fiscal

Cae Ricardo Thompson Navarro, presunto socio de Ingemar, empresa del exgobernador Ernesto Ruffo investigada por huachicol fiscal

El detenido quedó a disposición de la FGR en Tijuana para resguardo, según el Registro Nacional de Detenciones

Trump, contra las cuerdas: necesita la ayuda de Cornyn para que Blanche se convierta en fiscal general fijo

El pasado 8 de junio, el presidente Donald Trump nominó a Todd Blanche, su exabogado personal, para el cargo de fiscal general. Sin embargo, para asumir el puesto, primero debe aprobarse en el Senado. En ese proceso, el actual senador John Cornyn desempeña un rol importante, y su vínculo con el máximo mandatario podría poner en juego esa posibilidad. El rol de John Cornyn para la asunción de Todd Blanche Cornyn se mantendrá en el cargo hasta el 3 de enero de 2027. Por tanto, al continuar como miembro del Comité Judicial del Senado en lo que resta del año, su voto es decisivo para la asunción de Blanche como fiscal general fijo, según consignó NBC News. En ese contexto, debido a la estrecha mayoría republicana (53) y el reciente fallecimiento de Lindsey Graham, una recesión del partido (como la de Cornyn) podría afectar el nombramiento, que se estima para el 30 de julio. "Las posibilidades de que Todd Blanche se convierta en fiscal general podrían depender de John Cornyn", advirtió Politico en un análisis sobre la nominación del exabogado personal de Trump. ¿Qué opina John Cornyn sobre Todd Blanche? Durante la audiencia de confirmación del 15 de julio, Cornyn presionó a Blanche sobre dos temas principales: El fondo "antiarmamentisco": Cornyn cuestionó la validez de un fondo de US$1800 millones creado para la lucha contra el armamentismo. Aunque Blanche afirmó que el fondo estaba "muerto", el actual senador sospechaba que sigue siendo un "contrato ejecutable" que Trump podría reactivar mediante una demanda por incumplimiento. Protecciones fiscales: el senador calificó como algo "inusual" que Blanche firmara un documento que prohíbe "para siempre" al IRS auditar las declaraciones de impuestos pasadas de Trump y su familia. Después de la audiencia, el senador republicano declaró que "todavía no estaba decidido" respecto a apoyar a Blanche y que no sentía ninguna presión para decidir su voto antes de la fecha oficial. "Sigo teniendo algunas preocupaciones, pero no voy a tomar ninguna decisión en este momento", dijo el senador republicano con respecto a los periodistas fuera de la sala de audiencias, según consignó The Hill. "Voy a esperar hasta que votemos la confirmación".Vínculo entre Cornyn y Trump En marzo del año pasado, Cornyn anunció su intención de buscar la reelección al Senado en Estados Unidos bajo la premisa de priorizar a los texanos al impulsar algunas medidas como el Laken Riley Act, que incluye la detención de "inmigrantes violentos". No obstante, para las primarias de Texas no contó con el apoyo de Trump, dado que decidió apoyar la candidatura de Ken Paxton, actual fiscal general del Estado de la Estrella Solitaria. "El muy respetado fiscal general de Texas, Ken Paxton, un patriota que defiende 'Estados Unidos primero' y alguien que siempre me ha sido leal a mí y a nuestro increíble movimiento MAGA, se postula para el Senado en Estados Unidos, para representar un lugar que amo y gané tres veces", escribió en su cuenta de Truth Social sobre el candidato republicano.Tras conocer la decisión del presidente, Cornyn subrayó que votó por Trump "más del 99% de las veces" y que trabajó con él durante sus dos mandatos. No obstante, todo cambió."El ataque contra el Capitolio fue horrible e indignante. Quienes planificaron y participaron en la violencia de ese día deben ser procesados â??â??con todo el peso de la ley. Coincido con la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi: se requiere una investigación similar a la del 11-S para evitar que esto vuelva a suceder", dijo desde su cuenta de X.Cornyn perdió la segunda vuelta de las primarias republicanas con el 32,6% de los votos. Ken Paxton lo superó con el 63,8% de los votos.

Alivio fiscal en Florida para el verano: qué productos y actividades quedan sin impuesto estatal

En Florida, varios productos y actividades del verano, junto con insumos necesarios para afrontar la temporada de huracanes, continuarán libres del impuesto estatal a las ventas. El presupuesto 2026-2027, aprobado el 29 de junio, mantiene esos beneficios permanentes y suma o extiende otras medidas tributarias.Qué productos seguirán libres del impuesto a las ventas en FloridaLas exenciones que Florida mantiene vigentes en el presupuesto 2026-2027 alcanzan artículos de cuidado personal, bienes para familias y actividades recreativas.Entre ellos se encuentran:Protector solarRepelente de insectosProductos para bebés y niños pequeñosPañalesEntradas a los parques estatales de FloridaArtículos de preparación ante desastresLos productos infantiles y los pañales están exentos desde 2023. En 2025 se sumaron los protectores solares, los repelentes, los accesos a parques estatales y los insumos para emergencias.Estas compras y actividades permanecen libres del impuesto durante todo el año, sin depender de períodos fiscales específicos. A su vez, el período sin impuesto para compras escolares quedó establecido de forma permanente, por lo que se repetirá cada año.La medida alcanza determinados útiles, prendas y otros artículos incluidos por las autoridades tributarias para el inicio del ciclo lectivo.El feriado fiscal de la Segunda Enmienda continuará en FloridaPor segundo año consecutivo, Florida aplicará el denominado feriado fiscal de la Segunda Enmienda. En 2026, regirá desde el 1° de septiembre hasta el 31 de diciembre, cuatro meses en los que las ventas minoristas estarán exentas de:Armas de fuego, municiones y accesorios relacionadosBallestas y sus complementosSuministros de campamentoArtículos de pescaEl programa comenzó en 2025 y en esta edición incorporará más accesorios para armas de fuego. También duplicará el precio máximo permitido para determinados cebos y aparejos de pesca.Según la estimación oficial, cazadores, pescadores y campistas ahorrarán alrededor de US$40 millones en impuestos durante el próximo año.Cómo funcionará el reintegro por ventanas y puertas en FloridaUn nuevo plan de Florida contempla una devolución de hasta US$500 por cada propiedad residencial elegible. Cubrirá el impuesto pagado por ventanas y puertas resistentes a impactos adquiridas entre el 1° de julio de 2026 y el 30 de junio de 2029.A diferencia de una exención aplicada al momento de la compra, el propietario deberá abonar el tributo y luego solicitar el reintegro. La iniciativa retoma un beneficio anterior destinado al fortalecimiento de viviendas frente a huracanes y otros fenómenos meteorológicos severos y, según las autoridades, busca contribuir a una eventual reducción de las primas de los seguros.La intención de DeSantis de recortar impuestos en FloridaDesde el inicio del gobierno de Ron DeSantis, las reducciones tributarias representaron un ahorro cercano a US$9700 millones para residentes y empresas del estado, según indicaron las autoridades estatales.En ese sentido, una de las principales medidas fue la eliminación del impuesto al alquiler comercial. Según la administración estatal, esa derogación permite a las pequeñas empresas ahorrar alrededor de US$2700 millones por año.Además, el gobernador impulsó un proyecto para recortar el impuesto a la propiedad. En ese caso, la iniciativa de DeSantis requiere la aprobación de los votantes de Florida en las elecciones del 3 de noviembre.

Superávit fiscal 2026: cómo quedaron las cuentas del Gobierno tras el rojo de junio

El resultado fiscal positivo del primer semestre se sostuvo pese al rojo de junio, impulsado por mayores gastos estacionales y menores ingresos tributarios. Leer más

Frente Amplio pide a Laura Fernández convocar proyectos contra la evasión fiscal y advierte que los recortes profundizarán la crisis

La bancada de oposición envió una carta a la presidenta en la que sostiene que el deterioro de las finanzas públicas no puede resolverse con más ajustes al gasto social. Además, solicitó impulsar once iniciativas legislativas orientadas a aumentar la recaudación, combatir la evasión y eliminar privilegios tributarios

El Senado aprueba la reforma económica de Kast y la izquierda advierte por su impacto fiscal

SANTIAGO, Chile.- El Senado chileno aprobó en la madrugada del jueves una ambiciosa reforma económica impulsada por el gobierno del conservador José Antonio Kast, que apunta a dinamizar la inversión y acelerar el crecimiento, pero que enfrenta un fuerte rechazo de la oposición de izquierda, que la considera regresiva y perjudicial para las finanzas públicas. La iniciativa, que ahora deberá ser ratificada por la cámara de Diputados â??donde los bloques de derecha cuentan con mayoríaâ??, fue avalada cerca de las 3:00 (hora local), tras una extensa sesión marcada por tensos cruces entre oficialismo y oposición. "Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible", afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al término de la votación, en línea con el argumento central del Ejecutivo: que la rebaja de impuestos y la mayor certidumbre jurídica generarán condiciones más atractivas para la inversión. "Es un día importante para Chile. Este proyecto llegó al Congreso hace tres meses con una misión muy clara, darle a nuestro país las herramientas para progresar, crear empleo y reconstruir lo que el fuego destruyó en Biobío y Ñuble", sostuvo Quiroz.El corazón de la reforma es una reducción gradual del impuesto a la renta de las empresas, que pasará del 27% al 23%, acercándose así al promedio de los países desarrollados. El gobierno sostiene que la medida permitirá mejorar la competitividad y fomentar la llegada de capitales. Sin embargo, la oposición advierte que el costo fiscal será significativo. "Cada punto que se rebaja son 420 millones de dólares menos para la recaudación del Estado", cuestionó durante el debate la senadora Beatriz Sánchez, una de las voces más críticas del proyecto.Además, la iniciativa contempla un régimen de estabilidad tributaria por 20 años para inversiones superiores a los 350 millones de dólares, un punto que el oficialismo defiende como clave para atraer grandes proyectos, pero que sus detractores consideran un beneficio excesivo para grandes empresas.Otro de los aspectos más controvertidos es la posibilidad de reembolsar inversiones a compañías cuyos permisos ambientales sean revocados por la Justicia. Para el gobierno, se trata de una garantía necesaria frente a eventuales cambios regulatorios, mientras que para la izquierda, implica trasladar riesgos privados al Estado.El proyecto de reconstrucción supera una valla clave en el Senado. ð???"Cada vez estamos más cerca de que se convierta en ley de la República. No solo celebramos el éxito del gobierno y el trabajo detrás, sino el resultado concreto: que Chile vuelva a crecer y se generen miles deâ?¦ pic.twitter.com/727K3iNC9t— Partido Republicano (@PRChile) July 16, 2026En ese contexto, el oficialismo celebró la aprobación en la Cámara alta. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sostuvo que "estamos convencidos de que Chile volverá a crecer y somos conscientes de que este es uno de los temas por los cuales un 58% de la ciudadanía respaldó al hoy Presidente José Antonio Kast. Por eso, vamos a responder a esa confianza con resultados concretos". Añadió que se trata del "primero de muchos proyectos" del gobierno y llamó a avanzar en acuerdos amplios y transversales para futuras iniciativas.En la misma línea, el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, destacó que el proyecto "ya pasó la segunda valla más importante" y que está cada vez más cerca de convertirse en ley. Subrayó que las medidas permitirán recuperar el crecimiento y generar empleo, al afirmar que "para muchas personas va a significar tener esperanza de que va a volver Chile a crecer y con eso se van a generar miles de empleos, que es lo que los chilenos están esperando".Por su parte, el senador de la UDI, Javier Macaya, calificó la jornada como "histórica" y aseguró que el país no daba "un paso tan relevante en materia de crecimiento" desde hace décadas. Sostuvo que la reforma permitirá mejorar el clima económico, atraer inversión y recuperar la confianza internacional, al considerar que abre la oportunidad de "volver a levantarse después de muchos años de mediocridad".Tensión política y escepticismo socialEl debate se produce en un contexto de creciente tensión política y dudas sobre el rumbo económico del país. Según la encuestadora Cadem, el 56% de los chilenos se manifiesta en desacuerdo con la rebaja de impuestos corporativos, lo que refleja un escepticismo social frente a los beneficios de la reforma.A la vez, la popularidad del presidente Kast muestra una tendencia descendente, en paralelo a una revisión a la baja de las expectativas de crecimiento. El propio gobierno ajustó su proyección de expansión anual desde el 4% al 3,5% hacia 2030, lo que refuerza la urgencia de medidas que impulsen la actividad, según el oficialismo.En las calles, las opiniones también aparecen divididas. "No vale mucho la pena. Aunque pueda haber más inversión, igual es importante que el Estado tenga recursos para salud, educación y otros beneficios", señaló Ariela Jofré, una ayudante de cocina de 21 años en Santiago.Organismos internacionales siguen de cerca el proceso. El Fondo Monetario Internacional (FMI) evaluó que la reforma podría contribuir a dinamizar el crecimiento, aunque advirtió que también podría generar presiones sobre las cuentas fiscales si no se compensa con otras medidas.Agencias AP y AFP

