En 2017, una joven asistió a un concierto en el barrio de Flores y sufrió un corte en la cabeza provocado, según la demanda, por una arandela que se desprendió del techo del establecimiento. Tras un litigio que se extendió durante casi una década, la Cámara Civil ratificó la responsabilidad solidaria de las empresas que explotaban el lugar
Sergio Gabriel "Bebe" Di Vanni aceptó la pena en un juicio abreviado tras ser hallado culpable de amedrentar a los allegados del futbolista en marzo de 2024 para evitar su regreso a Rosario Central. Leer más
La Justicia de Tucumán condenó a cuatro años y seis meses de prisión efectiva a Diego Zerda, de 33 años, por instigar el suicidio de su expareja, Karla Robles, de 27, quien se ahorcó durante una transmisión en vivo por TikTok, en octubre de 2025, en la capital provincial. El acusado también fue declarado culpable de amenazar al hermano de la joven.La sentencia fue dictada por la jueza Fanny Siriani, quien consideró acreditado que Zerda se aprovechó del estado de extrema vulnerabilidad de Robles para manipularla e inducirla a quitarse la vida mediante mensajes. Durante la lectura del veredicto, la magistrada sostuvo que se habían demostrado tanto el dolo directo como el nexo causal entre la conducta del acusado y la muerte de la joven.El caso expuso, además, una sucesión de denuncias que la víctima había presentado desde 2022 por presuntos episodios de violencia física y psicológica. Según se acreditó durante el debate, Robles había advertido que su expareja la incitaba a suicidarse y la maltrataba. La Justicia había dispuesto medidas de restricción que, según surgió de la investigación, no fueron respetadas por Zerda.La jueza cuestionó la respuesta de los organismos judiciales frente a esos antecedentes. "Acá hubo una omisión del deber de debida vigilancia reforzada y correspondía al Poder Judicial con relación a estas denuncias enteradas que hizo la víctima, que no fueron investigadas, no se tomaron medidas oportunas y no se garantizó a la víctima la no repetición", afirmó.Muerte en vivoEl episodio ocurrió en la madrugada del 24 de octubre de 2025. Cerca de las 3.20, Robles inició una transmisión en vivo por TikTok y compartió el enlace con familiares y con Zerda. Durante la emisión se despidió de sus seres queridos y manifestó que estaba cansada y que no podía salir de la situación que atravesaba. Minutos después, se quitó la vida ahorcándose con una soga.De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el acusado había sostenido durante la relación una conducta sistemática de hostigamiento y manipulación. Entre otros elementos, la jueza consideró que Zerda sabía que podía influir sobre la joven mediante amenazas vinculadas con supuestas brujerías y que podía alejarla de su círculo de contención.Después de la muerte de Robles, el hombre se comunicó con el hermano de la víctima y lo amenazó, un hecho que también fue incluido en la condena.La investigación estuvo a cargo de la Unidad Especializada de Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo, junto con las investigadoras Carolina Brito Ledesma y Paula Ponce. Durante el juicio, que comenzó el 13 de octubre de este año, declararon allegados a la víctima y al acusado, efectivos policiales y profesionales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que analizaron dispositivos electrónicos y el material aportado por las amigas de la joven.Los investigadores no pudieron examinar el teléfono de Zerda porque, según se expuso durante el debate, el aparato había sido restablecido a su configuración de fábrica horas después de la muerte de Robles. En cambio, los peritajes sobre el celular de la víctima y las capturas de mensajes y videos aportadas por sus amigas fueron parte de las pruebas presentadas en el juicio.Durante los alegatos finales, el fiscal Gallo y los querellantes Augusto Avellaneda y Benjamín Visuara habían solicitado una pena de seis años de prisión efectiva. La defensora oficial, Marta Toledo, pidió la absolución de su representado al sostener que no había cometido el delito y que correspondía aplicar el beneficio de la duda.La familia pide una reforma legalTras conocerse la sentencia, Mirta Giménez, madre de Karla, manifestó su disconformidad con el monto de la condena. "No es la sentencia que yo esperaba, pero dentro de todo él va a estar preso", dijo en declaraciones a los medios a la salida de los tribunales.La mujer también cuestionó los antecedentes de violencia que, según afirmó, rodearon la relación de su hija con Zerda y denunció que la familia del condenado minimizaba lo ocurrido. "Tengo mucha indignación. Nosotros, como familia, la protegíamos: fueron 13 años de tratamiento para poder tenerla. ¿Para qué? Para que esté con esta basura acostumbrada a pegarles a las mujeres", declaró la madre de Karla, contenida por otros familiares. Y agregó: "De haber sabido que él le pegaba a mi hija, no era él quien hubiese estado siendo juzgado; hubiera sido yo, y por homicidio, porque yo lo hubiese matado. Lo hubiese matado antes de que le pusiera una mano encima a mi hija".La querella también anticipó que analizará los fundamentos de la sentencia para evaluar los pasos legales que correspondan. Avellaneda destacó que el fallo representa un antecedente para la provincia: se trata, según señaló, del primer juicio oral y público por instigación al suicidio en Tucumán que concluye con una condena de prisión efectiva.Sin embargo, el abogado cuestionó la escala penal prevista para ese delito en el Código Penal y adelantó que estudiarán la posibilidad de impulsar una reforma legislativa. La iniciativa, que la querella propone vincular con el nombre de Karla Robles, buscaría elevar las penas para los casos de instigación al suicidio.La sentencia deja también planteado el reclamo por la actuación estatal ante las denuncias previas de la joven. Para la familia, el fallo representa un avance judicial, aunque la condena no despeja la pregunta sobre por qué las advertencias de Robles no derivaron, a tiempo, en medidas capaces de protegerla.
Tras la sentencia, el TOF 3 le otorgó la libertad condicional. Se trata de Daniel Rubén Vera, alias Elpidio Sánchez, que recibió un año y seis meses de prisión después de reconocer que cometió el delito
La Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente Renovador se sumaron al repudio por los dichos de Javier Milei contra periodistas. "Pasó todos los límites", denunció el radicalismo. "Se trata de hechos de enorme gravedad institucional. Los agravios presidenciales se volvieron cotidianos y nunca pueden naturalizarse", advirtió el partido. El espacio presidido por Diego Giuliano, en tanto, advirtió: "La hoguera no es una metáfora inocente. Es uno de los símbolos más brutales de la persecución religiosa, política e ideológica".Los textos difundidos este domingo aludieron a los insultos y agravios que el mandatario dirigió en las últimas horas contra periodistas que cubrieron el caso $LIBRA y legisladores que integraron la comisión investigadora. Durante un discurso en la Fundación Faro (dirigida por el intelectual y militante Agustín Laje), Milei afirmó que quienes consideraba responsables de difundir información falsa "se tienen que quemar en la hoguera" y los calificó de "hijos de puta"."Lejos de retractarse, el sábado [un día después de esas primeras declaraciones], el Presidente amplificó sus agresiones en Radio Mitre y en sus redes sociales, donde llegó a comparar a esos mismos periodistas con materia fecal", prosiguió el comunicado de la UCR. "Los ataques a la libertad de expresión mutaron hacia la violencia política e incluso cruzaron la frontera de la política interna", advirtieron."Así como lo hicimos en los años 90 frente al menemismo y sus ataques al periodismo que denunciaba la corrupción, y durante el kirchnerismo frente a las campañas que promovían romper diarios en la Casa Rosada, la UCR exige al presidente de la Nación que cese de inmediato con sus ataques contra la libertad de expresión", reclamó el partido.Por último, convocó a los sectores políticos, sociales, empresariales, sindicales, estudiantiles y religiosos a sumarse al reclamo, con una cita de Mariano Moreno: "Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila".El Frente Renovador también repudió las declaraciones del presidente Milei. El partido remarcó que "las palabras del jefe de Estado implican una responsabilidad institucional que no puede desconocerse y que no deben interpretarse solamente como un exceso verbal".En el documento, el Frente Renovador manifestó su solidaridad con Natalia Volosin, Hugo Alconada Mon, Paulino Rodrigues, Carlos Pagni y Luis Novaresio, quienes, según señaló, fueron mencionados públicamente por el Presidente. "La Argentina recuperó la democracia para dejar atrás la persecución, la violencia política y la intolerancia", señaló el comunicado, y concluyó: "La hoguera pertenece a la historia de la intolerancia. La libertad de expresión pertenece al presente y al futuro de nuestra democracia".La Academia Nacional de Periodismo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), intelectuales y dirigentes de todo el arco opositor ya habían condenado previamente los dichos que el presidente Milei pronunció. Adepa rechazó la reacción del presidente ante el sobreseimiento dictado en la causa $LIBRA. En un tuit habló de una "escalada" de este tipo de agravios. "La réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio en una sociedad democrática que tolera el disenso y la crítica", agregó.La Academia Nacional de Periodismo emitió un comunicado en el que da cuenta de las repetidas veces en las que Milei insulta a periodistas, "además de las recientes amenazas de muerte". El texto remarca que la "violencia institucional afecta a la democracia".
