El jefe de Estado firmó el decreto que prolonga la emergencia, para reforzar la respuesta a fenómenos climáticos y garantizar recursos para la recuperación de comunidades afectadas
La agencia revocó la buena pro al consorcio Inventa - Sparrow Hills tras no firmar el contrato de explotación y pedir una ampliación de 45 días, alegando una trifulca comercial
Resolvió eliminar la norma por la que las escuelas debían pedir autorización para aplicar subas e informar previamente los valores.La desregulación se publicó este martes en el Boletín Oficial.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó el 5 de noviembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación una modificación al decreto que permite la importación definitiva de automóviles usados provenientes del extranjero, conocidos como "chocolate". La disposición extiende el plazo del programa hasta el 30 de noviembre de 2026, lo que ofrece un período adicional para que los propietarios puedan completar el proceso de legalización.El decreto del gobierno mexicano sobre los autos usados chocolateEl decreto, firmado por Sheinbaum, junto con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora, y el secretario de Economía, Marcelo Luis Ebrard Casaubon, establece que la prórroga tiene como finalidad proporcionar acceso a opciones de movilidad para sectores de la población que enfrentan limitaciones económicas.La extensión del programa representa una continuidad en la política pública iniciada hace más de una década para ordenar el mercado de segunda mano proveniente de otras naciones, comúnmente llamados "autos chocolate".El objetivo central del decreto es mantener un marco normativo que permita otorgar seguridad jurídica a los propietarios de estos coches respecto a su permanencia y uso en el territorio mexicano. Con ello, se busca evitar que existan vehículos en circulación sin reconocimiento legal, lo que podría derivar en incertidumbre patrimonial y dificultades ante autoridades locales o federales.Alcances del decreto sobre la legalización de los autos chocolateSegún la normativa, la extensión retoma el marco regulatorio del instrumento publicado originalmente el 1° de julio de 2011, que reguló la importación definitiva de los coches usados. Desde esa fecha, el marco fue ajustado en diversas ocasiones, con cambios registrados en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 y 2024. Con esto, el gobierno federal ha buscado adaptar esta política a cambios de mercado, economía regional y acuerdos comerciales.Este conjunto de disposiciones tiene como punto de partida ordenar la entrada de vehículos usados y brindar a sus propietarios claridad sobre su situación legal. La política fue presentada como un mecanismo para reducir diferencias de acceso a transporte entre sectores de la población que, en muchas regiones, los utilizan para trasladarse hacia centros laborales, escolares o comerciales.Asimismo, el decreto señala que la región fronteriza norte mantiene una relación económica constante con Estados Unidos por su cercanía territorial. Debido a esa dinámica, se consideró necesario conservar condiciones que permitan la importación definitiva de autos cuyo número de identificación vehicular indique fabricación o ensamble en México, EE.UU. o Canadá, de acuerdo con disposiciones del tratado entre estos tres países (T-MEC).Certificación de origen y reglas del T-MEC para autos usadosEl decreto hace mención directa al T-MEC en materia de reglas de origen. Para que un coche usado sea considerado elegible para trato arancelario preferencial dentro del acuerdo comercial, el importador debe contar con una certificación que demuestre su fabricación en territorio de uno de los tres países firmantes. Esta certificación debe basarse en información verificable relacionada con el proceso de producción.Sin esta certificación, el vehículo no puede recibir el trato preferencial previsto en el tratado, lo que puede implicar costos y requisitos adicionales. Por ello, el productor original es una fuente clave de información para validar el origen. El decreto también recuerda que, bajo el T-MEC, ningún país miembro puede imponer prohibiciones generales para importar coches usados originarios del territorio de otro miembro. Sin embargo, sí permite establecer normas para seguridad automotriz, emisiones y registro vehicular.El documento establece además que México debe impedir la importación definitiva de aquellos que tengan restricciones técnicas, que cuenten con reportes de robo o que, por sus características, estén prohibidos para circular en su país de origen. Esto responde a la necesidad de garantizar que los automóviles regularizados cumplan con estándares mínimos de seguridad y legalidad.Aplicación inmediata del nuevo decreto de autos chocolateEl decreto publicado señala que su entrada en vigor es inmediata y su validez se extiende hasta el 30 de noviembre de 2026. Con esto, se modifica el plazo previamente fijado en un decreto emitido el 4 de noviembre de 2024, que establecía vigencia hasta el 5 de noviembre de 2025.Esta ampliación responde a que las condiciones que motivaron los decretos previos permanecen sin cambios sustanciales. Entre dichas condiciones están las necesidades de garantizar seguridad jurídica, prevenir circulación de vehículos con estatus irregular y acompañar estrategias para fortalecer la economía familiar en ciertas regiones.Además, se subraya la importancia de mantener medidas que permitan continuar la integración económica regional en el marco del T-MEC. Esto incluye asegurar que la importación de vehículos usados se realice bajo procesos formales y verificables.
