La declaración fue hecha por el doctor que armó el equipo médico que operó al exjugador de su hematoma subdural. También relató la violenta pelea que presenció entre el neurocirujano Leopoldo Luque y el abogado Víctor Stinfale antes de que se realizara la intervención. Leer más
Rodolfo Benvenuti es médico desde hace 25 años. Su especialidad es la cirugía. Tiene una relación de confianza y amistad con el abogado Víctor Stinfale, ya que tuvo a su cuidado la salud de sus padres. Por ese conocimiento, acompañó al letrado amigo de Diego Armando Maradona a la Clínica Olivos, en momentos en que el astro mundial de fútbol estuvo internado y operado de un hematoma subdural en la cabeza, a principios de noviembre de 2020, y donde se decidió el trasladado a una casa alquilada en el barrio privado San Andrés, en Tigre. Hoy Benvenuti fue el primer testigo de la décima tercera audiencia del juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, donde se debaten las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona, jornada que comenzó a las 11.27, tras un largo retraso de la hora establecida. En parte de su testimonio, Benvenuti habló en primera persona del plural. En referencia a él y Stinfale, sobre todo cuando se decidió lo que se denominó "una internación domiciliaria"."Hicimos mucho hincapié en las características de la internación domiciliara, que debía tener ciertos requisitos importantes para que no tuviera complicaciones o para poder atajar posibles complicaciones. Maradona no era un paciente común. Había que hacer mucho más de lo que se hace habitualmente en una internación domiciliaria", sostuvo el testigo. El cirujano hizo referencia a la necesidad de tener un médico clínico, un neurólogo y control cardiológico. Todo sostenido con equipamiento.Y, ante una pregunta específica del fiscal Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro a cargo de la acusación pública, Benvenuti dijo con vehemencia: "En un paciente como Maradona tendría que haber estado el máximo de las necesidades para estar un paso adelante de las complicaciones"."Temí que terminara a las trompadas"El cirujano, comenzó su declaración recordando los momentos previos a la operación del hematoma subdural, intervención hecha en la Clínica Olivos el 3 de noviembre de 2020.Benvenuti acompañó a Stinfale a la Clínica Olivos. Primero, el abogado le pidió que averiguara sobre los antecedentes médicos del neurocirujano Leopoldo Luque, quien quería intervenir quirúrgicamente a Maradona y uno de los siete sospechosos que es juzgado por el delito de homicidio simple con dolo eventual."Investigué con conocidos los antecedentes médicos de Luque y me refieren que era neurocirujano, pero se especializaba en operaciones de columna. Entonces le dije a Stinfale que si la operación era del cerebro lo tenía que operar alguien que hiciera intervenciones de cerebro", recordó el testigo bajo juramento de decir la verdad.Benvenuti y Stinfale conocieron a Luque cuando ingresaron en la habitación que ocupaba Maradona en la Clínica Olivos."En líneas generales, Stinfale empezó a hablar con Luque de lo que le estaba pasando a Diego. [El neurocirujano] le explicó la patología y que había solicitado una tomografía. Presencié un paciente muy difícil, no quería que le hagan una tomografía, se quería ir y no quería que lo atiendan", dijo Benvenuti.Finalmente, fue el médico amigo de Stinfale quien convenció a Maradona de que se haga el estudio, lo hizo después de una "chicana" futbolística. Diego puso una serie de requisitos, como que no haya gente en los pasillos. Después hubo una discusión sobre cómo se organizaba y quién operaba a Maradona. "Stinfale tuvo un cruce muy fuerte con Luque. Luque insistía que quería operar a Maradona y le decía a Stinfale que le sacaba la oportunidad de su vida. Temí que terminara a las trompadas", recordó Benvenuti.Stinfale, según el testigo, le espetó: "No me interesa si vos ponés tu nombre en la cirugía, a mí me interesa que lo opere el mejor".Finalmente, Luque entendió que no iba a operar a Diego. Stinfale y su cirujano amigo le pidieron un "equipo de excelencia" y todo transcurrió con profesionalidad.Después, durante varios minutos, Benvenuti hizo referencia a una reunión donde se definió que el trasladado de Maradona a la casa alquilada en Tigre de la que participaron la familia de Maradona, Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, otra de las acusadas que es juzgada en el juicio."Cosavochov dijo que estaba en tratativas con Swiss Medical y que se estaban encargando de todo lo que iba a necesitar Maradona", sostuvo el testigo.Ante una pregunta puntual del fiscal Ferrari de que se debía hacer si Maradona se negaba a ser atendido u observado, sin dudar, Benvenuti dijo: "Dar por finalizada la internación domiciliaria y llevarlo a una clínica u hospital".Maradona, finalmente, murió el 25 de noviembre de 2020 en la casa de San Andrés de Giles.
