condena
Le redujeron la condena al portero de Núñez acusado de ser un violador serial de niñas
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declaró prescriptos cinco de los siete hechos por los que había sido condenado Isidro Álvarez en marzo de 2025, aunque confirmó su responsabilidad en tres episodios de abuso sexual. Entre las víctimas hay sobrinas, hijas de familiares, amigas de su hija e incluso menores que frecuentaban el edificio donde el acusado trabajó durante más de treinta años. Leer más
JEP confirmó primera condena por "falsos positivos", exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos
El coronel (r) Germán León no había aceptado su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales por las que fue imputado
Condena de 50 años en El Salvador: una relación de décadas y la violencia que terminó en feminicidio
La jueza especializada de San Salvador lo declaró responsable de feminicidio agravado por asfixia en un hecho ocurrido en Santa Tecla, tras concluir que actuó de forma intencional en la vivienda familiar.
EEUU le negó la libertad bajo fianza al ex congresista David Rivera tras su condena por lavado de dinero vinculado a un empresario venezolano
La jueza de Miami sostuvo en el fallo que el ex legislador no probó "que no representa un riesgo de fuga si es liberado en espera de la sentencia"
Lo atrapó la máquina de rayos X: hombre recibe condena por intentar meter 15 vapeadores de THC por Nuevo Laredo
Un juez federal condenó a tres años y seis meses de prisión a un hombre que intentó cruzar la frontera tamaulipeca con 15 cigarros electrónicos cargados con el principio activo de la marihuana
La Corte Suprema dejó firme la condena contra el conductor de la lancha que mató al hijo de Federico Storani
La decisión confirmó de manera definitiva el fallo que consideró acreditado que el responsable de la embarcación actuó con dolo eventual al navegar a gran velocidad y en condiciones de visibilidad prácticamente nula antes del impacto fatal
La Corte dejó firme la condena por homicidio contra el conductor de la lancha que mató al hijo de Federico Storani
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a nueve años de prisión por homicidio simple contra Pablo Torres Lacal, el conductor de la lancha que atropelló la embarcación en la que murieron Manuel Storani, el hijo de 14 años del líder radical Federico Storani, y su madre, en marzo de 2016. Su detención se había dispuesto para el momento en que el fallo quedara firme, lo que ocurrió ahora, por lo que el tribunal que impuso la condena deberá dictar la captura del timonel de la embarcación y enviarlo a la cárcel.Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por inadmisible, bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los recursos de la defensa para buscar la revisión de la sentencia y la pena dictada. Con este fallo, la condena quedó firme.Según la causa, el 31 de marzo de 2016, a la medianoche, Manuel Storani (14 años) viajaba junto a su madre, Ángeles, y otras cuatro personas a bordo de la lancha Mad II por el Canal Vinculación, en Tigre. Sorpresivamente, sin luces, apareció la embarcación Shark II, timoneada por Pablo Torres Lacal, quien iba acompañado por Francisco Javier Gotti y un amigo más. No hubo tiempo de reacción: el impacto de la lancha de Torres Lacal fue sorpresivo y a gran velocidad. El golpe se produjo en el medio de la Mad II, justo sobre la banda en la que estaban Manuel y Ángeles, quienes fallecieron junto a Gotti.De acuerdo con declaraciones en el juicio, los tripulantes de la lancha que manejaba Torres Lacal estaban "exaltados". Los resultados toxicológicos dieron cero alcohol, aunque David Hernán Di Rico, el tercer acompañante de la embarcación, admitió que habían tomado dos cervezas. El choque se produjo cuando estaban yendo a un bar en el Delta. El juicio a Pablo Torres Lacal llegó más de siete años y medio después de la trágica madrugada.Tanto Federico Storani como los amigos del colegio de la víctima se presentaron con carteles que decían: "Justicia por Manu". La defensa buscó plantear que había sido un accidente inevitable.A fines de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Isidro condenó al acusado por homicidio simple y le fijó una pena de nueve años. La defensa apeló el fallo, pero fue ratificado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense. En octubre de 2025, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó los planteos de la defensa contra la condena. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso de queja, pero el máximo tribunal desestimó el pedido.
Diez años después, la Corte confirmó la condena a 9 años de prisión al conductor de una lancha que mató a un hijo de Fredy Storani y su madre
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron este jueves por inadmisible los recursos de la defensa de Pablo Torres Lacal, quien conducía en 2016 la lancha que provocó el accidente en el Delta del Tigre.
El TSJCyL condena a Sacyl a pagar 60.000 euros por la muerte de un bebé durante el parto
¿Una condena de guantes blancos?
La provincia de Córdoba premió a artistas y escritores a los que había honrado con una retribución vitalicia reconocida por ley. Dicha suma fue recortada, en una decisión -u omisión- que espera otra respuesta efectiva.