El Decreto de Urgencia N.º 008-2025 busca optimizar el uso de los fondos estatales mediante restricciones temporales al gasto y la priorización de inversiones en ejecución, con el fin de fortalecer la sostenibilidad fiscal y mantener la estabilidad económica del país
La decisión de aplazar el debate legislativo y la suspensión judicial del decreto del Gobierno han dejado al sector salud sin hoja de ruta, agravando la crisis financiera y operativa en hospitales y EPS
El Ejecutivo aprueba por real decreto varias medidas del plan eléctrico que el Congreso había rechazado en julio, con el objetivo de reforzar la red, impulsar el almacenamiento de energía y acelerar la transición ecológica sin necesidad de una nueva votación parlamentaria
El abogado, empresario y hoy precandidato presidencial aseguró que algunos de los elementos son relacionados con grupos guerrilleros que estuvieron involucrados en actos de terrorismo en el país
Con las celebraciones de Todos los Santos, muchos se preguntan si el calendario de noviembre permitirá extender el fin de semana
Las familias de estudiantes que enfrentan la pérdida del año escolar cuentan con alternativas legales ante las decisiones adoptadas por las instituciones educativas
Por estos hechos, la mandataria buscará resolver la problemática al tener una reunión con aerolíneas y funcionarios aeroportuarios de la Secretaría de Marina este viernes 31 de octubre
El gobierno de Javier Milei oficializó la prórroga del Decreto 514/2021 que permite a los trabajadores que se desempeñan en tareas rurales temporales, como en las cosechas en las economías regionales, mantener sus planes sociales. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial mediante el Decreto 777/2025, extiende por un año la vigencia de esa normativa, a partir del 1° de septiembre de 2025, con el objetivo de "asegurar el cumplimiento de los objetivos perseguidos" y consolidar los avances logrados en materia de empleo registrado y protección social."Me dolería que, otra vez, perdamos la oportunidad": el empresario Alejandro Elsztain fue categórico sobre el futuro productivo de la ArgentinaEl decreto, que lleva la firma de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, señala que las medidas establecidas "han contribuido a la inclusión laboral de los trabajadores del sector, a la mejora de sus ingresos y de sus condiciones de vida y la de sus grupos familiares".El vencimiento de la prórroga anterior había generado fuerte preocupación en todos los sectores de las economías regionales. Productores, sindicatos y entidades empresarias advertían que su caída podía provocar una nueva ola de informalidad laboral. La compatibilidad entre planes y trabajo formal había sido impulsada originalmente por representantes del agro y sectores gremiales durante el gobierno de Alberto Fernández, y prorrogada en 2023.Para muchos productores, el esquema resolvía un conflicto histórico: los trabajadores rurales podían ser registrados sin perder los beneficios sociales, mientras los productores evitaban sanciones por empleo informal. Los referentes del sector de las economías regionales mencionaron que "el Estado no perdía recursos, ya que los beneficiarios continuaban cobrando las asignaciones y, al mismo tiempo, se realizaban los aportes jubilatorios correspondientes".Cristian Klingbeil, productor de Misiones, explicó que el problema afecta a todas las economías regionales, "desde Misiones hasta el Alto Valle de Río Negro". En esos territorios, el trabajo estacional â??de yerba mate, fruta, aceitunas o uvaâ?? depende de la disponibilidad de mano de obra golondrina. "Cuando no existía esta compatibilidad, la gente prefería trabajar en negro para no perder el plan, y el productor asumía riesgos legales y económicos enormes", sostuvo.La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) habían pedido formalmente la prórroga del decreto, señalando que su continuidad era clave para sostener el trabajo formal en el ámbito rural. "Las economías regionales representan el 70% de la mano de obra rural, es decir, son dadoras de mano de obra intensiva y dinamizadoras de la economía en cada uno de los pueblos", dijo Eduardo Rodríguez, director del sector de Economías Regionales, en su momento. En tanto, José Voytenco, titular del gremio y del Renatre, señaló: "La compatibilidad no es un privilegio, es una política de equidad que reconoce la estacionalidad del trabajo rural".No obstante, sectores sindicales como el Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR) de Misiones remarcaron que la raíz del problema sigue siendo el bajo nivel salarial y las condiciones de trabajo. Según su secretaria general, Ana Cubilla, "no se trata solo de compatibilizar los planes, sino de mejorar los ingresos y la estabilidad laboral para que los trabajadores no dependan de la asistencia estatal".
La norma creada en 2021 fue extendida por un año, ante el reclamo de sindicatos y productores rurales. La decisión se formalizó mediante el Decreto 777/2025, publicado en el Boletín Oficial. Leer más
El Poder Ejecutivo anunció la decisión en medio de una preocupación creciente en el sector ante el vencimiento de la última prórroga. Lo hizo a través de una normativa publicada en el Boletín Oficial que prolonga la medida por un año, contando desde el 1 de septiembre pasado.
La medida había sido promulgada en 2021, luego de que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa expusiera las complejidades para contratar personal por la pérdida de ayudas sociales
La normativa, firmada por los ministros de Salud, Agricultura y Justicia, incorpora a Colombia al grupo de países que han optado por regular la producción, uso y distribución del cannabis con fines médicos
El magistrado Luis Alberto Álvarez defendió el fallo que dejó sin efecto el decreto de salud y señaló que el Ejecutivo fue más allá de sus competencias al modificar la estructura sanitaria
La decisión del Gobierno de autorizar hoy a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a "disponer, enajenar y/o transferir", entre otros terrenos, 41 hectáreas que tiene el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la estación experimental de Cerrillos, Salta, generó preocupación entre los trabajadores del organismo del lugar, según pudo saber LA NACION, además de dudas sobre el proceso. El predio fue incluido en el decreto 765/2025 de Javier Milei que desafectó otros terrenos cuyo fin sería, interpretaron, para recaudar fondos, reducir gastos de mantenimiento y achicar la estructura del Estado.Plan: el Gobierno endureció controles para erradicar una importante enfermedad endémica de los porcinosEn agosto pasado, a través de un "permiso de uso precario y gratuito con compromiso de compra" se había llegado a un entendimiento por el mencionado lugar entre el gobernador Gustavo Sáenz y el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Alberto Pakgojz. El destino indicado era el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) para desarrollar proyectos de urbanización orientados a paliar el déficit habitacional. Sin embargo, con el decreto 765/2025, dijeron a este medio puertas adentro del INTA salteño, las dudas volvieron a estar sobre la mesa porque se habla de "disponer, enajenar o transferir". LA NACION intentó tener la versión de las autoridades provinciales y nacionales sobre qué va a pasar con las tierras, pero no hubo respuesta a los pedidos. Vale recordar que el primer avance sobre el lugar se había realizado sin el aval del Consejo Directivo del INTA, que luego con el correr del tiempo manifestó su "no objeción" a la iniciativa y firmó actas avalando la decisión. Sus miembros acordaron que no se opondrían a la cesión de la fracción ubicada sobre la ruta nacional 68 y la Circunvalación Sureste, en Cerrillos, bajo ciertas condiciones: que el gobierno provincial mantuviera el compromiso de contribuir con las necesidades del organismo y que, en caso de concretarse la compra, el INTA recibiera su participación económica correspondiente.Más allá del decreto de hoy, el avance sobre esta propiedad se da mediante la normativa vigente de los decretos 636/2024 y 1382/2012, que facultan a la AABE a otorgar permisos, transferir o enajenar inmuebles del Estado sin requerir la conformidad del organismo que los ocupa, siempre que el uso original no se vea afectado.En la estación experimental, quienes fueron designados como "custodios de las tierras", hay malestar. Según contaron a LA NACION, el equipo de técnicos, como lo ha hecho en los últimos años, lo ha venido usando: en la última campaña fue para una parcela de soja. "Entendíamos que seguíamos en custodio de las tierras", comentaron fuentes de la experimental, quienes se sorprendieron con la publicación del último decreto, sobre todo por la poca claridad. En el decreto anterior, señalaron, se había omitido aclarar cómo se haría el traspaso. Además, la misma fuente observó que para "enajenar" se debió haber hecho una tasación que no se realizó. "Nos desafectan la propiedad y nos dejan como custodios. Las estuvimos usando, son tierras ubicadas sobre una autopista muy importante, y las estamos sembrando para mantenerlas ocupadas", explicaron. El equipo de la experimental entendía que seguía bajo esa figura, aunque sin poder de decisión. "Hoy nos enteramos de que se hizo la transferencia. La resolución habla de disponer, enajenar o transferir, por lo tanto, puede ser cualquier cosa", puntualizaron bajo reserva de identidad. Actualmente, la estación de Cerrillos administra 1105 hectáreas, de las cuales las 41 afectadas representan "una fracción muy importante". "No tenemos más información al respecto", señalaron puertas adentro del INTA salteño. El predio tiene múltiples usos: producción agrícola, ensayos experimentales, actividades de investigación, zonas de recreación y bosque nativo, e incluso infraestructura histórica."Tenemos un casco muy importante que fue un edificio de los jesuitas y donde se firmó el Pacto de Cerrillos. Además, el campo brinda un servicio ecosistémico de regulación hídrica: controlamos el escurrimiento de agua de lluvia del Valle de Lerma para evitar inundaciones. La presión urbana sobre el campo es muy fuerte, pero este espacio cumple una función ambiental", explicó. Según los técnicos del organismo, las obras ejecutadas redujeron considerablemente las inundaciones sobre la población aledaña, aunque advierten que quedaron proyectos inconclusos por falta de presupuesto. "Tenemos de un lado estas 41 hectáreas y del otro el resto del campo productivo", explicaron. Detallaron que el Gobierno las enajene ahora puede significar una amenaza sobre las hectáreas que quedan del otro lado de la circunvalación: "Es un antecedente que no nos agrada y nos da un poco de miedo".Para la experimental y el INTA, la transferencia de estas tierras "implica una pérdida", y no solo productiva. "Es también una pérdida en generación de conocimiento: los ensayos de campo que surgen de la estación se llevan a práctica para probar avances tecnológicos a mayor escala. No se trata solo de tierra cultivable, sino de un espacio de experimentación, transferencia y vinculación con la comunidad", precisó.
