Este apoyo avanza hacia la cobertura universal en varias entidades del país
Sorpresa, estupor, indignación y desconcierto. Esas son, por estas horas, las sensaciones predominantes en las asociaciones y familiares de personas con discapacidad tras los anuncios del jefe de Gabinete, Manuel Adorni respecto a la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, bajo una figura institucional que aún no fue precisada, secretaría o subsecretaría.El rechazo fue inmediato. "Esta medida le quita jerarquía al abordaje de la discapacidad", advirtió Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de Discapacidad. La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con Trastorno del Espectro Autista (TEA), definió el anuncio como "un retroceso enorme", mientras que Paulo Morales, director de la ONG TEActiva, sostuvo que "desmontar organismos ineficientes siempre puede ser una buena noticia", aunque puntualizó para que así sea, el Gobierno debería acompañar la decisión con denuncias concretas en la Justicia. Y agregó: "Por otra parte, como padre de un chico con discapacidad, digo que hoy las personas con discapacidad y sus familias están abandonadas a su suerte y termina siendo un sálvese quien pueda. Y la situación empeora con cada día que pasa. Si al Gobierno no le interesa la discapacidad, debería ser honesto y decirlo, no propiciar esta verdadera catástrofe disfrazada de supuesta eficiencia".PérdidasDetrás de esas primeras reacciones aparece una preocupación común, la posible pérdida de una mirada integral y social sobre la discapacidad. "Al pasar al Ministerio de Salud se diluye la visión transversal", alertó Molero. Bassi puso el foco en la incertidumbre que genera la medida entre las familias: "Hoy las personas que tenían turno para tramitar un certificado de discapacidad no saben qué va a pasar, lo mismo que quieren cobraban una pensión. Generar confusión es muy injusto", agregó. Morales también cuestionó que el planteo del Gobierno no esté abordando los problemas urgentes que atraviesa el sector y con los que luchan cada día las familias."Desde el Foro Permanente de Discapacidad rechazamos esta medida, que le quita esa autonomía y transversalidad al abordaje de la discapacidad. Este gobierno no ha tenido en todo este tiempo ninguna medida política que apunte al bien de las personas con discapacidad. La postura ha sido siempre de crítica, de cuestionar, todo para después sacar las pensiones, no dar los aranceles que corresponden a los prestadores, generar todo un clima de sospecha que terminó en un escándalo de corrupción dentro del propio gobierno", apunta Molero. "Se generaría un nuevo organismo, no sabemos si una secretaría o una subsecretaría. Claramente, la Andis desaparece como tal, con todas sus funciones. Pero no solo eso, al pasar a depender del Ministerio de Salud, desaparece una visión integral y transversal sobre la discapacidad", denunció Molero. Y explicó que, con este cambio, un organismo que tenía una cierta autonomía para tomar decisiones ahora pasa a tener un grado inferior. "Hay que recordar que los organismos internacionales vienen reclamando a los Estados que haya un organismo de discapacidad en cada país que esté en el ámbito más alto de decisión. Ese rango superior se le asignó en 2017 a la Andis, era porque tenía que estar abordar transversalmente temas respecto a la discapacidad, tales como educación, trabajo, salud, accesibilidad y todos los ámbitos. Por eso, en su momento la agencia dependía de la Jefatura de Gabinete, con lo cual permitía una relación transversal con los distintos ministerios y organismos nacionales. Luego, directamente de Presidencia. Ha tenido distintos lugares, y finalmente vuelve al Ministerio de Salud, con lo cual creemos que hay una pérdida de valorización de la temática de la discapacidad", indicó."Estoy muy asombrada con la noticia, fue un baldazo", planteó Bassi, mamá de Lisandro, de 17 años, y una de las voces que se pusieron al frente de la pelea con el Gobierno por el tema discapacidad. "Esto significa un retroceso en materia de discapacidad. Para eso se creó la Andis durante el gobierno de Mauricio Macri, para que sea un organismo que no depende del Ministerio de Salud, porque la discapacidad es mucho más amplia que salud, implica educación, implica trabajo social, implica un montón de cosas que van más allá de la salud", agregó. La actriz apuntó a la situación de confusión que genera para miles de personas esta medida: "Creo que quieren confundir, desordenar, es muy irresponsable. No podés decir, la Andis ha dejado de existir. Es una medida inconsulta que pretende atacar a las personas con discapacidad y desorientar". CorrupciónLos referentes en discapacidad afirmaron que parte de estas medidas apuntan a bajar el nivel de exposición de los casos de corrupción dentro del actual gobierno en la Andis. "Independientemente del nombre que tenga el organismo, las obligaciones y las funciones siguen vigentes. Esto lo digo porque tienen que cumplir la ley. Si en cinco días hábiles no lo hacen, vienen las multas. Los cinco días hábiles terminan el 2 de enero. No vaya a ser que quieran hacer todo esto para desligarse de las obligaciones", señaló Bassi."El movimiento de personas con discapacidad viene peleando hace décadas para que este tema no sea entendido como una cuestión de salud y ahí, digamos, todo el nuevo paradigma que trae la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del modelo social de la discapacidad, del foco en las barreras que los entornos van poniendo", explica Celeste Fernández, abogada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Y agregó: "Si la discapacidad no es un problema individual y es un problema social, entonces la respuesta también tiene que ser social, con lo cual lo que se necesitan son políticas que derriben barreras y promuevan la inclusión en diferentes ámbitos. Las personas con discapacidad no necesitan políticas sanitarias como las que puede implementar un Ministerio de Salud, necesitan políticas integrales para la inclusión porque la discapacidad no es un tema médico. Entonces, ahí hay un primer retroceso claro".
El organismo fue cuestionado por corrupción a partir de la filtración de audios de su ex director ejecutivo, Diego Spagnuolo. Leer más
El presidente Javier Milei disolverá la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cuyas funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones. Así lo anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. El Gobierno decidió eliminar la agencia después del escándalo por el supuesto pago de sobornos en el área. "La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud", remarcó Adorni. Después de que el caso estalló con la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, un escándalo que salpicó a Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de Karina Milei, el Presidente había nombrado a Alejandro Vilches como interventor. El juez federal Sebastián Casanello lleva adelante la investigación por presuntas irregularidades en la Andis. Según anticiparon fuentes oficiales, la agencia será ahora una secretaría y estará bajo la órbita de la cartera de Salud, que conduce Lugones, un hombre de extrema confianza de Santiago Caputo, el principal asesor presidencial. Y Vilches quedará a cargo del área. Adorni evitó hablar de la causa judicial, pero argumentó que, producto de la autonomía que gozada la Andis desde 2017, cuando se creó, se generaron "toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente"."Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario; solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores", puntualizó. Noticia en desarrollo
El 2025 del colectivo de la discapacidad en Argentina. Leer más
Una jueza federal de Bahía Blanca hizo lugar a un amparo por mora y fijó un plazo de 30 días para que el organismo nacional se pronuncie sobre un trámite previsional iniciado hace más de un año y medio
El decreto estableció un porcentaje mínimo de vacantes reservadas. Además elimina costos de inscripción para este sector, para promover su acceso y participación en el sector estatal
El magistrado federal Adrián González Charvay consideró que la demora podría causar un daño irreparable al colectivo de personas afectadas y habilitó la instancia para darle continuidad al expediente
Un fallo le ordenó su "inmediata aplicación" luego de que un decreto del Poder Ejecutivo la supeditó a contar con las partidas presupuestarias.Presentó una apelación para que la decisión sea revocada.
La abogada Marta Lastra cuestionó la falta de respuestas frente a la crisis del sistema de discapacidad en el país y apuntó contra el gobierno de Javier Milei por incumplir leyes históricas del sector. Leer más
Sería por decreto. En Casa Rosada garantizan que no afectará las asignaciones a las provincias y se esperanzan con la aprobación de la ley en el Senado
En el programa "QR!" de Bravo TV, familiares y referentes del sector advirtieron sobre el riesgo de cambios en la Ley de Emergencia y reclamaron que se cumpla sin modificaciones. Leer más
El trabajador Juan Gonzáles recibió dos años de prisión suspendida y deberá pagar S/4.000 de reparación civil por vulnerar la dignidad e igualdad de la docente de Matemáticas.
Anteriormente se reveló que el hijo de Rob Reiner había sido diagnosticado con esquizofrenia, además de enfrentar varios problemas de drogas
El dueño del inmueble se opuso al recurso, bajo el argumento de que el recurso de apelación debía ser inadmitido por no haberse cumplido con la obligación de pago o consignación de las rentas debidas, un requisito esencial para recurrir en este tipo de procesos
El proceso de selección para la entidad tributaria incluye plazas específicas para aspirantes con discapacidad, quienes podrán postularse sin costo y deberán presentar la certificación correspondiente emitida por autoridades de salud
La discusión del proyecto reabre una contradicción que la Argentina arrastra desde hace casi dos décadas.
