Gertz Manero presentó su dimisión ante el Senado, adelantando su salida antes de 2028 tras ser propuesto como embajador
Se espera que el Senado apruebe la dimisión del fiscal
La resolución de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el límite de sesenta días impuesto a la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña. Un fallo que restituye principios básicos y devuelve aire a una causa que sigue abierta. Leer más
La reestructuración dejó a las autoridades con menos recursos para enfrentar delitos graves, mientras la delincuencia común aprovecha la falta de equipos especializados para operar con mayor impunidad
A casi dos años de la desaparición del menor, 17 imputados irán al banquillo. Esta es la historia real, cruda y completa de cómo la causa llegó al juicio oral federal. Leer más
En cuanto a la información del analista político, "se aprobó en ambas cámaras la ley fiscal y el presupuesto 2026, aunque con objeciones, y no se aprobó, se postergó para viernes el tratamiento del endeudamiento". Leer más
Se la señala como "destinataria final" de esos pagos. El debate oral se reanudó con la lectura del requerimiento fiscal en lo referido a la imputación puntual contra la ex presidenta y cada uno de los demás juzgados
Se prevé que ambas reuniones se lleven a cabo a las 10:00 horas
En el cierre de año de las cuatro cadenas de los principales cultivos, esto es la soja, el maíz, el trigo y el girasol, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, pidió a los productores redoblar la apuesta en la siembra para la nueva campaña con la promesa de que se va a "cosechar en un país mejor". El funcionario destacó que se están "enderezando las variables" para devolverle al agro su rol de potencia, aunque reconoció la complejidad climática que alterna inundaciones y sequía en distintas zonas del país. Antes de las palabras del funcionario, las cadenas agrícolas resaltaron su importancia dentro de la economía del país y recordaron que en 2024 aportaron el 24% del PBI argentino. Pidieron una reforma fiscal y "previsibilidad" en el camino de una "reducción progresiva" de las retenciones.Iraeta agradeció a las cuatro cadenas por el esfuerzo y el trabajo realizado durante la campaña, un aporte que, remarcó, se percibe en el campo, en la producción y en el interés por seguir empujando desde la Secretaría. "Quiero agradecer el trabajo de todos los integrantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que todos los días se levantan para hacer lo posible para que el agro argentino vuelva a ser lo que fue alguna vez: una potencia, la potencia que sacó a la Argentina en su momento del atraso y que la va a volver a sacar [del discurso]", planteó."Absolutamente necesario": la Federación de Acopiadores de Granos reclamó un cronograma para eliminar las retenciones"Se están enderezando las variables necesarias para que no solo el agro, sino todas las actividades productivas de la Argentina, se enmarquen en un cuadro de normalidad, que es a donde nos estamos encaminando, y que dentro de ese cuadro el agro sea uno de los principales protagonistas", agregó. El funcionario agradeció no solo a los presentes en el salón principal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, sino a los productores agropecuarios: "Les agradezco a los productores y, a toda la cadena, los invito a seguir sembrando a los que están sembrando; a cosechar trigo, a los que están pudiendo cosechar. Como les dije al inicio de esta campaña, que está â??entre comillasâ?? culminando este año: siempre sigan sembrando, porque vamos a cosechar en un país mejor".Planteó que hablar "del campo" como un todo siempre es engañoso, ya que mientras una región pide asistencia por inundaciones, otra sufre sequía. "El otro día estábamos en la Comisión de Emergencia y, a la par que estás firmando [una emergencia agropecuaria] por una zona que está inundada, estás firmando por una a la que le falta agua y que está atravesando un proceso de sequía. Es complejo hablar del campo, pero como somos del campo y lo entendemos, entendemos que tenemos que seguir para adelante, que tenemos que seguir sembrando, que tenemos que seguir apostando", sintetizó.Planteos de las cadenasEn tanto, durante el discurso de las cuatro cadenas, representadas por Acsoja, Argentrigo, Asagir y Maizar, Rodolfo Rossi, presidente de la cadena de la soja, recordó que en el sector exportador la agroindustria representó el 61% de las ventas al exterior del país en 2024, con un crecimiento del 25% sobre 2023, afectado por la sequía, siendo las cuatro cadenas el 40% del total. Según enumeró, de los US$79.000 millones exportados por todo concepto, US$48.370 millones correspondieron a la cadena agroindustrial en su conjunto. Y las cuatro cadenas en particular representaron US$31.000 millones, siendo el aporte por derechos de exportación de US$5900 millones, un 90% de lo que se recauda en ese rubro. "Las exportaciones agroindustriales llegaron a US$41.817 millones en los primeros 10 meses de este año y el próximo bimestre promete llegar a una cifra superior. El trabajo que generan las cuatro cadenas es el 28% de los 4 millones del empleo total del sector, lo que demuestra que somos un motor de empleo de sentido federal", dijo. Rossi señaló que hoy tienen a los derechos de exportación como el principal "condicionante" para el desarrollo productivo. Hay capacidad ociosa desde el sector de la producción a la industria exportadora. "Vimos cómo una muy buena decisión la baja de los derechos de exportación en enero, que en el caso de la soja fue del 33% al 26% y luego en septiembre al 0% para todos, por un periodo efectivo para el objetivo del Gobierno, pero muy corto. Sin embargo, lo que solicitamos es previsibilidad que evite los imprevistos en el camino de una reducción progresiva y efectiva, que no quite transparencia al mercado y que permita actuar con las valiosas herramientas comerciales. En consecuencia, seguramente las inversiones se concretarán", dijo.Las cadenas, además, propusieron una reforma fiscal "que deje de castigar la producción y premie la inversión, la innovación y el arraigo. Un régimen que, además de promocionar grandes inversiones, fomente las inversiones pymes que resultará en un enorme efecto expansivo en la producción y el empleo, y en la sostenibilidad de nuestro crecimiento".Entre otros puntos, manifestaron la necesidad de un plan de infraestructura: caminos rurales, rutas, puertos, conectividad, energía. Según mencionó Rossi, "sin logística el desarrollo es solo una idea. Apoyamos el proceso de licitación de la hidrovía, a un calado de 40 pies de salida y con los correspondientes estudios de impacto ambiental, en el marco de una concesión privada y a riesgo empresario. La puesta en valor de los ferrocarriles licitando todas las líneas en sucesivos procesos con acceso abierto y tarifas competitivas, única forma de colaborar con las zonas alejadas de los puertos"."Proponemos que, finalmente, con un trabajo colaborativo, tengamos una ley de propiedad intelectual en semillas actualizada que proteja el conocimiento y garantice reglas claras para que los obtentores inviertan más en mejoramiento genético y biotecnología, y que permita la adopción de esos logros", agregó Rossi.
