La pesquisa del Ministerio Público se da tras difusión de reportaje que reveló el presunto pago de seis soles por cada ficha de inscripción fraudulenta, completada utilizando información del Reniec
Aunque la iniciativa del presidente Gustavo Petro fue derrotada por escaso margen, Bolívar insiste en que "todavía queda algo por hacer"
Roberto Burneo, presidente de la entidad, anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso donde planteará la medida. Esta no se aplicaría a las Elecciones 2026, pero busca evitar irregularidades en futuros procesos electorales
El legislador Roberto Sánchez publicó el documento con el respaldo requerido. No obstante, todavía no figura en el portal del Parlamento
Según denunció Viviana Aguirre, excoordinadora contable del PAMI y dirigente de La Libertad Avanza, le exigieron un millón de pesos a cambio de un cargo jerárquico y la obligaron a firmar documentos ilegales. Leer más
El segundo fin de semana de la Feria del Libro de Buenos Aires suele funcionar como un termómetro que marca el clima de cada edición. Este año coincidió con el finde extralarge y, desde el jueves 1 de mayo, los pabellones de la Rural se vieron colmados de visitantes. Desde entonces, cada día hubo más gente. Este sábado sucedió lo que los organizadores y expositores definen como un "estallido". En efecto, con miles de personas caminando por los pasillos o a la espera de escuchar a los autores y pedirles un autógrafo, la Feria "estalló" de público.En un día cálido y soleado que impulsó a los asistentes a copar las gradas de la tribuna central para tomar mate o descansar del bullicio de los pasillos, sentados al aire libre en el césped al lado del túnel de ingreso, no faltaron, por supuesto, los fans que hicieron largas filas para esperar, primero, la charla y, luego, la firma de sus autores favoritos. Los tanques de la jornada fueron best sellers como Florencia Bonelli, Rosa Montero y Claudia Piñeiro. También, el politólogo Agustín Laje que presentó su ensayo Globalismo en la sala José Hernández junto con Alberto Benegas Lynch (padre) y el Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona en la primera fila. Fue, también, una jornada de mucha música. El escenario móvil de la Secretaría de Cultura de la Nación, ubicado en el exterior, ofreció espectáculos musicales en continuado y carpas con juegos y actividades para chicos. En una, se podía participar de una "lectura al paso". Adentro, en especial en el Pabellón Ocre, donde están los stand de las provincias y las instituciones, también hubo música en vivo: folklore, en este caso. Y hasta en la sala Hernández, la de mayor capacidad, el joven y prolífico autor Santiago Speranza hizo bailar a los adolescentes con temas populares como "El bombón asesino". En esa misma sala, donde entran mil personas sentadas, el tanque Bonelli presentó la tercera parte de su exitosa saga La Casa Neville, Yo soy el viento. La fila para ingresar a la charla, que empezaba a las 14.30, se formó en paralelo a otra fila para la misma autora: Bonelli firmó ejemplares a sus fans en el stand de Planeta desde las 15.30. No hubo números para establecer un tope, como en otros casos, sino que la autora decidió recibir y sacarse fotos con todos sus lectores. Fueron miles, cada uno con un libro en la mano, felices de compartir unos minutos y una selfie con ella. Esperaron tranquilos, al aire libre, en una fila que daba vueltas a la pista central antes de ingresar al Pabellón Verde, donde se ubica el stand de Planeta. Se rumoreaba por los pasillos que Bonelli estaba dispuesta a quedarse aun cuando se cerraran las puertas de la Feria, a las 22. Lo mismo sucedió en años anteriores.En la sala Hernández, después de Bonelli, fue el turno de Agustín Laje, que tuvo también su larga fila pre-charla y, luego, otra para la firma de los libros en el firmódromo uno, ubicado en el hall central.Como sucede en la Feria, a la misma hora tienen lugar varias actividades. Este sábado, mientras Laje hablaba en la sala Hernández, afuera ya se había formado la fila de los lectores de Claudia Piñeiro, que presentó en esa sala a las 19 su nuevo libro, La muerte ajena, con Hinde Pomeraniec, Débora Mundani y Cynthia Edul. Pero, antes, en el plácido Pabellón Blanco, Pomeraniec dialogó con Rosa Montero. A sala llena, con algunas personas de pie (la Victoria Ocampo tiene capacidad para 180 sentados), la autora española presentó Animales difíciles, el cierre de la serie protagonizada por la peculiar Bruna Husky. "Estas novelas son un híbrido porque son, en parte, ciencia ficción y, en parte, thrillers. También son novelas existenciales porque hablan sobre el paso del tiempo", dijo la escritora, que reconoció entre risas que, aunque Bruna es un