fiscal

Comienza el juicio contra los Kirchner por lavado y asociación ilícita: las pruebas que reunieron los fiscales

Un hotel comprado con 3 millones de dólares en efectivo. Una sociedad que nació con $100.000 de capital y terminó con un patrimonio de 12,1 millones de pesos. Valle Mitre, una empresa que pasó de administrar un restaurante a pagar 40.000 dólares por mes por gerenciar el hotel de un presidente. Los Sauces, la empresa de los Kirchner, que facturó casi $26 millones en alquileres, pero el 88% de sus negocios los hizo con empresas de Lázaro Báez y de Cristóbal López. Esos son algunos de los datos con los que la fiscalía sostiene, en las causas Hotesur y Los Sauces, que Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner lavaron, a través de sus hoteles y propiedades, parte del dinero que Báez, López y su socio en el Grupo Indalo, Fabián De Sousa, habrían obtenido irregularmente del Estado. La expresidenta, presa en su casa y condenada por el caso Vialidad a seis años de prisión, y el diputado nacional serán juzgados a partir del próximo viernes por los jueces José Michilini, Andriana Paliotti y Frenando Machado Pelloni del Tribunal Oral Federal 5 por el caso Los Sauces. El fiscal será Diego Velasco y se trata del primer juicio en el que Máximo Kirchner se siente en el banquillo.Pero, antes, la Cámara Federal de Casación decidiría la reunificación del caso Los Sauces con el caso Hotesur, que fueron separados por una decisión del tribunal oral en septiembre pasado. Ambos juicios se harían en simultáneo. Lo están analizando los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar. La reconstrucción de la acusación que realizó Mario Villar, fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, cuando pidió la reunificación, resume la evidencia contra los 19 acusados.El dinero, según la fiscalía, salía del Estado, pasaba por las empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo, entraba como alquiler a los hoteles y departamentos de los Kirchner y terminaba en las cuentas de los integrantes de la familia presidencial. Con ese circuito se convirtieron fondos públicos en ingresos de apariencia legal, concluye la acusación.Dentro de cada grupo empresario, ese dinero se giraba a una compañía "puente" que no tenía actividad suficiente para justificarlo, pero que era la que firmaba los contratos con los Kirchner. Esas compañías alquilaban hoteles y departamentos de Hotesur SA y Los Sauces SA, las sociedades de la familia. El pago entraba como canon locativo, con factura y contrato.El retorno se concretaba cuando, desde Hotesur y Los Sauces, el dinero pasaba al bolsillo de los socios (los Kirchner) como retiros, honorarios, sueldos o pago de gastos personales.Para los fiscales, el paso clave es el alquiler, que le da una explicación legal a un dinero que, en su origen, había salido del Estado.Según la acusación, entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2016 funcionó una asociación ilícita estable, con roles definidos, que tenía como jefes a Néstor y Cristina Kirchner. Máximo Kirchner figura como organizador, junto con Julio De Vido, José López, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Osvaldo Sanfelice y el contador Víctor Manzanares, entre otros.El esquema, dicen los fiscales, tenía dos tiempos. Primero, los grupos Báez e Indalo se quedaban con fondos públicos a través de la obra pública y otros negocios con el Estado. Después, una parte de ese dinero volvía a la familia Kirchner como pagos supuestamente legítimos: alquileres de hoteles y departamentos, compras