El exministro de Educación aseguró que esos "vicos políticos" son la mentira, la corrupción, el cinismo y la impunidad
El alcalde de Medellín aseguró que este es el momento para que la Fiscalía lleve a los hermanos Quintero ante la justicia colombiana para que respondan por los 650 hallazgos que tienen las autoridades
Netanyahu tiene tres causas judiciales abiertas por fraude, abuso de confianza y soborno.Herzog ya había dicho en una entrevista que está abierto a conceder el indulto a primer ministro.
TEL AVIV.- El alto el fuego de la guerra en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes suscitó festejos en Medio Oriente y en el mundo. Pero para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien ha estado bajo la sombra de un juicio en curso por corrupción mientras libraba la guerra en la franja, el panorama futuro podría no se tan prometedor.Hasta ahora, su gobierno de coalición liderado por su partido de derecha Likud ha dependido en gran medida del apoyo de socios de línea dura y de extrema derecha que lo han instado a continuar las operaciones contra Hamas hasta que el grupo sea eliminado por completo, por lo que la tregua podría ser un problema para el premier israelí.Prime Minister Benjamin Netanyahu, this evening:"Citizens of Israel, my brothers and sisters, this is an emotional evening, an evening of tears, an evening of joy.Because tomorrow, children will return to their border. pic.twitter.com/LXyaOojO3v— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 12, 2025En vísperas del esperado retorno el lunes de los rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, Netanyahu se dirigió el domingo al país en un discurso televisivo en el que aseguró que Israel logró "enormes victorias" en la guerra, pero insistió en que "la lucha no ha terminado".Es "un acontecimiento histórico en el que se mezclan la tristeza por la liberación de los asesinos con la alegría por el regreso de los rehenes", afirmó el dirigente israelí en su breve discurso, en el que además expresó su esperanza de que, a pesar de los "numerosos desacuerdos" que persisten entre los israelíes, esto permita una "unión de los corazones".El mismo día,el primer ministro pidió al Tribunal de Distrito de Jerusalén cancelar una audiencia prevista para el miércoles próximo en su juicio por corrupción debido a una "visita diplomática excepcionalmente urgente e importante" ese mismo día, informó The Times of Israel.Según una carta enviada por la defensa de Netanyahu citada por los medios israelíes, el testimonio del primer ministro debía cancelarse "debido a los históricos acontecimientos regionales e internacionales", haciendo referencia al acuerdo de alto el fuego en Gaza y el intercambio de rehenes, así cómo a la visita del presidente norteamericano, Donald Trump, prevista para el lunes.Por el momento, no se ha anunciado oficialmente ninguna visita de alto nivel para el miércoles, pero según algunos informes, una de ellas podría ser la del presidente de Chipre, Nikos Christodoulides. La otra visita, prevista para las 6 de la tarde, no fue detallada, y los abogados de Netanyahu solicitaron ampliar la explicación de la petición a puertas cerradas.No es la primera vez que el mandatario solicita un aplazamiento de las audiencias en su caso por corrupción."Retos en materia de seguridad""Juntos hemos logrado inmensas victorias, victorias que han sorprendido al mundo entero. Y quiero decirles: en todos los lugares donde combatimos, obtuvimos la victoria, pero al mismo tiempo, debo decirles que la lucha no ha terminado", afirmó Netanyahu en su discurso del domingo."Todavía nos quedan por delante grandes retos en materia de seguridad. Algunos de nuestros enemigos están tratando de recobrar fuerzas para atacarnos de nuevo, y como decimos aquí, nos estamos ocupando", añadió el primer ministro sin dar más detalles.Netanyahu, la primera persona en la historia en ser imputada mientras ocupa el cargo de primer ministro de Israel, está acusado de recibir sobornos, fraude y violación de la confianza en tres casos separados, tras las investigaciones encabezadas por el antiguo fiscal general Avichai Mandelblit.El más grave de ellos es el caso 4000, en el que hace frente a cargos por sobornos, fraude y violación de la confianza por impulsar regulaciones que beneficiaron al accionista mayoritario del grupo Bezeq, Shaul Elovitch, a cambio de una cobertura favorable del portal Walla.En el caso 1000, el primer ministro, que ha rechazado en numerosas ocasiones los cargos y ha hablado incluso de una "caza de brujas" contra él, está imputado por fraude y violación de la confianza por recibir regalos ilícitos valorados en 700.000 shekels (cerca de 183.000 euros) a cambio de favores.Por otra parte, en el caso 2000 ha sido imputado por fraude y violación de confianza por acordar con 'Yedioth Ahronoth' debilitar al diario de la competencia 'Israel Hayom' --favorable a Netanyahu-- a cambio de una cobertura más favorable al primer ministro en el primer medio.Agencias AFP y Reuters
La extracción aurífera en Segovia involucra a multinacionales, grupos armados y funcionarios, generando un entorno donde la ilegalidad y el crimen se mezclan con la economía global y afectan a toda la comunidad local
La diputada y candidata de La Libertad Avanza lanzó duras críticas a la oposición y advirtió que las próximas elecciones definirán el rumbo político y económico de Argentina
Vox lo ha confirmado en un comunicado oficial y ha explicado que irá a "la calle" con "los españoles"
El ente de control reveló graves irregularidades en proyectos financiados con regalías en Caldas, Quindío y Risaralda
Los legisladores enfatizan la necesidad de garantizar la transparencia en los contratos públicos, supervisar el uso correcto de recursos y reforzar los mecanismos de control
César Sandoval cuestionó la decisión del Parlamento de vacar a Boluarte y advirtió que la medida podría responder a cálculos políticos antes del cambio de gobierno
El flamante mandatario es cuestionado por organismos de derechos humanos. El 26 de julio fue escogido como presidente del Congreso, pese a que en ese momento seguía abierta una investigación por violación sexual en su contra, que luego fue archivada.
