Infobae México te trae las noticias más importantes del día sobre los acontecimientos violentos en el país
El encuentro será en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Aún no hay fecha exacta definida. Quieren enfocar el tratamiento de temas por regiones y que el espacio se mantenga activo
El agente fue emboscado el domingo 17 de mayo cuando concluía su turno de vigilancia en el consulado de Estados Unidos
Sindicatos, entidades de la salud y delegaciones de hospitales, junto a representantes del gobierno de Axel Kicillof, se congregaron hoy en la Plaza de Mayo en rechazo a los últimos recortes presupuestarios y acusaron a la gestión de Javier Milei de llevar a cabo un desfinanciamiento del sistema sanitario público. Lo hicieron en la denominada marcha federal por la salud.La movilización, convocada por el Foro por el Derecho a la Salud y replicada en simultáneo en distintos puntos urbanos del país, comenzó cerca del mediodía frente al Ministerio de Salud, en Moreno y 9 de Julio, donde hubo una confluencia de sectores antagónicos al Ejecutivo nacional provenientes de la provincia de Buenos Aires. Las columnas marcharon hacia la Casa Rosada encabezadas por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, que fue escoltado por médicos estatales de municipios del conurbano y dirigentes gremiales afines. Entre ellos estuvieron Rodolfo Aguiar (ATE); Oscar de Isasi (ATE bonaerense) y Hugo Godoy (CTA Autónoma). "Le dijimos en todo el país basta a este gobierno que está perjudicando la vida de miles de trabajadores. Hay angustia y sufrimiento, y no vamos a permitir que siga sucediendo. Seguiremos manifestándonos en cada guardia, salita, hospital, barrio, pueblo y calle. Esta plaza nos encontrará las veces que sea necesario hasta que en la Casa Rosada haya un presidente digno", dijo Kreplak.Como parte de los reclamos, los manifestantes denunciaron un achique de más de $63 mil millones en salud tras la modificación del Presupuesto 2026. Entre los recortes señalaron la quita de partidas a los sistemas provinciales y de medicamentos, insumos y tecnología médica, además de fondos para abastecer vacunas y contener enfermedades infecciosas. También advirtieron sobre la crisis del PAMI, los faltantes en el Programa Nacional de Inmunizaciones, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la eliminación de programas de asistencia.En ese marco, advirtieron una discontinuidad del plan Remediar, destinado a la provisión gratuita de 79 medicamentos esenciales, y alertaron que ya afecta tanto el funcionamiento de hospitales y centros de salud públicos como el acceso de la población a tratamientos básicos.Entre los asistentes, que alcanzaron â??según estimaciones de los organizadoresâ??unas 50 mil personas, se destacaron delegaciones del Hospital Ramón Carrillo (San Vicente), El Dique (Ensenada), Hospital Evita (Lanús), Hospital José Esteves (Temperley) y Hospital Diego Thompson (San Martín), entre otros. También marcaron presencia agrupaciones piqueteras ligadas al peronismo, como Barrios de Pie, y la Corriente Clasista Combativa, cercana al PCR. Sobre el desarrollo se sumaron algunos legisladores nacionales kirchneristas, como los diputados Leopoldo Moreau y Pablo Yedlin, y el senador Eduardo "Wado" de Pedro. "Muchísimos tratamientos fueron cortados, argentinos mueren por esta crueldad de cortar el sistema de salud, como el proceso de vacunación. El presidente tiene que entender que la salud es un derecho", cuestionó De Pedro. Y agregó: "Cada presidente que no quiere escuchar, que quiere perjudicar a la gente, que quiere priorizar las ganancias de los ricos, trata de desprestigiar las movilizaciones". Qué dijo el GobiernoDesde el Gobierno rechazaron las denuncias y dijeron que se trató de una movilización con "claros tintes políticos". En el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, aseguran que el financiamiento sanitario "está garantizado" y apuntaron contra Kicillof, a quien acusan de fogonear las protestas. El Gobierno exhibió en la fachada del Ministerio de Salud carteles con los números que destina Nación a la Provincia â??"$1.812.000.000.000 de inversión del Gobierno Nacional a la salud de los bonaerenses"â?? y el déficit en el sector del gobierno provincial, con un cartel que decía: "Deuda de Kicillof con la salud: 644 mil millones de pesos"."Kicillof le debe a los hospitales SAMIC (que comparten con Nación) 644.700 millones de pesos. Además, la obra social provincial le debe a estos mismos hospitales SAMIC y a los hospitales nacionales 14.700 millones de pesos de atención a los afiliados", añadieron desde la cartera de Lugones.El ministro Lugones encabezó el lunes una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) junto a los titulares de las carteras sanitarias provinciales, a la cual no asistió Kreplak. Entre otros puntos, se trató la proyección de la cobertura de medicamentos oncológicos y de alto costo. Para 2026, según el cálculo que prometió Nación, "se espera brindar asistencia a un 27,3% más de pacientes que el año pasado". La medición, indican, "ha sido posible gracias a un sistema de compras más ordenado, eficiente y sin intermediarios". En cuanto a la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal, el director general de Logística y Procesos, Juan Pablo Saulle, remarcó durante el encuentro que en lo que va del 2026 hubo incremento del 18% de la cobertura respecto al 2025.SALUD FEDERAL CON RESPONSABILIDADES CLARAS PARA LAS PROVINCIASJunto a los ministros de Salud de las provincias acordamos avanzar en una agenda común para fortalecer un sistema sanitario verdaderamente federal.La Nación va a continuar garantizando recursos estratégicos, comoâ?¦ https://t.co/lthEYQykqR— Mario Lugones (@Mariolugones_ar) May 18, 2026En la previa de la manifestación, Lugones salió a defender la política sanitaria del Gobierno y aseguró que la Nación seguirá garantizando "recursos estratégicos", como vacunas, medicamentos de alto costo y tratamientos oncológicos. A través de un mensaje en X, el ministro insistió en que las provincias deben hacerse cargo de la atención sanitaria en sus territorios. "Mientras los ministros de Salud de las provincias se reunieron en el marco del Consejo Federal de Salud y acordaron un comunicado conjunto para fortalecer el sistema, con reglas y responsabilidades claras entre Nación y las Provincias, PBA no sólo se ausentó, sino que motoriza a través de sus dirigentes la marcha de salud", le respondieron a Kreplak desde el Gobierno nacional.
"La versión que tiene este Consejo es la de un expediente penal plagado de irregularidades", dijo el magistrado, que está procesado por la Justicia por cohecho pasivo agravado, abuso de autoridad y prevaricato. Leer más
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció la acusación formal contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro. Entre las figuras principales que van a supervisar la investigación se destaca Jason A. Reding Quiñones, el fiscal general de Miami que tiene origen cubano. Jason Quiñones, el fiscal general de Miami que va a investigar el caso contra Raúl Castro Jason Quiñones es el fiscal general para el Distrito Sur de Florida. Previo a liderar la oficina, trabajó como procurador en el Distrito Este de Virginia, además de ser funcionario de seguridad nacional en el DOJ enfocado en contraterrorismo e inteligencia. Quiñones es hijo de una refugiada política cubana. En 2023 comenzó a utilizar su apellido materno, Quiñones, como un gesto para honrar a su madre al postularse para el cargo de juez estatal. Previo a su carrera pública, obtuvo su licenciatura en Antropología con una mención secundaria en Ciencias Militares por la Universidad de Florida. Luego, se graduó como Doctor en Leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida (FIU) en la clase de 2008. La carrera pública y militar de Jason Quiñones El 13 de agosto de 2025, Quiñones juró como fiscal federal del Distrito Sur de Florida. La entonces fiscal general de EE.UU., Pam Bandi, le tomó juramento. "Como hijo de un refugiado político cubano y orgulloso nativo de Miami, me siento honrado por la confianza que el presidente Trump, la fiscal general Bondi y el Senado de Estados Unidos han depositado en mí. Como fiscal federal del Distrito Sur de Florida, trabajaré incansablemente para proteger al pueblo estadounidense, restablecer la justicia imparcial y defender el Estado de derecho sin temor ni favoritismo", dijo durante la juramentación.En paralelo a su cargo, cuenta con una carrera militar de más de 23 años de servicio. El 1° de abril de este año fue promovido al rango de coronel en la reserva de la Fuerza Aérea de EE.UU. y en la actualidad se desempeña como asesor legal senior de reserva en el Comando Central de Estados Unidos, donde brinda asesoría sobre leyes de operaciones de combate, interdicción marítima y seguridad nacional. La investigación contra Raúl Castro Este 20 de mayo anunció la acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Modesto Castro Ruz por su presunto papel en el derribo de dos aviones civiles estadounidenses desarmados operados el 24 de febrero de 1996 por Hermanos al Rescate (BTTR, por sus siglas en inglés). El caso que conmocionó a Florida hace 30 años"Estamos comprometidos a exigir responsabilidades a quienes asesinaron a cuatro valientes estadounidenses: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales", dijo el Fiscal General Interino Todd Blanche en una conferencia de prensa. "Por primera vez en casi 70 años, altos cargos del régimen cubano han sido acusados â??â??en Estados Unidos por presuntos actos de violencia". Quiñones también participó de la conferencia de prensa y estará a cargo de la investigación. En sus dichos, remarcó que la comunidad cubana esperaba esta decisión desde hace más de 30 años, entre ellas su madre. "Esta es la isla para los cubanos refugiados con la búsqueda del sueño americano. Mi mamá estuvo en este mismo lugar", dijo el procurador con la voz entrecortada.