de propiedades, préstamos y mejoras en los establecimientos. Los escribanos Ricardo Albornoz y Jorge Ludueña habrían armado las sociedades y los poderes; el contador Manzanares, el andamiaje contable, y el empresario Sanfelice habría operado como gerente de todo el entramado.La inmobiliaria de la familia Kirchner facturó entre 2009 y 2016 25.968.042,30 de pesos en concepto de alquileres. El 88% de ese dinero provino de empresas de Báez y del Grupo Indalo.En el caso de Báez, la acusación señala que el dinero provenía de la obra pública vial adjudicada a sus empresas en Santa Cruz, que fue juzgada en la causa Vialidad, donde la expresidenta y el empresario fueron condenados por administración fraudulenta. Austral Construcciones, la principal constructora del grupo, es la que más dinero aportó al circuito.En el caso del Grupo Indalo, la acusación sostiene que también se apropió de fondos del Estado nacional, y el dictamen vincula ese origen con el expediente de Oil Combustibles, la petrolera de López y De Sousa.Para que el esquema funcionara, la familia primero necesitó tener qué alquilar. Según los fiscales, Báez y el Grupo Eskenazi aportaron la liquidez para comprar los hoteles, unos US$10 millones. Austral Construcciones le prestó a Néstor Kirchner $8.329.596,50 en diciembre de 2007 y le compró nueve propiedades por $3.603.500. Epelco SA, del mismo grupo, le compró el 14 de enero de 2008 un terreno en Río Gallegos por $3.170.000. Las propiedades de la provincia de Santa Cruz que la familia Kirchner había comprado a valores fiscales, se vendieron a precios 40 veces mayores. El Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi, le prestó entre el 23 de octubre y el 5 de noviembre de 2008 $10.277.933,82 a Néstor, Máximo y Cristina Kirchner.Con esos fondos se adquirieron los dos hoteles de Hotesur. El 12 de febrero de 2008, Máximo Kirchner, en representación de su padre, pagó US$700.000 por la hostería Las Dunas, que tenía 12 habitaciones y, tras una ampliación, terminó con 47, un restaurante para 200 personas y un centro de negocios.El Alto Calafate, que no estaba en venta, se compró en noviembre de 2008. Néstor Kirchner le encargó a Patricio Pereyra Arandía sondear a sus dueños. Sanfelice, su socio y hombre de confianza, cerró la operación por las acciones de Hotesur SA. El boleto se firmó en una sucursal del Banco Santander Río en la calle 25 de Mayo y se pagó con US$3.168.000 en efectivo y US$1.632.000 transferidos desde el Banco de Santa Cruz.Valle Mitre, de Báez, fue la empresa puente en Hotesur. Hasta 2008 solo administraba un restaurante y facturaba $430.095,80 por año. Con esos ingresos no podía pagar el alquiler de dos hoteles. Por eso, según la fiscalía, otras empresas de Báez que eran contratistas del Estado le giraron dinero: solo Austral Construcciones le transfirió $70.949.170,95, y también aportaron las empresas Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Badial, La Estación, Don Francisco y otras.Para justificar esas transferencias, las empresas del grupo simularon contratarle habitaciones y salones de los propios hoteles, servicios de consultoría y marketing, y hasta la construcción de un complejo turístico, un rubro en el que Valle Mitre no tenía experiencia ni personal.El mismo papel cumplieron Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, del Grupo Indalo, en Los Sauces, según la fiscalía. Inversora M&S recibió más de $50 millones de la constructora CPC y más de $3000 millones de Oil Combustibles, donde trabajaba Romina Mercado, sobrina de la expresidenta. Álcalis