrema confianza, como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación.El listado de indagados incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la ex suegra de Vallejo) y Maite Sofía Lorenzo, entre otros.La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.Armella también ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de todos los citados a declarar y de una docena de sociedades vinculadas a Vallejo."La investigación llevada a cabo en autos permitió identificar la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario y otras maniobras económicas irregulares, operada a través del denominado grupo Sur Finanzas, bajo la dirección de Maximiliano Vallejo y con la participación coordinada de diversos colaboradores que cumplían funciones diferenciadas dentro de la organización", dice la resolución a la que tuvo acceso LA NACION.Las medidas se ordenaron en una causa que comenzó con una denuncia contra ex dirigentes del club Atlético Banfield. Luego la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a Sur Finanzas por manejarse con empresas apócrifas y monotributistas que no tenían capacidad financiera para mover miles de millones de pesos.Según esa denuncia, a través de la plataforma de la firma "Sur Finanzas PSP", se hicieron transferencias por $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran "monotributistas sin capacidad económica", personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas, y "sujetos no categorizados". Por este motivo, la denuncia apuntaba al supuesto lavado de dinero.Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas que pasaban por la plataforma de esa firma. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. Como garantía de esos préstamos, el club de Boedo le cedió a Sur Finanzas los derechos de televisación. "Esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio (derechos de TV) directamente a la estructura de la organización lavadora", sostuvo la fiscal Cecilia Incardona al pedir las indagatorias.LA NACION había revelado que la maniobra se orquestó durante una reunión llevada a cabo en el predio de Ezeiza. "Voy a ver la manera de ayudarlos", lanzó Tapia delante de un puñado de dirigentes. Apenas unos días después, apareció en escena Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, con los fondos para el "salvataje". La transferencia se concretó el 8 de mayo. Eran $300 millones como adelanto por los derechos de TV.Entre otros delitos, Armella también le imputó a Vallejo la retención indebida de aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y Obras Sociales de los empleados de Sur Finanzas en los períodos 6/2024, 7/2024, 9/2024, 11/2024, 12/2024, 7/2025 y 11/2025, por un total de $46.511.222,65. Se trata del mismo delito por el cual procesaron a Tapia y Pablo Toviggino.La resolución destaca una serie de maniobras en perjuicio de los clubes como el descuento de cheques, la suscripción de mutuos, y contratos de sponsoreo supuestamente simulados, que le habrían generado ganancias ilegales a Vallejo y a sus empresas. Se menciona al club Atlético Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, el Club Estrella del Sur, y el Club Atlético Temperley, entre otros.Vallejo es presidente de Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP y Grupo Sur Finanzas, pero también ocupó diferentes cargos en Abo Inversiones, Valle Business, Roma Inversiones, Ars Cambios SAS y Fenus S.A.S. "Estas empresas y otras constituidas por personas de su entorno más cercano respondían directamente a sus intereses, interponiendo las mismas a la hora de establecer vínculos comerciales con terceros para crear capas de opacidad societaria y dificultar el rastreo de los fondos", resume la resolución de Armella.Sur Finanzas es la financiera que llegó a ser sponsor de la selección nacional de fútbol, así como de equipos de primera división como Racing y Banfield. Incluso fue prestamista en el caso de San Lorenzo y realizó donaciones a Independiente. Por eso, su vínculo con el fútbol no se limitaba solo a fotos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Antes de llegar a las primeras planas del deporte, focalizó sus negocios en las casas de cambio.Su incursión en ese mundo comenzó en agosto de 2020, según los registros del BCRA. En ese entonces, ingresaron como accionistas de Centro de Inversiones Concordia su madre Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) y el propio Ariel Vallejo (20%). Dos años más tarde, en el segundo semestre de 2022, el empresario adquirió otra casa de cambio, llamada Ars Cambios. Precisamente, esa entidad es el foco del nuevo sumario oficial sobre maniobras vinculadas al dólar blue.La investigación realizada por el BCRA describe a la empresa de Vallejo como una supuesta "intermediaria". Entre el 2 de enero de 2023 y el 20 de diciembre de ese año contabilizó ventas por US$25 millones a otras casas de cambio, que a su vez no registraron ventas, tal como indica el sumario. La documentación agrega que Ars Cambios no recabó el motivo de esas operatorias ni el origen de fondos que financiaron sus ventas. Para el BCRA, la falta de registro de ventas de las otras entidades que adquirieron los dólares de la casa de cambio de Vallejo es un indicio de pérdida de trazabilidad del billete.

Caso Dalmasso: las defensas de los fiscales acusados cuestionaron que se los juzgue "con el diario del lunes"

En sus alegatos, los abogados de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro pidieron absolución para todos. Confluyeron en un argumento común: se está evaluando la conducta de los fiscales con información que surgió en 2024. El veredicto se conocería esta misma noche. Leer más

Nueva York podrá suspender licencias de conducir por deudas fiscales: cómo saber si estás en riesgo y qué hacer

La validez del permiso para manejar puede verse afectada por obligaciones pendientes; implicancias laborales y alternativas legales para conservarlo en regla

Fiscales de Florida presentan cargos a Tiger Woods por accidente y negativa a test de drogas

El golfista fue acusado formalmente tras el accidente de marzo por portar hidrocodona y rechazar la prueba toxicológica, en un proceso agravado por la nueva ley estatal

Absolvieron a los acusados por el crimen de Paulina Lebbos: su padre pedirá el jury del jefe de fiscales de Tucumán

César Soto, expareja de la víctima, y Sergio Kaleñuk fueron absueltos por la muerte de la joven estudiante universitaria, que fue asesinada en 2006 a la salida de un boliche en San Miguel de Tucumán. Alberto Lebbos, padre de Paulina, adelantó que va a apelar. Leer más

Martín Tetaz y la gestión bonaerense: "Kicillof respeta el orden fiscal"

El economista sostiene que la independencia del Banco Central es la única salida estructural para la inflación, vinculando la estabilidad institucional con la necesidad de modernizar el sistema educativo bonaerense y nacional. Leer más

Caso Adorni: levantaron el secreto fiscal del jefe de Gabinete y de su esposa

El juez decidió levantar el secreto fiscal ante las denuncias de enriquecimiento ilícito del funcionario. Se siguen sumando pruebas en su contra. Leer más

Jury por el caso Nora Dalmasso: piden la destitución de los fiscales acusados de mal desempeño

Los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro fueron señalados tras no seguir una serie de pasos que se vinculan al acusado Bárzola. Cerca de 30 testigos dieron detalles de la investigación y la Fiscalía apuntó contra la hipótesis de un amante.