Defensa legal desconocía la cantidad monetaria legal para actuar por medio del SAT
A través de redes sociales, el candidato peronista le pidió a la ministra que le ponga seguridad a Fred Machado.La funcionaria le dijo que él también debía tener custodia por haberse "robado la plata de todos los argentinos".
La Cámara Argentina de Empresas Viales es una parte clave de la confesión del financista Ernesto Clarens. El también arrepentido Carlos Wagner, nexo clave
Jesús Maldonado relató el indignante caso de un vecino de su distrito, quien denunció que un efectivo policial le pidió dinero para devolverle el auto que le habían robado
La Fiscalía investiga a Misael Cadavid Jaramillo por presunto peculado e interés indebido en convenios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá por más de 18.000 millones de pesos
Las autoridades detuvieron a exintegrantes de la administración pasada, acusados de apropiarse de recursos públicos, mientras continúan las investigaciones sobre contratos irregulares
En un nuevo giro en la investigación de ex altos funcionarios del partido de gobierno en España, acusados de corrupción, se halló dinero de dudoso origen.El otro frente que acecha a Pedro Sánchez es la causa que se instruye contra su esposa, Begoña Gómez, quien el lunes se negó a declarar.
Según el Olmedo López, Peralta fue una de las responsables de direccionar los contratos en la entidad para facilitar la aprobación de la reforma pensional
Imperceptible, la distancia entre la casta corrupta y el Gobierno se fue desdibujando. El listado de nombres y escándalos fue creciendo.
La presidenta afirmó que la corrupción es un acto de traición, que debe sancionarse con firmeza
La funcionaria aseveró que una de las dificultades es la demora en los trámites que permiten las operaciones de las macroempresas y los productores y/o comerciantes
Ciro Quispe López fue separado de su cargo luego de revelarse una red de vínculos amorosos, corrupción y manejo irregular de fondos, según investigaciones respaldadas por testimonios y evidencias recabadas en la prelatura de Puno
La consultora Analogías publicó una encuesta que analiza la percepción de los argentinos sobre corrupción, la comunicación del Presidente y el escándalo en la ANDIS, además midió la aprobación de Javier Milei, y el interés electoral. Leer más
El ministro de Justicia presentó al proyecto junto a la comisión redactora.Los integrantes de los tres poderes que sean condenados podrían afrontar penas de hasta 15 años de cárcel.
La legisladora porteña recordó su vínculo con Cristina Kirchner en el Congreso y señaló que, a pesar de tener coincidencias, la expresidenta " no terminó con la matriz de la corrupción". Leer más
El alcalde de Medellín, de manera sugerente, dijo que "ahí está incluido el jefe de la banda", en posible referencia a Daniel Quintero, el investigado exalcalde de Medellín
El caso revela la complejidad de mecanismos de control en el sector público
La mandataria señaló que la iniciativa se centrará en casos comprobados donde funcionarios públicos no expliquen cómo se hicieron de un bien inmueble de manera legal
El llamado "huachicol fiscal" representa un robo veinticinco veces superior al de la llamada Estafa Maestra durante el sexenio de Enrique Peña Nieto
Once años después de radicada la denuncia, y tras superar múltiples escollos, la Justicia federal de Mar del Plata procesó a decenas de integrantes de los grupos financieros Jonestur y Transcambio, acusados de conformar una asociación ilícita con ramificaciones locales e internacionales, que van de la corrupción kirchnerista y el narcotráfico, a la Banca Privada de Andorra (BPA). El juez federal Santiago Inchausti consideró que se recolectaron evidencias suficientes para procesar a los acusados por presunta intermediación financiera ilegal, captación de ahorros no autorizada y lavado de activos, valiéndose de una compleja red de empresas, fideicomisos y cuentas bancarias en el exterior.En ese sentido, los grupos Jonestur y Transcambio montaron estructuras offshore, algunas reveladas en los "Panama Papers", para captar fondos de particulares y canalizarlos a través de casas de cambio y "cuevas" financieras. Esos fondos fueron luego reintroducidos en el sistema formal mediante operaciones inmobiliarias y comerciales, disimulando así su origen ilícito.Esa operatoria bajo sospecha benefició, por ejemplo, a los testaferros del fallecido exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, quien manejó durante años decenas de millones de dólares sin declarar. Según la investigación, ambas estructuras financieras ofrecieron servicios de reciclaje y triangulación de fondos que terminaron en sociedades offshore asociadas a Muñoz, contribuyendo a ocultar parte de su fortuna en el exterior.La operatoria de Jonestur y Transcambio, según reconstruyó la Justicia, se desarrolló en Mar del Plata, la ciudad de Buenos Aires, Andorra y Panamá, pero también con el apoyo de "arbolitos" que ofrecían divisas en la vía pública, custodiados