corrupción

Pro alertó sobre un rebrote de inseguridad y la falta de avances en la lucha contra la corrupción en la era Milei

A dos meses de la última cena de Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri que selló el divorcio entre ambos dirigentes, Pro volvió a tomar distancia respecto del líder de La Libertad Avanza y reclamó por una mayor inversión en infraestructura y un fortalecimiento institucional. Aunque reconocen los avances de la administración libertaria en cuanto a baja de la inflación y equilibrio de las cuentas públicas, destacan que "el orden macroeconómico por sí solo no alcanza".Así surge del último informe de la Fundación Pensar, titulado "A mitad de Camino", en el que el principal aliado del oficialismo presentó un balance de los primeros dos años de gestión de Milei. En el think tank que conduce la exdiputada nacional María Eugenia Vidal señalan la lucha contra la corrupción, la reanudación de la obra pública y la inseguridad, entre otros ejes, como las principales deudas de esta primera mitad de mandato.El informe celebra los esfuerzos del gobierno para bajar la inflación y consolidar el equilibrio fiscal y los avances en materia de desregulación económica, un rumbo que -consideran sus autores- se debe profundizar en el corto plazo. En este sentido, destacan la necesidad de completar la liberalización del mercado de cambios y avanzar con una reforma tributaria que genere alivio fiscal entre los empresarios.No es el único cambio que Pro demanda al gobierno. También pide por la aprobación de una reforma laboral, a tratarse en febrero, que permita ampliar la base de trabajadores privados registrados -estancada, según señalan, desde 2014- y cambios que permitan apuntalar un fortalecimiento institucional. Es sobre este último punto sobre el que concentran sus principales críticas a La Libertad Avanza, que se profundizaron tras la postergación de Pro en las listas nacionales y la cena fallida de Macri y Milei en la Quinta de Olivos a fines de octubre, cuando el expresidente cuestionó las divisiones al interior del oficialismo y el encumbramiento de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos yâ?¦— Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025A mediados de noviembre, el exmandatario reunió a la Mesa Nacional de Pro en la sede central del partido, donde se terminó de ratificar la ruptura con LLA. En esa oportunidad confirmaron que el espacio amarillo tendría su propio bloque parlamentario y que se dedicaría a reconstruir su identidad a partir, entre otros ejes, de su histórica defensa a la institucionalidad, una deuda por la que ahora presionan al Presidente."Es imperioso que junto a las reformas económicas, el gobierno avance con el fortalecimiento institucional de nuestro país, empezando por la Justicia.", explica Silvia Lospennato, exdiputada nacional y presidenta del bloque Pro en la Legislatura de la Ciudad. Reclama, entre otras cuestiones, porque se insista con una ley de ficha limpia -un proyecto que impulsó durante su paso por la Cámara baja, pero se cayó en el Senado- y se retrotraigan los decretos por los que se quitó la facultad de querellar a la Unidad de Información Financiera (UIF) y se restringió el derecho de acceso a la información pública.En el informe, además, cuestiona el intento de LLA de sortear al Congreso y avanzar con las designaciones de los jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, por decreto. Las dificultades para alcanzar acuerdos parlamentarios -uno de los ejes que no deja de señalar Pro, pese a haber sido un aliado estratégico del oficialismo en este ámbito- afectaron la cobertura de un total de 580 vacantes del Poder Judicial, entre jueces, fiscales y defensores.Las vacantes que sí se cubrieron en otros organismos, por su lado, también supusieron un foco de tensión entre el macrismo y el partido de Milei en materia institucional. El acuerdo del oficialismo y el kirchnerismo para designar a los representantes de la Auditoría General de La Nación (AGN), sin previo aviso, en la misma sesión en que se trató el Presupuesto 2026, abrió un nuevo capítulo en el distanciamiento entre LLA y Pro, incluso con los sectores que mantuvieron un estrecho vínculo con el Gobierno en este primer período."El cambio que defendemos no es cualquier cambio. Es un cambio inteligente, sustentable, de fondo, cuidando las instituciones, con reglas claras y con respeto a la Constitución. Por eso, cerramos el año defendiendo esos valores, incluso cuando eso implica marcar límites, como lo hicimos a la hora de denunciar la inconstitucionalidad del nombramiento de los miembros de la AGN", sostuvo Cristian Ritondo, titular de la bancada amarilla en Diputados, en sus redes sociales. La disputa por los auditores no está mencionada en el informe de la Fundación Pensar.UNA PALABRA QUE DEFINE MI AÑO: CAMBIOEl cambio no es una consigna.El cambio es una decisión que se toma todos los días, incluso cuando cuesta.Este año fue eso: defender el cambio.Cuidamos el cambio cuando en el Congreso todo parecía frágil. Mientras el kirchnerismoâ?¦ pic.twitter.com/Zw8h3PMqe3— Cristian Ritondo (@cristianritondo) December 30, 2025El malestar de Pro en materia institucional, sin embargo, encuentra un límite en la sanción de la Boleta Única de Papel, utilizada por primera vez este año a nivel nacional, y del Presupuesto 2026, que otorga previsibilidad y reduce la discrecionalidad del Ejecutivo en materia de gasto. Pro respaldó la ley de leyes, pese a que no deja de reclamar una mayor inversión en infraestructura, otro de los contrapuntos que lo alejan del oficialismo y que ratificó el balance de la Fundación Pensar. Abogan por la reanudación de la obra pública energética, hidráulica y de transporte a nivel nacional.El texto del think tank macrista advierte, de igual modo, sobre la baja inversión en educación superior -que alcanzó sus niveles mínimos en los primeros dos años de gestión libertaria-, pero pone el énfasis en la necesidad de que el debate educativo trascienda lo meramente presupuestario. "Aún está pendiente implementar políticas para cumplir con el Pacto de Mayo: modernizar la educación inicial, primaria y secundaria, reducir el abandono escolar y lograr la alfabetización plena. Así como sancionar proyectos de ley para institucionalizar evaluaciones de fin de curso, las prácticas profesionales, la educación financiera y programación, entre otras", establece el informe.En cambio, Silvia Lospennato, a cargo del capítulo institucional, destacó la aprobación del Presupuesto 2026. El propio Macri emitió un tuit la semana pasada en el que celebró la sanción de la ley de leyes y destacó el aporte de los bloques de Pro. Los cuestionamientos a la gestión de Milei también alcanzan a una exaliada de Pro. Se trata de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, ahora presidenta del bloque libertario en el Senado y artífice del desguace parlamentario de Pro: ocho legisladores que respondían a su figura migraron a las filas del oficialismo y, en la ciudad, sus legisladores se plegaron al espacio que lidera Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en el distrito.Aunque no la mencionan de manera directa, en la Fundación Pensar plantearon el retroceso en materia de seguridad, lo que deja en evidencia reparos a su trabajo como funcionaria por el aumento de la delincuencia. Según consigna en el balance presentado, "la Argentina terminó 2025 con un incremento del 20% en los episodios vinculados a la inseguridad".

