El 19 de octubre, una coalición de 22 fiscales generales de Estados Unidos presentó ante un tribunal federal de apelaciones un escrito para cuestionar las prácticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) relacionadas con los arrestos de inmigrantes sin orden judicial. La iniciativa busca respaldar un litigio que cuestiona los procedimientos de detención utilizados por las autoridades federales.¿Qué reclaman los 22 fiscales generales por las redadas del ICE sin orden judicial?De acuerdo con un comunicado oficial de la Fiscalía General de Illinois, el fiscal general Kwame Raoul encabezó la presentación de un escrito amicus curiae ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. El documento respalda la demanda Escobar-Molina contra DHS, que cuestiona la política y las prácticas de detenciones civiles por motivos migratorios sin una orden judicial en Washington D. C. La coalición sostiene que la legislación federal establece dos condiciones que los agentes de inmigración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deben cumplir para detener a una persona sin una orden judicial:Contar con una causa probable para creer que el individuo se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.Tener motivos fundados para considerar que esa persona podría escapar antes de que las autoridades obtengan la autorización correspondiente.Kwame Raoul cuestionó las políticas migratorias de la administración TrumpEl fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, criticó las actuaciones de las autoridades federales y afirmó que sus métodos afectan la relación entre las comunidades inmigrantes y las instituciones. "La administración Trump continúa infundiendo miedo y desconfianza entre las comunidades inmigrantes de Illinois y de todo el país con tácticas innecesariamente crueles e ilegales", declaró Raoul.El funcionario también manifestó que mantendrá su posición junto con los demás integrantes de la coalición para defender los derechos de los extranjeros. "Seguiré junto a mis colegas y apoyaré los derechos de todos los inmigrantes mientras luchamos contra las acciones inmorales del gobierno federal que perturban nuestras comunidades", sostuvo.Cómo afectan las detenciones migratorias a las comunidades de EE.UU.En la presentación judicial, los fiscales generales describieron las consecuencias que atribuyen a los procedimientos de control migratorio cuestionados. El escrito identifica diferentes ámbitos que, según los funcionarios, resultaron perjudicados:Educación: las operaciones provocaron que algunos estudiantes dejaran de asistir a clases.Trabajo agrícola: las actuaciones de las autoridades interrumpieron actividades del sector.Salud pública: el temor a los operativos desalentó a personas que necesitaban atención médica.Economía familiar: las medidas comprometieron la estabilidad financiera de los hogares.Seguridad comunitaria: los procedimientos debilitaron los vínculos entre la población inmigrante y las fuerzas policiales locales.El antecedente judicial del caso Escobar-Molina contra el DHSLa controversia ya había registrado una resolución previa en diciembre de 2025, cuando el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió parcialmente una solicitud de medida cautelar preliminar.La decisión se produjo durante el desarrollo del proceso que examina las detenciones civiles por razones migratorias efectuadas sin órdenes judiciales. La nueva intervención de los fiscales generales se presentó ante una instancia de apelaciones mediante un escrito destinado a respaldar los argumentos contra las prácticas del organismo federal.¿Qué estados participan en la acción contra el DHS?Además de Illinois, otros 21 estados y jurisdicciones se sumaron al documento presentado ante la justicia federal. Los fiscales generales participantes representan a: ArizonaCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrito de ColumbiaHawáiMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaNevadaNueva JerseyNuevo MéxicoNueva YorkOregonRhode IslandVermontVirginiaWashington
Los fiscales determinaron que la Suizo Argentina fue la empresa que, en 15 meses, más dinero recibió de la agencia dirigida por Diego Spagnuolo, un total de $137.118.708.357. Leer más
Los fiscales que investigan la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) hicieron hoy un pedido de indagatorias en el que aportaron nuevas pruebas de presuntos sobreprecios en medicamentos que multiplicaron hasta diez veces su valor y acuerdos entre empresas que, según los fiscales, consiguieron elevar artificialmente los precios que pagaría el Estado, una aparente cartelización organizada por directivos de la droguería Suizo Argentina.El caso de la cladribina, medicamento destinado a pacientes con esclerosis múltiple, ilustra el entramado descripto por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. "Chicos, entraron eurit a 92 mil de costo. Necesito que roten", envió al grupo "Comercial Coordinadores" de la Suizo Argentina Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales de la droguería. Eurit, se trata del nombre comercial de la droga cladribina, que produce el Laboratorio Richmond, aclara el pedido de indagatoria.Seis minutos después del mensaje de Zarbo, Tomás Medina, identificado como responsable Comercial de Licitaciones de Tratamientos Especiales de la Suizo, contestó: "Precio de venta? O nos manejamos como nosotros querramos". La respuesta la obtuvo tan sólo un minuto más tarde: "Lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata", escribió Zarbo, según la prueba recolectada por la Justicia.Estos mensajes del 4 de julio de 2024 se complementan con la documentación sobre ventas. La lupa se posa sobre las compulsas del 29 de julio y 2 de agosto siguientes, por un total de 66 unidades de cladribina. De ellas, 52 fueron adjudicadas a la Suizo por un valor unitario de $3.900.000 millones y las restantes, a $4.000.000 cada una. Esa misma droga, en mayo, había sido adjudicada a $281.000 la unidad. Incluso, en agosto, 25 días después de la segunda adjudicación cuestionada, la Suizo la había cotizado a $405.014 la unidad.Este último precio que ofertó la empresa de la familia Kovalivker representa el 9,89% del valor de la adjudicación que obtuvo ese mismo mes. "El precio unitario cayó en un mes a la décima parte, sin que se verifique circunstancia legítima alguna que justifique la diferencia de valores. Solo consta: 'El precio lo pones vos loco, ganemos plata", consideró la fiscalía.Pero el precio no fue lo único que llamó la atención, sino también la actitud de las supuestas competidoras de esta empresa. En la primera compulsa, la de julio, la Suizo presentó su oferta al igual que Droguería del Sud y Soldist. La Suizo había cotizado a $3,9 millones, Droguería del Sud también y Soldist, a $4,1 millones. Según recabó la Justicia, "en la compulsa inmediatamente anterior" Soldist había cotizado el medicamento a $820 mil, una cifra muchísimo menor. ¿Por qué semejante diferencia? "¿Tal vez para dotar a la cotización de la Suizo Argentina S.A. de un manto de falsa transparencia y competencia y que le sea adjudicada como requería la firma aparentando ser la oferta más conveniente?", advierte la fiscalía.Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) contabilizó que la Suizo llegó a facturar $124.652.174.118,59 a ANDIS desde mayo de 2024 a agosto de 2025. La fiscalía agregó que "entre los años 2023 y 2024, se registró un incremento de facturación que, restada la inflación, representó un 205,7%".El nuevo pedido de indagatoria señala a Pablo Atchabahian como un presunto nexo entre la empresa de los Kovalivker y la Andis. El dictamen cita unos mensajes de agosto de 2023 entre Atchabahian y Emmanuel Kovalivker, en el que el primero le dice: "Gracias Ema querido soy un soldado" y el segundo responde: "Un gran soldadi" (sic)". Por sus gestiones de lobby en la Andis, los dueños de la Suizo le pagaban, aunque no tenían la relación registrada en blanco. Lo tenían incorporado a los gastos del "Directorio" y en la causa hay 33 facturas de vuelo halladas en sedes de la Suizo por viajes de Atchabahian.A su vez, Atchabahian compartía el "Grupo Museo", con Daniel Garbellini, un grupo de chat en el que hablaban de cómo entrar a hacer negocios con el Estado justo antes de que a Garbellini lo nombraran con un cargo clave en la Andis: el que controlaba la implementación del programa Incluir Salud, mediante el cual la Agencia compraba medicamentos e insumos. Para la fiscalía, Garbellini "era la mano derecha de Pablo Atchabahian". Otro caso resaltado por la Justicia es el del Factor VIII + Factor Von Willebrand, una droga que puede ser administrada en pacientes con hemofilia. Superganancias"Podes pedir coti de este producto?", se envió desde un teléfono a nombre de Fernando Dominguez, coordinador de Tratamientos Especiales de la Suizo, a Martín Pinto, el jefe de Control Comercial de Tratamientos Especiales. Aclaró que al día siguiente vencía la "coti" y que era para "incluir", por Incluir Salud.La fiscalía relata que Pinto respondió con un audio en el que habla de "400 mil pesos" y dice "tomate 450 de costo". Por la noche de ese 13 de agosto de 2025, Domínguez le contestó: "Dale, crack. Sí, lo tomo, dale, costo 450. Eso seguramente se lo vendo a Génesis, ahora después lo tengo que ver".Una compulsa abierta por Andis que vencía al día siguiente buscaba el medicamento al que aludían Dominguez y Pinto. "El medicamento de alto costo fue adjudicado a Suizo Argentina S.A. por un monto unitario de $1.742.401.00, el que multiplicado por las 130 unidades requeridas arrojó un total de $226.512.130.00â?³, reconstruye el texto judicial. La fiscalía habló de "pagos irracionales en perjuicio del erario público". Comparó los $1,7 millones por unidad con los 450 mil de costo.Empresa pantallaEl pedido de indagatoria también afirma que la Suizo Argentina utilizó además una empresa pantalla llamada Génesis "para simular competencia y distribuir ganancias". La fiscalía basó esa afirmación en chats entre representantes de las dos firmas, facturas y un allanamiento en Génesis donde encontraron "escasos medicamentos" y "escasa utilización del sector 'depósito' y de sus heladeras para refrigeración".La droguería Génesis facturó a la ANDIS, entre enero 2024 y agosto 2025, un total de $24,8 mil millones conforme a ARCA. La fiscalía detectó mensajes borrados entre el presidente de Génesis, Andrés Horacio Arnaudo, y el director de Asuntos Corporativos de la Suizo Argentina, Sebastián Nuner Uner, y chats entre Arnaudo y Domínguez en el que este último, que es de la Suizo, le decía: "Si podes... le mandas mje a Seba?", ante una consulta sobre cómo actuar en un negocio determinado.Previo a eso, en julio de 2024, el mismo Domínguez conversaba con su colega Pinto, en un diálogo que la fiscalía interpretó como una supuesta competencia para ver quién vendía más a las otras droguerías. Allí pronunció frases como "recién arranqué con Génesis papá" y "dame tiempo, ahora con esteâ?¦ con este chinchullito que tenemos nuevo, sabés qué, ¿no?".La fiscalía destacó además que la Suizo había omitido presentarse en compulsas que sospechosamente ganó Génesis con productos comprados a la Suizo. "¿Por qué una firma elegiría no presentarse a competir en una compulsa de precios con productos que comercializa y, en cambio, vendérselos a uno de sus competidores para que sea este quien lo haga a un valor más elevado?", se preguntaron los fiscales.En los allanamientos en Génesis, la Justicia encontró facturas de medicamentos que la droguería le compró a la Suizo y que "luego se los vendió a Andis". Según la fiscalía, la Suizo le vendió a Génesis medicamentos por $378,8 millones "vinculados a esas órdenes de compra" y Génesis "le vendió a la Andis esos mismos medicamentos" por un monto de $545,7 millones. "Por ende, la diferencia entre ambos totales arroja la cifra de $166.906.487,11â?³, advierte el análisis del Ministerio Público.
