Pidieron el levantamiento del secreto fiscal y bancario del ex gobernador Ricardo Colombi por sospechas en la adquisición de dos inmuebles.También investigan al actual presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani.
Ricardo Colombi es investigado por la Justicia Federal, a raíz de sospechas en la adquisición de dos inmuebles. Quiénes son sus presuntos testaferros
Lo dispuso la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Se trata de Daniel González y Javier Rubel, socios de Betail SA, una empresa pantalla con domicilio falso utilizada por el ex senador para la compra de departamentos en Paraná
El fiscal platense Álvaro Garganta imputó al exministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires Jorge D'Onofrio como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y como autor del delito de cohecho. Las acusaciones que formalizó Garganta se inscriben en la causa que investiga una trama de posibles gestores que eliminaban multas de tránsito a cambio del pago de un porcentaje de la infracción y, en paralelo, sospechas de direccionamiento en la adjudicación de concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).D'Onofrio asumió como ministro de Transporte de la gestión de Axel Kicillof en diciembre de 2021 y renunció en diciembre de 2024, con el caso de las fotomultas y la VTV en plena ebullición. Según la resolución de Garganta (titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº11, de La Plata), D'Onofrio resulta partícipe necesario en un hecho que consistió en que funcionarios del ministerio provincial a su cargo, "valiéndose de las potestades propias de su función (fundamentalmente del acceso al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito) actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo, quienes captaban como 'gestores' a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado, apropiándose de un monto remanente".La Fiscalía sostuvo que la maniobra se produjo "sin respetar el debido proceso legal y con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales y provinciales". Y concluyó que "dichos funcionarios públicos se pusieron de acuerdo para cometer delitos de forma indeterminada y, en el ejercicio de sus funciones, se habrían enriquecido ilícitamente aumentando considerablemente sus patrimonios". La maniobra que se investiga habría comenzado, según la imputación, el 3 de enero de 2022. El caso se inició por una denuncia realizada en octubre de 2023.El delito de cohecho que el fiscal le imputa a D'Onofrio en carácter de autor se inicia, según la investigación, en mayo de 2023. "Habrían ocurrido irregularidades en el procedimiento de adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular, las que habrían sido otorgadas a siete empresas que previamente habrían contratado (por una excesiva comisión del 8,5% más IVA del valor total de cada pago realizado) los servicios de la empresa 'Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.' en la que tendrían participación societaria -interpósita persona- los funcionarios del Ministerio de Transporte investigados", escribió Garganta en su resolución, a la que accedió LA NACION."Asimismo surge que las vinculaciones irregulares entre funcionarios del Ministerio de Transporte y Sebastian Desio [titular de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica] se ampliarían a la locación del inmueble donde actualmente se erige la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, ubicado en calle 6 entre 44 y 45 de La Plata", se añadió en la decisión judicial.Garganta oficializó ayer la imputación contra D'Onofrio. El martes, en una causa vinculada que lleva el juez federal de Campana Adrián González Charvay, se allanó una financiera en la city porteña y se secuestraron 205 millones de pesos argentinos, 425.000 dólares, 4600 euros y 112.000 reales.D'Onofrio, un dirigente alineado con Sergio Massa con base territorial en Pilar, fue funcionario del gobierno de Axel Kicillof hasta fines del año pasado, cuando dejó el cargo con una renuncia tras meses de noticias judiciales adversas. El massismo le había soltado la mano. El Frente Renovador retuvo el lugar de D'Onofrio en el gabinete bonaerense, al asumir en su reemplazo Martín Marinucci, un dirigente de Morón que también integra las filas de Massa.Noticia en desarrollo.
