La creadora de contenido espera que el alto tribunal estudie el caso para que revierta la decisión en la que relacionaron sus acciones contra TransMilenio con un acto terrorista
El instructor no incluye en la nueva cuantía la partida por la eventual multa para ese delito que se pudiera imponer al investigado
"El presidente debe respetar lo que decide la mayoría de los diputados y los senadores y lo que le está reclamando la opinión pública", afirmó Carlos Bianco. Leer más
Desde ahora la mujer recibirá medio salario mínimo, mientras la jurisdicción laboral resuelve el caso
El alto tribunal falló a favor de la actriz de cine para adultos tras el cierre de su cuenta de Instagram con 5 millones de seguidores
La decisión fue tomada con 12 votos a favor y 10 en contra
Así lo recordó el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse. El control difuso se acabaría si el TC valida la cuestionada norma aprobada por el Congreso y promulgada por todo lo alto por Dina Boluarte
Con esta decisión, el TC refuerza la protección del debido proceso y sienta un precedente sobre los límites de las notificaciones tributarias
El alto tribunal fijó un plazo para que la Cámara entregue documentos que confirmen si las sesiones extraordinarias de junio de 2025 cumplieron con los procedimientos constitucionales
La decisión destacó la indebida valoración de pruebas por parte del Consejo de Estado y exhortó al Congreso a regular con urgencia la creación y disolución de coaliciones políticas
La provincia de Santa Fe aprobaría este miércoles su nueva Constitución luego de 11 sesiones de la Convención Reformadora que decantaron en la redacción del texto final que conformaría la Carta Magna.En la jornada del martes, la Comisión Redactora emitió tres dictámenes parciales con los que se buscará este miércoles desde las 10 definir los cambios que se incluirán en la Constitución, impulsados, en su mayoría, por el gobernador Maximiliano Pullaro, según informó La Capital Rosario.La última sesión entró en cuarto intermedio luego de que alrededor de las 19.50, el presidente de la Comisión Redactora, Joaquín Blanco, dispusiera el texto para la votación en el recinto de la Cámara de Diputados. La decisión de pausar la última sesión se consideró a raíz de que son más de 50 convencionales los que pidieron la palabra para expresarse sobre la histórica sanción.El primero de los dictámenes que emitió la convención contaba con el texto completo de la nueva Constitución e incluía todas las reformas realizadas. Este, cuenta con las firmas de 15 de los 18 convencionales que formaron parte de la redacción. Quienes se abstuvieron fueron Emiliano Peralta (Somos Vida y Libertad), y Nicolás Mayoraz y Marcos Peyrano (La Libertad Avanza).Por otro lado, el segundo de los dictámenes establecía que se coloquen antes del preámbulo los nombre de los 69 convencionales que participaron del largo proceso hace dos meses, y que los nombres de los firmantes aparezcan en el final. Cabe señalar que también se incluyó el nombre de Alejandra "Locomotora" Oliveras, quien murió habiendo aceptado ser constituyente. El último dictamen parcial de mayoría, establecía la eliminación del artículo 116 de la Constitución de 1962. Se trata de la norma que contenía las llamadas "clausulas transitorias" para la renovación de los mandatos a nivel Legislativo. Una vez terminadas las precisiones de Blanco, inició la ronda de oradores el gobernador Pullaro, que destacó el avance hacia una constitución "moderna y avanzada". En ese sentido, ponderó que "el 93% del articulado sale con el apoyo del 67% de los convencionales".En Santa Fe dimos un paso histórico que nos pone de cara al futuro.Vamos a tener una Constitución moderna con el ciudadano como centro, con límites claros al poder, y el Estado se hace cargo de la seguridad como deber indelegable. Además avanzamos como ninguna provincia conâ?¦ pic.twitter.com/3d7elw6lj2— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 10, 2025"Esta Constitución le abre las puertas al futuro y termina con los privilegios del poder", describió Pullaro y explicó: "La norma otorga rango constitucional a la seguridad, incorpora la ficha limpia y establece límites inéditos al poder". Felipe Michlig, presidente de la Convención, dará cierre al sesión como el último orador este miércoles.La nueva Constitución provincial quedará conformada por 161 artículos y 27 disposiciones transitorias, distribuidas en cinco grandes secciones.La primera parte estará dedicada a Principios, Declaraciones, Derechos y Garantías, con un único título que reúne 36 artículos. Se dividirá en cuatro capítulos: el inicial sobre Principios y Declaraciones; el segundo, sobre Educación; el tercero, en torno a las Garantías; y el cuarto, referido a Políticas Públicas.La segunda sección abordará el Régimen Electoral y la Participación Ciudadana, organizada en dos capítulos: uno centrado en el sistema electoral y otro en los mecanismos de participación.La tercera parte es la más extensa y contempla siete títulos. El primero regula el Poder Legislativo, dividido en cinco capítulos; el segundo corresponde al Poder Ejecutivo, también con cinco capítulos. El tercer título está dedicado al Poder Judicial, con un capítulo único; el cuarto al Ministerio Público; el quinto a Designaciones y Enjuiciamientos; el sexto a los Órganos de Control; y el séptimo al Juicio Político.La cuarta sección regula el Régimen Municipal, las Regiones y las Áreas Metropolitanas, con dos capítulos diferenciados: uno sobre la organización municipal y otro sobre la estructuración regional y metropolitana.Por último, la quinta parte incorpora los artículos 160 y 161, que refieren a la reforma de 2025, y tras ellos se ubicarán â??aunque fuera del articuladoâ?? las 27 disposiciones transitorias.El acto de jura de la nueva Carta Magna se realizará este viernes a las 16 en el recinto de la Legislatura, con la participación de los convencionales y las principales autoridades provinciales. Más tarde, a las 17, se celebrará un acto público en la explanada del edificio legislativo.