Fiscal Luz Adriana Camargo dejó en pausa la acusación contra señalados del grupo criminal BPP, investigado por actos terroristas en Bogotá

La decisión trasladó el expediente a una unidad de justicia restaurativa, suspendió el paso hacia el juicio y abrió la posibilidad de revisar la estrategia jurídica del caso

El Gobierno tuvo déficit en junio, pero cerró el primer semestre con superávit fiscal

El Sector Público Nacional (SPN) registró en junio un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones. Se trató de un resultado esperado por el equipo económico del Gobierno, ya que suele ser un mes de alta estacionalidad en el gasto por el pago del medio aguinaldo a los empleados públicos. De todos modos, el primer semestre finalizó con superávit fiscal.Según informó a través de su cuenta de la red social X el ministro de Economía, Luis Caputo, el rojo financiero del mes se produjo luego de afrontar pagos de intereses netos por $328.049 millones. Además, el resultado se vio afectado por una menor recaudación asociada a la postergación del vencimiento del impuesto a las ganancias para personas humanas.Pese al déficit mensual, Caputo destacó que las cuentas públicas continúan mostrando un saldo positivo en el acumulado del año. Entre enero y junio, el SPN registró un superávit primario equivalente al 0,6% del PBI y un superávit financiero del 0,1% del PBI.El equilibrio fiscal es uno de los principales pilares del programa económico de la administración de Javier Milei y una de las variables que el Ministerio de Economía busca preservar de cara al segundo semestre y al año electoral de 2027. En las últimas semanas, el equipo económico presentó su programa financiero para 2026 y 2027, en el que ratificó el compromiso de mantener el superávit fiscal como ancla de la política económica.Al difundir los datos, Caputo sostuvo que "el orden en las cuentas públicas es un pilar fundamental del programa económico" y afirmó que ese objetivo se alcanzó "a través de una fuerte reducción en el gasto público". Además, aseguró que esa estrategia permitió aplicar una baja de impuestos nacionales acumulada desde 2024 equivalente a casi tres puntos del PBI.El dato de junio marca el primer déficit financiero mensual desde que comenzó el año, aunque responde en buena medida a factores estacionales. En las próximas horas, el Gobierno publicará los números del semestre en detalle en un comunicado oficial.

Vialidad III: suspendieron la primera audiencia por la ausencia de dos abogados defensores y el fiscal Luciani quiere abrirles una causa

El expediente se relaciona con los hechos por los que Cristina Kirchner está condenada y con arresto domiciliario. Examina la presunta corrupción en los contratos viales para Santa Cruz entre 2003 y 2015

Caputo recibe a contadores y define si posterga Ganancias antes de enviar la ley de Inocencia Fiscal

Hacienda volverá a reunirse este jueves con tributaristas para revisar los últimos cambios del proyecto que llegará al Congreso. La discusión incorporará el vencimiento de las declaraciones juradas de personas humanas, previsto para fines de julio, y su posible impacto sobre la recaudación coparticipable. Leer más

Caputo se vuelve a reunir con contadores en la previa de la nueva ley de Inocencia Fiscal: qué definición clave se espera

El ministro de Economía vuelve a recibir a tributaristas ante el inminente envío del proyecto al Congreso y para tomar una definición respecto al vencimiento de las declaraciones juradas de Ganancias

Fiscal general respaldó el plan del designado ministro de Defensa para cambiar los procesos penales: "Es una propuesta interesante"

Luz Adriana Camargo apoyó varias de las ideas de Iván Cancino, a quien calificó como un conocedor del sistema penal colombiano y cuyas iniciativas podrían contribuir a agilizar la administración de justicia

Costa Rica presenta estrategia fiscal, "No más impuestos, sino ir por los que están evadiendo", asegura Laura Fernández

Costa Rica fortalecerá la lucha contra la evasión fiscal y el contrabando con una nueva estrategia que, según Laura Fernández, prioriza la persecución de quienes incumplen sus obligaciones antes que la creación de más impuestos

Daniel Quintero arremetió contra la fiscal Luz Adriana Camargo tras la anulación de la imputación por el caso Aguas Vivas

El hoy superintendente de Salud y exalcalde de la capital de Antioquia también señaló a Federico 'Fico' Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien no se quedó callado y le contestó

Narbona y los fiscales que se reunieron con Leire Díez declaran ante el juez

Fiscal que dio un cabezazo a un policía en Piura fue retirada del cargo: podría enfrentar hasta 12 años de cárcel

La exmagistrada es investigada por el presunto delito de violencia y resistencia a la autoridad luego de protagonizar un incidente durante una intervención de tránsito en Castilla. La audiencia para definir su situación se realizaría en las próximas horas

Exfiscal de Cibercrimen Esteban Aguilar confirma que buscará convertirse en el próximo fiscal general de Costa Rica

El abogado aseguró que participará en el concurso que abrirá la Corte Plena para sustituir a Carlo Díaz y afirmó que su objetivo es dirigir el Ministerio Público con transparencia y garantizar una justicia pronta y cumplida

La Mesa Política definió la agenda legislativa y de gestión: reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal y visita de Kristalina Georgieva

El Gobierno repasó los principales proyectos que impulsará en las próximas semanas: Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, modificación del régimen de Inocencia Fiscal, tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la visita oficial de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a la Argentina. Leer más

Argentina lidera el G-20 en balanza energética y resultado fiscal

Dejando a un lado a Arabia Saudita, el nuestro "es el único país de ese selecto club que tiene ambos guarismos en positivo" señala el autor. Sin embargo "sigue en Primera D para la agencia Morgan Stanley, en la categoría de 'aislado' (standalone) sin siquiera ponerlo en una lista de revisión para una eventual reclasificación". Leer más

Deuda pública de Colombia podría subir hasta 66,1% del PIB, según análisis del Observatorio Fiscal

Las proyecciones oficiales sobre las finanzas del país enfrentan nuevos cuestionamientos. Un informe académico advierte que el cumplimiento de las metas fiscales dependerá de variables económicas que dejan poco margen frente a escenarios adversos

Eduardo Casal le pidió a Milei una norma urgente para que los fiscales puedan actuar ante el máximo tribunal porteño

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le pidió al Gobierno una solución urgente para evitar que un vacío legal les impida a los fiscales actuar en determinadas causas. Reclamó una ley o un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para resolver el problema generado por el fallo "Levinas" de la Corte Suprema.A partir de esa sentencia, las causas que tramitan ante la justicia nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires deben pasar por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño antes de llegar a la Corte Suprema. Pero los fiscales nacionales no están legalmente habilitados para actuar ante un tribunal de otra jurisdicción.El jefe de los fiscales reveló que la Procuración solicitó formalmente al Poder Ejecutivo, el 19 de mayo, una norma transitoria que los habilite a intervenir ante el máximo tribunal porteño hasta que se complete el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad.Su exposición fue ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación del Congreso. La comisión, presidida por el diputado Sebastián Galmarini, de Unión por la Patria, recibió a Casal y a sus colaboradores para analizar el informe anual de gestión del Ministerio Público Fiscal y abordar el impacto del fallo Levinas y de la nueva ley laboral."Después de cinco años, la Comisión vuelve a funcionar para garantizar que la independencia del Ministerio Público no se confunda con ausencia de rendición de cuentas ante la ciudadanía", sostuvo Galmarini.El reclamo de CasalLa situación, según Casal, se volvió todavía más urgente después de que la reforma laboral impulsada por el gobierno libertario y sancionada en marzo de este año recogiera el criterio del fallo Levinas. "Tuvo una consagración legislativa", dijo el jefe de los fiscales.Tras ello, el procurador general exigió a Milei el dictado de una norma transitoria para subsanar el vacío legal. Casal subrayó que el conflicto ya tuvo consecuencias concretas. Relató que un fiscal debió recurrir una decisión liberatoria que consideraba arbitraria en una causa por femicidio. Ante la ausencia de una solución normativa y para no perjudicar el ejercicio de la acción penal, la Procuración decidió avanzar igualmente tras la presentación de un recurso."Tenemos una responsabilidad fundamental, que es hacer efectiva la justicia penal y no perjudicar el ejercicio de la acción. Mientras esto no se resuelve, vamos a seguir interponiendo los recursos", afirmó Casal.El procurador interino sostuvo que existe una "verdadera razón de urgencia" porque hay causas y plazos procesales en curso y cualquier cuestionamiento sobre la capacidad legal de los fiscales para actuar ante el TSJ podría comprometer su intervención. "La sanción de una norma transitoria hasta que este proceso se complete -el traspaso de la justicia nacional ordinaria al fuero porteño- solucionaría muchas cosas", resumió.Vacantes y recursosLa advertencia por Levinas no fue el único reclamo de la Procuración. Durante la reunión, las autoridades del Ministerio Público también alertaron sobre las vacantes, la pérdida de poder adquisitivo de su presupuesto y la falta de recursos para afrontar la implementación gradual del sistema acusatorio, que coloca las investigaciones penales en cabeza de los fiscales y acelera los plazos procesales.Juan Manuel Casanovas, el secretario de la Procuración, graficó la desigualdad de recursos entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Según detalló, en el ámbito federal existen 380 jueces frente a 222 fiscales. La brecha es todavía mayor en términos de personal: los juzgados cuentan con alrededor de 9300 empleados, mientras que el Ministerio Público tiene unos 2500.También remarcó la cantidad de vacantes. Según informó, hay 160 cargos sin cubrir considerados necesarios para implementar el sistema acusatorio. De ellos, 43 ya tienen ternas elevadas, 82 están en concurso y 35 todavía deben ser llamados a concurso. "Nosotros arrancamos, en términos mundialistas, perdiendo dos o tres a cero", afirmó Casanovas sobre la brecha con el Poder Judicial de la Nación. Casanovas sostuvo que la Procuración pudo avanzar hasta ahora con el nuevo sistema "gracias a una gestión muy austera", pero advirtió que necesita más recursos para sostener sus nuevas responsabilidades. Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, precisó que el presupuesto del organismo perdió un 47% de poder adquisitivo en dos años: un 44,7% en 2024 y otro 3,3% en 2025. Advirtió que ese deterioro coincide con la implementación del sistema acusatorio, que exige mayores recursos humanos, tecnológicos y edilicios, además de equipos multidisciplinarios.Como ejemplo, señaló que funciones periciales que en materia penal estaban a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Corte pasarán al Ministerio Público. "Nosotros tenemos un médico y, con suerte, a veces conseguimos otro para poder atender los desafíos", afirmó.Durante la rendición de cuentas, Olima repasó los principales hitos de la gestión 2024-2026. Entre ellos destacó la implementación gradual del sistema acusatorio, la modernización y despapelización del organismo, la estrategia contra el crimen organizado, la regulación del uso de inteligencia artificial y la creación de un canal único para garantizar la trazabilidad de la información proveniente de los organismos de inteligencia.También se refirió a la relación con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). "Frente a la historia propia de la Argentina", explicó que la Procuración estableció un canal único para el ingreso de información de inteligencia al Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de garantizar su trazabilidad y evitar intercambios desagregados con las fiscalías.Según detalló, toda información proveniente de inteligencia debe ingresar por la Secretaría de Coordinación Institucional, que la deriva al fiscal o a la fiscalía especializada correspondiente y registra su recorrido hasta una eventual judicialización. "El día de mañana no debería aparecer una causa penal en donde digan: esto se inició por información de inteligencia, sin trazabilidad", sostuvo.

