El senador cordobés respaldó con una emotiva intervención la ley que reforma las pensiones no contributivas y actualiza aranceles para personas con discapacidad, vigente hasta 2027. En la misma sesión votó a favor del aumento jubilatorio, pero se opuso a la prórroga de la moratoria previsional. Leer más
El senador nacional por Pro Luis Juez se emocionó al hablar durante el debate por la Ley de Emergencia en Discapacidad debido a su situación personal. Su hija, Milagros, tiene parálisis cerebral. "Convivo hace 25 años con la discapacidad", sostuvo desde su banca antes de votar a favor de la iniciativa que promovió la oposición y que provocó el fuerte rechazo del Gobierno nacional. Desde el principio de su exposición, el senador, aliado de Javier Milei, se mostró sensible y al borde las lágrimas. "Es un tema que me nubla las palabras y me pone mal. Nuestros hijos son invisibles. La sociedad mira pero no mira. Por ahí hay una mirada de lástima", señaló. La iniciativa se aprobó con 56 votos a favor y ningún voto en contra en medio de una tensa sesión que el oficialismo calificó como inválida. Tuvo el apoyo de todos los presentes en la Cámara alta. El proyecto busca garantizar el financiamiento de prestaciones, actualizar mensualmente los aranceles de los prestadores de servicios y reformar el sistema de pensiones no contributivas. Declara la emergencia en todo el territorio nacional hasta 2027."Muchos prestadores cobran menos que un albañil y se van porque la retribución es casi miserable. No tuvieron un solo aumento desde diciembre. Cuando uno consigue un asistente terapéutico y se va porque tiene un salario miserable, después de que empatizó con la criatura, es una angustia monstruosa conseguir alguien que empatice devuelta", reclamó.Juez habló, además, a título personal. Contó su experiencia en las últimas elecciones, donde llevó a su hija Milagros a votar: "Cuando votó en la última elección, estábamos contentos y nos mataron en las redes. Nos decían: dejala en tu casa que están dando lástima. Pasa eso. Vivimos con un ángel en casa, que nos iluminó la vida hace 25 años, pero cuando uno quiere poner en valor esto, la carnicería que es la política te masacra. Te lleva a un lugar extremadamente incómodo".La iniciativa apoyada por Juez tenía media sanción de la Cámara de Diputados y los que reclamaban su aprobación en el Senado se presentaron este jueves frente al Congreso, donde se realizó una marcha. El Poder Ejecutivo, en cambio, la rechaza por su impacto fiscal. "¿Cómo alguien podía pensar que yo, en este tema, podía mirar para el costado? Intento no perder mi consciencia. Esta ley viene a reparar. Una silla de ruedas vale como un auto usado. Y cuando uno quiere acceder a algo tiene que ir por la vía del amparo", explicó.El senador afirmó que en la Argentina cargar con una discapacidad "es algo doloroso" y un tema de "altísima sensibilización". "Nuestros hijos merecen ser mirados e individualizados. El Estado tiene que hacerse responsable y eso no es un gasto. Las obras sociales son complicadas, las atenciones, las cuestiones. Todo es complicado, Pasó en la pandemia", señaló.La situación familiar del integrante de la bancada de Pro tomó fuerte relevancia en la pandemia del coronavirus debido a que denunció que su hija no figuraba para vacunarse: "En la pandemia nuestros hijos no estaban en ninguna lista. Y en mi provincia hubo vacunados VIP. Milagros pudo ser vacunada, pero sus amigos no. Nuestros hijos seguían invisibilizados. Y haber levantado la voz en ese momento significo ser objeto de un montón de faltas de respeto. Pero alguien tiene que hablar por los que no tiene voz".A esta altura de la exposición, Juez ya intentaba contener las lágrimas durante el relato de las diversas batallas que enfrentó junto a su hija y su esposa. El recinto, en silencio, se notaba emocionado, algunos senadores incluso lloraban. "Yo con esta desprolijidad en la exposición, porque no hay una palabra que no me salga del corazón, quiero acompañar esta ley. No importa cuánto afecta o lo que dicen los economistas, nuestros hijos no son un número y se merecen el mismo respeto que tenemos nosotros y los que no tenemos ninguna discapacidad. De esta forma, y lo digo con mucho dolor, voy a acompañar y le voy a pedir a los senadores que acompañemos", concluyó.
La concentración frente al Congreso comenzó a las 11 y el reclamo se mantiene desde el mediodía. A la par de la sesión en el Senado, se multiplican las protestas en distintas provincias como Córdoba, Mendoza, Rosario y Tucumán. Leer más
El Senado de la Nación debate un proyecto de ley que declara la emergencia nacional en discapacidad, en una tensa sesión especial que el oficialismo califica de inválida. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, busca garantizar el financiamiento de prestaciones, actualizar mensualmente los aranceles de los prestadores de servicios y reformar el sistema de pensiones no contributivas. Es rechazada por el Poder Ejecutivo debido a su impacto fiscal.¿Cuáles son las principales medidas del proyecto de emergencia?El proyecto de ley declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Su objetivo principal, según el texto, es efectivizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado asumidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional.Las claves de la iniciativa son:Financiamiento de pensiones: disponer el financiamiento adecuado y sostenible de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad.Apoyo a prestadores: fortalecer a los prestadores de la Ley 24.901 con un régimen de emergencia para la regularización de deudas tributarias y de la seguridad social. Esto incluye la condonación de intereses y multas, y la refinanciación de planes de pago.Actualización de aranceles: implementar la actualización mensual del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, una de las demandas centrales del sector.Financiamiento de la ANDIS: asegurar los fondos para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y sus programas.Empleo protegido: garantizar el cumplimiento de la Ley 26.816 de Empleo Protegido, con la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al Salario Mínimo, Vital y Móvil.Cómo cambia el sistema de pensiones no contributivasUno de los capítulos más relevantes de la ley es la modificación de la Ley 13.478 para crear la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Esta prestación consiste en el pago mensual de un monto equivalente al setenta por ciento (70%) del haber mínimo jubilatorio garantizado, actualizable según la movilidad vigente.Para acceder a ella, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:Acreditar la condición de discapacidad con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).Ser ciudadano argentino o extranjero con una residencia legal mínima y continuada de cinco años.No percibir ingresos económicos netos individuales iguales o superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.No ser titular de otro plan o programa de pensión no contributiva.Aprobar una evaluación socioeconómica realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad.La ley también establece que la pensión será compatible con poseer un vínculo laboral formal o estar inscripto en el Régimen Simplificado, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos. Si se excede ese monto, la pensión se suspende de forma automática, pero no se pierde. El titular podrá solicitar su rehabilitación inmediata cuando finalice el vínculo laboral o sus ingresos vuelvan a estar por debajo del tope.Qué beneficios establece para los prestadores de serviciosEl proyecto busca dar una respuesta a la crisis que atraviesan los prestadores del sistema, como centros de día, transportistas y profesionales de la salud. Para ello, declara de interés público nacional los servicios que brindan en el marco de la Ley 24.901.La medida más significativa es la modificación de dicha ley para establecer que los valores de los aranceles se actualizarán mensualmente conforme al porcentaje mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el INDEC. Adicionalmente, se deberá realizar un estudio de costos anual para ajustar componentes no contemplados en la inflación general.Se dispone una compensación de emergencia por única vez para los prestadores. Esta compensación se calculará sobre la diferencia entre el porcentaje de aumento de aranceles aprobado durante 2024 y el IPC acumulado en el mismo período.Qué otras modificaciones legales incluye la leyLa iniciativa también busca armonizar la legislación argentina con los estándares internacionales. En este sentido, modifica la Ley 22.431 para adoptar la definición de persona con discapacidad establecida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.Se faculta a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para que, en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los nuevos lineamientos para la certificación de la discapacidad, con una concepción multidimensional y dinámica.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
La actriz Valentina Bassi realizó un duro reclamo a los senadores que sesionan este jueves por varios proyectos, entre los cuales se encuentra el de la Ley de Emergencia en Discapacidad.Bassi se acercó a la marcha que se realiza frente al Congreso por la sanción del proyecto que declara la emergencia hasta 2027 y que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. "Es importante que los senadores dejen de ver números y empiecen a ver personas", declaró Bassi en diálogo con LN+. La actriz habló sobre su hijo, Lisandro, que tiene autismo, y para el cual realizó una película este año, llamada Presente continuo, junto al padre de Lisandro y director, Ulises Rosell. Bassi destacó la importancia del financiamiento del Estado de las prestaciones en discapacidad que disminuyeron durante la gestión de Javier Milei y pusieron en alerta a todo el sistema de terapeutas, prestadores de transporte, centros de día e institutos educativos. "Estamos necesitando que los senadores hoy aprueben la ley de emergencia en discapacidad. Hay muchas personas con discapacidad que se están mostrando porque es la única forma de ver que, detrás de las decisiones del Senado, hay personas. No hay números. Hay personas. Y las personas con discapacidad la están pasando muy mal", señaló Bassi. El proyecto contempla la actualización de los aranceles y el pago de una compensación económica a los prestadores por los aumentos no percibidos. De no aprobarse, las escuelas especiales, donde cursan más de 107 mil alumnos.En una entrevista con LA NACION, la actriz había contado sobre el momento en el que se enteró de que su hijo tenía autismo y cómo los médicos llegaron a esa conclusión tras varios diagnósticos erróneos. "Fue bastante de a poco. Ahora los diagnósticos se hacen más temprano, pero cuando Lisandro tenía dos años, no sucedía eso. De hecho, el primer diagnóstico fue Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD)", detalló.Discapacidad: alertan sobre el posible cierre de escuelas especiales por la falta de actualización de los arancelesBassi postergó su trabajo por muchos años para ofrecerle lo mejor a Lisandro en cuanto a tratamientos. Por ello pasó a hacer teatro, para estar con su hijo durante el día y trabajar de noche. Allí, había hablado de que la discapacidad "está en emergencia hace un montón de años". "A veces tengo la sensación que, hasta que no te pasa, no lo entendés. Hasta que no tenés una persona o hijo con discapacidad, o vos mismo tenés una discapacidad, no entendés el quilombo que es. Por eso necesitan apoyos. Las personas con discapacidad tienen derechos, no privilegios", explicó Bassi este jueves en la marcha. Valentina Bassi en LN+Y continuó: "No es un privilegio para mi hijo ir a una escuela especial con profesionales que se prepararon muchos años para darle a mi hijo las herramientas para desenvolverse en la sociedad. Es un derecho por su condición. Y como es un derecho, no puede depender del bolsillo de las familias. Lo mismo pasa con un montón de personas. No es un privilegio ir a una terapia de rehabilitación para ver si puede caminar porque tiene una parálisis cerebral. Tiene que haber igualdad de posibilidades".La actriz comentó que muchas madres de niños con discapacidad le escribieron comentándole el mal momento que están pasando debido a los recortes. La aprobación de la ley, insistió, les permitía "subsistir y sacar la cabeza del agua". "Si cierran las escuelas especiales, ¿a dónde van esos pibes? Cada escuela tiene 150 pibes. Y el apoyo lo necesitan hoy, porque mañana ya es tarde. Si una persona necesita medicación o terapia, es ahora, porque mañana, ya fue. La ley permitiría los mínimos apoyos para poder subsistir", comentó.En la entrevista con LA NACION, la actriz había comentado la importancia de la red de apoyo que se formó alrededor de Lisandro para que se encuentre bien. "La sensación que yo tengo es que mientras esté su familia, su escuela, su acompañante terapéutico, no necesita nada más. Y eso para mí es un refugio", compartió.Este jueves en la marcha, Bassi remarcó su pedido a los senadores: "Es importante ponerse en los zapatos del otro un ratito. Les pido a los senadores: hoy voten la ley de emergencia. Siempre tuvimos que defender nuestros derechos, pero hoy estamos en una situación muy frágil. Pido un poco de empatía".
Más de mil personas se movilizaron en la capital chaqueña para reclamar por la paralización de prestaciones, la caída de pensiones y la digitalización excluyente. Leer más
14.13 | La oposición consiguió el quorum para iniciar la sesiónCon 42 legisladores sentados en sus bancas, legisladores de la oposición consiguieron el quorum para avanzar con la sesión en el Senado para tratar los dos proyectos de repartición de fondos para las provincias y las iniciativas que ya cuentan con media sanción en diputados sobre el aumento a jubilados, prórroga moratoria y la emergencia por discapacidad.
