Tras la primera negativa en la mesa de concertación, el gobierno de Gustavo Petro evalúa que el reajuste al monto salarial de los trabajadores sea expedido antes del 30 de diciembre
El presupuesto para gastos reservados de la Fuerza Aérea Argentina pasó de los $ 15 millones vigentes hasta el 1° de diciembre a los $ 166 millones a partir de una actualización publicada en el Boletín Oficial ese mismo día. El aumento es aplicable al último mes del año e impactó en el presupuesto abierto a partir del 3 de diciembre, según pudo constatar PERFIL. Desde 2023 los recursos por los que no se rinden cuentas crecieron un 3.970%. Leer más
El proyecto del Gobierno abre un fuerte pulso entre plataformas digitales, administradores de propiedades y el sector turístico tradicional
Luego del rechazó del Senado a su veto, Milei promulgó la ley, pero de inmediató la suspendió "porque no aclaraba de donde salían los fondos". Este viernes la Justicia Federal replicó que "desde 2023 el Gobierno ya hizo más de 20 modificaciones presupuestarias", ordenando que "ejecute la ley en forma inmediata en todo el país". Leer más
Las plataformas estarán obligadas a informar sobre los cobros automáticos y los tiempos de renovación con anticipación
La justicia federal restableció la vigencia de la ley de emergencia en discapacidad, que había sido suspendida por un decreto del presidente Javier Milei luego de que fue aprobada por el Congreso, a mediados de este año.La decisión es del juez federal de Campana Adrián Gonzalez Charbay, que hizo lugar a un amparo colectivo y suspendió la vigencia del el art. II del Decreto 681/25, que frenaba la aplicación de la ley y obligaba al Congreso a decir de dónde sacaba los fondos para la implementación.La ley de emergencia en discapacidad fue aprobada por el Senado el 10 de junio último, pero luego, el 4 de agosto, el Presidente la vetó en su totalidad.Sin embargo, la Cámara de Diputados y el Senado insistieron con esta ley, con una mayoría de dos tercios, y dejaron sin efecto el veto. Por eso, el Poder Ejecutivo debió promulgar la norma. Sin embargo, en el decreto de promulgación señaló que hasta que el Congreso no indicara cuáles serían las partidas presupuestarias, la ejecución de la ley quedaba suspendida.Ahora, que la ley de emergencia en discapacidad recuperó su plena vigencia, se deberán pagar una compensación para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre 0,22% y 0,42% del PBI.Asimismo, la ley promueve saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.Además, reforma el sistema de pensiones no contributivas, con un financiamiento adecuado, y dispone auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.También prevé actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.La decisión judicial surgió tras un amparo colectivo impulsado por padres de niños con discapacidad y diversas asociaciones civiles, quienes denunciaron que el Gobierno, tras ver rechazado su veto por el Congreso, promulgó la ley, pero suspendió sus efectos.El juez sostuvo que hubo una violación a la división de poderes y un "veto encubierto", cuando el Presidente tenía la obligación de promulgar la norma. Para el juez, el Presidente ejerció facultades que no le son propias y transgredió el principio republicano de división de poderes. Para el magistrado, la suspensión vía decreto de una ley ratificada por el Congreso es inválida y configura un exceso de las facultades constitucionales.El fallo del juez consideró que el argumento de que la ley no dice de dónde saldrán los fondos para solventarla es una falacia. El fallo destacó que la ley facultó expresamente al Jefe de Gabinete a reasignar partidas para financiar la emergencia. Además, el magistrado señaló la contradicción del Poder Ejecutivo: mientras alega no tener fondos para destinar al área de discapacidad, "ha realizado más de diecinueve modificaciones presupuestarias" discrecionales para otras áreas (como Seguridad y Defensa), operando con un presupuesto prorrogado. "Esta conducta demuestra que el Gobierno tiene la capacidad jurídica y económica, pero elige selectivamente no utilizarla para este sector", afirmó el juez.Sostuvo además que hay una discriminación estructural contra las personas con discapacidad y alertó sobre una vulneración de tratados internacionales. Enfatizó que el Estado argentino tiene obligaciones constitucionales derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de los Derechos del Niño. Al desfinanciar el sistema, "el Estado incumple su deber de protección especial" hacia un grupo en situación de "doble vulnerabilidad", como lo es la niñez y la discapacidad.El fallo tiene efectos para todas las personas con discapacidad del país, sus familias y los prestadores de servicios. Ordena al Estado Nacional que cese la suspensión y aplique la ley votada por el Congreso.El Gobierno puede recurrir esta sentencia y llegar a la Corte con su reclamo.
La nueva orden ejecutiva busca establecer un marco normativo federal que impida la creación de reglas estatales independientes sobre IA, en un intento por unificar la supervisión de esta tecnología en el país
En el segundo día después del anuncio de la baja de retenciones, el mercado de granos volvió a moverse con mucha cautela. En diálogo con LA NACION, los analistas explicaron que gran parte del mercado sigue prácticamente en pausa porque muchos productores esperan que se publique el decreto de reducción con los detalles. Esa incertidumbre deja muy poca oferta disponible y hace que el nivel de negocios sea bajo. A diferencia de ayer â??cuando el trigo fue el que más reaccionó, con subas de entre US$3,3 y US$4 según la posiciónâ?? hoy la dinámica fue mucho más tranquila.En cuanto a los precios, el trigo disponible cerró sin cambios en $246.000 la tonelada, mientras que la posición enero terminó en US$182,3, con una merma de US$0,3 aunque sostiene parte de la mejora del día anterior. "No me cambia la historia": los productores no modificarán sus planes tras la baja de las retenciones, aunque valoran el gesto del GobiernoEn soja, el movimiento también fue acotado: la mercadería disponible subió $3000 y quedó en $503.000, y la posición enero ajustó levemente, en US$0,7, para cerrar en US$345. En maíz, el disponible avanzó $1000 hasta $276.000 y, en el mercado a término, el contrato diciembre subió US$3,5 para terminar en US$189,5.Juan Manuel Uberti, analista de Grassi, señaló que la reducción de los derechos de exportación "no causó mayor impacto en precios", lo que atribuyó a la mínima magnitud del recorte en los cereales. "La baja fue muy poca en puntos porcentuales: un punto porcentual en maíz y dos puntos porcentuales en trigo. A valores FOB actuales, el impacto positivo en precios es relativamente poco (US$2 y US$4, respectivamente)", explicó. En este contexto, indicó que el maíz disponible operó con mejor desempeño en las posiciones de cosecha nueva â??US$182 para abril y US$179 para julioâ??, mientras que el trigo se negoció cerca de US$170 con descarga desde la semana próxima y alrededor de US$165 para entrega hasta el domingo. Desde AZ Group, Lorena D'Angelo, analista, sostuvo que "el mercado de granos continúa prácticamente paralizado, con muy poca oferta por parte de los productores, que esperan la publicación del decreto que confirme finalmente la rebaja de los derechos de exportación". Destacó que el trigo mantiene mayor movimiento "porque se sigue cosechando y hay oferta". Según indicó, la mayor producción obliga a los productores a vender y profundiza una discriminación por calidad. "Con descarga de mercadería el trigo está cercano a los US$170, pero se nota que este trigo viene con calidad baja. Si mejora la calidad a un 10,5% de proteína, el precio sube a US$200; si está en 11%, US$205; y si tiene 10%, US$190 sobre los US$170 contractual", detalló.Para soja y maíz, añadió, la oferta sigue siendo muy limitada: la soja permanece en $490.000 "sin oferta por parte de los vendedores".Octavo exportador: el sector pesquero le volvió a pedir a Caputo que elimine las retenciones porque está "relegado"En soja, Uberti también observó una rueda sin mayores cambios respecto de ayer, con precios firmes en pesos y un aporte externo que fue menor. Aunque el recorte de dos puntos porcentuales en retenciones debería mejorar el precio local en US$8 a US$10 por tonelada, aclaró que la caída internacional borró ese beneficio: "Desde el viernes pasado a hoy la soja en Chicago cayó cerca de US$7, por lo tanto la mejoría local quedó casi neutralizada". El analista Germán Iturriza describió una rueda de bajo volumen y sin grandes movimientos, aunque remarcó que la posición mayo de soja volvió a concentrar operaciones. "El mercado a término sigue operando con un volumen acotado. Sin embargo, la posición mayo volvió a mostrar un movimiento destacado, con cerca de 45.000 toneladas operadas a 322,50 dólares", señaló. Consideró, además, que ese precio resulta atractivo para el sector vendedor: "Se observa que el productor, una acopiadora o algún actor de la cadena considera interesante el valor de 322 dólares para mayo".En maíz, Iturriza habló de un mercado "más activo" en el disponible por la presencia de compradores dispuestos a pagar alrededor de US$200 en operaciones puntuales. En este contexto, Iturriza mencionó la falta de lluvias en zonas productivas clave. "Hay regiones que ya muestran necesidad de agua: el sur de Córdoba, San Luis, La Pampa, el oeste bonaerense, la zona núcleo y el sur de Entre Ríos. No es una situación grave todavía, pero si no llueve podrían comenzar a aparecer complicaciones en el maíz", alertó.