Luego del revés en el Congreso, donde el oficialismo intentó derogar la Ley N° 27.793, el Ejecutivo define los fundamentos con los que irá a la Cámara Federal de San Martín. En Casa Rosada consideran que atenta contra el equilibrio fiscal
El presupuesto que este año el Gobierno destinó a la atención de la salud de las personas beneficiarias de una pensión no contributiva por discapacidad presenta una ejecución del 79% a poco de finalizar el año. Desde asociaciones y hogares que trabajan en el tema denuncian importantes retrasos en la entrega de medicamentos y pañales, lo que agrava una emergencia que tiene ley vigente, pero que el Ejecutivo se rehúsa a cumplir bajo el argumento de que pone en peligro el equilibrio fiscal. Leer más
En Balcarce 50 hay intenciones de judicializar a los involucrados tras cotejar los datos entre la ANDIS y el Renaper. Los detalles de la investigación
Tras el traspié en Diputados, en el que el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026, pero con las derogaciones en la ley de Emergencia en Discapacidad y la del financiamiento universitario, lo que atenta contra su búsqueda del superávit fiscal, en el Gobierno ya evalúan alternativas para lograr su sanción. Apuntan a introducir cambios, pero sin tocar el déficit cero, principal vector de la administración libertaria. Para terminar de repasar y definir la estrategia parlamentaria, este viernes por la tarde hubo reunión de mesa política en Casa Rosada. Allí se reunieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Caputo y Diego Santilli; el asesor Santiago Caputo, la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.Con la mira puesta en lo que sucederá a partir de la semana próxima, se evalúa no insistir con las derogaciones de emergencia de discapacidad y financiamiento universitario. En cuanto a la primera se evalúan modificaciones como mantener la declaración de emergencia en materia de discapacidad, previendo que la pensión no contributiva tenga un valor del 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado, actualizable de conformidad con lo establecido por el ordenamiento jurídico en materia de jubilaciones. Y que dicha pensión sea compatible con un vínculo laboral siempre y cuando los ingresos del beneficiario no superen los dos (2) salarios mínimos vitales y móviles. También se mantendría la compensación de emergencia retroactiva. Se adecuaría a fin de que se abone la diferencia entre el porcentaje de variación del valor de los aranceles aprobados entre el 1º de diciembre de 2023 inclusive y el 31 de diciembre de 2024 inclusive y el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y también se establecería que la autoridad de aplicación determinará un procedimiento para el reconocimiento de la prestación a cada prestador alcanzado. Se reconocería como mecanismo de ajuste, que el valor de los aranceles sean determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad, en forma conjunta. También se modificaría el artículo referido a las auditorías para que estas "cumplan con todos los recaudos en protección de los ciudadanos y habilite al Poder Ejecutivo a acelerar el procedimiento de baja de aquellas mal otorgadas en fraude al Estado". Se eliminaría la creación de Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social y se mantendría el régimen vigente (pensión por invalidez laboral). De este modo se eliminarían los nuevos requisitos que ampliaban de forma desproporcional la gama de posibles beneficiarios de esta nueva pensión. En cuanto al financiamiento universitario, también se propone no insistir con las derogaciones de financiamiento educativo y se sugieren cambios en una serie de momificaciones. En cuanto a gastos de funcionamiento, se habla de un aumento del 20% respecto a los créditos asignados en 2025 para gastos de funcionamiento universitario. En materia de salario se contemplaría una actualización salarial escalonada con un incremento del 5% a partir del 1° de diciembre de 2025 y luego 4 aumentos periódicos del 2 % durante enero, febrero, marzo y abril de 2026.Para junio, el Poder Ejecutivo evaluaría compensar las eventuales diferencias entre la actualización salarial propuesta y la variación del IPC. También se reconocería el aumento en materia de becas previstas por la normativa. Entre los cambios evaluados se volverían a incorporar los artículos previstos en el capítulo XI del proyecto de ley que no referían a estas leyes. Y se agregaría el artículo relacionado a la coparticipación para que el Ejecutivo realice las adecuaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al compromiso con Ciudad de Buenos Aires.
En medio del reordenamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) iniciada por la intervención dispuesta tras el escándalo desatado por los audios de su extitular Diego Spagnuolo, fuentes del Ejecutivo aseguraron a LA NACION haber detectado que 178 mil receptores del Certificado Único de Discapacidad (CUD) corresponden a personas que están muertas.El número se desprende de un cruce entre las bases del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) con los datos de la ANDIS, donde están registrados los beneficiarios de los certificados. Las autoridades del área accedieron al dato en las últimas horas. A raíz de la detección de esa irregularidad, se prevé dar de baja esos certificados, según pudo saber LA NACION. Al mismo tiempo, el Ejecutivo evalúa acciones legales contra quienes recibieron los beneficios del CUD, a pesar de que sus beneficiarios originales habían fallecido.Las acciones ilegales apuntarán también a los prestadores que cobraban por supuestamente darles servicios a esas personas. El CUD es un documento público y gratuito que acredita la discapacidad de una persona, permitiéndole acceder a derechos, prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares y otros beneficios, con validez en todo el territorio nacional. Se otorga tras una evaluación de una Junta Interdisciplinaria y no tiene un vencimiento fijo, sino períodos de actualización. Actualmente los plazos están prorrogados.La detección de extensión certificados entregados a personas fallecidas motivó una investigación interna.El resultado, al que accedió LA NACION, es parte del cruce que ordenó, en el marco del reordenamiento de la ANDIS, la intervención de Alejandro Vilches, el médico sanitarista quien en septiembre pasado reemplazó a Spagnuolo, primer titular de ese área durante la administración libertaria. Spagnuolo salió eyectado del Gobierno tras quedar alcanzado por sospechas de corrupción, tras la filtración de audios con lo que sería su propia voz y que se referían a sobornos. Vilches fue designado en el cargo por el titular de Salud, Mario Lugones. "Es una estafa al Estado", dijeron a LA NACION las fuentes consultadas. Ese argumento sería el que podría llevar a la justicia a quienes percibieron los beneficios del CUD. A raíz de la información recibida "se van a cruzar los datos de las personas fallecidas con los prestadores". Luego de ese segundo cruce se avanzaría legalmente con los prestadores que hayan asegurado haber atendido a esas personas. En el Gobierno admiten que el cruce debió darse desde el primer momento, pero Spagnuolo no lo hizo. Exabogado del presidente Javier Milei, de quien era amigo personal, Spagnuolo fue echado en medio del escándalo de presunta corrupción en la ANDIS, a través de la difusión de los audios. En esos audios se a afirma que cobraba coimas para la secretaria general de Presidencia, Karina Milei y el subsecretario, Eduardo "Lule" Menem, lo que es descartado de plano por la Casa Rosada.Desde el comienzo del escándalo, en la previa a las elecciones legislativas en territorio bonaerense, en septiembre pasado, en la Casa Rosada insisten que "no hay motivo de preocupación". Y resaltan que en lo que va de investigación judicial, en la que ya hay en curso una primera ronda de indagatorias, "no hay un solo indicio que apunte a ellos; ni lo va a haber". A Spagnuolo suelen referirse como un "chanta" y sostienen que, de confirmarse el cobro de coimas, habría actuado como un "cuentapropista". La auditoría tras el escándaloCon el cambio de autoridad en la ANDIS y el escándalo de presuntos sobornos, Lugones ordenó una auditoría en esa agencia. Como organismos de control externo para que revisen se dispuso la colaboración de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), para determinar qué sucedió en el organismo internamente. Especialmente en torno a la gestión de las Pensiones No Contributivas (PNC) y compras de medicamentos. Esa auditoría aún no está finalizada, pero podría estarlo antes de que finalice el primer trimestre de 2026. Las auditorías tienen un plazo legal de seis meses de duración. El de la ANDIS comenzó en septiembre pasado. El área de Discapacidad fue objeto de dos conflictos este año. Mientras que por un lado quedó alcanzado por el escándalo de los audios de Spagnuolo en ANDIS, por otro el oficialismo enfrenta duras críticas por los recortes en él área de Discapacidad. Mientras que los conflictos alrededor de este último se remontan a mediados de este año, alrededor de la ley de emergencia en Discapacidad, el tema aún no está saldado. En las últimas horas el Gobierno logró la aprobación en Diputados del Presupuesto 2026, pero no la derogación de la emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario, un tema central en la discusión con la oposición y algunos aliados.
Victoria Villarruel convocó a los legisladores de la Cámara alta a una sesión el día posterior a la Navidad. En el temario también está Inocencia Fiscal
La ex funcionaria del Ministerio de Economía e hija de uno de los principales acusados guardó silencio en tribunales
En Casa Rosada diseñaron propuestas para cumplir con las demandas y compensar los números. Aseguran que representa "un esfuerzo económico enorme" para el Poder Ejecutivo
A las 10 está citada la Comisión para emitir dictamen, y se mantiene el hermetismo sobre la postura del oficialismo sobre el proyecto votado en la Cámara Baja, que frenó su enésimo intento por frenar financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. Los detalles. Leer más
El diputado analizó el año legislativo y el primer tramo del gobierno de Milei, alertó sobre el cambio en la política cambiaria, el avance de las importaciones chinas, y sostuvo que "el gobierno requiere acuerdos y consensos, porque no tiene mayoría en ninguna de las cámaras". Leer más
El recurso fue concedido por el juez federal de Campana Adrián González Charvay y ahora deberá resolver la Cámara Federal de San Martín. Ayer, la oposición le dio un golpe al intento del oficialismo de derogar la ley definitivamente en el Presupuesto 2026
En la madrugada de ayer, luego de una maratónica sesión, se bloqueó el capítulo 11 de la ley del Presupuesto 2026. La ajustada votación fue de 123 votos negativos, 117 positivos y dos abstenciones. Los festejos de la bancada peronista y sus aliados
Legisladores de distintas bancadas sostienen que es ilegal anular leyes por vía del Presupuesto. Analizan denunciar a los funcionarios por incumplimiento de sus funciones o directamente a los diputados que avalaron el dictamen con ese articulado incluido.