clon, ella la siente como su álter ego."Mi pobre Bruna es un clon humano manipulado por ingeniería genética. Son tecnohumanos que saben cuándo van a morir. La mayoría de los mortales viven como si fueran inmortales, salvo algunos neuróticos como yo y Woody Allen que pensamos todo el tiempo en la muerte", reveló con su típico sentido del humor."Bruna es mi personaje más cercano -agregó-. Hasta le puse mi altura, 1,60, y la hice escribir. Por primera vez en las cuatro partes de la novela aparece un diario en primera persona escrito por Bruna. Y dice cosas sobre la escritura que también diría yo".La jornada contó también con un homenaje a María Elena Walsh, organizado por la fundación que cuida su legado y el de Sara Facio. Titulado "María Elena y el verdadero secreto de la fábrica walshiana", fue un diálogo entre Graciela García Romero, presidenta de la Fundación María Elena Walsh - Sara Facio, y las académicas Silvina Marsimian y Alicia Origgi, con la conducción de Victoria Carreras. Hubo también música y "susurradores" de poemas.Ya de noche, empezó la presentación de El Monje. La verdadera historia de Santiago Caputo, de los periodistas Maia Jastreblansky y Manuel Jove, con Carlos Pagni y Diego Sehinkman. Al cierre de esta edición, Bonelli seguía firmando ejemplares.
El expresidente defendió a su partido de las acusaciones hechas por el propio Reniec. Afirmó que debe ser el Ministerio Público el encargado de investigar estos registros
JNJ solicitó a Carmen Velarde que informe las acciones adoptadas por la institución ante las denuncias de afiliaciones indebidas por firmas falsas
La entidad hizo público los 130 informes remitidos al JNE, donde se detallan las razones de las observaciones y los datos personales de los responsables de las afiliaciones presentadas
Carlos Ramos, el vocero de la entidad pública, afirmó que ya se cuenta con una solución digital para verificar la identidad de los afiliados a partidos, pero que el Congreso aún no la aprueba en segunda votación
Informante de la presunta mafia señaló a los directivos de la agrupación de haber contratado sus servicios para afiliar a personas contra su voluntad
El PP de Castilla-La Mancha comenzará una campaña para solicitar la subida de pensiones, la ayuda a Valencia y bonificaciones en transporte público, señalando que el Gobierno usa a estos colectivos como "rehenes
La historieta de autor encuentra aires renovados en títulos de Keum Suk Gendry-Kim (de visita en la Feria del Libro para presentar Hierba), Liana Finck y Julio César Pérez, ahora con circulación en librerías argentinas.
Pablo Bustinduy critica la recogida de firmas del PP por la subida de pensiones y recalca la importancia de votar a favor en el Congreso para proteger a los pensionistas
El PP impulsa una ofensiva social y parlamentaria pidiendo al Gobierno de Sánchez la revalorización de pensiones, bonificaciones al transporte público y ayudas para afectados por la dana
En diálogo con Infobae Perú, Rubí Rivas, representante de Reniec, detalló el proceso que lleva a cabo la entidad para el cotejo de los padrones de afiliaciones que presentan las organizaciones políticas para su inscripción ante el JNE
Más de 20 empresas españolas exhiben sus productos en Sirha Lyon, un evento clave para la industria alimentaria, destacando la importancia del mercado francés y la proyección internacional del sector
Varios congresistas habían presentado proyectos de ley que buscaban permitir el retiro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) justificada por la difícil situación económica que enfrenta el país
La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de once personas y dos empresas constructoras en una causa que investiga sobornos, fraude al Estado y falsificación de documentos en la que están involucrados exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).Los procesamientos fueron dispuestos por el juez federal Sebastián Casanello. Firmaron el fallo de la Cámara Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico (que hizo un voto propio).Un dato central de este expediente es que se procesó a dos sociedades anónimas (y no solo a sus representantes). Son Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A. Se trata de una de las primeras investigaciones que aplican la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017, en un caso de sobornos. Casanello ya había procesado a los principales imputados, pero el 7 de septiembre pasado, la Sala II de la Cámara Federal había revocado esa decisión y le había ordenado al juez "evaluar nuevamente" los pedidos de medidas de prueba de las defensas. El juez relató en su fallo que dispuso nuevas medidas (incluidos peritajes, informes técnicos y declaraciones de testigos), afirmó