Con el aplazamiento del proyecto de financiamiento, el oficialismo consiguió más tiempo para negociar con la oposición por sitios en el directorio del Banco Provincia y otros organismos públicos; además, le permitirá seguir las conversaciones con los intendentes por los fondos para hacer obra pública en los municipios. Leer más
En la última audiencia se terminaron de leer las declaraciones de los arrepentidos. Leer más
Este documento se puede obtener de manera gratuita y se puede realizar de manera presencial o remota
Consiguió la mayoría simple en la Cámara baja para votar dos de las tres leyes del paquete económico. Sin embargo, lo que más requería el mandatario es la ley de financiamiento que se discutiría la próxima semana. Sigue el debate en el Senado
El profesor e investigador full time de la Ucema, Jorge Avila, revisa la marcha fiscal y monetaria del gobierno libertario.Encuentra que los resultados del plan de estabilización son notables.Y profundiza en la "literal desaparición de la deuda cuasi fiscal, primero en la forma de letras de liquidez en cabeza del BCRA y después en la forma de letras fiscales en cabeza del Tesoro nacional".
El documento señala que Lucy Laborde, representante del ente acusador, habría incurrido en una violación de sus deberes funcionales
CÓRDOBA.- Hace 19 años, un asesino al que la Justicia no consiguió aún ponerle nombre y apellido de forma definitiva segó la vida de Nora Dalmasso en uno de los dormitorios de su casa del barrio cerrado Villa Golf, de Río Cuarto. La causa parece encaminarse inexorablemente hacia su cierre definitivo y la impunidad. Pero la familia Macarrón no está dispuesta a bajar los brazos. Mientras esperan la resolución de la apelación que presentaron por el sobreseimiento del último acusado, el parquetero Roberto Barzola, quien trabajaba en el pulido y plastificado de los pisos de la vivienda de la familia cuando Nora estaba sola y se produjo el femicidio, el viudo Marcelo Macarrón y sus hijos, Facundo y Valentina, tienen puesta su expectativa en el próximo martes, cuando se resolverá si habrá un jury de enjuiciamiento contra los tres primeros fiscales del caso. Los fiscales que podrían enfrenar el proceso de destitución son Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Los tres ya presentaron por escrito, por derecho propio y sin asistencia de abogados, su descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Córdoba. El próximo 2 de diciembre, a las 10.30, se definirá la situación. Una vez tomada la decisión, se la notificará al fiscal General, Juan Manuel Delgado, para que, eventualmente, formule la acusación. En caso de que avance en esa dirección (Delgado tiene 30 días para resolverlo), el paso siguiente será la audiencia con testimonios y pruebas. Después, el jury, integrado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás, Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti, resolverá.Los fiscales denunciados actuaron entre el 26 de noviembre de 2006, cuando Dalmasso fue violada y asesinada, y 2022, cuando Pizarro elevó a juicio la causa con Marcelo Macarrón acusado de ser el supuesto ideólogo del crimen.La noche del sábado 25 de noviembre de 2006, Dalmasso cenó con unas amigas que señalaron que Nora estuvo siempre atenta a su teléfono móvil y, terminada la reunión, les dijo que regresaba a su casa. "No me molesten en todo el fin de semana", les señaló. El día anterior, su marido había viajado a Punta del Este con amigos para participar de un torneo de golf, que ganó. Su hijo mayor, Facundo, estaba en la capital provincial, donde estudiaba, y su hija menor, Valentina, estaba en los Estados Unidos, en un viaje de intercambio.El domingo, un vecino la encontró muerta sobre la cama de su hija, Valentina. Nora tenía el cinto de la bata atado al cuello y estaba desnuda. Por la escena del crimen pasaron más de 20 personas; obviamente, la alteraron. La primera hipótesis apuntó a la muerte como epílogo de un juego sexual. Empezaron a circular nombres de supuestos amantes de la mujer.La autopsia reveló que Dalmasso fue estrangulada con doble lazo y dos nudos, que había tenido sexo consentido (tenía lesiones vaginales y anales) y que el asesino la había golpeado en el pecho, la cabeza y el codo. La había inmovilizado.Ese fin de semana, su marido Marcelo Macarrón jugaba un torneo de golf, que ganó, en Punta del Este; Valentina estaba en los Estados Unidos y su hijo Facundo estaba en la ciudad de Córdoba, donde estudiaba.Sucesión de fiscales Di Santo dejó el caso en 2015. Cuando lo hizo reivindicó su actuación al frente de la investigación. "Puesta en sospecha mi imparcialidad con la interposición de una denuncia (â?