Según el Ministro de Finanzas lasasignaciones en áreas clave como educación, salud, seguridad e infraestructura, es un esfuerzo por sanear las finanzas públicas y responder a las necesidades sociales.
La Comisión Europea apuesta por reducir impuestos para que la electricidad tenga una carga fiscal menor que el gas y coordinar reservas energéticas frente a posibles problemas de suministro
Sin avances en la eficiencia estatal ni estímulos a la inversión, el ajuste basado en licuación de gastos y caída de ingresos amenaza la continuidad del excedente de caja logrado por el Gobierno
Luego de la declaración de los fiscales acusados de mal desempeño y negligencia, comenzaron a testificar los miembros de la familia de Nora Dalmasso. Leer más
El senador Javier Corral aclaró que aún no se ha presentado una petición formal, mas se debe impulsar
CÓRDOBA.- Casi 20 años después del femicidio en el barrio cerrado más exclusivo de Río Cuarto, comenzó el jury de enjuiciamiento a tres de los fiscales que intervinieron en la investigación de la violación y asesinato de Nora Dalmasso. Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro rechazaron las acusaciones de "negligencia grave" y "mal desempeño" en sus funciones en el conmocionante caso, un crimen que sigue impune. El viudo Marcelo Macarrón y su hijo Facundo llegaron a la sede de la Unicameral de Córdoba -donde se lleva adelante el proceso- casi dos horas después de comenzado el debate. Siguieron las presentaciones desde una sala separada de donde se realiza la audiencia, ya que deben declarar como testigos. Tras un inicio trabado por el pedido de nulidad del proceso solicitado por la defensa de Miralles, uno de los tres fiscales en el banquillo, el jurado de enjuiciamiento abrió el debate y dio la palabra a los acusados, en un proceso inédito porque nunca había ocurrido que esta cantidad de funcionarios judiciales esté en esta situación por el mismo caso.El primero en hablar fue Di Santo, el primer fiscal del caso. Aseguró que realizó su trabajo "de forma seria y honesta" y que lo acusan por cuestiones que ahora "parecen obvias", pero que no lo fueron en los primeros tiempos de la causa ni para él, ni para la policía ni para los jueces que intervinieron en la supervisión del expediente.Se refería puntualmente al señalamiento hecho por los Macarrón en cuanto a que la Justicia omitió someter a los operarios que habían estado trabajando en la remodelación de la casa del barrio Villa Golf, donde se produjo el femicidio, a peritajes de comparación genética. La familia los había solicitado en 2007, menos de un año después del asesinato de Nora, a instancias de un informe de un exagente del FBI que trabajaba en una agencia privada norteamericana consultada por los deudos. Entre esos sospechosos estaba Roberto Marcos Bárzola, el parquetista que a fines de 2024 fue imputado formalmente cuando el análisis científico reveló la presencia de su ADN en la bata que llevaba puesta la víctima cuando la violaron y la mataron.Di Santo rechazó de plano todas las acusaciones en su contra y afirmó que la investigación sobre la posible participación de Bárzola en el crimen fue "seria, profunda y acabada". En una parte de su alocución se quitó los lentes y se quebró por la emoción. View this post on Instagram Pero ninguno de los fiscales cuestionados estimó necesario someter al parquetista a la prueba comparativa de ADN. En cambio, imputaron a Facundo Macarrón por la violación y muerte de su madre y, posteriormente, a su padre, Marcelo Macarrón, como presunto instigador del crimen de su esposa. El joven fue sobreseído y el viudo terminó absuelto en un juicio por jurado en el que el fiscal no acusó por falta de pruebas. En ese juicio Bárzola declaró como testigo.A instancias de la prueba positiva de ADN, Bárzola fue formalmente señalado como autor de la violación seguida de muerte. Pero el año pasado la Justicia cordobesa consideró que el caso respecto del parquetista está prescripto por el paso del tiempo. El femicidio de Nora Dalmasso ocurrió el 26 de noviembre de 2006; la acusación contra el operario llegó 18 años después. Tras la pista del viudoLuego fue el turno de Miralles, que repasó que él tomó a su cargo la causa cuando la investigación llevaba una década â??sucedió a Javier Di Santo, que estuvo en el caso desde el 26 de noviembre de 2006, día del crimen, hasta 2015â?? y aseguró: "Jamás obré de manera negligente ni con mal desempeño ni en esta causa ni en otras; muy por el contrario, en esta investigación siempre fui diligente, le di curso a la causa, nunca me manifesté despreocupado, nunca tuve indiferencia ninguna respecto de la causa".Planteó que por el momento en que tomó el caso no pudo ir a revisar la escena del crimen, por lo que empezó con "una lectura de todo lo que investigó esos 10 años" su colega Di Santo, lo que le insumió trabajar "incluso los fines de semana"."Teníamos que investigar la presencia de ADN de Macarrón en gran parte de la habitación. Principalmente había una en una zona crítica vulvo-vaginal y debía investigarse cómo había llegado hasta ahí. Primero se sospechó que era semen, pero no fue así. Los estudios demostraron que eso pertenecía a Marcelo Macarrón. Esa era la prueba madre que tomé".En marzo de 2016 imputó al viudo por el homicidio sobre la base de esas pruebas; creyó que el viudo había hecho un viaje relámpago desde Punta del Este hasta Río Cuarto, había mantenido relaciones con su mujer y la había matado, para enseguida volver a Uruguay a jugar la última ronda del torneo de golf que había ido a jugar y que ganó.Indicó al respecto: "El único que no estaba en una foto jugando al golf era Marcelo Macarrón". También señaló que los peritajes señalaban que el asesino era, probablemente, del círculo íntimo de la víctima, ya que ninguno de los accesos a la casa había sido forzado y nada estaba revuelto. "Yo me pregunto si con todo esto no había que investigar a Marcelo Macarrón: claro que sí", afirmó Miralles.Luego se refirió al aspecto central de la acusación que encadenó responsabilidades compartidas y concatenadas en los tres fiscales: haberse enfocado esencialmente en las sospechas contra la familia y no haber investigado a fondo otras opciones, como la de la participación en el crimen de alguno de los operarios y obreros que habían estado trabajando en la casa de la víctima los días previos al homicidio, entre ellos, el parquetista Bárzola. "La prensa se pensó que la causa estaba resuelta, como ahora que tal vez piensan que está resuelta con lo de Bárzola, que ni siquiera empezó. Macarrón era una línea investigativa a abordar de manera ineludible. Y en esa línea puse todo mi empeño por un año y medio", sostuvo. En 2017 Miralles renunció después de que la defensa de Macarrón pidiera su apartamiento del caso. Lo sucedió Luis Pizarro, que avanzó en la línea de la presunta participación del viudo como instigador del crimen: en septiembre de 2017 lo acusó de haber contratado a un sicario para que matara a su esposa y dos años después cerró la instrucción y la elevó a la etapa de debate.En su declaración ante el jury, Pizarro afirmó: "A 11 años de la muerte de Nora Dalmasso no era la prioridad. Con lo que tenía elevamos la causa a juicio". Se quejó de la falta de apoyo logístico para llevar adelante su tarea en el caso; precisó que le asignaron solo una prosecretaria. A instancias de su actuación en el caso, Marcelo Macarrón enfrentó un jurado popular y terminó absuelto; el fiscal del juicio se abstuvo de acusarlo por falta de pruebas. CuestionamientosEl jury comenzó minutos antes de las 9, y antes del mediodía ya había tenido dos interrupciones. La última, motivada por un planteo de la defensa del fiscal Miralles.El exjuez de Río Cuarto Emilio Andruet, que lo representa en el jury, pidió la nulidad del proceso: planteó que es inconstitucional que la acusación sea llevada adelante por la fiscal general adjunta, Bettina Croppi, ya que la norma manda que ese lugar debe ser ocupado por el fiscal general de Córdoba, Carlos Lezcano.Después de una breve deliberación, el jurado integrado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti resolvió, por unanimidad, desestimar todos los planteos de nulidad y continuar con la acusación contra Di Santo, Miralles y Pizarro por presunto mal desempeño y negligencia grave en la instrucción de la causa.La acusación contra los fiscales fue presentada a fines de febrero por el entonces fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado. Se programaron cinco audiencias de debate, que se desarrollarán hasta el 27 de este mes y por las que desfilarán 37 testigos ofrecidos por las distintas partes.Finalizada la etapa de testimonios y alegatos a principios del mes próximo, el tribunal de enjuiciamiento tendrá la responsabilidad de emitir su veredicto antes del 28 de mayo. Si no se cumple con la fecha, el proceso se caerá.Las opciones son solo dos: la absolución y continuidad de los fiscales en sus cargos o la remoción definitiva.
El tribunal rechazó los planteos de nulidad y avanzó con la declaración de los acusados, quienes defendieron el trabajo realizado durante la investigación del crimen. Leer más
Dos empresarios que declararon este martes en el juicio oral por la causa de los Cuadernos de las Coimas intentaron desdecirse ante la Justicia de sus confesiones de haber pagado sobornos para mantener contratos de obra pública durante el kirchnerismo. Aseguraron que mintieron por temor a quedar presos.El asunto generó un duro intercambio con los abogados que pretendían abrir una causa por coacción y la fiscal del juicio, Fabiana León, que rechazó estas solicitudes al sostener que este asunto ya fue rechazado anteriormente y que los victimarios tratan de presentarse como víctimas.Los jueces del tribunal oral, Enrique Mendez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, difirieron para el final del juicio decidir si corresponde denunciar o no estas supuestas coacciones en otra causa.En esta causa, la principal acusada es Cristina Kirchner, sindicada como la jefa de una asociación ilícita integrada por exfuncionarios que percibían sobornos y empresarios que los pagaban para mantener sus contratos con el Estado. Los reclamos en el juicio comenzaron con la indagatoria de Mario Rovella, que confesó haber realizado pagos ilegales.Ahora Rovella â??que se negó a contestar preguntas y solo hizo una declaraciónâ?? contó que mintió y que antes de declarar había ido a una escribanía para dejar constancia en un acta de que iba a mentir.Los empresarios, en su calidad de acusados, no están obligados a decir la verdad, como sí sucede con los testigos. Así como no estaban obligados a decir la verdad cuando fueron indagados durante la etapa de instrucción, tampoco lo están ahora, durante el juicio. "Quiero negar de manera rotunda los hechos que se me atribuyen. Ni personalmente ni a través de terceros, bajo ningún concepto ni con ninguna finalidad, entregué dinero a Ernesto Clarens. Nunca realicé esos pagos, ni en esa oportunidad ni en ninguna otra", afirmó.Dijo que se sintió coaccionado psicológicamente por el fallecido juez federal Claudio Bonadio y que tenía temor de quedar preso. "Se me hizo saber que, si no declaraba en ese sentido, sería privado de mi libertad", dijo Rovella.En esa audiencia, además de Rovella y del juez, estaba su abogado defensor. Aún así, firmó el acta con su confesión que, ahora, dice que fue una mentira.Rovella afirmó que su confesión fue un invento que acomodó al relato de Ernesto Clarens, financista de los Kirchner.Guillermo Escolar, de Cleanosol Argentina SA, repitió el argumento de defensa: sostuvo que fabricó una historia porque veía que los que confesaban se iban en libertad y los que no, quedaban presos."Armamos una historia de un pago o dos en un año o en unos meses. Obviamente es un invento, consecuencia de esto que estoy contando", dijo. El presidente del tribunal, Méndez Signori, le preguntó cómo se le ocurrió este invento, a lo que el acusado dijo que la noche anterior lo pensaron: "Digamos que había unos pagos en dólares por la época de las llamadas y eso es lo que estoy negando ahora", afirmó.Dijo que conocía a Clarens y admitió que le pidieron plata para la campaña electoral de 2011, pero sostuvo que no pagó."¿Por qué Clarens buscaba aportes para la campaña?", le preguntó el juez Germán Castelli. "Estaba con el Gobierno buscando fondos para la campaña política. Fue una conversación muy breve".Por su parte, se negaron a declarar los acusados Tito Biagini, José Gerardo Cartellone, Luis Armani y Juan Bautista Pachela.Maximiliano Rusconi, defensor de Julio de Vido, no dejó pasar estas afirmaciones y reclamó extraer testimonios para investigar estas supuestas coacciones. El abogado José Manuel Ubeira, de Oscar Thomas, adhirió al planteo. La fiscal León reaccionó indignada y dijo que se estaba poniendo en tela de juicio a la Justicia, buscando convertir a los victimarios en víctimas. Los jueces dispusieron un cuarto intermedio y se difirió resolver el planteo al momento del veredicto.Estas afirmaciones de los empresarios para desdecirse de sus confesiones o decir que las hicieron bajo amenaza de quedar presos fueron argumentadas por los empresarios ante la Cámara Federal y la de Casación Penal, y en todos los casos fueron rechazadas.
