La justicia ordenó la reclusión preventiva de un hombre investigado por privar de la libertad y atacar sexualmente a una adolescente en el sur de la capital, después de que residentes alertaran a la Policía sobre el incidente
En la Agencia Nacional de Discapacidad, en el apartado Servicios no Personales, en el área de Servicios Técnicos y Profesionales solo se cumplió con el 55,24% del monto presupuestado. Leer más
Sostienen que no hay plata para la implementación y están evaluando enviar un nuevo proyecto al Congreso.
La Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad inició su calendario de pagos de enero con depósitos directos y montos actualizados
Desde el municipio quieren que la Justicia determine si se usaron padrones de Incluir Salud con fines proselitistas. Acusan que, como gobierno local, no tenían acceso a esos datos que hubieran permitido que muchas personas no pierdan su pensión.
El adulto no logra comunicarse ni orientarse por su propia cuenta. Desapareció el 19 de enero del 2026, durante un recorrido por una ciclorruta, en el occidente de Bogotá
Milei habla en el Foro Económico de Davos. El Presidente expone hoy a las 11.45 hora argentina según el cronograma oficial, donde se espera que su disertación esté enfocada en la actualidad de la geopolítica global y que reafirme su alineación con el gobierno de Estados Unidos. Su discurso tendrá lugar una hora después del de Donald Trump ante el foro que reúne a líderes políticos y económicos de todo el mundo. El Gobierno sigue buscando apoyos para la reforma laboral. El Ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con una serie de reuniones con gobernadores en busca de respaldo para el proyecto en el Congreso. Esta semana ya se encontró con el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz; hoy lo hará con Rolando Figueroa de Neuquén, y mañana se reunirá con Rogelio Frigerio de Entre Ríos.Un juez federal le exigió al Gobierno que aplique la ley de emergencia en discapacidad. El magistrado Adrián González Charvay le dio dos semanas al Gobierno para que implemente la ley de emergencia en discapacidad a partir del 4 de febrero. Además, el juzgado federal de Campana, donde se tramita un proceso colectivo que comenzaron dos padres, le dio cinco días al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad para informar el avance de los trámites para que se cumpla la normativa que fue sancionada por el Congreso.El Gobierno eliminó un aporte que debían hacer las empresas para acceder al régimen de Tierra del Fuego. La Secretaría de Industria y Comercio dejó sin efecto el 15% que estaba destinado a financiar el fondo para la ampliación de la matriz productiva fueguina. La medida llega después de la entrada en vigencia del arancel 0 para la importación de celulares.Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League. El Real Madrid goleó 6 a 1 al Mónaco por la séptima fecha del torneo más importante a nivel clubes de Europa. El tercer gol del merengue lo anotó el volante argentino, quien logró revertir la opinión de los hinchas y de los periodistas españoles, que se deshicieron en elogios por su actuación.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
Solo el 9% de quienes tienen Certificado Único de Discapacidad en edad laboral accede a empleo registrado en Argentina
Es en una sentencia que dictó el juez federal de Zárate-Campana Adrián González Charvay. En la resolución, el magistrado además intimó al Gobierno a acreditar el avance en la implementación de la norma en un plazo de cinco días bajo "apercibimiento". Leer más
El juez federal de Campana Adrián González Charbay intimó hoy al Gobierno a reglamentar la ley de discapacidad antes del 4 de febrero. Se trata de una normativa aprobada por el Congreso y que el presidente Javier Milei no reglamentó. González Charvay hizo lugar a un amparo colectivo y suspendió la vigencia del el art. II del Decreto 681/25, que frenaba la aplicación de la ley y obligaba al Congreso a decir de dónde sacaba los fondos para la implementación.La ley de emergencia en discapacidad fue aprobada por el Senado el 10 de junio último, pero luego, el 4 de agosto, el Presidente la vetó en su totalidad. Sin embargo, la Cámara de Diputados y el Senado insistieron con esta ley, con una mayoría de dos tercios, y dejaron sin efecto el veto.Sin embargo, la Cámara de Diputados y el Senado insistieron con esta ley, con una mayoría de dos tercios, y dejaron sin efecto el veto. Por eso, el Poder Ejecutivo debió promulgar la norma. Sin embargo, en el decreto de promulgación señaló que hasta que el Congreso no indicara cuáles serían las partidas presupuestarias, la ejecución de la ley quedaba suspendida.Ahora, que la ley de emergencia en discapacidad recuperó su plena vigencia, se deberán pagar una compensación para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre 0,22% y 0,42% del PBI.Asimismo, la ley promueve saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.Además, reforma el sistema de pensiones no contributivas, con un financiamiento adecuado, y dispone auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.También prevé actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.La decisión judicial surgió tras un amparo colectivo impulsado por padres de niños con discapacidad y diversas asociaciones civiles, quienes denunciaron que el Gobierno, tras ver rechazado su veto por el Congreso, promulgó la ley, pero suspendió sus efectos.El juez sostuvo que hubo una violación a la división de poderes y un "veto encubierto", cuando el Presidente tenía la obligación de promulgar la norma. Para el juez, el Presidente ejerció facultades que no le son propias y transgredió el principio republicano de división de poderes. Para el magistrado, la suspensión vía decreto de una ley ratificada por el Congreso es inválida y configura un exceso de las facultades constitucionales.El fallo del juez consideró que el argumento de que la ley no dice de dónde saldrán los fondos para solventarla es una falacia. El fallo destacó que la ley facultó expresamente al Jefe de Gabinete a reasignar partidas para financiar la emergencia. Además, el magistrado señaló la contradicción del Poder Ejecutivo: mientras alega no tener fondos para destinar al área de discapacidad, "ha realizado más de diecinueve modificaciones presupuestarias" discrecionales para otras áreas (como Seguridad y Defensa), operando con un presupuesto prorrogado. "Esta conducta demuestra que el Gobierno tiene la capacidad jurídica y económica, pero elige selectivamente no utilizarla para este sector", afirmó el juez.Sostuvo además que hay una discriminación estructural contra las personas con discapacidad y alertó sobre una vulneración de tratados internacionales. Enfatizó que el Estado argentino tiene obligaciones constitucionales derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de los Derechos del Niño. Al desfinanciar el sistema, "el Estado incumple su deber de protección especial" hacia un grupo en situación de "doble vulnerabilidad", como lo es la niñez y la discapacidad.El fallo tiene efectos para todas las personas con discapacidad del país, sus familias y los prestadores de servicios. Ordena al Estado Nacional que cese la suspensión y aplique la ley votada por el Congreso.El Gobierno puede recurrir esta sentencia y llegar a la Corte con su reclamo. Hoy por hoy la ley está vigente y pueden los damnificados reclamar que se aplique la ley.Si el Estado apela, en caso de que conceda el recurso, el juez analizará si lo hace con efecto devolutivo o suspensivo, de esta decisión. Dependerá de su determinación. Será la Cámara Federal de San Martín la que resuelva.