El Supremo condena al Estado a pagar 2,5 millones de euros a un hombre que pasó 15 años preso por error judicial
Trump y Lula chocaron en el G7 por la condena del Supremo de Brasil al hijo de Bolsonaro
El mandatario estadounidense calificó a Brasil de "peligroso políticamente" tras la sentencia a cuatro años de Eduardo Bolsonaro, y Lula respondió pidiéndole que no se inmiscuya en las elecciones de octubre
Diego Furnari: "La ciudadanía condena los casos de corrupción, pero no necesariamente repercute a la hora de decidir el voto"
El analista político aseguró que el desempeño económico sigue siendo el principal factor que influye en las decisiones electorales. Leer más
Cristina Kirchner, a un año de la condena que cambió la política argentina
Un año después de la sentencia, Cristina Fernández de Kirchner permanece bajo prisión domiciliaria e inhabilitada para ejercer cargos públicos. El estado de las demás causas judiciales y la disputa abierta en torno a la actuación de jueces y fiscales. Leer más
Corte Suprema confirmó condena contra Juan Carlos Abadía por desviar $817 millones en un contrato de libros escolares
En sentencia de segunda instancia se resolvió la apelación de la condena contra el exgobernador del Valle del Cauca por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros
El TSJN confirma una condena de 6 años y 6 meses de prisión a un hombre que violó a una amiga de su pareja
En fotos: Los privados de libertad de El Salvador invierten su tiempo de condena en aprender oficios y profesiones
La Casa Real noruega, en pacto de silencio tras la condena de Marius Borg: su estrategia tras el fallo al hijo de Mette-Marit
El Tribunal de Distrito de Oslo dictó este lunes una pena de cuatro años de prisión para el hijo de la princesa heredera Mette-Marit
El Sevilla condena todo "tipo de violencia, abuso o agresión sexual" tras sentencia a Mir
La Audiencia de Valencia condena a 8 años y medio de cárcel al futbolista Rafa Mir por agresión sexual a una joven
La Audiencia Nacional condena a cárcel a 11 miembros de los Dominican Don't Play por pertenencia a organización criminal
Decenas de desaparecidos, un juicio sin condena y una leyenda sangrienta: la historia real de la noble más temida de Europa
Elizabeth Báthory gobernó castillos y tierras en la Hungría del siglo XVII, acumuló acusaciones de crímenes atroces y terminó encerrada en su propio castillo por razones que los historiadores vinculan tanto a la justicia como a la conveniencia política
El Gobierno condena el ataque ruso a la catedral de la Dormición de Kiev: "Es un crimen de guerra"
En qué basó Pichetto su polémica propuesta para que el Congreso anule la condena a Cristina Kirchner
El diputado Miguel Ángel Pichetto fundó su controvertida propuesta para que el Congreso anule la condena de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad en una supuesta facultad del Poder Legislativo para intervenir sobre la Justicia ante situaciones de clara "gravedad institucional".El planteo, sin asidero ni antecedentes jurídicos, según explicaron a LA NACION especialistas en derecho constitucional, formó parte de su exposición de la semana pasada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados."Es una exploración que todavía no se ha desarrollado -dijo el diputado- y sé que es un argumento que va a levantar la polvareda porque entro a jugar con el principio de división de poderes. Pero creo que son atribuciones inherentes del Congreso frente a temas de gravedad institucional y de nulidades evidentes y notorias"Pichetto, que ensaya gestos de acercamiento al kirchnerismo y promueve la creación de un espacio de "centro nacional", argumentó que el Congreso posee facultades "inherentes", no escritas, que le permitirían anular una sentencia firme del máximo tribunal ante un supuesto caso de "gravedad institucional".Buscó sostener esa idea con advertencias generales sobre lo inconveniente que es para la democracia que un exjefe de Estado se encuentre condenado, pero también señalando presuntas irregularidades en el desarrollo específico de la causa VialidadRepartió críticas para la Cámara de Casación, la Corte Suprema e incluso para la exprocuradora del kirchnerismo, Alejandra Gils Carbó, que autorizó el traslado a Comodoro Py de Diego Luciani, el fiscal que años después intervino en el juicio de Vialidad.También sostuvo que las cinco vocalías previstas para la Corte debieron haber estado ocupadas cuando el tribunal dejó firme la condena a seis años de prisión contra la expresidenta. Afirmó, además, que sus actuales integrantes debieron apartarse al momento de resolver porque el peronismo había impulsado contra ellos un juicio político.Según su visión, esas y otras supuestas "irregularidades" configuran un caso de "gravedad institucional". Para fundamentarlo, invocó una doctrina que, dijo, la Justicia inauguró con el caso "Jorge Antonio", vinculado con los bienes decomisados a un empresario cercano a Perón tras el golpe de 1955. Pero el antecedente no reconoce al Congreso ninguna facultad para anular sentencias. La Corte utilizó la figura para admitir un recurso contra una resolución que no era definitiva.Pichetto dijo, además, que su planteo tenía como punto de partida la "presunción de inocencia" de la expresidenta, pese a que la condena quedó fue dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 2, confirmada por la Cámara de Casación y convalidada por la Corte Suprema.Aseguró, sin embargo, que el Congreso posee la potestad de intervenir, declarar nula la sentencia y hacer valer el "equilibrio de poderes"."Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes", afirmó.Como ejemplo actual y "aplicable", mencionó la intervención del Congreso brasileño sobre el régimen de penas que podría alcanzar al expresidente Jair Bolsonaro."El principio de que el Congreso puede llegar a analizar, como lo que está haciendo el Congreso brasileño, la aplicación de una pena totalmente absurda que le aplicaron al expresidente Bolsonaro, independientemente de las ideologías", dijo.Pichetto se refirió a la denominada ley de dosimetría, sancionada en diciembre pasado por el Congreso brasileño, que modificó retroactivamente las reglas de cálculo y ejecución de las penas y podría reducir el castigo impuesto a Bolsonaro.La norma no absolvió al expresidente brasileño ni anuló su condena, como propone Pichetto respecto de Cristina Kirchner. Modificó con alcance general el régimen penal aplicable a los delitos vinculados con la tentativa de golpe de Estado.La ley, posteriormente vetada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, impide en determinados casos acumular las penas por los delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado. "La propuesta del diputado Pichetto no tiene ningún asidero jurídico", sostuvo el constitucionalista Pablo Manili, consultado por LA NACION."El Congreso de ninguna manera tiene competencia para anular un fallo judicial. Los fallos judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación solamente pueden ser dejados sin efecto como consecuencia de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso de que se haya tramitado primero una denuncia ante la Comisión y luego un juicio ante la Corte Interamericana", amplió el experto.Una de las primeras reacciones del arco político contra la propuesta de Pichetto provino de la Coalición Cívica. "En la CC respetamos la división de poderes y no vamos a acompañar ningún proyecto para revertir el fallo contra Cristina Kirchner", dijo Mónica Frade en Radio Zónica. "Si la expresidenta considera que hubo irregularidades, tiene otros ámbitos para plantear el tema. Nosotros respetamos la división de poderes", sumó.