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El 2026 de la Corte Suprema: la mira puesta en los casos de corrupción, se resuelve una causa contra Jorge Macri y preocupan las vacantes

Sin incluso con tres jueces la Corte Suprema de Justicia fue protagonista en 2025 por las condenas en casos de corrupción, como la sentencia que llevó presa a Cristina Kirchner, en 2026 el tribunal continuará con un papel relevante. Tiene en agenda encaminar los dos juicios pendientes contra la expresidenta, rematar sus bienes, acelerar el caso de los Cuadernos de las Coimas y reabrir un expediente de lavado que impacta de lleno en Joge Macri, el jefe de Gobierno porteño.Sin embargo, el tema que más preocupa en la Corte Suprema son las vacantes del Poder Judicial, que según sus proyecciones llegarán al 42 por ciento en 2026. Esta vez, en principio, los jueces de la Corte le creen a Gobierno cuando dice que en marzo serán cubiertas. Los jueces de la Corte Suprema no confrontaron en 2025 con el Gobierno. Atravesaron el año sin que se sumen nuevos magistrados. En abril, el catedrático Manuel García-Mansilla juró como juez de la Corte, y votó, pero tuvo que dejar su despacho porque no obtuvo los votos de los tercios del Senado. Peor aún le fue al juez federal Ariel Lijo, que no logró el favor de los senadores. La llegada de Lijo al máximo tribunal era parte de una jugada mayor que no era recibida con beneplácito en el tribunal. Ricardo Lorenzetti era quien lo promovía y esperaba su arribo, pero no sus colegas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.Las sonoras diferencias públicas entre la dupla conformada por Rosatti y Rosenkrantz y el juez Lorenzetti, que dominaron el final del 2024, no tuvieron la misma resonancia en 2025. De todas formas, las divergencias subsisten, porque son producto de sus diferentes modos de ver la gestión judicial. Eso no impide que a la hora de votar puedan encontrar consensos. En 2025, los jueces de la Corte cambiaron su dinámica de relación con el Gobierno. Después del triunfo electoral de Javier Milei se aceitó un nuevo canal de comunicación, abierto con el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, sin dejar de lado los habituales intercambios con el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.Los mensajes de Whasapp a Adorni son contestados al instante y al cierre del día aparece una solución al problema que le planteaban desde tribunales.Puertas adentro, la Corte Suprema exhibió a fines de 2025 un récord de 15.000 fallos y casi 29.000 causas, "a pesar de estar jugado un partido de 11 con 7â?³ como expresa la metáfora que suele usar el apasionado futbolero juez Rosatti, hincha de Boca, para referirse a las vacantes. Entre esas 29.000 causas, sin duda la mas resonante fue la que determinó la prisión de la expresidenta Cristina Kirchner al confirmar su condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron un voto conjunto en el que rechazaron cada uno de los argumentos que sostuvo la defensa para intentar revertir la condena. Además, la Corte Suprema dejó fime el decomiso de los bienes de los condenados hasta 640 millones de dólares, una medida que se viene demorando porque Cristina Kirchner y el resto de los condenados recurrieron la orden del remate ante la Casación.La Corte tiene previsto ser la que subaste los bienes de la corrupción, estrenando su plataforma de remates por internet, una solución digital para acabar con "la liga de rematadores", una mafia que acordaba subastas con compradores que pagaban menos del valor.La Corte reglamentó que tenía la potestad de administrar los bienes decomisados por la corrupción. Sin embargo, el Ministerio de Justicia, redactó y el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia donde se reservaba el control de esos mismos bienes. Hubo un choque de poderes.Finalmente, los jueces le dieron la razón a la Corte Suprema y suspendieron el DNU de Milei, de modo que la administración de los bienes del delito, incluidos los de la corrupción, será de los cortesanos. La decisión que favoreció a la Corte fue resuelta por la Cámara en lo Penal Económico, con las firmas de Roberto Hornos y Gabriela Robiglio, y se le sumó la Cámara Contencioso Administrativo Federal con los votos de los jueces Liliana Heiland y Rodolfo Facio. Los Cuadernos de las CoimasEl derrotero judicial de las causas de Cristina Kirchner no terminó. La Corte Suprema está mirando qué ocurre con el caso de los Cuadernos de las Coimas, que viene lento. También puso atención en el caso Hotesur y Los Sauces, por lavado de dinero, donde ni siquiera se puso fecha de inicio al juicio oral, y por el caso del Memorándum con Irán.En sintonía con la voluntad de la Corte Suprema, la llegada de Diego Barroetaveña a la presidencia de la Cámara de Casación va a acompañar este proceso, según dijeron fuentes de los tribunales. Barroetaveña, en su triple papel de conjuez de la Corte Suprema, camarista y consejero de la magistratura, tiene la botonera completa para impulsar desde su cargo el demorado juicio de los Cuadernos de las Coimas.Por eso, se prepara una resolución para indicarle al tribunal oral en febrero que debe sesionar de manera presencial, en Comodoro Py, en la nueva y reacondiconada Sala AMIA y realizar audiencias tres veces por semana como mínimo, según confiaron en los tribunales. Actualmete, el juicio se realiza dos veces por semana, vía zoom y no trabajarán durante enero.En paralelo, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la Casación quieren avanzar con el caso del Memorándum con Irán y el caso Hotesur y Los Sauces. El tribunal del caso Hotesur y Los Sauces no le puso fecha de inicio al juicio, a pesar de que la Casación en 2023 y la Corte en 2024 lo instaron a hacerlo. Ahora, el tribunal cambió la integración: a Adriana Palliotti, acompañada por José Michilini, se le sumó por sorteo el juez Rodrigo Giménez Uriburu, que ya condenó a Cristina Kirchner en Vialidad.En el caso Memorándum con Irán, donde también está Giménez Uriburu, el tribunal está pidiendo la Corte nueve contratos para poder arrancar. El año próximo, en el primer trimestre, seguramente se conozca una resolución con la fecha del juicio por el caso Hotesur y Los Sauces, que está a cargo de los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos. Los exfuncionarios que serán juzgados junto con Cristina Kirchner son Carlos Zannini, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, entre otros. El kirchnerismo señala que se trata de un pacto internacional, avalado por una ley del Congreso, por lo que nunca pudo ser un delito, sino que se trató de una decisión política. En materia de corrupción, la Corte Suprema dejó firme en 2025 la condena por la Ruta del dinero K contra Lázaro Báez, su hijo Martín, entre otros, que siguen presos. y confirmó la condena contra Julio De Vido, por la tragedia de Once, que está detenido en la cárcel de Ezeiza. El caso de Jorge MacriPor otro lado, la Corte Suprema resolverá a fin de año un caso que impacta sobre el jefe de Gobierno, Jorge Macri, acusado de lavado de dinero. Para eso designó dos conjueces para fallar si corresponde reabrir una causa por lavado de dinero en su contra o mantener su sobreseimiento.Los conjueces designados por sorteo y que aceptaron la tarea son Abel Sánchez Torres de la Cámara Federal de Córdoba y el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Pablo Candisano Mera.Estos tres jueces deberán votar en el caso junto con Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, que tenían posiciones diversas sobre el caso. La investigación comenzó en 2016 por una decisión de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que investiga "la hipotética canalización de fondos provenientes de actividades delictivas a través de la adquisición de un inmueble" en Miami, por 402.963,62 dólares.Los hechos son de abril de 2011 y fueron realizados por la sociedad, "IconUnit 1704", constituida un mes antes por Jorge Macri -entonces legislador bonaerense- y su entonces esposa, con un capital inicial de 10.000 dólares.Según aquella denuncia, el dinero para esa compra provenía de dos préstamos: uno del banco "BAC Florida Bank" por 219.000 dólares y otro de una sociedad uruguaya, Fawsley SA", por 184.000 dólares, que fue cedida luego a otra firma constituida en Panamá, 'Cometas Company Inc.', y adquirida por una hermana de Jorge Macri.Para los fiscales, según un comunicado de la Procuración "ese último préstamo 'no existió y se trató de un acto simulado, lo que generaba serias sospechas sobre el efectivo origen y procedencia del dinero'".Joge Macri fue sobreseído por la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en un fallo que ratificó la Cámara Federal de San Martín en 2019. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró inadmisible el recurso de la fiscalía. Es así que el caso llegó a la Corte Suprema.La Corte Suprema en 2025 trabajó con casos de libertad de expresión, daño ambiental y avanzó en causas de alto impacto institucional, como los reclamos de las provincias contra el Estado Nacional por sus cajas previsionales. Allí, Córdoba y la Nación alcanzaron un acuerdo ante la Corte Suprema.También en 2025, la Corte puso punto final a los intentos del empresario Pablo Otero, el Señor del Tabaco, a sus reclamos contra la aplicación de impuestos internos a los cigarrillos y dejó sin efecto una media cautelar que le permitió funcionar al Casino Flotante hasta ahora sin contrato vigente.En otros fallos, la Corte instó a los tribunales inferiores a justificar las largas prisiones preventivas dispuestas en causas de delitos de lesa humanidad, al advertir que para la prolongar detenciones "es necesario acreditar, mediante indicios concretos" que existen peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento en la investigación para disponer encierros provisorios y volvió, en otro caso, a exigir al Congreso Nacional que nombre un Defensor del Pueblo, cargo vacante desde hace más de 15 años.Un tema que preocupa a la Corte Suprema es la avalancha de juicios previsionales, y prepara para 2026 alguna decisión de modo de limitar los casos. La primera medida es instar a que las cámaras de apelaciones actúen como tribunales de casación, y dicten plenarios que obliguen a los jueces a unificar criterios para disminuir la litigiosidad.Lo mismo en el caso de los juicios laborales, donde la Corte revolucionó la manera de tramitar de todos los procesos de la justicia nacional en la Capital. Determinó que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ CABA) el "superior tribunal de la causa". Dee ese modo, trasladó a la "Corte porteña" la decisión sobre cómo se ajustan las indemnizaciones laborales, y todas las causas comerciales, civiles y penales de la Capital.La Corte cerró el año con un reclamo al Gobierno sobre la necesidad de cubrir las vacantes en el Poder Judicial. Sus miembros confían en que, luego del mensaje del 1 de marzo de Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el Gobierno envíe al Senado los 203 pliegos que tiene en sus manos.

