causa

Esmeralda Camacho respalda causa de Ángela Aguilar en medio de rumores de tensiones con Nodal

Una serie de interacciones en el escenario entre el cantautor y la violinista generaron versiones de un supuesto romance que no ha sido negado hasta el momento

Corrupción en la AFA: quién es el juez que busca quedarse con la causa por la quinta de Pilar

Cuando todo parecía indicar que los presuntos testaferros de la fastuosa quinta en Pilar -el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte- ofrecerían su versión de los hechos ante el segundo juez que los investigó, un tercer magistrado entró en escena reclamando el caso para su juzgado y sentando un nuevo conflicto de competencia en el universo de casos que investigan a la AFA y a sus autoridades. Se trata de Adrián González Charvay, juez federal de Zárate-Campana. Tras una presentación de último momento de Pantano y Conte en su juzgado, el juez sostuvo, a contramano de lo que opinarían luego dos fiscales y un juez, que, en razón del territorio, ese expediente le correspondía. El recorrido de González Charvay en la Justicia se inició hace más de 30 años, aunque ejerce como magistrado desde 2009 primero como subrogante y desde 2015 como titular. Cimentó su fama de "investigador" y de juez arrojado alrededor de exitosos operativos antinarco y avanzando en causas que impactaron en distintas zonas del arco político. Sin embargo esa imagen pronto se mezcló con sus lazos y contactos políticos con toda la zona norte del conurbano, en especial, con los municipios de Escobar, Campana y Pilar, donde está ubicada la quinta investigada. Estos nexos, especialmente con el peronismo, cobraron nueva dimensión a la luz de su pedido para que tramite en su juzgado la causa de la propiedad sospechada de pertenecer al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Son conocidos los vínculos del intendente de Pilar, Federico Achaval, con la asociación de futbol. Pilar se convirtió, por caso, en el primer lugar a donde se dirigió la copa del mundo que conquistó la selección liderada por Lionel Scaloni antes de descansar en las vitrinas de la AFA, tal como cuentan con orgullo medios locales, que consignan el logro a las gestiones de Achaval con Claudio "chiqui" Tapia. Achaval aparece como uno de los nexos más cercanos de González Charvay.Más recientemente, el director de la Inspección General de Justicia, Daniel Vitolo, dio a conocer en diálogo con el medio El Auditor que, como consecuencia de las intimaciones por los presuntos descalabros en sus cuentas, la AFA había intentado relocalizarse en el Municipio de Pilar, pero que la modificación era inválida por no haber sido aprobada previamente por el organismo que preside. Los allegados a González Charvay, sin embargo, tratan de relativizar y explican que el vínculo del juez con Achaval es el mismo que mantiene con el resto de los intendentes de la zona. Son relaciones "funcionales e institucionales", a menudo dadas por su expertise, el narcotráfico, dicen quienes lo valoran. El juez quedó en soledad al reclamar el caso: el fiscal Sebastián Bringas, de Campana, y el fiscal Claudio Navas Rial y el juez Marcelo Aguinsky, ambos del fuero penal económico, sostuvieron que no le correspondía. Algunos creyeron ver en esa obstinación un intento forzado por quedarse con el caso y sembraron suspicacias. Frente al argumento territorial, su colega Aguinsky contrapuso que, dada las características de la causa, la ubicación de la quinta era irrelevante y que lo importante era avanzar en la investigación de la AFA.Quienes respaldan la decisión de González Charvay, en tanto, apuntan que, por ahora, sobre el caso debe primar el criterio territorial. El origen, sostienen, debió ser allí, en Campana, y no en Comodoro Py. "Nadie construye una casa poniendo primero el techo", grafican. La misma fuente pone en valor lo que dijo a su tiempo el camarista Leopoldo Bruglia cuando llevó el caso de los tribunales de Retiro al fuero económico y advirtió sobre un potencial conflicto por el territorio. La políticaDesde el comienzo de sus actuaciones como juez federal Charvay acumuló fallos con fuertes resonancias políticas. En noviembre del año pasado, el juez procesó al exministro bonaerense de Transporte, Jorge D'Onofrio, muy próximo al jefe del Frente Renovador y excandidato a presidente del peronismo, Sergio Massa. Fue por presunto lavado de activos y dictó un embargo de $350 millones. Hasta ese momento, había versiones que lo vinculaban con el área de influencia judicial del massismo.En mayo de 2022, elevó a juicio oral al exintendente de Pilar de Pro Nicolás Ducoté, acusado de irregularidades en la firma de tres convenios para obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y de un plan de microcréditos para refacción de viviendas. La carrera política de Ducoté quedó en pausa desde entonces; fue Achával quien lo sucedió en la intendencia de Pilar. Ahí se habría cimentado ese vínculo.Achaval, ligado al juego a través de su padre, Federico Achaval, registra varios "triunfos" en la sede judicial de González Charvay. Uno de los últimos fue el aval del juez a la municipalidad para cobrar sus tasas en la misma boleta que la luz o el gas, en contra de lo que había decidido el Gobierno de Javier Milei. "Le pega a todo el arco de la política y avanza en causas fuertes", refiere alguien que no le tiene especial estima y que busca atenuar los señalamientos de preferencias políticas.Por sus conexiones fluviales, la porción geográfica en la que cumple funciones González Charvay está sindicada como un punto sensible para el narcotráfico. El juez acostumbra a liderar las investigaciones en su juzgado y solo ocasionalmente delega los casos a la fiscalía. En materia de narcotráfico, nunca.En su haber registra varios operativos resonantes. Uno de los casos salientes fue el de "Bobinas Blancas", en julio de 2017. Más recientemente, en julio de este año, ordenó allanamientos en la terminal portuaria de Zárate y en firmas vinculadas a la operatoria de un buque que salió del puerto argentino y al llegar a Bélgica se le encontraron 222 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de arroz. En mayo, en otro procedimiento ordenado por el juez se incautaron más de 1000 kilos de marihuana en allanamientos realizados en Garín, Marcos Paz y Guernica. Su formación se edificó por entero en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se recibió, cursó estudios de posgrado y obtuvo el título de doctor en derecho constitucional. En su biografía profesional, no pocos señalan como punto flaco que antes de convertirse en magistrado fue secretario del polémico exjuez Federico Faggionatto Márquez, destituido luego de realizar operaciones de inteligencia contra Francisco de Narváez. "No habla bien de él", sopesa otra de las fuentes consultadas.Antes de trabajar en la Defensoría General de la Nación y antes de recalar en Campana, se desempeñó durante casi tres años, entre 2006 y 2009, como secretario letrado en Unidad Fiscal de Investigación para la causa AMIA, bajo las órdenes del fiscal Alberto Nisman.

