discapacidad

Gobierno reduce apoyo para estudiantes con discapacidad en el Presupuesto 2026

Diversos colectivos y sociedad alertan que el Presupuesto para el 2026 pone en riesgo el apoyo del Servicio de Apoyo Educativo a estudiantes

"El sistema de discapacidad se está cayendo, está colapsando y necesitamos una respuesta urgente"

Con respecto a la actualidad de los centros de salud, el representante de CAIDIS, Alex Goldman, describió que, "la situación en el caso de discapacidad es desesperante". Leer más

Coimas en Discapacidad: rompió el silencio el primer imputado y dijo que obedecía órdenes de otro acusado

Roger Edgar Grant declaró y respondió preguntas del juez y el fiscal. Apuntó contra Daniel María Garbelli, número dos del organismo

Por la ley de discapacidad

Apridis se suma al amparo colectivo en Campana

En medio del escándalo por corrupción, el Gobierno le asignó más fondos a la Agencia de Discapacidad

Forman parte del dinero destinado al Ministerio de Salud en el decreto del viernes.Desde abril que la ANDIS no recibía dinero. Hasta ahora lleva ejecutado un 86% de su presupuesto.

El Gobierno volvió a ampliar el Presupuesto 2025: más fondos para Salud, Educación, ANSES y Discapacidad

El aumento de partidas se realizó a través del DNU 849/2025, el primero desde que Manuel Adorni asumió como jefe de Gabinete. Leer más

TSJ de Murcia confirma la condena de 6 años de prisión a un hombre por agresión sexual a un menor con discapacidad

Coimas en Discapacidad: Spagnuolo presentó un peritaje que dice que sus audios fueron manipulados con inteligencia artificial

El ex director de la Agencia investigado por corrupción insiste con la nulidad del caso. Un estudio de una empresa española detectó 18 cortes "compatibles con la edición y manipulación intencionada" de las escuchas. La Cámara Federal tiene que decidir sobre el planteo

Coimas en Discapacidad: el exfuncionario que habría ejecutado el direccionamiento de las compras será indagado hoy

Roger Grant fue coordinador de Gestión de Urgencias y controlaba las compulsas en las que salían adjudicadas solo cuatro droguerías. Su nombre aparece en los cuadernos de Miguel Ángel Calvete

Vinculan a proceso a hombre acusado de violar a una niña con discapacidad auditiva en Oaxaca

Un juez ordenó prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria en contra del presunto violador

"Atípico". Sobreseyeron a la mujer acusada de matar a sus dos hijos con discapacidad

CÓRDOBA. Un año y medio después de ser detenida por el asesinato de sus dos hijos de 15 y 17 años con discapacidad, con cuyos cadáveres convivió durante tiempo en su casa de Alta Gracia, fue sobreseída por la Justicia. El juez Claudio Lasso consideró que la conducta de la mujer fue "atípica" â??o sea, no constituyó una acción tipificada como delitoâ?? y la analizó en el contexto de sus propias condiciones de salud mental, la manera en que vivía con sus hijos y el cuidado que siempre les había dado a los adolescentes. En abril del 2024 había sido imputada por homicidio agravado por el vínculo reiterado en dos hechos y quedó detenida en la cárcel de Bouwer, aunque después fue internada en un centro psiquiátrico. Un familiar alertó a la policía de que la mujer estaba conviviendo con los hijos muertos. Los tres vivían solos; ella se había separado de su marido hacía un año y la familia pasaba por una situación de extrema vulnerabilidad. Los adolescentes eran electrodependientes, se movían en silla de ruedas y necesitaban de asistencia permanente para vivir. Cuando los investigadores llegaron a la vivienda, los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición. La decisión del juez Lasso también evaluó el progresivo deterioro emocional y psiquiátrico que atravesó la mujer. El fallo detalló el contexto "de aislamiento, sobrecarga y sin redes de apoyo" en el que estaba. Esa situación se combinó con su "fanatismo religioso". La mujer decía que oía voces y argumentaba que el padre de los niños tenía el "demonio adentro". Según se establece en el fallo, ese fue el motivo por el que el padre de los chicos â??que trabajaba como albañilâ?? abandonó el hogar, aunque mantenía la ayuda económica.El juez Lasso determinó que la conducta atribuida era atípica, que no contaba con "posibilidades reales y concretas" de evitar la acción que llevó adelante debido a su "estado psicótico, la ausencia de apoyos y la carga absoluta del cuidado de dos personas con discapacidad severa".La sentencia subraya que el análisis penal del caso debe contemplar el contexto estructural de género y la falta de políticas de cuidado. Además, aclara que no correspondía aplicar una medida de seguridad, dado que la mujer ya no estaba internada y continuaba un tratamiento voluntario.

Ciudad: crean por ley un sistema que transparenta la inclusión de alumnos con discapacidad en las escuelas privadas

Lo aprobó la Legislatura porteña. Crea un Registro Público de Vacantes y exige que los colegios expliquen por escrito cualquier rechazo de inscripción o reinscripción.

La Justicia investiga la misteriosa desaparición del teléfono de un empresario del caso de los sobornos en Discapacidad

El juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa sobre posibles actos de corrupción en el área de Discapacidad, se vio obligado a iniciar una nueva investigación por las irregularidades que aparecieron durante la requisa de uno de los personajes bajo sospecha.Como publicó LA NACION, los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Migraciones tenían la orden judicial de requisar a Sergio Daniel Mastropietro, un empresario clave en el entramado financiero de los pagos de medicamentos con sobreprecios y coimas, pero lo dejaron salir del aeropuerto sin revisar sus pertenencias.La denuncia narra que Mastropietro arribó al sector de los vuelos internacionales a las 22:25 horas y, a pesar de que la orden de requisa personal estaba activa y registrada por la Dirección Nacional de Migraciones, el empresario hizo los trámites de ingreso y el control aduanero, sin ser demorado en ningún momento. A las 22:34 horas, el hombre egresó del sector restringido del aeropuerto con todas sus pertenencias. Esta omisión fue considerada grave, dado que se trataba de un área sometida a un control riguroso.La denuncia también contradice la explicación oficial de la PSA, que sostenía que se cumplieron todas las diligencias del juzgado. De acuerdo con el documento, la intervención de los organismos públicos resultó -por menos-, tardía.A Mastropietro se lo retuvo recién cuando estaba en la vereda del sector de arribos. Allí cuatro agentes de Migraciones lo interceptaron y lo obligaron a retornar al área restringida. Sin embargo, antes de reingresar y de que se cumpliera la medida judicial, se produjeron movimientos sospechosos. Registros fílmicos de la aeroestación mostraron que Mastropietro, quien presumiblemente estaba usando un teléfono celular poco antes de ser abordado, entregó su mochila y equipaje a uno de sus tres acompañantes antes de ser llevado nuevamente al interior. Segundos después, se le vio salir brevemente y entregar un objeto pequeño a la misma persona que custodiaba su equipaje.Una vez ejecutada la requisa personal, la medida fracasó en su objetivo. El teléfono celular de Mastropietro no pudo ser hallado. El investigado manifestó que su último contacto con el dispositivo había sido al dejarlo sobre una de sus valijas justo antes de su reingreso con el personal de Migraciones, y al intentar llamar a ese número, el abonado resultó estar apagado.Por estas razones, el Juzgado resolvió extraer testimonios e hizo la denuncia, que cayó en el juzgado N6, que subroga Daniel Rafecas. Este le corrió traslado a la fiscalía correspondiente, que encabeza Paloma Ochoa. La denuncia también relata los hechos que llevaron a esta irregularidad en Aeroparque. La primera complicación en la búsqueda de artículos de Mastropietro surgió el 14 de noviembre de 2025, cuando funcionarios de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina acudieron a su domicilio para ejecutar la orden de allanamiento, pero Mastropietro no se encontraba allí. Las constancias de la Dirección Nacional de Migraciones revelaron luego que el investigado había viajado a Estados Unidos el 7 de noviembre de 2025.Ante esta situación, el mismo 14 de noviembre, el juzgado ofició a Migraciones para que se estableciera un alerta de ingreso y se diera aviso inmediato al momento en que Mastropietro pisara suelo argentino, buscando materializar así la requisa personal dispuesta. Horas más tarde, la Dirección Nacional de Migraciones comunicó que el registro de alerta se había activado.Mastropietro arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Newbery en un vuelo privado de la aeronave LV-CPL, vinculada a la empresa Baires Fly S.A., que también aparece en la mira de las sospechas. El viaje, que se originó en Fort Lauderdale, Florida, hizo escalas técnicas en Guayaquil, Ecuador, y San Miguel de Tucumán, ingresando al país a través de esta última escala.La empresa aéreaEl papel de Mastropietro en el entramado del caso Andis es clave. La evidencia más sólida que lo compromete surgió de su relación con la empresa Baires Fly S.A. El 10 de septiembre de 2025, Miguel Angel Calvete, el lobista que hacía negocios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), le envió a Mastropietro cinco archivos con transferencias por cientos de millones de pesos provenientes de droguerías sospechadas de haber sido favorecidas por el sistema de compras direccionadas: Profarma S.A., Prolite Orthopedics S.R.L. y Probock S.R.L. Acto seguido, Mastropietro emitió facturas desde Baires Fly a esas mismas firmas por montos calcados, bajo un concepto uniforme: "Compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa". Para la fiscalía, esa estructura tenía una funcionalidad evidente destinada a dar apariencia lícita a dinero de origen irregular.

Coimas en Discapacidad: presentaron una denuncia para investigar por qué no le incautaron el celular en Aeroparque a uno de los empresarios involucrados

El juez federal Sebastián Casanello radicó la denuncia por averiguación de delito luego que no se concretó a tiempo una orden para requerir el celular del empresario a su arribo al país

"Quiero que me adoptes": el pedido de una niña de 9 años con discapacidad que su maestra de tercer grado no pudo rechazar