¦), en miras a garantizar su total transparencia, me veo en la obligación de no seguir entendiendo en lo relacionado al homicidio de Nora Raquel Dalmasso", planteó después de que el Observatorio de Derechos Humanos de Río Cuarto pusiera en duda su accionar.El fiscal tuvo tres imputados al mismo tiempo: Rafael Magnasco, Gastón Zárate y Facundo Macarrón; todos estaban acusados de asesinar a Nora Dalmasso aunque por diferentes motivos. Sobre el primero pesó una "sospecha leve" por haber sido amante de la víctima. En el juicio al viudo dijo que esa versión fue armada para "inculparlo".Zárate, quien estaba haciendo un trabajo de pintura en la casa de Dalmasso, fue detenido y la comunidad de Río Cuarto se movilizó para defenderlo. La marcha quedó en la memoria popular como "el Perejilazo". Ahora está preso por matar a un hombre a golpes.Cuando Zárate fue liberado, Di Santo enfocó sus sospechas en el hijo de la víctima. Facundo Macarrón quedó en la mira porque el ADN encontrado en el cuerpo de la mujer y en el cinto de la bata era de un Macarrón. Fue imputado en junio del 2007 pero no quedó preso porque el mismo fiscal entendió que no había pruebas suficientes. En 2012 fue sobreseído por el juez de Control de Río Cuarto, Daniel Muñoz.Á fines del año pasado, cuando Bárzola todavía estaba imputado, le dijo a La Voz que pedía a la comunidad "que todo el sufrimiento de mamá, de los que la amamos, todo el sufrimiento indirecto que causó la mala investigación, no haya sido en vano. Que nos acompañe, que esto no quede impune. La causa tiene mucho que enseñarnos como sociedad. Si sucede otro crimen así, que se hagan las cosas bien, que se siga un protocolo, que maduremos en no tener prejuicios rápidos, que no nos alimentemos del morbo, del sufrimiento de la vida privada de cada persona. Que dejemos los egos de lado para que podamos hacer las cosas bien. Los intereses personales, desde políticos hasta judiciales y mediáticos, encarajinaron todo".A Di Santo le siguió el fiscal Miralles, quien en marzo de 2016 imputó al viudo, Marcelo Macarrón, por el homicidio sobre la base de las pruebas de ADN; creía que el viudo había hecho un viaje relámpago desde Punta del Este hasta Río Cuarto, mantuvo relaciones con su mujer y la mató. Después, volvió a Uruguay a jugar al golf y ganó el torneo. En 2017 renunció después de que la defensa de Macarrón pidiera su apartamiento. "La presencia genética del imputado es muy grande en la escena del crimen, lo que lo coloca como el principal sospechoso", dijo horas antes de dejar el caso.En setiembre de 2019, fue Pizarro quien elevó la causa a juicio. Un año antes agravó la acusación contra el viudo. Sostuvo que fue el instigador del crimen y que contrató a alguien para que matara a su esposa. Así, Marcelo Macarrón llegó al proceso por jurados populares imputado de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria.En julio del 2022 un jurado popular absolvió a Marcelo Macarrón. La Justicia reconoció a la mujer como "víctima de violencia de género", pero el crimen quedó impune. El dictamen no podía ser otro después de que, en el proceso, el fiscal de Cámara Julio Rivero dijo que no había elementos para acusar al viudo.A finales del año pasado, comenzó otro capítulo en la historia. El fiscal Pablo Jávega, en una nueva etapa de la investigación, imputó a Bárzola, un pulidor de pisos que había trabajado en la casa, tras encontrar perfiles genéticos suyos en el cinturón de la bata con la que se asfixió a Nora Dalmasso. Hace poco más de un mes la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2a. Nominación de Río Cuarto decretó el sobreseimiento total por prescripción. Pedido de juryEn abril de este año, los abogados de Marcelo Macarrón y sus hijos presentar un escrito en la Legislatura cordobesa para pedir el jury de enjuiciamiento y la destitución de los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro. En el texto consideran que, "pese a contar con elementos probatorios más que suficientes" para sospechar de Bárzola "decidieron dejarlo totalmente de lado" y "optaron por encarnizarse en contra de la familia de la víctima".Consideran que los tres funcionarios judiciales "incurrieron en violencia institucional" y que, por el tiempo transcurrido, pusieron el riesgo la condena de Bárzola, "a quien los análisis genéticos, que ellos injustificadamente se negaron a realizar, recientemente vinieron a ratificar que sería el culpable"."Hay muchas notas de Marcelo Brito, ex abogado de Facundo Macarrón, pidiendo en 2007 que se investigue a los parquetistas, pero nunca se hizo, y bueno, acá estamos con el tema de la prescripción", planteó al momento de la presentación Mariángeles Mussolini, abogada que lleva el tema junto con Gustavo Liebau.
La fiscal indicó que la Corte Constitucional dispone una excepción a la suspensión de órdenes de captura en el contexto de negociaciones de paz
De aprobarse en el pleno, Espinoza no podrá regresar al Ministerio Público. Ella denunció una venganza política de parte de algunos congresistas
El organismo internacional recomienda ampliar el periodo de cómputo a 35 años y ligar a la esperanza de vida las prestaciones de los jubilados para garantizar la sotenibilidad del sistema
Tanto los vocales progresistas como los conservadores han defendido su idoneidad al frente del Ministerio Público
La expresidenta mostró un video con un audio de 2020 donde Fabián Gutiérrez, su exsecretario privado, cuenta que lo amenazaban con meter presas a su madre y a su hermana si no declaraba en contra de su exjefa. Leer más
Por primera vez el viudo Marcelo Macarrón y sus hijos están en posición de acusar.Los frentes son dos: el jury contra los tres fiscales que llevaron el caso y la causa contra el parquetista Roberto Bárzola, hasta ahora sobreseído por prescripción.