Corrupción en la AFA: quién es el juez que decide dónde tramitará la causa por la quinta de Pilar

El futuro procesal de una de las principales causas que investigan a la AFA y a sus autoridades recayó en las manos del camarista Juan Pablo Salas, presidente de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Martín, que estará de turno hasta el 15 de enero, durante la primera mitad de la feria judicial. Salas deberá decidir, de manera unipersonal, si la causa que busca dilucidar quiénes son los verdaderos dueños de la millonaria e impactante quinta en Villa Rosa, Pilar, queda radicada en el juzgado de Marcelo Aguinsky, en el fuero Penal Económico, adonde llegó desde Comodoro Py, o si pasa a manos del juez federal Adrián González Charvay, en Campana, quien la reclama por una cuestión territorial. El juez es respetado por quienes conocen en profundidad el paño judicial de la jurisdicción. Es un "nacido y criado" en los tribunales de Morón, señala un letrado que lo conoce, y referente de la lista Celeste, ligada al peronismo. Hizo su recorrido como secretario del juez Jorge Rodríguez, una figura a la que se le atribuye una extendida influencia en el territorio. Pero arrastra una mancha que muchos no le perdonan: revocó el procesamiento por asociación ilícita contra el polémico fiscal Claudio Scapolan, que estaba acusado de haber actuado en complicidad con policías que se dedican a extorsionar a narcotraficantes fraguando causas.Hoy, como camarista, Salas revisa los fallos de su exjefe y los de otros magistrados con presencia, como la jueza Sandra Arroyo Salgado. "Intachable", lo describe una fuente que lo valora. "Un juez clásico del conurbano", lo define otra, que destaca sus "buenos vínculos" con las fuerzas policiales, el Estado y la política en general, sobre todo con el peronismo.El caso sobre el que debe decidir avanzó a gran velocidad desde sus primeros días, cuando quien tenía las riendas del expediente era el juez Daniel Rafecas. Al tiempo que declaraba su incompetencia, Rafecas ordenó una primera ráfaga de medidas, entre ellas, el allanamiento que expuso la millonaria colección de autos en la quinta. Están a nombre de los presuntos testaferros, Luciano Pantano y Ana Conte, el monotributista y la jubilada que, en los papeles, son también los dueños formales del predio. Cuando, por decisión de la Cámara Federal, el caso se trasladó al fuero penal, tanto Pantano como Conte fueron "invitados" a hacer un descargo por el juez Marcelo Aguinsky, quien, como parte de sus primeras medidas, levantó la feria judicial para que la causa no perdiera ritmo. Pantano y Conte presentaron finalmente un pedido de inhibitoria ante el juez González Charvay y la reunión con Aguinsky se suspendió. Ahora será Salas quien decida cuáles serán las costas en las que recalará ese expediente, en donde se acumulan cada vez más indicios que vinculan la quinta con la AFA. Por la feria, Salas estará al frente de la Sala I de la Cámara hasta el 24 de enero. Luego, a su vuelta, la continuará presidiendo el resto del año. Su tribunal interviene en el caso por tratarse de un conflicto de competencia que se origina con un pedido de inhibitoria, explicaron fuentes del caso. Fueron Pantano y Conte, cuya representación legal está en manos de Mariano Morán, quienes hicieron el planteo ante el juez González Charvay, que hizo propio ese reclamo ante el juez Aguinsky. Salas ingresó a la Justicia en 1989 y se graduó de abogado en 1993, en la UBA. Antes de llegar a la Cámara, se desempeñó como secretario y luego como juez en Morón. Integró una terna que aprobó el Consejo de la Magistratura en 2011 y luego en 2015. Fue finalmente designado en 2016 por el expresidente Mauricio Macri, luego de que su pliego fuera retirado y revisado por el Ejecutivo. Recientemente, Salas intervino en una causa de alta sensibilidad para el Gobierno cuando le tocó zanjar otra disputa, también por un tema de competencia, en la causa por $LIBRA, la criptomoneda que promovió el presidente Javier Milei en redes y es investigada como posible estafa. Resolvió que el caso dejara de tramitarse en el juzgado de Arroyo Salgado, en San Isidro, para unificar las investigaciones en Comodoro Py, en el juzgado de María Servini, quien se terminaría apartando.Como juez de primera instancia intervino en la causa que investigó la muerte del exespía de la SIDE, Pedro "Lauchón" Viale, en 2013, cuando miembros del grupo Halcón abrieron fuego en su casa de La Reja, partido de Moreno, y lo acribillaron. Por aquel episodio, el juez Salas procesó a diez policías bonaerenses por homicidio calificado.