incluso con vehículos cargados de dinero y armas. Todo eso, con la connivencia de personal policial bonaerense y con el objetivo de dar apariencia de legalidad a fondos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción y la trata de personas.En su resolución, el juez Inchausti también impuso embargos multimillonarios: $50.000 millones para los principales acusados y $10.000 millones para otros procesados, con el fin de garantizar la devolución de fondos a los ahorristas perjudicados. Muchas víctimas denunciaron haber perdido sumas cercanas al medio millón de dólares en inversiones canalizadas por Jonestur.Entre los procesados aparecen miembros de las familias García Navarro, Ramaglio, Vattuone e Irazoqui, además de conocidos operadores financieros como Oscar Rigano, Rubén Seret y Rolando Todaro â??este último señalado como nexo clave entre ambas organizacionesâ??. El fallo también alcanzó al comisario (RE) de la Policía bonaerense, Gerardo Julio Gómez, imputado por encubrimiento agravado debido a que omitió denunciar las maniobras.Decomiso anticipadoLa investigación, cabe aclarar, también abarca al patrimonio de Francisco Fernando García Navarro, el histórico presidente del Grupo Jonestur, quien falleció en 2018. La Justicia ordenó el decomiso anticipado y definitivo de parte de su acervo sucesorio, integrado por propiedades en Tandil adquiridas mediante el fideicomiso Quirón, acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y participaciones societarias en Jonestur Crediticia, Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. y García Navarro Hnos. Según la resolución, estos bienes habían sido incorporados a la red de lavado y ocultaban el verdadero origen ilícito de los fondos.En paralelo, se dispuso una rogatoria internacional a Andorra para asegurar activos detectados en cuentas de García Navarro, sus hijas y un conjunto de sociedades panameñas asociadas al grupo. El expediente detalla que en 2023, en Andorra, directivos de Jonestur â??entre ellos Rigano y Seretâ?? celebraron un acuerdo con el Ministerio Público del Principado, donde reconocieron delitos financieros y aceptaron multas por más de 32 millones de euros, además del decomiso de casi 8 millones de euros en comisiones ilegales. A pesar de ello, en la Banca Privada de Andorra (BPA) permanece congelado un saldo cercano a 40 millones de euros, que la Justicia argentina busca recuperar para reparar a los damnificados.A lo largo de 243 fojas, la resolución de Inchausti refleja la magnitud de la operatoria cuestionada: además de las cuentas de los imputados y sus familiares, fueron detectadas múltiples cuentas de sociedades offshore en Andorra, Panamá y otros paraísos fiscales, todas ellas vinculadas al circuito de blanqueo. Las declaraciones de las propias hijas de García Navarro confirmaron que los fondos depositados en cuentas familiares en la BPA tenían como origen exclusivo el patrimonio de su padre, sin poder justificar el origen lícito de ese dinero.Planteos judicialesLos procesamientos, cabe remarcar, los dispuso el juez Inchausti, quien años atrás había sido apartado del expediente por planteos de las defensas, pero fue luego reincorporado tras la revisión de instancias superiores. Su regreso al caso resultó decisivo para destrabar medidas que estaban paralizadas, entre ellas el decomiso de bienes sucesorios y la rogatoria internacional a Andorra, que finalmente quedaron firmes en junio de 2025.La fiscal federal Laura Mazzaferri, en tanto, quedó al frente de la investigación junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y jugó un papel clave en sostener la acusación pese a los múltiples intentos de las defensas por dilatar el proceso. Impulsó los pedidos de decomiso anticipado, trazó los nexos entre las operaciones locales y los fondos offshore, y articuló la cooperación internacional que permitió avanzar sobre cuentas en Andorra y Panamá. En su dictamen, subrayó que la magnitud de la estructura "solo puede explicarse por la connivencia de sectores económicos, políticos y policiales".La investigación, iniciada en 2014, requirió años de escuchas telefónicas, peritajes contables, testimonios de ahorristas damnificados -muchos de ellos por Pedro Bove y otros letrados- y cooperación internacional. La resolución judicial sostiene que "quedó acreditado que los fondos manejados provenían de actividades ilícitas y que ambas estructuras actuaron con vocación delictiva permanente", configurando una de las mayores redes de intermediación financiera ilegal de las últimas décadas en Argentina.
El organismo multilateral ha advertido que la corrupción le cuesta a Perú el 2,4% de su PIB cada año, y que la diferencia de tasas entre MIPYME y grandes empresas es la más alta que entre los países OCDE
Durante 12 años manejó una de las cajas más grandes de la política y fue un hombre clave en el kirchnerismo. Este martes deberá enfrentar otro veredicto. La historia de su detención y cómo pasó de ser un intocable a tener 12 juicio orales.