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que el agresor sexual fue cobijado con una pena de 23 años de prisión por el delito de explotación sexual comercial de una menor
El hombre de 72 años cortó y se llevó una de las páginas de un atlas histórico de 1684, utilizando un cuchillo. Las cámaras de seguridad registraron el robo, pero el mapa del cartógrafo Frederick de Wit todavía no fue recuperado.
La niña de 13 años fue asesinada en Fontana después de salir a comprar a un kiosco. Benjamín Castillo recibió la pena máxima en un juicio abreviado por homicidio agravado por ensañamiento y femicidio. Leer más
Los sujetos aceptaron de manera libre y voluntaria su responsabilidad en los hechos. Deberán responder por los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, ambas conductas agravadas
La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn ratificó el fallo que ordenó indemnizar por daño moral a una mujer con 2,4 millones de pesos. Qué dice el fallo. Leer más
Dos pilotos bolivianos fueron condenados a 10 años de prisión por transportar 364 kilos de cocaína en una avioneta que se estrelló el 4 de noviembre de 2025 en Rosario de la Frontera, Salta. La aeronave intentó aterrizar en una finca, impactó contra una cortina de arbustos y embistió un automóvil en el que se encontraban tres hombres que debían descargar la droga, que según pesquisas posteriores, fue atribuida a una sucursal del Cártel de Sinaloa instalada en Bolivia para producir allí droga que luego era transportada a Europa a través de puertos argentinos.Los condenados son Juan Pablo Quinteros Peredo y Henry Álvaro Mercado Cuajera, considerados coautores de contrabando de importación de estupefacientes destinados a la comercialización, agravado por la participación de tres o más personas y por el uso de una aeronave en rutas no autorizadas y con aterrizaje en un lugar clandestino.La sentencia fue dictada por la jueza Gabriela Catalano, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, en el marco de un acuerdo pleno impulsado por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano. Además de las penas de prisión, ambos fueron inhabilitados por cinco años para ejercer el comercio y por el doble del tiempo de la condena para desempeñarse como funcionarios públicos. La jueza también ordenó el decomiso de la avioneta, matrícula CP-3167, para destinarla a fines didácticos en la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica N° 3144 "Capitán Marcelo Lotufo". La identificación de la aeronave no pudo ser rastreada debido a la ausencia de números de serie en el fuselaje y en el motor.Durante la audiencia, los pilotos argumentaron que habían actuado por necesidad ante la crisis económica de su país, aunque reconocieron su responsabilidad penal y aceptaron el acuerdo. Catalano homologó lo pactado y destacó la gravedad del hecho y la intención de lucro. Según señaló, la cantidad de droga incautada podía haber afectado a millones de personas.La droga, entre la avioneta y un campoLa investigación estuvo a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) NOA y comenzó a partir de un informe de Gendarmería Nacional sobre el accidente. La avioneta, blanca y roja, de bandera boliviana, se estrelló contra arbustos espinosos (conocidos como churquis) cuando intentaba aterrizar en la finca El Cóndor o Laguna Negra, a la vera de la ruta provincial 3, cerca del puesto de la Gendarmería en El Naranjo. Según los peritajes, la frondosa vegetación del monte sirvió para amortiguar la caída.En la cabina, los efectivos encontraron rastros de sangre y tres bolsas de arpillera con 136 kilos de cocaína distribuidos en 42 paquetes con la inscripción "Prada Milano". A pocos metros había un Volkswagen Gol Trend incendiado. También hallaron la cédula de una moto a nombre de Julián Darío Mansilla, una antena satelital y bidones de combustible que, según la hipótesis investigativa, iban a utilizarse para reabastecer la aeronave.Al día siguiente, Mansilla se presentó en una comisaría de Antillas para denunciar el robo de su vehículo. Los investigadores comprobaron que se trataba del auto incendiado junto a la avioneta. Además, la policía provincial aportó información sobre una denuncia previa que señalaba a Mansilla, Jonathan Alejandro Gómez y Jorge Alberto Cuellar como presuntos integrantes de una organización dedicada al transporte de grandes cantidades de droga.Mansilla y Gómez fueron detenidos. En una camioneta Chevrolet S10 que conducía Gómez, los investigadores hallaron otras cinco bolsas con cocaína, enterradas en un predio cercano al lugar del accidente. El contenido pesaba 228 kilos y, según los peritajes, la droga tenía una pureza del 74%, con capacidad para producir cerca de 2,5 millones de dosis.El 5 de noviembre, un comerciante alertó a las autoridades sobre dos hombres con acento boliviano y heridas en los brazos que intentaban cambiar dólares por pesos. Eran los pilotos y fueron detenidos en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera. Cuellar fue arrestado al día siguiente en la localidad de Antillas, donde se había refugiado en la casa de una vecina.La investigación determinó que la avioneta había despegado del aeropuerto Germán Quiroga Guardia, en San Borja, Bolivia, y que la droga había sido cargada durante una escala en la localidad boliviana de Wernes. El siniestro se habría producido por una elección y señalización inadecuadas del lugar de aterrizaje. Se determinó que, durante la maniobra, la aeronave chocó contra el auto de Mansilla, quien fue rescatado por sus amigos antes de que el vehículo se incendiara.La sentencia contra los pilotos se suma a las condenas dictadas el 10 de agosto pasado contra los hombres que aguardaban la llegada de la aeronave para descargar la cocaína y trasladarla a otro lugar de acopio. En ese caso, el juez federal de Garantías N° 2 de Salta, Diego Anzorreguy, homologó un acuerdo pleno y condenó a Mansilla a cinco años y 11 meses de prisión y a Gómez a cinco años, ambos como partícipes necesarios del contrabando de drogas. Cuellar recibió cuatro años de prisión como partícipe secundario.En esa resolución también se dispuso el decomiso de la camioneta Chevrolet S10 utilizada para trasladar parte de la droga hasta el lugar donde había sido enterrada.