En el material incautado a las disidencias de las Farc se encontró información que compromete al Gobierno, al DNI y al Ejército Nacional
El contralor Carlos Hernán Rodríguez expresó una fuerte crítica por la falta de supervisión en el manejo de estos recursos públicos, especialmente debido al gasto superior a $213 millones en combustible en los vuelos injustificados
Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro presentaron su descargo "por derecho propio", es decir sin abogado defensor. El martes próximo a las 10,30 se reunirá el Jurado. Es la primera vez que se tramita una denuncia múltiple. Leer más
La representante señala que la relación entre la Fiscalía, el Ejecutivo y grupos criminales se ha visto reflejada en declaraciones públicas y en la percepción de autoridades regionales
Según la denuncia, la fiscal había obtenido pruebas de los presuntos nexos con las disidencias desde hace dos años, pero sin que su adelantaran las investigaciones requeridas
El organismo de control concluyó que la exfuncionaria del Ministerio del Interior usó aviones de la Policía sin justificación, vulneró las reglas del convenio interinstitucional y generó perjuicio al patrimonio público
Germán Vera Tapia, fiscal que investiga el vuelco del micro que iba a un encuentro político en Mar del Plata, dialogó con LN+, donde brindó detalles de la causa. "Mano a Mar del Plata, la ruta está tranquila e imagino que a la mañana estaría aún más tranquila. No descartamos nada", indicó, consultado acerca de las hipótesis que motivaron el hecho.El fiscal remarcó que, hasta entonces, hay dos hipótesis: la primera es la que el chofer le dio a la Policía que llegó al lugar por la mañana. Según dijo, un auto que iba delante suyo hizo una mala maniobra y él perdió el control de la unidad. Al respecto, continuó: "La otra versión que tengo, que me está dando Científica de forma preliminar, es que siguió derecho en la curva y el vuelco se produce en un zanjón, no en la cinta asfáltica. Esta última es la hipótesis es la más fuerte que tengo con lo que estoy viendo acá en el lugar del hecho, no sé si se durmió o si venía con el teléfono. Si no participó un tercero, la responsabilidad sería de él".La palabra del fiscal Los resultados de alcoholemia de los choferes"El chofer está en calidad de aprehendido, al menos hasta mañana cuando presté declaración en la fiscalía. El delito es homicidio culposo agravado por la condición de un vehículo con motor calificado por más de una muerte. Es todo preliminar y mañana veremos si da alguna versión de los hechos, y si eso se puede contrastar con la prueba que la Policía Científica está juntando en el lugar", explicó.En cuanto a los exámenes de alcoholemia que se les realizaron a ambos choferes que estaban a cargo de la unidad, el fiscal precisó: "Los resultados de alcoholemia de ambos choferes dieron negativo. Se ordenó extracción sanguínea para exámenes toxicológicos y demás, por las dudas". Y añadió: "En principio, no tenían ningún impedimento y los papeles estarían en regla. Solo está aprehendido el que conducía. Dijo que había un auto adelante que hizo una mala maniobra, pero tampoco sabemos a quién le dio esa versión".Las hipótesis del hechoLa hipotesis principal del caso"Mano a Mar del Plata, la ruta está tranquila e imagino que a la mañana estaría aún más tranquila. No descartamos nada. Hay carpinchos que cruzan la ruta, el otro día hubo un accidente por ellos. No creo que haya sido este el caso, pero todo se va a investigar", aseguró Vera Tapia, en la misma línea.Por último, afirmó que uno de los muertos viajaba en la parte baja del micro, al tiempo que sostuvo: "El colectivo va a ser removido en cualquier momento, debe estar por llegar la grúa".
La agencia porteña comunicó que continúa vigente el mecanismo para regularizar obligaciones vencidas, con alternativas de pago al contado y planes extendidos, además de un sistema digital diseñado para simplificar cada paso del trámite
Un cuarto de los vehículos sustraídos en la provincia pertenece a la marca japonesa. Los códigos globales de seguridad, la irrupción de dispositivos como el Flipper Zero y un mercado negro explican el fenómeno. La Policía recomienda sumar medidas mecánicas como traba volante, traba pedal y corta corriente. Leer más
Nacida el 12 de noviembre de 1962 en Salamanca, ingresó en la carrera fiscal a finales de los años ochenta, lo que ha permitido que acumule más de tres décadas de experiencia
Tiene una amplia trayectoria especialmente en materia de lucha contra la violencia de género, y es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia
El documento enviado a la Comisión de Acusación revela inconsistencias en los registros oficiales, demoras superiores a tres años y un alto número de archivos sin explicación suficiente
Se trata de James Comey y Letitia James, dos destacados opositores al presidente.La jueza Cameron Currie desestimó ambos casos con el argumento de que la fiscal designada por el jefe de la Casa Blanca que presentó los cargos, Lindsey Halligan, fue nombrada de manera ilegal.