Del encuentro participaron Maximiliano Pullaro, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Carlos Sadir.Acordaron trabajar por la unidad partidaria, con la mira puesta en las elecciones de 2027.
Tras la carta enviada por el camarista Leopoldo Bruglia al ministro Horacio Rosatti, el Consejo de la Magistratura deberá convocar al plenario que tratará las ternas surgidas del Concurso 461 junto con otros expedientes y el nuevo Código de Ética
Organizaciones sindicales, asociaciones médicas y trabajadores del sistema sanitario marcharán a las 13hs desde el Ministerio de Salud hacia Plaza de Mayo bajo la consigna: "La salud no puede esperar". Leer más
El Gobierno nacional considera que la marcha federal que mañana arribará a la ciudad de Buenos Aires para protestar por el estado de la salud pública en todo el país tiene "un claro tinte político", por el que responsabilizó directamente al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.Fuentes gubernamentales dijeron a LA NACION que "mientras los ministros de Salud de las provincias se reunieron en el marco del Consejo Federal de Salud y acordaron un comunicado conjunto para fortalecer el sistema, con reglas y responsabilidades claras entre Nación y las Provincias, la PBA no sólo se ausentó, sino que motoriza a través de sus dirigentes la marcha de salud".Leé la nota completa acáEl ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, dijo desde París -donde participó de una conferencia antiterrorista- que Javier Milei fue claro en que no cree que este sea el momento para completar la Corte Suprema de Justicia, aunque reparó en que cuando el Presidente considere, retomarán el tema.Las palabras del ministro llegaron después de que su padre, Carlos Mahiques, consiguiera 58 votos para preservar su tarea judicial como vocal en la Cámara de Casación Penal con los 75 años que cumplirá en noviembre, con el aval de senadores que se desprendieron del kirchnerismo para aprobar su pliego.Leé la nota completa acáEl presidente Javier Milei participó, este lunes, de una clase de economía en la Universidad de San Andrés (Udesa) en el partido bonaerense de San Fernando. La visita -que se manejó con total hermetismo- no solo fue una sorpresa para los estudiantes, sino también para el cuerpo docente, lo que generó malestar entre algunos profesores de la institución.Los docentes cuestionaron la manera en que se concretó la visita y la fecha elegida, a pocos días de la cuarta Marcha Federal Universitaria para reclamar por financiamiento para las casas de altos estudios de carácter público. En este contexto, alrededor de 100 docentes de Udesa firmaron un documento para desmarcarse de la posición de la Casa Rosada respecto de las educación estatal y reafirmar su "compromiso con el sistema universitario argentino".Leé la nota completa acáEl Gobierno busca dejar atrás la nueva crisis interna que quedó expuesta públicamente en los últimos días, con la acusación del asesor Santiago Caputo al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de que maneja una cuenta anónima en la red social X, que emitía críticas a la administración mileísta.Para eso evalúa dos encuentros en la próxima semana. Mientras que el lunes, después del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, habrá reunión de Gabinete, para el martes a las 11 está previsto un encuentro de la mesa política. De ese modo, Menem y Caputo volverán a cruzarse puertas adentro.Leé la nota completa acá
El Gobierno nacional considera que la marcha federal que mañana arribará a la ciudad de Buenos Aires para protestar por el estado de la salud pública en todo el país tiene "un claro tinte político", por el que responsabilizó directamente al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.Fuentes gubernamentales dijeron a LA NACION que "mientras los ministros de Salud de las provincias se reunieron en el marco del Consejo Federal de Salud y acordaron un comunicado conjunto para fortalecer el sistema, con reglas y responsabilidades claras entre Nación y las Provincias, la PBA no sólo se ausentó, sino que motoriza a través de sus dirigentes la marcha de salud".En la antesala de la marcha, que tendrá su epicentro frente al Ministerio de Salud, sobre la avenida 9 de Julio, desde las 13, se reunieron este martes los ministros Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano), quienes firmaron un convenio para "simplificar y unificar la expedición de títulos universitarios junto con la Matrícula Nacional de los profesionales de la salud".La ministra Sandra Pettovello firmó un convenio con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para simplificar y unificar la expedición de títulos universitarios junto con la Matrícula Nacional de los profesionales de la salud. Con esta iniciativa, ambos Ministeriosâ?¦ pic.twitter.com/eLQHDo0lt7— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) May 19, 2026En el gobierno libertario aseguran que "el gobernador Kicillof, el ministro de Salud Nicolás Kreplak, distintos funcionarios bonaerenses y gremios como ATE, CIPPEC y FESPROSA están convocando activamente en redes" a la marcha, mientras que "el Estado Nacional invierte casi 2 billones de pesos en la salud de los bonaerenses y la Provincia debe más de 644 mil millones a los hospitales SAMIC de gestión compartida con Nación".Al apuntar contra Kicillof y su gestión en salud, desde el gobierno de Javier Milei afirmaron que "IOMA le debe a estos mismos hospitales SAMIC y a los hospitales nacionales 14.700 millones de pesos de atención a los afiliados", mientras que "a través de los distintos programas y atención a pacientes, el Ministerio de Salud de la Nación invierte 1.812.000.000.000 (1.8 billones) de pesos"."Estos programas son por la atención de los pacientes de la provincia de Buenos Aires en los hospitales nacionales y SAMIC, medicamentos oncológicos y de alto costo, vacunas, prótesis pagadas por el Garrahan, tratamientos e internaciones de alta complejidad, programas de discapacidad, de prevención de adicciones, del Remediar, de programas de curso de vida y Sumar+", indicaron las fuentes consultadas.
El titular del único tribunal allí vigente, Alejandro Osvaldo Tazza, habló de "colapso". El proyecto del senador radical Maximiliano Abad obtuvo dictamen en plenario de las comisiones de Justicia; y de Presupuesto de la Cámara alta
La decisión sostuvo la interrupción de la transferencia de juzgados a la Capital Federal mientras se analiza la validez constitucional de la disposición
La presentación de un proyecto de ley de intervención federal a la provincia de Formosa se ha convertido en causa de una dura polémica a partir de la denuncia del senador libertario y autor de la iniciativa, Francisco Paoltroni (Formosa), contra la vicepresidenta Victoria Villarruel por, supuestamente, ceder a las presiones del jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa), y del gobernador de la provincia norteña, el peronista Gildo Insfrán."Me llamó hoy temprano el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, para decirme que, por pedido de Victoria, me querían sacar el Salón Azul y mandarme al (edificio) Anexo con el evento que ya está confirmado con mail oficial y publicado en todas las páginas del senado", se quejó Paoltroni en diálogo con LA NACION.Paoltroni impulsó poco menos de un mes atrás un proyecto de ley de intervención federal de Formosa. En pocas palabras, la iniciativa provocaría el desplazamiento del gobernador Insfrán, que lleva más de 30 años al frente de la provincia, y su reemplazo por un delegado del Poder Ejecutivo.Ese texto iba a ser presentado esta tarde con un acto en el Salón Azul que prometía tener a Paoltroni como principal orador y en el que iban a participar "víctimas" de lo que el legislador libertario califica como "la dictadura de Insfrán" y la violación de derechos humanos en la provincia.Sin embargo, en una escueta comunicación firmada por Viviana Pellegrini, directora de mesa de entradas de la Secretaría Parlamentaria y que depende de Giustinian, el acto se trasladó "por razones de agenda parlamentaria" al Salón Auditorio en el edificio Anexo.Aunque no lo manifestó de manera directa, el legislador sospecha que el pedido de la vicepresidenta para que modifique la sede del evento y acepte trasladarlo a un salón en el edifico Anexo del Senado, lo que le quitaría vidriera al acto, está motivada por la presión del senador Mayans y del gobernador Insfrán.Se basa en una nota presentada en la noche del lunes por Mayans y María Teresa González, los dos senadores kirchnerista de Formosa que responden al caudillo peronista, en la que le piden a Villarruel que rechace el proyecto e impida la concreción del acto convocado por Paoltroni."Resulta particularmente alarmante la convocatoria del senador (Paoltroni) para el próximo 19 de mayo en los salones del Congreso, con el fin de reunir testimonios que justifiquen su pedido de intervención. El Senado de la Nación, como órgano representativo de los estados provinciales, no puede permitir que manifestaciones de este tipo se produzcan en su seno, ni habilitar sus instalaciones para actividades que buscan socavar la arquitectura institucional de las provincias que lo integran", sostiene la nota de los legisladores kirchneristas en uno de sus párrafos.Como si esto fuera poco, y tras asegurar que la iniciativa consiste en "un ataque directo al federalismo, a la preexistencia de las provincias y a la Constitución Nacional", los legisladores le piden a la vicepresidenta que, como presidenta del Senado, "arbitre los medios necesarios para preservar la dignidad de esta Cámara y garantizar que el Congreso de la Nación siga siendo el garante de la unión nacional y el respeto a las autonomías provinciales, rechazando cualquier intento de desvirtuar los principios republicanos que nos rigen".Paoltroni es un duro crítico de Insfrán y desde que llegó al Senado sostiene un permanente enfrentamiento con Mayans. Dos años después de haber asumido su banca y luego de varias advertencias, finalmente presentó su proyecto de ley de intervención federal.En los considerandos de la iniciativa, Paoltroni explica su reclamo, una medida que se suele usar en casos de extrema crisis social, en el hecho de quecon la gestión de Insfrán se lleva a cabo "el quebrantamiento sistemático de los pilares esenciales del sistema republicano y democrático, el agotamiento de las vías judiciales para su restitución y una profunda crisis social que vulnera los derechos humanos más elementales de sus ciudadanos".