El Gobierno presentó un proyecto para modificar la cobertura del deslizamiento del salario mínimo en el sistema pensional, lo que abrió un debate sobre su alcance y las implicaciones que podría tener en afiliados, aseguradoras y finanzas públicas nacionales
En su último acto al frente del Ejecutivo, el gobernador anunció la firma del decreto reglamentario de la nueva Ley de Narcomenudeo, que entrará en vigencia el 1 de febrero. Leer más
El Boletín Oficial de este martes oficializa el período del 10 al 30 de diciembre para tratar las leyes que impulsa el Gobierno. Leer más
La advertencia de Andrés Velasco señaló que la propuesta del Gobierno podría dificultar el acceso a la jubilación y reducir los beneficios para quienes cotizan en el sistema de ahorro individual en Colombia
El periodista acreditado en Casa Rosada, Alejandro Gomel, detalló las tensiones políticas, las negociaciones por el Presupuesto 2026, la presión de los gobernadores y la intensa agenda del Gobierno en un día marcado por la posible firma del decreto de extraordinarias. Leer más
Las autoridades locales se pronunciarán luego del fallo que determinó el Tribunal Administrativo de Antioquia que el alcalde Federico 'Fico' Gutiérrez expidió el 17 de enero de 2024
La ley, que reconoce y dignifica la labor de quienes buscan a desaparecidos en el país, fue aprobada hace más de un año, con el compromiso oficial era implementarla máximo de tres meses después
El documento se publicará este viernes y se oficializará el próximo martes. Será para tratar la reforma laboral, la modificación del Código Penal y el Presupuesto 2026. Leer más
La preocupación de los gremios radica en el impacto que la medida tendría sobre la cobertura del seguro previsional, un instrumento que protege a quienes enfrentan riesgos de invalidez o fallecimiento
Las ciudadanas pidieron que se reglamente la Ley 2364 de 2024, por medio de la cual se reconoce y protege de forma integral su labor y sus derechos
La representante a la Cámara por la Alianza Verde sostuvo que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, tiene como plan B declarar una emergencia económica en el país
Este miércoles, el Poder Ejecutivo publicó los nuevos valores del salario mínimo, que se encuentran lejos de lo propuesto por la central obrera en el Consejo del Salario. Leer más
La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático presentó un recurso frente al Decreto 1190 del 12 de noviembre de 2025, que creó un comité de expertos ad hoc para el esclarecimiento de hechos ocurridos durante las protestas, no solo de ese año, sino de 2019
Después de una seguidilla de fracasos en el Consejo del Salario, donde no logró en dos años de gestión un acuerdo entre los sindicatos y las cámaras empresarias, el Gobierno dispuso por decreto un aumento del salario mínimo vital y móvil, que se eleva de $322.000 a $334.800 a partir del mes en curso. El 26 de noviembre pasado, durante el Consejo del Salario, las cámaras empresarias ofrecieron un aumento de $4000 y elevar en cuotas el haber mínimo a $349.000 a abril de 2026. Las centrales obreras, en cambio, pidieron una suba mucho mayor. La CGT planteó llevar el salario mínimo a $512.000 ahora y a $553.000 en abril. Coincidió con esta postura una de las dos CTA. La restante, la Autónoma, pidió llevarlo a $736.000. Hoy, en tándem, las centrales obreras rechazaron la suba que resolvió Javier Milei de manera unilateral. "La CGT rechaza por insuficiente el laudo que fija el salario mínimo en $328.400. Exigimos un SMVM que cubra la Canasta Básica y garantice una vida digna", expresó la central obrera peronista en un comunicado. La definición del nuevo piso salarial sirve como referencia para el salario inicial docente, además de ser un indicador para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas. Además, el aumento unilateral, se da en pleno debate por una eventual reforma laboral que el Gobierno pretende que avance en el Congreso en sesiones extraordinarias. Aumentos escalonadosEl nuevo aumento fue determinado por la resolución 9/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El esquema fijado establece aumentos mensuales y consecutivos del SMVM durante diez meses. El primer tramo, correspondiente a noviembre de 2025, fija el salario mínimo en $328.400 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. Para los trabajadores jornalizados, el valor inicial es de $1642 por hora. Estos montos alcanzan a quienes se desempeñan bajo la Ley de Contrato de Trabajo, en el régimen agrario, en la administración pública nacional y en entidades del Estado que actúan como empleadores. En los casos de jornadas reducidas o modalidades especiales, los valores son proporcionales.La CGT rechaza por insuficiente el laudo que fija el salario mínimo en $328.400. Exigimos un SMVM que cubra la Canasta Básica y garantice una vida digna. #CGT pic.twitter.com/q1UJGtT8dI— CGT (@cgtoficialok) December 3, 2025A partir de diciembre de 2025, el ingreso mínimo pasa a $334.800. En enero de 2026 sube a $341.000 y en febrero se ubica en $346.800. Desde marzo, el salario será de $352.400 y, en abril, de $357.800. En mayo se eleva a $363.000, mientras que en junio asciende a $367.800. Para julio, el SMVM será de $372.400 y, desde el 1° de agosto de 2026, alcanzará el tramo final previsto en la resolución: $376.600.La resolución también fija unaactualizacióndel mecanismo de laprestación por desempleo. El beneficio será equivalente al75% del salario mensual neto más altoque el trabajador haya percibido en los seis meses previos al final de la relación laboral. Además, contará con un piso y un tope directamente vinculados al SMVM:en ningún caso podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigenteni superior al 100%.