El quorum para comenzar la sesión se alcanzó a las 14:27. La votación será capítulo por capítulo, en un clima de tensión palpable que ya anticipa una sesión cargada. Leer más
La Libertad Avanza reunió las firmas necesarias para avanzar con su propuesta del Presupuesto 2026, que será tratado esta tarde en Diputados. Uno de los puntos, que busca eliminar normas presupuestarias, provocó el rechazo de distintos bloques parlamentarios. Leer más
Entidades de discapacidad y derechos humanos de Córdoba se sumaron al rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Advierten que elimina leyes ya aprobadas, afecta a universidades públicas de la provincia y vulnera compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. Leer más
El Gobierno logró imponer su dictamen del Presupuesto 2026, que quedó en condiciones de ser tratado mañana en el recinto de la Cámara de Diputados, en una sesión ya convocada por el oficialismo. La Libertad Avanza consiguió el respaldo necesario con el acompañamiento -en disidencia- del interbloque Pro-UCR y de gobernadores aliados.En total hubo tres dictámenes: uno de mayoría, impulsado por el oficialismo, y dos de minoría, presentados por Provincias Unidas y por Unión por la Patria. El texto oficial, que reunió 28 firmas y seis disidencias, incorporó a último momento un cambio sustancial: sumó el artículo 75, que dispone la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario. Se trata de leyes cuyo cumplimiento la oposición -incluidos aliados del Gobierno- venía reclamando. Ambas normas, junto con la emergencia pediátrica conocida como Ley Garrahan, habían sido "suspendidas" por el Poder Ejecutivo al momento de su promulgación. Esa decisión generó un amplio rechazo parlamentario y fue calificada como inconstitucional por distintos bloques que habían votado e insistido esas leyes con mayorías agravadas.La discusión de este mediodía estuvo conducida por Alberto "Bertie" Benegas Lynch -a cargo de la comisión de Presupuesto- mientras que el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, realizó una defensa sintética del proyecto. Sostuvo que el Presupuesto enviado por Javier Milei garantiza el equilibrio fiscal y permite dar previsibilidad sobre qué se va a gastar, cómo y con qué recursos. Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del bloque libertario, fue una de las encargadas de reunir las últimas firmas. El dictamen oficial obtuvo el respaldo de Pro, la UCR, el MID, Innovación Federal -donde están representados los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)-, el bloque Elijo Catamarca, que responde a Raúl Jalil, Producción y Trabajo, del sanjuanino Marcelo Orrego, y el espacio Independencia, alineado con el tucumano Osvaldo Jaldo. Salvo Pro y algunos sectores de la UCR, la mayoría de los bloques habían votado, insistido y reclamado el cumplimiento de las leyes que se busca derogar. Esa tensión quedó explicitada en la disidencia parcial que acompañaron al dictamen oficial y podría volver a emerger en la votación en particular en el recinto.Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Yedlin cuestionó con dureza la incorporación del artículo que elimina esas normas y cruzó a los diputados que ayudaron al oficialismo. Advirtió sobre una falta de respeto institucional y de apego al republicanismo, y pidió que quienes acompañen el presupuesto en general sostengan en particular el financiamiento de la discapacidad y las universidades."Hay plata para que la compraventa de inmuebles no tribute más impuestos pero no hay para la discapacidad", sintetizó Nicolás Massot, cerebro del dictamen de Provincias Unidas. La Casa Rosada les entregó un incentivo concreto a las provincias para respaldar el proyecto oficial: aceleró el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los giros alcanzaron los $43.000 millones y beneficiaron a Tucumán, Misiones y Chaco. Ayer, además, envió la reforma de la Ley de Glaciares, un viejo anhelo de mandatarios cordilleranos para destrabar inversiones millonarias en sus territorios. La disidencia de Pro, en tanto, incluyó un reclamo específico por la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño exige el pago de $274.000 millones y que el Presupuesto 2026 incorpore una cláusula que garantice la transferencia semanal del 1,55% de la masa coparticipable, tal como se acordó tras un fallo favorable de la Corte Suprema.El dictamen de minoría de Unión por la Patria fue presentado por su jefe de bloque, Germán Martínez, quien detalló una propuesta alternativa centrada en garantizar el financiamiento universitario, la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad y los fondos para la emergencia pediátrica. El proyecto opositor también contempla la continuidad del régimen de zonas frías, la automaticidad de las asignaciones familiares, la recomposición de ingresos jubilatorios afectados por el cambio de fórmula y la actualización del bono previsional.Además, propone recuperar el Fondo de Incentivo Docente y el fondo compensador salarial, garantizar paritarias docentes y no docentes, fortalecer el sistema de becas y priorizar carreras estratégicas. Incluye partidas para obras paralizadas, proyectos de infraestructura como el canal Magdalena y el puente Chaco-Corrientes, la restitución de fondos a las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación, una mayor participación de las provincias en el impuesto a los combustibles líquidos, una distribución más previsible de los ATN, incentivos a las energías renovables y financiamiento para el ENARD.Al cerrar, Martínez sostuvo que su bloque seguirá defendiendo esas banderas con convicción, más allá de los resultados electorales, y afirmó que siempre existen alternativas cuando se combinan -dijo- cabeza, corazón y coraje.Otros puntos del proyectoEl proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo prevé un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1423 para diciembre de 2026. Además, proyecta un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones. En materia fiscal, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero -una vez pagados los intereses de la deuda- del 0,2% del PBI.Estas proyecciones difieren de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que para 2026 prevé un crecimiento del 4% y una inflación anual del 16,4% para la Argentina.El dictamen incorpora un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026. El objetivo es compensar picos de demanda que no puedan ser cubiertos por la producción local, especialmente para garantizar el abastecimiento del sistema de generación eléctrica.El texto mantiene, además, la derogación de las metas de financiamiento mínimo para las áreas de educación, ciencia y defensa.También introduce cambios en el artículo referido a la compensación a las distribuidoras: donde antes se establecía que la autoridad de aplicación "determinará las diferencias de ingresos", ahora se indica que "podrá determinar" esas diferencias, lo que flexibiliza la obligación del Estado.Por último, el proyecto prorroga hasta 2045 la exención de tributos para la energía renovable.
La nueva ronda de indagatorias en la causa que investiga presuntas irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) fue solicitada por la fiscalía sobre la base de nuevos elementos y conversaciones que complican la situación de Diego Spagnuolo, máximo responsable del organismo durante el período bajo análisis, y de Miguel Ángel Calvete, señalado como un operador extraoficial en la agencia.Para el mediodía del próximo jueves está citada Patricia Canavesia, una mujer cercana a Calvete, cuyas gestiones en favor de este conectaban el universo formal de la Andis con el informal.Según el fiscal Franco Picardi, Canavesia era una asistente de extrema confianza de Calvete: tenía a su cargo la administración de sus cuentas y la facturación de su empresa Indecomm. Pero también cumplía tareas para la Andis, como la coordinación con distintos proveedores respecto de los precios que serían presentados ante la agencia en el sistema de compras que hoy revisa la Justicia. Uno de los encargos que recibió Canavesia fue un pedido de dinero en efectivo. Spagnuolo, máxima autoridad de la Andis en el período investigado, le habría solicitado a ella -secretaria de Calvete- los cinco millones de pesos en efectivo para su frustrado viaje a Israel, así como también la facilitación de un pasaje de ida a ese país, de acuerdo con las conversaciones en manos de la Justicia."Surge con claridad que Patricia Canavesia -señala el dictamen fiscal- no solo se ocupaba de gestionar las diversas cuestiones que le solicitaba Miguel Ángel Calvete, sino también aquellas requeridas por Diego Spagnuolo. Y que todo era puesto en conocimiento del primero".En otra conversación, Spagnuolo le solicita a Canavesia que le pagara el costo de lo que, a priori, serían unos muebles. Canavesia lo consulta con su jefe."Diego S. me habló de unos sillones que yo tengo que abonar, necesito tu OK", le comenta. Calvete le responde que desconoce el monto solicitado por Spagnuolo, pero que lo pagara desde la empresa Indecomm. "Pedile la factura", le indica a su asistente.A los pocos días, Canavesia retomó el asunto: "Me dice Diego S. que ahora me manda lo de los sillones y que, literalmente, necesita cinco millones en efectivo". Calvete le dice que solo acepte pagarle con transferencia. "Peleale, o que hable con Guada lo del IVA y que le facture a Indecomm", insistió.Luego, Calvete le advierte a su secretaria que no hablara de esto con nadie e intenta cerrar el diálogo con un mensaje llamativo: "Estamos en guerra y a los enemigos los tenemos que tener siempre cerca".Para los investigadores, la respuesta de Canavesia fue todavía más sugerente: "[Spagnuolo] me dijo OK por la factura de Indecomm por los muebles, pero por el efectivo me pregunta por quéâ?¦ si siempre fue así. ¿Querés que le responda algo en particular o preferís llamarlo?". Y Calvete le responde: "Pasame el contacto de este boludo"."Se logró determinar -señala el fiscal Picardi- que la nombrada tenía asiduas conversaciones con funcionarios de la Andis, incluso con su Director Ejecutivo, a quien le realizaba diversas gestiones y pagos".Otra de las personas que deberá presentarse a indagatoria en la semana es Diego Martín D'Giano, director de prestaciones médicas en la agencia, que estaba en permanente contacto con Calvete y Pablo Atchabahian, el otro director extraoficial, según la acusación fiscal. D'Giano se desempeñaba bajo la órbita de Daniel Garbellini, el funcionario que fue desplazado junto a Spagnuolo cuando el caso explotó. Un diálogo entre ambos daría cuenta de un manejo discrecional en los tiempos de las compras: "Lo otro que quería constatar con vos, que no lo hice, pero que me dijeron el otro día que demorara un poco la firma de Droguería del Sudâ?¦ de otras droguerías que me dijo que estaban cobrando mucho, qué sé yo. Yo le digo 'mirá, yo no sé cuánto cobran' y me dijo: 'las que no son de las nuestras, demorar la firma'".El juez Sebastián Casanello también citó a Julio César Viera, considerado por la fiscalía como un hombre de extrema confianza de Calvete.Cuando el caso estalló con la difusión de los audios y el Gobierno decidió desplazar a Spagnuolo de la agencia, Calvete le pidió a Viera que lo bloqueara, que borrara el registro de las llamadas y que lo reagendara en su teléfono con un nombre "chino".Además, fue citada para el viernes próximo la hija de Calvete, Ornella, una exfuncionaria del Ministerio de Economía, a quien la Justicia le secuestró cerca de 700.000 dólares en un allanamiento. En conversaciones interceptadas, ella le preguntó a su padre si la empresa de ambos, Indecomm, tenía dinero en blanco. "Por si entran acá y me ven con mosssca", dijo.
El Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez de un artículo que frenó la ejecución de la emergencia y dictó que se ponga en marcha de inmediato. El Gobierno adelantó que no acatará la resolución, mientras prepara una apelación
Estimaciones oficiales elevan a 4,4 millones la población afectada por alguna discapacidad. Argentina exhibe un déficit particular en materia de accesibilidad cultural. Un flamante informe de Disney Argentina documenta las barreras físicas, informativas y humanas que enfrenta este público. Leer más
El Juzgado Federal de Campana declaró inválido el artículo del decreto con el que el Gobierno nacional había suspendido la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso, y ordenó su implementación inmediata en todo el país. La Justicia sostuvo que el Ejecutivo no podía condicionar la vigencia de una ley a la definición previa de las fuentes de financiamiento y advirtió que la suspensión vulneró derechos fundamentales. El Gobierno anticipó que no asignará partidas presupuestarias y confirmó que apelará la sentencia. Leer más
Luego del rechazó del Senado a su veto, Milei promulgó la ley, pero de inmediató la suspendió "porque no aclaraba de donde salían los fondos". Este viernes la Justicia Federal replicó que "desde 2023 el Gobierno ya hizo más de 20 modificaciones presupuestarias", ordenando que "ejecute la ley en forma inmediata en todo el país". Leer más
Lo confirmaron a Infobae altas fuentes de la Casa Rosada. El Juzgado Federal de Campana decidió hoy que el Ejecutivo disponga de manera inmediata el presupuesto para aplicar esa normativa
La justicia federal restableció la vigencia de la ley de emergencia en discapacidad, que había sido suspendida por un decreto del presidente Javier Milei luego de que fue aprobada por el Congreso, a mediados de este año.La decisión es del juez federal de Campana Adrián Gonzalez Charbay, que hizo lugar a un amparo colectivo y suspendió la vigencia del el art. II del Decreto 681/25, que frenaba la aplicación de la ley y obligaba al Congreso a decir de dónde sacaba los fondos para la implementación.La ley de emergencia en discapacidad fue aprobada por el Senado el 10 de junio último, pero luego, el 4 de agosto, el Presidente la vetó en su totalidad.Sin embargo, la Cámara de Diputados y el Senado insistieron con esta ley, con una mayoría de dos tercios, y dejaron sin efecto el veto. Por eso, el Poder Ejecutivo debió promulgar la norma. Sin embargo, en el decreto de promulgación señaló que hasta que el Congreso no indicara cuáles serían las partidas presupuestarias, la ejecución de la ley quedaba suspendida.Ahora, que la ley de emergencia en discapacidad recuperó su plena vigencia, se deberán pagar una compensación para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre 0,22% y 0,42% del PBI.Asimismo, la ley promueve saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.Además, reforma el sistema de pensiones no contributivas, con un financiamiento adecuado, y dispone auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.También prevé actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.La decisión judicial surgió tras un amparo colectivo impulsado por padres de niños con discapacidad y diversas asociaciones civiles, quienes denunciaron que el Gobierno, tras ver rechazado su veto por el Congreso, promulgó la ley, pero suspendió sus efectos.El juez sostuvo que hubo una violación a la división de poderes y un "veto encubierto", cuando el Presidente tenía la obligación de promulgar la norma. Para el juez, el Presidente ejerció facultades que no le son propias y transgredió el principio republicano de división de poderes. Para el magistrado, la suspensión vía decreto de una ley ratificada por el Congreso es inválida y configura un exceso de las facultades constitucionales.El fallo del juez consideró que el argumento de que la ley no dice de dónde saldrán los fondos para solventarla es una falacia. El fallo destacó que la ley facultó expresamente al Jefe de Gabinete a reasignar partidas para financiar la emergencia. Además, el magistrado señaló la contradicción del Poder Ejecutivo: mientras alega no tener fondos para destinar al área de discapacidad, "ha realizado más de diecinueve modificaciones presupuestarias" discrecionales para otras áreas (como Seguridad y Defensa), operando con un presupuesto prorrogado. "Esta conducta demuestra que el Gobierno tiene la capacidad jurídica y económica, pero elige selectivamente no utilizarla para este sector", afirmó el juez.Sostuvo además que hay una discriminación estructural contra las personas con discapacidad y alertó sobre una vulneración de tratados internacionales. Enfatizó que el Estado argentino tiene obligaciones constitucionales derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de los Derechos del Niño. Al desfinanciar el sistema, "el Estado incumple su deber de protección especial" hacia un grupo en situación de "doble vulnerabilidad", como lo es la niñez y la discapacidad.El fallo tiene efectos para todas las personas con discapacidad del país, sus familias y los prestadores de servicios. Ordena al Estado Nacional que cese la suspensión y aplique la ley votada por el Congreso.El Gobierno puede recurrir esta sentencia y llegar a la Corte con su reclamo.
El Juzgado Federal N° 2 declaró irregulares las auditorías realizadas por ANDIS y ordenó restituir los pagos retroactivos. La sentencia fija un plazo para regularizar la situación y marca un precedente para el resto del país. Leer más
El Poder Ejecutivo decía que no podía poner en marcha la norma porque el Congreso no había especificado el origen de los fondos
La Corte Constitucional dispuso restablecer la pensión de una mujer con discapacidad cuya prestación fue suspendida por la Policía, decisión que el tribunal consideró carente de motivación y que afectó derechos esenciales vinculados a su subsistencia
Tamara Hamby optó por esta medida extrema para proteger a la joven de los riesgos digitales, sin embargo, terminó con consecuencias legales inesperadas
PNV retiró una segunda enmienda esta mañana al haber llegado a un acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales
Otros cuatro acusados fueron citados a declarar. Entre ellos se encuentra la exfuncionaria e hija del lobista Miguel Ángel Calvete
Una campaña especial de Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad permite obtener el carné de discapacidad en media hora, facilitando el acceso a derechos y beneficios sin largas esperas
El nuevo sistema permite que personas con discapacidad auditiva accedan a servicios de emergencia y orientación mediante videollamadas con intérpretes
Movilización al Congreso
La tensión aumenta mientras cuidadores exigen respuestas claras y rechazan medidas que consideran un retroceso. La comunidad educativa se moviliza ante la falta de soluciones concretas
Los discapacitados "cuentan con la posibilidad de desplegar su autonomía, y cuando necesitan apoyos para ejercerla, es nuestro deber brindarlos, no reemplazarlos", sostiene la autora y se pregunta si los especialistas en salud son adecuadamente formados para interactuar correctamente en estas situaciones. Leer más
El INEGI indicó que los ingresos promedio de las personas con discapacidad son notablemente inferiores
Cambios recientes al programa DAS desencadenaron protestas entre visitantes, quienes acusan a la compañía de excluir a usuarios con distintas discapacidades del beneficio para evitar filas
La brecha de participación laboral de las personas con discapacidad sigue siendo una de las más profundas en el país, pese al incremento reciente de trabajadores formales. Expertos advierten que aún falta acelerar medidas que garanticen oportunidades reales y sostenibles para esta población
El juez Sebastián Casanello deberá validar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo. A la par, el tribunal confirmó que el laboratorio de los Kovalivker debe seguir bajo investigación en el caso ANDIS
Programas de apoyo, procesos de selección accesibles y políticas de diversidad generan cambios concretos en empresas de varios países de América Latina y el Caribe. Qué opciones hay en la Argentina
En el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Ciudad impulsó una nueva edición de Expo Empleo Barrial, en una jornada orientada exclusivamente a impulsar oportunidades laborales para personas con discapacidad que se encuentran en búsqueda activa de empleo. El encuentro reunió a más de 450 interesados, junto con empresas, organizaciones y áreas del gobierno porteño con propuestas laborales concretas.El evento fue encabezado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio. "Uno de los puntos más angustiantes de la discapacidad es el trabajo. En nuestro país, siete de cada diez personas con discapacidad no consiguen empleo. Este es un problema central que enfrentan todas las personas con discapacidad al llegar a la adultez. No tener un trabajo les impide vivir una vida con mayor libertad e independencia", indicó Muzzio.Expo Empleo Barrial, organizada desde 2017 por la Secretaría de Trabajo y Empleo, dependiente del Ministerio de Justicia a cargo de Gabino Tapia, contó en esta oportunidad con la presencia de empresas y organizaciones, entre las que se encontraron: Arcos Dorados, Starbucks, RES, Adeei, Grupo L, Simply Diversity, Servicios de Empleo AMIA, Cilsa, Securion, Fundación Alma Humana, Manpower, Cadaqués, Apadea, Carrefour, Streambe, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Consejo de la Magistratura.Se ofrecieron más de 75 ofertas laborales en sectores como tecnología, administración, atención al cliente, recursos humanos, diseño, comunicación, análisis de datos, logística y servicios. A lo largo de la jornada, los participantes pudieron entregar sus CV, realizar entrevistas presenciales y acceder a talleres de empleabilidad y orientación profesional.Además, se realizaron talleres a cargo de Grupo L, Cadaqués y el equipo de BA Discapacidad junto a BA Oportunidades, con foco en armado de CV, preparación para entrevistas y desarrollo de habilidades transversales. La exposición forma parte del trabajo que realiza la Ciudad en materia de inclusión laboral dentro del Plan Integral de Discapacidad, que promueve accesibilidad, participación comunitaria, vida independiente y empleo con apoyos.Junto con la vicejefa de gobierno, dijeron presente el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno; la subsecretaria de Discapacidad, Sofía Torroba, y la directora general de Empleo, Mónica Tijeras, además de otros funcionarios. Bueno afirmó: "Desde la Ciudad trabajamos todos los días para transformar la inclusión laboral en una realidad concreta. Sabemos que el talento está, pero muchas veces faltan las oportunidades. Por eso esta Expo Empleo Edición Discapacidad es tan importante: porque conecta a las personas con discapacidad con empleos reales, en empresas que valoran la diversidad y el aporte de cada trabajador. Nuestro compromiso es seguir generando estos espacios, acompañar los procesos de empleabilidad y construir un mercado laboral más justo, accesible y humano". Asimismo, Torroba expresó: "Esta es la tercera edición de la Expo Empleo Discapacidad. Es una instancia muy importante para la agenda de discapacidad y empleo, porque sigue derribando barreras, generando más oportunidades reales orientadas a la inclusión laboral, para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan postularse".Como se dijo, el evento se suma a otras medidas ya implementadas por el gobierno porteño para fortalecer la empleabilidad de las personas con discapacidad. Hace dos meses la Ciudad abrió el primer Centro de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidad, que ya atendió a más de 650 personas y articula oportunidades con el sector público y privado. Es la primera oficina 100% accesible dedicada a la formación, emprendedurismo e inserción laboral de personas con discapacidad. En un mismo lugar (Bartolomé Mitre 701, de lunes a viernes de 9:30 a 16) integra orientación laboral y vocacional, capacitaciones técnicas y de habilidades blandas, difusión de búsquedas del sector privado e incorporación del perfil a la Base de Talentos de BA Oportunidades.