La Justicia dispuso levantar el secreto fiscal ante ARBA de Manuel Adorni y su esposa

En busca de nueva documentación, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, ante la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales con acceso al caso. La medida es a pedido del fiscal que lleva el caso, Gerardo Pollicita, y busca hacerse de documentación fiscal de las propiedades del matrimonio en la provincia, como la vivienda que adquirieron en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, o el departamento que ambos tienen en venta en la ciudad de La Plata. Previamente, ya se había levantado el secreto fiscal de ambos en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pero en la agencia provincial la normativa es distinta y requiere un pedido especial. El objetivo es "reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera" de Adorni y su mujer.La Justicia tiene en su radar cinco inmuebles a nombre del matrimonio. Además de investigar el origen del dinero utilizado para comprar las propiedades que Adorni sumó a su patrimonio siendo funcionario, el fiscal busca tener una foto lo más precisa posible de todos los gastos del jefe de Gabinete, incluidos aquellos detrás de los inmuebles. Según se desprende de la declaración de distintos testigos en la causa, las compras de la casa en el country Indio Cua y el departamento en Caballito fueron posibles gracias a que cuatro personas, en dos operaciones distintas, le facilitaron a Adorni un total de 300.000 dólares. El juez Lijo también ordenó el levantamiento del secreto fiscal respecto de las mujeres que aparecen como prestamistas o acreedoras de Adorni. Se trata de las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo -cuyo hijo declaró hoy- y las policías Graciela Molina y Victoria María José Cancio. Noticia en desarrollo

La fiscal general adjunta aseguró que los tres fiscales del caso Dalmasso "tuvieron al sospechoso ante sus ojos"

CÓRDOBA.- Con la expectativa por la decisión final, comenzaron los alegatos en el jury de enjuiciamiento a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, acusados de presunto mal desempeño y negligencia en la investigación de la violación y homicidio de Nora Dalmasso en Río Cuarto, hace casi veinte años. En el primer alegato, la fiscal general adjunta Betina Croppi criticó duramente el trabajo de los tres acusados y pidió la destitución de todos ellos. La decisión del jury debe limitarse a determinar si corresponde o no la destitución de los fiscales. No se juzga qué pasó con Dalmasso. De hecho, el caso prescribió por el paso del tiempo. En el inicio de su presentación, Croppi afirmó: "Con todo lo que se ha oído y probado podemos afirmar con certeza que las circunstancias de la causa han sido probadas", comenzó la fiscal Croppi."Quedó claro en esta audiencia que había pocos insumos para trabajar", planteó, al describir las actuaciones de los forenses en el lugar del hecho y los problemas que podrían haber provocado irregularidades en el levantamiento de las muestras de ADN."Di Santo, instalado en el quincho de la casa, comenzó a entrevistar a amigos, parientes, familiares... La casa estaba llena de gente. Y les preguntó a todos, a los 58, quién era el amante de Nora Dalmasso", razonó Croppi para señalar que esa fue la principal línea de investigación y no la de que las relaciones sexuales que, según marcaban los indicios, había tenido la víctima antes de ser asesinada podían haber sido forzadas.En su alegato recordó que la declaración como testigo de Roberto Bárzola, el parquetero imputado porque su ADN estaba en la escena del crimen y que fue absuelto el año pasado porque se juzgó que el caso ya estaba prescripto, fue tomada mientras se desarrollaba el velatorio de la víctima. "Aquí nace la primera alerta que debió atenderse. ¿Por qué un sospechoso se ubica en la escena del crimen y no es sospechoso?".Añadió: "Días posteriores siguieron las alertas sobre Bárzola. La madre de Dalmasso declaró que su hija había tenido una discusión con un carpintero. Ya teníamos varios señalamientos", sumó. A esto se sumó la declaración del jefe de Bárzola y del dueño de la otra casa donde trabajaban en simultáneo a la de los Macarrón."Los resultados de la autopsia afirmaban que Nora había muerto la mañana del sábado. ¿A quién teníamos en ese lugar y a esa hora? ¿Qué se hizo con esta alerta, qué se podría haber hecho? El sospechoso estaba ante sus ojos. ¿Chequearon la coartada de Bárzola? Pues no, nada hicieron. Ni citaron como testigo a la concubina de Bárzola", precisó.Croppi enfatizó: "Yo me pregunto qué pasó, por qué esta ceguera. En ese momento la fiscalía estaba ocupada en buscar al 'amante asesino'. Todos los esfuerzos de esa etapa fueron dedicados a investigar a la víctima", afirmó Croppi.Remarcó que tampoco se investigó la procedencia de una carta que advertía que el asesino había sido uno de los obreros. "Había sospechas de que Bárzola mentía", insistió y apuntó que se habían pedido las 'sábanas' telefónicas [registro de llamadas entrantes y salientes] de la concubina y del parquetista y las grabaciones. "Nadie escuchó lo que se grabó en el teléfono de Bárzola. No pasó nada con eso, nadie lo hizo. Todo lo señalaba, ¿por qué lo descartó como sospechoso?".Al hablar de la prueba genética, indicó que el fiscal Di Santo ordenó un mapeo genético por "posible contaminación de la evidencia". Entre esas 26 personas había posibles sospechosos. Los vecinos tenían llave de la casa y uno de ellos encontró el cuerpo. Estaba el hermano, un médico amigo y el suegro de Nora Dalmasso. Se identificó ADN del linaje Macarrón masculino, lo que evidencia presencia de abuelo, padre o hijo. "Esto terminó siendo la base para la imputación de Facundo y Marcelo Macarrón".Sobre la acusación contra el hijo de la víctima, Croppi añadió que fueron "cinco años de sospecha que, en sus palabras, le arruinaron la juventud". El jury es presidido por la legisladora Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba) y está integrado por sus pares Facundo Torres (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (UCR) y Walter Gispert (Frente Cívico) y la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti.