Elecciones 2026: listas al Congreso incluyen investigados por corrupción, condenados y familiares de expresidentes

Juntos por el Perú ha incluido en sus listas a varios familiares del expresidente Pedro Castillo, algunos de ellos investigados por la Fiscalía

Por las denuncias de corrupción, renuncian conjueces de la Corte Suprema que integran los comités de Ética y Disciplina de la AFA

Son Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, ambos camaristas federales, y se esperan más renuncias.Una ONG había hecho un fuerte pedido a la Corte Suprema.

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Además de CFK, sus ex funcionarios Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y Ricrdo Jaime, entre otros, recibirán presos el 2026 con condenas firmes

"Gobierne. Asuma. Responda": el Centro Democrático arremetió contra Gustavo Petro por escándalos de corrupción

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Mayans: "Este Presupuesto es una gran mentira, representa la decadencia y corrupción del Gobierno"

El titular del bloque del peronismo fue crítico sobre la aprobación del primer Presupuesto libertario, remarcando que las cifras y pautas "están totalmente desactualizadas y no tienen nada que ver con la realidad que estamos viviendo". El duro choque con Patricia Bullrich. Video Leer más

JEE excluye a candidato de Ahora Nación que fue condenado por corrupción pese a que cumplió su pena

Se trata de Andrés Aquilino Asin Meléndez, quien fue condenado por peculado en 2015 a 4 años de prisión suspendida. Partido apela decisión y afirma que no se cumplen las condiciones para que se rechace su candidatura

Chiqui Tapia: burdo emergente de la corrupción en la Argentina

Tres magistrados federales y otros dos jueces del fuero en lo penal económico tienen a su cargo distintas investigaciones por los supuestos delitos de lavado de dinero, fraude y evasión fiscal, como parte de una trama que involucraría al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y al presidente y al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente.A los oscuros negocios en los que, durante los últimos años, ha estado involucrada la AFA, como la venta de entradas para partidos de la selección argentina, se sumó más recientemente el escándalo derivado de la vinculación entre la entidad rectora del fútbol local y la citada compañía financiera, cuyo dueño, cercano a Tapia, se ha jactado de que su empresa es "la billetera" del deporte más popular de nuestro país.Como derivación de las primeras investigaciones y de los numerosos allanamientos ordenados por la Justicia, hemos asistido a la aparición de suntuosas mansiones, colecciones de autos de lujo importados, monotributistas a cargo de empresas y bienes cuya propiedad no podrían justificar con sus exiguos ingresos, contratos sospechosos, operaciones financieras irregulares y una supuesta red de testaferros.La primera pregunta que corresponde formularse es de qué manera puede montarse un sistema de empresas fantasma, prestanombres y redes de negocios clandestinos sin que suenen oportunamente las alarmas en los organismos encargados de controlar esta clase de irregularidades. ¿O será que, durante demasiado tiempo, hubo funcionarios que prefirieron mirar para otro lado cuando estas turbias transacciones pasaban delante de sus narices?Es probable que, una vez más, estemos ante un escándalo cuya raíz no es otra que la corrupción enquistada en el Estado. ¿O acaso es normal que ningún organismo de control advierta que un monotributista y su madre jubilada figuren como propietarios de una empresa, Real Central SRL, a nombre de la cual se halla una mansión de Villa Rosa, que en sus cinco hectáreas incluye un helipuerto, un establecimiento para la cría de caballos y una colección de vehículos de alta gama, y que se sospecha que pertenecería al tesorero de la AFA? ¿A nadie en la Aduana le extrañó que ingresara una flota de autos de lujo, entre los que figuraban varios Porsche y Ferrari? Finalmente, ¿a nadie le llamó la atención que un modesto financista de pronto se convirtiera en el prestamista de varios clubes de fútbol a los que auxilió con millonarias sumas de dinero a tasas en algunos casos usurarias?No menos llamativo resulta que esta escandalosa trama solo haya surgido luego de que los negocios de la AFA quedaran en el ojo de la tormenta tras un abuso de poder del propio Tapia que enfureció a muchos aficionados al popular deporte y hasta tuvo repercusión internacional: el título de campeón que, mediante un decreto resuelto en un escritorio de la AFA, se le adjudicó a Rosario Central, por haber ganado un torneo cuya existencia se desconocía hasta ese momento. "Chiqui" Tapia pudo haber sido víctima de sus caprichos propios de un mandamás y de su sensación de impunidad para hacer y deshacer, junto a sus secuaces. Aquella decisión que favoreció al equipo rosarino siguió a no pocas controvertidas situaciones en las que los tan reiterados como escandalosos arbitrajes favorecieron a Barracas Central, el club liderado precisamente por Tapia, y a otros conjuntos "amigos", como Central Córdoba de Santiago del Estero, provincia donde Toviggino ha sabido hacer excelentes negocios, a partir de sus buenas migas con el gobernador Gerardo Zamora.También Tapia puede jactarse de sus contactos políticos. No por nada es presidente de la Ceamse -el organismo responsable de la gestión de residuos en el área metropolitana-, designado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Hay que recordar que, con anterioridad, había sido vicepresidente de esa coordinación, a la que llegó merced a la influencia de su suegro, el gremialista Hugo Moyano, sobre el gobierno porteño, entonces a cargo de Horacio Rodríguez Larreta. No concluyen ahí las vinculaciones de Tapia con Kicillof, quien le concedió a la AFA el manejo del Estado Único de La Plata y favoreció el cambio de domicilio de la entidad, para que quedara a salvo de las investigaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ). Las intrincadas relaciones entre el mundo del fútbol y la Justicia también existen. A tal punto que varios magistrados, como Sergio Fernández, Diego Gustavo Barroetaveña y Néstor Barral, ocupan cargos en el Tribunal de Disciplina o en el Tribunal de Ética de la AFA. Las vinculaciones entre el fútbol, la política, el sindicalismo, las barras bravas y los oscuros negocios financieros han estado y están a la vista de todos. La reciente aparición de personajes que manejan exorbitantes sumas de dinero mediante sociedades fantasma, a la vez que no dudan en ostentar sus fortunas, podría marcar una nueva etapa. Es de esperar que los jueces y fiscales tengan la necesaria voluntad para investigar a fondo los enjuagues denunciados y que, esta vez, nadie haga la vista gorda.