Entre los prejuicios más comunes se encuentran la infantilización, la idea de que no pueden trabajar o estudiar, la suposición de dependencia permanente y la creencia errónea de que no tienen vida sexual o afectiva
Harvard Business Review Management Update Spanish
La fecha busca impulsar derechos, reducir barreras y promover cambios concretos en la vida cotidiana de millones de personas.
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra el 3 de diciembre de cada año, con el objetivo de combatir la discriminación y atender las necesidades asociadas a los individuos que enfrentan algún tipo de afección física o mental. Se trata de una iniciativa solidaria que invita a las personas a reflexionar acerca de la empatía, inclusión y acompañamiento, con el fin de crear campañas de acción que contribuyan con su calidad de vida. Es un día dedicado a visibilizar las dificultades que atraviesan diariamente, con el propósito de promover una sociedad que contemple la diversidad y el acceso equitativo a oportunidades.¿Por qué se celebra hoy?Los orígenes de esta efeméride se encuentran en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992, cuando se propuso establecer un día orientado a reconocer los derechos de las personas con discapacidad en el mundo. La iniciativa buscaba incentivar a los estados miembro a adoptar campañas, políticas públicas y planes de acción para educar a los ciudadanos, generar conciencia acerca de las adversidades que sufren y acabar con la discriminación. En un primer lugar, la celebración recibió el nombre de "Día Internacional de los Impedidos". Con el tiempo, este término fue modificado para evitar estigmas y ofrecer una representación más adecuada y respetuosa. Claves del Día Internacional de las Personas con DiscapacidadCada año, la ONU establece una temática para abordar durante esta jornada. En 2025, el lema elegido es "Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social". Esta iniciativa busca destacar la importancia de ampliar la participación de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos, como una herramienta esencial para su desarrollo independiente. Se trata de un cambio de paradigma, que busca cambiar la visión o estigma asociado a estos individuos, se busca generar un liderazgo y empoderamiento real. La consigna responde a los compromisos adquiridos durante la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, que sostienen su adhesión a todos los segmentos de la sociedad como manera de prosperidad.De acuerdo con el Banco Mundial, existen 1000 millones de personas con discapacidad en el mundo, lo que refiere al 15% de la población global. De este número, el 80% reside en países en vías de desarrollo, que enfrentan una relación entre pobreza y discapacidad, lo que redunda en la falta de acceso al sistema de salud, educación y desarrollo. La ONU establece también que las personas con discapacidad tienen una mayor probabilidad de enfrentar discriminación laboral, bajos recursos, peores salarios, presencia mayoritaria en el sector informal, sistemas de protección social insuficientes y negligencia acerca de su dignidad, autonomía y capacidad de acción dentro de los sistemas de atención y apoyo. Estos problemas pueden afectar también a su familia, que en muchas ocasiones quedan desprotegidas y sin asistencia.Para poder alcanzar las metas establecidas en el lema 2025, es necesario comprender cómo viven y qué adversidades enfrentan las personas con discapacidad. Es así que se establecen ciertas claves para el desarrollo social: Erradicación de la pobrezaPromoción del empleo pleno y productivoFortalecimiento de la integración social
La fecha promueve el bienestar y los derechos de las personas con diversidad funcional, concientizando sobre la importancia de su plena participación e inclusión en la sociedad. Leer más
"Toda mi vida se encuentra atravesada por la discapacidad", dice Tamara Garzón.Dirige su escuela de arte para personas con discapacidad y creó la Fiesta Kiki, un "boliche" exclusivo para este colectivo.En el marco del Día Internacional de la Discapacidad, 3 de diciembre, cuenta cómo combinó su experiencia familiar con su pasión por el arte.
Así lo ha reportado la Organización Panamericana de la Salud. Los desafíos para la inclusión, en el marco del Día Mundial de las Personas con Discapacidad
En exclusiva para Infobae, Ineco explica cómo la accesibilidad va más allá de rampas y brinda estrategias desde la Terapia Ocupacional para una mejor calidad de vida
En 2026 se cumplirán veinte años de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquel tratado marcó un antes y un después: reconoció que la discapacidad no es un problema médico, sino una cuestión de derechos humanos. Pero casi dos décadas después, ¿cuánto hemos transformado nuestras políticas, nuestras instituciones, nuestras formas de mirar?La pregunta no es retórica. En marzo de 2023, el Comité de la ONU que supervisa el cumplimiento de la Convención emitió observaciones contundentes sobre la situación de nuestro país. Señaló la persistencia de barreras estructurales, la falta de accesibilidad, la escasa participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, y la ausencia de políticas sostenidas que garanticen autonomía, inclusión y protección efectiva.El derecho a la educación inclusiva es apenas uno de los frentes donde esta omisión se vuelve visible. La inclusión educativa precisa revisar profundamente las estructuras institucionales y nuestras lógicas culturales. Como advierte Gerardo Echeita, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación, no basta con integrar físicamente a estudiantes diversos en espacios comunes. La verdadera inclusión exige acoger la diferencia como valor, no como déficit. Implica transformar la escuela para que todos puedan aprender y convivir, no adaptar al estudiante para que encaje en lo que ya está dado. Es bueno recordarlo hoy, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.En estos años, la lógica del sistema ha operado como en el juego del Antón Pirulero: "cada quien atiende su juego". Las escuelas se ocupan de sus protocolos, los equipos técnicos de sus informes, el sistema de sus normativas, y así sucesivamente. Pero mientras todos "hacen lo suyo", los estudiantes con discapacidad y sus familias siguen esperando respuestas que nunca llegan. La inclusión se diluye entre funciones compartimentadas, responsabilidades fragmentadas y una cultura que evita el compromiso colectivo.Esta espera no es neutra. Supone desgaste, frustración y dolor. Las familias deben convertirse en gestoras, intérpretes, defensoras y mediadoras para que sus hijos accedan a lo que debería estar garantizado. Los estudiantes, por su parte, enfrentan entornos que muchas veces los excluyen simbólica o materialmente, obligándolos a adaptarse a estructuras que no los contemplan.La inclusión no es un gesto de buena voluntad ni una estrategia pedagógica más. Es una forma de justicia. Supone reconocer que toda comunidad educativa se define no por su capacidad de homogeneizar, sino por su disposición a alojar la fragilidad, a sostener la diferencia, a construir vínculos donde nadie quede afuera. No se trata de tolerar al otro, sino de dejarse transformar por su presencia.¿Estamos dispuestos a dejar de mirar la discapacidad como una carga? ¿A dejar de pensar la inclusión, educativa, laboral, etc., como una excepción que incomoda? ¿A dejar de medir todo por su eficiencia y empezar a hacerlo por su capacidad de acoger, de transformar, de servir al bien común?Es tiempo de dejar de jugar al Antón Pirulero. La discapacidad no puede seguir siendo un asunto periférico, postergado. Lo que corresponde es asumirlo como prioridad, como deuda histórica, como oportunidad de construir una sociedad más justa, más humana, más democrática.Porque, como decía san Agustín, la relación está antes que la opinión, la persona antes que el programa. Y el presente es una intuición que debemos aprovechar antes de que se nos escape de las manos.Abogado, profesor del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral.
La feria reúne a 45 emprendedores con discapacidad de las redes prestacionales Rebagliati, Sabogal y Almenara, quienes presentan productos artesanales y navideños
Diversos colectivos y sociedad alertan que el Presupuesto para el 2026 pone en riesgo el apoyo del Servicio de Apoyo Educativo a estudiantes
Con respecto a la actualidad de los centros de salud, el representante de CAIDIS, Alex Goldman, describió que, "la situación en el caso de discapacidad es desesperante". Leer más
Roger Edgar Grant declaró y respondió preguntas del juez y el fiscal. Apuntó contra Daniel María Garbelli, número dos del organismo
Apridis se suma al amparo colectivo en Campana
Forman parte del dinero destinado al Ministerio de Salud en el decreto del viernes.Desde abril que la ANDIS no recibía dinero. Hasta ahora lleva ejecutado un 86% de su presupuesto.
El aumento de partidas se realizó a través del DNU 849/2025, el primero desde que Manuel Adorni asumió como jefe de Gabinete. Leer más
El ex director de la Agencia investigado por corrupción insiste con la nulidad del caso. Un estudio de una empresa española detectó 18 cortes "compatibles con la edición y manipulación intencionada" de las escuchas. La Cámara Federal tiene que decidir sobre el planteo
Roger Grant fue coordinador de Gestión de Urgencias y controlaba las compulsas en las que salían adjudicadas solo cuatro droguerías. Su nombre aparece en los cuadernos de Miguel Ángel Calvete
Un juez ordenó prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria en contra del presunto violador
CÓRDOBA. Un año y medio después de ser detenida por el asesinato de sus dos hijos de 15 y 17 años con discapacidad, con cuyos cadáveres convivió durante tiempo en su casa de Alta Gracia, fue sobreseída por la Justicia. El juez Claudio Lasso consideró que la conducta de la mujer fue "atípica" â??o sea, no constituyó una acción tipificada como delitoâ?? y la analizó en el contexto de sus propias condiciones de salud mental, la manera en que vivía con sus hijos y el cuidado que siempre les había dado a los adolescentes. En abril del 2024 había sido imputada por homicidio agravado por el vínculo reiterado en dos hechos y quedó detenida en la cárcel de Bouwer, aunque después fue internada en un centro psiquiátrico. Un familiar alertó a la policía de que la mujer estaba conviviendo con los hijos muertos. Los tres vivían solos; ella se había separado de su marido hacía un año y la familia pasaba por una situación de extrema vulnerabilidad. Los adolescentes eran electrodependientes, se movían en silla de ruedas y necesitaban de asistencia permanente para vivir. Cuando los investigadores llegaron a la vivienda, los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición. La decisión del juez Lasso también evaluó el progresivo deterioro emocional y psiquiátrico que atravesó la mujer. El fallo detalló el contexto "de aislamiento, sobrecarga y sin redes de apoyo" en el que estaba. Esa situación se combinó con su "fanatismo religioso". La mujer decía que oía voces y argumentaba que el padre de los niños tenía el "demonio adentro". Según se establece en el fallo, ese fue el motivo por el que el padre de los chicos â??que trabajaba como albañilâ?? abandonó el hogar, aunque mantenía la ayuda económica.El juez Lasso determinó que la conducta atribuida era atípica, que no contaba con "posibilidades reales y concretas" de evitar la acción que llevó adelante debido a su "estado psicótico, la ausencia de apoyos y la carga absoluta del cuidado de dos personas con discapacidad severa".La sentencia subraya que el análisis penal del caso debe contemplar el contexto estructural de género y la falta de políticas de cuidado. Además, aclara que no correspondía aplicar una medida de seguridad, dado que la mujer ya no estaba internada y continuaba un tratamiento voluntario.