CÓRDOBA.- Después de las demoras en el inicio del jury de enjuiciamiento a tres de los fiscales que intervinieron en la causa del femicidio de Nora Dalmasso, dos de ellos rechazaron las acusaciones de "negligencia grave" y "mal desempeño" en sus actuaciones. Durante la tarde expondrá el tercero: Luis Pizarro.Daniel Millares repasó que él tomó a cargo el caso cuando la investigación llevaba una década -sucedió a Javier Di Santo, también acusado, quien estuvo desde el 26 de noviembre de 2006, día del crimen, hasta 2015- y aseguró: "Jamás obré de manera negligente ni con mal desempeño ni en esta causa ni en otras; muy por el contrario, en esta investigación siempre fui diligente, le di curso a la causa, nunca me manifesté despreocupado, nunca tuve indiferencia ninguna respecto de la causa".Planteó que por el momento en que tomó el caso no pudo ir a revisar la escena del crimen, por lo que empezó con "una lectura de todo lo que investigó esos diez años" su colega Di Santo, lo que le insumió trabajar "incluso los fines de semana"."Teníamos que investigar la presencia de ADN de Macarrón en gran parte de la habitación. Principalmente había una en una zona crítica vulvo-vaginal y debía investigarse cómo había llegado hasta ahí. Primero se sospechó que era semen, pero no fue así. Los estudios demostraron que eso pertenecía a Marcelo Macarrón. Esa era la prueba madre que tomé".En marzo de 2016 imputó al viudo por el homicidio sobre la base de esas pruebas; creyó que el viudo había hecho un viaje relámpago desde Punta del Este hasta Río Cuarto, había mantenido relaciones con su mujer y la había matado, para enseguida volver Uruguay a jugar la última ronda del torneo de golf que había ido a jugar y que ganó.Indicó al respecto: "El único que no estaba en una foto jugando al golf era Marcelo Macarrón. Por las pericias, que decían que el posible asesino era del círculo íntimo (por entradas no forzadas y demás). Yo me pregunto si con todo esto no había que investigar a Marcelo Macarrón: claro que sí".Después de eso apuntó que "la prensa se pensó que la causa estaba resuelta, como ahora que tal vez piensan que está resuelta con lo de (Roberto) Bárzola, que ni siquiera empezó. Macarrón era una línea investigativa a abordar de manera ineludible. Y en esa línea puse todo mi empeño por un año y medio". En 2017 Miralles renunció después de que la defensa de Macarrón pidiera su apartamiento. Antes fue el turno de Di Santo, quien enfatizó que realizó su trabajo "de forma seria y honesta" y que lo acusan por cuestiones que ahora "parecen obvias", pero que no lo fueron en los primeros tiempos de la causa ni para él, ni para la policía ni para los jueces que intervinieron en la supervisión del expediente."Quieren hacer parecer como obvias circunstancias que no son obvias. No lo fueron no solo para mí, sino para ninguno de los otros fiscales que intervinieron en la causa, para la División de Investigaciones, para el juez de Control ni para los camaristas que intervinieron". Agregó: "Tampoco fue obvio para la fiscalía general".Se refería puntualmente al señalamiento hecho por Marcelo Macarrón y sus hijos, Facundo y Valentina, en cuanto a que la Justicia omitió someter a los operarios que habían estado trabajando en la remodelación de la casa del barrio Villa Golf, donde se produjo el femicidio, a peritajes de comparación genética. La familia los había solicitado en 2007, menos de un año después del asesinato de Nora, a instancias de un informe de un exagente del FBI que trabajaba en una agencia privada norteamericana consultada por los deudos. Entre esos sospechosos estaba Bárzola, el parquetista que a fines de 2024 fue situado en la escena del crimen por la presencia de su ADN en la bata que llevaba puesta la víctima cuando la violaron y la mataron.Di Santo rechazó de plano todas las acusaciones en su contra y afirmó que la investigación sobre la posible participación de Bárzola en el crimen fue "seria, profunda y acabada". Ninguno de los fiscales cuestionados estimó necesario someter al parquetista a la prueba comparativa de ADN. En cambio, imputaron a Facundo Macarrón por la violación y muerte de su madre y, posteriormente, a su padre, Marcelo Macarrón, como presunto instigador del crimen de su esposa. El joven fue sobreseído y el viudo terminó absuelto en un juicio por jurado en el que el fiscal no acusó por falta de pruebas. En ese juicio Bárzola declaró como testigo.A instancias de la prueba positiva de ADN, Bárzola fue formalmente señalado como autor de la violación seguida de muerte. El año pasado la Justicia cordobesa consideró que el caso respecto del parquetista está prescripto por el paso del tiempo. El femicidio de Nora Dalmasso ocurrió el 26 de noviembre de 2006; la acusación contra el operario llegó 18 años después. Marcelo Macarrón y su hijo Facundo llegaron a la Unicameral de Córdoba donde se realiza el jury una hora después de comenzado. Están siguiendo el proceso en una sala separada de donde se realiza. Está previsto que el viudo también testifique en esta jornada.CuestionamientosEn el inicio del jury las defensas de los tres fiscales cuestionaron la legitimidad de la fiscal general adjunta, Bettina Croppi, para formular la acusación. Indicaron que debe hacerlo el fiscal general.Después de una breve deliberación, el jurado integrado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti resolvió, por unanimidad, desestimar todos los planteos de nulidad y continuar con la acusación.El meollo de la acusación es el presunto direccionamiento de la acusación hacia la propia familia de la víctima en perjuicio de serios indicios presentes casi al principio de la investigación que sugerían la participación de personas ajenas al círculo íntimo de Nora Dalmasso; concretamente, hacia el grupo de trabajadores que realizaba tareas de refacción en la casa del barrio Villa Golf.Las audiencias continurarán hasta el 27 de este mes, y serán escuchados 37 testigos ofrecidos por las distintas partes. Los alegatos se realizarían a partir del 10 de mayo e inmediatamente después el tribunal de enjuiciamiento tendrá la responsabilidad de emitir su veredicto. El 28 de mayo -fecha límite para el proceso- se leerán los fundamentos. Si no se cumple con ese cronograma, se cae el proceso.Las opciones son solo dos: la absolución y continuidad de los fiscales en sus cargos o la remoción definitiva.
La representante del Ministerio Público Fiscal en el juicio oral advirtió que "se intenta transformar a los imputados en víctimas"
Javier Di Santo, uno de los tres fiscales que enfrentan desde hoy un jury de enjuiciamiento por la forma en que investigaron el femicidio de Nora Dalmasso en Río Cuarto, aseguró que realizó su trabajo "de forma seria y honesta" y que lo acusan por cuestiones que ahora "parecen obvias", pero que no lo fueron en los primeros tiempos de la causa ni para él, ni para la policía ni para los jueces que intervinieron en la supervisión del expediente."Quieren hacer parecer como obvias circunstancias que no son obvias. No lo fueron no solo para mí, sino para ninguno de los otros fiscales que intervinieron en la causa, para la División de Investigaciones, para el juez de Control ni para los camaristas que intervinieron". Agregó: "Tampoco fue obvio para la fiscalía general".Se refería puntualmente al señalamiento hecho por Marcelo Macarrón y sus hijos, Facundo y Valentina, en cuanto a que la Justicia omitió someter a los operarios que habían estado trabajando en la remodelación de la casa del barrio Villa Golf, donde se produjo el femicidio, a peritajes de comparación genética. La familia los había solicitado en 2007, menos de un año después del asesinato de Nora, a instancias de un informe de un exagente del FBI que trabajaba en una agencia privada norteamericana consultada por los deudos. Entre esos sospechosos estaba Roberto Marcos Bárzola, el parquetista que a fines de 2024 fue situado en la escena del crimen por la presencia de su ADN en la bata que llevaba puesta la víctima cuando la violaron y la mataron.Di Santo â??que enfrenta el jury junto a sus colegas Daniel Miralles y Luis Pizarroâ?? rechazó de plano todas las acusaciones en su contra y afirmó que la investigación sobre la posible participación de Bárzola en el crimen fue "seria, profunda y acabada". Pero ninguno de los fiscales cuestionados estimó necesario someter al parquetista a la prueba comparativa de ADN. En cambio, imputaron a Facundo Macarrón por la violación y muerte de su madre y, posteriormente, a su padre, Marcelo Macarrón, como presunto instigador del crimen de su esposa. El joven fue sobreseído y el viudo terminó absuelto en un juicio por jurado en el que el fiscal no acusó por falta de pruebas. En ese juicio Bárzola declaró como testigo.A instancias de la prueba positiva de ADN, Bárzola fue formalmente señalado como autor de la violación seguida de muerte. Pero el año pasado la Justicia cordobesa consideró que el caso respecto del parquetista está prescripto por el paso del tiempo. El femicidio de Nora Dalmasso ocurrió el 26 de noviembre de 2006; la acusación contra el operario llegó 18 años después. CuestionamientosEl jury comenzó minutos antes de las 9, y antes del mediodía ya había tenido dos interrupciones. La última, motivada por un planteo de la defensa del fiscal Miralles.El exjuez de Río Cuarto Emilio Andruet, que lo representa en el jury, pidió la nulidad del proceso: planteó que es inconstitucional que la acusación sea llevada adelante por la fiscal general adjunta, Bettina Croppi, ya que la norma manda que ese lugar debe ser ocupado por el fiscal general de Córdoba.Después de una breve deliberación, el jurado integrado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti resolvió, por unanimidad, desestimar todos los planteos de nulidad y continuar con la acusación contra los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro por presunto mal desempeño y negligencia grave en la instrucción de la causa.Los tres actuaron en la causa entre el 26 de noviembre de 2006, cuando Nora Dalmasso fue encontrada violada y asesinada en su casa de un barrio cerrado de Río Cuarto, y 2022, cuando Pizarro elevó a juicio la acusación contra el esposo de la víctima como supuesto ideólogo del crimen.El meollo de la acusación es el presunto direccionamiento de la acusación hacia la propia familia de la víctima en perjuicio de serios indicios presentes casi al principio de la investigación que sugerían la participación de personas ajenas al círculo íntimo de Nora Dalmasso; concretamente, hacia el grupo de trabajadores que realizaba tareas de refacción en la casa del barrio Villa Golf.La acusación contra los fiscales fue presentada a fines de febrero por el entonces fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado. Se programaron cinco audiencias de debate, que se desarrollarán entre el 21 y el 27 de este mes, por las que deberán ser escuchados 37 testigos ofrecidos por las distintas partes.Finalizada la etapa de testimonios y alegatos a principios del mes próximo, el tribunal de enjuiciamiento tendrá la responsabilidad de emitir su veredicto antes del 28 de mayo. Si no se cumple con la fecha, se caerá el proceso.Las opciones son solo dos: la absolución y continuidad de los fiscales en sus cargos o la remoción definitiva.