El Juzgado Federal de esa localidad, donde tramita un proceso colectivo, dispuso que la legislación debe poder cumplirse a partir del 4 de febrero. El Ejecutivo busca dar vuelta el fallo con una apelación en la Cámara Federal de San Martín
El acceso a la licencia de conducir para personas con discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires está garantizado por ley, priorizando la evaluación de la capacidad real para manejar de forma segura con las adaptaciones técnicas necesarias. Este trámite, similar al de cualquier conductor, incorpora una evaluación médica específica y una categoría especial de licencia, la Clase F, que reconoce oficialmente los vehículos adaptados. La normativa vigente establece que quienes con las ayudas técnicas adecuadas, cumplan los requisitos generales exigidos, podrán acceder a la licencia. Esto implica una evaluación individual, no una prohibición automática.Regresa a la Argentina un icónico deportivo de los más famosos del mundoLa Licencia Clase F certifica la aptitud del conductor para manejar un vehículo modificado para suplir limitaciones físicas. Las condiciones, como controles manuales de acelerador y freno, pomo o comandos especiales en el volante, transmisión automática obligatoria o adaptaciones electrónicas específicas, quedan asentadas en la licencia, siendo su cumplimiento obligatorio.Los requisitos generales para solicitar la licencia en CABA incluyen: usuario y clave miBA, DNI vigente con domicilio en la Ciudad (o constancia de trámite), saber leer y escribir, no estar inhabilitado por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, no tener infracciones impagas y abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT). El trámite es para primera vez o renovaciones con más de un año de vencimiento.El proceso inicia online en la web del Gobierno porteño, completando datos personales y la Declaración Jurada de aptitud psicofísica. En 48 horas, se debería recibir un correo con el enlace para el curso obligatorio de educación vial (virtual, presencial o en academias habilitadas), que debe completarse antes de ir a la sede y tiene un año de validez. Luego, se selecciona sede, fecha y horario entre las 15 habilitadas. Personas con dificultades auditivas que usen audífonos o implante coclear deben solicitar el turno en sedes específicas. La evaluación psicofísica es un paso crucial para la licencia Clase F, abarcando psicología, visión, audición y evaluación médica. Este examen determina la aptitud para conducir, las adaptaciones vehiculares necesarias y las condiciones que figurarán en la licencia. Se deben presentar certificados médicos vigentes por tratamientos o patologías, y llevar anteojos, lentes de contacto o audífonos si se utilizan.El examen teórico es idéntico al del resto de los conductores, múltiple choice y basado en el Manual del Conductor de la Ciudad. No tiene contenidos diferenciados y puede reprogramarse. La prueba práctica exige un vehículo con las adaptaciones determinadas por la evaluación médica. Implica rendir con un auto propio adaptado o uno de autoescuela especializada, apuntando a evaluar la idoneidad conductiva y el uso correcto de los sistemas de asistencia.Los costos incluyen $28.750 por la boleta única inteligente â??BUIâ?? y $8.840 por el CENAT. Sin embargo, están exentas del pago de la BUI, entre otras personas, jubilados, pensionados, veteranos de Malvinas y quienes posean Certificado Único de Discapacidad (CUD). La documentación de exención debe presentarse el día del trámite.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ordenó tratar de manera urgente un reclamo contra el Estado y la Agencia Nacional de Discapacidad por traslados semanales, cobertura médica y equipamiento ortopédico
Especialistas advierten que durante enero y en el "día más triste del año", pueden intensificar las crisis y el desgaste mental
Un decreto de Colombia Compra Eficiente terminaría en "la mercantilización de personas en condición de discapacidad", según la CCI
Iniciativa legislativa propone pase libre para acompañantes de personas con discapacidad severa inscritas en Conadis
Las obras más frecuentes en edificios antiguos para garantizar la accesibilidad son la instalación de rampas, ascensores, salvaescaleras o la eliminación de obstáculos, como escalones
El cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el incumplimiento de la ley de Emergencia no responden a una falta de recursos, sino a una decisión política que relega derechos, desoye a la Justicia y utiliza a las personas con discapacidad como variable de ajuste.
El pago corresponde al bimestre enero-febrero y para este año, el apoyo tuvo un incremento
La disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) anunciada a fines de diciembre es, para el sacerdote Pablo Molero, un gesto consecuente con la mirada del Gobierno sobre este colectivo. "Podés tener un organismo en lo más alto del poder, pero si está como un florero sin flores, es lo mismo que nada", dice Molero, como metáfora de lo que considera una falta de interés por parte del Gobierno de Javier Milei en generar políticas que mejoren la situación de las personas con discapacidad. Molero lleva más de tres décadas vinculado con este colectivo al ser el responsable de la Comisión de Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires. Además, preside el Foro Permanente de Discapacidad, que nuclea a más de 400 organizaciones. Fue parte del comité asesor de la Comisión Nacional de Discapacidad, organismo antecesor de la Andis, y también integró el directorio del Sistema Único de Prestaciones que lideraba la Andis y tenía como función supervisar el sistema de prestaciones. A la luz de todo ese recorrido, el sacerdote considera que la transformación de un organismo autárquico como la Andis en una secretaría dentro del Ministerio de Salud, tal como anunció hace pocos días el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no solo le quita presencia a la discapacidad dentro de la agenda pública sino que dificulta la mirada integral sobre el tema, tal como recomiendan organismos internacionales como Naciones Unidas.En una conversación con LA NACION, Molero abogó por un discurso social más cuidadoso con la discapacidad. "Cuando me dicen que no puede haber tantas personas con discapacidad en la Argentina porque no tuvimos una guerra, yo les recuerdo que la pobreza es una guerra y que a más pobreza, mayores chances de discapacidad", sostiene. -¿Cómo evalúa la decisión del Gobierno de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad?-Creo que es un retroceso. Los documentos internacionales que entienden sobre el tema suelen pedir que el organismo que se ocupe de promover políticas integrales esté en los niveles más altos de decisión por una cuestión de relación con los otros ministerios. En sus primeros años, la Comisión Nacional de Discapacidad, el organismo anterior a la Andis, participaba en las reuniones del Gabinete. Eso era bueno porque era una posibilidad de influir sobre las decisiones que se fueran tomando en el país.-¿Qué se pierde al transformar un organismo autárquico en una secretaría dentro del Ministerio de Salud?-Presencia. Es cierto, la presencia tiene que ver muchas veces con el interés que tenga también el Gobierno sobre este tema. Vos podés tener a ese organismo en los niveles más altos, pero si está puesto como un florero sin flores es lo mismo que nada. Pero al ponerlo en una secretaría, ya para cualquier planteo, primero tenés que pasar por el ministerio. Creo que fue una manera de meterlo en algún lugar. -Podría haber sido cualquier lugar pero fue el Ministerio de Salud. ¿Cómo lo interpreta?-Desde el Gobierno, el tema discapacidad solo se miró desde lo prestacional. En la cabeza de ellos, todo pasa por lo sanitario, lo que habla de que hay bastante ignorancia sobre el tema. La discapacidad no se define solamente desde el tema de salud, sino desde su relación con el medio ambiente, lo social, etcétera. -¿Puede un gobierno permitirse ser ignorante sobre este tema? Se supone que cuenta con los recursos más que suficientes para dar con especialistas idóneos que lo rescaten de esa ignorancia. -En la teoría te diría que tenés razón, pero en la práctica se permiten la ignorancia. En dos años, lo único que hicieron fue ensuciar la condición de las personas con discapacidad. Las relacionaron con el tema de las pensiones mal dadas. Hay una clara decisión de no saber del tema, porque no quieren saber. El mensaje que promueven es "discapacidad es igual a curro". El Presidente usó la condición de discapacidad para insultar gente.-Cuando Manuel Adorni habló sobre el tema, mencionó la eliminación de 16 cargos políticos y una reducción de la estructura jerárquica de casi el 50%. -Eso enseguida, en la sensibilidad de la gente es "están ahorrando dinero del Estado, está bien lo que están haciendo". Ahora, yo me pregunto, ¿eran necesarios esos 16 puestos o no? Si yo quiero abrir un kiosco, quizás me alcanza conmigo y otra persona. Ahora, si quiero tener un supermercado, no me va a alcanzar con dos personas. Pero si lo que quiero hacer de la discapacidad es simplemente dos cosas, entonces doy de baja un montón de gente. Otra cosa que dice Adorni es que la autonomía que tenía este organismo le daba pie a cuestiones de poca transparencia. ¿Qué tengo que pensar? ¿Que todo aquel que tiene autonomía la va a usar para robar? Yo le recuerdo a la gente que el que roba no es un organismo. Los que roban son los funcionarios a cargo de un organismo. Le recuerdo a Milei que los que están procesados son funcionarios nombrados por este gobierno. -Siguiendo con estos mensajes que bajan desde el Gobierno a la gente, también está la controversia acerca de la cantidad real de personas con discapacidad. -Es que se suelen mezclar los certificados únicos de discapacidad con las pensiones por discapacidad, que son dos cosas completamente distintas. En nuestro país, el certificado de discapacidad no es obligatorio. Cuando en 1997 se sanciona la ley de prestaciones hubo un mayor crecimiento de certificaciones porque para que vos tuvieras una prestación, tenías que tener el certificado de discapacidad. Pero al día de hoy hay mucha gente con discapacidad sin certificado. Hoy en día nos pasa. La Comisión de Discapacidad del Arzobispado tiene en el Bajo Flores un servicio gratuito de atención a niños con discapacidad de hasta 11 años. Cuando los profesionales le plantean a una madre que sería bueno que su hijo sacara el certificado de discapacidad por tales y tales motivos, todavía tenemos gente que dice, "No, yo a mi hijo no se lo saco. Mi hijo no es discapacitado". -¿Qué le responde a quienes dicen que en la Argentina no puede haber más de un millón de personas con discapacidad porque nunca ocurrió una catástrofe, o no tuvimos una guerra?-Yo los invito a hacer el siguiente razonamiento. Durante más de 20 años tuvimos más del 30% de nuestra población en la pobreza. Es un piso conservador, porque tuvimos mucho más. Y cuando hay pobreza, hay mayores condiciones para tener discapacidad. -¿Por qué?-Porque son personas con dificultades para alimentarse de manera adecuada, o que carecen de la atención médica que necesitan cuando se enferman, ni hablar si se accidentan y no pueden recuperarse. Todo eso aumenta las chances de discapacidad. No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales.-A nivel internacional se estima que el promedio de personas con discapacidad en cada país oscila alrededor del 12%-Exacto. Y en nuestro país somos 47 millones de argentinos aproximadamente. Tomando ese 30% de población en la pobreza del que te hablaba antes, si aplicás la proporción del 12%, solo ahí ya tenés más de 1.200.000 personas con discapacidad. En Chile la estimación es del 11% y no tuvo tampoco ninguna guerra ni nuestros niveles de pobreza. -Siguiendo con su razonamiento, dentro de la población que vive en la pobreza hay más de 12% con discapacidad. Pero dentro de la población con discapacidad, es muy probable que la pobreza supere la media nacional, ¿no?-Así es. Cuando me dicen que no pueden ser esos números, porque no hubo una guerra, yo siempre digo que la pobreza es una guerra. Una guerra silenciosa a la que nos hemos acostumbrado. La pobreza es no tener agua, no tener medicación a tiempo, atención a tiempo, no poder comer como corresponde, son muchos los condicionamientos. Es una catástrofe que hemos naturalizado. Y si hoy en día tenés trabajadores pobres, imaginate si no tenés trabajo. Y entre las personas con discapacidad falta el trabajo.-Usted está muy en contacto con este colectivo. ¿Qué realidades está viendo?-Mirá, yo te puedo hablar de lo que veo desde el pequeño servicio que tiene la Comisión del Arzobispado en el Bajo Flores, que es para chicos de 0 a 11 años. Veo continuamente gente tocando la puerta para ver si la podemos atender. Los mandan del hospital o de la escuela. Hay gente que va a buscar atención de salud. A veces se anotan en hospitales y tienen que esperar dos años para ser atendidos. La gente está olvidada. Y a un chico que no es atendido desde el primer momento se le va a complicar la vida. -El hecho de que el nuevo organismo esté dentro del Ministerio de Salud, ¿podría dificultar la mirada integral recomendada por los organismos internacionales?-Cuando discutíamos con el exinterventor de la Andis, Diego Spagnuolo, el tema de las pensiones, él nos decía: "Ustedes quieren dar a la gente nada más que pensiones, los anulan. Nosotros vamos por el trabajo". Yo le dije que me alegraba. La pregunta es: ¿dónde está el trabajo? Dudo que la secretaría nueva tenga algún plan pensado más allá de lo sanitario.-Nuestro país adhirió a la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional en nuestro país y promueve, entre otros derechos humanos, el de la autonomía y la vida independiente. ¿Se puede llevar una vida autónoma e independiente sin trabajo?-La Convención es una cosa enorme, porque toca toda la vida de las personas con discapacidad. Las personas necesitan trabajo, necesitan educación, necesitan medicación, poder formar su vida, tener una familia. Pero si no hay trabajo, no hay autonomía. Yo puedo haberme rehabilitado. Puedo haber hecho la capacitación laboral. Pero si después no tengo dónde trabajar, se acabó. Dependo de mis padres y eso no es para siempre. -Hoy en día, hay muchas familias preguntándose, justamente, "¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté?". ¿Qué le responde a esas familias?-Es una respuesta muy difícil. Les diría que traten de desarrollar a su hijo en lo máximo posible. Si bien hay casos severos que pueden ser muy complejos, yo creo que hay otras maneras de pensar el futuro de ese hijo sin que termine en un hogar. Con los apoyos necesarios, muchas personas podrían seguir viviendo en sus casas. Pero todo eso implica dinero y un verdadero compromiso con el tema. Ahora, si la familia tiene que recorrer 100 hospitales para lograr una rehabilitación para ese hijo, es muy difícil. -En lo cotidiano, ¿cómo podemos contribuir como sociedad?-Todavía hay gente que sigue pensando que no hay que gastar dinero en esto. Mucha gente. Hay funcionarios y hasta médicos que dicen "¿cuándo se va a curar esta persona?" o "¿cuándo va a dejar de ser un gasto esta persona?". Yo respeto la forma de pensar de los demás, pero cuando se habla de excluir gente, no puedo estar de acuerdo. Porque va en contra de la dignidad de esa gente. Yo creo que podríamos empezar siendo más cuidadosos con lo que decimos. Más información:Si querés conocer cuáles son las prestaciones, servicios y derechos que tienen las personas con discapcidad, podés navegar por la guía que armó el equipo de Fundación LA NACION.
La Procuración del Tesoro, a cargo de Santiago Castro Videla, presentó informes para dar cuenta del grado de avance en la implementación de la Ley 27.793. El juez federal de Campana escuchará a las partes y luego debe resolver si el Ministerio de Salud cumple o no la orden judicial. Leer más
El Ejecutivo notificó al Juzgado Federal de Campana que se iniciaron los procesos administrativos para ponerla en marcha. Fue luego de una intimación judicial y un fallo que ordenó la "inmediata" ejecución de la norma
Lo hizo a través de una presentación en la causa en la que se le ordenó al Poder Ejecutivo la "inmediata aplicación" de la norma sancionada por el Congreso.
El sistema de reconocimiento de la discapacidad establece cinco grados, que van desde la ausencia de limitaciones hasta situaciones de afectación muy grave o permanente
Este apoyo avanza hacia la cobertura universal en varias entidades del país
Sorpresa, estupor, indignación y desconcierto. Esas son, por estas horas, las sensaciones predominantes en las asociaciones y familiares de personas con discapacidad tras los anuncios del jefe de Gabinete, Manuel Adorni respecto a la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, bajo una figura institucional que aún no fue precisada, secretaría o subsecretaría.El rechazo fue inmediato. "Esta medida le quita jerarquía al abordaje de la discapacidad", advirtió Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de Discapacidad. La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con Trastorno del Espectro Autista (TEA), definió el anuncio como "un retroceso enorme", mientras que Paulo Morales, director de la ONG TEActiva, sostuvo que "desmontar organismos ineficientes siempre puede ser una buena noticia", aunque puntualizó para que así sea, el Gobierno debería acompañar la decisión con denuncias concretas en la Justicia. Y agregó: "Por otra parte, como padre de un chico con discapacidad, digo que hoy las personas con discapacidad y sus familias están abandonadas a su suerte y termina siendo un sálvese quien pueda. Y la situación empeora con cada día que pasa. Si al Gobierno no le interesa la discapacidad, debería ser honesto y decirlo, no propiciar esta verdadera catástrofe disfrazada de supuesta eficiencia".PérdidasDetrás de esas primeras reacciones aparece una preocupación común, la posible pérdida de una mirada integral y social sobre la discapacidad. "Al pasar al Ministerio de Salud se diluye la visión transversal", alertó Molero. Bassi puso el foco en la incertidumbre que genera la medida entre las familias: "Hoy las personas que tenían turno para tramitar un certificado de discapacidad no saben qué va a pasar, lo mismo que quieren cobraban una pensión. Generar confusión es muy injusto", agregó. Morales también cuestionó que el planteo del Gobierno no esté abordando los problemas urgentes que atraviesa el sector y con los que luchan cada día las familias."Desde el Foro Permanente de Discapacidad rechazamos esta medida, que le quita esa autonomía y transversalidad al abordaje de la discapacidad. Este gobierno no ha tenido en todo este tiempo ninguna medida política que apunte al bien de las personas con discapacidad. La postura ha sido siempre de crítica, de cuestionar, todo para después sacar las pensiones, no dar los aranceles que corresponden a los prestadores, generar todo un clima de sospecha que terminó en un escándalo de corrupción dentro del propio gobierno", apunta Molero. "Se generaría un nuevo organismo, no sabemos si una secretaría o una subsecretaría. Claramente, la Andis desaparece como tal, con todas sus funciones. Pero no solo eso, al pasar a depender del Ministerio de Salud, desaparece una visión integral y transversal sobre la discapacidad", denunció Molero. Y explicó que, con este cambio, un organismo que tenía una cierta autonomía para tomar decisiones ahora pasa a tener un grado inferior. "Hay que recordar que los organismos internacionales vienen reclamando a los Estados que haya un organismo de discapacidad en cada país que esté en el ámbito más alto de decisión. Ese rango superior se le asignó en 2017 a la Andis, era porque tenía que estar abordar transversalmente temas respecto a la discapacidad, tales como educación, trabajo, salud, accesibilidad y todos los ámbitos. Por eso, en su momento la agencia dependía de la Jefatura de Gabinete, con lo cual permitía una relación transversal con los distintos ministerios y organismos nacionales. Luego, directamente de Presidencia. Ha tenido distintos lugares, y finalmente vuelve al Ministerio de Salud, con lo cual creemos que hay una pérdida de valorización de la temática de la discapacidad", indicó."Estoy muy asombrada con la noticia, fue un baldazo", planteó Bassi, mamá de Lisandro, de 17 años, y una de las voces que se pusieron al frente de la pelea con el Gobierno por el tema discapacidad. "Esto significa un retroceso en materia de discapacidad. Para eso se creó la Andis durante el gobierno de Mauricio Macri, para que sea un organismo que no depende del Ministerio de Salud, porque la discapacidad es mucho más amplia que salud, implica educación, implica trabajo social, implica un montón de cosas que van más allá de la salud", agregó. La actriz apuntó a la situación de confusión que genera para miles de personas esta medida: "Creo que quieren confundir, desordenar, es muy irresponsable. No podés decir, la Andis ha dejado de existir. Es una medida inconsulta que pretende atacar a las personas con discapacidad y desorientar". CorrupciónLos referentes en discapacidad afirmaron que parte de estas medidas apuntan a bajar el nivel de exposición de los casos de corrupción dentro del actual gobierno en la Andis. "Independientemente del nombre que tenga el organismo, las obligaciones y las funciones siguen vigentes. Esto lo digo porque tienen que cumplir la ley. Si en cinco días hábiles no lo hacen, vienen las multas. Los cinco días hábiles terminan el 2 de enero. No vaya a ser que quieran hacer todo esto para desligarse de las obligaciones", señaló Bassi."El movimiento de personas con discapacidad viene peleando hace décadas para que este tema no sea entendido como una cuestión de salud y ahí, digamos, todo el nuevo paradigma que trae la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del modelo social de la discapacidad, del foco en las barreras que los entornos van poniendo", explica Celeste Fernández, abogada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Y agregó: "Si la discapacidad no es un problema individual y es un problema social, entonces la respuesta también tiene que ser social, con lo cual lo que se necesitan son políticas que derriben barreras y promuevan la inclusión en diferentes ámbitos. Las personas con discapacidad no necesitan políticas sanitarias como las que puede implementar un Ministerio de Salud, necesitan políticas integrales para la inclusión porque la discapacidad no es un tema médico. Entonces, ahí hay un primer retroceso claro".