En un nuevo paso en la investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, el ministerio público acusa a la empresa de haber cooptado a la ANDIS "para ponerla al servicio de sus intereses económicos".
El adolescente de 15 años que disparó y mató a otro alumno de 13 fue sobreseído por el juez de la causa penal.
La puesta en marcha de Inocencia Fiscal II, la iniciativa oficialista para que los argentinos usen los dólares guardados "debajo del colchón" y los inyecten en la economía, todavía deja algunos interrogantes abiertos. Aunque la ley está vigente, faltan algunas disposiciones reglamentarias para terminar de definir su funcionamiento y persisten las dudas sobre el alcance de sus beneficios frente a los fiscos provinciales y municipales. Uno de los puntos pendientes es la reglamentación. Luego de que la resolución saliera publicada en el Boletín Oficial casi un mes después de la sanción de la ley, lo que obligó a prorrogar -por cuarta vez- el vencimiento de las declaraciones juradas de Ganancias, todavía se espera que se conozca otra normativa complementaria.Pandanés: la Justicia frenó la quiebra y abrió un proceso para buscar nuevos dueños"Tenemos ley, la cual fue muy esperada para terminar las declaraciones juradas de las declaraciones de personas humanas y eso aportó tranquilidad. Ahora falta que se regulen todas las cosas que pueden venir hacia adelante, por ejemplo, cuando el fisco detecte la discrepancia del 15%, o qué hacer con los períodos para atrás. Pero no es imprescindible que salga ya", explicó Fernanda Laiún, socia de LFS Tax.De acuerdo con Mariano Ghirardotti, socio del Estudio Ghirardotti, en los próximos días deberían publicarse el decreto modificatorio y las resoluciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) necesarias para completar la implementación del esquema. La ley estableció un plazo de 15 días desde su publicación."A nueve días del vencimiento de las declaraciones juradas de Ganancias 2025, la Ley de Inocencia Fiscal II continúa sin su reglamentación específica. El plazo de presentación para personas humanas y sucesiones indivisas sigue fijado para el viernes 30 de octubre, mientras permanecen pendientes las disposiciones complementarias para instrumentar los cambios del régimen", sumó Marcos Felice, contador y creador del Blog del Contador. El otro interrogante está fuera de la órbita nacional. Hasta el momento, ninguna jurisdicción provincial ni municipal formalizó públicamente su adhesión al régimen, pese a que el Gobierno buscó que las administraciones locales acompañaran la iniciativa. No se trata de una discusión menor, si se tiene en cuenta que el esquema apunta a que los contribuyentes puedan incorporar al circuito formal activos que mantenían sin declarar.El riesgo país continúa su baja de ayer, en un contexto de menor tensión financiera global"Si bien el problema de que las provincias no adhieran también estuvo presente en los blanqueos de Macri y de Milei, donde algunas adhirieron y otras no, la verdad es que esto es solo un problema para quienes exterioricen los 'dólares del colchón'. Es decir, para quienes depositen o compren bienes con dinero ahorrado fuera del sistema. ¿Por qué podría transformarse en un problema? Porque las provincias tienen en su legislación la posibilidad de aplicar impuestos, intereses y sanciones cuando detecten, por ejemplo, depósitos bancarios que exceden los montos de ventas declaradas por el contribuyente. Muchas veces, se suma un 10% adicional en concepto de renta consumida y dispuesta", sumó Ghirardotti. No obstante, Laiún relativizó el riesgo de que un depósito bancario derive directamente en un reclamo provincial. Según explicó, la administración local podría pedir explicaciones sobre el origen del dinero, pero eso no implica necesariamente que deba considerarlo un ingreso gravado. La posibilidad de justificarlo como ahorro dependerá de las circunstancias de cada caso y de la consistencia de la situación patrimonial del contribuyente. "Pero no lo veo como una discusión tan directa, y que vayan a reclamar una parte de los ingresos por el impuesto sobre los Ingresos Brutos", agregó.
Los congresistas, señalados por cuatro presuntos delitos relacionados con las actuaciones de la Comisión Permanente del Congreso durante el proceso electoral de 2025, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que programe una audiencia de imputado.
El régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI para los amigos) se ha convertido en una pieza muy importante, casi única, de la "política industrial" del gobierno del presidente Milei. Sin embargo, o justamente por ello, han surgido tanto desde la economía como desde la política algunos cuestionamientos al mismo. Desde la economía, se observa que no se ha incluido en el proyecto de Presupuesto Nacional una estimación del costo fiscal teórico de las ventajas impositivas que el régimen otorga, como sí se hace con otros regímenes vigentes y con rebajas de alícuotas impositivas que benefician a ciertos productos y/o servicios. Y, un tema más de fondo, se cuestiona que no se haya contemplado en el diseño del programa más específicamente el "derrame" de las actividades promovidas.Desde la política, el kirchnerismo, por ejemplo, ha "amenazado" con revisar los proyectos ya aprobados y replantear el sistema al futuro.En las líneas que siguen pretendo, como casi siempre, agregar más confusión a la confusión habitual que predomina en el debate argentino.El RIGI no es un capricho del Ejecutivo: es producto de una ley votada por el actual Congreso de la Nación, bajo la premisa de que, sin este régimen, las inversiones que promociona no se podrían realizar. Con este enfoque, sería absurdo que el Presupuesto incluyera una estimación de costo fiscal. Por el contrario, debería estimar la "ganancia fiscal" por la recaudación de impuestos que estas inversiones producirán y que no existirían sin el régimen. Desde la vereda de enfrente se argumenta que las inversiones mencionadas se hubieran hecho de todas maneras, de forma tal que las ventajas fiscales que generan son simplemente un "regalo" a las empresas y que es ese regalo el que constituye una pérdida fiscal, por la diferencia entre el régimen fiscal general y el que corresponde al régimen.En este contexto, el debate resulta improductivo. Para quienes piensan que sin RIGI no habría inversiones, no hay costos; es todo ganancia. Para quienes piensan que las inversiones se estarían realizando de todas maneras, no hay ganancia; es todo costo. Es probable que, como siempre, la verdad esté entre los extremos. Puede ser que algunas inversiones se estarían realizando de todas maneras aun sin las ventajas que el régimen brinda, y puede ser que otras no. Puede ser también que alguno de los incentivos que se otorgan valga más que otros dependiendo del tipo de inversión y del origen de la empresa. Puede ser que algunos sean exagerados y otros muy entendibles. Pero aquí, más que cuestionar el régimen, deberíamos preguntarnos por qué, para atraer inversiones de largo plazo que "hunden" casi literalmente mucho capital en el país, la Argentina necesita dar garantías que otros países no dan, o que dan en mucha menor magnitud. La respuesta es más o menos obvia. La Argentina tiene una larga historia de ruptura de contratos, cambios impositivos, sorpresivas prohibiciones de exportar, fijación de precios locales diferentes a los internacionales, etc.Ante esta larga historia de incumplimientos, los inversores pretenden que se les firme un contrato en donde quede explícito y muy claro lo que el gobierno argentino, (los gobiernos en realidad, Nación, provincias y municipios) no puede hacer y los compromisos que se asumen en todos los planos, fiscal, cambiario, aduanero, regulatorio por el tiempo de duración del régimen. Nuevos RIGIs aprobados ð??¦ð??·ð??¦ð??·ð??¦ð??·El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI de dos nuevos proyectos de TGS S.A. destinados al tratamiento de los líquidos del gas natural (NGLs). Son iniciativas clave para el desarrollo de Vaca Muerta, que incrementan la capacidad de evacuaciónâ?¦— totocaputo (@LuisCaputoAR) October 19, 2026Pero sabiendo que una ley se puede cambiar con otra ley, también está previsto que las controversias por una eventual ruptura del contrato se sometan a arbitrajes y, de ser necesario, a la justicia de otro país o de algún organismo supranacional. Es decir, la desconfianza no es solo contra los gobiernos sino también contra el Poder Judicial argentino. En otras palabras, como las empresas no pueden asegurarse de que el contrato se cumpla, se han asegurado de tener todos los elementos necesarios, dada la experiencia anterior, para ganar un juicio. (Si eventualmente podrán cobrarlo, es otra cuestión).Si llamáramos a las cosas por su verdadero nombre, y se quisiera, de todas maneras, por un enfoque contable-fiscal, computar el gasto tributario que el RIGI genera en cada año fiscal, más que costo fiscal el rubro debería llamarse costo reputacional. Paradójicamente, es el costo que todos los argentinos debemos pagar por las malas políticas que siguieron, entre otros, aquellos que hoy cuestionan las ventajas que otorga el régimen.Es cierto que hay temas que el esquema de incentivos debió haber contemplado mejor, como por ejemplo el desarrollo de proveedores locales (nacionales, no exclusivos de una provincia o municipio), la capacitación de trabajadores que deben ser reinsertados en los nuevos sectores que se promocionan, o cómo extender las cadenas de valor. Pero no es menos cierto que las condiciones internacionales ventajosas, para la minería, la exportación de GNL o la industrialización de productos a partir de energía abundante y menos sucia ambientalmente se presentan hoy. No sabemos si seguirán mañana y, por lo arriba expuesto, hay competencia más confiable en el mundo que nosotros. Es probable que intentar incorporar estos elementos "nuestros" a la negociación, en vez de aceptar el sistema propuesto por los inversores, hubiera llevado más tiempo, y con resultados inciertos. Y el tiempo es lo que no tenemos después de tantos años de estancamiento.En síntesis, nuestro prontuario se paga. Por lo tanto, será necesario cubrir los puntos flojos del RIGI con políticas públicas complementarias que contemplen algunos de los temas arriba marcados.Pero ahora, dado el contexto global mencionado, solo cabe recordar un concepto atribuido a Maquiavelo que me recordó un amigo hace unas semanas: "La oportunidad es fortuna. Aprovecharla es virtud".