Los convencionales avanzan en el orden final del texto, que será aprobado en la sesión de este martes. Se comienzan a delinear balances del proceso reformista.
La defensa del expresidente catalán solicita apartar a Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y José María Macías, lo que retrasa al menos un mes la admisión a trámite de su recurso contra la decisión del Supremo sobre la ley de amnistía
Debido a los cuestionamientos sobre el respaldo de sectores oficialistas en la votación, la senadora del partido Comunes aclaró que su saludo al magistrado electo fue un acto protocolario
La congresista sostuvo que Colombia no requiere una nueva Constitución, sino que debe cumplirse la actual, y se mostró en contra de la propuesta, que considera impulsada por intereses políticos del petrismo
El presidente de la República, en sus redes sociales, indicó que este proceso llevaría a una reforma profunda del Congreso, por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía para sacarlo adelante; así enfatizó sus inconformidades frente a la decisión del Senado de escoger al exdefensor del Pueblo como togado
El proceso de selección expuso la influencia de presuntas redes familiares y alianzas políticas en la conformación de las altas cortes, en medio de fuertes tensiones por la elección del nuevo magistrado
El presidente aseveró que, de comprobarse que congresistas afines a su proyecto hayan votado a favor del exdefensor del pueblo, serán excluidos de su movimiento político
La nueva Carta Magna se votará el 9 de septiembre y entrará en vigor el día de la jura, el 12 de septiembre
La efusividad de los saludos de Sandra Ramírez y Gloria Flórez a nuevo magistrado fue interpretada en algunos sectores como un gesto de respaldo político que no fue bien recibido en la Casa de Nariño
Con un fallo unánime, se pone fin a la polémica sobre las corridas de toros en Colombia. Además de prohibirlas, se ordena la restricción de otras actividades que implican maltrato animal, como las cabalgatas y las peleas de gallos
La senadora del Centro Democrático denunció prácticas irregulares en la asignación de puestos estatales, y cuestionó la transparencia y el manejo de intereses políticos tras la elección en la Corte Constitucional
El proceso judicial abierto podría modificar la integración del alto tribunal y plantea nuevos desafíos para la independencia institucional
El jurista colombiano, ex Defensor del Pueblo y elegido magistrado de la Corte Suprema, protagonizó un momento inesperado en televisión nacional, porque no sabía que estaba en directo
La senadora del Centro Democrático dijo que la votación se sustenta en ponerle un freno al Gobierno, sin que eso haya implicado un ataque contra Patricia Balanta, la rival del exdefensor del Pueblo para el cargo
El nuevo magistrado de la alta corte combina una sólida formación académica, con doctorado incluido, con una trayectoria relevante en diferentes cargos en el sector público
La cantante reaccionó tras la imagen que se viralizó en redes sociales y expresó su inconformidad por el acto de la congresista
Sectores afines al Gobierno Petro han criticado la elección de Camargo en la Corte Constitucional porque es una decisión inconveniente para el proyecto político progresista
El alto tribunal abrió proceso para revisar la designación de Carvajal, quien fue elegido con 66 votos en el Senado y ya se posesionó en la Casa de Nariño ante el presidente Gustavo Petro
El proceso de selección del nuevo juez de la alta corte estuvo marcado por acusaciones de discriminación y tensiones políticas entre el oficialismo y la oposición
El exsenador, guionista y precandidato presidencial por el oficialismo lanza una fuerte acusación sobre posibles irregularidades en el proceso de selección del nuevo juez de la alta corte
La representante a la Cámara, en su cuenta de X, le solicitó al presidente Gustavo Petro que también le pida la renuncia al ministro del Interior, porque "no trabaja"
El alto tribunal amparó los derechos políticos del congresista del Pacto Histórico, quien deberá dejar su cargo en la Procuraduría para retornar al legislativo tras la anulación de la sentencia que había motivado su salida
Mientras el presidente está en una misión diplomática en Japón, la representante publicó en X unas palabras dirigidas a la derrota de la señalada candidata del Gobierno para ocupar el cargo del alto tribunal
En un mensaje publicado en la red social X, el jefe de Estado criticó duramente los argumentos esgrimidos para descartar a María Patricia Balanta, la candidata que contaba con su respaldo
Durante la elección en el Senado del nuevo togado de la alta corte, el congresista fue captado, al parecer, tomando una fotografía del tarjetón de votación, lo que provocó un debate sobre la integridad del proceso electoral en el Congreso
La senadora del partido Comunes y la precandidata presidencial sostuvieron un fuerte cruce de mensajes con la aspirante al primer cargo de la nación, en medio de una jornada agitada en el legislativo, que dejó como gran derrotado al jefe de Estado, Gustavo Petro
El presidente de la República, que adelantará una gira de Estado en suelo nipón, fue recibido por las autoridades locales, en una visita que se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre, cuando se espera esté de regreso en el país