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionó a dos ex servidores públicos por faltas administrativas graves
La estrategia reconoce el repunte de delitos de alto impacto y plantea el reforzamiento de inteligencia, investigación y sistemas penitenciarios
Un juez de Córdoba dictó una medida cautelar de urgencia para frenar el desfinanciamiento que amenaza tratamientos esenciales de personas con discapacidad. Instituciones locales acumulan deudas millonarias por los atrasos del Estado nacional. Leer más
La designación del magistrado, aprobada en el Senado, comenzará a regir a partir de noviembre de este año. Leer más
La designación había sido aprobada por el Senado y comenzará a regir desde noviembre de 2026. El magistrado ya integraba ese tribunal y había sido nombrado en 2013 y trasladado en 2018.
La propuesta por cinco años más pasó por el Senado y tras 58 adhesiones y 11 rechazos, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la continuidad a partir de noviembre próximo
El Gobierno oficializó la designación de Carlos Alberto Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. El letrado nombrado es el padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La decisión fue tomada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y que lleva la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.El pasado jueves, como informó LA NACION, logró conseguir, gracias al apoyo de la oposición dialoguista, los votos necesarios para llegar al acuerdo que permite que el padre del actual ministro siga en ese cargo.Mahiques obtuvo el acuerdo por 58 votos a favor y tan sólo 11 votos en contra. La votación dejó además un dato revelador: el peronismo votó dividido. Por otra parte, además del oficialismo, el pliego fue respaldado por la UCR, Pro, diversas fuerzas provinciales y los peronistas de Convicción Federal que responden a los gobernadores peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), que todavía juegan de aliados del Gobierno de Javier Milei.Noticia en desarrollo.
El caso mantiene la atención de autoridades tras el ataque que cobró la vida de un agente del Servicio de Protección Federal
La presidenta pidió cuentas a Pemex tras recibir denuncias de pensionados que cobran menos de 70 mil pesos mensuales
La intervención ocurrió en la carretera Las Choapas-Raudales, donde agentes federales detuvieron al conductor de la unidad
La agresión se cometió luego de que los implicados chocaron contra la unidad en la que se trasladaban los agentes
Las autoridades se mantienen en la búsqueda de los responsables de la agresión
El gobernador Greg Abbott anunció este miércoles la aprobación de su declaración de desastre por parte de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés). Esta decisión responde a la petición que el mandatario hizo ante los efectos de las tormentas que golpearon a los habitantes de Texas en el transcurso del pasado abril.Greg Abbott confirma ayuda federal de la SBA para afectados por tormentas en TexasSegún detalló la oficina del gobernador de Texas en un comunicado oficial, la medida permite que una amplia cantidad de condados cuente con asistencia federal para los procesos de recuperación tras el paso del clima extremo. El acceso a estos fondos se orienta a la protección del patrimonio de los residentes y a la continuidad de las actividades de comercio en las zonas afectadas.Esta medida está destinada a propietarios, inquilinos y empresarios de negocios que hayan sufrido daños a la propiedad recientemente y que necesitan del apoyo estatal para reparar sus inmuebles.Qué condados de Texas recibirán asistencia federal tras las tormentasLa declaración de la SBA incluye a las comunidades de los condados de Calhoun, Dewitt, Goliad, Jackson, Lavaca, Refugio y Victoria. Estos territorios se integran a la lista de sitios del norte del estado que ya recibieron el aval para obtener asistencia en semanas previas.El gobernador señaló que los residentes ahora cuentan con una expansión en el acceso a herramientas para la reparación de los daños. Abbott manifestó su gratitud hacia la División de Gestión de Emergencias de Texas (Tdem, por sus siglas en inglés) por las gestiones realizadas para asegurar que la población disponga de recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas."Los texanos ahora tienen mayor acceso a herramientas para recuperarse de las recientes tormentas severas", expresó el gobernador. La intención es desplegar la totalidad de las opciones de ayuda que ofrece el gobierno federal estadounidense para enfrentar las consecuencias de los tornados y las lluvias severas.Qué préstamos ofrece la SBA para viviendas y negocios afectados en TexasEn su portal web, la SBA pone a disposición préstamos para daños en el hogar, préstamos para daños de tipo físico en negocios y el programa para daños en la economía por desastres (EIDL). Estos instrumentos de finanzas consisten en préstamos con tasas de interés establecidas por ley para quienes califiquen dentro de los criterios de la agencia.El uso de los fondos de la SBA contempla la cobertura de las pérdidas que no cuentan con el respaldo de los contratos de seguros o de la ayuda que entrega la Agencia para el Manejo de Emergencias (Fema, por sus siglas en inglés). En el ámbito de los hogares, el capital se destina a la reparación de las casas impactadas por el clima. Para las empresas, el dinero puede servir para el pago de los gastos de las operaciones que se podrían haber cubierto si el desastre no hubiera ocurrido.Cómo solicitar los créditos de desastre de la SBA en TexasExisten tres categorías de apoyo en el marco de la declaración de la SBA. La primera corresponde a los préstamos para daños de tipo físico, los cuales cubren la reconstrucción o el reemplazo de activos como edificios o equipos.La segunda opción es la asistencia para la mitigación, la cual entrega fondos para la realización de mejoras con el fin de evitar la aparición de daños en el futuro. La tercera son los préstamos EIDL, que proporcionan capital para que las empresas de escala menor mantengan sus operaciones tras la ocurrencia de un desastre.Para obtener la ayuda, los solicitantes deben ingresar al sitio sba.gov/disaster. Allí, podrán descargar los formularios de solicitud y de revisar el estado de sus expedientes.Las formas completas para la solicitud deben enviarse por correo postal al Centro de Procesamiento y Desembolso de la SBA en la ciudad de Fort Worth. La dirección se ubica en la calle Kingsport 14925, con el código postal 76155. El gobierno insta a los ciudadanos a realizar el proceso con prontitud para asegurar el flujo de los fondos.Dónde funcionará el centro de ayuda de la SBA para damnificados en TexasCon el fin de facilitar el acceso a la información, representantes de la SBA realizarán la apertura de un centro de alcance para préstamos por desastre. Este espacio se situará en el número 104 de la calle Williams en la ciudad de Victoria. La fecha de inicio de las actividades será el 18 de mayo, con disponibilidad de 9 a 18 hs (hora local).En este lugar, el personal de la agencia se encargará de explicar los pasos de la aplicación, de brindar ayuda con el llenado de los formularios y de resolver las dudas de los asistentes sobre los programas de crédito.
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En una nota enviada al presidente Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, Bruglia consideró arbitrario que se haga el concurso para su cargo y no para el padre del ministro de Justicia, Carlos Mahiques, entre otros 70 casos de jueces trasladados.
El senador libertario encabezará un acto en el Salón Azul del Senado el martes a las 19 e insistirá con la propuesta para que el Gobierno tome el control de la provincia. Rechazo de Gildo Insfrán.