La Cámara Federal de La Plata ratificó a Sergio Mola en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El organismo de control reportó 33 hallazgos fiscales en los últimos cuatro años y alertó por pagos indebidos, intereses moratorios y riesgos de financiación en el FOMAG
Su investigación derivó en el juicio contra el empresario Clay Shaw, absuelto en 1969, y décadas después inspiró parte de la película JFK, de Oliver Stone. Murió el 21 de octubre de 1992, a los 70 años
El fiscal general de California, Rob Bonta, impulsó una nueva acción judicial contra las prácticas de arresto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). La iniciativa cuenta con el respaldo de autoridades de otros 20 estados y del Distrito de Columbia, que cuestionan las detenciones migratorias civiles realizadas sin orden judicial.Nueva acción judicial contra el ICELa coalición presentó un escrito de amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia, en el caso Escobar-Molina v. DHS. Este tipo de documento permite que instituciones ajenas a las partes principales de un litigio aporten argumentos e información para respaldar una posición ante la justicia.El planteo busca mantener una medida cautelar que exige al gobierno federal respetar las condiciones legales para efectuar arrestos migratorios sin orden judicial. Según los fiscales, la práctica cuestionada no contempla de manera sistemática todos los requisitos previstos por la legislación federal y genera consecuencias que alcanzan a personas e instituciones que no participan directamente de los operativos."La administración Trump ha emprendido un programa de deportación masiva agresivo y militarista, sin ningún respeto por la humanidad ni la dignidad de las personas", dijo Bonta en un comunicado. "Los agentes federales de inmigración están arrestando a personas sin la debida determinación de causa probable, a menudo enmascarados, con chalecos antibalas y portando armas letales", aseguró.Qué exige la ley para que el ICE detenga a una persona sin orden judicialLa Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece condiciones para que los agentes puedan realizar determinadas detenciones civiles sin contar previamente con una orden judicial. De acuerdo con el argumento presentado por la coalición, deben existir motivos fundados para considerar que la persona permanece en EE.UU. sin autorización legal y que podría escapar antes de que sea posible obtener una orden.Bonta y los demás fiscales sostuvieron que los agentes federales realizan arrestos sin evaluar de manera individual el riesgo de fuga. La presentación consideró que esa omisión excede las facultades establecidas por el Congreso y plantea cuestionamientos relacionados con la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo y las protecciones vinculadas con la actividad judicial."California no permanecerá impasible mientras esta administración siembra el miedo en nuestras comunidades inmigrantes", señaló Bonta. "Seguiremos luchando, defendiendo a nuestros vecinos y alzando la voz por los derechos y la dignidad de cada persona", agregó.El fiscal general californiano también cuestionó el uso de agentes enmascarados, ropa de civil, armas y vehículos sin identificación visible. Según la coalición, estas modalidades pueden dificultar que la población reconozca a los funcionarios, provocar confusiones con delincuentes y facilitar que terceros se hagan pasar por integrantes del ICE.Los operativos migratorios y sus efectos en los tribunales y la seguridad públicaOtra de las acciones impulsadas por Bonta apunta a las intervenciones del ICE dentro de los tribunales estatales de California y en sus inmediaciones. El fiscal sostuvo al presentar una demanda que la presencia de agentes migratorios en esos espacios puede desalentar a víctimas de delitos, testigos y sobrevivientes de violencia doméstica a presentarse ante la justicia."Hemos visto cómo se han desestimado cargos penales graves y se han puesto en peligro casos enteros porque las víctimas y los testigos tienen demasiado miedo de acudir al juzgado a declarar", aseguró el fiscal general. "Nuestro sistema de justicia no puede funcionar así. Me preocupa profundamente que, hoy, tengamos que acudir a los tribunales por centésima vez en menos de dos años para hacer cumplir la ley", agregó.En Los Ángeles, según los datos incluidos en el escrito de amicus curiae, las llamadas de emergencia al Departamento de Policía local disminuyeron un 28% después de los operativos del ICE. La coalición vinculó este fenómeno con una menor disposición a recurrir a las instituciones.Cómo afectan las detenciones del ICE a la educación, la salud y la economíaLos documentos judiciales describieron consecuencias en el ámbito educativo. Algunas familias evitan enviar a sus hijos a las escuelas o guarderías por temor a que ellos o sus familiares sean detenidos durante los traslados. También se señaló un aumento de las necesidades de asistencia psicológica entre estudiantes afectados por la incertidumbre y el miedo a una separación familiar.En materia sanitaria, los fiscales advirtieron que algunas personas postergan consultas médicas, cancelan turnos o evitan acudir a centros de atención. La coalición sostuvo que estas conductas pueden dificultar la prevención y el tratamiento de enfermedades, además de afectar el funcionamiento de los servicios comunitarios.El impacto económico también formó parte de la presentación. Los operativos pueden reducir la asistencia de trabajadores a sus empleos y disminuir la cantidad de clientes en los comercios. Los sectores mencionados incluyen la agricultura, la construcción, los restaurantes y el cuidado infantil, actividades que dependen de la continuidad de sus plantillas laborales.Qué estados respaldan la demanda contra el DHS y el ICELa coalición está encabezada por California, Colorado y el Distrito de Columbia. Entre las jurisdicciones participantes también se encuentran:ArizonaConnecticutDelawareHawáiIllinoisMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaNevadaNueva JerseyNuevo MéxicoNueva YorkOregónRhode IslandVermontVirginiaWashingtonLa presentación judicial busca que se mantengan las restricciones cautelares mientras avanza el litigio sobre las detenciones sin orden judicial. Los fiscales sostuvieron que las autoridades migratorias deben cumplir los requisitos legales antes de privar de libertad a una persona.
En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Mariano Flores Vidal, economista, exgerente general del Banco Central y director de Iberión Consultores, analizó los desafíos del programa económico argentino y cuestionó que bajar la inflación implique necesariamente resignar crecimiento. Leer más
El requerimiento fiscal contra Luis Redondo y miembros de la Comisión Permanente llega a la Corte Suprema.
El líder estadounidense lanza un programa de recompensas para quienes denuncien fraudes fiscales, gestionado por el Departamento de Justicia.El incentivo incluye hasta el 1% de lo recuperado, con participación abierta a ciudadanos y periodistas a través de una web oficial.
Los bonos argentinos profundizan las pérdidas. El equilibrio de las cuentas públicas no alcanza para despejar las dudas sobre el pago de la deuda en dólares. El contexto internacional agrega presión, pero no explica por sí solo el castigo a los activos locales. Leer más
Jorge Antonio Hernández, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), resultó herido dos días antes de la colocación de los mensajes al intentar frustrar un asalto en Cuernavaca
Es una recuperación desde los 11 millones emitidos entre 2019 y 2020.Los estadounidenses pueden tener el pasaporte libreta y tarjeta.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Esaú Sorto, pidió a la Comisión de Hacienda aprobar una amnistía fiscal hasta el 11 de diciembre de 2026 para deudas acumuladas hasta el 30 de septiembre de este año
El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, Javier Mosquera, solicitó la detención preventiva del sospechoso por riesgo de entorpecimiento de la causa y posibles amenazas a testigos. La familia de la docente criticó con dureza el accionar judicial. Leer más
En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Agustín Campero advirtió que el ajuste está afectando a las universidades y al sistema científico y tecnológico, con consecuencias sobre los salarios, la infraestructura y la formación de profesionales. Leer más
La Corte Suprema de Justicia respaldó su continuidad con el voto favorable de 21 magistrados, en medio de cuestionamientos al proceso de elección y tensiones entre el Poder Judicial y el Gobierno. El funcionario cumplirá un segundo y último período de cuatro años.