Cómo es el plan de rescate para las pymes que propone alivio fiscal y menos cargas sociales

La iniciativa propone reducir cargas sociales, aliviar impuestos y otorgar un plazo para que las pymes puedan reorganizar sus deudas. Leer más

Consejo Fiscal pide que Ley de gratificación CAS se deje en manos de Keiko Fujimori y se anule

Un pedido más formal desde viene desde el Consejo Fiscal, luego de la sentencia del Tribunal Constitucional que 'encontró' que el Congreso no tiene capacidad de gasto, luego de años sosteniendo lo contrario

Rechazaron un pedido de Martín Insaurralde para apartar al fiscal que lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El juez Luis Armella desestimó el tercer intento de la defensa del político por apartar al fiscal Sergio Mola, al considerar que no existen pruebas de falta de objetividad ni ensañamiento en la investigación. Leer más

Bloqueada la negociación del decreto de vivienda entre PSOE y Sumar por medidas fiscales

El Senado convocó audiencias para tratar 25 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos

El Senado de la Nación convocó a dos audiencias públicas para analizar 25 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo destinados a cubrir cargos en la Justicia nacional y federal. Las reuniones se realizarán los días 4 y 5 de agosto en el Salón Azul de la Cámara alta y comprenderán postulaciones para jueces, fiscales, defensores públicos y vocales de cámaras de apelaciones en distintos puntos del país.La convocatoria fue comunicada por la Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación mediante dos publicaciones oficiales. Según se informó, entre el 20 y el 26 de julio cualquier persona podrá presentar preguntas u observaciones sobre las calidades, antecedentes y méritos de los aspirantes, conforme al procedimiento previsto por el Reglamento del Senado.La primera audiencia se llevará a cabo el martes 4 de agosto, a las 14, y abarcará 15 expedientes. Entre ellos se encuentran las propuestas para designar defensores públicos oficiales en Formosa, Santiago del Estero y La Rioja, un fiscal federal para Gualeguaychú y magistrados para juzgados nacionales, tribunales federales y cámaras de apelaciones.En esa jornada también se tratarán los pliegos para cubrir cargos en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 41 de la Capital Federal, el Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, entre otros organismos judiciales.Además, figura un pedido de acuerdo para posibilitar un nuevo nombramiento de la vocal de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Matilde Evangelina Ballerini, una situación que se diferencia del resto de los expedientes, orientados a designaciones en cargos vacantes.La segunda audiencia tendrá lugar el miércoles 5 de agosto, a las 11, y comprenderá otros 10 pliegos. En esa instancia se analizarán postulaciones para defensorías públicas, fiscalías generales y juzgados nacionales en lo civil, además de cargos en tribunales orales y cámaras federales.Entre las propuestas incluidas para esa fecha figuran las designaciones de una defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, un defensor público de menores e incapaces ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Capital Federal, dos fiscales generales ante los tribunales orales en lo penal económico y un juez de cámara para un tribunal oral en lo criminal y correccional.También integran el temario los pliegos para cubrir tres juzgados nacionales de primera instancia en lo civil de la Capital Federal y un cargo de vocal en la Cámara Federal de la Seguridad Social.Las dos audiencias se desarrollarán en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación. Los postulantes podrán presentar sus antecedentes dentro del plazo fijado entre el 20 y el 26 de julio.

El déficit fiscal está encareciendo la vida de los colombianos: informe del Banco de la República mostró el impacto en las tasas de interés

Un análisis econométrico abarca dos décadas de dinámicas financieras, identificando cómo las percepciones sobre las cuentas públicas transforman la toma de decisiones en el mercado nacional

Nuevo revés para Insaurralde: su defensa quiso apartar al fiscal que lo investiga y lo rechazaron

La Justicia le dio un nuevo revés al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El juez federal Luis Armella rechazó hoy la recusación que su defensa había promovido contra el fiscal Sergio Mola para apartarlo del caso.Se trata del tercer pedido de apartamiento contra la fiscalía que fracasa, pero esta vez la defensa de Insaurralde había aprovechado las diferencias entre el juez y el fiscal para empujar su apartamiento.El fiscal Mola había pedido detener a Insaurralde y Cirio, algo que Armella rechazó por "desproporcionado". Ahora el juez le bajó el tono a las críticas al fiscal Mola y destacó que lo tiene en "alto concepto de probidad y honestidad".En la resolución, Armella dijo que las diferencias con Mola son "de criterio", propias de los roles diferenciados de juez y fiscal, pero aclaró que sus observaciones anteriores no deben leerse como una descalificación de la labor investigativa.El juez Armella sostuvo que mantiene un "alto concepto de probidad y honestidad" respecto del fiscal. "Más de 30 años en la función me permiten diferenciar cuestiones personales y funcionales", escribió.La recusación había sido presentada el 30 de junio por la defensa particular de Insaurralde, cuatro días después de que Mola pidiera la detención del exintendente y de Cirio tras la difusión en LA NACION de los videos del vestidor con dólares. La defensa alegó "pérdida de la objetividad funcional" y describió lo que llamó un patrón de "abuso funcional, ensañamiento procesal y exposición mediática". En su informe, Mola rechazó la recusación y la calificó como un intento de condicionar al Ministerio Público en una investigación por corrupción en contra del exfuncionario.Sobre las filtraciones, fue tajante: insinuar que la fiscalía filtró su propio pedido de detención es "un verdadero dislate". La Fundación Poder Ciudadano se presentó en el incidente para pedir el rechazo de la recusación, con el argumento de que las cargas de un proceso penal complejo por corrupción son un efecto natural del ejercicio legítimo de la acción penal y no pueden asimilarse a una causal de apartamiento.El juez Armella rechazó el pedido de Insaurralde. Consideró que los motivos y las pruebas de la defensa no alcanzan para una medida de esa gravedad. Sobre sus propias palabras cuando criticó a Mola, dijo que se limitó a advertir el riesgo que la divulgación pública de medidas en trámite podía generar para la pesquisa y recordó que los códigos dicen que el sumario es público para las partes y sus defensores.Lejos de descalificar al fiscal, destacó "el compromiso y la dedicación" con que la fiscalía intervino desde el inicio de la investigación.El rechazo se conoce cuando se realizaron inspecciones oculares en el departamento de Palermo y la mansión de San Vicente para ubicar el vestidor de los videos, el peritaje del celular de Cirio en marcha y la decisión de Mola de imputarles a Insaurralde y Cirio los dólares de las filmaciones e investigar su destino. Mola tiene la sospecha de que ese dinero puede estar en manos de testaferros y le apunta a Priscila Ferrante (sobrina de Cirio) y su expareja Heber Russo. Ambos fueron investigados en una causa en Quilmes, donde Ferrante fue sobreseída y Russo elevado a juicio por un caso de facturas truchas.

La Justicia rechazó el pedido de Martín Insaurralde para apartar al fiscal que lo investiga por enriquecimiento ilícito

El juez Luis Armella ratificó "la objetividad, el compromiso y la dedicación" de Sergio Mola en el caso, pese a que reconoció discrepancias con el Ministerio Público

Fiscal en Bogotá habría archivado decenas de casos de abuso sexual infantil sin justificación: el ente acusador la llevará a juicio

El expediente que la llevó a juicio en Bogotá revela denuncias de estrategias internas y prácticas sistemáticas en la Fiscalía que podrían haber dejado desprotegidas a personas vulnerables

Fiscal quedó detenida en su propia fiscalía tras propinarle un cabezazo a un policía en Piura

La magistrada insultó, empujó y agredió físicamente a efectivos de la comisaría de Castilla que la intervinieron por maniobras temerarias en plena carretera piurana

El Gobierno dominicano lanza un plan anticrisis con alivio fiscal para las mipymes

La estrategia oficial prevé eliminar el anticipo fiscal desde enero, sustituir el pago mensual de impuestos por tres cuotas al año y reducir cargas tributarias para pequeñas empresas y la clase media

La fiscal rebaja de 22 a 12 años de cárcel al autor material de la muerte de Francis

El fiscal atribuye a Insaurralde los dólares del vestidor y los incorporará a la acusación

Sergio Mola estima que los fajos registrados por Jesica Cirio reunían cerca de USD 10 millones. La fiscalía intenta establecer qué ocurrió con el efectivo y si fue ocultado mediante personas cercanas a la expareja. Leer más

La demora de los cambios a la ley de Inocencia Fiscal genera expectativas de una nueva prórroga para Ganancias

El oficialismo giraría el nuevo proyecto en la semana del 20 de julio. Tributaristas creen que debería extenderse el plazo otra vez, con un sexto anticipo o pago a cuenta

Para el fiscal, los dólares del vestidor eran de Martín Insaurralde y los sumará a la acusación