El mandatario deberá seleccionar al nuevo titular del Ministerio Público entre seis postulantes con antecedentes en instancias estatales y participación en casos judiciales recientes, según la información proporcionada por la comisión evaluadora
Comenzó trabado el jury a tres de los fiscales que intervinieron en buena parte de la investigación de la violación y asesinato de Nora Dalmasso en Río Cuarto en noviembre de 2006. Tras su inicio, minutos antes de las 9, ya hubo dos cuartos intermedios. El último, motivado por un pedido de la defensa de uno de los tres acusados.El exjuez de Río Cuarto Emilio Andruet, que defiende a Daniel Miralles, pidió la nulidad del proceso de enjuiciamiento impulsado por la familia de la víctima. Planteó que es inconstitucional que la acusación sea llevada adelante por la fiscal general adjunta, Bettina Croppi, ya que la norma manda que ese lugar debe ser ocupado por el fiscal general de Córdoba.Este jury tiene características inéditas: es la primera vez que tres fiscales son juzgados en el mismo proceso. Noticia en desarrollo
El crimen de Nora Dalmasso, uno de los casos más emblemáticos de la historia judicial argentina, vuelve a estar en el centro de la escena. A casi 20 años del hecho, este martes 21 de abril inicia el jury contra fiscales que intervinieron en la causa y no lograron resolver el asesinato.El proceso se da en paralelo a la continuidad de la investigación, luego de que la Justicia rechazara la prescripción del expediente y mantuviera imputado a Roberto Marcos Bárzola como principal sospechoso. Caso Nora Dalmasso: comienza el jury Un caso marcado por demoras El homicidio ocurrió en noviembre de 2006 en Río Cuarto, Córdoba, y desde entonces atravesó múltiples etapas, hipótesis y acusados sin que se haya determinado una condena.Durante años, la causa estuvo bajo la órbita de distintos fiscales que avanzaron con líneas de investigación que luego quedaron descartadas, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo del expediente.En ese contexto, el jury apunta a analizar si hubo mal desempeño, negligencia o irregularidades en la conducción de la investigación, en un proceso que podría derivar en sanciones.El nuevo escenario judicialEn paralelo, la causa tuvo un giro reciente. A partir de un nuevo peritaje genético, Bárzola â??quien había trabajado en la casa de la víctimaâ?? fue imputado por abuso sexual seguido de muerte. Fue el fiscal Pablo Jávega quien lo acusó.Las pruebas surgen de rastros de ADN hallados en la escena del crimen, que no habían sido cotejados en su momento con todas las personas que tuvieron contacto con la víctima.El juez de Control Diego Ortiz rechazó el planteo de prescripción y sostuvo que cerrar la causa implicaría impedir el esclarecimiento de los hechos.Crimen de Nora DalmassoQué se busca con el juryEl jury no tiene como objetivo determinar quién mató a Dalmasso, sino evaluar la actuación de los funcionarios judiciales.En ese sentido, se analizará si las decisiones tomadas durante la investigación â??incluida la falta de avances en ciertas líneas y la demora en pruebas claveâ?? afectaron el esclarecimiento del crimen. El proceso busca establecer si existieron responsabilidades institucionales en un expediente que, durante casi dos décadas, no logró llegar a una resolución definitiva.
Arrancó por primera vez en Córdoba el jury a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro que instruyeron, a lo largo de 16 años, el crimen de Nora Dalmasso. Leer más
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El procedimiento regulado por la Constitución y la ley resultó en una lista de seis postulantes que será enviada al Presidente Bernardo Arévalo para que designe a quien encabezará la fiscalía durante los próximos cuatro años
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CÓRDOBA.- Desde este martes, la ciudad de Río Cuarto volverá a atraer la atención por el crimen impune de Nora Dalmasso: comienza el jury de enjuiciamiento contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, acusados de mal desempeño y negligencia grave en la instrucción de la causa. Es un proceso inédito por sus características.Los tres representantes del Ministerio Público actuaron en la causa entre el 26 de noviembre de 2006, cuando Nora Dalmasso fue encontrada violada y asesinada en su casa de un barrio cerrado de Río Cuarto, y 2022, cuando Pizarro elevó a juicio la acusación contra Marcelo Macarrón, el viudo, por ser el supuesto ideólogo del crimen.La acusación contra los fiscales fue presentada a fines de febrero por el entonces fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado. Se programaron cinco audiencias de debate, que se desarrollarán entre el 21 y el 27 de este mes, por las que deberán ser escuchados 37 testigos ofrecidos por las distintas partes.Finalizada la etapa de testimonios y alegatos a principios del mes próximo, el tribunal de enjuiciamiento tendrá la responsabilidad de emitir su veredicto antes del 28 de mayo. Si no se cumple con la fecha, se caerá el proceso. Las opciones son solo dos: la absolución y continuidad de los fiscales en sus cargos o la remoción definitiva.La fiscal general adjunta, Bettina Croppi, estará encargada de sostener la acusación. El pedido de enjuiciamiento lo realizaron en abril los abogados de Marcelo Macarrón y sus hijos, Facundo y Valentina, ante la Unicameral de Córdoba. Consideraron que, "pese a contar con elementos probatorios más que suficientes" para sospechar de Roberto Bárzola â??un parquetero que había trabajado en la casa de la víctima y cuyo ADN apareció en la bata de Nora, que llevaba puesta cuando la mataronâ?? "decidieron dejarlo totalmente de lado" y "optaron por encarnizarse en contra de la familia de la víctima".En diciembre pasado, el jurado integrado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti resolvió por unanimidad que los tres fiscales fueran enjuiciados.Es la tercera vez que se juzga a Di Santo por su intervención en la causa. Ya tuvo un pedido de jury en 2007 junto a los fiscales Fernando Moine (declarará en la segunda audiencia, cuando también están citados el hermano de Nora y un policía) y Marcelo Hidalgo por "mal desempeño en sus funciones" y una denuncia desestimada por el Juzgado de Control de Río Cuarto.Este martes, en la primera jornada del jury, será el viudo quien hablará como testigo para relatar las irregularidades y las falencias que vio durante el proceso. También darán su testimonio Facundo y Valentina Macarrón.El miércoles se presentará Nidia Modesti, la genetista que detectó el ADN de Bárzola en el cuerpo de la víctima y en su bata. A fines de 2024, el fiscal Pablo Jávega planteó la prueba de ese perfil genético e imputó a Bárzola por abuso sexual seguido de muerte. En octubre pasado la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2a. Nominación de Río Cuarto decretó su sobreseimiento total por prescripción de la acción penal.En 2007, la familia Macarrón había pedido que lo incluyeran en los cotejos genéticos por realizarse en el caso, pero no se hizo. En 2022, Bárzola declaró como testigo en el juicio donde fue absuelto el viudo. "Siempre estuve tranquilo. Sabía que no había hecho nada. Fue normal volver a trabajar en la casa. Mi patrón me contó sobre el crimen", sostuvo ante la prensa en esa jornada.En la última audiencia del jury, el lunes próximo, testimoniarán los fiscales Jávega y Julio Rivero (que en el juicio al viudo no lo acusó ya que sostuvo que no había elementos para adjudicarle la instigación del crimen de su esposa), además de Darío Vezzaro, que fue fiscal general de Córdoba entre 2007 y comienzos de 2012. Vezzaro fue quien recibió el informe encargado por el viudo a IFPC International Group, una empresa norteamericana de servicios de consultoría de seguridad. En ese paper el agente del FBI retirado Stephen Paul Walker sugirió explorar la hipótesis de que Nora Dalmasso había sido víctima de una violación seguida de muerte y que se debía indagar sobre la posible participación de Bárzola. Como ya se sabe, eso se hizo demasiado tarde."Debieron protegernos"Facundo, que fue imputado por Di Santo como presunto asesino de su madre, dijo: "Lo más importante es el crimen de mamá y la revictimización que ella tuvo. Estos fiscales debieron protegernos desde el primer momento y resolver el crimen, lo tenían en sus narices, tenían un ADN completo y no lo hicieron".En conversación con El Doce agregó: "El asesino de mi mamá a nosotros nos dejó huérfanos de madre y los fiscales trataron de matarme socialmente a mí y dejarnos huérfanos de padre cuando llevaron adelante la persecución judicial contra mi viejo. Eso requiere Justicia y que estas personas sean destituidas".En declaraciones a Cadena 3, Facundo Macarrón dijo de Di Santo: "Este tipo me arruinó la vida; hay un montón de sueños que tuve que postergar, que incluso nunca voy a poder lograr por culpa de esa ineptitud".También sostuvo: "El asesino, y ya sabemos quién es, estamos totalmente convencidos como familia, está suelto. La violó, la mató y sigue suelto por las calles de Río Cuarto sin que nadie le diga absolutamente nada".