recibió por vía indirecta $124 millones de otras firmas del grupo; allí figuraba como empleado Sanfelice. Con ese dinero, las empresas le pagaban a la familia Kirchner.En el caso Hotesur, Valle Mitre se hizo cargo del Alto Calafate en noviembre de 2008 con un contrato de US$80.000 más IVA por la locación y US$40.000 mensuales por la explotación, más US$100.000 por única vez. En 2011 lo reemplazó con otro de $469.272 por mes. Por Las Dunas pagó $177.172 mensuales entre marzo de 2010 y mayo de 2013: $6.909.708 en total. En julio de 2013, cuando la relación de los Kirchner con Báez ya era pública, Hotesur le pasó la gestión del hotel a Idea SA, de Sanfelice.El dato que la fiscalía considera revelador es que el negocio no cerraba: Valle Mitre recibió $86.566.062 mientras manejó los hoteles y terminó con una pérdida de $6.179.286,35. Una empresa que pierde plata pero sigue pagando un alquiler alto, sostienen los fiscales, no está haciendo un negocio hotelero: está transfiriendo dinero.En el caso Los Sauces, la inmobiliaria de la familia facturó entre 2009 y 2016 un total de $25.968.042,30 en alquileres. Por ejemplo, el Grupo Indalo le pagó $18.554.725,76 por departamentos, cocheras y bauleras en los edificios Juana Manso y Dique, del complejo Madero Center, en Puerto Madero.Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones, de Báez, pagaron $4.014.926,97 por los edificios de Alvear 391 y Moreno 882, en Río Gallegos. Mitre e Idea pagaron $3.398.389,57 por el hotel La Aldea del Chaltén.El último tramo fue sacar el dinero de las sociedades. Gracias a esos alquileres, el patrimonio neto de Los Sauces pasó de los $100.000 con que se constituyó a $12.122.430,26, un salto de más de 12.000%.De allí, la familia Kirchner retiró más de $10 millones como "devolución de créditos", honorarios de directores, sueldos o pago de gastos personales, sin las asambleas ni los plazos que exige la ley para repartir dividendos.Desde la cuenta de Néstor Kirchner, él y luego sus herederos retiraron $4.625.260,52: Cristina Kirchner retiró $2.095.426,67; Máximo Kirchner retiró $2.492.415,69 como pago de gastos propios y honorarios de director, y Florencia Kirchner, hoy sobreseída, retiró $883.293,07 y cobró $874.871,12 como empleada.En Hotesur ocurrió lo mismo: las acciones estaban a nombre de Néstor y Máximo Kirchner y, tras la muerte del expresidente, quedaron en manos de Máximo, Florencia y Cristina. Los socios dispusieron del incremento patrimonial sin asambleas ni reuniones de directorio.Para la fiscalía, la estructura tenía como jefes a Néstor y Cristina Kirchner; Máximo Kirchner era su organizador y quien, en algunas operaciones, representaba al grupo familiar. Sanfelice habría sido el gerente de todo el entramado: fue directivo, accionista, empleado o apoderado de Hotesur, Los Sauces, Idea, Negocios Patagónicos, Negocios Inmobiliarios y Álcalis de la Patagonia. El contador Víctor Manzanares habría armado la estructura contable y los escribanos Ricardo Albornoz y Jorge Ludueña, las sociedades y los poderes.En Los Sauces, los fiscales le imputaron a los acusados los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, dádivas y simulación de operaciones financieras. En Hotesur, Cristina y Máximo Kirchner están acusados de lavado de activos. La asociación ilícita no se volvió a imputar en ese tramo para no juzgarlos dos veces por el mismo hecho.Ese es uno de los argumentos con los que la fiscalía sostiene que los dos casos deben ir juntos, pues once acusados comparten ambos expedientes y la misma prueba documental.