El proceso judicial de Daneidy Barrera Rojas incluye recolección de pruebas, informes institucionales y una revisión de su caso por resocialización
Tres facultativos de la prestadora de salud a cargo de los cuidados domiciliarios declararon que se redujeron los controles médicos esenciales y que no se solicitó equipamiento adecuado para el astro del fútbol. Leer más
La defensa de la acusada persiste en su intención de que Felicitas Alvite finalice su detención carcelaria a la que reconocen inconstitucional, pero las impugnaciones de la familia de Rubén Walter Armand, a quien atropelló y mató, le cierran el paso a esta posibilidad.
Los abogados del caso de Felicitas Alvite, más conocida como la Toretto, insisten en la prisión domiciliaria otorgada por la Justicia y presentaron un nuevo recurso en rechazo de las impugnaciones por parte de la familia de Walter Armand, a quien asesinó en la ciudad de La Plata en marzo del año pasado.En diciembre de 2024, el Tribunal de Casación Penal ordenó que a Felicitas se le diera la prisión domiciliaria. En enero, la Cámara de Apelaciones aceptó ese pedido, pero una nueva apelación de la otra parte frenó este reclamo con el argumento de que la medida no estaba "firme".Para los abogados ya hay una decisión clara de Casación que no puede ser ignorada, y que la negativa de la Cámara a hacerla cumplir es un tecnicismo sin fundamento legal. "Es como decir que no se puede cumplir una orden porque falta un sello", se menciona en el documento.En el escrito que presentaron esta semana, los letrados señalan que mantener a Felicitas en una cárcel es inconstitucional y violento, porque todavía no hay una condena. "Está en estado de inocencia y lo que están haciendo es castigarla por adelantado", explicaron a la agencia Noticias Argentinas. También remarcan que la detención viola normas de la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos.Por esa razón, pidieron formalmente que el caso vuelva a tratarse en el Tribunal de Casación y que se ordene que la joven cumpla el arresto domiciliario, como ya se había dispuesto hace meses.La joven, de 21 años, se hizo hacía llamar "la Toretto", en referencia al personaje principal de la serie de películas Rápidos y Furiosos.Por el momento, Alvite está detenida en una alcaidía bonaerense, el mismo lugar donde se encuentran los jóvenes condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa.El expediente ya está elevado a juicio. Ella está imputada del delito de homicidio simple con dolo eventual.La madrugada del crimenEl 12 de abril pasado, a las 2, cuando conducía un VW Gol Trend de un amigo, Alvite cruzó la bocacalle de 13 y 532 con el semáforo en rojo y embistió a Walter Rubén Armand, de 36 años, que circulaba en una moto Bajaj Boxer. El motociclista falleció en el acto.Según la acusación del fiscal Padovan, Alvite y la conductora de un Peugeot negro que iba a la zaga conducían en exceso de velocidad y de manera temeraria "a pesar de que la zona es de una gran afluencia por ser el centro de la ciudad", eludiendo a otros vehículos detenidos y sin importar poner en riesgo la vida de terceros."Cuando vi la moto ya la tenía arriba mío, no la vi en ningún momento, no sé de dónde salió, y ahí fue el impacto. Me quedé en estado de shock, se me reventó todo el parabrisas y parte del techo arriba y como que me quedé muy shockeada y no tenía reacción; sentí que me había subido al pasto, a la vereda, y que el auto volvía a bajar. Esto lo vi después, cuando ya había bajado, porque en ese momento yo estaba muy shockeada y cuando me di cuenta de que tenía que frenar, frené y puse balizas y me quedé dura; me di cuenta de que tenía que frenar y apreté el freno. Empecé a caminar para donde estaba el hombre [la víctima] y lo vi, había mucha gente alrededor y me decían que no lo tocara, que ya habían llamado a la ambulancia ellos también y yo lo vi ahí tirado y como que gritaba, yo no lo podía creer. Llamé a mi amiga Valentina por teléfono y desesperada le dije que había chocado, que viniera rápido y me preguntó dónde estaba y yo le dije que no sabía. En mi vida me imaginé que iba a pasar esto", sostuvo la joven cuando fue indagada.La secuencia de los hechos quedó registrada en filmaciones del sistema de cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata.