El gobernador integra el grupo de mandatarios que instruyó a sus senadores para no acompañar iniciativas de la oposición, como el aumento a jubilaciones mínimas y la declaración de emergencia en discapacidad, en medio de la disputa por el equilibrio fiscal que defiende el Gobierno nacional. Leer más
Vanessa no puede evitar emocionarse cuando cuenta lo feliz que ve a su hijo Pedro en el Instituto Piedra Libre. "Para el acto del 20 de junio fue abanderado", dice orgullosa.Pedro Núñez tiene 21 años y un diagnóstico de parálisis cerebral. El Instituto Piedra Libre es la escuela de modalidad especial a la que va desde hace dos años. Allí cursa el ciclo de formación integral con orientación en gastronomía, aunque su mamá no sabe bien hasta cuándo. "No sé si Pedro termina el año en la escuela", dice acongojada. La duda no tiene que ver con su hijo sino con la institución que lo alberga y en la que él es inmensamente feliz. Victoria, la directora de la escuela, anunció en una reunión de padres que los costos de mantenimiento se volvieron insostenibles. Si no logran achicar el desfasaje que tienen entre esos costos y los aranceles que perciben, que los referentes del sector ubican entre el 70% y el 80%, hay riesgo de cierre. "Si la escuela cierra, ¿a dónde lo mando?", se pregunta Vanessa con tono desesperado durante una conversación con LA NACION. Ella es consciente de que lo que ocurre en la escuela de su hijo es síntoma de una crisis mucho más profunda. El atraso en los valores de las prestaciones en discapacidad fijados por el Estado puso en jaque a todo el sistema, integrado por terapeutas, prestadores de transporte, centros de día e institutos educativos, entre otros. La mujer sabe que muchas de estas instituciones también corren riesgo de cierre.Por todo esto es que, tanto las familias como las organizaciones y profesionales que brindan servicio a las personas con discapacidad esperan con ansias que el Senado apruebe hoy la ley que declara en emergencia la discapacidad hasta 2027. La norma, impulsada por el diputado Daniel Arroyo, ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y contempla, entre otras variables, la actualización de los aranceles y el pago de una compensación económica a los prestadores por los aumentos no percibidos. "Estamos incorporadas a la enseñanza oficial"La ley 24.901 es la que fija el sistema de prestaciones básicas a las que tiene derecho una persona con discapacidad y que el Estado debe garantizar. En el caso de la educación, garantiza tanto los servicios de apoyo que un alumno necesite para asistir a una escuela de modalidad común, así como las vacantes en las escuelas de modalidad especial, popularmente llamadas "escuelas especiales". Discapacidad. Una guía para conocer las prestaciones, servicios y derechosSegún datos oficiales del último año, en nuestro país hay 107.516 alumnos con discapacidad que cursan en escuelas especiales, tanto de gestión estatal como de gestión privada. "Las escuelas especiales de gestión privada estamos incorporadas a la enseñanza oficial. Nos supervisan igual que a cualquier institución de gestión privada. Tenemos las mismas obligaciones y nos rige la misma normativa", explica María Victoria González, fundadora y directora del Instituto Piedra Libre, una institución que, desde hace 33 años, funciona en el barrio porteño de Villa Urquiza. A diferencia de los colegios de gestión privada de modalidad común, el arancel que reciben las escuelas especiales por cada alumno no lo pagan las familias. Es una de las prestaciones del nomenclador que fija el valor de los servicios que requiere una persona con discapacidad. "Por la ley 24.901, las obras sociales y prepagas tienen la obligación de cubrir todas las prestaciones reconocidas por el nomenclador, pero también, e invocando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tienen derecho a pedir todas las prestaciones y apoyos que la persona requiera para garantizar su vida independiente", explica Belén Arcucci, coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).Actualmente, el arancel que perciben las escuelas de gestión privada que brindan educación especial por una vacante de jornada simple oscila entre $ 309.880 y $ 368.807 más un suplemento de $ 3099,29 para cubrir almuerzo y colación. En el caso de las vacantes de doble jornada, el valor varía entre $ 612.555 y $ 729.225 y debe incluir desayuno, almuerzo y merienda. Hay un aspecto que vuelve insostenible una institución que cobra estos valores por alumno. Se trata de su alta carga de profesionales, tanto docentes como no docentes, en relación a la cantidad de alumnos que asisten. Actualmente, en el Instituto Piedra Libre asisten 44 alumnos. "Tenemos aulas con seis o siete chicos y un plantel de 26 profesionales entre docentes y no docentes para toda la institución. No es lo mismo distribuir los costos cuando tenés aulas de 20 o 30 chicos que cuando tenés aulas de seis o siete", reconoce González. La docente revela que la escuela adeuda el alquiler desde principios de año. En lo que va de 2025, ella no cobró su sueldo. "Las familias se organizaron y empezaron a colaborar con materiales y mercadería. Y empezamos a organizar actividades de recaudación de fondos para gastos de mantenimiento", dice con tono resignado. Tiene dudas de que todo este esfuerzo sea suficiente para que la escuela logre resistir, pero trata de ser optimista."Hay escuelas que están barajando seriamente la posibilidad de salir del sistema de prestaciones y empezar a cobrar cuota. Yo me niego a hacerlo. Eso nos convertiría en una escuela accesible solo para quienes puedan pagarlo", agrega. "Los aumentos nunca llegaron"Fernando Zizzias es el presidente del Grupo de Establecimientos de Educación Especial de Buenos Aires, integrado por 25 de las 35 escuelas de gestión privada que hay en CABA. Cuenta que hace una semana todas las instituciones se reunieron y el panorama fue desolador: todas están en riesgo de cierre. "La mayoría somos micropymes familiares", describe. Zizzias alerta que la falta de actualización de los aranceles impide que las escuelas provisionen entre el 15% y el 20% de sus ingresos para cubrir los gastos de los meses en los que no tienen ingresos. "Las escuelas cobramos a 60 y hasta a 90 días lo que facturamos. Pero como no facturamos ni en enero ni en febrero, no tenemos ingresos en abril ni en mayo. Hacer esta provisión es crucial para poder pagar los gastos esos meses", advierte. El hombre, responsable legal de una escuela especial en CABA, explica que todas las escuelas llegaron a este punto del año tomando deuda a cuenta de futuros aumentos. "Pero esos aumentos nunca llegaron. Si bien estamos acostumbrados a que la relación entre los aranceles y los costos sean una montaña rusa, llevamos 30 meses con aumentos por debajo de la inflación", se queja.El drama trasciende los límites de la Ciudad de Buenos Aires. Aiepesa es una entidad civil que nuclea unas 250 instituciones educativas, terapéuticas y asistenciales de todo el país. Su secretario, Eduardo Maidana, dice que la situación es gravísima en todo el país. "El último aumento fue del 2,31% para octubre, noviembre y diciembre del último año. Desde entonces, los costos siguen aumentando. Solventar los gastos diarios se está volviendo un desafío y en el interior todavía hay menos red", se lamenta. En Villa Urquiza, mientras tanto, las familias que integran la comunidad del Instituto Piedra Libre se preparan para una noche de lotería que la escuela organizará mañana. Lo recaudado será para cubrir gastos. "Soy una optimista empedernida y quiero creer que la ley se va a aprobar. Mi vida está puesta acá -dice Victoria con emoción-. Me niego a pensar que esto es el fin". Más información:Si querés conocer más o colaborar con el Instituto Piedra Libre podés escribir a institutopiedralibre@gmail.com
La ONG internacional advirtió que la reciente modificación a la ley de discapacidad abre la puerta a internamientos permanentes en albergues estatales y contradice acuerdos de derechos humanos firmados por el país
Padecer una discapacidad en la Argentina conlleva enfrentarse a gastos que deberían estar cubiertos por la ley. Voces señalan qué vacíos existen y cuáles son las posibles vías para enfrentarlos. La clave: las prestaciones.
El próximo jueves en el Senado se tratará la emergencia en discapacidad. Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) visitó los estudios de LN+ donde compartió el cuadro de situación del sector y aseguró que "lo que está en debate es si va a haber o no financiamiento para discapacidad".Daniel Ramos, presidente del CAIDIS"Hoy existe un desfinanciamiento grave, muy marcado. Situaciones que se congelaron debido a la inflación", apuntó Ramos. "La gente con discapacidad es la que más problemas tiene para acceder a un trabajo competitivo. Actualmente la única salida que tienen son los talleres productivos", agregó.Sobre esos talleres, Ramos apuntó que hay más de 200 en todo el país, que les permite a las personas con discapacidad, la obtención de un magro ingreso mensual de $28.000, cifra que no se actualiza desde diciembre de 2023. En relación a la falta de trabajo, el titular del CAIDIS subrayó: "Hay un registro del 80% de desocupación de las personas con discapacidad con posibilidades de insertarse en el mercado laboral".Según cifras del INDEC, en la Argentina hay seis millones de personas con discapacidad, de las cuales solo un millón poseen el certificado que cerciora esa condición. "Muchos no buscan su certificado porque lo consideran un estigma, un peso", analizó Ramos. Sin ese certificado, las personas con discapacidad no pueden acceder a prestaciones básicas como el transporte especial. Para Ramos, el eje del próximo debate recaerá en "no dejar desamparadas a cientos de personas. Porque una cosa es decir no tenemos plata, y otra, muy diferente, es decir vamos a ver cómo solucionamos este problema".
Los delincuentes ingresaron al local, encañonaron a los empleados y agredieron a los clientes mientras se llevaban joyas, anillos y relojes. Ocurrió en San Francisco Solano, donde ya cometieron otro hecho con una modalidad similar. Leer más
El Comité alerta sobre obstáculos al acceso a la justicia para mujeres indígenas, pobres y con discapacidad
El legislador chubutense de Unión por la Patria, Carlos Linares, adelantó que también buscarán aprobar el impuesto al combustible y la coparticipación del Fondo ATN.
En caso de que Victoria Villarruel no responda al pedido de sesión y el kirchnerismo logre reunir los números, la vicepresidenta se vería forzada a abrir el recinto. Leer más
La decisión revoca parcialmente la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de esa localidad, que inicialmente rechazó la pretensión de la parte arrendadora al considerar que no se había respetado el preaviso legal exigido por la Ley de Arrendamientos Urbanos
"Creo que todavía no se nota", decía. Tardó mucho tiempo, pero un día se animó, contó que su hijo tiene un trastorno del espectro autista y sintió un alivio muy profundo. Cómo fueron los primeros años sin diagnóstico, cultivar la paciencia, sepultar la vergüenza. El día que Lisandro se escapó al bosque, la desesperación y el miedo que no se van nunca más. El desafío de ser mamá de un chico diferente en un presente continuo
Con apoyo de radicales y el PRO, la Comisión de Presupuesto y Hacienda sesionó sin el oficialismo y convocó a tratar los proyectos en el recinto. La sesión especial fue solicitada para el 10 de julio. El Gobierno anticipó que no reconocerá la validez del encuentro. Leer más
Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), dijo que es fundamental incrementar el presupuesto del sector, muy golpeado por las políticas de ajuste que puso en marcha el Gobierno.
Las primeras tres iniciativas fueron aprobadas por Diputados y el Ejecutivo ya anunció vetos. El último tema deberá ser votado y girado para su sanción en la Cámara baja
Un conglomerado anti oficialista se autoconvocó en la comisión de Presupuesto y Hacienda y dictaminó los tres proyectos. Para este sector, quedaron habilitados para una potencial sesión la semana próxima. La postura libertaria
La oposición ahora exige tratar las propuestas en las comisiones paralizadas por el oficialismo. Esta semana, también se dictaminaron proyectos jubilatorios.
El contador chaqueño acusado de liderar una red de facturación trucha y lavado de dinero recibió el beneficio de la prisión domiciliaria por orden del Juzgado Federal de Resistencia. Leer más
Con la nueva implementación, se estima que más de 18 mil personas con discapacidad residentes en Lima y regiones podrán realizar trámites de manera oportuna y digna
Polémico proyecto de ley plantea que familiares de personas con discapacidad severa en pobreza puedan ocupar su lugar en la cuota laboral
La organización Yo También documentó la ausencia de datos oficiales sobre esta intersección; exhorta al INEGI a incluir esta variable para mejorar el diseño de políticas públicas
En su última sesión, la Cámara de Diputados de Salta pidió al gobierno provincial que reglamente la modificación de este órgano, y lo constituya. Más del 10% de la población salteña tiene algún tipo de discapacidad. La diputada Carolina Ceaglio destacó que con un gobierno nacional que limita derechos de estas personas, el Consejo es aún mas necesario.
El trámite se realiza en línea, exige documentación vigente y registro en bases oficiales, permitiendo respuesta inmediata y facilitando la movilidad de quienes requieren atención diferencial
No hay convocatoria de las comisiones para discutir los proyectos que ya tienen media sanción de Diputados. Villarruel sobre abre el recinto de la Cámara alta este jueves para el informe de Francos, que ayer reiteró la amenaza presidencial del veto a los gobernadores que reclaman recursos y el conflicto reduce el número de aliados que puedan ratificar la decisión de Milei.