Ana María Vesga, titular de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, hizo énfasis en cómo persiste la incertidumbre en sector mientras se define el rumbo normativo y operativo de la atención en Colombia
La decisión frena temporalmente la implementación del nuevo modelo de atención territorial diseñado por el Ministerio de Salud y obliga al Ejecutivo a detener los actos derivados del decreto hasta que haya fallo de fondo
Para la Policía Nacional, este hallazgo podría indicar un nivel de planificación que va más allá del delito común
Documento confirma que la medida durará 30 días y solo aplicará a Lima Metropolitana y Callao
El decreto supremo publicado en el diario El Peruano precisa qué actividades deberán obtener permisos específicos durante los próximos 30 días
La cabildante Heidy Sánchez (Unión Patriótica) se fue en contra del mandatario distrital, Carlos Fernando Galán, por cuenta del Decreto 293 de 2025 y que, de acuerdo con la denuncia de la dirigente política, tiene su génesis por cuenta de la resolución firmada por Carlos Fernando Galán
Con la medida, el Gobierno nacional busca dejar atrás meses de incertidumbre de los ciudadanos por el diligenciamiento del documento
El sector energético colombiano expresa preocupación por la nueva normativa que obliga a vender el 95% de la energía mediante contratos, advirtiendo riesgos para la competencia y la sostenibilidad financiera de las empresas
El primer mandatario explicó que, aunque la eliminación será inmediata, el trámite requiere tiempo por la necesidad de anonimizar los datos de posibles víctimas
La norma, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, fija pautas para la contratación a largo plazo y el fortalecimiento del mercado regulado en beneficio de los hogares
El vencimiento de un decreto del gobierno anterior, que permitía compatibilizar los planes sociales con los trabajos temporarios, volvió a poner en estado de alerta a las economías regionales vinculadas al agro. La medida, impulsada en su momento por productores y entidades gremiales, había logrado resolver un conflicto histórico: los trabajadores podían mantener los planes sociales, mientras realizaban tareas formales durante las cosechas. Sin embargo, desde septiembre, esa compatibilidad dejó de estar vigente y la situación regresó al punto de partida: miles de obreros rurales podrían negarse a ser registrados por temor a perder los subsidios, y los productores quedarían expuestos a sanciones por empleo informal. Las entidades gremiales, además, apuntan a que el dueño de la producción debe mejorar los salarios. Ante una consulta de LA NACION, en la Secretaría de Trabajo dijeron que ya se solicitó la prórroga. "Son unos asesinos": la desazón de un productor correntino al que le mataron 11 vacas a tiros en la costa del río UruguayCristian Klingbeil, productor yerbatero y uno de los impulsores de la normativa, explicó que el problema atraviesa todas las economías regionales del país, desde Misiones hasta el Alto Valle de Río Negro. "En Misiones tenemos trabajo temporario; en otras zonas hay trabajo golondrina, donde los obreros van rotando entre distintas cosechas â?? de uva, aceituna, yerba o frutaâ??. Cuando no existía esta compatibilidad, la gente prefería trabajar en negro para no perder el plan, y el productor terminaba asumiendo riesgos legales y económicos enormes", señaló. Según Klingbeil, el Estado nunca perdió dinero con esta medida, porque los trabajadores seguían cobrando la asistencia social y, al mismo tiempo, se realizaban aportes jubilatorios por los meses trabajados.La necesidad había nacido de un largo reclamo que comenzó durante el gobierno de Alberto Fernández y se materializó en el decreto 514/2021 y prorrogado con el decreto 423/2023, tras el trabajo conjunto de productores, funcionarios y representantes gremiales. El objetivo era evitar que los trabajadores quedaran desprotegidos al terminar la cosecha, algo que ocurría con frecuencia: al perder los planes durante los meses de empleo formal, luego tardaban mucho en recuperarlos. "Eso generaba conflicto, porque el productor quería blanquear y el obrero no quería perder el beneficio. Tenían razón los dos, por una negligencia del Estado", remarcó Klingbeil.La falta de prórroga de esta medida podría generar una nueva ola de informalidad y desánimo en las economías regionales. "El gobierno anterior entendió el problema, no se entiende por qué este no puede hacerlo también. No fue una locura del kirchnerismo, fue una medida que surgió de las economías regionales, con apoyo de todos los sectores. Si algún día la economía se reactiva, se podrá dejar de lado naturalmente. Mientras tanto, necesitamos que continúe para sostener el trabajo en blanco, los aportes y la dignidad de la gente que vive del campo", precisó.Enrique Ozeñuk, es un productor yerbatero que se vería afectado con esta situación: "Esta caída de compatibilización de los trabajos rurales con los planes sociales va a traer serios problemas en todo lo que tanto se luchó, que es el blanqueo del personal y la corresponsabilidad gremial. Se había logrado la compatibilidad y ahora se va a perder la asignación familiar de quienes fueron blanqueados. Va a ser un problema bastante complejo. Aún no sabemos cuál va a ser el impacto, pero no será bueno", advirtió. Según dijo, el que trabaja en blanco corre el riesgo de no recibir ninguna otra ayuda del Estado.Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), de Misiones, y dirigente de Fetara, vinculados a la CTA, advirtió que la caída del decreto no resolverá los problemas de empleo del sector, ya que la raíz del conflicto es el bajo salario que se paga y las condiciones de trabajo a destajo. En la cosecha yerbatera y citrícola los obreros cobran por producción y no por salario fijo, lo que genera una gran inestabilidad. "Lo que producís es lo que cobras: en la hoja tenés que hacer una tonelada para ganar $35.000 o $40.000 por día. No hay forma de hacerlo. Haces como mucho 500.000 kilos por día y eso es un montón. Poca gente llega", dimensionó. A su juicio, el problema no pasa por la compatibilidad, sino por la necesidad de mejorar los ingresos que pagan los productores para evitar que los trabajadores dependan de planes sociales."No tiene nada que ver la compatibilidad o incompatibilidad de trabajo en blanco con los planes sociales. No porque sacaron los planes sociales, van a tener menos trabajadores, el problema es salarial, el destajo: de cuanta hoja vayas a tener que hacer, para poder vivir bien", resaltó y dijo que esto nunca se pudo resolver. Remarcó que los 10000 millones de kilos de la zafra en esa región se hacen igual. Según Cubilla, muchos obreros migran temporalmente a Brasil, donde consiguen un mínimo de $100.000 por día que les queda libre de otros gastos. "Tenemos un trabajo cíclico: trabajamos seis meses y los otros seis que Dios te ayude. La propuesta y reclamo es que como la de cualquier otro trabajador. Estamos viajando a todos lados del país buscando trabajo en diferentes producciones", dijo. Hay 2.000.000 de trabajadores rurales a nivel nacional. En la provincia Misiones hay 10.000 trabajadores registrados en la yerba mate, según datos del gremio. El problema llegó hasta el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), donde el presidente, Ricardo Diab, llevó adelante una reunión con 15 candidatos a legisladores nacionales para exponer la situación de los diferentes sectores. "Las economías regionales representan el 70% de la mano de obra rural, es decir, son dadoras de mano de obra intensiva y dinamizadoras de la economía en cada uno de los pueblos", dijo Eduardo Rodríguez, director del sector de Economías Regionales. Remarcó que avanzar en una reforma laboral es clave para promover la generación de empleo genuino y adaptarse a las nuevas realidades. José Voytenco, secretario general de Uatre, señaló en un comunicado que presentó una nota formal ante el Ministerio de Capital Humano, conducido por la ministra Sandra Pettovello, solicitando la prórroga del decreto, "convencido de que su continuidad es fundamental para seguir promoviendo el trabajo formal y decente en el ámbito rural". "La compatibilidad entre el trabajo registrado y las prestaciones sociales no es un privilegio, es una política de equidad que reconoce la estacionalidad del trabajo rural y protege a quienes sostienen con su esfuerzo la producción nacional", remarcó.
El documento preliminar plantea reducir los años de experiencia exigidos, eliminar requisitos en la formación académica y permitir que el presidente realice los nombramientos sin convocatoria pública
Con la publicación del Decreto 450/2025, el gobierno nacional inició la transformación más profunda del sistema eléctrico desde los años 90. Bajo las facultades delegadas por la Ley de Bases, el decreto reescribe pilares de las leyes 15.336 y 24.065, redefine el servicio público de electricidad como un mercado libre y reduce drásticamente la presencia estatal en la planificación y regulación del sector.La necesidad de actualizar un régimen distorsionado y dependiente de subsidios es innegable. Pero hacerlo sin debate parlamentario, sin participación de las provincias ni de los usuarios, significa avanzar sobre competencias locales y derechos ciudadanos con un instrumento excepcional que se pretende convertir en regla.El Decreto habilita contratos directos entre privados, la libre elección de proveedor, la autogeneración y la exportación de energía. Detrás de ese lenguaje de 'libertad económica' se oculta una reconfiguración del Estado energético: el Poder Ejecutivo fusiona el ENRE y el Enargas en un solo ente â??pese a que electricidad y gas responden a jurisdicciones distintasâ?? y limita la participación del Consejo Federal de Energía Eléctrica, que garantizaba la voz de las provincias. El resultado previsible: menor control técnico, menor equilibrio institucional y mayor concentración en pocas manos.El servicio eléctrico no es una mercancía. La Constitución Nacional protege a los consumidores frente a abusos de mercado y garantiza su derecho a tarifas razonables, información clara y condiciones de acceso equitativas. El fallo CEPIS de la Corte Suprema reafirmó que los servicios públicos integran el núcleo de los derechos sociales y que toda modificación tarifaria debe respetar criterios de razonabilidad, gradualidad y participación. El decreto, al convertir la electricidad en un bien de libre contratación, rompe ese equilibrio constitucional y traslada la definición del precio de un derecho esencial al interés del mercado.El Congreso y los límites de la emergenciaEl artículo 76 de la Constitución prohíbe delegar facultades legislativas permanentes. La regulación del sistema energético â??por su naturaleza estructural y federalâ?? exige debate parlamentario y consenso político. Gobernar por decreto en esta materia implica debilitar la República: el Congreso pierde su rol de arquitecto del modelo energético y la emergencia se convierte en una forma de gobierno. Es cierto que en materia energética la emergencia ha sido la regla durante el último cuarto de siglo, pero no puede ser el argumento para una liberalización indiscriminada, de la noche a la mañana, a través de un decreto delegado. El sector requiere un debate amplio, con la participación de universidades, provincias, municipios, organizaciones especializadas y sectores productivos, industriales y sindicales. Más aún cuando se trata de uno de los pilares del desarrollo argentino.Federalismo bajo amenazaUno de los aspectos más preocupantes del Decreto 450/25 es la responsabilidad solidaria que impone a provincias, municipios, distribuidoras y cooperativas por las deudas con Cammesa, incluso alcanzando a los entes de control y funcionarios locales. Se trata de una cláusula coercitiva e inconstitucional, que desconoce la autonomía provincial y busca disciplinar a las jurisdicciones mediante la amenaza económica. La distribución eléctrica es una competencia provincial indelegable: trasladar la deuda al patrimonio de intendentes o funcionarios viola el federalismo y el principio de responsabilidad limitada del Estado local.El Gobierno pretende resolver a las patadas una crisis estructural del sistema tarifario, con distribuidoras quebradas por tarifas congeladas en pesos y generadoras con rentabilidad asegurada en dólares. La solución a la ruptura del equilibrio económico y financiero del sistema requiere mayor profundidad y responsabilidad por parte del Estado, no la imposición unilateral de