La mujer que engañó a todos con un embarazo falso: Netflix documenta el caso que terminó en condena a muerte
"Instinto maternal", estrenado el 12 de junio, repasa cómo una joven de Texas sostuvo una mentira hasta quedar en el centro de un crimen
El Gobierno Vasco condena los incidentes registrados en las fiestas de Etxebarri (Bizkaia)
Cristina Kirchner, un año bajo arresto domiciliario: del balcón a las visitas, las decisiones que marcaron la condena
La ex presidenta cumple el miércoles doce meses de detención en la causa Vialidad. Las alternativas y las situaciones excepcionales que debió definir la Justicia durante este período
PAN condena asesinato de edil de Oaxaca y advierte "fracaso" en la estrategia de seguridad del gobierno de Sheinbaum
Acción Nacional exige investigación pronta y exhaustiva para esclarecer el caso
La confesión de Adorni sobre sus criptos podría salvarlo de una condena por enriquecimiento
El jefe de Gabinete declaró ganancias no impositivas entre 2014 y 2018 atribuidas a operaciones con bitcoin, una jugada que, según especialistas, podría blindarlo frente a una eventual acusación penal durante su gestión pública. La estrategia tiene un costo: deberá afrontar el pago de Bienes Personales y sus multas, cercano al 14% de los 500.000 dólares declarados. Resignando esa porción, Adorni evitaría el delito más grave, que prevé prisión de hasta seis años e inhabilitación perpetua, siempre que la Justicia avale el origen de esos fondos previo a su llegada a la función pública. Para zafar, la Justicia tiene que creerle. Leer más
Adopciones, poder y dinero: la condena a una exjueza que golpea la confianza en la Justicia
El caso de la exmagistrada de Familia de Pilar expone mucho más que una causa penal: revela cómo la desigualdad, la vulnerabilidad y la falta de controles pueden contaminar una de las decisiones más sensibles del Estado.
Eduardo Valdés: "Cristina Kirchner es inocente y la condena fue para proscribirla"
El diputado nacional de Unión por la Patria defendió a la expresidenta en Infobae al Regreso, cuestionó la imparcialidad del Poder Judicial tras el fallo en la causa Vialidad y vinculó la sentencia con maniobras para excluirla de la competencia política
Belarra recurrirá su condena a pagar 9.000 euros a García-Castellón por llamarle corrupto
El homicidio de Paulina Lebbos: la Corte Suprema confirmó la condena por encubrimiento para un exfiscal
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la pena de seis años de prisión para el exfiscal Carlos Albaca, funcionario que tuvo a su cargo, durante siete años, la investigación del homicidio de Paulina Lebbos, la joven asesinada en 2006 en Tucumán. El crimen está impune.Albaca está preso desde 2023 para cumplir la pena por haber sido encontrado culpable de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Su defensa llegó en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ayer, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti entendieron que el planteo era inadmisible bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. "Albaca tuvo a su cargo la investigación del crimen de Lebbos durante siete años, tiempo durante el cual la causa estuvo prácticamente paralizada. Según se determinó, Albaca estableció ocho hipótesis distintas, no profundizó en la investigación de ninguna de ellas y mantuvo el expediente bajo secreto de sumario. Sólo en 2013 Alberto Lebbos, el padre de la víctima, tuvo acceso a numerosas insistencias", sostuvieron fuetes del máximo tribunal.Paulina tenía 22 años y era madre. La noche del 26 de febrero de 2006, la joven se reencontró con su exnovio, César Soto, después de haber ido a bailar a un boliche de San Miguel de Tucumán. no se la volvió a ver. El 11 de marzo de 2006 personal de la Policía de Tucumán encontraron el cuerpo de una mujer cuando realizaban tareas de rastrillaje. El cadáver, que fue identificado tres días después, había sido arrojado a un barranco, pero había quedado atrapado entre la vegetación. El cuerpo presentaba un estado avanzado de descomposición, heridas de arma blanca, quemaduras de cigarrillos y desprendimiento de cuero cabelludo.El crimen, que hace 20 años sacudió al poder político de Tucumán, quedó impune. El mes pasado, por el beneficio de la duda, fue absuelto Soto, el exnovio de la víctimas.Los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica también absolvieron a Sergio Kaleñuk, hijo del entonces secretario de José Alperovich â??gobernador entre 2003 y 2015â??, que no había sido acusado por el Ministerio Público Fiscal.Soto había llegado a juicio acusado de homicidio agravado por alevosía en carácter de autor. Kaleñuk, en tanto, estaba imputado por encubrimiento agravado."Veinte años pidiendo que investiguen, veinte años protegiendo delincuentes, esta es la Justicia que tenemos en Tucumán", afirmó Alberto Lebbos, padre de la víctima, tras escuchar el veredicto.Lebbos mantiene hace dos décadas el reclamo de justicia por el asesinato de su hija, Anticipó que continuará esa lucha, más allá de la decisión de este tribunal. "Sigan protegiendo asesinos. Ahora vamos a seguir insistiendo", aseguró.El veredicto llegó luego de 16 audiencias en este debate oral iniciado en marzo pasado, en el que fueron escuchados 44 testigos. El fiscal Carlos Sale había pedido una condena de prisión perpetua para Soto, pero el tribunal dictó un fallo en sentido completamente contrario a la solicitud del acusador.Las palabras del padre de Paulina permiten intuir que la familia Lebbos impulsará a que la fiscalía presente la apelación a este veredicto. "Vamos a seguir luchando", anticipó Rosa Lebbos, hermana de la víctima.En febrero pasado, el caso tuvo otro giro importante. Dos semanas antes del inicio de este debate oral, se realizó una audiencia en la que Virginia Mercado, la mejor amiga de Paulina y una de las últimas personas en verla con vida, fue señalada como responsable de obstruir a la investigación. Esa mujer admitió que había mentido durante el juicio que se llevó a cabo en 2018 y llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal para una pena de tres años de prisión por encubrimiento.Mercado ratificó en esa audiencia lo que había previamente pactado