La fiscal general adjunta aseguró que los tres fiscales del caso Dalmasso "tuvieron al sospechoso ante sus ojos"

CÓRDOBA.- Con la expectativa por la decisión final, comenzaron los alegatos en el jury de enjuiciamiento a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, acusados de presunto mal desempeño y negligencia en la investigación de la violación y homicidio de Nora Dalmasso en Río Cuarto, hace casi veinte años. En el primer alegato, la fiscal general adjunta Betina Croppi criticó duramente el trabajo de los tres acusados y pidió la destitución de todos ellos. La decisión del jury debe limitarse a determinar si corresponde o no la destitución de los fiscales. No se juzga qué pasó con Dalmasso. De hecho, el caso prescribió por el paso del tiempo. En el inicio de su presentación, Croppi afirmó: "Con todo lo que se ha oído y probado podemos afirmar con certeza que las circunstancias de la causa han sido probadas", comenzó la fiscal Croppi."Quedó claro en esta audiencia que había pocos insumos para trabajar", planteó, al describir las actuaciones de los forenses en el lugar del hecho y los problemas que podrían haber provocado irregularidades en el levantamiento de las muestras de ADN."Di Santo, instalado en el quincho de la casa, comenzó a entrevistar a amigos, parientes, familiares... La casa estaba llena de gente. Y les preguntó a todos, a los 58, quién era el amante de Nora Dalmasso", razonó Croppi para señalar que esa fue la principal línea de investigación y no la de que las relaciones sexuales que, según marcaban los indicios, había tenido la víctima antes de ser asesinada podían haber sido forzadas.En su alegato recordó que la declaración como testigo de Roberto Bárzola, el parquetero imputado porque su ADN estaba en la escena del crimen y que fue absuelto el año pasado porque se juzgó que el caso ya estaba prescripto, fue tomada mientras se desarrollaba el velatorio de la víctima. "Aquí nace la primera alerta que debió atenderse. ¿Por qué un sospechoso se ubica en la escena del crimen y no es sospechoso?".Añadió: "Días posteriores siguieron las alertas sobre Bárzola. La madre de Dalmasso declaró que su hija había tenido una discusión con un carpintero. Ya teníamos varios señalamientos", sumó. A esto se sumó la declaración del jefe de Bárzola y del dueño de la otra casa donde trabajaban en simultáneo a la de los Macarrón."Los resultados de la autopsia afirmaban que Nora había muerto la mañana del sábado. ¿A quién teníamos en ese lugar y a esa hora? ¿Qué se hizo con esta alerta, qué se podría haber hecho? El sospechoso estaba ante sus ojos. ¿Chequearon la coartada de Bárzola? Pues no, nada hicieron. Ni citaron como testigo a la concubina de Bárzola", precisó.Croppi enfatizó: "Yo me pregunto qué pasó, por qué esta ceguera. En ese momento la fiscalía estaba ocupada en buscar al 'amante asesino'. Todos los esfuerzos de esa etapa fueron dedicados a investigar a la víctima", afirmó Croppi.Remarcó que tampoco se investigó la procedencia de una carta que advertía que el asesino había sido uno de los obreros. "Había sospechas de que Bárzola mentía", insistió y apuntó que se habían pedido las 'sábanas' telefónicas [registro de llamadas entrantes y salientes] de la concubina y del parquetista y las grabaciones. "Nadie escuchó lo que se grabó en el teléfono de Bárzola. No pasó nada con eso, nadie lo hizo. Todo lo señalaba, ¿por qué lo descartó como sospechoso?".Al hablar de la prueba genética, indicó que el fiscal Di Santo ordenó un mapeo genético por "posible contaminación de la evidencia". Entre esas 26 personas había posibles sospechosos. Los vecinos tenían llave de la casa y uno de ellos encontró el cuerpo. Estaba el hermano, un médico amigo y el suegro de Nora Dalmasso. Se identificó ADN del linaje Macarrón masculino, lo que evidencia presencia de abuelo, padre o hijo. "Esto terminó siendo la base para la imputación de Facundo y Marcelo Macarrón".Sobre la acusación contra el hijo de la víctima, Croppi añadió que fueron "cinco años de sospecha que, en sus palabras, le arruinaron la juventud". El jury es presidido por la legisladora Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba) y está integrado por sus pares Facundo Torres (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (UCR) y Walter Gispert (Frente Cívico) y la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti.

Caso Dalmasso: la fiscal Croppi pidió la destitución de tres fiscales por negligencia grave y ceguera investigativa

En un alegato contundente acusó por mal desempeño y negligencia grave a Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, los tres funcionarios que investigaron el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en Río Cuarto. Leer más

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Un fiscal presentó un recurso ante la Corte para intentar frenar el pago provisorio de la pensión de Cristina Kirchner

El planteo del representante del Ministerio Público busca que el máximo tribunal analice la validez del restablecimiento de una prestación que beneficia actualmente a la exjefa de Estado, mientras se resuelve su situación judicial definitiva

Conflicto en Rosario: el Gobierno nacional quiere desalojar a una pequeña fábrica que funciona en un terreno fiscal

Los trabajadores de la cooperativa de bebidas se encuentran en alerta ante la posibilidad de tener que abandonar la planta

Jury a los fiscales del caso Dalmasso: llega la hora de las conclusiones y la definición

Este miércoles podría concluir el proceso. Todo dependerá de la extensión de los alegatos de la Fiscalía General y los defensores de los acusados. Absolución o destitución, las únicas opciones posibles. Leer más

El fiscal ve "admisible" atenuar más la pena a Aldama aunque él mantenga 7 años de cárcel

El fiscal alude al pacto "cerrado y privilegiado" de Ábalos y Aldama para las mascarillas

La fiscal general asegura que no se opuso a rebajar la petición de pena para Aldama

El fiscal señala que Pedro Sánchez "no era el número 1â?³ de la trama del 'caso mascarillas' como apuntó Aldama

Anticorrupción concluye que no rebaja los años solicitados al principio del juicio

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Primeros pronunciamientos tras la designación del nuevo Fiscal General en Guatemala

Diversas organizaciones se manifestaron tras el proceso de designación, donde el presidente de Guatemala confirmó a Gabriel Estuardo García Luna como próximo Jefe del Ministerio Público

¿Salen los dólares del colchón?: qué efecto tuvo la Ley de Inocencia Fiscal en los depósitos en moneda extranjera

A cuatro meses de la entrada en vigencia, los depósitos en moneda extranjera del sector privado se encuentran en USD 38.967 millones, crecieron menos de USD 1.000 millones. La evolución de los últimos cuatro meses y las razones por las que los argentinos tienen desconfianza

Arévalo nombra a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo Fiscal General de Guatemala

La formalización del cargo se comunicó en un mensaje oficial tras completar entrevistas con los seis finalistas, en un proceso que buscó garantizar transparencia institucional y que estará vigente desde mayo de 2026 hasta 2030

Gustavo Petro explotó contra el fiscal Mario Burgos tras el anuncio de su renuncia: "Torturó sicológicamente a mi hijo"

El presidente defendió a su hijo Nicolás y criticó al abogado; señaló que su actuación investigativa no fue efectiva en casos de alto impacto, como el del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci

Un fiscal recurrió a la Corte Suprema para impedir que se le vuelva a pagar una pensión a Cristina Kirchner