La mujer rescatada continúa su proceso de recuperación, enfrentando no solo las secuelas físicas, sino el desafío de reconstruir su vida junto a sus hijos
Félix Gallardo cumple una sentencia de 40 años por tráfico de cocaína, acopio de armas y cohecho, y una segunda de 37 años por el asesinato de Kiki Camarena
Se trata de Mario Schiter, especialista en medicina crítica y terapia intensiva que viajó especialmente desde Madrid para declarar en el juicio.Lo atendió durante su internación por adicciones en Cuba, en 2000.Aseguró que el líquido en el abdomen del "Diez" se acumuló "tres o cuatro días" antes de la muerte.
Según explicaron las autoridades, Denilson Alberto Herrera Brito, como fue identificada la víctima, tenía antecedentes por uso y porte ilegal de armas en Medellín
El pasado viernes se llevó a cabo la primer audiencia de Carlota "N" y sus dos hijos, detenidos tras asesinar a dos hombres en Chalco, Estado de México
Francisco Bernate aseguró que la 'influencer' Daneidy Barrera es candidata para que se le aplique la Ley de Utilidad Pública, una política con enfoque de género para mujeres cabeza de hogar
La ministra Ángela María Buitrago recordó que solo los jueces pueden autorizar el beneficio, tras la petición presentada por la defensa de la reclusa, que denunció abusos sexuales en la cárcel El Pedregal
Quienes deseen acceder a este tipo de pena deberán pagar la suma de $7.117.500. Mientras tanto, los condenados continuarán gozando de la libertad hasta que no quede en firme la condena
El juez Ángel Longarte rechazó el pedido de la defensa de José Figueroa, que pretendía internarse en su casa en el barrio El Tipal, tras una cirugía por una fractura de tobillo.
El exsecretario de Transporte de la Nación seguirá en la cárcel cumpliendo la condena por la tragedia de Once
Pese a que el acusado no aceptó los cargos imputados por acceso carnal violento, las pruebas en su contra fueron suficientes para que se ordenara su captura
Según el creador de contenido, el profesional de la salud no utilizó guantes durante la revisión, manipuló a las mascotas de la casa y tuvo problemas de higiene en el baño de la residencia
La Junta Médica del Servicio Penitenciario de Salta, determinó que Teruel puede continuar su recuperación en la Unidad Carcelaria N°1 Leer más
El beneficio le había sido otorgado el 15 de enero por el juez de ejecución en feria, Rodolfo Quinteros, quien argumentó que determinó la medida "para evitar condiciones de hacinamiento que incrementen el riesgo de sobreinfección" ante un problema de salud que padece.
Lo dispuso el juez de ejecución de la pena. Entendió que el juez de feria tomó un decisión "anticipada y fuera de rito procesal" el permitirle cumplir la condena en su casa. El beneficio fue solicitado por la defensa del joven, por una inflamación en un dedo del pie.