con los fiscales y confesó ante el juez que mintió en el juicio que se inició en 2018 y finalizó en 2019, en donde fueron condenados por encubrimiento el exministro de Seguridad de Tucumán, Eduardo di Lella, y el exjefe de la Policía provincial, Hugo Sánchez, entre otros.El Ministerio Público Fiscal provincial consideró que la actitud de Mercado no se hallaba bajo un simple falso testimonio, sino que deliberadamente había actuado para obstruir el descubrimiento de la verdad. Es por ello que fue acusada por encubrimiento agravado en perjuicio de la administración de Justicia. En la audiencia admitió el delito imputado, aceptó la carátula y ratificó el acuerdo de prisión por tres años, de ejecución condicional.Más allá del reconocimiento de sus mentiras cuando declaró como testigo clave, Mercado no reveló exactamente qué fue lo sucedido y tampoco señaló a quiénes serían los presuntos autores materiales e ideológicos del asesinato. Tres meses después de esa confesión, el acusado como autor material del homicidio fue absuelto por el beneficio de la duda.
Miguel Ángel Pichetto pidió que el Congreso anule la condena a Cristina Kirchner
El diputado nacional de Encuentro Federal solicitó la excarcelación de la expresidenta y advirtió que su detención deja al sistema democrático en una "extrema fragilidad"
Belarra dice, tras su condena por llamar corrupto a García-Castellón, que no la callarán
Un juez condena a Belarra a pagar 9.000 euros al exmagistrado García Castellón por llamarle corrupto y prevaricador
Caso Blessd: abogado anticipó de cuánto tiempo sería la condena para el artista si es declarado culpable
El proceso judicial contra el artista urbano incluye testimonios, mensajes y acusaciones de exigencias monetarias, mientras la defensa sostiene que la denuncia responde a un conflicto del pasado
Caso Candela: la Corte confirmó la condena a prisión perpetua para el acusado por matar a la nena secuestrada en 2011
La investigación desnudó una trama de venganzas y vínculos entre narcos en la zona Oeste del Gran Buenos Aires.La nena de once años Candela Sol Rodríguez fue secuestrada, asesinada y su cuerpo descartado en un basural de Hurlingham.
La Corte confirmó la condena a cuatro años del industrial Juan Carlos Lascurain y debería ir a la cárcel
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cuatro años de prisión del empresario Juan Carlos Lascurain, quien fuera titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) entre 2008 y 2010; y del asesor Juan Marcelo Vargas, a raíz del desvío de fondos destinados a construir una ruta de acceso a Yacimientos Carboníferos, en la localidad de Río Turbio, a fines del 2015. En otra resolución, la Corte dejó firme la absolución del excoordinador de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Miguel Ángel Larregina, quien estaba imputado en la causa.A través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los recursos de las defensas de Lascurain y Vargas, y de la fiscalía contra la absolución resuelta en la Cámara Federal de Casación Penal en favor de Larregina. La condena del exintendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna, quien se encuentra detenido, ya había quedado firme en la Corte Suprema en 2021, por falencias en la presentación formal (incumplimiento de acordada 4/2007).El tribunal oral había dispuesto que todos los implicados fueran presos una vez que la condena quede firme. También que se restituyera el dinero más los intereses, unos 50 millones de pesos a valores de 2015. Por eso ahora Lascurain debería ir a prisión a cumplir su pena.Fue el primer juicio oral por presuntas irregularidades en Río Turbio. Hay otro debate ordenado por el desvío de fondos destinados a realizar obras en la mina de carbón de Río Turbio por al menos 264 millones de pesos contra funcionarios encabezados por el exministro de Planificación Julio De Vido, pero aún no se realizó. Se trata de la causa por la que De Vido perdió sus fueros en 2017 y quedó detenido por primera vez. Como parte de esa investigación, una primera parte fue elevada a juicio. Allí se investigó el desvío de fondos para la construcción de 7 kilómetros del trazado de la "Avenida de los Mineros" entre Río Turbio y la localidad de 28 de Noviembre que nunca se hizo. La empresa que debía hacer la obra era Fainser, de Lascurain, y estaba presidida por Romina Mercado, sobrina de la expresidenta Cristina Kirchner e hija de la luego gobernadora Alicia Kirchner.En el juicio oral, que se realizó en 2019, el Tribunal Oral Federal 7 dio por probado que Pérez Osuna, Larregina, Vargas y Horacio Matías Mazu -fallecido intendente de la municipalidad de Río Turbio- y Lascurain tomaron parte en la sustracción de fondos públicos.Los fondos fueron tomados de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos, al desviar 50 millones de pesos a la empresa Fainser S.A., a través del pago de tres cheques. Dos de los cheques fueron librados el 30 de noviembre y el restante el 9 de diciembre de 2015, cuando cambiaba el Gobierno Nacional.Durante el juicio, el empresario reconoció haber cobrado ese anticipo y dijo que lo gastó en contratación de personal y en la puesta en marcha de la futura obra, mientras que Pérez Osuna sostuvo que "hubo una decisión política de este gobierno de no querer hacer esta obra".Los jueces Germán Andrés Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero -los mismos que juzgan el caso de los Cuadernos de las coimas- condenaron a los acusados por el delito de peculado e impusieron la pena de cuatro años de cárcel para Lascurain, Pérez Osuna, Larregina, el fallecido Mazú, y el exasesor Vargas. También ordenaron devolver el dinero.En 2023, la Cámara Federal de Casación Penal -con la firma de los jueces por Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques- confirmó las condenas para todos, salvo para Larregina. Las defensas de Lascurain y Vargas presentaron recursos extraordinarios en queja ante la Corte Suprema de Justicia, que hoy fueron desestimados. En el mismo sentido, el máximo tribunal desestimó el planteo del Ministerio Público contra la absolución de Larregina. Ahora, con el fallo firme, los condenados deberían cumplir sus penas en prisión.