El presidente no solo lanzó un ataque directo contra Andrés Julián Rendón, sino que afirmó que las disidencias de las Farc son resultado del "uribismo", con lo que intentó trasladar la discusión hacia ese señalamiento
Estuvieron hasta octubre de 2022 ocupando tierras públicas y predios privados. Fueron desalojados, pero la Justicia los autorizó a regresar, cada vez que quieran, para poner en práctica sus rituales. Indignación de los vecinos, muchos de ellos afectados por atentados mapuches
Restarle determinados montos al ingreso (salario, jubilación o facturación) sobre el cual se calcula Ganancias es el mecanismo que define quiénes se ven alcanzados por el impuesto y cuánto le pagan al fisco. La "ganancia no imponible" y la "deducción especial" son los dos conceptos incluidos en la ley que indican cuál es el importe libre del tributo, a los cuales se agregan eventualmente importes por las cargas por familia o por ciertos gastos que, al ser formalmente declarados, generan un alivio en la carga fiscal.Mientras que aún no se conocen más que trascendidos o algunos lineamientos de la reforma tributaria que propondría el Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló días atrás que una de los cambios pasaría por ampliar las posibilidades de deducir gastos en el impuesto. El nuevo esquema le permitiría "a cualquiera que pague Ganancias deducir desde una cafetera hasta la cuota que paga de un crédito hipotecario", señaló el funcionario, sin que después se conocieran precisiones.En parte, se trataría de la actualización de un sistema que tiene varios de sus números en el olvido. Por ejemplo, los intereses de un crédito hipotecario pueden considerarse solo si la operación es para la compra de vivienda y hasta un tope de $20.000 anuales, una cifra vigente hace décadas, que hace que la deducción sea insignificante.Los gastos hoy deducibles, con sus límites en cuanto a los montos que se descuentan son, en líneas generales, los provenientes del alquiler de la vivienda; los salarios y contribuciones del servicio doméstico; las cuotas de medicina prepaga; los honorarios médicos; las donaciones al fisco o a instituciones que cumplen ciertas condiciones; los seguros de vida y retiro; las cuotas de instituciones educativas y compras de útiles para la educación de los hijos, y la adquisición de indumentaria o equipamiento para uso en el lugar de trabajo. Solo simbólicamente, dada la desactualización de los los montos, pueden deducirse intereses de créditos hipotecarios y gastos de sepelio. Y sin tope, aportes a Sociedades de Garantía Recíproca, con la condición de que el dinero se mantenga allí al menos por dos años. En las últimas décadas, la inflación y diferentes políticas adoptadas fueron deteriorando el esquema general de Ganancias y, en particular, los topes deducibles (desde hace unos años, algunos tienen actualización automática). Eso afectó, en definitiva, la medición de la capacidad contributiva de las personas. El monto que para todos es considerado libre del impuesto, según la ley, "no es representativo hoy del costo de vivir dignamente", afirma el contador Martín Caranta, socio del estudio Lisicki, Litvin y Abelovich. A eso se suma que existe "una discriminación arbitraria entre empleados y autónomos". En el caso del segundo grupo, se tributa a partir de ingresos más bajos, a la vez que es más flexible la posibilidad de hacer deducciones. Según describe el abogado tributarista Diego Fraga, para los asalariados hay un listado taxativo de deducciones posibles. "En autónomos hay más flexibilidad -agrega-, y esa es la excusa que se usó para beneficiar menos a este grupo con reformas" que hubo en los últimos años.Las deducciones antes mencionadas son válidas tanto para empleados dependientes como para autónomos. Los del segundo grupo pueden, además, deducir compras de bienes necesarios para obtener sus ingresos y sobre eso hay, según define Fraga, una "mirada desconfiada de parte de ARCA", que deriva en conflictos a resolver por el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN).Según el abogado, lo decidido por el TFN en algunos expedientes debería ser incorporado a la ley. Hubo causas emblemáticas, como la de Magdalena Ruiz Guiñazú, en las que se ordenó admitir como deducibles gastos respecto de los cuales queda demostrada su vinculación con las tareas generadoras del ingreso. En la opinión de la contadora Fernanda Laiún, del estudio Laiún, Fernández Sabella & Smudt, el hecho de que las deducciones sean menos para asalariados que para autónomos es "injusto". Su propuesta es que se admita una deducción "de hasta 20% o 30% del sueldo bruto por gastos de cualquier naturaleza hechos en la Argentina, que se hayan pagado con algún medio electrónico". Además, Laiún considera conveniente eliminar algunos topes; por ejemplo, el de la deducción por seguros de retiro (que por todo 2025 es de $573.817,13); el de gastos por la educación de los hijos (de $1.803.002 este año), y el de pagos al personal de casas particulares (en 2025, de poco más de $4,5 millones).Por su parte, Fraga considera que la ley debería establecer claramente la posibilidad de deducir los siguientes gastos: transporte al y desde el trabajo; alquiler de la vivienda de una manera "más potente" que la actual; intereses de hipotecas para vivienda, y adquisición de herramientas y equipamiento, como PC, celular, software, licencias y suscripciones técnicas a plataformas digitales.El abogado suma al listado los gastos de home office (monto proporcional del costo de las expensas y los servicios); los costos de cursos, congresos y posgrados; los servicios de cuidado y asistencia a niños, adultos mayores y personas con discapacidad; los aportes voluntarios a obras filantrópicas auditadas; los tratamientos de salud mental necesarios para sostener la capacidad laboral, y los aportes a sistemas de retiro o ahorro previsional de una forma más amplia que la ahora prevista.Sobre este último punto, Caranta advierte que los topes deducibles actuales son "realmente exiguos". Las deducciones por instrumentos de ahorro de largo plazo son, conceptualmente, una manera de incentivar que contraten seguros o hagan determinadas inversiones quienes tienen capacidad de ahorro y, a la vez, la expectativa de recibir una jubilación muy inferior a los salarios recibidos en la vida activa.Caranta recuerda también que por gastos de sepelio -del propio contribuyente o de personas declaradas a su cargo- la cifra deducible está en $996,23 por año, una cifra que califica como "un insulto". Según su opinión debería eliminarse el tope de lo deducible por la medicina prepaga -es el 5% del ingreso neto- y elevarse a por lo menos $20 millones el de intereses por créditos hipotecarios, sobre todo cuando "se está incentivando el crédito en el sector privado".Los aportes obligatorios a la seguridad social se deducen automáticamente del ingreso de los asalariados, en tanto que los familiares a cargo deben ser declarados en un formulario. A diferencia de años atrás, cuando el listado era más amplio, hoy es posible deducir hijos menores de 18 años o incapacitados para el trabajo, y cónyuge si se cumplen las condiciones (por ejemplo, que prácticamente no tenga ingresos propios).Como aún no está claro cuál sería la propuesta integral del Gobierno en materia tributaria, no se conoce en qué esquema se insertaría eventualmente una ampliación de las deducciones (si, por ejemplo, se bajaría el ingreso piso para tributar, lo que llevaría a un esquema más dependiente de las declaraciones de gastos).Si bien dice estar de acuerdo en que se habiliten todas las deducciones de gastos relacionados con la actividad "para que se mida la verdadera capacidad contributiva", Fraga aclara que cree que la cuestión no es prioritaria. "No me parece que sea la reforma más urgente -concluye-. Hay muchos impuestos que tocar antes y, dentro de Ganancias mismo, el tema de las alícuotas a cargo de las sociedades es uno de ellos; en el sistema tributario hay mucho que reformar."