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Declaran inconstitucional el DNU de Javier Milei que decidió que el Poder Ejecutivo administre los bienes decomisados de la corrupción

La Cámara Federal en lo Penal Económico declaró nulo, de nulidad absoluta, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que se reservaba para el Poder Ejecutivo la administración de los bienes decomisados en la causas judiciales de corrupción.Así, el tribunal respaldó a la Corte Suprema de Justicia, que había dictado una norma en la que se reservaba la facultad de registrar y administrar los bienes decomisados en las causas federales.Esta pelea se dio en coincidencia con las decisiones de los tribunales orales que condenaron a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez por la causa Vialidad y la Ruta del dinero K, de rematar sus bienes por una suma de más de 640 millones de dólares. La Cámara en lo Penal Económico, con la firma de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, anuló el DNU 575/2025 dictado por el Ministerio de Justicia, que buscaba cambiar el sistema de administración de los bienes y dinero secuestrados en causas penales federales y cuya aplicación fue suspendida por un juez en lo contencioso administrativo. La Cámara sostuvo que el decreto fue dictado durante el período de sesiones ordinarias y no se demostró que el Congreso estuviera impedido de sesionar para tratar una ley sobre el tema."El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo", enfatizó el tribunal citando el artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional. "Ninguna de las circunstancias que se invocaron por los fundamentos del Decreto de Necesidad y Urgencia N°575/2025 resultaban de surgimiento repentino y/o sorpresivo". Tampoco, se agregó, se demostró "una situación de crisis o de gravedad que sólo podría conjurarse mediante un cambio inmediato en la normativa vigente". El tribunal cuestionó la "razones tan genéricas" invocadas en la supuesta urgencia y añadió: "La Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio" de un decreto. La Cámara también señaló que la Corte Suprema ya había dictado el 15 de julio de 2025 la Acordada 22/2025, que regulaba precisamente la administración de estos bienes, lo que -para la Cámara- desvirtúa la idea de un vacío legal que justificara un DNU urgente. Tampoco podía justificarse en la necesidad de contar con recursos para la implementación del Código Procesal Penal Federal, ya que su aplicación ya rige en varias provincias y hay un cronograma previsto para las jurisdicciones que faltan. Ni ampararse en las obligaciones asumidas, como Estado, ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).En octubre pasado, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) y dispuso la suspensión cautelar del DNU 575/2025, que fue dictado en agosto y aprobó el "Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio". Además, creó el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, como órgano de supervisión, evaluación y toma de decisiones al respecto.El fallo de la Cámara en lo Penal Económico, que dictó la nulidad del DNU el jueves pasado, se registró en una causa en donde se decide el destino del dinero secuestrado en un caso por lavado de dinero contra Guillermo Greppi, el financista relacionado con el exsubsecretario general de la Presidencia kirchnerista Carlos Liuzzi, uno de los hombres de confianza de Carlos Zannini -secretario general de la Presidencia durante el kirchnerismo y luego Procurador del Tesoro-.El nombre de Greppi salió a la luz en 2014, cuando, en medio de un allanamiento ordenado por el entonces juez Norberto Oyarbide, quien insólitamente frenó el procedimiento judicial tras recibió una llamada de Liuzzi.Dos años después, el juez en lo penal económico Javier López Biscayart ordeno allanamientos en la financista de la mutual Propyme y secuestró millones de dólares y pesos en efectivo que estaban escondidos en un baño y un placard. Lo cierto es cierto es que, en esa causa, se discute ahora el destino del dinero secuestrado.El juez de primera instancia aplicó el DNU 575/2025 para ordenar que las sumas de dinero secuestradas en 2016 en la casa de Greppi (procesado por lavado de activos) fueran puestas a disposición del Ministerio de Justicia de la Nación. Eso implicaba que los bienes fueran a manos del Estado Nacional. Pero ante un recurso de la defensa, el juez analizó entonces el decreto y declaró su inconstitucionalidad. El Estado Nacional y la Fiscalía apelaron. Pero la Cámara en lo Penal Económico ratificó la inconstitucionalidad del DNU. En un fallo de casi 30 páginas, los camaristas Hornos y Robiglio reafirmaron el deber de los jueces examinar la validez de los DNU. Y aunque el juez de primera instancia también había dicho que el DNU era inconstitucional por legislar en materia penal (prohibido por la Constitución), la Cámara consideró que no era necesario profundizar en ese punto, ya que la falta de "necesidad y urgencia" era suficiente para anularlo. Fue una respuesta a los abogados del propio Estado Nacional que buscaban que se declarar la nulidad de la resolución que había declarado la inconstitucionalidad del DNU.El fallo destacó que en "la propia Constitución Nacional se establece la pena con que se conmina a los decretos de necesidad y urgencia que fuesen dictados por el Poder Ejecutivo Nacional en casos que no son los previstos excepcionalmente por su art. 99, inc. 3.""El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 575/2025 fue dictado durante el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación del año en curso (confr. art. 63 de la Constitución Nacional), y ni por los fundamentos de aquella disposición, ni por los recursos de apelación presentados por los representantes del Ministerio Público Fiscal y del Estado Nacional, se hizo referencia a la existencia de impedimentos de índole material y/o jurídico que, en aquel momento, imposibilitaran que los integrantes del Poder Legislativo se reunieran a sesionar", advirtió el tribunal.Además, el fallo afirmó que "si lo pretendido era 'implementar en forma inmediata un régimen [nuevo] de administración de bienes provenientes del delitoâ?¦', aquella inmediatez difícilmente podría haberse logrado mediante la presentación -por parte del Poder Ejecutivo Nacional- de un proyecto de ley y el sometimiento de aquella iniciativa al trámite ordinario establecido por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes".

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Este martes 23 de diciembre a partir de las 9 se realiza una nueva audiencia sobre uno de los casos de corrupción más emblemáticos del kirchnerismo. Esto mientras la principal acusada Cristina Kirchner sigue internada tras una operación.Seguí todas las novedades sobre el juicio por los Cuadernos de las Coimas en la cobertura minuto a minuto de Clarín.