Cuenta Rocío que cuando conoció a Lucila Saredi, la maestra del centro de apoyo escolar al que iba después de la escuela, supo enseguida que quería que ella fuera su mamá. Era abril de 2023, la niña tenía 9 años y vivía en un hogar para chicos y chicas sin cuidados parentales en Bahía Blanca. "Era rebuena como seño. Yo soñaba con una mamá como ella", dice por videollamada. Dos años más tarde, su sueño se hizo realidad: a su lado está Lucila y ya no es su maestra sino su mamá. Lucila recuerda bien la primera vez que vio a quien hoy es su hija. "Las clases habían arrancado hacía unas semanas. Rochi venía de la mano de la directora y me preguntó: '¿Vos vas a ser mi seño?'. Y me abrazó". Desde ese momento, dice esta mujer que por entonces tenía 37 años, sintió que quería cuidarla. Nunca hubiera imaginado a dónde la llevaría esa necesidad. Hace algo más de un mes, la Justicia terminó de validar el sueño de Rocío al convertirlas en familia por adopción. Además, avaló el deseo de la niña de cambiarse el nombre y empezar a llamarse Rocío. "A partir de hoy te vas a llamar Rocío María Saredi, como lo pensaste, sentiste y pediste. Me alegra que después de caminar juntas este tiempo y de elegirse mutuamente para ser familia, ella también pueda nombrarte como su hija para cuidarte, sostenerte y asegurar tu bienestar integral", le escribió la jueza a la niña, al notificarle la sentencia. "Quiero que me adoptes"Cuando su camino se cruzó con el de Rocío, Lucila era acompañante de dos chicos con discapacidad y maestra del Centro de Educación Complementaria (CEC) en Bahía Blanca, un espacio estatal que refuerza los aprendizajes escolares y fortalece la inclusión educativa de chicos que, según las escuelas donde cursan, necesitan ese complemento. "Yo hacía una suplencia. Era un grupo bravo, pero de a poco fuimos armando algo lindo", recuerda.Una vez que Rocío se sumó al grupo, el vínculo afectivo entre maestra y alumna empezó a crecer. "Ro quería sentarse todos los días en mi escritorio y a mí me costaba decirle que no, pero eso me traía problemas con los demás, que se ponían celosos", dice Lucila, mientras su hija se ríe. Con el correr de las semanas, Lucila empezó a imaginarse a sí misma como una referencia afectiva en la vida de la niña más allá de las horas de clase. "Quería ser alguien que pudiera ayudarla en su vida", recuerda. Así fue que Lucila empezó a visitar a Rocío en el hogar. A veces, cuando salían del CEC, las dos se iban juntas a la casa de Lucila. El hogar las autorizaba a compartir ese momento: de 17 a 20. "Aprovechaba y le lavaba la ropa, o le arreglaba lo útiles y la mochila. Después la llevaba para que cenara en el hogar", cuenta. Otras veces salían a pasear. "En una de esas salidas, Ro se subió al auto y me dijo: 'Quiero que me adoptes'. Para mí fue muy fuerte. No sabía nada sobre el tema, ni siquiera sabía que podía adoptar sola. Ser mamá me parecía una responsabilidad enorme", dice. Pero el pedido, reconoce, no la asustó. Tampoco el hecho de que la niña tuviera un Certificado Unico de Discapacidad, aunque sin un diagnóstico claro porque esa información se había perdido. "Soy técnica universitaria en acompañamiento terapéutico y psicopedagoga. Trabajar acompañando a niños con desafíos es lo que más me gusta hacer. Estoy convencida de que todos tenemos derecho a una vida plena independientemente de nuestra condición", explica la mujer, desde la casa que comparte junto a su hija. Cuando piensa en el pedido que le hizo Rocío aquel día en el auto, Lucila está convencida de que la niña puso en palabras un sentimiento mutuo y compartido que se dio en forma natural. "Las ganas de Rochi de estar conmigo son las mismas que tengo yo de estar con ella. Eso fue así desde el principio, así que hicimos todo lo necesario para que funcionara", reflexiona. Los primeros tiempos no fueron fáciles. "A Rochi le costaba incorporar algunas reglas sociales y portarse bien en la escuela. También entender que hay que respetar la palabra de los demás", recuerda. "Yo le decía: bueno, vos querías tener una mamá y tener una mamá también es esto: que a veces te digan que no, o que tengas que hacer caso". Al pasar más tiempo juntas, Lucila tomó como propia la tarea de ocuparse de la salud de Rocío. "En ese tiempo logré que arrancara un tratamiento con una fonoaudióloga por una dificultad que tiene al hablar y también empezamos a ver neurólogos en busca de un diagnóstico que me mostrara en dónde estábamos paradas", explica. Después de consultas y estudios, Rocío fue diagnosticada con un trastorno general del desarrollo global. "En todo el trayecto, yo iba hablando con el director del hogar, le iba presentando informes", cuenta Lucila. Cuando se venció la medida judicial de abrigo con la que había sido apartada y protegida de su familia biológica por seis meses, el director les propuso a ambas renovarla pero en la casa de Lucila. Era noviembre de 2023 y, desde entonces, viven juntas. "Al principio, me tomé una licencia y la retiré del CEC para que pudiéramos compartir más tiempo", recuerda Saredi. En su cuenta de Instagram, Lucila publicó un video del momento en el que fueron a despedirse de sus compañeros. Frente a todos sus alumnos, la seño Lucila dijo: "Una despedida es la de Rocío y otra despedida es la mía porque me voy a tomar una licencia muy, muy, muy larga porque a partir de hoy yo soy la mamá de Rocío". El video se titula: "Momento en el que me convertí en la señorita Miel", en alusión a "Matilda", el libro del escritor británico Roald Dahl en el que una niña es adoptada por su maestra. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mama Luchiona (@mamaluchiona) Ahora Rocío, que tiene 11 años, está terminando la primaria y tiene una acompañante que la ayuda con la tarea y con la adquisición de ciertas habilidades y hábitos, como aprenderse el recorrido entre su casa y la de su abuela, a dos cuadras una de la otra; tomarse el colectivo; hacer la cama, o cocinar comidas básicas. "El año que viene voy a empezar la secundaria y me tengo que manejar sola. Eso me tiene un poco nerviosa", dice, y cuenta que su acompañante se llama Luli y que también hace manualidades."Que sea una persona autónoma"Lucila, que hoy tiene 39 años, se muestra feliz por todos los avances de su hija. "Emociona ver todo lo que progresó en estos dos años. Por ejemplo, hoy es una chica que puede ir a la escuela sin acompañamiento", cuenta. "Yo apunto a que, a la larga, con todo este estímulo, Ro sea una persona autónoma. Habrá cosas que logre y otras que no, pero lo que no logre no será por falta de estímulo", dice. Lucila cree que el día de mañana, si su hija se quiere ir a vivir sola y no sabe hacer lo básico, no va a poder lograrlo. Pero estas palabras cobran un significado especial cuando quien las dice tiene una hija con discapacidad. "Las mamás y los papás de chicos y chicas con discapacidad tenemos que ayudarlos a adquirir responsabilidades, así sean de lo más básicas. Y eso no se enseña de la noche a la mañana, o cuando tu hijo ya es adulto. Se empieza de chico", dice. Entonces madre e hija cuentan una situación reciente. Rocío se enojó con su mamá porque no le había lavado su remera de egresada. "Pero ella no la había puesto en el canasto de la ropa y ese es un paso previo necesario para que la ropa se lave. Ahora lo aprendió", dice frente a la mirada de su hija. "Yo apunto a que estas herramientas que le estoy inculcando le permitan ser autónoma el día de mañana. Que tenga la libertad de elegir, con lo que le cuesta", agrega Lucila. "A veces le preguntás qué le gustaría comer y no te dice". â??Yo sí te digo que quiero comer fideosâ?? dice su hija, por lo bajo. â??Si fuera por vos vivirías a fideosâ?? le responde su mamá, con un gesto que quiere ser un reproche pero se queda a mitad de camino cuando su hija, esa niña que eligió su nombre y la eligió como su mamá, le da un abrazo. Más información:A principios de este mes, la historia de Rocío y Lucila se convirtió en un libro escrito por Lucía Belén Tola e ilustrado por Milu Ilustra. Se titula "Abrazos de un nuevo hogar". Si querés comprarlo, podés comunicarte al 291 443 9463. Si querés postularte como familia de un niño, niña o adolescente sin cuidados parentales, podés navegar esta guía de Fundación La Nación con todo lo que deberías saber antes de tomar la decisión de adoptar.Si querés conocer cuáles son las prestaciones, servicios y derechos que tienen las personas con discapcidad, podés navegar por la guía que armó el equipo de Fundación LA NACION.

ARCA denunció por lavado de dinero a la financiera vinculada a las coimas en la Agencia de Discapacidad

Se trata de Sur Finanzas PSP S.A., una proveedora de pagos registrada en el BCRA. La DGI informó acreditaciones por más de $818 mil millones y pidió allanamientos, embargos e intervención de la UIF

Coimas en la Agencia de Discapacidad: la Justicia investiga la ruta de la criptomoneda que lleva a un financista

Se trata del dueño de Sur Finanzas, Maximiliano Vallejo. La Justicia analiza documentación secuestrada en un allanamiento y se aguardan indagatorias

El Presupuesto 2026 no prevé una reforma previsional e ignora las leyes de emergencia pediátrica y de discapacidad

CÓRDOBA.- A días del inicio del debate del presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias, un trabajo del Ieral, de la Fundación Mediterránea, con foco en el gasto social -que representa tres cuartas partes de las erogaciones públicas nacionales- subraya que no se prevé en el presupuesto un cambio en el sistema previsional ni se contempla cumplir con las leyes de emergencia pediátrica y de discapacidad. Tan es así que el gasto en esas áreas aparece en mínimos históricos.En las reuniones que viene manteniendo el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores (este lunes estuvo en Misiones), los mandatarios plantearon la necesidad de cumplir con esas leyes, que fueron apoyadas por los legisladores que les responden.Otro tema importante es la incertidumbre en torno a la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, que fue vetada por el Poder Ejecutivo, pero que el Congreso ratificó: el proyecto no incorpora los costos adicionales que implicaría su aplicación. La previsión de aumento del gasto social es del 5,5% por encima de la inflación, pero al considerar un PBI en expansión (6%), se mantendrá en niveles similares a los de este año. El mayor crecimiento se registra en Salud, con 17% real, impulsado por mayores erogaciones en hospitales nacionales, trasferencias al PAMI y partidas sanitarias de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Sin embargo, el Ieral plantea que las proyecciones están subestimadas porque no contemplan el impacto fiscal de las leyes de emergencia sanitaria en discapacidad y pediatría sancionadas por el Congreso, que rechazó el veto presidencial. Son leyes que el Poder Ejecutivo deberá, por ende, aplicar.El presupuesto total de la Andis muestra una reducción real del 4%; habrá un recorte en lo destinado a pensiones no contributivas. Esto va en el sentido contrario a lo dispuesto por la ley de emergencia que se sancionó después del ingreso del proyecto.Los fondos para la agencia acumulan una pérdida real del 23,9% desde 2023. Medido en términos del PBI, es el "valor más bajo desde la creación" del organismo, reseña el informe. El ajuste se concentra especialmente en las pensiones por invalidez laboral, que -de no modificarse el texto- experimentarán una reducción del 13% (con una caída en el número de beneficiarios de 1.130.000 a 977.000 personas). Esta contracción "podría vincularse a los procesos de auditoría y revisión de beneficiarios orientados a mejorar la focalización del gasto", según el informe.Si se aplicara la ley de emergencia en discapacidad, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) habría una incorporación de entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios a la pensión por discapacidad, con un costo fiscal de entre 0,25% y 0,48% del PBI. Además, la iniciativa incluye medidas complementarias: incentivos a la contratación mediante la exención del 50% de las contribuciones patronales por nuevos trabajadores con discapacidad (0,0015% del PBI), una compensación de emergencia a prestadores (0,03% del PBI) y la actualización de asignaciones a Talleres Protegidos de Producción (0,0009% del PBI). En conjunto, se estima que el impacto fiscal de la ley es de entre 0,28% y 0,51% del PBI.UniversidadesAunque hay un aumento por encima de la inflación para Educación y Ciencia y Técnica, y el componente más importante -con más incidencia en la expansión del gasto- son las universidades, el conflicto con las altas casas de estudios sigue latente. Las transferencias corrientes a universidades nacionales registran un alza real del 8,5% en 2026, lo que es una recuperación parcial frente a las fuertes caídas de 2024 (28,1%) y 2025 (7,8%). El gasto entre 2023 y 2026 se mantiene 28% por debajo del gasto de 2023 en términos reales, alcanzando mínimos históricos medido como porcentaje del PIB.En cuanto a la Ley de Financiamiento Universitario, según cálculos de la OPC, en el ejercicio en curso tendría un impacto presupuestario equivalente al 0,23% del PIB. Esas estimaciones contemplan medidas que implican un salto por única vez de las partidas presupuestarias con impacto en el ejercicio 2025, elevando el piso del gasto del año próximo.Para Promoción y Asistencia Social, el aumento real interanual es del 2,7%, por debajo del incremento del PBI, consolidando una caída del 23% real en relación con 2024. "No se advierten expansiones significativas ni nuevos programas, lo que sugiere una estrategia de contención del gasto en este plano", sostiene el instituto de la Fundación Mediterránea. Lo mismo pasa con las partidas para Trabajo y Vivienda, que registran una baja real del 2%, "continuando la tendencia de contracción iniciada en 2024 por la disolución de programas sociales y la caída en la inversión en infraestructura".Seguridad SocialEn Seguridad Social se prevé una suba del gasto del 5% por encima de la inflación con respecto a este año, con lo que lo destinado a este rubro se mantiene estable. En perspectiva histórica, las erogaciones previsionales como porcentaje del PBI siguen 30% por debajo del pico histórico de 2017 (dejando de lado el año de la pandemia). El "bono previsional" (fijado en $70.000 desde marzo de 2024), se mantiene sin actualización, lo que implica una fuerte licuación. El Ieral sostiene que el instrumento, "concebido como medida transitoria, presenta problemas de focalización y alto costo fiscal". El informe sostiene: "Sería más eficaz rediseñarlo para concentrar la asistencia en adultos mayores en situación de vulnerabilidad, logrando así un mejor efecto redistributivo con menor gasto".La no renovación de las moratorias es el principal factor del alza en el gasto en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), plan que otorga una cobertura previsional a las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión. La PUAM se expande 38% en términos reales, con un aumento del 23% en la cantidad de beneficiarios, que pasarían de 191.210 a 235.208. Las jubilaciones y pensiones registran un crecimiento de 6,9%, y las no contributivas, de 5,4%.