La FGR acusa al exfiscal de Chihuahua por traición a la patria por presuntamente permitir la participación de dos agentes estadounidenses en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos
Un hotel comprado con 3 millones de dólares en efectivo. Una sociedad que nació con $100.000 de capital y terminó con un patrimonio de 12,1 millones de pesos. Valle Mitre, una empresa que pasó de administrar un restaurante a pagar 40.000 dólares por mes por gerenciar el hotel de un presidente. Los Sauces, la empresa de los Kirchner, que facturó casi $26 millones en alquileres, pero el 88% de sus negocios los hizo con empresas de Lázaro Báez y de Cristóbal López. Esos son algunos de los datos con los que la fiscalía sostiene, en las causas Hotesur y Los Sauces, que Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner lavaron, a través de sus hoteles y propiedades, parte del dinero que Báez, López y su socio en el Grupo Indalo, Fabián De Sousa, habrían obtenido irregularmente del Estado. La expresidenta, presa en su casa y condenada por el caso Vialidad a seis años de prisión, y el diputado nacional serán juzgados a partir del próximo viernes por los jueces José Michilini, Andriana Paliotti y Frenando Machado Pelloni del Tribunal Oral Federal 5 por el caso Los Sauces. El fiscal será Diego Velasco y se trata del primer juicio en el que Máximo Kirchner se siente en el banquillo.Pero, antes, la Cámara Federal de Casación decidiría la reunificación del caso Los Sauces con el caso Hotesur, que fueron separados por una decisión del tribunal oral en septiembre pasado. Ambos juicios se harían en simultáneo. Lo están analizando los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar. La reconstrucción de la acusación que realizó Mario Villar, fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, cuando pidió la reunificación, resume la evidencia contra los 19 acusados.El dinero, según la fiscalía, salía del Estado, pasaba por las empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo, entraba como alquiler a los hoteles y departamentos de los Kirchner y terminaba en las cuentas de los integrantes de la familia presidencial. Con ese circuito se convirtieron fondos públicos en ingresos de apariencia legal, concluye la acusación.Dentro de cada grupo empresario, ese dinero se giraba a una compañía "puente" que no tenía actividad suficiente para justificarlo, pero que era la que firmaba los contratos con los Kirchner. Esas compañías alquilaban hoteles y departamentos de Hotesur SA y Los Sauces SA, las sociedades de la familia. El pago entraba como canon locativo, con factura y contrato.El retorno se concretaba cuando, desde Hotesur y Los Sauces, el dinero pasaba al bolsillo de los socios (los Kirchner) como retiros, honorarios, sueldos o pago de gastos personales.Para los fiscales, el paso clave es el alquiler, que le da una explicación legal a un dinero que, en su origen, había salido del Estado.Según la acusación, entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2016 funcionó una asociación ilícita estable, con roles definidos, que tenía como jefes a Néstor y Cristina Kirchner. Máximo Kirchner figura como organizador, junto con Julio De Vido, José López, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Osvaldo Sanfelice y el contador Víctor Manzanares, entre otros.El esquema, dicen los fiscales, tenía dos tiempos. Primero, los grupos Báez e Indalo se quedaban con fondos públicos a través de la obra pública y otros negocios con el Estado. Después, una parte de ese dinero volvía a la familia Kirchner como pagos supuestamente legítimos: alquileres de hoteles y departamentos, compras de propiedades, préstamos y mejoras en los establecimientos. Los escribanos Ricardo Albornoz y Jorge Ludueña habrían armado las sociedades y los poderes; el contador Manzanares, el andamiaje contable, y el empresario Sanfelice habría operado como gerente de todo el entramado.La inmobiliaria de la familia Kirchner facturó entre 2009 y 2016 25.968.042,30 de pesos en concepto de alquileres. El 88% de ese dinero provino de empresas de Báez y del Grupo Indalo.En el caso de Báez, la acusación señala que el dinero provenía de la obra pública vial adjudicada a sus empresas en Santa Cruz, que fue juzgada en la causa Vialidad, donde la expresidenta y el empresario fueron condenados por administración fraudulenta. Austral Construcciones, la principal constructora del grupo, es la que más dinero aportó al circuito.En el caso del Grupo Indalo, la acusación sostiene que también se apropió de fondos del Estado nacional, y el dictamen vincula ese origen con el expediente de Oil Combustibles, la petrolera de López y De Sousa.Para que el esquema funcionara, la familia primero necesitó tener qué alquilar. Según los fiscales, Báez y el Grupo Eskenazi aportaron la liquidez para comprar los hoteles, unos US$10 millones. Austral Construcciones le prestó a Néstor Kirchner $8.329.596,50 en diciembre de 2007 y le compró nueve propiedades por $3.603.500. Epelco SA, del mismo grupo, le compró el 14 de enero de 2008 un terreno en Río Gallegos por $3.170.000. Las propiedades de la provincia de Santa Cruz que la familia Kirchner había comprado a valores fiscales, se vendieron a precios 40 veces mayores. El Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi, le prestó entre el 23 de octubre y el 5 de noviembre de 2008 $10.277.933,82 a Néstor, Máximo y Cristina Kirchner.Con esos fondos se adquirieron los dos hoteles de Hotesur. El 12 de febrero de 2008, Máximo Kirchner, en representación de su padre, pagó US$700.000 por la hostería Las Dunas, que tenía 12 habitaciones y, tras una ampliación, terminó con 47, un restaurante para 200 personas y un centro de negocios.El Alto Calafate, que no estaba en venta, se compró en noviembre de 2008. Néstor Kirchner le encargó a Patricio Pereyra Arandía sondear a sus dueños. Sanfelice, su socio y hombre de confianza, cerró la operación por las acciones de Hotesur SA. El boleto se firmó en una sucursal del Banco Santander Río en la calle 25 de Mayo y se pagó con US$3.168.000 en efectivo y US$1.632.000 transferidos desde el Banco de Santa Cruz.Valle Mitre, de Báez, fue la empresa puente en Hotesur. Hasta 2008 solo administraba un restaurante y facturaba $430.095,80 por año. Con esos ingresos no podía pagar el alquiler de dos hoteles. Por eso, según la fiscalía, otras empresas de Báez que eran contratistas del Estado le giraron dinero: solo Austral Construcciones le transfirió $70.949.170,95, y también aportaron las empresas Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Badial, La Estación, Don Francisco y otras.Para justificar esas transferencias, las empresas del grupo simularon contratarle habitaciones y salones de los propios hoteles, servicios de consultoría y marketing, y hasta la construcción de un complejo turístico, un rubro en el que Valle Mitre no tenía experiencia ni personal.El mismo papel cumplieron Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, del Grupo Indalo, en Los Sauces, según la fiscalía. Inversora M&S recibió más de $50 millones de la constructora CPC y más de $3000 millones de Oil Combustibles, donde trabajaba Romina Mercado, sobrina de la expresidenta. Álcalis recibió por vía indirecta $124 millones de otras firmas del grupo; allí figuraba como empleado Sanfelice. Con ese dinero, las empresas le pagaban a la familia Kirchner.En el caso Hotesur, Valle Mitre se hizo cargo del Alto Calafate en noviembre de 2008 con un contrato de US$80.000 más IVA por la locación y US$40.000 mensuales por la explotación, más US$100.000 por única vez. En 2011 lo reemplazó con otro de $469.272 por mes. Por Las Dunas pagó $177.172 mensuales entre marzo de 2010 y mayo de 2013: $6.909.708 en total. En julio de 2013, cuando la relación de los Kirchner con Báez ya era pública, Hotesur le pasó la gestión del hotel a Idea SA, de Sanfelice.El dato que la fiscalía considera revelador es que el negocio no cerraba: Valle Mitre recibió $86.566.062 mientras manejó los hoteles y terminó con una pérdida de $6.179.286,35. Una empresa que pierde plata pero sigue pagando un alquiler alto, sostienen los fiscales, no está haciendo un negocio hotelero: está transfiriendo dinero.En el caso Los Sauces, la inmobiliaria de la familia facturó entre 2009 y 2016 un total de $25.968.042,30 en alquileres. Por ejemplo, el Grupo Indalo le pagó $18.554.725,76 por departamentos, cocheras y bauleras en los edificios Juana Manso y Dique, del complejo Madero Center, en Puerto Madero.Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones, de Báez, pagaron $4.014.926,97 por los edificios de Alvear 391 y Moreno 882, en Río Gallegos. Mitre e Idea pagaron $3.398.389,57 por el hotel La Aldea del Chaltén.El último tramo fue sacar el dinero de las sociedades. Gracias a esos alquileres, el patrimonio neto de Los Sauces pasó de los $100.000 con que se constituyó a $12.122.430,26, un salto de más de 12.000%.De allí, la familia Kirchner retiró más de $10 millones como "devolución de créditos", honorarios de directores, sueldos o pago de gastos personales, sin las asambleas ni los plazos que exige la ley para repartir dividendos.Desde la cuenta de Néstor Kirchner, él y luego sus herederos retiraron $4.625.260,52: Cristina Kirchner retiró $2.095.426,67; Máximo Kirchner retiró $2.492.415,69 como pago de gastos propios y honorarios de director, y Florencia Kirchner, hoy sobreseída, retiró $883.293,07 y cobró $874.871,12 como empleada.En Hotesur ocurrió lo mismo: las acciones estaban a nombre de Néstor y Máximo Kirchner y, tras la muerte del expresidente, quedaron en manos de Máximo, Florencia y Cristina. Los socios dispusieron del incremento patrimonial sin asambleas ni reuniones de directorio.Para la fiscalía, la estructura tenía como jefes a Néstor y Cristina Kirchner; Máximo Kirchner era su organizador y quien, en algunas operaciones, representaba al grupo familiar. Sanfelice habría sido el gerente de todo el entramado: fue directivo, accionista, empleado o apoderado de Hotesur, Los Sauces, Idea, Negocios Patagónicos, Negocios Inmobiliarios y Álcalis de la Patagonia. El contador Víctor Manzanares habría armado la estructura contable y los escribanos Ricardo Albornoz y Jorge Ludueña, las sociedades y los poderes.En Los Sauces, los fiscales le imputaron a los acusados los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, dádivas y simulación de operaciones financieras. En Hotesur, Cristina y Máximo Kirchner están acusados de lavado de activos. La asociación ilícita no se volvió a imputar en ese tramo para no juzgarlos dos veces por el mismo hecho.Ese es uno de los argumentos con los que la fiscalía sostiene que los dos casos deben ir juntos, pues once acusados comparten ambos expedientes y la misma prueba documental.
Abarca a los productores que tuvieron que intercambiar ganado debido al fenómeno meteorológico.Gran parte del país está afectado por la falta de lluvias desde hace meses.
Funcionarios de Bogotá y Cundinamarca cuestionan la reubicación de sus despachos en instalaciones del nivel central por posibles dificultades operativas y reducción de los espacios de trabajo. Sindifgn solicitó a las directivas reconsiderar la medida
El organismo de control fiscal reveló que los movimientos del Ministerio de Defensa dejaron al descubierto presuntas irregularidades tarifarias en la adquisición de las nuevas naves de combate suecas, las cuales se ejecutaron en el gobierno Petro
Una cuestión internacional que crece.
A pesar de que una Sala de Apelaciones ya había ordenado que el director de la FPF sea juzgado, magistrado de primera instancia ordenó retrotraer el caso hasta el inicio del control de acusación al advertir que se habrían vulnerado sus derechos
El Ministerio de Economía y Finanzas espera recibir aportes importantes del Canal y dividendos de empresas públicas durante los últimos meses de 2026.
"Milei y Lugones achican Remediar: de un listado amplio de medicamentos esenciales a solo seis principios activos", aseguró la diputada nacional. Leer más
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El juez federal de Campana desvinculó del caso a seis empresas y 13 familiares y allegados del tesorero. El requerimiento de instrucción fue desestimado y el Ministerio Público busca que los implicados no queden "blindados" frente a eventuales imputaciones en otros expedientes o el hallazgo de nuevas pruebas
Los participantes advirtieron que la ciberseguridad es clave ante el fraude digital y el robo de identidad. La protección de la información tributaria fue presentada como condición para preservar la confianza de empresas y contribuyentes en los sistemas electrónicos, mientras crecen las amenazas sobre los datos personales
La disputa por quién debe investigar la causa de la "mansión de Pilar" puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal para que analice quién debe quedarse con el expediente. La presentación también solicita que deje sin efecto la decisión que hizo que el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, quedara a cargo de la pesquisa.Este pedido es la última vía que le queda al Ministerio Público en esta disputa. El 6 de octubre, la Sala I de la Casación, integrada por Alejandro Slokar, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, declaró inadmisible el recurso extraordinario de Villar. Por eso ahora el asunto pretende escalar hasta la Corte, mediante un escrito que habla de presuntas "suspicacias en la opinión pública".El centro del planteo es que la Casación mandó la causa a Campana con el argumento de que el lavado de dinero es un delito federal, pero sin analizar dónde habrían ocurrido los hechos que se investigan. La hipótesis plantea que ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires, no en Campana. "Conformarse con la afirmación de que el delito de lavado de dinero es de competencia de la justicia federal, como si esta frase tuviera algún contenido mágico que implicara que no debe observarse la competencia territorial, es insostenible", escribió el fiscal. Y agregó: "La Cámara de Casación está dejando de lado la ley procesal, citada por ambas partes, respecto de la competencia territorial, y no le importó". A su vez, Villar dio cuenta de un grupo de expedientes. "Las causas en trámite contra los dirigentes de la AFA y personas allegadas no se limitan a las presentes actuaciones, sino que comprenden un entramado de causas, que en su mayoría están bajo pedidos de inhibitoria por el juez federal de Campaña", sostuvo. Enumeró la investigación por la "mansión de Pilar" y el expediente proveniente de los tribunales de Santiago del Estero por presunta defraudación en la AFA.Por ese motivo, el fiscal aludió a un posible "forum shopping", en referencia a la "acumulación de causas" en un juez que considera no debería estar a cargo de los expedientes.Esta causa trata sobre quién es el dueño de la quinta de Pilar, que perteneció a Carlos Tevez. Su relevancia es tal porque el juez que investigue este caso arrastrará todas las causas de supuesto lavado de dinero y fraude ligadas con la AFA, que involucran a Claudio "Chiqui" Tapia y al tesorero, Pablo Toviggino. La entidad siempre negó las acusaciones en su contra.La denuncia original es del 1 de diciembre de 2025 y fue realizada por Elisa Carrió, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, integrantes de la Coalición Cívica.Los denunciantes apuntaban por lavado de dinero a quienes aparecen como dueños de la quinta de Pilar, de cinco hectáreas, donde había canchas de fútbol, un haras, caballos árabes, un helipuerto, gimnasio, casas, quincho y parrilla y un galpón con 54 automóviles de alta gama, incluidos algunos clásicos de colección y otros deportivos último modelo. Sospechan que son testaferros de alguien más.La quinta, que la Justicia estimó que tiene un valor de 25 millones de dólares, con los autos dentro, pertenece en los papeles a Real Central SRL, una sociedad a cargo de Luciano Pantano, exdirigente de futsal, y su madre, Ana Conte, jubilada. Cuando se allanó la quinta, en su interior fueron hallados objetos con el nombre de Pablo Toviggino, como un bolso y una placa.
El resultado financiero fue de $ 977.173 millones, según informó Luis Caputo. El saldo primario alcanzó $ 1,43 billones y el acumulado de los primeros nueve meses equivale al 0,3 % del PBI.
Un reciente informe de J.P. Morgan Chase ubicó a la Argentina entre las economías de la región con mayor presión impositiva y señaló que su estructura tributaria tiene efectos distorsivos sobre la actividad económica, en especial si se analizan los impuestos provinciales y el impuesto sobre los ingresos brutos.El informe del área de investigación de la citada entidad bancaria, la más grande de los Estados Unidos, cuestiona en forma particular el impuesto a los ingresos brutos, que implica alícuotas que generalmente se encuentran entre el 1% y el 5% en las 24 provincias y grava absurdamente las distintas etapas de la cadena de producción y comercialización. En el sector bancario, el más gravado, son incluso mayores: dos tercios de las provincias aplican alícuotas entre 8% y 9% sobre los intereses totales. No permite un crédito pleno por los impuestos pagados en las instancias anteriores y, por tal motivo, el impuesto se acumula perversamente a medida que un producto avanza por la cadena económica.Según el informe "Carga Fiscal Formal", realizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), por la forma como está diseñado el impuesto sobre los ingresos brutos -y también las tasas municipales con base de ingresos totales-, aplicando aquellas altas alícuotas en cada eslabón de la cadena, prácticamente no existen comparables entre los 30 países más relevantes, tomando el G-20 y Sudamérica. Sin embargo, el problema no reside solo en cuánto se paga, sino en la manera en que está estructurado el sistema. Así, se cuestiona la superposición de potestades tributarias entre la Nación, las provincias y los municipios, ya que tal fragmentación genera múltiples gravámenes y regímenes que incrementan el costo de cumplimiento y afectan las decisiones de inversión.Esta posición es coincidente con el diagnóstico que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en mayo de este año, al describir el sistema argentino como complejo, distorsivo e inestable, estimando la recaudación tributaria del gobierno nacional en aproximadamente el 27% del PBI en 2025, un guarismo muy alto para la región. Tal medición es aún más alta en el sector formal, porque está licuada por una informalidad que ronda el 45%. Es así como, para la UIA, la presión fiscal en el sector formal de la economía ascendería al 56 por ciento.Asistimos, en resumen, a una carga tributaria excesivamente elevada y una estructura tributaria particularmente distorsiva, en la que Ingresos Brutos ocupa un lugar central. Son conocidos los efectos de este impuesto en la economía, cuyo aspecto central es la forma que grava la actividad económica de manera acumulativa, en cada etapa de la cadena productiva y comercial. El efecto cascada que penaliza las cadenas productivas configura una situación ya admitida por la OCDE en el sentido de que este tributo genera un incentivo a la integración vertical, perjudicando la competitividad, con el consecuente aumento del costo argentino. Por otra parte, perjudica especialmente a la producción y a las exportaciones, al gravar la producción interna y las exportaciones, en razón del impuesto acumulado en las etapas anteriores que se incorporan en los costos del producto exportado.También señaló la OCDE que el impuesto sobre los ingresos brutos actúa como una especie de barrera económica interprovincial, debido a sus diferentes alícuotas y reglas entre jurisdicciones.Si bien determinados incentivos a la inversión, como el RIGI, pueden compensar parcialmente la elevada carga tributaria y mejorar la competitividad de proyectos de inversión, la cuestión tributaria requiere de una profunda discusión de fondo con los sectores involucrados para lograr un consenso nacional tendiente a obtener una definitiva solución.