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Tensión en la OEA: pese al creciente malestar político de los embajadores, el secretario General respalda a su asesora acusada por corrupción

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Corrupción de menores. Denuncian al padre de un alumno del Colegio Palermo Chico por presuntos abusos a compañeros de su hijo

Una causa en trámite en la Justicia nacional investiga a un padre de alumnos del Palermo Chico, un colegio privado de la ciudad de Buenos Aires, por presuntas conductas reiteradas de abuso sexual, corrupción de menores y otras imputaciones conexas. El imputado es Marcelo Porcel, un poderoso empresario que es concesionario de Oh! Buenos Aires, el predio donde antes funcionó el Design, en el corazón de la Recoleta, e hijo del histórico fundador de Argencard, la tarjeta de crédito que en los años noventa se vendió al Grupo Excel. Se trata de un expediente que empezó con el relato de seis compañeros del hijo del denunciado. Ya son 10 los que se presentaron frente a un tribunal para denunciar los abusos que tuvieron como escenario la lujosa torre Le Parc, en Godoy Cruz y Cerviño, otro departamento frente a este edificio, y la oficina de Porcel, a pocos metros del Obelisco porteño.La denuncia, del 5 de julio de 2024, dio origen a la causa número 36.627/2024, radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo de Carlos Manuel Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, cuyo titular es Pablo Turano. El expediente se encuentra en plena etapa de investigación. En el medio está el peregrinaje silencioso de un grupo de padres del colegio Palermo Chico que, a pedido de sus hijos que decidieron contar su verdad, denunciaron a Porcel.No bien se inició la causa, el magistrado dispuso una medida cautelar que prohíbe al imputado cualquier tipo de contacto â??directo o indirectoâ?? con las presuntas víctimas y sus familias. Esa perimetral impidió a Porcel acercarse al Colegio Palermo Chico y también al club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), donde varios de los denunciantes juegan en un equipo de fútbol.Los relatos de los chicos son coincidentes. Todos describieron una metodología que se basaba en la complicidad de un adulto con un grupo de adolescentes de 13 o 14 años en el que el imputado ocupó, durante años, un lugar central. Padre de varios alumnos del colegio, participaba activamente de actividades deportivas, organizaba encuentros en su casa, se ofrecía para trasladar chicos y se mostraba permanentemente disponible. Esa disponibilidad, que en un primer momento fue interpretada como generosidad, empezó a cambiar con el tiempo. Reuniones que terminaban casi siempre en su domicilio, marcada insistencia para que los chicos se quedaran a dormir, participación constante del adulto en espacios que suelen pertenecer al mundo adolescente.Nada de eso, por sí solo, activó una denuncia. Tampoco el intercambio frecuente de mensajes por WhatsApp con menores, ni la naturalidad con la que â??según relatan varios padresâ?? el adulto se integraba a conversaciones, juegos y confidencias. El límite, como suele ocurrir en estos casos, se corrió de a poco.Los hechos que hoy investiga la Justicia describen una escalada. Primero, la provisión de alcohol en reuniones de adolescentes. Luego, incentivos económicos: dinero a cambio de consumir bebidas alcohólicas, premios por "aguantar más", transferencias a billeteras virtuales. Alguna vez, según consta en el expediente, Porcel los habría inducido a ingerir alcohol a cambio de figuritas del Mundial 2022 y otra, habría compensado con dinero a quienes dieran una vuelta en calzoncillos alrededor de la mesa de directorio en una oficina.En algunos casos, los encuentros no se limitaron al domicilio familiar. Parte de las reuniones â??siempre según los relatos judicializadosâ?? se trasladaron a oficinas del imputado, en horarios nocturnos, con el argumento de no "molestar" a otros adultos que estaban en la torre de Palermo, en su departamento de casi 300 metros, según datos que aparecen en el expediente. Otras fueron en la Torre Le Parc, donde estaba vacío el piso de la madre de Porcel. La logística incluía traslados en vehículo particular y consignas explícitas para no contar lo que ocurría. El expediente incorpora transcripciones de chats grupales en los que el adulto participaba activamente, organizando encuentros y reforzando la idea del secreto. En ese esquema, sostienen los denunciantes, el dinero y el alcohol funcionaban como mecanismos de control.LA NACION resguarda los nombres de los afectados por tratarse de menores y por pedido de sus padres. La gran mayoría ya pasó por la Cámara Gesell, donde relataron los detalles de lo que habría sido una manipulación y, posteriormente, un abuso de menores. Además, se incorporaron peritajes psicológicos oficiales y de parte, y, como se dijo, el juez dispuso una medida cautelar que prohíbe al imputado todo tipo de contacto â??directo o indirectoâ?? con las presuntas víctimas, testigos y sus familias, fijando una distancia mínima.LA NACION se comunicó con Porcel para conocer su versión de los hechos. "En la causa se hicieron las pericias que ordenó el juez y todas concluyeron que no hubo abuso. Así lo dictaminó el Cuerpo Médico Forense. Y en alguna de ellas incluso dudan de la veracidad de los dichos de una presunta víctima", señaló el empresario en una comunicación con LA NACION. Sin embargo, más allá de sus declaraciones, la causa sigue: hay duros testimonios en la Cámara Gesell, hubo peritajes sobre el celular que permitieron encontrar evidencias en imágenes y cada vez hay más denunciantes. Al ser consultados por LA NACION, desde la Dirección del colegio Palermo Chico enviaron un comunicado: "Ante manifestaciones recibidas sobre presuntos hechos que involucrarían a alumnos de esta institución y que habrían ocurrido fuera del ámbito escolar, el establecimiento procedió oportunamente a activar los protocolos vigentes, dando intervención al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y poniendo en conocimiento de la situación a las autoridades educativas jurisdiccionales". Fuentes oficiales del colegio, además, informaron que la familia ya no pertenece a la comunidad educativa.Desde 2024, los padres, y sobre todo las víctimas, esperan que la Justicia llame a indagatoria a Porcel. Pese a las evidencias encontradas en los teléfonos, los testimonios, varios allanamientos, las crudas revelaciones de los chicos en la Cámara Gesell y los reiterados pedidos procesales, el juez aún no lo indagó ni dispuso su detención preventiva. En estas últimas semanas, la Defensora de Menores que asiste a las víctimas solicitó en dos oportunidades el llamado a indagatoria de Porcel, tal como lo había hecho el fiscal, y también requirió al juez que "disponga sin más dilación la retención de los documentos de viaje y la prohibición de salida del país del imputado, tal como fuera requerido por el fiscal, valorando la gravedad institucional del caso, la expectativa de pena de cumplimiento efectivo, la pluralidad de víctimas menores, la existencia de material íntimo del niño y la obligación reforzada del Estado argentino de garantizar, de manera prioritaria, el interés superior de los niños y adolescentes involucrado".Sí se ordenaron allanamientos en domicilios vinculados al acusado â??uno de ellos en un campo en la zona de Cañuelas que la Justicia dijo que le fue imposible identificarâ??, con el secuestro de teléfonos celulares y de otros dispositivos electrónicos. De hecho, entre las pruebas más contundentes que ya se adjuntaron a la denuncia está el peritaje sobre el celular de Marcelo Porcel. Allí se constataron varios chats relevantes para la acusación y se encontraron fotos de los amigos de sus hijos desnudos. "Lamentablemente, había fotos de mi hijo", confesó uno de los padres que tuvo acceso a las imágenes que se pudieron rescatar del dispositivo.Nada de esto sirvió aún para que Bruniard se decida, al menos, a pedir la indagatoria. Como aún se suman denunciantes (empezaron seis y ya van diez), según lo que surge de la resolución firmada por el propio magistrado, el juez prefirió aplicar el principio de "economía procesal" y esperar a que todos pasen, por caso, por la Cámara Gesell para que la imputación contenga a todos los denunciantes y Porcel no tenga que comparecer más de una vez para anoticiarlo de nuevas imputaciones. Sin embargo, los padres presentaron un duro escrito en las últimas horas en el que sostuvieron que cuando hay derechos de menores en juego no hay economía procesal que valga.El quiebre del silencioLos chicos afirman que empezaron a hablar cuando el silencio dejó de ser una protección y pasó a sentirse como una condena. Sus relatos â??recogidos en ámbitos judiciales, con acompañamiento profesionalâ?? describen miedo, confusión y vergüenza frente a un adulto con poder, dinero y conocido socialmente. Durante meses, incluso años, el entorno eligió no ver: padres que se alejaban en silencio, el colegio porteño que no recibía denuncias formales y rumores que no encontraban cauce. Ante ese vacío, el abuso sexual y la corrupción de menores pudieron repetirse. Hoy, esos chicos piden justicia, impulsados por la necesidad de que el silencio, finalmente, deje de ser cómplice. Entonces llegó la denuncia penal que rompió aquel tejido social. La metodologíaEl expediente revela algo más que una sucesión de hechos denunciados: expone un patrón. Y, sobre todo, deja al descubierto el modo en que una comunidad entera procesó â??en soledadâ?? señales que nadie terminó de transformar en una advertencia formal. Como muchas veces sucede en estos casos.La causa se agrava por los relatos vinculados a conductas de contenido sexual. Según declararon varios menores en Cámara Gesell â??con intervención de peritos oficiales y de parteâ?? el imputado habría realizado, en reiteradas oportunidades, masajes inapropiados y propuestas de carácter sexual, siempre desde su posición de adulto y en evidente asimetría con los chicos. El uso de una crema especial que ofrecía es una constante en los desgarradores testimonios judiciales.Hasta le habían puesto nombre a este tipo de "fiestita". Habría sido el imputado el que invitaba a los chicos, a través del chat, indicando que a la noche habría "shubidubi". En ese lenguaje eso era sinónimo de alcohol por plata. Siempre el que convocaba se hacía llamar "el capitán".Esos dichos, incorporados bajo estricta reserva, describen escenas coincidentes en tiempo, modo y lugar. La Justicia también tomó declaración a profesionales de la salud mental que atendieron a las víctimas, cuyos informes no fueron impugnados por la defensa. El murmullo previo y la reacción tardíaUno de los aspectos más delicados del caso es lo que ocurrió antes de la denuncia. Varios padres relataron que las conductas del imputado eran "comentadas" en la comunidad educativa. No como hechos formales, sino como advertencias informales. Familias que decidían alejarse. Chicos a los que no se les permitía quedarse a dormir. Cambios de curso para evitar coincidencias.La institución educativa Colegio Palermo Chico, según surge de los testimonios, fue informada de algunas preocupaciones, pero no recibió denuncias formales en ese momento. Accedió, sí, a los cambios de divisiones que pidieron algunos padres. Hay un punto de quiebre que se repite en casi todos los relatos incorporados a la causa: el momento en que los chicos hablan. No lo hacen de inmediato. No siempre entienden lo que les pasó. A veces lo hacen recién cuando se sienten a salvo, cuando ya no frecuentan al adulto denunciado, cuando escuchan que otros atravesaron situaciones similares. LA NACION conoció el caso y las denuncias penales hace varios meses, pero, por pedido de los padres, se pospuso la publicación hasta que un grupo de denunciantes decidió avanzar y dar a conocer el caso.