La Jefatura de Gabinete tendrá una nueva estructura hacia el final de la semana. Con los casilleros del Gabinete de Milei completos, nuevas figuras comienzan a ganar fuerza internamente
La senadora del Partido Alianza Verde cuestionó la defensa del presidente sobre la eliminación de requisitos para cargos diplomáticos, señalando que la normativa vigente no discrimina por raza ni clase social
El presidente colombiano denunció prácticas excluyentes en la política exterior, por lo que sugirió que la diplomacia incorpore a representantes de todos los sectores sociales, buscando mayor integración y modernización
El Ministerio de Defensa oficializó la promoción de 33 miembros de las Fuerzas Militares, reforzando la estructura de mando, aunque persisten vacantes en cargos estratégicos
El haber mínimo permanece en $322.200 desde agosto para quienes cumplen una jornada laboral de 48 horas semanales, mientras que para los trabajadores jornalizados el piso es de $1.610 por hora. Leer más
El borrador, divulgado por el Ministerio del Trabajo, introduce límites a la participación de personal temporal en las empresas y contempla sanciones económicas y administrativas para quienes incumplan las nuevas disposiciones
Unidiplo y Asodiplo advierten que la medida del Gobierno nacional comprometería la calidad y profesionalismo del servicio exterior del país
El precandidato presidencial del Centro Democrático, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, se refirió a lo que sería la "feria de puestos" que avizora en las representaciones diplomáticas de Colombia, por cuenta de la modificación señalada al Decreto 1083 de 2015
El exfuncionario señala que la eliminación de requisitos para acceder a puestos diplomáticos representa un retroceso en la carrera profesional y podría comprometer la confianza internacional en el servicio exterior colombiano
El secretario de Transparencia asumirá el cargo de manera temporal debido a que César Valencia Copete rechazó la jefatura de la cartera
Un nuevo decreto permitiría que ciudadanos colombianos sin título universitario ni experiencia profesional puedan ser designados en los más altos cargos diplomáticos, priorizando únicamente la nacionalidad y la edad mínima de veinticinco años
El juez federal de Campana Adrián González Charvay rechazó el planteo de recusación presentado por el Estado Nacional en la causa en la que se cuestionó el Decreto 681/2025. Afirmó que no adelantó opinión sobre la validez de la norma.
El presidente de la Andi criticó la intervención del diplomático Zhu Jingyang en el debate sobre la eliminación de aranceles a hilos importados, y advirtió sobre riesgos laborales e industriales
El presidente Javier Milei firmará en las próximas horas el decreto que devolverá el Registro Nacional de las Personas (Renaper) al Ministerio del interior, luego de que la semana pasada, horas antes de la jura de Diego Santilli en la cartera, el área pasará a Seguridad.El decreto podría incluirse esta noche en el Boletín Oficial. En el decreto también se incluirá que la subsecretaria de Deportes también pasará a la órbita de Interior. En tanto que Turismo y Ambiente, las otras dos áreas que estaban junto a Deportes bajo la tutela de Daniel Scioli, quedarán en Jefatura de Gabinete, con el exgobernador bonaerense del PJ a la cabeza, trabajando junto al jefe ministros, Manuel Adorni. En la Casa Rosada aseguraron que el cambio es por la "importancia" de que el área de Deportes este bajo la órbita del Ministerio del Interior, en relación con el posible intercambio con los gobernadores. En Balcarce 50 buscan reconducir los diálogos con los mandatarios provinciales para construir apoyos. No solo en lo inmediato, con los votos para aprobar Presupuesto 2026 y las denominadas reformas de segunda generación, sino también a futuro, para posibles discusiones parlamentarias.En la subsecretaria de Deportes seguiría Diógenes de Urquiza, desde 2024 en el área. Marcha atrás con varios cambiosLos cambios en el área comenzaron a darse a través del Decreto 793/2025, publicado el martes 11 en el Boletín Oficial, en el que el Poder Ejecutivo modificó la Ley de Ministerios y traspasó tres áreas clave que formaban parte del Ministerio del Interior a la jefatura de Gabinete de Adorni.Entre ellas se traspasaron las atribuciones en materia de Turismo, Ambiente y Deportes, en detrimento del Ministerio del Interior, ya que hasta entonces se encontraban bajo su órbita.Lo mismo sucedió con la Dirección de Migraciones y el Renaper. Todo fue poco antes de la jura de Santilli al cargo, en la que también apenas horas después de conocida la decisión administrativa, desde Casa Rosada hablaron de un "error". En tanto que voces más críticas apuntaron a una delimitación de las atribuciones a Santilli, lo que luego fue subsanado con este nuevo decreto. La Dirección de Migraciones es la única que seguirá en el lugar al que fue traspasada 8 días atrás: la cartera de Seguridad. en Casa Rosada explicaron que se trata de una decisión en línea con la búsqueda de agilizar trámites del área y de crear una Policía de la Frontera.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate aseguró que la decisión del Gobierno nacional de eliminarle atribuciones para intervenir en la actividad económica del sector "no afecta en nada" su funcionamiento. Leer más
El presidente de la Andi advirtió que la medida del Gobierno podría poner en riesgo miles de empleos en el sector textil, mientras sindicatos expresan alarma por el impacto en trabajadores y familias
POSADAS, Misiones.- A casi dos años de la desregulación de los precios de la materia prima de la yerba mate que establecía el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), hoy el gobierno nacional, con el decreto 812 de Javier Milei, le ordenó que no se entrometa en la libre competencia del mercado. "El INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados", dice el decreto."El Decreto 812/25 con firma de @JMilei, @madorni y @LuisCaputoAR, que reglamenta la ley 26.564, le pone un fin a las regulaciones de precios y cantidades de la producción de yerba mate. Por años se usó un ente público (el INYM) para cartelizar un mercado competitivo perjudicando al consumidor", expresó en X Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado e impulsor de la desregulación yerbatera. "A partir de ahora el INYM deberá focalizarse en la calidad y la promoción, no en ser un interventor de precios y de restricción a la producción, asimilándolo al modelo del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) que logró posicionar exitosamente a la industria argentina del vino a nivel global", agregó.Tensión: polémica por un cambio en la forma de pago del trigo aplicada por los exportadoresNacido de la mayor protesta agraria de la historia de Misiones en 2002, el INYM perdió con el decreto toda potestad de intervenir indirectamente con medidas que equilibren las fuerzas entre los miles de pequeños productores chicos y una industria que acuerda precios y paga poco cuando hay sobreoferta de materia prima, como ahora. "Es el certificado de defunción de 12.500 pequeños productores yerbateros", dijo Jonás Petterson, productor de Andresito y exdirector del INYM. "Se vienen tiempos muy caóticos y muy críticos", aventuró Petterson, "como sucedió en los años 90, ya empezaron los cheques sin fondo y empezaron a desaparecer algunas empresas, incluso industrias que acompañaron este cambio".Petterson estaba como "director a cargo" del organismo yerbatero cuando se publicó el 21 de diciembre el DNU 70/2023 que cambió para siempre la actividad yerbatera. Ese decreto le sacó la potestad para fijar precios. "Ya no hay vuelta atrás, no se puede seguir mirando para atrás, este decreto ratifica que el gobierno nacional está muy firme con las medidas de desregulación en este sector, ya vio todos sus efectos y quiere profundizar el cambio", explicó a LA NACION, un expresidente del INYM, que prefirió el anonimato."Todos y absolutamente todos vamos a terminar administrando pobreza, miseria y la actividad yerbatera pasará a ser marginal, indicó Manfredo Seifert, productor de Montecarlo y referente de Coninagro en