que esos elementos "echaron luz sobre los interrogantes planteados", volvió a procesar a los acusados alcanzados por su fallo anterior y sumó a nuevos procesados.Esta vez, la Cámara confirmó lo decidido por Casanello y dejó a los acusados (incluidas las empresas) a un paso del juicio oral.Los camaristas Irurzun y Farah dijeron: "La incorporación de nuevos elementos a la causa permite superar el déficit del cuadro preexistente y afirmar provisoriamente la existencia de los hechos y la asignación de responsabilidades, pues son diversos los indicios que -sumados a la prueba ya existente- refuerzan las sospechas sobre las distintas aristas concatenadas del evento (el falseamiento, el fraude y los sobornos)".En cuanto a las empresas, Farah e Irurzun sostuvieron que los beneficios de los presuntos delitos no fueron sólo para los empresarios, sino también para las compañías. Afirmaron: "Las comunicaciones frecuentes entre los directivos de las firmas contribuyen también a presumir que no se trató de eventos que no se gestaran y beneficiaran a título exclusivamente personal de las más altas autoridades, sino que hubo un determinado nivel de anuncia y beneficio de la sociedad como tal". Los camaristas destacaron "la organización defectuosa" de las empresas, por ejemplo, en cuanto a "la ineficacia de sus programas de integridad".La historia del casoLa causa se inició el 18 de diciembre de 2017 por una denuncia del entonces Administrador General de la DNV, Javier Iguacel, contra funcionarios del organismo que debían supervisar la ejecución de obras viales en Córdoba y Buenos Aires. Los hechos bajo investigación sucedieron en 2017 y 2018.En esta causa fueron determinantes los testimonios de dos agentes estatales: una auditora que inspeccionó las obras y advirtió que se estaban pagando trabajos no hechos (pese a que, según pruebas reunidas en el expediente, intentaron engañarla escondiéndole datos y borrando de urgencia información para que ella no la viera) y un supervisor de obra de Vialidad a quien -de acuerdo con su relato- su jefe quiso convencer de que se sumara a la maniobra, pero él se negó.El jefe en cuestión es Guillermo Crisci, que aparece vinculado a los tres hechos que se investigan en esta causa. Los dos primeros son por presuntos pagos indebidos a empresas a cargo de obras en la Ruta Nacional N° 19, en Córdoba, en el tramo II: "Cañada Jeanmarie-Arroyito" y en la misma ruta, en el tramo siguiente: "Arroyito-Río Primero". El tercer hecho es un supuesto pedido de sobornos a otros contratistas a cambio de facilitarles el desarrollo de los trabajos de construcción que estaban haciendo en la obra vial ejecutada en el tramo Pergamino-Fontezuela de la Ruta Nacional N° 8.Las presuntas maniobras vinculadas a las obras en la Ruta 9 consistían fundamentalmente en hacer terraplenes más bajos que lo que declaraban. El Estado, entonces, pagaba de más y las empresas retribuían con "retornos" a los funcionarios. ¿Cómo lo hacían? Contratando a otras empresas que eran de prestanombres de los funcionarios en cuestión -una de ellas, la mujer de Crisci-, según la hipótesis que sostuvo Casanello en su fallo, firmado el 13 de diciembre pasado."Bajamos los perfiles y nos repartimos la plata. Vos confiá en mí. Te vas a llenar de plata", le habría dicho Crisci al supervisor de obra que debía fraguar el documento que consignaba la altura del terraplén. Crisci, que lo había designado en el puesto, disconforme porque su empleado no quería sumarse, le habría dicho -según declaró el testigo-: "Así como te puse, te saco".La lista de los procesados incluye a los exfuncionarios Crisci (excoordinador ejecutivo de la Dirección de Obras de Casa Central de la DNV), Fernando Mardiza (supervisor) y Ernesto Leal (topógrafo, que a diferencia de los otros dos exfuncionarios, no fue procesado por cohecho sino solo por fraude y falsificación de documento). También incluye a tres directivos de las empresas constructoras (Gabriel Pedro Losi, Maximiliano Pietroboni y Jorge Horacio Fernández), a las dos personas jurídicas, a trabajadores de menor rango dentro de las empresas y a quienes actuaron como presuntas "personas interpuestas" de los funcionarios en el cobro de las dádivas, incluidas las esposas de Mardiza y Crisci.Casanello procesó a Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y a Luis Losi S.A. por el delito de cohecho activo y ordenó trabarles un embargo de $632.381.436,96.El juez hizo alusión en su fallo a las particulares características de los casos de corrupción y cómo deben investigarse. "Las investigaciones de delitos de corrupción demandan la tarea de hilar una sucesión de circunstancias fácticas (previas, contemporáneas y sucesivas al hecho delictivo) que