El kirchnerismo en el Senado acelera la sanción de tres proyectos incómodos para Javier Milei: una recomposición de los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional -vencida en marzo- y una compensación de emergencia para los prestadores de servicios de discapacidad. El objetivo es claro: forzar al Presidente a vetar iniciativas sensibles en plena campaña electoral.Milei ya impugnó iniciativas similares y anticipó que volverá a hacerlo, amparado en su cruzada contra el déficit fiscal. Pero detrás de cada eventual veto asoma otro riesgo: el Gobierno necesita luego el respaldo de un tercio del Congreso para sostener esas decisiones, una mayoría que hoy no tiene asegurada ni en Diputados ni en el Senado. En concreto, uno de los proyectos propone compensar con un 7,2% los haberes de los jubilados y aumentar el bono de $70.000 a $110.000. También estipula que los giros a las cajas previsionales provinciales no transferidas sean automáticos y actualizados por inflación. Otro reinstaura la moratoria previsional por dos años para que personas en edad de jubilarse puedan hacerlo aunque no hayan completado los 30 años de aportes. El tercero impulsa la declaración de emergencia nacional en discapacidad hasta 2027 que implica, en líneas generales, la actualización de aranceles para los prestadores de servicios.En la Cámara alta, con Victoria Villarruel al frente en lo formal pero con escaso control real, los libertarios cuentan apenas con seis bancas. Frente a la avanzada opositora, el oficialismo busca dilatar el debate en comisiones. La tarea no será sencilla: tras dos semanas de movilización, el kirchnerismo volvió a activar su músculo parlamentario y retomó la iniciativa en el Senado."Esta semana deberíamos poder darle despacho a todo", evaluó un referente de Unión por la Patria (UP), y remarcó: "La voluntad no es solo del peronismo, sino de la mayoría de la Cámara".El clima político lo anticipó Anabel Fernández Sagasti, una de las espadas legislativas de Cristina Kirchner, que fijó un tuit desafiante de principios de junio. Allí respondió a Milei: "No se te vio tan preocupado por el déficit cuando le aumentaste 1500% los gastos turbios de la SIDE", le reprochó frente a sus advertencias sobre los próximos vetos.No se te vio tan preocupado por el déficit cuando le aumentaste 1500% los gastos turbios de la SIDE. https://t.co/lWr03QiCLv— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) June 5, 2025Las iniciativas ya cuentan con media sanción de Diputados y sólo requieren el aval del Senado. Para al menos dos de ellas, los votos están. La moratoria previsional, en cambio, enfrenta resistencias dentro de sectores no peronistas. Pero el mayor obstáculo es la negativa oficialista a habilitar el debate en las comisiones de Presupuesto -que conduce el libertario Ezequiel Atauche, operador clave de Santiago Caputo- y de Trabajo, a cargo de Carmen Álvarez Rivero (Pro), aliada de Patricia Bullrich. "Esta semana no", respondieron fuentes cercanas a ambos ante la consulta de LA NACION.Pero el kirchnerismo ya explora un plan B. Con sus 34 senadores propios, trabaja para reunir los dos tercios (48 votos, si estuvieran los 72 legisladores presentes) que le permitirían forzar el tratamiento y la sanción de las leyes directamente en el recinto, sin necesidad de despacho de comisión. La orden de avanzar surgió de Cristina Kirchner en la reunión partidaria del PJ previa al fallo de la Corte Suprema, y la ratificó luego el jefe de bloque José Mayans: "Se inició esta semana una nueva resistencia peronista. Volver para que el pueblo argentino tenga políticas públicas distintas a las de Milei, basadas verdaderamente en la dignidad de las personas en nuestra patria".Los aliados del Gobierno en el Senado buscan desarticular la ofensiva. El martes por la tarde habrá una reunión con todos los bloques, a excepción de UP, para evitar imprevistos cuando se vuelva a abrir el recinto. El salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) motoriza junto a otros referentes provinciales una sesión con temas pendientes. Estará condicionada al compromiso del resto de los bloques de no acoplarse a una posible jugada del kirchnerismo para avanzar con los proyectos incómodos para Milei. El riesgo del vetoEn Diputados, el aumento previsional se aprobó con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. La votación expuso fisuras en la coalición legislativa que sostiene al Gobierno: parte del radicalismo que lidera Rodrigo De Loredo y un sector de Pro rompieron la alianza con Milei. El oficialismo quedó lejos de los 87 votos necesarios para sostener un veto.La abstención del núcleo macrista de Pro -entre ellos María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato- encendió alarmas. En medio de las negociaciones para un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires, la atención recae sobre Cristian Ritondo, jefe de bloque y principal articulador del diálogo con los libertarios, atrapado entre las internas de Pro y las exigencias del oficialismo nacional. Mientras Karina Milei -con el control de las listas- exige "pureza" en los armados, Caputo busca preservar la gobernabilidad en el Congreso y evitar rupturas innecesarias con los aliados parlamentarios.En el Senado, el margen es todavía más estrecho. El kirchnerismo está a solo 14 votos de reunir la mayoría calificada que lo habilitaría a avanzar sin frenos. Observa de cerca las conversaciones entre libertarios, Pro y radicales, mientras espera que el cierre de listas bonaerenses deje más heridos que aliados.
El oficialismo no convocó todavía a las comisiones y sin dictamen la oposición necesita dos tercios para aprobarlo directamente en el recinto.El Gobierno sabe que si veta no cuenta con los "87 héroes" que lo ayudaron a blindar en Diputados los vetos el año pasado.
En la Casa Rosada creen que la oposición conseguirá aumentar las jubilaciones y los fondos para discapacidad y que sostener los vetos presidenciales a esas leyes será difícil.
La falta de oxígeno durante el proceso causó lesiones cerebrales profundas e irreversibles
Valentina contó públicamente que nació sin una oreja. La conductora de televisión respalda la valentía de la adolescente y destaca su madurez y entereza
Valentina Carmona reveló por primera vez que nació sin una oreja y explicó que usa una prótesis auditiva. La conductora reaccionò al escuchar a su hija hablar abiertamente sobre el tema
"La discapacidad no siempre te hace más resiliente", dice Elizabeth Aimar. Su ejemplo y, sobre todo, el de su hijo, Juan Agustín Prado, parecen desmentir esa idea. Él nació hace 27 años con parálisis cerebral severa y un diagnóstico desesperanzador, que no incluía nada de lo que hace hoy: vivir solo, ir a la universidad, visitar familiares, practicar un deporte, aspirar a un trabajo. Ella, abogada, se convirtió en activista por los derechos de las personas con discapacidad: enseña Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires y fundó en 2023 la Red de Asistencia Legal y Social (RALS), desde donde impulsan el acceso a derechos del colectivo.Desde su experiencia como persona con discapacidad y madre, y como activistas, ambos dialogan con LA NACION y destacan que la crisis que vive el colectivo hoy trasciende los valores del nomenclador, el listado que fija cuánto se pagan las prestaciones (como una sesión de kinesiología, una maestra integradora o el kilómetro de un transportista), cuyos últimos aumentos fueron en 2024: 1% en octubre, 0,8% en noviembre y 0,5% en diciembre. Hoy, por ejemplo, una sesión de psicología se paga 12.370 pesos.Pero más allá de que esto pone en jaque las prestaciones, también hay, denuncian, un retroceso ideológico que amenaza las conquistas y la concientización que se había logrado en el último tiempo en relación a los derechos de las personas con discapacidad. â??Los reclamos por atrasos en el nomenclador son recurrentes. ¿Qué cambió ahora e hizo que el colectivo se movilizara más?Elizabeth: â??Todo esto siempre estuvo desfasado. Los prestadores de discapacidad siempre soportaron no cobrar al día. Tienen naturalizado cobrar cada tres meses. Pero desde noviembre están muy retrasados. Con semejante atraso, ¿vos trabajarías así? ¿Cómo se sostienen? Terminan reduciendo las terapias o los lugares a donde transportan. Y todo esto va en desmedro de la calidad de las prestaciones que ayudan a la inclusión.Juan: â??Me preocupa el colectivo de personas con discapacidad en tanto que puedan garantizarse sus derechos a la salud, educación, esparcimiento. Hay un retroceso en varias cuestiones que la sociedad ya tenía resueltas, como presupuesto universitario, que a mi también me afecta porque curso en una universidad pública. También en el acceso a la salud o en apoyos a personas con discapacidad. Aunque faltaba continuar trabajando, hoy solo desfinancian todo aquello que provenga de la gestión pública con el argumento de que no es un servicio de calidad. Más allá de que siempre fue un sector rezagado, ahora muchas personas se encuentran con tratamientos reducidos o deben cambiar profesionales de la salud de manera constante y esto perjudica la evolución en los tratamientos.A Juan le pasa como a la mayoría. Cuando el nomenclador queda atrasado, el prestador suele plantear dos opciones. O reducir la prestación o pedir un pago adicional, algo que se conoce en el colectivo como "diferencia". "Todo esto está institucionalizado: muchos lugares ya te mandan un mail y tenés las diferencias para pagar", cuenta Elizabeth. Y enfatiza: "En esto quedamos atrapadas las personas y las familias".Juan, por ejemplo, no puede trasladarse en transporte público. Si un transportista reduce el recorrido (sin "diferencia" le ofrece menos kilómetros), esto hace que deba también cambiar los profesionales con los que realiza terapias. Pero, según remarca Elizabeth, "formar equipo es una de las cosas más difíciles y por eso muchas familias elegimos pagar las diferencias, aunque haya otros prestadores en una cartilla que no las cobren". Según explica, se necesitan personas que trabajen hace años en esto, porque "si viene uno nuevo tiene que aprender todo de nuevo". â??¿La situación del sector, entonces, es peor que antes?Elizabeth: â??Sí, yo creo que se agudizó la crisis, pero que además se expuso al colectivo. Se empezó a utilizar un lenguaje que ya habíamos dejado de usar, es como si hubiésemos vuelto a una conversación que ya tuvimos hace mucho. Cómo me comunico habla de cómo trato a ese colectivo. Y ahora hay una forma de comunicarse, distinta, como en la resolución, que luego se derogó, que volvía a usar palabras como "idiota" o "demente". Por otra parte, en vez de hablar sobre los derechos que tiene el colectivo y la desigualdad estructural de la cual suelen partir (son quienes no pueden acceder a mejores empleos, al sistema educativo, a servicios), se pone un manto de sospecha. Como si la gente quisiera obtener un certificado de discapacidad. Me parece que hay un retroceso cultural.Juan: â??Creo que cada vez que se instalan dudas o acusaciones afectan a personas con discapacidad porque las estigmatizan, perdiendo así derechos necesarios para mejorar la calidad de vida.â??Las dudas sobre cómo se han entregado las pensiones y los cambios en los requisitos, ¿También son parte de ese retroceso?Elizabeth: â??Sí, esas son conversaciones que ya se habían resuelto, como que acceder al trabajo no debería significar perder la pensión. O que si alguien tiene una propiedad no debería tampoco perder ese derecho. Durante muchos años se trabajó con casos individuales, las trabajadoras sociales iban a ver a las personas con discapacidad y a certificar que la vivienda, por ejemplo, no era de la persona, sino de un familiar. Al ratificar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2008, Argentina acepta un modelo de vida independiente, que no tiene que ver con estar atado a todo lo que tengan tus padres. Porque entonces la solución para cobrar una pensión sería vender la casa y hacerte inquilino.â??¿Deberían, entonces, hacerse auditorías a las pensiones?Elizabeth: â??Los Estados tienen la obligación de hacer auditorías. Pero esas auditorías tienen que ser razonables, y eso no es lo que pasa en la Argentina. El Gobierno adoptó medidas regresivas y no articuló ninguna justificación concreta sobre la necesidad y la proporcionalidad de la medida. A su vez, el recorte en discapacidad se plantea como un tema moral y se hace partiendo de una falacia: se construye con datos que en algunos casos eran certeros y en otros no (como el caso de la foto del perro que denunciaron pero que era una pensión que nunca se dio). Pero ya introdujo en la sociedad que hay algo que no está bien, y así generó falta de empatía. Y eso se puede ver en los comentarios y posteos que hacen desde el Gobierno.â??Este retroceso cultural que se aprecia en el discurso público, ¿puede permear la sociedad?Juan: â??En los últimos tiempos ha habido una mayor concientización, pero actualmente la sociedad se encuentra fragmentada con un enfoque hacia el individualismo que erosiona la conciencia social.Elizabeth: â??Creo que muy de a poco estábamos caminando el primer paso para la inclusión ciudadana: estábamos ya conversando, aunque con dificultades, sobre qué sucede por ejemplo cuando ocurre la inclusión educativa. Era una discusión zanjada. Pero ahora nos hemos detenido con un cuestionamiento moral, con una estigmatización, y eso impide el avance. La inclusión y participación ciudadana están cada vez más lejos.â??¿Nos falta empatía?Elizabeth: â??Hay que pensar qué es lo que me pasa con lo que no me pasa y que no quisiera que me pasara: situaciones como la discapacidad, accidentes o enfermedades. Me producen dolor y miedo. Entonces no preguntamos al que las vive. Eso hace que las personas con discapacidad se agrupen entre pares a los que les pasa lo mismo. Esto es algo que empezaba a cambiar, muchos jóvenes empezaban a acercarse al tema de la discapacidad sin tener familiares en el colectivo, para, por ejemplo, prestar servicios profesionales. Si se les ofrece capacitación y la oportunidad de un trabajo bien pago, se puede lograr que se involucren. Pero si te van a pagar dos pesos y te van a cuestionar todo el tiempo, te terminan alejando de la vocación.â??¿Por qué si las personas con discapacidad son aproximadamente el 15% de la población sus reclamos parecen no tener tanta fuerza?Elizabeth: â??Las minorías tienden a agruparse, pero al rato se disgregan. Por eso tenés cinco asociaciones de sordos, cinco de parálisis cerebral, 18 de autismo. Esto hace que el impacto de la lucha colectiva tarde mucho más.â??¿Por qué, pese a que la ley garantiza los tratamientos, es tan habitual que las personas con discapacidad deban reclamar a obras sociales y prepagas?Elizabeth: â??La Constitución Nacional es clara: todos los prestadores de servicios de salud tienen que darlos, sean fundación, prepaga grande o chica, obra socialâ?