El recién nombrado magistrado asumió su cargo en la alta corte, un puesto que desempeñará hasta 2033, con el compromiso de que su principal referente será la protección de los derechos humanos y la justicia
Desde los sectores contrarios al Gobierno Petro celebraron la escogencia del exdefensor del Pueblo, que llegará al alto tribunal para los próximos años, tras ganarle la puja a María Patricia Balanta, su principal contendora
El ministro del Interior, Armando Benedetti, felicitó al exdefensor del Pueblo por su nuevo puesto en el Estado
El tratado, suscrito el 3 de febrero de ese año en Caracas, fue sometido a un exhaustivo análisis formal por parte del alto tribunal
Con un total de 62 votos de 103 posibles, la corporación escogió al nuevo integrante del alto tribunal, para los próximos ocho años, en lo que es considerado un duro revés para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que apoyaba a María Patricia Balanta
Aunque el alto tribunal aprobó la creación del proyecto, descartó dos artículos, pero respaldó la reforma que busca mejorar el acceso a la justicia de las comunidades rurales, particularmente en la restitución de tierras y derechos de las víctimas del conflicto
Carlos Camargo, María Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar son los aspirantes a ocupar la vacante que deja José Fernando Reyes en la Corte Constitucional, y expertos advierten lo que pasaría si el Ejecutivo obtiene un aliado en este alto tribunal
El exvicepresidente de la República, con un duro mensaje en sus redes sociales, cuestionó que el ternado haya mantenido su candidatura, lo que a juicio del exfuncionario hará que se pierdan votos valiosos para evitar lo que podría ser la victoria de su contendora, María Patricia Balanta, y que lleguen a Carlos Camargo Assís
Antonio Sanguino fue impedido de ingresar al Senado durante la votación para la Corte Constitucional, hecho que calificó como inédito y que desató reacciones en defensores del Gobierno
La Convención Constituyente de Formosa discute hoy la reforma del artículo 132 de la Constitución provincial que habilita la reelección indefinida del gobernador. La tropa de Gildo Insfrán, mayoritaria en el cuerpo, busca incluir una cláusula transitoria para que el mandatario, que ya lleva ocho mandatos consecutivos, pueda buscar una nueva reelección.El artículo de la Constitución de Formosa que habilita la reelección indefinida fue incorporado en 2003, a instancias del propio Insfrán, que gobernaba la provincia desde 1995. A fines del año pasado, la Corte Suprema declaró inconstitucional la reelección indefinida y ordenó a Formosa readecuar su Constitución.Karina Milei se bajó del viaje del Presidente a Los Angeles en medio del escándalo por la filtración de audiosPara ajustarse al fallo del máximo tribunal, pero a la vez esquivarlo, el gildismo aceptará eliminar la reelección indefinida, pero introducirá una cláusula transitoria que considera el actual mandato de Insfrán â??el octavoâ??, como si fuera el primero bajo la nueva Constitución, lo que le permitiría presentarse nuevamente en 2027 y gobernar hasta 2031: podría cumplir 36 años como jefe absoluto de la provincia. "Este miércoles a la mañana el artículo 132 será tratado en comisión y a la tarde, en el recinto por parte de los constituyentes, según la información que estamos manejando", indicó Juan Montoya, abogado y convencional constituyente de la Unión Cívica Radical (UCR) al medio local Radio Parque.Montoya integra el equipo jurídico del radicalismo que judicializó la reelección indefinida en la provincia. A raíz de su presentación, el 19 de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia falló en contra del gobernador y declaró inconstitucional el artículo 132, que establece que "el gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos", sin fijar límite alguno a las candidaturas de ambos.Insfrán llegó a la gobernación de Formosa en 1987, cuando asumió como vicegobernador y recién en 1995 juró como primer mandatario provincial. En 2003, cuando se cumplían dos mandatos al frente de la provincia, impulsó una reforma constitucional para incorporar el artículo que le permitió permanecer en el poder por 30 años. Ya acumula ocho mandatos consecutivos.En agosto de este año se inició un nuevo proceso de reforma constitucional movilizado por el propio gobernador con el argumento de ampliar derechos de "tercera y cuarta generación" como el acceso al agua, la energía, la conectividad y la protección de datos.En las elecciones de finales de junio (donde se eligieron legisladores, concejales municipales y convencionales), el oficialismo formoseño obtuvo alrededor del 70% de los votos y logró ubicar a 21 de los 30 convencionales constituyentes. De las nueve bancas restantes, solo tres corresponden al radicalismo. Las otras seis están distribuidas entre La Libertad Avanza, Nuevo País y Libertad, Trabajo y Progreso.A pesar de constituir una minoría, en el radicalismo se ilusionan con poder finalmente poner fin a las reelecciones indefinidas en la provincia. "Las sensaciones son positivas, dado que cuando culmine con la modificación del artículo que permite la reelección indefinida, el trabajo que iniciamos hace más de tres años habrá terminado, comenzando luego a escribirse una nueva historia en la vida institucional de Formosa", afirmó