Personal de la Secretaría de Gobernación sigue en la zona tras el regreso de 118 personas desplazadas en la región de la Montaña baja de Guerrero
La cámara alta de Estados Unidos estableció que sus miembros dejarán de percibir retribuciones económicas cuando la administración central permanezca inactiva, con la medida aplicable tras las próximas elecciones presidenciales, excluyendo a los representantes
Al momento de la definición, la propuesta obtuvo 58 adhesiones y 11 rechazos. Cruce entre los jefes del oficialismo y kirchnerismo, Patricia Bullrich y José Mayans, respectivamente. La bancada cristinista se partió para votar
A través de la Resolución 439/2026, el Ministerio de Seguridad confirmó que hay un excedente de internos y miles de detenidos esperan vacantes en unidades federales. Leer más
Según el último informe, la capacidad se encuentra al 106%. Asimismo, advirtieron que todavía quedan más de cuatro mil personas a la espera de ser ingresadas
Lo anterior, en el marco de las investigaciones respecto al laboratorio clandestino en el municipio de Morelos
WASHINGTON.- El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles el nombramiento del abogado y financiero Kevin Warsh como presidente de la Fed, en un momento en que la entidad se enfrenta a una inflación cada vez más intensa que podría dificultar la aplicación de los recortes de tasas de interés que le exige Donald Trump.El Senado, de mayoría republicana, había confirmado el martes a Warsh para un mandato de 14 años en la Junta de Gobernadores de la Fed, compuesta por siete miembros. Su toma de posesión está a la espera de las firmas finales de la Casa Blanca en la documentación enviada por el Senado. Warsh tomará el relevo del presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato finaliza el viernes, pero que seguirá siendo gobernador de la Fed. El gobernador de la Fed Stephen Miran, actualmente el mayor defensor de los recortes de tasas en el Banco Central, dejará su puesto en la junta para dar cabida a Warsh.Se espera que Warsh asuma la presidencia de la próxima reunión de la Fed, del 16 al 17 de junio, y se incorpore a un banco central cuyos responsables están inmersos en un intenso debate sobre la dirección de las tasas de interés.La confirmación de Warsh estuvo en duda por unos meses después de que el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, dijo que bloquearía la nominación mientras el Departamento de Justicia investigaba al actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El gobierno abandonó la investigación en abril y quedó despejado el camino para aprobar a Warsh. Warsh, de 56 años y ex alto funcionario de la Reserva Federal, asumirá la presidencia en un momento inusualmente difícil para el organismo independiente. La inflación ha superado el objetivo del 2% de la Reserva Federal durante cinco años y ahora está aumentando más rápido debido al alza de los precios de la nafta. El comité que fija las tasas de interés está dividido y el mes pasado registró la mayor cantidad de votos disidentes en más de tres décadas. Y Powell, tras años de ataques personales por parte de Trump y una investigación legal sin precedentes del Departamento de Justicia, se quedará en la junta de la institución, lo que podría crear un centro de poder competidor.La Reserva Federal ha enfrentado numerosas amenazas a su independencia por parte de Trump, quien ha atacado repetidamente a Powell por no recortar las tasas de interés. Trump también intentó destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook e inició una investigación sobre un breve testimonio de Powell ante el Senado relacionado con una renovación de un edificio.La expectativa de la Casa BlancaKevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, declaró en Fox News que cree que los mercados están aliviados de que Warsh "ayudará a bajar las tasas de interés con el tiempo (â?¦) obviamente, guiado por los datos, no le estoy poniendo ninguna presión"."Sabemos que es una persona extremadamente inteligente y competente, que puede ser muy convincente cuando habla con sus colegas", añadió.En diciembre, Trump dijo que quería un presidente de la Fed que recortara las tasas de interés cuando subiera el mercado bursátil -lo contrario de lo que recomiendan los economistas- y añadió: "¡Cualquiera que no esté de acuerdo conmigo nunca será presidente de la Reserva Federal!".Los comentarios de Trump han alimentado preocupaciones sobre si Warsh fijará las tasas en función de las condiciones económicas o para complacer a Trump, incluso si hacerlo pudiera empeorar la inflación.En la audiencia de confirmación de Warsh el mes pasado, la senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, lo descalificó como un "títere" de Trump. Warsh se negó a decir que el demócrata Joe Biden había ganado las elecciones de 2020 frente a Trump, quien decía falsamente que el fraude electoral le costó la reelección.Aun así, Warsh negó en la audiencia que Trump lo hubiera presionado para bajar las tasas de interés. "El presidente ni una sola vez me pidió que me comprometiera con alguna decisión específica sobre tasas de interés, punto", dijo Warsh entonces. "Tampoco aceptaría hacerlo si lo hubiera hecho. Seré un actor independiente si soy confirmado como presidente de la Reserva Federal".Los demócratas del Senado también lo han cuestionado por no divulgar plenamente los detalles de su vasta riqueza, que según las declaraciones asciende al menos a 100 millones de dólares. Sus inversiones incluyen participaciones en Polymarket y SpaceX, pero no ha revelado los montos. Prometió vender todos esos activos dentro de los 90 días posteriores a prestar juramento.Warsh comenzó su carrera en el gigante de la inversión Morgan Stanley, especializado en fusiones y adquisiciones. Más tarde se incorporó al gobierno del entonces presidente estadounidense George W. Bush, donde se desempeñó como asesor de política económica de la Casa Blanca de 2002 a 2006, antes de ser nominado para el Directorio de la Reserva Federal.Ha sido muy crítico del desempeño reciente de la Reserva Federal, en particular del repunte de la inflación en 2021-2022, el peor en cuatro décadas, y ha pedido un "cambio de régimen". Sin embargo, solo ha ofrecido lineamientos generales de lo que implicaría ese cambio.En ese sentido, ha pedido limitar las comunicaciones de la Fed, lo que sería un giro drástico después de décadas de creciente transparencia. Según Warsh, algunas de sus herramientas de comunicación, como los pronósticos trimestrales sobre hacia dónde podría dirigirse su tasa clave, han dificultado que los funcionarios cambien de rumbo.Agencias AP y Reuters
El vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad de Río Negro, Anselmo Torres, hizo un balance de la movilización en Radio 750.
Miles de estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales se concentraron en inmediaciones de la Universidad Nacional de La Rioja en defensa de la educación pública y en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento para el sistema universitario. La convocatoria se realizó en simultáneo con las protestas desarrolladas en distintas ciudades del país. Leer más
El economista, impulsado por el presidente Donald Trump, reemplaza a Jerome Powell y enfrentará su primer desafío al frente del banco central en un contexto de inflación elevada
Alejandro Álvarez sostuvo que aunque se manifiesten 100 mil personas o cinco millones, "la restricción presupuestaria sigue ahí".
El partido, presidido por Emir Félix, sancionó a dirigentes del kirchnerismo que compitieron en las elecciones municipales en paralelo al PJ local. Se quebraron los bloques en la Legislatura
Clarín recorrió la masiva movilización y recogió distintos testimonios de manifestantes que se trasladaron desde distintos puntos de AMBA.Docentes, alumnos y jubilados se unieron en un mismo reclamo.
Desde Jujuy hasta Mar del Plata, rectores, gremios y estudiantes marcharon este martes bajo una misma consigna, con datos que exponen una caída presupuestaria superior al 45% desde 2023 y una pérdida salarial equivalente a ocho sueldos desde que arrancó la actual gestión nacional
En un mensaje directo a Milei, el radicalismo exigió el fin del ajuste presupuestario y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario tras 200 días de parálisis oficial. Leer más
Miles de personas se movilizaron en todo el país para exigir al gobierno que aplique la Ley de financiamiento. Todos los testimonios en Radio 750.
Las autoridades y los gremios docentes se pronunciaron en contra del Poder Ejecutivo y volvieron a pedir que cumpla con la ley de financiamiento. "La universidad argentina es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar", señalaron
Estudiantes denunciaron problemas edilicios, falta de financiamiento y el incumplimiento de la ley. En Filosofía y Letras hablaron de "invasión de ratas", en Derecho reinó el silencio de las agrupaciones y en Medicina reclamaron por la defensa de la salud pública. Leer más
Miles de personas volvieron a movilizarse en Plaza de Mayo en defensa de la universidad pública, en medio de recortes y crisis salarial. Leer más
CÓRDOBA.- Cada nuevo capítulo de la causa judicial iniciada contra el vicepresidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres, se convierte en un tema de conversación dominante en los tribunales cordobeses. El último fue el pedido de la fiscalía para que se proteja a un testigo porque dijo haber sufrido presiones. Sánchez Torres fue acusado hace un mes y medio de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción".Quienes promueven la investigación son los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, del Ministerio Público Fiscal de la Nación. La semana pasada pidieron medidas protectivas para el secretario del tribunal, Francisco Juárez Rouvier, quien declaró como testigo. Es el reemplazo de la denunciante del camarista Celina Laje Anaya. El juez Alejandro Sánchez Freytes ordenó a Sánchez Torres que evite todo tipo de contacto personal con Rouvier y notificó al Consejo de la Magistratura de la situación.En la acusación que llevan adelante los fiscales aparece, como segundo hecho, que desde el 21 de diciembre de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2025, Sánchez Torres "habría abusado de la autoridad que investía" desplegando sobre la secretaria Laje Anaya "actos de maltrato y violencia laboral, de manera sistemática, recurrente y sostenida en el tiempo".La acusación afirma que ese accionar apuntó a castigar a la funcionaria por haberse negado a convalidar el esquema irregular de integración de la sala. Según los acusadores, le pidieron que convalidara una conformación de la Cámara que violaba el criterio rotativo en una causa por evasión agravada contra un exdirectivo de la cerealera Bunge. La mujer -quien es familiar del intelectual libertario Agustín Laje-, finalmente, abandonó su puesto. En septiembre pasado, Laje Anaya presentó una denuncia contra Sánchez Torres, Montesi y Olmedo por "abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y acoso".Hairabedián y Turano imputaron a fines de marzo a Sánchez Torres, a su pareja y también vocal de la Cámara, Graciela Montesi y al secretario Mario Olmedo por los hechos denunciados. Rouviere, en su declaración, calificó como "muy autoritario" a Sánchez Torres, a la vez que mencionó una amenaza que habría hecho al colega Eduardo Ávalos (vocal de la Cámara Federal cordobesa) en el marco de la discusión por un voto. "Si no lo cambia, me lo llevo puesto a él y a vos", habría dicho en esa ocasión. También planteó que el camarista lo llamó antes de que fuera a declarar.En la misma declaración afirmó sentir "miedo" por el denunciado "más aun después de haber hecho esas revelaciones". La fiscalía subrayó que el testigo "trabaja bajo la inmediata dependencia y órdenes del imputado".