¦ Muchas veces no cubren la discapacidad por su alto costo. Si bien los jueces no van a tener ningún problema a la hora de dictar sus sentencias, acá también aparece el impacto personal. En general, las familias lo viven con mucha culpa. "Bueno, doctora, no hay problema, lo voy a pagar", escuchamos en RALS. Las prepagas y obras sociales aprovechan esa situación: saben que las familias van a pedir "por favor". Y les dicen: "¿Pero no podrías pagar el tratamiento de tu hijo?". Y entonces salen del reclamo y pagan o se van a hacer rifas para comprar una silla de ruedas. Esto le pasa a las personas de muchos o pocos recursos económicos. Tenemos también miedo, y nadie que tenga miedo puede ejercer un derecho. Y esto se ve en estudios, con cálculos actuariales: son muchas más las personas que no hacen el tratamiento o lo abandonan que los que ponen un recurso de amparo.â??¿Incide la falta de recursos para afrontar estas instancias judiciales?Elizabeth: â??En ocasiones es por falta de recursos, de todo tipo. Muchas veces la discapacidad está ligada a la pobreza o a la violencia. Pero hay casos en los que personas con dinero no ejercen su derecho y no entendés por qué. Y es por el impacto que genera la discapacidad. De familias que soñaban con que su hijo o hija liderara la empresa familiar y que no pueden lidiar con la situación. Entonces, si su hijo necesita una silla, que tenga la que sea. â??Juan, ¿a vos te invadió esta culpa de la que habla Elizabeth?â??Mi condición requiere muchos apoyos, pero no sé cómo es no tener discapacidad así que no siento culpa. Por el contrario, creo que muchos, antes que yo, lucharon por conseguir los derechos que hoy yo y otros podemos ejercer. Cuando mi mamá se refiere a la culpa es el sentimiento que a veces tienen los padres o las madres y que puede jugarles en contra. Porque a veces quieren hacerse cargo de todo, aun cuando esto implique poner el cuerpo y sobrecargarse o pagar tratamientos.Elizabeth se refiere al certificado único de discapacidad (CUD) como "la llave para acceder a las prestaciones". Tenerlo puede marcar una gran diferencia en alguien con discapacidad, como lo atestigua el caso de Juan. "Es lo que permitió continuar con los tratamientos intensivos, contar con maestras integradoras para completar la primaria y secundaria; hacer kinesiología desde que tengo meses de vida, hacer terapias y natación".Todo eso, cuenta Juan, le ayudó a evitar lesiones y minimizar cirugías. Y también llegar a la universidad: cursa la Licenciatura en Periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda. Y aspira a un trabajo.El CUD también le ha ayudado a moverse. Se moviliza en silla de ruedas y el transporte público no es accesible. Gracias al CUD, un transportista lo lleva a la facultad, a visitar a sus primos, al cine. Y un asistente personal en cada turno lo ayudan en estas situaciones (como durante esta entrevista).â??Suena como indispensable.â??Sobre todo me sirvió para que mi familia y yo nos "despreocupáramos" de mayores complejidades en los tratamientos y apoyos y pudiera concentrarme en desarrollar mis proyectos. Porque a mí todo me cuesta el doble o más: necesito muchos apoyos de tipo humano, técnico y económico.â??¿Es complejo acceder hoy al CUD?Elizabeth: â??Si lo comparamos con hace 20 o 10 años, sin dudas antes era más difícil, más burocrático. Pero el punto es que no estás sacando el carnet de conducir. Cuando llega la discapacidad, necesitás acceder urgentemente a prestaciones, pero a la vez acabás de recibir un balde de agua fría, porque a nadie le gusta sacar el certificado de discapacidad. La discapacidad no te vuelve resiliente. Por eso no es solo un trámite: se necesita empatía. El problema principal muchas veces no es jurídico, sino lo que le está pasando a la persona. Esto, desde RALS, lo trabajamos mucho con profesionales del área social y la psicología.â??Juan, ¿cuán clave para vos fue este apoyo que va más allá de lo jurídico? â??Yo puedo vivir solo gracias al apoyo incansable de mi familia, asistentes y profesionales de la salud que desde hace mucho tiempo apostaron por esta posibilidad. Y a partir de ahí fui trabajando para lograrlo. Sé que no es fácil, muchas familias con personas con discapacidad lo ven como imposible, inviable para llevar a cabo una vida independiente como la haría una persona común. Y es difícil, hay que saltar obstáculos. Por otra parte, se necesita decisión política para aplicar las leyes y que los profesionales de la salud concienticen más a las familias sobre la importancia de que sus hijos tengan una vida independiente, en la que gocen de su propio espacio y comiencen a poder decidir sobre sus cuestiones personales.â??Elizabeth, ¿qué hace una familia para facilitar que un hijo con discapacidad pueda vivir solo?â??En el caso de Juan, él tiene muchísimos requerimientos: usa el bipedestrador, silla, ruedas, el tobii (un dispositivo para comunicarse). Tuvimos que achicarnos como familia. Creo que cuando vos realmente entendés que la persona con discapacidad tiene un valor, que simplemente necesita muchos apoyos, todo el grupo familiar se convierte en esos apoyos. A su vez, resulta clave la formación del equipo: Juan tiene al mismo hace 20 años. Eso nos ayuda a soltar.Todo esto va más allá de la discusión sobre el rol del Estadoâ?¦Elizabeth: â??Es que hay que empezar a trabajar mucho con la persona y con las familias de cómo te impacta la discapacidad, eso hace que puedas ejercer derechos. Hay muchas personas con discapacidad, con muchos recursos sociales, económicos y culturales, que están encerrados entre cuatro paredes. Y hay otras personas con menos recursos que están incluidas en la sociedad y que hacen un montón de cosas. Hay que trabajar con profesionales (como de la psicología, asistentes sociales) en cómo impacta la discapacidad en todo momento. Por ejemplo, hoy se habla mucho de directivas anticipadas, pero cómo ponerte a hablar de directivas anticipadas con alguien que tiene un déficit intelectual. O analizar cómo impacta la discapacidad en la sexualidadâ?¦ A Juani nunca le preguntaron sobre el tema en su centro de rehabilitación. Son temas que en algún punto incomodan, porque no se pueden resolver de manera estándar. Pero ¿quién en su vida, sin discapacidad, resuelve todas las cosas desde lo estándar? Yo no creo que nadie.â??Cuando nació Juan, ¿qué miedos tuviste que con el paso de los años perdiste y cuáles persisten? Elizabeth: â??Cuando nació era todo desconocido y quería normalizar todo, buscando de qué manera podía participar de actividades. En la medida en que vas viendo que se va incluyendo, vas perdiendo los miedos, al menos un poco. Pero hay un miedo que siempre está: qué va a pasar cuando uno no esté. ¿Quién se va a hacer cargo?â??¿Podés dar algún consejo que te haya servido para atravesar miedos?Elizabeth: â??Lo que a mí me sirvió, en general, es la anticipación. Las familias de personas con discapacidad estamos sobrecargadas y vivimos con mucha incertidumbre. Hay que anticipar todo lo que se pueda. Aunque el contexto no ayude: porque no sabés si en esta situación el mes que viene vas a poder pagar las diferencias.â??Dijiste que la discapacidad impacta en muchas formas y momentos. ¿En algún punto te olvidás de ese impacto?Elizabeth: â??Tener un familiar con discapacidad es un duelo que lo vas a vivir en todas las etapas. Por supuesto que se puede ser feliz, pero sabiendo que vas a transitar esos duelos. Te pasa, por ejemplo, que tu amiga te cuenta que su hija se recibió de médica. Y, por unos segundos, volvés a la primera pregunta que te hiciste cuando nació tu hijo con discapacidad: "¿Por qué a mí?". La pregunta vuelve luego de casi 28 años. Pero son unos segundos y después decís: "¿Por qué no a mí?".Más informaciónSi querés conocer cuáles son las prestaciones, servicios y derechos que tienen las personas con discapcidad, podés navegar por la guía que armó el equipo de Fundación LA NACION.Si querés contactarte con la Red de Asistencia Legal y Social (RALS) que fundó Elizabeth Aimar, podés escribir a secretaria@rals.org.ar o enviar un mensaje por WhatsApp al 11.2262.0330
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Durante dos meses, una mujer con discapacidad intelectual vivió bajo condiciones de servidumbre sexual y laboral, tras haber sido "comprada" por una familia de la comunidad gitana en San Juan. La víctima, que había sido trasladada desde San Luis, logró escapar en un descuido de su captor mientras vendían hilos y medias en la vía pública. Su denuncia permitió desarticular una situación de extrema vulnerabilidad y violencia, que culminó con la condena de Roberto Espiro Mitar a nueve años de prisión y al pago de una indemnización de $4.000.000.El caso, que conmocionó a la provincia cuyana, expuso una trama de abuso sistemático, coerción física y psicológica, y explotación en múltiples niveles. Según el relato de la víctima y de testigos, la mujer fue entregada a la familia del acusado a cambio de una suma de dinero no determinada, en lo que el tribunal calificó como una "compra" para convertirla en pareja forzada de Mitar. Desde entonces, fue obligada a realizar tareas domésticas, vender productos en la calle y mantener relaciones sexuales contra su voluntad.El Tribunal Oral Federal de San Juan dictó sentencia el pasado 29 de mayo, tras un proceso judicial que incluyó múltiples declaraciones en Cámara Gesell y una investigación que reveló intentos de encubrimiento por parte del entorno del acusado. La fiscalía, a cargo de Fernando Alcaraz y la auxiliar Virginia Rodríguez, había solicitado una pena de 11 años y una reparación integral para la víctima, que fue parcialmente acogida por el tribunal.La mujer, identificada con las iniciales MD, fue sometida a un régimen de control absoluto. No solo debía entregar el dinero que obtenía en las ventas ambulantes a los padres del acusado, sino que también fue llevada a una sala médica para que le retiraran un chip anticonceptivo, lo que evidenció el carácter forzado de la relación. La fiscalía calificó los hechos como trata de personas, unión forzada de hecho y explotación sexual y laboral, enmarcados en un contexto de violencia de género interseccional, que incluyó factores de discapacidad y clase social.Uno de los momentos más delicados del proceso ocurrió cuando la defensa presentó una declaración de retractación firmada por la víctima en una escribanía de San Luis. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ordenó una nueva declaración, en la que la mujer explicó que había sido presionada y amenazada por la familia del acusado para cambiar su testimonio. Esta maniobra derivó en la apertura de una causa penal por encubrimiento.Durante el juicio, el fiscal Alcaraz advirtió que la defensa técnica incurrió en estereotipos de género y maltrato hacia la víctima, por lo que solicitó al tribunal que lo dejara asentado en la sentencia. El juez Daniel Doffo, al dictar el fallo, destacó que la mujer se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, sin redes de contención ni apoyo estatal o familiar, lo que facilitó su sometimiento.El tribunal también ordenó que se informe a la víctima sobre cualquier régimen de libertad o salidas transitorias que pudiera obtener el condenado en el futuro, y dispuso que se comunique la sentencia al Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (Cenadiv) para evaluar su acompañamiento. Además, impuso al acusado un abordaje socioeducativo especializado en violencia de género y notificó la sentencia a organismos nacionales como el Ministerio de Justicia, la Secretaría de la Mujer de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.La excusa de las costumbresUno de los aspectos más complejos del caso fue el abordaje cultural. La defensa intentó justificar la relación entre la víctima y el acusado como un vínculo convalidado por las costumbres de la comunidad gitana. Sin embargo, el tribunal fue enfático al señalar que "la tensión existente entre el respeto a la diversidad cultural y los derechos de las mujeres encuentra su límite cuando colisiona con otros derechos igualmente reconocidos". En ese sentido, el fallo marcó un precedente al establecer que las prácticas culturales no pueden ser utilizadas como excusa para violar derechos humanos fundamentales.La indemnización de $4.000.000 fue calculada con la colaboración de la Secretaría para la Identificación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai), y representa un intento de reparación económica por el daño sufrido. Aunque la cifra solicitada por la fiscalía ascendía a más de $4,2 millones, el tribunal fijó un monto cercano, en línea con lo previsto por el artículo 29 del Código Penal.Durante el debate final, el fiscal Alcaraz solicitó espacio para réplicas y advirtió que el alegato de la defensa técnica había carecido de perspectiva de género y que se había limitado a maltratar a la víctima, aplicando estereotipos de género. En esa ocasión solicitó al tribunal que lo advirtiera en la sentencia.El juez Doffo se pronunció al respecto: "La perspectiva de género que he aplicado al análisis del presente caso, debe alcanzar también la escasa y sin significación jurídica argumentación de la defensa, puesto que fue destinada principalmente a denostar a la víctima, haciendo una difusa referencia a su comportamiento sexual con anterioridad al período de convivencia con el imputado. 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Frente a un escenario sanitario crítico en donde los recursos son escasos, es prioritario establecer mecanismos para que las obras sociales y prepagas brinden asistencia médica, único servicio para el que están preparadas