El organismo fue cuestionado por corrupción a partir de la filtración de audios de su ex director ejecutivo, Diego Spagnuolo. Leer más
El presidente Javier Milei disolverá la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cuyas funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones. Así lo anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. El Gobierno decidió eliminar la agencia después del escándalo por el supuesto pago de sobornos en el área. "La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud", remarcó Adorni. Después de que el caso estalló con la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, un escándalo que salpicó a Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de Karina Milei, el Presidente había nombrado a Alejandro Vilches como interventor. El juez federal Sebastián Casanello lleva adelante la investigación por presuntas irregularidades en la Andis. Según anticiparon fuentes oficiales, la agencia será ahora una secretaría y estará bajo la órbita de la cartera de Salud, que conduce Lugones, un hombre de extrema confianza de Santiago Caputo, el principal asesor presidencial. Y Vilches quedará a cargo del área. Adorni evitó hablar de la causa judicial, pero argumentó que, producto de la autonomía que gozada la Andis desde 2017, cuando se creó, se generaron "toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente"."Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario; solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores", puntualizó. Noticia en desarrollo
El 2025 del colectivo de la discapacidad en Argentina. Leer más
Una jueza federal de Bahía Blanca hizo lugar a un amparo por mora y fijó un plazo de 30 días para que el organismo nacional se pronuncie sobre un trámite previsional iniciado hace más de un año y medio
El decreto estableció un porcentaje mínimo de vacantes reservadas. Además elimina costos de inscripción para este sector, para promover su acceso y participación en el sector estatal
El magistrado federal Adrián González Charvay consideró que la demora podría causar un daño irreparable al colectivo de personas afectadas y habilitó la instancia para darle continuidad al expediente
Un fallo le ordenó su "inmediata aplicación" luego de que un decreto del Poder Ejecutivo la supeditó a contar con las partidas presupuestarias.Presentó una apelación para que la decisión sea revocada.
La abogada Marta Lastra cuestionó la falta de respuestas frente a la crisis del sistema de discapacidad en el país y apuntó contra el gobierno de Javier Milei por incumplir leyes históricas del sector. Leer más
Sería por decreto. En Casa Rosada garantizan que no afectará las asignaciones a las provincias y se esperanzan con la aprobación de la ley en el Senado
En el programa "QR!" de Bravo TV, familiares y referentes del sector advirtieron sobre el riesgo de cambios en la Ley de Emergencia y reclamaron que se cumpla sin modificaciones. Leer más
El trabajador Juan Gonzáles recibió dos años de prisión suspendida y deberá pagar S/4.000 de reparación civil por vulnerar la dignidad e igualdad de la docente de Matemáticas.
Anteriormente se reveló que el hijo de Rob Reiner había sido diagnosticado con esquizofrenia, además de enfrentar varios problemas de drogas
El dueño del inmueble se opuso al recurso, bajo el argumento de que el recurso de apelación debía ser inadmitido por no haberse cumplido con la obligación de pago o consignación de las rentas debidas, un requisito esencial para recurrir en este tipo de procesos
El proceso de selección para la entidad tributaria incluye plazas específicas para aspirantes con discapacidad, quienes podrán postularse sin costo y deberán presentar la certificación correspondiente emitida por autoridades de salud
La discusión del proyecto reabre una contradicción que la Argentina arrastra desde hace casi dos décadas.
Luego del revés en el Congreso, donde el oficialismo intentó derogar la Ley N° 27.793, el Ejecutivo define los fundamentos con los que irá a la Cámara Federal de San Martín. En Casa Rosada consideran que atenta contra el equilibrio fiscal
El presupuesto que este año el Gobierno destinó a la atención de la salud de las personas beneficiarias de una pensión no contributiva por discapacidad presenta una ejecución del 79% a poco de finalizar el año. Desde asociaciones y hogares que trabajan en el tema denuncian importantes retrasos en la entrega de medicamentos y pañales, lo que agrava una emergencia que tiene ley vigente, pero que el Ejecutivo se rehúsa a cumplir bajo el argumento de que pone en peligro el equilibrio fiscal. Leer más
En Balcarce 50 hay intenciones de judicializar a los involucrados tras cotejar los datos entre la ANDIS y el Renaper. Los detalles de la investigación
Tras el traspié en Diputados, en el que el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026, pero con las derogaciones en la ley de Emergencia en Discapacidad y la del financiamiento universitario, lo que atenta contra su búsqueda del superávit fiscal, en el Gobierno ya evalúan alternativas para lograr su sanción. Apuntan a introducir cambios, pero sin tocar el déficit cero, principal vector de la administración libertaria. Para terminar de repasar y definir la estrategia parlamentaria, este viernes por la tarde hubo reunión de mesa política en Casa Rosada. Allí se reunieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Caputo y Diego Santilli; el asesor Santiago Caputo, la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.Con la mira puesta en lo que sucederá a partir de la semana próxima, se evalúa no insistir con las derogaciones de emergencia de discapacidad y financiamiento universitario. En cuanto a la primera se evalúan modificaciones como mantener la declaración de emergencia en materia de discapacidad, previendo que la pensión no contributiva tenga un valor del 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado, actualizable de conformidad con lo establecido por el ordenamiento jurídico en materia de jubilaciones. Y que dicha pensión sea compatible con un vínculo laboral siempre y cuando los ingresos del beneficiario no superen los dos (2) salarios mínimos vitales y móviles. También se mantendría la compensación de emergencia retroactiva. Se adecuaría a fin de que se abone la diferencia entre el porcentaje de variación del valor de los aranceles aprobados entre el 1º de diciembre de 2023 inclusive y el 31 de diciembre de 2024 inclusive y el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y también se establecería que la autoridad de aplicación determinará un procedimiento para el reconocimiento de la prestación a cada prestador alcanzado. Se reconocería como mecanismo de ajuste, que el valor de los aranceles sean determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad, en forma conjunta. También se modificaría el artículo referido a las auditorías para que estas "cumplan con todos los recaudos en protección de los ciudadanos y habilite al Poder Ejecutivo a acelerar el procedimiento de baja de aquellas mal otorgadas en fraude al Estado". Se eliminaría la creación de Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social y se mantendría el régimen vigente (pensión por invalidez laboral). De este modo se eliminarían los nuevos requisitos que ampliaban de forma desproporcional la gama de posibles beneficiarios de esta nueva pensión. En cuanto al financiamiento universitario, también se propone no insistir con las derogaciones de financiamiento educativo y se sugieren cambios en una serie de momificaciones. En cuanto a gastos de funcionamiento, se habla de un aumento del 20% respecto a los créditos asignados en 2025 para gastos de funcionamiento universitario. En materia de salario se contemplaría una actualización salarial escalonada con un incremento del 5% a partir del 1° de diciembre de 2025 y luego 4 aumentos periódicos del 2 % durante enero, febrero, marzo y abril de 2026.Para junio, el Poder Ejecutivo evaluaría compensar las eventuales diferencias entre la actualización salarial propuesta y la variación del IPC. También se reconocería el aumento en materia de becas previstas por la normativa. Entre los cambios evaluados se volverían a incorporar los artículos previstos en el capítulo XI del proyecto de ley que no referían a estas leyes. Y se agregaría el artículo relacionado a la coparticipación para que el Ejecutivo realice las adecuaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al compromiso con Ciudad de Buenos Aires.