sanciones.Energía y desarrollo territorialLa electricidad no sólo abastece hogares e industrias: define la posibilidad misma del desarrollo. Sin redes de transporte eléctrico robustas y planificadas, el interior productivo seguirá dependiendo del consumo urbano. El decreto omite cualquier referencia a la expansión de infraestructura â??líneas troncales, estaciones transformadoras, obras que sostienen la producción y el arraigoâ?? y al retraer la inversión estatal, condena a las regiones menos rentables a quedar fuera del mapa energético nacional. La experiencia demuestra que el sector privado no invierte donde no hay rentabilidad inmediata. Y es precisamente en esos territorios donde el Estado debe actuar, no sólo como regulador y garante del desarrollo equitativo, sino también como inversor estratégico. La pretendida desregulación y la fe ciega en el libre mercado sólo traerán más abandono del interior productivo, que seguirá atrapado en la dependencia de la producción primaria sin agregado de valor.Paralelamente, el Gobierno impulsa la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Enarsa y las centrales hidroeléctricas del sur, que deberían haber retornado al dominio estatal tras el vencimiento de sus concesiones. La desregulación normativa y la privatización patrimonial forman parte del mismo proceso: transferir activos estratégicos a operadores privados, reduciendo la soberanía sobre los recursos energéticos y la capacidad de planificación del Estado.Ya se ha demostrado que privatización, desregulación y libre competencia en sectores estratégicos como la energía no abaratan precios, sino que fomentan la concentración y la cartelización. El ejemplo de la telefonía celular e Internet lo demuestra con claridad.Poco después del decreto, la Secretaría de Energía publicó los Lineamientos de Política Energética 2025, que profundizan la desregulación. Reducen el rol de Cammesa, liberalizan los precios mayoristas, focalizan subsidios y habilitan exportaciones privadas. El Estado se retira del control, los precios se dolarizan y la energía se convierte en un bien financiero más.De consolidarse este modelo, el impacto será devastador para los usuarios y las economías regionales: aumentos abruptos de tarifas, pérdida de competitividad industrial y traslado del costo fiscal directamente al consumo. El riesgo más grave es la consolidación de un sistema volátil, concentrado y dependiente del mercado financiero internacional, donde el precio de la energía deje de reflejar la riqueza de nuestros recursos y pase a depender de la especulación.La energía en Argentina no es cara por sus costos de producción, sino por cómo se distribuye el valor agregado dentro del sistema. Los generadores cobran en dólares, los transportistas garantizan rentabilidad, y las distribuidoras provinciales y cooperativas sostienen la red con tarifas congeladas durante dos décadas. Aun con los nuevos esquemas tarifarios, el sistema sigue concentrando renta en los segmentos de mayor poder económico, mientras los usuarios pagan tarifas que garantizan ganancias privadas más que eficiencia o equidad.El fomento de las energías renovables, sin planificación federal, repitió esa lógica: altos retornos dolarizados para unos pocos, financiados por todo el sistema eléctrico común. Corredores patagónicos y norteños con grandes parques eólicos o solares que alimentan los grandes conglomerados urbanos, mientras encarecen el acceso a la energía de las poblaciones locales que conviven con ellos. En muchos casos, pueblos enteros vieron transformada su geografía por la infraestructura de las renovables sin siquiera acceder a la energía necesaria para su propio desarrollo.Modernizar con Estado y con federalismoLa Argentina necesita modernizar su sistema energético, pero no a cualquier precio. Sin Estado, no hay equilibrio; sin federalismo, no hay desarrollo. La libertad económica sin justicia social termina en concentración, y la desregulación sin planificación conduce a desigualdad. El desafío no es elegir entre Estado o mercado, sino construir reglas que garanticen que la energía sirva al arraigo, la producción y la igualdad de oportunidades. Modernizar, sí. Pero con instituciones fuertes, con provincias partícipes, con usuarios protegidos y con un Congreso que vuelva a ser autor del modelo energético argentino.__________________El autor es abogado, integrante del Movimiento Arraigo
Varias veces hubo ejercicios militares de fuerzas militares internacionales en Argentina, pero deben ser autorizadas por ley en el Congreso. Saltear pasos legales con un decreto del Poder Ejecutivo es inconstitucional. Leer más
La ley estaba "suspendida en su aplicación" por un decreto presidencial que acaba de ser rechazado. Leer más
La formación morada ha tachado en varias ocasiones de "embargo fake" por ser "un coladero" que "no acaba con las dos principales contribuciones de España al genocidio en Palestina"
A través de un Real Decreto, el Ejecutivo introduce filtros de calidad más estrictos para la creación de nuevos centros
Ione Belarra mantiene que la posición del partido es contraria pero asegura que no quieren ser "la excusa"
El partido opositor expresó que el país atraviesa desde "hace años" un "estado de excepción permanente que solo ha servido para perseguir, encarcelar y silenciar" a los que piensan distinto
La exdirectora del Dapre, exjefe de Despacho, exdirectora de Prosperidad Social y excanciller, asumirá la representación diplomática de Colombia en el país europeo, en reemplazo del hoy precandidato presidencial Roy Barreras
La Constitución Nacional indica que el Congreso debe autorizar o no el ingreso de tropas extranjeras al país.
Doce comuneros Kichwa Otavalo fueron detenidos en Ecuador durante el paro nacional contra la eliminación del subsidio al diésel y enfrentan cargos de terrorismo pese a no tener antecedentes penales. Trasladados a cárceles de máxima seguridad sin intérpretes en su lengua ancestral, organizaciones denuncian graves violaciones a los derechos humanos en un Estado que se declara plurinacional. La represión ya dejó un manifestante muerto y crece la alarma por el uso del racismo como herramienta de criminalización, según pudo constatar NEGRX en un testimonio exclusivo desde el lugar de los hechos.
La medida permite la toma militar de infraestructuras estratégicas y la suspensión de garantías constitucionales, en respuesta a las supuestas amenazas de Estados Unidos
El Ministerio del Deporte afirmó que la decisión sobre el nombramiento del medallista olímpico está sujeta a la formalización del trámite por parte de la Presidencia de la República
Mientras el Gobierno lo defiende como un avance en equidad, los gremios advierten que traerá más costos y pondrá en riesgo a cientos de empresas
WASHINGTON.- El presidente Donald Trump firmó este jueves un decreto que declara que su plan para vender las operaciones estadounidenses de TikTok a inversores locales y extranjeros cumple con los requisitos de la ley de 2024, que establece la prohibición de la aplicación de videos cortos a menos que sus propietarios chinos la cedan. La medida busca garantizar que la plataforma continúe operando en Estados Unidos bajo control mayoritario no chino.El presidente Trump declaró que TikTok será "operado por estadounidenses en todo momento" y afirmó que "aprecia mucho" que el presidente chino Xi Jinping haya aprobado el acuerdo. De todas maneras, se desconocen los detalles del acuerdo real."Con esta orden ejecutiva, se pondrá en vigor efectivamente el acuerdo que salvará a TikTok y garantizará que pueda operar de manera segura", dijo el secretario de personal de la Casa Blanca, Will Scharf, antes de una ceremonia de firma en la Oficina Oval. Trump decidió además retrasar la aplicación de esa ley hasta el 16 de diciembre, en el marco de los esfuerzos por separar los activos estadounidenses de TikTok de su matriz global, atraer capital de inversores nacionales y al mismo tiempo lograr la aprobación del Gobierno de Pekín. Este plazo adicional abre una ventana para que las negociaciones avancen y se evite un apagón de la aplicación en el país.#TL2 | El presidente estadounidense, Donald #Trump, firmó una orden ejecutiva para que el gigante de las redes sociales, #TikTok, quede bajo propiedad estadounidense. ð??ºð??¸#Internacionales pic.twitter.com/bFe9Xc6vRk— Teledos (@teledos_tcs) September 25, 2025La nueva empresa estadounidense tendrá un valor aproximado de 14.000 millones de dólares, indicó el vicepresidente JD Vance. "Hubo cierta resistencia por parte de China, pero lo fundamental que queríamos lograr era mantener TikTok en funcionamiento, pero también queríamos asegurarnos de proteger la privacidad de los datos de los estadounidenses, tal y como exige la ley", afirmó Vance.Según un alto funcionario de la Casa Blanca, en virtud del acuerdo, el algoritmo de recomendación de contenido de ByteDance, que impulsa TikTok, será copiado y reentrenado para funcionar únicamente con los datos de sus usuarios estadounidenses. La empresa de computación en la nube Oracle proporcionará seguridad integral alojando los datos de los usuarios estadounidenses y revisando el código de la aplicación para garantizar que el algoritmo funcione correctamente y sea seguro, según el funcionario.El presidente Joe Biden firmó una legislación el año pasado que exigía que ByteDance de China venda los activos de TikTok a una empresa estadounidense a principios de este año o se enfrentaría a una prohibición a nivel nacional, pero Trump firmó repetidamente órdenes que permitieron a TikTok seguir operando en Estados Unidos mientras su administración intenta llegar a un acuerdo para la venta de la empresa de redes sociales.El mandatario destacó en varias ocasiones la relevancia de TikTok, donde asegura contar con 15 millones de seguidores y a la que atribuye haber contribuido a su victoria en la reelección del año pasado. La plataforma, que reúne a unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos, también fue adoptada recientemente por la Casa Blanca, que abrió su propia cuenta oficial el mes pasado en un intento por llegar a públicos más jóvenes.Alrededor del 43% de los adultos estadounidenses menores de 30 años dicen que reciben noticias regularmente de TikTok, una cifra más alta que cualquier otra aplicación de redes sociales, incluidas YouTube, Facebook e Instagram, según un informe del Pew Research Center publicado este jueves .Agencia Reuters
Las comunidades gobernadas por el PP denuncian una invasión en materia de competencias autonómicas tras la presentación del real-decreto
El futuro de la reforma tributaria y el riesgo de recortes masivos marcarán el debate sobre la sostenibilidad fiscal y la inversión social en Colombia
La decisión del gremio de comerciantes responde a la intención del Ejecutivo de fijar el ajuste por decreto, lo que generó preocupación por el impacto en los costos laborales y la viabilidad de las empresas
El Gobierno confirmó este martes las designaciones de los presidentes de los principales organismos técnicos del agro que habían quedado en suspenso luego del rechazo del decreto 462/2025 en ambas cámaras del Congreso, que planteaba reformas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).El Gobierno oficializó la eliminación de retenciones a las exportaciones de carne hasta octubreSegún el decreto 684/2025 publicado en el Boletín Oficial, a partir del 3 de septiembre fueron designados Martín Famulari, ingeniero agrónomo, como presidente del Inase por un período de dos años. Así como Carlos Raúl Tizio Mayer, ingeniero agrónomo, como presidente del INV; Nicolás Bronzovich, ingeniero agrónomo, como presidente del INTA, y Carlos Alberto Antonio Vera, médico veterinario, como vicepresidente del INTA.Las designaciones llevan las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, y despejan la incertidumbre generada en el sector agropecuario tras la fallida avanzada de desregulación que buscaba reestructurar los organismos descentralizados de la Secretaría de Agricultura.Con esta decisión, el Ejecutivo ratifica la continuidad institucional de los entes clave para la investigación, la fiscalización y el control en materia agropecuaria, semillas y vitivinicultura, luego de semanas de idas y vueltas en torno al futuro de cada uno de los organismos. Vale recordar que el Gobierno había avanzado con la desregulación de varios organismos para achicar el gasto público, amparado en la Ley de Bases, que le permitía al Ejecutivo desregular, modificar estructuras del Estado y avanzar en una gran cantidad de medidas sin pasar por el Congreso. El Ejecutivo había justificado su decisión y calificado de "organismos ineficientes". El decreto que desregulaba los organismos técnicos del agro recibió el rechazo del Congreso. En el medio renunció el anterior presidente del Inase, Claudio Dunan, como presidente del Inase, por no estar de acuerdo con la disolución y que el organismo autárquico pasara a ser una Dirección Nacional, dependiente de la Secretaría de Agricultura. El mismo final iba a tener el INV. Desde entonces, los trabajadores vivían una suerte de incertidumbre por los cambios que buscaba el Ejecutivo. En este escenario, la Justicia también se expidió sobre el INTA y entendió que se configuraron los requisitos de "verosimilitud en el derecho" y "peligro en la demora" para dictar una medida precautoria. En ese sentido, la jueza Martina Isabel Forns ordenó al Poder Ejecutivo "abstenerse"de ejecutar actos administrativos derivados del decreto que impliquen traslados, cesantías, reubicaciones, suspensiones, pases a disponibilidad o supresión de estructuras vinculadas al INTA. La cautelar tiene una vigencia de seis meses.En el pedido de la medida cautelar, impulsada por el secretario general de Apinta, Mario Romero, y el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, las organizaciones gremiales dijeron que el decreto implicaba, en los hechos, la disolución del organismo como ente autárquico y su conversión en una oficina desconcentrada de la administración central, lo que consideran un vaciamiento contrario al decreto-ley 21.680 que dio origen al INTA. También advirtieron que la medida afecta derechos adquiridos, la estabilidad del empleo público y la vigencia de los convenios colectivos que regulan las condiciones de trabajo de su personal. A raíz de los rechazos, el Gobierno dio marcha atrás con los cambios y volvió los organismos a su punto original, según la ley que los ampara.
El expresidente del Senado cuestionó al presidente Gustavo Petro por las descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas
El Gobierno oficializó un decreto para llevar a 0% las retenciones a las exportaciones de granos y subproductos hasta el 31 de octubre, o hasta alcanzar un tope de 7.000 millones de dólares en ventas al exterior, con estrictos requisitos para acceder al beneficio
El presidente de la República se desplazará a Nueva York (Estados Unidos), en medio de la polémica con el país norteamericano, para participar en el 80 aniversario de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas
El Ejecutivo prepara un decreto para prolongar la gestión gubernamental de la EPS, tras incumplimientos en metas de estabilización y deficiencias en el servicio a afiliados, según fuentes del sector salud
La ciudad está ubicada al suroeste del estado de Tennessee. El presidente sostiene que es parte de su lucha contra la criminalidad en grandes ciudades del país gobernadas por la oposición demócrata.
Desde Barranquilla, el presidente del Senado reiteró que el presupuesto general debe discutirse en comisiones y plenarias con garantías para todos los congresistas
La decisión ya había sido adelantada por Manuel Adorni.Entre otras causas, el Gobierno explicó que se trata de fondos que deben destinarse a situaciones de emergencia y que su aplicación es discrecional por parte del Ejecutivo.
La representante a la Cámara por el partido Cambio Radical se despachó en la sesión de las comisiones económicas del Congreso y acusó al ministro del Interior, representante del presidente Gustavo Petro ante el Legislativo, de torpedear la discusión sobre el monto que se debe aprobar para el año entrante
El juez Alejo Ramos Padilla firmó la sentencia. La extensión es de la menos seis meses.
La precandidata presidencial del Centro Democrático, en sus redes sociales, indicó que interpuso ante el alto tribunal un recurso judicial con el que busca evitar que el primer mandatario implemente modificaciones al sistema del país
La falta de consenso y la posible ausencia de cuórum podrían llevar a que el presupuesto para 2026 sea decretado sin debate, lo que genera preocupación entre los congresistas
El concejal reconoció que una fiesta a la que asistió sí fue a las 3:00 a. m., pero aseguró que 'no fue ilegal'. Además, denunció la existencia de sitios clandestinos que operan fuera de la ley y la falta de acción de las autoridades contra esos espacios
A través del Decreto 0965 del 8 de septiembre del 2025, el jefe de Estado, que viene de participar en la gira oficial en Japón, confirmó un nuevo viaje al exterior, por lo que tuvo que endilgar a uno de sus jefes de cartera las funciones como ministro delegatario
Los estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria en algunas regiones del país tendrán un descanso anticipado; no obstante, las horas de clase que se suspendan deberán recuperarse posteriormente
La senadora Paola Holguín aclaró que la medida del presidente Gustavo Petro carece de justificaciones argumentales y técnicas
El Ministerio de Capital Humano reafirmó la "plena vigencia" del decreto 342/25 que modifica la ley de Asociaciones Sindicales, uno de los decretos que no fueron rechazados por el Poder Legislativo.
Luego de que el Gobierno oficializara la emergencia y/o desastre agropecuario en gran parte de la provincia de Buenos Aires, productores del partido de General Viamonte reclamaron con urgencia que el gobernador Axel Kicillof firme el decreto que permita hacer operativa esa medida en su distrito. Dijeron que la situación en la zona es dramática. Los cálculos de la Asociación Rural de General Viamonte indican que la mitad del partido está afectado: más del 50% de las 214.000 hectáreas están inundadas o con serias dificultades de acceso, lo que compromete la siembra de la campaña gruesa, de soja y maíz, y genera pérdidas económicas y productivas de enorme magnitud.Inundaciones: el Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en 12 distritos de la provincia de Buenos Aires"La emergencia agropecuaria se aprobó, pero para que sea operativa se necesita que el gobernador Kicillof firme el decreto. Este es un pedido urgente porque se vienen por delante el pago de muchos impuestos como el inmobiliario en septiembre u octubre y el productor no puede hacerlo", afirmó Ignacio Dorado, presidente de la entidad ruralista, a LA NACION.En este contexto, el dirigente subrayó que la falta de caminos rurales y la caída de puentes agravaron el panorama. "Tenemos tambos y escuelas aisladas, con puentes que están a punto de derrumbarse, como el de Llorente, que mantiene cautivo a un tambo que necesita sacar producción todos los días", enfatizó.Estado de los caminos rurales en General ViamonteProyecto: calculan que se necesitan US$10.000 millones para desarrollar vías navegables secundariasLa medida nacional, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo y publicada hoy en el Boletín Oficial, incluyó a los partidos de Puán, Tornquist, 9 de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, 25 de Mayo, Saladillo y Roque Pérez. El objetivo es ofrecer un marco legal para que los productores accedan a beneficios impositivos como el diferimiento de Ganancias y Bienes Personales, entre otros.Sin embargo, en General Viamonte esos beneficios todavía no son una realidad. "Esto es un pedido urgente. Hay productores que no pueden pagar, que tienen los campos bajo el agua y no pueden acceder a ellos. La situación es muy complicada", remarcó Dorado.Según comentó, desde mayo pasado, la entidad ruralista viene presentando cartas (ocho en total) al intendente Franco Flexas, donde solicitaba audiencias, pero nunca obtuvieron una respuesta. "Nunca nos contestó ni nos recibió", se quejó el dirigente.El contexto productivo es alarmante. Según la entidad, de los 810 kilómetros de caminos rurales, apenas algunos tramos están en condiciones medianas para transitar. En varias zonas, los productores utilizan incluso las vías del ferrocarril como única alternativa para llegar o salir de sus campos. "Hay zonas que se cosechó, pero no se puede sacar el cereal por falta de caminos o por puentes desmoronados. El panorama es muy complicado", insistió Dorado.Las lluvias de las últimas semanas empeoraron el cuadro. "Ahora directamente aparecieron algunos caminos con la imposibilidad de transitarlos; se han cortado porque el agua pasó por sobre el camino y se ha llevado algunas obras de ingeniería, en algunos casos puentes que están en muy mal estado y en otros casos alcantarillas que no han dado abasto. En el último fin de semana cayeron entre 70 y 120 milímetros, y en agosto, cuando la media es de 80, se registraron alrededor de 200. Esto agravó lo que ya estaba muy mal desde mayo", explicó. El impacto social es otro de los puntos sensibles. "Hay caminos cortados hacia La Delfina, con tambos y escuelas aisladas. Hay localidades enteras que no tienen conectividad vial", detalló Dorado.El dirigente recordó que en mayo se constituyó la mesa local para pedir la emergencia, que luego fue elevada a la provincia y avalada por la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires (Cedaba). "Para que esto se efectivice y los productores puedan presentar los papeles y acceder a los beneficios, se necesita que el gobernador ratifique esa declaración mediante un decreto. Y ese decreto hoy no está", dijo.Mientras tanto, los productores enfrentan obligaciones fiscales sin respaldo. "Nos piden pagar impuestos cuando no podemos ni entrar a los campos. La emergencia hídrica no está efectivizada y eso nos pone en una situación límite", advirtió. El dirigente apuntó a la falta de obras hidráulicas y mantenimiento. "Esto es consecuencia de muchos años de dejar de limpiar canales y de no sostener los caminos. Hoy estamos pagando esa desidia", dijo.La entidad ruralista difundió un video en redes sociales para visibilizar el problema. Con imágenes de caminos anegados y vecinos aislados en la zona de La Delfina, acompañaron el mensaje con la frase: "Así están los caminos de General Viamonte. Penosa situación de los vecinos; apoyemos el pedido de soluciones urgentes".El material generó un fuerte impacto. Entre las reacciones de los usuarios se leyeron comentarios como: "Qué triste, imagino la angustia de todos, cuánto olvido", "Si no fuera real parecería una película" y "Lamentable, qué tristeza por Dios".Dorado insistió en que el problema no puede esperar. "Los productores estamos muy comprometidos. No se puede trabajar, no se puede transitar, y encima tenemos que pagar impuestos como si nada pasara", expresó.La declaración de emergencia, de hacerse efectiva, sería un alivio parcial. "Permitiría al menos diferir obligaciones y dar un respiro económico en un contexto dramático. Pero sin el decreto provincial, no hay manera de acceder a esos beneficios", explicó.LA NACION intentó comunicarse con el intendente local, pero aun no obtuvo respuestas. Tampoco respondieron una consulta en el gobierno bonaerense.
La representante Miranda denunció riesgos de corrupción tras la publicación del borrador que elimina requisitos mínimos de experiencia para viceministros, señalando falta de transparencia en el proceso de selección
Con el decreto 627 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo asumió la derrota en el Congreso y, dejando a un lado la estrategia de judicializar el contundente rechazo de diputados y senadores del decreto 345 que afectaba a varios organismos, dio marcha atrás en la reforma de la estructura de la Secretaría de Cultura que se había apurado en oficializar. Se trata de la desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, sin consenso entre legisladores de la oposición y referentes del área (aunque amparada en la ley Bases)."Con este decreto, lo que el Gobierno hace es aceptar que el Congreso declaró nulos de nulidad absoluta e insanable los decretos delegados, con lo cual se restituye la situación normativa que existía antes del dictado del decreto 345 y el resto de los decretos; se considera que el 345 es inexistente, nunca fue dictado, y por eso se retoma la normativa vigente previa a ese momento", explicó el jurista Andrés Gil Domínguez a LA NACION. Pese a que en los considerandos del decreto 627 el Gobierno enfatiza que el rechazo legislativo de los decretos delegados no implica nulidad retroactiva, sino pérdida de vigencia hacia el futuro, restablece la vigencia de las normas anteriores y dispone que la jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía brinden apoyo administrativo, legal y financiero a los organismos restituidos.Más allá de los fundamentos expuestos por el Poder Ejecutivo Nacional que desconocen el efecto de las nulidades previstas por la Constitución argentina, el Decreto 627/2025 (BO 3/9/2025) mediante el cual se restituye la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueronâ?¦— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) September 3, 2025El único "triunfo" del Gobierno en una contienda que llevó meses de debate es que mantendrá las designaciones en los pocos organismos donde puede hacerlo. Federico Brunetti seguirá a cargo del Instituto Nacional del Teatro (INT); Raúl Escandar -que recupera su cargo de presidente tras un breve lapso como director- de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y Luis Tozzo, de la recientemente creada Dirección Nacional de Investigaciones Históricas que iba a agrupar a los institutos nacionales que el Gobierno había disuelto y que, ahora, en algunos casos vuelven a su condición anterior. Exdirectores de institutos nacionales consultados por LA NACION dijeron que toda la "movida desregulatoria" en Cultura había sido un "cachivache" e "innecesaria, como si no hubiera problemas en el país", señaló el presidente del Instituto Yrigoyeneano, organismo que, por el decreto 627, recupera su condición anterior de instituto nacional.https://t.co/bDDIaIBCRC— Yrigoyeneano (@yrigoyeneano) September 3, 2025Un caso emblemático es el del Instituto Nacional Sanmartiniano, que el Gobierno (al no poder disolverlo porque había sido ratificado por ley) quiso convertir en Museo Nacional Sanmartiniano (INS). Incluso se designó a un director, Federico Fischbarg, para un museo que nunca llegó a ser. Con el decreto 627, el INS vuelve a la situación anterior, y Fischbarg (que no tiene estudios de historia sino un vasto currículum como gestor cultural) integrará una terna de la que saldrá el nombre del nuevo presidente; su nombramiento como director perdió validez."Al menos, primó el sentido común -dice a LA NACION el expresidente del INS, el doctor en Historia Claudio Morales Gorleri-. Ya se había corrido la voz entre herederos de la viuda de José Pacífico Otero que no se cumplía con los términos de la donación de la casa. De ser así, los sanmartinianos festejaremos porque es un disparate cambiar un instituto educativo por un museo expositivo sin tener qué exponer". En la misma situación del INS se encuentra el Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón, en el que se había designado a otro efímero director, el arquitecto Juan Martín Repetto. Más allá de los considerandos del decreto 627, que varios juristas consideraron ridículos (como cuando se afirma que las resoluciones de rechazo del Congreso habían provocado "un vacío normativo de extrema gravedad"), el Ejecutivo sostiene que garantizará "el adecuado y continuo funcionamiento de la Administración Pública Nacional", volviendo a "la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas" por el decreto 345.Designaciones confirmadasDesde Cultura informaron que se confirma a Federico Brunetti como titular del INT y "se avanzará internamente en cambios que se consideran de vital importancia para que el Instituto cumpla con sus objetivos primarios y destine el 90% de sus fondos al fomento del teatro, algo que en la actualidad, por su conformación administrativa es de imposible cumplimiento". Según el Gobierno, el 65% de los fondos se destina "a burocracia".En la Conabip, se ratifica a Raúl Escandar como presidente de la Comisión que vuelve a ser un organismo desconcentrado (es decir, autónomo en lo relativo a su funcionamiento, por ejemplo, en el uso de los recursos). La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos también vuelve a su condición anterior (el Gobierno insistirá en que el presidente sea el arquitecto Fernando Ferreyra, que había asumido como director en este lapso). Respecto de los institutos nacionales de investigación histórica Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas -cuya disolución apoyó la subsecretaria de Patrimonio Cultural Liliana Barela-, se convocará a ternas de propuestas para seleccionar nuevos presidentes; desde el Gobierno, comunicaron que estos no cobrarán sueldo, cuando antes también eran ad honórem. Los institutos que dependían del Ministerio de Defensa, como el Belgraniano y el Juan Domingo Perón, no correrán la misma suerte, aunque ambos serán parte de la flamante Dirección Nacional de Investigaciones Históricas.