La Justicia federal homologó ayer las condenas por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada contra cuatro hombres que operaban bajo la fachada de una casa de repuestos en Resistencia, Chaco, y trasladaban millones de pesos ocultos detrás de los paneles de un Toyota Corolla. También condenó a la sociedad usada para encubrir las maniobras, un indicador relevante para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al evaluar la capacidad de la Argentina para perseguir el blanqueo ilegal de activos.El caso comenzó en 2025, cuando Gendarmería Nacional descubrió $357.210.000 escondidos en distintos compartimientos del Corolla, durante un control sobre la ruta nacional 11, en la provincia de Santa Fe. A partir de ese hallazgo, los investigadores reconstruyeron una operatoria sistemática de transporte de dinero entre Resistencia y Buenos Aires, con viajes que se repetían aproximadamente cada 48 horas, y determinaron que la estructura societaria de la firma NEAPARTS, que en teoría se dedicaba a la venta de repuestos para autos y motos, servía como cobertura para las actividades financieras clandestinas.Tras un año y medio de instrucción, el juez federal de Garantías Aldo Mario Alurralde homologó ayer las condenas de Pablo Mauricio Tascón, Marcos Sebastián Ferrero, Fernando Emanuel Viñuela y Christian Emmanuel Froy. También impuso una sanción a la persona jurídica, de acuerdo con las disposiciones del Código Penal que contemplan la responsabilidad de las empresas involucradas en determinados delitos económicos.Las multas impuestas a los cuatro hombres suman $714.420.000. A eso se agregan el decomiso del dinero secuestrado, el vehículo y los elementos utilizados para cometer los delitos. Según la Fiscalía, el monto conjunto de las multas y los bienes decomisados supera los $1000 millones, cuyo pago se concretará en 24 cuotas mensuales, actualizado por inflación.La investigación, que estuvo a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista, encabezada por el fiscal Roberto Salum, con la intervención del fiscal federal coadyuvante de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina, logró además reconstruir cómo era el negocio financiero que los ahora condenados habían montado detrás de la fachada de una casa de repuestos.De acuerdo con la acusación, los involucrados realizaban operaciones de compra y venta de moneda extranjera, establecían cotizaciones diferenciadas según el tipo de billete y manejaban simultáneamente pesos, dólares, reales y guaraníes sin la necesaria autorización del Banco Central (BCRA) para operar como intermediarios financieros y cambiarios.La fiscalía determinó, además, que los viajes de los acusados distaban de ser aislados. Los registros de antenas de los teléfonos utilizados por Viñuela y las infracciones de tránsito permitieron reconstruir desplazamientos reiterados entre Resistencia y Buenos Aires, con una frecuencia incompatible con la actividad comercial declarada por la sociedad.La investigación también detectó un antecedente relevante: un procedimiento similar realizado el 28 de febrero de 2025 en jurisdicción del Juzgado Federal de Concordia. Según la reconstrucción fiscal, después de ese episodio, los acusados cambiaron el recorrido habitual y comenzaron a transitar la ruta nacional 11, que atraviesa Santa Fe.La hipótesis fiscal recayó también contra la firma NEAPARTS SAS. ¿Por qué? Porque determinaron que el dinero obtenido mediante la intermediación financiera no autorizada se incorporaba al circuito económico formal a través de su transporte, ocultamiento y posterior aplicación en otras operaciones, utilizando su estructura societaria como cobertura.Detrás del tableroEl procedimiento que permitió descubrir la maniobra ocurrió el 28 de marzo de 2025, cuando efectivos de Gendarmería detuvieron un Toyota Corolla Cross sobre la ruta 11, a la altura del paraje El Timbó.Durante la inspección, los agentes advirtieron irregularidades en las piezas plásticas próximas a la palanca de cambios, que parecían haber sido manipuladas. Tras obtener autorización judicial para requisar el vehículo, encontraron fajos de billetes ocultos detrás de la salida del aire acondicionado, el equipo de sonido, el volante, la guantera y el sector de la palanca de cambios.El conductor, Viñuela, les indicó a los efectivos cómo retirar las piezas del tablero. En los compartimientos preparados para esconder el dinero había $357.210.000. Para la fiscalía, la disposición de los billetes en espacios acondicionados para eludir controles resultaba incompatible con un traslado comercial ordinario y revelaba una logística clandestina.Ahora, el administrador titular de NEAPARTS, Pablo Tascón, recibió una pena de un año de prisión por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos por receptación intermedia de los fondos. El juez unificó esa sanción con una condena anterior de dos años de prisión, dictada en noviembre de 2023 por tenencia simple de estupefacientes e intermediación financiera no autorizada. La pena única quedó fijada en tres años de prisión de cumplimiento efectivo.Ferrero, titular del 50% del capital social y encargado operativo del depósito de la empresa, fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por los mismos delitos. También se le impuso una multa de $178.605.000.Viñuela, quien conducía el vehículo en el que se encontraron los millones, recibió igualmente un año de prisión de ejecución condicional y una multa de $178.605.000. La fiscalía sostuvo que su participación excedía la de un simple conductor: coordinaba las entregas con Tascón y realizaba los viajes en los que se trasladaba el efectivo.Froy fue condenado a dos años de prisión por lavado de activos por receptación intermedia, en relación con fondos por $357.210.000. Según la acusación, coordinaba la logística, supervisaba los viajes y controlaba los movimientos del dinero. También recibió una multa de $178.605.000.La firma NEAPARTS SAS, en tanto, fue condenada por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, en aplicación de los artículos 304 y 313 del Código Penal, que contemplan sanciones para personas jurídicas en los supuestos previstos por la ley. Su condena constituye un aspecto central del caso, ya que la persecución de las personas jurídicas, junto con el decomiso de activos y la aplicación efectiva de sanciones económicas, son datos relevantes al evaluar los sistemas de prevención y combate del lavado en el país.
BRUSELAS.- La Unión Europea condenó este domingo "enérgicamente" los ataques perpetrados por colonos israelíes en Cisjordania ocupada, incluidos los dirigidos contra una comitiva de diplomáticos europeos y un alcalde francés, y reclamó a Israel que investigue las agresiones, lleve a los responsables ante la Justicia y adopte medidas para frenar la violencia contra la población palestina.La declaración del bloque se produjo un día después de que representantes diplomáticos de Francia, Bélgica y Polonia fueran amenazados y agredidos durante una visita a Taybeh, una localidad palestina de mayoría cristiana, donde colonos israelíes intentaban impedir que agricultores recogieran aceitunas. Entre los atacados se encontraba Bernard Baudoux, de 78 años, alcalde de la ciudad francesa de Aulnoye-Aymeries, quien denunció que fue derribado y golpeado con barras de hierro."La Unión Europea condena enérgicamente los últimos ataques de colonos violentos en Cisjordania, incluidos los dirigidos contra diplomáticos europeos", declaró un vocero de la diplomacia comunitaria.El bloque valoró las condenas expresadas por algunos representantes israelíes, pero exigió "una plena rendición de cuentas" y medidas efectivas para evitar que continúen los actos de violencia y hostigamiento contra los palestinos, especialmente durante la actual temporada de recolección de aceitunas, así como contra los periodistas."Instamos a Israel a que respete plenamente el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, y a que ponga fin a la expansión de los asentamientos", añadió el portavoz.Según testigos y fuentes diplomáticas, los vehículos de las misiones europeas trasladaban a representantes diplomáticos a Taybeh cuando un grupo de colonos irrumpió para obstaculizar las tareas de los agricultores palestinos. Los agresores insultaron y amenazaron a los visitantes antes de atacar físicamente a Baudoux, quien, pese a la agresión, no sufrió heridas graves y pudo continuar la visita.El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, exigió a Israel que detenga la "violencia criminal" y arreste a los responsables. Su homólogo belga, Maxime Prévot, también condenó con firmeza los hechos y denunció que los colonos habían atacado tanto a civiles palestinos como a representantes europeos.El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, condenó los "graves actos de violencia" y atribuyó la agresión a "alborotadores israelíes". Sin embargo, reprochó a los consulados europeos involucrados que no hubieran coordinado la visita con el ejército israelí.La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, por su parte, denunció una supuesta campaña de "difamación" contra Israel y los colonos de Cisjordania, y sostuvo que se habían difundido titulares sensacionalistas antes de que se conocieran todos los hechos.La policía israelí anunció la apertura de una investigación para localizar a las víctimas, recoger testimonios e identificar a los sospechosos. No se habían informado detenciones en relación con el ataque al momento de la declaración europea.Ataque contra periodistasLa agresión contra los diplomáticos se produjo en medio de un aumento de la violencia de los colonos durante la temporada de recolección de aceitunas, una actividad fundamental para la economía de numerosas comunidades palestinas y que cada año se desarrolla bajo fuertes tensiones en territorios ocupados.El viernes, la fotoperiodista estadounidense Heidi Levine, de The Washington Post, resultó gravemente herida durante un ataque de colonos en la aldea de Abu Falah, mientras cubría la cosecha. La periodista, que lleva más de cuatro décadas documentando conflictos, fue sometida a una cirugía y permanecía hospitalizada en Tel Aviv con lesiones en una mano y varias costillas fracturadas.Levine relató que los agresores la empujaron al suelo y la golpearon durante más de diez minutos. También denunció el robo de su cámara, su pasaporte y su teléfono celular.El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, calificó la agresión como "un acto de terror despreciable cometido por cobardes enmascarados" y reclamó una investigación exhaustiva, detenciones y el procesamiento de los responsables. El secretario de Estado, Marco Rubio, también expresó su preocupación por las imágenes de los ataques y pidió a Israel que tome medidas para frenar la violencia.La oficina de Netanyahu afirmó que los responsables de la agresión contra Levine deberán rendir cuentas, aunque el primer ministro condenó de forma general la violencia y se refirió al ataque como presunto, al señalar que sus circunstancias todavía no estaban claras.La semana pasada, un fotógrafo de la agencia AFP también fue golpeado por colonos mientras cubría la situación en Cisjordania.La violencia en el territorio se intensificó desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque del grupo terrorista palestino Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, más de 1100 palestinos murieron en Cisjordania, la mayoría por acciones de las fuerzas israelíes, según cifras del Ministerio de Salud palestino. En el mismo período, alrededor de 50 israelíes murieron en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes.Organizaciones de derechos humanos denuncian desde hace años la impunidad de los agresores. El grupo israelí Yesh Din sostiene que alrededor del 94% de las investigaciones sobre violencia de colonos iniciadas desde 2005 terminaron sin acusaciones formales y que solo una pequeña proporción derivó en condenas totales o parciales.Agencias AP, AFP y Reuters
Atta Miguel Gerala, exjefe comunal de Morillo, había sido declarado inocente tras el juicio. Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal revirtió esa decisión y devolvió el expediente a la instancia anterior para que fijen una pena
Un tribunal de Baja California impuso la pena a cada uno de los tres responsables del crimen de los hermanos australianos Jake y Callum Robinson y del estadounidense Jack Carter Rhoad. Leer más
El 23 de marzo de 2025 Cecilia Morales (48) apuñaló a su esposo, Alcides Jorge Junco (58) y un tribunal oral de Morón la halló culpable de "homicidio agravado" atenuado.Pero Casación revocó la condena al considerar que actuó en la legítima defensa en un contexto de violencia de género.