inicialmente, vistas en forma individual, pueden parecer inconexas e incluso lícitas. No obstante, sometidas a un abordaje sistémico que contemple detenida y exhaustivamente las distintas aristas del caso, permiten develar un trasfondo de intereses espurios alineados a partir de la coordinación de aportes fragmentados, atendiendo a las privilegiadas posiciones que ocupan los actores involucrados, tanto dentro de la administración pública como desde el sector privado", afirmó el juez.Según Casanello, "detener el examen en esa mera superficialidad asegura el fracaso de toda investigación sobre este tipo de criminalidad compleja" y "lo mismo cabe decir en relación a la responsabilidad de las personas jurídicas y sus sistemas de compliance, donde el análisis no puede reducirse a la sola existencia de procedimientos y rituales".El juez destacó además que "la mecánica de los hechos de corrupción" investigados en esta causa tiene muchas semejanzas con las otras investigaciones de criminalidad compleja que "tuvieron como principales actores a altos funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (designados a lo largo de diferentes gestiones)". Esto, a su juicio, revela "posibles problemas estructurales y fallas en la prevención" de los delitos en la órbita de Vialidad.
Delincuentes podrían tener acceso a esta información. El Reniec anuló el acceso que tenían los ministerios del Interior y de Trabajo luego de este hecho
Movilización de Sumar por la jornada laboral de 37,5 horas: recogida de firmas con 56,000 apoyos, ruta de actos impulsada por Yolanda Díaz y presión en el Consejo de Ministros
En 2007 se hizo cargo de la federación chilena, tras el fracaso de la clasificación para el Mundial de Alemania.Ahora quiere ser candidato independiente en las elecciones de noviembre. Sus días con el DT argentino, entre exigencias, el desaire del Loco con Piñera y la salida conjunta en 2011.
El abogado de la exasistente y la defensa legal de la mandataria declararon sobre lo manifestado por sus clientes ante la Fiscalía. Asimismo, revelaron el contenido del documento remitido por el médico que participó de la rinoplastia a la jefa de Estado
Desde Estados Unidos, la exasistenta declaró de manera virtual en una audiencia que se extendió por más de seis horas, durante la cual reveló nuevos detalles sobre los procedimientos estéticos a los que se sometió la presidenta
Se espera que el concejal abandone su escaño para dedicarse plenamente a la recolección de apoyos en todo el país
María Jáuregui, Edgar Tello y Katy Ugarte retrocedieron, pero otros dos legisladores se adhirieron. Decisión fue adoptada a un día de que el premier se mostrara incómodo por la convocatoria, cuestionando que se haya dado "sin diálogo previo"
La causa detrás de la decisión de las congresistas es la inconformidad que tienen ante la posibilidad de no tener protagonismo en el grupo en los próximos años
La recolección de firmas liderada por el uribismo no alcanzó el mínimo requerido para presentar la consulta contra las reformas del gobierno de Colombia
La Bolsa de Seúl presenta pérdidas significativas en el índice Kospi, influenciada por el retroceso en acciones tecnológicas y de baterías, mientras los inversores esperan la reunión sobre las tasas de interés de la Fed
El beneficio neto de las firmas de bolsa alcanzó 125,34 millones de euros hasta octubre, impulsado por un aumento en las ganancias de sociedades y agencias de valores en España
Pese a la demora de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, el Bloque Magisterial y Somos Perú, se consiguió el mínimo requerido para discutir este jueves el proyecto de ley observado por Dina Boluarte
Pese al pedido de la Fiscalía, Santiváñez se encuentra en Bruselas participando de una reunión con otros ministros del Interior, en el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI)
Además, le restó importancia a las reuniones que tuvo el titular del Mininter con otros congresistas. "Yo recibo semanalmente a señores y señoras congresistas", dijo el titular de la PCM
Compromís inicia la campaña 'Fora Mazón' para exigir la renuncia de Carlos Mazón, recogiendo 20.000 firmas en un día tras la indignación del pueblo valenciano por su gestión en momentos críticos
Karol Samantha pide ayuda a los seguidores de la empresaria para que la ayuden a conseguir la cantidad de firmas que podrían ayudarla a salir de prisión
La Multisectorial, que integran jubilados de las dos CTA, la Corriente Federal y otras agrupaciones, lanzó una campaña para juntar firmas. Durante todo febrero habrá actividades en reclamo de que el PAMI vuelva a dar remedios gratis a todos los jubilados, por el aumento de los haberes y por la continuidad de la moratoria previsional.