Lo aprobó la Legislatura porteña. Crea un Registro Público de Vacantes y exige que los colegios expliquen por escrito cualquier rechazo de inscripción o reinscripción.
El juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa sobre posibles actos de corrupción en el área de Discapacidad, se vio obligado a iniciar una nueva investigación por las irregularidades que aparecieron durante la requisa de uno de los personajes bajo sospecha.Como publicó LA NACION, los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Migraciones tenían la orden judicial de requisar a Sergio Daniel Mastropietro, un empresario clave en el entramado financiero de los pagos de medicamentos con sobreprecios y coimas, pero lo dejaron salir del aeropuerto sin revisar sus pertenencias.La denuncia narra que Mastropietro arribó al sector de los vuelos internacionales a las 22:25 horas y, a pesar de que la orden de requisa personal estaba activa y registrada por la Dirección Nacional de Migraciones, el empresario hizo los trámites de ingreso y el control aduanero, sin ser demorado en ningún momento. A las 22:34 horas, el hombre egresó del sector restringido del aeropuerto con todas sus pertenencias. Esta omisión fue considerada grave, dado que se trataba de un área sometida a un control riguroso.La denuncia también contradice la explicación oficial de la PSA, que sostenía que se cumplieron todas las diligencias del juzgado. De acuerdo con el documento, la intervención de los organismos públicos resultó -por menos-, tardía.A Mastropietro se lo retuvo recién cuando estaba en la vereda del sector de arribos. Allí cuatro agentes de Migraciones lo interceptaron y lo obligaron a retornar al área restringida. Sin embargo, antes de reingresar y de que se cumpliera la medida judicial, se produjeron movimientos sospechosos. Registros fílmicos de la aeroestación mostraron que Mastropietro, quien presumiblemente estaba usando un teléfono celular poco antes de ser abordado, entregó su mochila y equipaje a uno de sus tres acompañantes antes de ser llevado nuevamente al interior. Segundos después, se le vio salir brevemente y entregar un objeto pequeño a la misma persona que custodiaba su equipaje.Una vez ejecutada la requisa personal, la medida fracasó en su objetivo. El teléfono celular de Mastropietro no pudo ser hallado. El investigado manifestó que su último contacto con el dispositivo había sido al dejarlo sobre una de sus valijas justo antes de su reingreso con el personal de Migraciones, y al intentar llamar a ese número, el abonado resultó estar apagado.Por estas razones, el Juzgado resolvió extraer testimonios e hizo la denuncia, que cayó en el juzgado N6, que subroga Daniel Rafecas. Este le corrió traslado a la fiscalía correspondiente, que encabeza Paloma Ochoa. La denuncia también relata los hechos que llevaron a esta irregularidad en Aeroparque. La primera complicación en la búsqueda de artículos de Mastropietro surgió el 14 de noviembre de 2025, cuando funcionarios de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina acudieron a su domicilio para ejecutar la orden de allanamiento, pero Mastropietro no se encontraba allí. Las constancias de la Dirección Nacional de Migraciones revelaron luego que el investigado había viajado a Estados Unidos el 7 de noviembre de 2025.Ante esta situación, el mismo 14 de noviembre, el juzgado ofició a Migraciones para que se estableciera un alerta de ingreso y se diera aviso inmediato al momento en que Mastropietro pisara suelo argentino, buscando materializar así la requisa personal dispuesta. Horas más tarde, la Dirección Nacional de Migraciones comunicó que el registro de alerta se había activado.Mastropietro arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Newbery en un vuelo privado de la aeronave LV-CPL, vinculada a la empresa Baires Fly S.A., que también aparece en la mira de las sospechas. El viaje, que se originó en Fort Lauderdale, Florida, hizo escalas técnicas en Guayaquil, Ecuador, y San Miguel de Tucumán, ingresando al país a través de esta última escala.La empresa aéreaEl papel de Mastropietro en el entramado del caso Andis es clave. La evidencia más sólida que lo compromete surgió de su relación con la empresa Baires Fly S.A. El 10 de septiembre de 2025, Miguel Angel Calvete, el lobista que hacía negocios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), le envió a Mastropietro cinco archivos con transferencias por cientos de millones de pesos provenientes de droguerías sospechadas de haber sido favorecidas por el sistema de compras direccionadas: Profarma S.A., Prolite Orthopedics S.R.L. y Probock S.R.L. Acto seguido, Mastropietro emitió facturas desde Baires Fly a esas mismas firmas por montos calcados, bajo un concepto uniforme: "Compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa". Para la fiscalía, esa estructura tenía una funcionalidad evidente destinada a dar apariencia lícita a dinero de origen irregular.
El juez federal Sebastián Casanello radicó la denuncia por averiguación de delito luego que no se concretó a tiempo una orden para requerir el celular del empresario a su arribo al país
Cuenta Rocío que cuando conoció a Lucila Saredi, la maestra del centro de apoyo escolar al que iba después de la escuela, supo enseguida que quería que ella fuera su mamá. Era abril de 2023, la niña tenía 9 años y vivía en un hogar para chicos y chicas sin cuidados parentales en Bahía Blanca. "Era rebuena como seño. Yo soñaba con una mamá como ella", dice por videollamada. Dos años más tarde, su sueño se hizo realidad: a su lado está Lucila y ya no es su maestra sino su mamá. Lucila recuerda bien la primera vez que vio a quien hoy es su hija. "Las clases habían arrancado hacía unas semanas. Rochi venía de la mano de la directora y me preguntó: '¿Vos vas a ser mi seño?'. Y me abrazó". Desde ese momento, dice esta mujer que por entonces tenía 37 años, sintió que quería cuidarla. Nunca hubiera imaginado a dónde la llevaría esa necesidad. Hace algo más de un mes, la Justicia terminó de validar el sueño de Rocío al convertirlas en familia por adopción. Además, avaló el deseo de la niña de cambiarse el nombre y empezar a llamarse Rocío. "A partir de hoy te vas a llamar Rocío María Saredi, como lo pensaste, sentiste y pediste. Me alegra que después de caminar juntas este tiempo y de elegirse mutuamente para ser familia, ella también pueda nombrarte como su hija para cuidarte, sostenerte y asegurar tu bienestar integral", le escribió la jueza a la niña, al notificarle la sentencia. "Quiero que me adoptes"Cuando su camino se cruzó con el de Rocío, Lucila era acompañante de dos chicos con discapacidad y maestra del Centro de Educación Complementaria (CEC) en Bahía Blanca, un espacio estatal que refuerza los aprendizajes escolares y fortalece la inclusión educativa de chicos que, según las escuelas donde cursan, necesitan ese complemento. "Yo hacía una suplencia. Era un grupo bravo, pero de a poco fuimos armando algo lindo", recuerda.Una vez que Rocío se sumó al grupo, el vínculo afectivo entre maestra y alumna empezó a crecer. "Ro quería sentarse todos los días en mi escritorio y a mí me costaba decirle que no, pero eso me traía problemas con los demás, que se ponían celosos", dice Lucila, mientras su hija se ríe. Con el correr de las semanas, Lucila empezó a imaginarse a sí misma como una referencia afectiva en la vida de la niña más allá de las horas de clase. "Quería ser alguien que pudiera ayudarla en su vida", recuerda. Así fue que Lucila empezó a visitar a Rocío en el hogar. A veces, cuando salían del CEC, las dos se iban juntas a la casa de Lucila. El hogar las autorizaba a compartir ese momento: de 17 a 20. "Aprovechaba y le lavaba la ropa, o le arreglaba lo útiles y la mochila. Después la llevaba para que cenara en el hogar", cuenta. Otras veces salían a pasear. "En una de esas salidas, Ro se subió al auto y me dijo: 'Quiero que me adoptes'. Para mí fue muy fuerte. No sabía nada sobre el tema, ni siquiera sabía que podía adoptar sola. Ser mamá me parecía una responsabilidad enorme", dice. Pero el pedido, reconoce, no la asustó. Tampoco el hecho de que la niña tuviera un Certificado Unico de Discapacidad, aunque sin un diagnóstico claro porque esa información se había perdido. "Soy técnica universitaria en acompañamiento terapéutico y psicopedagoga. Trabajar acompañando a niños con desafíos es lo que más me gusta hacer. Estoy convencida de que todos tenemos derecho a una vida plena independientemente de nuestra condición", explica la mujer, desde la casa que comparte junto a su hija. Cuando piensa en el pedido que le hizo Rocío aquel día en el auto, Lucila está convencida de que la niña puso en palabras un sentimiento mutuo y compartido que se dio en forma natural. "Las ganas de Rochi de estar conmigo son las mismas que tengo yo de estar con ella. Eso fue así desde el principio, así que hicimos todo lo necesario para que funcionara", reflexiona. Los primeros tiempos no fueron fáciles. "A Rochi le costaba incorporar algunas reglas sociales y portarse bien en la escuela. También entender que hay que respetar la palabra de los demás", recuerda. "Yo le decía: bueno, vos querías tener una mamá y tener una mamá también es esto: que a veces te digan que no, o que tengas que hacer caso". Al pasar más tiempo juntas, Lucila tomó como propia la tarea de ocuparse de la salud de Rocío. "En ese tiempo logré que arrancara un tratamiento con una fonoaudióloga por una dificultad que tiene al hablar y también empezamos a ver neurólogos en busca de un diagnóstico que me mostrara en dónde estábamos paradas", explica. Después de consultas y estudios, Rocío fue diagnosticada con un trastorno general del desarrollo global. "En todo el trayecto, yo iba hablando con el director del hogar, le iba presentando informes", cuenta Lucila. Cuando se venció la medida judicial de abrigo con la que había sido apartada y protegida de su familia biológica por seis meses, el director les propuso a ambas renovarla pero en la casa de Lucila. Era noviembre de 2023 y, desde entonces, viven juntas. "Al principio, me tomé una licencia y la retiré del CEC para que pudiéramos compartir más tiempo", recuerda Saredi. En su cuenta de Instagram, Lucila publicó un video del momento en el que fueron a despedirse de sus compañeros. Frente a todos sus alumnos, la seño Lucila dijo: "Una despedida es la de Rocío y otra despedida es la mía porque me voy a tomar una licencia muy, muy, muy larga porque a partir de hoy yo soy la mamá de Rocío". El video se titula: "Momento en el que me convertí en la señorita Miel", en alusión a "Matilda", el libro del escritor británico Roald Dahl en el que una niña es adoptada por su maestra. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mama Luchiona (@mamaluchiona) Ahora Rocío, que tiene 11 años, está terminando la primaria y tiene una acompañante que la ayuda con la tarea y con la adquisición de ciertas habilidades y hábitos, como aprenderse el recorrido entre su casa y la de su abuela, a dos cuadras una de la otra; tomarse el colectivo; hacer la cama, o cocinar comidas básicas. "El año que viene voy a empezar la secundaria y me tengo que manejar sola. Eso me tiene un poco nerviosa", dice, y cuenta que su acompañante se llama Luli y que también hace manualidades."Que sea una persona autónoma"Lucila, que hoy tiene 39 años, se muestra feliz por todos los avances de su hija. "Emociona ver todo lo que progresó en estos dos años. Por ejemplo, hoy es una chica que puede ir a la escuela sin acompañamiento", cuenta. "Yo apunto a que, a la larga, con todo este estímulo, Ro sea una persona autónoma. Habrá cosas que logre y otras que no, pero lo que no logre no será por falta de estímulo", dice. Lucila cree que el día de mañana, si su hija se quiere ir a vivir sola y no sabe hacer lo básico, no va a poder lograrlo. Pero estas palabras cobran un significado especial cuando quien las dice tiene una hija con discapacidad. "Las mamás y los papás de chicos y chicas con discapacidad tenemos que ayudarlos a adquirir responsabilidades, así sean de lo más básicas. Y eso no se enseña de la noche a la mañana, o cuando tu hijo ya es adulto. Se empieza de chico", dice. Entonces madre e hija cuentan una situación reciente. Rocío se enojó con su mamá porque no le había lavado su remera de egresada. "Pero ella no la había puesto en el canasto de la ropa y ese es un paso previo necesario para que la ropa se lave. Ahora lo aprendió", dice frente a la mirada de su hija. "Yo apunto a que estas herramientas que le estoy inculcando le permitan ser autónoma el día de mañana. Que tenga la libertad de elegir, con lo que le cuesta", agrega Lucila. "A veces le preguntás qué le gustaría comer y no te dice". â??Yo sí te digo que quiero comer fideosâ?? dice su hija, por lo bajo. â??Si fuera por vos vivirías a fideosâ?? le responde su mamá, con un gesto que quiere ser un reproche pero se queda a mitad de camino cuando su hija, esa niña que eligió su nombre y la eligió como su mamá, le da un abrazo. Más información:A principios de este mes, la historia de Rocío y Lucila se convirtió en un libro escrito por Lucía Belén Tola e ilustrado por Milu Ilustra. Se titula "Abrazos de un nuevo hogar". Si querés comprarlo, podés comunicarte al 291 443 9463. Si querés postularte como familia de un niño, niña o adolescente sin cuidados parentales, podés navegar esta guía de Fundación La Nación con todo lo que deberías saber antes de tomar la decisión de adoptar.Si querés conocer cuáles son las prestaciones, servicios y derechos que tienen las personas con discapcidad, podés navegar por la guía que armó el equipo de Fundación LA NACION.
Se trata de Sur Finanzas PSP S.A., una proveedora de pagos registrada en el BCRA. La DGI informó acreditaciones por más de $818 mil millones y pidió allanamientos, embargos e intervención de la UIF
Se trata del dueño de Sur Finanzas, Maximiliano Vallejo. La Justicia analiza documentación secuestrada en un allanamiento y se aguardan indagatorias
CÓRDOBA.- A días del inicio del debate del presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias, un trabajo del Ieral, de la Fundación Mediterránea, con foco en el gasto social -que representa tres cuartas partes de las erogaciones públicas nacionales- subraya que no se prevé en el presupuesto un cambio en el sistema previsional ni se contempla cumplir con las leyes de emergencia pediátrica y de discapacidad. Tan es así que el gasto en esas áreas aparece en mínimos históricos.En las reuniones que viene manteniendo el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores (este lunes estuvo en Misiones), los mandatarios plantearon la necesidad de cumplir con esas leyes, que fueron apoyadas por los legisladores que les responden.Otro tema importante es la incertidumbre en torno a la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, que fue vetada por el Poder Ejecutivo, pero que el Congreso ratificó: el proyecto no incorpora los costos adicionales que implicaría su aplicación. La previsión de aumento del gasto social es del 5,5% por encima de la inflación, pero al considerar un PBI en expansión (6%), se mantendrá en niveles similares a los de este año. El mayor crecimiento se registra en Salud, con 17% real, impulsado por mayores erogaciones en hospitales nacionales, trasferencias al PAMI y partidas sanitarias de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Sin embargo, el Ieral plantea que las proyecciones están subestimadas porque no contemplan el impacto fiscal de las leyes de emergencia sanitaria en discapacidad y pediatría sancionadas por el Congreso, que rechazó el veto presidencial. Son leyes que el Poder Ejecutivo deberá, por ende, aplicar.El presupuesto total de la Andis muestra una reducción real del 4%; habrá un recorte en lo destinado a pensiones no contributivas. Esto va en el sentido contrario a lo dispuesto por la ley de emergencia que se sancionó después del ingreso del proyecto.Los fondos para la agencia acumulan una pérdida real del 23,9% desde 2023. Medido en términos del PBI, es el "valor más bajo desde la creación" del organismo, reseña el informe. El ajuste se concentra especialmente en las pensiones por invalidez laboral, que -de no modificarse el texto- experimentarán una reducción del 13% (con una caída en el número de beneficiarios de 1.130.000 a 977.000 personas). Esta contracción "podría vincularse a los procesos de auditoría y revisión de beneficiarios orientados a mejorar la focalización del gasto", según el informe.Si se aplicara la ley de emergencia en discapacidad, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) habría una incorporación de entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios a la pensión por discapacidad, con un costo fiscal de entre 0,25% y 0,48% del PBI. Además, la iniciativa incluye medidas complementarias: incentivos a la contratación mediante la exención del 50% de las contribuciones patronales por nuevos trabajadores con discapacidad (0,0015% del PBI), una compensación de emergencia a prestadores (0,03% del PBI) y la actualización de asignaciones a Talleres Protegidos de Producción (0,0009% del PBI). En conjunto, se estima que el impacto fiscal de la ley es de entre 0,28% y 0,51% del PBI.UniversidadesAunque hay un aumento por encima de la inflación para Educación y Ciencia y Técnica, y el componente más importante -con más incidencia en la expansión del gasto- son las universidades, el conflicto con las altas casas de estudios sigue latente. Las transferencias corrientes a universidades nacionales registran un alza real del 8,5% en 2026, lo que es una recuperación parcial frente a las fuertes caídas de 2024 (28,1%) y 2025 (7,8%). El gasto entre 2023 y 2026 se mantiene 28% por debajo del gasto de 2023 en términos reales, alcanzando mínimos históricos medido como porcentaje del PIB.En cuanto a la Ley de Financiamiento Universitario, según cálculos de la OPC, en el ejercicio en curso tendría un impacto presupuestario equivalente al 0,23% del PIB. Esas estimaciones contemplan medidas que implican un salto por única vez de las partidas presupuestarias con impacto en el ejercicio 2025, elevando el piso del gasto del año próximo.Para Promoción y Asistencia Social, el aumento real interanual es del 2,7%, por debajo del incremento del PBI, consolidando una caída del 23% real en relación con 2024. "No se advierten expansiones significativas ni nuevos programas, lo que sugiere una estrategia de contención del gasto en este plano", sostiene el instituto de la Fundación Mediterránea. Lo mismo pasa con las partidas para Trabajo y Vivienda, que registran una baja real del 2%, "continuando la tendencia de contracción iniciada en 2024 por la disolución de programas sociales y la caída en la inversión en infraestructura".Seguridad SocialEn Seguridad Social se prevé una suba del gasto del 5% por encima de la inflación con respecto a este año, con lo que lo destinado a este rubro se mantiene estable. En perspectiva histórica, las erogaciones previsionales como porcentaje del PBI siguen 30% por debajo del pico histórico de 2017 (dejando de lado el año de la pandemia). El "bono previsional" (fijado en $70.000 desde marzo de 2024), se mantiene sin actualización, lo que implica una fuerte licuación. El Ieral sostiene que el instrumento, "concebido como medida transitoria, presenta problemas de focalización y alto costo fiscal". El informe sostiene: "Sería más eficaz rediseñarlo para concentrar la asistencia en adultos mayores en situación de vulnerabilidad, logrando así un mejor efecto redistributivo con menor gasto".La no renovación de las moratorias es el principal factor del alza en el gasto en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), plan que otorga una cobertura previsional a las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión. La PUAM se expande 38% en términos reales, con un aumento del 23% en la cantidad de beneficiarios, que pasarían de 191.210 a 235.208. Las jubilaciones y pensiones registran un crecimiento de 6,9%, y las no contributivas, de 5,4%.