Por primera la Justicia envía a cumplir una condena de 4 años prisión a una ex presidente de la Unión Industrial Argentina
Se trata de Juan Carlos Lascurain por haber cobrado por una ruta en la mina de Río Turbio y no haber hecho la obra. Además, junto a otros condenados, deberán reparar al Estado con más de 50 millones de pesos, más intereses. Es un precedente para el caso Cuadernos.
La Corte dejó firme la condena a un profesor de la Universidad de Córdoba que extorsionaba a sus alumnos
Un docente obligó a los estudiantes de la Facultad de Odontología a realizar un curso en una institución privada que él dirigía. También sentenciaron a la decana y a dos administradores de una institución privada
La trama del mayor ataque terrorista en EEUU antes del 11-S y la condena que volvió a abrir el debate sobre la pena capital
El atentado dejó 168 muertos y 500 heridos. En la cárcel, Timothy McVeigh compartió pabellón con otros condenados célebres. Su condena a muerte puso el debate sobre la pena capital en el centro de la escena de los Estados Unidos
Enfrascado en sus internas y el caso Adorni, el Gobierno ignoró el aniversario de la condena a Cristina Kirchner
A diferencia del año pasado, prácticamente omitieron las respuestas a los cuestionamientos que la oposición dura lanzó contra Milei en una serie de movilizaciones, tanto presenciales como virtuales
Sobre la condena de Vialidad a CFK: "Según la Constitución del 94, el delito de corrupción no se podría indultar"
Para el abogado Lonigro, la corrupción es un atentado directo contra el sistema democrático. Por qué considera "falaz" el argumento del lawfare y qué margen real tiene el Poder Ejecutivo. Leer más
Capitanich respaldó a Cristina Kirchner y denunció una "proscripción política" a un año de la condena
El senador nacional y exgobernador del Chaco se sumó a las expresiones del peronismo por el primer aniversario de la condena firme contra la expresidenta. Cuestionó el accionar del Poder Judicial y habló de una "injusta condena". Leer más
Por igualdad, el TC debe anular la condena de Ollanta Humala: "Su caso es el mismo al de Keiko Fujimori"
Wilfredo Pedraza dice que ahora se verá si el Tribunal Constitucional "está en condiciones de respetar el principio de igualdad" y ordena el archivo del proceso contra el expresidente, tal como lo hizo con el caso Cócteles
La Justicia le negó a José López un pedido para reducir su condena por haber aprobado dos cursos de marketing
El ex secretario de Obras Públicas enfrenta una pena unificada de 13 años de cárcel por la causa Vialidad y el caso de los bolsos con 9 millones de dólares. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de la defensa
Santiago Uribe no tiene derecho a reclusión especial: el Inpec definirá si cumple su condena en una cárcel o un batallón por el caso Los Doce Apóstoles
La Corte Suprema dejó en firme la sentencia de 28 años y negó beneficios como la prisión domiciliaria; ahora la autoridad penitenciaria deberá estudiar la solicitud presentada por su defensa
El kirchnerismo marcha a San José 1111 a un año de la condena a Cristina Kirchner
El kirchnerismo duro desplegará este miércoles una serie de actividades para respaldar a Cristina Kirchner. Será en el marco del primer aniversario de la condena de la Corte Suprema, que el 10 de junio de 2025 dejó firme la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos contra la expresidenta en la causa Vialidad. Bajo las consignas "Cristina Libre" y "contra la proscripción", en el Senado los bloques del peronismo en ambas cámaras del Congreso de la Nación darán hoy una conferencia, mientras que a partir de las 16 tendrá lugar un banderazo de los militantes frente al departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple su reclusión de forma domiciliaria. Los senadores y diputados justicialistas, según señalaron, denunciarán la "injusta condena, la persecución y la proscripción sobre la dos veces presidenta, ex vicepresidenta de la Argentina y principal líder de la oposición" en un descargo que tendrá lugar en el Salón Provincias Unidas. Tienen previsto presentar un documento ante la Corte Suprema. "La democracia no puede naturalizar que el Poder Judicial se convierta en un actor de disciplinamiento político", agregaron. Más tarde, en la concentración en las afueras del domicilio, se espera una concentración en la que confluyan agrupaciones militantes, organizaciones municipales, movimientos sociales y gremios afines. Las acciones se definieron tras una reunión realizada en la sede del PJ Nacional, que continúa presidido y nunca dejó de ser digitado por Cristina. Los asistentes, además, resolvieron llamar a una movilización en Parque Lezama el próximo sábado 20 de junio en el marco del Día de la Bandera y bajo las mismas premisas de repudio a la condenada, así como también organizar un festival denominado "Cristina Libre" para este sábado 13 en la ex ESMA (Av. del Libertador 8151). "Los participantes del encuentro se comprometieron activamente con la movilización convocada para el 20", remarcaron en un comunicado partidario.Hace un año la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión que el poder le venía reclamando: meter presa a Cristina y proscribirla. Un año de injusticia. Un año acompañandola. Nos vemos en San José 1111.