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El fiscal de Casación pidió que la Corte Suprema se expida sobre quién debe investigar la causa de la mansión de Pilar

La disputa por quién debe investigar la causa de la "mansión de Pilar" puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal para que analice quién debe quedarse con el expediente. La presentación también solicita que deje sin efecto la decisión que hizo que el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, quedara a cargo de la pesquisa.Este pedido es la última vía que le queda al Ministerio Público en esta disputa. El 6 de octubre, la Sala I de la Casación, integrada por Alejandro Slokar, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, declaró inadmisible el recurso extraordinario de Villar. Por eso ahora el asunto pretende escalar hasta la Corte, mediante un escrito que habla de presuntas "suspicacias en la opinión pública".El centro del planteo es que la Casación mandó la causa a Campana con el argumento de que el lavado de dinero es un delito federal, pero sin analizar dónde habrían ocurrido los hechos que se investigan. La hipótesis plantea que ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires, no en Campana. "Conformarse con la afirmación de que el delito de lavado de dinero es de competencia de la justicia federal, como si esta frase tuviera algún contenido mágico que implicara que no debe observarse la competencia territorial, es insostenible", escribió el fiscal. Y agregó: "La Cámara de Casación está dejando de lado la ley procesal, citada por ambas partes, respecto de la competencia territorial, y no le importó". A su vez, Villar dio cuenta de un grupo de expedientes. "Las causas en trámite contra los dirigentes de la AFA y personas allegadas no se limitan a las presentes actuaciones, sino que comprenden un entramado de causas, que en su mayoría están bajo pedidos de inhibitoria por el juez federal de Campaña", sostuvo. Enumeró la investigación por la "mansión de Pilar" y el expediente proveniente de los tribunales de Santiago del Estero por presunta defraudación en la AFA.Por ese motivo, el fiscal aludió a un posible "forum shopping", en referencia a la "acumulación de causas" en un juez que considera no debería estar a cargo de los expedientes.Esta causa trata sobre quién es el dueño de la quinta de Pilar, que perteneció a Carlos Tevez. Su relevancia es tal porque el juez que investigue este caso arrastrará todas las causas de supuesto lavado de dinero y fraude ligadas con la AFA, que involucran a Claudio "Chiqui" Tapia y al tesorero, Pablo Toviggino. La entidad siempre negó las acusaciones en su contra.La denuncia original es del 1 de diciembre de 2025 y fue realizada por Elisa Carrió, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, integrantes de la Coalición Cívica.Los denunciantes apuntaban por lavado de dinero a quienes aparecen como dueños de la quinta de Pilar, de cinco hectáreas, donde había canchas de fútbol, un haras, caballos árabes, un helipuerto, gimnasio, casas, quincho y parrilla y un galpón con 54 automóviles de alta gama, incluidos algunos clásicos de colección y otros deportivos último modelo. Sospechan que son testaferros de alguien más.La quinta, que la Justicia estimó que tiene un valor de 25 millones de dólares, con los autos dentro, pertenece en los papeles a Real Central SRL, una sociedad a cargo de Luciano Pantano, exdirigente de futsal, y su madre, Ana Conte, jubilada. Cuando se allanó la quinta, en su interior fueron hallados objetos con el nombre de Pablo Toviggino, como un bolso y una placa.

El Gobierno anunció que obtuvo un nuevo superávit fiscal en septiembre

El resultado financiero fue de $ 977.173 millones, según informó Luis Caputo. El saldo primario alcanzó $ 1,43 billones y el acumulado de los primeros nueve meses equivale al 0,3 % del PBI.

Feijóo propone un paquete de medidas fiscales para el medio rural y recortar la burocracia para que pueda competir

