expediente
La JEC abre nuevo expediente sancionador a Sánchez por su vídeo con el 'Guernica'
La JEC abre otro expediente sancionador a Sánchez, esta vez por su vídeo ante el 'Guernica' denunciado por el PP
Caso $LIBRA: uno de los inversores apeló el sobreseimiento de los Milei y pidió que no cierren el expediente
El juez Marcelo Martínez de Giorgi había dictado el sobreseimiento de Javier y Karina Milei, además de otros nueve implicados.La comparación con la investigación contra Cristina Kirchner.
Abren expediente a Roca Rey por ruidos en su cumpleaños y por lanzar cohetes sin permiso
Honduras: expediente contra 12 señalados por caso de la Comisión Permanente seguirá bajo secretividad y tendrá audiencia la próxima semana
La jueza natural convocará a 12 imputados a una audiencia de declaración la próxima semana, mientras la Fiscalía busca proteger las pruebas incorporadas en la causa.
La JEC rechaza abrir otro expediente a Sánchez, pero le recuerda su deber de neutralidad
Quién es Montse Lluis, la número dos de Vox en Madrid: negoció los acuerdos autonómicos con el PP y tuvo el mejor expediente de su promoción en la universidad
La vicesecretaría nacional se ha consolidado como una de las figuras de confianza de Santiago Abascal
Declaran bajo reserva total el expediente por el asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa en Guatemala
La fiscalía pidió restringir el acceso al caso abierto tras el ataque del sábado en Campo Marte, donde también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, mientras dos hermanos permanecen bajo custodia
PP celebra el expediente a Sánchez de la Junta Electoral y advierte que no pasarán ni una
La Junta Electoral abre expediente a Pedro Sánchez por pedir "una mayoría más rotunda" desde Moncloa tras la convocatoria del 29-N
La decisión no supone todavía una sanción firme, pero el procedimiento puede derivar en una multa de entre 300 y 3.000 euros
Endeudamiento y morosidad: el expediente que Kicillof querría olvidar
El sobreendeudamiento familiar, especialmente en los sectores más vulnerables, se ha convertido en un eje central del debate político y económico. Los datos avalan la preocupación: 20,9 millones de personas poseen algún tipo de deuda y casi el 20 por ciento están en situación de mora, el nivel más alto desde la crisis de 2001, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La mayor parte de ese universo -sobre todo los más jóvenes- no apela al crédito como herramienta virtuosa para desarrollar sus proyectos, sino como un manotazo desesperado para "zafar" los gastos cotidianos: se acelera, así, una especie de bicicleta financiera en la que abundan las tasas exorbitantes y la toma de préstamos casi "a ciegas", a través de un solo clic en el celular.El gobierno nacional tiende a desentenderse del asunto -"es un problema entre privados", ha repetido el Presidente en un alarde de indolencia-, pero en vísperas de una campaña electoral en la que seguramente este tema resultará gravitante, como lo ha sido en Brasil, quizá valga la pena examinar cómo actúan la oposición y el sistema político en general frente a situaciones de esta naturaleza: ¿reconocen la complejidad del fenómeno o solo buscan responsabilizar al sector que tienen enfrente sin identificar factores estructurales y situaciones de arrastre que han potenciado esta problemática social?; ¿proponen medidas eficaces y racionales frente a la emergencia o recurren al viejo truco de crear más burocracia y más gasto sin aportar soluciones? Las preguntas remiten, si se quiere, a una cuestión más de fondo: ¿cómo se debaten y se gestionan los problemas en la Argentina?; ¿con la voluntad de depositar siempre la culpa en "el otro" o con la valentía y la honestidad intelectual de asumir responsabilidades y de abordar los desafíos en su real dimensión?Si nos sumergimos en los laberintos burocráticos de la provincia de Buenos Aires, encontramos respuestas, no por cierto alentadoras, a esos interrogantes de fondo.En diciembre de 2022, a tres años de haber asumido como gobernador, Axel Kicillof dictó un decreto (2370/22) que ponía en marcha el llamado Fondo Fiduciario para el Desendeudamiento de Mujeres, previsto ese mismo año en la ley 15.310, que creaba el programa "Desendeudadas". ¿Qué función tendría el fideicomiso? Absorber las deudas de mujeres bonaerenses que se encontraban agobiadas por el peso de los préstamos y refinanciárselos a tasas mucho más convenientes.Kicillof ha quedado afónico en estas semanas denunciando que "la política económica de Milei hace que las familias se tengan que endeudar para pagar la comida, el alquiler y las cosas indispensables". ¿Qué decía en 2022, cuando gobernaba Alberto Fernández? Hay que ir a los fundamentos de aquel decreto del gobernador que reglamentó el Fondo Fiduciario, donde se lee textualmente: "â?