Autopistas del Sol: la Justicia cerró la causa penal contra la empresa pero la mantuvo abierta para exfuncionarios

La causa judicial que durante años puso bajo sospecha uno de los contratos de concesión vial más sensibles del área metropolitana acaba de atravesar un punto de inflexión. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 dispuso el sobreseimiento del expresidente de Autopistas del Sol, Andrés Barbieri Martin, y dejó fuera del expediente la imputación por presunta defraudación contra la administración pública, al concluir que no existió perjuicio económico para el Estado.Además, se sobreseyó a Nicolás Dujovne (ex Ministro de Economía y Hacienda), por atipicidad de la conducta, mientras se decretó el procesamiento, sin prisión preventiva, de Guillermo Dietrich, Javier Iguacel, Bernardo Saravia Frías y Ricardo Stoddart, bajo el cargo de incumplimiento de deberes de funcionario público.La decisión, que quedó firme el 30 de diciembre. La empresa informó que el juez desestimó la acusación central que había motivado la causa penal iniciada por el expresidente Alberto Fernández y su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a partir de una denuncia vinculada a la renegociación contractual firmada entre la concesionaria y el Estado nacional y aprobada por decreto en 2018, en pleno gobierno de Mauricio Macri.El expediente â??caratulado "Iguacel, Javier y otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público"â?? se había convertido en una de las derivaciones judiciales más complejas de la revisión de los contratos de Participación Público-Privada y concesiones viales que atravesaron distintos gobiernos. En el foco estuvieron las condiciones del acuerdo integral de renegociación, los beneficios económicos derivados de ese esquema y la eventual existencia de un daño patrimonial al Estado.Según surge de la resolución judicial, ese punto quedó descartado. El juzgado entendió que no se verificó un perjuicio económico concreto, elemento indispensable para sostener el delito de defraudación. Con ese argumento, cerró la situación procesal del ex titular de la concesionaria. El fallo, sin embargo, no clausura por completo la causa. En la misma resolución se dispuso el procesamiento de cuatro exfuncionarios públicos nacionales por el presunto incumplimiento de los deberes a su cargo. Se trata de imputaciones que ahora quedaron bajo revisión de la Cámara, ya que fueron apeladas por las defensas.Más allá de su desenlace parcial, la causa vuelve a exponer una tensión recurrente en la Argentina: la del cruce entre decisiones administrativas, contratos de largo plazo, cambios de signo político y la posterior judicialización de políticas públicas. La historia reciente"Hemos terminado la auditoría, estamos haciendo las presentaciones judiciales y estamos solicitando la anulación de esa concesión por 30 años y la investigación de la comisión de delitos, porque no hay dudas de que había allí una decisión muy clara que era usar al Estado para beneficios e intereses privados", explicó Katopodis en agosto de 2021. Se refería a la nulidad de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de 2018, a los que el cuarto gobierno kirchnerista consideraba ilegítimos. Los puntos de la renegociación se basan en algunas coincidencias que tuvieron en 2018 el Estado y las concesionarias. El primero, el reconocimiento de una vieja deuda a favor de Ausol de US$499 millones y de US$247 para el caso de la compañía que maneja el Acceso Oeste. A eso se suma una remuneración de 8% anual y que se pagarían con los ingresos tarifarios de cada concesión. Además, se estableció que el peaje se actualizaría por inflación.La deuda se ocasionó en los 90, cuando se construyó la traza antes que se coloquen las cabinas. Entonces, el repago se haría con el peaje, que en ese momento era en pesos convertibles a dólares. Con la caída de la convertibilidad, la ecuación económica financiera se rompió y jamás se pudo pagar ese desembolso para construir los accesos y mejorar la General Paz, que también estaba en el contrato como condición.Con la llegada del kirchnerismo, las tarifas congeladas se convirtieron en el gran problema de varias empresas endeudadas en dólares y que recaudan en pesos. Ausol, por caso. Es verdad que cualquiera que pasa por el peaje notaría que, con los años, los pesos necesarios para levantar las barreras fueron cada vez más. Pero lo cierto es que gran parte de lo que se percibió en las cabinas correspondía a una tasa vial que recaudaba la cabina, pero que se depositó en cuentas oficiales inmediatamente, en teoría, para hacer obras.Durante las últimas dos décadas, los retoques de las tarifas nunca llegaron a compensar la inversión. Mientras, en el tribunal del Banco Mundial (Ciadi) transcurría un reclamo, en la Argentina no se avanzó en la renegociación. En el Gobierno de Macri se reconoció la deuda, en dólares, y se armó un esquema de actualización, además de extenderse el plazo y acordarse un plan de obras. A cambio, además, se suspendió el reclamo en el Ciadi.Con la llegada de Fernández y Katopodis, aquel acuerdo se judicializó. En el medio siempre estuvo la mirada ideológica sobre la empresa que, en sus inicios, tuvo entre sus accionistas a la familia Macri. Ahora, con el fallo, podría destrabarse la actualización tarifaria.

Corrupción en la AFA: Aguinsky rechazó desprenderse del caso de la quinta y un camarista de San Martín decide si le saca la causa