La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de Lázaro Báez en reclamo de su libertad en la causa conocida como "la ruta del dinero k". El máximo tribunal rechazó la queja que la defensa del empresario kirchnerista había presentado en un desprendimiento del expediente principal, donde el dueño de Austral Construcciones fue condenado por lavado de activos agravado.El Tribunal Oral Federal 4 había resuelto mantener el arresto domiciliario de Báez con una tobillera electrónica, pero la defensa se quejó, apeló y la Cámara de Casación Penal rechazó ese pedido y el recurso extraordinario. Acudió entonces en queja a la Corte Suprema.Según los argumentos de la defensa, el fallo que cuestionó era equiparable a una sentencia definitiva y lo resuelto implicaba mantener el estado de prisión preventiva de Báez por fuera de los plazos fijados por la ley y los organismos internacionales, cuando además no había un pedido del Ministerio Público para prolongar la medida.Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, la Corte Suprema rechazó el recurso porque la presentación no cumplió con requisitos formales. Báez fue detenido el cinco de abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello en la causa de la "ruta del dinero K" por lavado de dinero. Desde entonces y hasta julio de 2020 estuvo preso en la cárcel federal de Ezeiza. Luego le otorgaron la prisión domiciliaria en una vivienda de la provincia de Buenos Aires.En febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Báez a doce años de prisión por lavado de dinero. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia, pero redujo la pena a diez años y absolvió a sus dos hijas.La segunda condena llegó en diciembre de 2022, a seis años de prisión, por las obras públicas que recibió para la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En ese juicio, conocido como Vialidad, la expresidenta también fue condenada a seis años de prisión. El fallo fue ratificado el año pasado por la Cámara Federal de Casación.En junio de 2024, el empresario también fue condenado por apropiación indebida de los aportes de sus empleados en Austral Construcciones y otras empresas. El Tribunal en lo Penal Económico 3 lo condenó a una pena de 3 años y medio.En agosto de 2024, Báez fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel por lavado de dinero relacionado con la compra del campo El Entrevero, de 152 hectáreas, en José Ignacio, Uruguay.
El beneficio se les había otorgado hace un mes, pero la falta de tobilleras complicó la operación. Claudio y Facundo Albini están acusados de haberse apropiado sueldos de empleados 'ñoquis'. Leer más
La justicia platense revocó la prisión domiciliaria que había beneficiado al exconcejal massista Facundo Albini y a su padre, el exsubdirector de personal de la Legislatura bonaerense Claudio Albini, ambos acusados de haberse apropiado de los sueldos de empleados "ñoquis" de la Legislatura provincial junto a Julio "Chocolate" Rigau.Rigau consiguió estar preso en su casa con una tobillera electrónica. Fue detenido mientras retiraba dinero de cajeros del centro de La Plata con 48 tarjetas de débito ajenas.El mismo beneficio habían obtenido los Albini, pero ahora la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata revocó esa decisión y ordenó que sigan en prisión preventiva en las condiciones que tenían hasta ahora.Esto fue a pedido de la fiscal Betina Lacki, que argumentó que la decisión de mandarlos a la casa era arbitraria y no estaba motivada. Dijo que no se habían valorado correctamente las circunstancias personales y procesales de los imputados, "especialmente su rol jerárquico dentro de la organización criminal".Pablo Secchi, de Poder Ciudadano, también impugnó la decisión, argumentando que se aplicaron incorrectamente los argumentos utilizados en el caso de Rigau, pues los Albini tenían un "rol jerárquico" en la organización de recaudación de fondos para la política.El tribunal destacó que Claudio Albini estaba en la cúspide de la estructura delictiva y que Facundo Albini tenía un rol intermedio, lo que los ubica en un lugar de mayor riesgo de obstrucción de la justicia.Los riesgos procesales, como la posibilidad de fuga y la obstrucción de la investigación, no se neutralizan con el arresto domiciliario, dijeron, y mencionaron que al revocar el arresto domiciliario y mantener la prisión preventiva aseguraban la integridad del proceso judicial.Rigau fue detenido el 9 de septiembre del año pasado y así se inició esta causa. Y los Albini fueron arrestados el 23 de noviembre de 2023 y desde entonces están tras presos, procesados con prisión preventiva.La prisión domiciliaria había sido dispuesta por el juez Guillermo Atencio.Rigau y los Albini afrontarán un juicio oral, acusados de haber desviado al menos 464 millones de pesos de las arcas públicas, con la complicidad de 48 "ñoquis" y empleados "fantasma" de la Legislatura bonaerense, durante años.Tal como informó LA NACION, pese a lo investigado por la Justicia, la Legislatura mira para otro lado: completó una "investigación preliminar" plagada de lagunas e inconsistencias, pero en la que descartó que se hubieran cometido "irregularidades" -mucho menos delitos-, elogió el "buen desempeño" y el "compromiso laboral" de los empleados que la Justicia considera "ñoquis", y hasta desechó un "perjuicio" económico para el Estado bonaerense, según consta en esas actuaciones cuya copia obtuvo LA NACION.La investigaciónLa investigación está a cargo de la fiscal platense Lacki y del juez Atencio. "Chocolate" fue liberado, después de 13 días preso, por una disposición de los camaristas platenses Alejandro Villordo y Juan Benavides, pero tras el estrépito público que generó, el fallo fue revocado y Rigau volvió a prisión el 14 de octubre del año pasado. A fines de diciembre, le otorgaron la prisión domiciliaria.Cuando la Justicia confirmó la prisión preventiva de los Albini, ellos pretendieron deshacerse de una mansión de 481 metros cuadrados en un barrio cerrado sobre la ruta 2, mediante una venta simulada de la propiedad.Tanto la fiscal Lacki como el juez Atencio consideran que los ñoquis, "Chocolate" Rigau y los Albini serían apenas los niveles iniciales y medios de un entramado delictivo cuyos máximos responsables continúan en las sombras, desde donde buscan controlar los daños.