Montoya.Se espera que el peronismo apoye la reforma, pero colocando como condición que el límite a los mandatos se aplique solo a partir de las próximas elecciones ejecutivas.La incorporación de esa cláusula gatillo es, para el dirigente radical, una violación a lo dispuesto por el Máximo Tribunal, que ya se expidió en contra de las reelecciones sin límite en Formosa. "La redacción del nuevo artículo tendrá que someterse al fallo de la Corte, que ya declaró la inconstitucionalidad de las reelecciones indefinidas, con el argumento en la sentencia de que Insfrán es un gobernador ilegítimo y electo burlando el sistema republicano de gobierno", señaló.Límites a las intervenciones federalesEsta semana, la Convención Constituyente aprobó también la reforma del artículo 32 de la Constitución provincial con el objetivo de limitar los alcances de una intervención federal en la provincia. La modificación podría ayudar a blindar el poder de Insfrán en Formosa y desalentar eventuales intromisiones.A fines de 2024, el senador nacional Francisco Paoltroni había solicitado al presidente Javier Milei que dispusiera la intervención federal de la provincia para "frenar el régimen de Insfrán""El artículo 99 inciso 20 [de la Constitución Nacional] faculta al Presidente de la Nación para intervenir en una provincia cuando las instituciones locales no respeten la forma republicana de gobierno. En el caso de Formosa, la perpetuación en el poder, la falta de independencia judicial y las graves violaciones a los derechos humanos justifican esta medida", argumentó oportunamente el legislador nacional.Si bien el pedido de Paoltroni no prosperó, sí alertó al oficialismo local que, este lunes, aprobó una reforma para limitar los alcances de eventuales intervenciones federales. Según consignaron medios locales, la modificación fue rechazada únicamente por los convencionales de la UCR y el partido Libertad, Trabajo y Progreso.En su formulación original, la cláusula establece: "En caso de intervención del Gobierno Federal, el representante nacional sólo podrá practicar válidamente actos administrativos que estén de acuerdo con esta Constitución y con las leyes provinciales".Ahora, el texto modificado agregó mayores especificidades que restringen el margen de acción de los eventuales interventores. Así, se definió que la intromisión deberá limitarse a "remediar las causas que la originaron y garantizar derechos y autoridades legítimas", que los interventores deberán responder civil, política, administrativa y penalmente por sus actos y que la provincia puede exigir reparaciones por "daños y perjuicios".La modificación también contempla aspectos vinculados a la economía provincial. En este sentido, se estableció que los interventores no podrán endeudar a Formosa ni cobrar sus sueldos con fondos de las arcas provinciales.
El movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) sancionó al senador con la suspensión provisional de sus derechos de voz, voto y representación política
Una de las ternadas por la Corte Suprema de Justicia se defendió de los señalamientos que se han hecho sobre su aspiración, pues ha sido considerada por los sectores de oposición como la ficha del presidente de la República
El partido de Germán Vargas Lleras pidió al Senado bloquear la participación de los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, sancionados por desobedecer directrices partidarias
La demanda argumenta que la norma viola el derecho a la cultura e impacta el sentido de pertenencia y la economía de varios municipios
El proceso enfrenta cuestionamientos sobre su validez mientras sectores sindicales y el Ejecutivo demandan una pronta resolución
El exvicepresidente y líder de Cambio Radical criticó con dureza a Iris Marín Ortiz por un video en el que la funcionaria, al parecer, promueve la elección de una mujer como magistrada de la alta corte
La magistrada y presidenta del Tribunal Superior de Buga subraya aspira a la Corte Constitucional por su preparación, trayectoria de 45 años en la rama judicial y compromiso con la independencia, y no a etiquetas de género o raza
El Ministerio Público defendió la Ley Rosa Elvira Cely y advirtió que eliminarla sería un retroceso. La Corte definirá su futuro, mientras en el Congreso avanza un proyecto para declarar imprescriptible este crimen
La colectividad confirmó a Semana que votará por Carlos Camargo en la elección de nuevo magistrado de la Corte
Para el exvicepresidente, el vínculo entre Iris Marín y la magistrada Natalia Ángel despierta inquietudes, pues considera que esa cercanía no debe tener incidencia en el plano institucional, ni influir en las decisiones del Congreso
El presidente afirmó que la decisión que tomará el Senado será clave para establecer una "alianza" con el Congreso, y destacó el evidente interés que existe en torno al próximo togado que integrará la alta corte
La gobernadora de Valle del Cauca indicó que no tiene influencia en la decisión de la bancada del Partido de la U en el Senado, frente a la elección del nuevo integrante del alto tribunal
PP y Vox acordaron modificar la norma mediante enmiendas introducidas en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat
El desenlace dependerá de los últimos movimientos en el Senado, en un proceso marcado por divisiones partidistas y apoyos cambiantes