Viene encadenando dos años consecutivos de superávit primario y financiero, pero la recaudación tributaria lleva ocho meses consecutivos de caída en términos reales. Aun así, tiene claro que es la piedra angular del programa y actuará en consecuencia para preservarla. Leer más
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Presentó un recurso, luego de la negativa del Tribunal Oral Federal 5. En la investigación están acusados Cristina y Máximo Kirchner por lavado de dinero
El fiscal general Carlos Amad, de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, pidió el procesamiento del exgobernador de esa provincia Jorge Capitanich por delitos como fraude y lavado de activos, en una causa en la que se investiga la cesión de tierras en la provincia a personas cercanas a Marta Soneira, expresidenta del Instituto de Colonización provincial y exsecretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente. En un escrito en el que también pidió procesar a la exfuncionaria, el fiscal consideró que, sin la participación del actual senador nacional con su firma en los decretos adjudicatorios de las tierras, las maniobras no se podrían haber realizado. La decisión final sobre la aceptación, o el rechazo, del procesamiento está en manos del juez Fernando Carbajal, exdiputado nacional por Formosa (UCR), que fue designado juez subrogante en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.La causa se inició con una denuncia de Ana María Canata, la actual titular del Instituto de Tierras Fiscales (la nueva denominación que dio el gobernador Leandro Zdero al Instituto de Colonización). Canata presentó una denuncia en la que aseguró que, al asumir, encontró "una serie de irregularidades". El fiscal Amad pidió que Capitanich sea procesado por "fraude en perjuicio de la Administración Pública, lavado de activos de origen delictivo", delitos que se habrían cometido "con habitualidad como parte de una banda y por ser funcionarios públicos", además de "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas".Según el pedido del fiscal, al que tuvo acceso LA NACION, se investiga a "funcionarios públicos de altos cargos, así como a familiares, socios empresariales y amigos de los mismos, quienes en forma organizada y sostenida en el tiempo y valiéndose del ejercicio del poder que en aquel momento ostentaban, dispusieron de tierras fiscales de la Provincia del Chaco" y "se auto-otorgaron distintos beneficios económicos mediante la suscripción de convenios y firma de decretos del Poder Ejecutivo provincial que los habilitaron a desmontar grandes extensiones de tierras perjudicando el medio ambiente"."También se suscribieron convenios donde se verificaron beneficios económicos, como reintegros de subsidios, quita en el pago de impuestos y servicios públicos como Sameep [Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial], Secheep [Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial], entre otros beneficios. Estas adjudicaciones de la tierras fiscales se realizaron a través de trámites irregulares con inspecciones fraguadas y cuyos beneficiarios terminaban siendo personas que integraban empresas donde era socio el propio marido de la Sra. Marta Soneira, Mauricio Cian, así como otras personas, socios del primero, como es el caso de [Federico] Storti, [Leandro] Bessone y [Nelson] Pochón", planteó el fiscal Amad.Al describir los hechos investigados, el fiscal afirmó que "el 26/02/23, la Provincia del Chaco, a través del Instituto de Colonización de la cual Soneira era presidente y con su firma como ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible y la de Jorge Milton Capitanich como gobernador de la Provincia, amparados en la legalidad del trámite de expedientes administrativos, adjudicaron cuatro inmuebles, todos del Departamento Almirante Brown, a Storti, Bessone y Pochón, todos socios de su marido Mauricio Cian con quien son socios de dos empresas, Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL". Amad añadió que se otorgaron "inmuebles rurales fiscales de grandes dimensiones cada uno, así como beneficios impositivos provinciales e industriales" y cuestionó que la funcionaria de Capitanich haya ejercido dos cargos en simultáneo, puestos que consideró incompatibles.Para el fiscal, "la irregularidad en la entrega de tierras públicas a personas a las que no se les debería haber adjudicado, personas cercanas a aquellas que deciden a voluntad a quién se entregan, constituye un enorme acto de corrupción".La defensa del exgobernadorAl trascender el pedido de procesamiento en su contra, el exgobernador Capitanich sostuvo que existe una "alquimia judicial" y una "operación mediática" en su contra. "Este pedido de procesamiento se inscribe en un proceso cuya manifestación más evidente es la nulidad de la acusación por incongruencias manifiestas, incoherencia en el contenido e incompetencia, pues pretenden justificar un delito inexistente mediante una alquimia jurídica", afirmó el senador nacional, que integra el bloque de Fuerza Patria.Capitanich señaló que se instaló una "operación mediática" antes de que se conociera el pedido del fiscal Amad al juez Carbajal, porque se anunció mediáticamente "la inminencia del procesamiento", durante la semana previa a la solicitud del fiscal.En un comunicado que hizo llegar a LA NACION a través de su equipo de prensa, el exgobernador chaqueño remarcó que la causa involucra "cuatro títulos de cerca de 8.000 entregados" durante su gestión. En ese texto, se aclaró también que "se trata de adjudicaciones en venta -no transferencias de dominio-, algunas iniciadas desde 1997â?³ y se reivindicaron "las políticas de promoción industrial implementadas".Para Capitanich, las acusaciones son "calumnias e injurias inadmisibles". Según se consideró en el comunicado, el avance de la causa se vincula "con la intención de desviar la atención de problemáticas más graves, como el narcotráfico y la inseguridad" en la provincia que gobierna Zdero, uno de los gobernadores aliados del presidente Javier Milei.El fiscal pidió procesar, por los mismos delitos que al exgobernador y también el de enriquecimiento ilícito, a Marta Soneira. Por presunto fraude y lavado, pidió los procesamientos de Cian, Storti, Pochón. Asimismo, solicitó sobreseer a Diego Soneira y Federico G. Soneira, y dictar la falta de mérito de Sheina Waicman (que también fue titular del Instituto de Colonización) y Darío Giménez (que era encargado de la Delegación Pampa del Infierno de ese instituto).
"Si vos declarás bien el último periodo, entonces se te genera un bloqueo y el fisco, salvo algunas excepciones, no va a poder ir para atrás", explicó el tributarista, Diego Fraga. Leer más
Las indagatorias se centran en el borrado de videograbaciones del edificio y en inconsistencias del vigilante detenido; los peritajes buscan reconstruir la cronología de los hechos
Cuando se lo indagó por retención de aportes en marzo, el tesorero de AFA dijo que gana esa suma como "trabajador autónomo"
El hijo de Nora Dalmasso sostiene que si hubieran hecho lo que debían, "en dos meses el crimen estaba resuelto". Desde mañana Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro enfrentan el juicio político por mal desempeño y negligencia grave. Leer más
Exitosas películas y series participaron de un programa de créditos fiscales del estado de California.Luego obtuvieron galardones como el Oscar, el Golden Globe o el Emmy.
El debate sobre la nueva medida pone en el centro la relación entre los grandes propietarios, la recaudación estatal y las necesidades de los sectores más vulnerables de la población
Un estudio sobre la participación de esas casas de estudio en el presupuesto puso la lupa sobre las leyes de indexación. El financiamiento está en mínimos históricos respecto al PIB, pero también se cuestiona la eficiencia de los recursos asignados. Datos comparados con Brasil y Chile
El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul. El acusado es un profesional de Bolívar que fue juzgado por el abuso sexual gravemente ultrajante de su hija menor con la que además perdió contacto durante cinco años. En el juicio, la defensa cuestionó el accionar de la fiscal de instrucción por la relación de amistad que mantenía con la denunciante y expareja del acusado. También salió a la luz que se omitieron informes psicológicos favorables al imputado. Peritos señalaron que el cuadro era compatible con el de una "madre devoradora". Leer más
El organismo encargado del proceso en Guatemala reprogramó la sesión para el lunes 20 de abril, luego de que solo nueve aspirantes superaron la calificación requerida, afectando el avance hacia la conformación de la nómina final.
El fiscal Diego Velasco pidió a la Cámara de Casación que disponga el comienzo urgente del juicio oral y público contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por el caso Hotesur y Los Sauces, donde ambos están acusados de lavado de dinero.El tribunal oral federal N° 5 a cargo del proceso, integrado por Juan Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, había rechazado ponerle fecha de inicio al proceso oral hasta que concluya un peritaje contable.Ese estudio en trámite busca determinar si hay correlación entre el dinero que recibieron Lázaro Báez y Cristóbal López por sus contratos y negocios durante el kirchnerismo, con las transferencias que efectuaron a empresas de los Kirchner, ya sea mediante el pago de alquileres a la empresa Los Sauces, o contratando habitaciones hoteleras a Hotesur. El fiscal general Diego Velasco presentó ante la Cámara de Casación un escrito donde denuncia lo que considera una maraña de rituales dilatorios y maniobras burocráticas que impiden el avance de la justicia en causas de gravedad institucional.Velasco denunció que el presidente del tribunal, el juez Michilini, en connivencia con el recién integrado juez Fernando Machado Pelloni, aceleró los tiempos para emitir el rechazo un día antes de que la tercera jueza, Adriana Palliotti, regresara de una licencia.Velasco tildó esta maniobra como "irregular" y constitutiva de un "fraude a la ley", argumentando que al dictar el fallo sin el tribunal en pleno se buscó evitar una discusión jurídica enriquecedora y plural."Lamentablemente nunca conoceremos la posición de la Dra. Palliotti sobre la cuestión por cuanto el presidente del Tribunal en la causa decidió sacar la resolución tan solo un día antes del regreso de la tercera juez (...). Solo queda especular las razones que llevaron a que pese a las innumerables tardanzas de la jurisdicción en estas causas la Presidencia en este único caso... aceleró los tiempos y no esperó tan solo un día".Pidió que se fije de manera inmediata la fecha para el inicio del debate oral y público contra Cristina Kirchner, actualmente presa en su casa, condenada por la causa Vialidad, y su hijo Máximo.Aclaró el fiscal que "la premura de esta Fiscalía General no está puesta en que se inicie el debate, sino tan sólo que se fije su fecha de celebración contemplando un tiempo prudencial para la culminación de las medidas suplementarias y que eventualmente si se llega a tal fecha, se inicie el debate, pero ya para entonces, quizás con toda la prueba recabada, o pronta a concluir".La presentación judicial plantea que, bajo el velo de un cuidado de las garantías, terminan por paralizar causas de corrupción.Velasco arremetió contra los "formalismos legales" por parte de los magistrados, acusándolos de incurrir en una decisión que "carece de una adecuada fundamentación", y que se apoya en una "literalidad férrea e indestructible" de los códigos procesales, ignorando la urgencia de alcanzar una resolución definitiva.Es que los jueces señalaron que el Código les manda comenzar el juicio una vez concluida la prueba y en este caso el peritaje está en elaboración.Velasco acudió a la Sala I de la Cámara de Casación para revertir esta decisión porque señala que es posible hacerlo y que hay antecedentes en ese sentido.Para el tribunal, iniciar un debate sin haber finalizado peritajes pendientes podría poner "eventualmente en riesgo la validez de las actuaciones, sometiéndolas a una multiplicidad de planteos por parte de las defensas".Sin embargo, el fiscal Velasco señaló que la instrucción suplementaria lleva entre seis y siete años de desarrollo, y que superó "todos los límites de la razonabilidad y la paciencia institucional".Criticó esta reverencia a la letra de la ley procesal "cuando se utiliza para postergar la verdad". Dijo que la negativa a fijar una fecha de juicio, aunque parezca una cuestión de mero trámite, "constituye en realidad un acto de gravedad irreparable que amerita la intervención de la Cámara de Casación Penal"."Es la fase del juicio -apoyada en los principios de inmediación, publicidad y contradicción, entre otros- donde se ventilan todas las cuestiones atingentes a la materialidad de los hechos, su adecuación típica y la prueba en que se fundan, cobrando especial relevancia el examen y contraexamen de los testigos, los peritos intervinientes y demás pruebas para que cada una de las partes evalúe y alegue su valor de convicción para persuadir al tribunal sobre la certeza necesaria -o su falta- para dictar un pronunciamiento definitivo que ponga fin al proceso", escribió.Reiteró que "la importante relevancia de las medidas probatorias no hará variar la circunstancia de que el juicio oral y público deba realizarse, sino por el contrario serán elementos que se valorarán junto con los otros que se desarrollarán en el debate". Y sostuvo que "esperar a que la última pericia contable esté perfecta, luego de siete años de dilaciones, no es garantía procesal, es denegación de justicia".Velasco advirtió que si el Estado no es capaz de juzgar los delitos complejos en tiempos razonables, se expone a severas sanciones.Velasco dijo que en otros casos de alto perfil estos mismos magistrados fijaron fecha de debate sin haber concluido las pruebas previas. Entre ellos, citó causas vinculadas al escándalo internacional del "FIFA Gate" (lavado de dinero mediante inmuebles en Puerto Madero), contrabando de cocaína, casos de trata de personas e inclusive la causa de Oil Combustibles.En siete años de proceso, que incluyeron suspensiones provocadas por sobreseimientos (posteriormente revocados por la mismísima Corte Suprema de Justicia en 2024), la fiscalía señaló el límite. Todos los actos dilatorios, advirtió Velasco, han encontrado su "punto culmine" en esta resolución infundada.El reclamo ahora está en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, a la que pidió revocar el fallo del tribunal oral.Dijo que prima el derecho de la sociedad "de obtener finalmente un pronunciamiento respecto de hechos de semejante repercusión institucional".