CÓRDOBA.- El exvicegobernador de Córdoba entre 2011 y 2013 Oscar González (Partido Justicialista) quedó en prisión domiciliaria con tobillera electrónica por orden del juez federal Hugo Vaca Narvaja. El pedido lo realizó hace unos días el fiscal federal Maximiliano Hairabedian al imputarlo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en el marco de una investigación que se desprendió del accidente que protagonizó en octubre del 2022 en el que una mujer murió y dos adolescentes quedaron con secuelas de gravedad.La denuncia por enriquecimiento y lavado la realizó la legisladora provincial Luciana Echevarría. Se fundamentó en que después del accidente, familiares de González se acercaron a buscar pertenencias del vehículo, aparentemente dinero. El fiscal Hairabedian inició una investigación y detectó una cantidad importante de inmuebles de los cuales González se negó a explicar el origen y que más tarde los traspasó a sus hijos.González, de militancia peronista, se sumó a la Renovación de José Manuel de la Sota en los años '80. En 1987 se convirtió en diputado provincial y, dos años más tarde, fue electo diputado nacional por Córdoba.En la presidencia de Carlos Menem ocupó los cargos de secretario de la Tercera Edad y también de Acción Social. En esos años se distanció de De la Sota. Al final del último período de Menem fue nombrado secretario de Comunicaciones. En 1995 fue candidato a vicegobernador de Córdoba acompañando a Guillermo Johnson.En 1999, por segunda vez, fue elegido diputado nacional, pero terminó en Córdoba como ministro de Gobierno de De la Sota, cargo que dejó en 2001, cuando nuevamente integró la lista de diputados. En la última gestión de De la Sota fue jefe de Gabinete. Schiaretti, en 2011, lo designó en Salud.Dos años después volvió a la Legislatura provincial; hombre fuerte en el departamento San Javier, hábil y conocedor de la política, se encargó de tejer vínculos desde la Unicameral. Además de ser presidente del cuerpo, integra el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Fue él quien consiguió el acuerdo con el Poder Judicial para que la Legislatura usara autos que estaban secuestrados en distintas causas, como el que él manejaba el día del choque.El accidenteEl 29 de octubre del 2022, al volante de una camioneta BMW X1, González chocó de frente en el camino de las Altas Cumbres contra un Renault Sandero conducido por la docente Alejandra Bengoa, de 56 años, quien murió a causa de las graves lesiones sufridas. Quedaron con graves heridas la hija de la mujer, Marina, y una amiga, Alexa, que entonces tenían 14 años.Alexa quedó parapléjica. En la única entrevista que dio -la hizo el periodista Andy Ferreyra, elegido por la familia para no optar por ningún medio en particular- dijo: "Solo vi el auto irse encima de nosotras y nada más".El BMW X1, que manejaba González, había sido entregado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba a la Legislatura; es decir integraba la lista de los vehículos judicializados -fue incautado por robo y tenía la patente clonada- y fue cedido en 2019 a la Legislatura.Según explicó la Justicia, sabían que la patente estaba clonada, pero la ley provincial 8550 (que rige el sistema) establece que el vehículo "debe seguir circulando en las mismas condiciones en las que fue incautado". La "responsabilidad de circulación y seguro corresponde al organismo al que le fue entregado", añadieron fuentes judiciales.El dominio colocado en la BMW X1 era el de un auto inscripto en Quilmes que incluso estuvo en poder del exarquero de Racing, River, Vélez y Gimnasia de La Plata Gastón Sessa, quien contó que recibía multas desde Córdoba a pesar de no haber viajado a esta provincia con ese vehículo. Cuando se detectó que había una camioneta "melliza", el deportista devolvió la suya. El exlegislador está procesado por la Justicia federal como supuesto depositario infiel continuado de un vehículo judicializado.