¦durante los últimos años, el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos ha provocado un fuerte incremento en el número de personas que tomaron préstamos para poder afrontar los gastos de la vida cotidiana, utilizándose los créditos para acceder a bienes como alimentos, ropa, artículos de primera necesidad y al pago de servicios básicos como luz, gas, agua e internet". Lo que hoy se denuncia como "producto del modelo de Milei" ya existía, entonces, cuando el último gobierno kirchnerista había cumplido tres años de gobierno. ¿Esto exime al actual oficialismo nacional de responsabilidad en el crecimiento del problema? Por supuesto que no. Los datos reflejan, hoy, que los índices de morosidad han escalado. Pero muestra que, como en muchos otros temas, la Argentina arrastra desafíos intrincados que exigen un abordaje honesto, no un ejercicio de memoria selectiva y aprovechamiento político. ¿Existe la disposición a aceptar que los problemas tienen responsabilidades compartidas y exigen diálogo y negociación, más que bravuconadas recíprocas para tirarse las culpas de una trinchera a la otra?Alguien podría decir, con pragmatismo, que la política "es así", acá y en todas partes. Y que esperar grandeza y ecuanimidad en el discurso de los dirigentes, sean oficialistas u opositores, es poco menos que una ingenuidad. Habría que mirar, entonces, no las palabras sino los hechos. Si volvemos a ese expediente ilustrativo del gobierno bonaerense, ¿qué encontramos detrás de aquel decreto que creaba un Fondo Fiduciario para aliviar la carga del endeudamiento contraído por mujeres en situación vulnerable? Que se le asignaron recursos para su funcionamiento, se creó una estructura administrativa y se le dio entidad burocrática. Se previó un comité ejecutivo compuesto por tres miembros designados por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y dos por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, aunque no llegó a constituirse. Más de dos años después se dispuso la extinción del fideicomiso "en virtud de que no se ha registrado actividad alguna, como así tampoco adquisición directa de las deudas referidas". Fue en una resolución firmada en abril de 2025.Cuando el caso fue examinado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, un fallo de ese organismo aprobó los estados contables, pero dejó constancia de que "el Fondo no desarrolló actividades propias del objeto para el cual fue creado, sin perjuicio de lo cual se destinaron recursos durante dos años para solventar los gastos ordinarios de administración". Remarcó, además, que ya un año antes de su extinción había recomendado poner en marcha el programa o evitar gastos de funcionamiento, una situación anómala que -sin embargo- se mantuvo un año más.Si se hiciera el lícito ejercicio periodístico de traducir la jerga abstrusa y desangelada de la burocracia, lo que el Tribunal de Cuentas señala en su fallo es que "gastaron plata para no hacer nada". El organismo detectó, al cierre del ejercicio, "una pérdida de $3.746.354" en números de ese momento.El Ministerio bonaerense de Mujeres y Diversidad, al ser consultado sobre este antecedente, reconoce que "al intentar la implementación se descubrió una mayor complejidad y se concluyó que esos esfuerzos debían ser reorientados para fortalecer otro tipo de herramientas, como la educación financiera". Aseguran que el programa no se suprimió: "Se readecuó; se reconfiguró".Todo el expediente podría ser encuadrado como una anécdota, pero en realidad retrata algo más: un método para afrontar, desde la política y el Estado, problemáticas que son efectivamente complejas. En lugar de abordarlas con seriedad, se intenta sacar una tajada política y muchas veces se lanzan medidas rimbombantes con nombres marketineros ("Desendeudadas"), que después se evaporan sin haber dado ningún resultado, pero habiendo, sí, ocasionado gastos que se le endosan al contribuyente.Por aquellos fundamentos de 2022, que no riman con el discurso de hoy, y por aquel Fondo desafortunado, que terminó en un gastadero de plata y en ninguna solución, es probable que Kicillof hoy prefiera olvidar el expediente. Pero ahí está: nos recuerda que la Argentina necesita, frente a la dimensión y la rebeldía de los problemas, una actitud más responsable y humilde, menos oportunista, más centrada en la búsqueda de soluciones estructurales que en la pirotecnia y el carancheo electoral. El expediente ofrece, si así se lo quisiera ver, una lección que excede al gobierno provincial. La política, en general, tiende a ver la paja en el ojo ajeno y a aplicar una doble vara: el problema siempre está en el otro; la autocrítica nunca encuentra lugar. Existe, además, casi un instinto que atraviesa a todos los oficialismos: dictar decretos y anunciar medidas coyunturales que después quedan en la nada.Tal vez esta pequeña historia nos recuerde algo que está a la vista: más que el revoleo de agravios y reproches -al que se prestan con tanto entusiasmo el mileísmo y el kirchnerismo- se necesitan acuerdos y diálogo constructivo para abordar las urgencias más acuciantes. Empezar por reconocer la complejidad de las cosas y asumir responsabilidades compartidas quizá sea un punto de partida.