Expertos en impuestos analizaron cómo afecta la recaudación provincial a comercios e industrias que operan bajo un régimen de cobros anticipados y retenciones sistemáticas
El fiscal federal de Chaco Patricio Sabadini quedó bajo la lupa de la Justicia y del otro lado del mostrador. Un contador, detenido y a la espera de juicio oral acusado de haber liderado una megausina de facturas truchas, lo denunció por presunto encubrimiento agravado y omisión de deberes, al sostener que Sabadini habría ocultado pruebas que vinculaban a dos familiares directos suyos con la operatoria bajo sospecha y con maniobras de presunto lavado de activos y evasión tributaria.El acusador es Walter Antonio Pasko, procesado como presunto jefe de una asociación ilícita fiscal que facilitó la evasión de cientos de millones de pesos en operaciones que podrían rozar a la gestión del entonces gobernador Jorge Capitanich. Pasko lanzó la grave acusación mientras prestaba declaración indagatoria, en un intento por lograr el apartamiento del fiscal Sabadini de la investigación y, de ser posible, también la nulidad de todas las actuaciones que lo tienen contra las cuerdas.Sabadini, que consultado por LA NACION negó todas las acusaciones, ganó notoriedad durante los últimos años por impulsar investigaciones sensibles. Entre otras, contra el presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez, contra Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y contra exfuncionarios provinciales y empresarios vinculados al poder político local. Entre ellas, la investigación por presunto lavado que involucró a allegados de Capitanich.La acusación de Pasko provocó la apertura de una causa penal contra Sabadini por los presuntos delitos de encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La causa, no obstante, no avanza debido a una intrincada secuencia de movimientos procesales: el fiscal recusó al juez que quedó a cargo, Ricardo Mianovich; un fiscal federal de la misma jurisdicción, Luis Benítez, se excusó por considerar que podía ser parcial, y una tercera fiscal, Elena Vázquez, replicó que Benítez debe intervenir igual y envió todo a la Procuración General de la Nación para que dirima el conflicto de competencia.Pasko concentró su denuncia contra Sabadini en Inversiones Fratina SRL, una sociedad constituida en marzo de 2015. Se formó con un capital inicial de $850.000, dividido en 850 cuotas, y tuvo como socios fundadores a Adriana Paola Sabadini â??hermana del fiscal y abogada de profesiónâ?? y Bastien Patrick Aubert, según la copia de la escritura de constitución y los balances societarios que cotejó LA NACION.El capital social se integró con el aporte de un bien inmueble: un lote en la Villa Centenario de Resistencia, Chaco, cuyo valor en el inventario societario de octubre de 2015 se fijó en $850.000 -entre US$66.000 y US$98.000, según el tipo de cambio paralelo u oficial entonces vigente-. Además, la madre del fiscal, María Laura Graciela Cisterna, figuró desde el inicio como directora gerente de la SRL.Ambos familiares del fiscal completaron varias transacciones inmobiliarias y financieras con esa sociedad hasta julio de 2021. En esa fecha, la hermana de Sabadini y su entonces pareja firmaron la transferencia de las 850 cuotas sociales de Inversiones Fratina SRL a favor de Walter Antonio Pasko y su esposa, Diana Yael Daniel. El precio total de la cesión de cuotas fue, también, de $850.000.La investigación sobre la megausina de facturas truchas que involucra a Pasko comenzó, en tanto, en 2022. Y la jueza del caso, Zunilda Niremperger, ordenó en diciembre de 2023 el allanamiento del estudio contable de Pasko a pedido de la Fiscalía. Allí secuestró cajas completas de documentación, incluyendo los libros de Inversiones Fratina SRL.Días después, la Fiscalía a cargo de Sabadini remitió oficios al Colegio de Escribanos, y el 4 de enero de 2024, la escribana Mariana Ambrogi informó a la Justicia sobre la cesión de cuotas de Inversiones Fratina SRL, con la participación de la hermana y la madre del fiscal.El 12 de marzo de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP) también aportó información clave, identificando la documentación vinculada a esa misma sociedad. Para la abogada de Pasko, Mariela Torres, esta documentación presenta "claros indicios de lavado de activos" durante el "período investigado por el fiscal" sobre el patrimonio del contador. En su denuncia formal, la defensora de Pasko afirmó que "el fiscal decidió encubrir" lo ocurrido dentro de Inversiones Fratina SRL. Entre las irregularidades señaladas figuran la venta de un inmueble por US$130.000 que en los balances societarios figuraba por $850.000, además de "operaciones en efectivo" por US$105.124, presunta evasión tributaria y la configuración de una "sociedad cáscara".La defensa del fiscalTanto ante la prensa como en los tribunales, el fiscal Sabadini rechazó las acusaciones. Sostuvo que no tiene vínculo con su hermana, que el nombre de la empresa no apareció en las actas de allanamiento -medida que él había solicitado- y que solo supo de la existencia de Inversiones Fratina SRL y de la cesión de derechos a Pasko cuando ARCA lo informó en el expediente.Sabadini sostuvo que en julio pasado se limitó a elevar a juicio oral el tramo que de la pesquisa contra Pasko ya estaba concluido. Afirmó que el informe de ARCA se subió al sistema de inmediato, que se apartó de investigar a Inversiones Fratina SRL en cuanto tomó conocimiento del vínculo familiar -tramo que se convirtió en una investigación independiente que debe ser