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Ha contratado a una empresa para que valore candidatos para sus puestos directivos. Tomó la decisión tras estallar el 'caso Koldo' y después de que la presidenta prescindiera de altos cargos vinculados al expresidente ahora detenido

Lavado III: el Tribunal Federal de Resistencia dictó duras condenas por corrupción y lavado en Villa Río Bermejito

El exsecretario de Gobierno José Héctor Hipperdinger fue sentenciado a 15 años de prisión como organizador de una asociación ilícita. Hubo inhabilitaciones perpetuas, multas millonarias y decomiso de bienes en una causa por desvío de fondos públicos destinados a viviendas. Leer más

Procesaron a Marcelo Moretti por administración fraudulenta en la causa por corrupción en San Lorenzo

La Justicia dictó el procesamiento del presidente del club de Boedo por una presunta coima de u$s25 mil para fichar a un juvenil. Le impusieron un embargo millonario y una prohibición de salida del país, en medio de una grave crisis institucional.

Ya fue legalizada la captura de tres implicados en el escándalo de corrupción por el contrato de helicópteros Mi-17

Las irregularidades en un contrato millonario con la empresa estadounidense Vertol Systems, destinado al mantenimiento de aeronaves rusas, resultaron en retrasos, multas y las investigaciones contra varios funcionarios