Luego de ser condenado por abuso sexual, Lautaro Teruel -hijo de Mario Teruel, cantante de Los Nocheros- recibió nuevamente el beneficio de la prisión domiciliaria por un insólito motivo: una uña encarnada en el dedo del pie. De esta forma, la decisión de los jueces Rodolfo Quinteros y Martín Martínez permitió que el acusado pudiera salir de la cárcel este jueves y transitar la condena en su casa, sin custodia ni tobillera electrónica.Esta no es la primera vez que Teruel y sus letrados solicitan este privilegio. En enero de 2023 -y luego de ser condenado a 12 años de prisión efectiva en 2021 por abusar sexualmente de una joven de 19 años y otra menor de 13- denunció la problemática que sufría y que se había "agravado con el tiempo", lo que llevó a que solicitara que el arresto continuara temporalmente fuera de la cárcel.Según consignó el medio local El Tribuno, su abogado, Juan Casabella Dávalos, explicó que la dolencia comenzó a ser tratada como una uña encarnada pero empeoró a tal punto que su cliente no podía apoyar el pie. También indicó que el germen que provocó la infección "ingresó por una lastimadura en el dedo del pie y se alojó en el hueso", y contó que algunos médicos que lo habían revisado "ya proponían la amputación del dedo" del paciente.Luego de ser sometido a distintos tratamientos e incluso a una cirugía, una junta médica solicitada por el equipo legal del acusado estableció que debía quedarse en la clínica hasta que se cerrara la herida para evitar que volviera a contagiarse. No obstante, Teruel recibió el alta cuatro meses más tarde y volvió a prisión. Allí, según la defensa, la situación "no había sido la adecuada". Casabella Dávalos denunció que el personal del Servicio Penitenciario le puso una cadena en el pie a su cliente, lo que complicó la infección. A raíz de eso, inició una demanda contras las autoridades del penal que terminó con el beneficio de la domiciliaria.En esa oportunidad, el hijo del Nochero pasó a vivir en su domicilio particular con una pulsera electrónica y con el consentimiento de que sería trasladado a una clínica para tratar la afección las veces que fuera necesario. Al cabo de unas semanas, fue el mismo juez de la causa quien decidió revocar el beneficio, luego de que una junta médica indicara que podía seguir en la cárcel.La condena contra TeruelEn 2021, el joven fue condenado a 12 años de prisión por el abuso de sexual agravado en perjuicio de dos víctimas. Durante el juicio, el testimonio de una de ellas resultó impactante: la joven, de entonces 19 años, relató que fue abusada por Teruel desde que ella tenía 10 años y hasta poco antes de cumplir los 13.Asimismo, afirmó que a partir de los 10 años comenzó a autolesionarse, a cortarse los brazos y piernas, y que comenzó a sufrir trastornos alimenticios: dijo que a los 13 o 14 años le diagnosticaron bulimia y anorexia. La joven también mencionó que tuvo intentos de suicidio mediante cortes profundos en los brazos y la ingesta de pastillas.Teruel quedó así imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el daño en la salud de la víctima, en concurso ideal con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de menor de 13 años y por mediar engaño, por una de las dos causas.Respecto de la otra víctima -cuya denuncia fue radicada por la madre de la niña-, su testimonio y declaración no trascendieron al tratarse de una menor de edad.