Una carga fiscal asfixiante

Un reciente informe de J.P. Morgan Chase ubicó a la Argentina entre las economías de la región con mayor presión impositiva y señaló que su estructura tributaria tiene efectos distorsivos sobre la actividad económica, en especial si se analizan los impuestos provinciales y el impuesto sobre los ingresos brutos.El informe del área de investigación de la citada entidad bancaria, la más grande de los Estados Unidos, cuestiona en forma particular el impuesto a los ingresos brutos, que implica alícuotas que generalmente se encuentran entre el 1% y el 5% en las 24 provincias y grava absurdamente las distintas etapas de la cadena de producción y comercialización. En el sector bancario, el más gravado, son incluso mayores: dos tercios de las provincias aplican alícuotas entre 8% y 9% sobre los intereses totales. No permite un crédito pleno por los impuestos pagados en las instancias anteriores y, por tal motivo, el impuesto se acumula perversamente a medida que un producto avanza por la cadena económica.Según el informe "Carga Fiscal Formal", realizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), por la forma como está diseñado el impuesto sobre los ingresos brutos -y también las tasas municipales con base de ingresos totales-, aplicando aquellas altas alícuotas en cada eslabón de la cadena, prácticamente no existen comparables entre los 30 países más relevantes, tomando el G-20 y Sudamérica. Sin embargo, el problema no reside solo en cuánto se paga, sino en la manera en que está estructurado el sistema. Así, se cuestiona la superposición de potestades tributarias entre la Nación, las provincias y los municipios, ya que tal fragmentación genera múltiples gravámenes y regímenes que incrementan el costo de cumplimiento y afectan las decisiones de inversión.Esta posición es coincidente con el diagnóstico que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en mayo de este año, al describir el sistema argentino como complejo, distorsivo e inestable, estimando la recaudación tributaria del gobierno nacional en aproximadamente el 27% del PBI en 2025, un guarismo muy alto para la región. Tal medición es aún más alta en el sector formal, porque está licuada por una informalidad que ronda el 45%. Es así como, para la UIA, la presión fiscal en el sector formal de la economía ascendería al 56 por ciento.Asistimos, en resumen, a una carga tributaria excesivamente elevada y una estructura tributaria particularmente distorsiva, en la que Ingresos Brutos ocupa un lugar central. Son conocidos los efectos de este impuesto en la economía, cuyo aspecto central es la forma que grava la actividad económica de manera acumulativa, en cada etapa de la cadena productiva y comercial. El efecto cascada que penaliza las cadenas productivas configura una situación ya admitida por la OCDE en el sentido de que este tributo genera un incentivo a la integración vertical, perjudicando la competitividad, con el consecuente aumento del costo argentino. Por otra parte, perjudica especialmente a la producción y a las exportaciones, al gravar la producción interna y las exportaciones, en razón del impuesto acumulado en las etapas anteriores que se incorporan en los costos del producto exportado.También señaló la OCDE que el impuesto sobre los ingresos brutos actúa como una especie de barrera económica interprovincial, debido a sus diferentes alícuotas y reglas entre jurisdicciones.Si bien determinados incentivos a la inversión, como el RIGI, pueden compensar parcialmente la elevada carga tributaria y mejorar la competitividad de proyectos de inversión, la cuestión tributaria requiere de una profunda discusión de fondo con los sectores involucrados para lograr un consenso nacional tendiente a obtener una definitiva solución.

"Les dimos coraje": el comentario que recibió Caputo cuando la jefa del FMI comparó el ajuste fiscal en la Argentina y en Grecia

Lo dijo el ministro de Economía griego, tras la comparación que hizo Kristalina Georgieva entre ambos países.Además,la directora gerente del Fondo dijo que confía en que la Argentina pagará la deuda con el organismo antes de 2034. "Te vas a sorprender", respondió Caputo.

Alabama extiende hasta febrero de 2027 los plazos fiscales federales tras el paso del huracán Isaias

El organismo tributario federal otorgó una prórroga a residentes y negocios de 40 condados del estado sureño para presentar declaraciones y abonar tributos pendientes

El fiscal pide penas de 46 y 19 años de cárcel por los dos asesinatos en Ciudad Real

¿Se puede cumplir la ley universitaria sin romper el equilibrio fiscal? Un informe señala dónde estarían los fondos

En medio del conflicto universitario, un análisis privado sostiene que hay $5,9 billones sin asignación dentro del Presupuesto 2027. Dónde están esos fondos y cuál sería el costo de cumplir la ley dentro del gasto presupuestado. Leer más

El fiscal pide 46 y 19 años de cárcel para los acusados de dos asesinatos en Ciudad Real

Revés para Julio Iglesias: un fiscal solicitó que se lo investigue por abuso sexual y explotación laboral