Corrupción judicial: el juez Salmain sumó una tercera causa en su contra

El juez federal de Rosario Gastón Salmain sumó una tercera causa en su contra. Esta vez es por abuso de autoridad, luego de que después de un allanamiento y secuestro de su teléfono celular, el 17 de octubre en la puerta de su casa, en el barrio de Belgrano, el magistrado envió una serie de notas, entre ellas al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, para averiguar quién y por qué lo investigaban. Salmain accedió a información que solo lo pudo hacer en su condición de juez, pero en este caso estaba del otro lado, era él quien estaba siendo investigado por autorizar en diciembre de 2023 a un financista rosarino la compra de 10.000.000 de dólares a precio oficial, por fuera del cepo cambiario que regía en ese momento. Es la tercera causa que enfrenta Gastón Salmain en la justicia federal, a la par del sumario que se abrió en su contra en la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. El lunes pasado, en el programa que conduce Carlos Pagni, el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, tocó el tema de la justicia federal de Santa Fe, que está convulsionada desde hace casi dos años por los casos de corrupción y connivencia con el narcotráfico, a partir de la investigación contra el exjuez Marcelo Bailaque. Rosatti fue cuidadoso en los términos que usó porque estas causas en algún momento arribarán al máximo tribunal. Pero utilizó una frase para describir el fenómeno. Dijo que la propia justicia puso el "reflector" sobre un entramado en el que aparecen "empresarios, medios de comunicación y eventualmente jueces", también habló de "operadores judiciales", "influyentes y servicios" de inteligencia. Y delineó por dónde va a pasar el problema con el narcotráfico: "con el lavado de dinero". En Rosario actualmente hay un exjuez federal preso, como Marcelo Bailaque, y otro magistrado que está siendo investigado, como Salmain. Y es probable que el año próximo las pesquisas se centren en otros magistrados. Salmain, además de enfrentar varias causas judiciales en su contra, está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura. En el programa Vale Doble, que conduce Rodrigo Miró en radio Universidad, el magistrado repitió el mismo argumento que su defensa plantea como estrategia: que hay una especie de complot entre medios de comunicación y sectores de la justicia federal para perjudicarlo. "Existe una persecución de inequívoca naturaleza política que se mezcla con lo mediático", aseguró el magistrado.Salmain fue imputado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Según el planteo de los fiscales federales, que fue avalado por el juez de Garantías, Román Lanzón, Salmain utilizó su investidura de juez para procurar indebidamente información en un caso en el que se lo investigaba y por el cual se lo estaba allanando hace poco más de un mes. Lanzón dijo que el caso tiene "gravedad institucional" y pidió que le remitan el legajo al Consejo de la Magistratura de la Nación.El 17 de octubre pasado, Salmain enfrentó una requisa -una especie de allanamiento- al salir de su domicilio en el barrio porteño de Belgrano, donde efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le secuestraron el teléfono. El magistrado, como ya reveló Aire de Santa Fe, entregó el celular -estaba apagado-, pero no aportó la clave de acceso. Al tratarse de un iPhone 17 es casi imposible con la tecnología que tiene hoy la Argentina peritar ese smartphone sin la clave de acceso.Los fiscales federales que estuvieron al frente de la apertura de esta causa revelaron que Salmain redactó una nota para averiguar cómo se habían enterado que él estaba en Buenos Aires. También pretendió saber a quién se le había dado la orden de realizar esa requisa para sacarle el celular. Algo similar había hecho unos meses antes con una presentación que hizo en el juzgado de Lomas de Zamora para que le indicaran si estaba siendo investigado, algo que llamó la atención en el mundillo judicial de Buenos Aires.Los fiscales advirtieron en la audiencia que después de que entregara su celular a los agentes de la PSA en el barrio de Belgrano, Salmain usó su investidura de juez al mandar, el 21 de octubre de 2025, un oficio al director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alfredo Gallardo.Los investigadores querían peritar el celular de Salmain en el marco de una causa en la que fue imputado la semana pasada. Se trata del aval que dio el juez al financista Fernando Whpei a comprar 10.000.000 de dólares en diciembre de 2023 a precio oficial, por fuera del cepo cambiario que regía en ese momento. La sospecha, según la declaración de Whpei como arrepentido, es que el magistrado se habría quedado con un porcentaje equivalente a unos 200.000 dólares.En la entrevista en Radio Universidad, Salmain dijo algo que a muchos en la justicia federal les pareció descabellado: que pidió esa información porque dudaba que le estaban robando el teléfono. ¿Pensaba que agentes de la PSA le iban a sustraer su celular? En el mundo de los espías y conspiranoicos todo es posible, comentaron en los pasillos de los tribunales de Rosario.Salmain llamó al propio jefe de la PSA para pedirle precisiones sobre el allanamiento en su domicilio. La maniobra tenía que ver más que conseguir información sobre la investigación en su contra y sembrar miedo entre los agentes.Los abogados Franco Carbone y Gustavo Feldman plantearon que la acusación contra Salmain era atípica, ya que el magistrado hizo una solicitud de información, algo distinto de una orden, y que tampoco tenía un plazo de respuesta.El juez Lanzón aceptó el pedido de los fiscales de abrir otra causa contra Salmain y tras citar que se trata de un caso de "gravedad institucional", ordenó enviar el acta de audiencia y video al Consejo de la Magistratura, donde este juez está siendo investigado.La causa que más complica a Salmain tiene que ver con la autorización que otorgó al fideicomiso Attila en diciembre de 2023 para adquirir 10.000.000 de dólares a precio oficial, por fuera del cepo.Salmain está acusado, junto con Whpei y Santiago Busaniche, un escribano oriundo de Santa Fe que se mueve como operador judicial en Comodoro Py, según los fiscales, "de haber formado parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 y hasta abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de 10.000.000 de dólares, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el juzgado federal N°1 de Rosario".De acuerdo a la investigación, "para lograr el objetivo premeditado, Whpei utilizó su influencia y poder económico para que Salmain, en conjunto con Busaniche, direccionen el proceso judicial dentro del expediente y lo beneficien en los aspectos financieros relacionados con Attila Fideicomisos SRL, el Grupo Unión SA y Lancers SA".A cambio de ello, Busaniche, por su aporte operativo, y Salmain, que tuvo un rol clave en la causa al avalar el pedido de estos fideicomisos, solicitaron el pago del 10 por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares.En la investigación, los fiscales reunieron evidencias que apuntan a que para cumplir con el plan criminal, Salmain se reunió previamente con Whpei -al menos una vez en su despacho laboral- el 2 de septiembre de 2023, donde el financista le hizo entrega del escrito que presentarían, y el magistrado se manifestó sobre la viabilidad técnica del mismo al solicitar que lo demás lo arreglara con Busaniche. Con posterioridad, en el marco del expediente, dictó las resoluciones a favor de Whpei.El Banco Central apeló la medida el 11 de diciembre de 2023, y aunque la Cámara Federal de Rosario falló a favor de la entidad, el dinero ya había sido adquirido en seis tramos diferentes.Attila Fideicomisos actuó como fiduciaria del fideicomiso privado Doubleblue Argentina Credit Trust II, que comparte casi idénticamente las siglas con la empresa que reclamaba la deuda, lo que generó sospechas sobre si los operadores detrás de Doubleblue se pagaron una deuda a sí mismos.Cuando el Banco Central pidió al magistrado que suspendiera la medida un día después de su autorización, Salmain decretó que era de cumplimiento automático e inmediato. Los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay, de la Procuración de Lavado de Activos, buscan probar si la operación incluyó algún beneficio personal para el magistrado y si se realizaron maniobras irregulares con la divisa, como declaró Whpei en su carácter de arrepentido.Los registros oficiales indican que la firma adquirió al menos 1.128.850 dólares, que fueron transferidos a la empresa DB ACF Netherlands BV, un acreedor que habría otorgado una línea de financiamiento en 2018. La investigación se aceleró después de que Whpei se presentara como arrepentido en la causa del exjuez Bailaque, donde está acusado de haber participado en una trama de extorsión y corrupción institucional.El financista rosarino está detenido en su domicilio desde mediados de mayo y su prisión domiciliaria fue prorrogada hasta enero de 2026. En paralelo, Salmain es investigado por otro episodio vinculado al extitular de ARCA Rosario, Carlos Vaudagna, quien también se presentó como arrepentido en marzo pasado.

Capturan a siete militares activos del Ejército por presunta corrupción: habrían alterado permisos de salida y vacaciones de soldados

La institución informó que los uniformados fueron detenidos en varias regiones del país tras una investigación de más de siete meses, en la que se detectaron irregularidades administrativas y posibles delitos contra el patrimonio público

Crisis política en la OEA: revocaron el pasaporte diplomático de la asesora del Secretario General por un caso de corrupción pública

Albert Ramdin designó como su consultora de confianza a Xaviera Jessurun, que está bajo investigación penal en Surinam por fraude y blanqueo de capitales

El juicio por los cuadernos de la corrupción: continúa la acusación que desnuda el vínculo entre empresarios y políticos

El Tribunal Oral Federal N°7 llevará adelante la audiencia número 11 del proceso, centrada en la cartelización de la obra pública con el caso de "La Camarita"

Ciro Castillo, el médico que prometió acabar con la corrupción y la criminalidad y términó siendo parte de 'Los socios del Callao'

Cuando era candidato por el movimiento MÁS Callao, Castillo Rojo se presentaba como el abanderado de la lucha frontal contra las mafias, la corrupción y la inseguridad ciudadana en la región

Abascal pide a Sánchez que si necesita vacaciones las tome "perpetuas" ante la "corrupción insoportable" en su "entorno"

Emilio Tapia, polémico contratista investigado por casos de corrupción, recuperó su libertad por decisión de una juez de Barranquilla

Este hecho reaviva el debate sobre la transparencia y la imparcialidad en el sistema judicial colombiano, especialmente cuando se trata de figuras públicas con antecedentes polémicos

Ignacio Garriga sobre Revuelta: "Vox es implacable con estos casos de corrupción ajenos"

PNV dice que la línea roja para no apoyar a Sánchez es que se acredite que el PSOE está "inmerso" en la corrupción

Qué hará la Conmebol con la denuncia de Bullrich a Tapia y Toviggino: el antecedente del juicio de Domínguez para recuperar el dinero de la corrupción

La senadora avanzó contra la conducción de la AFA.Y busca eco en el Tribunal de Ética del casa del fútbol sudamericano.Qué pasó con el FIFA Gate y con el dinero desviado durante la gestión de Nicolás Leoz.

Pillaron a Carlos Ramón González, prófugo en Colombia por corrupción, en una parranda vallenata en Nicaragua

A pesar de la circular roja de Interpol y las acusaciones por corrupción, el exfuncionario fue filmado bailando en el Teatro Nacional Rubén Darío, en un evento promovido por la Cancillería de Colombia

Pedro Sánchez hizo un balance de su gestión y anunció que resistirá en el gobierno de España a pesar de los casos de corrupción y denuncias de machismo

"Vamos a acabar la Legislatura en 2027 y vamos a continuar con esta hoja de ruta que están desempeñando con éxito todos y cada uno de los ministros y ministras". Así el presidente Pedro Sánchez fue claro: no piensa renunciar ni convocar elecciones anticipadas a pesar de los casos de corrupción y las denuncias de acoso que golpean al PSOE que él lidera.