El acusado ofrecía entre USD 10.000 y 30.000 por encuentro a deportistas de equipos no favoritos para que no alcanzaran la diferencia prevista
El conductor fue condenado a 2 años y 4 meses de prisión de ejecución condicional por "privación ilegítima de la libertad calificada y resistencia a la autoridad". Leer más
CÓRDOBA.- En septiembre de 2022, durante una clase de química en el laboratorio de un colegio privado de Córdoba, un experimento falló y una adolescente herida luchó varios meses por su vida. Ahora, la Justicia provincial condenó a la escuela no solo a pagar una idemnización económica (cuya cifra no se difunde a pedido de la familia de la estudiante), sino que también le impuso una sanción por daño punitivo, ordenó la publicación de la sentencia y dispuso que intervenga el Ministerio de Educación para evitar que se repitan episodios de estas características.La resolución, que será apelada por el colegio Cristo Rey, que funciona en la ciudad de Córdoba, lleva la firma del juez Gustavo Massano. El magistrado consideró "responsable" al establecimiento por las lesiones que sufrió la alumna durante una clase de química. En aquel momento, ella tenía 17 años y cursaba el último año del secundario. La institución, según el fallo, deberá "responder por las consecuencias físicas, psicológicas y patrimoniales del accidente". La condena también se extiende a la compañía aseguradora del establecimiento en garantía.El pronunciamiento es importante por los criterios que establece sobre la responsabilidad de las instituciones educativas, el deber de seguridad y la necesidad de adoptar medidas preventivas frente a actividades que involucran sustancias inflamables. El accidente ocurrió durante un experimento denominado "la lengua del faraón", en el que los alumnos debían preparar una mezcla con azúcar, bicarbonato y alcohol para provocar una reacción de combustión y deshidratación. Según la reconstrucción incorporada al expediente, se produjo una llamarada que alcanzó a la estudiante y le provocó quemaduras en distintas partes del cuerpo, principalmente en el rostro, el cuello, el torso y las manos.La joven fue trasladada al Instituto del Quemado, donde permaneció internada durante más de 70 días, atravesó un coma inducido y debió someterse a 36 operaciones, además de otras cinco después del alta. Las lesiones dejaron secuelas permanentes y la obligaron a mantener tratamientos médicos, psicológicos y psiquiátricos, además de controles y cuidados específicos de la piel.En su defensa, las autoridades del colegio sostuvieron que los alumnos habían recibido "instrucciones sobre el experimento y las precauciones que debían adoptar". También afirmaron que se habían dispuesto guantes, matafuegos y baldes de arena, y atribuyeron el accidente a la "conducta imprudente" de una compañera que habría agregado alcohol al recipiente cuando la profesora intentaba supervisar a los distintos grupos. Argumentaron, además, que la docente realizaba la experiencia "desde hacía años" sin que se hubieran registrado incidentes similares.De hecho, en las primeras declaraciones después del accidente la directora del colegio, Alejandra Olmos, afirmó que la experiencia era "controlada" y que el incidente se produjo por la "imprudencia de un estudiante que no acató las normas de seguridad que la profesora había planteado".Para Massano esos argumentos no alcanzan para liberar al establecimiento de responsabilidad. El artículo 1767 del Código Civil y Comercial establece un régimen de responsabilidad objetiva para los titulares de establecimientos educativos por los daños sufridos por alumnos menores de edad mientras se encuentran bajo la autoridad escolar. La norma limita las posibilidades de eximirse de responsabilidad a la acreditación de un caso fortuito.El juez consideró que no bastaba con afirmar que la docentea había dado instrucciones o que una alumna había desobedecido las indicaciones. La obligación de seguridad también "exige evaluar los riesgos de la actividad, disponer de elementos de protección adecuados y organizar la práctica de manera compatible con la edad de los estudiantes" y con los peligros que implicaba el uso de sustancias inflamables.La sentencia también apunta a la ausencia de una evaluación suficiente del riesgo por parte de las autoridades escolares. Para el juez la reiteración de un experimento durante años sin accidentes, no demuestra que la actividad fuera segura. Por el contrario, la previsibilidad de una conducta imprudente de los alumnos debía formar parte de las medidas de prevención, especialmente cuando se trataba de adolescentes que participaban de una experiencia con fuego.Daño punitivoEl fallo incluye una multa civil de $20 millones por daño punitivo, que también cobrará la víctima. La figura, contemplada en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, es excepcional: no se limita a compensar a la víctima, sino que incorpora una finalidad sancionatoria y disuasiva frente a conductas que revelan un menosprecio grave por los derechos de terceros.Massano evaluó también el comportamiento posterior del colegio y su respuesta frente a las consecuencias del accidente. En particular, analizó la falta de una investigación institucional suficiente para identificar las acciones y omisiones que habían contribuido al episodio, así como la tendencia a atribuir lo ocurrido exclusivamente a la conducta de la estudiante que habría agregado alcohol.La sanción por daño punitivo procura que el costo de una conducta riesgosa no quede limitado al pago de una indemnización, sino que genere incentivos para revisar procedimientos, reforzar los controles y mejorar las condiciones de seguridad.Durante una audiencia del juicio, la adolescente contó que le habría resultado reparador que el colegio le pidiera perdón. El representante legal del colegio formuló las disculpas durante esa instancia, pero el magistrado consideró que "habían llegado tardíamente" y que no estuvieron acompañadas por una conducta institucional que demostrara una revisión efectiva de lo sucedido.La Justicia dispuso remitir las actuaciones al Ministerio de Educación de Córdoba para que evalúe la posibilidad de esclarecer y mejorar los mecanismos mediante los cuales las escuelas secundarias bajo su órbita informan e investigan sucesos que comprometen la seguridad de los alumnos. El ministerio deberá responder sobre las medidas que considere pertinentes y presentar ese informe en el expediente. Esas disposiciones le dan al pronunciamiento una dimensión preventiva e institucional.