El Juzgado Primero Penal Especializado de Barranquilla aceptó la solicitud que hizo la Fiscalía General de la Nación y la defensa de la creadora de contenido de precluir el caso. La influenciadora era señalada de buscar esconder dineros por medio de una sociedad
En el Centro de Servicios Judiciales continúa el juicio al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, con cambio de fiscal y procuradora
La jueza Arroyo Salgado ordenó este jueves una serie de allanamientos en diferentes puntos del país. El exsenador sigue detenido en Asunción tras intentar pasar la frontera paraguaya con más de 200 mil dólares no declarados. Leer más
El sobreseimiento del exjefe del Ejército durante el kirchnerismo César Milani en la causa en que se lo investigó por supuesto enriquecimiento ilícito quedó firme luego de que la Cámara Federal de Casación entendió que el asunto quedó prescripto por el paso del tiempo, luego de 12 años de trámite.En un fallo dividido, los jueces Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña rechazaron el recurso de casación que interpuso el fiscal, con la disidencia del juez Daniel Petrone, que quedó en minoría y proponía seguir con el caso.Axel Kicillof fracasó en su intento de suspender las PASO y quedó expuesta la fractura del PJ en la LegislaturaMilani fue investigado desde 2013 por la compra de una casa en La Horqueta, en San Isidro, a partir de una denuncia del programa PPT de Jorge Lanata. El militar retirado pagó en 2010 1.500.000 de pesos que, en ese momento, no habría podido justificar.Según la investigación, Milani no registraba en sus declaraciones frente a la AFIP, como tampoco en la Oficina Anticorrupción, valores que sustentaran o justificaran la procedencia y origen de los fondos que le permitieron tal adquisición.La acusación sostuvo que Milani intentó disimular la compra de la propiedad con un préstamo que le hacía un amigo. Pero la fiscalía ese préstamo no existió, y era una manera de justificar el dinero.Tras un juicio oral y público, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero absolvieron a Milani.El fiscal apeló y la Cámara de Casación ordenó dictar un nuevo fallo. El juez Petrone aseguró en esa ocasión que la resolución del tribunal oral había sido "arbitraria, toda vez que evidencia vicios en su fundamentación, razonamiento y en la valoración de la prueba, con relevancia decisiva para dirimir la controversia planteada; circunstancia que invalida aquel decisorio como acto jurisdiccional válido e impone su descalificación". Diego Barroetaveña acompañó diciendo que el fallo "es portador de defectos que lo invalidan".Sin embargo, el tribunal oral entendió en 2024 que la causa estaba prescripta por el paso del tiempo. La fiscal Fabiana León apeló y llegó a la Casación en busca de la condena, con el argumento de que hay un principio que señala que si uno de los imputados es funcionario y lo sigue siendo, la causa no prescriba a pesar del paso del tiempo, porque se supone que esa condición le da poder para interferir en la investigación.Milani se retiró en 2015 y conserva su estado militar, pero los jueces de la Casación Barroetaveña y Mahiques rechazaron el argumento de la fiscalía y entendieron que no se suspende la prescripción.Petrone, en disidencia, dijo que no se analizó en profundidad "la razonabilidad del dictamen fiscal en cuanto a la configuración, en las particulares circunstancias del caso, del supuesto establecido en el artículo 67, segundo párrafo, del Código Penal", que permite considerar una excepción a la prescripción de la acción penal cuando el imputado es funcionario. Por eso, para Petrone, se debía anular la absolución y remitir la causa al tribunal para que dicte un nuevo fallo, pero quedó en minoría.Así, con esta decisión quedó confirmado el fallo del Tribunal Oral Federal 7 que el 10 de junio de 2024 declaró "extinguida por prescripción" la causa y sobreseyó a Milani por todos los hechos investigados en la causa abierta en 2013.A pesar de haber falseado su declaración jurada de bienes, el exjefe del Ejército César Milani logró la absolución en el juicio que se le siguió por enriquecimiento ilícito debido al beneficio de la duda y a que no había sido inicialmente acusado del delito de insertar datos falsos en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción.Los jueces Enrique Méndez Signori -autor del primer voto- y su colega Fernando Canero, que adhirió, entendieron que había elementos de sospecha para juzgar a Milani, pero decidieron absolverlo porque dijeron que les quedan dudas sobre su culpabilidad.Sin embargo, el tercer juez, Germán Castelli, dijo que no caben dudas de que Milani falseó en dos ocasiones el contenido de su declaración jurada para impedir el control del Estado sobre su patrimonio. El magistrado propicio, en minoría, una condena a dos años de prisión en suspenso.Así se supo cuando se difundieron los fundamentos del fallo que benefició a Milani, tras el juicio oral y público que concluyó el 29 de septiembre pasado.Milani llegó a juicio tras un informe del programa "Periodismo para todos" que reveló su nivel de vida y la casa en la que vive en La Horqueta, y tras las denuncias de la Oficina Anticorrupción, de Elisa Carrió, Gerardo Morales y Graciela Ocaña, entre otros, que señalaron que no podía justificar con sus ingresos la compra de esa propiedad.