El debate sobre la permanencia del partido revolucionario resurge tras la serie 'PRI: Crónica del fin', que analiza su influencia en la política mexicana
Operativos masivos en Perú dejan un récord de detenciones, al tiempo que surge el debate sobre los procedimientos empleados y la falta de impacto sostenido en la seguridad ciudadana
Tras haber transcurrido 20 años del caso Skanska, uno de los primeros grandes escándalos de corrupción del kirchnerismo, la Justicia se apresta a emitir señales concretas de avance en esa dilatada causa. El fiscal federal Abel Córdoba pidió cinco años de prisión para el exministro de Obras Públicas Julio De Vido; para el exsecretario de esa cartera José López, y para el exgerente general de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa, entre un total de 30 imputados. Los acusa de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo, al tiempo que pidió el sobreseimiento de casi una veintena de empresarios.En su presentación, la fiscalía dio por acreditada la existencia de un pacto entre funcionarios y determinados hombres de empresa para adjudicar las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur a Skanska a cambio del pago de sobornos. Entre las evidencias suministradas se suman informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), llamadas telefónicas y emails internos de la empresa.Precisamente, una prueba clave en este expediente, que fue convalidada por la Justicia, la constituyó una grabación de la propia Skanska, producto de una investigación interna, en la que un directivo de la firma admitía que se habían pagado sobornos, y la existencia de facturas truchas.La definición tardía de este proceso resulta escandalosa no solo por el tiempo transcurrido, sino porque tristemente revela que en nuestro país puede pasar casi una generación antes de que un hecho de corrupción gubernamental llegue a juicio oral y se conozca el veredicto. Que delitos cometidos mientras se trazaban los cimientos del sistema de obra pública del kirchnerismo tarden tanto en ser juzgados no es solamente un problema judicial, sino un síntoma crónico de disfunción en una democracia donde el saqueo a las cuentas del Estado se volvió la estrategia preferida de cierta dirigencia que se cree impune y donde buena parte de la sociedad decidió hacer la vista gorda o no calculó la gravedad de naturalizar semejantes latrocinios.Skanska fue el ensayo general de una vil matriz que se repetiría sistemáticamente: entrega de obra pública digitada para beneficiar a amigos o testaferros; licitaciones amañadas; sobreprecios, cuyos montos debieron hacer dudar hasta el menos avezado en cuestiones técnicas; facturas apócrifas; empresas cómplices, y funcionarios que sorteaban o anulaban los controles públicos en beneficio personal y sin ninguna consecuencia. La operación que siempre dio señales de ser tan burda como efectiva, sin embargo tardó dos décadas en llegar a juicio oral. Resulta inexplicable que haya pasado tanto tiempo sin justicia habiendo mediado una empresa extranjera que confesó haber pagado sobornos, grabaciones internas que probaban el delito y un tan nefasto como evidente sistema de contrataciones para simular transparencia, entre otros aspectos igualmente delatadores.Es cierto que contamos con cierta legislación y estructura judicial que permiten -cuando no favorecen- la postergación indefinida de juicios. También resulta indiscutible que existe una aceitada trama de chicanas procesales utilizadas por los imputados para evitar ser juzgados, como recusaciones, planteos de nulidad, cambios de domicilio, excusas de todo tipo e infinidad de discusiones sobre la validez de pruebas. Todo ello no hace más que dilatar los procesos y permite que la impunidad se enseñoree.Que los imputados tengan derecho a defenderse no habilita a transformar el proceso penal en un campo minado de planteos cuya finalidad es eludir la condena. El caso Skanska lleva dos décadas sin sentencia, un ejemplo escandaloso que fue seguido por innumerables actos delictivos contra el Estado, aún a la espera de un pronunciamiento judicialQue los imputados tengan derecho a defenderse no habilita a transformar el discurrir del proceso penal en un campo minado de planteos cuya única finalidad es eludir la condena. Es un uso abusivo de las garantías que otorga el Estado de Derecho. Más aún, el éxito de estas maniobras ha enviado otro mensaje nefasto durante años: quien cuenta con poder o algún tipo de protección político-judicial es posible que se garantice impunidad o que el castigo penal le llegue tan tarde que ya no tenga el efecto debido.No es ilógico ni temerario suponer que la falta de justicia en este emblemático caso inicial haya sembrado el terreno para los que vinieron después. ¿Por qué los corruptos habrían de temer ser condenados si uno de los primeros escándalos ni siquiera llegaba a juicio? Hoy muchos de los nombres vinculados a Skanska -como Julio De Vido y José López- aparecen en otros juicios igualmente graves. Insistimos en que Skanska no fue un hecho aislado; fue el punto de partida, la nefasta "invitación" a seguir cometiendo delitos contra la administración pública y pretender salir indemnes.Está previsto que próximamente empiecen a conocerse veredictos en este y en otros casos resonantes como el programa Fútbol para Todos y la compra de gas natural licuado.Entre los expedientes en los que se encuentra imputada la expresidenta Cristina Kirchner figuran la causa conocida como cuadernos de las coimas, Hotesur-Los Sauces y el encubrimiento por el memorándum con Irán.En todos ellos se acumulan gravísimas acusaciones contra altos exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas. Por caso, además de De Vido y López, el exministro Aníbal Fernández y el exjefe de Gabinete Jorge Capitanich aparecen en la causa Fútbol para Todos.Es sabido que se deben respetar los tiempos del debido proceso. Se trata de un argumento válido en el plano formal, pero que deviene insostenible cuando se transforma en excusa para justificar la parálisis judicial. El respeto por las garantías no puede ser sinónimo de inacción. El equilibrio entre derechos procesales y la necesidad de justicia efectiva es lo que define a una democracia sólida.La expectativa no puede ser otra que la exigencia de ejemplaridad. La sociedad necesita urgentemente confirmar que el que las hace debe pagarlas y que, como suele decirse, justicia tardía no es justicia. Procesar con celeridad no es ceder a presiones de ningún tipo ni contentar a espíritus punitivistas, como se quiere hacer trascender, sino cumplir con el mandato esencial del Poder Judicial, que no es otro que el de impartir justicia en tiempo y forma. Está en juego no solo la responsabilidad de un grupo de delincuentes, sino la credibilidad misma de nuestras instituciones.