La queja contra María Patricia Balanta fue presentada el 22 de marzo de 2024 por Natalia Giraldo Fernández
El exvicepresidente advierte que la administración de Gustavo Petro busca consolidar una mayoría en la Corte, lo que podría afectar la independencia judicial y modificar el rumbo institucional del país
En Puerto Nuevo, Montelíbano, la comunidad cruzaba la quebrada a través de un puente improvisado levantado con recursos propios y carente de condiciones seguras
De acuerdo con el exsenador y precandidato presidencial, en la Ley 2466 de 2025, promulgada por el primer mandatario tras la aprobación de legislativo, se permitió la inclusión de un artículo que beneficiaría a narcotraficantes y otros criminales de alto impacto
El máximo tribunal recordó que en las cárceles se debe garantizar el acceso a la salud de los privados de la libertad y condiciones de salubridad
Fiscal Suprema la acusa de haber incurrido en los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad por resistirse a acatar orden de la Junta Nacional de Justicia
Se aprobó el Acta 257, mientras que el Acta 256 sigue pendiente de votación por controversias en su trámite
La iniciativa busca facultar al Congreso en esta materia; la sesión ordinaria continuará hasta el 9 de septiembre
Expertos en política analizan el impacto de la posible llegada de María Patricia Balanta al tribunal constitucional, el debate sobre la independencia judicial y la influencia del Ejecutivo en decisiones clave
El mandatario respondió a las declaraciones del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que había explicado su ausencia por motivos de salud, y finalmente participó en el XX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional en Bogotá
La defensa de la lideresa de Fuerza Popular sostiene que los aportes cuestionados no configuran lavado de activos y reclama al TC dejar sin efecto la investigación fiscal en curso
El acto principal de la Jurisdicción Constitucional sigue según lo previsto, pese a la ausencia del presidente, con la participación de altos funcionarios y líderes estatales que refuerzan la institucionalidad del encuentro
En junio de 2024, el máximo juez de la administración pública anuló la elección del abogado como magistrado por no cumplir con la experiencia profesional requerida para el cargo
El alto tribunal calificó el cumplimiento de la cartera como bajo, señalando un retroceso en urgencias, demoras en citas especializadas y un aumento de quejas y tutelas
Santa Fe atraviesa un proceso histórico de reforma constitucional. La provincia "invencible" tiene un vínculo singular con el constitucionalismo argentino: fue pionera con el Estatuto Provisorio de 1819, albergó la sanción de la Constitución nacional de 1853 y fue sede de su última gran reforma, en 1994. Santa Fe no solo fue escenario, sino motor de los grandes pactos federales que dieron origen a nuestra organización nacional.La actualización de una Constitución de 1962 es, sin dudas, una oportunidad valiosa. Sin embargo, es importante advertir que no todo cambio implica necesariamente una mejora. Algunas propuestas generan legítimas alertas, y su insistencia no encuentra justificación razonable. Reformar con responsabilidad implica honrar la rica tradición constitucional santafesina, cuidando que los avances no se conviertan en retrocesos.Una primera preocupación surge respecto de la ley de reforma 14.384, cuyo contenido resulta excesivamente intrusivo sobre las competencias del poder constituyente. La Constitución de Santa Fe establece que el poder constituido debe limitarse a señalar los artículos o materias a reformar, sin predeterminar el sentido de los cambios. No obstante, la mencionada ley incurre en directrices impropias, intentando definir con precisión el contenido de las reformas, en detrimento de la autonomía de los convencionales.En segundo lugar, preocupa que uno de los verdaderos motores del proceso reformista sea la habilitación de la reelección del gobernador. Santa Fe, junto con Mendoza, era una de las pocas provincias que limitaban el mandato a una sola gestión. Esta restricción ha sido clave para consolidar una saludable cultura de alternancia y evitar la consolidación de liderazgos personalistas. Más grave aún sería incorporar mecanismos de emergencia institucional, como decretos de necesidad y urgencia o delegaciones legislativas, que implican una peligrosa concentración de poder. La experiencia nacional con estos instrumentos ha demostrado abusos que comprometen la división de poderes y la calidad democrática. La ortodoxia republicana exige rechazar estas figuras.En materia judicial, es acertado establecer que los jueces de la Corte Suprema provincial requieran el acuerdo de dos tercios de los miembros presentes de la Legislatura, y fijar un número máximo de integrantes (no más de siete) para evitar manipulaciones por vía de ley ordinaria. Asimismo, es fundamental constitucionalizar estándares de transparencia: declaraciones juradas patrimoniales, impositivas y de intereses; mecanismos de impugnación y observación ciudadana; audiencias públicas y plazos razonables en los procesos de selección.Respecto del Consejo de la Magistratura, sería deseable que al menos la mitad de sus miembros sean jueces elegidos por sus pares, en línea con las recomendaciones europeas. La partidización