Lo dijo el ministro de Economía griego, tras la comparación que hizo Kristalina Georgieva entre ambos países.Además,la directora gerente del Fondo dijo que confía en que la Argentina pagará la deuda con el organismo antes de 2034. "Te vas a sorprender", respondió Caputo.
El organismo tributario federal otorgó una prórroga a residentes y negocios de 40 condados del estado sureño para presentar declaraciones y abonar tributos pendientes
En medio del conflicto universitario, un análisis privado sostiene que hay $5,9 billones sin asignación dentro del Presupuesto 2027. Dónde están esos fondos y cuál sería el costo de cumplir la ley dentro del gasto presupuestado. Leer más
MADRID (AFP).- La Fiscalía española dio un giro de 180 grados y avala que se pueda abrir una investigación al cantante Julio Iglesias por presunta agresión sexual a dos exempleadas, luego de archivarse una primera denuncia, informaron este jueves fuentes del Ministerio Público. Ahora un juez tendrá que decidir si efectivamente inicia las pesquisas.La Fiscalía emitió un informe favorable de la competencia de la Audiencia Nacional, un tribunal en Madrid especializado en casos complejos y delitos cometidos por españoles en el extranjero, para estudiar los hechos. Las fuentes no explicaron la razón del cambio de criterio en este caso contra el artista de habla hispana que más discos vendió en el mundo.Cuando las dos exempleadas presentaron en enero su primera denuncia, el Ministerio Público consideró que la Audiencia Nacional no era competente porque los hechos fueron cometidos en el extranjero y tanto las presuntas víctimas como el acusado residían fuera de España. El dossier se archivó.Tras ese primer tropiezo, una nueva denuncia fue introducida en septiembre por las dos mujeres, identificadas como Rebeca y Laura, que afirman haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos cuando trabajaban en las propiedades del cantante de 83 años en las Bahamas y en República Dominicana en 2021.En una carta abierta que publicaron en septiembre las dos exempleadas, piden a la Justicia española que les "reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia".La ONG Women's Link Worldwide, que las representa, estimó que los tribunales españoles son competentes en virtud de una ley que "permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España".Julio Iglesias, el cantante de música romántica que vendió más de 300 millones de discos, tachó esas acusaciones de "absolutamente falsas" y negó "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer".Nacido en 1943, Iglesias se hizo famoso especialmente en España y Latinoamérica con temas como "Soy un truhán, soy un señor", "Gwendolyne", "Me olvidé de vivir" o "Con la misma piedra".Los testimonios de las dos mujeresSegún las declaraciones recogidas por Women's Link y Amnistía Internacional de las denunciantes, Iglesias "las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato". View this post on Instagram Una de las denunciantes, exempleada del servicio doméstico, relató que fue presionada para mantener encuentros sexuales, mientras que la otra mujer, una fisioterapeuta, aseguró que sufrió tocamientos, publicó el diario El País.Para la organización que asesora a Rebeca y Laura, los hechos mencionados podrían abarcar "delitos de trata, contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas"."Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava", dijo una de ellas en alusión â??según sus palabras posterioresâ?? a que el artista la mandaba a llamar a su habitación y abusaba de ella al finalizar su jornada laboral, con la complicidad de alguna trabajadora de mayor rango. La otra mujer agregó: "Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones"."Es una persona muy controladora que ejerce el poder a través del miedo. Amenaza con despedirte y constantemente te recuerda que estar trabajando para él es lo mejor que te ha pasado en la vida. Vive recordándote cuáles son las reglas, qué puedes hacer y qué no", indicaron y aseguraron que hasta les contaban la cantidad de comida que les servían en el plato, además de revisarles el celular. También agregaron que el artista solía hacerles preguntas fuera de lugar como "¿te gustan las mujeres?", "¿te gustan los tríos?", "¿te has operado los pechos?" y las insultaba. "Cuando le digo que no quiero estar con él (sexualmente), comienza a insultarme muy feo y a decirme que cómo no voy a estar con él, que hay muchísimas modelos muriéndose por estar con él y que yo, porque él me quería y me había tomado cariño, estaba siempre junto con él", relató una de ellas.
La Cámara de Diputados avaló una recaudación estimada de 10 billones 636 mil 488 millones 100 mil pesos
La mandataria mexicana dio a conocer la medida durante su discurso en el evento del 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial
Mientras el alto tribunal decide si admite el trámite, la entrada en vigor de la mayor parte de la Ley 2381 de 2024 se mantiene prevista para el 1 de abril de 2027
La discusión en lo particular se extenderá por varias horas en la Cámara de Diputados
El nuevo impuesto sobre segundas viviendas en Nueva York afecta a grandes fortunas del mundo empresarial, como el magnate inmobiliario Steve Witkoff. La medida busca incrementar la recaudación y ya ha eliminado exenciones fiscales a miles de apartamentos, tras auditorías recientes.
Sergio Eduardo Bruno Carballo recibió cinco años y cuatro meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La causa investigó un esquema encabezado por un empresario para obtener beneficios impositivos mediante documentación falsa y un prestanombre
Paola Andrea Londoño dijo que elevó informes ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para comunicar sus preocupaciones
La queja de responsabilidad financiera también señala a seis exdirectores de Talento Humano y busca que se determine si la designación provisional de personas ajenas a la carrera diplomática generó pérdidas de recursos públicos
Leonardo Villar, gerente general del Emisor, planteó en la Cámara de Representantes que el resultado también podría reflejar el agotamiento de los estímulos a la demanda
El ministro de Economía se encontró con Kristalina Georgieva en Tailandia. El Fondo Monetario recalculó a la baja la proyección de crecimiento de la economía argentina.
El ministro de Economía calificó de "excelente" el encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Aseguró que Georgieva destacó la disciplina fiscal argentina, mientras los equipos técnicos continuarán trabajando para cerrar la tercera revisión del programa, de la que depende un desembolso de unos USD 869 millones. Leer más
El ministro de Economía se reunió con la directora gerente del organismo y altos funcionarios del Fondo. La titular del FMI destacó el ajuste fiscal como "ejemplar en el mundo" y los equipos técnicos continuarán trabajando para cerrar la tercera revisión del programa.
Un acuerdo entre todos para defender el empleo y la producción
La presión tributaria, las tasas municipales y la caída del consumo golpean a las fábricas y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo. La propuesta es coordinar una reforma entre la Nación, la Provincia y los municipios para aliviar la carga impositiva y proteger la producción. Leer más
El Ministerio de Economía y Finanzas aseguró que mantendrá la meta de déficit del 3,5% del PIB para 2026 y priorizará seguros, donaciones y recursos no reembolsables para atender los daños de la emergencia.
La medida busca flexibilizar temporalmente los límites establecidos por ley para afrontar la emergencia. El Ejecutivo también autorizó hasta $100 millones en contrataciones especiales.
Tras el anuncio de Catamarca de llevar la alícuota al 0%, la UIA espera que otras jurisdicciones sigan el mismo camino. Sin embargo, las dificultades de recaudación complican la posibilidad de avanzar con rebajas para 2027
La iniciativa del diputado Guillermo Michel apunta a denunciar convenios vigentes de inversiones y de doble imposición, que hoy reducen las retenciones impositivas a las compañías trasandinas con operaciones en territorio argentino
El empresario Guillermo Tofoni envió a tres fiscales de Estados Unidos información sobre Moon Euro Management LLC, el nuevo agente de cobro de la Asociación del Fútbol Argentino decidido por el Chiqui Tapia y Pablo Toviggino. Antes había mandado un informe sobre el ex tesorero de un club de fútbol de Santiago del Estero.
Será la primera dedicada exclusivamente a servicios en Colonia y buscará captar estudios profesionales, tecnológicas, fintech y consultoras.Todavía no tiene empresas instaladas, pero todo el interés recibido hasta ahora llegó desde la Argentina.La apuesta es aprovechar la cercanía con Buenos Aires y los beneficios del régimen uruguayo.
Paola Andrea Londoño sostuvo que el expediente fue entregado a Nancy Carolina Aponte, funcionaria de delitos fiscales, a quien describió como amiga cercana de la directora contra la corrupción, sin un reparto aleatorio
La fiscalía sostiene que los cargos por el asesinato de Brian Thompson son distintos de los delitos federales por acoso a los que el acusado ya se declaró culpable
Entender hacia dónde va el mundo es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Expertos como Gita Gopinath advierten sobre una dinámica que erosiona la competitividad y pone en duda el discurso oficial sobre la mejora de la productividad local
La entrada en vigencia de la ley busca incentivar el uso de los ahorros que permanecen fuera del sistema formal mediante cambios tributarios y mayores certezas para los contribuyentes. Leer más
El Gobierno oficializó la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal II (Ley 27.826), una medida esperada por los tributaristas y contadores que amplía el universo de contribuyentes habilitados para ingresar al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La publicación en el Boletín Oficial activa, entre otros beneficios, el esquema de protección frente a inspecciones conocido como "tapón fiscal", que bloquea fiscalizaciones retroactivas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre años anteriores.El Gobierno prorrogó el plazo de presentación de Ganancias para personas físicasLa entrada en vigencia de la norma, sancionada por el Congreso en septiembre, llegó apenas un día hábil antes del vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas. Para evitar un cuello de botella con los contribuyentes, ARCA dispuso en paralelo â??a través de la Resolución General 5911/2026â?? una nueva prórroga que traslada la fecha límite al 30 de octubre.Hasta su publicación de hoy, la palabra "sorpresa" era la reacción en los estudios contables cada vez que corroboraban la ausencia de la norma, por lo que muchas presentaciones se mantenían en modo "borrador". La iniciativa pretende que los argentinos puedan regularizar fondos y utilizar los dólares guardados "debajo del colchón", aunque la primera versión del régimen había dejado a muchos sujetos afuera.Caputo: "Es una mala decisión tener los dólares en el colchón"Con el texto definitivo de Inocencia Fiscal II, se definen los cambios: se eliminan por completo las restricciones de ingresos (que antes eran de $1000 millones) y de patrimonio (fijadas en $10.000 millones) que limitaban el acceso a la modalidad simplificada.Además, la ley publicada hoy delimita el accionar del ente recaudador, al definir qué se considerará una "discrepancia significativa" para impugnar las declaraciones. Esta figura se configurará cuando la diferencia determinada por ARCA resulte en un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos impositivos no inferior al 15% respecto de lo que hubiera declarado el contribuyente original.A quiénes afecta: La Rioja volvió a crear un aporte extraordinario sobre Ingresos BrutosLa norma también trae alivio para los contribuyentes de menor tamaño al determinar reducciones automáticas, de pleno derecho, del 25% en determinadas multas por incumplimientos formales. Este beneficio alcanzará a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), personas humanas y entidades sin fines de lucro, siempre que no califiquen como Grandes Contribuyentes Nacionales.Con la ley reglamentada y la nueva fecha de vencimiento fijada para fin de mes, la atención de los tributaristas se centra ahora en la letra chica complementaria. Según el texto oficial, la Unidad de Información Financiera (UIF) cuenta con 15 días hábiles para dictar su normativa específica, mientras que el ente recaudador dispone de 30 días para emitir las resoluciones operativas sobre la reducción de multas.