Una encuesta nacional de la Universidad de San Andrés confirma que la aprobación al Gobierno cayó al 39% y la desaprobación trepó al 58%. El respaldo persiste entre votantes de derecha, hombres, mayores de 60 y sectores medios bajos. La corrupción supera a los bajos salarios y el desempleo como problema más urgente. Axel Kicillof y Cristina Kirchner se posicionan como principales líderes opositores. Leer más
Los empresarios pedían que se cierre el caso y dejar de ser investigados.
La congresista reaccionó a la decisión de la Fundación San José y aseguró que continuará con las acciones legales
La precandidata presidencial criticó con contundencia la distribución de los recursos de 2026 y recordó varios hechos en los que el Gobierno nacional ha "malgastado" los recursos
La investigación judicial contra los implicados sigue en curso y la comunidad espera que se esclarezca el destino de los recursos municipales comprometidos
El Superior Tribunal de Justicia revocó la prisión preventiva de la excoordinadora del IAFEP, imputada por presunto fraude al Estado y certificación de obras inexistentes. El caso seguirá camino a juicio oral. Leer más
El exministro participará en diligencias para esclarecer una presunta red de desvío de recursos en la entidad, denunciada por Olmedo López, que vinculó a funcionarios, exfuncionarios y congresistas en reuniones realizadas en la Casa de Nariño
MADRID.- La presión judicial sobre el entorno más cercano de Pedro Sánchez se intensificó esta semana en España. Un juez cerró la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y propuso que sea juzgada por un jurado popular bajo la acusación de malversación de fondos. Paralelamente, un tribunal confirmó que David Sánchez, hermano del líder socialista, será llevado a juicio por tráfico de influencias. Ambos procesos se producen en medio de otras causas abiertas contra colaboradores del oficialismo y profundizan la ofensiva política de la oposición, que exige la dimisión del jefe del Ejecutivo.La decisión sobre Gómez fue adoptada por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien considera que existen "indicios sólidos" de que una funcionaria de la Presidencia trabajó en actividades privadas de la esposa de Sánchez. Según el auto judicial, Cristina Álvarez, contratada como personal de confianza en La Moncloa, habría dedicado parte de su labor a gestionar cuestiones vinculadas a Gómez, lo que podría constituir un desvío de recursos públicos.Junto a Gómez y Álvarez, también está implicado Francisco Martín Aguirre, exfuncionario de Presidencia y actual delegado del Gobierno en Madrid, acusado de haber participado en la contratación que permitió la supuesta malversación. Los tres fueron citados el sábado para recibir la notificación formal del cierre de la instrucción. Aunque la resolución todavía puede ser recurrida, Peinado ya recomendó que el caso sea elevado a juicio con jurado popular.En su declaración del 10 de septiembre, Gómez negó haber cometido irregularidades. Reconoció que en ocasiones solicitó a Álvarez que le enviara algún mensaje puntual, pero rechazó que hubiera contado con su apoyo en gestiones privadas. "Nunca me ayudó en mis actividades profesionales", aseguró entonces.La causa contra la esposa del presidente se originó en abril de 2024 a partir de denuncias impulsadas por asociaciones vinculadas a la extrema derecha, entre ellas el colectivo Manos Limpias. Ese mismo proceso llevó a Sánchez a barajar la posibilidad de dimitir, en medio de un clima político enrarecido y de acusaciones cruzadas entre el Gobierno y sectores de la justicia. Finalmente, el mandatario socialista decidió continuar en el cargo, aunque denunció la existencia de una campaña política y mediática en su contra.Otros frentes judicialesEl frente judicial, sin embargo, no se limita a su esposa. Este martes, otro tribunal ordenó enviar a juicio a David Sánchez, hermano menor del presidente, por presunto tráfico de influencias. El caso se remonta a 2017, cuando el Ayuntamiento de Badajoz, gobernado por el Partido Socialista, lo contrató como coordinador de las escuelas municipales de música. La acusación sostiene que el puesto fue diseñado a su medida gracias a las conexiones políticas de su hermano, que en ese momento ya lideraba el PSOE a nivel nacional.Aunque la Fiscalía había solicitado archivar la causa por falta de pruebas, el juez decidió mantenerla abierta y aceptar la acusación popular ejercida por Manos Limpias, que reclama una condena de tres años de cárcel. La organización, dirigida por el abogado y excandidato de extrema derecha Miguel Bernad, se convirtió en la principal impulsora de las denuncias que rodean al círculo íntimo de Sánchez.David Sánchez defendió su inocencia y calificó las acusaciones de fabricadas. El propio presidente también salió en su defensa, insistiendo en que se trata de una persecución política contra su familia. "Estas causas parten de denuncias falsas y responden a intereses espurios", afirmó.Los problemas judiciales afectan también a antiguos colaboradores de Sánchez. Su ex número tres en el PSOE, Santos Cerdán, y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, están bajo investigación por supuestamente recibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Además, el fiscal general del Estado, nombrado por el propio Gobierno, enfrenta un proceso por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.La oposición no tardó en aprovechar las noticias. "A este paso, el sanchismo va a necesitar un banquillo de los acusados más largo que la mesa del Consejo de Ministros. Dimisiones ya", escribió en la red X