El exgobernador del estado de Puebla debería estar bajo prisión domiciliaria; sin embargo, se denunció que recibe visitas por parte de políticos y empresarios
Al exsenador y a Guinsel Costa les rescindieron el contrato como consecuencia de las quejas de los vecinos. Fueron trasladados a una residencia en el barrio San Vicente. Leer más
El hombre argumentó que estaba en juego el bienestar de los menores, cuya madre admitió problemas para cuidarlos por su adicción a las drogas. Pobreza, una pensión por invalidez y violencia de género: otros motivos que acompañaron la decisión del TOF 1 de Córdoba
El imputado tenía cinco veces más alcohol en sangre del permitido. Al ser abordado por la policía huyó, agredió a un efectivo y chocó contra un árbol. Ocurrió en San Juan
El fiscal Gustavo Torres Rubelt sostuvo que el juez de Ejecución no fundamentó la decisión judicial de otorgarle el beneficio de detención domiciliaria, ya que no hubo una corroboración del diagnóstico mediante una junta médica ni dispuso controles para contrarrestar el riesgo de fuga.
A días del desembarco de Donald Trump en la Casa Blanca, crece la inquietud por el endurecimiento de las políticas hacia los indocumentados. Ante la promesa del mandatario electo de implementar el mayor plan de deportaciones masivas de la historia de Estados Unidos y los anuncios sobre la intensificación de las redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), las asociaciones de defensa de los migrantes advierten que conocer sus derechos y tener un plan de acción claro resulta vital a la hora de enfrentarse a un operativo domiciliario. Así recomiendan actuar en estos casos.Conocer los derechos básicos: la clave para enfrentar un operativo del ICEAnte la presencia de agentes del ICE en el domicilio, los migrantes tienen derechos que pueden protegerlos frente a posibles abusos o violaciones legales. Uno de los más importantes es el derecho a solicitar una orden judicial.Según organizaciones defensoras de los inmigrantes en EE.UU. es fundamental verificar que esta orden esté firmada por un juez y que incluya el nombre correcto del residente. Sin este documento, los agentes no tienen autorización para ingresar al hogar sin consentimiento.Gladys Vega, directora de La Colaborativa de Chelsea (una organización dedicada a brindar servicios a la comunidad inmigrante latina en Massachusetts), explicó a Telemundo que otra medida esencial es permanecer en silencio. Los residentes no están obligados a responder preguntas ni proporcionar información personal.Cómo actuar en una redada migratoria: los consejos de los especialistasCon el objetivo de preparar a los inmigrantes para actuar en caso de ser sorprendidos por una redada del ICE en sus viviendas, los expertos en derecho de los extranjeros en EE.UU. aconsejan seguir estas medidas:No abrir la puerta. Esta es el primer paso recomendado por los expertos, ya que el hecho de abrirles puede ser interpretado como dar consentimiento para que los agentes ingresen al domicilio.Solicitar ver una orden judicial. En este caso, aconsejan pedir que los guardias deslicen este documento bajo la puerta para revisarlo. Es importante chequear que la orden esté firmada por un juez y que los datos consignados en ella sean correctos.Permanecer en silencio y no responder preguntas.No firmar nada sin asesoría legal: los agentes pueden solicitar firmas en documentos que podrían tener implicaciones legales graves. Consultar a un abogado antes de hacerlo es crucial.Tener una "tarjeta roja" puede facilitar la interacción con los agentes. Este documento, que puede obtenerse de forma gratuita a través de organizaciones sin fines de lucro como Immigrant Legal Resource Center (ILRC), informa a los agentes que el residente conoce sus derechos y no otorgará consentimiento para el ingreso al hogar ni responderá preguntas. Entregarla por debajo de la puerta puede ayudar a proteger los derechos constitucionales de los inmigrantes.Plan de acción y contacto con organizaciones, otras medidas importantesLas recomendaciones de los expertos también incluyen memorizar números de teléfono esenciales, como los de abogados, iglesias y organizaciones defensoras de inmigrantes. Estas entidades pueden proporcionar apoyo legal y logístico en situaciones de emergencia.Según Vega, en caso de arresto, es relevante contar con los siguientes documentos en un lugar seguro y fácilmente accesible:Documentos de identidad válidos: pasaportes, identificaciones consulares o licencias de conducir.Pruebas de residencia (recibos de alquiler, facturas de servicios públicos o contratos de vivienda).Registros familiares: certificados de nacimiento de los hijos nacidos en EE.UU. y constancias escolares.