investigado por otra fiscalía- y decidió seguir con el resto de la investigación sobre la megausina de facturas truchas."El señor Pasko plantea que oculté prueba que en realidad está cargada al expediente, lo que se puede cotejar por internet", indicó Sabadini ante la consulta de LA NACION. "Además, fui yo quien dio intervención a la exAFIP para que analice toda la documentación, y así fue como me enteré de la presencia de esa sociedad en las cajas que secuestramos durante el allanamiento, y de que allí aparecía mi hermana, con la que estoy peleado hace años".En la causa que se abrió tras la denuncia de Pasko en su contra, Sabadini planteó la recusación del juez Mianovich por animadversión o enemistad manifiesta. Su pedido fue rechazado en primera instancia y por la Cámara Federal de Resistencia, que concluyó que la recusación no está acreditada con pruebas objetivas suficientes. Tras ese revés, el fiscal busca llegar ahora a la Casación Federal.
BARCELONA.- El único elemento en el que han coincidido la prensa progresista y la conservadora en España a la hora de valorar la inédita condena a dos años de inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito revelación de secretos es en definirla como un "hecho histórico". En el resto, la discrepancia es total. Desde que se filtró el jueves pasado cuál sería el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, los análisis sobre el juicio a García Ortiz tanto en la esfera política como en la mediática han reproducido fielmente la agria división política existente en España entre quienes apoyan al gobierno del socialista Pedro Sánchez y quienes desean su inmediata caída. Y en el fragor de la batalla, la primera víctima es la imagen de independencia del Poder Judicial.La acusación contra García Ortiz, seguida de su dimisión este lunes, surge de una controversia por el contenido de las negociaciones entre la fiscalía y los abogados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP), actualmente procesado por fraude fiscal. González Amador está imputado por la supuesta elaboración de facturas falsas por 350.000 euros, un delito por el que podría enfrentar casi cuatro años de cárcel.El caso tomó un giro político cuando, como reconoció en el juicio el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, él mismo filtró el año pasado una noticia falsa que acusaba al Gobierno central de intervenir en el expediente de González Amador. Al día siguiente, la oficina del fiscal general emitió un comunicado desmintiendo la versión, pero para entonces ya se habían filtrado a la prensa documentos oficiales que demostraban la falsedad de la acusación.El juicio se centró precisamente en determinar si fue García Ortiz quien facilitó a los medios esos documentos y si ello constituyó una filtración irregular.En la sede del PP se celebró la sentencia del Tribunal Supremo como una gran victoria sobre el gobierno. "[La sentencia] confirma que quien debía perseguir el delito, lo cometió", espetó su líder, Alberto Núñez Feijóo, que tildó a García Ortiz de "peón" del Ejecutivo en su estrategia contra el PP. Acto seguido, y por enésima vez, Feijóo pidió la dimisión del presidente Sánchez. Tras la condena al fiscal general, no hay otra salida decente que la dimisión de Sánchez. pic.twitter.com/pP6HEPEHn7— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 20, 2025Por su parte, el diario conservador El Mundo se felicitó por una sentencia que considera una muestra de la independencia del Poder Judicial. "Su inhabilitación como fiscal general es la inhabilitación moral y política del gobierno al que ha servido rebasando los límites de la ley", reza el editorial del diario.En cambio, al otro lado de la trinchera, la valoración era diametralmente opuesta. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se limitó a declarar que el gobierno tiene "el deber legal de respetar el fallo", pero también "el deber moral" de decir que no lo comparte. El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. pic.twitter.com/ls81VFyvSt— Félix Bolaños (@felixbolanosg) November 20, 2025Sin embargo, los partidos que apoyan al Ejecutivo fueron mucho más mordaces en sus críticas, y varios de sus representantes calificaron el dictamen de "golpismo judicial". Desde su punto de vista, el hecho de que no hubiera ninguna prueba concluyente contra el fiscal, sino tan solo indicios, y de que los periodistas que publicaron la filtración hayan negado en sede judicial que García Ortiz fuera su fuente convierten la sentencia en una injusticia, y una prueba más de la voluntad de la cúpula judicial de derribar el gobierno.Mientras políticos y periodistas salían en tromba a valorar el histórico fallo, varios expertos legales pidieron cautela hasta que no se haga público el texto de la sentencia con sus correspondientes argumentos legales. Entre ellos, el prestigioso catedrático de derecho Jordi Nieva-Fenoll, que se muestra preocupado por los efectos del vitriólico debate actual en "la imagen de la independencia judicial".En un artículo publicado en El País, Nieva-Fenoll recuerda que cuando se supo la composición del tribunal, algunos periodistas ya clasificaron a cada uno de los magistrados con las etiquetas de "conservadores" o "progresistas". "Incluso alguno se atrevió a decir que los primeros votarían por la condena y los segundos por la absolución. Pues bien, exactamente así ha ocurrido... No sirve a la imagen de independencia que debe conservar la Justicia que sus servidores se vayan poniendo camisetas", lamenta.La cuestión de la politización de la Justicia en España es un viejo debate que se ha reavivado con fuerza estos últimos años. De hecho, la Justicia europea ya ha dado varios toques de atención a las instituciones españolas por la falta de independencia del poder judicial. Pero cada bando, progresistas y conservadores, tan solo escuchan sus sentencias cuando les conviene. Por ejemplo, los jueces europeos han criticado en numerosas ocasiones que sea el gobierno quien nombre de forma unilateral al fiscal general del Estado. Sin embargo, ello no impidió que Sánchez apostara por nombrar a García Ortiz, a quien la oposición consideraba demasiado cercano al Ejecutivo. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, llegó a calificarlo de "no idóneo" para el cargo, y el magistrado fue también reprobado por el Senado, con mayoría conservadora.En cambio, el PP ha ignorado también las opiniones de los magistrados europeos cuando le ha convenido. La última ocasión, este mismo mes cuando el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) validó la legalidad de la amnistía a los líderes y activistas independentistas por el referéndum de autodeterminación de 2017, todo un revés para el Tribunal Supremo, que se ha negado a aplicar en numerosos casos. La ley de amnistía es la de mayor calado político aprobada en esta legislatura. Aunque García Ortiz presentó su renuncia este lunes, su batalla judicial probablemente no terminará aquí. El magistrado puede recurrir al Tribunal Constitucional que, a diferencia del Supremo, cuenta con una mayoría de jueces progresistas. Ahora bien, esta es mucho más ajustada que la conservadora en el Supremo, por lo que sus resoluciones son más impredecibles. En todo caso, el Constitucional ya ha enmendado la plana al Supremo en varias sentencias de calado, otro golpe al prestigio de la Justicia española. Y es que algunos analistas interpretan sobre todo la condena a García Ortiz como la expresión de una batalla en el seno del Poder Judicial entre magistrados de diversas sensibilidades ideológicas.
Álvaro García Ortiz fue inhabilitado por dos años por parte del Tribunal Supremo, por revelar datos del proceso que involucra a la pareja de la opositora Isabel Díaz Ayuso. Es la primera vez que un fiscal general español recibe una condena penal. Leer más
Andrés Julián Rendón afirmó que existe una alianza ilícita entre altos funcionarios y grupos armados, señalando que las revelaciones confirman sus denuncias sobre liberación irregular de detenidos y crecimiento de la violencia en la región
El representante del Centro Democrático también afirmó en su cuenta en X que radicó una denuncia penal contra la fiscal por el delito de prevaricato por omisión
Este caso sin precedentes supone un duro golpe para el gobierno de coalición de Pedro Sánchez.Sánchez nombró a Álvaro García Ortiz en 2022 y ha defendido su inocencia en repetidas ocasiones.
Queda en el aire la decisión del Gobierno de quién le va a sustituir en el cargo
Cómo enmarca el IRS el dinero destinado al cuidado de los hijos de padres separados.
La penalista atribuye su suspensión a una represalia por denunciar a cerca de 29 parlamentarios y arremete contra sus colegas por no defender la autonomía institucional
La cifra determina la residencia fiscal y, por tanto, las obligaciones tributarias del individuo, tanto dentro como fuera de España
Martín Poderti integra el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, pero fue suspendido a partir de la imputación. Dijo que es inocente y ofreció varias hipótesis de qué podría haber pasado con el botín valuado en casi 200.000 dólares. Todo ocurrió mientras era secretario del Juzgado de San Isidro
"Y creo en los testimonios de los periodistas de dilatada experiencia en información judicial con los que se ha demostrado que el fiscal no era el origen de esta presunta filtración", ha añadido
Teléfonos celulares y cervezas son los dos segmentos que, por distintos motivos, más encienden las alertas en la industria.El monto que se deja de recaudar es, por ejemplo, ocho veces lo que se recauda por Bienes Personales.
Luego de casi tres meses de investigación, firmó un dictámen de casi 300 carillas en donde se refiere a las "accione ilícitas" que involucran a funcionarios de la Andis y a "personas del sector privado vinculado a las droguerías y prestadoras de medicamentos". Leer más
Son los profesionales que intervinieron a Evelyn, la joven madre cuya beba falleció el sábado 15 de noviembre. No los acusó formalmente, sino que les permite participar en el expediente con abogado defensor. Desde la provincia niegan mala praxis. Hasta ahora hay cuatro investigaciones, Leer más
Las proyecciones del Comité de la Regla Fiscal confirman que el recaudo no despega al ritmo esperado y que el hueco tributario complica aún más el panorama
Fallo del TC favorece al fiscal que Patricia Benavides habría nombrado para que solicite archivar la investigación penal contra su hermana por presuntos narcosobornos
Los magistrados que han fallado contra García Ortiz han atravesado varios juicios mediáticos que dan pistas sobre su inclinación ideológica
Álvaro García Ortiz, defendido hasta última instancia por el jefe de Gobierno Pedro Sánchez, fue condenado a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo por violar el secreto judicial, al revelar datos sobre una causa vinculada al novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, influyente figura de la derecha. Leer más
La derrota de Pedro Sánchez cose sin embargo la coalición e impulsa al Ejecutivo en su relato de una guerra político-mediático-judicial