Miguel Tellado, secretario general del conservador Partido Popular (PP). Desde hace meses, la principal fuerza opositora reclama la renuncia del presidente por lo que considera una sucesión de escándalos que comprometen la credibilidad institucional.A este paso, el sanchismo va a necesitar un banquillo de los acusados más largo que la mesa del Consejo de Ministros. Dimisiones ya.https://t.co/MLyS8YUDo3— Miguel Tellado (@Mtelladof) September 24, 2025El gobierno, por su parte, se ha limitado a expresar confianza en la justicia. La vocera oficial, Pilar Alegría, aseguró el martes que mantiene el "máximo respeto" por las decisiones judiciales y confió en que "la verdad se abra camino y ponga las cosas en su sitio".Con las causas en curso y un clima político polarizado, la batalla judicial se ha convertido en un frente abierto que amenaza con debilitar aún más al Ejecutivo. Para Pedro Sánchez, cada paso en los tribunales de su esposa y de su hermano no solo implica un desafío personal, sino también una creciente presión sobre su liderazgo político.Agencias AFP y Reuters y diario El País
"Cada quien, desde la posición o responsabilidad que tiene, ocupa o que ocupó, deberá responder por sus actos ante la ley y ante el pueblo", dijo en su comparecencia
El procesamiento judicial de Alberto González Amador se produce un día antes de la apertura de juicio oral contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno
Los funcionarios admitieron su culpabilidad en un juicio abreviado en un causa por defraudación al Estado por compra de panificados y obra pública. Leer más
La mandataria celebró que los ingresos estatales alcanzaron una cifra récord de 354 mil millones de pesos, lo que representa un incremento respecto al año anterior
El fiscal federal Franco Picardi, a cargo del caso, ajustó la investigación a maniobras de presunta corrupción en la agencia de Discapacidad y solicitó a un área especializada de la Policía Federal que realice una nueva pericia al celular que se le secuestró al ex funcionario. Leer más
El panista cuestionó a la presidenta para que aclare si permitirá la continuidad de este delito o si asumirá una postura de transparencia
La periodista y precandidata presidencial aseguró que en el gobierno del presidente Gustavo Petro "se fortalecieron" las mafias y la corrupción
La extitular de Familia y Desarrollo Social de la provincia Cecilia Torres Otarola quedó fuera del Estado tras ser condenada a prisión e inhabilitada por en la causa conocida como "Ñoquis Calientes". El decreto fue firmado por el gobernador actual
El gobierno de Milei representa la última capa de una larga construcción de la derecha argentina: la vinculación de la corrupción a las políticas sociales de tinte redistributivo. La opacidad financiera a todo nivel, los vetos y los asesores que evaden responsabilidades institucionales hacen que este gobierno pueda ser concebido como una definición precisa de corrupción estructural. Leer más
El presidente se refirió a los polémicos audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad y calificó las acusaciones contra su hermana como "muy tontas". Leer más
Economía de No Ficción. El plan Erman VII fue en enero de 1991 después de apreciar el austral. A los pocos días llegó Domingo Cavallo al Ministerio de Economía y tres meses más tarde fijó la moneda al dólar: el 1 a 1.
Esta condena se suma a un historial judicial que ya incluye dos sentencias previas contra Rodríguez por hechos similares vinculados a la organización de los Juegos Nacionales 2015
El precandidato presidencial y exalcalde de Medellín también afirmó que ganará en las elecciones del próximo 26 de octubre
MAR DEL PLATA.â?? Dos jueces del fuero Civil y Comercial del departamento judicial Tandil afrontarán un jurado de enjuiciamiento a partir de denuncias que los vinculan con intervenciones irregulares en el manejo de reclamos por tierras en ese distrito, en particular una parcela que involucra unos 250 lotes próximos al cotizado cerro El Centinela. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires habilitó el reclamo y avanzó con el sorteo del tribunal que deberá escucharles su descargo, definir si incurrieron en delito y en ese caso determinar su continuidad en los cargos que actualmente ocupan y ejercen, ya que no han sido suspendidos en sus funciones. Los apuntados son José Martin Zárate, que está al frente del Juzgado Civil y Comercial N° 1, y Francisco Augusto Blanc, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 2, en ambos casos del departamento judicial Tandil, donde al mismo tiempo ofician y alternan como subrogantes en el Juzgado Civil y Comercial N° 3, que no tiene titular designado. Están acusados de incompetencia o negligencia, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone, graves irregularidades en los procedimientos a su cargo y parcialidad manifiesta. Los denunciantes y quienes hicieron el pedido de jury para ambos magistrados son Juan Pedro Burs y Jorge Heters, que en esa presentación alegan que estos jueces inician juicios sin pruebas y no cargan información en la Mesa de Entradas Virtual, representan a personas vulnerables y analfabetas, aprueban testamentos sin pericias caligráficas, desestiman pronto la prueba que presentan los demandados, destruyen pruebas, cierran pronto la etapa probatoria acelerando el proceso hacia la sentencia, se apropian de bienes de manera indebida y se imponen costas excesivas al demandado. Argumentan que los jueces han avanzado en sus intervenciones sobre expedientes con maniobras "fraudulentas y extorsivas" que están dispuestos a probar ante el tribunal de