La madre de Víctor Saldaño, que lleva más de 30 años en el corredor de la muerte en Estados Unidos habló sobre la situación actual de su hijo y el impacto que tuvo el reciente caso de una mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales. "Como madre, tengo la obligación de decir la verdad y no callarme", asegura. Leer más
Los procesados, Josué Germain González Mejía y Giovanni Andrés Hernández, recibieron la pena máxima por homicidios, desapariciones, extorsiones y delitos relacionados con terrorismo, tras ser capturados durante el régimen de excepción
Una alumna de 17 años sufrió quemaduras gravísimas y quedó con incapacidad permanente tras la explosión durante la prueba "la serpiente del faraón". El juez encuadró el vínculo con el alumnado como un "contrato de consumo" y desestimó excusas por inconducta estudiantil.
La nena, de 8 años, había sido abusada y asesinada en la localidad cordobesa de Brinkman en noviembre de 2024. Leer más
CÓRDOBA.- Prisión perpetua. Esa fue la condena que los jurados populares dictaron contra la madre, el padrastro y un amigo de la pareja que llegaron al juicio acusados del abuso sexual seguido de muerte de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en noviembre de 2024 en la localidad de Brinkmann, en el noreste de la provincia de Córdoba.El proceso por el crimen que hace dos años conmocionó al país se llevó adelante en la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco. La pena coincidió con la solicitud de la fiscal Consuelo Aliaga Díaz, quien había acusado al padrastro, Matías Ezequiel Simeone, y a Cristian Hernán Varela de homicidio calificado por el vínculo, agravado por violencia de género y criminis causae y abuso sexual agravado, y a la madre, Milagros Rauch, de partícipe necesaria del hecho.En el caso de Varela, la acusación incluyó el estrago doloso, ya que fue él quien provocó el incendio de la habitación donde fue encontrada muerta la menor. Los tres llegaron al juicio en calidad de detenidos.Los defensores de Rauch habían pedido la absolución; Luis Alberto Licera y Marcos Arnold aseguraron que no tuvo ningún tipo de participación en el hecho y que "no sabía y no tenía conocimiento de lo que iba a pasar". La mujer, el día del crimen, había viajado a Morteros (una ciudad cercana) con su bebé.Al hacer uso del derecho a la última palabra, pidió al padre biológico de Aralí que siguiera luchando para obtener justiciaEl mismo pedido hicieron los defensores de Varela. "Existe prueba, a nuestro entender, que lo excluye del delito. Tenemos un examen de ADN en el cual se determinó que no había rastro alguno en el cuerpo de la nena, en la zona genital, que perteneciera a Cristian Varela, no así de parte del padrastro", afirmaron.En el caso de Simeone, la defensa planteó la nulidad del material probatorio incorporado a la causa y solicitó que él también fuera desincriminado."Estaba dormida y la tapé"La tarde del crimen, Simeone, que estaba en libertad condicional y cargaba con una condena por violencia de género, además de otros antecedentes penales, había salido de la casa con dos hermanos de Aralí; dijo que llevaría a los chicos a la plaza para que jugaran. Regresó cuando los vecinos comenzaron a gritar que había un incendio; en esa habitación quemada fue hallada muerta la niña. Los bomberos la encontraron boca abajo, abrazada a una almohada. Les generó dudas que la habitación hubiera sido lo único que se había quemado en la casa; las puertas no estaban cerradas con llave y no había señales de que la niña hubiese intentado escapar del fuego. Los peritajes confirmaron que Aralí había sido abusada sexualmente y que había muerto por asfixia manual. Los hombres provocaron el incendio para ocultar los delitos anteriores.En la puerta de los tribunales de San Francisco, durante la jornada, hubo un grupo de familiares de la víctima pidiendo justicia. Entre ellos estuvo Betiana Heredia, prima de la madre de la niña y quien tiene la tutela de dos de los hermanos de Aralí. Contó que ambos siguen bajo tratamiento psicológico. "Saben perfectamente todo lo que pasó. Saben lo que hicieron estos monstruos", dijo, en referencia a los acusados. Uno de ellos era el varón que, durante la instrucción de la causa, relató en la Cámara Gesell que, cuando Simeone los llevó a la plaza, él subió a buscar a su hermanita. "Estaba dormida, la tapé y bajé", contó. Aralí ya estaba muerta.La mujer también relató que tanto ella como la abuela de los chicos habían hecho denuncias y presentaciones porque Milagros Rauch consumía alcohol y se drogaba y porque temían lo que podía pasarles a los menores.En las marchas realizadas tras el crimen en Brinkmann hubo reclamos para que también se investigue la responsabilidad de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). El organismo les ordenó a Rauch y Simeone hacer un tratamiento en la Red de Adicciones Córdoba y, al darlo por concluido, les restituyó a los hijos que les había retirado (Aralí, entonces, estaba con su papá biológico).El fiscal de instrucción Oscar Gieco describió por esos días el "complicado contexto familiar" en el que vivían Aralí y sus hermanos: "El ambiente era de extrema violencia, un cuadro no apto para niños. Los menores no estaban bien cuidados; eran maltratados. Gente extraña merodeaba la casa, consumiendo drogas, y los niños andaban solos por todos lados. Vecinos dijeron que se escuchaban gritos". El propio fiscal dijo que los pequeños "estaban a la buena de Dios".La Senaf nunca se pronunció públicamente sobre el tema; en su momento solo trascendió que se había ordenado una investigación interna.
Los condenados son padre e hijo y recibieron tres años de prisión en suspenso. Según la sentencia, la firma fabricaba piezas para reconstruir partes del cráneo, las identificaba con la marca de una empresa habilitada que no las había producido y luego las comercializaba a través de intermediarios
El conductor fue condenado a tres años y medio de prisión efectiva. El episodio ocurrió en la ciudad de Córdoba. Leer más
La sentencia ordenó reconocer los costos de telefonía, conexión y energía que el demandante había pagado de su bolsillo
La joven, conocida como Anna Bensi, grabó y divulgó imágenes de un hombre que le llevó a su casa una notificación por cuestionamientos al régimen.La joven aseguró afirmó que se trata de "una injusticia" y afirmó que su país "es una dictadura".