En medio del reordenamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) iniciada por la intervención dispuesta tras el escándalo desatado por los audios de su extitular Diego Spagnuolo, fuentes del Ejecutivo aseguraron a LA NACION haber detectado que 178 mil receptores del Certificado Único de Discapacidad (CUD) corresponden a personas que están muertas.El número se desprende de un cruce entre las bases del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) con los datos de la ANDIS, donde están registrados los beneficiarios de los certificados. Las autoridades del área accedieron al dato en las últimas horas. A raíz de la detección de esa irregularidad, se prevé dar de baja esos certificados, según pudo saber LA NACION. Al mismo tiempo, el Ejecutivo evalúa acciones legales contra quienes recibieron los beneficios del CUD, a pesar de que sus beneficiarios originales habían fallecido.Las acciones ilegales apuntarán también a los prestadores que cobraban por supuestamente darles servicios a esas personas. El CUD es un documento público y gratuito que acredita la discapacidad de una persona, permitiéndole acceder a derechos, prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares y otros beneficios, con validez en todo el territorio nacional. Se otorga tras una evaluación de una Junta Interdisciplinaria y no tiene un vencimiento fijo, sino períodos de actualización. Actualmente los plazos están prorrogados.La detección de extensión certificados entregados a personas fallecidas motivó una investigación interna.El resultado, al que accedió LA NACION, es parte del cruce que ordenó, en el marco del reordenamiento de la ANDIS, la intervención de Alejandro Vilches, el médico sanitarista quien en septiembre pasado reemplazó a Spagnuolo, primer titular de ese área durante la administración libertaria. Spagnuolo salió eyectado del Gobierno tras quedar alcanzado por sospechas de corrupción, tras la filtración de audios con lo que sería su propia voz y que se referían a sobornos. Vilches fue designado en el cargo por el titular de Salud, Mario Lugones. "Es una estafa al Estado", dijeron a LA NACION las fuentes consultadas. Ese argumento sería el que podría llevar a la justicia a quienes percibieron los beneficios del CUD. A raíz de la información recibida "se van a cruzar los datos de las personas fallecidas con los prestadores". Luego de ese segundo cruce se avanzaría legalmente con los prestadores que hayan asegurado haber atendido a esas personas. En el Gobierno admiten que el cruce debió darse desde el primer momento, pero Spagnuolo no lo hizo. Exabogado del presidente Javier Milei, de quien era amigo personal, Spagnuolo fue echado en medio del escándalo de presunta corrupción en la ANDIS, a través de la difusión de los audios. En esos audios se a afirma que cobraba coimas para la secretaria general de Presidencia, Karina Milei y el subsecretario, Eduardo "Lule" Menem, lo que es descartado de plano por la Casa Rosada.Desde el comienzo del escándalo, en la previa a las elecciones legislativas en territorio bonaerense, en septiembre pasado, en la Casa Rosada insisten que "no hay motivo de preocupación". Y resaltan que en lo que va de investigación judicial, en la que ya hay en curso una primera ronda de indagatorias, "no hay un solo indicio que apunte a ellos; ni lo va a haber". A Spagnuolo suelen referirse como un "chanta" y sostienen que, de confirmarse el cobro de coimas, habría actuado como un "cuentapropista". La auditoría tras el escándaloCon el cambio de autoridad en la ANDIS y el escándalo de presuntos sobornos, Lugones ordenó una auditoría en esa agencia. Como organismos de control externo para que revisen se dispuso la colaboración de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), para determinar qué sucedió en el organismo internamente. Especialmente en torno a la gestión de las Pensiones No Contributivas (PNC) y compras de medicamentos. Esa auditoría aún no está finalizada, pero podría estarlo antes de que finalice el primer trimestre de 2026. Las auditorías tienen un plazo legal de seis meses de duración. El de la ANDIS comenzó en septiembre pasado. El área de Discapacidad fue objeto de dos conflictos este año. Mientras que por un lado quedó alcanzado por el escándalo de los audios de Spagnuolo en ANDIS, por otro el oficialismo enfrenta duras críticas por los recortes en él área de Discapacidad. Mientras que los conflictos alrededor de este último se remontan a mediados de este año, alrededor de la ley de emergencia en Discapacidad, el tema aún no está saldado. En las últimas horas el Gobierno logró la aprobación en Diputados del Presupuesto 2026, pero no la derogación de la emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario, un tema central en la discusión con la oposición y algunos aliados.
Victoria Villarruel convocó a los legisladores de la Cámara alta a una sesión el día posterior a la Navidad. En el temario también está Inocencia Fiscal
La ex funcionaria del Ministerio de Economía e hija de uno de los principales acusados guardó silencio en tribunales
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A las 10 está citada la Comisión para emitir dictamen, y se mantiene el hermetismo sobre la postura del oficialismo sobre el proyecto votado en la Cámara Baja, que frenó su enésimo intento por frenar financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. Los detalles. Leer más
El diputado analizó el año legislativo y el primer tramo del gobierno de Milei, alertó sobre el cambio en la política cambiaria, el avance de las importaciones chinas, y sostuvo que "el gobierno requiere acuerdos y consensos, porque no tiene mayoría en ninguna de las cámaras". Leer más
El recurso fue concedido por el juez federal de Campana Adrián González Charvay y ahora deberá resolver la Cámara Federal de San Martín. Ayer, la oposición le dio un golpe al intento del oficialismo de derogar la ley definitivamente en el Presupuesto 2026
En la madrugada de ayer, luego de una maratónica sesión, se bloqueó el capítulo 11 de la ley del Presupuesto 2026. La ajustada votación fue de 123 votos negativos, 117 positivos y dos abstenciones. Los festejos de la bancada peronista y sus aliados
Legisladores de distintas bancadas sostienen que es ilegal anular leyes por vía del Presupuesto. Analizan denunciar a los funcionarios por incumplimiento de sus funciones o directamente a los diputados que avalaron el dictamen con ese articulado incluido.
El quorum para comenzar la sesión se alcanzó a las 14:27. La votación será capítulo por capítulo, en un clima de tensión palpable que ya anticipa una sesión cargada. Leer más
La Libertad Avanza reunió las firmas necesarias para avanzar con su propuesta del Presupuesto 2026, que será tratado esta tarde en Diputados. Uno de los puntos, que busca eliminar normas presupuestarias, provocó el rechazo de distintos bloques parlamentarios. Leer más
Entidades de discapacidad y derechos humanos de Córdoba se sumaron al rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Advierten que elimina leyes ya aprobadas, afecta a universidades públicas de la provincia y vulnera compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. Leer más
El Gobierno logró imponer su dictamen del Presupuesto 2026, que quedó en condiciones de ser tratado mañana en el recinto de la Cámara de Diputados, en una sesión ya convocada por el oficialismo. La Libertad Avanza consiguió el respaldo necesario con el acompañamiento -en disidencia- del interbloque Pro-UCR y de gobernadores aliados.En total hubo tres dictámenes: uno de mayoría, impulsado por el oficialismo, y dos de minoría, presentados por Provincias Unidas y por Unión por la Patria. El texto oficial, que reunió 28 firmas y seis disidencias, incorporó a último momento un cambio sustancial: sumó el artículo 75, que dispone la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario. Se trata de leyes cuyo cumplimiento la oposición -incluidos aliados del Gobierno- venía reclamando. Ambas normas, junto con la emergencia pediátrica conocida como Ley Garrahan, habían sido "suspendidas" por el Poder Ejecutivo al momento de su promulgación. Esa decisión generó un amplio rechazo parlamentario y fue calificada como inconstitucional por distintos bloques que habían votado e insistido esas leyes con mayorías agravadas.La discusión de este mediodía estuvo conducida por Alberto "Bertie" Benegas Lynch -a cargo de la comisión de Presupuesto- mientras que el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, realizó una defensa sintética del proyecto. Sostuvo que el Presupuesto enviado por Javier Milei garantiza el equilibrio fiscal y permite dar previsibilidad sobre qué se va a gastar, cómo y con qué recursos. Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del bloque libertario, fue una de las encargadas de reunir las últimas firmas. El dictamen oficial obtuvo el respaldo de Pro, la UCR, el MID, Innovación Federal -donde están representados los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)-, el bloque Elijo Catamarca, que responde a Raúl Jalil, Producción y Trabajo, del sanjuanino Marcelo Orrego, y el espacio Independencia, alineado con el tucumano Osvaldo Jaldo. Salvo Pro y algunos sectores de la UCR, la mayoría de los bloques habían votado, insistido y reclamado el cumplimiento de las leyes que se busca derogar. Esa tensión quedó explicitada en la disidencia parcial que acompañaron al dictamen oficial y podría volver a emerger en la votación en particular en el recinto.Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Yedlin cuestionó con dureza la incorporación del artículo que elimina esas normas y cruzó a los diputados que ayudaron al oficialismo. Advirtió sobre una falta de respeto institucional y de apego al republicanismo, y pidió que quienes acompañen el presupuesto en general sostengan en particular el financiamiento de la discapacidad y las universidades."Hay plata para que la compraventa de inmuebles no tribute más impuestos pero no hay para la discapacidad", sintetizó Nicolás Massot, cerebro del dictamen de Provincias Unidas. La Casa Rosada les entregó un incentivo concreto a las provincias para respaldar el proyecto oficial: aceleró el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los giros alcanzaron los $43.000 millones y beneficiaron a Tucumán, Misiones y Chaco. Ayer, además, envió la reforma de la Ley de Glaciares, un viejo anhelo de mandatarios cordilleranos para destrabar inversiones millonarias en sus territorios. La disidencia de Pro, en tanto, incluyó un reclamo específico por la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño exige el pago de $274.000 millones y que el Presupuesto 2026 incorpore una cláusula que garantice la transferencia semanal del 1,55% de la masa coparticipable, tal como se acordó tras un fallo favorable de la Corte Suprema.El dictamen de minoría de Unión por la Patria fue presentado por su jefe de bloque, Germán Martínez, quien detalló una propuesta alternativa centrada en garantizar el financiamiento universitario, la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad y los fondos para la emergencia pediátrica. El proyecto opositor también contempla la continuidad del régimen de zonas frías, la automaticidad de las asignaciones familiares, la recomposición de ingresos jubilatorios afectados por el cambio de fórmula y la actualización del bono previsional.Además, propone recuperar el Fondo de Incentivo Docente y el fondo compensador salarial, garantizar paritarias docentes y no docentes, fortalecer el sistema de becas y priorizar carreras estratégicas. Incluye partidas para obras paralizadas, proyectos de infraestructura como el canal Magdalena y el puente Chaco-Corrientes, la restitución de fondos a las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación, una mayor participación de las provincias en el impuesto a los combustibles líquidos, una distribución más previsible de los ATN, incentivos a las energías renovables y financiamiento para el ENARD.Al cerrar, Martínez sostuvo que su bloque seguirá defendiendo esas banderas con convicción, más allá de los resultados electorales, y afirmó que siempre existen alternativas cuando se combinan -dijo- cabeza, corazón y coraje.Otros puntos del proyectoEl proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo prevé un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1423 para diciembre de 2026. Además, proyecta un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones. En materia fiscal, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero -una vez pagados los intereses de la deuda- del 0,2% del PBI.Estas proyecciones difieren de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que para 2026 prevé un crecimiento del 4% y una inflación anual del 16,4% para la Argentina.El dictamen incorpora un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026. El objetivo es compensar picos de demanda que no puedan ser cubiertos por la producción local, especialmente para garantizar el abastecimiento del sistema de generación eléctrica.El texto mantiene, además, la derogación de las metas de financiamiento mínimo para las áreas de educación, ciencia y defensa.También introduce cambios en el artículo referido a la compensación a las distribuidoras: donde antes se establecía que la autoridad de aplicación "determinará las diferencias de ingresos", ahora se indica que "podrá determinar" esas diferencias, lo que flexibiliza la obligación del Estado.Por último, el proyecto prorroga hasta 2045 la exención de tributos para la energía renovable.
La nueva ronda de indagatorias en la causa que investiga presuntas irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) fue solicitada por la fiscalía sobre la base de nuevos elementos y conversaciones que complican la situación de Diego Spagnuolo, máximo responsable del organismo durante el período bajo análisis, y de Miguel Ángel Calvete, señalado como un operador extraoficial en la agencia.Para el mediodía del próximo jueves está citada Patricia Canavesia, una mujer cercana a Calvete, cuyas gestiones en favor de este conectaban el universo formal de la Andis con el informal.Según el fiscal Franco Picardi, Canavesia era una asistente de extrema confianza de Calvete: tenía a su cargo la administración de sus cuentas y la facturación de su empresa Indecomm. Pero también cumplía tareas para la Andis, como la coordinación con distintos proveedores respecto de los precios que serían presentados ante la agencia en el sistema de compras que hoy revisa la Justicia. Uno de los encargos que recibió Canavesia fue un pedido de dinero en efectivo. Spagnuolo, máxima autoridad de la Andis en el período investigado, le habría solicitado a ella -secretaria de Calvete- los cinco millones de pesos en efectivo para su frustrado viaje a Israel, así como también la facilitación de un pasaje de ida a ese país, de acuerdo con las conversaciones en manos de la Justicia."Surge con claridad que Patricia Canavesia -señala el dictamen fiscal- no solo se ocupaba de gestionar las diversas cuestiones que le solicitaba Miguel Ángel Calvete, sino también aquellas requeridas por Diego Spagnuolo. Y que todo era puesto en conocimiento del primero".En otra conversación, Spagnuolo le solicita a Canavesia que le pagara el costo de lo que, a priori, serían unos muebles. Canavesia lo consulta con su jefe."Diego S. me habló de unos sillones que yo tengo que abonar, necesito tu OK", le comenta. Calvete le responde que desconoce el monto solicitado por Spagnuolo, pero que lo pagara desde la empresa Indecomm. "Pedile la factura", le indica a su asistente.A los pocos días, Canavesia retomó el asunto: "Me dice Diego S. que ahora me manda lo de los sillones y que, literalmente, necesita cinco millones en efectivo". Calvete le dice que solo acepte pagarle con transferencia. "Peleale, o que hable con Guada lo del IVA y que le facture a Indecomm", insistió.Luego, Calvete le advierte a su secretaria que no hablara de esto con nadie e intenta cerrar el diálogo con un mensaje llamativo: "Estamos en guerra y a los enemigos los tenemos que tener siempre cerca".Para los investigadores, la respuesta de Canavesia fue todavía más sugerente: "[Spagnuolo] me dijo OK por la factura de Indecomm por los muebles, pero por el efectivo me pregunta por quéâ?¦ si siempre fue así. ¿Querés que le responda algo en particular o preferís llamarlo?". Y Calvete le responde: "Pasame el contacto de este boludo"."Se logró determinar -señala el fiscal Picardi- que la nombrada tenía asiduas conversaciones con funcionarios de la Andis, incluso con su Director Ejecutivo, a quien le realizaba diversas gestiones y pagos".Otra de las personas que deberá presentarse a indagatoria en la semana es Diego Martín D'Giano, director de prestaciones médicas en la agencia, que estaba en permanente contacto con Calvete y Pablo Atchabahian, el otro director extraoficial, según la acusación fiscal. D'Giano se desempeñaba bajo la órbita de Daniel Garbellini, el funcionario que fue desplazado junto a Spagnuolo cuando el caso explotó. Un diálogo entre ambos daría cuenta de un manejo discrecional en los tiempos de las compras: "Lo otro que quería constatar con vos, que no lo hice, pero que me dijeron el otro día que demorara un poco la firma de Droguería del Sudâ?¦ de otras droguerías que me dijo que estaban cobrando mucho, qué sé yo. Yo le digo 'mirá, yo no sé cuánto cobran' y me dijo: 'las que no son de las nuestras, demorar la firma'".El juez Sebastián Casanello también citó a Julio César Viera, considerado por la fiscalía como un hombre de extrema confianza de Calvete.Cuando el caso estalló con la difusión de los audios y el Gobierno decidió desplazar a Spagnuolo de la agencia, Calvete le pidió a Viera que lo bloqueara, que borrara el registro de las llamadas y que lo reagendara en su teléfono con un nombre "chino".Además, fue citada para el viernes próximo la hija de Calvete, Ornella, una exfuncionaria del Ministerio de Economía, a quien la Justicia le secuestró cerca de 700.000 dólares en un allanamiento. En conversaciones interceptadas, ella le preguntó a su padre si la empresa de ambos, Indecomm, tenía dinero en blanco. "Por si entran acá y me ven con mosssca", dijo.
El Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez de un artículo que frenó la ejecución de la emergencia y dictó que se ponga en marcha de inmediato. El Gobierno adelantó que no acatará la resolución, mientras prepara una apelación
Estimaciones oficiales elevan a 4,4 millones la población afectada por alguna discapacidad. Argentina exhibe un déficit particular en materia de accesibilidad cultural. Un flamante informe de Disney Argentina documenta las barreras físicas, informativas y humanas que enfrenta este público. Leer más
El Juzgado Federal de Campana declaró inválido el artículo del decreto con el que el Gobierno nacional había suspendido la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso, y ordenó su implementación inmediata en todo el país. La Justicia sostuvo que el Ejecutivo no podía condicionar la vigencia de una ley a la definición previa de las fuentes de financiamiento y advirtió que la suspensión vulneró derechos fundamentales. El Gobierno anticipó que no asignará partidas presupuestarias y confirmó que apelará la sentencia. Leer más
Luego del rechazó del Senado a su veto, Milei promulgó la ley, pero de inmediató la suspendió "porque no aclaraba de donde salían los fondos". Este viernes la Justicia Federal replicó que "desde 2023 el Gobierno ya hizo más de 20 modificaciones presupuestarias", ordenando que "ejecute la ley en forma inmediata en todo el país". Leer más
Lo confirmaron a Infobae altas fuentes de la Casa Rosada. El Juzgado Federal de Campana decidió hoy que el Ejecutivo disponga de manera inmediata el presupuesto para aplicar esa normativa
La justicia federal restableció la vigencia de la ley de emergencia en discapacidad, que había sido suspendida por un decreto del presidente Javier Milei luego de que fue aprobada por el Congreso, a mediados de este año.La decisión es del juez federal de Campana Adrián Gonzalez Charbay, que hizo lugar a un amparo colectivo y suspendió la vigencia del el art. II del Decreto 681/25, que frenaba la aplicación de la ley y obligaba al Congreso a decir de dónde sacaba los fondos para la implementación.La ley de emergencia en discapacidad fue aprobada por el Senado el 10 de junio último, pero luego, el 4 de agosto, el Presidente la vetó en su totalidad.Sin embargo, la Cámara de Diputados y el Senado insistieron con esta ley, con una mayoría de dos tercios, y dejaron sin efecto el veto. Por eso, el Poder Ejecutivo debió promulgar la norma. Sin embargo, en el decreto de promulgación señaló que hasta que el Congreso no indicara cuáles serían las partidas presupuestarias, la ejecución de la ley quedaba suspendida.Ahora, que la ley de emergencia en discapacidad recuperó su plena vigencia, se deberán pagar una compensación para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre 0,22% y 0,42% del PBI.Asimismo, la ley promueve saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.Además, reforma el sistema de pensiones no contributivas, con un financiamiento adecuado, y dispone auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.También prevé actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.La decisión judicial surgió tras un amparo colectivo impulsado por padres de niños con discapacidad y diversas asociaciones civiles, quienes denunciaron que el Gobierno, tras ver rechazado su veto por el Congreso, promulgó la ley, pero suspendió sus efectos.El juez sostuvo que hubo una violación a la división de poderes y un "veto encubierto", cuando el Presidente tenía la obligación de promulgar la norma. Para el juez, el Presidente ejerció facultades que no le son propias y transgredió el principio republicano de división de poderes. Para el magistrado, la suspensión vía decreto de una ley ratificada por el Congreso es inválida y configura un exceso de las facultades constitucionales.El fallo del juez consideró que el argumento de que la ley no dice de dónde saldrán los fondos para solventarla es una falacia. El fallo destacó que la ley facultó expresamente al Jefe de Gabinete a reasignar partidas para financiar la emergencia. Además, el magistrado señaló la contradicción del Poder Ejecutivo: mientras alega no tener fondos para destinar al área de discapacidad, "ha realizado más de diecinueve modificaciones presupuestarias" discrecionales para otras áreas (como Seguridad y Defensa), operando con un presupuesto prorrogado. "Esta conducta demuestra que el Gobierno tiene la capacidad jurídica y económica, pero elige selectivamente no utilizarla para este sector", afirmó el juez.Sostuvo además que hay una discriminación estructural contra las personas con discapacidad y alertó sobre una vulneración de tratados internacionales. Enfatizó que el Estado argentino tiene obligaciones constitucionales derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de los Derechos del Niño. Al desfinanciar el sistema, "el Estado incumple su deber de protección especial" hacia un grupo en situación de "doble vulnerabilidad", como lo es la niñez y la discapacidad.El fallo tiene efectos para todas las personas con discapacidad del país, sus familias y los prestadores de servicios. Ordena al Estado Nacional que cese la suspensión y aplique la ley votada por el Congreso.El Gobierno puede recurrir esta sentencia y llegar a la Corte con su reclamo.
El Juzgado Federal N° 2 declaró irregulares las auditorías realizadas por ANDIS y ordenó restituir los pagos retroactivos. La sentencia fija un plazo para regularizar la situación y marca un precedente para el resto del país. Leer más
El Poder Ejecutivo decía que no podía poner en marcha la norma porque el Congreso no había especificado el origen de los fondos
La Corte Constitucional dispuso restablecer la pensión de una mujer con discapacidad cuya prestación fue suspendida por la Policía, decisión que el tribunal consideró carente de motivación y que afectó derechos esenciales vinculados a su subsistencia
Tamara Hamby optó por esta medida extrema para proteger a la joven de los riesgos digitales, sin embargo, terminó con consecuencias legales inesperadas
PNV retiró una segunda enmienda esta mañana al haber llegado a un acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales
Otros cuatro acusados fueron citados a declarar. Entre ellos se encuentra la exfuncionaria e hija del lobista Miguel Ángel Calvete
Una campaña especial de Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad permite obtener el carné de discapacidad en media hora, facilitando el acceso a derechos y beneficios sin largas esperas
El nuevo sistema permite que personas con discapacidad auditiva accedan a servicios de emergencia y orientación mediante videollamadas con intérpretes
Movilización al Congreso
La tensión aumenta mientras cuidadores exigen respuestas claras y rechazan medidas que consideran un retroceso. La comunidad educativa se moviliza ante la falta de soluciones concretas
Los discapacitados "cuentan con la posibilidad de desplegar su autonomía, y cuando necesitan apoyos para ejercerla, es nuestro deber brindarlos, no reemplazarlos", sostiene la autora y se pregunta si los especialistas en salud son adecuadamente formados para interactuar correctamente en estas situaciones. Leer más
El INEGI indicó que los ingresos promedio de las personas con discapacidad son notablemente inferiores
Cambios recientes al programa DAS desencadenaron protestas entre visitantes, quienes acusan a la compañía de excluir a usuarios con distintas discapacidades del beneficio para evitar filas
La brecha de participación laboral de las personas con discapacidad sigue siendo una de las más profundas en el país, pese al incremento reciente de trabajadores formales. Expertos advierten que aún falta acelerar medidas que garanticen oportunidades reales y sostenibles para esta población
El juez Sebastián Casanello deberá validar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo. A la par, el tribunal confirmó que el laboratorio de los Kovalivker debe seguir bajo investigación en el caso ANDIS
Programas de apoyo, procesos de selección accesibles y políticas de diversidad generan cambios concretos en empresas de varios países de América Latina y el Caribe. Qué opciones hay en la Argentina
En el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Ciudad impulsó una nueva edición de Expo Empleo Barrial, en una jornada orientada exclusivamente a impulsar oportunidades laborales para personas con discapacidad que se encuentran en búsqueda activa de empleo. El encuentro reunió a más de 450 interesados, junto con empresas, organizaciones y áreas del gobierno porteño con propuestas laborales concretas.El evento fue encabezado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio. "Uno de los puntos más angustiantes de la discapacidad es el trabajo. En nuestro país, siete de cada diez personas con discapacidad no consiguen empleo. Este es un problema central que enfrentan todas las personas con discapacidad al llegar a la adultez. No tener un trabajo les impide vivir una vida con mayor libertad e independencia", indicó Muzzio.Expo Empleo Barrial, organizada desde 2017 por la Secretaría de Trabajo y Empleo, dependiente del Ministerio de Justicia a cargo de Gabino Tapia, contó en esta oportunidad con la presencia de empresas y organizaciones, entre las que se encontraron: Arcos Dorados, Starbucks, RES, Adeei, Grupo L, Simply Diversity, Servicios de Empleo AMIA, Cilsa, Securion, Fundación Alma Humana, Manpower, Cadaqués, Apadea, Carrefour, Streambe, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Consejo de la Magistratura.Se ofrecieron más de 75 ofertas laborales en sectores como tecnología, administración, atención al cliente, recursos humanos, diseño, comunicación, análisis de datos, logística y servicios. A lo largo de la jornada, los participantes pudieron entregar sus CV, realizar entrevistas presenciales y acceder a talleres de empleabilidad y orientación profesional.Además, se realizaron talleres a cargo de Grupo L, Cadaqués y el equipo de BA Discapacidad junto a BA Oportunidades, con foco en armado de CV, preparación para entrevistas y desarrollo de habilidades transversales. La exposición forma parte del trabajo que realiza la Ciudad en materia de inclusión laboral dentro del Plan Integral de Discapacidad, que promueve accesibilidad, participación comunitaria, vida independiente y empleo con apoyos.Junto con la vicejefa de gobierno, dijeron presente el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno; la subsecretaria de Discapacidad, Sofía Torroba, y la directora general de Empleo, Mónica Tijeras, además de otros funcionarios. Bueno afirmó: "Desde la Ciudad trabajamos todos los días para transformar la inclusión laboral en una realidad concreta. Sabemos que el talento está, pero muchas veces faltan las oportunidades. Por eso esta Expo Empleo Edición Discapacidad es tan importante: porque conecta a las personas con discapacidad con empleos reales, en empresas que valoran la diversidad y el aporte de cada trabajador. Nuestro compromiso es seguir generando estos espacios, acompañar los procesos de empleabilidad y construir un mercado laboral más justo, accesible y humano". Asimismo, Torroba expresó: "Esta es la tercera edición de la Expo Empleo Discapacidad. Es una instancia muy importante para la agenda de discapacidad y empleo, porque sigue derribando barreras, generando más oportunidades reales orientadas a la inclusión laboral, para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan postularse".Como se dijo, el evento se suma a otras medidas ya implementadas por el gobierno porteño para fortalecer la empleabilidad de las personas con discapacidad. Hace dos meses la Ciudad abrió el primer Centro de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidad, que ya atendió a más de 650 personas y articula oportunidades con el sector público y privado. Es la primera oficina 100% accesible dedicada a la formación, emprendedurismo e inserción laboral de personas con discapacidad. En un mismo lugar (Bartolomé Mitre 701, de lunes a viernes de 9:30 a 16) integra orientación laboral y vocacional, capacitaciones técnicas y de habilidades blandas, difusión de búsquedas del sector privado e incorporación del perfil a la Base de Talentos de BA Oportunidades.