La nominación fue aprobada con 51 votos a favor y 45 en contra, en un escenario de inflación interanual del 3,8 %
La Cámara Federal porteña le asignó a la jueza María Eugenia Capuchetti todas las causas que investigan la asignación de créditos del Banco Nación. El mes pasado, se presentaron cuatro denuncias por la concesión de préstamos millonarios de la banca estatal a funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA). La letrada disputaba la competencia de esas causas con el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Federal N°4.Se presentaron cuatro denuncias el mes pasado por el caso de la aprobación de créditos de la institución que conduce Darío Wasserman. Dos de ellas tramitaban en el juzgado de Capuchetti, mientras que las otras dos estaban a cargo de Lijo. Por tratarse de causas que investigan "los aspectos fácticos de un mismo suceso", el camarista Eduardo Farah resolvió que todas confluyan en un mismo juzgado.En este sentido, señaló que, conforme a la Acordada 4/2017 de la Cámara Federal porteña que refiere al supuesto de la denuncia repetida, corresponde que las causas se adjudiquen al juzgado que recibió la primera presentación judicial. Según detalla la resolución de Farah, la primera denuncia se presentó el 2 de abril por la mañana y recayó en el Juzgado de N°4, que controla Lijo. La segunda, presentada por la diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica), corresponde a ese mismo día, pero alrededor de las 18 y fue remitida a la jueza Capuchetti.Es decir, bajo el supuesto de la acordada citada, las causas deberían haber sido adjudicadas al juez Lijo. Sin embargo, el camarista argumentó que la primera denuncia -enviada por Daniel Sarwer-, carece de "un mínimo de lógica, no exclusivamente jurídica" y no cumple con requisitos mínimos como explicitar "circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución", partícipes, damnificados y testigos del hecho que se pretende investigar."Ante los defectos que se observan en el escrito del nombrado, los que no fueron saneados luego por una ratificación, escrito complementario u otro acto de entidad similar, la adjudicación debe resolverse por la primera denuncia válida, que es la que dio origen a la causa nro. 1364/2026 del Juzgado nro. 5â?³, afirma Farah en la resolución. Al tomar la presentación de Frade como la primera denuncia, la competencia de todas las causas referidas a la asignación de créditos del Banco Nación quedó en manos de Capuchetti.La diputada de la Coalición Cívica había acudido a la Justicia a principios de abril para que se investigue el otorgamiento de préstamos de la banca estatal a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA). En el texto remitido, reclamaba una pesquisa judicial para determinar si hubo irregularidades que pudieran configurar delitos como "tráfico de influencias" y "administración fraudulenta".En la denuncia, Frade advierte que los montos aprobados no se corresponden con los ingresos de sus beneficiarios o que, a priori, el banco no habría evaluado su capacidad de repago. "El otorgamiento de créditos a funcionarios públicos sin plazo de permanencia y aún a legisladores, cuyo tope de permanencia está perfectamente definido, comportarían 'fallas' en esta evaluación. El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora", planteó.La dirigente del partido de Carrió asegura que, de corroborarse estas irregularidades, y teniendo en cuenta la participación de los involucrados en dependencias estatales, "estaríamos frente a la posibilidad de quedar incursos en el tipo penal previsto en el art. 265 de negociaciones incompatibles".Entre los funcionarios señalados por el acceso a créditos millonarios del Banco Nación, destacan Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo; Federico Furiase, secretario de Finanzas y Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital y encargado de la Oficina de Respuesta Oficial.La información difundida en redes sociales y que originó las denuncias surge de los registros del sitio web "¿Cuánto deben?", desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky. A partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la plataforma permite visualizar la evolución mensual de las deudas reportadas por figuras públicas.
Este martes se desarrolla la cuarta Marcha Federal Universitaria, con presencia en distintos puntos del país para exigir la recomposición salarial y la actualización de los fondos de funcionamiento. En la provincia de Buenos Aires, la protesta se localiza en, al menos, siete ciudades. En Mar del Plata, la actividad empieza a las 16 en el Complejo Universitario, mientras que en Bahía Blanca la columna recorre la avenida Alem hasta finalizar con un acto a las 18, según la información que compartió la Universidad Nacional de Quilmes. Por su parte, la Universidad Nacional del Centro organiza marchas de antorchas en Tandil, Olavarría, Azul y Quequén. La Universidad Nacional del Noroeste prepara una concentración en la ciudad de Junín, en la calle Jorge Newbery, entre Rivadavia y Roque Sáenz Peña.En la región central, Córdoba presenta uno de los mayores niveles de convocatoria. La movilización en la capital provincial comienza a las 15 en el Monumento de la Reforma y se espera que termine a las 18 en el área céntrica. Este esquema se repite en San Francisco, Río Cuarto y Villa María con horarios de finalización hacia las 18.30.La provincia de Santa Fe cuenta con tres puntos principales de concentración. En la ciudad de Rosario, los manifestantes se reunieron a las 15.30 en la Plaza San Martín para desplazarse hacia el Monumento Nacional a la Bandera. En la capital santafesina, los integrantes de la Universidad Nacional del Litoral y la UTN se agrupan en el Puente Colgante a las 16 y Rafaela fijó su punto de encuentro en la Plaza 25 de Mayo a las 18.En Entre Ríos, las ciudades de Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú inician sus actividades entre las 16 y las 18.30.En el sur del país, las marchas se registran en Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, Caleta Olivia y San Julián. En Tierra del Fuego, las concentraciones se centran en Río Grande y Ushuaia, esta última con un acto central a las 17 en el campus universitario.En el norte argentino, las movilizaciones presentan los siguientes cronogramas:Tucumán: la columna partió a las 17 desde el Rectorado hacia Plaza Independencia.Salta: concentración a las 16 en el Monumento 20 de Febrero.Jujuy: encuentro a las 17 frente a la Facultad de Ciencias Agrarias.Santiago del Estero: la actividad comenzó a las 9.30 en la sede central de la UNSECatamarca: inicio a las 17 frente a la Escuela Preuniversitaria Nº En la Ciudad, las zonas más afectadas son:Avenida de Mayo (corte total)Avenida CallaoDiagonal NorteDiagonal SurBernardo de YrigoyenBartolomé MitreBolívarTacuaríPiedrasSaltaCalle MedranoEntorno de Plaza HoussayPerímetro de Plaza de Mayo
La comunidad educativa se moviliza este martes hacia Plaza de Mayo para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, en la cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria. Se esperan cortes en gran parte del microcentro y una paralización casi total del tránsito en la zona.La jornada de protesta alterará la dinámica habitual con interrupciones totales y parciales en distintos puntos clave. Las autoridades recomiendan evitar el perímetro afectado entre las 13 y las 19 debido al despliegue de las columnas de asistentes.El eje principal de la concentración se ubica en la Avenida de Mayo, conectando el Congreso Nacional con la Casa Rosada. Su esquema de cortes incluye calles estratégicas para la circulación norte-sur y este-oeste de la ciudad. Si bien se desconoce la disposición exacta, las calles y zonas más afectadas son:Avenida de Mayo (corte total)Avenida CallaoDiagonal Norte Diagonal SurBernardo de YrigoyenBartolomé MitreBolívarTacuaríPiedrasSaltaCalle MedranoEntorno de Plaza HoussayPerímetro de Plaza de MayoEl transporte público también registrará modificaciones, ya que varias líneas de colectivos cambiarán sus recorridos por los bloqueos en las avenidas Rivadavia y Callao. La línea A de subte podría sufrir interrupciones o cierres preventivos en las estaciones Congreso y Sáenz Peña, según la cantidad de asistentes.Cronograma de concentracionesLos diferentes sectores universitarios y sindicales establecieron puntos de encuentro específicos antes de la marcha general. Por ejemplo, a las 13, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA se reunirá en Callao y Bartolomé Mitre. Una hora después, a las 14, los gremios docentes se concentrarán en Plaza Houssay, mientras que la Universidad Nacional de las Artes (UNA) lo hará en Avenida de Mayo y Salta. A las 14.30, la comunidad de la UTN se agrupará en su sede de la calle Medrano.A las 15, la CGT, CONADU y FEDUN ocuparán Diagonal Sur y Bolívar, además de los cruces de Avenida de Mayo con Tacuarí y Piedras. La Universidad Nacional de Quilmes iniciará su columna al mediodía en Bernal para integrarse a la movilización porteña en Avenida de Mayo y Bernardo de Yrigoyen. El acto de cierre en Plaza de Mayo está previsto para las 17.El Gobierno porteño sugirió utilizar como vías alternativas la Avenida 9 de Julio y Paseo Colón, aunque advirtió que ambas presentarán congestión por el desvío de flujo vehicular. La normalización del tránsito comenzaría pasadas las 19, sujeta a la desconcentración de los participantes.