La disputa por la competencia en la causa que investiga quiénes son los verdaderos dueños de la fastuosa quinta en Pilar se formalizó este viernes: el juez federal en lo penal económico Marcelo Aguinsky se negó apartarse del caso. Rechazó así el pidió su colega de Campana, Adrián González Charvay, quien reclama el expediente para su juzgado.Ahora, tras la resolución de Aguinsky, la contienda deberá ser zanjada de manera unipersonal por la Cámara Federal de San Martín, por tratarse de un pedido de inhibitoria, dijeron fuentes judiciales. Durante la primera quincena de la feria judicial de enero, se encuentra activa la Sala I de la Cámara, que será presidida por el magistrado Juan Pablo Salas hasta el 24 de enero. A él le tocará decidir en la disputa entre Aguinsky y González Charvay, si es que se resuelve dentro de las dos primeras semanas de enero, la primera mitad de la feria judicial.El juez Aguinsky basó su decisión en que el objeto de la investigación no es la quinta en sí -que cuenta con helipuerto, un haras de caballos y una muy costosa colección de autos- sino el presunto delito que la precede y, sobre todo, la Asociación del Futbol Argentino (AFA), a la que se la vincula cada vez con más elementos. "El núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino que es la Asociación del Fútbol Argentino cuyo asiento y domicilio legal está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km. de distancia del Juzgado Federal de Campana", dijo el juez.El camarista que recibe el casoJunto a los camaristas Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, Salas integra la Sala I de la Cámara Federal de San Martín. Ingresó a la Justicia en 1989 y se graduó de abogado en 1993, en la UBA. Antes de llegar a la Cámara, se desempeñó como secretario y luego, como juez en Morón. Fue designado camarista en 2016.Salas intervino en un tema de alta sensibilidad para el Gobierno cuando le tocó zanjar otra disputa, también por un tema de competencia, en la causa por $LIBRA, la criptomoneda que promovió el presidente Javier Milei en redes y es investigada como posible estafa. Salas resolvió en aquel entonces que el caso dejara definitivamente el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, en San Isidro, para pasar a tramitar en Comodoro Py, en el juzgado de María Servini, quien finalmente se apartó. Salas también intervino como juez de primera instancia en la causa que investigó la muerte del exespía de la SIDE, Pedro "Lauchón" Viale, en 2013, cuando miembros del grupo Halcón abrieron fuego en su casa de La Reja, partido de Moreno, y lo acribillaron. Por aquel episodio, el juez Salas procesó a diez policías bonaerenses por homicidio calificado.El planteo de CampanaEl argumento que esgrimió González Charvay para reclamar el caso de la quinta fue que el inmueble está ubicado en Pilar, partido sobre el cual su juzgado tiene jurisdicción. El juez Aguinsky dijo, sin embargo, que la ubicación de la finca es "solamente un punto en el mapa" y que lo relevante es el presunto delito de lavado. "Para avanzar en la pesquisa del delito de lavado de dinero desde la finca de Villa Rosa, hay que retroceder en el tiempo. Primero se comete el delito y luego se aprovechan (blanquean) sus frutos", sostuvo Aguinsky. El juez se apoyó, además, en la decisión del fiscal Claudio Navas Rial, quien sostuvo en su dictamen que lo relevante para la investigación es el "despliegue de actos jurídicos y materiales" detrás de la quinta, que abarcan "la constitución y modificación de firmas, la adquisición de otras, las relaciones personales y laborales de los sujetos con instituciones relacionadas con el fútbol profesional y los negocios comerciales conexos". Más indicios En su fallo de este viernes, Aguinsky señaló que la sospecha que guía la investigación -que la suntuosa quinta no pertenecería a sus dueños formales, un monotributista y una jubilada- no hizo más que acrecentarse en el último tiempo. Destacó una última prueba en ese sentido: un informe sobre la tarjeta de crédito de Pantano que llegó recientemente a su juzgado del que surge que el plástico "pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino, que tiene como domicilio la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"."En esa tarjeta aparecen numerosos consumos y pagos de servicios con un promedio mensual de 50.000.000 de pesos en lo que va de enero a diciembre de 2025 -dice el juez. Esos gastos deben ser investigados para corroborar si están o no vinculados con el predio de Villa Rosa, Pilar, y para que, en caso de tratarse de un delito en curso, cesen sus efectos en forma inmediata".El expediente ya tuvo un cambio de manos cuando pasó de los tribunales de Comodoro Py al fuero penal económico. El primer juez en intervenir fue Daniel Rafecas, quien encauzó la investigación con las primeras medidas de prueba, como el allanamiento a la quinta. En el lugar, la Policía encontró, entre otros elementos, un bolso deportivo y una placa homenaje con el nombre del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Luego de que el propio Rafecas se declarara incompetente, el camarista Leopoldo Bruglia resolvió que el expediente pasara al juzgado de Aguinsky, en el fuero penal económico. En su resolución, el camarista dejó entrever que, más allá de su decisión de llevar el caso al fuero económico, podría abrirse luego una disputa territorial. "En atención a los datos y circunstancias fácticas expuestos en la denuncia, asistirá al magistrado interviniente [por Aguinsky] analizar aspectos sobre la competencia territorial", dijo Bruglia, preanunciando la actual disputa, que se originó con un pedido de los presuntos testaferros de la quinta para que el caso pase a los tribunales de Campana.Hoy, Aguinsky sostuvo que los dichos de Bruglia fueron anteriores al pronunciamiento del fiscal Navas Rial y a la "producción y agregación de nuevas pruebas relevantes en la causa, las cuales han permitido delimitar con mayor precisión el desarrollo de las maniobras investigadas, el lugar de ejecución de los actos principales y, en definitiva, el epicentro del hecho delictivo".

La Cámara Federal de Rosario ratificó a sus juezas en la causa contra Salmain por la salida de dólares al exterior

El tribunal rechazó una recusación presentada por el juez federal de Rosario contra dos de sus camaristas. El magistrado se encuentra procesado por supuesta corrupción durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández

AFA: un fiscal se opuso a que la causa por la mansión de Pilar pase a un juzgado de Campana

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial dictaminó que la investigación debe seguir a cargo del juez Marcelo Aguinsky

El calendario judicial de 2026: el primer juicio por el caso Koldo, el final a la vista de la causa contra Begoña Gómez o los primeros pasos del caso Montoro

Este nuevo año no parece que vaya a distar mucho del anterior en lo que se refiere a la importancia del mundo de los tribunales en la actualidad del país

Nelly Rossinelli causa furor en redes con las respuestas más divertidas acerca de la cena de Año Nuevo: "Llamas a Maritere"

Desde bromas, respuestas irónicas y muy buen humor, la popular 'mamá de los pericotitos' demostró que su sazón para contestar es tan buena como la de sus recetas festivas más virales.

La jueza Niremperger rechazó la recusación por supuesta parcialidad en la causa del robo de cocaína

El planteo fue desestimado por extemporáneo y sin sustento legal. La magistrada sostuvo que las conversaciones mencionadas eran sociales, fueron informadas antes de la primera audiencia y no afectan la imparcialidad. Leer más

Cuando una causa por trata se cae: garantías, víctimas y una señal

Cuando una causa por trata se neutraliza por nulidades formales y deja a una víctima sin respuesta, la pregunta deja de ser solo jurídica y se vuelve social: ¿qué mensaje recibe la víctima y qué señal se envía a los tratantes individuales y al crimen organizado? Leer más

Le sacaron a Armella una causa de Sur Finanzas, pero él seguirá al frente por las próximas semanas

La Cámara Federal de La Plata resolvió la pelea de competencia entre los jueces federales Luis Armella y Federico Villena y decidió que el segundo debía quedarse con la causa en disputa: la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra Sur Finanzas. Sin embargo, será Armella quien siga decidiendo, en los próximos días, en ese expediente.Villena se tomó vacaciones en la primera quincena de enero -la primera mitad de la feria judicial- y es reemplazado en su juzgado ni más ni menos que por Armella, con quien peleó duramente la competencia en esta causa. La disputa llegó tan lejos que Villena denunció a la fiscal que pidió sacarle el expediente, Cecilia Incardona.El juez Armella es el magistrado que ayer allanó la AFA y la casa del empresario Javier Faroni, en Nordelta. Tiene otra causa vinculada con Sur Finanzas -fue por la existencia de ese expediente previo que dijo que le correspondía a él tomar la denuncia de ARCA- y fuentes del caso dijeron que el magistrado seguirá adelante con aquella causa que, según él, está muy emparentada con la que ahora se decidió que lleve Villena.La denuncia de ARCA es contra la financiera Sur Finanzas y su propietario, Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.La decisión de que el caso quede en el juzgado de Villena fue del camarista Jorge Di Lorenzo.Hasta ahora, Villena y Armella, que tenía una denuncia anterior donde se mencionaba a Sur Finanzas, venían trabajando en paralelo.El asunto se planteó porque cuando entró la denuncia de ARCA, la fiscal Incardona hizo una presentación para que se investigue y la envió a sorteo. Salió sorteado Villena, pero la fiscal luego entendió que hubo un error y que la denuncia de ARCA era conexa con una causa anterior que ella misma llevaba con el juez Armella. Por eso, hizo un planteo para que Villena dejara el caso. La razón que esgrimió fue que en el juzgado de Armella ya se investigaba una denuncia de lavado de dinero con algunos de los mismos imputados; entre ellos, Vallejo y el Club Banfield. Así se lo hizo saber a Villena por oficio y le pidió que se desprendiera de la causa.Villena reaccionó y dijo que le correspondía a él la competencia. Afirmó que le querían sustraer la causa y denunció a Incardona ante el Procurador General de la Nación. La investigación de las maniobras en torno a Sur Finanzas aparece en el centro de las controversias sobre las operaciones financieras de la AFA.Incardona, tras impulsar el caso contra Vallejo por supuesta evasión, sostuvo que había una evidente conexidad objetiva y subjetiva con otra causa del juzgado federal 2. Por eso, pidió que el caso fuera reasignado. Pero el fallo de este martes de la Cámara dijo que esas conexidades no están hasta ahora demostradas.El camarista Di Lorenzo también rechazó la hipótesis de que hubo un "error" en el sorteo. En su fallo de este martes, afirmó: "Dado que la fiscal ha calificado en más de una oportunidad de 'errónea' la asignación 'de la presente causa, mediante bolillero, al Juzgado' N° 1 a cargo del Juez Villena, poniendo eventualmente en duda, de ese modo, la corrección del sorteo efectuado por esta cámara, es preciso aclarar que no ha existido error alguno".La hipótesis de la fiscalíaLa fiscalía, en su requerimiento, sostuvo como hipótesis que pudo haber existido evasión tributaria y lavado de activos. Entre los sospechosos están el Club Atlético Banfield Asociación Civil y Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa.Pero estas mismas personas están investigadas en otra causa en el juzgado federal de Armella por presunto delito de lavado de activos. Para la fiscal estaba a la vista la conexidad.Ahora, ambos jueces avanzan en paralelo. Y Armella, a instancias de la fiscal Incardona y del fiscal Diego Velazco (de la procuraduría especializada en lavado de dinero), sumaron a la causa de Vallejo las evidencias sobre las actividades de la empresa que designó la AFA para manejar sus recursos en Estados Unidos, comandada por Javier Faroni.Por esas evidencias, que reveló una investigación de LA NACION, fue que ayer el juez Armella allanó la AFA y la casa de Faroni, en Nordelta.Así, por ahora, la causa con la denuncia de ARCA contra Vallejo quedará en el juzgado de Villena, con la actuación de Incardona, y el resto en el de Armella, con intervención de la misma fiscal. Pero durante los próximos 15 días será Armella quien tenga a su cargo los dos juzgados.

La Justicia rechazó apartar al fiscal Eduardo Taiano de la causa $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi no aceptó un planteo para sacar al fiscal de la investigación por presuntos delitos con la creación, lanzamiento y promoción de la criptomoneda

Choque de trenes en Machu Picchu: Ernesto Álvarez informó que la causa del accidente sería por "un error humano"

El presidente del Consejo de Ministros, consideró que un accidente de esta magnitud también puede ocurrir en Europa y resaltó la rápida respuesta del sistema de salud en la región

La Justicia levantó la prohibición de salida del país a Javier Faroni en la causa por fondos de la AFA

La Justicia federal dejó sin efecto la restricción migratoria sobre el empresario investigado por el manejo de fondos de la AFA. En paralelo, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, viajará a Estados Unidos para intercambiar información con autoridades de ese país. Leer más

Revocaron la prohibición para salir del país a Javier Faroni en el marco de la causa por el circuito oculto de dinero de la AFA

El empresario había sido interceptado la madrugada del martes, cuando pretendía viajar a Uruguay. Sin embargo, tendrá que presentarse a declarar el 19 de enero de 2026

Causa Cuadernos: "Las coimas se pagaban en confitería a plena luz del día"

En la última jornada del año de la megacausa que involucra a empresarios, a Cristina Kirchner y a ex jerarcas del kirchnerismo, se ventiló el esquema de recaudación de coimas en el sistema de corredores viales.

El juez de Campana pidió quedarse con la causa por la fastuosa quinta de Pilar valuada en US$ 20 millones

El juez federal de Campaña Adrián González Charvay pidió a su colega en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky que se inhiba de seguir investigando la causa por la mansión de Villa Rosa, en Pilar, valuada en 20 millones de dólares y que se sospecha es de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.Aguinsky, que es juez de la Capital, especializado en delitos económicos, insistirá en quedarse con el caso, con lo que el conflicto entre ambos magistrados deberá ser resuelto por la Cámara Federal de San Martín.Los jueces de feria de la Cámara en la primera quincena de enero son Marcos Morán, Marcelo Fernández y Juan Pablo Salas.Este caso primero lo gestionó el juez federal Daniel Rafecas, que puso una consigna policial para que no vaciaran la quinta y mandó a peritarla para conocer su valuación.El juez Marcelo Aguinsky se quedó con la causa por decisión de la Cámara Federal, que dijo que de todos modos no era una situación definitiva.Los investigados como testaferros de Pablo Toviggino, dueño de la sociedad Real Central SRL -que aparece como dueña de la quinta cuestionaron la intervención del juez-, Luciano Pantano y Ana Conte, su madre, plantearon que Aguinsky no era competente para intervenir sino que debía investigarlos González Charvay, juez federal de Campana, porque la quinta está en jurisdicción del tribunal.Por eso, le platearon a Charvay que le requiera a Aguinsky la inhibitoria. Y así lo hizo hoy el juez de Campana, previa opinión del fiscal federal Sebastián Bringas, que se opuso a esa medida.El juez entendió que le corresponde investigar la acusa al amparo de las garantías del juez natural, dado que el objeto de la investigación se encuentra en la jurisdicción de su tribunal.Dijo Charvay: "Entiendo que, si la hipótesis que comprende el objeto procesal de la presente fue encuadrada -en principio- en el supuesto típico del artículo 303 del Código Penal [Lavado de dinero] y habría tenido lugar en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, resulta este Juzgado competente en razón del territorio".Y abundó al sostener que ese criterio ya fue sostenido en otras causas por la Cámara Federal de San Martín por una causa con una hipótesis delictiva similar.En ese caso, los denunciados eran funcionarios que residían en Pilar y se habrían hecho operaciones patrimoniales en esa jurisdicción. "Teniendo en cuenta que la hipótesis delictiva trazada se circunscribe al partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, y siendo este Juzgado Federal de Campana al que por ley le corresponde entender en la causa", el juez González Charvay dispuso "solicitar al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 10 que se inhiba de seguir entendiendo" en el caso y le remita el expediente.Alto perfil y nexos políticosAdrián González Charvay es un juez que conoce las implicancias políticas que trae aparejado su cargo. Sus decisiones se cruzaron con los deseos del Gobierno de Javier Milei, por ejemplo, cuando recientemente le dio nueva vida a la ley de emergencia en discapacidad, que un decreto presidencial había suspendido o cuando permitió a la municipalidad de Pilar cobrar sus tasas en la misma boleta que la luz o el gas, en contra de lo postura del gobierno nacional.González Charvay reemplazó como juez a Federico Faggionatto Márquez, quien fue destituido luego de realizar operaciones de inteligencia contra Francisco de Narváez y acusado de quedarse con el dinero producido por un campo de soja, que estaba secuestrado en una causa bajo su instrucción.Aunque González Charvay ya tenía experiencia en el juzgado federal número 1 de San Isidro, como secretario, y además fue secretario de la Cámara Federal de San Martín.Es un hombre de la familia judicial de la zona norte del conurbano, una rama diferente de la Comodoro Py 2002, con gimnasia para la política, aunque más lejos de los reflectores de los medios porteños.Allí campea la influencia política del binguero radical, empresario y expresidente de Boca Daniel Angelici, con terminales en la Cámara Federal de San Martín y diálogo con todos los jueces federales de la zona. Aunque el juez federal no es tropa de Angelici, a quien conoce socialmente y como operador judicial.En Zárate-Campana, una de las rutas favoritas para el paso de la droga por la Argentina, el juez federal fue implacable con el narcotráfico. Operativos con miles de kilos de cocaína decomisados fueron dirigidos por el magistrado. Metió preso a un narco que acopió 3.000 kilos de cocaína para llevarla al mundial de Qatar. Frustró el envío y secuestró 1.650 kilos de cocaína que iban a Asia, valuados en 60 millones de dólares. No dudó en detener a gendarmes cuando aparecieron robando droga e impuso condiciones de arresto durísimas para los narcotraficantes, inspiradas en los castigos de la justicia italiana a los mafiosos.En su carrera como juez fue el encargado de mandar a juicio oral al exintendente de Pilar del Pro Nicolás Ducoté el 5 de mayo de 2022, acusado de irregularidades en la firma de tres convenios para la construcción de obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y un plan de microcréditos para refacción de viviendas. La causa terminó de enterrar las aspiraciones políticas de Ducoté. Aunque el principal motor del caso contra Ducoté fue la información que llegó del Gobierno nacional.González Charvay ya había mandado a juicio a otro intendente antes, Osvaldo Cáffaro, de Zárate. Allí el jefe comunal fue sepultado por las pruebas que aportó rápido el propio ministerio de Planificación, en manos de Julio De Vido en esa época.González Charvay no oculta que tiene relación con la mayoría de los seis intendentes que están en jurisdicción del juzgado federal de Campana. Achaval logró otra victoria en el juzgado cuando consiguió que se aprobara una cautelar contra el Gobierno de Javier Milei cuando suspendió la construcción de la universidad de Pilar. González Charvay hizo lugar a una cautelar de Lizzie Wanger, rectora de la futura casa de estudios y permitió que se siga adelante con el proyecto.El fallo no juzga si es políticamente oportuna o no la medida del Gobierno, sino que pone el acento en que una resolución ministerial no puede estar por encima de una ley nacional, provincial o la autonomía municipal.

Esta es la casa de Javier Faroni en Nordelta que fue allanada por la causa AFA

La justicia federal allanó la propiedad en el barrio de Nordelta perteneciente al productor teatral Javier Faroni bajo una investigación por presuntas maniobras financieras irregulares. El procedimiento ocurrió tras una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos que vincula al empresario con la cúpula de la AFA. El allanamiento a la casa de Javier Faroni en NordeltaEl procedimiento en la vivienda ubicada en El Yacht de Nordelta tenía como objetivo el secuestro de documentación vinculada a la firma TourProdenter LLC. Los efectivos de la Policía Federal ingresaron al domicilio tras la intercepción de Faroni en Aeroparque, cuando intentaba dejar el país rumbo a Uruguay. Una fuente de la investigación detalló a LA NACION: "Faroni estuvo unas horas en Buenos Aires y estaba volviendo a Uruguay. El allanamiento está en curso, la mujer no estaba en la casa". El operativo forma parte de una causa que investiga el presunto desvío de activos institucionales hacia el exterior.El magistrado extendió las órdenes de registro a las oficinas de la AFA. Los investigadores buscan contratos y registros contables sobre la relación comercial con el empresario teatral, quien mantiene un vínculo estrecho con Claudio "Chiqui" Tapia y ocupó cargos públicos como diputado bonaerense por el Frente Renovador. La justicia analiza ahora si la estructura comercial del productor sirvió para triangular fondos de la entidad deportiva.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Causa cuadernos: las amenazas que denunció haber recibido un funcionario clave en el esquema de recaudación

"Desde 2003 hasta agosto de 2007 fue así. Primero le llevaba 150.000 dólares al despacho del ministro De Vido, luego se lo llevé personalmente al despacho presidencial, y se los entregaba en un maletín a las manos de Néstor Kirchner. La primera vez me hizo entregarle el maletín completo, con birome y todo, y me dijo: 'me tenés que entregar más, acordate que te voy a hacer cagar'".Claudio Uberti es una pieza central en el presunto esquema de corrupción que se alzó en torno a la obra pública nacional durante el kirchnerismo. Durante el gobierno de Néstor Kirchner fue el titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y uno de los funcionarios encargados de recolectar los pagos de los empresarios del rubro. En la última jornada del año de la causa Cuadernos y como parte de la causa que investigó el esquema de recaudación que giró en torno a los corredores viales, se repasaron sus declaraciones como arrepentido que, junto a la de los empresarios, dejaron a la vista una cascada de intimidaciones y amenazas que nacía en el Ejecutivo."Siempre que le llevaba una recaudación [Néstor] me preguntaba si eran euros o dólares. En una ocasión le llevé paquetes de pesos y euros. Agarró a patadas el paquete de los pesos y lo tiró por el despacho. Kirchner era un suplicio", dijo, y sumó: "Si con Néstor era imposible trabajar con Cristina era mucho peor". En su descripción de los hechos, Uberti relató que, tras asumir en 2003, le encomendaron la tarea de confeccionar los nuevos pliegos para la licitación de los corredores viales, pero que llegado el momento de la firma, el exministro De Vido le advirtió que Néstor Kirchner no avalaría los acuerdos. "El Presidente no va a firmar los contratos ni en pedo. Porque vos hiciste las cosas demasiado bien y no arreglaste la guita con la gente, no los va a firmar ni en pedo y te va a hacer cagar", le habría dicho De Vido. "Tenés que llamar a los empresarios y decirles que pongan, te van a llorar, pero vos deciles que pongan porque si no el presidente no va a firmar. Viste cómo es el malo". Marcelo Marcuzzi, de Covico S.A., fue uno de los empresarios que, del otro lado del mostrador, describió el accionar de Uberti. En su descargo, sostuvo que uno de los gerentes de su empresa fue amenazado violentamente tras negarse a pagar el 10% que le exigía el funcionario. "Uberti respondió imitando una pistola con su mano, apuntándole a la frente, y le dijo que si no pagábamos tenía la orden de Néstor Kirchner de hacernos mierda", manifestó.Patricio Gerbi, de la constructora Coarco, indicó en su acuerdo como arrepentido -también leído hoy en la audiencia- que el funcionario lo citaba en las oficinas del OCCOVI y que, luego de hacerlo esperar durante casi una hora, lo hacía ingresar a su despacho para intimarlo con frases como: "Vos sabés lo que tenés que hacer", "voy a ir por vos y por tu familia" o "te voy a hacer cagar"; un dicho que otros empresarios también le atribuyen a Uberti y que él, a su vez, le adjudica a Néstor Kirchner.Con la lectura del requerimiento de la Unidad de Información Fiscal (UIF) en la causa por los Corredores Viales se pondrá punto final al primer tramo del juicio por los Cuadernos para pasar a dar lugar a las cuestiones preliminares. En la hoja de ruta trazada por el tribunal está previsto que el primer martes de febrero expongan seis defensas, entre ellas la de la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro De Vido y el exfuncionario Roberto Baratta. Sin embargo, se presentaron planteos respecto al tiempo con el que cuenta cada letrado para exponer -en principio 45 minutos- y el Tribunal podría reconsiderar ese cronograma.