Las medidas alcanzaron a dos de sus socios, uno de los cuales es también su primo. El ex legislador de Entre Ríos sigue detenido con prisión preventiva domiciliaria en Paraguay por intento de contrabando de divisas
La investigación que adelanta el órgano de control busca determinar si el hijo mayor del presidente de la República cometió algún tipo de delito mientras era diputado de Atlántico
La exgobernadora había sido denunciada por la diferencia entre el patrimonio manifestado en su declaración jurada y el valor de un departamento que compró en Recoleta. Sin embargo, la Justicia consideró que no cometió ningún delito. Leer más
La ex gobernadora bonaerense había sido denunciada por presuntas "inconsistencias" patrimoniales a la hora de comprar un departamento en Recoleta. El fiscal Ramiro Gónzalez se abstuvo de apelar
La Justicia sobreseyó a la exgobernadora María Eugenia Vidal en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito iniciada en octubre de 2022, a partir de la compra de un departamento.La denuncia había sido presentada por Yamil Castro Bianchi y recayó en el juzgado federal 12, que en ese momento estaba a cargo del juez Ariel Lijo.El denunciante argumentó que Vidal había comprado un departamento en Recoleta por 340.000 dólares a mediados de 2019, después de presentar la declaración jurada correspondiente a ese año, en la cual informó un patrimonio de 95.000 dólares.Según la denuncia, el monto declarado no alcanzaba para justificar la compra del departamento. Vidal justificó la compra con una hipoteca y sostuvo que los ahorros eran "el resultado del trabajo de toda mi vida, de la venta de mi casa anterior cuando me divorcié y de la mitad del auto que tenía con mi ex marido; una mitad de la casa la pagué con eso y la otra, con una hipoteca de 10 años".Las investigaciones judiciales determinaron que "con la prueba reunida, no es posible cuestionar la situación patrimonial de Vidal, ya que no se observa un incremento injustificado de su patrimonio, como sostiene el denunciante".Por ese motivo, el juez Lijo dictó el sobreseimiento en diciembre de 2024."Es evidente que no hubo enriquecimiento ilícito en el caso -enfatizó el sobreseimiento-, pues del análisis de sus declaraciones juradas se desprende que su capacidad económica, complementada por el crédito hipotecario, le permitió adquirir el inmueble mientras ejercía el cargo de gobernadora, disipando así cualquier sospecha inicial".La causa terminó de cerrarse definitivamente ahora, ya que el fiscal Ramiro González no apeló el sobreseimiento y, por lo tanto, quedó firme.
Un ex funcionario de Vialidad Nacional fue procesado por no poder justificar sus bienes. Su ex pareja dio argumentos sobre los que la justicia dijo que "no resisten un mínimo análisis a la luz del sentido común, la lógica y la experiencia"
"Lo único que teníamos que aclarar es el origen. Y lo hicimos", dijo el abogado defensor Miguel Ortiz Pellegrini. Además planteó que la casa en la que su defendido cumple prisión domiciliaria en Villa Dolores es "alquilada". Leer más
La investigación busca esclarecer la declaración de bienes de la expresidenta entre 2009 y 2015, centrándose en sus propiedades en el sur y su vínculo con Austral Construcciones de Lázaro Báez, entre otros aspectos. Leer más
El exfuncionario del PJ fue detenido bajo prisión domiciliaria. La medida se toma en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que comenzó tras un trágico accidente de tránsito ocurrido en octubre de 2022, en el que una mujer perdió la vida y dos adolescentes quedaron con secuelas graves. Leer más
Se trata de Oscar González, un hombre fuerte del PJ cordobés que secundó a José Manuel De la Sota.La resolución la tomó el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.
La Justicia dispuso que el exlegislador cumpla la detención en su domicilio, teniendo en cuenta que tiene 77 años. El fiscal Hairabedian había solicitado la detención y el juez Vaca Narvaja dispuso la medida. Su defensor apelará la decisión. Leer más
De acuerdo con el Ministerio Público, entre el 16 de marzo de 2020 y el 26 de julio de 2021, el exparlamentario habría aumentado su patrimonio en S/ 472.868,67 sin una justificación clara
Lo solicitó el fiscal Maximiliano Hairabedian en una causa derivada de la denominada "Tragedia de las Altas Cumbres". Leer más
Lo resolvió la Cámara Federal de San Martín ante un pedido de su abogado. El ex senador está imputado, además, por lavado de dinero y asociación ilícita. El pedido de la Justicia paraguaya de aclarar los fundamentos del pedido de extradición ya llegó al Juzgado de la magistrada de San Isidro
A "cualquier organismo que lo requiera presentaré mi declaración jurada, como cada año", aseguró el legislador más rico de la Cámara baja, antes de la reunión que mantuvieron los "alidos" con Guillermo Francos. Leer más