Jhon Boretto advirtió que las universidades perdieron el 45% de las transferencias nacionales en 26 meses y acusó al Gobierno de incumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Leer más
La comunidad universitaria cordobesa sale este martes a exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario ante una caída del 47% en las transferencias estatales. Habrá cortes de tránsito desde la tarde. Leer más
La comunidad universitaria y sus organizaciones se vuelven a movilizar en todo el país para que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que establece una recomposición de los salarios y el presupuesto del sector
El incidente se registró en una playa de Hawái, donde testigos documentaron la agresión y la rápida intervención de un residente. Las imágenes circularon ampliamente en redes sociales y provocaron numerosas reacciones en la comunidad local
La ronda de exposiciones comienza con el abogado de Daniel Cámeron y de Cristian Folgar. La fiscalía los consideró responsables del delito de negociaciones incompatibles con sus deberes
Rectores y autoridades de distintas casas de estudio en todo el país advierten sobre el impacto de la caída salarial y las renuncias de docentes, las obras paralizadas, el deterioro de becas y los recortes en ciencia e investigación. Este martes habrá movilizaciones en las principales ciudades argentinas
La concentración es a las 17 en Plaza de Mayo. Exigen la ejecución inmediata de la Ley de Financiamiento y la recomposición salarial. Convocan el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales
El presidente estadounidense dijo que tomará esta medida para ayudar a los ciudadanos a sobrellevar el aumento del precio del combustible por la guerra con Irán. Pero el Congreso será el encargado de analizar y votar la iniciativa
Lo hizo mediante al decisión administrativa 20/2026 publicada en el Boletín Oficial este lunes, un día antes de la marcha federal universitaria en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Leer más
El Servicio Penitenciario Federal realizó el operativo como parte de acciones contra el crimen organizado y el contrabando de hidrocarburos
El histórico dirigente cordobés dejó su cargo tras cuestionar una decisión del organismo que conduce el hombre fuerte de Claudio Tapia. La disputa por la licencia otorgada a Argentino Peñarol expuso una creciente tensión entre Córdoba y el núcleo de poder que domina el fútbol argentino. Leer más
Este martes 12 de mayo, las comunidades académicas de la UNNE y la UTN se movilizarán contra el desfinanciamiento del Gobierno nacional. El rector Omar Larroza denunció un retraso salarial del 45%. Leer más
El ministro de Gobierno bonaerense convocó a participar de la movilización de este martes en Plaza de Mayo y denunció que el Gobierno nacional "hizo lo imposible" para no aplicar la ley de Financiamiento Universitario. También advirtió sobre el impacto del ajuste en la ciencia, las pymes y el comercio.
Las actividades se realizarán este lunes en distintas sedes de la UBA para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires, advirtió que afectar la educación y la ciencia "es hipotecar el futuro"
Tras la reciente decisión judicial, decenas de miles de beneficiarios enfrentan una etapa de incertidumbre respecto a su protección migratoria y aguardan definiciones clave que podrían modificar su situación en los próximos meses
Los organizadores definieron que el martes a las 17 se realizará el acto central en Plaza de Mayo. Estiman que las movilizaciones en las capitales provinciales también serán multitudinarias y aglutinarán el descontento social contra el gobierno nacional. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, cruzó a las autoridades de la UBA. Dijo que impulsan una "extorsión política" para obtener una mayor porción de fondos. Leer más
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Con cocina a cargo de Débora Abrea, una cava seleccionada por la sommelier Marcela Rienzo y una carta que combina tradición y técnica, Mago Parrilla se consolida como una de las experiencias gastronómicas más atractivas de Buenos Aires.
Los gobernadores de Río Negro y Catamarca analizaron en Infobae al Regreso los desafíos de gestionar en un país atravesado por tensiones políticas, reclamos por mayor federalismo y la urgencia de reformas estructurales
Determinó que los plazos para juzgar a los implicados ya estaban vencidos. De quedar firme esta decisión, podría derivar en el cierre de todo este tramo de la causa. La jueza Capuchetti había llamado a indagatoria para octubre a todos los imputados
Tras el ahogo presupuestario, que hundió el poder adquisitivo de los empleados universitarios, el Consejo Interuniversitario Nacional convocó a una nueva movilización masiva a Plaza de Mayo para este martes 12/5.
El dinamismo del mercado laboral estatal, impulsado por el comercio, los servicios profesionales y la energía, está condicionado por cambios en la inmigración y la coyuntura internacional, según las últimas proyecciones oficiales
Karina Milei encabezó en San Juan la presentación de un nuevo espacio de articulación público-privada para promover inversiones en minería. Participaron mandatarios provinciales, funcionarios nacionales y representantes del sector empresario y sindical. Leer más
La Cámara Federal porteña dispuso que no hay méritos para procesar ni para sobreseer al expresidente Alberto Fernández en la causa en la que está siendo investigado porque, cuando era jefe de Estado, se realizaron contrataciones de seguros del Estado con intermediarios allegados al entonces primer mandatario. De todos modos, los camaristas aclararon que se trata de un tecnicismo y que siguen convencidos de que la prueba implica a Alberto Fernández.Este fallo de los jueces es la derivación de la decisión que tomó la semana pasada la Cámara Federal de Casación, que anuló el procesamiento del expresidente con el voto de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo.Ahora, los jueces de la Cámara Federal que antes habían confirmado el procesamiento, dispusieron la falta de mérito. La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara Federal porteña, firmada por los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, y con la disidencia de Eduardo Farah.Con este fallo, Alberto Fernández seguirá siendo investigado por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública.Los jueces definieron qué empresas actuaron como meras pantallas para el desvío de fondos públicos y cuáles quedaron desligadas de las maniobras delictivas de sus directivos. Además, el tribunal aclaró que la anulación del procesamiento se debió "exclusivamente a una cuestión técnica", no a un análisis de las pruebas contra el expresidente.Esto es porque el fiscal general ante la Cámara Federal José Agüero Iturbe había solicitado la falta de mérito de Alberto Fernández, lo que le ató las manos al tribunal para confirmar el procesamiento.Los jueces subrayaron que este escenario no significa una exculpación: "Nada de lo resuelto por la Casación censuró o revisó la valoración de hechos y derecho realizada oportunamente", dijeron los camaristas Irurzun y Boico.Aclararon que no implica que falte impulso acusador en la instrucción de los hechos. Las pruebas de su cercanía e influencia en el entramado siguen firmes en el expediente, señalaron los jueces.La resolución analizó si los delitos cometidos por los directivos de los brokers de seguros contagiaban automáticamente a las empresas, como personas jurídicas. El tribunal determinó que la responsabilidad penal no se traslada "sin más", sino que requiere probar que las empresas se utilizaron de manera estructural para el ilícito, carecían de políticas de control (compliance) o canalizaban sobornos. El tribunal confirmó los procesamientos y embargos de las firmas Bachellier SA, Bri Brokers SA, TG Broker SA y San Ignacio Sociedad de Productores de Seguros SA como partícipes necesarias de negociaciones incompatibles y, en el caso de la última, también por cohecho. Bachellier SA cobró comisiones de Nación Seguros por más de 1641 millones de pesos, supuestamente por asesorar al Ministerio de Seguridad. Sin embargo, al ser allanada, su sede presentaba "rasgos de abandono y falta de actividad real", y los organismos públicos negaron tener antecedentes de sus supuestos trabajos.Las firmas San Ignacio y TG Brokers fueron impuestas en Nación Seguros pese a que sus productores ni siquiera estaban activos. Percibieron elevadas sumas sin prestar servicios reales. San Ignacio transfirió más de 230 millones de pesos a la Cooperativa 7 de Mayo, la cual luego financió pagos en beneficio del exfuncionario de Nación Seguros Mauro Tanos. Sus sedes reales eran desconocidas hasta por sus propios representantes formales.Por el contrario, la Cámara decidió revocar los procesamientos de Héctor Martínez Sosa y Cia SA, San Germán Seguros SA y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, y dictó la falta de mérito.El caso más resonante es el de la empresa de Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández. Los jueces concluyeron que la injerencia de Martínez Sosa y Cantero para cooptar los seguros del Estado está probada, pues Cantero llegó a hablar de armar "nuestra PYME" usando sus contactos presidenciales.Sin embargo, dijeron que esta trama estuvo signada por la "intervención personal y directa" de Martínez Sosa, impulsada por sus vínculos privados de larga data. Por lo que no se logró demostrar que la compañía entera, que ya tenía un estatus previo en el mercado, operara únicamente como una pantalla sin actividad real.De igual manera, se liberó a San Cristóbal, argumentando que sus dimensiones y su gran operatoria en el sector privado hacen irrazonable extenderle responsabilidad penal por el accionar individual de uno de sus gerentes, Luciano Torre Arregui. En cuanto a San Germán, la firma logró demostrar con documentación que tenía el capital y la capacidad técnica para afrontar los riesgos de coaseguro que había asumido.El fallo ratificó el procesamiento y embargo de Daniel Rodríguez, encargado de la Quinta de Olivos y cercano tanto a Alberto Fernández como a Martínez Sosa. Es la única persona física evaluada en esta instancia.Rodríguez operaba desde la Quinta Presidencial de Olivos como un engranaje clave. Los peritajes telefónicos revelaron que actuaba como intermediario de los intereses de María Cantero y Martínez Sosa, gestionando la agenda y utilizando su cercanía al poder para asegurar contratos de seguros en dependencias como la Policía Federal. La Cámara concluyó que su rol evidenció un "involucramiento activo" en el direccionamiento de negocios estatales, en clara violación de sus deberes como funcionario público.El expresidente seguirá bajo investigación en el caso que en la actualidad está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien tendrá que volver a resolver su situación una vez producida prueba que pidió su defensa. Fernández podría ser procesado nuevamente, quedar con falta de mérito o ser sobreseído.El juez de la sala II de la Cámara Federal Roberto Boico aclaró en su voto que lo hizo porque lo dispuso la Casación y que su idea no obstante es "mantener conceptualmente la postura asumida al confirmar el procesamiento del Dr. Alberto Fernández"."Dejando a salvo mi opinión y atendiendo a lo expresamente resuelto por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, corresponde revocar el fallo que procesó y embargó a Alberto Fernández", advirtió por su parte el juez Martín Irurzun.Farah disintió y postuló que en el caso de los acusados involucrados en las maniobras vinculadas a la intermediación del broker amigo del expresidente, Héctor Martínez Sosa, debían también quedar con falta de mérito porque su situación estaría atada a la del expresidente.