Consumidores y sindicatos denuncian que las nuevas medidas benefician a los dueños de las estaciones de servicio, que han disparado sus márgenes, y defienden fijar un precio máximo al combustible
SANTIAGO DEL ESTERO.- Pedro Eugenio Simón nació el 14 de abril de 1965 en la localidad de Los Juríes, en el interior santiagueño, en una familia dedicada a la agricultura, con importantes extensiones de campo y muy ligada ideológicamente al peronismo.Esta semana sorprendió con un extenso informe que describe el desvío de fondos desde la AFA a empresas ligadas a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia. Le sumó un pedido de detención para ambos dirigentes y la inhibición de sus bienes.Simón estudió derecho en la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), de donde egresó como abogado en 1988.En 2005 ingresó a la Legislatura de Santiago del Estero como candidato de la lista del Partido Justicialista. Acompañaba por entonces a José "Pepé" Figueroa, el candidato "bendecido" por la intervención federal comandada por Pablo Lanusse, quien había sido enviado a la provincia por Néstor Kirchner, tras la caída del poderoso matrimonio Juárez.Como toda figura pública, el fiscal recoge en la provincia adhesiones y críticas por su accionar.Simón es soltero, vive en la capital santiagueña y obtuvo un magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral en 1999. Entre sus pasiones están las competencias de triatlón y de Ironman."Es una investigación compleja que llevó cuatro meses de análisis de documentación de gran volumen y diversa, los informes de la ARCA, los bancos y ya reúne unas 10.000 fojas", explicó Simón, acerca del expediente que involucra a los conductores de la AFA, en diálogo con LA NACION.Los conocedores del mundo tribunalicio explican que el fiscal llegó a su cargo sin una extensa carrera judicial, pero con un "exitoso paso por el ejercicio libre de la profesión".Entre los casos que manejó se destacó una investigación que terminó con el descabezamiento de la brigada de la Policía Federal por el robo de diez kilos de cocaína.El fiscal Simón mantiene una suerte de "guerra fría" con su colega en el mismo edificio, la doctora Indiana Garzón, quien estuvo en carpeta durante el kirchnerismo para ser promovida para reemplazar al procurador general interino, Eduardo Casal.Tres años atrás, el entonces gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó una denuncia contra Silvio Robles, un estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Fue a raíz de una filtración de chats sobre el reparto de fondos provinciales.En ese momento, en pocas horas, el fiscal Simón estampó su firma digital con la petición al juez federal de esta provincia Guillermo Daniel Molinari, quien hizo lugar a todo lo requerido por el gobernador Zamora y dispuso que se le pidiera a Robles su teléfono celular, con la finalidad de peritarlo y determinar si los chats que trascendieron días atrás eran ciertos.Robles presentó, luego, una denuncia contra el juez de Santiago que pidió su celular.El magistrado, en tanto, envió la causa a la Justicia Federal porteña en Comodoro Py, luego de declararse incompetente para seguir investigando el caso.Ahora, el fiscal apuntó a Toviggino, quien tiene en Gerardo Zamora -hoy senador nacional-a uno de sus principales aliados políticos.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, está en el centro de un escrutinio público debido a las recientes revelaciones de un incremento de sus ingresos durante el 2025. Según los reportes, junto con su esposo obtuvieron más de 1,8 millones de dólares el año pasado. La información salió a la luz mientras su principal rival en las elecciones de este año aún no publicó sus registros.Cuánto gana Hochul: ingresos, patrimonio y declaración fiscal en Nueva YorkLos registros oficiales muestran que Hochul y su esposo obtuvieron ingresos por más de US$1,86 millones el año pasado, casi un 25% más que los US$1,5 millones de 2024. La pareja, que declaró un inmueble en Buffalo como su vivienda principal, afirmó haber residido el año pasado 12 meses en los cinco distritos de la ciudad, lo que implica que tributen bajo la tasa combinada de impuestos sobre la renta estatales y locales de la ciudad, informó NY1.Los documentos revelados señalan también que la mayor parte del dinero que obtuvo la pareja procede del sueldo de William Hochul. El abogado percibía un salario anual de US$1,3 millones en la firma Davis, Polk and Wardwell.Además, recibió un pago diferido de US$102.960 de su antiguo trabajo en la empresa hotelera Delaware North, y obtuvo una pensión de poco más de US$48.000.Por su parte, Hochul percibió US$250 mil, lo que la sitúa como la gobernadora mejor pagada del país norteamericano. Cuánto pagó en impuestos Kathy Hochul: cifras federales, estatales y localesEn el transcurso del año pasado, la pareja desembolsó US$592 mil en impuestos federales, junto con US$117 mil al estado de Nueva York y US$66.000 a la ciudad.Según las fuentes, Hochul y su esposo donaron poco más de US$78.000 a organizaciones benéficas, entre las que figuran Planned Parenthood, las Hermanas Franciscanas de San José, Covenant House y la Misión de la Ciudad de Schenectady.Entre las inversiones de la pareja se tienen registros de un fondo fiduciario creado por la difunta madre de la gobernadora.También dirigieron dinero a negocios en países extranjeros, entre ellos Toronto Dominion Bank en Canadá, Johnson Controls International en Irlanda, Ferrari MV en los Países Bajos y AstraZeneca en el Reino Unido.A su vez, un portavoz de la oficina de Hochul adelantó que el 15 de mayo se darían a conocer más detalles sobre sus inversiones en un documento que se presentará ante el comité de ética estatal.Elecciones en Nueva York: ingresos de Hochul y la falta de declaraciones de su rivalLa revelación detallada de los ingresos, inversiones y pago de impuestos de Hochul y su pareja surge en medio del debate fiscal de cara a las elecciones de este año. Mientras que Hochul dio a conocer el salario que percibió junto al sueldo de su esposo, el candidato opositor, Bruce Blakeman, que ejerce actualmente como Ejecutivo del condado de Nassau, aún no hizo públicas sus declaraciones de impuestos, aunque indicó que planea hacerlo.Por el momento, las últimas encuestas muestran una ventaja por parte de la gobernadora demócrata. El sondeo más reciente, elaborado por Siena University, ubicó a Hochul con la mayor intención de voto (47%), seguida por Blakeman (34%), lo que refleja una ventaja porcentual de 13 puntos.Blakeman ataca a Hochul por los impuestos: el elegido de Trump critica los aumentos de la gobernadora en Nueva YorkDespués de las elecciones primarias del 23 de junio quedarán confirmados los candidatos de cada partido que se enfrentarán el 3 de noviembre en las generales, según la Junta Electoral del estado.En junio los ciudadanos podrán escoger a su candidato para los siguientes cargos:Gobernador y vicegobernadorFiscal general estatalContralor estatalSenadores estatalesMiembros de la Asamblea estatalRepresentantes al Congreso de EE. UU.Senadores de EE. UU.Jueces y cargos judiciales (según distrito)
Se investiga una denuncia de diciembre del año pasado por lavado de activos y la adquisición de más de 30 inmuebles en esta provincia. Leer más
Fue el primero de los imputados en declarar ante Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro que tiene a su cargo el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El neurocirujano Leopoldo Luque no solo quiso rebatir que el Diez tuvo una agonía de 12 horas, también intentó demostrar que el astro mundial de fútbol no estaba "edematizado" e hinchado, como sostuvieron numerosos testigos. Para sustentar su posición aportó una fotografía que, el 18 de noviembre de 2020, se había compartido en un grupo de WhatsApp.Ya había pasado gran parte de la declaración que Luque brindó ayer ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani. Ya había dicho que era inocente y que Maradona no había sufrido agonía. En un momento, entonces, afirmó que Diego no estaba hinchado ni edematizado y aportó una fotografía que tenía en su tablet."Esto pone en crisis lo que se venía diciendo en el juicio anterior", dijo un abogado que defiende a uno de los siete acusados. Se refería al debate que fue declarado nulo después del escándalo protagonizado por la por entonces jueza Julieta Makintach, quien participaba de la producción de un documental sobre las alternativas del juicio que había comenzado el 11 de marzo del año pasado y que la tenía como una de las integrantes del tribunal.En la imagen, una selfie que sacó un acompañante, se lo puede ver a Maradona durante una comida en la casa del barrio privado San Andrés, en Benavídez, en Tigre, donde Diego vivió sus dos últimas semanas de vida.La fotografía, según se dijo en la audiencia de ayer, corresponde al 18 de noviembre de 2020, una semana antes de la muerte del crack mundial del fútbol."Estoy completamente seguro que no existió la agonía [de Maradona]", afirmó. Así quiso poner en duda lo sostenido en mayo de 2021 en las conclusiones de la junta médica que firmaron los peritos oficiales convocados por la Fiscalía General de San Isidro."Maradona comenzó a morir, al menos, 12 horas antes de las 12.30 del día 25 de noviembre pasado. Presentaba signos inequívocos de periodo agónico prolongado, por lo que concluimos que el paciente no fue debidamente controlado desde las 0.30 horas del día de su muerte", se sostuvo en la citada junta médica.Tras la declaración de Luque, Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, afirmó: "La declaración de Luque, se circunscribió , en su primer parte, a dar cuenta de una serie de papers internacionales que cuestionan (según él) el resultado de la junta médica y la autopsia. Parece mentira que a esta altura del partido siga cuestionando que Maradona haya agonizado y que él (y no otro) era el indiscutible médico de cabecera del paciente".El representante del Ministerio Público Fiscal también sostuvo: "El segundo segmento de su declaración fue aún más confuso sobre todo cuando quiso explicar lo inexplicable, esto es, una avalancha de audios telefónicos que lo tuvieron como protagonista afirmando precisamente lo contrario a lo que pretendía demostrar en su declaración inicial. La fotografía que mostró no es novedosa. La obtuvo la propia fiscalía cuando le secuestro el teléfono a Luque a las 72 horas de la muerte de Maradona. Si se la observa con detenimiento tenia el rostro notoriamente más hinchado que cuando estaba en la Clínica Olivos [cuando fue operado de un hematoma subdural en la cabeza] en días anteriores. De hecho así lo afirman todos los testigos que lo vieron en la casa de Tigre".El martes próximo continuará el debate con la presencia de los primeros testigos del nuevo juicio.