Después de seis años, el país centroamericano fue retirado de la lista europea de jurisdicciones no cooperadoras en materia tributaria. La decisión también beneficia a Vietnam. Leer más
El organismo también trasladó a Vietnam a la lista gris, tras las reformas fiscales de ambos países: Panamá modificó su régimen de exención de ingresos extranjeros y Vietnam ajustó su Ley de Administración Tributaria y su Ley de Empresas para corregir fallos señalados por la OCDE
Sancionada por el Congreso en septiembre, la ley modificó los regímenes tributarios, la declaración simplificada de Ganancias y el trabajo rural, e incorpora reducciones de multas y nuevos criterios de fiscalización. Qué dice su reglamentación
Un día después de que María Victoria Caillava rompiera el silencio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, el fiscal federal Carlos Schaefer salió a desmontar su relato. "Dio muchas explicaciones, pero cuando se le preguntaba, mentía o no recordaba", afirmó. Para el fiscal, la exfuncionaria municipal de 9 de Julio "no respondió qué pasó con Loan", y la hipótesis de la acusación sigue en pie: "Tenemos acreditado que ella fue la que se lo llevó".Schaefer valoró que Caillava aceptara responder las preguntas de la fiscalía, pero puso el foco en lo que la acusada no dejó en claro: su conducta en las primeras horas de la búsqueda. "No pudo explicar por qué se había ido, por qué vino a Corrientes, al Hotel de Turismo, donde almorzó y se tomó una selfie, estando el menor perdido", dijo. Y agregó: "No se entiende la desidia de haberse ido cuando el niño estaba perdido".El fiscal también descartó la línea que intentó instalar la defensa, que buscó vincular la desaparición con una supuesta represalia narco por denuncias que Caillava habría hecho antes. "No hay elementos que den cuenta de que ella es informante de nadie ni de lo que logró con sus informes", sostuvo.Schaefer volvió sobre la prueba que considera central: el rastro odorológico. "El olor de Loan estaba en el vehículo de ella. Es ella la que va personalmente a entregar los vehículos a la comisaría porque dice que se sentía más segura", recordó. Y resumió la mecánica que plantea la acusación: "El olor da que ellos se lo llevaron de ahí y después lo pusieron en el otro auto".Caillava, esposa del capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez, es una de las siete personas acusadas por la sustracción y el ocultamiento de Loan Peña, que tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, en el paraje Algarrobal. Fue la cuarta imputada en declarar, después del excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez.En una exposición larga y por momentos entre lágrimas, negó haber subido al niño a su Ford Ranger. "Me duele que me acusen del secuestro de un niño", dijo. Reconstruyó el almuerzo minuto a minuto y aseguró que, al irse, ella y Pérez no se detuvieron ni se desviaron hasta llegar a la ruta nacional 123. Pidió a los jueces un seguimiento "minuto a minuto" de su celular para probarlo: "Van a comprobar que no fuimos nosotros, que jamás paramos y que nunca alzamos a Loan".Sostuvo que el niño pudo haberse perdido en el monte camino del naranjal, a unos 600 metros de la casa, y descartó un atropello porque en ese camino no se puede circular a más de 20 kilómetros por hora. Según relató, cerca de las 15 la llamó la abuela Catalina para preguntarle si lo había visto y si no se habría escondido en la camioneta; dijo que la revisaron y que luego avisó a un policía del pueblo porque el teléfono de la comisaría "nunca funciona".En la audiencia de este jueves declaró Jorge Luciano Bertón, hijo de Caillava y miembro de la Policía Federal, que no está imputado y participó en la búsqueda. "Quiero que se conozca la verdad", dijo ante el tribunal.Bertón contó que el 13 de junio vio la camioneta del matrimonio, aunque aseguró que no vio a su madre. Dijo que se enteró de la desaparición de Loan por el estado de WhatsApp de una vecina. Ante las preguntas de María Belén Russo Cornara, abogada de la querella, centradas en las primeras horas y los días posteriores a la desaparición, respondió varias veces "no recuerdo" o "no lo sé".Al cierre de la audiencia, el tribunal informó que desde la segunda quincena de octubre habrá solo dos audiencias por semana. El esquema regirá hasta el 1° de diciembre, cuando se haga efectivo el retiro de Fermín Ceroleni, presidente del TOF y único juez natural del cuerpo. Después de esa fecha, volver a tres jornadas semanales dependerá de los subrogantes Eduardo Belforte (Formosa), Simón Bracco (General Roca) y Enrique Bosch (Resistencia).La próxima será la última semana con tres audiencias. Entre el martes 13 y el jueves 15 de octubre están citados 14 testigos, entre ellos Ramón Dupuy.
A cuatro semanas de las elecciones, las autoridades de California pusieron el foco en una cuestión que puede resultar decisiva para millones de votantes: cómo y cuándo devolver las boletas que llegan por correo. El fiscal general Rob Bonta aseguró que el estado obtuvo una victoria judicial, luego de que la Corte Suprema de EE.UU. mantuviera vigente una decisión que impide aplicar nuevas restricciones a esta modalidad.Rob Bonta destaca la decisión de la Corte Suprema sobre el voto por correoEl 6 de octubre, a casi un mes de las elecciones del 3 de noviembre, el gobernador Gavin Newsom, la secretaria de Estado Shirley N. Weber y el fiscal general Rob Bonta llamaron a los votantes elegibles de California a revisar sus buzones durante esta semana, verificar la llegada de sus boletas y devolverlas cuanto antes. Por qué California tarda tanto en contar los votos en las eleccionesEn un comunicado de la gobernación, Bonta puso el acento en una resolución de la máxima instancia judicial estadounidense. Según declaró el fiscal general en el comunicado oficial del gobierno de California, quienes se preguntan si los acontecimientos provenientes de Washington modificaron las formas en que pueden votar reciben una respuesta negativa. "Ganamos con éxito una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos que protege su capacidad de votar por correo, por lo que pueden continuar votando como lo hicieron en elecciones anteriores", afirmó Bonta, quien agregó que los electores también pueden depositar la boleta en un buzón seguro, votar anticipadamente o concurrir en persona el día de los comicios. El mismo funcionario sostuvo que él y otros fiscales generales permanecen en contacto y preparados para actuar frente a nuevos intentos que, según su descripción, puedan afectar los derechos de los votantes. California advierte sobre los nuevos plazos del Servicio PostalEl llamado a no esperar hasta último momento está relacionado con un cambio en el procedimiento del Servicio Postal de Estados Unidos. Según explicó el gobierno de California, los envíos depositados en oficinas postales o buzones de recolección ubicados a más de 50 millas (80,47 kilómetros) de un centro regional del Servicio Postal son recogidos al día siguiente y no durante la misma jornada.En determinadas zonas, una boleta depositada en una oficina postal o en un buzón de recolección durante el día de las elecciones podría recibir el matasellos recién al día siguiente. De acuerdo con las instrucciones difundidas por el gobierno de California, una boleta que llegue tarde no es contabilizada. Por ese motivo, el estado recomienda a quienes quieran devolver su boleta que lo hagan, como mínimo, una semana antes de la jornada electoral. El gobierno estatal también recordó que existen alternativas para quienes se encuentren cerca del límite de tiempo. Una de ellas consiste en llevar la boleta completa a un centro de votación durante el día de las elecciones, en lugar de introducirla en el sistema postal.Elecciones 2026 en California: las 13 nuevas leyes firmadas por Gavin NewsomSegún el comunicado oficial, durante septiembre Gavin Newsom firmó 13 nuevas leyes destinadas a proteger el proceso electoral de posibles interferencias, incluidas aquellas provenientes de funcionarios federales. Gavin Newsom anunció oficialmente la firma de un paquete de leyes que impone regulaciones al ICE y brinda protecciones a inmigrantes en CaliforniaLas normas también establecieron nuevos delitos graves para quienes intenten alterar el proceso electoral. El paquete incluyó, además, iniciativas destinadas a incrementar la participación de los votantes elegibles. El gobierno estatal también destacó que, a comienzos de este año, Newsom había firmado la SB 73 antes de las elecciones primarias. Esa norma forma parte de la estrategia presentada por California para reforzar la protección de los procesos y limitar determinadas formas de intervención sobre los padrones, la tecnología electoral y los trabajadores electorales.