Las remuneraciones dependen de dos estructuras distintas: el Gobierno porteño y el Ministerio de Seguridad de la Nación.Los ingresos varían según jerarquía, antigüedad, función operativa y adicionales específicos del servicio.
Con el foco puesto en la flexibilidad y el rediseño de lo auténtico, la muestra recorre 37 espacios en el desarrollo Pocito Social Life.En el acto del día de ayer, previo a la inauguración oficial, entregó los premios de las empresas y dio a conocer a sus elegidos.
El ex presidente quedó con falta de mérito y sigue bajo investigación. Sin embargo, por mayoría se rechazaron planteos de otros procesados que buscaban ser beneficiados también por esa decisión
La requisitoria es una iniciativa de la campaña SonSinCuenta, que se gestó en el marco de la conmemoración por el medio siglo desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Leer más
El presidente del CIN habló en el programa de Canal E sobre la crisis presupuestaria de las universidades, el deterioro salarial docente y la movilización convocada para el próximo martes en todo el país. Leer más
Rectores y rectoras nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, encabezaron esta noche una conferencia de prensa en la sede central de la entidad para ratificar la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes 12, desde las 17, en Plaza de Mayo, en rechazo al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno. Durante el encuentro hubo duros cuestionamientos a la postura de la gestión de Javier Milei, se destacaron los fallos judiciales favorables al sector universitario y se advirtió que las casas de estudios superiores en la Argentina atraviesan el momento de menor financiamiento de su historia. "Estamos en el punto histórico más bajo, que es 0,4% (del PBI). Aun aplicando la ley de financiamiento universitario, seguiríamos estando en el punto histórico más bajo", sostuvo el rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del CIN, Franco Bartolacci.En relación a la decisión del Ejecutivo de no acatar la postura del Congreso, donde el veto a la norma fue rechazado con amplia mayoría por las dos cámaras, Bartolacci manifestó que el oficialismo "sigue sin dar respuestas" pese a los avances en la Justicia. "Si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso de la Nación, si no vale lo que ordena la Justicia para que esa ley se cumpla, que valga la voz del pueblo", insistió. El conflicto judicial se inició en octubre de 2025, cuando el CIN y rectores nacionales presentaron un amparo contra el Estado nacional por el decreto que suspendía la aplicación de la ley. Dos meses después, en diciembre, el juez federal Martín Cormick dio lugar a una medida cautelar de urgencia solicitada por la comunidad universitaria en la que ordenó reconocer las actualizaciones salariales y de becas previstas en la norma.Bajo el lema del equilibrio fiscal, el Gobierno mantuvo su posición de rechazo al señalar que no establece la procedencia de los fondos y apeló la cautelar con el argumento de que equivalía a una "sentencia anticipada" irreversible. Sin embargo, a finales de marzo de 2026 la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con la firma Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la cautelar en favor de las universidades. La situación derivó en el incremento de acciones de fuerza gremiales y reclamos estudiantiles en lo que va del primer cuatrimestre de este año. En cambio, el Ejecutivo decidió ir más allá y llevó el caso a la Corte Suprema, donde solicitó que frente a este escenario se expidan sus miembros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes son a la vez docentes universitarios en funciones o licencia."Cuando el Ejecutivo decidió nuevamente no cumplir con la ley, hicimos lo que correspondía, fuimos a la Justicia y hoy tenemos fallos que ordenan ese cumplimiento por parte del Ejecutivo y aun así no tenemos respuesta", explicó Bartolacci. Al respecto, pidió plasmar ese rechazo en las calles. "Necesitamos que seamos muchos y muchas en todas las plazas del país. No solo quienes formamos parte de la comunidad universitaria y científica, sino la sociedad en su conjunto", marcó el titular del CIN. Además, Bartolacci advirtió que, desde 2023 hasta la actualidad, las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6%, situación que â??según señalóâ?? afecta de manera directa el funcionamiento de las universidades nacionales. En ese marco, expresó que el foco "más urgente y dramático" es el deterioro salarial del personal docente y no docente, junto con la falta de actualización de los programas de asistencia estudiantil. El rector afirmó, en ese sentido, que las universidades agotaron las instancias institucionales y le apuntó nuevamente a la Casa Rosada. "La Argentina le garantiza a cualquier joven la posibilidad de acceder a una formación pública de excelencia sin ningún tipo de restricción. Eso no puede ser nunca un problema", planteó, al tiempo que comparó en tono crítico la inversión nacional con la de los países desarrollados."Destinan más del 2% de su PBI al sistema científico y universitario. Y no lo hacen porque sean más generosos, sino porque son más inteligentes y saben que la sociedad del conocimiento es estratégica para poder crecer. Nosotros, en cambio, estamos en el punto histórico más bajo", cuestionó. Nuevo capítuloEl conflicto universitario sumó este miércoles un nuevo capítulo luego de que el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, desmintiera públicamente al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Lo hizo a través de un tuit en el que difundió una carta firmada por el propio funcionario, donde el Gobierno reconoce que aún no había girado los fondos destinados a los hospitales universitarios y admite que "están evaluando los criterios y parámetros para una distribución eficiente de estos fondos"."Un mes después de la nota que presentamos reclamando los fondos. Cinco horas después de la conferencia de prensa de los médicos. Llegó la respuesta de @AleCiroAlvarez reconociendo que todavía no se transfirió ni un solo peso de la partida de gastos operativos para el funcionamiento de los hospitales universitarios. A confesión de parte... Cumplan la ley", escribió en la publicación Yacobitti.En la conferencia del CIN, Bartolacci al respecto dijo que "las transferencias que está haciendo el Ejecutivo nacional son las que están comprendidas en el proyecto de presupuesto aprobado para el 2026 que consolidan el desfinanciamiento y el ajuste al sistema universitario" y sostuvo que "están comprometidas todas las actividades, principalmente, las asistenciales".El encuentro, realizado en el barrio de Balvanera, convocó a rectores y vicerrectores de la UBA y de las universidades nacionales de Mar del Plata, José C Paz, San Martín, Guillermo Brown, San Luis, Luján, entre otras. En cuanto a los gremios, hubo representantes de UDA, Fatun, Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Ctera y de la FUA. Anselmo Torres, vicepresidente de CIN y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, ponderó el camino del reclamo. "La sociedad nos ha acompañado en las tres anteriores marchas, el Parlamento nos ha dado una mayoría calificada para que se convierta en ley el financiamiento universitario y la Justicia nos ha dado la razón en dos instancias", destacó sobre el derrotero del conflicto. Y concluyó: "Esta cuarta marcha también es para reivindicar la república y la democracia, eso también está en riesgo".
Rectores de las universidades nacionales, junto con gremios docentes, no docentes y representantes estudiantiles, convocaron este miércoles a la marcha federal universitaria que se llevará a cabo el próximo martes 12 de mayo con el objetivo de reclamar al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El anuncio fue encabezado por el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, quien sostuvo que las transferencias destinadas al sistema universitario registraron una reducción del 45,6%. Según explicó, esa situación impacta en las actividades académicas, científicas y de asistencia estudiantil, además de complicar la continuidad de muchos alumnos en sus carreras.Noticia en desarrollo.
Un tribunal de Nueva York permitió que se conociera un manuscrito relacionado con el caso Epstein, tras una solicitud judicial y pese a que las autoridades no confirmaron su autenticidad como prueba oficial
La diputada nacional planteó que la discusión sobre el proyecto de país debe anteceder a cualquier definición de liderazgos y reivindicó las PASO como una herramienta de fortalecimiento interno
Lo decidió la Cámara Federal de Casación Penal.Así dispuso que sean investigadas por el juez Luis Armella.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, envió una solicitud a la Small Business Administration (SBA, por sus siglas en inglés) con el objetivo de obtener una declaración de desastre que permita activar apoyos económicos en varias comunidades del norte de Texas. El pedido surge después de que fenómenos meteorológicos severos causaron daños materiales en viviendas, negocios e infraestructura local.Texas pide ayuda a autoridades federales tras daños por clima extremo en el norteEl gobierno estatal detalló que la solicitud se centra en condados afectados por tormentas severas que incluyeron vientos fuertes, granizo y lluvias intensas. De acuerdo con el comunicado oficial, esta acción busca que la agencia federal evalúe las pérdidas y habilite programas de financiamiento para recuperación económica. El gobierno estatal explicó que este tipo de declaración es importante cuando los recursos locales no cubren la magnitud de los daños registrados en una región específica. "Las fuertes tormentas que azotaron Texas la semana pasada han dejado a muchos texanos en una situación de gran dificultad", declaró Abbott.Quiénes recibirían el apoyo federal en TexasResidentes, propietarios de viviendas, arrendatarios y pequeñas empresas podrían acceder a préstamos de bajo interés administrados por la agencia federal. Estos recursos financieros están diseñados para:Cubrir reparacionesReemplazar bienes dañadosRecuperar operaciones comerciales afectadasPor ahora no hay un trámite abierto; sin embargo, la elegibilidad dependería de la evaluación final que realice la agencia federal para determinar si los daños cumplen con los criterios establecidos para activar estos programas. El proceso incluye la verificación de pérdidas y el análisis de la capacidad de recuperación de cada solicitante. Abbott enfatizó que todos los texanos pueden enviar sus reportes de daños para ampliar el análisis. "Pueden hacerlo en línea en damage.tdem.texas.gov y se les recomienda visitar el Portal de Desastres de TDEM en disaster.texas.gov para obtener información sobre condiciones climáticas severas", se lee en el comunicado.Tormentas con granizo y vientos en el norte de TexasUn frente frío provocó tormentas severas en el norte de Texas, especialmente en el área de Dallas-Fort Worth. Estas condiciones se desarrollaron a partir de un sistema meteorológico activo que avanzó por la región con lluvias intensas y cambios bruscos de temperatura.Según San Antonio Express-News, el mismo sistema generó un riesgo moderado de tormentas severas en el norte del estado, lo que provocó granizo de gran tamaño y vientos capaces de causar daños materiales en viviendas y vehículos. Estas condiciones forman parte de un patrón de clima activo que ha dejado lluvias por encima del promedio en varias ciudades texanas.Por su parte, The Guardian reportó que tormentas intensas en la región central de Estados Unidos incluyeron un tornado que impactó zonas de Texas. Hubo daños estructurales y personas lesionadas, además de episodios de granizo extremo que afectaron infraestructura y vehículos.