Durante su intensa agenda en ese país, Luz Adriana Camargo Garzón reforzó acuerdos y logró nuevos pactos que buscan enfrentar juntos delitos de alto impacto como el narcotráfico y las finanzas ilícitas en la región
Un grupo de manifestantes realizó una concentración en la capital guatemalteca para solicitar un proceso limpio en la selección del titular del Ministerio Público y rechazar la reelección de la actual autoridad judicial
La acusación sostiene que se usaron empresas de Toviggino como "fachada" para "ejecutar negocios ilícitos"
En diciembre pasado, después de siete años de ausencia, el músico Cristian Álvarez Congiu, popularmente conocido como Pity Álvarez, volvió a los escenarios y se presentó ante 35.000 personas en un show en Córdoba. El recital tuvo consecuencia en los tribunales: el fiscal general Sandro Abraldes solicitó que se reanude el proceso de forma inmediata y que se fije fecha para comenzar el juicio donde el músico debe ser juzgado por un homicidio que protagonizó en 2018.Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El dictamen fue presentado en las últimas horas por el fiscal Abraldes ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N° 29, a cargo del debate.Para solicitar la reanudación de forma inmediata del proceso y que se fije fecha "a la brevedad" para que comience el juicio, el representante del Ministerio Público Fiscal se basó en un informe elaborado por profesionales del Cuerpo Médico Forense donde se determinó que Pity Álvarez "dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal".El estudio médico fue ordenado tras un pedido hecho por el fiscal Abraldes ante el tribunal después del multitudinario show que protagonizó el músico en Córdoba."Desde esta perspectiva corresponde destacar que la aseveración positiva efectuada por los profesionales del Cuerpo Médico Forense aparece sumamente documentada. En efecto, el informe se encuentra precedido de una profusa serie de estudios e instancias clínicas: se dispuso una evaluación toxicológica completa en orina y de etanol en sangre del imputado, se realizó una resonancia magnética nuclear de cerebro sin contraste, se practicó un electroencefalograma, se llevó a cabo una evaluación neurológica integral y, además, se cumplimentó una evaluación psicodiagnóstica que involucró entrevistas y administración de test", sostuvo Abraldes en su dictamen, al que tuvo acceso LA NACION.El 7 de marzo de 2023, los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro habían decidido suspender el juicio hasta que el cantante esté en "condiciones psíquicas" de enfrentar el proceso.En la misma resolución, los magistrados rechazaron el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Álvarez y ordenaron, además, elcese del arresto domiciliario.El músico había sido procesado con prisión preventiva el 18 de julio de 2018 por el juez en lo criminal y correccional porteñoMartín Yadarola, magistrado a cargo de la investigación del homicidio de Cristian Díaz."Se descarta que Álvarez hubiese reaccionado como consecuencia de un posible delirio persecutorio. Un delirio consistiría en una confusión mental caracterizada por alucinaciones, reiteración de pensamientos absurdos e incoherencia, una creencia completamente irracional, sin ninguna base demostrable, que alguien mantiene a pesar de demostrarle que son falsas. Sin embargo, esta hipótesis debería ser rechazada, pues el encuentro con la víctima se prolongó durante varios minutos (la testigo llegó a señalar que habría durado veinte minutos o más). En ese contexto, se produjo un primer diálogo, luego una confrontación o discusión, para finalizar con el intento de llevar la cuestión a una riña, que derivó en la reacción del causante, agrediendo a Díaz mediante el ataque armado", había sostenido el juez Yadarola.Tras la suspensión del juicio en 2023 y su excarcelación, Pity comenzó a tener apariciones públicas y regresar a los ensayos. En diciembre pasado, regreso a los escenarios y ahora prepara un nuevo recital para el mes próximo."La conclusión a la que arribaron los médicos forenses del cuerpo de peritos oficiales además, se ve respaldada por las más recientes apariciones públicas del imputado (entre ellas, adquiere centralidad absoluta el concierto multitudinario que brindó en diciembre de 2025 en la provincia de Córdoba), en las que se observa a una persona evidentemente orientada en tiempo y espacio, con conciencia de situación y con evidente dominio de su capacidad de atención y concentración (a los cientos de vídeos de conocimiento público que circulan por distintos canales y medios de comunicación, deben sumarse también aquellas otras imágenes aportadas por la fiscalía como resultado de la diligencia policial practicada en el estadio en el que se llevó cabo el referido espectáculo musical). El show de 3 horas en el estadio Mario Kempes ha dejado en evidencia, por parte de Alvarez, una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja. Existe una disonancia objetiva entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional. La valoración judicial no puede prescindir de los datos de realidad contemporáneos que revelan un nivel de funcionamiento incompatible con la hipótesis de imposibilidad procesal insistida por la defensa", explicó el fiscal Abraldes.Pity Álvarez no solo esta acusado del homicidio de Díaz. También debería ser juzgado por portación ilegítima de arma de uso civilyprivación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y amenazas."El caso expone una cuestión que, no por obvia, deja de ser decisiva para el normal desarrollo de todo proceso judicial: las competencias de organización que cada quien de los que intervienen en un juicio debe atender para participar correctamente en él. En esos términos, del mismo modo que Cristian Álvarez debió organizar su esquema de actividades diarias para trasladarse a la provincia de Córdoba, ensayar con sus músicos, probar sonido y, luego, brindar un recital durante aproximadamente 3 horas sin interrupciones (respetando para todo ello un cronograma), deberá también -en coordinación con su defensa técnica- organizar su esquema de actividades para enfrentar el desarrollo del debate oral y público", dijo Abraldes.
Durante el mes de abril se debe presentar correctamente la declaración anual ante el SAT
La fiscal suspendida pidió nuevamente afrontar el proceso en libertad por su salud, cuestionó el trato desigual frente al expresentador y denunció deficiencias médicas y hacinamiento en el penal
El funcionario norteamericano destacó la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado y el trabajo conjunto para desarticular redes criminales transnacionales
Luis Caputo aseguró que en el primer trimestre del año el excedente fiscal fue de 0,5% del PBI. El objetivo con el Fondo Monetario pasó a ser de 1,4% del Producto."El ancla fiscal no se negocia", dijo Milei.
De acuerdo al dictamen, durante la presidencia de Alberto Fernández hubo una "matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses" que habría priorizado los negocios privados sobre la salud pública en un momento muy complejo para toda la sociedad. Leer más
Economía logró que el staff del organismo multilateral recorte el objetivo de excedente fiscal para 2026. La postura de los analistas y los desafíos para los próximos meses
El gerente Leonardo Villar pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro moderar el lenguaje y frenar los cuestionamientos a la entidad, al advertir que estas críticas pueden afectar la confianza en la economía y deteriorar la percepción internacional del país
El ente de control advirtió un aumento del 49,3% en la apropiación de deuda pública para 2027, lo que podría desencadenar un debate de control político en el Congreso
La Cámara Federal de La Plata anuló los procesamientos y embargos de Jorge Castillo, "El Rey de la Salada" y sus socios. Tres fiscales van a la Cámara de Casación para tratar de salvar la causa en que se habían embargado 170 inmuebles y autos de lujo, además de toneladas de ropa falsificada.
El nuevo entendimiento técnico entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) introdujo cambios en el programa económico para 2026. A la espera de la aprobación del directorio que de luz verde a un desembolso de US$1000 millones, el staff del organismo delineó un esquema con menor exigencia fiscal, estableció una meta de acumulación de reservas más flexible y un rol más explícito del financiamiento externo como sostén de la estabilización.El objetivo sería acumular unos US$3500 millones hacia junio y US$8000 millones para fin de año, según dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, a LA NACION, en un esquema que combina compras de divisas con financiamiento externo. El número implicaría una flexibilización respecto de la trayectoria prevista en la revisión anterior del acuerdo, que se había realizado en agosto de 2025, antes del impacto de las elecciones de octubre y del shock internacional derivado de la guerra en Medio Oriente.En ese esquema, el propio FMI proyectaba -no la meta propuesta, que no estaba indicada para fines de año en la primera revisión- que las reservas netas pasarían de alrededor de -US$2600 millones a fines de 2025 a unos US$8400 millones positivos en 2026, lo que suponía una acumulación cercana a los US$11.000 millones. El cambio se da en un contexto en el que el programa ya venía desfasado. Según la metodología acordada con el organismo, las reservas netas cerraron 2025 en torno a -US$14.100 millones, frente a una meta revisada de -US$1000 millones, lo que implicó un incumplimiento superior a US$13.000 millones, incluso después de que el FMI hubiera flexibilizado ese objetivo en unos US$6500 millones.Si bien el Banco Central (BCRA) logró sostener un ritmo elevado de compras de divisas en el inicio del año, esas adquisiciones no se tradujeron en una mejora equivalente del stock de reservas. Según la consultora Invecq, la autoridad monetaria compró más de US$5400 millones en lo que va de 2026, pero las reservas brutas crecieron apenas US$2326 millones en ese período y las reservas netas incluso retrocedieron, afectadas por pagos de deuda y transferencias al Tesoro para el mismo fin.Ese comportamiento refleja una dinámica que aparece en el centro de la discusión: la economía genera divisas a partir del impulso exportador del agro y Vaca Muerta, pero la autoridad monetaria no logra retenerlas. Parte de los dólares que ingresan se utilizan para atender compromisos financieros o sostener la transición del esquema cambiario, lo que limita la capacidad de acumular reservas de manera sostenida.El propio comunicado del FMI refuerza esa lectura al señalar que las reservas netas "aumentarían al menos US$8000 millones en 2026", al tiempo que menciona compras de divisas del Banco Central (BCRA) por unos US$10.000 millones. La diferencia entre ambos números refleja que no todo el flujo de dólares se traduce en acumulación neta.Ese desfasaje también explica por qué el organismo incorporó de manera más explícita el rol del financiamiento. El nuevo esquema menciona una estrategia que incluye emisión de deuda en dólares bajo legislación local, ventas de activos, repos del BCRA y préstamos externos, potencialmente respaldados por organismos internacionales. En la práctica, esto implica que la recomposición de reservas no dependerá solo del superávit comercial, sino también del acceso a distintas fuentes de crédito."La meta de reservas se había vuelto totalmente inalcanzable y la llevan a algo exigente, pero alcanzable", explicó Gabriel Caamaño, economista de Outlier. "El tema de reservas y financiamiento es central, sobre todo por los pagos que tiene la Argentina en los próximos años y la postergación de la vuelta al mercado internacional", agregó.La proyección fiscalEn paralelo, el acuerdo también ajusta la trayectoria fiscal. Mientras que en la revisión anterior el FMI proyectaba un superávit primario de 2,2% del PBI para 2026, el nuevo entendimiento lo ubica en torno al 1,4%, un poco por debajo del 1,5% que había puesto el Gobierno en el Presupuesto 2026. La corrección implica una moderación en la velocidad del ajuste, en un contexto de menor dinamismo de la recaudación y recuperación económica todavía heterogénea."La meta fiscal la alinean con las proyecciones del Presupuesto", señaló Caamaño. "El staff report es algo que se negocia entre el Fondo y el Gobierno, y se pusieron de acuerdo con ese sendero", agregó.Desde una mirada más macro, Claudio Caprarulo, director de Analytica, consideró que el nuevo escenario luce más consistente con la dinámica reciente. "En la última revisión estaba previsto un 2,2% de superávit primario y el Gobierno había planteado 1,5% en el Presupuesto. Las proyecciones actuales parecen más realistas", sostuvo.El contexto también ayuda a explicar los cambios en las proyecciones. En su último informe de perspectivas, el FMI recortó la previsión de crecimiento de la Argentina para 2026 al 3,5% y elevó la de inflación al 30,4%, en un escenario afectado por el menor dinamismo de la actividad en la segunda mitad de 2025 y el impacto global de la guerra en Medio Oriente sobre los precios de la energía.En paralelo, el Gobierno decidió no volver a los mercados internacionales entre fines de 2025 y comienzos de 2026, pese a algunas ventanas de oportunidad, al considerar que el nivel de riesgo país implicaba convalidar tasas elevadas que no reflejan los fundamentos de la economía. Esa decisión refuerza la necesidad de recurrir a otras fuentes de financiamiento para sostener la acumulación de reservas. Actualmente, la Argentina sigue siendo el principal deudor del FMI. La deuda pendiente asciende a US$56.900 millones, equivalentes a unos 41.789 millones de DEG, lo que representa cerca del 35% de la cartera total del organismo.
La Justicia Federal de La Plata dictó el procesamiento del piloto Gastón Mazzacane, que corre en Turismo Carretera; a su padre Hugo Héctor Mazzacane, presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC); y a otros integrantes de la familia y empresarios en una causa en la que son investigados por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta; la deuda investigada supera los 5500 millones de pesos (2021-2023) y asciende a más de 8000 millones incluyendo 2024.Según la resolución de la fiscalía, a la que accedió LA NACION, la maniobra investigada consistía en usar empresas vinculadas, contabilidad paralela y operaciones en efectivo para ocultar ingresos y vaciar la empresa principal. El objetivo habría sido evitar el pago de impuestos y frustrar el cobro por parte del Estado generando una "aparente insolvencia".El procesamiento alcanza a cinco empresarios (Hugo Héctor Mazzacane, Liliana Mónica Videla, Gastón Hugo Mazzacane, Juan Manuel Mazzacane y Eduardo David Gómez) y a las sociedades Quilmes Tolosa S.A., CEAGA S.A., Maverick S.A. y MDNAJMM S.A. por evasión fiscal e insolvencia fiscal fraudulenta.El procesamiento llegó en el marco de una investigación encabezada por la Fiscalía Federal N.º 1 de La Plata, a cargo de la fiscal federal María Laura Roteta. Tras su pesquisa, el titular del Juzgado Federal N.º 1 de esa ciudad, Alejo Ramos Padilla, dictó la medida contra cinco directivos de un grupo de empresas y de diversas personas jurídicas por considerarlos coautores de los delitos de insolvencia fiscal fraudulenta y evasión tributaria, en perjuicio del fisco nacional por la suma de $3.965.225.508, según se indica en el portal https://www.fiscales.gob.ar/.La resolución judicial fue dispuesta luego de que la fiscalía y la delegación La Plata de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en la causa, solicitaran las declaraciones indagatorias contra directivos de la firma Quilmes Tolosa S.A. â??distribuidora de la marca cerveceraâ?? y a otras sociedades vinculadas. De las cinco personas procesadas, cuatro son hombres y la restante, una mujer.La investigaciónLa pesquisa se inició a partir de una denuncia formulada por la seccional La Plata de ARCA, con la intervención de su titular Ignacio González, sobre presuntas maniobras de evasión vinculadas a distintos tributos correspondientes en los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023 y 2024. Además, se sospechaba de un proceso de vaciamiento patrimonial sostenido durante casi una década.Fue entonces que la investigación pasó a manos de la Fiscalía Federal N.º 1 platense, que reconstruyó la estructura societaria del grupo económico, determinó el alcance real de su operatoria comercial "y verificó la existencia de circuitos de ventas no registradas y traspasos patrimoniales", se informó de manera oficial.Durante la pesquisa hubo allanamientos en domicilios particulares y sedes comerciales, en los que se secuestró documentación contable, societaria y financiera relevante, además de dinero en efectivo. Las tareas contaron con la asistencia de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina. De acuerdo con lo reconstruido por la fiscalía, "la firma principal registraría una deuda fiscal millonaria cuya ejecución habría sido obstaculizada mediante la transferencia de activos y flujos económicos hacia otras sociedades del mismo grupo". Para el Ministerio Público Fiscal, los imputados habrían desplegado, al menos entre 2014 y 2024, un esquema destinado a provocar o agravar la insolvencia fiscal de la firma principal del grupo con el fin de frustrar el cobro de sus obligaciones tributarias."Entre las maniobras detectadas se incluyen la transferencia de bienes registrables a sociedades vinculadas, el desvío de flujos financieros, la utilización de sistemas de contabilidad paralela, la continuidad de la actividad comercial a través de estructuras societarias alternativas y el vaciamiento patrimonial deliberado", se añadió oficialmente.