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El caso de Jesús Pérez Alvear en la Feria de San Marcos y la red de Marco Antonio Moreno Gómez Santelices en Baja California derivaron en sanciones del Tesoro de Estados Unidos y en un juicio federal que involucró al cantante Gerardo Ortiz y al productor Ángel del Villar
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Fin del TPS para venezolanos: qué significa que la Corte Suprema deje sin efecto el expediente 26-4
La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió este 5 de octubre el expediente 26-48 (identificado como Mullin, Sec., DHS, et al. v. Nat. TPS Alliance, et al.), relacionado con la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos venezolanos. La decisión aparece en la lista oficial de órdenes del tribunal y reactiva el caso, aunque en un nivel inferior.¿Qué decidió la Corte Suprema sobre el TPS venezolano?Según la resolución, los jueces concedieron la petición de certiorari al utilizar el mecanismo conocido como "Grant, Vacate, Remand" (GVR). En términos prácticos, esto significa que la Corte Suprema aceptó tomar el caso, anuló la decisión anterior emitida el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y envió nuevamente el expediente a esa instancia inferior para una nueva evaluación.El Noveno Circuito deberá ahora reconsiderar el conflicto y tener en cuenta el precedente establecido por la Corte Suprema en Mullin v. Doe, 609 U.S. 324. Ese fallo fue el fundamento central utilizado por el gobierno para solicitar que se revisara el caso.Por lo tanto, la decisión del 5 de octubre no equivale a una sentencia definitiva que ordene terminar el TPS para los venezolanos. El litigio continúa en una instancia inferior, que deberá determinar cómo aplicar al expediente la doctrina fijada por la Corte Suprema.La medida, además, es de carácter procesal. La orden no establece en ese documento si los venezolanos conservarán o perderán definitivamente el TPS, ni determina por sí misma cómo quedará la autorización de empleo de los beneficiarios.Cómo comenzó la disputa por el TPS de los venezolanosVenezuela fue incluida por primera vez dentro del programa de TPS en marzo de 2021. La designación fue extendida posteriormente, en octubre de 2023, y nuevamente el 17 de enero de 2025, cuando se estableció una vigencia hasta el 2 de octubre de 2026 para determinados documentos.Más adelante, la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, dispuso dejar sin efecto aquella extensión y avanzar con la finalización del programa para los venezolanos. La medida fue cuestionada judicialmente por la National TPS Alliance y los beneficiarios.En septiembre de 2025, un tribunal de distrito falló a favor de los demandantes y anuló la decisión del DHS. En enero del año en curso, el Noveno Circuito confirmó esa resolución y concluyó que la secretaria no contaba con autoridad legal para cancelar una extensión del TPS que ya fue concedida.El gobierno llevó el conflicto ante el máximo tribunalEl DHS recurrió entonces a la Corte Suprema, el 9 de julio, el procurador general John Sauer presentó la solicitud para que el máximo tribunal aplicara el procedimiento GVR. El gobierno sostuvo que el precedente de Mullin v. Doe, decidido el 25 de junio, modificaba el marco jurídico aplicable. Según la posición presentada ante la Corte, las restricciones establecidas para la revisión judicial de decisiones vinculadas con el TPS debían ser consideradas al analizar el caso de los venezolanos.La National TPS Alliance informó en agosto que no se oponía al pedido de GVR. Posteriormente, los magistrados analizaron el expediente durante una conferencia privada celebrada el 28 de septiembre, antes de emitir la orden publicada este lunes.Qué cambia ahora para el expediente 26-48La consecuencia inmediata de la orden es que el fallo del Noveno Circuito deja de tener efecto como resolución vigente del caso. El expediente vuelve a esa corte, que deberá examinar nuevamente la controversia bajo el criterio de Mullin v. Doe.La Corte Suprema, por lo tanto, no resolvió en esta instancia si la decisión administrativa del DHS de terminar la extensión del TPS fue válida. Tampoco la lista de órdenes detalla las consecuencias prácticas inmediatas para cada beneficiario del programa.El alcance concreto para los venezolanos dependerá del nuevo análisis que realice el Noveno Circuito y de las decisiones posteriores que puedan adoptarse en el litigio. El expediente seguirá vinculado a la discusión sobre la autoridad del DHS para modificar o cancelar una extensión previamente otorgada.