El Tribunal Oral Federal de San Luis condenó a cuatro integrantes del Ejército Argentino y a un aspirante a soldado voluntario por su responsabilidad en la muerte de otro aspirante, ocurrida en septiembre de 2019 durante una práctica de tiro desarrollada en un polígono de la localidad de Salinas del Bebedero. Todos fueron señalados, con distintos grados de intervención, como responsables del delito de homicidio culposo en perjuicio de José Javier Bechis, que tenía 19 años. En el caso, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal federal subrogante Cristian Rachid.El 16 de septiembre pasado, el sargento Carlos Lebron y el cabo primero Sergio Winter Moran fueron condenados a un año de prisión por las juezas María Carolina Pereira y María Paula Marisi y el juez Daniel Alejandro Doffo por haberse manejado con negligencia e inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo. La lectura de los fundamentos del veredicto se conocerá dentro de los veinte días hábiles posteriores a la sentencia, según se informó en www.fiscales.gob.ar, el sitio web del Ministerio Público.Previamente, el aspirante a soldado voluntario Elías Luciano Muñoz había sido condenado por la jueza Gretel Diamante (que integró el tribunal de forma unipersonal) a tres años de prisión en suspenso en el marco de un juicio abreviado. Además, se le había fijado una inhabilitación especial de cinco años por haber efectuado el disparo mortal contra la víctima debido a la manipulación "imprudente e imperita" del fusil que tenía asignado, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 84 del Código Penal.En ese mismo proceso, el teniente y director de tiro Alejandro Agustín Díaz Garro, máxima autoridad de la sesión de tiro, fue condenado a la misma pena de prisión, pero con una inhabilitación especial de seis años, por negligencia e inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, a partir de las omisiones atribuidas a su función.Por último, el cabo Enrique Zárate fue también responsabilizado por negligencia e inobservancia de sus deberes y se le fijó una pena de dos años y diez meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por seis años. Esa pena había sido pactada previamente con este imputado, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado; sin embargo, el tribunal decidió resolver su situación al momento de dictar sentencia en el juicio.En particular y según la acusación formulada por la fiscalía, se consideró que Zárate no supervisó adecuadamente el procedimiento de descarga en la línea de tiro; que Lebron no controló las condiciones de seguridad del arma en el puesto de reglaje; y que Winter Moran no verificó el faltante de munición ni el estado del fusil en el puesto de entrega de municiones, antes de permitir que Muñoz continuara su recorrido. De acuerdo con lo establecido en el juicio, esas omisiones permitieron que el aspirante llegara al sector de mantenimiento con el fusil todavía cargado, donde finalmente se produjo el disparo que provocó la muerte de Bechis.El hechoSegún precisó la fiscalía en sus alegatos, se tuvo por probado que el 2 de septiembre de 2019, 50 aspirantes a soldados voluntarios participaban de una jornada de instrucción y prácticas de tiro con fusiles FAL en un polígono habilitado por el Ejército Argentino en Salinas del Bebedero.Durante la mañana, Muñoz recibió seis municiones de guerra para realizar una condición de tiro diagnóstico con un fusil que le había sido asignado. Luego, se dirigió a la línea de tiro junto con otros diez aspirantes y efectuó dos series de disparos.Se tuvo por acreditado que, como consecuencia de una manipulación defectuosa del arma, Muñoz no pudo efectuar el sexto disparo y tampoco realizó correctamente el procedimiento de comprobación de descarga del fusil.En ese momento, el cabo Zárate, quien tenía asignada la función de suboficial próximo al tirador y debía supervisar al aspirante, tampoco verificó que el procedimiento se realizara correctamente. Al advertir que el blanco presentaba cinco impactos, se limitó a consultar a Muñoz sobre la cantidad de disparos efectuados. De ese modo, el aspirante abandonó la línea de tiro con un blanco con cinco impactos, cinco vainas y una munición en la recámara del fusil.Luego de la práctica, Muñoz se dirigió al puesto de reglaje, a cargo del sargento Lebrón, mecánico armero. Allí exhibió su blanco, pero el responsable del puesto no verificó que el arma se encontrara descargada y permitió que el aspirante continuara su recorrido por el lugar con el fusil cargado.Posteriormente, Muñoz llegó al puesto de entrega de municiones, a cargo del cabo primero Winter Morán, y devolvió su blanco, que registraba cinco impactos, y las cinco vainas que había recuperado. Ante la ausencia de una sexta vaina, Winter Morán le indicó que revisara sus bolsillos y que luego regresara a la línea de tiro para buscarla.Al regresar sin encontrarla, el responsable del puesto registró el faltante de una vaina, pero no verificó el blanco ni controló si Muñoz había completado correctamente el procedimiento de descarga del arma. De esa forma, permitió que continuara hacia el puesto de mantenimiento de fusiles y la línea de espera con el arma cargada.La organización del polígonoEn el puesto de mantenimiento se encontraban más de 20 aspirantes, entre los que se encontraba Bechis. El lugar había sido unificado ese día con el sector destinado a la línea de espera, por decisión de las autoridades del polígono, debido a las condiciones climáticas. De acuerdo con lo acreditado en el juicio, en esa misma carpa, que debía albergar a no más de diez aspirantes, se reunieron en definitiva más de veinte aspirantes, tanto los que debían manipular sus fusiles para tareas de mantenimiento como los que aguardaban su turno para realizar las prácticas de tiro. Además, la supervisión de todos ellos fue confiada a un único suboficial.El tribunal atribuyó al teniente Díaz Garro, director de tiro, la responsabilidad por la organización defectuosa de la jornada. Según se estableció, omitió adoptar las medidas generales de seguridad necesarias para el desarrollo de la actividad y tampoco supervisó adecuadamente al personal subordinado encargado del control de los distintos puestos.El disparo mortalCuando Muñoz llegó al sector unificado de mantenimiento y línea de espera, el cabo primero a cargo le indicó que limpiara su fusil junto con otros aspirantes. El grupo se ubicó dentro de la carpa, donde también se encontraba la víctima Bechis.Muñoz comenzó a manipular el FAL, que aún tenía una munición en la recámara. Durante la maniobra de limpieza, con el arma orientada hacia su derecha, se produjo el disparo. El proyectil impactó en Bechis, quien falleció cuando era trasladado en ambulancia para recibir atención médica.Para el tribunal, el resultado mortal estuvo directamente relacionado con la manipulación "imprudente e imperita" del arma por parte de Muñoz y con el incumplimiento, por parte de los responsables de los distintos puestos, de las medidas de control y seguridad destinadas a impedir que un fusil cargado circulara por el polígono.
Un hombre de 29 años fue condenado a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo por abusar sexualmente de dos mujeres, producir y tener material de abuso y explotación sexual infantil y amenazar a dos personas. La investigación, desarrollada en Salta, se inició a partir de la denuncia de la hermana de una menor, que había advertido que la adolescente mantenía contacto a través de las redes sociales con un hombre mayor.El acusado, que se desempeñaba como profesor de música, reconoció los hechos en un juicio abreviado. El juez del distrito Centro de Salta, Leonardo Feans, homologó el acuerdo alcanzado entre las partes y le impuso una pena de 12 años de prisión efectiva. Además, ordenó la incorporación de su registro de ADN al Banco Nacional de Datos Genéticos.La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia de Salta, bajo la conducción de Sofía Cornejo. En la audiencia de juicio abreviado, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el auxiliar fiscal Nicolás Alonso López, quien actuó bajo las directivas de la fiscal especializada.Luego de que la hermana de la menor descubriera los contactos que la adolescente tenía con un hombre mayor, los investigadores reconstruyeron el vínculo y detectaron una modalidad que luego se repitió en otro de los hechos incluidos en la acusación.Según surgió de la investigación, el condenado le proporcionó psicofármacos a la menor y la incitó a consumirlos; luego aprovechó el estado de vulnerabilidad generado para abusar sexualmente de ella.El episodio tuvo una particularidad que agravó la imputación: el hombre registró el abuso en un video. Posteriormente, ese material audiovisual fue enviado al teléfono de la propia víctima.La investigación permitió establecer no solo la existencia del abuso sexual, sino también la producción de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravada por la participación de una menor de 13 años.La acusación incluyó además la tenencia de ese tipo de material. Los investigadores llegaron a esa conclusión a partir del análisis de la evidencia digital secuestrada durante el procedimiento.El examen de los dispositivos incautados permitió detectar que el acusado almacenaba material de abuso sexual infantil, lo que sumó otro delito a la imputación original.El acusado también reconoció otro hecho de abuso sexual con acceso carnal cometido contra una mujer mayor de edad.Según estableció la investigación, en este caso utilizó una modalidad similar: puso psicofármacos a disposición de la víctima y, luego de que ella los consumiera, se aprovechó de su situación de vulnerabilidad para vulnerar su integridad sexual.Ese episodio fue incluido como el segundo hecho de abuso sexual con acceso carnal por el que llegó acusado y fue condenado. A estos hechos se sumaron dos episodios de amenazas.