de este órgano deteriora su eficacia, profesionalismo e independencia. La experiencia nacional es clara: la reforma constitucional de 1994 creó el Consejo para despolitizar la selección y remoción de jueces, pero su reglamentación posterior desvirtuó este objetivo al no incluir su integración en el texto constitucional.En esa línea, si se contempla representación legislativa en el Consejo de la Magistratura, sería más adecuado que los poderes políticos designen a juristas de reconocida trayectoria y no a legisladores en ejercicio. La acumulación de funciones y la falta de separación de poderes atentan contra el equilibrio institucional y el principio de especialidad.Existen, en definitiva, dos modelos posibles para el Consejo: uno de perfil político, con protagonismo de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y otro técnico-profesional, con mayor peso de jueces, abogados y académicos. Coincidimos con Carlos Nino cuando afirmaba: "Las condiciones de independencia del juez que preside el proceso son fundamentales (...) La designación por los órganos políticos promueve el favoritismo con el órgano del que proviene la designación".Otro aspecto a debatir es la necesidad de acuerdo legislativo para el nombramiento de jueces, fiscales y defensores de instancias inferiores. Si se buscara avanzar hacia un modelo basado en el mérito, sería coherente que las ternas surgidas de concursos públicos vinculantes no puedan ser rechazadas discrecionalmente por la política. En todo caso, podría contemplarse -como sugería Bidart Campos- una única posibilidad de rechazo legislativo, evitando así el bloqueo partidario de las designaciones.Respecto del Ministerio Público de la Acusación, conviene tomar en cuenta la reciente advertencia de la relatora especial de la ONU sobre independencia de los magistrados y abogados, sobre todo en cuanto a que el actual sistema de designación permite al Poder Ejecutivo elegir a voluntad entre los aprobados del concurso sin dar razones ni sustento técnico, lo que erosiona la autonomía funcional y subordina la designación y permanencia de los fiscales a la voluntad del oficialismo. En ese sentido, es fundamental garantizar la autonomía, autarquía financiera, intangibilidad del presupuesto y facultades de superintendencia del organismo.Otro tema que puede tenerse en cuenta es la inclusión de herramientas de democracia semidirecta como la iniciativa popular, a través de pisos bajos de participación e implementación de medios digitales para evitar burocratización y facilitar la participación ciudadana. También resulta interesante, como lo solicitó la diócesis santafesina, el tratamiento de los derechos digitales para reafirmar una visión ética y humanista del desarrollo tecnológico en el mundo de la inteligencia artificial.Finalmente, es clave que el proceso reformista no desconozca el protagonismo ciudadano. Miles de santafesinos han presentado propuestas con compromiso cívico. Que una de las provincias más relevantes del país, y de la que surgieron republicanos de la talla de Lisandro de la Torre, abra este debate es alentador. Pero sería un grave error que esas expectativas fueran frustradas por ambiciones coyunturales. Si se logra un debate abierto, plural y respetuoso, esta reforma podría consolidar una arquitectura institucional moderna y republicana que honre su legado y proyecte su ejemplo de consenso a una Argentina polarizada.Sabsay es profesor titular y director de la Maestría en Derecho Constitucional (UBA); Fernández Arrojo, abogado especialista en Derecho Constitucional (UBA-UA)
El alto tribunal advirtió que, pese a las acciones reportadas, no hay un aumento constante en la cobertura de los programas de seguridad alimentaria y encontró cuatro aspectos que impiden avances
La entidad indicó que la continuidad de subsidios dependerá de la decisión final del alto tribunal, y reiteró que todo el proceso legislativo cumplió con los requisitos constitucionales y legales.
La decisión judicial reconoce que la distancia geográfica no impide acceder a la pensión, si se demuestra la vigencia de la relación y el compromiso entre los miembros de la pareja
La compañía reitera que no conoce los estados financieros desde la intervención y advierte que recurrirá a instrumentos legales si no se cumple el fallo a favor de la restitución
La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático se expresó en sus redes sociales frente al proceso en el que en la Cámara de Representantes se intentó subsanar las irregularidades en la aprobación de esta proposición, que fue devuelta por el alto tribunal por saltarse la discusión del articulado en su cuarto debate
La Corte sesionará solo para desahogar juicios pendientes de resolución relacionados a la reforma electoral del Poder Judicial
Según el alto tribunal, más de 13.000 miembros de la fuerza pública podrían beneficiarse de este incentivo por sus labores en la zona afectada por el conflicto armado
La Corte indicó que el fuero de estabilidad laboral reforzada protege a quienes presentan situaciones de debilidad manifiesta, aun sin un dictamen formal de discapacidad
El fallo sostiene que Tabacalera Sarandí, de Pablo Otero, no pudo probar la afectación al derecho ni la irrazonabilidad de la Ley que la obligaba a pagar impuestos.Debe más de US$1.000 millones al fisco.