El experto de @legalmente.rrss explica cuál es el tiempo de permanencia obligatorio que debe cumplirse y cuál es el procedimiento que debe seguirse para evitar tener que pagar una compensación al arrendador
Ya han logrado reunir más de 200.000 firmas.La primera medida sería renombrar Disneylandia como Hans Christian Andersenland.
Medelius fue acusado de falsificar firmas para la inscripción del movimiento Perú 2000 en las elecciones de 2000, un partido que apoyaba la reelección de Alberto Fujimori
Luís Guerrero presentó un reclamo a la entidad financiera estatal pero fue declarada improcendente. Además, señaló que Indecopi falló a favor del banco, por lo que denunció el caso en el Ministerio Público
El juez federal Sebastián Casanello procesó a once personas y a dos empresas constructoras en una causa que investiga sobornos, fraude al Estado y falsificación de documentos en la que están involucrados exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).Un dato central de este expediente es que fueron procesadas dos sociedades anónimas (y no solo sus representantes). Son Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A. Se trata de una de las primeras investigaciones que aplican la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017, en un caso de sobornos.Casanello ya había procesado a los principales imputados, pero el 7 de septiembre pasado, la Sala II de la Cámara Federal revocó esa decisión y le ordenó al juez "evaluar nuevamente" los pedidos de medidas de prueba de las defensas. El juez relató en su fallo que dispuso nuevas medidas (incluidos peritajes, informes técnicos y declaraciones de testigos), afirmó que esos elementos "echaron luz sobre los interrogantes planteados", volvió a procesar a los acusados alcanzados por su fallo anterior y sumó a nuevos procesados.La causa se inició el 18 de diciembre de 2017 por una denuncia del entonces Administrador General de la DNV, Javier Iguacel, contra funcionarios del organismo que debían supervisar la ejecución de obras viales en Córdoba y Buenos Aires. Los hechos bajo investigación sucedieron en 2017 y 2018.En esta causa fueron determinantes los testimonios de dos agentes estatales: una auditora que inspeccionó las obras y advirtió que se estaban pagando trabajos no hechos (pese a que, según pruebas reunidas en el expediente, intentaron engañarla escondiéndole datos y borrando de urgencia información para que ella no la viera) y un supervisor de obra de Vialidad a quien -de acuerdo con su relato- su jefe quiso convencer de que se sumara a la maniobra, pero él se negó.El jefe en cuestión es Guillermo Crisci, que aparece vinculado a los tres hechos que se investigan en esta causa. Los dos primeros son por presuntos pagos indebidos a empresas a cargo de obras en la Ruta Nacional N° 19, en Córdoba, en el tramo II: "Cañada Jeanmarie-Arroyito" y en la misma ruta, en el tramo siguiente: "Arroyito-Río Primero". El tercer hecho es un supuesto pedido de sobornos a otros contratistas a cambio de facilitarles el desarrollo de los trabajos de construcción que estaban haciendo en la obra vial ejecutada en el tramo Pergamino-Fontezuela de la Ruta Nacional N° 8.Las presuntas maniobras vinculadas a las obras en la Ruta 9 consistían fundamentalmente en hacer terraplenes más bajos que lo que declaraban. El Estado, entonces, pagaba de más y las empresas retribuían con "retornos" a los funcionarios. ¿Cómo lo hacían? Contratando a otras empresas que eran de prestanombres de los funcionarios en cuestión -una de ellas, la mujer de Crisci-, según la hipótesis que sostuvo Casanello en su fallo, firmado el 13 de diciembre pasado."Bajamos los perfiles y nos repartimos la plata. Vos confiá en mí. Te vas a llenar de plata", le habría dicho Crisci al supervisor de obra que debía fraguar el documento que consignaba la altura del terraplén. Crisci, que lo había designado en el puesto, disconforme porque su empleado no quería sumarse, le habría