Hola, ¿cómo estás? Espero que estés pasando un buen fin de semana.Esta semana que pasó se habló mucho de las personas con discapacidad. Lamentablemente, porque el sistema de prestaciones que muchas de estas personas necesita está en crisis. Una de las cuestiones centrales es que los aranceles que cobran las personas que prestan algún apoyo o terapia es tan bajo que hay especialistas que evalúan salir del sistema o no pueden sostener la calidad mínima de la prestación.Esos aranceles los fija el Estado nacional y los pagan las prepagas y obras sociales. Lo estoy resumiendo al extremo, pero podés conocer más sobre esta crisis en este link. Pero de lo que más me interesa hablarte hoy es sobre las prestaciones en sí. ¿Cuáles son los apoyos que ofrece el Estado para igualar las oportunidades de las personas con discapacidad? ¿Qué acompañamiento necesitan muchos chicos para poder cursar en escuelas comunes? ¿A qué prestaciones pueden acceder durante toda su vida? ¿En qué ocasiones pueden cobrar una pensión? Esta semana Lorena Oliva, periodista de Comunidad, hizo un trabajo codo a codo con las especialistas en discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para poder armar una guía que contesta las preguntas que puse más arriba y otras más. Voy a contarte lo que me pareció clave, pero si querés leer toda la guía, entrá en este link. Primero, algunos datos:en Argentina hay cerca de 1.600.000 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), tal como lo detallan los últimos reportes de la Agencia Nacional de Discapacidad. Solo el 9% de las personas mayores de 18 años o más con CUD tiene un trabajo formal. Solo el 60% de los chicos con discapacidad estudian en escuelas comunes. Ahora, así tres ideas que encontré en la guía y que me perecieron esclarecedoras: 1Los tratamientos, la medicación y el equipamiento que requiera una persona con discapacidad deben ser cubiertos en su totalidad por la obra social o prepaga, según la legislación vigente.Esta cobertura incluye terapias como fisioterapia, fonoaudiología o psicopedagogía, por citar algunas; prótesis y ortesis; y dispositivos o ayudas técnicas como sillas de ruedas o camas ortopédicas, entre otros. También deben ser cubiertos al 100% los medicamentos vinculados con la discapacidad."Las personas con discapacidad requieren en mayor medida de prestaciones, terapias y medicamentos de manera sostenida y a lo largo del tiempo. Arancelar de alguna forma ese acceso, aunque sea parcialmente, sería una barrera enorme de acceso para muchas personas, tanto por el alto costo como por la necesidad intensa de estas prestaciones en el tiempo", explica Belén Arcucci, coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).2Si la persona con discapacidad no tiene obra social ni prepaga pero es beneficiaria de una pensión no contributiva (ahora te lo cuento más abajo), puede acceder al programa federal Incluir Salud. Se trata de un sistema por el que el Estado nacional brinda asistencia financiera a las provincias para que otorguen cobertura médica y asistencial a personas con discapacidad beneficiarias de una pensión no contributiva. La cobertura la da una red de prestadores contratada por cada provincia para atender específicamente a esta población.3En el AMBA, las personas con discapacidad pueden viajar sin costo en subtes, colectivos y trenes de corta y media distancia presentando el CUD y una tarjeta SUBE.En otras jurisdicciones, puede solicitarse que previamente se gestione un pase libre en la empresa de colectivos en la que se desea viajar.Para viajar sin costo en micros de larga distancia, hay que sacar el pasaje en la terminal 48 horas antes o hacer la gestión en la web de la CNRT. "Para muchas personas con discapacidad, el auto no es un lujo sino que, como los medios de transporte público no son accesibles, no tienen otra alternativa más que viajar en auto. La exención del pago de peaje no es un privilegio sino que refleja una falencia del Estado de garantizar la plena accesibilidad, al mismo tiempo que la mayoría de las personas con discapacidad están excluidas del mercado laboral y viven en situación de pobreza", dice Arcucci.4Para quienes no pueden acceder a un empleo formal, el Estado contempla el otorgamiento de una pensión no contributiva, que se conoce como "pensión por invalidez laboral". Esa pensión hoy equivale al 70% de la jubilación mínima. Según la última reglamentación, de septiembre de 2024, para acceder a esta prestación, el beneficiario de la pensión debe acreditar un 66% de "incapacidad laboral", junto con otros requisitos, como no recibir ningún tipo de jubilación, pensión o retiro."La reglamentación actual del sistema de pensiones, que se basa en la idea de que hay personas que son válidas o no válidas para el trabajo, y que esto puede medirse basándose en diagnósticos médicos sin contemplar las barreras sociales, es contraria a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y no garantiza el derecho a la protección social. Dicho de otra forma, hay miles de personas con discapacidad que no cumplirían con lo que desde el punto de vista médico se considera 'un 66% de incapacidad laboral', pero que son igualmente discriminadas en el acceso al empleo por estereotipos, falta de accesibilidad y de apoyos. El mercado de trabajo es uno de los ámbitos donde la exclusión de este colectivo se torna más evidente", asegura Arcucci.5Que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad puedan estudiar en escuelas comunes es un derecho con jerarquía constitucional, es decir que está por encima de cualquier otra ley o norma. Según la ley 24.901, las obras sociales o prepagas son las encargadas de proveer los apoyos educativos que los niños, niñas o adolescentes necesiten, como maestros de apoyo, acompañantes no docentes o intérpretes en lengua de señas. "El derecho a la educación inclusiva supone que todas las personas estén en los mismos espacios; es el derecho de aprender y progresar en igualdad de condiciones, en espacios que no reproduzcan la segregación sino que reflejen la diversidad que hay en la sociedad", sostiene Arcucci, "La educación inclusiva no es un beneficio para los chicos con discapacidad. Es un derecho para todos los chicos, con y sin discapacidad. Si la sociedad es una, la escuela debe ser una también", sostiene Jimena Noziglia, integrante del Grupo Artículo 24, una coalición de más de 150 organizaciones de la sociedad civil que trabajan para garantizar el acceso a la educación inclusiva.Eso es todo. Si querés conocer la guía completa, podés leerla en este link. Buen fin de semana y saludos, Javier
Tras la media sanción a la ley, la directora de la Fundación Nano, María Bayá Casal, dice que hay que "respetar los tiempos parlamentarios y construir".Las instituciones que dependen de prestadoras y los beneficiarios de pensiones están "en un punto de no retorno".
Poesías, no ficción, novelas y obras híbridas se centran en ladiversidad funcional y son un puente para pensar en mundos ehistorias donde les disca tomamos la palabra.
La idea de la oposición es tener el proyecto aprobado para fin de mes, junto al aumento de las jubilaciones y la moratoria. Las organizaciones planean movilizar y apoyar desde la calle. Milei avisó que la va a vetar.
El nomenclador que rige a la actividad no se actualiza desde diciembre de 2024; ese mes se aumentó un 0,5%. El Gobierno recuerda que el mayor atraso se generó en la administración anterior. Qué dicen los sectores involucrados y por qué se vetará la ley que ayer obtuvo media sanción en la Cámara Baja
div.encabezado { font-family: 'Prumo', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-align: center; max-width: 960px; margin: 0 auto; padding-top: 30px; padding-bottom: 20px; } h1.scrl-titulo { font-size: 60px; font-family: 'Prumo'; font-variation-settings: "wght" 180, "opsz" 50; letter-spacing: -.01em; max-width: 920px; line-height: 110%; margin: 0 auto; font-weight: normal; span { font-size: 60px; font-family: 'Prumo'; font-variation-settings: "wght" 70, "opsz" 50; letter-spacing: -.01em; line-height: 110%; display: block; @media (max-width: 768px) { font-size: 32px; line-height: 1; margin-top: 6px; } } @media (max-width: 768px) { font-size: 32px; margin: 0 5px; line-height: 1; } } h2.scrl-bajada { font-weight: normal; font-size: 29px; font-variation-settings: "wght" 70, "opsz" 50; margin: 0; line-height: 1.2; max-width: 893px; margin: 10px auto; @media (max-width: 768px) { font-size: 17px; line-height: 1.2; margin: 10px 20px 0; } } p.scrl-volanta { border: 1px solid #000; font-family: var(--suecaslabbold); font-variation-settings: "wght" 120, "opsz" 0; color: #FFF; background: #000; padding: 8px 18px 4px; border-radius: 1rem; font-size: 16px; line-height: 120%; margin: 25px 0 40px; display: inline-block; span { top: -2px; position: relative; } } p.bajada { font-size: 24px; font-variation-settings: "wght" 50, "opsz" 50; margin: 6px 0 10px; } A FONDO Uno por uno Cómo votó cada diputado el proyecto para declarar la emergencia en discapacidad Esta aplicación web de LA NACION necesita tener Javascript habilitado para funcionar correctamente
La mujer no declaró todas las enfermedades a la compañía de seguros del viaje, por lo que la aseguradora se negó a pagar la totalidad de los costes
En su editorial, el periodista y conductor de la 750 se manifestó emocionado tras una nueva jornada de protestas en todo el país y no solo en la plaza del Congreso, sino también dentro del recinto, donde se aprobaron leyes en defensa de los adultos mayores.
Asociaciones de pacientes dicen que cuesta conseguir profesionales porque no actualizan el precio de las prestaciones.Desde el Gobierno atribuyen el problema a la sobredimensión que se le dio al sector durante los gobiernos anteriores.
La medida presentada por la oposición fue aprobada con un total de 143 votos afirmativos, 71 en contra y 3 abstenciones. Ahora, la iniciativa será enviada hacia el Senado
La reciente sanción de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad en la Argentina ha generado un amplio abanico de reacciones: parcial alivio entre prestadores, expectativas entre organizaciones, y escepticismo entre activistas históricos. Sin embargo, la pregunta que subyace a todo este debate es si esta norma representa un cambio real en la vida cotidiana de las personas con discapacidad o si están, una vez más, ante una nueva ola de derechos que no se efectivizan.Entre el reconocimiento normativo y la inacción prácticaLa nueva ley, que declara la emergencia en discapacidad hasta 2027, propone garantizar los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), con jerarquía constitucional en nuestro país. Establece medidas urgentes como el financiamiento de pensiones no contributivas, la actualización mensual de aranceles del sistema de prestaciones, la reforma de normativas previas y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad. También prevé la incorporación del enfoque de derechos humanos en la legislación vigente. Es, sin dudas, un marco ambicioso y en algunos aspectos mejorado.No obstante, lo que la ley reconoce como derechos y urgencias ya estaba prescripto en el derecho internacional y en leyes nacionales anteriores. La emergencia no es más que el reconocimiento del fracaso sistemático del Estado argentino para cumplir sus obligaciones, no entendiendo a lo vinculado al mundo de la discapacidad como una prioridad, lamentable realidad que atraviesa nuestro país desde el regreso a la democracia. El modelo social ha sido proclamado, pero no vivido. Esta disociación entre el decir y el hacer, entre lo normado y lo vivido, es el núcleo del modelo fantasma de la discapacidad que he confeccionado como llamado de atención al actual modelo social que en muchos puntos actualmente es una utopía.El modelo fantasma: el derecho existe, pero no se veDurante mi investigación doctoral he entrevistado a personas con discapacidad, expertos, educadores y funcionarios. La conclusión fue clara: el discurso de derechos convive con prácticas de exclusión estructural. En muchas escuelas no hay rampas ni apoyos pedagógicos. En los medios, la representación sigue siendo compasiva o estigmatizante. En el mundo del trabajo, el cupo laboral apenas se cumple, y la brecha digital excluye silenciosamente a millones.El modelo fantasma no es una teoría alternativa al modelo social, sino su denuncia. Es la figura que aparece cuando los derechos existen formalmente pero no se materializan en la vida cotidiana. Es la presencia ausente. El fantasma habita en las leyes incumplidas, en los presupuestos recortados, en los datos que no se publican, en la falta de formación docente, en la ausencia de accesibilidad comunicacional.Barreras que persisten: normativas, estructurales y culturalesLa nueva ley reconoce, de hecho, estas barreras. Propone armonizar la legislación nacional con la CDPD, modificar leyes anacrónicas como la 22.431 y fortalecer el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Sin embargo, mientras las barreras no sean demolidas desde la acción intersectorial, el modelo seguirá siendo fantasmático.Las barreras normativas implican leyes que no contemplan ajustes razonables o que mantienen enfoques biomédicos. Las barreras estructurales se reflejan en la falta de accesibilidad arquitectónica, tecnológica y comunicacional. Y las culturales se manifiestan en la estigmatización, el paternalismo, la infantilización o la mirada asistencialista que sigue predominando en muchos espacios.El aporte del modelo fantasma a la lectura de la leyEl modelo fantasma no propone descartar lo normado, sino activarlo. Nos llama a detectar los puntos ciegos del sistema: ¿Dónde se interrumpe el derecho? ¿Dónde se diluye el compromiso? ¿Quiénes quedan fuera del diagnóstico oficial? En este sentido, la nueva ley es una oportunidad, pero también una prueba. Será necesario exigir mecanismos de monitoreo, participación efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad, capacitación transversal de agentes del Estado y presupuesto acorde.Entre los ejes centrales de transformación que propone el modelo fantasma están la autodeterminación, el acceso a información clara y oportuna, la vinculación comunitaria real y una comunicación accesible. La ley reconoce algunos de estos elementos, como la necesidad de incorporar la lengua de señas, actualizar los aranceles de servicios o garantizar la participación en políticas públicas. Pero aún queda mucho por hacer en términos de acceso a contenidos digitales, medios accesibles, formación de comunicadores y diversidad de voces.Conclusión: de la invisibilidad a la convivenciaLa emergencia no debe ser la excusa de la precariedad. Debe ser la plataforma para una reconstrucción que parta del reconocimiento pleno de las personas con discapacidad como sujetos de derechos, no como beneficiarios. El modelo fantasma interpela desde su ausencia: denuncia el abismo entre lo que se dice y lo que se hace, y propone, desde la crítica, caminos de transformación.Esta nueva ley puede ser el inicio de una nueva etapa si logra desmaterializar el fantasma, si convierte las promesas en hechos, si deja de pensar la discapacidad como una emergencia y empieza a asumirla como parte constitutiva de la diversidad humana. Ése es el desafío político, social y cultural del presente.Especialista en Comunicación y Discapacidad, profesor investigador de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE)
Los tres proyectos rechazados por Milei y que el Gobierno advirtió que vetaría esperan ahora que el Senado los convierta en ley. El aumento para los jubilados que se votó es del 7,2%, mas una actualización del bono previsional, que pasará a ser de $110.000. La sorpresa de la jornada fue la restitución de la moratoria previsional impulsada por Unión por la Patria, que obtuvo 111 votos a favor. La emergencia en discapacidad, al cierre de esta edición, también obtenía media sanción.