Misiones. El decreto no introduce muchas modificaciones a las que ya había, según los expertos consultados. Sin embargo, un cambio que incorpora es la liberación total del calendario de cosecha. Hasta ahora, estaba prohibido cosechar en octubre y noviembre, por una resolución del INYM. Una veda que se respetaba a rajatabla y se implementaba para cuidar yerbales y permitir la regeneración de las plantas.La cosecha arranca cada año con la zafriña o cosecha fina, que va de diciembre a marzo, y explica el 10% de la producción total anual de hoja verde. "Durante 20 años, los precios de la yerba mate se han ido incrementando y mejorando, con acuerdos del INYM o la mayoría de las veces por laudo de la Nación", explicó Petterson.El texto del decreto publicado hoy, que sorprendió a todos en Misiones, también reaviva las preocupaciones por el futuro de los 80 empleados del organismo, cuya sede está ubicada en la calle Rivadavia, pleno centro posadeño. Hoy el INYM se financia con la estampilla que lleva cada paquete de yerba mate, pero ese valor, en los dos años del gobierno de Javie Milei, no fue actualizado y continúa en los 25 pesos por kilo que fijó Sergio Massa antes de dejar el Ministerio de Economía.La Secretaría de Agricultura dejó en claro que no se aprobarán nuevos incrementos. Técnicamente llamada "Tasa de Fiscalización", Sturzenegger ya dijo varias veces públicamente que quiere eliminarla, pero aún no lo hizo porque necesita de una ley.Desde hace tiempo el gobierno nacional le ha pedido al INYM un plan para reestructurarse, y hoy nuevamente volvió a reiterarle ese mandato. "Resulta necesaria una modernización del INYM, de manera que focalice sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo", indicó el decreto.Sin embargo, en el INYM no hay un presidente que pueda ordenar acciones, el organismo está "acéfalo" desde el 10 de diciembre de 2023 y hasta el gobierno de Misiones se retiró de la defensa del pequeño productor yerbatero, tras la victoria de Javier Milei el 26 de octubre pasado. "Yo proponía defender al productor yerbatero, pero los misioneros eligieron otra cosa", dijo el exgobernador Oscar Herrera Ahuad. En tanto, el gobernador actual, Hugo Passalacqua, indicó: "Ante las nuevas medidas oficializadas hoy por el gobierno nacional en torno al Instituto Nacional de la Yerba Mate, nos sentimos en la obligación de reiterar nuestro llamado de atención sobre los riesgos de mayor concentración en el sector. Es, fue y será siempre nuestra prioridad cuidar a toda la familia yerbatera: productores, tareferos, cooperativas e industrias. Solo un mercado equilibrado garantiza que todos puedan vivir de su trabajo".
El gobierno nacional le dio otro golpe al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), nacido en 2002 para regular la actividad y fijar precios, y ahora le impidió que dicte cualquier medida que pueda afectar la competencia en el mercado.A través del decreto 812, que lleva la firma del presidente Javier Milei, se modificó el artículo 8 del decreto 1240 del 12 de julio de 2002 que reglamentaba el funcionamiento del INYM. Ese artículo decía: "El INYM deberá implementar las medidas que resulten necesarias y convenientes para facilitar el equilibrio entre la oferta y la demanda de la yerba mate y derivados". El nuevo artículo modificado ahora señala: "El INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados".La inundación en Buenos Aires ya es la "más grave en 10 años": hay 5,8 millones de hectáreas afectadas y se perderían US$2000 millonesVale recordar que, en diciembre de 2023, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23 introdujo modificaciones sustanciales en el INYM, donde confluyen gobiernos de las provincias productoras, los yerbateros y las empresas. Entre otras, le quitó la potestad de fijar precios para la materia prima.En los considerandos del decreto de hoy se señala que "resulta necesaria una modernización" del INYM "de manera que focalice sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo".Maneja 6000 hectáreas: la familia que cambió el mapa de producir carne en una región cuenta su fórmulaSegún el decreto, el organismo tendrá 30 días para adecuar toda normativa que contradiga lo establecido en el nuevo artículo 8°. También se dispuso la derogación de los artículos 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del decreto N° 1240. Esos artículos facultaban al INYM a tomar medidas que limiten plantaciones, fijar precios, entre otras. Hace unas semanas, un informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, dio cuenta de que con la desregulación el precio cayó 44,3% desde diciembre de 2023."A raíz de las desregulaciones implementadas en el sector yerbatero, los precios reales de la yerba mate registraron una baja sostenida de 44,3% en comparación con el nivel general de precios en diciembre de 2023, mientras que el precio nominal se estabilizó desde julio de 2024â?³, destacó. Agregó que la producción y las exportaciones aumentaron 29% y 16,6% de 2023 a 2024, respectivamente. Recientemente, además, el INYM informó que las exportaciones de yerba alcanzaron los 42 millones de kilos a septiembre. Ese volumen supera las ventas de 2021, 2022 o 2023 y casi equiparan al récord de 2024, cuando se alcanzaron los 43,8 millones de kilos. Se espera que 2025 cierre con más de 50 millones de kilos vendidos al exterior.
El jefe de Estado firmó el decreto que prolonga la emergencia, para reforzar la respuesta a fenómenos climáticos y garantizar recursos para la recuperación de comunidades afectadas
La agencia revocó la buena pro al consorcio Inventa - Sparrow Hills tras no firmar el contrato de explotación y pedir una ampliación de 45 días, alegando una trifulca comercial
Resolvió eliminar la norma por la que las escuelas debían pedir autorización para aplicar subas e informar previamente los valores.La desregulación se publicó este martes en el Boletín Oficial.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó el 5 de noviembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación una modificación al decreto que permite la importación definitiva de automóviles usados provenientes del extranjero, conocidos como "chocolate". La disposición extiende el plazo del programa hasta el 30 de noviembre de 2026, lo que ofrece un período adicional para que los propietarios puedan completar el proceso de legalización.El decreto del gobierno mexicano sobre los autos usados chocolateEl decreto, firmado por Sheinbaum, junto con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora, y el secretario de Economía, Marcelo Luis Ebrard Casaubon, establece que la prórroga tiene como finalidad proporcionar acceso a opciones de movilidad para sectores de la población que enfrentan limitaciones económicas.La extensión del programa representa una continuidad en la política pública iniciada hace más de una década para ordenar el mercado de segunda mano proveniente de otras naciones, comúnmente llamados "autos chocolate".El objetivo central del decreto es mantener un marco normativo que permita otorgar seguridad jurídica a los propietarios de estos coches respecto a su permanencia y uso en el territorio mexicano. Con ello, se busca evitar que existan vehículos en circulación sin reconocimiento legal, lo que podría derivar en incertidumbre patrimonial y dificultades ante autoridades locales o federales.Alcances del decreto sobre la legalización de los autos chocolateSegún la normativa, la extensión retoma el marco regulatorio del instrumento publicado originalmente el 1° de julio de 2011, que reguló la importación definitiva de los coches usados. Desde esa fecha, el marco fue ajustado en diversas ocasiones, con cambios registrados en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 y 2024. Con esto, el gobierno federal ha buscado adaptar esta política a cambios de mercado, economía regional y acuerdos comerciales.Este conjunto de disposiciones tiene como punto de partida ordenar la entrada de vehículos usados y brindar a sus propietarios claridad sobre su situación legal. La política fue presentada como un mecanismo para reducir diferencias de acceso a transporte entre sectores de la