El máximo tribunal constitucional de México, integrado por ministros y ministras, sentó un precedente histórico sobre la protección de infancias en situación vulnerable
Además, la mujer y su hijo mayor de edad también han sido condenados a una multa de 180 euros cada uno
Una abogada promueve a través de un proyecto de ley que el país adopte oficialmente el símbolo con el que en otros países se identifican en espacios públicos o privados a personas con una discapacidad, sea o no evidente. Es una cinta color verde con girasoles estampados, que va al cuello, no solo facilita la interacción con terceros sino que también orienta en la asistencia a brindar ante una necesidad o una crisis asociada, sin temor a que pueda haber riesgo de violencia."La cinta de girasol va camino a ser un símbolo de identificación universal. En la Argentina, a diferencia de los países que la adoptaron, la implementación necesariamente debe llevarse a cabo en un marco jurídico adecuado", explicó Alicia del Valle Valdez, autora del proyecto que presentará en el Foro Internacional de Neurodiversidad y Derechos Humanos que se desarrolló entre el jueves y el viernes en la sede de la Universidad Nacional de Catamarca en la ciudad de Belén. Ahí, según destacó, reside la importancia de que este proyecto pueda convertirse en ley, junto con una puesta en práctica que vaya junto con campañas de información masivas sobre qué significa la cinta y cuál es su alcance. "En eso se encuentra comprometido el bienestar y la integridad física y psíquica de muchas personas con discapacidades evidentes u ocultas en nuestro país", detalló la abogada, que es especialista en derecho administrativo y, desde hace una década, se dedica a conflictos asociados con la salud. Promueve la capacitación del personal del Poder Judicial y los legisladores en la equidad y los derechos de la población neurodivergente, en la que se incluye. Es una persona con autismo. Ocho artículos En los ocho artículos del texto que compartió con LA NACION, se promueve el reconocimiento legislativo del uso de la cinta con diseño de girasoles como una forma de identificación voluntaria y discreta de las personas con discapacidades o condiciones no evidentes, como aparece definido en el proyecto, "en todos los espacios de interacción social públicos y privados" y sin que exima al portador de poder acreditar su discapacidad cuando así se solicite. "En muchas ocasiones, la integridad física o psíquica de las personas neurodivergentes se ve comprometida por las conductas atípicas que evidencian y pueden confundirse en los chicos con un berrinche o, en los adultos, con alguna conducta violenta. De ahí por qué es importante que puedan portar este símbolo de identificación si así lo quieren", mencionó Del Valle Valdez. El collar incluye una tarjeta den la que está escrito qué es lo que padece el usuario. "Ante una crisis en la vía pública, la cinta permite en principio reconocer rápido que se trata de una persona comprendida en las condiciones que se reconocen para su uso y, una vez que se puede tomar contacto con ella, a través de la tarjeta se puede saber exactamente qué es lo que la afecta", continuó la abogada.El proyecto también delega en el organismo de aplicación que se defina en la reglamentación de la norma la comunicación a la población del significado de la cinta y de un uso responsable de ese símbolo. Prevé, además, que su distribución sea gratuita para los portadores, gasto que se propone derivar del presupuesto de la autoridad de aplicación que se designe.En los fundamentos, se plantea que el objetivo es que las personas con alguna discapacidad que se pueda o no reconocer "dejen de ser invisibles a la mirada social", que los promotores del proyecto definieron que todavía sigue siendo "intolerante, incomprensiva y prejuiciosa". Es esto lo que, para la abogada, sigue siendo uno de las principales barreras para que esa población reciba asistencia en el caso, por ejemplo, de una crisis asociada con la causa de la discapacidad o que se atienda una necesidad que en apariencia no parezca serlo.Uso universalLa idea de usar este tipo de identificación se expandió del aeropuerto internacional de Londres al resto de Reino Unido y otros países en los últimos 13 años. Ya la adoptaron formalmente en países como Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Nueva Zelanda y Emiratos Árabes Unidos, según explicó Del Valle Valdez. En Uruguay hay un proyecto de ley, pero en el aeropuerto de Carrasco hay voluntarios de organizaciones locales que entregan los collares e informan sobre su significado."El objetivo era crear un símbolo discreto y reconocible para que las personas con discapacidades ocultas, neurológicas, cognitivas y del neurodesarrollo, incluidas las sensoriales y de procesamiento, como autismo, trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH), ansiedad, Alzheimer y trastorno obsesivo compulsivo (TOC), entre otras, pudieran señalar su necesidad de apoyo para que el personal del aeropuerto [de Gatwick] pudiera ofrecerles la ayuda adecuada. Se eligió el girasol como símbolo por tratarse de una flor reconocible, positiva y brillante que llama la atención de manera no intrusiva, representando visibilidad y esperanza", detalló la abogada al redactar los fundamentos del proyecto. Los resultados fueron tan positivos que la iniciativa Discapacidades Ocultas Girasol, por su nombre en español, se fue replicando en aeropuertos, empresas, transporte, equipos de fútbol, comercios, turismo, universidades, escuelas, colegios, centros de salud, parques, teatros, bancos y espacios públicos en general de más de una decena de países. La iniciativa local busca que la aplicación se de en espacios educativos (escuelas, institutos, universidades y centros de capacitación), entornos laborales (empresas públicas y privadas y organismos estatales), servicios públicos y privados (hospitales, centros de atención, transporte público, fuerzas de seguridad y organismos de atención ciudadana) y en eventos y actividades sociales (actividades culturales, deportivas, recreativas y de participación comunitaria). También, el texto plantea que existan protocolos predefinidos de respuesta en caso de emergencia o necesidad de asistencia o acompañamiento de una persona con la cinta, además de "reconocer su prioridad", lo que ya está reconocido en legislación vigente. "Establecer un marco legal que permita implementar el símbolo de identificación como el propuesto, contribuye a la construcción social equitativa y satisface la imperiosa necesidad de las personas de todas las edades, con discapacidades o condiciones de salud no evidentes, de poder hacer uso del derecho a visibilizar de forma discreta y digna, su condición, lo que permitirá a la sociedad, las instituciones y los organismos responder con respeto, accesibilidad y sensibilidad", argumentó la autora del proyecto.
El dolor crónico de espalda es la principal causa de discapacidad y puede llegar a afectar hasta al 70 % de la población a lo largo de la vida
Se trata de una causa radicada en la ciudad bonaerense de Campana que buscaba garantizar las prestaciones del programa Incluir Salud para miles de familias.
Desde Casa Rosada aseguran que el informe realizado por el equipo del interventor Alberto Vilches está "avanzado". También reconocen la existencia de indicios de sobreprecios y contrataciones irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Leer más
El gobierno nacional, por intermedio de la Procuración del Tesoro, recusó al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en el expediente donde el magistrado admitió el trámite colectivo de un amparo contra un artículo del decreto por el que el Poder Ejecutivo Nacional había dejado en suspenso la aplicación de ley que declaró la emergencia en discapacidad.Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. "La sentencia dictada el 5 de este mes ha incurrido en prejuzgamiento toda vez que se pronunció sobre aspectos que constituyen el fondo de la cuestión litigiosa como, por ejemplo, al sostener que el Decreto N° 681/25 suspendió la Ley N° 27.793 [la ley de emergencia en discapacidad] cuando, precisamente, la postura fundamental de esta parte -contrariamente a lo sostenido por la contraria- es que ello no es así. Dicha irregularidad motiva la recusación con causa", sostuvo la presentación de la Procuración del Tesoro, que reúne a los abogados del Estado.En agosto pasado, González Charvay ya había declarado inválido el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Después, a principios de septiembre pasado, la oposición en el Senado sostuvo la ley de emergencia en discapacidad. La insistencia fue acompañada por casi todo el arco opositor.La norma, sancionada a inicios de julio y que había sido vetada por el Presidente, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.Tras el voto del Senado, el 22 de septiembre pasado el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley, pero indicó que su aplicación solo será posible una vez que se aprueben las partidas en el presupuesto nacional.En los considerandos del decreto se advirtió que el impacto fiscal estimado de la norma asciende a $3,02 billones para el período 2025-2026, lo que representa 0,35% del Producto Bruto Interno, y que el Congreso no especificó las fuentes de financiamiento como lo exigen la Ley de Administración Financiera y la Ley 24.629 de normas complementarias del presupuesto.Por otra parte, el Decreto 681/2025 señala que la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social demandaría $2,16 billones en 2025, equivalentes al 0,26% del PBI, y $4,7 billones en 2026, un 0,47% del producto. Además, calculó que el Programa Incluir Salud, que otorga cobertura médica a los beneficiarios de pensiones, implicaría $574.200 millones este año y $1,23 billones el próximo, mientras que la compensación económica a prestadores significaría otros $278.323 millones.Según se desprende del expediente judicial, tras el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, "O.G.J y D.R.N en representación de sus hijos menores de edad" se presentaron en el Juzgado Federal de Campana e iniciaron una "acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional con el fin de que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad [sic] del artículo 2° del Decreto N° 681/2025â?³, publicado en el boletín oficial.El 5 de este mes, el juez González Charvay rechazó el planteo de "falta de legitimación activa y de representación colectiva" formulado por el Ministerio de Salud de la Nación y determinó los alcances del "colectivo". Esa decisión hizo que el gobierno nacional lo recusara.
El magistrado federal de Campana, Adrián González Charvay, quien busca la implementación inmediata de la legislación, se opuso al planteo presentado por el Estado. El conflicto lo definirá la Cámara de San Martín
El centro amplía su programa 'Museo Fácil' con reproducciones táctiles diseñadas mediante técnicas avanzadas de modelado
El juez federal de Campana Adrián González Charvay rechazó el planteo de recusación presentado por el Estado Nacional en la causa en la que se cuestionó el Decreto 681/2025. Afirmó que no adelantó opinión sobre la validez de la norma.