La discapacidad, física o mental, es una cuestión que entendiblemente sensibiliza de manera suprema a los familiares de los enfermos, por lo cual los comentarios superficiales están bien fuera de lugar. De inmediato planteo algunas precisiones, para encuadrar el análisis y la correspondiente toma de decisiones.En la enorme mayoría de los casos, se trata de un hecho involuntario. Alguien puede quedar parapléjico practicando algún deporte extremo, pero es la excepción, no la regla. Desde este punto de vista, el tratamiento de una discapacidad no pertenece a la misma categoría que la compra de churros o celulares. Además de lo cual, aquí y en todo el mundo, gastos en salud es en la actualidad un ítem no sólo relevante en términos absolutos, sino cada vez más importante, lo cual implica que el valor nominal de dichos gastos aumenta más que la tasa de inflación.Discapacidad es un término que se refiere a una realidad heterogénea. Les pregunto a mis alumnos en clase: ¿qué proporción de los bebés que nacen son "perfectos"? Supongamos que 20%. Ergo, 80% tienen alguna discapacidad. ¿Alguien está pensando en el tratamiento o, peor aún, en la prevención de la discapacidad, definida de esta manera tan amplia? Es evidente que algunas discapacidades pueden ser enfrentadas con los recursos de las familias, las obras sociales y las prepagas; y otras con financiamientos más generales o, como se suele decir, "a cargo del Estado".Última, pero no menos importante. Una cosa es la discapacidad y otra la joda. En la Argentina, más de un millón de seres humanos percibe una pensión por discapacidad. ¿A dónde voy con esto? Claramente, que los médicos tienen mucho que decir, calificando el grado de discapacidad de cada ser humano y el correspondiente tratamiento o acompañamiento. Pero la decisión no puede ignorar que los recursos son escasos; y de repente, eliminar la joda existente en las pensiones por discapacidad, permite financiar mejor el tratamiento de los verdaderos discapacitados.Insisto: estamos delante de una cuestión que, por su naturaleza, es particularmente sensible delante de los familiares de los discapacitados. A aquellos lo único que les falta, además del esfuerzo y la fortaleza requeridos para acompañar a los enfermos, es tener que ver o escuchar debates abstractos, referidos al rol del Estado y la inhumanidad de los funcionarios. Por favor, no.
Sorprendió el apoyo de los funcionarios y legisladores provinciales a la decisión de los representantes nacionales. El gobierno de Córdoba comienza a remarcar las diferencias con Milei. Leer más
El diputado cordobés reclamó que las demoras en el recinto impiden discutir soluciones para jubilados y personas con discapacidad. Apuntó contra la estrategia del oficialismo y advirtió sobre el impacto social de postergar estos debates. Leer más
En medio de un ajuste económico que impactó de lleno al sector, organizaciones de discapacidad denuncian recortes, cierre de centros y pensiones eliminadas tras auditorías arbitrarias. La Cámara de Diputados debate una ley clave mientras el Gobierno anticipa un posible veto. Leer más
Entre la multitud de pancartas y gritos se cuela la voz de una docente. Su nombre es Virgina y hace más de cuatro décadas dirige el colegio Nuevo Día, en Ramos Mejía. Acompañando los reclamos por los recortes que el Gobierno está realizando sobre el área de discapacidad, en las adyacencias del Congreso dijo ante un móvil de LN+ que "ahora más que nunca están en riesgo" y que "nunca vivieron algo así".Virgina maestraNoticia en desarrollo
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Distintas organizaciones confluirán en las afueras del Palacio Legislativo nacional, mientras el gobierno delimita el operativo de seguridad
Los bloques no dialoguistas buscan el quórum para abrir una sesión especial y tratar proyectos sensibles que el Gobierno no quiere aprobar por su alto costo fiscal
Entrevistada por la 750 la presidenta de la Asociación Civil Acción Colectiva, Celeste Romero, explicó los motivos de esta decisión y advirtió sobre las graves consecuencias del ajuste en el sector.
El temario también incluye el presupuesto del Hospital Garrahan y el debate por la ley de financiamiento universitario. El Gobierno anticipó que vetará cualquiera de las medidas que atenten contra el equilibrio fiscal. Leer más
En un nuevo intento por doblarle el brazo al Gobierno, la oposición convocó para este mediodía a una sesión especial en la Cámara de Diputados para avanzar en un temario por demás sensible por su impacto social. El conflicto del Hospital Garrahan, la problemática de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad serán los tres temas fuertes de la jornada, siempre y cuando los convocantes consigan quorum en el recinto, lo que anoche seguía en duda. Mientras puertas adentro de la Cámara de Diputados oficialistas y opositores miden fuerzas, en las afueras del palacio está convocada una marcha multisectorial, que se prevé masiva, en protesta por la política social del Gobierno. Allí confluirán, además de las organizaciones de jubilados -con su tradicional marcha de los miércoles-, los científicos del Conicet; prestadores médicos y familiares de personas con discapacidad; trabajadores del Hospital Garrahan y el movimiento de mujeres y diversidades "Ni Una Menos", convocado para conmemorar los diez años de la primera marcha en repudio por el incremento de femicidios y la violencia de género. Todo ello anticipa un clima de tensión dentro y fuera del recinto. Los convocantes de la sesión -Unión por la Patria, Democracia para Siempre (que nuclea al radicalismo opositor), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda- preferían anoche no hacer pronósticos sobre la posibilidad de conseguir quorum en el recinto: hace dos semanas estuvieron a cuatro legisladores de alcanzar el número mágico de 129 diputados sentados en sus bancas y no lograron hacer arrancar la sesión. Un triunfo del oficialismo que, una vez más, logró disuadir a los gobernadores aliados a que sus legisladores pegaran el faltazo.Habrá que ver si en esta oportunidad surte efecto la presión oficialista para que la ofensiva opositora fracase. El suspenso promete estirarse hasta el final. Por de pronto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, advirtió que si las iniciativas opositoras prosperan, tendrán un impacto fiscal de U$S 12.000 millones. Por su parte, el jefe de Gabinete Guillermo Francos anticipó que serán vetadas por el Poder Ejecutivo. "No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen el Ejecutivo la va a vetar", adelantó el funcionario.Sobre jubilaciones hay dos paquetes de iniciativas. Uno de ellos contiene los dictámenes para actualizar el bono de $70.000 (congelado desde marzo pasado) y otorgar un aumento por única vez del 7,2% en todas las escalas (por la inflación de enero de 2024 no reconocida por el Gobierno). El otro paquete de proyectos está referido al vencimiento de la moratoria previsional, sistema que permitía que personas en edad de jubilarse pudieran hacerlo aunque no hayan completado los 30 años de aporte. Se trata de un universo de trabajadores que, por distintas circunstancias -en su mayoría, por haberse desempeñado en la informalidad laboral-, no pueden acceder a una jubilación del régimen general porque no alcanzaron a cubrir todos los años de aportes que exige la ley.El kirchnerismo propone prorrogar por dos años más la moratoria. El resto de los bloques opositores -incluido un sector de Pro y la UCR- proponen, en cambio, suplantar la moratoria con un sistema de aportes proporcionales, aunque difieren en su aplicación. La crisis del Garrahan, en debatePrevio al tratamiento de la cuestión previsional, los opositores pretenden colar en el debate la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan. De lograr poner en marcha la sesión, buscarán emplazar al presidente de la Comisión de Presupuesto, el libertario José Luis Espert, para que se discutan allí los dos proyectos que ayer tuvieron dictamen de la Comisión de Salud y Acción Social: uno de ellos propone declarar la emergencia sanitaria pediátrica por dos años, mientras que el segundo reconoce al Garrahan como "Referente Nacional de Alta Complejidad en Pediatría".La Libertad Avanza no acompañó los proyectos. Tampoco lo hicieron Pro ni la UCR, que no participaron de la reunión. Otro proyecto de alta sensibilidad social que la oposición pretende aprobar mañana es aquel que propone declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. En líneas generales, la iniciativa propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reforma del sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.El oficialismo rechaza el proyecto por considerarlo "regresivo y asistencialista". El jefe de Gabinete adelantó que si se aprueba la ley el Ejecutivo la vetará.
9.15 | Otros temas en agenda Además, buscarán emplazar a los presidentes de Educación y de Presupuesto -ambas comandadas por el oficialismo- para que se avance en una nueva ley de financiamiento universitario, iniciativa que promueven los rectores de todo el país.9.00 | Quiénes están detrás de la convocatoriaEn la sesión, convocada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, los opositores también pretenden llevar al recinto las iniciativas que proponen declarar la emergencia en los distritos de la provincia de Buenos Aires afectados por las inundaciones del 16, 17 y 18 de mayo pasado. 8.45 | Sesión especial en Diputados Pese a las amenazas de veto de por parte del Poder Ejecutivo, la oposición en la Cámara de Diputados insistirá este miércoles en una nueva sesión especial con un temario que incomoda, y mucho, al oficialismo. Contempla un aumento excepcional de las jubilaciones y un nuevo sistema para suplantar la moratoria previsional. Además, se incluyó la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.
Mercedes Zessa es madre de Milo, de ocho años que tiene epilepsia y parálisis cerebral. Viven en City Bell. Mercedes tiene una frase de cabecera: "Yo quiero maternar, no gestionar ni tramitar". Resume mucho de lo que significa puertas adentro de los hogares de personas con discapacidad esta emergencia nacional que se viene reclamando con distintas marchas y que hoy volverá a congregar a una multitud: miles de familias que marcharán al Congreso para pedir que se declare la emergencia."Cuando tenés un hijo con discapacidad armas una red de contención, profesionales, apoyos, terapias, acompañantes y sos vos como mamá o papá quien toma las decisiones y coordina ese equipo. Elegís gente, te capacitás, consultas con otras familias, formas equipos. Pero desde hace un tiempo, esa red entra en crisis todo el tiempo. Eso significa que como mamá pasás muchas horas del día haciendo trámites, llamando a la obra social, completando planillas, reclamando en distintos organismos. Hoy, es mi trabajo principal. Me insume todas las horas y toda la energía, por culpa de la burocracia que todo el tiempo está generando más trámites y más conflictos. Tu trabajo real, ese por el que te pagan un sueldo, que no querés perder porque es el que te da la obra social para poder cubrir todas las terapias, es tu segundo trabajo, al lado de lo que demanda coordinar el apoyo que requiere una persona con discapacidad", explica Mercedes.Aun así, aclara, eso no garantiza nada. Las autorizaciones que se presentaron en noviembre todavía no salieron, algunos de los profesionales que atienden a su hijo cortaron la atención, por la falta de pago de la obra social, otros, directamente dejaron de atender en el centro al que concurría. Algunos, los que puede, lo atienden de forma particular y allí llegan los malabares para ver cómo pagarles.Y a eso se le suma la odisea de las acompañantes terapéuticos. Milo necesita un acompañamiento permanente, por eso tiene dos acompañantes en el hogar y una en la escuela. El recambio es permanente: las demoras en los pagos, el que no salgan los trámites, el hecho de que tal vez a una acompañante le ofrezca otra familia un pago un poco mayor, abonando de su bolsillo lo que la obra social no paga. "Hace unas semanas, me iba a encontrar con una posible acompañante que me dijo que ella cobraba $22.000 la entrevista. Solo para ver si iba a trabajar. Todo se vuelve muy perverso", dice. Así las cosas, el entramado de apoyos entra en crisis y Mercedes lucha por salir adelante, por acompañar a Milo.M"Yo les digo a todas las mamás, nunca te sentís tan solo como cuando te dan el diagnóstico de tu hijo. Porque nadie te dice lo que se te va a venir. Por eso, hay que dejarse ayudar, por la familia, por el entorno, porque el trabajo que tenemos por delante es enorme. Por eso duele tanto cuando un funcionario (se refiere al director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Andis, Diego Spagnuolo) dice que tenemos más beneficios que el resto por tener libre estacionamiento o peajes. Porque desacredita el enorme trabajo que hace la familia para sostener a su hijo en un aula de un colegio. Es de una falta de empatía que duele. Es un enorme desprecio por el incansable trabajo de toda la familia que hay atrás de cada chico", dice Mercedes.A veces, dice Mercedes, siente que es empleada de la obra social que tiene por trabajar como personal no docente en la Universidad de La Plata. Les tiene que decir qué formulario, dónde se presenta y cómo. "Te volvés una especialista. Pero eso no es lo que te toca como mamá. Se generó tanta burocracia que parece que todo fuera a propósito como para desalentar que atendamos a los chicos. ¡No los llevamos a esas terapias porque se nos ocurre o porque estamos aburridas! Es como decir, ¿necesita medicación?, te la vamos a dar, pero la vas a sangrar", dice.Autorizaciones mensualesMilo toma cinco medicaciones, dos de ellas, muy costosas. A pesar de que son crónicas, las autorizaciones son mensuales, todos los meses hay que repetir la autorización. "Hoy ya estuve varias horas haciendo trámites para reclamar la falta de pago a los profesionales y presentando autorizaciones. De una medicación me queda solo para tres días. Si no la consigo, tengo que pedir en los grupos de madres que alguien me la preste y después la tengo que reponer. Les explico a los de la obra social que les sale más caro que Milo convulsione, que prevenirlo. Pero es un círculo muy perverso. Todo es a contramano. Es muy difícil", explica.mi"La actividad de los acompañantes terapéuticos debería estar regulada de otra forma. Porque cuando se van, porque cambian de trabajo porque les pagan poco o no les pagan, la familia tiene por delante al menos un mes y medio de trámites y de que su hijo quede sin apoyo. Eso debería ser considerado abandono de persona. Por el problema de los pagos, con Milo hemos tenido intermitencias con la acompañante del colegio, y eso significa que a tres meses del comienzo de clases mi hijo sigue muy desregulado, volvió a hacerse pis encima, se siente poco contenido en clase. Yo me pregunto si alguien piensa en el daño que les hacen o si todo es gratuito", dice.