La nueva esposa quería quitarle la casa a un niño con discapacidad, así procedió la SCJN

El máximo tribunal constitucional de México, integrado por ministros y ministras, sentó un precedente histórico sobre la protección de infancias en situación vulnerable

La Justicia confirma el desalojo de una madre y sus cuatro hijos, uno con discapacidad, de una vivienda en la que pagaron 600 euros a una persona que dijo ser el propietario

Además, la mujer y su hijo mayor de edad también han sido condenados a una multa de 180 euros cada uno

Proyecto: impulsan el uso de un símbolo que pueda reconocer si una persona con discapacidad evidente o no necesita asistencia

Una abogada promueve a través de un proyecto de ley que el país adopte oficialmente el símbolo con el que en otros países se identifican en espacios públicos o privados a personas con una discapacidad, sea o no evidente. Es una cinta color verde con girasoles estampados, que va al cuello, no solo facilita la interacción con terceros sino que también orienta en la asistencia a brindar ante una necesidad o una crisis asociada, sin temor a que pueda haber riesgo de violencia."La cinta de girasol va camino a ser un símbolo de identificación universal. En la Argentina, a diferencia de los países que la adoptaron, la implementación necesariamente debe llevarse a cabo en un marco jurídico adecuado", explicó Alicia del Valle Valdez, autora del proyecto que presentará en el Foro Internacional de Neurodiversidad y Derechos Humanos que se desarrolló entre el jueves y el viernes en la sede de la Universidad Nacional de Catamarca en la ciudad de Belén. Ahí, según destacó, reside la importancia de que este proyecto pueda convertirse en ley, junto con una puesta en práctica que vaya junto con campañas de información masivas sobre qué significa la cinta y cuál es su alcance. "En eso se encuentra comprometido el bienestar y la integridad física y psíquica de muchas personas con discapacidades evidentes u ocultas en nuestro país", detalló la abogada, que es especialista en derecho administrativo y, desde hace una década, se dedica a conflictos asociados con la salud. Promueve la capacitación del personal del Poder Judicial y los legisladores en la equidad y los derechos de la población neurodivergente, en la que se incluye. Es una persona con autismo. Ocho artículos En los ocho artículos del texto que compartió con LA NACION, se promueve el reconocimiento legislativo del uso de la cinta con diseño de girasoles como una forma de identificación voluntaria y discreta de las personas con discapacidades o condiciones no evidentes, como aparece definido en el proyecto, "en todos los espacios de interacción social públicos y privados" y sin que exima al portador de poder acreditar su discapacidad cuando así se solicite. "En muchas ocasiones, la integridad física o psíquica de las personas neurodivergentes se ve comprometida por las conductas atípicas que evidencian y pueden confundirse en los chicos con un berrinche o, en los adultos, con alguna conducta violenta. De ahí por qué es importante que puedan portar este símbolo de identificación si así lo quieren", mencionó Del Valle Valdez. El collar incluye una tarjeta den la que está escrito qué es lo que padece el usuario. "Ante una crisis en la vía pública, la cinta permite en principio reconocer rápido que se trata de una persona comprendida en las condiciones que se reconocen para su uso y, una vez que se puede tomar contacto con ella, a través de la tarjeta se puede saber exactamente qué es lo que la afecta", continuó la abogada.El proyecto también delega en el organismo de aplicación que se defina en la reglamentación de la norma la comunicación a la población del significado de la cinta y de un uso responsable de ese símbolo. Prevé, además, que su distribución sea gratuita para los portadores, gasto que se propone derivar del presupuesto de la autoridad de aplicación que se designe.En los fundamentos, se plantea que el objetivo es que las personas con alguna discapacidad que se pueda o no reconocer "dejen de ser invisibles a la mirada social", que los promotores del proyecto definieron que todavía sigue siendo "intolerante, incomprensiva y prejuiciosa". Es esto lo que, para la abogada, sigue siendo uno de las principales barreras para que esa población reciba asistencia en el caso, por ejemplo, de una crisis asociada con la causa de la discapacidad o que se atienda una necesidad que en apariencia no parezca serlo.Uso universalLa idea de usar este tipo de identificación se expandió del aeropuerto internacional de Londres al resto de Reino Unido y otros países en los últimos 13 años. Ya la adoptaron formalmente en países como Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Nueva Zelanda y Emiratos Árabes Unidos, según explicó Del Valle Valdez. En Uruguay hay un proyecto de ley, pero en el aeropuerto de Carrasco hay voluntarios de organizaciones locales que entregan los collares e informan sobre su significado."El objetivo era crear un símbolo discreto y reconocible para que las personas con discapacidades ocultas, neurológicas, cognitivas y del neurodesarrollo, incluidas las sensoriales y de procesamiento, como autismo, trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH), ansiedad, Alzheimer y trastorno obsesivo compulsivo (TOC), entre otras, pudieran señalar su necesidad de apoyo para que el personal del aeropuerto [de Gatwick] pudiera ofrecerles la ayuda adecuada. Se eligió el girasol como símbolo por tratarse de una flor reconocible, positiva y brillante que llama la atención de manera no intrusiva, representando visibilidad y esperanza", detalló la abogada al redactar los fundamentos del proyecto. Los resultados fueron tan positivos que la iniciativa Discapacidades Ocultas Girasol, por su nombre en español, se fue replicando en aeropuertos, empresas, transporte, equipos de fútbol, comercios, turismo, universidades, escuelas, colegios, centros de salud, parques, teatros, bancos y espacios públicos en general de más de una decena de países. La iniciativa local busca que la aplicación se de en espacios educativos (escuelas, institutos, universidades y centros de capacitación), entornos laborales (empresas públicas y privadas y organismos estatales), servicios públicos y privados (hospitales, centros de atención, transporte público, fuerzas de seguridad y organismos de atención ciudadana) y en eventos y actividades sociales (actividades culturales, deportivas, recreativas y de participación comunitaria). También, el texto plantea que existan protocolos predefinidos de respuesta en caso de emergencia o necesidad de asistencia o acompañamiento de una persona con la cinta, además de "reconocer su prioridad", lo que ya está reconocido en legislación vigente. "Establecer un marco legal que permita implementar el símbolo de identificación como el propuesto, contribuye a la construcción social equitativa y satisface la imperiosa necesidad de las personas de todas las edades, con discapacidades o condiciones de salud no evidentes, de poder hacer uso del derecho a visibilizar de forma discreta y digna, su condición, lo que permitirá a la sociedad, las instituciones y los organismos responder con respeto, accesibilidad y sensibilidad", argumentó la autora del proyecto.

Los pensamientos negativos podrían "explicar" hasta el 35% de la discapacidad en personas con dolor de espalda, según un estudio

El dolor crónico de espalda es la principal causa de discapacidad y puede llegar a afectar hasta al 70 % de la población a lo largo de la vida

Julieta Díaz denunció "crueldad pornográfica" del Gobierno por frenar un amparo colectivo para personas con discapacidad

Se trata de una causa radicada en la ciudad bonaerense de Campana que buscaba garantizar las prestaciones del programa Incluir Salud para miles de familias.

El Gobierno afirma que presentará la auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad antes de fin de año

Desde Casa Rosada aseguran que el informe realizado por el equipo del interventor Alberto Vilches está "avanzado". También reconocen la existencia de indicios de sobreprecios y contrataciones irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Leer más

El Gobierno busca apartar al juez que había declarado inválido el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad

El gobierno nacional, por intermedio de la Procuración del Tesoro, recusó al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en el expediente donde el magistrado admitió el trámite colectivo de un amparo contra un artículo del decreto por el que el Poder Ejecutivo Nacional había dejado en suspenso la aplicación de ley que declaró la emergencia en discapacidad.Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. "La sentencia dictada el 5 de este mes ha incurrido en prejuzgamiento toda vez que se pronunció sobre aspectos que constituyen el fondo de la cuestión litigiosa como, por ejemplo, al sostener que el Decreto N° 681/25 suspendió la Ley N° 27.793 [la ley de emergencia en discapacidad] cuando, precisamente, la postura fundamental de esta parte -contrariamente a lo sostenido por la contraria- es que ello no es así. Dicha irregularidad motiva la recusación con causa", sostuvo la presentación de la Procuración del Tesoro, que reúne a los abogados del Estado.En agosto pasado, González Charvay ya había declarado inválido el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Después, a principios de septiembre pasado, la oposición en el Senado sostuvo la ley de emergencia en discapacidad. La insistencia fue acompañada por casi todo el arco opositor.La norma, sancionada a inicios de julio y que había sido vetada por el Presidente, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.Tras el voto del Senado, el 22 de septiembre pasado el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley, pero indicó que su aplicación solo será posible una vez que se aprueben las partidas en el presupuesto nacional.En los considerandos del decreto se advirtió que el impacto fiscal estimado de la norma asciende a $3,02 billones para el período 2025-2026, lo que representa 0,35% del Producto Bruto Interno, y que el Congreso no especificó las fuentes de financiamiento como lo exigen la Ley de Administración Financiera y la Ley 24.629 de normas complementarias del presupuesto.Por otra parte, el Decreto 681/2025 señala que la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social demandaría $2,16 billones en 2025, equivalentes al 0,26% del PBI, y $4,7 billones en 2026, un 0,47% del producto. Además, calculó que el Programa Incluir Salud, que otorga cobertura médica a los beneficiarios de pensiones, implicaría $574.200 millones este año y $1,23 billones el próximo, mientras que la compensación económica a prestadores significaría otros $278.323 millones.Según se desprende del expediente judicial, tras el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, "O.G.J y D.R.N en representación de sus hijos menores de edad" se presentaron en el Juzgado Federal de Campana e iniciaron una "acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional con el fin de que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad [sic] del artículo 2° del Decreto N° 681/2025â?³, publicado en el boletín oficial.El 5 de este mes, el juez González Charvay rechazó el planteo de "falta de legitimación activa y de representación colectiva" formulado por el Ministerio de Salud de la Nación y determinó los alcances del "colectivo". Esa decisión hizo que el gobierno nacional lo recusara.