población que, en muchas regiones, los utilizan para trasladarse hacia centros laborales, escolares o comerciales.Asimismo, el decreto señala que la región fronteriza norte mantiene una relación económica constante con Estados Unidos por su cercanía territorial. Debido a esa dinámica, se consideró necesario conservar condiciones que permitan la importación definitiva de autos cuyo número de identificación vehicular indique fabricación o ensamble en México, EE.UU. o Canadá, de acuerdo con disposiciones del tratado entre estos tres países (T-MEC).Certificación de origen y reglas del T-MEC para autos usadosEl decreto hace mención directa al T-MEC en materia de reglas de origen. Para que un coche usado sea considerado elegible para trato arancelario preferencial dentro del acuerdo comercial, el importador debe contar con una certificación que demuestre su fabricación en territorio de uno de los tres países firmantes. Esta certificación debe basarse en información verificable relacionada con el proceso de producción.Sin esta certificación, el vehículo no puede recibir el trato preferencial previsto en el tratado, lo que puede implicar costos y requisitos adicionales. Por ello, el productor original es una fuente clave de información para validar el origen. El decreto también recuerda que, bajo el T-MEC, ningún país miembro puede imponer prohibiciones generales para importar coches usados originarios del territorio de otro miembro. Sin embargo, sí permite establecer normas para seguridad automotriz, emisiones y registro vehicular.El documento establece además que México debe impedir la importación definitiva de aquellos que tengan restricciones técnicas, que cuenten con reportes de robo o que, por sus características, estén prohibidos para circular en su país de origen. Esto responde a la necesidad de garantizar que los automóviles regularizados cumplan con estándares mínimos de seguridad y legalidad.Aplicación inmediata del nuevo decreto de autos chocolateEl decreto publicado señala que su entrada en vigor es inmediata y su validez se extiende hasta el 30 de noviembre de 2026. Con esto, se modifica el plazo previamente fijado en un decreto emitido el 4 de noviembre de 2024, que establecía vigencia hasta el 5 de noviembre de 2025.Esta ampliación responde a que las condiciones que motivaron los decretos previos permanecen sin cambios sustanciales. Entre dichas condiciones están las necesidades de garantizar seguridad jurídica, prevenir circulación de vehículos con estatus irregular y acompañar estrategias para fortalecer la economía familiar en ciertas regiones.Además, se subraya la importancia de mantener medidas que permitan continuar la integración económica regional en el marco del T-MEC. Esto incluye asegurar que la importación de vehículos usados se realice bajo procesos formales y verificables.
El Decreto de Urgencia N.º 008-2025 busca optimizar el uso de los fondos estatales mediante restricciones temporales al gasto y la priorización de inversiones en ejecución, con el fin de fortalecer la sostenibilidad fiscal y mantener la estabilidad económica del país
La decisión de aplazar el debate legislativo y la suspensión judicial del decreto del Gobierno han dejado al sector salud sin hoja de ruta, agravando la crisis financiera y operativa en hospitales y EPS
El Ejecutivo aprueba por real decreto varias medidas del plan eléctrico que el Congreso había rechazado en julio, con el objetivo de reforzar la red, impulsar el almacenamiento de energía y acelerar la transición ecológica sin necesidad de una nueva votación parlamentaria
El abogado, empresario y hoy precandidato presidencial aseguró que algunos de los elementos son relacionados con grupos guerrilleros que estuvieron involucrados en actos de terrorismo en el país
Con las celebraciones de Todos los Santos, muchos se preguntan si el calendario de noviembre permitirá extender el fin de semana
Las familias de estudiantes que enfrentan la pérdida del año escolar cuentan con alternativas legales ante las decisiones adoptadas por las instituciones educativas
Por estos hechos, la mandataria buscará resolver la problemática al tener una reunión con aerolíneas y funcionarios aeroportuarios de la Secretaría de Marina este viernes 31 de octubre
El gobierno de Javier Milei oficializó la prórroga del Decreto 514/2021 que permite a los trabajadores que se desempeñan en tareas rurales temporales, como en las cosechas en las economías regionales, mantener sus planes sociales. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial mediante el Decreto 777/2025, extiende por un año la vigencia de esa normativa, a partir del 1° de septiembre de 2025, con el objetivo de "asegurar el cumplimiento de los objetivos perseguidos" y consolidar los avances logrados en materia de empleo registrado y protección social."Me dolería que, otra vez, perdamos la oportunidad": el empresario Alejandro Elsztain fue categórico sobre el futuro productivo de la ArgentinaEl decreto, que lleva la firma de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, señala que las medidas establecidas "han contribuido a la inclusión laboral de los trabajadores del sector, a la mejora de sus ingresos y de sus condiciones de vida y la de sus grupos familiares".El vencimiento de la prórroga anterior había generado fuerte preocupación en todos los sectores de las economías regionales. Productores, sindicatos y entidades empresarias advertían que su caída podía provocar una nueva ola de informalidad laboral. La compatibilidad entre planes y trabajo formal había sido impulsada originalmente por representantes del agro y sectores gremiales durante el gobierno de Alberto Fernández, y prorrogada en 2023.Para muchos productores, el esquema resolvía un conflicto histórico: los trabajadores rurales podían ser registrados sin perder los beneficios sociales, mientras los productores evitaban sanciones por empleo informal. Los referentes del sector de las economías regionales mencionaron que "el Estado no perdía recursos, ya que los beneficiarios continuaban cobrando las asignaciones y, al mismo tiempo, se realizaban los aportes jubilatorios correspondientes".Cristian Klingbeil, productor de Misiones, explicó que el problema afecta a todas las economías regionales, "desde Misiones hasta el Alto Valle de Río Negro". En esos territorios, el trabajo estacional â??de yerba mate, fruta, aceitunas o uvaâ?? depende de la disponibilidad de mano de obra golondrina. "Cuando no existía esta compatibilidad, la gente prefería trabajar en negro para no perder el plan, y el productor asumía riesgos legales y económicos enormes", sostuvo.La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) habían pedido formalmente la prórroga del decreto, señalando que su continuidad era clave para sostener el trabajo formal en el ámbito rural. "Las economías regionales representan el 70% de la mano de obra rural, es decir, son dadoras de mano de obra intensiva y dinamizadoras de la economía en cada uno de los pueblos", dijo Eduardo Rodríguez, director del sector de Economías Regionales, en su momento. En tanto, José Voytenco, titular del gremio y del Renatre, señaló: "La compatibilidad no es un privilegio, es una política de equidad que reconoce la estacionalidad del trabajo rural".No obstante, sectores sindicales como el Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR) de Misiones remarcaron que la raíz del problema sigue siendo el bajo nivel salarial y las condiciones de trabajo. Según su secretaria general, Ana Cubilla, "no se trata solo de compatibilizar los planes, sino de mejorar los ingresos y la estabilidad laboral para que los trabajadores no dependan de la asistencia estatal".
La norma creada en 2021 fue extendida por un año, ante el reclamo de sindicatos y productores rurales. La decisión se formalizó mediante el Decreto 777/2025, publicado en el Boletín Oficial. Leer más
El Poder Ejecutivo anunció la decisión en medio de una preocupación creciente en el sector ante el vencimiento de la última prórroga. Lo hizo a través de una normativa publicada en el Boletín Oficial que prolonga la medida por un año, contando desde el 1 de septiembre pasado.