enjuiciamiento que se acaba de conformar. Del sorteo realizado surgió que acompañarán a Hilda Kogan, miembro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Guillermo Ernesto Sagues, del departamento judicial San Isidro; Jorge Omar Frega, del departamento judicial Morón; María Margarita Di Santi y Eduardo Fortunato Dinatolo, ambos del departamento judicial Mercedes, y Laura González, del departamento judicial Quilmes. Se completa el tribunal con los legisladores Avelino Zurro, Germán Di Césare, Sofía Vannelli, Abigail Gómez y Juan Manuel Rico Zini. La investigación del desempeño de ambos jueces lleva varios años y a comienzos de abril último, con intervención de la fiscalía a cargo de José Ignacio Calonge, se habían dispuesto allanamientos sobre oficinas judiciales y domicilios de particulares también involucrados, entre ellos el empresario local Luis Cerone y estudios jurídicos. Se secuestró documentación y en algún caso también armas de fuego, según trascendió oportunamente de fuentes del caso. Cerone habría tenido algún interés en quedarse con estas tierras del sector conocido como El Centinela, próximas a la Cantera Montecristo. Sobre esos lotes buscan que se respeten derechos los herederos de Ángel María Valente Noailles, que son los denunciantes en esta causa y quienes reclamaron y lograron el jury a ambos magistrados.En la denuncia ingresada ante la Secretaría del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del sistema judicial bonaerense se hace referencia a un modus operandi de ambos jueces que implicaría la creación de expedientes civiles con acciones de interdictos de recobrar o con acciones posesorias. "Se utilizan personas indigentes y sin conocimiento legal quienes, de manera singular, reconocen no ser propietarias del inmueble", dice los denunciantes y advierten que "el objetivo es simular una legitimidad que de otro modo sería inalcanzable por vías legales". "Eligen causantes que no tenían herederos, que no residían en Tandil y que fallecieron fuera del país y otros con problemas en su comprensión y libre voluntad (alzheimer)", expusieron. Burs y Heters llegan a esta instancia en representación de Ángel María Valiente Noailles, en el marco de un proceso de sucesión. Hay una disputa sobre la propiedad de estas tierras, en total 243 lotes. Argumentan que hay un "accionar coordinado" entre ambos jueces.En diálogo con LA NACION, Heter explicó que Zárate apela a la "manipulación activa y fraudulenta de procesos judiciales civiles", impone medidas "sin fundamento y con el solo fin de presionar y extorsionar" y apela a "negociaciones ilegales". Cita el caso de una reunión, en un hotel, donde el magistrado habría ofrecido "plata de su bolsillo" para "resolver la causa". Se habla de 50.000 dólares en un audio de esa conversación que ofrecen como prueba y al que accedió LA NACION. "Efectuamos tres denuncias penales donde se le atribuye al juez ser el orquestador principal de esta trama fraudulenta, integrando una 'asociación ilícita' junto con letrados y otros involucrados", remarcan en el pedido de jurado de enjuiciamiento. A Blanc lo apuntan por "complicidad, el encubrimiento de irregularidades previas, la continuación de acciones fraudulentas y el armado de expedientes, utilizando su posición para validar procesos viciados y favorecer intereses específicos".
El almirante Raymundo Morales alertó sobre el alcance del huachicol fiscal y su posible impacto en políticas estadounidenses, según Óscar Balderas
Pablo Bustos, representante de afectados en el proceso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, señaló que la Fiscalía General de la Nación registra ausencia de un liderazgo sólido
El Tribunal deberá aceptar o rechazar las propuestas de los imputados "arrepentidos", que buscan evitar el juicio oral y una eventual condena. En la lista, hay millones de dólares, propiedades en el exterior y hasta una embarcación
La presidenta sostuvo que la imagen del almirante Raymundo Morales Ángeles es la de un "hombre íntegro" en las Fuerzas Armadas
El informe Latam Pulse, confeccionado por Bloomberg y AtlasIntel, también muestra las expectativas económicas y laborales de la sociedad, las tendencias de votación para las elecciones legislativas de octubre, y los índices de popularidad de políticos como Sergio Massa, Victoria Villarruel, Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Leer más
El vocero presidencial Manuel Adorni volvió a las conferencias de prensa y, con un error gramatical sobre corrupción, convirtió un mensaje de defensa a Javier Milei en un furcio que se interpretó como todo lo contrario y se viralizó en redes sociales. Leer más
El precandidato presidencial también cuestionó la interpretación del ente acusador acerca del funcionamiento de las obligaciones urbanísticas anticipadas
Este jueves se levanta el secreto de sumario en la causa que investiga las grabaciones del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y el jefe de Gabinete cuestionó a Diego Spagnuolo: "¿Esos dichos son ciertos? ¿Este señor está en su sano juicio? Vamos a verlo"
La periodista Elise Ann Allen destacó que el pontífice reconoce la gravedad de las crisis que enfrenta la Iglesia y actuará con determinación, ya que es una persona discreta pero eficaz
Por ahora, la ministra digital no responde ante los ciudadanos, pero supervisa datos, administra trámites y toma decisiones que afectan al bolsillo del Estado
El exsubdirector quedó vinculado a la investigación, debido a las revelaciones que lo señalan como parte de una red de funcionarios por presuntas prácticas ilícitas al interior del organismo