Cómo avanza el expediente 26-48 sobre el TPS de los venezolanos en la Corte Suprema de EE.UU.
El futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos venezolanos está pendiente de una nueva decisión judicial en Estados Unidos. El expediente 26-48, identificado como "Markwayne Mullin, Secretario de Seguridad Nacional, et al. v. National TPS Alliance, et al.", llegó a la Corte Suprema después de varios fallos en tribunales federales.TPS venezolano: origen del caso 26-48 y decisiones del DHSLa controversia comenzó con una extensión del TPS que fue establecida en enero de 2025. Esa medida prolongaba la protección para los venezolanos hasta el 2 de octubre de 2026. Posteriormente, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en ese entonces, Kristi Noem, dispuso dejar sin efecto esa extensión y avanzar con la terminación de la designación correspondiente.Tras esa decisión, la organización National TPS Alliance y beneficiarios del programa llevaron el caso ante la Justicia. En septiembre de 2025, el tribunal de distrito falló parcialmente a favor de los demandantes y dejó sin efecto las decisiones adoptadas por el DHS para revocar y terminar el programa.El litigio continuó en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y en enero del año en curso, ese tribunal confirmó la decisión del juzgado inferior y sostuvo que la secretaria del DHS no contaba con autoridad legal para anular una extensión de TPS que ya se había concedido y se encontraba vigente.El gobierno estadounidense llevó entonces la disputa ante la Corte Suprema. Según el historial judicial, el procurador general, John Sauer, presentó el 9 de julio la petición de "certiorari" correspondiente al expediente 26-48. La administración solicitó que se anulara la sentencia del Noveno Circuito y que el caso regresara a esa instancia para una nueva evaluación.El precedente que puede modificar el análisis del caso del TPSLa petición del gobierno se apoya en una decisión anterior de la propia Corte Suprema. El 25 de junio, los magistrados resolvieron el caso Mullin v. Doe, relacionado con la posibilidad de revisar judicialmente decisiones vinculadas con el TPS.Según la postura presentada por el gobierno en el expediente 26-48, ese precedente establece una restricción amplia a la verificación judicial de determinadas decisiones sobre el programa. Por ese motivo, la administración pidió aplicar el mecanismo conocido como GVR: conceder la revisión, anular la sentencia anterior y devolver el expediente para su reconsideración.Los demandantes comunicaron a la Corte Suprema en agosto que no se oponían a esa solicitud de GVR a partir del precedente establecido en Mullin v. Doe. El expediente quedó así preparado para que los jueces determinaran qué hacer con la petición presentada por el gobierno.Qué ocurrió en la conferencia del 28 de septiembreLa Corte Suprema incluyó el expediente 26-48 entre las cuestiones analizadas durante la conferencia privada de los magistrados del 28 de septiembre. En este tipo de reuniones, los jueces estudian las solicitudes pendientes y determinan cuáles recibirán tratamiento posterior.En esta instancia no se hizo pública una decisión inmediata sobre el TPS venezolano. Las deliberaciones y las votaciones realizadas durante las conferencias privadas no se divulgan en el momento en que tienen lugar.La siguiente fecha relevante es el 5 de octubre a las 9.30 hs (ET), cuando está prevista la publicación de la lista oficial de órdenes de la Corte Suprema. Esa misma permitirá conocer formalmente la resolución adoptada respecto de la petición presentada en el expediente 26-48.Venezuela fue designada por primera vez para el TPS el 9 de marzo de 2021 y volvió a ser designada y extendida en octubre de 2023. El 17 de enero de 2025, se aprobó una nueva extensión hasta el 2 de octubre.
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El Consejo Regional de Patrimonio Cultural aprobó este martes el expedidente para declarar BIC esta escolanía. El ministerio, Más Madrid y el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias votaron en contra. El PSOE no acudió y la Comunidad sacó la votación por amplia mayoría
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