La medida había sido promulgada en 2021, luego de que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa expusiera las complejidades para contratar personal por la pérdida de ayudas sociales
La normativa, firmada por los ministros de Salud, Agricultura y Justicia, incorpora a Colombia al grupo de países que han optado por regular la producción, uso y distribución del cannabis con fines médicos
El magistrado Luis Alberto Álvarez defendió el fallo que dejó sin efecto el decreto de salud y señaló que el Ejecutivo fue más allá de sus competencias al modificar la estructura sanitaria
La decisión del Gobierno de autorizar hoy a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a "disponer, enajenar y/o transferir", entre otros terrenos, 41 hectáreas que tiene el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la estación experimental de Cerrillos, Salta, generó preocupación entre los trabajadores del organismo del lugar, según pudo saber LA NACION, además de dudas sobre el proceso. El predio fue incluido en el decreto 765/2025 de Javier Milei que desafectó otros terrenos cuyo fin sería, interpretaron, para recaudar fondos, reducir gastos de mantenimiento y achicar la estructura del Estado.Plan: el Gobierno endureció controles para erradicar una importante enfermedad endémica de los porcinosEn agosto pasado, a través de un "permiso de uso precario y gratuito con compromiso de compra" se había llegado a un entendimiento por el mencionado lugar entre el gobernador Gustavo Sáenz y el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Alberto Pakgojz. El destino indicado era el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) para desarrollar proyectos de urbanización orientados a paliar el déficit habitacional. Sin embargo, con el decreto 765/2025, dijeron a este medio puertas adentro del INTA salteño, las dudas volvieron a estar sobre la mesa porque se habla de "disponer, enajenar o transferir". LA NACION intentó tener la versión de las autoridades provinciales y nacionales sobre qué va a pasar con las tierras, pero no hubo respuesta a los pedidos. Vale recordar que el primer avance sobre el lugar se había realizado sin el aval del Consejo Directivo del INTA, que luego con el correr del tiempo manifestó su "no objeción" a la iniciativa y firmó actas avalando la decisión. Sus miembros acordaron que no se opondrían a la cesión de la fracción ubicada sobre la ruta nacional 68 y la Circunvalación Sureste, en Cerrillos, bajo ciertas condiciones: que el gobierno provincial mantuviera el compromiso de contribuir con las necesidades del organismo y que, en caso de concretarse la compra, el INTA recibiera su participación económica correspondiente.Más allá del decreto de hoy, el avance sobre esta propiedad se da mediante la normativa vigente de los decretos 636/2024 y 1382/2012, que facultan a la AABE a otorgar permisos, transferir o enajenar inmuebles del Estado sin requerir la conformidad del organismo que los ocupa, siempre que el uso original no se vea afectado.En la estación experimental, quienes fueron designados como "custodios de las tierras", hay malestar. Según contaron a LA NACION, el equipo de técnicos, como lo ha hecho en los últimos años, lo ha venido usando: en la última campaña fue para una parcela de soja. "Entendíamos que seguíamos en custodio de las tierras", comentaron fuentes de la experimental, quienes se sorprendieron con la publicación del último decreto, sobre todo por la poca claridad. En el decreto anterior, señalaron, se había omitido aclarar cómo se haría el traspaso. Además, la misma fuente observó que para "enajenar" se debió haber hecho una tasación que no se realizó. "Nos desafectan la propiedad y nos dejan como custodios. Las estuvimos usando, son tierras ubicadas sobre una autopista muy importante, y las estamos sembrando para mantenerlas ocupadas", explicaron. El equipo de la experimental entendía que seguía bajo esa figura, aunque sin poder de decisión. "Hoy nos enteramos de que se hizo la transferencia. La resolución habla de disponer, enajenar o transferir, por lo tanto, puede ser cualquier cosa", puntualizaron bajo reserva de identidad. Actualmente, la estación de Cerrillos administra 1105 hectáreas, de las cuales las 41 afectadas representan "una fracción muy importante". "No tenemos más información al respecto", señalaron puertas adentro del INTA salteño. El predio tiene múltiples usos: producción agrícola, ensayos experimentales, actividades de investigación, zonas de recreación y bosque nativo, e incluso infraestructura histórica."Tenemos un casco muy importante que fue un edificio de los jesuitas y donde se firmó el Pacto de Cerrillos. Además, el campo brinda un servicio ecosistémico de regulación hídrica: controlamos el escurrimiento de agua de lluvia del Valle de Lerma para evitar inundaciones. La presión urbana sobre el campo es muy fuerte, pero este espacio cumple una función ambiental", explicó. Según los técnicos del organismo, las obras ejecutadas redujeron considerablemente las inundaciones sobre la población aledaña, aunque advierten que quedaron proyectos inconclusos por falta de presupuesto. "Tenemos de un lado estas 41 hectáreas y del otro el resto del campo productivo", explicaron. Detallaron que el Gobierno las enajene ahora puede significar una amenaza sobre las hectáreas que quedan del otro lado de la circunvalación: "Es un antecedente que no nos agrada y nos da un poco de miedo".Para la experimental y el INTA, la transferencia de estas tierras "implica una pérdida", y no solo productiva. "Es también una pérdida en generación de conocimiento: los ensayos de campo que surgen de la estación se llevan a práctica para probar avances tecnológicos a mayor escala. No se trata solo de tierra cultivable, sino de un espacio de experimentación, transferencia y vinculación con la comunidad", precisó.