El economista Guido Zack destacó que el salario es "el gran perdedor" del esquema actual y que la caída del consumo profundiza el freno de la actividad. Leer más
La solicitud la realizó en una carta a la que ya se le da seguimiento por parte de la presidenta y su equipo
Gerardo Pollicita cuenta con un listado de 17 viajes realizados por el jefe de Gabinete del año 2022 a la fecha.La fiscalía dictará nuevas medidas de prueba que logren completar el cuadro trazado de viajes, fechas y costos.
El funcionario disertó en Washington en un evento organizado por el Atlantic Council sobre finanzas y políticas sanitarias
La instancia federal concluye que no hay delito y el caso carecía de sustento jurídico
Para la organización, el relato no es inocente: llega en el momento exacto en que el Senado avanza con un proyecto para agravar las penas por falsas denuncias, y cuando el debate sobre el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género está en su punto más álgido. Los datos, sin embargo, apuntan en otra dirección. Leer más
En su primera aparición pública extensa tras asumir como Fiscal General, Carlos Lezcano relató dos casos en los que hombres fueron encarcelados por falsas denuncias de abuso sexual intrafamiliar. Sus declaraciones instalan una señal de alerta sobre las investigaciones penales en un contexto nacional donde el debate sobre las denuncias falsas divide al sistema judicial. Leer más
El tributarista analizó el impacto real de la ley de inocencia fiscal y advirtió por su implementación gradual. Leer más
"Grupo de improvisados". Así calificó Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro, a los siete imputados que hoy comenzaron a ser juzgados por su presunta responsabilidad en la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en una casa alquilada en un barrio privado de Tigre.El fiscal Ferrari estuvo a cargo de presentar los lineamientos de la acusación pública ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, presidido por el juez Alberto Gaig e integrado por los vocales Alberto Ortolani y Pablo Rolón, magistrados a cargo del debate en el que, previamente, rechazaron el pedido del abogado Francisco Onetto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, de que el juicio sea transmitido en vivo en su totalidad.Nuevo juicio por la muerte de Maradona: la palabra del fiscal Patricio Ferrari"Tenemos una necesidad imperiosa: nosotros y la sociedad en su conjunto queremos que haya verdad. El derecho a la verdad es un derecho humano", fueron las primeras palabras del representante del Ministerio Público Fiscal.Y agregó que, desde hace más de cinco años se ha construído una acusación sólida y sin fisuras. El fiscal Ferrari le explicó a los jueces del tribunal que van a conocer las pruebas en "tres estamentos": la prueba testimonial, la evidencia tecnológica y la esfera médica.Los siete imputados sentados en el banquillo de los acuados son el neurocirujano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón, la coordinadora médica por parte de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna."En ese marco, con toda la evidencia, los jueces van a conocer a un grupo de improvisados, que son los imputados, encabezados por Luque, sin dudas el médico de cabecera de Maradona, secundado por quien hacía de su psiquiatra", explicó Ferrari.Para el representante del Ministerio Público, los imputados incumplieron todos los deberes a su cargo. "Maradona fue abandonado a su suerte, condenado a la muerte", afirmó Ferrari.El representante del Ministerio Público también adelantó que los jueces van a observar la prueba que va a mostrar que Diego tuvo una internación domiciliaria "sin precedentes, cruel y lapidaria, desprovista de todo".Para el acusador, los "imputados no hicieron nada para evitar que Maradona muriera".Ferrari afirmó que "Maradona comenzó a morir 12 horas antes de su verdadera muerte" y que un traslado en auto o en una ambulancia a una clínica le hubiese salvado la vida.El fiscal también habló de "silencio letal" y "indiferencia criminal".Después, su colega Cosme Iribarren, también fiscal general adjunto de San Isidro, hizo una descripción de las acciones que se les adjudican a cada uno de los imputados.
Usuarios pueden crear o cambiar su contraseña del SAT desde la aplicación móvil y así acceder a servicios como consultas, descargas de documentos fiscales y seguimiento de trámites sin ir personalmente a módulos de atención
En el AmCham Summit hubo un panel de mandatarios provinciales que destacaron el reordenamiento de la macro, aunque sostuvieron que es necesario reducir tributos y mejorar la distribución de fondos
El Jurado de Enjuiciamiento fijó la fecha del inicio de la audiencia para esclarecer si incurrieron en presunto mal desempeño y negligencia grave. El resultado podría ser la destitución de los acusados: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Leer más
El fallo, que señala irregularidades en los procesos penales abiertos en el contexto de la persecución judicial impulsada por la actual fiscal general Consuelo Porras, representa un reconocimiento inédito de los obstáculos enfrentados por operadores de justicia en el país centroamericano
Un plan para revocar decisiones históricas de la Corte Suprema fue presentado por los aspirantes republicanos Chip Roy y Mayes Middleton en Texas este lunes 13 de abril. Los dos candidatos a la fiscalía general explicaron que su propósito es acabar con el derecho de los niños sin estatus legal a la educación y con el matrimonio igualitario.Candidatos de Texas frente a las decisiones de la Corte SupremaThe Texas Tribune reportó que este punto de vista representa un extremo tras la salida de Ken Paxton. El actual fiscal general compite en una interna cerrada contra el senador John Cornyn. Tras los resultados del 3 de marzo, donde Cornyn superó a Paxton por solo un punto porcentual, la contienda se definirá en una segunda vuelta el próximo 26 de mayo.De acuerdo con el portal citado, el objetivo de esta propuesta es utilizar la mayoría conservadora del máximo tribunal en este momento para cambiar la jurisprudencia de Estados Unidos.El plan proviene de la presión por grupos conservadores del ámbito legal que consideran que se les presenta una gran oportunidad política. La fiscalía de Texas, según el medio mencionado, dejó de ser una entidad burocrática y se transformó en un campo de batalla para las políticas públicas.Los impactos de la medida en los migrantesUno de los objetivos principales es anular Plyler v. Doe, la decisión judicial de 1982 que asegura educación pública sin costo para niños que no son ciudadanos. Esta controversia surgió a partir de una ley texana promulgada en 1975, que otorgaba a los distritos escolares el derecho de rechazar a alumnos indocumentados. Middleton consideró como negativa esta decisión y tiene confianza en que los magistrados federales actuales tomarán un resultado favorable. Roy incorporó este objetivo como uno de sus prioritarios para su gestión futura en la fiscalía.Texas Tribune aclaró que los siguientes asuntos son los puntos de conflicto:El desembolso estatal que resulta del acceso a las escuelas públicas para los alumnos sin estatus legal.La legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo.La magnitud de la autoridad federal en relación con el comercio interior de los estados.La supresión de antecedentes que obstaculizan la oración en las instituciones educativas.Anular antiguos fallos en Texas bajo una visión conservadoraLa estrategia de los republicanos enfrentó críticas. Steve Vladeck, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown, señaló: "La noción de que el fiscal general de cualquier estado deba liderar la carga para definir qué significa la Constitución es el epítome de la soberbia". Cabe destacar que Middleton ya impulsó leyes para colocar los Diez Mandamientos en las aulas. "Tenemos que derrotar estos precedentes ateos que detuvieron la oración en la escuela", afirmó sobre el fin de la separación entre Iglesia y Estado. Por su parte, Chip Roy aseguró en el foro de Tyler: "Hay una guerra contra nuestras almas como texanos". El legislador aclaró que su oficina presentará desafíos legales en cada frente disponible contra los precedentes de la Corte Suprema para devolver el poder a los estados.El futuro de la fiscalía de TexasLa oficina legal de Texas bajo la dirección de Paxton demandó a la administración de Joe Biden en más de 100 ocasiones. Los candidatos Roy y Middleton prometieron continuar esta tradición de litigio partidista.Roy, quien trabajó anteriormente bajo las órdenes de Paxton, destacó su experiencia previa en intentos por bloquear la implementación del matrimonio igualitario en el estado.En caso de que la legislatura estatal no avance con leyes específicas, el próximo fiscal general podría buscar acuerdos judiciales para forzar cambios.
Los votantes deberán decidir entre enfoques opuestos de recaudación y gasto, en un escenario donde la política tributaria se vuelve eje central de la campaña y crecen las tensiones entre gobernadores
El titular del Ministerio Público señaló que existen observaciones al proceso electoral por fallas logísticas que afectaron a más de 52 mil ciudadanos, aunque precisó que no hay elementos que sustenten la existencia de un fraude
El expresidente está acusado de haber beneficiado a brokers cercanos a él con contratos millonarios.El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, manifestó su desacuerdo.