El hecho ocurrió en el barrio Villa La Tela. Tras la intervención de la Unidad de Flagrancia y un juicio abreviado inicial, la Justicia resolvió la causa y dictó la sentencia firme en menos de dos meses. Leer más
Un grupo de padres y madres que acompañaba el último viernes a sus hijos en el patio de juegos de la plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, detectó que un hombre hacía gestos obscenos mientras observaba a los menores. El sospechoso fue detenido y, tras un juicio abreviado, fue condenado a seis meses de prisión efectiva.El hecho tuvo lugar durante la tarde del 25 de septiembre en las inmediaciones del Monumento-Fuente al Primer Cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, a pocos metros del sector de juegos. Cuando los adultos se dieron cuenta de lo que hacía el desconocido, dieron alerta a las autoridades con un llamado al 911. Cuando llegaron los efectivos de la Policía de la Ciudad, el sospechoso intentó escapar, pero fue aprehendido.Tras la intervención de la Unidad de Flagrancia Este, a instancias de la auxiliar fiscal Agustina Carelli, se dispuso su detención y se recolectaron testimonios sobre lo ocurrido en una causa en la que el hombre fue imputado por el delito de exhibiciones obscenas agravadas, previsto en el artículo 129, segundo párrafo, del Código Penal.Como parte de la investigación, la fiscalía solicitó la prisión preventiva y, mediante un juicio abreviado, las partes acordaron una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. El juez Gonzalo Rúa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas n.º 6, homologó el acuerdo 72 horas después del hecho y declaró reincidente al condenado, debido a que contaba con tres sentencias previas, según pudo saber LA NACION.Los antecedentes corresponden a una condena por tentativa de robo en la provincia de Chaco, otra por el mismo delito en Santa Fe y una tercera por hurto en grado de tentativa dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n.º 14 de la Capital Federal.Un jugador de fútbol detenido por hacer gestos racistas contra un rival brasileñoUn futbolista mendocino pasó una noche detenido en una comisaría de esa provincia acusado de haber hecho un gesto racista contra un colega de nacionalidad brasileña durante un Torneo Regional Federal Amateur. Si bien el árbitro no sancionó el hecho durante el partido, un fiscal actuó de oficio y ordenó su arresto.El caso tuvo lugar el último domingo, en el campeonato anteriormente conocido como Federal B, en un encuentro de la quinta fecha entre Montecaseros y Atlético Palmira. Tras una falta y un cruce verbal, el atacante de Palmira Facundo Reveco, de 26 años, llevó las manos a los costados de su cuerpo, imitando los movimientos de un simio, en dirección al lateral brasileño Erick Pontes.
La Justicia Federal de Santa Fe consideró probado que accedió a cargos y percibió remuneraciones durante casi seis años. El fallo también la responsabilizó por un segundo intento de defraudación mediante documentación falsa vinculada a la UBA
Hezile Frison, de 16 años, recibió además 10 años de supervisión extendida por el homicidio de Ashley Hudson, ocurrido durante una disputa familiar en junio de 2025
ROSARIO.- Lorenzo "Jimi" Altamirano no tenía nada que ver con Newell's: quienes lo conocían decían que era antifútbol. Tocaba el bajo en bandas punk, hacía malabares en los semáforos y soñaba con volver a viajar a Brasil. La noche del 1 de febrero de 2023 lo eligieron al azar en una esquina de la zona oeste, lo subieron a un auto robado y lo ejecutaron frente al Coloso Marcelo Bielsa. En uno de sus bolsillos dejaron un papel. Su cuerpo fue apenas el soporte de un mensaje dirigido a los jefes presos de la barra leprosa. Los fiscales lo definieron con una palabra que resume la crueldad del caso: "envase". Tres años y medio después llegó una condena. El juez Fernando Sosa homologó este lunes el acuerdo entre los fiscales Anabel Cerutti y Franco Miatello y el defensor público Iván Russo, por el cual Daniel Mateo Bommer, de 25 años, recibió 11 años de prisión por ser integrante de una asociación ilícita, autor de amenazas calificadas y partícipe secundario del homicidio calificado de Altamirano. La pena unifica una condena anterior de un año y medio por tenencia de drogas dictada por la Justicia federal. Según la acusación, Bommer era una pieza operativa de la organización que Pablo Nicolás Camino manejaba desde la cárcel federal de Rawson: conseguía los autos que luego se usaban en los ataques, guardaba armas y hacía de enlace entre el jefe preso y los sicarios. El día del crimen, su teléfono se comunicó una y otra vez con Alexis "Tato" Romero, a quien tenía agendado como "TT", y con Camino, registrado como "trotro". Para la Fiscalía, esas llamadas sirvieron para coordinar el asesinato entre quien lo ordenó y quienes lo ejecutaron. Esa noche, además, su celular impactó en una antena cercana al estadio. No alcanzó para atribuirle la autoría material. Condenado y blanco La pista que llevó hasta Bommer surgió de la propia violencia de la banda. El 4 de febrero, tres días después del crimen, recibió once disparos en Iriondo y 3 de Febrero. Sobrevivió. Internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, contó que hacía "trabajos" para Camino. Los investigadores sospechan que quisieron matarlo sus propios compañeros porque sabía demasiado. Poco después, un informe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) elaborado a partir de datos de informantes de San Francisquito, Parque Casado y Bella Vista advertía que uno de los asesinos de Jimi había sido baleado. Bommer escapó de Rosario y se refugió en un hogar cristiano de rehabilitación en Villa Bosch, en el conurbano bonaerense, para dejar las drogas y esconderse de los sicarios que lo buscaban. Allí lo detuvieron el 20 de julio de 2023. En su imputación dijo que era hincha fanático de Newell's y que conocía a Camino de la cancha. A las 21.19 de aquel miércoles, Altamirano fue obligado a subir a un Renault Sandero en 27 de Febrero e Iriondo. El auto había sido robado a punta de pistola dos días antes en Chacabuco y Cochabamba. Lo llevaron hasta el ingreso del estadio, sobre la calle Morcillo, lo hicieron bajar y le dispararon tres veces con una pistola calibre 9 milímetros. El papel que dejaron nombraba a Damián "Toro" Escobar, Leandro "Pollo" Vinardi y Gerardo Gómez, los referentes de Los Monos en la barra, y les exigía que "dejen de sacar chicos del club para tirar tiros en Rosario". Ese mismo día, dos jóvenes en moto balearon la comisaría 26 de Villa Gobernador Gálvez y dejaron carteles con un texto casi idéntico. Seguidilla de ataquesEl crimen de Jimi instaló en Rosario una idea que hasta entonces parecía lejana: que la guerra narco podía caer sobre cualquiera que estuviera en la calle en el momento equivocado. Camino se había presentado durante años como leal a Ariel "Guille" Cantero y había compartido pabellón con Vinardi en Piñero. La relación se quebró a fines de 2022 por una deuda de 60.000 dólares vinculada a un cargamento de cocaína. Junto con Eric Mansini y Leandro Vilchez, también presos en Rawson, Camino desató una ofensiva para golpear los negocios formales e informales de la barra de Newell's. La secuencia fue vertiginosa. El 19 de febrero balearon el carrito de comidas de Agustín "Tato" Leguizamón. Al día siguiente ejecutaron a Jorge Gustavo Maturano en su casa y, durante su velatorio, dispararon con una ametralladora contra la gente que estaba en la puerta: Pablo Sebastián Latorre murió y seis personas quedaron heridas. El 28 de febrero mataron a Benjamín Echavarría. El 2 de marzo, a las 2.53, balearon el supermercado Único de José Roccuzzo, suegro de Lionel Messi, y dejaron un cartel: "Messi, te estamos esperando". La Fiscalía le atribuye a Camino la instigación de cinco homicidios y 18 balaceras. Los Monos respondieron con una exhibición de poder: durante la despedida de Maxi Rodríguez, con Messi en la cancha, desplegaron en la tribuna una bandera de más de 40 metros con un mono, un pollo y un toro. Camino, apodado "El Carnicero" desde que en 2018 mató a puñaladas y con alambre a Rubén "Tubi" Segovia en la cárcel de Coronda, está preso desde 2015. Construyó su poder sin pisar la calle, a través de celulares que circulaban por boquetes en las paredes de los penales. Ya tiene una perpetua por el doble crimen de las hermanas Marianela y Estefanía Gorosito, además de otras condenas que suman 40 años. A mediados de este mes protagonizó un incidente en el penal de Marcos Paz. El 13 de octubre comenzará el juicio oral por esta saga de violencia. En el banquillo estarán Camino, Romero, Uriel Enrique, señalado como otro de los tiradores, y otros cuatro acusados. La familia de Jimi, que marchó a los tribunales para que su muerte no quedara "como un caso más", espera ese debate para que se juzgue a quienes eligieron a un músico al azar para convertirlo en mensajero.