Ana María Vesga, titular de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, hizo énfasis en cómo persiste la incertidumbre en sector mientras se define el rumbo normativo y operativo de la atención en Colombia
La decisión frena temporalmente la implementación del nuevo modelo de atención territorial diseñado por el Ministerio de Salud y obliga al Ejecutivo a detener los actos derivados del decreto hasta que haya fallo de fondo
Para la Policía Nacional, este hallazgo podría indicar un nivel de planificación que va más allá del delito común
Documento confirma que la medida durará 30 días y solo aplicará a Lima Metropolitana y Callao
El decreto supremo publicado en el diario El Peruano precisa qué actividades deberán obtener permisos específicos durante los próximos 30 días
La cabildante Heidy Sánchez (Unión Patriótica) se fue en contra del mandatario distrital, Carlos Fernando Galán, por cuenta del Decreto 293 de 2025 y que, de acuerdo con la denuncia de la dirigente política, tiene su génesis por cuenta de la resolución firmada por Carlos Fernando Galán
Con la medida, el Gobierno nacional busca dejar atrás meses de incertidumbre de los ciudadanos por el diligenciamiento del documento
El sector energético colombiano expresa preocupación por la nueva normativa que obliga a vender el 95% de la energía mediante contratos, advirtiendo riesgos para la competencia y la sostenibilidad financiera de las empresas
El primer mandatario explicó que, aunque la eliminación será inmediata, el trámite requiere tiempo por la necesidad de anonimizar los datos de posibles víctimas
La norma, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, fija pautas para la contratación a largo plazo y el fortalecimiento del mercado regulado en beneficio de los hogares
El vencimiento de un decreto del gobierno anterior, que permitía compatibilizar los planes sociales con los trabajos temporarios, volvió a poner en estado de alerta a las economías regionales vinculadas al agro. La medida, impulsada en su momento por productores y entidades gremiales, había logrado resolver un conflicto histórico: los trabajadores podían mantener los planes sociales, mientras realizaban tareas formales durante las cosechas. Sin embargo, desde septiembre, esa compatibilidad dejó de estar vigente y la situación regresó al punto de partida: miles de obreros rurales podrían negarse a ser registrados por temor a perder los subsidios, y los productores quedarían expuestos a sanciones por empleo informal. Las entidades gremiales, además, apuntan a que el dueño de la producción debe mejorar los salarios. Ante una consulta de LA NACION, en la Secretaría de Trabajo dijeron que ya se solicitó la prórroga. "Son unos asesinos": la desazón de un productor correntino al que le mataron 11 vacas a tiros en la costa del río UruguayCristian Klingbeil, productor yerbatero y uno de los impulsores de la normativa, explicó que el problema atraviesa todas las economías regionales del país, desde Misiones hasta el Alto Valle de Río Negro. "En Misiones tenemos trabajo temporario; en otras zonas hay trabajo golondrina, donde los obreros van rotando entre distintas cosechas â?? de uva, aceituna, yerba o frutaâ??. Cuando no existía esta compatibilidad, la gente prefería trabajar en negro para no perder el plan, y el productor terminaba asumiendo riesgos legales y económicos enormes", señaló. Según Klingbeil, el Estado nunca perdió dinero con esta medida, porque los trabajadores seguían cobrando la asistencia social y, al mismo tiempo, se realizaban aportes jubilatorios por los meses trabajados.La necesidad había nacido de un largo reclamo que comenzó durante el gobierno de Alberto Fernández y se materializó en el decreto 514/2021 y prorrogado con el decreto 423/2023, tras el trabajo conjunto de productores, funcionarios y representantes gremiales. El objetivo era evitar que los trabajadores quedaran desprotegidos al terminar la cosecha, algo que ocurría con frecuencia: al perder los planes durante los meses de empleo formal, luego tardaban mucho en recuperarlos. "Eso generaba conflicto, porque el productor quería blanquear y el obrero no quería perder el beneficio. Tenían razón los dos, por una negligencia del Estado", remarcó Klingbeil.La falta de prórroga de esta medida podría generar una nueva ola de informalidad y desánimo en las economías regionales. "El gobierno anterior entendió el problema, no se entiende por qué este no puede hacerlo también. No fue una locura del kirchnerismo, fue una medida que surgió de las economías regionales, con apoyo de todos los sectores. Si algún día la economía se reactiva, se podrá dejar de lado naturalmente. Mientras tanto, necesitamos que continúe para sostener el trabajo en blanco, los aportes y la dignidad de la gente que vive del campo", precisó.Enrique Ozeñuk, es un productor yerbatero que se vería afectado con esta situación: "Esta caída de compatibilización de los trabajos rurales con los planes sociales va a traer serios problemas en todo lo que tanto se luchó, que es el blanqueo del personal y la corresponsabilidad gremial. Se había logrado la compatibilidad y ahora se va a perder la asignación familiar de quienes fueron blanqueados. Va a ser un problema bastante complejo. Aún no sabemos cuál va a ser el impacto, pero no será bueno", advirtió. Según dijo, el que trabaja en blanco corre el riesgo de no recibir ninguna otra ayuda del Estado.Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), de Misiones, y dirigente de Fetara, vinculados a la CTA, advirtió que la caída del decreto no resolverá los problemas de empleo del sector, ya que la raíz del conflicto es el bajo salario que se paga y las condiciones de trabajo a destajo. En la cosecha yerbatera y citrícola los obreros cobran por producción y no por salario fijo, lo que genera una gran inestabilidad. "Lo que producís es lo que cobras: en la hoja tenés que hacer una tonelada para ganar $35.000 o $40.000 por día. No hay forma de hacerlo. Haces como mucho 500.000 kilos por día y eso es un montón. Poca gente llega", dimensionó. A su juicio, el problema no pasa por la compatibilidad, sino por la necesidad de mejorar los ingresos que pagan los productores para evitar que los trabajadores dependan de planes sociales."No tiene nada que ver la compatibilidad o incompatibilidad de trabajo en blanco con los planes sociales. No porque sacaron los planes sociales, van a tener menos trabajadores, el problema es salarial, el destajo: de cuanta hoja vayas a tener que hacer, para poder vivir bien", resaltó y dijo que esto nunca se pudo resolver. Remarcó que los 10000 millones de kilos de la zafra en esa región se hacen igual. Según Cubilla, muchos obreros migran temporalmente a Brasil, donde consiguen un mínimo de $100.000 por día que les queda libre de otros gastos. "Tenemos un trabajo cíclico: trabajamos seis meses y los otros seis que Dios te ayude. La propuesta y reclamo es que como la de cualquier otro trabajador. Estamos viajando a todos lados del país buscando trabajo en diferentes producciones", dijo. Hay 2.000.000 de trabajadores rurales a nivel nacional. En la provincia Misiones hay 10.000 trabajadores registrados en la yerba mate, según datos del gremio. El problema llegó hasta el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), donde el presidente, Ricardo Diab, llevó adelante una reunión con 15 candidatos a legisladores nacionales para exponer la situación de los diferentes sectores. "Las economías regionales representan el 70% de la mano de obra rural, es decir, son dadoras de mano de obra intensiva y dinamizadoras de la economía en cada uno de los pueblos", dijo Eduardo Rodríguez, director del sector de Economías Regionales. Remarcó que avanzar en una reforma laboral es clave para promover la generación de empleo genuino y adaptarse a las nuevas realidades. José Voytenco, secretario general de Uatre, señaló en un comunicado que presentó una nota formal ante el Ministerio de Capital Humano, conducido por la ministra Sandra Pettovello, solicitando la prórroga del decreto, "convencido de que su continuidad es fundamental para seguir promoviendo el trabajo formal y decente en el ámbito rural". "La compatibilidad entre el trabajo registrado y las prestaciones sociales no es un privilegio, es una política de equidad que reconoce la estacionalidad del trabajo rural y protege a quienes sostienen con su esfuerzo la producción nacional", remarcó.