Entre los prejuicios más comunes se encuentran la infantilización, la idea de que no pueden trabajar o estudiar, la suposición de dependencia permanente y la creencia errónea de que no tienen vida sexual o afectiva
Harvard Business Review Management Update Spanish
La fecha busca impulsar derechos, reducir barreras y promover cambios concretos en la vida cotidiana de millones de personas.
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra el 3 de diciembre de cada año, con el objetivo de combatir la discriminación y atender las necesidades asociadas a los individuos que enfrentan algún tipo de afección física o mental. Se trata de una iniciativa solidaria que invita a las personas a reflexionar acerca de la empatía, inclusión y acompañamiento, con el fin de crear campañas de acción que contribuyan con su calidad de vida. Es un día dedicado a visibilizar las dificultades que atraviesan diariamente, con el propósito de promover una sociedad que contemple la diversidad y el acceso equitativo a oportunidades.¿Por qué se celebra hoy?Los orígenes de esta efeméride se encuentran en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992, cuando se propuso establecer un día orientado a reconocer los derechos de las personas con discapacidad en el mundo. La iniciativa buscaba incentivar a los estados miembro a adoptar campañas, políticas públicas y planes de acción para educar a los ciudadanos, generar conciencia acerca de las adversidades que sufren y acabar con la discriminación. En un primer lugar, la celebración recibió el nombre de "Día Internacional de los Impedidos". Con el tiempo, este término fue modificado para evitar estigmas y ofrecer una representación más adecuada y respetuosa. Claves del Día Internacional de las Personas con DiscapacidadCada año, la ONU establece una temática para abordar durante esta jornada. En 2025, el lema elegido es "Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social". Esta iniciativa busca destacar la importancia de ampliar la participación de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos, como una herramienta esencial para su desarrollo independiente. Se trata de un cambio de paradigma, que busca cambiar la visión o estigma asociado a estos individuos, se busca generar un liderazgo y empoderamiento real. La consigna responde a los compromisos adquiridos durante la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, que sostienen su adhesión a todos los segmentos de la sociedad como manera de prosperidad.De acuerdo con el Banco Mundial, existen 1000 millones de personas con discapacidad en el mundo, lo que refiere al 15% de la población global. De este número, el 80% reside en países en vías de desarrollo, que enfrentan una relación entre pobreza y discapacidad, lo que redunda en la falta de acceso al sistema de salud, educación y desarrollo. La ONU establece también que las personas con discapacidad tienen una mayor probabilidad de enfrentar discriminación laboral, bajos recursos, peores salarios, presencia mayoritaria en el sector informal, sistemas de protección social insuficientes y negligencia acerca de su dignidad, autonomía y capacidad de acción dentro de los sistemas de atención y apoyo. Estos problemas pueden afectar también a su familia, que en muchas ocasiones quedan desprotegidas y sin asistencia.Para poder alcanzar las metas establecidas en el lema 2025, es necesario comprender cómo viven y qué adversidades enfrentan las personas con discapacidad. Es así que se establecen ciertas claves para el desarrollo social: Erradicación de la pobrezaPromoción del empleo pleno y productivoFortalecimiento de la integración social
La fecha promueve el bienestar y los derechos de las personas con diversidad funcional, concientizando sobre la importancia de su plena participación e inclusión en la sociedad. Leer más
"Toda mi vida se encuentra atravesada por la discapacidad", dice Tamara Garzón.Dirige su escuela de arte para personas con discapacidad y creó la Fiesta Kiki, un "boliche" exclusivo para este colectivo.En el marco del Día Internacional de la Discapacidad, 3 de diciembre, cuenta cómo combinó su experiencia familiar con su pasión por el arte.
Así lo ha reportado la Organización Panamericana de la Salud. Los desafíos para la inclusión, en el marco del Día Mundial de las Personas con Discapacidad
En exclusiva para Infobae, Ineco explica cómo la accesibilidad va más allá de rampas y brinda estrategias desde la Terapia Ocupacional para una mejor calidad de vida
En 2026 se cumplirán veinte años de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquel tratado marcó un antes y un después: reconoció que la discapacidad no es un problema médico, sino una cuestión de derechos humanos. Pero casi dos décadas después, ¿cuánto hemos transformado nuestras políticas, nuestras instituciones, nuestras formas de mirar?La pregunta no es retórica. En marzo de 2023, el Comité de la ONU que supervisa el cumplimiento de la Convención emitió observaciones contundentes sobre la situación de nuestro país. Señaló la persistencia de barreras estructurales, la falta de accesibilidad, la escasa participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, y la ausencia de políticas sostenidas que garanticen autonomía, inclusión y protección efectiva.El derecho a la educación inclusiva es apenas uno de los frentes donde esta omisión se vuelve visible. La inclusión educativa precisa revisar profundamente las estructuras institucionales y nuestras lógicas culturales. Como advierte Gerardo Echeita, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación, no basta con integrar físicamente a estudiantes diversos en espacios comunes. La verdadera inclusión exige acoger la diferencia como valor, no como déficit. Implica transformar la escuela para que todos puedan aprender y convivir, no adaptar al estudiante para que encaje en lo que ya está dado. Es bueno recordarlo hoy, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.En estos años, la lógica del sistema ha operado como en el juego del Antón Pirulero: "cada quien atiende su juego". Las escuelas se ocupan de sus protocolos, los equipos técnicos de sus informes, el sistema de sus normativas, y así sucesivamente. Pero mientras todos "hacen lo suyo", los estudiantes con discapacidad y sus familias siguen esperando respuestas que nunca llegan. La inclusión se diluye entre funciones compartimentadas, responsabilidades fragmentadas y una cultura que evita el compromiso colectivo.Esta espera no es neutra. Supone desgaste, frustración y dolor. Las familias deben convertirse en gestoras, intérpretes, defensoras y mediadoras para que sus hijos accedan a lo que debería estar garantizado. Los estudiantes, por su parte, enfrentan entornos que muchas veces los excluyen simbólica o materialmente, obligándolos a adaptarse a estructuras que no los contemplan.La inclusión no es un gesto de buena voluntad ni una estrategia pedagógica más. Es una forma de justicia. Supone reconocer que toda comunidad educativa se define no por su capacidad de homogeneizar, sino por su disposición a alojar la fragilidad, a sostener la diferencia, a construir vínculos donde nadie quede afuera. No se trata de tolerar al otro, sino de dejarse transformar por su presencia.¿Estamos dispuestos a dejar de mirar la discapacidad como una carga? ¿A dejar de pensar la inclusión, educativa, laboral, etc., como una excepción que incomoda? ¿A dejar de medir todo por su eficiencia y empezar a hacerlo por su capacidad de acoger, de transformar, de servir al bien común?Es tiempo de dejar de jugar al Antón Pirulero. La discapacidad no puede seguir siendo un asunto periférico, postergado. Lo que corresponde es asumirlo como prioridad, como deuda histórica, como oportunidad de construir una sociedad más justa, más humana, más democrática.Porque, como decía san Agustín, la relación está antes que la opinión, la persona antes que el programa. Y el presente es una intuición que debemos aprovechar antes de que se nos escape de las manos.Abogado, profesor del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral.
La feria reúne a 45 emprendedores con discapacidad de las redes prestacionales Rebagliati, Sabogal y Almenara, quienes presentan productos artesanales y navideños
Diversos colectivos y sociedad alertan que el Presupuesto para el 2026 pone en riesgo el apoyo del Servicio de Apoyo Educativo a estudiantes