La Justicia no se sostiene solamente en la autoridad de sus sentencias. Se sostiene, también, en la confianza que la sociedad deposita en quienes tienen la responsabilidad de dictarlas. Esa confianza no es automática. No surge del cargo ni del protocolo. Se construye todos los días, con independencia, imparcialidad, prudencia, respeto, transparencia y responsabilidad institucional. Por eso, hablar de ética judicial no es hablar de una cuestión secundaria ni de un debate reservado a especialistas. Es hablar de una condición básica para que la Justicia Federal pueda cumplir su misión en una democracia republicana. Desde hace tiempo vengo sosteniendo que el Poder Judicial de la Nación necesita reglas más claras, modernas y accesibles en materia de conducta judicial. No porque no existan normas. Existen. El Reglamento para la Justicia Nacional, de 1952, contiene deberes relevantes. También hay previsiones en la Ley de Ética Pública, en el Decreto-Ley 1285/58, en los códigos procesales y en distintas acordadas. Pero el problema es evidente: tenemos un esquema disperso, antiguo e insuficiente frente a los desafíos actuales. La Justicia de hoy no es la Justicia de 1952. Hoy los jueces conviven con una exposición pública permanente, redes sociales, circulación instantánea de información, nuevas tecnologías, conflictos de interés más complejos y una sociedad que exige -con razón- más transparencia y más rendición de cuentas. Los hechos recientes demuestran que no hablamos de abstracciones. En las últimas semanas, el propio Consejo de la Magistratura debió avanzar en procedimientos de remoción respecto de magistrados federales por conductas presuntamente incompatibles con la dignidad, la imparcialidad y la responsabilidad que exige la función judicial. Algunos de estos episodios estuvieron vinculados con expresiones públicas y uso de redes sociales; otros, con graves cuestionamientos sobre el trato debido en el ámbito institucional. Sin anticipar juicios de responsabilidad ni personalizar el debate, estos casos muestran una evidencia incontrastable: la sociedad no puede conocer los límites éticos de la magistratura recién cuando estalla un escándalo. Esos límites deben estar escritos, ordenados y disponibles antes. Un Código de Ética Judicial no viene a restringir la independencia de los jueces. Viene a protegerla. Porque la independencia judicial no es licencia para actuar sin límites: es una garantía de los ciudadanos frente al poder. Y justamente por eso exige jueces íntegros, prudentes, objetivos y conscientes del impacto institucional de su conducta. Tampoco se trata de convertir toda falta ética en una sanción disciplinaria automática. La ética cumple, ante todo, una función preventiva, pedagógica e institucional. Orienta conductas. Fija estándares. Permite distinguir lo aceptable de lo incompatible con la investidura judicial. Y ofrece a los propios magistrados una guía clara frente a situaciones que muchas veces no están resueltas por las normas tradicionales. La ciudadanía tiene derecho a saber qué se espera de un juez. Los abogados tienen derecho a litigar ante magistrados que no generen sospechas de parcialidad. Las partes tienen derecho a un trato respetuoso y equilibrado. Y los propios jueces tienen derecho a contar con parámetros objetivos que resguarden su independencia y la dignidad de su función. Por eso es importante avanzar hacia un cuerpo único que reúna principios como independencia, imparcialidad, responsabilidad institucional, lenguaje claro, capacitación permanente, reserva, trato digno, prudencia en la vida pública, transparencia en la participación en eventos, uso responsable de redes sociales y protección de datos personales. La ética judicial no es una cuestión estética. Es parte del buen servicio de justicia. Un juez que demora injustificadamente, que maltrata, que se expone de manera imprudente, que pierde distancia frente a las partes o que compromete la apariencia de imparcialidad, afecta algo más que su reputación personal: afecta la confianza en todo el sistema. La Justicia Federal necesita legitimidad. Y la legitimidad no se declama: se construye con instituciones, reglas y conductas. Un Código de Ética Judicial no resolverá todos los problemas de la Justicia argentina. Pero es un paso necesario. Porque ordena lo que hoy está disperso, actualiza lo que quedó viejo y pone por escrito un compromiso elemental: quienes juzgan deben estar a la altura ética de la función que ejercen. Sin ética judicial no hay verdadera confianza pública. Y sin confianza pública, la Justicia pierde autoridad para cumplir su papel esencial en la República. Consejera de la Magistratura de la Nación
Así lo expresó el economista, Lucas Carattini, quien luego añadió: "En definitiva sería cambiar prácticamente todo el sistema monetario mundial, con lo cual, no creo que eso pase". Leer más
El ex presidente estuvo en Comodoro Py para una audiencia personal ante los jueces del Tribunal de Apelaciones, quienes quedaron en condiciones de resolver
La causa investiga a dónde fueron más de 200 millones de pesos que originalmente estaban destinados a la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres
El juez Hellerstein suspendió los plazos procesales y aceptó el desistimiento de las mociones que buscaban anular los cargos de narcoterrorismo contra el expresidente venezolano y su esposa, Cilia Flores
La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura aprobó las ternas para cubrir dos vacantes en la Sala I, la Alzada que decide el destino de las causas de corrupción contra funcionarios y exfuncionarios. Entre los candidatos está el propio camarista Pablo Bertuzzi, que hoy ocupa uno de los puestos en juego
El lanzamiento del espacio que no está anclado ni en Cristina Fernández ni en sectores ligados a Kicillof, generó una lectura positiva en el peronismo cordobés. En el entorno del gobernador admiten coincidencias con la propuesta, destacan la participación de intendentes cordobeses en el lanzamiento y plantean la necesidad de construir una opción superadora al kirchnerismo y el mileísmo. Leer más
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) ha establecido nuevas reglas que cambian cuánto tiempo duran los permisos de trabajo para quienes tienen Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Según el documento oficial publicado en el Registro Federal, a partir de ahora estas credenciales tendrán una validez máxima de un año o lo que falte para que termine la protección del país de origen del solicitante.Qué cambió en los permisos de trabajo por TPSLa medida busca que las tarjetas de empleo coincidan exactamente con las fechas de la protección legal. De acuerdo con el reglamento federal 2026-08333, ya no se emitirán permisos por periodos más largos de lo que dure el estatus, lo que implica revisiones más frecuentes de cada caso.El cambio responde a una nueva ley llamada "Ley de Reconciliación H.R.1", que exige que el sistema de inmigración se pague a sí mismo mediante sus propios trámites. El texto del Registro Federal explica que el Uscis ahora debe cobrar tarifas adicionales por cada renovación, y que estas no pueden perdonarse ni reducirse. Al acortar el tiempo de los permisos a un año, según el documento, se asegura que los beneficiarios realicen sus procesos de actualización de manera constante. Los datos del reporte indican que esta estructura ayuda a mantener los fondos necesarios para que las oficinas de inmigración no dependan totalmente del presupuesto general.Por qué se quiere reducir el tiempo de duración del EAD por TPSPor otro lado, el gobierno federal justificó estos límites de tiempo como una medida de seguridad nacional. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló que la ordenanza permite que las tarjetas lleven siempre la tecnología más reciente contra falsificaciones. Según el organismo, este control evita que personas que ya no cumplen con los requisitos usen permisos antiguos.Qué pasa si voy a solicitar mi EAD por primera vez en EE.UU.En el caso de las personas que tengan TPS o permiso humanitario (parole) y vayan a solicitar el EAD por primera vez, las reglas son las mismas. La normativa oficial dicta que estos permisos iniciales tampoco superarán el año de validez.Anteriormente, algunas credenciales podían durar hasta dos años, pero la nueva regla elimina esa posibilidad para estandarizar todos los procesos. "Los solicitantes que busquen evitar interrupciones deberán presentar renovaciones oportunas para mantener la autorización de empleo por el resto de la designación o extensión", indica el documento. Además, se enfatiza que las renovaciones se aprobarán solo por el período máximo permitido de un año o la duración restante de la designación del TPS, lo que sea más corto.