ð??? 10/6 - 16hs | ð???San José 1111 pic.twitter.com/7dmVx6Hpm2— La Cámpora CABA (@LaCampora_CABA) June 8, 2026Dicha cumbre reunió a autoridades partidarias, legisladores, intendentes y referentes sociales. Entre ellos, estuvieron el jefe de senadores, José Mayans; y los diputados Paula Penacca, Horacio Pietragalla, María Teresa García y Lucía Cámpora (titular de La Cámpora), entre otros. A su vez, algunos jefes municipales presentes fueron Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Marisa Fassi (Cañuelas) y Damián Selci (Hurlingham). Hace un año, la Corte Suprema resolvió de manera unánime la ratificación de la sentencia de Cristina Kirchner por Vialidad con los votos de los tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El tribunal supremo respaldó los cargos del Tribunal Oral Federal N°2 (en primera instancia) por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de las licitaciones de obra pública adjudicadas en Santa Cruz, y la absolución por el delito de asociación ilícita. La decisión provocó un cimbronazo en el sistema político nacional y marcó que la expresidenta sea la primera en la historia en tener una condena firme por corrupción. Cristina, que por entonces pretendía competir por una banca en las elecciones legislativas bonaerenses de 2025 en la Tercera Sección, recibió ese día la noticia mientras se encontraba en la sede del PJ. Tras conocerse el resultado, brindó un discurso desde la calle rodeada de la militancia que se acercó hasta el edificio de Matheu 130, donde acusó una "un cepo del Partido Judicial al voto popular", calificó a los jueces de "monigotes" y sostuvo que "estar presa es un certificado de dignidad". Días después, dada su edad (72 años), lograría acceder a una prisión domiciliaria y tendría lugar una movilización en su apoyo el 18 de junio en Plaza de Mayo. El kirchnerismo duro, de esta manera, buscará volver a mostrar tracción social en las calles y mantener vigente una causa que considera central para su identidad política. Esa posición es un punto de discordia con los sectores internos que hoy empujan el liderazgo y la proyección presidencial del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto con los matices a la hora de pronunciarse sobre un eventual indulto. "Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real", escribió hoy Kicillof en sus redes. Esta seguidilla de acciones se da, además, en un contexto especial luego de que el mandatario provincial y el líder de La Cámpora e hijo de Cristina, Máximo Kirchner, retomaran el diálogo el último fin de semana para la organización del velatorio del Indio Solari en Avellaneda.
Tras el acercamiento con Máximo, Kicillof salió a defender a Cristina Kirchner a un año de su condena: "Es inocente"
El gobernador bonaerense afirmó que la exmandataria fue "víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria".El 10 de junio de 2025, la Corte rechazó el recurso extraordinario de la expresidenta contra su condena por corrupción en el caso Vialidad, en el que la penaron a seis años de cárcel.
A un año de la condena a Cristina Kirchner la Justicia no logró decomisarle sus bienes: marchas a San José 1111
La expresidente lleva 12 meses cumpliendo prisión domiciliaria y la Justicia no pudo rematar sus propiedades. Movilizaciones al domicilio donde cumple la condena. Leer más
A un año de que la Corte dejó firme la condena, la Justicia no pudo decomisarle ni un peso a Cristina Kirchner
A un año de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por corrupción, la Justicia no pudo decomisarle ni un centavo, a pesar de que ordenó recuperar unos 685.000 millones de pesos.Hoy esa parte del caso volvió a la Corte Suprema, que debe resolver si rechaza el último recurso de Cristina Kirchner y avanza con el remate de sus bienes mediante una plataforma digital por internet.La expresidenta evitó que sus bienes sean alcanzados por el decomiso porque presentó una catarata de recursos judiciales en el Tribunal Oral Federal 2 que la condenó, en la Cámara Federal de Casación Penal y ahora -otra vez- en la propia Corte.La última batalla es por 111 bienes que identificaron el fiscal Diego Luciani y su colega Sergio Mola para que sean tasados y rematados, de modo de cubrir esa suma de dinero, aunque sea en parte. Resta otro grupo de bienes identificados por la fiscalía que están siendo objeto de un trámite en el tribunal oral.El rechazo del recurso extraordinario por parte de la Cámara Federal de Casación confirma definitivamente la ejecución de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.Con el recurso rechazado, el fallo del posible decomiso queda en condiciones de ser ejecutado de inmediato. Sin embargo, Cristina Kirchner fue a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso directo, que difícilmente prospere. Además de seis años de prisión, la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad implica el decomiso de bienes por unos 685.000 millones de pesos, por los que deben responder solidariamente todos los condenados.Pero, entre ellos, los únicos que tienen bienes cuantiosos son Cristina Kirchner y sus hijos, pues los activos de Lázaro Báez fueron rematados en la quiebra de Austral Construcciones y en la otra condena que tiene por lavado de dinero, en la causa de la Ruta del Dinero K.La decisión de rechazar el recurso extraordinario fue de los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación y dejó firme la decisión de avanzar con la ejecución de los bienes. La defensa de Cristina Kirchner argumenta que muchos de ellos fueron adquiridos antes de los hechos que motivaron la condena.Los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron por mayoría los recursos presentados por las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner contra la sentencia que había confirmado la ejecución de bienes para hacer efectivo el decomiso en la causa Vialidad.En el caso del recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner, los tres integrantes de la Sala coincidieron en declararlo inadmisible. En su voto, Hornos sostuvo que los recursos no demostraban la existencia de una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención de la Corte. El juez reiteró el fundamento general del decomiso en casos de corrupción, al señalar que "el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida" y que el instituto busca impedir que el ilícito produzca beneficios económicos permanentes.Por su parte, el juez Diego Barroetaveña adhirió al voto de Hornos. Consideró que los agravios de las defensas se limitaban a expresar desacuerdos con lo decidido y que no planteaban una controversia federal concreta sobre el alcance de normas constitucionales. También entendió que no se verificaban supuestos de arbitrariedad que justificaran la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte.El juez Mariano Borinsky coincidió en declarar inadmisible el recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner. Sin embargo, mantuvo una posición parcialmente distinta respecto de los recursos presentados por Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner.Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la sentencia que ordena concretar el recupero de los 685.000 millones de pesos, el tribunal oral que impuso las condenas le mandó un oficio a la Corte Suprema para avanzar con el asunto. Quiere saber si, en función de las normas vigentes, alguno de los 111 inmuebles a ejecutar es de interés de la propia Corte para su utilidad o del Consejo de la Magistratura.El juez Rodrigo Giménez Uriburu â??que condenó a la expresidenta y está a cargo de ejecutar la sentenciaâ?? pidió a la Corte que se resuelva si algún bien "será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso [por la Corte] o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación".La tobilleraEn tanto, la expresidenta reclamó a un año de su condena, que es el tiempo que lleva cumpliendo arresto domiciliario en su casa de San José 1111, que le saquen la tobillera electrónica, amplíen su régimen de visitas y la dejen salir a la terraza.Pero el fiscal Luciani se opuso y la semana pasada fracasó el último intento cuando el juez Rodrigo Giménez Uriburu ratificó la vigencia de todas las condiciones de arresto.Sobre el régimen de visitas, el tribunal autorizó el ingreso libre exclusivamente para familiares, médicos, custodios y abogados. El resto de las personas deben requerir sin excepción la autorización judicial.En cuanto al permiso de subir a la terraza del edificio, el tribunal autorizó su uso dos horas al día entre las 6 y las 20. En su última resolución, consideró que Cristina Kirchner "conserva la posibilidad de acceder diariamente a un espacio abierto apto para el desarrollo de actividades físicas y recreativas".
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Cruce en el Senado: el kirchnerismo vinculó la condena a Cristina Kirchner con la violencia de género y Patricia Bullrich respondió con la baja de los femicidios
Tras una nueva movilización bajo la consigna Ni Una Menos y con el femicidio de Agostina Vega como telón de fondo, el Senado rindió homenaje este jueves a las víctimas de la violencia de género con un minuto de silencio. El gesto, sin embargo, no alcanzó para evitar la chicana política. Mientras que el kirchnerismo equiparó la lucha feminista con el encarcelamiento de la exvicepresidenta Cristina Kirchner, el oficialismo sacó a relucir la baja de femicidios durante los últimos dos años. La primera en tomar la palabra fue la rionegrina Ana Marks (Unión por la Patria), quien reivindicó la movilización realizada el día anterior. Habló de una lucha que "hace once años nos hermana más allá de las diferencias políticas" y recordó a las víctimas de femicidio. Cruce entre Bullrich y Di Tullio en el SenadoPero su intervención sumó un ingrediente político. Marks afirmó que en la marcha también se había acompañado a Cristina Kirchner, a quien definió como una dirigente "injustamente detenida" y víctima de un Poder Judicial que, según planteó, busca impedir que una "mujer poderosa" dispute el poder en las urnas.La respuesta llegó de la mano de Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista. La senadora comenzó reconociendo la gravedad de los femicidios y el dolor que provocan en las familias, pero rechazó lo que consideró una apropiación partidaria de la agenda de género. En cambio, puso el foco en las estadísticas y destacó que los femicidios se redujeron un 25% en los últimos dos años."Esto no es casualidad", sostuvo. Atribuyó esa caída al fortalecimiento de leyes penales y a políticas impulsadas en distintas provincias. Además, reivindicó iniciativas como los registros de violadores, el endurecimiento de penas y la ley antimafia. "No hay dueños de esta realidad. La verdadera política es la que se ve en los números", afirmó.Las palabras de Bullrich generaron una inmediata réplica de Juliana Di Tullio (Unión por la Patria), quien celebró que Bullrich hablara de femicidios y no de homicidios, pero cuestionó que se utilizara el debate para relativizar el sentido de la movilización. "Demos una señal concreta. No podemos bastardear lo que ayer sucedió en la plaza. A las mujeres nos matan y por eso hemos pedido un minuto de silencio", señaló.A medida que el intercambio escalaba, otros senadores intentaron devolver la discusión a un terreno de consenso. El jefe del PJ, José Mayans, impulsó formalmente el homenaje y fue acompañado por el catamarqueño Guillermo Andrada, quien sostuvo que el cuerpo debía manifestarse de manera unánime en respaldo a las víctimas y a sus familias.También intervino el radical Eduardo Vischi, que pidió evitar la utilización partidaria del tema. "La sociedad argentina está esperando de nosotros madurez", afirmó. Y agregó que la lucha contra la violencia de género requiere un trabajo conjunto de los distintos niveles del Estado y de las organizaciones que abordan la problemática.Por último, el chubutense Carlos Linares (Unión por la Patria), quien reivindicó el origen de la consigna Ni Una Menos y destacó el papel de la movilización social. "Es un grito de justicia, no un grito de estadística", sostuvo. Y recordó que fue la presencia de las mujeres en las calles la que permitió visibilizar una problemática que durante años permaneció relegada.