El documento preliminar plantea reducir los años de experiencia exigidos, eliminar requisitos en la formación académica y permitir que el presidente realice los nombramientos sin convocatoria pública
Con la publicación del Decreto 450/2025, el gobierno nacional inició la transformación más profunda del sistema eléctrico desde los años 90. Bajo las facultades delegadas por la Ley de Bases, el decreto reescribe pilares de las leyes 15.336 y 24.065, redefine el servicio público de electricidad como un mercado libre y reduce drásticamente la presencia estatal en la planificación y regulación del sector.La necesidad de actualizar un régimen distorsionado y dependiente de subsidios es innegable. Pero hacerlo sin debate parlamentario, sin participación de las provincias ni de los usuarios, significa avanzar sobre competencias locales y derechos ciudadanos con un instrumento excepcional que se pretende convertir en regla.El Decreto habilita contratos directos entre privados, la libre elección de proveedor, la autogeneración y la exportación de energía. Detrás de ese lenguaje de 'libertad económica' se oculta una reconfiguración del Estado energético: el Poder Ejecutivo fusiona el ENRE y el Enargas en un solo ente â??pese a que electricidad y gas responden a jurisdicciones distintasâ?? y limita la participación del Consejo Federal de Energía Eléctrica, que garantizaba la voz de las provincias. El resultado previsible: menor control técnico, menor equilibrio institucional y mayor concentración en pocas manos.El servicio eléctrico no es una mercancía. La Constitución Nacional protege a los consumidores frente a abusos de mercado y garantiza su derecho a tarifas razonables, información clara y condiciones de acceso equitativas. El fallo CEPIS de la Corte Suprema reafirmó que los servicios públicos integran el núcleo de los derechos sociales y que toda modificación tarifaria debe respetar criterios de razonabilidad, gradualidad y participación. El decreto, al convertir la electricidad en un bien de libre contratación, rompe ese equilibrio constitucional y traslada la definición del precio de un derecho esencial al interés del mercado.El Congreso y los límites de la emergenciaEl artículo 76 de la Constitución prohíbe delegar facultades legislativas permanentes. La regulación del sistema energético â??por su naturaleza estructural y federalâ?? exige debate parlamentario y consenso político. Gobernar por decreto en esta materia implica debilitar la República: el Congreso pierde su rol de arquitecto del modelo energético y la emergencia se convierte en una forma de gobierno. Es cierto que en materia energética la emergencia ha sido la regla durante el último cuarto de siglo, pero no puede ser el argumento para una liberalización indiscriminada, de la noche a la mañana, a través de un decreto delegado. El sector requiere un debate amplio, con la participación de universidades, provincias, municipios, organizaciones especializadas y sectores productivos, industriales y sindicales. Más aún cuando se trata de uno de los pilares del desarrollo argentino.Federalismo bajo amenazaUno de los aspectos más preocupantes del Decreto 450/25 es la responsabilidad solidaria que impone a provincias, municipios, distribuidoras y cooperativas por las deudas con Cammesa, incluso alcanzando a los entes de control y funcionarios locales. Se trata de una cláusula coercitiva e inconstitucional, que desconoce la autonomía provincial y busca disciplinar a las jurisdicciones mediante la amenaza económica. La distribución eléctrica es una competencia provincial indelegable: trasladar la deuda al patrimonio de intendentes o funcionarios viola el federalismo y el principio de responsabilidad limitada del Estado local.El Gobierno pretende resolver a las patadas una crisis estructural del sistema tarifario, con distribuidoras quebradas por tarifas congeladas en pesos y generadoras con rentabilidad asegurada en dólares. La solución a la ruptura del equilibrio económico y financiero del sistema requiere mayor profundidad y responsabilidad por parte del Estado, no la imposición unilateral de sanciones.Energía y desarrollo territorialLa electricidad no sólo abastece hogares e industrias: define la posibilidad misma del desarrollo. Sin redes de transporte eléctrico robustas y planificadas, el interior productivo seguirá dependiendo del consumo urbano. El decreto omite cualquier referencia a la expansión de infraestructura â??líneas troncales, estaciones transformadoras, obras que sostienen la producción y el arraigoâ?? y al retraer la inversión estatal, condena a las regiones menos rentables a quedar fuera del mapa energético nacional. La experiencia demuestra que el sector privado no invierte donde no hay rentabilidad inmediata. Y es precisamente en esos territorios donde el Estado debe actuar, no sólo como regulador y garante del desarrollo equitativo, sino también como inversor estratégico. La pretendida desregulación y la fe ciega en el libre mercado sólo traerán más abandono del interior productivo, que seguirá atrapado en la dependencia de la producción primaria sin agregado de valor.Paralelamente, el Gobierno impulsa la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Enarsa y las centrales hidroeléctricas del sur, que deberían haber retornado al dominio estatal tras el vencimiento de sus concesiones. La desregulación normativa y la privatización patrimonial forman parte del mismo proceso: transferir activos estratégicos a operadores privados, reduciendo la soberanía sobre los recursos energéticos y la capacidad de planificación del Estado.Ya se ha demostrado que privatización, desregulación y libre competencia en sectores estratégicos como la energía no abaratan precios, sino que fomentan la concentración y la cartelización. El ejemplo de la telefonía celular e Internet lo demuestra con claridad.Poco después del decreto, la Secretaría de Energía publicó los Lineamientos de Política Energética 2025, que profundizan la desregulación. Reducen el rol de Cammesa, liberalizan los precios mayoristas, focalizan subsidios y habilitan exportaciones privadas. El Estado se retira del control, los precios se dolarizan y la energía se convierte en un bien financiero más.De consolidarse este modelo, el impacto será devastador para los usuarios y las economías regionales: aumentos abruptos de tarifas, pérdida de competitividad industrial y traslado del costo fiscal directamente al consumo. El riesgo más grave es la consolidación de un sistema volátil, concentrado y dependiente del mercado financiero internacional, donde el precio de la energía deje de reflejar la riqueza de nuestros recursos y pase a depender de la especulación.La energía en Argentina no es cara por sus costos de producción, sino por cómo se distribuye el valor agregado dentro del sistema. Los generadores cobran en dólares, los transportistas garantizan rentabilidad, y las distribuidoras provinciales y cooperativas sostienen la red con tarifas congeladas durante dos décadas. Aun con los nuevos esquemas tarifarios, el sistema sigue concentrando renta en los segmentos de mayor poder económico, mientras los usuarios pagan tarifas que garantizan ganancias privadas más que eficiencia o equidad.El fomento de las energías renovables, sin planificación federal, repitió esa lógica: altos retornos dolarizados para unos pocos, financiados por todo el sistema eléctrico común. Corredores patagónicos y norteños con grandes parques eólicos o solares que alimentan los grandes conglomerados urbanos, mientras encarecen el acceso a la energía de las poblaciones locales que conviven con ellos. En muchos casos, pueblos enteros vieron transformada su geografía por la infraestructura de las renovables sin siquiera acceder a la energía necesaria para su propio desarrollo.Modernizar con Estado y con federalismoLa Argentina necesita modernizar su sistema energético, pero no a cualquier precio. Sin Estado, no hay equilibrio; sin federalismo, no hay desarrollo. La libertad económica sin justicia social termina en concentración, y la desregulación sin planificación conduce a desigualdad. El desafío no es elegir entre Estado o mercado, sino construir reglas que garanticen que la energía sirva al arraigo, la producción y la igualdad de oportunidades. Modernizar, sí. Pero con instituciones fuertes, con provincias partícipes, con usuarios protegidos y con un Congreso que vuelva a ser autor del modelo energético argentino.__________________El autor es abogado, integrante del Movimiento Arraigo
Varias veces hubo ejercicios militares de fuerzas militares internacionales en Argentina, pero deben ser autorizadas por ley en el Congreso. Saltear pasos legales con un decreto del Poder Ejecutivo es inconstitucional. Leer más
La ley estaba "suspendida en su aplicación" por un decreto presidencial que acaba de ser rechazado. Leer más
La formación morada ha tachado en varias ocasiones de "embargo fake" por ser "un coladero" que "no acaba con las dos principales contribuciones de España al genocidio en Palestina"
A través de un Real Decreto, el Ejecutivo introduce filtros de calidad más estrictos para la creación de nuevos centros
Ione Belarra mantiene que la posición del partido es contraria pero asegura que no quieren ser "la excusa"
El partido opositor expresó que el país atraviesa desde "hace años" un "estado de excepción permanente que solo ha servido para perseguir, encarcelar y silenciar" a los que piensan distinto
La exdirectora del Dapre, exjefe de Despacho, exdirectora de Prosperidad Social y excanciller, asumirá la representación diplomática de Colombia en el país europeo, en reemplazo del hoy precandidato presidencial Roy Barreras