La justicia bonaerense les otorgó la prisión domiciliaria al exconcejal massista Facundo Albini y a su padre, el exsubdirector de personal de la Legislatura bonaerense Claudio Albini, ambos acusados de haberse apropiado de los sueldos de empleados "ñoquis" de la Legislatura provincial junto a Julio "Chocolate" Rigau, el puntero del PJ que fue detenido mientras retiraba dinero de cajeros del centro de La Plata con 48 tarjetas de débito ajenas.Todos están acusados en la misma causa. Rigau fue detenido el 9 de septiembre del año pasado cuando sacaba dinero de las cuentas sueldo en un cajero automático del centro de La Plata con 48 tarjetas de débito que no eran suyas. Y los Albini cayeron el 23 de noviembre de 2023 y desde entonces están tras las rejas, procesados con prisión preventiva.La prisión domiciliaria fue dispuesta por el juez Guillermo Atencio. Rigau y los Albini afrontarán un juicio oral, acusados de haber desviado al menos 464 millones de pesos de las arcas públicas, con la complicidad de 48 "ñoquis" y empleados "fantasma" de la Legislatura bonaerense, durante años. Tal como informó LA NACION, pese a lo investigado por la Justicia, la Legislatura mira para otro lado: completó una "investigación preliminar" plagada de lagunas e inconsistencias, pero en la que descartó que se hayan cometido "irregularidades" -mucho menos delitos-, elogió el "buen desempeño" y el "compromiso laboral" de los empleados que la Justicia considera "ñoquis", y hasta desechó un "perjuicio" económico para el Estado bonaerense, según consta en esas actuaciones cuya copia obtuvo LA NACION.La investigaciónLa investigación está a cargo de la fiscal platense Betina Lacki y del juez Federico Atencio. "Chocolate" fue liberado a los 13 días de ir preso por una disposición de los camaristas platenses Alejandro Villordo y Juan Benavides, pero tras el estrépito público que generó, el fallo fue revocado y Rigau volvió a prisión el 14 de octubre del año pasado. A fines de diciembre, le otorgaron la prisión domiciliaria.Según información en poder de la Justicia, el desfalco vinculado a "Chocolate" Rigau y sus jefes, Claudio y Facundo Albini, podría ascender incluso a los $800 millones, solo desde enero de 2022 y septiembre de 2023, cuando arrestaron a Rigau en una sucursal bancaria. Cuando la Justicia confirmó la prisión preventiva de los Albini, ellos pretendieron deshacerse de una mansión de 481 metros cuadrados en un barrio cerrado sobre la ruta 2, mediante una venta simulada de la propiedad.El caserón se ubica en el lote 13 "D" del club de campo Miralagos I, a la altura del kilómetro 64 de la autopista que conecta las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata. Albini compró el terreno de 1282 metros cuadrados en mayo de 2011.Pero la detención de Rigau mientras extraía dinero de 48 tarjetas de débito de supuestos empleados de la Legislatura bonaerense sospechados de actuar como "ñoquis" lo trastocó todo. El 23 de febrero, Albini le informó a Sintec SA, la firma desarrolladora de Miralagos, que pretendía cederle su lote a un tercero por apenas US$30.000, cuando inmuebles de similares superficies y características cotizan desde los US$250.000 en ese country, según surge de la información disponible en distintos portales inmobiliarios. La empresa informó a la Justicia y todo se suspendió.El informe oficial también aportó un indicio más que complica a la presunta asociación ilícita que integrarían los "ñoquis", "Chocolate" Rigau y, por encima de ellos, Facundo Albini -también apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa-, y su padre.Tanto la fiscal Lacki como el juez Atencio consideran que los ñoquis, "Chocolate" Rigau y los Albini serían apenas los niveles iniciales y medios de un entramado delictivo cuyos máximos responsables continúan en las sombras, desde donde buscan controlar los daños.
Lo decidió el juez Guillermo Atencio. La medida no será inmediata porque no hay pulseras disponibles. Rigau recibió el beneficio hace tres semanas, pero sigue en la cárcel.