A días de que jueces previsionalistas negaran elevar a la Corte Supema la cuestión de si corresponde o no que se le vuelva a pagar una pensión de privilegio a la expresidenta Cristina Kirchner, el fiscal Juan Carlos Paulucci presentó un recurso de queja contra esa decisión. El objetivo es que el tribunal supremo sí considere el expediente y, en definitiva, que se declare "la inadmisibilidad de la medida cautelar" que le ordenó a la Anses reponer, de manera provisoria, el pago de la pensión de privilegio que hasta noviembre de 2024 (y junto a otro beneficio también varias veces millonario) cobraba la exfuncionaria, condenada por corrupción en la causa Vialidad y actualmente en prisión domiciliaria.La presentación fue hecha por Paulucci en su calidad de fiscal general subrogante de la Fiscalía General N° 1 ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, en representación del Ministerio Público Fiscal.El miércoles 29 de abril, por dos votos contra uno, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó un recurso extraordinario contra un fallo dictado en febrero último. En consecuencia, la Anses quedó obligada a abonar la prestación reclamada por CFK. En noviembre de 2024, último mes en que se pagó, el ingreso en cuestión fue, luego de descuentos, de casi $12,5 millones. Tanto la Anses como el fiscal Paulucci habían solicitado la admisión de un recurso extraordinario para llevar el tema a la Corte.La decisión tomada por los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini de la mencionada Sala III, en febrero pasado, implicó darle lugar a una medida cautelar solicitada por la exfuncionaria, para volver a cobrar la pensión que recibía en calidad de viuda del expresidente Néstor Kirchner. Lo pidió como una medida provisoria, en tanto se resuelva el juicio en el que reclama la restitución permanente tanto de esa pensión, como también de la asignación vitalicia que percibía por ser expresidenta.Baja de los beneficiosLos dos beneficios fueron dados de baja por una resolución de la Anses en noviembre de 2024. Fue luego de la condena dictada por la Cámara de Casación Penal Federal, que consideró a Cristina Kirchner "autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". La condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su presentación ingresada ahora, el fiscal Paulucci sostiene que, en un dictamen previo en el marco de la causa, ya había expresado que la situación de CFK en el juicio sobre la obra pública resulta determinante para una decisión sobre el cobro provisorio de una prestación, dado que la condena implica, mientras dure, "la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar". Ello, más allá de lo que se decida en cuanto a la cuestión de fondo sobre la validez o no de la resolución 1092/2024 de la Anses, que dio de baja ambas asignaciones de privilegio.Tras esa resolución, firmada por el entonces director ejecutivo Mariano de los Heros, CFK inició una demanda para recuperar las dos prestaciones, originadas en la ley 24.018. Si bien la normativa no las define como "de privilegio", son así conocidas debido a que, para acceder a su cobro, no se requiere ni una cantidad de aportes ni una edad determinada. Iniciado ese juicio, pidió también una cautelar para cobrar provisoriamente, mientras sigue el trámite, uno de los dos ingesos. Ese pedido fue rechazado en noviembre de 2025 por la jueza Karina Alonso Candis, del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1. Pero, tras la apelación de la demandante, los jueces Russo y Fantini lo admitieron, alegando cuestiones alimentarias.Pedido denegadoTras esa decisión, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Anses, presentó un recurso extraordinario para procurar que la causa llegara a la Corte Suprema de Justicia. Eso fue negado la semana pasada por decisión de los jueces Russo y Fantini, en tanto que la tercera integrante de la Sala, la jueza Nora Dorado, votó en favor de hacer lugar a la solicitud del Estado.La presentación del recurso de queja ante la Corte no tiene, en general, efecto suspensivo de la orden cuestionada. Es decir, debería cumplirse con el pago a la expresidenta. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que, "mientras la Corte no haga lugar a la queja, no se suspenderá el curso del proceso", aunque podría haber "casos muy especiales" en que se otorgue un efecto suspensivo, según un informe de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte, publicado en diciembre de 2024.El importe total de las dos asignaciones cobradas hasta noviembre de 2024 incluía unos $6 millones de plus por zona austral, ya que el domicilio declarado era en Santa Cruz, pese a que la exfuncionaria no residía allí. Por esto último, existe una denuncia penal. Se da por descontado que, con CFK cumpliendo prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires, el adicional por zona austral no será repuesto. Sin considerar ese plus, el monto cobrado por la prestación que los jueces ordenaron reponer fue, 17 meses atrás, de $9.658.606,27. Fuentes cercanas al caso estimaron en una cifra similar lo que se debería pagar por la cautelar. No obstante ello, las prestaciones para expresidentes tienen actualizaciones según mecanismos no públicos."Carácter alimentario"En la sentencia de la Cámara previsional que en febrero de este año admitió el pedido de CFK, se sostuvo que "corresponde otorgar prevalencia al carácter alimentario del derecho cuya tutela se persigue y a la situación de desprotección en la que queda colocada la actora como consecuencia de la decisión adoptada por el organismo" (en referencia a la resolución de la Anses que dispuso la baja). La expresidenta había comenzado en una primera etapa a percibir dos beneficios de privilegio a la vez luego de terminar su mandato presidencial. Aún en tiempos de su propia gestión, se le había otorgado la jubilación como expresidenta, al mismo tiempo que ya cobraba la asignación como viuda.Durante el gobierno de Mauricio Macri se le dejó de pagar una de las prestaciones, en una decisión justificada en las incompatibilidades fijadas en la ya mencionada ley 24.018.Sin embargo, en marzo de 2021 y en medio de un juicio en trámite sobre la cuestión, la entonces directora ejecutiva de la Anses y militante camporista, Fernanda Raverta, repuso el pago de la prestación suspendida.El artículo 5 de la ley 24.018 indica que el cobro de la asignación de expresidente "es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal". Si bien no hay mención explícita a una asignación vitalicia prevista por la misma ley, la misma ley define como una "pensión" a la asignación por ser viuda de un exmandatario.Más allá de esa discusión sobre el doble cobro, la resolución de baja de noviembre de 2024 argumenta que no corresponde el cobro de ninguna prestación, porque eso resulta incompatible con haber cometido un delito "en ejercicio de la misma función pública" por la cual se origina el beneficio.La cuestión del cobro del doble beneficio tiene su propia causa judicial aún abierta, luego de que la entonces diputada nacional Graciela Ocaña, presentara años atrás un recurso de queja ante la Corte Suprema (después de haber agotado otros recursos), para procurar que la cuestión no quedara archivada, tras la decisión del gobierno anterior (en el cual CFK fue vicepresidenta) de otorgarle administrativamente los dos beneficios de forma simultánea.

Más de 5000 expedientes: el 81% de las causas por evasión se vieron beneficiadas por la Ley de Inocencia Fiscal

La Ley de Inocencia Fiscal sacudió al fuero penal económico. El 81% de las causas penales que se tramitaban en la Justicia por haber cometido algún delito del régimen penal tributario se vieron beneficiadas por la sanción de la nueva normativa impulsada por el Gobierno, la cual elevó y flexibilizó los montos por evasión, la retención indebida de aportes de seguridad social y aquella que se realiza por tributos, entre otros delitos.En detalle, la reforma del régimen penal tributario impactó sobre un total de 6750 causas que se encontraban en trámite a la fecha de la sanción de la Ley 27.799, la cual entró en vigencia el 2 de enero de este año. Dentro de ese universo, hubo 5445 expedientes -el 81% de ellos- que registraban montos que no superaban las nuevas condiciones de punibilidad, según detalló el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, elaborado sobre la base de información del Ministerio de Economía.Andes Líneas Aéreas sale de concurso preventivo y proyecta su recuperación financieraLa explicación de fondo tiene que ver con la inflación. Hasta antes de la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, el delito por evasión simple estaba fijado en $1,5 millones, por tributo y por ejercicio. Era una cifra que se mantenía congelada desde 2017, cuando hasta la actualidad hubo un aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 8501%. Ahora, ese umbral se corrió a $100 millones, mientras que a partir de enero de 2027 los montos ajustarán por UVA, una unidad de medida que ajusta por inflación.Lo mismo sucedió con otros delitos. En el caso de la evasión agravada, el límite se corrió de los $15 millones que regían hasta ese momento a $1000 millones. Por retención indebida de los aportes a la seguridad social, el aumento fue de $100.000 por mes a $3,5 millones mensuales. Y por el delito de retención indebida de los tributos, pasó de $100.000 mensuales a $10 millones por mes. Ante estos fuertes aumentos, las causas que estaban en la Justicia se vieron beneficiadas retroactivamente por una ley penal más benigna. "El 81% de las causas estaba por debajo del nuevo umbral de punibilidad. Eso significa que durante años el Estado persiguió penalmente a contribuyentes por montos que hoy la propia ley considera insignificantes. Tanto ARCA como el Poder Judicial consumieron recursos -humanos, presupuestarios, tiempo- en casos que nunca debieron llegar a la instancia penal", opinó Diego Fraga, abogado tributarista y socio de Expansion Holding. Para el especialista, el costo de investigar, procesar y litigar una causa penal tributaria "supera largamente" el monto evadido en la mayoría de los 5445 casos que se vieron beneficiados. Esto, según explicó, generó que el Estado gaste más en "perseguir" que en el dinero a recuperar. "Perseguir penalmente montos bajos distorsiona el sistema: criminaliza incumplimientos que deberían resolverse en sede administrativa con multas, no con causas penales", completó. YPF suspendió la búsqueda de un socio para su negocio de agro y ahora lo relanzaríaPara todos los casos que se vieron beneficiados por la nueva Ley, fue aplicable la Instrucción General 01/26 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la cual dispuso que las causas no debían ser impulsadas por estar debajo de los umbrales. También hubo casos donde los abogados defensores presentaron un escrito para pedir que se aplique una ley penal más benigna, o fueron los mismos jueces que actuaron de oficio y cerraron los expedientes por esta razón."Hasta los jueces que tenían una causa en trámite, y estaba debajo de los nuevos umbrales, ya aplicaban la ley penal más benigna. En fallos como el de 'Palero' o 'Vidal', casos tan sustancialmente análogos, la Corte Suprema se había pronunciado y dicho que la elevación de montos aplicaba retroactivamente a los montos viejos. Esto hace que todas las causas se caigan", sumó Enrique Condorelli, abogado especialista en penal económico y colaborador de MR Consultores.El caso de Lázaro Baéz resonó. El Tribunal Oral Económico N°3 lo sobreseyó parcialmente por aplicarle el beneficio de la Ley de Inocencia Fiscal, ya que se le reclamaba a Austral Construcciones el pago de IVA y Ganancias de los períodos 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Solo en uno de esos años se excedió el piso de $100 millones previsto en la nueva legislación."Los umbrales de la ley penal tributaria estaban fijados en pesos nominales, y la inflación acumulada los licuó al punto de volver el sistema irracional: en su momento fueron grandes evasiones; hoy, medidas en nominal contra el umbral actualizado quedan debajo. Lo mismo pasa con mínimos de Bienes Personales, escalas de Ganancias, topes del monotributo, multas, sanciones formales, todo el sistema tributario argentino sufre la misma patología. En el caso Lázaro y similares, las imputaciones tributarias viejas podrían verse beneficiadas por este efecto, aunque las causas por lavado parece que siguen su curso aparte", explicó Fraga. Una fábrica automotriz frenará su producción por cuatro semanas entre mayo y julioPara Condorelli, fruto de la corrección de umbrales que se hizo, el "delito queda impune". En tal caso, Lázaro Baéz será juzgado por otros delitos, por los cuales hoy está preso. Sin embargo, a partir de ahora los umbrales ajustarán por inflación y eso cambia las reglas del juego hacia adelante. "Quedó enmendado por la ley. A partir de enero de 2027 ajustará por UVA, tanto las multas formales -como no presentar declaraciones juradas al vencimiento- como para delitos tributarios", cerró.

Comienzan los alegatos a los tres fiscales acusados de irregularidades en el caso Dalmasso

CÓRDOBA.- Durante toda la jornada del miércoles, los integrantes del jury de enjuiciamiento a tres de los fiscales que participaron de la investigación de la violación y femicidio de Nora Dalmasso escucharán los alegatos de las partes. Un día después, según las previsiones, se dictará la sentencia. Hay solo dos veredictos posibles: destitución o absolución. Los pronunciamientos son individuales e independientes. Puede ocurrir que alguno sea echado y otro conserve su cargo.A esta instancia llegaron los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, acusados de presunto mal desempeño y negligencia grave en la investigación del conmocionante crimen descubierto en el barrio cerrado Villa Golf, de Río Cuarto, el 26 de noviembre de 2006.Los alegatos los realizarán la fiscal general adjunta Betina Croppi y los abogados de los tres funcionarios. Según dijeron fuentes judiciales a LA NACION, Croppi no modificaría los cargos y pediría la destitución de los tres acusados en el jury.Emilio Andruet, exjuez y representante legal de Miralles, cuestionó desde el inicio la naturaleza del juicio. "Es un tema más político que jurídico y en lo técnico no hay nada", dijo.Tras los alegatos, el jurado de enjuiciamiento estará en condiciones de dictar sentencia. Una posibilidad es que eso ocurra este mismo jueves. Los fundamentos de la decisión del jury se conocerán el 28 de este mes. La etapa testimonial â??por la que pasaron 37 testigos convocados por las partesâ?? finalizó la semana pasada. El tribunal está integrado por juristas, magistrados y legisladores y es presidido por Julieta Rinaldi, representante de Hacemos Unidos por Córdoba, el oficialismo provincial.El jury no busca determinar quién mató a Dalmasso, sino evaluar si los fiscales actuaron correctamente en su función como investigadores del caso. Las posibles consecuencias van desde sanciones disciplinarias hasta la destitución.Uno de los puntos más sensibles es que, durante sus intervenciones, se imputó a distintas personas â??incluidos el hijo de la víctima, Facundo Macarrón, y el viudo Marcelo Macarrónâ?? sin lograr sostener esas acusaciones en el tiempo, lo que generó un fuerte impacto público y judicial.Para Córdoba es un hecho sin precedentes que tres fiscales sean sometidos conjuntamente a juicio político por una misma causa. El pedido de enjuiciamiento lo realizaron en abril los abogados del viudo y sus hijos, Facundo y Valentina, ante la Unicameral de Córdoba. Consideraron que "pese a contar con elementos probatorios más que suficientes" para sospechar de Roberto Bárzola â??un parquetero que había trabajado en la casa de la víctima y cuyo ADN apareció en la bata que llevaba puesta la víctima cuando la mataronâ?? "decidieron dejarlo totalmente de lado" y "optaron por encarnizarse en contra de la familia de la víctima".En diciembre, el jurado integrado por los legisladores Rinaldi, Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti resolvió por unanimidad que los tres fiscales fueran enjuiciados.A fines de 2024, el fiscal Pablo Jávega (quien declaró como testigo ante el jury) imputó a Bárzola por abuso sexual seguido de muerte. En octubre pasado la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2a. Nominación de Río Cuarto decretó su sobreseimiento total por prescripción de la acción penal.La posible participación del parquetero refuerza la crítica central contra los fiscales: uso discutido de pruebas científicas para sostener imputaciones y construcción de hipótesis que luego se caen, repitiendo un patrón histórico del caso.

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El tributarista Marcelo Rodríguez analizó cómo avanza la ley de inocencia fiscal y qué condiciones deben cumplir los contribuyentes para adherir. Leer más

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Matías Tabar declaró este lunes ante el fiscal Pollicita, y dijo que el jefe Gabinete le pagó 245 dólares por las reformas de su casa en un country.

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El órgano responsable concluyó la revisión del trámite para seleccionar a la nueva autoridad del Ministerio Público, tras constatar la ausencia de objeciones formales y asegurar que la documentación será remitida al poder ejecutivo para la etapa final

Presidente del Consejo Fiscal advierte recortes en Beca 18 y programas del Estado: "a estudiantes los dejan sin útiles ni desayunos"

Alonso Segura indicó que normas impulsadas por el Congreso generan una carga presupuestal que se tendrá que asumir con el recorte del dinero que se destinará incluso a la atención de desastres naturales como El Niño

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El efectivo está acusado por lesiones gravísimas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad

La fiscal que investigó la muerte de Nisman pidió que la sobresean de la acusación de encubrimiento

La fiscal Fabiana Fein, ya jubilada, quien fue la primera que investigó la muerte del fiscal Alberto Nisman, reclamó a la Justicia ser sobreseída de las acusaciones de encubrimiento que pesan en su contra, por no haber preservado la escena donde apareció el cuerpo del funcionario judicial.Fein está acusada por el fiscal Eduardo Taiano. La fiscal fue quien llegó la noche del 18 de enero de 2015 al departamento de la torre Le Parc, en Puerto Madero, donde el cuerpo del fiscal estaba en el baño, recostado sobre un arma y con un tiro en la cabeza.La Justicia considera la muerte de Nisman un asesinato por su trabajo, que en esos días era investigar a Cristina Kirchner por la firma de un tratado secreto con Irán, que iba a provocar la caída de los pedidos de captura contra funcionarios iraníes acusados del atentado contra la AMIA. Fein rechazó la acusación de "encubrimiento agravado" por absurda y descartó las acusaciones acerca de un "deficiente accionar", al no tomar los recaudos elementales en la escena del crimen.Para Taiano no hubo equivocaciones, sino "acciones deliberadas tendientes a alterar y ocultar pruebas del delito", lo que habría generado la pérdida irreparable de evidencias trascendentales.La defensa de Fein, encabezada por el abogado Lucio Simonetti, presentó un escrito solicitando el sobreseimiento definitivo de su clienta o, en su defecto, que se declare la falta de mérito y se habiliten nuevas medidas de prueba.En la presentación legal, la defensa calificó el dictamen de Taiano de "absurdo" y dijo que no tiene un "razonamiento coherente". Fein señaló que no hay pruebas concretas del ocultamiento, pues el delito de encubrimiento exige alterar o hacer desaparecer rastros específicos. Sin embargo, la fiscal dijo que no logró señalar qué cosas se habrían perdido o alterado aquella noche. El escrito sostiene que la acusación se limita a hablar de una "supuesta contaminación" basándose únicamente en "cuestiones metodológicas" del procedimiento, sin identificar los rastros o instrumentos destruidos.Señaló que no hubo dolo o intención, pues para que exista el delito de encubrimiento, el autor debe tener el conocimiento certero y previo de que está frente a un delito que busca tapar. La defensa subrayó la contradicción de la fiscalía al acusar a Fein de acciones deliberadas mientras que, a lo largo del dictamen, se refieren a su accionar en términos de "errores", "equivocaciones" y "no tomar recaudos". Además, destacó que no hay pruebas de que Fein supiera desde un inicio que se encontraba ante la comisión de un homicidio. Sostuvo el abogado que no hay vínculo con los autores. Argumentó que "es ridículo suponer que alguien va a encubrir a un desconocido", como si fuera un "acto de altruismo -ilícito- sobre el que no existen antecedentes".La defensa de Fein indica, sobre su rol en la escena del crimen, que pretenden que ella misma hubiera tomado la temperatura del cadáver, custodiado los ingresos al estacionamiento o impartido directivas a los altos mandos policiales antes de llegar al lugar, algo que calificó de "absurdo".Según la Simonetti, el proceso en contra de Fein es, en el fondo, "una crítica metodológica que se realiza sobre la base de la falta de obtención de los resultados pretendidos" por la fiscalía. Por lo que pidió que se desestimen las acusaciones o, de lo contrario, se reconstruya lo actuado a través de las pruebas propuestas para despejar toda duda sobre el operativo de aquella noche.Taiano solicitó al juez Julián Ercolini que indague y procese a la exfiscal Viviana Fein. Junto con Fein, en el departamento había jefes policiales, el exsecretario de Seguridad Sergio Berni y el juez Manuel De Campos. Nisman fue encontrado sin vida y con un balazo en la cabeza en el baño de su departamento la noche del domingo 18 de enero de 2015.Para la Justicia fue asesinado por su trabajo, pues cuatro días antes había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma de un pacto con Irán para encubrir a los terroristas responsables de la voladura de la AMIA en 1994. Taiano ya imputó por estos mismos motivos al exsecretario de Seguridad del kirchnerismo Sergio Berni y a su entonces colaborador Darío Ruiz.El juez federal Ercolini ya notificó de una medida similar al exjefe de la Policía Federal Román Di Santo y al exjefe de la Prefectura Naval Luis Heiler, que están imputados en esa causa penal donde se investiga la manipulación en la escena.El comisario general retirado Di Santo, en ocasión de presentarse en el juzgado, dejó un escrito en el que señaló que ese día acudió al departamento de Nisman siguiendo instrucciones del secretario de seguridad Sergio Berni y Darío Ruiz y que se puso a disposición de la fiscal Viviana Fein, la primera funcionaria judicial que intervino en el caso.Esta causa se inició por una denuncia de la entonces diputada Lilita Carrió y se investiga si existió una maniobra de encubrimiento para alterar la escena del crimen.En su escrito, Di Santo acompañó declaraciones del entonces ministro Aníbal Fernández y de la propia fiscal Fein, donde señalaban que no había existido un desmanejo de la escena y que no se había alterado con la intervención de los policías.La causa por la muerte de Nisman es considerada por la justicia un homicidio. Está procesado como partícipe el técnico informático Diego Lagomarsino quien le acercó el arma con la que se efectuó el disparo que terminó con la vida de Nisman. Están procesados los excustodios del fiscal.El fiscal Taiano investiga como hipótesis que la muerte de Nisman se produjo en medio de una guerra de diversos grupos de inteligencia locales que respondían a Cristina Kirchner o a Jaime Stiuso. Al declarar en la causa, Stiuso sugirió que grupos kirchneristas estaban tras el crimen.El fiscal tomó declaraciones a decenas de agentes de inteligencia por la explosión de llamadas telefónicas registradas entre ellos entre el 18 y 19 de enero de 2015 en una actividad intensa, atípica para un fin de semana. Además, investiga un virus introducido en el teléfono del fiscal, donde hay dos colaboradores de la SIDE, exfuncionarios de Entre Ríos, acusados de realizar esa tarea.

Un fiscal denunció al juez que benefició a Tapia y dijo que filtraba el expediente a la defensa de manera clandestina

Un fiscal federal denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay, al entender que rechazó detener a Claudio "Chiqui" Tapia y a las autoridades de la AFA porque solo buscaban beneficiarlos y que, para hacerlo, les daba acceso en secreto al expediente de lavado de dinero por el que están acusados.Se trata del fiscal federal Pedro Simón, que el mes pasado pidió detener a Tapia y el juez Argibay rechazó esa solicitud. Ahora, el fiscal apeló esa decisión para que la Cámara Federal de Tucumán ordene la apertura de la causa.La fiscalía probó que la AFA transfirió a empresas del entramado societario de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, la suma de 3633 millones de pesos. La información surge solo de los datos enviados por el Banco Coniag y hay otros bancos involucrados en esas transferencias.Dijo el fiscal que "el juez quiso desestimar el requerimiento de instrucción y lo hizo sin siquiera analizarlo".El fiscal Simón denunció una maniobra del juez Argibay a partir de la cual adelantó un día su regreso de las vacaciones, retomó el caso, tomó su pedido de detención, le dio vista a una de las defensas que en una hora respondió, rechazó el pedido de detención y se declaró incompetente.Dijo el fiscal que la defensa solo pudo responder los argumentos en una hora porque tenía acceso de antemano a la causa, en secreto, sin dejar constancia de ello."En tan solo una hora después de haber reasumido sus funciones, desestimó el requerimiento de esta Fiscalía de una extensión de 181 páginas", remarcó Simón.El juez "no aguardó a que la resolución quede firme para remitir las actuaciones a Campana", dijo el fiscal y agregó que "tampoco resulta auténtico que a una defensa se le conceda acceso a las 11:31 y una hora después, tras supuestamente analizar más de 1000 fojas de expediente y un requerimiento de 181 páginas, pida el sobreseimiento"."La única explicación lógica que se desprende de estas conductas es que la defensa tuvo acceso a las constancias de la causa sin haber estado formalmente constituidas", indicó el fiscal y pidió que el Consejo de la Magistaratura le abra un expediente disciplinario al juez.Consideró que el juez Argibay solo quería desincriminar a Tapia y al tesorero Toviggino del caso sin analizar los argumentos en su contra. Entendió el fiscal que el juez Argibay "se refugia en abstracciones doctrinarias genéricas y omite deliberadamente controvertir" la prueba, que incluye, por ejemplo, adquisiciones de inmuebles, vehículos de alta gama y transferencias bancarias. Solo la evidencia de que la AFA y ala Liga Profesional de Fútbol transfirieron a las empresas investigadas, supuestamente de Toviggino, 4.500 millones de pesos, ameritaba una respuesta, dijo el fiscal."La resolución no solo es arbitraria por omitir pruebas decisivas, sino que incurre en una falta de logicidad interna, al negar la existencia de aquello que el propio juez tuvo a la vista", escribió Simón.Dijo el fiscal que "el juez renunció a la búsqueda de la verdad" y dijo que el magistrado le pidió "las denuncias que se hayan recibido en el mes de diciembre", lo que implica una intromisión en las tareas de la fiscalía. Y que, además, el juez "no se apartó de la causa" tras la recusación y, en el ínterin, le dio acceso a los imputados, sin notificar a esta Fiscalía, dividió la investigación en tres legajos y ordenó en tiempo récord desestimar el expediente."Es por todos estos actos de gravedad institucional que se exige la intervención del Consejo de la Magistratura para analizar la conducta funcional del juez federal Sebastián Diego Argibay", escribió.El fiscal Simón expuso lo que considera una contradicción. La fiscalía había detallado decenas de compras de estancias, lotes y autos de lujo, pero el juez afirmó que no existían "hechos concretos". La respuesta del fiscal fue que el propio magistrado había sido recusado previamente porque él mismo, a través de su hija, le vendió un terreno en Maco (Lote "W-1") a uno de los imputados, Darío Fabián Toviggino (hermano del tesorero de la AFA)."El juez desconoce como un 'hecho concreto' una maniobra que involucra a su propio núcleo familiar y que fue objeto de un incidente de recusación ampliamente debatido", disparó el fiscal en el documento.Acusó al juez de incurrir en ceguera voluntaria (lo cita en inglés como willful blindness, al omitir deliberadamente el análisis de las pruebas.En su apelación, el fiscal detalló transferencias de la AFA por un total de 3633 millones de pesos a cuentas de empresas vinculadas al entramado societario de Toviggino (SOMA, MALTE, SEGON, SERVICIOS LINDOR, SERVICIOS NEURUS), fondos que carecen de "justificación económica declarada" y constituyen un indicador de riesgo de lavado de activos. Incluso, se detectaron operaciones millonarias con empresas recién creadas.El juez sostuvo que la fiscalía hizo referencias "genéricas", ignorando un sumario oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) incorporado al expediente, en el cual se acusa a Pablo Toviggino (como tesorero de AFA) por la omisión de liquidar divisas por USD 54.514.026,44 y 80.000.000 de Euros.Para la fiscalía, es materialmente imposible que una defensa analice más de 1000 fojas y un requerimiento de 181 páginas en 60 minutos para redactar un escrito de 66 páginas, sugiriendo que los defensores tuvieron acceso clandestino al expediente antes de estar formalmente constituidos.

Celulares en cárceles: revés para la ex interventora del SPF y aval de Casación a los fiscales

El juez Gustavo Hornos rechazó la recusación y permitió avanzar la investigación tras el hallazgo de un teléfono en la celda de un líder de Los Monos

JNJ continúa investigación contra Piero Corvetto y anula ratificación de fiscal condenada a prisión suspendida

El máximo órgano de la judicatura informó que la pesquisa contra el exjefe de la ONPE sigue en curso y dispuso la adopción inmediata de medidas administrativas sobre la magistrada

La ex fiscal Fein pidió su sobreseimiento por las irregularidades en la escena de la muerte de Nisman

Su defensa presentó un escrito en el que calificó de "absurdo" el planteo de procesamiento por encubrimiento.

AFA: un fiscal de Santiago del Estero reclamó que su denuncia contra Tapia y Toviggino siga en esa provincia

El fiscal federal Pedro Simón apeló el rechazo a impulsar su investigación que incluía pedidos de detención para los dirigentes de AFA

Caso Nisman: la defensa de la ex fiscal Fein volvió a reclamar su sobreseimiento

El abogado de Viviana Fein presentó un nuevo escrito en el que negó el "encubrimiento agravado" y reiteró que la ex investigadora no cometió ningún delito

Corrupción en la AFA: Con duras críticas a un juez, el fiscal de Santiago del Estero apeló el rechazo a su pedido de detención de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

El fiscal Pedro Simón pidió rechazar la nulidad de su dictamen dictada por el juez Sebastián Argibay a la Cámara Federal de Tucumán. Enumeró las pruebas que presentó para acusar a los dirigentes de la AFA de lavado de dinero. Y pidió que el Consejo de la Magistratura de la Nación sancione a Argibay.

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El máximo tribunal penal federal del país revocó una decisión que limitó a dos la cantidad de fiscales que podían participar de las audiencias

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Carlos Hernán Rodríguez advirtió que el uso anticipado de recursos del sistema podría generar presiones sobre las finanzas públicas, afectar la destinación del ahorro de los afiliados y producir incertidumbre en las reglas que rigen su administración. Asimismo, reiteró que su labor se centra en la vigilancia preventiva y en la protección del patrimonio público

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Hay dos causas abiertas en tribunales. Sospechan que se declaran distancias mayores de las que realmente viajan los pasajeros. Denunciaron a empresas, cámaras del sector y funcionarios públicos

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Juicio por Oderbrecht: el fiscal Luciani pidió cuatro años de prisión para De Vido

El fiscal Diego Luciani pidió este jueves que el exministro de Planificación Federal del kirchernismo, Julio De Vido, sea condenado a cuatro años de prisión por su rol en parte de los hechos del caso conocido como Oderbrecht, en el que se revisan irregularidades en la adjudicación de las obras de ampliación de dos gasoductos, entre 2006 y 2008. Luciani describió en su alegato, que abarcó las últimas dos audiencias del juicio, cómo se direccionó -según su criterio- un contrato que superó los 2300 millones de dólares en favor de la empresa brasileña que violó "todos los principios básicos de contratación pública". Además de De Vido, que está preso en la cárcel de Ezeiza, en este juicio fueron acusados por el fiscal el exsecretario de Energía Daniel Cameron; el exsubsecretario de Combustibles Cristian Folgar; el exgerente general y exvicepresidente de Cammesa, Luis Alberto Beuret, y el exsubgerente de esa compañía Julio Armando Bragulat.Para Cameron y Folgar, el fiscal pidió penas de cuatro años y de tres años y seis meses de prisión, respectivamente. Para Beuret, solicitó tres años y medio, y para Bragulet, en cambio, pidió la absolución, por no poder asegurar que "haya conocido los alcances de la maniobra".Cammesa aparece en la causa como uno de los engranajes del esquema estatal que, según la fiscalía, desplazó a las transportistas y permitió direccionar la contratación de las obras hacia Odebrecht."Se soslayó así los más básicos principios que deben guiar a toda contratación pública: la eficiencia en la contratación para cumplir el interés público comprometido y llegar a un resultado esperado, la promoción de la concurrencia de interesados, la promoción de la sana competencia entre oferentes, la transparencia en los procedimientos, la publicidad y difusión de las actuaciones, y la igualdad de tratamientos para todos los interesados y los oferentes", señaló el fiscal Luciani en su alegato. La causa nació como una deriva del caso Skanksa -también en la instancia final de juicio oral- y revisa, en particular, la ampliación de los gasoductos de la Transportadora Gas del Norte (TGN) y la Trasportadora Gas del Sur (TGS).El juicio comenzó en diciembre, está a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel, y comprende solo lo relativo al delito de negociaciones incompatibles. La otra parte, en donde se revisa la posible comisión de cohecho, es decir, del pago y cobro de coimas, sigue en etapa de instrucción.Los alegatos de las defensas comenzarán en la próxima audiencia, el 12 de mayo.