En el piso de "Soy casta" estuvo invitado el diputado Daniel Arroyo, autor del proyecto de ley que propone actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar del sistema de pensiones no contributivas y reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad. El oficialismo buscará boicotear la sesión en Diputados para que no se logre el quorum necesario. Leer más
Familias y transportistas exigen soluciones inmediatas para evitar el recorte de servicios esenciales. El arancel está congelado desde diciembre, por lo que aseguran tener las tarifas más bajas de la historia. Leer más
Aunque Argentina cuenta con un sistema reconocido mundialmente por su legislación y cobertura en discapacidad, recientes decretos y reformas comenzaron a desfinanciar el Fondo Solidario de Redistribución, debilitando el acceso a prestaciones clave como salud, educación y transporte. Esta situación marca un retroceso del modelo social hacia una lógica médica-asistencial y pone en riesgo derechos adquiridos por las personas con discapacidad. Leer más
En un comunicado oficial, el Foro Permanente de promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad afirma que el Gobierno nacional "incumple con las pautas y medidas fundamentales que sostienen el funcionamiento del Sistema Único de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad"
El bloque de diputados de la Coalición Cívica ARI exigió este lunes la "inmediata renuncia" de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), luego de sus expresiones "crueles y discriminatorias" hacia personas con discapacidad. El pedido fue encabezado por el presidente del espacio y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, quien, a través de su cuenta en X, sostuvo que Spagnuolo "no puede continuar un día más al frente del organismo".Las críticas se originaron a partir del testimonio de Ian Moche, un chico de 12 años diagnosticado con autismo, y su madre Marlene Spesso, quienes relataron un polémico intercambio ocurrido durante una reunión oficial en marzo de 2024. Según ambos, Spagnuolo afirmó: "Si tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado", y lanzó preguntas como: "¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? ¿Por qué vos no pagás estacionamiento y yo sí?".EXIGIMOS LA RENUNCIA DE SPAGNUOLO, TITULAR DE LA AGENCIA DE DISCAPACIDAD.Tras conocerse sus expresiones crueles y discriminatorias, el titular de la ANDIS no puede continuar un día más al frente del organismo. Su función es proteger a las personas con discapacidad y garantizarâ?¦ pic.twitter.com/Aw6p5aiMHy— maxi ferraro ð???ï¸? (@maxiferraro) June 2, 2025En la Cámara baja, los diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto â??firmado por Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Juan Manuel Lópezâ?? que repudió esas declaraciones, las consideró "una violación de sus deberes como funcionario público" y cuestionó su idoneidad para el cargo, "que requiere empatía, conocimiento y un compromiso irrestricto con la protección de los derechos de las personas con discapacidad". "Sus expresiones, crueles, discriminatorias y contrarias a los principios constitucionales y los derechos humanos, demuestran un desprecio por la población sujeta a la protección de la Agencia y constituyen una violación de sus deberes como funcionario público", sumó el escrito.Asimismo, rechazaron la reacción del presidente Javier Milei, quien calificó al menor y al periodista Paulino Rodríguez â??quien realizó la entrevista en la que se difundieron los hechosâ?? como "operadores del lado del mal".Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla... https://t.co/yE27aK1t6X— Javier Milei (@JMilei) June 1, 2025"Desde el Congreso no podemos dejar pasar estos hechos. Esta semana vamos a dar media sanción a la emergencia en discapacidad, pero también es necesario repudiar estas declaraciones y exigirle al Gobierno la renuncia de Spagnuolo", cerró Ferraro en la publicación.Antecedentes de SpagnuoloLa polémica en torno al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad no es nueva. En febrero pasado, Spagnuolo firmó la resolución 187/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se emplearon términos como "idiota", "imbécil" y "retardado mental" para referirse a las personas con discapacidad.El documento de la resolución, en la que se actualizaban los criterios para otorgar pensiones no contributivas por invalidez, provocó un fuerte rechazo por parte de organizaciones y especialistas debido al uso de términos ofensivos para referirse a personas con discapacidad. Tras el escándalo, Andis emitió un comunicado en el que aclaró que se trató de un "error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta" y agregó: "Es importante aclarar que esta corrección no modificará el baremo [los criterios de evaluación] ni sus criterios de evaluación". Pese a que el organismo prometió modificar el texto, el malestar se profundizó cuando se conoció que el organismo desplazó a dos empleadas de menor jerarquía, mientras Spagnuolo conservó su cargo.Finalmente, Andis informó que modificó la Resolución 187, publicada en el Boletín Oficial el 16 de enero pasado. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agencia Nacional Discapacidad (@agencianacionaldediscapacidad) El texto de la resolución, antes de ser modificadoEl texto decía: "Retardos mentales. Se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual, afectivo y cognitivo-práxico. Pero con el crecimiento y las exigencias sociales las personas que lo padecen deben suplir sus carencias con elementos sustitutivos a veces de la personalidad y se tornan trastornos también cualitativos. La comprobación de una dificultad práctica para conducirse autónomamente en la vida, junto con el estudio de las funciones, permitirá bosquejar el perfil del individuo. Según el CI los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo; 30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias; 50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias; 60-70 (débil mental moderado): lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual; 70-90 (débil mental leve): cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura. Fronterizos los que tienen CI cercan al normal".
La organización lanzará, con el apoyo del BID, Ecosistema Accesible, un programa de tres años que busca acompañar a 600 fundadores en la región.
El diputado cordobés confirmó que el bloque 'Liga del Interior' no dará quórum en la sesión del miércoles. Criticó el abordaje del gobierno nacional y detalló los motivos de su rechazo al proyecto de emergencia. Leer más
Pese a las amenazas de veto de por parte del Poder Ejecutivo, la oposición en la Cámara de Diputados insistirá pasado mañana en una nueva sesión especial con un temario que incomoda, y mucho, al oficialismo. Contempla un aumento excepcional de las jubilaciones y un nuevo sistema para suplantar la moratoria previsional. Además, se incluyó la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.En la sesión, convocada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, los opositores también pretenden llevar al recinto las iniciativas que proponen declarar la emergencia en los distritos de la provincia de Buenos Aires afectados por las inundaciones del 16, 17 y 18 de mayo pasado. Además, buscarán emplazar a los presidentes de Educación y de Presupuesto -ambas comandadas por el oficialismo- para que se avance en una nueva ley de financiamiento universitario, iniciativa que promueven los rectores de todo el país. Será la segunda vez que la oposición intentará avanzar con este temario; hace dos semanas fracasaron por falta de quorum en el recinto -se sentaron 124 diputados en sus bancas, cinco menos de los necesarios para abrir el debate-, pero en esta oportunidad esperan alcanzar el objetivo. Creen que el clima social de los últimos días, marcado por la masiva y emotiva marcha que protagonizaron las organizaciones y familiares de personas con discapacidad y el conflicto salarial en el Hospital Garrahan -tema que la oposición también buscará colar en el debate-, podría ser un factor disuasorio que lleve al recinto a quienes, hace dos semanas, pegaron el faltazo.Por de pronto, el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados de Pro no solo no darán quorum sino que ya pusieron en marcha el operativo para hacer caer la sesión. El primer puntapié lo dio el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuando advirtió que si la oposición logra convertir en ley los proyectos sobre jubilaciones y discapacidad el impacto fiscal será de US$ 12.000 millones. "Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados, que hasta ayer eran enemigos íntimos, proponen con falsa demagogia y total irresponsabilidad una sesión que costaría más de 12.000 millones de dólares, o el 1,8% del PBI -escribió Menem en su cuenta de X (ex Twitter)-. Se esconden detrás de causas nobles con el fin de romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó".Estos números que publicó el presidente de la Cámara baja se contradicen, sin embargo, con los informes que publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que a pedido de los legisladores hizo una estimación sobre el impacto fiscal de los proyectos que se someterán a debate en el recinto este miércoles si, finalmente, hay quorum.En efecto, sobre las iniciativas que prevén una suba por única vez del 7,2% en todas las escalas de jubilaciones -para compensar la inflación no reconocida de enero de 2024- sumado a la actualización por inflación del bono de $70.000 que cobran los jubilados de la mínima, el Ministerio de Economía calculó un costo de 1,3% del PBI.La OPC, por su parte, precisó que la actualización del bono tendría un impacto que rondaría entre el 0,23% del PBI en caso de llevarlo a 105 mil pesos; y del 0,30% del PIB si se eleva a 115 mil pesos.Sobre la prórroga de la moratoria previsional que venció el 31 de marzo pasado -que la oposición finalmente no impulsaría en el recinto por falta de acuerdo entre los bloques- el Ministerio de Economía calculó que su impacto sería del 0,2% del PBI.En cambio, el organismo de asistencia técnica del Congreso estimó que esta iniciativa, de aprobarse, tendría un costo del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un impacto fiscal acumulado de 0,165% del PBI.El tercer punto calculado por los funcionarios de la cartera que comanda Luis Caputo concluye que la emergencia en discapacidad -que contempla, en el dictamen de mayoría, el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas, el fortalecimiento de los prestadores, la actualización de los nomencladores y el presupuesto sostenido de la ANDIS- representaría un 0,3% del PBI.Por su parte, la OPC estimó un gasto de entre el 0,22% y el 0,42% del PIB, dependiendo del escenario considerado, para ese proyecto.Desde el Gobierno ya se anticipó que no convalidarán la implementación efectiva de ninguno de esos costos, y están dispuestos en ese sentido a vetarlos si se convierten en ley.
Bajo la consigna "la resistencia crece" los grupos hicieron un llamado a toda la comunidad para "movilizar, compartir y difundir" la situación de crisis que están atravesando. Leer más
El lector denuncia que reciben violencia simbólica, verbal e institucional que sufrimos desde lo más alto del poder. Funcionarios del Gobierno utilizan términos como "idiotas", "imbéciles" y "débiles mentales"EL COMENTARIO DEL EDITOR. Esos de labia violenta, que "no la ven".