El alto tribunal revisará las hojas de vida de los aspirantes antes de conformar la terna que enviará para designar al nuevo magistrado
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se dispone a definir la lista final de candidatos que competirán por reemplazar al magistrado José Fernando Reyes
La confrontación entre el presidente y el alto tribunal sumó un nuevo episodio luego de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar rechazara las acusaciones en su contra
El jefe de Estado advirtió que sectores políticos buscan frenar las transformaciones sociales de su Gobierno
El alto tribunal aceptó una acción que pone bajo análisis una herramienta jurídica empleada por la JEP con exuniformados
El alto tribunal admitió una demanda presentada por miembros de la fuerza pública sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz
El TC concluyó que la negativa a su traslado no estuvo debidamente justificada, vulnerando su derecho a la salud y a una atención médica adecuada
La idea según la cual "donde hay una necesidad, nace un derecho" ha sido objeto de recurrentes desafíos por parte del Presidente, que no desperdicia ocasión para citarla, criticarla y dejarla de lado con muchas ironías pero pocos argumentos. Algún ilustrado miembro de nuestra Corte Suprema también, en su momento, supo tomar esa idea, para despacharla rápidamente. Pero esa idea tiene importancia y fuerza normativa dentro de un derecho como el argentino.Esta idea nació al calor del combate político, y ganó buena parte de su atractivo por incluir dos virtudes distintivas: encerrar un principio relevante y expresarlo de un modo simple y claro. Esas virtudes, propias de los lemas políticos exitosos, implican en el mejor de los casos el comienzo de un razonamiento, que luego debemos pasar a discutir con detalle. El Presidente, sin embargo, opta siempre por el camino contrario: no el de tratar de identificar lo interesante que puede haber en aquel desafío ("necesidades: derechos") y presentarlo en su mejor versión, para solo después refutarlo, sino el de la apresurada trivialización de la idea, a partir de su peor presentación imaginable. De manera común, el Presidente dice que "como las necesidades son infinitas y los recursos son escasos", resulta insostenible afirmar que el Estado debe usar sus muy limitados recursos para cubrir demandas sin término. Pero, claro, esa atolondrada refutación depende de un punto de partida absurdo. Si se toma una noción ridícula para asimilar "necesidad" con cualquier "preferencia" o "deseo" que uno tenga, y se define al "derecho" como "reclamo que el Estado debe satisfacer (pagar) a toda costa", luego, el camino de la ridiculización de la idea queda servido. Alguien puede decir, por tanto, "necesito (deseo) un piano", y el de al lado "necesito (deseo) una casa de dos plantas", y el de más allá "necesito (deseo) vacaciones en Europa". Resulta obviamente absurdo pensar que el Estado debe "pagar" todas esas "necesidades", producto del capricho de algunos.Ocurre, sin embargo, que los términos en cuestión pueden definirse de un modo no ridículo, sino muy sensato. Por caso, el indio Amartya Sen ganó el Nobel de Economía, entre otras razones, por saber vincular la idea de necesidad (no con las preferencias de consumo de las personas, sino) con las "capacidades básicas" requeridas por cada individuo, para poder llevar adelante una vida digna. De modo similar, John Rawls -el filósofo político más importante del último siglo- ubicó en el centro de su Teoría de la justicia, una idea específica de necesidades: los "bienes primarios" necesarios para que una persona pueda desarrollar su proyecto de vida, independientemente de sus circunstancias. Asimismo, las principales organizaciones internacionales apelan, de modo habitual, a una lista de "necesidades vitales", a los fines de medir la pobreza absoluta. La Organización Internacional del Trabajo diseñó, también, su propia lista de "necesidades básicas", que incluyó bienes tales como el "alimento", la "vivienda" o la "educación". Cualquiera de estas aproximaciones a la idea de "necesidad" resulta interesante, bien fundada, y de ningún modo implica a un Estado gastando irresponsablemente, "a tontas y a locas". No hay nada ridículo, ni siquiera utópico, en todo eso. Se trata de las aspiraciones que el "Estado de bienestar" supo asegurar (en muchos casos, de modo bastante completo) durante buena parte del siglo XX.El razonamiento en cuestión gana en rigor cuando empezamos a reconocer que "tener un derecho" no implica un Estado ciego y dispendioso, corriendo detrás de la voluntad antojadiza de cualquiera de sus miembros. Una manera especialmente atractiva, en este contexto, de pensar la idea de "tener derechos", es asociándola con la noción de "derechos constitucionales". Decir que alguien tiene un "derecho constitucional" implica, en ese caso, decir que en una comunidad se han identificado ciertos intereses como fundamentales, y que -por tanto y dada su importancia- esa comunidad se compromete a satisfacerlos. Por ejemplo, desde fines del siglo XVIII, una mayoría de países occidentales comenzó a reconocer -mirando su propia historia- que, de manera muy habitual, habían censurado a quienes los desafiaban, perseguido y encerrado