Ley de Emergencia en Discapacidad: el juez, que habilitó un amparo colectivo, rechazó un planteo de recusación del Gobierno

El magistrado federal de Campana, Adrián González Charvay, quien busca la implementación inmediata de la legislación, se opuso al planteo presentado por el Estado. El conflicto lo definirá la Cámara de San Martín

El Museo Thyssen lanza la exposición 'Tocar para ver', la primera muestra táctil con obras adaptadas para personas con discapacidad visual

El centro amplía su programa 'Museo Fácil' con reproducciones táctiles diseñadas mediante técnicas avanzadas de modelado

Discapacidad: el Gobierno intenta apartar a un juez que debe fallar sobre el decreto que vetó la ley de emergencia

El juez federal de Campana Adrián González Charvay rechazó el planteo de recusación presentado por el Estado Nacional en la causa en la que se cuestionó el Decreto 681/2025. Afirmó que no adelantó opinión sobre la validez de la norma.

Dictamen busca cambio clave a la asignación familiar por hijos con discapacidad

Congreso cambiaría normas de trabajadores del sector privado, exactamente sobre el texto que tiene que ver con el pago del 10% extra que reciben algunos empleados

Indagan a Garbellini, figura clave de la presunta estructura de corrupción que funcionó en la Agencia de Discapacidad

Continúa la ronda de indagatorias en el caso por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Daniel Garbellini, exfuncionario clave del organismo, llegó a los tribunales de Comodoro Py para declarar como acusado frente al juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quien lo acusa de recibir y acatar órdenes de personas que no trabajaban en el organismo. "Permitió que personas ajenas a la estructura formal de la Andis tomaran decisiones de gestión", dijo el fiscal en su dictamen. Garbellini es el cuarto de los 15 imputados llamados a indagatoria por Casanello. Ayer fue indagado Diego Spagnuolo, presunto autor de los audios que describen un mecanismo de coimas dentro de la agencia de Discapacidad e hicieron explotar el caso hace tres meses. En esos audios se habla de un funcionario, "el más importante de todos", que "metió" Lule Menem en la Andis para el "choreo". Ese funcionario sería Garbellini. El cargo que ocupó fue de director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, desde junio de 2024 hasta agosto de este año. El Gobierno lo desplazó del organismo de manera "preventiva" junto a Spagnuolo, máxima autoridad del organismo, luego de que se hicieran públicas esas grabaciones. A Garbellini se lo acusa de trabajar, en los hechos, para el médico urólogo Pablo Atchabahian, antiguo jefe suyo, quien, sin cargo ni designación oficial, le impartía órdenes para liberar o destrabar pagos o aceptar cotizaciones de empresas, de acuerdo con las pruebas citadas por Picardi. Atchabahian ocupó múltiples cargos en la función pública. Fue secretario de Salud del municipio de Pilar y, a nivel nacional, ocupó la misma dirección de la Andis en la que se desempeñó Garbellini hasta que fue despedido. Durante las últimas décadas, Garbellini se desempeñó siempre en rubros similares, en terceras líneas de gobiernos municipales, provinciales y nacionales, en lugares clave por donde pasaron contrataciones para sectores vulnerables y convenios para la compra de medicamentos a laboratorios.Noticia en desarrollo

Milei habló del caso de las coimas en la Agencia de Discapacidad: "Tengo una absoluta tranquilidad"

Convocatoria de la Dian abre proceso con casi 2.000 vacantes: hay 140 cupos exclusivos para personas con discapacidad

Nuevas disposiciones legales y modalidades de ingreso marcan el inicio de una etapa que promete transformar el acceso al empleo público en Colombia

Chats, cuadernos y sobreprecios. Las claves para seguir la investigación de corrupción en la Agencia de Discapacidad

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Apartaron a dos funcionarios de la Agencia de Discapacidad investigados por la Justicia

Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini no fueron los únicos funcionarios que dejaron su cargo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) cuando estalló el caso sobre las presuntas coimas en el organismo. Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que, tras la intervención dictada por el Gobierno en el organismo, fueron apartados Lorena Di Giorno y Eduardo Nelio González, actualmente investigados por la Justicia.Di Giorno es descripta como una "exagente" de Andis mientras que González se desempeñaba en la Dirección Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas del organismo. Las fuentes oficiales consultadas indicaron que dejaron de formar parte de la Agencia "al poco tiempo" que asumió Alejandro Vilches como interventor.Si bien las fuentes oficiales consultadas no facilitaron documentos que reflejaran el apartamiento de los dos investigados, de acuerdo a registros comerciales, los últimos aportes patronales de Andis a ambos fueron en septiembre.El dictamen del fiscal Franco Picardi señala que tanto Di Giorno como González tuvieron acceso al sistema SIIPFIS mediante el cual se administraron las licitaciones "acotadas", acusadas de supuesto direccionamiento y sobreprecio. Asimismo, ambos presentan vínculos con otro de los investigados por la Justicia, Miguel Ángel Calvete.En el caso de Di Giorno, el fiscal determinó que tuvo nexos empresariales con Calvete. "El primer registro data de abril de 2019, oportunidad en la que fueron reelegidos en la firma VERBADEI S.A. en calidad de Presidente y Directora Suplente, Miguel Ángel Calvete y Lorena Di Giorno", escribió en su dictamen. Pero desde dentro de Andis, según el texto judicial, "comunicaba a Miguel Ángel Calvete todas las novedades del organismo de discapacidad".El dictamen contiene un intercambio de mensajes entre ellos. En ese sentido, el fiscal destacó uno del 4 de septiembre. "Lorena Di Giorno le envió a Miguel Ángel Calvete un archivo adjunto que contiene el oficio que Sergio Leonardo Rodríguez, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, envió a la Andis en el marco de estas actuaciones, a fin de solicitar al organismo para que informe con carácter urgente qué normativa gestionan y/o llevan adelante las contrataciones efectuadas por esa agencia desde enero de 2023 y hasta la fecha", señala el dictamen.Esta era una funcionaria que tenía acceso al sistema SIIPFIS, con el que se llevaron adelante las licitaciones sospechosas. Sin embargo, su usuario también lo "habría utilizado Federico Santich". Este último es identificado por el fiscal como "gerente y accionista" de la empresa Profusión S.R.L., que a su vez, según el texto judicial, "tiene casi el 50% de las acciones de Profarma". Esta última es una de las cuatro droguerías que habrían sido beneficiadas con el esquema de licitaciones "acotadas" que están en el foco de la acusación.Asimismo, otro elemento que resaltó el fiscal sobre Di Giorno es una factura que emitida "por ella a la firma Indecomm S.R.L. por cinco millones trescientos mil pesos ($5.300.000) en concepto de honorarios por servicios profesionales realizados, en el mes de junio de 2025, cuando trabajaba en la Andis". De acuerdo con el dictamen, "se corroboró que Miguel Ángel Calvete era Socio Gerente de INDECOMM S.R.L., además de accionista mayoritario".Por su parte, Eduardo Nelio González se desempeñaba en la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de Andis desde junio de 2025. Pese a eso, "mantenía conversaciones con distintos funcionarios y el propio Daniel María Garbellini le solicitaba al personal que se encontraba a su cargo que algunas cosas las hablaran con "Pino" incluso antes de su designación formal en Andis". Según el fiscal, "Pino" era uno de sus apodos.Además, González habría estado vinculado a Calvete a través de empresas. Tal cual afirma el dictamen, hace casi 20 años ambos "conformaron, junto a otras personas, la sociedad Proveedora Integral de Supermercados Chinos S.R.L".Según Picardi, González era un "pivote entre el mundo de las contrataciones Pacbi de la Andis y las firmas beneficiadas". En su escrito, afirmó que también contaba con acceso al sistema informático que administraba las licitaciones.Dichas compulsas fueron catalogadas como "acotadas" porque, según el fiscal estaban "caracterizadas por la invitación a pocos oferentes". Por ese motivo, las diferenció a este tipo de compulsas de las denominadas "generales".Mediante ese esquema, se habrían direccionado las contrataciones a cuatro droguerías, de acuerdo con la acusación. Se trata de las droguerías Génesis, Profarma, New Farma y Floresta. Según un pedido de acceso a la información que Andis respondió a LA NACION, el organismo firmó órdenes de pago por $48.631 millones entre diciembre de 2023 y el 14 de octubre de este año.

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Caso Andis: declara uno de los presuntos nexos entre la agencia de discapacidad y las droguerías

La causa que nació con los audios del exdirector de la Agencia de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo e investiga un supuesto direccionamiento en la compra de insumos y medicamentos dentro del organismo avanza con nuevas indagatorias. Desde las 9 de la mañana, Miguel Ángel Calvete, señalado por la fiscalía como presunto nexo extraoficial entre la agencia y las droguerías y empresas implicadas, se encuentra en los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello. Calvete llegó a los tribunales en un camión celular de la Policía de la Ciudad. En 2019, en el marco de otro proceso penal, fue encontrado culpable por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. En mayo de este año, la Corte Suprema rechazó un recurso de queja de su defensa, y en octubre, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 avanzó con su detención. En la causa por las irregularidades en la Andis, el fiscal Picardi describe a Calvete en su dictamen como una suerte de "director para-estatal" del organismo que, sin ser funcionario, impartía indicaciones a la gente del organismo que le respondía, como Lorena Di Giorno, dentro del área de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), y Eduardo Nelio González, director de la agencia. El rol de Calvete en la maniobra investigada, según la fiscalía, era conectar a Andis con el circuito de droguerías y direccionar las compulsas de precios. Como parte de los allanamientos ordenados por la Justicia en esta causa, en un domicilio a nombre de su empresa, INDECOMM, se secuestraron 700.000 dólares. "Solicito que en forma urgente se disponga la devolución del dinero secuestrado", pidió Calvete en un escrito presentado ante el juzgado, estando ya detenido por la otra causa. "Resulto ser el titular del noventa por ciento del capital social de la empresa [INDECOMM] y, por ende, el principal damnificado por el secuestro en el domicilio cito en la calle México [...] el cual resulta propiedad de la sociedad que encabezo", agregó.En ese domicilio vivía su hija, Ornella Calvete, que es directora en una secretaría del Ministerio de Economía y también está siendo investigada. En septiembre, un mes antes del operativo en su casa y el secuestro del dinero, Ornella le dijo a su padre estar preocupada por la presencia de 15 policías en la planta baja de su edificio. "No sé si es por el cabeza de rodilla o qué", le dice. Luego le pregunta si la empresa INDECOMM tiene "cash blanco", por si "entran acá y me ven con mosssca".En el marco de esas conversaciones -que constan en el expediente- Ornella le pregunta por "Claudio" de la ortopedia alemana y Calvete le responde que ya cerró una reunión con él. Ornella le desea suerte y le dice que si todo sale bien le compra "una lambo, una granja, lo que quieras".El día de los allanamientos, en otra tanda de mensajes, Calvete habla con Di Giorno, una de las funcionarias dentro del organismo que le respondía. Di Giorno le dice que ya estaba "borrando todo". Antes que Calvete, fue indagado Pablo Atchabahian, un médico urólogo que también daba órdenes a funcionarios dentro de la agencia y está detenido. En su indagatoria, Atchabahian se negó a declarar. La Justicia registró que ordenó frenar un pago a una droguería "por estar jugando mal".

Avanza la investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad

La causa expone conexiones entre empresarios y funcionarios en el manejo irregular de contratos y gastos incompatibles con los ingresos declarados por los principales imputados, según documentos judiciales

Coimas en la Agencia de Discapacidad: hoy comienzan las indagatorias a los 15 acusados

El primero será Miguel Ángel Calvete, quien se encuentra detenido en otra causa. Diego Spagnuolo debe presentarse mañana. La justicia investiga una red de corrupción que habría desviado más de 48 mil millones de pesos

Mega-causa por corrupción: investigan el desvío de $37 mil millones en la Agencia Nacional de Discapacidad

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Jorge Gutierrez fue diagnosticado con glaucoma desde bebé y perdió la vista, pero no el interés por aprender y convertirse en un referente

Más de 300 empleos empresas privadas para personas con discapacidad, en feria laboral del MTPE

El evento reunirá a empresas de distintos sectores y ofrecerá orientación personalizada a quienes buscan nuevas oportunidades

Quién era Alice Wong, la destacada activista y autora por los derechos de las personas con discapacidad, que murió a los 51 años

Dedicó su vida a amplificar voces marginadas y a defender la autonomía y dignidad de quienes viven con discapacidades.Su obra, que incluye libros, un influyente proyecto de historia oral y un reconocido activismo público, dejó una huella perdurable en Estados Unidos.

Un hombre que gana 700 euros y le pasa 300 a su hija pide dejar de pagar la pensión de alimentos porque sufre una discapacidad tras un accidente y ha tenido otra niña

Los jueces decidieron bajar la cuota mensual de 300 a 200 euros durante un año, y tras ese periodo la ayuda cesará

La trama millonaria de corrupción en la Agencia de Discapacidad: cómo funcionaba el esquema que desvió más de $43.000 millones

El corazón de la trama que operó durante casi dos años dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) era un esquema de asociación ilícita, cohecho y defraudación agravada, al decir del fiscal federal Franco Picardi. La maniobra se estructuró sobre las "compulsas reducidas" y fue protagonizada por un puñado de exfuncionarios, empresarios e intermediarios para obtener un rédito patrimonial indebido que, solo en un período de un año, superó los $43.000 millones de las arcas públicas.El fiscal Picardi y el juez federal Sebastián Casanello decidieron avanzar sobre los protagonistas más visibles de la operatoria, entre los que destacan los ahora exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. Pero dejaron indicios de que avanzarán sobre aquellos que colocaron a Garbellini dentro de la Andis, y a quienes habrían dirigido la cartelización de las droguerías, entre los que descollarían los dueños de la firma Suizo Argentina, los hermanos Kovalivker, de vínculos fluidos con los Menem. En particular, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem."Las evidencias recolectadas comienzan a confirmar lo que decía Spagnuolo en los audios", indicó una fuente judicial a LA NACION. Aludía a los audios que salieron a la luz en los días previos a las elecciones bonaerense del 7 de septiembre pasado, en los que el entonces abogado particular del presidente Javier Milei y titular de la Andis detallaba cobros de sobornos, el rol de Garbellini como recaudador entre las droguerías, y el envío hacia "arriba" de los retornos, con alusiones explícitas a Eduardo "Lule" Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.El audio del empresario Miguel Angel Calvete a Diego Spagnuolo¿Cómo se habría desarrollado la maniobra delictiva dentro de la Andis, según las evidencias que recolectó la Fiscalía? Se estructuró alrededor de la manipulación del sistema informático que utilizaba la Agencia para adquirir medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia. Los funcionarios crearon dos circuitos paralelos de compras: uno "regular" donde invitaban a competir a entre 14 y 16 droguerías, y otro de "compulsas reducidas" donde solo participaban 3 o 4 empresas cuidadosamente seleccionadas: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta.El patrón era siempre el mismo: dos de ellas actuaban como adjudicatarias reales mientras las otras dos simulaban competencia, pero no presentaban ofertas o cotizaban precios que no eran competitivos, creando una apariencia de legalidad en un mercado que en realidad operaba cartelizado en el que alternaban roles según el tipo de producto. Así, Profarma y Génesis dominaban las compulsas de medicamentos (concentrando el 93% de las adjudicaciones), mientras que New Farma y Floresta monopolizaban los insumos auditivos como implantes cocleares y audífonos.El análisis técnico de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) reveló casos extremos de sobrefacturación. El medicamento Macitentan, por ejemplo, que en compulsas abiertas costaba $411.764, llegó a adjudicarse en casi $8,3 millones en compulsas reducidas apenas tres días después: un incremento del 1900 por ciento. Y el Burosumab pasó de $19 millones a $45 millones por unidad, mientras que el Guselkumab experimentó aumentos del 15 al 20 por ciento respecto de ofertas simultáneas en compulsas abiertas.Ese patrón se repitió de manera sistemática, remarcó el fiscal Picardi en su dictamen, al punto que si otras droguerías lograban participar en compulsas abiertas para los mismos medicamentos, ofrecían precios que representaban menos de la mitad de lo pagado a las empresas favorecidas. ¿Conclusión? Solo entre julio de 2024 y agosto de 2025, estas compulsas irregulares generaron adjudicaciones por más de $43.000 millones de pesos."Esto venía de antes", remarcó una fuente tribunalicia al tanto de la investigación en curso ante la consulta de LA NACION. "Estamos hablando de nichos de corrupción en los que mezclan 'cajas' del Estado, intermediarios y sobornos, como también lo fue la operatoria de los 'brokers' de seguros", detalló.Tres niveles criminalesSiempre de acuerdo al dictamen de la Fiscalía, la presunta operatoria criminal registró tres niveles. En el primer nivel estaban los funcionarios que controlaban Andis. Es decir, Spagnuolo, como director ejecutivo, y Garbellini, como director de Acceso a Servicios de Salud. Ellos autorizaban y ejecutaban el direccionamiento, garantizaban cobertura institucional y recibían pagos en efectivo como contraprestación.El segundo nivel era el de los operadores para-estatales: Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. No tenían rol formal dentro de la administración pública, pero impartían órdenes dentro de la Andis como si fueran funcionarios, al punto de diseñar la estrategia, gestionar retornos y decidir adjudicaciones desde fuera. Lo notable es que incluso colocaron personal propio dentro del organismo: Lorena Di Giorno y Eduardo "Pino" González actuaron como agentes internos de Calvete, filtrando información y facilitando pagos; y Luciana Ferrari hizo lo propio para Atchabahian como empleada del laboratorio Roche, pero con usuario y contraseña del sistema informático de la Andis para operarlo "desde afuera".El tercer nivel criminal, en tanto, lo componían los empresarios beneficiarios vinculados a las cuatro droguerías favorecidas. Es decir, Andrés Arnaudo de Génesis, Ruth Lozano de Profarma, Patricio Rama de New Farma, y Silvana Escudero junto a Alejandro Fuentes de Floresta, quienes coordinaban entre sí qué empresa ganaría cada compulsa. Roger Grant ejecutaba materialmente las compulsas en el sistema según las instrucciones recibidas.El circuito de lavadoLos beneficios económicos de la presunta banda criminal fluyeron, en tanto, en múltiples direcciones. La Fiscalía encontró evidencias de Spagnuolo cobrando al menos $5 millones en efectivo de Calvete y su pareja Guadalupe Muñoz para un viaje a Israel que no se concretó. Y guardaba US$ 82.000 no declarados en una caja de seguridad, además de tener una máquina contadora de billetes en su casa. Dinámicas similares se repitieron una y otra vez. Eduardo González consultaba a Calvete "cómo y cuándo hacerse de los dólares", recibiendo como respuesta una fecha específica, mientras que Lorena Di Giorno recibía instrucciones de "pasar por Defensa a buscar lo tuyo" y facturaba millones de pesos a INDECOMM y Profarma, empresas vinculadas a Calvete. ¿Garbellini? Realizó obras millonarias en su vivienda que derivaron en una multa del country por $22,5 millones, mientras que acumulaba gastos por más de $4 millones por mes en tarjetas de crédito, muy por encima de su salario como funcionario.Pero para el presunto blanqueo a gran escala, el fiscal Picardi consideró que existen evidencias suficientes para avanzar contra otros dos presuntos eslabones de la operatoria. ¿Quiénes? Alan Pocovi, hijo del exmarido de Zulemita Menem, y Sergio Mastropietro, vinculado a la empresa Baires Fly. Pocovi recibía sistemáticamente efectivo y transferencias que luego invertía en criptomonedas a través de la plataforma "NEBLOCKSHAIN", cumpliendo un rol de recaudador. Mastropietro recibía transferencias millonarias desde las droguerías investigadas hacia Baires Fly bajo el concepto genérico de "compra de kilómetros nacionales para aeronaves", emitiendo facturas por montos idénticos. Federico Santich y Guadalupe Muñoz completaban el engranaje financiero moviendo fondos entre las empresas del entramado.Pocovi y Mastropiero quedaron en evidencia, incluso, las escuchas telefónicas que captaron a Calvete dando órdenes para mover dinero a través de ambos ("llamalo a Alan", "preguntale a Sergio primero"), evidenciando que ambos constituían la infraestructura financiera del esquema, mientras que Baires Fly, con su servicio de aviación privada 24 horas, representaba además un potencial medio de fuga.

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Incertidumbre y temor: corre riesgo un instituto clave para el desarrollo de más de 300 estudiantes con discapacidad

En un aula del Instituto Infancias, en el barrio porteño de Almagro, una docente sostiene un simulador de boleta. En la pizarra se lee "Elecciones". Los alumnos, ya en edad para votar, practican cómo se dobla y dónde se marca. "¿Hay que decir el voto?", pregunta la maestra. Uno de los chicos se incorpora del banco y responde sin dudar: "No, el voto es secreto". El grupo celebra la respuesta. Pisos más abajo, otra escena ocurre al mismo tiempo: estudiantes etiquetan velas y jabones que ellos mismos elaboran. "Estoy a cargo de las ventas -dice uno, sosteniendo un aerosol-, pero no tenemos Mercado Pago, solo efectivo". En otra planta, niños de 9 y 10 años corren detrás de una pelota en el recreo. Pero mientras en el edificio los chicos aprenden, fuera de las aulas se libra una pelea: la de sostener económicamente el lugar donde todo sucede.El Instituto Infancias atraviesa la peor crisis económica en 38 años de historia. Una institución que nació con un solo alumno y la convicción de que la discapacidad no invalida el derecho a aprender, hoy pelea por sostener su servicio básico: abrir las puertas cada mañana. La inflación, los aumentos en servicios esenciales, la desactualización del nomenclador nacional y los pagos que llegan con 60 días de demora hicieron que la escuela funcionara a fuerza de créditos bancarios y planes de ARCA, mientras los directivos se preguntan si podrán pagar los próximos sueldos y aguinaldos. El comedor recibe $3099 por día por cada estudiante de jornada completa (incluyendo desayuno, almuerzo y merienda), pero la vianda cuesta alrededor de $7000. El transporte escolar, indispensable para que lleguen al aula estudiantes con movilidad reducida o que viven lejos, se sostiene con reintegros que reconocen $500 por litro de combustible cuando en las estaciones de servicio ronda los $1700. Los sueldos docentes aumentaron 160% desde diciembre; los servicios, entre 500% y 900%; el ABL también se disparó. Pero en ese tiempo el nomenclador solo subió 99%. Hoy, el instituto -que brinda educación, acompañamiento clínico, talleres laborales y alimentación diaria a más de 300 estudiantes con discapacidad- factura apenas el 30% de lo que realmente cuesta sostener toda la escuela.Lo explica Martín Valdés, apoderado institucional y preceptor, en diálogo con LA NACION: "Nosotros cobramos a sesenta días del mes vencido. Entonces facturamos un monto que, cuando finalmente llega, ya quedó totalmente depreciado por la devaluación y la inflación. Hoy estamos facturando apenas el 30% de los costos reales: tenemos un atraso del 70%. Estamos al tope de créditos bancarios y con diez planes de cargas sociales para poder pagar sueldos y funcionamiento. No sabemos cómo vamos a pagar el próximo aguinaldo. No tenemos más espalda. ¿Cuántos créditos más vamos a tener que sacar?".La tensión económica se siente en la comunidad educativa. En una asamblea interna, más de 100 familias se presentaron para acompañar, ofrecer ayuda y también manifestar su preocupación por el futuro. La actriz Valentina Bassi, madre de un alumno, lo describió así a LA NACION: "El hecho de tener que armar eventos para recaudar fondos para sostener la escuela quita un montón de tiempo que necesitamos para nuestros hijos y sus terapias. La sumatoria abruma: colectas, terapeutas que piden que pongamos dinero porque la obra social no paga y todo lleno de incertidumbre".Paula, madre de Julieta, alumna de séptimo grado, viaja todos los días desde Banfield para que su hija pueda asistir al Instituto Infancias. "Julie se levanta a las seis de la mañana, y a las seis y media la vienen a buscar los chicos del transporte que trabajan con el cole -contó a este medio-. Pasa mucho tiempo arriba de la combi justamente por esto de que suman todos a un mismo recorrido, por la falta de presupuesto, pero sin ese transporte sería imposible que pueda llegar al colegio". Explicó que su hija cursó hasta cuarto grado en una escuela común en Lomas de Zamora, pero que debieron buscar un espacio donde pudiera desarrollarse con acompañamiento real. "Las escuelas comunes están muy lejos de lo que es una verdadera inclusión. Los chicos con discapacidad terminan en escuelas especiales porque no están dadas las condiciones para incluirlos realmente". Sobre la propuesta del Instituto Infancias, agregó: "Nos dio la ilusión de crecimiento, de que pueda trabajar, desarrollar su autonomía y aprender a desenvolverse sola".Luego describió la preocupación que hoy atraviesa a las familias: "Necesitamos de las terapias, necesitamos que el transporte los venga a buscar; necesitamos que en el colegio estén bien, que estén bien alimentados, no que coman cualquier cosa. Todo lo que está pasando genera que esa excelencia se derrumbe. ¿Por qué no podemos apuntar a que los chicos estén bien atendidos? Es lo mínimo que un papá quiere". Paula remarcó además la incertidumbre económica que sienten las familias: "Todos estamos endeudados. Fuimos sacando préstamos para cubrir gastos, pagar el colegio, las tarjetas, los servicios. Imaginate un colegio o un transportista que hace más de un año no recibe los aumentos que corresponden. No estamos pidiendo nada del otro mundo, solo las herramientas para seguir adelante". Y cerró: "Para mí es una crueldad enorme lo que están haciendo. No digo que no se audite, me parece perfecto, pero tiene que hacerse bien, con transparencia, cuidando a los que más lo necesitan".Para quienes dependen de terapias múltiples, la posibilidad de interrupciones genera miedo. Dafne, madre de Giuliano, de 26 años, lo explicó con detalle a LA NACION: "Giuli nació sin problemas, pero a los seis meses le diagnosticaron una enfermedad neurometabólica que le produjo un daño cerebral enorme. Nos dijeron que no iba a poder hacer nada, que sería una ameba. Pero gracias a las terapias que tuvo desde ese momento hasta hoy, camina; habla, mal, pero habla, puede ir a Infancias, tiene autonomía en la casa, se viste solo, con ayuda puede cocinar. No puede salir a la calle sin acompañamiento, pero es un pibe que, gracias a las terapias, se inserta cada vez más en la sociedad".El temor de perder esos espacios, dice, es constante: "Si Giuliano dejara hoy sus terapias o la escuela, solo involucionaría. Lo que un chico con discapacidad incorpora puede llevar años. Y esa liviandad con la que se dice 'si pueden ir que vayan, si no que no', es una crueldad". Denuncia que los valores del sistema están desactualizados y desalientan el trabajo profesional: "Un acompañante terapéutico cobra $2800 la hora. ¿Quién quiere trabajar así? Es una burla, es depositarlos en el fondo de la olla. Como no son productivos, no se apuesta en ellos".La falta de recursos impacta también en las familias: "Nadie puede pagar todo eso. Fonoaudiología, psicopedagogía, kinesiología, acompañamiento terapéutico, psicologíaâ?¦ Es imposible. Todos estamos endeudados, sacando préstamos para poder sostener el día a día". Para Dafne, lo que ocurre excede lo económico: "Es este abandono. Dan aumentos que no sirven, las obras sociales pagan a los tres o cuatro meses".Infancias abrió sus puertas en marzo de 1987 como escuela de recuperación para niños con discapacidad intelectual leve. Lo cuenta a LA NACION Susana Ré, fundadora y directora general, en una oficina decorada con obras de estudiantes: "Fundamos Infancias porque había chicos que en la escuela común no recibían los apoyos que necesitaban. La idea de pluralidad de infancias es que no existe una sola infancia: cada una tiene sus necesidades. Empezamos en una casita en la calle Gallo y el primer alumno, Gastón, hoy trabaja acá. Siempre quisimos que pudieran alfabetizarse, tener contención, socializar y formarse para el trabajo".Luego llegó la sede de Pringles 939, donde hoy se desarrollan talleres laborales y proyectos de oficios; más tarde, el edificio actual en Guardia Vieja 4541, con cinco pisos diseñados específicamente para educación especial. "Es uno de los más modernos, pensado desde cero para accesibilidad y necesidades reales", destaca Ré.Hoy, el Instituto Infancias tiene alrededor de 310 estudiantes entre sus dos sedes: unos 250 en Guardia Vieja, entre 60 y 80 en Pringles. Los grupos son reducidos, con múltiples profesionales por aula, comedor, seguimiento médico, trabajo social, apoyo pedagógico y orientación hacia la vida adulta. La situación, aclara Valdés, no empezó este año: es una crisis que se fue acumulando y que ahora llegó al límite. "Es un sector que siempre tuvo que tener la guardia en alto. Con todos los gobiernos hubo aspectos positivos y aspectos negativos. No es algo que apareció de un día para el otro. En la primera movilización, por ejemplo, fue cuando se quiso eliminar la educación especial, en el gobierno de Cristina Kirchner. Después, con Mauricio Macri hubo desactualización del nomenclador, pero se optimizó el mecanismo de integración y sabías que a los 60 días cobrabas. Podías discutir, pero había diálogo", afirma.A diferencia de ese contexto, Valdés sostiene que desde diciembre de 2023 el vínculo con las autoridades cambió por completo: "Desde que asumió el nuevo gobierno, hay un desinterés total. Hubo una devaluación del 118% a los tres días de asumir y el aumento del nomenclador no se acercó ni de casualidad a ese número. Se suspendió la Ley de Emergencia en Discapacidad, se recortaron más de cien mil pensiones sin criterio, se insultó al sector públicamente. Nos dijeron que era 'el negocio de la discapacidad', mostraron la radiografía de un perro para justificar recortes, nos levantaron tres veces reuniones clave. No hay diálogo real ni urgencia, cuando la urgencia es nuestra: la discapacidad no puede esperar".Valdés sostiene que lo más grave es la sensación de desprotección total: "Llegamos a tener que concentrarnos en la puerta de Andis [Agencia Nacional de Discapacidad] y entrar porque ni siquiera nos querían recibir un petitorio. El interventor dijo que no trabaja bajo presión. Pero las familias están desesperadas: si su hijo se queda sin transporte o sin terapia o sin escuela, la devolución es irreversible. Nosotros deberíamos tener la cabeza puesta en las aulas, no en ver cómo hacemos para llegar a fin de mes o si mañana vamos a poder seguir".Desde la Andis informaron a LA NACION que, con fecha 28 de octubre, es decir, anteayer se decidió una actualización del nomenclador para prestadores del sistema. En el comunicado señalaron que habrá "un aumento de entre 29% y 35% en tres tramos entre octubre y diciembre de 2025", y que la medida busca "dar previsibilidad al sistema, fortalecer la atención y garantizar la continuidad de los servicios esenciales como internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y de rehabilitación", además de "reconocer el trabajo de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad todos los días". Para la comunidad del Instituto Infancias, el ajuste resulta insuficiente.El conflicto tiene un trasfondo político. La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada en el Senado el 10 de junio, vetada por el Poder Ejecutivo el 4 de agosto y luego ratificada con insistencia en Diputados y la Cámara alta. Su ejecución, sin embargo, quedó suspendida por falta de definición presupuestaria. Algunos centros del país ya comunicaron cierres y otros, como el Instituto Infancias, sostienen su funcionamiento con créditos bancarios y planes de pago. Consultados sobre si existe temor de cierre, Martín Valdés fue claro: "El temor lo tenemos, claramente lo tenemos. Estamos haciendo todo lo posible desde la vía legislativa, con el apoyo de las familias, pero la situación es muy difícil. No sabemos cuánto más vamos a poder sostenerlo".

El Gobierno dispone un aumento para los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad

El Gobierno dispuso una actualización en los valores que cobran los prestadores que trabajan con personas con discapacidad en todo el país. A través de una resolución conjunta del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se fijó un incremento en los aranceles que deben abonar las obras sociales, prepagas y organismos públicos a los profesionales, instituciones y servicios incluidos en el sistema de atención integral. La medida tiene vigencia retroactiva desde el 1° de octubre y mantiene un adicional del 20% para quienes brindan prestaciones en las provincias patagónicas.De acuerdo con lo informado por los organismos, la actualización surge de una propuesta del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, que periódicamente revisa los valores del nomenclador que establece los montos de referencia para los distintos servicios. De acuerdo con la normativa, la actualización alcanza a todas las categorías contempladas en el nomenclador: terapias de rehabilitación, transporte especializado, apoyos escolares, residencias, centros de día, atención domiciliaria y acompañamientos terapéuticos, entre otros servicios.El aumento se aplica a todas las prestaciones contempladas por la ley que regula la cobertura integral de las personas con discapacidad, como terapias de rehabilitación, transporte especializado, acompañamiento terapéutico, centros de día, residencias y apoyos escolares.El incremento fue aprobado luego de la readecuación presupuestaria dispuesta por la Decisión Administrativa 24/2025, que amplió los créditos asignados a la Andis para financiar la actualización arancelaria. La resolución mantiene vigente el adicional del 20% por zona desfavorable para las provincias patagónicas, una compensación que busca equilibrar los mayores costos logísticos y de traslado en esa región. Este beneficio se aplica sobre el valor básico de cada prestación y alcanza a todas las categorías del sistema.El texto oficial, firmado por el ministro de Salud, Mario Iván Lugones, y el interventor de la Andis, Alejandro Vilches, reemplaza el esquema anterior de incrementos escalonados que había sido dispuesto a fines del año pasado y establece un ajuste concentrado desde octubre.

Discapacidad: un supuesto "aumento" que no cumple con la ley de Emergencia

La ANDIS dictaminó incrementos para los prestadores de apenas un 35 por ciento en tres tramos, cuando la norma votada por el Congreso establecía un piso del 70 por ciento. "Es repugnante", denunció la actriz Vanina Bassi.

La Agencia Nacional de Discapacidad confirmó aumentos de entre 29% y 35% para prestadores y nuevos fondos para garantizar la atención

La actualización se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, que define los aranceles para instituciones, profesionales y servicios. Además, alcanzará a prestadores de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación, entre otros servicios esenciales. Leer más

El Gobierno liberó fondos y aumentó la prestaciones para personas con discapacidad

El incremento total es de entre el 29,7% y el 35,4%. Se aplicará en tres tramos: octubre, noviembre y diciembre.Fue posible gracias a que Guillermo Francos habilitó los fondos.

Okupan la casa de una persona con 78% de discapacidad y la suma asciende hasta los 54.000 euros: "Pedimos al Gobierno revisar los casos de vulnerabilidad"

El impago del alquiler deja sin recursos a un discapacitado en Madrid

El Gobierno anunció aumentos a los prestadores de discapacidad

El Gobierno anunció este miércoles aumentos a los prestadores de discapacidad. La decisión llega tras semanas de presiones por la falta de aplicación de parte del Poder Ejecutivo de la ley de emergencia en discapacidad que fue ratificada por el Congreso. Fuentes cercanas a la gestión libertaria confirmaron a LA NACION que el incremento será de entre el 29,7% y el 35,4% y se aplicará en tres tramos en octubre, noviembre y diciembre. Se trata de una decisión acordada entre la Agencia Nacional de Discapacidad, PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud en una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. También estaba presente un representante de los prestadores de servicios elegidos por el Comité Asesor de la Andis, Daniel Lipani, y el representante del Cofedis, que no tenía voto.Para las prestaciones de transporte, rehabilitación, hogar, pequeño hogar, residencia y prestación de apoyo los aumentos serán de 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre. El total acumulativo es del 34,53%. En tanto, el resto de las prestaciones tendrán una suba del 12% en octubre, 8,25% en noviembre y 7% en diciembre. El total es del 29,73%. Fuentes cercanas al Gobierno aseguraron que, con la actualización, el incremento estará por encima de la inflación proyectada para todo el año. Además, señalaron que la decisión fue posible gracias al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que otorgó una partida adicional para hacer frente a las subas del tercer trimestre.Lipani votó en contra de la propuesta del Gobierno y presentó una serie de mociones, entre ellas, que se otorgue a partir de octubre un aumento del 70% sobre el valor vigente a todas las prestaciones del Sistema único de prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad. Para mantenerlo, solicitó reasignar las partidas necesarias para dar con su cumplimiento. En un comunicado, el Foro Permanente de Discapacidad se manifestó en contra de la medida de la gestión libertaria e informaron que "continúan en estado de alerta". "Desde el FORO consideramos que el porcentaje propuesto es claramente insuficiente frente a la inflación acumulada, los costos reales de funcionamiento y la profunda crisis que atraviesan los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad. Estos aumentos se van a terminar de cobrar recién en marzo/abril de 2026. El Gobierno Nacional sigue sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad", reclamaron.

ACV en Argentina: qué halló un relevamiento sobre mortalidad y discapacidad a largo plazo

Un estudio realizado en la provincia de Buenos Aires analizó los casos de accidente cerebrovascular durante un período de cinco años y aportó datos actualizados sobre la proporción de pacientes que fallecen o enfrentan dificultades para retomar su vida cotidiana después del episodio

Metrociego: la aplicación para personas con discapacidad visual para sobrevivir al metro de Madrid

Miguel Coello creó Metrociego con solo 18 años para ayudar a personas ciegas a orientase por el metro

Corte Constitucional definió nuevas obligaciones para conjuntos residenciales ante casos de personas con movilidad reducida y discapacidad

El fallo del alto tribunal destaca que negar ajustes razonables en copropiedades constituye discriminación y vulnera derechos fundamentales de igualdad y vivienda digna

Elecciones 2025: la Boleta Única de Papel representa una "barrera de accesibilidad" para las personas con discapacidad

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, señaló que esas barreras también existen por formas "actitudinales".

Tras un fallo. El Gobierno restituyó las pensiones por discapacidad en todo el país

La noticia causó alegría y también dudas: el gobierno nacional publicó hoy en el Boletín Oficial una resolución que dispone la restitución a nivel nacional de las pensiones no contributivas por discapacidad que habían sido dadas de baja como consecuencia de un proceso de auditorías dispuesto por el gobierno de Javier Milei. No solo eso, se dispone, por orden judicial de la suspensión de estos procedimientos. Hay que recordar que la suspensión de las pensiones para personas con discapacidad que no cuentan con otro tipo de ingresos es uno de los reclamos que se viene impulsando, en distintas movilizaciones, junto con la actualización de los valores del nomenclador (lo que cobran los prestadores por atender a estas personas) como así también la implementación de la dos veces aprobada Ley de Emergencia en Discapacidad.Se reclamaba que los procesos de auditoría no habían sido transparentes, que se había citado a la mayoría de los beneficiarios con cartas documento que llegaron a otros domicilios y que automáticamente se habían dado de baja esas pensiones. Además, que en otros casos, se habrían aplicado criterios arbitrarios para fundamentar que esa persona no necesitaba ese apoyo económico o que bien podía trabajar formalmente. El hecho de perder la pensión, significó para miles de personas, no solo no contar con ese ingreso mensual, de unos 300.000 pesos, sino que fundamentalmente los dejó sin la obra social Incluir Salud, que es la que cubría los tratamientos que requerían, quedando sin atención desde entonces.La resolución que publicó el Boletín Oficial surge del cumplimiento de una medida cautelar colectiva presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Azul, de La Plata, que nuclea a familias de personas con discapacidad.El fallo que ordenó al gobierno a restituir las pensiones a nivel nacional es consecuencia de un reclamo colectivo que se presentó en la provincia de Catamarca, cuya resolución se publicó ayer en el Boletín Oficial, donde manda a restituir las pensiones de personas afectadas por las auditorías en esa provincia. Sin embargo, a diferencia de lo que se publicó ayer, la nueva resolución indica que el alcance ahora será nacional, siempre a partir de la orden del Juzgado Federal N°2 de Catamarca. La novedad es que, en la resolución, se le asignó una partida presupuestaria, algo que no ocurrió en otras medidas que el Gobierno se negaba a aceptar. Esta vez se indicó que se utilizarán los fondos asignados para las pensiones en el presupuesto nacional. LA NACION consultó a los voceros de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sobre el alcance de la resolución y sobre cómo se iba a implementar, sin embargo no respondieron a la consulta.El fallo"En el marco de los mencionados procesos de auditoría, se ordenaron las suspensiones de los beneficios a las personas identificadas en el Anexo I, en razón de haberse acreditado, en todos ellos, al menos, una de las causales establecidas en el artículo 9° del Capítulo VI del Anexo I del Decreto N°432/97 y sus normas modificatorias y complementarias, a los fines de resguardar la correcta aplicación de recursos públicos", cita la resolución del Boletín Oficial. Y aclara que la medida se adopta en cumplimiento del fallo del juez de Catamarca que indica: "Resuelvo hacer extensivo a todo el territorio nacional la medida cautelar dictada en fecha 12 de septiembre de 2025 y en consecuencia ordenar a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que, en el plazo de veinticuatro (24hs) desde el dictado de la presente, restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas a los titulares de las mismas, pague el importe de los haberes de pensión retenidos a la fecha, en todo el territorio nacional; y, de igual modo, hasta tanto no recaiga sentencia definitiva, se abstenga de continuar las auditorías con base en la normativa cuestionada (dec.843/2024) y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral".Y agrega: "El interventor de la Andis resuelve: "Restablécele el pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, suspendidas por los actos administrativos dictados oportunamente, respecto de las personas identificadas en el Anexo I, que forma parte de la presente, en cumplimiento de la medida cautelar dictada. (â?¦) El pago de las prestaciones precedentemente ordenado, será efectuado de acuerdo al cronograma de pagos vigente establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El gasto que demande la presente medida será afectado a la partida específica del presupuesto del ejercicio del correspondiente año", dice el texto que lleva la firma de Alejandro Alberto Vilches, interventor de Andis. La presentación Desde ACIJ, una de las asociaciones que impulsaron la medida cautelar a nivel nacional, Belén Arcucci, coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad, explica cómo fue el proceso judicial. "Cuando comenzaron las auditorías, en distintas provincias se presentaron reclamos colectivos por la quita de pensiones. Así fue como en Formosa hubo un fallo favorable al reclamo colectivo y en Catamarca también. Cuando nosotros impulsamos un reclamo nacional, con el CELS y la Asociación Azul, resultó que en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema, ya estaba inscripto el de Catamarca, y el juez que intervino, de La Plata, remitió nuestra presentación a ese proceso colectivo. Es un mecanismo que tiene la Justicia para evitar que se multipliquen en distintas partes del país procesos similares, por un mismo reclamo. Entonces, se unificó nuestro reclamo y hace unos días, el juez de Catamarca se expidió y consideró que se debía hacer extensiva la medida cautelar a nivel nacional. Esa es la novedad y por eso ayer y hoy se publicaron estas dos resoluciones en el Boletín Oficial. La de hoy, tiene alcance nacional", explicó.Además de publicar la resolución, por orden judicial, el gobierno nacional apeló la medida. Esta regirá hasta que la instancia de apelación se expida. Mientras tanto, deberá volver a pagar las pensiones de las personas a las que les fueron suspendidas."No sabemos exactamente si se van a pagar en forma retroactiva los meses en que no se abonaron. Por lo pronto, según dice la resolución, se empezarán a pagar de acuerdo al calendario de Anses, desde noviembre. Habrá que ver qué ocurre con el reclamo de los meses no abonados", explica Arcucci.También genera duda la mención que hace la resolución a que los beneficiarios alcanzados serán los incluidos en el anexo 1, que no se publica, ya que son datos personales. "Creemos que, si se acató lo ordenado por el juez, deberían restituirse todas las pensiones. Uno de los puntos más cuestionados del sistema de auditorías, es que el 90% de las personas a las que les quitaron la pensión nunca recibieron la carta documento en la que se los citaba, ya que la mayoría fueron enviadas a direcciones distintas a las del lugar de residencia actual del beneficiario", dice Arcucci."Si la resolución dice esto, el Gobierno lo va a tener que acatar. No sabemos cómo será, cómo se implementará y seguramente habrá que estar encima para que se cumpla y en los plazos. No sabemos mucho más que lo que dice la resolución", apuntó Pablo Molero, director del Foro Permanente por la Discapacidad, luego de conocer la resolución.

ANDIS restableció las pensiones por discapacidad suspendidas en todo el país

Tras una orden judicial, la Agencia Nacional de Discapacidad deberá reactivar en 24 horas el pago de las pensiones no contributivas por invalidez laboral y frenar las auditorías. Leer más

El Gobierno acató una medida judicial y restituirá más de 100.000 pensiones por discapacidad laboral

La orden fue emitida por el juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial. No se podrán dar nuevas bajas

Aprueban dictamen que reemplaza el término "discapacitado" por "persona con discapacidad" en el Código del Niño y del Adolescente

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó por unanimidad una reforma que busca adecuar el lenguaje legal peruano a los estándares internacionales de derechos humanos

El Gobierno restableció las pensiones por discapacidad laboral en Catamarca tras un fallo judicial

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) acató la orden del juez Guillermo Díaz Martínez y reactivó los beneficios suspendidos. El Ejecutivo apeló una segunda resolución que buscaba extender la medida a nivel nacional. Leer más

Fuerte operativo y empujones a manifestantes en la marcha por la Ley de Discapacidad

El Foro Permanente por la Discapacidad marchó al Ministerio de Salud para denunciar la "crisis terminal" del sector. En paralelo, en la protesta de los jubilados, un policía aplicó el protocolo antipiquetes, empujó y tiró al piso a un hombre mayor, escalando la tensión en la plaza. Leer más

Indignación por agresión a influencer que denunció uso indebido de parqueaderos para personas con discapacidad en Bogotá

Nicolás de Francisco fue atacado mientras grababa una campaña de concientización sobre accesibilidad, luego de confrontar a un conductor que ocupó un espacio reservado sin justificación

¿Cómo saber si estoy en el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad?

Brinda apoyo económico a este sector de la población, por lo que es importante saber si estás registrado

Por orden judicial, el Gobierno restituyó más de 100 mil pensiones por discapacidad laboral

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) acató el fallo del juez Díaz Martínez y reactivó los beneficios suspendidos. El organismo también frenó las auditorías en marcha y no se podrá aplicar nuevas bajas hasta que haya sentencia definitiva

SCJN escucha testimonios sobre falta de consulta a personas con discapacidad en segunda jornada pública

Las sesiones incluyen testimonios en zapoteco y reflexiones sobre los efectos de la exclusión en políticas públicas

Manifestación por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Reclaman la aplicación de la norma ratificada por el Congreso. Los beneficiarios del programa Incluir Salud siguen sin servicio, por la deuda que el Gobierno nacional mantiene con los prestadores. En Tartagal, comunidades indígenas reclaman la restitución de pensiones por invalidez y asignaciones universales por hijo.

Un reconocido fotógrafo asesinó a sus dos hijos gemelos con discapacidad y luego apareció muerto

Se trata de Eduardo Cruz-Coke Japke, de 62 años, reconocido en la industria mediática por su colaboración con la Fundación Teletón, que recauda dinero para la rehabilitación para jóvenes con discapacidad motora. Leer más

"Yo decido": un proyecto que cambió nuestra mirada sobre la discapacidad

Entre las distintas formas de medir la efectividad de un proyecto periodístico, como lecturas, clics o la conversación que se da en las redes sociales, hay una de la que se habla poco: cuando cambia las creencias del equipo de periodistas encargado de producirlo.Eso ocurrió con "Yo decido", la primera de una serie de notas sobre discapacidad y vida independiente que lanzó LA NACION la semana pasada.La idea de hablar de la búsqueda de autonomía surgió después de varias entrevistas e historias que publicamos a lo largo de los últimos años en la sección Comunidad. Si bien eran notas sobre inclusión en escuelas comunes, reclamos por prestaciones médicas o discriminación, entre otras problemáticas vinculadas a esta población, identificamos que en muchas de las conversaciones que manteníamos con familiares aparecía una pregunta dramática: "¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté?". Ese interrogante, que condensa la angustia de padres y madres por la falta de políticas públicas que acompañen la vida de sus hijos, sembró la semilla del proyecto. Inicialmente, nos propusimos visibilizar cómo esa incapacidad o inacción del Estado empujaba a las personas con discapacidad a depender de sus familias.Sin embargo, en uno de los primeros llamados surgió una afirmación que puso en jaque nuestro abordaje. En una conversación por Zoom, Juan Cobeñas, un joven de 34 años con parálisis cerebral, licenciado en Letras e integrante de la Asociación Azul, una ONG que trabaja por la vida independiente de las personas con discapacidad, fue categórico: "Nada de nosotros sin nosotros", nos dijo.Fue en ese momento cuando quedaron en evidencia nuestros sesgos. Producir una serie de notas sobre la vida independiente de las personas con discapacidad haciendo foco en el peso o carga que sienten sus familias era una contradicción. De la conversación con Juan salimos con muchas dudas y apenas una certeza: teníamos que repensar el enfoque. Así que decidimos organizar dos conversatorios. Uno con personas con discapacidad. Y otro con sus familiares. Fuimos a cada uno de ellos con la misma pregunta: "¿Qué significa para vos la vida independiente?".Ver el especial "Yo decido"Al primer encuentro fueron la doctora en Educación e integrante de Grupo Artículo 24, Pilar Cobeñas; la abogada especializada en Derechos Humanos y Discapacidad Valeria Monópoli; Carolina Bradbury, artista y mamá de una joven con discapacidad; Gustavo Martín, miembro de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina; y Natalia Casano, miembro de Respirar Comunidad. Pilar Cobeñas nos dijo, por ejemplo, que la vida independiente es dejar de pensar en lo que las personas con discapacidad pueden hacer para centrarnos en lo que quieren hacer. "Que puedan hacer eso que quieren, aunque no puedan hacerlo solos", agregó.Carolina Bradbury habló de la importancia de que tengan un empleo de calidad. "Es la posibilidad de tener proyectos personales, tomar decisiones y tener una vida autónoma", fue la definición de Gustavo Martín. Días más tarde, conversamos con cuatro jóvenes con discapacidad: Catalina Dantur, Leandro Otero, Francisco Noziglia y Juan Cobeñas. Francisco habló de las barreras que obstaculizan la vida independiente. Y mencionó una en especial: la comunicación. "A algunos nos cuestan entender ciertas palabras muy difíciles", explicó. De todas esas conversaciones surgió con claridad que todas las personas con discapacidad tienen derecho a una vida independiente. Y que este concepto no se trata de que haga todo sola, sino de que pueda tomar decisiones dentro de sus posibilidades y que, para lograrlo, cuente con los apoyos que necesite.También quedó en evidencia que, para ser independiente, uno tiene que poder vivir una vida plena: estudiar, trabajar, vivir cómo y con quién quiera. Pero que estos derechos todavía tienen más de aspiración que de ejercicio cotidiano. La síntesis sería la siguiente: llevar una vida independiente significa, ni más ni menos, que las personas con discapacidad sean las protagonistas de su propia vida y que los demás deben dejar de decidir por ellas todo lo que ellas estén en condiciones de decidir. El siguiente desafío que tuvimos fue resolver cómo contarlo. Queríamos corrernos de un esquema tradicional en donde un periodista escribiera lo que los expertos en discapacidad analizaran. El objetivo fue privilegiar la voz de los protagonistas. Fue entonces que optamos por proponerle a tres personas del colectivo un proceso de coescritura en el que pudieran contar sus historias en primera persona y, con ellas, visibilizar algunos de los temas más desafiantes para la vida independiente.Así fue que Juan Cobeñas habló de la necesidad de contar con los apoyos necesarios para hacer lo que quiere y, entre ellos, se explayó sobre uno en particular: la asistencia personal. Catalina Dantur, una joven de 27 años con el síndrome de Apert, empleada del restaurant Alamesa, habló de cómo le cambió la vida tener un trabajo real. Y Santiago Puiggari, de 34 años y con síndrome de Down, contó cómo se preparó para revertir la negativa inicial de sus padres a vivir solo. Para todos los textos, el proceso fue el mismo: matuvimos una serie de conversaciones virtuales y presenciales a través de las cuales se fueron dando forma a los textos, que se combinaron con la fotografía de Santiago Filipuzzi.En forma paralela, el proyecto se nutrió con la voz y la validación de diferentes especialistas: la psiquiatra infantojuvenil Alexia Rattazzi; la directora de Vida Independiente e Inclusión Económica de Copidis del Gobierno porteño, Karina Guerschberg; la abogada Valeria Monópoli; y la coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Belén Arcucci.También fueron consultadas Mercedes Monjaime, fundadora de REDI, organización que trabaja por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, y la codirectora del Programa para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad de la Universidad Austral, Marta Mendía. El resultado de todo este proceso es una serie de contenidos que cambiaron nuestra mirada para siempre. Partimos de una pregunta: "¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté?". Lo que encontramos al final del camino fue una afirmación que, de muchas maneras, la responde: "Yo decido".

El peronismo activa proyectos de discapacidad

Se presentaron y avanzaron una serie de proyectos que tienen a las personas con discapacidad como foco de atención. De qué se tratan y a qué sectores específicos apuntan.

Condenan a una obra social a reintegrar gastos por un estudio genético en el exterior a un niño con discapacidad

Un juez de primera instancia dispuso la devolución de más de $350.000 a una familia que debió costear un estudio de alta complejidad en Estados Unidos para diagnosticar una enfermedad poco frecuente en su hijo. El fallo remarcó que el derecho a la salud no puede limitarse por razones económicas

"Lo logramos": tras la viralización de un campaña, más personas con discapacidad visual van a poder votar este domingo

Gracias a una campaña ciudadana que se multiplicó en pocos días, más personas con discapacidad visual podrán votar de forma autónoma este domingo. Ayer, la organización social Tiflonexos superó la meta de su iniciativa #VotoSinBarreras y recaudó 3.571.000 pesos, con el aporte de más de 1600 personas. Esos fondos se destinarán a la producción de una herramienta sencilla que les permitirá a las personas ciegas o con baja visión ejercer su derecho al voto: plantillas accesibles. "Jueves y viernes de la semana pasada fueron días explosivos: gracias a la nota publicada en LA NACION salimos en muchísimos medios nacionales y locales, radios y programas de televisión. Eso hizo que la campaña se multiplicara y lográramos superar el objetivo", contó Pablo Lecuona, fundador de Tiflonexos, una organización que desde hace más de 20 años trabaja por los derechos de las personas con discapacidad visual.La nota de LA NACION contó cómo la implementación de la boleta única de papel impactaba en las personas ciegas o con baja visión. Ese cambio les implicaba perder algo fundamental: la posibilidad de votar de manera autónoma y mantener el secreto del voto."Este nuevo sistema no contempla ninguna medida de accesibilidad. Sin las plantillas, las personas con discapacidad visual solo podíamos votar con la ayuda de otra persona", sostuvo Lecuona.En ese contexto, desde Tiflonexos lanzaron la campaña y desarrollaron una plantilla de papel del mismo tamaño que la boleta única, con un agujero por cada casilla de votación, numeradas en braille.Gracias a que los fondos superaron la meta, están produciendo más plantillas de las que tenían previstas: 1500 para la provincia de Buenos Aires (en lugar de las 1000 que se habían propuesto) y 1000 para la ciudad de Buenos Aires (en lugar de 500). "Ya se enviaron las 600 plantillas que van a estar disponibles en todo el distrito de La Plata, donde el juzgado electoral se comprometió a repartirlas en las escuelas. Además, enviamos otras a distintas localidades: 100 a Mar del Plata, 40 a Tres Arroyos, entre otras. Es un trabajo artesanal, pero la red que se armó nos permite llegar a más lugares", explicó Lecuona.Cómo conseguir las plantillas Las personas con discapacidad visual pueden acceder a las plantillas de dos maneras:Si votan en el distrito de La Plata, pueden solicitarla directamente al delegado electoral en la escuela donde votan.Si votan en otros distritos, pueden:Retirarla personalmente en el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso (Alsina 1835, CABA), de lunes a viernes de 8 a 20.Solicitar el envío por correo o a través de redes locales, contactándose a través de la web de Tiflos. Las plantillas de la provincia de Buenos Aires ya están listas para retirar, y las de la Ciudad estarán disponibles a partir de mañana.Una logro comunitarioPara Lecuona, el logro trasciende la recaudación. "Más allá de juntar la plata â??que obviamente fue fundamental para producir las plantillas y costear incluso los envíos por correoâ??, lo más importante fue la visibilidad que el tema ganó", destacó.Y profundizó: "Hoy la accesibilidad electoral está en agenda, y eso nos permite pensar en una próxima elección donde sea el Estado el que garantice este derecho. Este año lo resolvimos con un parche, pero para 2027 debería tomarse como parte del proceso electoral".Según explicó, hacer las plantillas para toda la provincia de Buenos Aires hubiera costado apenas el 0,1% del presupuesto electoral: "Lo que hicimos demuestra que se puede hacer desde el Estado. Si nosotros lo logramos en menos de dos semanas, con recursos mínimos y articulando redes, está claro que desde el Estado puede hacerse bien, rápido y con costos bajísimos."El juzgado electoral bonaerense además sumó un aporte clave: a cada plantilla le agregará un sticker con el código QR que lleva al audio explicativo donde se detallan los nombres de los candidatos de cada casilla. Ese mismo audio también circula por WhatsApp y otras plataformas accesibles (disponible haciendo click aquí).Cómo usar las plantillasColocar la plantilla de voto accesible sobre la boleta, haciendo coincidir los bordes.Verificar que el texto en braille esté ubicado arriba de los orificios.Fijar la plantilla a la boleta con clips para evitar que se mueva.Acceder al audio con la lista de candidatos escaneando el código QR y marcar con una cruz el orificio correspondiente.Retirar la plantilla, doblar la boleta en dos y depositarla en la urna.