Miguel Ángel 'N' es investigado por coordinar embarcaciones, permisos y documentación aduanera para introducir combustibles de forma irregular al país
El Gobierno oficializó los nombramientos de Pablo Héctor Walter como subdirector ejecutivo del Registro Nacional de Armas y de la odontóloga Yasmín Andrea Martínez Naya como directora ejecutiva del Hospital Nacional "Doctor Baldomero Sommer". Leer más
Patricio Ferrari y Cosme Iribarren expondrán este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Tendrán hasta cuatro horas para desarrollar su acusación contra los siete imputados y la audiencia será transmitida en vivo.
La senadora de La Libertad Avanza cuestionó a Susana Pernas por su intervención en la causa contra el policía Luis Chocobar. Anticipó que no acompañará su pliego y puso en duda su criterio sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Leer más
La presentación de las declaraciones juradas de Ganancias 2025 para personas humanas y sucesiones indivisas podrá realizarse hasta el 30 de octubre. La extensión, que no modifica el plazo de pago, responde a reclamos del sector profesional
Con los alegatos de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, comienzan la etapa crucial del juicio donde, desde abril pasado, se buscó dilucidar eventuales responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Hoy se conocerá si los representantes del Ministerio Público pedirán o no condenas para los siete imputados sentados en el banquillo de los acusados.La audiencia, que será transmitida por el canal de Youtube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, está prevista para las 10 en el edificio de los tribunales de San Isidro, en Ituzaingó 340. El debate está a cargo de los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani.Nuevo juicio por la muerte de Maradona: la palabra del fiscal Patricio FerrariLos siete acusados que llegaron a juicio imputados de homicidio simple con dolo eventual, delito que tiene prevista una pena de entre 8 y 25 años de cárcel, son el neurocirujano Leopoldo Luque,la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón, la coordinadora médica por parte de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.El debate comenzó el 14 de abril pasado, con los lineamientos de los acusadores y de las defensas. Se trata del segundo juicio, el primero había sido declarado nulo, después de conocerse, en 2025, que la jueza Julieta Makintach había permitido la grabación de un documental sin consentimiento de las partes, lo que derivó en su destitución y obligó a reiniciar el procedimiento."Tenemos una necesidad imperiosa: nosotros y la sociedad en su conjunto queremos que haya verdad. El derecho a la verdad es un derecho humano. Maradona fue abandonado a su suerte, condenado a la muerte", había dicho Ferrari al presentar los lineamientos de la fiscalía. Y habló de un "grupo de improvisados", en referencia a los acusados.En medio de su presentación, Ferrari exhibió una hoja en blanco para representar lo que hicieron los imputados que estuvieron al cuidado de Maradona.En este segundo juicio hubo 45 audiencias y 103 declaraciones, entre las las palabras de los testigos y de los imputados sentados en el banquillo de los acusados."Nadie hizo nada mal, pero vamos a defender responsabilidades y voy a defender la mía", sostuvo Luque a fines del mes pasado, en la última audiencia ante de los alegatos.Y también afirmó: "Yo no culpabilizo a nadie. Yo sostengo lo que dijeron los peritos [Pablo] Ferrari, [José Antonio] Maya y el cardiólogo [Ricardo] Iglesias, que Maradona murió de un evento súbito, agudo e impredecible. No tengo dudas".En esa misma audiencia habló Cosachov. "Lamento mucho lo que pasó, siempre traté de hacer lo que mejor sé, lo que pude. Lo apreciaba mucho al paciente. Estos años fueron durísimos, pero una cuestión que me ayudó mucho es tener la conciencia tranquila de lo que yo hice. Siempre sugerí un médico clínico y un neurólogo".Forlini también tomó la palabra. "Actué siempre queriendo lo mejor para el paciente, como hace 30 años que soy profesional médica. Mi trabajo es recibir una orden médica, autorizarla y darle curso. Los roles estaban bien definidos, todos sabíamos lo que les tocaba a todos. Cosachov me dejó muy en claro que los médicos tratantes eran ellos, que ellos tomaban las decisiones [por la psiquiatra y Luque]", afirmó.También dijo: "Creo que todos los que estudiamos medicina lo hacemos con el corazón queriendo ayudar al otro, así lo hice durante 30 años. Este es un camino doloroso que estoy transitando, para mí y mi familia. Siempre actué durante mis años de trabajo con responsabilidad, haciendo lo que me han encomendado. No tenía interés creado de que esto salga mal, no tenía interés económico ni personales, no tenía conflictos ni con el paciente ni la familia".Y, dirigiéndose a los magistrados, espetó: "Le pido por favor, señores jueces, que comprendan bien mi rol y vea que me imputan omisiones que no tenía, me imputan omisiones que nunca podía haber pedido. Pido que dios me acompañe en este camino".Por último, Di Spagna dijo: "No es fácil, hace cinco años espero este momento de estar frente a ustedes y poder decir mi verdad, que es la verdad. Yo uso la palabra 'sugiero', que no es casualidad, es cuando uno no tiene la potestad de condición médica. Yo sugerí estudios complementarios. Mi accionar estaba supeditado a lo que la doctora Forlini nos ordene".Después de los alegatos de los fiscales será el turno de los acusadores privados, los representantes de la familia. Para hoy también se espera la palabra de Eduardo Ramírez, abogado que lleva adelante los intereres de Diego Armando Maradona Sinagra, el hijo italiano del astro mundial del fútbol.
El amparo, promovido por la organización Defensorxs, señala a Ernestina Godoy y a los 32 fiscales estatales por omitir la interconexión de datos forenses que exige la ley desde 2022
Una nueva resolución del Ministerio de Finanzas y Precios introduce rebajas tributarias en varios frentes. Las entidades beneficiadas podrán deducir más del doble de ciertos gastos laborales al calcular sus obligaciones fiscales
La jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a diferenciarse del Gobierno en materia de pliegos judiciales. Durante la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos realizada este miércoles, anunció que votará en contra del nombramiento de la fiscal Susana Pernas, propuesta por el Poder Ejecutivo."Aunque logre tener dictamen de la Comisión de Acuerdos y llegue al recinto, va a tener mi voto negativo", adelantó en sus redes, luego de la audiencia. "Del lado de la gente, siempre", agregó.Bullrich argumentó que se opondrá a la designación porque la fiscal "pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista. Y cuando anularon esa condena, salió a defenderla otra vez".VOY A VOTAR EN CONTRA DEL NUEVO NOMBRAMIENTO DE LA FISCAL SUSANA PERNASEsta fiscal pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista. Y cuando anularon esa condena, salió a defenderla otra vez.Ellos estánâ?¦ pic.twitter.com/0O8ItjePp2— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 7, 2026El policía Luis Chocobar mató a balazos a Juan Pablo Kukoc, un delincuente de 18 años que, en un violento robo, dejó al borde de la muerte a un turista estadounidense que paseaba por La Boca, el 8 de diciembre de 2017, cuando Bullrich era ministra de Seguridad de Mauricio Macri.La senadora repasó el recorrido judicial de la causa: en primera instancia, Chocobar fue condenado por homicidio agravado, con exceso en la legítima defensa; la Cámara de Casación redujo la pena y consideró que se trató de un exceso en el cumplimiento del deber; y la fiscalía de Pernas recurrió ante la Corte Suprema para pedir una pena mayor. "Usted, ¿a quién defiende? ¿Defiende a las víctimas? ¿Entiende el rol de la Policía cuando es acusado por su acción? Frente a situaciones de este tipo, ¿va a actuar de la misma manera?", la enfrentó Bullrich.Pernas asistió este miércoles a defender su candidatura para un nuevo nombramiento como fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal N° 2, propuesta por el Poder Ejecutivo."Me parece que es totalmente injusta esta posición. Me parece una posición personal hacia mi persona [...] La acusación me parece totalmente improcedente a mi trayectoria de 50 años como fiscal", afirmó Pernas. "No estoy en contra de la Policía", añadió la funcionaria. "Ellos están para defender a la sociedad y perseguir el delito, no para defender delincuentes y perseguir a quienes nos cuidan. No puede seguir teniendo un lugar en la Justicia", consideró Bullrich en redes.La senadora ya se había diferenciado del Gobierno en materia de designaciones judiciales. En junio pasado, se abstuvo de votar en contra del pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuya postulación era rechazada por el presidente Javier Milei por ser familiar del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.
Ocurrió cerca del mediodía, en plena audiencia de la comisión de Acuerdos del Senado con la propuesta de un nuevo nombramiento de Susana Marta Pernas ante los tribunales orales de menores de la Capital Federal. "Me deja grandes dudas su actuación", señaló la porteña. La funcionaria judicial consideró "injusto" el planteo tras 50 años de carrera
El expresidente entregó la distinción a Alfredo Coto como "Empresario del Año". Destacó su trayectoria, y la vinculó con la necesidad de reglas que favorezcan la competencia, "para que las empresas se concentren en crecer y no en evitar regulaciones enfermizas". Video Leer más
La Cámara de Diputados avaló en lo general cambios a la Ley Aduanera, en una reforma impulsada por la presidenta Sheinbaum
Legisladores de oposición advierten que el dictamen otorga facultades discrecionales a la autoridad para retener cargamentos
El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, informó ante el Senado que el hidrocarburo no declarado representó 4 mil 600 millones de pesos en IVA e IEPS