a sus opositores, o arrasado con los bienes y libertades de sus críticos. Entonces, tales países comenzaron a comprometerse, de manera pública, a hacer todo lo posible para no volver a cometer tales "abusos". Proclamaron entonces: "libertad de expresión", o "debido proceso", o "propiedad privada", e incorporaron tales compromisos en sus Cartas Fundamentales: ahí nacieron los "derechos constitucionales". En Europa y, sobre todo, en América Latina, una mayoría de países reconoció también, entre sus faltas graves, la de convivir con el hambre y la miseria de muchos de sus miembros. Consecuentemente, declararon públicamente su compromiso de hacer todo lo posible para evitar que sus miembros carezcan de "techo" o de educación elemental. ¿Qué nos revela este razonamiento? Esos países identificaron ciertas "necesidades básicas" insatisfechas, y dieron "nacimiento" a "derechos constitucionales". En definitiva, no hay nada extraño ni absurdo ni ridículo en la idea de que "donde hay una necesidad, nace un derecho".Dicho esto, corresponde hacer algunas aclaraciones importantes. Ante todo, cuando una Constitución, como la nuestra se compromete con el respeto por la "libertad de expresión" o afirma derechos como los de "educación" o "vivienda digna", no lo hace para decirle al mundo lo que todos saben que no es cierto, i.e., "aquí todos tienen vivienda digna"; ni lo hace para enunciar una "declaración poética" ("soñamos con salud gratuita para todos"); ni tampoco se propone hacer pública una expresión de deseos que ya sabe imposible (aunque haya Constituciones que asuman un lenguaje "aspiracional", en su preámbulo, por ejemplo, y haya otras que incorporaron como derechos constitucionales intereses que no merecerían dicho status). El Estado que incorpora un derecho en su Constitución se compromete (como sostiene la Convención Americana, art. 26) a hacer sus máximos esfuerzos para lograr la "progresiva efectivización" de aquel, en la medida de los "recursos disponibles". Esto no significa que el Estado puede dispensarse de cumplir con sus obligaciones legales alegando no tener recursos, o aduciendo, livianamente, que está haciendo sus "mejores esfuerzos" para realizarlos. Un Estado que, en épocas de radical escasez, y sin conflictos bélicos a la vista, usa sus pocos recursos para fortalecer a la Fuerza Aérea o aumentar innecesariamente los gastos reservados, o los fondos destinados a los servicios de inteligencia, desmiente cínicamente la idea de que está haciendo sus "mejores esfuerzos" para satisfacer "tanto como sea posible" los derechos constitucionales que está obligado a garantizar con sus "recursos limitados". En una mayoría de los casos que conocemos, el Estado está obligado a dar una respuesta a quien se presenta ante él en reclamo por sus necesidades básicas ya constitucionalizadas, e insatisfechas: debe garantizarle su derecho o -en todo caso- justificar ante dicha persona por qué no lo hace, habiendo asumido la obligación constitucional de hacerlo, y contando con los recursos para lograrlo.El Presidente y sus principales asesores económicos se jactan de no saber derecho (una aclaración innecesaria). Sin embargo, esa ignorancia no justifica sus comportamientos inconstitucionales, bajo el riesgo del desacato y el incumplimiento de sus deberes constitucionales. Podríamos aconsejarles que en lugar de reírse ante la "justicia social", se sometan a la obligación de honrarla; que lean y estudien con cuidado la extensa lista de derechos socioeconómicos que han sido constitucionalizados, porque son todos de cumplimiento obligatorio; que si están indispuestos a cumplir con alguno de tales derechos busquen eliminarlo de la Constitución (mientras no lo hagan, siguen obligados por ellos). El compromiso (individualista) de la Constitución, con los derechos, rechaza que se sacrifique o tome a alguna persona o grupo como medio, y de forma de lograr "objetivos generales" (ie., ajustar las ya magras jubilaciones para alcanzar el equilibrio fiscal): los derechos fundamentales (salud, vivienda, educación) deben garantizarse siempre, de manera incondicional, y tanto como sea posible. Por otro lado, no cualquier plan económico es compatible con el exigente esquema de derechos (sociales) constitucionales que el país se ha comprometido a cumplir, desde hace ya casi cien años. Contra lo que asumen, en su menosprecio del derecho, los economistas del poder, la Constitución es lo que prima, y es la economía la que debe ajustarse a ella. El cumplimiento de la Constitución no depende de que "primero se ordene la macroeconomía" (la dictadura recurría al mismo esquema de engaño retórico, para decirnos: "reconoceremos los derechos políticos solo cuando hayamos terminado de ordenar a la sociedad"). La historia de nuestro país (y, en buena medida, la historia de occidente), nos permite sostener que donde hay una necesidad básica nace un derecho constitucional, y ese derecho que se incorpora en la Constitución (guste o no guste admitirlo) es de cumplimiento obligatorio e incondicional.
La Corte Suprema seleccionó a 15 candidatos que expondrán sus propuestas en audiencia pública el 14 de agosto, para conformar la terna que definirá al próximo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional