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Cristina Kirchner deberá presentarse en Comodoro Py en cinco días hábiles para quedar detenida

El Tribunal Oral Federal N°2 citó a la exvicepresidenta y a otros ocho condenados en la causa Vialidad. El Ministerio de Seguridad deberá definir su lugar de alojamiento. Leer más

La Justicia ordenó que Cristina Kirchner se presente en Comodoro Py dentro de cinco días hábiles para quedar detenida

Lo dispuso el Tribunal Oral que la condenó. También le requirió a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich una dependencia de las fuerzas de seguridad para que quede alojada allí

De Comodoro Py a prisión domiciliaria: cómo sería el periplo de Cristina Kirchner si la Corte Suprema confirma la condena

El futuro judicial de la expresidenta y su posible candidatura se mantiene a la espera de la definición del Máximo Tribunal, que podría confirmar su condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Leer más

La denuncia de yerbateros contra Javier Milei se tramitará en Comodoro Py

Los productores lo acusaron de abuso de autoridad y omisión de deberes funcionales o del oficio por no haber designado al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que permanece acéfalo desde diciembre de 2023.

El diputado nacional Emiliano Estrada podría ser investigado en Comodoro Py por "difusión de fake news"

El legislador salteño de La Cámpora fue señalado por supuesta financiación de campañas digitales con fondos del Congreso Nacional. Por el hecho, se abrió un nuevo expediente. Leer más

Ruta del dinero K: Fabián Rossi fue el primero de los condenados que se presentó en Comodoro Py para quedar detenido

El ex apoderado de SGI fue a las 9 horas a los tribunales federales para quedar a disposición de la Justicia. Otras cinco personas deberán concurrir durante la jornada de hoy

Ruta del dinero K: los seis condenados se presentarán hoy en Comodoro Py para quedar detenidos

Sobre ellos hay penas de más de tres años de prisión y nunca estuvieron detenidos. Además, se volverá a analizar la situación de Lázaro Báez

La ruta del dinero K: seis condenados deben presentarse en Comodoro Py para ser detenidos

El Tribunal Oral Federal N°4 ordenó la detención de seis personas condenadas en la causa conocida como "La ruta del dinero K", luego de que la Corte Suprema dejara firmes las sentencias. Los sentenciados deberán presentarse el lunes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py.Se trata de Fabián Rossi (condenado a cuatro años y seis meses), Julio Mendoza (cinco años de prisión), Juan Alberto De Rasis (cuatro años y seis meses de prisión), César Fernández (cuatro años y seis meses de prisión), Carlos Molinari (tres años y seis meses de prisión) y Eduardo Castro (cuatro años y seis meses de prisión).Algunos de ellos tienen más de 70 años y ya hubo presentaciones por parte de los condenados para cumplir la prisión en sus domicilios, según fuentes judiciales. La decisión fue ordenada por el juez Néstor Costabel, en línea con el pedido del fiscal del juicio, Abel Córdoba.Los videos del recuento de dólares en la RosaditaEn esta causa se investigaron y juzgaron los movimientos bancarios y financieros que se realizaron para lavar cerca de 60 millones de dólares que provenían de evasión fiscal y facturación ilegal, entre 201o y 2013.La semana pasada, la Corte Suprema dejó firme la condena a 10 años contra el empresario patagónico Lázaro Báez, que resultó favorecido con la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los años kirchneristas, hechos que fueron juzgados en la causa Vialidad. También dejó firme la pena contra su hijo Martín Báez, condenado a seis años y seis meses de prisión. Cristina Kirchner fue sobreseída en 2021 y no forma parte del caso, pero una ONG ligada al macrismo, Bases Republicanas, que es querellante en el expediente, busca mantener viva una línea de investigación contra la expresidenta. En febrero, por ejemplo, solicitó un peritaje contable para determinar si parte de los dólares que Baez repatrió de Suiza en forma de bonos podía ser ligada a la expresidenta. La ONG es el único acusador en esa línea del caso, puesto que el fiscal Guillermo Marijuan sostuvo que no había elementos para seguir investigando a Cristina Kirchner. Con el apoyo de la Cámara Federal, que lo admitió como querellante, sostiene que debe mirarse también otros expedientes, para poder tener una mirada "conglobante" con otros casos paralelos, como los "cuadernos de las coimas" o por Vialidad, donde la expresidenta sí fue condenada. La maniobra de lavado en "La ruta del dinero K" fue relevada por el periodista Jorge Lanata en su programa de televisión, Periodismo para Todos, donde, entre otras pruebas, mostró imágenes de cómo Martín Baez y otros acusados contaban dinero en una financiera de Puerto Madero conocida como la Rosadita. Además, dio a conocer la confesión de los hechos por parte de Federico Elaskar y Leonardo Fariña, otros de los protagonistas en la maniobra. Además de Baez, su hijo Martín, y los seis que deberán presentarse el lunes en los tribunales de Retiro, fueron condenados a seis años de prisión Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín.

El reloj judicial de Comodoro Py adelanta

El presidente Javier Milei conoció cómo funcionan los tribunales federales de Comodoro Py 2002 mucho antes que sus predecesores. Transcurrió apenas un año y monedas en el poder y ya tiene una causa donde está investigado junto a su hermana Karina Milei por supuesto fraude con la criptomoneda $LIBRA.El escándalo estalló el 14 de febrero pasado, luego de que promovió el memecoin desde su cuenta de X. No pasaron ni dos meses y medio cuando el fiscal federal Eduardo Taiano ya pidió informes para conocer los números de teléfono celular que tiene asignado desde Presidencia. La decisión apunta tanto a Milei como a su hermana, secretaria general de la Presidencia.Se trató de un primer paso, para luego pedir la sábana con todos los llamados efectuados, recibidos y enviados y para cruzar esas comunicaciones con las que realizaron los otros sospechosos en la misma causa: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. La decisión va a quedar en manos de la jueza federal María Servini, muy allegada al juez federal Ariel Lijo, el frustrado candidato del Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia. Lijo se quedó sin nada, no por errores propios, sino a pesar de sus esfuerzos. Tampoco hay que esperar que ahora Comodoro Py avance con vértigo, porque las listas de los llamados pueden demorar y para un entrecruzamiento puede pasar mucho tiempo. Pero el reloj judicial de Comodoro Py funciona más rápido que lo habitual.La mayor especialidad en los tribunales federales no es el derecho procesal, sino la cronoterapia. El manejo del tiempo es una dimensión de la gestión judicial, y más en el fuero federal, donde las causas tramitan al ritmo de los vaivenes de la política.Cristina Kirchner terminó condenada en 2022 por Vialidad a 6 años de cárcel por una denuncia de 2009, que se activó realmente cuando Mauricio Macri llegó al poder en 2015. Para entonces, Cristina Kirchner ya había dejado la Casa Rosada. El fallo fue confirmado recién en 2024 cuando su poder estaba disminuido y ahora la Corte Suprema tiene su futuro en sus manos, para mandarla presa e inhabilitarla como modesta candidata a diputada provincial o nacional.A Cristina Kirchner también le pidieron los teléfonos que usaba. Fue en dos causas: La Ruta del dinero K y la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. En el caso de La Ruta del Dinero K, el fiscal Marijuán y el juez Sebastián Casanello fueron los encargados de cruzar esas llamadas.La causa de La Ruta del Dinero K se inició en 2013. El informe con los cruces recién se incorporó en mayo de 2023 y allí se supo que Báez y Kirchner tenían una "estrecha y directa relación personal". Hubo que esperar una década. Se analizaron un celular a nombre de Kirchner y otro de Báez, con cuatro llamados, entre octubre de 2010 y abril de 2013. Y además, en 84 líneas adjudicadas a los respectivos colaboradores, hubo 372 comunicaciones. En el caso de la muerte de Nisman, que también investiga Taiano, aún no se conocen los resultados de los cruces de llamadas al celular de la expresidenta. Alberto Fernández vivió pelándose con Comodoro Py durante su Gobierno, hasta le promovió juicio político a la Corte Suprema de Justicia, Pero las causas en su contra se activaron cuando dejó la Casa Rosada.La denuncia por el fraude de los seguros contratados por el Estado en favor de sus empresarios amigos fue motorizado por el gobierno de Milei en 2024 y la justicia federal se movió con velocidad: allanó a unas 30 personas. Ahora estudia procesarlo. Más rápido fue el caso de violencia de género contra su ex mujer Fabiola Yáñez. En diciembre de 2023 dejó el poder, en agosto de 2024 una publicación de Clarín reveló que había evidencias de que le pegaba a su mujer. La causa aceleró y en nueve meses Fernández fue procesado. Está a punto de ir a juicio oral y público y con su teléfono abierto y sus llamadas y mensajes expuestos a la luz pública. No estaba en la Casa Rosada.Ahora, Taiano y Servini avanzaron con el caso $LIBRA, paso a paso y en una misma dirección, a pesar de las dudas de los primera semana cuando el expediente parecía paralizado. Solo falta tiempo para saber si es equiparable, por velocidad y efecto, al allanamiento que dispuso el fiscal Carlos Rívolo al departamento de Amado Boudou en abril de 2012, cuando todavía era vicepresidente. O si por el contrario, la causa $LIBRA entra en un valle de inmovilidad, desierto, a la espera de que la circunstancias de la política decidan su resurrección.

El Gobierno de Milei les entrega a fiscales de Comodoro Py un predio de 5 mil metros cuadrados en la ex ESMA

Los fiscales federales venían reclamando más recursos antes de la entrada en vigencia del sistema acusatorio.Ocurre en medio del ajuste que el Ejecutivo implementó en el área de Derechos Humanos, ahora degradada a subsecretaría.

Las falencias del edificio de Comodoro Py: en los tribunales federales se quedaron sin teléfono

Los teléfonos fijos de los tribunales federales de Comodoro Py 2002 dejaron hoy de funcionar, revelaron funcionarios judiciales que trabajan en el edificio. Las razones, señalaron las fuentes consultadas por LA NACION, no son de orden técnico, sino que "el problema fue con el prestador del servicio", dijo un responsable del edificio.Si bien algunas fuentes dijeron que el corte de las líneas telefónicas se debió a la falta de pago del servicio, otros mencionaron que no se abonó a la empresa que mantiene la central telefónica.Pero otra fuente explicó que "no hubo falta de pago", sino "una decisión unilateral del prestatario del servicio", la firma Comsale SRL. Esto ocurre en "medio de un reclamo que está haciendo el Consejo de la Magistratura por una recomposición de la tarifa"."Se trata de un reclamo por una recomposición de tarifa y eso se está tramitando en el expediente en la licitación", señaló un funcionario judicial.El corte del servicio, en el que esta tarde se empezó a trabajar para restablecerlo, se dio en medio de un serie de problemas que afectan al edificio; goteras, filtraciones, ascensores con poco mantenimiento o el mantenimiento vencido, y la necesidad de cambiar el tendido eléctrico por otro que soporte una demanda mayor. La puja por los fondosEl problema se dio en medio de una puja con el Gobierno por mayores fondos para la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal en Comodoro Py, que requiere una seria de adecuaciones edilicias, tecnológicas y de personal.El proveedor que brinda el servicio es la firma Comsale SRL, dijeron fuentes de Comodoro Py 2002, especializado en centrales telefónicas y telefonía IP.Ocurre que se venció el plazo de servicio de la firma y se está decidiendo internamente, hasta que se renueva si se extiende y el prestador se vuelve a postular, explicaron en los tribunales y hablaron de que es lo que pasa habitualmente en los contratos de "tracto sucesivo".Indicaron que mientras se dan estas conversaciones se debe mantener la misma tarifa, pero el prestador presiona para que se actualice. En medio, el edificio quedó sin servicio telefónico.La administración del edificio de Comodoro PY 2002 depende de la Cámara Federal de Casación Penal. Y el presupuesto del Poder Judicial lo administra el Consejo de la Magistratura.

Máxima tensión entre el los fiscales y el gobierno por los cambios que impulsa en Comodoro Py: Cúneo Libarona ratificó el plan oficial

Es la aplicación del sistema procesal acusatorio en la justicia penal federal y penal económica porteña.La Procuración General advierte que no hay recursos, personal ni espacio para que empiece el 11 de agosto.El ministro dijo que "sólo los fiscales se quejan".

Mónica Frade: "Una parte del periodismo se parece a Comodoro Py"

La diputada nacional de la Coalición Cívica observó que algunos periodistas han encontrado "un mecanismo de salvación" en la complacencia del Poder Judicial con el Ejecutivo. Leer más

El cambio de sistema procesal desató un huracán de internas, denuncias y desplazamientos en Comodoro Py

La principal reforma judicial de los últimos 20 años, con la puesta en marcha de un sistema acusatorio de investigación penal que deposita el poder en los fiscales federales, desató un huracán de conflictos en Comodoro Py, el edificio donde se desarrollan las investigaciones federales contra el poder.Este terremoto ya se tradujo en un cisma en la Cámara Federal, que decidió cambiar su organización interna, desplazar a una histórica funcionaria a la biblioteca y sacar del edificio al fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe.Y se visibilizó además en una denuncia penal donde se investiga el proceso de implementación a cargo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, denunciado por el fiscal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani.Si bien el nuevo sistema acusatorio ya está en marcha en 13 provincias, donde no hubo mayores problemas, mas allá de las adecuaciones edilicias aún incompletas y los reclamos presupuestarios, en Comodoro Py 2002, epicentro del poder real de la justicia federal, todo se magnifica.Mientras el procurador Eduardo Casal envió la semana pasada su nota número 20 al ministro Cuneo Libarona, donde el dice que sin plata nada puede funcionar, el anuncio de la puesta en marcha de este nuevo sistema desde el 11 de agosto provocó movidas en la Cámara Federal.Históricamente, la Cámara Federal era el cuerpo que controlaba a los jueces federales de primera instancia y, durante la década en que Ricardo Lorenzetti fue presidente de la Corte, funcionaba como un aceitado mecanismo para subir y bajar políticas judiciales.Su presidente histórico fue Martín Irurzun, próximo a los 75 años y con intención de que el Poder Ejecutivo renueve su acuerdo para seguir en el tribunal. Pero la Cámara Federal hoy está presidida por Mariano Llorens, un camarista que llegó con ímpetu al cargo y con intenciones de cambiar ese mecanismo de funcionamiento del tribunal.Y en este afán consiguió el apoyo de sus colegas Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Del otro lado quedaron Irurzun, que resiste los cambios, y Roberto Boico, circunstancialmente en la misma línea que el juez decano del tribunal.Llorens inspiró el dictado de una acordada que permitió desplazar de su cargo a Susana Echevarría, la todopoderosa secretaria general de la Cámara Federal, una funcionaria que durante décadas fue leal a Irurzun y que manejó con mano firme y centralizada la gestión del tribunal.Para el desplazamiento de Echevarría a la Biblioteca y Oficina de Jurisprudencia fue necesario cambiar la organización de la Cámara Federal, con dependencias descentralizadas que responden al presidente y un coordinador, Santiago Canicoba, sobrino del exjuez federal Rodolfo Canicoba Corral. Allí está también Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, una señal para los magistrados de primera instancia, que ya no son lo que eran antes y no reconocen ningún liderazgo político. Más aún, con Ariel Lijo fuera de la carrera por la Corte Suprema y de viaje para poner distancia y tiempo con su frustrada aspiración. Todo estos cambios se dan de cara a la aplicación del sistema acusatorio, porque ese sector es lo más probable que se convierta en la Oficina Judicial de la Cámara Federal, desde donde se dispondrán las audiencias y se asignarán las causas y el orden de prelación de los casos.La ley crea otras tres oficinas judiciales en Comodoro PY: una de los jueces de la garantías (primera instancia), una de los jueces de revisión (Cámara Federal) y una de juicio (tribunales orales). Cada una con sus contratos y personal. En el resto de las jurisdicciones del país hay una sola oficina. Son los privilegios de este edificio, donde en promedio los juzgados tienen 50 empleados, cuando en el resto del país no llegan a una decena, con la misma cantidad de causas aunque con otra complejidad. Los camaristas federales enviaron su acordada a la Corte.Pero en la reforma decidieron desplazar la oficina del fiscal ante la Cámara Federal Agüero Iturbe. En el nuevo Código los fiscales deberían tener un espacio propio, pero aún no se sabe qué edificio ocuparán y cómo se adecuaría, ya que deben tener oficinas de denuncias separadas de los imputados, lugares para resguardar evidencias y gabinetes periciales.Pero la decisión de la Cámara Federal fue decirle a Agüero Iturbe que debe irse. Para "procurar la anexión de las dependencias que ocupa la Fiscalía de Cámara". En buen romance, lo echaron.Agüero Iturbe contestó a la Cámara con ironía. En un oficio, le dijo que se pretende desalojarlo con un eufemismo y que desde hace 28 años trabaja allí. Dijo que es una descortesía querer echarlo por oficio, pero le recordó que la disposición de los lugares de Comodoro Py 2002 no es resorte de la Cámara Federal, sino de la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal por debajo de la Corte.Agüero Iturbe llama a Llorens "su excelencia" y, "sin ánimo de exasperar vuestra atención o exasperar su amabilidad", le recuerda que para la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio es necesario presupuesto: el propio juez escribió en una columna en un diario en la consideró que "está bien descubrir las necesidades presupuestarias", pero ello "no aparece un obstáculo que pueda poner en funcionamiento el sistema en los plazos previstos por el Ministerio de Justicia".Mientras se suscitaba este ameno intercambio, la semana última avanzó en la fiscalía de Carlos Stornelli una causa que tiene delegada donde el fiscal Pettigiani, de Mar del Plata, denunció a Cuneo Libarona por violar sus deberes de funcionario al implementar el sistema acusatorio sin los recursos necesarios.La causa está a cargo del juzgado de Ariel Lijo, pero delegada en el fiscal Stornelli avanzó al punto que ya citó tres veces a prestar declaración testimonial a Alberto Nanzer, el subsecretario a cargo de la implementación de este sistema en todo el país.En el Gobierno siguieron de cerca esta declaración e interpretaron que estas citaciones eran una presión sobre el Ministerio de Justicia en momentos en que se discutía la ampliación de las partidas presupuestarias.En los tribunales rechazaron esta interpretación, dijeron que Cúneo Libarona no está imputado en el requerimiento de instrucción y que en todo caso se autoimputó al designar abogado para que lo defienda. Así las cosas, el sistema acusatorio que se pondrá en marcha en agosto ya dejó una guerra abierta entre Casal y el Gobierno por los fondos que no llegan, un enfrentamiento entre el fiscal de Cámara al que quieren desplazar y una división en la Cámara Federal. Y eso que aún faltan tres meses y no comenzaron las obras para adecuar las salas de audiencias a la nueva manera de hacer justicia.

Se tensa la relación entre el Gobierno y los fiscales de Comodoro Py por la puesta en marcha del sistema acusatorio

Comenzará a regir el 11 de agosto. El procurador Casal le envió una nota al ministro Cúneo Libarona en la que sostuvo que el estado de situación es "cuanto menos preocupante". En la Casa Rosada no prevén modificar la fecha. Lo que ocurre por debajo

Los fiscales de Comodoro Py reclaman recursos para implementar el sistema acusatorio

Los fiscales de primera instancia de Comodoro Py le enviaron una carta a su jefe, el procurador general, Eduardo Casal, advirtiendo que la implementación del sistema acusatorio, prevista para agosto, corre serio riesgo de "fracasar" si no se dota a sus fiscalías con mayores y mejores recursos. "Debemos advertir que el panorama actual dista de ser auspicioso", advirtieron los fiscales, que pidieron medidas "urgentes" y "concretas" para evitar el "fracaso" de una iniciativa que celebran. "La carencia de recursos es notoria", definieron. "Forma parte de nuestra responsabilidad institucional advertir que la implementación de un sistema procesal sobre la base de decisiones unilaterales y no coordinadas institucionalmente, en lugar asentarse sobre un diagnóstico adecuado, la coordinación entre los actores del sistema y una apropiada planificación resulta un riesgo cierto para su correcta puesta en funcionamiento", alertaron. "La implementación efectiva de este nuevo modelo procesal en un distrito de la relevancia y complejidad como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requiere adecuada planificación y la provisión de recursos humanos, herramientas tecnologías, e infraestructura acorde a los fines del sistema", plantearon los fiscales ante Casal. El nuevo sistema, que ya rige en algunas provincias, relega a los jueces a un rol de mero supervisor y pone en cabeza de los fiscales la investigación de las causas.Por ello, los funcionarios adhirieron a lo planteado por los fiscales generales ante la Cámara de Casación en referencia a la "notoria desproporción" que, consideran, existe entre el personal del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal. "Sin duda, contamos con equipos de trabajo altamente capacitados y comprometidos, pero es evidente que las nuevas y amplias responsabilidades que impone el Código Procesal Penal Federal no podrán ser afrontadas adecuadamente con la sola incorporación de algunos auxiliares fiscales adicionales [â?¦] la magnitud del desafío exige un refuerzo sustancial y estructural", afirmaron."Solo así podrá garantizarse el correcto funcionamiento del ministerio público fiscal y el pleno cumplimiento de sus funciones en esta etapa clave de transformación del sistema judicial". Y enfatizaron: "Resulta imprescindible contar con los necesarios [...] de lo contrario, existe el riesgo cierto de que los procesos fracasen y se ve comprometido el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en materia de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada". La misiva lleva la firma de Gerardo Pollicita, Paloma Ochoa, Eduardo Taiano, Alejandra Mangano, Franco Picardi, Carlos Rívolo Guillermo Marijuan, Ramiro González y Carlos Stornelli. Los fiscales se quejaron por el tiempo que deben aguardar para la realización de algunos trámites claves, como la extracción forense de teléfonos celulares o de otros dispositivos -entre 3 y 6 meses para obtener turno, afirmaron-, o la falta de equipamiento adecuado para hacer correr programas pesados, como el utilizado para analizar peritajes. También reclamaron por un mayor espacio físico. El espacio dispuesto para las fiscalías de primera instancia en Comodoro Py no alcanzan a cubrir un piso completo del edificio, argumentaron, y se encuentran sobrepobladas, lo que dificulta llevar a cabo audiencias o el guardado de los efectos secuestrados. "Algunas [fiscalías] han tenido que operar con anexos afuera del edificio", señalaron."La carencia de recursos es notoria, tareas cotidianas en causas complejas, como son la extracción forense de teléfonos celulares o de dispositivos informáticos incautados actualmente registran una demora en la asignación de turnos de entre tres y seis meses", ejemplificaron."Advertimos con preocupación que, si no se adoptan medidas concretas y urgentes para revertir estas limitaciones, se comprometerá no solo la eficacia del nuevo sistema, sino también el adecuado ejercicio de las funciones asignadas".No es la primera vez funcionarios del Ministerio Público Fiscal alertan a Casal sobre la falta de recursos. Hace dos semanas atrás, los fiscales ante la Casación, Raúl Pleé, Javier de Luca y Mario Villar, también elevaron a Casal sus dudas e inquietudes respecto a la puesta en marcha del acusatorio. El procurador ya había llevado la alerta al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que busca implementar el sistema en todo el país. "Todas estas carencias de recursos estructurales y operativas -vinculada a la falta de recursos, técnicos y materiales, impactan directamente en plazo de los procesos, por razones que resultan completamente ajenas la responsabilidad de este Ministerio Publico fiscal, "Advertimos con preocupación que, si no se adoptan medidas concretas y urgentes para revertir estas limitaciones, se comprometerá no solo la eficacia del nuevo sistema, sino también el adecuado ejercicio de las funciones asignadas", cerraron.

Fiscales de Comodoro Py alertaron sobre la implementación del nuevo sistema acusatorio: "El panorama dista de ser auspicioso"

Le enviaron una nota la procurador Eduardo Casal en la que señalaron una serie de preocupaciones y criticaron al ministro Cúneo Libarona por tomar "decisiones unilaterales y no coordinadas institucionalmente"

El Consejo de la Magistratura que preside Horacio Rosatti se prepara para desembarcar en Comodoro Py

El Consejo de la Magistratura, encabezado por el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, se prepara para desembarcar en los edificios judiciales de Retiro donde opera la justicia federal, papel en mano, para relevar no sólo las necesidades edilicias, sino también la presencialidad de los agentes judiciales, la cantidad de empleados por causas y las necesidades edilicias y de infraestructura. También para estar más cerca y guiar un movimiento judicial que sufrirá varios cambios con la instrumentación del sistema acusatorio.Por eso todo esta movida -dijeron fuentes judiciales a LA NACION- se realiza de cara al 11 de agosto, cuando el Gobierno anunció que lanzará la puesta en marcha del nuevo código procesal, que le da mas poder a los fiscales por sobre los jueces para la investigación de las causas por corrupción.En los tribunales la nueva misión es percibida como un intento de las autoridades del Consejo de la Magistratura por tener una presencia más directa en un momento crucial para jueces y fiscales, y monitorear los cambios hacia el sistema acusatorio. El proceso implica que tanto el fuero federal de Comodoro Py 2002 como el Penal Económico, del edificio vecino de Avenida de los Inmigrantes 1950, comenzarán a funcionar con un mecanismo que requiere reformas edilicias, salas de audiencia para grabar de manera digital las audiencias, pues desparece el expediente escrito y tecnología que no está.Rosatti visitó a los jueces de la Cámara de Casación y de la Cámara Penal Económico hace dos semanas y empezó esta revisión en Comodoro Py e Inmigrantes. Un equipo de nueve personas, con técnicos, arquitectos y abogados no solo están revisando el tendido eléctrico, las filtraciones, la provisión de agua o el acceso a firma óptica e internet para alojar las audiencias en la nube, sino que están revisando la cantidad de personal.Es que el nuevo sistema requiere personal en las fiscalías y no tanto en los juzgados y hoy el coeficiente es inverso. Hay cinco empleados judiciales por cada uno del Ministerio Público Fiscal, advirtieron los fiscales de Casación Raúl Pleé, Mario Villar y Javier de Luca.Los fiscales hicieron un sonoro reclamo en una carta dirigida al Procurador Eduardo Casal -pero en realidad por elevación al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona- donde advirtieron -de manera elegante- que sin plata el sistema funcionará "de manera deficiente". "Va a haber todo lo que piden los fiscales", dijo una fuente del Ministerio de Justicia a LA NACION.Hay juzgados federales superpoblados con 50 personas y fiscalías que no llegan a 10 personas. Por eso se está haciendo este relevamiento donde además se comprobó que hay pocas causas para muchos empleados y hay poca presencialidad para pocas causas.La ley permite los traslados del Poder Judicial al Ministerio Público solo con audiencia de ambas cabezas y empleados. Hoy no están previstos traslados masivos, explican en tribunales.Pero sí se dieron casos de empleados que toman licencia sin goce de sueldo en el Poder Judicial y van a trabajar a las fiscalías por un cargo superior. A los dos años, al no poder renovar esas licencias, optan por quedarse en el Ministerio Público.Una de las herencias de la pandemia fue la desaparición de las tareas presenciales diarias de toda la dotación de los juzgados. Hoy en los pasillos de tribunales no circulan casi empleados, ya que van a trabajar presencialmente días si y otros no. Con los jueces ocurre lo mismo.En los tribunales orales hay juicios, que se pueden hacer on line, pero los jueces en general asisten diariamente y se conectan desde sus despachos o están en la sala de audiencias. Hoy esta dinámica de funcionamiento está en la mira del Consejo de la Magistratura.Se están relevando la infraestructura y los recursos humanos. El Ministerio de Justicia sacó de la órbita del Congreso la implementación y la puso a su cargo.La administración nacional trabaja sin un presupuesto aprobado y con la deuda del Poder Ejecutivo, que tiene 183 pliegos de jueces para elevar al Senado con sendas vacantes sin cubrir. Si se incluye a los fiscales y defensores oficiales las vacantes son mas de 200.El Consejo de la Magistratura ya hizo estos concursos pero el presidente no eligió aún un candidato de la terna para elevarlo al Senado y nombrarlo juez. En Comodoro Py faltan cuatro jueces de primera instancia, la mitad de los de los tribunales orales y tres de Casación.En el fuero penal Económico la Cámara tiene cuatro vacantes con solo dos jueces de seis, faltan mas de la mitad de los fiscales de primera instancia y un juez. el presidente Roberto Hornos pidió a Cúneo Libarona suspender el sistema hasta completar las vacantes, pero no tuvo éxito en su solicitud.El senador radical Maximiliano Abad dijo que el Poder Judicial tiene un "funcionamiento limitado" sin cubrir las vacantes está en riesgo el sistema acusatorio."Las vacantes de jueces, fiscales y defensores oficiales configuran un problema para la institucionalidad del país", expresó. "El otorgamiento de recursos y el acondicionamiento de la infraestructura, que hoy no está perjudica a los argentinos", sostuvo. Actualmente se da la paradoja de que no hay presupuesto aprobado y los fondos que debe girar el Gobierno a la Justicia dependen del mismo funcionario: el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, que es representante del Poder del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y al mismo tiempo presidente de su comisión de Administración y Finanzas. "Es responsabilidad total y absoluta de Amerio" dicen en los tribunales. En el ministerio prometen que los fondos están.El Consejo está preparando además un diagnóstico que determine cantidad de causas por personal, en cada juzgado y también haciendo una ratio de presencialidad vs. cantidad de causas en trámite.El entrecruzamiento de datos empezó el martes de la semana pasada cuando se empezó a relevar información en los edificios judiciales y ahora se avanza con los datos virtuales y de estadística.

Fiscales y senadores reclaman al Gobierno personal y equipos para implementar el sistema acusatorio en Comodoro Py

Lo hicieron en una carta dirigida al Procurador General, Eduardo Casal. El nuevo código procesal debe entrar en funcionamiento el 11 de agosto. Por otra parte, un fiscal denunció a Cúneo Libarona por "no disponer" de esos recursos para las fiscalías y el senador radical Abad pide cubrir juzgados y fiscalías vacantes.

Los fiscales generales de Comodoro Py pronostican un "funcionamiento deficiente" del sistema acusatorio sin los recursos necesarios

Los fiscales generales de la Cámara Federal de Casación Penal le enviaron una nota a su jefe, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, en la que le pronosticaron "un deficiente funcionamiento del servicio de justicia" con nuevo sistema procesal, que les da más protagonismo, si no cuentan con los recursos necesarios.La nota de tres carillas, a la que accedió LA NACION, firmada por los fiscales Raúl Pleé, Javier de Luca y Mario Villar, sostiene que están de acuerdo con la implementación del nuevo sistema acusatorio, pero que corre riesgo de fracasar si no se lo dota de personal y de recursos materiales.Cada vez que tuvo oportunidad, Casal ya le hizo saber al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que para que el nuevo sistema funcione es necesario que se les otorgue personal y equipamiento. El Ministerio de Justicia anunció que el 11 de agosto pondrá en marcha este mecanismo en la justicia federal de Comodoro Py 2002, pero los jueces tiene sus reservas y los fiscales, aunque lo apoyan, dicen que no van a dejar que les echen la culpa del fracaso del sistema, si es que no les dan más recursos.En este oficio, los fiscales generales señalaron que apoyan este nuevo sistema acusatorio, pero que "su implementación exige una preparación que incluye no solo la capacitación que se ha venido realizando, sino recursos humanos y materiales, sin los cuales el funcionamiento adecuado y conforme las expectativas puede verse comprometido"."La experiencia de cinco años de funcionamiento del nuevo código en una jurisdicción indica que la implementación es dependiente de la realidad de cada región y de las características de la delincuencia predominante en ella", advierten.Y señalan que lo que pasa en Salta y Jujuy con causas con pocos imputados, más simples, difiere de la complejidad de los expedientes de Comodoro Py o del fuero Penal Económico, con múltiples acusados, casos penales con peritajes complejos, casos de criminalidad económica, lavado de dinero y asuntos que requieren otra dinámica."Nuestra experiencia â??dijeron los fiscalesâ?? indica que, a diferencia de la mayoría de las causas originadas en Salta y Jujuy â??referidas a hechos simples con intervención delictiva limitada a pocos intervinientesâ??, la expectativa de su implementación en la jurisdicción que comprende la Capital Federal y algunos partidos de la provincia de Buenos Aires (hasta hoy, fueros penal federal y penal económico), donde se procesan casos de mayor complejidad, dificultad probatoria y múltiples protagonistas â??por ejemplo, delitos contra la administración pública y económicosâ??, permite pronosticar un deficiente funcionamiento del servicio de justicia, en caso de ponerse en marcha el nuevo sistema sin la provisión de los recursos correspondientes". Agregaron que se debe tener en cuenta que la "escasa capacidad física y de adaptación tecnológica" de los edificios de Comodoro Py 2002 y el vecino de Av. de los Inmigrantes 1950, donde funcionan los fueros federal y penal económico, y además, conviven otros juzgados, defensorías y fiscalías .Los fiscales dijeron que hacen falta oficinas para las "unidades fiscales" diseñadas en el nuevo Código, "mesas de entradas para denuncias", "lugares de atención al público, tanto víctimas del delito o quienes actúen como denunciantes o querellantes", además de "recursos técnicos como equipos de computación interconectados conectados de manera segura, y con la capacidad de almacenamiento necesaria, dado que el proceso ya no será más escrito, sino todo mediante audiencias que deberán ser registradas en los respectivos videos".Un fiscal contó a LA NACION que con el sistema en marcha en Salta y Jujuy no da abasto la capacidad de almacenamiento de los videos de las audiencias, que es el único respaldo, ya que desaparece el expediente de papel. "Se requerirán cajas de seguridad, equipos para realizar determinados peritajes o análisis de la prueba, trabajadores sociales, expertos en cuestiones contables y financieras", pidieron los fiscales. "Advertimos las necesidades edilicias, la asignación de personal y de los medios técnicos y tecnológicos", señalaron y explicaron que hoy hay cinco personas del Poder Judicial por cada una del Ministerio Público Fiscal, lo que es un despropósito tratándose de que es un sistema donde la carga del trabajo está en las fiscalías."Todas estas son condiciones previas a la implementación de la novel normativa, ya que sin ellos las dificultades para el MPF para cumplir los plazos legales y lograr una respuesta rápida y eficaz se vería seriamente comprometida", señalaron.El sistema penal acusatorio es un modelo que se caracteriza por la oralidad, la publicidad, la contradicción y la inmediación. En este sistema, la fiscalía es el responsable de investigar los delitos y acusar a los responsables. La defensa tiene el derecho a contradecir la acusación y presentar pruebas en contrario. El juez, en audiencias públicas, actúa como un árbitro, garantiza la imparcialidad del proceso y dicta la sentencia. Desaparece el expediente y hay audiencias orales y públicas para resolver cada incidencia, lo que exige la presencialidad de jueces y fiscales o auxiliares fiscales en cada audiencia y la inmediatez de las resoluciones.Este sistema acusatorio ya está en vigor en Salta y Jujuy desde 2019 y, este año, el Ministerio de Justicia extendió su implementación a Mendoza, Rosario, Santa Fe, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata. Ahora se pondrá en marcha en Comodoro Py 2002.

Viviana Canosa ratificó su denuncia en Comodoro Py: "No doy un paso atrás"

Viviana Canosa se presentó esta mañana en los tribunales federales de Comodoro Py para ratificar ante el juez Ariel Lijo la denuncia que hizo el martes pasado sobre una presunta red de pedofilia, en la que mencionó a algunos famosos de la farándula local.La conductora arribó alrededor de las 11 y, a diferencia de lo que fue su presentación de la semana pasada, lo hizo con absoluta reserva, a tal punto que ninguno de los medios presentes la vio entrar. Tres horas más tarde, su salida de los tribunales fue en el mismo tono. En esta oportunidad, no se pavoneó por las escalinatas de Comodoro Py, sino que optó por preservarse en el asiento trasero de un auto blanco. Fue su abogado, Juan Manuel Dragani, el encargado de hablar por ella ante la prensa allí apostada."Ratificamos la denuncia, es todo lo que podemos decir. Cumplimos con el acto procesal correspondiente", dijo el letrado, en tanto detalló que la periodista "estuvo tres horas declarando". Cuando uno de los cronistas le consultó si habían aportado nuevas pruebas a la causa, Dragani se limitó a decir: "Está todo en reserva con la Justicia".ð??´ TERMINÓ LA DECLARACIÓN DE VIVIANA CANOSA: ASÍ SALÍA JUNTO A SU ABOGADO@Intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/QHEQLes01l— América TV (@AmericaTV) April 21, 2025Sin embargo, en su programa por la pantalla de eltrece, Canosa hizo su descargo y aseguró que no piensa dar ni un paso atrás. "Siguen diciendo que no tenemos ni pruebas ni fuerza. Escribí algo para decirlo ahora y después va a hablar la Justicia. Fui a Comodoro Py a ratificar mi denuncia. No doy un paso atrás. Cualquiera puede criticar lo que hago, pero ninguno tiene los ovarios para presentarse como yo hoy y ratificar durante tres horas una denuncia"."Es muy fácil matar al mensajero. Claramente, el poder no quiere escuchar de lo que estoy hablando porque es un tema que afecta a muchísimos intereses, lo sé. No es negocio ni hablar de esto ni denunciarlo", continuó, en línea con lo expuesto la semana pasada en las distintas emisiones de su programa. "En general, nunca hago lo que me conviene sino lo que creo y mi conciencia me dicta. Cuando hice esta denuncia, lo hice pensando en un país mejor para nuestros hijos, nietos. Yo no gano nada. Es más, creo que pierdo mucho. El fin de semana, en un momento Juan [su abogado] me dijo que apagara la tele. No puedo creer lo que son capaces de decir", arremetió contra quienes la criticaron. "Escuché tantas bajezas de algunos colegas que me pregunto si les piden tanto, si están tan odiados y por qué, o si tienen mucho miedo. Cualquiera o todas les van perfecto", remató.En otro tramo de su descargo, la periodista reflexionó: "¿Ustedes sabían que en este momento hay tres nenas desaparecidas en Misiones? Son 6 las denuncias por día de chicos desaparecidos en la Argentina. Da más rating pegarme a mí que hablar de todo lo que estoy denunciando. No les importa el tráfico de chicos ni la pedofilia". "Si hablo porque hablo, si bajo las escalinatas porque las bajo, si no las bajo me dicen quién me creo que soy. Me enteré de la comisión de un delito y lo denuncié en la Justicia. ¿Qué es lo que está mal de lo que hice? Si no les parece seria la denuncia, ¿por qué siguen haciendo rating conmigo?", continuó. Y aseguró que sumó nuevos nombres a su denuncia.En esa misma línea, Dragani comentó: "Ratificamos, ampliamos y ofrecimos pruebas ante el juzgado del doctor Ariel Lijo. También estuvo presente la fiscal especialista en trata María Alejandra Mángano". Y apuntó contra los periodistas que se "jactaron de haber encontrado y publicado la supuesta denuncia de Viviana Canosa". "Van a tener que dar explicaciones", sentenció.

Jueces de instrucción pidieron formar parte del sistema acusatorio que tendrá Comodoro Py

El próximo 11 de agosto entrará en vigencia en la ciudad de Buenos Aires el modelo donde las investigaciones estarán a cargo de los fiscales. Pero solo para la justicia federal, por lo que los jueces nacionales también lo reclaman para no tener sistemas distintos en una misma jurisdicción

Viviana Canosa adelantó su presentación en Comodoro Py contra Lizy Tagliani y denunció "presiones"

La periodista acusó a la humorista de estar presuntamente implicada en una red de trata junto a otros famosos. Su abogado aseguró que la conductora "no va a denunciar hechos de los que no tenga pruebas". Leer más

Dudas y reclamos en Comodoro Py antes de la implementación del nuevo sistema acusatorio

La llegada del sistema acusatorio a Comodoro Py en agosto, tal como anunció el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona hace dos meses, genera alta expectativa en los tribunales de Retiro, especialmente favorable entre fiscales -quienes pasarán a dominar por entero el ritmo de los expedientes-, pero también entre jueces de primera instancia que, pese a ver recortadas sus facultades, distinguen con buenos ojos la llegada de un régimen "más moderno" que pondría a la Argentina a tono con la región.En la práctica, además, la mayoría de ellos acostumbra a delegar desde el vamos la investigación en los fiscales y a ocupar el rol que el nuevo sistema tiene les tiene reservado. Sin embargo, es una costumbre que no alcanza a convertirse en norma. Algunos de los jueces asumen en ocasiones puntuales la dirección de la investigación, a veces porque prefieren no sobrecargar con causas menores a los fiscales, que cuentan con menos recursos que los juzgados; a veces porque quieren tener ellos el control en algunos tramos de la pesquisa.A fines del mes pasado, por ejemplo, la jueza María Eugenia Capuchetti reasumió la investigación que había delegado en el fiscal Carlos Rívolo de la causa que investiga el ataque contra Cristina Kirchner en 2022 por considerar que todavía había más por hacer (hay tres implicados diendo juzgados por el TOF 6). Con el nuevo sistema, esto quedaría por fuera de las posibilidades de los jueces, que deberán resignarse a actuar como una suerte de umpire que observa el trámite desde arriba, sin poder participar más que para hacer cumplir las garantías del proceso.Más allá de ver reducida su intervención, y pese a que ya rige en otras provincias, las dudas de los jueces respecto al nuevo régimen pasan casi exclusivamente por su implementación. Y la incertidumbre no es exclusiva de los jueces de primera instancia, sino que se extiende por la Cámara federal y la de Casación.Entre otras cuestiones, los jueces comparten con los fiscales la preocupación por los recursos. Consideran que hace falta personal, sobre todo en las fiscalías, nuevas salas de audiencias, y un salto de calidad en algunos servicios, como la electricidad, cuya red se encuentra trabajando al límite. Hay quienes todavía se lamentan por el frustrado desembarco de la firma Café Martínez al edificio por este motivo, y sienten que sus dudas sobre el acusatorio están fundadas. Especialmente porque no hubo ningún paso concreto en esa dirección cuando falta poco para su implementación. También exhiben reparos respecto a un eventual funcionamiento: un sistema que se prevé más veloz y transparente, entienden, puede generar fricciones de distinto tipo con las causas de alta densidad política, cuya investigación, para ser exitosa, exige tiempos pausados, mucha dedicación y cierta reserva, explican. RecursosLa implementación del acusatorio a la justicia federal de Py depende casi por entero de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según reitera el propio ministro Cúneo Libarona en las reuniones sobre el tema que desde el año pasado mantiene con distintos jueces. Pero ahora, aseguran en la cartera, se llegó a un acuerdo con el organismo y se da por descontada una línea de crédito de 200 millones de dólares que servirá para hacer frente a todas las reformas necesarias.En el BID, sin embargo, son más cautos y prefieren moderar tanto optimismo. Aseguran que los contactos y la predisposición existen, pero que el desembolso aún se encuentra en una "etapa exploratoria", según aseguran fuentes no oficiales al tanto de las tratativas.En este contexto, por los tribunales sobrevoló la versión de que en los despachos del Ministerio reflotó un proyecto viejo, del primer kirchnerismo, que apunta a crear un gran fuero de delitos complejos que fusione a la Justicia Nacional -destinada a pasar a la de la Ciudad- con la de Comodoro Py. La silueta del proyecto contempla la disolución de la Justicia Nacional -cuyos recursos quedarían al servicio del nuevo fuero, sobre el cual regiría el sistema acusatorio- y la fusión de la Cámara Nacional de Casación con la Cámara Federal de Casación Penal, entre otras modificaciones. Sus impulsores sostienen que el proyecto, que también recorrió los despachos durante la época de Germán Garavano como ministro, es un dinamizador que supone una reorganización de la Justicia sin grandes costos.Fortalecería con un aluvión de jueces y fiscales a la justicia federal de Comodoro Py que hoy, por caso, cuenta solo con 8 de los 12 jueces de primera instancia. "Hoy somos pocos, pero seríamos muchos", se atajan en un juzgado.En el Ministerio, sin embargo, desmienten categóricamente que tengan en carpeta un proyecto de ese tipo y atribuyen el origen del rumor a la resistencia de la Justicia Nacional a cumplir con el traslado a la Ciudad.De hecho, la semana pasada el ministerio creó una comisión especial para hacer un seguimiento de ese traspaso, apurado por la Corte en diciembre con el fallo Levinas. Integrada por representantes de ambos ministerios de Justicia, Ciudad y Nación, deberá elaborar un informe dentro de los próximos seis meses.

Viviana Canosa presentó su denuncia en Comodoro Py, tras sus dichos contra Lizy Tagliani

Esta mañana y luego de hacer graves acusaciones contra Lizy Tagliani en su programa de televisión, Viviana Canosa fue hasta la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py junto a su abogado para realizar la denuncia judicial. "Denunciamos lo que teníamos que denunciar ante la fiscalía del doctor Carlos Stornelli. La causa está en secreto de sumario y no podemos adelantar nada porque tenemos que preservar la investigación", fue lo primero que dijo Juan Manuel Dragani, el abogado de Canosa. "Va a haber una serie de medidas de pruebas en las próximas horas y vamos a aportar más pruebas", agregó. Canosa, por su parte, apenas dio algunas declaraciones a la prensa. "Estoy angustiada, pero haciendo el laburo correcto", confesó cuando le preguntaron por qué había tenido una mala noche.Noticia en desarrollo

Ariel Lijo volvió a su rutina en los tribunales de Comodoro Py: dice estar "liberado" y "desencantado" con la política

El juez federal Ariel Lijo regresó a su rutina habitual en el juzgado federal de Comodoro Py 2002 tras el rechazo del Senado a su pliego para ser juez de la Corte Suprema. El magistrado les dijo a los suyos que se siente "liberado", con energía renovada, pero desencantado de la política, que le dio la espalda.Así lo expresaron desde su entorno más cercano a LA NACION. Agregaron que la experiencia le sirvió al juez para "saber quién es quién" en el mundo de la política.Lijo fue propuesto por el Gobierno para la Corte en marzo de 2024. Su postulación llegó de la mano del juez del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, que persuadió a Javier Milei de que el magistrado federal a iba a conseguir los votos de los senadores. No tuvo éxito.Lijo fue su propio jefe de campaña. Se reunió con senadores, con gobernadores, visitó provincias y recibió a legisladores en el departamento de su pareja, en la Avenida del Libertador, donde conversó sobre su designación. Se movió como el más activo promotor de su candidatura, pero las críticas se sumaron y la política al final no lo acompañó.Su designación se topó con una fuerte oposición de actores de la sociedad civil, como asociaciones académicas, jurídicas y empresariales, que denunciaron demoras e irregularidades en las causas de su juzgado que tocaban al poder político. También cuestionaron su falta de pergaminos y el hecho de que el Gobierno no hubiera propuesto a una mujer para el máximo tribunal.La política se movió con sus propios tiempos. En principio, la resistencia fue de un puñado de dirigentes. De la Coalición Cívica, de Elisa Carrió; de Mauricio Macri en Pro; de Carolina Losada en la UCR y de Francisco Paoltroni en La Libertad Avanza (luego eyectado del oficialismo). El kirchnerismo se mantuvo en silencio hasta el final, al igual que buena parte del macrismo, la UCR y los gobernadores aliados a Milei.La andanada de críticas de las entidades civiles motivó que se reflotara una causa donde fue sobreseído, en la que se lo investigó por supuesto enriquecimiento ilícito. Esa causa apunta también a su hermano Fredy Lijo, operador judicial que trajina los tribunales buscando facilitar la solución de problemas legales de sus clientes.A pesar de los fuertes cuestionamientos, Lijo estuvo cerca de tener los votos de los dos tercios de los senadores para validarse como juez de la Corte, pero el Gobierno insistió con que su pliego se votara junto con el de Manuel García-Mansilla, que no reunía tantas voluntades.La aprobación de su pliego estuvo al caer durante las sesiones extraordinarias, pero el 14 de febrero estalló el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que involucró a Javier Milei y a su hermana Karina, por lo que las voluntades peronistas para apoyar al candidato del Gobierno se esfumaron. De hecho, la sesión especial convocada para el 21 de febrero se levantó.Ese proceso se terminó de alterar cuando Javier Milei, aconsejado por Santiago Caputo, designó por decreto a ambos magistrados, echando mano de un recurso al borde de la constitucionalidad, más propio del siglo pasado y establecido para los empleados que requieren acuerdo del Senado cuando el Congreso está en receso."Tenía los votos pero no tuvo suerte", dijo uno de los que auspició su designación. Su futuro como juez de la Corte quedó enterrado cuando el Senado reaccionó ante el decreto y rechazó su pliego. Los senadores defendieron su facultad de votar a los jueces de la Corte. Lijo recibió 27 votos afirmativos, 43 negativos y una abstención, mientras que el pliego de García-Mansilla fue rechazado por 51 senadores y apoyado por 20.Tras el revés legislativo, el juez federal retornó a su juzgado de Comodoro Py 2002 (es titular del juzgado 4 y subroga el 12) con otro ánimo, según describen sus amigos."Está liberado, recuperó la energía, pero la pasó muy mal. Fue mucho tiempo de estar en el candelero, sin una definición", señaló un allegado al magistrado.Lijo se consuela con el argumento de que el debate legislativo no se centró especialmente en las críticas que generó su postulación, sino en la herramienta del decreto utilizada para postularlo.Cuentan los que lo conocen que "la experiencia le sirvió para saber quién es quién". Se refieren tanto al mundo de la política como al de la Justicia.Otras fuentes mencionaron que el juez estaba enojado con aquellos que le habían prometido su apoyo, pero que al final del proceso se corrieron y lo dejaron de lado.En la definición de su pliego pesó la oposición que generó su perfil, pero también el posicionamiento del kirchnerismo, pues la expresidenta Cristina Kirchner está condenada por corrupción y su caso debe ser revisado por la Corte que Lijo podría haber integrado.Lijo tiene el "cuero duro", conoce las lides de la política y soportó el proceso. Pero su derrota también generó malestar en Comodoro Py 2002, donde los jueces esperaban tener en la Corte a uno de los suyos, como una especie de "primus inter pares" en la cumbre del Poder Judicial.La carta de García-MansillaEn tanto, García-Mansilla renunció a la Corte días después de que el Senado rechazara su pliego. La semana pasada regresó a tribunales, pasó a saludar a sus excolegas y visitó a Carlos Rosenkrantz, con quien almorzaba con frecuencia.También dejó en el Senado un escrito, en el que buscó rebatir los argumentos vertidos por los senadores en la audiencia. Volvió a explicar sus dichos ante la Comisión de Acuerdos (cuando señaló que en el contexto de 2015 no hubiera asumido por decreto) y dijo que no engañó a nadie, sino que habló con honestidad.Dijo que es inverosímil pensar que quiso engañar al Senado, que "los atajos y chicanas políticas" son los que "terminan debilitando los procesos de designación, y pueden desalentar que los candidatos respondan con franqueza en futuras audiencias". Reclamó a los senadores "tomarse en serio el escrutinio de los candidatos y no dejar pasar meses sin una decisión que no requiere otra mirada que considerar la idoneidad de las personas nominadas". Por eso, reiteró la necesidad de integrar la Corte con cinco miembros porque, tal como está, tiene "evidentes problemas que ya llevan años", sostuvo. "No se construyen instituciones ni se defiende la República sobre la base de falsedades e incumplimientos reglamentarios", dijo. Su escrito de 35 carillas fue recibido el 10 de abril, tras la votación, en la Mesa de Entrada del Senado.

$LIBRA: la investigación de la jueza Arroyo Salgado pasa al juzgado de Servini en Comodoro Py

La Cámara de San Martín resolvió hoy que la causa que lleva en San Isidro la jueza Sandra Arroyo Salgado por la presunta estafa en torno al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA pase al juzgado de María Servini, en Comodoro Py, donde tramita otro expediente por los mismos hechos. El traslado de las actuaciones fue decidido por el juez Juan Pablo Salas luego de que el fiscal Federico José Iuspa apelara la decisión de Arroyo Salgado de retener el expediente, a contra mano de su dictamen. La jueza sostuvo que el tuit con el que el presidente Javier Milei promovió el activo digital e hizo disparar su cotización fue lanzado desde la quinta de Olivos, territorialmente bajo su competencia. Pero el juez Salas, siguiendo la línea del fiscal, desestimó ese argumento. Afirmó que la publicación es apenas un elemento dentro un escenario que "aparenta ser más complejo", que abarca diverso "sucesos e intervenciones ejecutados en distintos lugares y tiempos, que podrían ser conexos entre sí", y que incluso pudieron haber precedido a la publicación. "En su decisión, se omite un contexto más amplio descripto en la denuncia, que podría ser relevante para el derecho penal", afirmó Salas. Sostuvo también que la causa que lleva Servini en la Justicia federal se encuentra más avanzada en tanto el fiscal que la instruye, Eduardo Taiano, impulsa la investigación, a diferencia de Iuspa, que en su dictamen le pidió a Arroyo Salgado que decline la competencia de su juzgado para evitar repetir medidas de prueba. "En la justifica federal de CABA no existen discusiones sobre la promoción de la acción penal pública y allí el fiscal en el ejercicio de su ministerio ordenó las primeras medidas para dilucidar los hechos denunciados", dijo el juez. "Hoy se encuentra en una mejor posición procesal e investigativa, en comparación a lo sucedido en la justicia federal de San Isidro. Es suficiente para concluir que la justicia federal de CABA es la que se encuentra actualmente en mejor posición para investigar de manera integral", sumó.

El ministro Cúneo Libarona fue de visita a Comodoro Py

Cristina Kirchner pasó por Comodoro Py para notificarse de un fallo de Casación en el caso Vialidad

Cristina Kirchner se presentó esta tarde en los tribunales de Comodoro Py para darse por notificada del fallo de la Cámara de Casación que rechazó hace dos semanas su recurso extraordinario en la causa Vialidad, en la que tiene una condenada confirmada a seis años de prisión. Fue un trámite formal, que duró apenas unos segundos.En los papeles, la expresidenta llegó al filo de lo permitido: en el último minuto de atención al público, en el último día habilitado para notificarse, según lo dispuesto por la Casación. Encabezada por su abogado Alberto Beraldi y escoltada por el jefe de su custodia, Diego Carbone, la expresidenta, de zapatillas blancas, anteojos y vestido negro, apareció en el sexto piso de los tribunales a las 13:30.Salió del ascensor, atravesó raudamente el hall de recepción -"Buenos días", dijo a su paso- y entró en el Tribunal Oral Federal número 2, donde la aguardaban con la puerta abierta. El operativo requirió una mínima coordinación con la policía y el personal del edificio de Retiro.Adentro estuvo menos de 10 segundos: entró, firmó y se fue por el mismo ascensor por el que subió, que una persona mantuvo inhabilitado mientras ella firmaba. Antes, habían hecho lo mismo otros de los condenados en la causa.La expresidenta podría haber alegado algún motivo para hacer este mismo trámite vía Zoom, pero optó por apersonarse en el tribunal. Había hecho lo mismo en noviembre, cuando debió acusar conocimiento del fallo con el que la Casación confirmó la condena que le impuso el TOF 2, que la encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por haber favorecido al empresario Lázaro Baez con el reparto de obra pública en la provincia de Santa Cruz, entre 2004 y 2015.Cuando se supo que la expresidenta estaba camino a los tribunales, se organizó un pequeño operativo que incluyó una inusual cantidad de policías en el piso del TOF 2, además de una pequeña recepción por parte de funcionarios de la Casación.Tras el rechazo del tribunal a su recurso, Cristina Kirchner fue en queja a la Corte Suprema y recusó además a Manuel García-Mansilla -cuyo pliego fue rechazado ayer por el Senado-. Luego de la presentación del recurso, Beraldi argumentó en conferencia de prensa que el magistrado, por estar nombrado en comisión, carece de estabilidad para fallar en un caso de tamaña relevancia pública.La Corte Suprema no tiene plazos para decidir si deja firme o no la condena de Cristina Kirchner. Todo indica que antes enviará el expediente al procurador general interino, Eduardo Casal, jefe de los fiscales y fiscal ante la Corte, quien deberá determinar si sostiene el recurso del fiscal de la instancia inferior, Mario Villar, que pidió que Cristina Kirchner también sea condenada por el delito de asociación ilícita.

En medio del revés que el Gobierno recibió en el Senado, Comodoro Py reclama que se cubran cargos vacantes y el envío de fondos

La Cámara Federal de Casación Penal se reunió en plenario y envió un fuerte mensaje a Milei.

Cristina Kirchner y otros acusados de la causa Vialidad deberán presentarse en 72 horas en los tribunales de Comodoro Py

Es porque el Tribunal Oral Federal 2 citó a la ex presidenta y al resto de las personas investigadas para que se notifiquen del fallo de la Cámara de Casación que les rechazó las apelaciones

Círculo rojo: inquietud en Comodoro Py, riesgo de guillotina y seguimiento electoral en Chile

La puesta en marcha del sistema acusatorio en los tribunales federales porteños abrió una grieta. La sobrevida de Mariano Cúneo Libarona. Un coctel judicial y versiones a la orden del día. Karina Milei en el centro de la escena. Un funcionario apuntado. Fastidio en la Iglesia con un obispo. Kaiser y Kast, el dilema chileno

Comodoro Py 2002 | El nuevo mapa de poder en manos de las fiscalías, pese a las vacantes y la falta de liderazgo

A partir del 11 de agosto, la poderosa justicia federal de Comodoro Py 2002 experimentará un cambio clave: ya no será como se la conoce ahora porque el poder pasará de los jueces a los fiscales federales. Sin embargo, este nuevo orden -uno de los legados que aspira a dejar el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona- encuentra a la jefatura de los fiscales, la Procuración General de la Nación, en condición vacante.En 2017, renunció al cargo Alejandra Gils Carbó y la reemplazó como subrogante Eduardo Casal, que era el fiscal más antiguo. Desde entonces, el macrismo y el albertismo fracasaron en nombrar a un nuevo procurador titular que sea jefe de los fiscales y lidere esta transformación, que por ahora lleva adelante Casal con escasos recursos. El presidente Javier Milei prometió enviar al Senado los pliegos de su candidato a procurador, pero aún no lo hizo. Es materia de una negociación que incluye los votos para los jueces de la Corte Suprema. Los candidatos son el juez Mariano Borinsky, el fiscal de la Ciudad Juan Bautista Mahiques y hasta hay quienes arriesgan el nombre de Sebastián Amerio, viceministro de Justicia.La situación de las fiscalías es compleja: tienen vacantes de casi el 30 por ciento en sus estructuras, no gozan de un liderazgo político claro, cuentan con pocos empleados en comparación con los juzgados y transmiten mucha desconfianza sobre la efectivad de ese mecanismo procesal.Las vacantes no se cubrieron por diversos motivos. Algunos concursos llegaron a su fin y las ternas con los candidatos están en manos del Poder Ejecutivo, que debe designar a sus candidatos. Y en otros casos los concursos no se hicieron porque se privilegiaron las vacantes del interior del país, donde comenzó la puesta en marcha del sistema acusatorio.Algunos de estos fiscales tienen su historia: dependiendo de la circunstancia, consintieron sobreseimientos cuando afectaban al poder o apelaron y recurrieron en otros casos para ir a fondo y llevar a juicio casos de corrupción que parecían imposibles. También hicieron fintas y tiempismo con causas de alta sensibilidad política que se llevaban al ritmo del momento.El procurador Casal tiene la facultad de dictar la política criminal y dar instrucciones generales, pero tiene vedado el dictado de instrucciones particulares en cada causa. Y esa línea no se cruza.La contracara de este diagnóstico es la transparencia y publicidad de un sistema que se sobrepone a los funcionarios que lo tienen que poner en práctica. Un mecanismo donde lo que se decide debe ser en audiencias públicas, en el que las decisiones de consentir una libertad o desestimar un caso se deben tomar de cara a la gente.Una recorrida de LA NACION entre los integrantes del Ministerio Público Fiscal ante la implementación del Código acusatorio permitió palpar que hay acuerdo de fondo con el nuevo mecanismo procesal, pero prima la desconfianza.El nuevo Código Procesal de arranque contempla el establecimiento de fiscalías de casos sencillos, de casos complejos, de atención temprana y de asuntos residuales, donde irán a parar todas las causas actuales, incluido, por ejemplo, el caso de los cuadernos de las coimas.La asignación de las causas a estas fiscalías se determinará por su complejidad y los jueces que intervengan en cada incidencia provendrán de una "bolsa de magistrados" que se sorteará para cada asunto a resolver. Aparece la figura del "fiscal del caso" que lleva todo el proceso, de principio a fin, incluso el juicio oral.SupervisiónHabrá fiscales coordinadores y de distrito que supervisarán la tarea de las unidades fiscales. Todo esto requiere, entonces, que los funcionarios judiciales que hasta ahora eran amos y señores de sus causas, estén bajo la mirada de otro fiscal.El sistema federal en Comodoro Py 2002 cuenta con 12 fiscalías federales de primera instancia, de las cuales hay cinco que están vacantes por el fallecimiento de sus titulares. Una de ellas está en disputa en la Justicia. La fiscalía de Cámara estaba ocupada por Germán Moldes, un icónico funcionario judicial que ostentaba una suerte de liderazgo político entre algunos fiscales de primera instancia. Otros lo cuestionaban.Moldes falleció y la fiscalía de Cámara quedó a cargo de José Luis Agüero Iturbe. Se trata de un funcionario judicial de carrera, respetado por sus colegas y por los camaristas, que no tiene el alto perfil de Moldes, que tallaba tanto en la política como en los medios y en la Justicia.Algunos fiscales creen que habrá un verdadero cambio para mejor, otros desconfían de la oportunidad política del anuncio en vista de las elecciones, como si la Justicia moviera los sondeos de opinión electoral, y otros directamente ven en esta iniciativa una idea del ministro Cúneo Libarona para generar impacto político.Los fiscales de primera instancia hoy son todos jugadores singlistas. Hacen su juego y de manera independiente unos de otros. En algunos casos hay recelos entre ellos, pero cada quien atiende sus asuntos.Entre los fiscales de primera instancia, en la fiscalía 1, que es la lleva los temas electorales estaba el fiscal Jorge Di Lello, ya fallecido. Un peronista que llegó de la mano de Gregorio "Goyo" Corach -exjuez y hermano de Carlos Corach- en los años 90 y dejó huella entre sus empleados.La subroga Ramiro González, que es también fiscal ante la Cámara Electoral. González es el fiscal que llevó el caso de violencia de género contra Alberto Fernández y es recordado en los tribunales por su fiesta de cumpleaños en la Costanera, con video y drones incluidos, salón y luces estroboscópicas.El fiscal Carlos Rívolo, que llevó casos resonantes como las causas contra Amado Boudou o Ricardo Jaime o el intento de asesinato de Cristina Kirchner, es de los más experimentados.Su vecino es Carlos Stornelli, fiscal duro que fue funcionario del Ministerio de Seguridad en la provincia y regresó a la Justicia. Impulsó casos de corrupción como los cuadernos de las coimas y fue objeto de ataques del kirchnerismo.Tiene el despacho pared por medio con Eduardo Taiano, un veterano funcionario judicial que acumula causas sensibles: desde la muerte de Alberto Nisman, hasta el caso $LIBRA contra Javier Milei. Prefiere el bajo perfil.La fiscal Alejandra Mángano, hija de un histórico secretario de la jueza María Servini, lleva los asuntos de su fiscalía y los casos de trata de personas de la Protex. Esa fiscalía la ocupaba el fallecido Patricio Evers.Franco Picardi, que fue funcionario del Ministerio de Justicia en el kirchnerismo, es el titular de la fiscalía contigua, donde lleva casos de corrupción y ahora investiga al exmarido de Jessica Cirio. En su fiscalía está el caso Odebrecht.Federico Delgado falleció en 2023 y su fiscalía está vacante. Era el favorito de Moldes: cuando se iba licencia para recorrer iglesias italianas lo dejaba a cargo de la fiscalía de Cámara.Guillermo Marijuan maneja su fiscalía sin contacto casi con sus colegas y sorprende cada tanto con dictámenes de alto perfil e impacto político. Eterno candidato a la Procuración, un cargo que le es esquivo.Paloma Ochoa, una aguerrida militante de la causa feminista, trabaja en la fiscalía con casos sensibles para el Gobierno.Gerardo Pollicita, el fiscal que instruyó los casos Vialidad y Hotesur y Los Sauces, está curtido en asuntos de corrupción y acusó tanto al kirchnerismo como en algunos asuntos al macrismo. Está cerca de llegar a la edad en que se pregunta si debe seguir adelante o jubilarse. El cambio de sistema procesal le abre un escenario nuevo.Por encima de ellos, en Comodoro Py 2002 están los fiscales de juicio, que llevan las causas que actualmente están en esa etapa, con audiencias en marcha o juicios por hacerse y, más arriba, los fiscales ante la Cámara de Casación.Se cuentan Raúl Pleé, un experimentado que llegó a Comodoro Py desde la justicia federal de San Martín, que estaba en carpeta en el macrismo para ser procurador y sufrió un desaire a último momento, con ascendencia sobre algunos de sus colegas. Mario Villar, académico que orienta el Instituto de Derecho Penal de la UBA, y Javier de Luca, el más disruptivo en esa franja, al punto que sostuvo por ejemplo la inexistencia de delito en la causa por la firma del Memorándum con Irán, idea que compartió con los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner.A ellos, el nuevo Código Procesal no los alcanza en el día a día, sino que atienden en la apelaciones de esos asuntos cuando llegan a la Casación. Todos en el sistema, desde la primera instancia a la Casación, tienen alguna aprensión, como siempre que se da un nueva etapa. Piden más tiempo para adaptarse, desconfían de que arranque el 11 de agosto y apuestan a que se correrá esa fecha.Temores normales pero, desde el Gobierno, Cúneo Libarona tiene la decisión de avanzar con el sistema acusatorio, con lo que acaso sea la máxima y transformación de la justicia federal desde 1992, cuando Carlos Menem ideó Comodoro Py 2002 como una salida para sus problemas con la justicia federal.

Según un informe, la reforma que impulsa el Gobierno en Comodoro Py implica "un punto de inflexión"

Una fundación que estudia los modelos penales de la región emitió un documento que analiza los posibles efectos del sistema acusatorio en la justicia federal de CABA, que comenzará a regir en agosto por resolución del ministro Mariano Cúneo Libarona

Ariel Lijo ratificó que no renunciará a su juzgado en Comodoro Py y dijo que espera que el Senado apruebe su pliego para la Corte

El juez federal le envió un escrito a Alejo Ramos Padilla, el magistrado que tiene la causa que se abrió en contra del decreto de Javier Milei para los nombramientos en el máximo tribunal

Mariano Cúneo Libarona anunció la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py: "La época de los juicios eternos llegó a su fin"

El Ministro de Justicia celebró la aplicación del sistema "que rige exitosamente en los Estados Unidos y que todos conocemos por las películas". Leer más

La justicia federal de Comodoro Py cambia desde agosto y los fiscales ganan poder

Después de varios intentos de reforma, la poderosa justicia federal de Comodoro Py 2002 tendrá modificaciones en cinco meses.El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijo a LA NACION que el 11 de agosto comenzará a regir en la justicia federal de Comodoro PY 2002 y en la justicia en lo penal económico el nuevo Código Procesal Penal federa acusatorio que le quita el poder de la investigación a los jueces federales y lo deposita en manos de los fiscales federales."Hubo una gran recepción al anuncio. El propósito es cambiar la justicia argentina, que sea mejor, nada de injerencias políticas, el propósito es tener una mejor justicia", dijo Cúneo Libarona.El poder pasará a manos de los fiscales federales, y el sistema pretende ser más transparente con audiencias públicas, sin expedientes de papel, y con los acusados cara a cara con los magistrados para cada incidencia.El cambio es sustancial, en una jurisdicción donde las denuncias (que no sean de trata de personas, drogas o secuestros), están politizadas o motivadas por un interés y donde los fiscales suman poder para reunir la prueba, avanzar o archivar las causas que consideren que no corresponde ser investigadas.Los jueces federales quedan como jueces de garantías, una suerte de árbitro entre la prueba que le acerque la fiscalía y los argumentos de la defensa para decidir en audiencias públicas, que no se registran en papel, sino en video. Definirán la libertad o detención de los sospechosos y la elevación a juicio de las causas.Este sistema acusatorio ya está en vigor en Salta y Jujuy desde 2019 y este año, el Ministerio de Justicia extendió su implementación en Mendoza, Rosario, Santa Fe, General Roca, Comodoro Rivadavia. Pero falta implementarlo en el resto del país, incluido Mar del Plata el 7 de abril. En Bahía Blanca, donde estaba previsto hacerlo en mayo próximo, ahora hay dudas por las consecuencias del temporal de este mes.La puesta en vigor de este nuevo sistema fue bien recibida entre los jueces de Comodoro Py 2002 con los que habló LA NACION. En su mayoría festejaron la llegada de este nuevo código procesal que los libra de la obligación de reunir la evidencia y pone esa tarea en cabeza de los fiscales.Dudas por los recursos y antecedentesLos fiscales también celebraron la noticia que les da mayor visibilidad y protagonismo en las investigaciones, pero la gran duda son los recursos con los que se contará para la puesta en marcha del nuevo sistema.Los intentos por diluir el poder de los jueces federales se remontan a los 90, cuando Carlos Menem reformó la justicia federal, y llevó de 6 a 12 el número de jueces federales. Ubicó jueces y fiscales de su confianza para que no lo atormentaran con la lluvia de denuncias de corrupción que cayeron sobre sus gobiernos.Menem diseñó a su conveniencia los tribunales de Comodoro Py 2002, la Cámara de Casación Federal y la Cámara Federal. Y atenuó sus problemas judiciales. Cúneo Libarona fue incluso su abogado defensor.En el kirchnerismo los intentos por controlar a la justicia federal fueron menos sutiles, pues los servicios de inteligencia operaban sobre algunos jueces federales, con modos suficientemente persuasivos. En 2013 Cristina Kirchner quiso dinamitar todo el sistema y propuso la "democratización de la justicia" con la elección de jueces a término y mediante elecciones populares. Fue la Corte Suprema de Justicia la que la frenó.Los jueces federales fueron siempre el blanco del kirchnerismo. También pusieron bajo la lupa los negocios del macrismo y los conflictos de intereses en ese Gobierno. El gobierno de Mauricio Macri incluso habló de diluir el fuero federal, lo que no se concretó.En el gobierno de Alberto Fernández la justicia federal puso la lupa sobre los negocios desde el poder, e imputó al propio expresidente, que promovió un juicio político de los integrantes de la Corte Suprema, sin éxito. También trató de operar para cambiar la integración de la Cámara Federal, también sin éxito.Ahora el gobierno de Javier Milei se apresta a cambiar de raíz este sistema federal de Comodoro Py, trasladando el poder de los jueces a los fiscales. Y es clave aquí el rol del Procurador General de la Nación, cargo que está vacante desde 2017.Eduardo Casal es el Procurador Interino, que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal y aspira a quedarse, pero el Gobierno tiene otras ideas y prometió enviar los pliegos de un candidato propio. Aún no lo concretó. Esta semana se reunieron Cúneo Libarona con Casal y con la defensora general, Stella Maris Martínez, ya que se necesitarán multiplicar los recursos de las defensorías.Por lo pronto ante esta novedad aparecen dos asuntos que atender: las vacantes entre los jueces federales y la necesidad de contar con auxiliares fiscales y mayor dotación en las fiscalías. El sistema dicen que funciona con tres fiscales por cada juez.Hoy hay de los 12 juzgados federales, 4 que están vacantes y 5 si se confirma la llega de Ariel Lijo a la Cote. Y entre las 12 fiscalías hay también 3 que están vacantes.En el fuero penal económico en la Cámara hay solo 2 de seis jueces y en los juzgados de primera instancia también hay muchos huecos por cubrir."Voluntad sobra, faltan fondos", dicen los operadores del sistema que están de acuerdo con esta modalidad de funcionamiento, pero desconfían de contar con dinero suficiente para la implementación.El próximo paso es enviar equipos para evaluar las necesidades edilicias, de infraestructura, aunque la Procuración General de la Nación ya tiene un diagnóstico. Se comenzará con las capacitaciones, que implican que los fiscales viajen a Salta y Jujuy y tengan la vivencia de las audiencias que ya vienen haciendose allí desde hace 5 años. Ahora mismo hay un grupo de fiscales marplatenses pasando por esa etapa de inmersión.El otro asunto es la adecuación de las instalaciones de Comodoro Py 2002. El nuevo Código exije que ante cada caso se haga una audiencia pública ante el fiscal y el juez, con la defensa presente. Esa audiencia es oral y se filma, ya que el audiovisual es el único soporte. Desaparece el expediente de papel. Actualmente hay en Comodoro Py media docena de salas de audiencias, pero van a ser necesario equiparlas y readecuarlas para el nuevo sistema.El presidente de la Cámara de Casación, Daniel Petrone, conversó con el ministro sobre la implementación del sistema en Comodoro Py. En Casación funciona la oficina de gestión judicial que ya viene interviniendo en estas causas desde un primer momento.También hubo comunicaciones con el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, con algunos camaristas y fiscales federales. Todo están comprometidos con el proyecto en la medida en que haya recursos para su implementación."Hay un mejor aprovechamiento de las capacidades del Ministerio Público, pero deben estar acompañadas de recursos", advirtió en diálogo con LA NACION el fiscal salteño Ricardo Toranzos, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN). Indicó que en Buenos Aires no hay atraso edilicio y de personal como en otras jurisdicciones. "Es impactante el efecto de la inmediatez de la decisión del juez ante el acusado en una audiencia, y no en una resolución de 300 páginas donde nunca se le vio la cara al juez", explicó Toranzos, que viene usando el sistema en Salta desde hace 6 años.

Círculo rojo: viáticos en Comodoro Py, conversaciones detrás de Expoagro y licitaciones electorales

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Caso $LIBRA | La jueza Arroyo Salgado le disputa la competencia de la causa a Servini y Comodoro Py

Por el momento, las investigaciones en torno al caso del token $LIBRA, la moneda virtual promocionada por el presidente Javier Milei cuyo repentino derrumbe dejó un gran número de damnificados, están escindidas en dos juzgados federales distintos.Blandiendo el argumento de que el tuit que hizo crecer vertiginosamente la cotización del activo se publicó desde la quinta presidencial de Olivos, la jueza Sandra Arroyo Salgado reclama la competencia del caso para su juzgado al tiempo que avanza con medidas de prueba y le disputa el expediente a Comodoro Py, donde tramita otra causa por los mismos hechos en el juzgado de la jueza María Servini.En un mismo escrito, la jueza Arroyo Salgado le requirió al juzgado de Servini que se inhiba de seguir interviniendo en la causa y le pidió que gire el expediente a su juzgado.Lo hizo a contramano del dictamen del fiscal Federico José Iuspa, quien le pidió a Arroyo Salgado que decline la competencia de su juzgado para evitar repetir medidas de prueba, debido a que otra causa por los mismos hechos tramita en la justicia federal de Comodoro Py.Entre otros planteos, el fiscal Iuspa planteó en su dictamen que el caso no puede reducirse al tuit que Milei lanzó desde Olivos. "La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal ha valorado -retrucó Arroyo Salgado-, en reiteradas ocasiones, que el sitio o domicilio desde el que se efectúan las publicaciones con posible relevancia penal en la red social Twitter, son dirimentes a efectos de asignar y resolver conflictos de competencia".A su vez, la jueza aceleró con medidas y llamó a brindar declaración testimonial a Martín Romeo, un experto cripto que, además de ser uno de los damnificados por el presunto fraude, desde su rol de especialista aconsejó a terceros comprar el activo digital.El fiscal Iuspa también sostuvo que el caso ya cuenta con el impulso del fiscal Eduardo Taiano, en quien está delegada la investigación que tramita en Comodoro Py. De hecho, en medio del tironeo por la competencia, el fiscal citó a declarar para mañana a las 10 y 30 a un experto en criptomonedas que considera que toda la maniobra presenta los rasgos clásicos de una "estafa de manual".Se trata de Guido Zatloukal, el presidente de la fundación blockchain, uno de los especialistas que expuso ante la comisión de comunicaciones e informática en la Cámara de Diputados 10 días después de que estallara el escándalo cripto tras el tuit de Milei. Según pudo saber LA NACION, Zatloukal ampliará este miércoles la descripción de la presunta estafa que ofreció ante la comisión.También hará énfasis en la importancia de poner el foco en una billetera virtual en particular que, el día en que se creó la moneda virtual y Milei le dio difusión, recibió 5.000.000 de $LIBRA desde otra cuenta y luego "rompió el anonimato" al recibir otra inyección de otra exchange centralizada llamada Kraken, donde las operaciones entre los usuarios sí son mediadas por una plataforma."Es una exchange que está bajo jurisdicción estadounidense y obviamente pide la verificación de identidad del usuario. Buscando de ese lado se puede sacar el ovillo para llegar a los creadores de esta maniobra", afirmó aquel día. Esta última transacción, en la moneda SOL -el token nativo de la red Solana, el circuito donde corre $LIBRA- se habría hecho para solventar el costo de las primeras operaciones que servirían para iniciar el vertiginoso ascenso de la moneda LIBRA.En su presentación ante la comisión, el experto Zatloukal trazó un mapa general sobre el funcionamiento de la red blockchain e hizo hincapié en las huellas que dejan todas las operaciones que allí se ejecutan. "No hay manera de modificar los datos que hay en blockchain y esto nos permite ver los movimientos", dijo."Lo que pasó claramente fue una maniobra que se llama rugpull. Es una maniobra básicamente clásica del mundo de las estafas", explicó. "Una maniobra de manual, muy conocida desde el 2020 en el mundo de las financias descentralizadas". "Se crea el token, que es como si fuera una ficha coleccionable. No tiene valor de por sí, ese valor se lo va a dar la gente que o quiera tener. El problema es que se necesita buscar a alguien que lo promocione y ahí se entra en la segunda etapa de lo que sería un rugpull", sumó.Según describió, lo segundo que hacen quienes emprenden este tipo de estafas es buscar un promotor de alto perfil e injerencia en el mundo crypto para expandir la publicidad de la moneda. Incluso, aseguró, pueden intentar hackear la cuenta de algún influencer para darle el empujón inicial al token.En general, la moneda se presenta al mercado como si tuviera algún tipo de funcionalidad, tal como habría hecho Milei, y no como una "memecoin", que son tokens cuya cotización y valor, sin respaldo en la economía real, se mueven al son del interés que despiertan en las redes sociales.Cuando se promociona, sostuvo, el precio se somete a un presión de compra muy alta, "hasta que se alcanza un precio que los creadores del token consideran que es lo suficientemente alto o ven que ya no hay tanta gente que está entrando [a comprar]""Generalmente estas maniobras tardaban un par de días en desarrollarse porque era difícil generar ese mercado hasta llegar a ese precio atractivo. En este caso fue solamente en una hora. Hubo más de 45 mil wallets que interactuaron en esa hora con ese token. Y cando se da eso, empiezan a haber ventas masivas. Esas ventas masivas son por los propios creadores del token", afirmó.

Comodoro Py vivió con aceptación y algo de resignación el rechazo de la Corte a la licencia de Ariel Lijo

En la explanada frente al edificio de Comodoro Py, donde suelen estacionar jueces, fiscales y camaristas, casi no hubo autos este viernes. En el kiosco del entrepiso, donde al mediodía se arremolinan los empleados judiciales, los pocos que bajaron a buscar un almuerzo ligero circularon con fluidez y volvieron rápido sus despachos. "El doctor no vino", explicaron los colaboradores de algunos fiscales y magistrados.En el último día de la semana, la actividad en los tribunales federales de Retiro languidece notoriamente. Muchos jueces llevan los expedientes a casa, se practican "burbujas" y los equipos de trabajo se alternan, todos resabios de la digitalización que la pandemia precipitó en 2020. "Ahora se firma desde la computadora", explicó un fiscal. "Directamente desde el celular", agrega un juez desde su casa.Durante todo el tiempo que duró la atención al público, y un poco más también, la única luz encendida en el juzgado federal de Ariel Lijo se veía a través de las cortinas cerradas de una de las oficinas que da contra el pasillo del tercer piso. "Es la opinión de la Corte", decían adentro y sin ocultar su resignación, quienes ayer recibieron junto al juez la mala nueva.Lijo masticó allí el rechazo de la Corte al pedido de licencia que tramitó para no dejar a la intemperie la titularidad que ostenta sobre el Juzgado Federal °4. Pero el viernes, como varios de sus colegas, Lijo no fue a los tribunales y trabajó desde su casa.No todos, pero buena parte de quienes se desempeñan en la Justicia federal de Comodoro Py comparten la resignación que había hoy en su juzgado. Apostaban a tener a uno de los suyos dentro del máximo tribunal, que suele nutrirse más con académicos que de profesionales con recorrido en la Justicia Federal, se quejaba alguien a quien le hubiera gustado ver a Lijo como cortesano."La licencia le correspondía. Se metió lo político", masculló un juez, 24 horas después, a pesar de ser consciente de todas las resistencias que levantaba su candidatura.Muchos de esos cuestionamientos responden a que Lijo mantiene "abiertas" o "dormidas", según a quien se le pregunte, muchas de las causas que tocan terminales sensibles del poder."Acá se firman centenares de causas por día", se defendió a quienes mantenían la luz prendida en el juzgado y la ilusión viva de que sea el Senado quien, eventualmente y de manera definitiva, complete el ascenso de Lijo. Es la alternativa que le queda, luego de que la Corte le negara la posibilidad de poner entre paréntesis la titularidad de su juzgado: cerca suyo repiten que no está dispuesto a renunciar. La decisión del máximo tribunal, que vino por capítulos, se siguió casi minuto a minuto en la Cámara Nacional de Apelaciones que, tal como adelantó LA NACION, le brindó su apoyo a Lijo arropando su pedido de licencia en su camino a la Corte.Como existían dudas dentro de la Cámara respecto a qué tribunal debía resolver el pedido, si el de alzada, es decir, ellos, o la Corte Suprema, que suele expedirse en las licencias que superan los 6 meses, los camaristas resolvieron elevar el pedido, pero solo luego de "hacer lugar" a la solicitud de Lijo.Por eso, en la Cámara hubo cierto alivio cuando comenzó a circular el primer borrador con solo tres de las cuatro firmas de los jueces: a pesar de que la resolución iba en sentido contrario al deseado, el texto no agitaba las aguas ni escondía ningún "palo" contra el tribunal.El documento terminaría oficializándose entrada la tarde del jueves y sin el aval de Ricardo Lorenzetti, promotor de la candidatura del juez Lijo."Fue desprolijo", se desquitó un juez de la Cámara, en referencia a la primera versión del texto que alguien echó a correr cerca del mediodía.Otras voces, sin embargo, avalaron la decisión de la Corte. "Está perfecto. Conforme a derecho", evaluó un fiscal que, no obstante, evitó definirse sobre la candidatura. "Lo que parece claro es que la Cámara actuó fuera de sus facultades", agregó un detractor del juez Lijo, en alusión a la decisión de la Corte de dejar sin efecto el aval de la Cámara."Descomprimió un tema. [La resolución] no le pegó ni al juez [Lijo] ni a la Cámara, y queda Lorenzetti como único perdedor", reflexionó en reserva alguien que, por costumbre, todavía frecuenta los tribunales los días viernes.

Lijo siguió la votación de la Corte desde su juzgado en Comodoro Py: no renunciará

"No va a renunciar, sigue trabajando en sus dos juzgados y esperará lo que tenga que decir el Senado". Así, con un escueto audio de WhatsApp que no llegaba a los 20 segundos, los más estrechos colaboradores del juez federal Ariel Lijo comunicaron a LA NACION su decisión tras la votación de la Corte Suprema de Justicia que le denegó su licencia como juez federal para asumir en el máximo tribunal.Tras la acordada de la Corte, el juez tenia dos caminos: renunciar a su cargo de juez federal y asumir en el máximo tribunal, en comisión, por un año, o quedarse a la espera de que el Senado avale su postulación y lo convierta en juez del máximo tribunal, con estabilidad, con los dos tercios de los votos.El Gobierno discute aprobar a través de un DNU el acuerdo con el FMIDe las dos opciones, Lijo optó por la segunda. Confía en el Senado. Cree que puede darse la paradoja de que los senadores pongan en tratamiento el pliego de Manuel García-Mansilla, que no tiene dictamen de comisión, y lo remuevan como juez, aún juramentado. Y que el pliego de Lijo, con dictamen de comisión con votos del kirchnerismo, sea aprobado.Lijo no confiaba en que la situación en la Corte se resolviera hoy a su favor. Ya tenía en mente la opción de esperar en el "banco de suplentes" a que los senadores trataran su pliego.Mientras, se concentró en las últimas dos semanas en su juzgado, el federal N°4 y en el que subroga, el federal N°12, cuyo titular era el juez Sergio Torres, actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.El pliego de Lijo iba a ser votado el viernes 21 de febrero, con la convicción del Gobierno y del propio candidato de que contaba con los votos como para ser ungido juez. Pero le estalló en la cara a Javier Milei el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y aún los aliados y peronistas que pensaban apoyar al juez entendieron que no era el momento de hacerle favores al Gobierno, que levantó al sesión.Ahora, Lijo espera a que se active nuevamente la ronda de charlas con gobernadores y senadores para recuperar los votos que tenía."Lijo tiene los votos pero no tiene la suerte", dijo a LA NACION un juez cercano al magistrado federal, que apostaba a que si la Corte demoraba la decisión sobre la licencia una semana más, o no se la concedía -lo que terminó sucediendo hoy-, a lo mejor termina haciéndole un favor a Lijo, que puede esperar el voto de los senadores.El Senado puede que entienda que, como Lijo no juró, está en capacidad de darle los votos que le faltan para ser juez de la Corte. Es clave acá el kirchnerismo. Cristina Kirchner no se pronunció ni a favor ni en contra del juez y estuvo en silencio cuando lo designaron por decreto.El Gobierno, dijeron fuentes oficiales a LA NACION, no va a retirar el pliego de Lijo del Senado, sino que lo dejarán con las nueve firmas que consiguió su dictamen en la Comisión de Acuerdos, lo que permite que su pliego pueda ser tratado en cualquier momento.La razón es que -dijeron las fuentes- se activó "una negociación secreta" para conseguir los votos que le faltan.En cuanto a García-Mansilla, también está cuestionada la constitucionalidad del decreto de su designación, ya que por más que la Corte le tomó juramento, eso no implica que convalidara su constitucionalidad.El presidente Javier Milei afirmó en una entrevista en LN+, el domingo pasado, que la evidencia de que el nombramiento de García-Mansilla por decreto es constitucional es que la Corte lo analizó y decidió tomarle juramento."¿Sabe cuál es la mejor muestra de que está dentro de las reglas, que dicho sea de paso, para los ignorantes, está dentro de lo que es el artículo 99 la Constitución? La propia Corte le tomó juramento a García-Mansilla, con lo cual claramente está dentro de las reglas. Ahora cuál es el problema: no les gusta que sea por decretoâ?¦ mire, [Mauricio] Macri cuando asumió a los tres días lo hizo por decreto", dijo Milei.Sin embargo los juristas y los propios antecedentes de la Corte dicen lo contrario.A su vez, Milei dijo que no había motivos para que la Corte no le apruebe la licencia al juez Lijo. "¿Por qué no lo van a hacer? Se lo acepta Casación [en rigor fue la Cámara Federal] , ¿por qué no se lo va a aceptar la Corte?", dijo el Presidente.La Corte decidió lo contrario: "Dejar sin efecto" la acordada de la Cámara Federal que le dio la licencia a Lijo, denegar el pedido de licencia extraordinaria como juez federal y no tomarle juramento como juez en comisión de la Corte, mientras continúe desempeñándose como juez titular con acuerdo del Senado.

Facundo Manes presenta en Comodoro Py una denuncia contra Santiago Caputo por "amenazas coactivas"

Luego del cruce que protagonizaron Santiago Caputo y Facundo Manes en el Congreso tras la apertura de sesiones ordinarias, el diputado nacional presentará esta mañana una denuncia penal en Comodoro Py, tal como había anticipado. LA NACION accedió al documento, en el cual se acusa al asesor presidencial de efectuar "amenazas coactivas"."Más allá de la repercusión periodística del asunto porque involucró a un diputado nacional en el marco del discurso presidencial de apertura de sesiones legislativas y la sorpresiva y violenta intervención del principal asesor del Presidente, el punto aquí es establecer la delictuosidad del comportamiento Santiago Caputo y del resto de personas que lo acompañaban. No tenemos dudas que se ha configurado el delito de amenazas agravadas", expresó Manes en la denuncia y señaló que el integrante del triángulo de hierro de Milei tiene "injerencia en cantidad de actividades y organismos del Estado".El momento de la pelea entre Caputo y ManesAdemás, justificó: "La inmunidad parlamentaria prohíbe que un diputado o senador sea molestado por sus dichos o votos y el Código Penal brinda una herramienta penal para sancionar a quien intente coaccionarlo mediante amenazas. De este modo, el ordenamiento asegura no solo que el legislador no pueda ser judicialmente responsabilizado por sus opiniones, sino también que terceros no puedan impunemente amedrentarlo para condicionar su conducta parlamentaria".Días atrás, Manes había explicado cómo ocurrió el episodio, aunque no detalló la situación, pero hizo hincapié en que Caputo lo amenazó: "Ya me vas a escuchar. Te voy a hacer mierda. Para hacer lo que hiciste tenés que estar limpio". Además, afirmó que en el cruce cara a cara recibió "dos golpes en la zona renal" que le propició un acompañante del asesor y que el sobrino del actual ministro de Economía le dio "dos fuertes palmadas con su mano derecha en el pecho".NO SOY EL PRIMERO AL QUE PATOTEAN. TAMPOCO SERÉ EL ÚLTIMO.Ayer en el Congreso no se "sacaron": esta es una metodología de gobierno hecha para amedrentar y lograr que nos borremos de nuestro deber institucional. Por eso había que ir ayer. Para poner el cuerpo y no dejar que seâ?¦— Facundo Manes (@ManesF) March 2, 2025En una entrevista en A24, Manes dijo que iba a realizar una denuncia y explicó que "si esto le pasa a un diputado en una Asamblea Legislativa, le puede pasar a un periodista honesto que investiga al poder o a un policía honesto que quiere desarmar a la policía corrupta". En este contexto, argumentó: "Este es un gobierno con sesgo autoritario. Ordenó la macro, bajó la inflación, manejó la pobreza de forma enfática, tiene muchos puntos que la sociedad valora y que hay que reconocerlos. Pero el Presidente empezó a hablar de la Justicia, yo pensé que iba a hacer leyes nuevas y no dijo nada de la cripto estafa, tampoco dijo nada de los jueces nombrados por decreto como en un país bananero y autoritario. Ahí es cuando me nombra a mí y yo siento que me gritan desde el palco".En la denuncia, el diputado solicitó que se le pida testimonio a dos periodistas que estuvieron en el momento del escándalo y sus compañeros de la Cámara baja: Pablo Juliano, Germán Martínez, Marcela Coli, Melina Giorgi y Danya Tavella.A su vez, Manes arremetió contra Milei por haber minimizado el episodio y tratarlo de mentiroso. "Al Presidente le dieron información falsa o está mintiendo. Yo no mentí, lo más grave fue la amenaza a un diputado, no los cortitos. ¿Por qué voy a mentir?", señaló en LN+.

Quién es Ariel Lijo: el hombre fuerte de Comodoro Py que enfrentó denuncias por su patrimonio y el manejo de causas sensibles

Ariel Lijo es un actor central de los tribunales de Comodoro Py, con mucha influencia en el fuero federal porteño y un historial de causas de alto voltaje político, desde el caso Ciccone, en el que envió a la cárcel a Amado Boudou; hasta las coimas de Siemens, el encubrimiento del atentado a la AMIA y la causa del Correo Argentino, donde se denunció como perjudicial un intento de acuerdo del Estado con la empresa de la familia de Mauricio Macri, expediente todavía abierto.Es el juez federal con más cintura política y más ascendencia sobre sus colegas de Comodoro Py 2002. Lijo es uno de los principales orientadores de los destinos de Ajufe, la asociación que nuclea a los jueces federales, y tiene muy buena relación con el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, que presidió durante una década el máximo tribunal, pero hoy se encuentra en minoría frente a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, a quienes no les cayó bien enterarse de que el Gobierno tenía tomada la decisión de que Lijo fuera uno de los dos candidatos promovidos por Javier Milei para desembarcar en la Corte Suprema de Justicia. Milei había dicho públicamente, al inicio de su gestión, que iba a consensuar los candidatos al máximo tribunal con los ministros actuales.El 20 de marzo de 2024, Milei lo propuso como juez de la Corte Suprema. Lorenzetti le había acercado el nombre, dando por hecho que Lijo tendría los votos en el Senado. El juez se dedicó desde entonces a recolectar, uno por uno, los apoyos de los senadores y gobernadores. Incluso se reunió y promocionó su candidatura ante senadores que ya habían explicitado su rechazo, criticándolo por la sombra de denuncias y sospechas que acumuló en las últimas dos décadas. Lorenzetti y otros actores judiciales se sumaron a la tarea de abogar por la conveniencia de contar con Lijo en el máximo tribunal. Pero pasó casi un año y el juez federal logró que nueve senadores firmaran su dictamen en la Comisión de Acuerdos, más no pudo garantizarse los votos de los dos tercios del Senado. Milei, finalmente, lo designó en la Corte por decreto.Milei respaldo a lijoLijo pasó el trámite de las audiencias públicas en el Senado, pese a que había sumado 33 impugnaciones, 14 adhesiones y una observación. En la primera instancia del proceso, ante el Ministerio de Justicia, el juez federal había recibido más de 350 cuestionamientos (un hecho sin precedentes), pero colectó un número mayor de apoyos. El gobierno de Milei desoyó cada una de las críticas al juez.La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que se opuso a su designación, investigó su paso por su juzgado federal y concluyó que está entre los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura, con un promedio de 1,6 denuncias disciplinarias por año desde que ejerce como juez (32 denuncias totales).También fue denunciado penalmente por asociación ilícita, lavado de activos y soborno. De las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo, 26 continúan en período de instrucción. A su vez, de esas 26, 13 están en este estado hace 10 años o más. Las que están hace más tiempo llevan 17, 18 y 26 años. De las 89 causas, elevó a juicio oral solo 14: es el el cuarto juez que menos casos elevó (15,7%).El hermano "operador"Como juez federal, Lijo acumuló denuncias y acusaciones en su contra, tanto por demoras en el manejo de las causas que tenían a exfuncionarios kirchneristas en el banquillo como por los movimientos de su hermano, Alfredo "Freddy" Lijo, un reconocido operador judicial. Elisa Carrió fue una de sus principales detractoras; tan crítica de Lijo como de Lorenzetti.Lijo es dos veces juez, de casos judiciales y de canaricultura. Junto con los caballos, los canarios son su debilidad. Lijo es, además, campeón: cuando aún estaban en buena sintonía, en pareja con su hermano Alfredo ganó la "Rody Cup", el premio máximo de un torneo de truco anual que se disputa entre jueces federales, camaristas y empresarios.Lo atestigua una gran copa que exhibe, orgulloso, en el alfeizar de la ventana de su despacho. El certamen debe su nombre al exjuez Rodolfo Canicoba Corral, ahora jubilado, un maestro en el arte de disimular. En esas partidas no faltaban personajes del mundo de la política y del conurbano. Una de las sedes de la Rody Cup era el campo de Guillermo Scarcella, empresario, exprofesor de tenis y operador judicial del entorno de Milei. Hasta Daniel Scioli frecuentó esas tenidas de baraja. Scioli nombró a Scarcella funcionario y fue su despegue para hacerse millonario.Nacido en 1968 en Villa Domínico, hijo de dos maestros, Lijo comenzó la carrera judicial, como meritorio, antes de recibirse de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Ingresó en la defensoría oficial en 1990 y a los dos años ya trabajaba en la fiscalía de Cámara con Luisa Riva Aramayo, la mujer más fuerte del menemismo en la Justicia, artífice de maniobras que garantizaron impunidad de funcionarios durante todo el gobierno de Menem. Ella lo incorporó a su círculo. Primero en la fiscalía de la Cámara del Crimen y después, en 1993, en la codiciada Cámara Federal Porteña, donde Lijo fue nombrado prosecretario.En la Cámara Federal Lijo conoció a Gabriel Cavallo, de quien se hizo muy amigo, y tiempo después se casó con su hermana, Silvia Cavallo, hoy fiscal federal de Quilmes. Hoy está en pareja con Genoveva Ferrero, que trabaja en la Secretaría General de Administración y Presupuesto del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires. A fines del 2023, tras al derrota de Horacio Rodríguez Larreta en las PASO, tuvo un breve paso por la Secretaría de Seguridad. La joven abogada tiene línea directa con Daniel "El Tano" Angelici, el radical que mueve los hilos de la Justicia porteña, y el peronista Juan Manuel Olmos, otro de los grandes titiriteros de la estructura judicial local.El departamento de Genoveva Ferrero fue el escenario de algunos discretos encuentros políticos con senadores y gobernadores para buscar los votos que necesita para que -sin decreto- el Senado lo convirtiera en juez de la Corte.Lijo lleva 20 años al frente del Juzgado Federal N°4 en lo Criminal y Correccional, cargo al que accedió por concurso. Había quedado quinto en la lista de candidatos del Consejo de la Magistratura, pero se vio favorecido porque dejaron el concurso Eduardo Freiler y Luis Salas. Lijo heredó el juzgado de su amigo Cavallo, que había sido ascendido a camarista.Causa AMIAEn la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, envió a juicio oral a Carlos Menem, al exjefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, al exjuez Juan José Galeano, entre otros. En el caso Ciccone fue quien procesó a Boudou, en 2014, cuando era vicepresidente. Es el principal argumento que repite el presidente Milei cuando cuestionan el rol de Lijo ante los casos de corrupción o le achacan una negociación con el kirchnerismo, a cambio de impunidad para Cristina Kirchner. Lo que no menciona el Presidente y sus ministros es que Lijo recién ordenó la detención de Boudou tres años después de hacerse cargo de la causa, ya en tiempos del gobierno macrista y cuando el exministro de Economía llevaba años fuera del núcleo kirchnerista. Fue, además, luego de recibir un llamado de atención de la Cámara Federal, que instó a Lijo a definir la situación de Boudou.El juez fue muy cuestionado porque se hizo pública la foto del momento del arresto de Boudou, en pijama en su casa, una filtración por la que también se apuntó a las fuerzas de seguridad, que en ese momento comandaba Patricia Bullrich.Lijo elevó a juicio el caso Ciccone donde fue finalmente fue condenado Buodou, pero esquivó una causa conexa donde terminó salvándole la vida al eterno gobernador de Formosa Gildo Insfrán. El testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele, como titular de la consultora The Old Fund, cobró 7,6 millones de pesos de 2010 para asesorar a Formosa en la renegociación de su deuda con la Nación. O sea, en la negociación con Boudou. Lijo concluyó que esa tarea era simulada y que la plata se la repartieron un funcionario formoseño y Vandenbroele. Insfrán fue indagado en esa causa, pero Lijo se declaró incompetente y la mandó a Formosa. Fin del caso.Su cintura política quedó en evidencia una vez más en la causa donde se investigaron los sobornos que admitió Siemens, que pagó para asegurarse los contratos para realizar los DNI en el menemismo y en el gobierno de la Alianza. Lijo indagó a los empresarios, nunca resolvió su situación procesal y no avanzó sobre los funcionarios de Menem y Fernando de la Rúa.Hábil para las relaciones sociales, Lijo es un activo socio de Boca, club donde se entrecruzan la Justicia y la política.Las denunciasLa principal denuncia que enfrentó Lijo en el Consejo de la Magistratura tuvo su origen en los movimientos financieros y patrimoniales de su hermano Freddy. Fue por la compra de los terrenos del haras La Generación, situado en el kilómetro 212 de la ruta 2. Esa operación puso bajo la lupa de un sector de la política la situación patrimonial de los Lijo. El inmueble estuvo siempre a nombre de Freddy y, pese a las medidas de prueba que llevó adelante en ese entonces el Consejo de la Magistratura, en ninguna de las escrituras apareció el juez.María Carla Lago, exesposa de Freddy Lijo, vinculó al juez con ese haras. Al declarar en el Consejo de la Magistratura durante el proceso de remoción del camarista Eduardo Freiler, Lago dijo que el magistrado estaba vinculado a una sociedad que administraba "La Generación". Esa supuesta participación no figuraba en ninguna de las declaraciones juradas que había presentado el juez."No sé si está a nombre de mi exmarido. Pero [el juez Eduardo] Freiler y mi exmarido también tenían un balneario en Necochea", afirmó en octubre de 2017 Lago, la excuñada de Lijo. Lago dijo además que no sabía por qué aparecía como socia en una financiera. Que ella firmaba lo que le decía Alfredo Lijo. Cuando se tramitaba esa investigación, el dueño de la financiera que figuraba prestándole dinero a Freiler y haciéndose cargo de su hipoteca, Inversora Callao, dijo a LA NACION que "tanto Freiler como Ariel Lijo y su hermano Alfredo" eran "clientes" suyos.Lijo explicó que su único contacto fue con una escribanía que funciona en el mismo lugar que Inversora Callao. Fue la escribanía que hizo los trámites para constituir, a propuesta de Lijo, Ajufe, la asociación que nuclea a los jueces federales. El juez explicó que solo le había hecho a su exmujer un permiso para sacar a sus hijos del país.En 2017, Lijo fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, la agrupación Será Justicia y la organización Usina de Justicia. Lo acusaron de "demoras excesivas en la tramitación de causas" que tienen a funcionarios públicos como imputados en casos de corrupción. Lijo negó las acusaciones y respondió con un escrito sobre las 23 causas por las que fue cuestionado y su estado procesal. El Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia en 2018.Después del cierre de la causa en el Consejo de la Magistratura, Lijo fue denunciado penalmente por Carrió. La causa apuntaba contra el juez, su hermano y Julio De Vido. Carrió siempre vinculó a los hermanos Lijo con el otrora todopoderoso ministro de Néstor y Cristina Kirchner, y acusó al juez de haberle armado una causa por enriquecimiento ilícito. A él y a Lorenzetti. El abogado de Lijo en ese expediente fue Mariano Cúneo Libarona, antes de ser ministro de Justicia. Lo sobreseyó de manera exprés el juez federal Julián Ercolini, con el aval del fiscal Franco Picardi.Expedientes paralizadosEl juez Lijo actualmente enfrenta otras dos acusaciones en su contra en el Consejo de la Magistratura. El expediente 107/2023 fue iniciado por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López el 3 de agosto de 2023. Por otro lado, contra Lijo también se inició el expediente 35/2024, por impulso de Pedro Eduardo Amarillo. Están paralizados.La denuncia que impulsa el diputado López apunta a la intervención de Lijo en las causas que se tramitan por presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial (Ospjn). A lo largo de los últimos años, Lijo recibió fuertes cuestionamientos desde la política y los tribunales por mantener "viva" una causa que, de manera indirecta, apuntaba al ahora exjuez de la Corte Maqueda por su eventual responsabilidad en presuntos desmanejos de la obra social.Lijo también es severamente cuestionado por la Coalición Cívica, que lo acusa de haber "cajoneado" durante años la causa YPF, y en particular el modo en que el grupo Eskenazi se hizo con acciones de la petrolera durante el kirchnerismo. Elisa Carrió le exigió al Gobierno y al Lijo que envíen su denuncia a la jueza Loreta Preska de Nueva York, que falló en contra de la Argentina, condenándola a pagar 16.000 millones de dólares a un fondo ligado a los Eskenazi.

De 1980 causas por corrupción radicadas en Comodoro Py, hay 284 aún en etapa de instrucción

Es un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, sobre casos de los últimos veinte años.Los más investigados: Julio De Vido, Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

El escándalo de las criptomonedas: ratifican y amplían las denuncias judiciales contra contra Javier Milei en Comodoro Py

La primera denuncia contra Javier Milei tras el escándalo por su promoción de la moneda virtual $LIBRA fue ratificada esta mañana en lo tribunales de Comodoro Py por uno de sus impulsores, el dirigente político y extitular del Banco Nación, Claudio Lozano, quien se presentó en el Juzgado Federal número 1, a cargo de la jueza María Servini, donde tramitan esta y otras denuncias contra el Presidente."Vengo a ratificar la denuncia", anunció Lozano, pasadas las 11, en la mesa de entradas de la secretaría número 1, donde, tras el sorteo de la Cámara Federal porteña, tramitan por lo menos otras 7 denuncias, según confiaron fuentes judiciales.En la denuncia que hoy ratificó, el titular del partido Unidad Popular, en conjunto con otros dirigentes, acusó a Milei de haber integrado una "asociación ilícita" que cometió una "megaestafa" al afectar en simultáneo "a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4000 millones de dólares".En esta causa interviene la fiscalía de Eduardo Taiano, que se encuentra de licencia. Lo reemplaza su colega Gerardo Pollicita, que a pedido de Taiano lo esperará hasta el jueves para que el fiscal titular decida si corresponde instar la acción penal o archivar las denuncias.Los denunciantes dijeron a LA NACION que realizarán una ampliación de la demanda en las próximas horas, de manera digital.Entre otras cuestiones, pedirán que se incorporen nuevos elementos de pruebas: el crudo de la entrevista que el Presidente le brindó al periodista Jonathan Viale -interrumpida por Santiago Caputo tras unos dichos que interpretó como inconvenientes-; así como también las declaraciones que dio Hayden Mark Davis, uno de los impulsores de la moneda del escándalo, por las que sostuvo que era asesor del Presidente. Solicitarán, además, que se cite a Viale a prestar declaración."Vamos a realizar una ampliación de la denuncia con todos los hechos nuevos que han aparecido en las últimas horas, especialmente la nota que dio el presidente a Jonathan Viale", compartió Marco Zelaya, uno de los abogados que impulsa la denuncia.Creen que parte de las pruebas pueden verse comprometidas si el juzgado espera a que todos los denunciantes ratifiquen sus presentaciones para tomar ordenar alguna medida.En el escrito, los denunciantes afirman que el Presidente participó de "la megaestafa más grande de la historia en este rubro", que se llevó a cabo "a través de una operación conocida como Rugpull, que ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero".Otras presentacionesLa segunda de las denuncias contra Milei fue ratificada pasado el mediodía por Fernando Miguez, quien también promovió una ampliación que alcanzó a Haydem Mark Davies, Manuel Terrones Godo -junto a Mauricio Noveli, la "pata local" del lanzamiento de $LIBRA- y el asesor Caputo."Estos nuevos participantes estarían vinculados a los hechos ya denunciados en el cuerpo principal de la denuncia, en el marco de una grave situación de corrupción estructural y estafa, cuya magnitud actual se estima entre 100 y 110 millones de 'dólares estadounidense", dice el escrito, al que tuvo acceso LA NACION.En su denuncia, Miguez se hizo eco de los viejos rumores acerca de presuntos pedidos de dinero para entrar en contacto con el asesor Caputo y Karina Milei, el primer anillo que rodea al presidente."Según lo denunciado públicamente, el empresario Charles Hoskinson (fundador de Carano) solicitó una audiencia privada con el cadidato presidencial. Javier MIlei, con el objetivo de discutir la creación de una moneda virtual en Argentina. Durante dicha audiencia, se le habría pedido un pago de 5 millones de dólares a cambio de la intervención de Karina Milei y Santiago Caputo", dice la denuncia.Según pudo averiguar este medio, otra de las denuncias que tramita en el juzgado de Servini es impulsada por Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner. Dalbón también está citado a ratificar la demanda contra el Presidente.

En medio de la discusión por la Corte el juez Ariel Lijo tomó licencia y se agrava la crisis de las vacancias en Comodoro Py

El candidato oficialista para ingresar a Ia Corte pidió una semana fuera de la oficina, justo cuando podría ocurrir el tratamiento de su pliego en el Senado.Si esa postulación se aprobara, cinco de los doce juzgados federales porteños quedaría vacante.

Por el escándalo cripto, Comodoro Py recibió las primeras denuncias penales contra Javier Milei y este lunes se sortea qué juez las investigará

Este lunes, a las 9:30, la Cámara Federal va a sortear, en el segundo piso de los tribunales de Comodoro Py, quién será el juez que investigue al presidente Javier Milei por el caso de la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA. Tan delicado es el asunto que van a desempolvar el bolillero manual, adelantó una fuente del tribunal. En la Cámara quieren evitar cualquier suspicacia y creen que el bolillero tradicional se presta menos a sospechas maliciosas que el método de sorteo electrónico que la Cámara usa desde hace años.Según informaron fuentes judiciales, los jueces cuyos números estarán en el bolillero son Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi, Julián Ercolini, María Servini, María Eugenia Capuchetti y Ariel Lijo.La orden de que se use este método la dio el presidente del tribunal, Mariano Llorens. La denuncia que tienen para sortear la presentaron el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular, y otros dirigentes que acusaron a Milei de haber integrado una "asociación ilícita" que cometió una "megaestafa" al afectar en simultáneo "a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares".Fue la primera denuncia que llegó, según informaron en la Cámara. Todo indica que mañana, cuando abran los tribunales, habrá más similares a esta. Por lo pronto, el fin de semana entró a través de una comisaría la denuncia de un hombre llamado Miguel Ángel Heredia por los mismos hechos. La Policía la giró al juzgado que está de turno, a cargo del juez Sebastián Casanello (y con intervención del fiscal Guillermo Marijuan). Pero ellos no se quedarán con la causa. Para evitar el forum shopping (una trampa para elegir al juez), cuando un juzgado recibe una denuncia por estar de turno, la envía a sorteo. Por eso, mañana la Cámara Federal también recibirá este expediente."Se sortea la primera denuncia que entró y las demás se acumulan", explicó una fuente de la Cámara a LA NACION.La denuncia de Lozano lleva también las firmas de Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad; Marcos Zelaya -otro letrado especialista en nuevas tecnologías-, y María Eva Koutsovitis, una ingeniera que fundó El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Sostuvieron que el Presidente participó de "la megaestafa más grande de la historia en este rubro", que se llevó a cabo "a través de una operación conocida como Rugpull, que ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero"."Cuando los estafadores vacían los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal", dijeron los cuatro denunciantes al describir la operatoria, que se produjo luego de la promoción que le hizo Milei a $LIBRA en sus redes sociales.En el escrito, los denunciantes solicitaron a las autoridades judiciales que adopten "medidas cautelares de protección de prueba", entre las que enumeraron un "allanamiento de la quinta de Olivos y de la Presidencia de la Nación a fin de secuestrar todo equipo electrónico (computadora, teléfonos, tablets, laptops)"; y que se "identifique y allane el domicilio de los denunciados y de las empresas implicadas".También pidieron que se disponga una "intervención y pericia a la plataforma X a fin de custodiar el contenido de la cuenta del presidente Javier Milei @JMilei y de las otras personas denunciadas, incluyendo los registros de los tuits borrados"; un "bloqueo a las billeteras virtuales y cuentas bancarias de los denunciados"; y medidas de "trazabilidad de las transacciones del token $LIBRA a fin de identificar a los beneficiarios de la estafa".El expediente de la OAEn paralelo, la Oficina Anticorrupción (OA) organismo que depende del Poder Ejecutivo, llevará adelante su propia investigación del tema, según informó oficialmente el Gobierno."El Presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente", informó la Oficina del Presidente.Anunció además la creación de una "Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación, compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación".El Gobierno dijo que "toda la información recabada en la investigación será entregada a la Justicia para que determine si alguna de las empresas o personas vinculadas con el proyecto de KIP Protocol cometieron un delito".

Alberto Fernández declara en Comodoro Py en la causa por violencia de género

El juez federal Julián Ercolini indagará hoy al expresidente Alberto Fernández, acusado de pegarle a su exmujer Fabiola Yañez cuando convivían en la quinta de Olivos y de amenazarla para que no lo denunciara. El expresidente ya está en los tribunales de Comodoro Py.Asimismo, el expresidente se presentó ayer en una audiencia en la Cámara Federal para insistir en apartar al juez Ercolini en una causa que corre paralela a la de violencia de género.Se trata de un caso de supuesto fraude donde Fernández está acusado de beneficiar a amigos con las contrataciones de seguros con el Estado. En esa causa, el expresidente ya fue indagado y el juez Ercolini debe resolver si lo procesa o no cuando termine de indagar al resto de los acusados, que son más de 30.En el caso contra Fabiola Yañez la investigación que realizó el fiscal Ramiro González está prácticamente agotada. La causa la lleva el mismo juez Ercolini.En ese expediente, el expresidente reclamó que le devuelvan el teléfono celular que le secuestraron al inicio de la causa para poder así garantizar su derecho de defensa.La presentación fue hecha por su abogada Silvina Carreira que insistió en suspender al indagatoria de este martes. El juez lo rechazó y la defensa puede recurrir a a la Cámara Federal, como yo lo hizo en otras dos ocasiones anteriores para suspender la indagatoria.Fernández haboa sido citado para el 11 de diciembre y el 19 de diciembre pero consiguió aplazar el trámite y ahora trata de hacer lo mismo. Ahora argumentó que necesitaba si teléfono para defenderse. El teléfono, nunca fue peritado."Que la necesidad de contar con los dispositivos electrónicos aquí secuestrados para poder elaborar su defensa la introdujo recién el pasado 24 de enero, por lo que no se evidencia que de celebrarse la audiencia en la fecha fijada desde el 27 de diciembre del 2024, se vulneren las garantías constitucionales que refiere, máxime teniendo en consideración el tiempo que ha transcurrido desde el primer llamado de indagatoria al día en que se ha fijado su materialización", dijo Ercolini.18 añosFernández está acusado de delitos tan graves que lo exponen a ser condenado a una pena máxima de 18 años de prisión. Los episodios de violencia, según la acusación, se dieron de modo continuo, habitual, y que la modalidad usual eran golpes con la mano abierta."En un contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yañez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024 (fecha en la cual la víctima instó la acción penal en el presente expediente y se impuso la consecuente prohibición de contacto al nombrado), el imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada, y [habría] ejercido con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad", escribió Ercolini al citar al expresidente a declarar.Ercolini agregó: "El vínculo también habría estado marcado por episodios de violencia en el cuerpo de la víctima, en las oportunidades en que aquella pretendía abandonar la convivencia del departamento que compartían sito en la calle Juana Manso nro. 740 de esta ciudad".Cuando pidió la indagatoria, el fiscal González le imputó a Alberto Fernández dos lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y coacciones para que Yañez no denunciara los hechos de violencia ante Ercolini.

Alberto Fernández llegó a Comodoro Py para ser indagado en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez

El ex presidente se presentó a las 10. Ayer rechazaron un pedido para suspender la audiencia. Está acusado de los delitos de lesiones leves agravadas, lesión grave y coacciones

En Comodoro Py | Indagan mañana a Alberto Fernández acusado de golpear a su exmujer Fabiola Yañez

El juez federal Julián Ercolini indagará mañana a las 11 al expresidente Alberto Fernández acusado de pegarle a su exmujer Fabiola Yañez cuando convivían en la quinta de Olivos y de amenazarla para que no lo denunciara.Fernández se presentó hoy en los tribunales de Comodoro Py y pidió suspender el trámite previsto para mañana, pero el juez Ercolini rechazó su solicitud.Asimismo, el expresidente se presentó en una audiencia en la Cámara Federal para insistir en apartar al juez Ercolini en una causa que corre paralela a la de violencia de género.Se trata de un caso de supuesto fraude donde Fernández está acusado de beneficiar a amigos con las contrataciones de seguros con el Estado. En esa causa, el expresidente ya fue indagado y el juez Ercolini debe resolver si lo procesa o no cuando termine de indagar al resto de los acusados, que son más de 30.En el caso contra Fabiola Yañez la investigación que realizó el fiscal Ramiro González está prácticamente agotada. La causa la lleva el mismo juez Ercolini.En ese expediente, el expresidente reclamó que le devuelvan el teléfono celular que le secuestraron al inicio de la causa para poder así garantizar su derecho de defensa.La presentación fue hecha por su abogada Silvina Carreira que insistió en suspender al indagatoria de mañana. El juez lo rechazó y la defensa puede recurrir a a la Cámara Federal, como yo lo hizo en otras dos ocasiones anteriores para suspender la indagatoria.Fernández haboa sido citado para el 11 de diciembre y el 19 de diciembre pero consiguió aplazar el trámite y ahora trata de hacer lo mismo. Ahora argumentó que necesitaba si teléfono para defenderse. El teléfono, nunca fue peritado."Que la necesidad de contar con los dispositivos electrónicos aquí secuestrados para poder elaborar su defensa la introdujo recién el pasado 24 de enero, por lo que no se evidencia que de celebrarse la audiencia en la fecha fijada desde el 27 de diciembre del 2024, se vulneren las garantías constitucionales que refiere, máxime teniendo en consideración el tiempo que ha transcurrido desde el primer llamado de indagatoria al día en que se ha fijado su materialización", dijo Ercolini.18 añosFernández está acusado de delitos tan graves que lo exponen a ser condenado a una pena máxima de 18 años de prisión. Los episodios de violencia, según la acusación, se dieron de modo continuo, habitual, y que la modalidad usual eran golpes con la mano abierta."En un contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yañez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024 (fecha en la cual la víctima instó la acción penal en el presente expediente y se impuso la consecuente prohibición de contacto al nombrado), el imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada, y [habría] ejercido con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad", escribió Ercolini al citar al expresidente a declarar.Ercolini agregó: "El vínculo también habría estado marcado por episodios de violencia en el cuerpo de la víctima, en las oportunidades en que aquella pretendía abandonar la convivencia del departamento que compartían sito en la calle Juana Manso nro. 740 de esta ciudad".Cuando pidió la indagatoria, el fiscal González le imputó a Alberto Fernández dos lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y coacciones para que Yañez no denunciara los hechos de violencia ante Ercolini.

Causa seguros: Alberto Fernández se presentó en Comodoro Py para insistir en la recusación de Julián Ercolini

El expresidente se presentará ante el camarista Roberto Boico y expondrá los motivos por los cuales considera que el magistrado tiene una "enemistad manifiesta" hacia su persona. Leer más

Alberto Fernández llegó a Comodoro Py para participar de una audiencia que podría definir su futuro en la causa Seguros

El expresidente insiste con apartar al juez Julián Ercolini de la investigación. El magistrado ya tomó casi 40 indagatorias y está a un paso de definir si procesa a los imputados

Alberto Fernández vuelve a Comodoro Py: la Justicia lo indaga por violencia de género contra su ex pareja

Deberá declarar este martes, tras la finalización de la feria judicial.Cómo sigue la causa en su contra por el escándalo con los seguros.

Final de Feria: siete causas calientes que se reactivarán en Comodoro Py

Los Tribunales reanudan su actividad con un menú de expedientes en todos los fueros. Desde las denuncias contra el Presidente por sus declaraciones en Davos, hasta las controversias por las Sociedades Anónimas Deportivas. El Gobierno designó a Santiago Castro Videla como Procurador del Tesoro y espera que el Senado active las vacantes de la Corte. El derrotero que le espera al funcionario macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y el nuevo round que enfrentará CFK. Leer más

Uno de los abogados de Cristina Kirchner denunció a Javier Milei en los tribunales de Comodoro Py

El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por haber amenazado con perseguir "hasta el último rincón del planeta a todos los zurdos hijos de puta" mediante una publicación en la red social X.El Presidente escribió: "No solo no les tenemos miedo, sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad" y agregó: "Zurdos hijos de putas, tiemblen".Dalbón, abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner en algunas de las causas que enfrenta, denunció al Presidente por los delitos de amenazas, intimidación pública, apología del delito e infracción a la Ley Contra la Discriminación. Y dijo que no se trata de un "comentario aislado, sino que se trata de un mensaje directo que busca generar miedo y estigmatizar a un sector con una ideología política distinta a la del Presidente". Según Dalbón, este tipo de amenazas "evocan a las prácticas autoritarias de persecución".En su denuncia, el abogado pidió que se habilite la feria judicial y que se cite a Milei a declaración indagatoria. Además, solicitó que se remita la denuncia a la Cámara de Diputados para dar comienzo al procedimiento de juicio político."Resulta evidente que cuando la máxima autoridad del país emite un comunicado que incita a la violencia y la persecución, no se trata de una opinión personal, sino que tiene implicancias institucionales y configura una amenaza al orden democrático, socavando la confianza en las instituciones", dice el cuerpo del texto de la denuncia, y agrega: "Es imperativo que la Justicia actúe de manera que garantice el respecto al marco legal, asegurando que quienes inciten al odio y a la persecución enfrenten las consecuencias legales de sus actos".Por sorteo, la denuncia cayó en el juzgado número 6 de Comodoro Py, subrogado por Daniel Rafecas. Actualmente, el juez Sebastián Ramos está a cargo por la feria judicial.Por su parte, Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, también denunció penalmente al Presidente, a quién acusó de "instigación a cometer delitos". Este expediente cayó por sorteo en el juzgado número 11, de Julián Ercolini.En las últimas horas del día de ayer, la exdiputada Myriam Bregman anunció vía X que también hará una denuncia penal contra Milei: "Con mis compañeros del PTS/Frente de Izquierda vamos a denunciar a Milei por sus graves expresiones, que tienen antecedentes nefastos en la historia de nuestro país y han sido usadas por bandas de derecha como la Triple A, por represores de la dictadura y otros. También, porque estos ataques verbales habilitan ataques físicos, como ya ha ocurrido".