MADRID (AFP).- La Fiscalía española dio un giro de 180 grados y avala que se pueda abrir una investigación al cantante Julio Iglesias por presunta agresión sexual a dos exempleadas, luego de archivarse una primera denuncia, informaron este jueves fuentes del Ministerio Público. Ahora un juez tendrá que decidir si efectivamente inicia las pesquisas.La Fiscalía emitió un informe favorable de la competencia de la Audiencia Nacional, un tribunal en Madrid especializado en casos complejos y delitos cometidos por españoles en el extranjero, para estudiar los hechos. Las fuentes no explicaron la razón del cambio de criterio en este caso contra el artista de habla hispana que más discos vendió en el mundo.Cuando las dos exempleadas presentaron en enero su primera denuncia, el Ministerio Público consideró que la Audiencia Nacional no era competente porque los hechos fueron cometidos en el extranjero y tanto las presuntas víctimas como el acusado residían fuera de España. El dossier se archivó.Tras ese primer tropiezo, una nueva denuncia fue introducida en septiembre por las dos mujeres, identificadas como Rebeca y Laura, que afirman haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos cuando trabajaban en las propiedades del cantante de 83 años en las Bahamas y en República Dominicana en 2021.En una carta abierta que publicaron en septiembre las dos exempleadas, piden a la Justicia española que les "reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia".La ONG Women's Link Worldwide, que las representa, estimó que los tribunales españoles son competentes en virtud de una ley que "permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España".Julio Iglesias, el cantante de música romántica que vendió más de 300 millones de discos, tachó esas acusaciones de "absolutamente falsas" y negó "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer".Nacido en 1943, Iglesias se hizo famoso especialmente en España y Latinoamérica con temas como "Soy un truhán, soy un señor", "Gwendolyne", "Me olvidé de vivir" o "Con la misma piedra".Los testimonios de las dos mujeresSegún las declaraciones recogidas por Women's Link y Amnistía Internacional de las denunciantes, Iglesias "las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato". View this post on Instagram Una de las denunciantes, exempleada del servicio doméstico, relató que fue presionada para mantener encuentros sexuales, mientras que la otra mujer, una fisioterapeuta, aseguró que sufrió tocamientos, publicó el diario El País.Para la organización que asesora a Rebeca y Laura, los hechos mencionados podrían abarcar "delitos de trata, contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas"."Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava", dijo una de ellas en alusión â??según sus palabras posterioresâ?? a que el artista la mandaba a llamar a su habitación y abusaba de ella al finalizar su jornada laboral, con la complicidad de alguna trabajadora de mayor rango. La otra mujer agregó: "Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones"."Es una persona muy controladora que ejerce el poder a través del miedo. Amenaza con despedirte y constantemente te recuerda que estar trabajando para él es lo mejor que te ha pasado en la vida. Vive recordándote cuáles son las reglas, qué puedes hacer y qué no", indicaron y aseguraron que hasta les contaban la cantidad de comida que les servían en el plato, además de revisarles el celular. También agregaron que el artista solía hacerles preguntas fuera de lugar como "¿te gustan las mujeres?", "¿te gustan los tríos?", "¿te has operado los pechos?" y las insultaba. "Cuando le digo que no quiero estar con él (sexualmente), comienza a insultarme muy feo y a decirme que cómo no voy a estar con él, que hay muchísimas modelos muriéndose por estar con él y que yo, porque él me quería y me había tomado cariño, estaba siempre junto con él", relató una de ellas.

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Mientras el alto tribunal decide si admite el trámite, la entrada en vigor de la mayor parte de la Ley 2381 de 2024 se mantiene prevista para el 1 de abril de 2027

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Nueva York estrecha cerco fiscal sobre las segundas residencias de magnates, según el WSJ

El nuevo impuesto sobre segundas viviendas en Nueva York afecta a grandes fortunas del mundo empresarial, como el magnate inmobiliario Steve Witkoff. La medida busca incrementar la recaudación y ya ha eliminado exenciones fiscales a miles de apartamentos, tras auditorías recientes.

Casación confirmó la condena a un exfuncionario de la AFIP por una maniobra de fraude fiscal en el comercio de granos

Sergio Eduardo Bruno Carballo recibió cinco años y cuatro meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La causa investigó un esquema encabezado por un empresario para obtener beneficios impositivos mediante documentación falsa y un prestanombre

Fiscal apartada de la investigación contra 'Papá Pitufo' denunció acoso, amenazas en su contra y parrandas en la Fiscalía

Paola Andrea Londoño dijo que elevó informes ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para comunicar sus preocupaciones