Una semana después de reclamar al gobierno de Javier Milei que cese la represión de las fuerzas de seguridad en las movilizaciones por los jubilados, la Iglesia formuló un severo llamado de atención sobre la situación que padecen las personas con discapacidad. En medio de recortes presupuestarios y restricciones al acceso a tratamientos y prestaciones, la comisión ejecutiva del Episcopado advirtió que "las personas con discapacidad no pueden esperar". Del mismo modo, hubo expresiones de apoyo en la Iglesia a los afectados por las medidas de ajuste que afectan a las poblaciones que se atienden en los hospitales públicos.Al pronunciamiento del Episcopado, que preside el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, se sumó el abrazo simbólico a hospitales encabezado por el arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero del Episcopado, cardenal Ángel Rossi, quien a comienzos de este mes participó del cónclave que eligió al papa León XIV."La Iglesia tiene la obligación de acompañar a todos y sobre todo, de un modo particular, a los que andan más cascoteados por la vida", dijo el cardenal Rossi en el Polo Sanitario de Córdoba, donde una multitud se sumó a abrazo simbólico y solidario.Estas campañas de cercanía y solidaridad se llevan adelante en los días previos a la colecta anual de Cáritas, que la Iglesia realizará el fin de semana próximo en todo el país, para solventar programas de ayuda en medio de la crisis.En 2024, el brazo solidario de la Iglesia recaudó $10.778 millones en la colecta anual, que fueron distribuidos proporcionalmente en las 67 diócesis del país para financiar programas de promoción humana, ayuda inmediata y asistencia en situaciones de emergencia, como los incendios en Cruz del Eje, Esquel y amplios sectores de la provincia de Corrientes. Al rescate de la dignidad"Es necesario que rescatemos a la persona y su dignidad, que la pongamos en el centro de nuestros intereses, de nuestros servicios, y proyectos", expresó el Episcopado en el comunicado en el que expresan los reclamos en favor de las personas con discapacidad. Hace unos días tomó estado público la reacción del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien en un diálogo con la madre de un niño autista que le planteó su preocupación por la desfinanciación de las políticas de discapacidad. "Si vos tuviste un hijo con discapacidad, ese es problema de la familia, no del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?", le recriminó el funcionario."Ante el desconcierto y desamparo de muchos hermanos y hermanas con discapacidad, los obispos de la comisión ejecutiva queremos hacernos cercanos a sus dolores e inquietudes y a las de sus familias. Una dignidad infinita, que se fundamenta inalienablemente en su propio ser, le corresponde a cada persona humana, más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre", expresa la declaración de los obispos. Además, reclaman la necesidad de que las personas deben estar "en el centro de nuestros intereses, de nuestros servicios y proyectos".Afirman, en ese sentido, que el acceso a servicios esenciales, como la salud, la rehabilitación, la educación, el acompañamiento profesional y los apoyos necesarios para la vida cotidiana de las personas con discapacidad, "se han vuelto inciertos y limitados". Añaden que El esfuerzo cotidiano de las familias que los acompañan muchas veces se realiza en soledad, sin el reconocimiento suficiente de la sociedad ni el apoyo adecuado del Estado".Los obispos transmiten en el documento su sorpresa al constatar "el desconocimiento y desinterés hacia la realidad de la discapacidad, la cual debería ser una prioridad ineludible de toda política pública". Y llaman "a la reflexión a quienes, desde el ámbito del gobierno nacional, deben apoyar con los recursos necesarios para que el área de la discapacidad pueda cumplir con responsabilidad y eficacia su tarea".Afirman, finalmente, que "el cuidado de las personas con discapacidad no puede ser postergado, ni subordinado a otras urgencias: es un deber ético, una exigencia de justicia y un acto de humanidad"."Frente al dolor y la angustia de tantos hermanos y hermanas concretos deberían evitarse actitudes y expresiones que lastiman, esos lenguajes despreciativos,por momentos no exentos de crueldad, que atentan seriamente contra aquella unidad que tanto necesitamos como pueblo, para ponernos la patria al hombro, para salir adelante", concluyen los obispos.
Mercedes Zessa es madre de Milo, de ocho años que tiene epilepsia y parálisis cerebral. Viven en City Bell. Mercedes tiene una frase de cabecera: "Yo quiero maternar, no gestionar ni tramitar". Resume mucho de lo que significa puertas adentro de los hogares de personas con discapacidad esta emergencia nacional que se viene reclamando con distintas marchas y que el jueves próximo se trataría por pedido de miles de familias en el Congreso."Cuando tenés un hijo con discapacidad armas una red de contención, profesionales, apoyos, terapias, acompañantes y sos vos como mamá o papá quien toma las decisiones y coordina ese equipo. Elegís gente, te capacitás, consultas con otras familias, formas equipos. Pero desde hace un tiempo, esa red entra en crisis todo el tiempo. Eso significa que como mamá pasas muchas horas del día haciendo trámites, llamando a la obra social, completando planillas, reclamando en distintos organismos. Hoy, es mi trabajo principal. Me insume todas las horas y toda la energía, por culpa de la burocracia que todo el tiempo está generando más trámites y más conflictos. Tu trabajo real, ese por el que te pagan un sueldo, que no querés perder porque es el que te da la obra social para poder cubrir todas las terapias, es tu segundo trabajo, al lado de lo que demanda coordinar el apoyo que requiere una persona con discapacidad", explica Mercedes. Aun así, aclara, eso no garantiza nada. Las autorizaciones que se presentaron en noviembre todavía no salieron, algunos de los profesionales que atienden a su hijo cortaron la atención, por la falta de pago de la obra social, otros, directamente dejaron de atender en el centro al que concurría. Algunos, los que puede, lo atienden de forma particular y allí llegan los malabares para ver cómo pagarles.Y a eso se le suma la odisea de las acompañantes terapéuticos. Milo necesita un acompañamiento permanente, por eso tiene dos acompañantes en el hogar y una en la escuela. El recambio es permanente: las demoras en los pagos, el que no salgan los trámites, el hecho de que tal vez a una acompañante le ofrezca otra familia un pago un poco mayor, abonando de su bolsillo lo que la obra social no paga. "Hace unas semanas, me iba a encontrar con una posible acompañante que me dijo que ella cobraba $22.000 la entrevista. Solo para ver si iba a trabajar. Todo se vuelve muy perverso", dice. Así las cosas, el entramado de apoyos entra en crisis y Mercedes lucha por salir adelante, por acompañar a Milo. "Yo les digo a todas las mamás, nunca te sentís tan solo como cuando te dan el diagnóstico de tu hijo. Porque nadie te dice lo que se te va a venir. Por eso, hay que dejarse ayudar, por la familia, por el entorno, porque el trabajo que tenemos por delante es enorme. Por eso duele tanto cuando un funcionario (se refiere al director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Andis, Diego Spagnuolo) dice que tenemos más beneficios que el resto por tener libre estacionamiento o peajes. Porque desacredita el enorme trabajo que hace la familia para sostener a su hijo en un aula de un colegio. Es de una falta de empatía que duele . Es un enorme desprecio por el incansable trabajo de toda la familia que hay atrás de cada chico", dice Mercedes.A veces, dice Mercedes, siente que es empleada de la obra social que tiene por trabajar como personal no docente en la Universidad de La Plata. Les tiene que decir qué formulario, dónde se presenta y cómo. "Te volvés una especialista. Pero eso no es lo que te toca como mamá. Se generó tanta burocracia que parece que todo fuera a propósito como para desalentar que atendamos a los chicos. ¡No los llevamos a esas terapias porque se nos ocurre o porque estamos aburridas! Es como decir, ¿necesita medicación?, te la vamos a dar, pero la vas a sangrar", dice. Autorizaciones mensualesMilo toma cinco medicaciones, dos de ellas, muy costosas. A pesar de que son crónicas, las autorizaciones son mensuales, todos los meses hay que repetir la autorización. "Hoy ya estuve varias horas haciendo trámites para reclamar la falta de pago a los profesionales y presentando autorizaciones. De una medicación me queda solo para tres días. Si no la consigo, tengo que pedir en los grupos de madres que alguien me la preste y después la tengo que reponer. Les explico a los de la obra social que les sale más caro que Milo convulsione, que prevenirlo. Pero es un círculo muy perverso. Todo es a contramano. Es muy difícil", explica."La actividad de los acompañantes terapéuticos debería estar regulada de otra forma. Porque cuando se van, porque cambian de trabajo porque les pagan poco o no les pagan, la familia tiene por delante al menos un mes y medio de trámites y de que su hijo quede sin apoyo. Eso debería ser considerado abandono de persona. Por el problema de los pagos, con Milo hemos tenido intermitencias con la acompañante del colegio, y eso significa que a tres meses del comienzo de clases mi hijo sigue muy desregulado, volvió a hacerse pis encima, se siente poco contenido en clase. Yo me pregunto si alguien piensa en el daño que les hacen o si todo es gratuito", dice.La historia de BautistaCarolina Rabazani es la madre de Josefina, de 12 años y de Bautista, de 7. Viven en Arroyo Cabral, un pueblo de 2000 habitantes en la provincia de Córdoba. "Nosotros somos del interior del interior", dice Carolina. Están a dos horas de la capital provincial. Bautista tiene equis frágil, que es una discapacidad intelectual que se produce por una mutación de los genes de la madre. Cuando tenía seis meses, Carolina se dio cuenta que cuando lo sentaba en la cuna e iba a agarrar un peluche, Bauti no podía volver a su posición. A partir de allí empezó una recorrida interminable por especialistas, y una sucesión de posibles diagnósticos, como Trastorno del Espectro Autista (TEA) o Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) hasta que finalmente una neuróloga les sugirió hacer una análisis genético y allí dieron con este diagnóstico poco frecuente.El marido de Carolina es empleado de una ferretería y desde que tramitaron el certificado de discapacidad, en la obra social que tienen, el camino siempre fue el reclamo legal. "Nosotros siempre recurrimos a la Defensoría del Pueblo. Y últimamente parece ser el único camino. Pero, aún así y todo, pese a tener una orden judicial, su acompañante no cobró nada desde que empezó el año. Y Bauti no puede estar solo en el colegio porque no puede hablar. Entonces, hay días en que me quedo yo en el aula, que también me capacité como acompañante terapéutica, algo que hacemos muchas mamás, para sostener la escolaridad. Atrás de un chico con un diagnóstico que está sentado en una escuela común hay un trabajo enorme de la familia y de un equipo de profesionales, y todo eso parece invisible. Lamentablemente hoy todo eso está en crisis. Tenemos que depender de que los profesionales nos tengan paciencia hasta que la obra social pague, o en muchos casos, autorice, porque pese a que se presenta todo, todavía no llegan todas las autorizaciones. Y sino, lo que podemos lo pagamos aparte, muchas cosas pagamos las familias, porque lo peor que puede pasar es dejar a un chico sin sus terapias o sus apoyos", cuenta Carolina.Algo que lo ayudaría mucho a Bautista en el colegio es contar con un dispositivo que creó una empresa de Córdoba, que es un software especializado, que funciona con un determinado celular que le permitiría mediante pictogramas comunicarse. Pero la obra social no lo quiere cubrir, entonces para eso presentaron otro amparo. "Todo es trámites, todo es renegar. Hoy, hasta las obras sociales más caras están presentando trabas, nadie quiere cubrir, todos te quieren cobrar por fuera", explica. En muchos casos, los acompañantes terapéuticos están exigiendo a las familias que se les pague un honorario aparte y a las familias no les queda mucha opción, porque saben que como se cobra poco y con mucha demora, hasta el aumento en el precio del boleto de colectivo puede hacer que esa persona deje el caso de sus hijos. Perder el trabajo, el peor temor María Martínez es la madre de, Kevin, de 27 años, que tiene retraso mental y hemiparesia izquierda y de Brandon, de 15, que tiene fenilcetonuria, un trastorno metabólico poco frecuente, que produce en algunos casos daño cerebral y discapacidad intelectual. Los dos tienen certificado de discapacidad. Pero, desde que empezó el año, cuenta María, todo está siendo cuesta arriba. Por empezar, que su marido perdió el trabajo, que es uno de los mayores temores de los padres de hijos con discapacidad, ya que hoy la cobertura de tratamientos se realiza exclusivamente a través de las obras sociales laborales. Es decir, que perder el trabajo significa a la larga perder esa cobertura. En cambio, la atención en el sistema público para discapacidad es casi inesxistente.Por el momento, María y el grupo familiar tienen una cobertura de un año y medio por delante, mientras dure el seguro de desempleo de Anses y la cobertura extendida. Después, tendrán que ver qué hacer. "Tengo ganas de llorar. Encima escuchás todo lo que está pasando y te encontrás con una realidad tan cruda cuando los llevás a atender, que duele. Esta crisis, esta emergencia en discapacidad significa que en cualquier lado te quieren cobrar cualquier cosa o te cortan la atención porque no reciben los pagos. Hace unos días, llevé a mi hijo a atender, para hacerle unos estudios y me los querían cobrar, cuando él por su certificado tiene una cobertura total. Recién cuando les pedí que me expliquen por escrito con la firma de la directora del centro lo que me planteaban, para presentar el reclamos en la Superintendencia de Servicios de Salud, me dijeron que no me preocupara, que me iban a hacer la excepción de cubrirlo. Pero no es así, no es un favor, es lo que dice la ley", dice María.Para Kevin, el mayor, todavía no pudo conseguir que la obra social le autorice un centro de día. "Es decir, está todo el día en casa, sin la posibilidad de tener un espacio que le genere un estímulo, como debería ser", cuenta María."Nuestra vida es hacer trámites y pelear con el sistema. Y en el último tiempo todo se agravó. Encima uno escucha que el Presidente o los funcionarios del área hablan con desprecio y sin entender nada de discapacidad y todo eso da mucha bronca. Parece que no entienden nada o no les importa. Como si quisieran volver a la época en que las personas con discapacidad estaban encerradas en sus casas o en instituciones", dice María, conmovida hasta las lágrimas.
Cómo está hoy esta actriz versátil y transformadora.Su nuevo personaje que se conocerá en octubre.
La Conferencia Episcopal Argentina dijo que "hay desconocimiento y desinterés" hacia esta realidad por parte del Poder Ejecutivo
Hacienda contempla mínimos personales ampliados, exenciones y deducciones en la Renta para quienes acrediten una discapacidad o se hagan cargo de familiares en esa situación
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La Conferencia Episcopal emitió un duro comunicado en el que subrayó que las políticas públicas de discapacidad deben ser una "prioridad ineludible" del Estado. Leer más