María Laura Medina Salinas respalda públicamente el mensaje y la propuesta de su esposo
La dirigente de la UCR ejerció como jefa comunal de Resistencia entre 2003 y 2015, cuando era la principal figura de la oposición al peronismo. Fue diputada nacional y funcionaria de Mauricio Macri. El año pasado, recibió una condena que la inhabilitó a ejercer cargos públicos y la absolvieron en otro caso
Sería absurdo que la mayor maniobra de corrupción de este siglo terminara con el sobreseimiento de la mayoría de los empresarios acusados por cohecho a cambio de una "reparación integral", que rondaría en conjunto los 25 millones de dólares y que les evitaría afrontar el juicio por los llamados cuadernos de las coimas. No se trata tampoco de una discusión dineraria: solo corresponde que se haga justicia y se entienda que la impunidad no se puede comprar.Este escándalo, generado a partir de una estructura de corrupción que funcionó desde el Ministerio de Planificación Federal y destinada a recaudar fondos ilegales durante las gestiones presidenciales del kirchnerismo, surgió a partir de una investigación periodística de LA NACION, tras el hallazgo de cuadernos en los que el chofer de aquel ministerio Oscar Centeno contó con lujo de detalles el mecanismo utilizado para recaudar los pagos ilegales que hacían empresarios beneficiados con contratos de obra pública. La expresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada y se encuentra procesada como presunta jefa de una asociación ilícita. Alrededor de medio centenar de empresarios, mayoritariamente del rubro de la construcción, pidieron al Tribunal Oral 7 que se extinguiera la acción penal en su contra a cambio de una suma de dinero, y así evitar sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio oral cuyo inicio está previsto para el 6 de noviembre. A diferencia de los juicios abreviados, en los que el imputado puede reconocer el delito que se le atribuye y acordar una pena", con la reparación integral, no se reconocen los hechos que se juzgan en el proceso judicial. En tal sentido, el artículo 59, inciso 6, del Código Penal expresa que "la acción penal se extinguirá (...) por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes". El daño a la confianza y a las instituciones del país no se reparará con dinero, sino con condenas ejemplaresLos argumentos de los abogados defensores de los empresarios imputados no resultan sólidos. Entre otros, se señaló la enorme dificultad que conllevaría poner en marcha un juicio de esta magnitud, en el que existen más de 600 testigos citados a declarar, y se estimó que serían necesarias entre 500 y 1000 audiencias que podrían llevar alrededor de diez años. Frente a ese argumento, el titular del área de litigios de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Galpern, sostuvo que el hecho de que un juicio pueda resultar complejo o muy extenso "no justifica extinguir la acción" penal, sino que "exige más compromiso institucional". A su entender, permitir esa maniobra implicaría "mercantilizar la corrupción" y "banalizar delitos de enorme gravedad institucional".A la hora de evaluar el pedido de acceder a la reparación integral propuesta por algunos de los empresarios imputados, los jueces del Tribunal Oral 7 -Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori- no deberían desoír las sabias afirmaciones de la fiscal federal de la causa, Fabiana León, que podrían sintetizarse en una frase: la corrupción se juzga y la honra no se paga."En esta fiscalía no se vende impunidad", aseveró la fiscal, para quien la reparación que pretenden los empresarios y también algunos exfuncionarios imputados frustraría fines penales indeclinables como la verdad y la eventual sanción e inhabilitación de los culpables. Dijo con acierto que si este expediente "se transa" o "se mercantiliza", el mensaje hacia la sociedad sería letal, porque indicaría que "la ley se negocia cuando el imputado tiene poder o recursos", renunciándose a la igualdad ante la ley. "Permitir salidas transaccionales abre un mercado de impunidad que premia a quien puede pagar, rompe la simetría con el ciudadano común y erosiona la confianza democrática", subrayó.Es vital entender que el caso de los cuadernos de las coimas, al igual que otros hechos de corrupción asociados con el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y la malversación de fondos del Estado, no solo ha implicado un daño patrimonial para el erario público. También representa un golpe a la confianza en las instituciones y a la imagen internacional de la Argentina, que de ningún modo se reparará con el dinero que puedan aportar los imputados, sino únicamente con condenas ejemplares.
En una resolución clave, el alto tribunal avaló las medidas que se tomaron en la investigación contra el gobernador de Antioquia, concluyendo que eran necesarias para avanzar en las pesquisas que adelanta la Fiscalía
Una adolescente fue víctima de delitos graves en un domicilio particular; la intervención de las autoridades permitió esclarecer los hechos e incluir medidas de reparación de daños
El legislador pide la intervención de la Contraloría, Fiscalía e INVEA para inspeccionar el predio en Polanco
El Ministerio Fiscal les atribuye delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y extorsión, entre otros
Rogelio Frigerio habló en un acto en que la Universidad de Concepción del Uruguay le dio el título honoris causa al presidente de la Corte. El presidente de la Corte instó a los jóvenes a participar de la político y recordó el consejo de su madre para que fuera intendente de Santa Fe antes de iniciar su carrera judicial.