La víctima tenía 19 años. La investigación reconstruyó cómo un fusil con una munición en la recámara atravesó tres controles antes del disparo mortal
La víctima es una adolescente chaqueña que tenía 17 años cuando ocurrió el ataque en un hotel. El tribunal consideró probado que el acusado ignoró su negativa. Además, la familia impulsa una demanda por casi $548 millones contra Travel Rock por presuntas fallas en el cuidado de los estudiantes. Leer más
La jueza referenció la sentencia en el caso español de "La manada". Además de mayores sentenciados, hay menores responsables penalmente y otros inimputables. El caso pone en evidencia el machismo existente y la nula educación sexual de los agresores. Leer más
La Justicia francesa condenó a Loïk Le Priol y Romain Bouvier por el ataque ocurrido en marzo de 2022 en pleno centro de París, después de una pelea dentro de un bar. El exintegrante de Los Pumas recibió seis disparos en una secuencia que duró apenas unos minutos. El tribunal descartó la premeditación y aplicó penas apenas inferiores a las reclamadas por la Fiscalía. Antes de conocer el veredicto, los dos principales acusados por el crimen volvieron a dirigirse a la familia de la víctima y pidieron perdón. Leer más
La Justicia de París dictó sentencia contra los dos militantes de extrema derecha que acribillaron al ex integrante de Los Pumas en 2022. El tribunal desestimó las coartadas de los ex militares y cerró un proceso judicial que duró más de cuatro años. Leer más
ROSARIO.- La Sub 19 pagó caro su timidez y se quedó sin la medalla dorada. Lejos de contagiarse del entusiasmo del público, que le dio al partido un marco inusual para la categoría, la selección argentina no pudo hacer valer su mayor talento individual, estuvo irresoluto en los últimos metros y terminó cediendo, tras el 0-0, en el desempate por vía de los penales (derrota por 5-4). Un castigo a la falta de atrevimiento del equipo que conduce Diego Placente.La tarde se prestaba para los festejos. Un pleno sol primaveral entibió la tarde en la cancha de Newell's, casi repleta con unos 30.000 espectadores. Entre ellos, media platea techada cedida a la delegación paraguaya, que contribuyó a proporcionar un gran marco (paradoja: se podía ir con camiseta albirroja pero no con la de Rosario Central). Mucho público familiar, mucha gente que no va todos los fines de semana a la cancha ni tiene la chance de viajar a Buenos Aires para ver a Argentina se dio el gusto de ser partícipe de un espectáculo de categoría.Más que por medallas, por capacidad organizativa o festivales musicales, el éxito de estos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 radica en la masividad de la concurrencia. Algo que se repitió tanto en disciplinas amateurs montadas en espacios pequeños e improvisados y se magnificó con el imán de la selección de fútbol. Ni la capacidad de desequilibrio en el mano a mano de Ian Subiabre, ni la conducción de Santiago Esquivel, ni la capacidad goleadora de Franco Domínguez Ávila lograron romper la tenacidad de los paraguayos, que por momentos controlaron el partido y también generaron peligro sobre el arco de Máximo Leguizamón. La batahola que se produjo luego de un supuesto penal a Subiabre, las siete amarillas, la expulsión al paraguayo Fernández sobre el final son el mejor reflejo del partido. Fue más lo que se luchó que lo que se jugó.Después de una clasificación complicada, conseguida en el último partido ante Venezuela con un gol en tiempo de descuento (1-1 y a semifinales por tener mejor diferencia de gol), la Argentina había mostrado su mejor cara el miércoles ante Perú. El gol, también sobre el final, había merecido llegar mucho antes.Para la revancha ante los paraguayos, que los habían vencido 2-1 en el debut, Placente volvió a salir con cinco defensores como ante Perú, pero puso un hombre más en el medio campo y dejó arriba solos a Subiabre y Domínguez Ávila. Cuando se juntaron generaron peligro, pero eso ocurrió poco. A los 4 minutos se produjo la acción más peligrosa, cuando el jugador de Tigre desbordó con su gambeta y tiró el centro atrás al centrodelantero de Estudiantes, uno de los más destacados en el inicio del certamen pero que en los últimos dos partidos estuvo con la pólvora mojada. Remató a las manos del arquero.Pese al mayor control de la pelota, como en los primeros tres partidos el equipo fue muy poco incisivo. Los laterales nunca desbordaron y los delanteros resolvieron mal las situaciones que tuvieron de contragolpe a partir de buenas recuperaciones de la dupla de volantes centrales Carrizo-Esquivel.Los ingresos en el segundo tiempo de Tulián, el héroe de la clasificación, y Jainikoski, otrora carta de triunfo desde el banco, y el cambio de esquema por un 4-3-3, insinuaron una mejoría cuando al minuto de juego los dos se combinaron, pero el extremo de Argentinos remató desviado tras quedar cara a cara con el arquero. La gente empezó a impacientarse. No hubo reclamo como en la semifinal, cuando la hinchada reclamó que "pongan h...", pero sí cayó de la tribuna Diego Maradona el pedido de "movete argentina, movete, dejá de joder". El cansancio, después de cinco partidos en diez días, afectó más a los visitantes. Domínguez Ávila y Tulián desperdiciaron dos situaciones claras en los últimos cinco minutos y todo quedó a merced del capricho de los penales. Allí, el yerro de Leandro Olima, volante central de Atlético Tucumán, en el cuarto envío, sentenció la suerte en medio de nueve aciertos. La ceremonia de premiación encontró a los paraguayos exultantes, festejando con sus compatriotas. Entre los consagrados, vale señalar la presencia del grandote arquero paraguayo Leonardo Sosa, que fue visitante por partida doble, ya que desde 2022 milita en las divisiones juveniles de Rosario Central. Los chicos de Placente, en cambio, recibieron la medalla de plata cabizbajos y resignados. A esa altura, las tribunas del estadio del Parque Independencia ya estaban desnudas. Con muchos jugadores que vienen jugando juntos hace tres años desde la categoría Sub 15 y varios con experiencia en primera división, sumado a la localía y la ausencia de Brasil, el anhelo de quedarse con la dorada era genuino. Para los chicos argentinos quedará como una lección. Para el entrenador, también. La síntesisArgentina 0 (4): Máximo Leguizamón; Thiago Pérez, Fernando Closter, Nicolás Marcipar (c), Matías Satas y Joaquín Salas; Facundo Carrizo, Santiago Espíndola y Uriel Ojeda; Ian Subiabre y Franco Domínguez Ávila. Entrenador: Diego Placente.Cambios: ST, al inicio, Facundo Jainikoski por Ojeda y Ramiro Tulián por Marcipar; 27m, Felipe Esquivel por Subiabre; 36, Leandro Olima por Carrizo.Paraguay 0 (5): Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Giovanni Gómez, Thiago Fernández y Kevin Amarilla; Joaquín Bogarín, Giovanni Gómez y Pedro Sarza; Eduardo Delmas (c); José Buhring y Junior Gamarra. Entrenador: Antolín Alcaraz.Cambios: ST, al inicio, Milan Freyres por Buhring; 18m, César Miño por Gamarra; 30, Rodrigo Vera por Delmas; 37, Lucas Montiel por Gómez y Orlando Cristaldo por Sarza.Expulsado: ST, 43m, Fernández (P), por doble amarilla. Definición por penales: Esquivel (A), convertido; Freyres (P), convertido; Domínguez Ávila (A), convertido; Bogarín (P), convertido; Pérez (A), convertido; Cristaldo (P), convertido; Olima (A), desviado; Vera (P), convertido; Jainikoski (A), convertido; Coronel (P), convertido.Estadio: Newell's Old Boys, RosarioÁrbitro: Oswaldo Contreras Macías (Ecuador)
Tomaba fotos de menores y mujeres en situaciones cotidianas y luego las manipulaba con Inteligencia Artificial. Fue condenado a más de cuatro años de cárcel en Londres.