El fiscal federal Sergio Mola, que investiga por supuesto enriquecimiento ilícito al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y a su exesposa Jesica Cirio, estima que los dólares en bolsas de plástico que se vieron en los videos grabados por Cirio en un vestidor son de la pareja y se los imputará a la hora de tener que justificar sus bienes y pedir nuevamente su declaración indagatoria.El objetivo de la acusación es determinar por estas horas cuál fue el destino de ese dinero, dónde se encuentra o cómo fue invertido. Las sospechas son que quedó en manos de supuestos testaferros de la pareja, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.Por eso es que Mola pidió al juez federal Luis Armella realizar un entrecruzamiento de llamadas de los teléfonos de Cirio, Insaurralde y el resto de los sospechosos de estar detrás del ocultamiento de los fajos de dinero en efectivo, que LA NACION exhibió por primera vez el 26 de junio pasado.Los investigadores estiman que los fajos que la modelo grabó con su teléfono en 2023 sumarían unos 10 millones de dólares. La sola presentación de la fiscalía generó un cúmulo de pedidos de nulidad de las defensas, que se opusieron a que se verifiquen los teléfonos de sus clientes. Alegaron cuestiones de intimidad y violación del debido proceso.La fiscalía rechazó esos argumentos e insistió en determinar los contactos entre los teléfonos de los sospechosos, su geolocalización, registros de llamadas y duración.El fiscal quiere especialmente determinar qué pasó entre los sospechosos desde que se conocieron los videos hasta la actualidad. El juez concedió la medida de los cruces telefónicos pero de manera parcial y no incluye ese período de tiempo. Habrá nuevas solicitudes. La idea es trabajar con los llamados y herramientas tecnológicas que los vinculen con sucesos de la causa. También ahondar en el análisis de la información incorporada al caso, como las 1000 fojas de una causa que llevó el propio juez Armella donde se investigó a la sobrina de Cirio, Priscila Daiana Ferrante, de 33 años y de su expareja Heber Russo.Uno de los videos de Cirio en los que muestra fajos de dólaresEl fiscal busca reconstruir la trazabilidad de ese dinero, del que no se tiene noticias desde hace tres años. Tratar de ver en qué se invirtió y si hay testaferros que ocultaron esos fondos.Hacia allí se enderezaron las medidas que pidió el fiscal Mola al juez Armella, que van a poder reconducir los pedidos para prestar declaración indagatoria de los sospechosos de siempre y de nuevos sospechosos. Heber Russo, expareja de Ferrante, está acusado de montar una usina de facturas truchas, que entre sus clientes tenía a la Municipalidad de Lomas de Zamora: una rareza que un organismo público tuviera que recurrir a estas prácticas para simular gastos, excepto que se busque justificar el desvío de fondos. Russo y Ferrante tienen cientos de fotos junto a Insaurralde y Cirio: eran compañeros de salidas y hasta se menciona que fue la sobrina la que presentó a la tía con el exintendente de Lomas de Zamora.El juez federal Armella dispuso la apertura de un incidente reservado dentro del expediente y ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Ferrante para reconstruir su evolución patrimonial entre 2014 y 2017. La medida se activó tras la aparición de un video â??distinto de los que protagonizó Cirioâ?? en el que se observa a una mujer junto a fajos de dólares.Los requerimientos de Armella fueron enviados a la ARCA, el Banco Central, la Unidad de Información Financiera, el Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro Automotor. Se busca conocer bienes, movimientos bancarios, sociedades y eventuales reportes de operaciones sospechosas vinculados a su nombre. El entrecruzamiento de esa información financiera apunta a establecer el origen de los fondos con los que Ferrante financió su nivel de vida.La hipótesis judicial contempla dos alternativas: que los activos bajo sospecha pertenezcan a la estructura patrimonial de Cirio, o que guarden relación con Heber Russo, expareja de Ferrante y acusado de ser uno de los mayores operadores de facturas apócrifas del país.Russo espera un juicio oral demorado en los tribunales federales de La Plata.Ferrante estaría vinculada con 77 propiedades distribuidas en Puerto Madero y Miami; más de 200 vehículos entre autos, camiones, motocicletas y embarcaciones; joyas y dinero en efectivo.Entre los bienes puntuales figuran un departamento en Alicia Moreau de Justo al 1800, en Puerto Madero; una unidad en el edificio Los Silos, en Palermo; inmuebles en los barrios privados San Jorge Village, de Escobar; autos BMW y Mercedes-Benz; camionetas Volkswagen Amarok, Ford Ranger y Toyota Hilux, y una lancha. Según la investigación, parte de ese patrimonio fue atribuido en su momento a Russo.También se la investiga por una mansión de casi 750 metros cuadrados en Banfield Oeste, con ocho ambientes, cinco baños, piscina, quincho y una habitación de seguridad. La propiedad figura inscripta a nombre de Ferrante y de su padre, pero la Justicia intenta determinar si en realidad fue adquirida por Insaurralde por un valor cercano a 1,8 millones de dólares.Ferrante es hija de Verónica Mestre, media hermana de Cirio. Mantiene desde hace años una relación de estrecha confianza con la conductora. Fue investigada en la causa contra Russo, pero resultó sobreseída. La Justicia concluyó que el único bien registrado a su nombre era un automóvil que había recibido como regalo de su pareja. Pero ahora el fiscal volvió a poner la lupa sobre el patrimonio de la mujer.Ariel Heber Russo está acusado de encabezar junto a Claudio Gómez una organización que operaba un centenar de usinas de facturas apócrifas que sirvieron para que unos 3500 contribuyentes evadieran al fisco. Entre los beneficiarios se contaron una docena de sindicatos, cinco municipios, escuderías de Turismo Carretera y organismos públicos. El perjuicio a la entonces AFIP se calculó en 5000 millones de pesos, mediante la evasión de IVA, Ganancias y salidas no documentadas.La mecánica era que las usinas tenían como titulares a personas indigentes reclutadas por un policía federal â??apartado de la fuerzaâ?? que les pagaba entre 5000 y 10.000 pesos por prestar el nombre. Russo se encargaba de montar a nombre de esas personas sin capacidad económica las sociedades desde las que se facturaban trabajos nunca realizados. La asociación ilícita estaba integrada por 16 personas, incluidos funcionarios de la ex-Afip.Se le atribuye una maniobra de facturación apócrifa por casi 200 millones de dólares, el ocultamiento de activos mediante presuntos testaferros y propiedades en el exterior, y negocios con la Municipalidad de Lomas de Zamora durante la gestión de Insaurralde. Testigos e imputados de esa causa señalaron, además, al propio Russo como presunto testaferro del exintendente, con ramificaciones que en su momento alcanzaron a otros dirigentes del peronismo bonaerense.El expediente se dividió en tramos y el primero fue remitido a los tribunales federales de La Plata, donde 28 acusados deben afrontar un juicio oral que se demora: hubo dos intentos frustrados de evitarlo â??primero mediante probations, después con un juicio abreviadoâ?? y persiste una disputa sobre qué tribunal debe hacerse cargo del debate. Russo, que estuvo un año prófugo y pasó una temporada en el penal de Ezeiza, espera.Mola pidió las detenciones de Insaurralde y Cirio por riesgo de fuga y entorpecimiento; Armella las rechazó y se limitó a prohibirles la salida del país, extendiendo la restricción a dos hijos del exintendente, a Sofía Clerici y a otros dos imputados. La defensa de Insaurralde, mientras tanto, recusó al fiscal, al que acusa de hostilidad, persecución y de exponer mediáticamente el expediente.Este lunes se resolverá este asunto, mientras que el viernes 17 de julio debe entregarse la pericia contable de 75 puntos que determinará si Insaurralde, Cirio y el resto de los acusados pueden justificar su patrimonio.

El juez y el fiscal que investigan los desmanejos en el departamento de Nisman deberán definir la situación de Sergio Berni

Así lo ordenó la Cámara Federal porteña, al confirmar el procesamiento de la exfiscal Viviana Fein. El senador bonaerense está imputado, pero nunca se avanzó con su indagatoria o con una falta de mérito

Procesan a cuñado de Inés Gómez Mont por presunta defraudación fiscal: irá a prisión preventiva

Alejandro "N", hermano del empresario Víctor Álvarez Puga, es señalado por la presunta omisión del pago del ISR correspondiente a 2016; la FGR aclaró que este caso es independiente del proceso de extradición que enfrenta el matrimonio en Estados Unidos

Alivio fiscal en Illinois: el anuncio de Pritzker para residentes de 11 condados

Los residentes y negocios de 11 condados de Illinois afectados por inundaciones, tornados, lluvias intensas y otros fenómenos meteorológicos ocurridos entre marzo y junio de 2026 podrán acceder a un programa de alivio fiscal, impulsado por el gobernador JB Pritzker. La medida alcanza a los condados de Coles, Cook, Effingham, Jefferson, Kankakee, LaSalle, McLean, Stephenson, Warren, Winnebago y Woodford, y permite solicitar la exención de multas e intereses.Qué anunció JB Pritzker para los afectados por los desastres naturalesLa iniciativa fue implementada junto al Departamento de Ingresos de Illinois (IDOR, por sus siglas en inglés) y está dirigida tanto a individuos como a empresas que sufrieron consecuencias directas por los eventos climáticos."Tras estas devastadoras tormentas, nuestra administración garantiza que los residentes y las empresas afectadas tengan el apoyo que necesitan para recuperarse", señaló Pritzker en un comunicado.El mandatario agregó que la asistencia busca brindar "el tiempo y el margen necesarios para que las comunidades puedan concentrarse en la recuperación", sin enfrentar cargas financieras adicionales derivadas de retrasos tributarios. El beneficio alcanza a quienes sufrieron daños entre el 10 de marzo y el 21 de junio de 2026 y están en zonas consideradas oficialmente de desastre.Qué impuestos están incluidos en el beneficio de IllinoisLa asistencia puede aplicarse a distintos tributos administrados por Illinois, incluidos los impuestos sobre la renta, las retenciones, las ventas, determinados impuestos especiales y otros gravámenes estatales.Las autoridades aclararon que el programa está diseñado para ayudar a quienes no pudieron cumplir con sus obligaciones fiscales debido a pérdidas materiales, interrupciones operativas o dificultades provocadas por las emergencias declaradas por el estado.Además, cualquier otro condado que sea incorporado posteriormente a una declaración oficial de desastre también podrá acceder a estas medidas de apoyo tributario.Cómo solicitar la exención de multas e intereses en IllinoisPara obtener el beneficio, los solicitantes deben enviar una explicación por escrito al IDOR y detallar de qué manera los daños ocasionados por la emergencia afectaron su capacidad para presentar declaraciones o realizar pagos dentro de los plazos previstos.También deberán incluir información básica como nombre, dirección, número de cuenta tributaria y una estimación de cuándo podrán regularizar su situación fiscal. Las solicitudes pueden enviarse por correo electrónico o postal. Quienes ya hayan recibido sanciones económicas también podrán pedir su eliminación si demuestran que el incumplimiento estuvo directamente relacionado con los daños ocasionados por los desastres naturales.Qué otras ayudas pueden recibir los propietarios afectadosEl gobierno estatal recordó que los dueños de viviendas o inmuebles que hayan sufrido daños materiales pueden comunicarse con la oficina de evaluación de su condado para consultar la posibilidad de una nueva tasación de la propiedad.Esta alternativa podría permitir ajustes en la valoración fiscal de inmuebles.La información completa sobre requisitos, formularios y canales de contacto está disponible a través del Departamento de Ingresos de Illinois para las personas y empresas alcanzadas por las declaraciones oficiales de desastre.

Convergencia fiscal y garantías laborales en el acuerdo sobre Gibraltar que entra en vigor

Ministro de Hacienda de Abelardo de la Espriella plantea reforma tributaria, fracking y cambios al 4x1.000 para enfrentar la crisis fiscal

Miguel Gómez aseguró que una de las prioridades del nuevo Gobierno será evitar que la deuda neta del país alcance niveles históricos. Además, advirtió sobre el impacto de la informalidad en el sistema tributario y cuestionó la política salarial reciente por sus efectos sobre la inflación y la competitividad

Súper RIGI: el riesgo de transformar los incentivos fiscales en privilegios

El 24 de junio, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias ("Súper RIGI"), que ahora espera su tratamiento en el Senado. La iniciativa está generando un creciente debate, debido a la magnitud de los beneficios fiscales que ofrece, que modifican y amplían los establecidos por el RIGI, aprobado en 2024. En el plano impositivo, las empresas que desarrollen inversiones de más de US$1000 millones en nuevos sectores productivos quedarán exentas de pagar derechos de exportación e importación, tendrán tasa reducida del impuesto a las ganancias, amortización acelerada de bienes de capital, reducción de contribuciones patronales, entre otras concesiones.La discusión parlamentaria vuelve a remitir a un problema central de la política fiscal: el de los gastos tributarios, es decir, los ingresos que el Estado decide no recaudar mediante el otorgamiento de exenciones, deducciones o tratamientos diferenciales en beneficio de ciertos sectores. Según los datos del último presupuesto aprobado -y que no incluyen al RIGI- el Estado Nacional dejará de recaudar en 2026 3,4% del PBI, lo que representa más del 20% del gasto estatal. La magnitud de los recursos fiscales sacrificados es problemática si se considera que compiten con el financiamiento de otras políticas, como las orientadas a la garantía de derechos.Diversos organismos y especialistas han señalado que más allá de la magnitud de los recursos fiscales sacrificados, el problema de los gastos tributarios en la Argentina es la falta de transparencia en la información sobre los beneficios otorgados y la ausencia de evaluaciones periódicas para asegurar que la política genere beneficios mayores a los costos que ocasiona. La experiencia del RIGI no ha implicado una mejora respecto a estos problemas. Casi un año después de su sanción y 17 iniciativas aprobadas, no existe ninguna estimación oficial sobre el monto de los recursos que se dejan de recaudar, hay información insuficiente sobre los proyectos, y sobre los procedimientos de evaluación. En el caso del Súper RIGI, el proyecto es impreciso en la definición de los sectores alcanzados. La iniciativa está dirigida a promover nuevas actividades económicas, definidas como "proyectos industriales, tecnológicos o de prestación de servicios vinculados con infraestructura tecnológica y digital estratégica cuyo grado de desarrollo sea experimental o piloto". Sin embargo, no establece criterios claros para determinar qué actividades específicas califican para acceder al régimen. La amplitud de la definición propuesta otorga un elevado margen de discrecionalidad al Poder Ejecutivo para decidir qué proyectos serán beneficiados. Por ello, el Congreso debería establecer de manera expresa cuáles son las áreas estratégicas que justifican la asignación de recursos públicos mediante beneficios fiscales.El proyecto también presenta importantes problemas en materia de transparencia y evaluación. Diversos organismos internacionales, entre ellos la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), han señalado que los incentivos fiscales deben estar acompañados por estimaciones previas de costo fiscal y evaluaciones periódicas que permitan medir su efectividad. Sin embargo, el proyecto de Súper RIGI no contempla la publicación de la información presentada por las empresas que soliciten ingresar al régimen ni de las evaluaciones previas a la aprobación. Tampoco establece una evaluación ex ante que incorpore una estimación de los recursos fiscales sacrificados en la política de incentivo. El proyecto tampoco incorpora mecanismos de monitoreo y evaluación periódica que permitan determinar el avance de las inversiones promovidas y si generan los resultados económicos, productivos o sociales esperados. De hecho, la iniciativa establece sólo dos momentos para evaluar el cumplimiento de los desembolsos comprometidos: a los dos años de iniciado el proyecto y en su finalización. Esto se da en paralelo a una fuerte debilidad del régimen sancionatorio, con multas muy reducidas en relación a la magnitud de los posibles incumplimientos. Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) consideramos que las evaluaciones periódicas de cada proyecto deben ser públicas. Además, creemos necesario establecer mecanismos claros de revisión ante el incumplimiento de las metas comprometidas, evaluando la continuidad de los beneficios fiscales en los casos que así lo requieran. Como cierre cabe alertar sobre los riesgos que puede implicar una política de beneficios impositivos que no incluya evaluaciones sistemáticas que permitan verificar su eficiencia, justificación o su idoneidad como la mejor alternativa de política pública. La ausencia de una adecuada regulación y transparencia crea las condiciones para que la política de incentivos fiscales genere privilegios de larga duración que contribuyan a aumentar la regresividad de la política fiscal. Los autores son integrantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

Una fiscal en la mira de sus pares

La decisión de la fiscal de Flagrancia, Raquel Almada, de liberar sin formación de causa a Matías Belloso, hijo del presidente de Central, Gonzalo Belloso, y a otros dos jóvenes que viajaban en un automóvil donde la policía secuestró un revólver calibre .22, derivó en la apertura de un sumario administrativo y dejó expuestas las tensiones internas dentro del Ministerio Público de la Acusación (Mpa).

Honduras: Fiscal General fortalece cooperación con la DEA para combatir el narcotráfico y el crimen organizado

Pablo Emilio Reyes Theodore sostuvo una reunión con el director de la DEA, Terrance Cole, como parte de una agenda de trabajo en Estados Unidos enfocada en reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia.

Con beneficios fiscales, Milei le abre la puerta a Musk para que desembarque Tesla

El mercado automotor vive una revolución silenciosa pero acelerada. Mientras la marca de movilidad más excéntrica del mundo, propiedad de Elon Musk, prepara su inminente desembarco en el país, el escenario ya fue transformado por nuevos gigantes asiáticos. Las fuertes exenciones impositivas que garantiza el Gobierno nacional aumenta las importaciones de este tipo de vehículos. En agosto llegará Tesla a Uruguay y luego a Argentina. Leer más

Petro 'estalló' contra la Fiscalía por no investigar a un hombre que presuntamente se habría ofrecido a asesinarlo: "¿Qué pasó, señora fiscal?"

El concejal de Medellín José Luis Marín aseguró que fue amenazado por un sujeto identificado como Édgar Alfonso Gómez Hincapié. Supuestamente, el hombre también estaría dispuesto a atacar al presidente

Llaman a concurso para cubrir 17 vacantes de fiscales federales

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, convocó a concursos para cubrir 17 vacantes en fiscalías federales de distintos puntos del país.El resultado de estos concursos le permitirá al Gobierno seguir cubriendo vacantes en el ámbito judicial, en un momento en el que el codiciado lugar del Procurador General, es decir, la silla del jefe de los fiscales, está en el centro de la discusión política. La Casa Rosada tiene la idea de acortar el mandato del Procurador a dos períodos y terminar así con el carácter vitalicio de su gestión. Entre tanto, el Gobierno se propone, de acá fin de año, cubrir todas las vacantes de jueces nacionales y federales, unas 300, incluidas las de la estratégica Cámara Federal de la Capital -en la que el Poder Ejecutivo tiene previsto enviar próximamente sus candidatos al Senado- y los tribunales orales federales. El Gobierno cubriría así con postulantes elegidos por Milei cerca del 40 por ciento del Poder Judicial.Ahora, la Procuración abrió nuevos concursos para ocupar 17 fiscalías. Los lugares se amplían.Son fiscales para ejercer ante los juzgados federales y Unidades Fiscales en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.Se busca cubrir una vacante en la Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca, otra en la Fiscalía Federal de Ushuaia, una en la Fiscalía Federal de Viedma y una en la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia.También se convocó al concurso para cubrir la Fiscalía Federal de Clorinda, en Formosa; una vacante en la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña, Chaco; una vacante en la Fiscalía Federal de Tucumán; una vacante en la Fiscalía Federal de Orán, Salta; una vacante en la Fiscalía Federal de Salta y otra en la Fiscalía Federal N°1 de Posadas, Misiones.También se busca cubrir vacantes en la Fiscalía Federal de Concordia, la Fiscalía Federal de Victoria y la Fiscalía Federal de Paraná, en Entre Ríos; en la Fiscalía Federal N°1 y N°3 de Rosario, Santa Fe; en la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe y en la Fiscalía Federal de Mercedes, en Buenos Aires.Es el principio de un proceso que llevará tiempo. Por lo pronto, los postulantes tienen tiempo hasta el 25 de septiembre próximo para inscribirse y los sorteos de los tribunales evaluadores se llevarán a cabo entre el 15 y el 17 de diciembre.La necesidad de la cobertura de las vacantes se acrecienta ante el objetivo de poner en marcha en todo el país el nuevo Código Procesal Penal acusatorio.

El juez y el fiscal piden a la UCO que Balas siga en el caso Koldo pese a su ascenso

Denuncian a magistrada y a Fiscal General de Costa Rica por supuesta beligerancia política y posibles conflictos de interés

Los altos funcionarios enfrentan un proceso de investigación administrativa tras ser señalados por declaraciones públicas que, según la denuncia, podrían contravenir el deber de imparcialidad exigido a los funcionarios judiciales

Centro Democrático puso en duda los estados financieros de la Nueva EPS: la revisora fiscal no emitió un dictamen sobre las cifras

La revisora Galdys Asprilla Coronado aclaró que el 6 de julio recibió las cifras para su trámite y revisión. Por el momento, la remisión de los documentos no constituye una opinión de auditoría

Presentan un plan de rescate para las pymes con alivio fiscal e incentivos al empleo

La iniciativa del Nicolás Massot propone reducir contribuciones patronales, facilitar el crédito y asistir a las empresas en crisis.

Citlalli Hernández y Xóchitl Gálvez discuten en redes por combate a huachicol fiscal: se echan culpas y acusan uso de Chat GPT

La morenista acusó a la exsenadora de "ser parte del problema", mientras que Gálvez le pidió "dejar de culpar al pasado"

Petroperú: desbalance de USD 133 millones en 2025 obedece a fallo del Tribunal Fiscal notificado luego del cierre contable

La petrolera estatal elevó su pérdida neta auditada de USD 468 a USD 601 millones tras reconocer una deuda tributaria por el Impuesto al rodaje de 2019 y 2020

Page afea que el Gobierno intente "imponer" a autonomías un "modelo de separatismo fiscal"

El fiscal pide la absolución de Begoña Gómez al no apreciar ningún delito

Fiscal Lucy Laborde acudirá a la tutela tras ser relevada del caso Nicolás Petro: alega vulneración de sus derechos

La funcionaria sostiene que su condición de prepensionada le otorga una protección especial, mientras la Fiscalía afirma que su salida obedece al concurso de méritos para proveer cargos en la entidad

El BOE publica la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales

Detienen a exjefe de la Policía de Control Fiscal de Costa Rica por intentar ingresar un reloj inteligente a la cárcel

Irving Malespín fue interceptado por oficiales de la Policía Penitenciaria luego de que, presuntamente, no reportara un reloj inteligente durante el control de ingreso al Centro de Atención Institucional San José. El dispositivo fue decomisado y el caso quedó en manos del Ministerio Público

â? Contraloría de Bogotá abrió proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento de más de $6.000 millones en pagos al RUNT

La Secretaría Distrital de Movilidad aseguró que colaborará con la investigación y que las consultas realizadas al Registro Único Nacional de Tránsito corresponden a procedimientos contemplados en la normatividad vigente para el ejercicio de sus funciones

Advierten posible atentado contra suspendido fiscal Germán Juárez: "Los malvados saben que él sabe mucho", afirma abogado

Wilber Medina, quien dijo haber asesorado al empresario cuya fallida colaboración eficaz provocó la suspensión del fiscal, consideró que Juárez debería ser protegido ante riesgo de muerte

Exministro de Economía: "El superávit fiscal sostenible requiere crecimiento"

El exdiputado y exministro advierte que la desinflación actual se sostiene sobre un "apretón fiscal" coyuntural y no sobre reformas estructurales. Además, alerta sobre la caída de la recaudación y la pérdida de más de 20.000 empresas durante la gestión libertaria. Leer más

Juicio por Loan: el fiscal Carlos Schaefer denunció que plantaron la hipótesis del "hombre encapuchado"

El funcionario advirtió graves contradicciones en las declaraciones de los menores en Cámara Gesell. Apuntó que la hija de "Huevo" Peña fue inducida ilegalmente en un hotel para introducir la figura de un sospechoso inexistente. Leer más

El fiscal pide al juez que investiga al novio de Ayuso que permita analizar su tributación

Abogado de Nicolás Petro amplió denuncia contra Lucy Laborde y volvió a cuestionar a la Fiscalía: "¿El nuevo fiscal será objetivo o siguen en campaña?"

Alejandro Carranza cuestionó que, según su interpretación, las declaraciones de Day Vásquez solo hayan dado lugar a imputaciones contra Nicolás Petro y no a otras personas mencionadas en ese testimonio

Piden crear política nacional y fiscal para venta de alcohol en México tras muertes en festejos del Mundial 2026

Organizaciones acusaron que también se registraron siniestros viales y episodios de violencia de género asociados al alcohol

PJ exige a la JNJ cumplir fallo del TC que repone a Víctor Rodríguez Monteza como fiscal supremo

En los próximos días se oficializará la reincorporación del abogado, que fue destituido inicialmente por presuntamente haber avisado a la red de Los Cuellos Blancos del Puerto que sus llamadas telefónicas venían siendo interceptadas

Abogado de Gustavo Petro anunció tutela contra la fiscal Luz Adriana Camargo por supuesta omisión: "Es la responsable de que no nos estemos tolerando"

El abogado presentó una acción para exigir respuestas institucionales por las agresiones políticas persistentes durante el mandato actual

En medio del Mundial, el FBI y fiscales federales de Estados Unidos empezaron a investigar los negocios de la AFA

Oficiales estadounidenses convocaron al empresario Guillermo Tofoni a prestar declaración en Miami. Buscaron datos sobre la gestión de millones de dólares que circularon por cuentas y sociedades en Estados Unidos. Los detalles de un paso clave que apunta a Claudio "Chiqui" Tapia

Caso Nisman: confirmaron el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por irregularidades en la investigación

Lo resolvió la Cámara Federal porteña. Consideró que hubo pérdida de pruebas en el departamento donde apareció muerto el ex fiscal del caso AMIA. Sin embargo, no consideró probado el encubrimiento agravado

Inician un sumario a la fiscal que liberó sin causa al hijo del presidente de Rosario Central que fue detenido en un auto con un arma

ROSARIO.- Una decisión tomada en un turno de flagrancia desató una polémica en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe. La fiscal Raquel Almada liberó sin formación de causa a tres de los cuatro ocupantes de un Peugeot 308 en el que la policía había secuestrado un revólver calibre .22, tras un procedimiento originado en una denuncia por amenazas en Granadero Baigorria. Uno de los desvinculados es Matías Belloso, de 26 años, hijo de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central. Detrás de este hecho aparece una trama sobre supuestas amenazas contra un exjugador de Rosario Central, al que le reclamaban una deuda por juego clandestino virtual.La decisión de la fiscal provocó un impacto en la estructura judicial. A Almada se le formó un sumario en la Auditoría de Gestión del MPA por remisión de la superioridad y la apartaron de la causa, que quedó asignada al fiscal Fernando Dalmau. A la par, el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, emitió el 2 de julio una circular interna para unificar criterios de actuación en los hechos de flagrancia vinculados a la tenencia o portación de armas de fuego en la vía pública, con el objetivo explícito de que un episodio semejante no vuelva a repetirse.El malestar dentro de los equipos que investigan la criminalidad organizada en Rosario tiene un motivo adicional, quizás más grave en términos de política de persecución penal que la propia liberación: a las tres personas desvinculadas se les devolvieron los teléfonos celulares que habían sido retenidos en el procedimiento. En una ciudad donde las causas más relevantes contra las organizaciones criminales se construyeron, en gran medida, a partir del contenido de los teléfonos incautados, la restitución de esos dispositivos fue interpretada por varios investigadores como la pérdida de una oportunidad probatoria difícil de recuperar.El episodio comenzó el lunes 29 de junio por la tarde, cuando dos patrulleros fueron enviados a la esquina de Estanislao López y Pancho Ramírez, en Granadero Baigorria, ciudad vecina a Rosario. El llamado al 911 provenía de una mujer que había denunciado que dos personas habían ido a amedrentarla por el pago de una deuda que, según ella, ya estaba cancelada.Cuando los móviles llegaron al lugar, dos jóvenes que estaban en esa esquina se metieron de manera apresurada en un Peugeot 308 blanco que estaba estacionado y en el que había otras dos personas. Los policías los identificaron y requisaron el vehículo: debajo de la alfombra de la butaca del acompañante encontraron un revólver calibre .22 largo. Los cuatro ocupantes fueron trasladados a la comisaría 24ª.En el auto viajaban Matías Belloso, Lautaro Gago, Dante Méndez y Fausto Carbajo. Por disposición de la fiscal de flagrancia, los tres primeros recuperaron la libertad sin que se les formara causa penal. El único que quedó demorado para ser imputado por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil fue Carbajo, porque el revólver apareció debajo del asiento que ocupaba él.Un dato del expediente alimenta las suspicacias. La denunciante declaró que las personas con las que había tenido la deuda eran otras â??dio dos nombres concretosâ?? y agregó que los cuatro ocupantes del Peugeot, que estaban armados y en el mismo lugar desde donde se había hecho el llamado, no tenían nada que ver con la amenaza. Los investigadores conocen bien ese patrón: las víctimas de intimidaciones suelen apurarse a desligar a los sospechosos cuando actúan bajo presión. Incluso, el exjugador Jonatan Gómez, quien sería quien pidió dinero para saldar deudas de juego, retiraría la denuncia durante los próximos días, según contaron a LA NACION fuentes cercanas al caso. El interrogante que deberá despejar la Auditoría de Gestión es qué motivó a la fiscal a apartarse del protocolo que rige para este tipo de intervenciones. La práctica habitual en Rosario indica que todos los demorados quedan detenidos, se los ficha, se peritan de inmediato el arma y los celulares y se realiza la audiencia en el Centro de Justicia Penal dentro de los tres días. Existe, además, una instrucción general del MPA â??dictada por la gravedad de la violencia armada en Rosarioâ?? de formular imputación por tenencia compartida cuando aparece un arma en un contexto de amenazas.Desde la defensa del criterio adoptado se argumenta que hay antecedentes de fiscales que desvinculan a acompañantes cuando queda claro que el arma pertenece a uno solo de los ocupantes del auto y que, si no hay mérito para imputar corresponde restituir los teléfonos. Pero un investigador con experiencia en estos casos lo relativizó: quien maneja un arma en esas circunstancias, dijo, no la lleva encima, sino que la deja en otro asiento, precisamente para diluir la responsabilidad. Y Carbajo, según las fuentes del caso, nunca reconoció que el revólver fuera suyo.La circular de Merlo apunta a cerrar esa grieta interpretativa con tres instrucciones: los fiscales deberán evaluar prioritariamente el pedido de prisión preventiva en los términos del artículo 220 del Código Procesal Penal; en todos los casos deberán secuestrarse los celulares de los detenidos; y el fiscal interviniente deberá consultar con el jefe de la unidad de Flagrancia la solicitud del juicio por flagrancia.El trasfondo del caso excede largamente un revólver calibre .22. Fausto Carbajo, el único imputable del grupo, es una de las personas señaladas en la denuncia penal que presentó ante el MPA el futbolista Jonatan Gómez, surgido de las inferiores de Rosario Central y con último paso por Sarmiento de Junín, por prácticas extorsivas vinculadas al cobro de deudas de juego online.Según esa presentación, Gómez apostaba en Lexus, una plataforma de casino virtual sin autorización que opera desde Rosario, y acumuló una deuda de unos 50.000 dólares. La denuncia, dirigida originalmente contra Agustín Censi y Gaspar Zayas, describe una escalada de aprietes que incluyó amenazas de muerte, visitas intimidatorias a la casa de sus padres en Capitán Bermúdez, una irrupción en el predio de entrenamiento de Sarmiento y la firma bajo coacción, en una escribanía, de cuatro pagarés por US$505.000, diez veces la deuda original, mientras le advertían que "arriba de todo" estaban Los Monos. En una ampliación reciente, Gómez sumó a Carbajo â??primo de su esposaâ?? como otro "cajero" de la organización y como quien lo introdujo en la plataforma.Ese entramado conecta con una trama mayor: la organización criminal señalada por ejecutar el crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte, el jefe de la barra de Rosario Central asesinado en noviembre de 2024, tiene, según una pesquisa del MPA que ya derivó en condena, una facción dedicada al manejo del juego clandestino online en toda la región.

Liberaron a los tres abogados imputados en la causa que investiga a la fiscal Juliana Companys

Después de las indagatorias y la presentación de cauciones, Perassi, Brochero y Bianco recuperaron la libertad por orden del fiscal Anticorrupción, Matías Bornancini. Se sumó otra denuncia en contra de la magistrada. Leer más

Así operaba una presunta red internacional de huachicol fiscal vinculada al CJNG, según un testigo en EEUU

Un colaborador de la justicia estadounidense describió el supuesto esquema utilizado para introducir combustible de contrabando desde Texas a México

Fiscal eleva a 17 años la petición de cárcel para el hombre que intentó matar a su ex en Vigo y él repite: "No la toqué"

Revés para Álvaro García Ortiz: el Supremo da la razón al novio de Ayuso y obliga al ex fiscal general a asumir las costas de 39.000 euros

La Sala de lo Penal desestima los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado y considera que las actuaciones cuestionadas fueron útiles para la investigación

El Supremo confirma los 39.000 euros de costas impuestas al ex fiscal general del Estado

Un juez dio ultimatum y ordenó a Luz Adriana Camargo justificar el relevo de una fiscal en el caso Álvaro Uribe

El origen de la controversia está en la remoción de una fiscal que tenía lista una imputación de cargos contra otro fiscal. Ese funcionario habría presionado a testigos para que declararan contra el expresidente

El Gobierno aprueba la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales

PSOE y Más Madrid piden ampliar el caso de González Amador a Quirón y un delito fiscal

Podemos no apoyará el decreto de vivienda si incluye "regalos fiscales" a los caseros

Agentes del FBI y fiscales federales toman testimonios para investigar operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos

En pleno desarrollo del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a tomar testimonios sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país, confirmaron a LA NACION dos fuentes con conocimiento directo de lo ocurrido. Los investigadores del Departamento de Justicia buscan comprender cómo operó la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia en Estados Unidos, cómo canalizó cientos de millones de dólares a través de su sistema financiero y si parte de esas operaciones pudo dar lugar a delitos bajo jurisdicción norteamericana.Una de esas reuniones tuvo como protagonista al empresario Guillermo Tofoni. Se realizó la semana pasada por una plataforma de videoconferencia similar a Zoom y se extendió durante tres horas, pudo reconstruir este medio. Del encuentro participaron fiscales y agentes del FBI radicados en Washington DC y Miami, que analizan si determinadas operaciones vinculadas con la AFA pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.Consultado por LA NACION, Tofoni prefirió no confirmar ni desmentir esa reunión reservada desde Miami. Pero según pudo reconstruir este diario, los investigadores estadounidenses buscan testigos con conocimiento directo de lo ocurrido durante la gestión de Tapia y Pablo Toviggino al frente de la AFA y de TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni que administró el cobro de contratos comerciales de la entidad en el exterior.Entre los posibles testigos, los investigadores del Departamento de Justicia también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible sobre la AFA o intervinieron, controlaron o supervisaron sus operaciones durante los últimos años.La investigación preliminar en Estados Unidos comenzó a gestarse durante 2025. Está a cargo de al menos tres fiscales federales: Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, en el distrito Sur de Florida, según reveló LA NACION a fines de mayo.Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos. Ting, incorporado recientemente a esa cartera tras desempeñarse en el estudio Latham & Watkins LLP, participó en investigaciones vinculadas con delitos financieros. Berger, por su parte, se desempeña como abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el distrito Sur de Florida y llevó adelante, entre otros, el caso que terminó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami.Los tres fiscales comenzaron a poner el foco en las actividades de TourProdEnter LLC desde que esa empresa asumió como agente de cobro de los contratos que la AFA firmó con patrocinadores y otras compañías. En particular, procuran reconstruir el recorrido de los fondos administrados por Faroni y su esposa, Erica Gillette, a través del sistema financiero estadounidense.LA NACION consultó formalmente al Departamento de Justicia sobre el estado de la pesquisa que desarrollan los fiscales Gushue, Ting y Berger -que puede incluir requerimientos de documentación a bancos y empresas, además de entrevistas con personas con conocimiento directo o indirecto de las operaciones analizadas-, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.Desde la AFA, en tanto, comenzaron a moverse en Estados Unidos. El denominado "embajador" de la entidad para América del Norte, Tomás Regalado, y el penalista argentino Mariano Lizardo participaron en un foro sobre fútbol, corrupción y justicia que organizó el Interamerican Institute for Democracy, en Miami, el miércoles pasado. Reclamaron respeto por la presunción de inocencia. "Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad", indicó Regalado.Las cuentas de TourProdenterSegún documentación que obtuvo y analizó LA NACION durante los últimos meses y reveló a fines de 2025 y principios de este año, Gillette y Faroni â??exlegislador bonaerense del Frente Renovadorâ?? movieron al menos cientos de millones de dólares a través de cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.A través de esas cuentas, TourProdEnter LLC administró al menos US$260 millones correspondientes a ingresos de la AFA, aunque â??de acuerdo con los registros bancarios analizados por LA NACIONâ?? sólo una parte de esos fondos puede vincularse de manera directa con gastos operativos identificables de la entidad que preside Tapia. Otros US$ 57 millones se distribuyeron entre distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no surge de la documentación relevada por este diario.Entre esas transferencias figuran giros por decenas de millones de dólares hacia sociedades que, según la documentación analizada por LA NACION, no registran una contraprestación identificable y eran controladas por personas que, de acuerdo con registros oficiales consultados por este diario, percibían planes sociales y residían en Bariloche o en la ciudad de Buenos Aires. También aparecen pagos dirigidos a dos sociedades vinculadas con Toviggino y su familia â??SOMA SRL y Cabello SRLâ??, así como a la pareja del dirigente y a integrantes de la familia de un supuesto "guía espiritual" de la selección argentina.Capítulo previoEl interés de las autoridades estadounidenses por las operaciones financieras de la AFA tuvo un antecedente varios meses antes del inicio de esta investigación preliminar, según reconstruyó LA NACION. En septiembre de 2024, el Ministerio de Seguridad, entonces conducido por Patricia Bullrich, transmitió a funcionarios estadounidenses información sobre posibles focos de riesgo vinculados con la entidad deportiva, luego de una reunión mantenida con Tofoni, quien promovió los "discoveries" judiciales que permitieron obtener información bancaria sobre TourProdEnter LLC que, de otro modo, habría permanecido bajo reserva.En aquel momento, los agentes del FBI concluyeron que el conflicto entre Tofoni, Tapia y la AFA no presentaba elementos suficientes para justificar la apertura de una investigación criminal en Estados Unidos. Ese escenario comenzó a modificarse después de que LA NACION revelara, desde fines de diciembre pasado, un entramado de operaciones financieras, bancarias y societarias con eje en el estado de Florida.La investigación periodística mostró que TourProdEnter LLC operó como vehículo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, canalizando cientos de millones de dólares provenientes de multinacionales como Adidas (US$60 millones) y Warner (US$40 millones) durante los años en que la Argentina mantenía fuertes restricciones cambiarias y coexistían múltiples cotizaciones del dólar.De acuerdo con ese contrato, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y Gillette percibió el 30% de todos los ingresos internacionales de la AFA, una vez descontados los impuestos, durante los últimos cuatro años. Además, cobró una comisión equivalente al 10% de los egresos vinculados con la logística de esas operaciones.Esas operaciones forman parte de la documentación que hoy analizan el Departamento de Justicia y el FBI para determinar si corresponde avanzar hacia una investigación penal formal bajo jurisdicción estadounidense.

Guatemala: Sala deja sin efecto órdenes de captura en contra del exjefe la CICIG y otros fiscales anticorrupción

La resolución incluye a otros miembros de la Comisión anticorrupción respaldada por la ONU, así como a la exjefa del MP, Thelma Aldana; y al exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, todos vinculados al caso Odebrecht.

La ANI amplió su denuncia contra Néstor Humberto Martínez por presunto fraude fiscal en el caso Odebrecht

La entidad llevó ante la Fiscalía nuevos señalamientos sobre el exfiscal general, al que le atribuye la estructuración de un modelo legal para reducir tributos y asegurar adjudicaciones en la Ruta del Sol II

Reforma fiscal de República Dominicana no corrige la baja presión tributaria estructural, advierte financiera

La agencia inglesa señala que el paquete legislativo solo compensaría desvíos cíclicos de la recaudación y mantendría pendientes cambios de fondo en exenciones, gravámenes al consumo y ayudas al sector eléctrico

Caso Vialidad: el fiscal Luciani prepara un tercer decomiso de bienes y busca indexar la multa de $685.000 millones

Al cumplirse un año del arresto domiciliario de Cristina Kirchner, el Ministerio Público Fiscal acelera la identificación de estancias, autos y acciones societarias. La Corte Suprema debe definir el remate de la primera tanda de propiedades. Leer más

El Gobierno abre la semana con cambios en Inocencia Fiscal y el ruido del caso Adorni en el Congreso

La Casa Rosada quiere ampliar el régimen para que también puedan adherir grandes contribuyentes, aunque con beneficios limitados. El proyecto forma parte del primer paquete político de la nueva etapa y todavía no empezó a discutirse con los bloques opositores. Leer más

El Gobierno avanza con cambios en inocencia fiscal: la estrategia parlamentaria y el factor Adorni que sigue complicando

Las autoridades nacionales buscan que los grandes contribuyentes puedan acceder también al régimen, pero deberán primero convencer a la oposición

Un exministro, un fiscal, la Dirección de la Guardia Civil y altos cargos de la SEPI: guía de los procesados, imputados o condenados alrededor del Gobierno de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno solo ha reconocido las corruptelas de José Luis Ábalos y cierra filas con su partido y el Ejecutivo a la espera de novedades judiciales, que marcarán los tiempos en lo que resta de legislatura

Informalidad erosiona los fondos de pensiones y debilita la recaudación fiscal en Panamá, aseguran ejecutivos de empresa

El empleo informal es un motor de supervivencia inmediata y para que haya un salto al desarrollo se necesita transformarlo en empleo formal y productivo, afirman los expertos

Gustavo Petro aseguró que el déficit fiscal "está ligado estrechamente" a las ganancias de las empresas más grandes de Colombia

El mandatario propuso que parte de los recursos captados a través de impuestos podría destinarse a salud, educación y reforma agraria, aludiendo a la necesidad de lograr mayor equidad social

El Gobierno quiere limitar el mandato del jefe de los fiscales y ocupar otras 300 vacantes de jueces

El Gobierno se propone de acá fin de año cubrir todas las 300 vacantes de jueces nacionales y federales, incluidas las de la estratégica Cámara Federal de la Capital, los tribunales orales federales y asegurarse con cubrir con postulantes propios el 40 por ciento del Poder Judicial.Pero el ambicioso plan de la Casa Rosada va acompañado por una propuesta sorpresiva: la idea de acortar el mandato del Procurador General de la Nación a dos períodos y terminar así con el carácter vitalicio de su gestión. No está definido si la propuesta será dos períodos de 4 años, dos de 5 o dos de 6, según reconoció una alta fuente legislativa en diálogo con LA NACION. El Presidente aún no tiene definido si avanzará con la integración de las dos vacantes de la Corte Suprema en el segundo semestre o lo dejará para 2028, según reconocieron distintas fuentes del Poder Ejecutivo."Aún no lo tiene resuelto", ratificaron en el Congreso, en referencia al futuro de la Corte Suprema.A pesar de la indefinición, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, visitó hace tres meses a Javier Milei para reforzar la idea de que complete las vacantes con candidatos del Poder Judicial y no de la política. Más aún, para Lorenzetti deben provenir de la justicia federal, porque la Corte es federal y porque las últimas vacantes fueron cubiertas con candidatos de la justicia nacional.La semana pasada volvieron a aparecer sobre la mesa los nombres de candidatos como Mariano Borinsky, la jueza Karina Perilli y Agustina Diaz Cordero, del lado de los jueces, hasta María Ibarzabal Murphy, la titular de la Secretaría de Legal y Técnica y cercana a Santiago Caputo. En paralelo, el Gobierno quiere avanzar con el debate de un proyecto de ley que limite el mandato del Procurador General de la Nación. Actualmente, el cargo es vitalicio, hasta los 75 años, al igual que el de los jueces. Desde 2017, el cargo está vacante y lo ocupa de manera interina, con eficiencia y sin estridencias, el procurador adjunto, Eduardo Casal.En el Gobierno piensan que la entrada en vigor del sistema acusatorio, que fija en manos de los fiscales la investigación de los delitos, dará al Procurador General un poder enorme. Entre sus funciones tiene la facultad de controlar y designar a los fiscales que pueden disponer de la acción penal, es decir, decidir si siguen o no adelante con un caso. "Es mucho poder, la idea es no dejarlo vitalicio, aún no se decidió si se van a plantear la posibilidad de dos mandatos consecutivos de 4 años, de 6 años o de 5 años de duración", dijo a LA NACION una fuente oficial que trabaja en el tema.La danza de nombres para la Corte Suprema reactivó en la oposición la circulación de un viejo proyecto de ley de la senadora Carolina Moisés, que propone que el mandato del Procurador General, en lugar de ser vitalicio, tenga 8 años de mandato, con opción a 4 más. Se mantienen el requisito de los dos tercios de los votos del Senado para su designación.Este proyecto comenzó a circular por despachos de diversos jueces, se comentó su contenido en la Procuración General de la Nación y los operadores políticos que transitan entre el Congreso y los tribunales, llevaron y trajeron esta ofrenda para dialogar. Se transformó en parte de la negociación por el eventual candidato a Procurador General. Todos quieren poner su propio nombre y la posibilidad de atenuar su poder es vista como una forma de facilitar un acuerdo.El oficialismo del Senado puntualiza que actualmente la prioridad en las negociaciones pasa por la reforma política y la eliminación de las PASO. Pero los acuerdos por el futuro de la Justicia están entrelazados en las conversaciones. La presencia de 13 gobernadores en la asunción de Diego Santilli no pasó inadvertida en el Senado y en el Palacio de Justicia. Fue interpretada como señal de sólido apoyo a estas ideas.La otra prioridad -explicaron las fuentes- es cubrir todas las vacantes judiciales de aca a fin de año y tratar cada vez que se abra el Senado entre 20 y 30 pliegos por sesión. La primera sesión está prevista para el 16 de julio y para agosto están citadas próximas audiencias. Hay ya enviados casi 140 pliegos y piensan en el Gobierno mandar los 300 antes de finde año, según dijeron en el Senado y en el Ministerio de Justicia a LA NACION. Esta semana quedó habilitado el envío de los pliegos para cambiar la Cámara Federal. Se cumplieron los plazos de impugnaciones, y se enviarán ahora al Senado, que tras la renuncia de Manuel Adorni, puede sesionar sin riesgo de que todo se convierta en un debate sobre el fantasma de la destitución.Para la Cámara Federal, el Gobierno debe enviar el pliego de sus candidatos para cubrir para cubrir las vacan­tes de los cama­ris­tas Leo­poldo Bru­glia y Pablo Ber­tuzzi.Ambos fue­ron tras­la­da­dos hace diez años por el enton­ces pre­si­dente Mau­ri­cio Macri pero la Corte Suprema anuló esos tras­la­dos y ordenó con­cur­sar los car­gos. Los favo­ri­tos para que el Poder Eje­cu­tivo pro­ponga al Senado son Pablo Yada­rola, alle­gado al minis­tro Juan Bautista Mahi­ques, y el pro­pio Ber­tuzzi o la fis­cal Cecilia Incar­dona para la otra voca­lía. Esta deci­sión corres­ponde al minis­tro de Jus­ti­cia y al Pre­si­dente.El diseño de una nueva Cámara Fede­ral se com­pleta en los pla­nes del Gobierno con la aper­tura de una ter­cera vacante, pues el juez Mar­tín Irur­zun cum­ple 75 años el 18 de julio, en un mes, y su pliego no fue ele­vado por el Poder Eje­cu­tivo al Senado para una revá­lida de su acuerdo.La aprobación de este concurso provocó disgusto en el juez Lorenzetti, no por los candidatos, sino porque junto con Carlos Rosenkrantz propusieron cambiar el reglamento de concursos para hacer más transparentes las designaciones y el asunto quedó congelado en el Consejo de la Magistratura, que encabeza Horacio Rosatti.Lorenzetti y Rosenkrantz seguirán reclamando estos cambios en el reglamento de selección de jueces y pedirán un nuevo Código de Ética de los magistrados: entienden que es una deuda de la Argentina y lo que consideran una atribución de la Corte.La conformación de la nueva Cámara Federal ya está generando debate en tribunales, donde Mariano Llorens aspira a conformar un núcleo de coincidencias con Bertuzzi, Yadarola y Eduardo Farah, dejando aislado a Roberto Boico, que llegó con el apoyo del kirchnerismo. Hasta hablan de "gobernar" las dos salas de la Cámara Federal. Para Boico, quedar en la vereda de enfrente de Llorens es como colocarse una cucarda en el pecho.Las vacantes en Comodoro Py a llenar este año se completan con los juzgados federales, con cuatro lugares, y la Cámara de Casación Penal, con otras cuatro vacantes.Hay un concurso ya corregido para cubrir tres vacantes de la Cámara de Casación, que ahora algunos jueces que quedaron relegados en sus notas quieren hacer revisar por "asesores técnicos". El Consejo de la Magistratura está ocupado con otras cuestiones. Como la mayoría de los mandatos de los consejeros, especialmente de los jueces y abogados, vencen a fin de año, ya están pensando en esas elecciones.Y el presidente de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña planteó su deseo de ser reelecto y presentó una medida cautelar. La ley del Consejo prohíbe la reelección, pero en su interpretación es posible. Su candidatura rompió la lista Bordó de la Asociación de Magistrados que tiene hegemonía en las elecciones de jueces. El juez Andrés Basso, presidente de la Asociación y juez de tribunal oral, tiene sus propias aspiraciones. La interna provocó fisuras entre los jueces que venían ganando las elecciones en los últimos años y controlando ahora el Consejo Directivo. Hay oposición a esta reelección, del kirchnerismo, ya que Vanesa Siley, Mariano Recalde y el diputado Rodolfo Tahilade enviaron una nota a Micaela Soledad Figueredo, secretaria de asuntos jurídicos del Consejo de la Magistratura donde señalan que Barroetaveña "pretende forzar" la ley y que su intención "no tiene sustento normativo", contradice a la Corte y "violenta" las reglas. Se opuso también, desde la otra vereda, María Eugenia Talerico, de Será Justicia. Y el asunto tampoco es bien visto en el seno de la Corte Suprema.