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Cuando el parentesco se convierte en condena política
La decisión del Poder Ejecutivo de retirar del Senado el pliego de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de La Plata constituye un hecho tan lamentable como peligroso, pues pretende convertir un lazo familiar en condena política.No se trata solamente del caso de una candidata, sino del criterio que subyace detrás de una decisión que el Gobierno nunca explicó de manera convincente y que, precisamente por esa ausencia de fundamentaciones, alimentó sospechas que nadie se ocupó de disipar. La doctora Michelli es cuñada del periodista de investigación de LA NACION Hugo Alconada Mon, autor de numerosas investigaciones a lo largo de su prolongada carrera. Algunas de las últimas tienen como foco al propio Poder Ejecutivo o a miembros del Gabinete como, por ejemplo, el caso $Libra o el patrimonio de Manuel Adorni, entre muchas otras.No parece existir otra razón que no sea la abyecta "culpabilidad por consanguinidad", el inadmisible castigo "por portación de parentesco", así como en otras oportunidades lo fue por "portación de apellido". Una nefasta práctica muy en boga durante el kirchnerismo que pareciera querer imponer el juzgamiento "por sangre" y no por méritos; la validación, ya no por currículum, sino por pertenencia a determinado árbol genealógico.Michelli atravesó exitosamente todas las instancias previstas para ser postulada como candidata a jueza. Su pliego había sido remitido por el propio Poder Ejecutivo al Senado y contaba con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta. Sin embargo, el presidente de la comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se negó a presentarlo. Más tarde, el propio Gobierno solicitó formalmente el retiro del pliego.El escándalo quedó aún más expuesto cuando la jefa del bloque oficialista, la senadora Patricia Bullrich, anunció públicamente que había comunicado al presidente Javier Milei su decisión de no acompañar el retiro de la candidatura invocando que hará uso de la objeción de conciencia. Que la propia titular de la bancada se desmarque de una decisión de esta naturaleza refleja la magnitud del error político cometido.La sola posibilidad de que alguien sea apartado de una candidatura por razones de parentesco representa un grave retroceso institucionalNo solo nunca se ofreció una razón sustantiva que invalidara la capacidad profesional de la candidata, sino que no se advirtieron irregularidades en el concurso del que participó ni hubo observaciones respecto de sus antecedentes profesionales ni cuestionamientos a su largo y buen desempeño.La sola posibilidad de que alguien sea apartado de una candidatura por razones de parentesco representa un grave retroceso institucional. Las personas responden por sus propios actos, no por los de sus familiares, amigos o allegados. Castigar a alguien por su apellido o por sus vínculos personales implica abandonar el principio básico de responsabilidad individual y de igualdad ante la ley. Lamentablemente, en nuestro país no son nuevas estas prácticas. Durante los años del kirchnerismo, numerosos oficiales de las Fuerzas Armadas vieron bloqueados sus ascensos por "portación de apellido" debido a vínculos familiares con militares que habrían actuado durante la década del 70. Aquellas decisiones fueron justificadas con argumentos rayanos en lo ridículo. "Es por motivos personales que estamos propiciando el rechazo [de los pliegos]. No estamos haciendo ninguna otra cosa que cumplir con la Constitución, que dice que es el Senado el que da o no el acuerdo", sostuvo allá por 2022 el entonces senador Oscar Parrilli a la hora de fundamentar la postura de su bancada para tronchar la carrera de aquellos militares. Es verdad que la decisión política le corresponde a la Cámara alta, pero fundarla en venganzas es deplorable. Con el tiempo, varios de esos casos fueron revisados y reparados.De la misma forma actuó el kirchnerismo respecto del doctor Ignacio Rodríguez Varela. Se postuló en 36 oportunidades y ganó más de 30 concursos, pero su acceso a determinados cargos en la Justicia fue sistemáticamente bloqueado durante años por razones que nunca tuvieron relación con sus méritos profesionales. ¿La razón? Ser hijo de Alberto Rodríguez Varela, quien se desempeñó como ministro de Justicia durante el último gobierno de facto.Otro caso paradigmático de esa mala praxis ocurrió durante el actual gobierno, cuando el presidente Milei le pidió la renuncia a Osvaldo Giordano, quien se desempeñaba al frente de la Anses. La razón fue el voto negativo de su esposa, la diputada nacional Alejandra Torres, a la ley ómnibus, en febrero de 2024.La salida de Sonia Cavallo de la representación argentina ante la OEA volvió a reavivar ese debate. Su desplazamiento ocurrió después de que su padre, el exministro Domingo Cavallo, formulara críticas al rumbo económico del Gobierno.El caso Michelli, además, se inscribe en una dinámica más amplia. Desde el comienzo de la actual administración, numerosos funcionarios dejaron sus cargos en medio de diferencias políticas, conflictos internos o desacuerdos con el jefe del Estado; con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o con otros sectores influyentes del oficialismo.Cada gestión tiene derecho a elegir a sus colaboradores y reemplazarlos cuando pierde confianza en ellos, pero una cosa es remover funcionarios políticos y otra muy distinta es condicionar la carrera de una candidata a un cargo en la Justicia, cuya trayectoria profesional no ha sido objetada.Milei llegó al poder prometiendo terminar con las viles prácticas de la casta política. Entre ellas, el amiguismo, las persecuciones, los favoritismos y los vetos basados en afinidades ideológicas antes que en deméritos objetivos y comprobables.Si la Argentina pretende asentarse sobre instituciones sólidas, debe abandonar definitivamente la lógica de premiar o castigar personas por sus relaciones familiares, sus amistades o las opiniones de terceros. Los concursos, los antecedentes y la idoneidad deben ser los únicos criterios relevantes. Todo lo demás pertenece a una cultura política que ya nos ha hecho demasiado daño.
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