Fuerte respuesta de Pablo Toviggino a Patricia Bullrich por su denuncia de corrupción en la AFA

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, le respondió duramente a la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, que lo denunció junto al titular de la institución, Claudio "Chiqui" Tapia, por corrupción ante el Comité de Ética de la Conmebol.Senadora, aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas. Lo que genera la Selección Campeona del Mundo, se destina a sostener una estructura de 1.300â?¦ https://t.co/MKNQTTwEdJ— Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) December 15, 2025"Senadora, aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas", escribió Toviggino en X, en respuesta a un posteo de la exministra de Seguridad."Lo que genera la Selección Campeona del Mundo, se destina a sostener una estructura de 1300 trabajadores de planta permanente (sin subsidios estatales) y al mantenimiento de predios de nivel internacional donde entrenan 24 selecciones nacionales masculinas y femeninas. En el predio Lionel Andrés Messi circulan a diario 1000 personas y 400 atletas se alimentan en sus comedores. Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un TOSTADO", contraatacó la mano derecha de Tapia.Lo del "tostado" parece aludir a Tostado Branding, una empresa que dirigió el hijo de Patricia Bullrich. Se trata de una conocida cadena de cafeterías que tuvo un gran crecimiento en los últimos años. Mientras la Justicia profundiza la pesquisa sobre supuestas maniobras de lavado de dinero y evasión en la AFA, el gobierno de Javier Milei denunció el lunes a su presidente Claudio Tapia ante CONMEBOL por presuntas violaciones al código de ética.Bullrich, quien hasta hace unos días se desempeñaba como ministra de Seguridad, impulsó las denuncias. "Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino", anunció Bullrich el lunes en sus redes sociales, junto con la carta formal presentada ante la entidad rectora del fútbol sudamericano.La denuncia tiene lugar en momentos en que la Justicia realiza varias investigaciones sobre el patrimonio de Tapia y Toviggino, así como también sobre el manejo financiero de la AFA.La semana pasada la Policía Federal allanó las oficinas de la AFA y 17 clubes de primera y segunda división en el marco de una pesquisa judicial sobre los vínculos que mantienen con la empresa de servicios financieros Sur Finanzas investigada por presunto lavado de dinero y evasión impositiva.Sur Finanzas auspicia torneos de la AFA y a varios clubes de primera y segunda división. Su titular, Ariel Vallejo, tiene trato público con Tapia. Tapia y Toviggino por el momento no han sido imputados en ninguna causa. "La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta", planteó Bullrich.El gobierno de Milei mantiene una pelea de larga data contra la directiva del campeón del mundo que tiene como trasfondo el deseo del mandatario de imponer las sociedades anónimas deportivas, algo a lo que se ha resistido el titular de la AFA.La senadora oficialista planteó en su denuncia ante CONMEBOL que la conducción de la AFA habría incurrido en la violación de sus estatutos de ética y política anticorrupción en lo relativo a "principios de integridad, deber fiduciario, conflictos de interés, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención de lavado de activos".Tapia es actualmente vicepresidente segundo de Conmebol y representante del fútbol sudamericano ante FIFA. Parece poco probable que la entidad sudamericana avance contra los dirigentes argentinos en la medida que la justicia no formule cargos formales contra ellos.La Comisión de Ética de la Conmebol, que recibirá la denuncia de Bullrich, tiene cinco representantes. Uno de ellos es el argentino Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo carrera, en la Justicia y la política, impulsado por Daniel Angelici.Mahiques fue además vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa), presentada por Claudio "Chiqui" Tapia oficialmente el martes 11 de noviembre, nueve días antes de que estallara la polémica por el premio a Rosario Central y se abrieran las investigaciones judiciales que involucran a la cúpula de la AFA. Mahiques dijo que inmediatamente después del lanzamiento él informó que desistía de seguir integrando la Unafa y pidió que su nombre fuera eliminado de la página oficial.

El PP acusa a Sánchez de dar un "mitin" en Moncloa: "Su balance es corrupción, parálisis y retroceso para las mujeres"

El PP reta a Sumar a apoyar que Sánchez comparezca en el Congreso sobre corrupción: "Díaz puede dejar de ir de boquilla"

Sumar considera "insuficientes" las explicaciones de Sánchez para abordar la crisis por corrupción y acoso sexual: "No ha respondido la pregunta, el inmovilismo no nos vale"

El ministro Ernest Urtasun reitera que su partido ofreció una hoja de ruta que pasa por una "remodelación urgente" del Gabinete y retomar los asuntos urgentes como la vivienda

Sánchez hace balance del año en un contexto de escándalos de acoso y corrupción

Sánchez hace mañana balance del año en un contexto de escándalos de acoso y corrupción

Un alcalde de Valladolid se da de baja del PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual: "Hasta aquí, ya basta"

El edil socialista de Montemayor de Pililla llevaba 20 años afiliado cuando comunicó su baja

Sánchez admite "errores" en casos de abusos y corrupción pero dice que "a los españoles les renta este Gobierno"

Sánchez asegura que el PSOE actúa con "contundencia" contra la corrupción y el acoso

Feijóo pide un pleno extraordinario para que Sánchez dé explicaciones sobre "corrupción"

Fiscal General estalló contra Petro por investigación a su hijo Nicolás señalado de corrupción: "Es paradójico que nos diga que engavetamos el caso"

Luz Adriana Camargo sostuvo que desconoce las razones de los cuestionamientos del primer mandatario

Corrupción en la AFA: en casi tres años, la chacra de adjudicada a Tapia y Toviggino paso de un terreno vacío a una mega construcción de lujo

Clarín analizó imágenes satelitales desde 2017, cuando sólo era un terreno vacío propiedad de Carlos Tevez.La construcción de la casa y anexos comenzó en agosto de 2023 y concluyó en febrero de este año.

Bolivia: ordenan prisión preventiva para el expresidente Arce en una causa por presunta corrupción

La Justicia dispuso cinco meses de detención preventiva para el exmandatario, acusado por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante su paso por el Ministerio de Economía en el gobierno de Evo Morales.

Generales activos son señalados de participar en una red de corrupción dentro del Comando de Ingenieros del Ejército

La gravedad de las irregularidades llevó a que el secretario general del Ministerio de Defensa, Raúl Alfonso Gutiérrez, radicara el 19 de febrero de 2025 una denuncia ante la fiscal Luz Adriana Camargo por presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y defraudación o evasión tributaria

Tellado dice que PNV es "una muleta tan fiel a Sánchez como Bildu" y "quizá también estuvo en el ajo de la corrupción"

Sumar exige al PSOE que investigue si hay más corrupción en sus filas y ve "horrible" que solo reaccione a posteriori

Enrique Santiago, portavoz de Sumar, alertó sobre el riesgo de daño institucional por los recientes escándalos, reclamando controles estrictos y revisiones urgentes dentro del PSOE tras las detenciones y nuevas investigaciones judiciales que salpican al partido de Pedro Sánchez

Álvarez de Toledo exige elecciones a Sánchez, "número uno" de "pirámide de corrupción y degradación institucional"

Sumar exige "una remodelación urgente" del Gobierno para responder a casos de corrupción

Azcón se pregunta cuántos casos más de acoso y corrupción deben aparecer en el PSOE para que Sánchez vaya a elecciones

Azcón urge a Sánchez a convocar elecciones ante los casos de corrupción y acoso sexual

El PP pide a Bruselas comprobar si el Gobierno incumplió las normas europeas en materia de prevención de la corrupción

La India investiga el caos en la visita de Messi entre acusaciones de corrupción política

A menor libertad de mercado, más corrupción y más efectivo en circulación

El exceso de presión estatal y regulaciones estimula la informalidad, obstaculiza el progreso y perjudica la transparencia en las sociedades