Con críticas al juez, el fiscal pidió desestimar el intento de Martín Insaurralde de apartarlo de la causa

El fiscal que interviene en la causa contra Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y posible lavado, Sergio Mola, le pidió al juez Luis Armella que desestime el intento del exfuncionario bonaerense de correrlo del caso.Lo hizo en un escrito cargado de críticas, con el que buscó rebatir los argumentos del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, y en el que también incluyó reproches al juez, a quien acusa de demorar la investigación. Mola sostuvo que las quejas de Insaurralde â??quien aseguró que el fiscal mantenía un "ensañamiento procesal" contra élâ?? no son más que un intento por condicionar su trabajo. "Asumir la postura del recusante [Insaurralde] implicaría exigir que el fiscal permanezca estático o indiferente ante la hipótesis delictiva planteada", señaló Mola.El fiscal ya había pedido la indagatoria del exfuncionario y de su exesposa, Jesica Cirio. Y después de que apareciera el video de Cirio en un vestidor repleto de fajos de dólares que dio a conocer LA NACION, reclamó la detención de Insaurralde y de la vedette y conductora de TV. Armella rechazó ese pedido por considerarlo prematuro y dejó en su resolución observaciones críticas sobre la actuación de la fiscalía.Uno de los videos de Cirio en los que muestra fajos de dólaresAl pedir el corrimiento del fiscal, Insaurralde sostuvo que el fiscal había "sobreactuado" después de la difusión del video, que impulsó medidas "desproporcionadas" y que su actuación había quedado contaminada por la exposición pública del caso.En su escrito de hoy, el fiscal Mola dijo que la defensa de Insaurralde confunde "la intensidad de la investigación" con una "persecución personal" y sostuvo que sus pedidos responden a la gravedad de los hechos investigados."La indignación social y la alarma que estos hechos provocan no son producto de una 'exposición mediática' generada por esta fiscalía, sino de la obscenidad de las conductas ventiladas: un funcionario público de alta jerarquía retratado en un yate de lujo en el Mediterráneo con su 'acompañante de viaje' [por Sofía Clerici] y la posterior detección de sumas millonarias en dólares asociadas a su entorno familiar inmediato", dice el texto. El fiscal también dedicó varias líneas de su descargo a hablarle a Armella y al anterior juez de la causa, Ernesto Kreplak. Mola remarcó que todos los avances en el expediente fueron gracias a su impulso, pese a pedir, sin ningún éxito, tener el control de la investigación."La actividad investigativa desplegada de oficio por el juzgado ha sido, cuanto menos, prácticamente nula", marcó. "Los magistrados que intervinieron en esta causa han tenido un rol pasivo a la espera de las sugerencias de esta parte", agregó el fiscal. En un escrito anterior, el juez Armella sugirió que la fiscalía era la responsable de algunas filtraciones en el expediente, observación que luego recogió Insaurralde en un planteo propio. Mola dijo hoy que aquella acusación es infundada y sostuvo que la fiscalía era la principal perjudicada de cualquier presunta filtración porque podía poner a los imputados al tanto de las medidas solicitadas. Las diferencias entre el fiscal Mola y el juez Armella respecto al desarrollo de la causa son viejas, pero crecieron al calor de la renovada atención que recibió el caso con el video de Cirio y los dólares que publicó LA NACION hace dos semanas. Mola venía insistiendo desde el año pasado con el pedido de indagatoria de Insaurralde. La indagatoria fue preparada por Mola junto a su colega Diego Velasco de la Procelac, que es la fiscalía especializada en lavado de dinero.Los fiscales imputaron también a la segunda esposa de Insaurralde, Carolina Álvarez, y decidieron incluirla en el peritaje contable que peritos de la Corte pusieron en marcha el año pasado, una medida que está pronta a culminar y será crucial para el desarrollo del caso. Pero el juez Armella entendió que Álvarez no debía ser incluida en la medida y la excluyó del peritaje contable.Luego vendrían las discrepancias respecto a la indagatoria del funcionario y su detención. El último de los contrapuntos entre ambos fue el desatendido pedido del fiscal para allanar las oficinas que Insaurralde visita en el último tiempo para mantener reuniones políticas. Armella es juez de Quilmes y se encuentra subrogando el juzgado donde tramita la causa de Insaurralde. Quien se apresta a desembarcar allí y convertirse en el tercer juez de la causa es Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo y titular de la Dajudeco, cuyo pliego fue seleccionado por el gobierno de Javier Milei y se encamina a ser aprobado en el Senado.

Por orden de la gobernadora Mikie Sherrill y la fiscal general Davenport, lanzan una iniciativa para tomar medidas enérgicas contra los cargos por servicios basura en Nueva Jersey

Nueva Jersey ordenó revisar cargos ocultos o inesperados en los sectores regulados por el estado.La iniciativa busca más transparencia, precios finales claros y nuevas acciones contra prácticas engañosas.

Raúl Ramírez, un fiscal de Narcotráfico en el limbo al que le rechazaron la jubilación de privilegio

Su cargo, que abarcaba todo el corredor de Punilla en materia narcocriminal, tiene ahora otros dos fiscales del fuero para Cruz del Eje y Carlos Paz. A pesar de la gravedad de los hechos investigados desde hace tres años ningún legislador lo denunció ante el Jury. Acusación le acaban de dictar falta de mérito. Leer más

Yategate: con una fuerte acusación, el fiscal rechazó el pedido de Martín Insaurralde para que lo separen de la causa

Sergio Mola acusó a la defensa del ex intendente de querer "debilitar" la investigación para garantizar "impunidad".

Fiscal de la Nación señala por qué le quitó su confianza a Germán Juárez Atoche y por qué hoy está suspendido de sus funciones

El fiscal de la Nación explicó que un reportaje y dos imputaciones, entre ellas la supuesta adulteración de un expediente, motivaron el quiebre de respaldo a Atoche y profundizaron la crisis en el Ministerio Público

PP y Vox revelan en Andalucía las cartas para un futuro Gobierno central: freno a la inmigración, prioridad nacional, rebajas fiscales y oposición al Pacto Verde

Los cuatro pactos autonómicos firmados entre ambas formaciones comparten un mismo núcleo ideológico que anticipa las aspiraciones de llegar juntos al Gobierno central en las próximas elecciones

El fiscal Sergio Mola pidió rechazar la recusación presentada por Martín Insaurralde en la causa por enriquecimiento ilícito

La defensa del ex jefe de Gabinete bonaerense buscó apartarlo de la investigación. El expediente analiza presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos y se reactivó tras la aparición de nuevos videos. Leer más

La caída de la recaudación reaviva el debate por la reforma de Inocencia Fiscal

En base a la explicación del tributarista, "hay una contraposición de intereses entre la voluntad de esta administración de favorecer la performance de las compañías, pero obviamente esto genera que el Estado resienta sus ingresos". Leer más

Tres décadas después de ser echado por los Kirchner: Eduardo Sosa asumió como jefe de los fiscales de Santa Cruz

Fue una reivindicación demorada. Pero al fin se hizo realidad. Eduardo Sosa asumió este viernes como procurador general de Justicia de Santa Cruz, 33 años después de haber sido echado por el kirchnerismo ante la imposibilidad de controlarlo.La ceremonia de la jura se realizó en la sede del Tribunal Superior de Justicia y estuvo encabezada por su titular, Gabriel Contreras Agüero."Voy a aportar lo mejor, espero estar a la altura de la circunstancia", expresó Sosa tras la asunción.El control de la justicia fue una de las obsesiones de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. El ejemplo más vívido lo representa Sosa, quien fue arrancado de su cargo en 1995, en la génesis del disciplinamiento del poder judicial que extendería el kirchnerismo en su historia.El camino para el regreso de Sosa lo inició el gobernador Claudio Vidal, quien envió a la Legislatura un proyecto para restaurar el cargo de Procurador General de Justicia disuelto por una ley impulsada por Néstor y Cristina Kirchner. Sosa representa una historia de tres décadas de perseverancia, a la espera de una reivindicación."Esta iniciativa es simbólica e institucional, porque repara un agravio constitucional, la reparación personal es la que menos importa", afirma Sosa a LA NACION, sin perder el tono moderado de sus palabras.Sosa ejerció funciones al frente de la Procuradoría General de Justicia entre 1990 y 1995, cuando una reforma judicial -promovida por Néstor Kirchner con el aval de los diputados justicialistas encabezados por Cristina Kirchner,- desdobló el cargo en dos para dejar afuera a Sosa. Sin poder controlarlo, el procurador era un obstáculo para la construcción de poder de Kirchner.El abogado llevó su causa hasta la Corte Suprema, que ordenó en numerosas oportunidades la reposición en su cargo, pero el Gobierno de Santa Cruz nunca acató el fallo. La provincia desobedeció un fallo de la Corte Suprema y se puso fuera de la legalidad. La Corte Suprema hizo responsable al entonces gobernador Daniel Peralta. Se lo intimó para que cumpla la disposición en un plazo inferior a los 30 días. No lo hizo. Los Kirchner no dieron el brazo a torcer. A Peralta, la Justicia le inició una causa y terminó con una condena. Peralta es actualmente miembro de la Legislatura de Santa Cruz, se alejó del kirchnerismo, tiene bloque propio y su voto puede ser decisivo. El 14 de septiembre de 2010, la Corte Suprema volvió a ordenar al gobernador a que reponga a Sosa.Para Kirchner, el caso se había transformado en algo personal. En un desafío a la justicia, encabezó un acto en el gimnasio del Boxing Club de Río Gallegos para oponerse a la orden de la Corte Suprema y retrucaba que se promovía una intervención federal. Nunca ocurrió.Allí, Kirchner, subió al escenario a 14 gobernadores peronistas que viajaron hasta la capital santacruceña: fue el 9 de octubre de 2010, el último acto multitudinario antes de su muerte. La provincia nunca cumplió la orden de la Corte Suprema y el kirchnerismo siguió firme en el poder provincial hasta 2023.Un pedido de disculpasEn estos treinta años, Sosa continuó con su vida, mientras seguía los avatares de la causa y ejercía la abogacía de manera privada.Nunca perdió la moderación en sus declaraciones, a pesar de los fallos a su favor y la negativa del poder político a reparar la injusticia. Siempre apostó al camino institucional. Del proyecto para restituirlo se enteró por los diarios, pero hubo un gesto del actual gobernador que lo puso sobre aviso. Unos días antes que asumiera en el cargo, el entonces gobernador electo, lo contactó para una reunión y le pidió disculpas, en nombre del pasado. "El me manifestó su voluntad de reparar las deficiencias y me pidió disculpas en nombre del cargo que iba a asumir, por el daño que me habían hecho; yo le dije que, en caso que se produjera una vacante en el cargo del que me habían expulsado, yo aceptaría para participar de esta reparación institucional", detalló Sosa. Esas disculpas quedaron asentadas en los fundamentos del proyecto presentado el viernes y que se tratará este lunes: "El atropello institucional contra la figura del Procurador General, iniciado con la Ley 2404 que dispuso el cese de funciones del doctor Sosa, al desdoblar su competencia, no podía ser reparado con una mera indemnización, sino que requería el restablecimiento del orden institucional afectado", sostiene. Y agrega: "Este proyecto de ley subsana el vicio de origen que causó el perjuicio al doctor Sosa y al rol institucional de la Procuración, dotando a este cargo de la autoridad y estabilidad necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial".

Técnicos de Hacienda ven novedoso que AEAT inspeccione a investigados por delitos fiscales