dicho -según declaró el testigo-: "Así como te puse, te saco".La lista de los procesados incluye a los exfuncionarios Crisci (excoordinador ejecutivo de la Dirección de Obras de Casa Central de la DNV), Fernando Mardiza (supervisor) y Ernesto Leal (topógrafo, que a diferencia de los otros dos exfuncionarios, no fue procesado por cohecho sino solo por fraude y falsificación de documento). También incluye a tres directivos de las empresas constructoras (Gabriel Pedro Losi, Maximiliano Pietroboni y Jorge Horacio Fernández), a las dos personas jurídicas, a trabajadores de menor rango dentro de las empresas y a quienes actuaron como presuntas "personas interpuestas" de los funcionarios en el cobro de las dádivas, incluidas las esposas de Mardiza y Crisci.Tras las presentaciones de las defensas contra los procesamientos, el caso regresó a la Cámara Federal para una nueva revisión. En su fallo del año pasado, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah entendieron que no existía "mérito suficiente" como para procesar o sobreseer a los imputados.Uno de los principales argumentos de defensa de las empresas es que la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas se sancionó después de iniciada la causa y que, por ende, no puede aplicarse a este caso. Según el juez, si bien es cierto que la maniobra delictiva empezó antes, no se habían agotado los hechos cuando entró en vigencia la ley porque durante 2018 se siguieron pagando presuntos retornos a los funcionarios públicos.Casanello procesó a Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y a Luis Losi S.A. por el delito de cohecho activo y ordenó trabarles un embargo de $632.381.436,96.El juez hizo alusión en su fallo a las particulares características de los casos de corrupción y cómo deben investigarse. "Las investigaciones de delitos de corrupción demandan la tarea de hilar una sucesión de circunstancias fácticas (previas, contemporáneas y sucesivas al hecho delictivo) que inicialmente, vistas en forma individual, pueden parecer inconexas e incluso lícitas. No obstante, sometidas a un abordaje sistémico que contemple detenida y exhaustivamente las distintas aristas del caso, permiten develar un trasfondo de intereses espurios alineados a partir de la coordinación de aportes fragmentados, atendiendo a las privilegiadas posiciones que ocupan los actores involucrados, tanto dentro de la administración pública como desde el sector privado", afirmó el juez.Según Casanello, "detener el examen en esa mera superficialidad asegura el fracaso de toda investigación sobre este tipo de criminalidad compleja" y "lo mismo cabe decir en relación a la responsabilidad de las personas jurídicas y sus sistemas de compliance, donde el análisis no puede reducirse a la sola existencia de procedimientos y rituales".El juez destacó además que "la mecánica de los hechos de corrupción" investigados en esta causa tiene muchas semejanzas con las otras investigaciones de criminalidad compleja que "tuvieron como principales actores a altos funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (designados a lo largo de diferentes gestiones)". Esto, a su juicio, revela "posibles problemas estructurales y fallas en la prevención" de los delitos en la órbita de Vialidad. Por eso, el juez ordenó hacerle llegar este fallo a la Subsecretaría de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción.
La denuncia ciudadana contra Carmen Velarde Koechlin, respaldada por más de 800 ciudadanos de Marcona, sostiene que la entidad invalidó más del 80% de las firmas presentadas para la revocatoria de su alcalde distrital
La medida, impulsada por la Casa Blanca, busca regular el uso de términos relacionados con identidad de género en documentos oficiales. La decisión enfrenta críticas y apoyos
Varios concejales denunciaron que sus firmas fueron usadas en una carta de respaldo a una resolución del Gobierno que, aseguran, pone riesgo la autonomía municipal