A la fiscal, que estuvo a cargo de la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la imputaron por "encubrimiento agravado". Dijo que le llamaba la atención que Eduardo Taiano la hubiera imputado luego de que se le solicitó el pedido de juicio político por su accionar en la causa "cripto Libra". Leer más
La maniobra judicial para intentar unificar al menos tres causas vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el juzgado federal de Campana quedó en suspenso. El fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, opinó que el expediente con todos los registros bancarios de la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette, debe tramitar en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión final quedó en manos del camarista Ignacio Rodríguez Varela, que ya decidió en ese sentido. Sáenz sostuvo que la sede social de la AFA, al momento que se habrían cometido los delitos, estaba en la Ciudad de Buenos Aires. Y se alineó con la argumentación del fiscal de la Cámara de Casación, Mario Villar, que argumentó que el juzgado de Campana no es competente para investigar las denuncias contra los máximos dirigentes de la AFA y denunció que esa causa se inició con un simple mail de Luciano Pantano, el supuesto dueño de la mansión. "La incompetencia intentada resultaría prematura, en tanto no se ha establecido aún cual es el tribunal a cargo de investigación del delito de lavado de activos, a la cual se está pretendiendo anexar esta pesquisa", planteó Sáenz. La causa que se pretende enviar a Campana comenzó con una denuncia del empresario Guillermo Tofoni y es la única que tiene todos los registros bancarios que reveló LA NACION a partir del 28 de diciembre. Son más de 3000 páginas de transferencias obtenidas a través de dos discoveries en la Justicia de Estados Unidos. Entre otras cosas, esos documentos revelan que se desviaron al menos US$ 42 millones hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. La investigación de LA NACION demostró que en realidad fueron al menos diez sociedades y que el desvío supera los US$ 57 millones. El dinero provenía de al menos cinco cuentas de TourProdEnter. La última que se descubrió estaba en el PNC Bank y fue abierta por el propio Faroni. Esa cuenta recaudó unos US$13 millones y desvió más de USS 3 millones al mismo universo de sociedades fantasma que controlaban los implicados en la maniobra.En dos ocasiones, la fiscal Silvana Russi y la jueza Paula Petazzi intentaron mandar la causa a otra jurisdicción. La última ocurrió hace pocos días. La decisión fue apelada por los abogados de Tofoni y ahora por el fiscal ante la Cámara Criminal y Correcional. "Frente a estos graves cuestionamientos señalados por mi colega ante la Cámara Federal de Casación Penal, y no habiéndose modificado el escenario en estos actuados respecto de aquellos que obraban cuando la Sala V de esta Cámara de Apelaciones revocó la incompetencia en favor de la Justicia Federal de Lomas de Zamora, entiendo que debe rechazarse la inhibitoria planteada y mantenerse la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11", sostuvo Sáenz. En su dictamen, el fiscal general también tuvo en cuenta un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ) "explicando toda la secuencia relativa al cambio de jurisdicción de la sede social de la AFA, y solicitando al Ministerio de Justicia de la Nación la intervención de dicha Asociación en grado de veeduría".La otra investigación que ya aterrizó en Campana es la que llevaba adelante el juez Luis Armella, que comenzó con una denuncia sobre ex dirigentes de Banfield, luego se amplió a la financiera Sur Finanzas, y terminó rozando a Faroni y las sociedades fantasma. Los encargados de resolver la disputa de fondo por la competencia son Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky, candidato a ocupar la Procuración General de la Nación. El viernes, los jueces de la Cámara de Casación rechazaron una recusación contra Ledesma y quedaron en condiciones de resolver. Deben establecer qué tribunal es el competente para investigar las causas contra la AFA: el penal económico de Marcelo Aguinsky, el federal de Daniel Rafecas (el que ordenó los primeros allanamientos) o el federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. El presidente de la AFA Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino ya están procesados por la evasión de impuestos, pero están más pendientes de esa decisión.
El superávit fiscal fue, desde el primer día, la columna vertebral de la gestión de Javier Milei. La promesa de que el Estado no gastaría más de lo que recauda se convirtió en el ancla de credibilidad de todo el programa económico. Y aunque los números siguen en verde, en los últimos meses la caída de la recaudación impositiva lo tornó cada vez más desafiante. Los números del primer trimestre del año son elocuentes. La recaudación tributaria de impuestos nacionales cayó 4,5% en términos reales en marzo respecto del mismo mes del año anterior, de acuerdo con un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Fue el octavo mes consecutivo con tendencia negativa, aunque con una desaceleración con respecto a los dos meses previos. En el acumulado del primer trimestre del año, la recaudación bajó un 8,7% real interanual.La megaobra argentina que lleva agua del mar a las minas de cobre de Chile ya está en su recta finalCon menos recaudación de impuestos, el impacto se sintió en las cuentas del Estado. En los primeros dos meses del año, el superávit primario alcanzó el 0,3% del PBI, por debajo del 0,4% que se alcanzó en 2025 y del 0,6% de 2024. "Esto refleja que sostener el equilibrio fiscal se vuelve cada vez más desafiante", advirtieron. "Esto obliga al Tesoro a hacer una revisión de los gastos para cumplir el objetivo de superávit primario del 2,2% del PBI -base caja- acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La revisión de estos gastos, que se concentran en los que no se ajustan automáticamente, responde a decisiones en parte discrecionales, e incluyen la reducción de transferencias y la postergación de pagos de obligaciones", añadió otro informe de Quantum Finanzas. Para Martín Kalos, director de Epyca Consultora, la meta con el FMI podría cumplirse si se aplica un poco de "maquillaje contable". Se trata de una práctica muy común a lo largo de los distintos gobiernos, que incluye desde retrasar pagos a proveedores hasta modificar la manera en que se computan contablemente los intereses capitalizados de las Lecap y Boncap. "Así podría intentar llegar a un número similar al 2,2% y, por lo que falte, pedir un waiver [el perdón que otorga el FMI]", explicó.El Gobierno sigue los números de cerca. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó durante una entrevista con LN+ el domingo pasado que la baja de recaudación se debió a la eliminación de algunos impuestos. "Si vos mirás el impuesto a los débitos y créditos, ese sigue exactamente a la inflación", remarcó. Sin embargo, también admitió que hay "un poco más de informalidad". Desde el inicio de la gestión de Milei, se contabilizó la pérdida de unos 270.000 empleos formales, lo que también tuvo su efecto en la recaudación del fisco.Eso también se ve en los números oficiales. Hasta noviembre del año pasado, la dinámica estuvo muy vinculada a la eliminación del impuesto PAIS, a la modificación del impuesto sobre los Bienes Personales y la reducción de retenciones. Sin embargo, para los economistas de MAP, en los últimos cinco meses el deterioro se volvió más generalizado, y el empleo comenzó a aportar negativamente.El dólar oficial volvió a caer y perforó la barrera de los $1400"Uno podría ser simplista y decir que en la Argentina es algo que ya conocemos, la receta del ajuste fiscal, que, como no contempla una mirada productiva de dónde van a salir de la crisis en curso, termina siendo un perro que se muerde la cola. Ajustas el gasto público, ajustas en general el nivel de gasto de la sociedad, y eso significa luego menos actividad y menos ingresos por recaudación. Esto lo convierte en un ajuste perpetuo. Es una mirada simplista, pero es algo que a lo largo de la historia argentina, cada uno con sus ribetes específicos, ha ocurrido muchas veces. En este caso, no hubo una mirada productiva, o no la hubo hasta ahora", consideró Kalos. Para Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, en la medida que la actividad se recupere, la baja de impuestos y su impacto en el superávit se irán reduciendo. Aunque no descarta que haya presiones, remarcó que el objetivo de sostener el equilibrio fiscal del Gobierno es muy claro. En todo caso, hay gastos para recortar eventualmente, como los subsidios económicos", sumó.Sobre este punto, desde Quantum señalaron que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) tocó máximos absolutos en enero de este año, último dato disponible. Pero la divergencia entre máximos en actividad y caída en la recaudación puede estar asociada a diversos factores, como la composición sectorial del crecimiento.Esto es porque hubo una gran participación de los sectores agropecuarios, petróleo y gas, minería y servicios financieros. Pero esto contrasta con la baja actividad en los sectores de comercio e industria -ayer se conoció que volvieron a caer-, así como el incremento de la formalidad en sectores afectados por la competencia externa y la reducción de las alícuotas de algunos impuestos. Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la ciudad de Buenos AiresEn el mismo sentido apuntó Kalos, quien mencionó que "es innegable" que la economía argentina viene creciendo. Sin embargo, agregó que los que traccionan el índice son aquellos sectores poco intensivos en empleo o sectores que pagan pocos impuestos. Un ejemplo de esto son los beneficiados por el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI). Por todos estos factores, la recaudación cae tanto a nivel nacional como provincial. "Es esperable que algunos sectores más rezagados aporten menos, pero también los que muestran una fuerte recuperación podrían compensar. La perspectiva es que la economía crezca en 2026, lo que sigue siendo una buena señal. De cualquier manera, la posibilidad de compensar con recortes de gastos ayuda al objetivo de sostener el equilibrio", completó Baer. Caputo Responde A Todo El Kirchnerismo Es El Infierno Pero el margen para achicar los gastos del Estado es cada vez más reducido. La consultora MAP advierte que aproximadamente la mitad del gasto â??jubilaciones y Asignación Universal por Hijoâ?? está indexada por fórmula. El resto de las partidas ya se ubica en mínimos desde 2009, con excepción de los programas sociales, que vienen corrigiendo desde niveles elevados y "un ritmo condicionado por la realidad social y política". "En este contexto, el programa enfrenta una dinámica más compleja: sostener el superávit ya no depende solo de la disciplina fiscal, sino también de la capacidad de la economía de recuperar tracción, en un marco en el que los ingresos ya se muestran débiles y conviven con una demanda política por reducción de impuestos y con presiones de las provincias por más transferencias, ya sea en el marco de negociaciones legislativas o por el calendario electoral", cerró MAP.
Se presentó este lunes en los tribunales de Comodoro Py.Lo solicitó la ex funcionaria luego que el fiscal federal Eduardo Taiano pidió su procesamiento.
Las dos mujeres figuran como acreedoras de Adorni, dado que ambas le habrían otorgado una hipoteca "no bancaria" de 100.000 dólares (85.000 y 15.000, respectivamente) para la compra del inmueble que posee sobre la avenida Asamblea. Leer más
Los datos de la OCDE sitúan la presión fiscal española en el 37,3% del PIB en 2024, frente al 34% de media entre las economías de los países desarrollados y el 40% de la Unión Europea
Tomás Gálvez lidera el equipo de fiscales encargado de supervisar el proceso electoral este 12 de abril. Desde los exteriores de la sede del Ministerio Público, ofreció breves declaraciones sobre el desarrollo de la jornada
El cumplimiento de los requisitos fiscales y la documentación de cada operación son clave para aprovechar al máximo las facilidades que otorga la ley para arrendadores
El exministro de Salud y Educación aseguró que el tema no ha sido abordado de manera adecuada. Indicó que no es viable que crezca el Estado en una situación como la actual
Un reporte de la entidad tributaria destaca que los ingresos del mes presentaron el mayor incremento interanual registrado, debido principalmente al dinamismo en sectores como comercio, servicios y el aporte de impuestos principales
Según Jaime Villanueva, el nuevo coordinador nacional sería "hombre" de José Luis Castillo Alva, abogado del fiscal de la Nación e implicado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto
El máximo tribunal resolvió que las jurisdicciones provinciales ya no podrán aplicar tasas más altas a empresas cuya manufactura se realiza fuera de sus límites, apuntando a evitar prácticas discriminatorias en materia tributaria y a proteger el mercado único nacional
La presidenta madrileña respalda las propuestas de Feijóo para bajar impuestos y sostiene que el Ejecutivo central penaliza a quienes crean empleo, ahorran o emprenden en el país
Un reciente ajuste en el portafolio de infraestructura ha devuelto la posibilidad de expansión del metro al terreno de la incertidumbre, lo que intensifica la preocupación ciudadana ante la falta de soluciones sostenidas al tráfico metropolitano
Durante la jornada de entrevistas públicas, el funcionario argumentó la necesidad de lineamientos homogéneos y sistemas de evaluación medible para garantizar una actuación fiscal equitativa y eficiente en el sistema de justicia penal
El pronunciamiento se produjo luego de que el excanciller denunciara una "persecución atroz" tras ser llamado a juicio por presunto prevaricato en el caso de la licitación de pasaportes
La participación de especialistas internacionales en Guatemala culminó con un conjunto de recomendaciones enfocado en la importancia de garantizar un proceso sólido en la elección del titular del Ministerio Público para evitar riesgos institucionales
El padre del niño denunció que "a Ángel lo mataron" y apuntó contra la madre. La mujer rechazó las acusaciones y sostuvo: "Yo no maté a mi hijo". Un video muestra al menor llorar y decir que no quería ir a la casa de su mamá. Leer más
Será este lunes en los tribunales de Comodoro Py.Lo solicitó la ex funcionaria luego que el fiscal federal Eduardo Taiano pidió su procesamiento.