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez en la causa por abuso sexual

Este martes, la Justicia tucumana resolvió sobreseer a los cuatro exjugadores de Vélez acusados por abuso sexual de una periodista. El magistrado Augusto José Paz Almonacid dispuso que Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla fueran absueltos.Así lo informó el diario local La Gaceta. Sosa subió un posteo a su cuenta de Instagram: "Desde el primer día confiamos en la Justicia. Guardamos un respetuoso silencio durante el proceso para que el fallo del magistrado sea el que aclare todos los dolorosos hechos. HOY HE SIDO SOBRESEÍDO con una contundente sentencia".La causa penal contra él y tres colegas se había iniciado en marzo de 2024 cuando la mujer denunció que había sido convocada por el entonces arquero del club de Liniers, Sosa, a un hotel donde se alojaba la delegación tras un partido disputado en esa provincia. La joven narró que allí fue abusada por Osorio, Florentín y Cufré. Con el correr de los días, los cuatro futbolistas fueron imputados y, tras pasar un tiempo detenidos, recuperaron la libertad bajo ciertas condiciones. En el fallo, el juez también desestimó el planteo de nulidad impulsado por la querella respecto de las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de personas del entorno de la denunciante. Para la defensa de los exjugadores, ese material resultó clave, agregó el diario local. Tras esta resolución, los representantes legales de la querella, Patricia Neme y Patricio Char, adelantaron que apelarán la decisión.Cuál es la denuncia que pesaba contra los deportistasEl 6 de marzo, la víctima se presentó con su abogada en una comisaría de Tucumán para denunciar que el sábado previo estaba en la cancha de Atlético de Tucumán porque el equipo local se enfrentaba a Vélez por una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol cuando fue contactada por primera vez por el portero Sosa.La joven relató que más tarde, alrededor de las 22, el arquero la invitó a través de un mensaje en su red social de Instagram a acercarse al Hotel Hilton, ubicado en la calle Piedras y Miguel Lillo. Allí se hospedaba el plantel profesional de fútbol antes de regresar a Buenos Aires.Cuando la joven llegó a la habitación 407 pasadas las 0.30 del domingo, dijo que no solo se encontró con el arquero uruguayo sino que había otros tres futbolistas -Cufré y Florentín Bobadilla, de entonces 27 años, y Osorio, de 21-, con quienes compartió bebidas alcohólicas. Después de algunos tragos, la denunciante aseguró que comenzó a sentirse mal, "muy mareada", y que "se le apagaba la cabeza", por lo que se recostó en una de las camas, "como adormecida".Fue entonces que "sin ningún consentimiento abusaron sexualmente" de ella, según consta en el texto de la primera denuncia que hizo la chica en sede policial ante la División de Delitos contra las Personas de la Policía de Tucumán.

El juicio del caso Cuadernos: se celebra la última audiencia del año y en febrero las defensas buscarán anular la causa

Durante la jornada de hoy, la última del año, el juicio de los cuadernos de las coimas superará las 60 horas de audiencia sin haber terminado aún la primera etapa del proceso, previa al debate oral. Recién en febrero comenzará la verdadera acción, ya que las defensas, encabezada por la de la expresidenta Cristina Kirchner, lanzarán una avalancha de nulidades con la que pretenden acabar con el juicio, que todavía no empezó.Esta mañana, en el inicio de la audiencia, el abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, le pidió al tribunal que extienda los 45 minutos asignados a cada una de las partes para exponer esos planteos. "No vamos a utilizar una audiencia [completa] pero sí necesitaríamos unas horas", anticipó el letrado. A su planteo se adhirieron otras defensas, como la del exministro Julio de Vido. "El tiempo de 45 minutos es realmente exiguo e insignificante en comparación con lo que ha sido la lectura de los requerimientos de elevación", agregó Gabriel Palmeiro, en alusión a las 12 audiencias celebradas hasta aquí, consagradas a repasar en voz alta más de 1800 páginas de documentación, casi en su totalidad. Es que el debate oral todavía no comenzó. En parte, por la magnitud del caso (con 87 imputados y más de 300 hechos, es el más grande en materia de corrupción de la historia argentina), pero también por las decisiones que tomó el Tribunal Oral Federal 7. Una de ellas fue optar por leer casi de principio a fin los requerimientos de elevación a juicio de cada una de las seis causas que componen el caso. Tanto los del fiscal de instrucción, Carlos Stornelli, como los de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante en la causa. Esto extendió la primera etapa del proceso, pero también expuso, con gran nivel de detalle y de manera pública, los principales aspectos de la presunta maniobra de recaudación ilegal que habrían liderado, cada uno a su tiempo, Néstor y Cristina Kirchner. Las precisiones en las anotaciones del chofer Oscar Centeno y los detalles vivos que aportaron los protagonistas arrepentidos con sus testimonios dieron una idea acabada del mecanismo que está siendo juzgado. La lectura exhaustiva de esos requerimientos de elevación, de hecho, generó malestar entre algunos de los acusados. Le atribuyen a ese repaso la intención de volver a colocar bajo la luz pública declaraciones viejas como hechos novedosos. Creen que lo natural hubiera sido dar por sabidos esos documentos o leer solo un resumen de las acusaciones. Las decisiones de los jueces del tribunal tampoco conformaron a algunos de sus superiores en la Cámara de Casación, quienes, preocupados por todo lo que pueda demorar el juicio, pretendían que se avanzara a un ritmo de tres audiencias semanales y que incluso se celebraran audiencias durante la feria judicial de enero, algo que finalmente no ocurrirá. El proceso se pondrá en pausa durante el primer mes del año y recién en febrero se podrá comprobar si los arrepentidos del caso mantendrán en el debate público lo dicho en sus acuerdos de colaboración con la fiscalía. Pero incluso antes de que el tribunal abra formalmente el debate oral habrá lugar para nuevas o viejas objeciones, en la instancia de las llamadas cuestiones preliminares. Se sabe que 29 de los acusados harán planteos de nulidad, buscando que caiga el juicio. La primera será la defensa de Cristina Kirchner. Sus abogados, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, ya se encuentran trabajando en eso. Se descuenta que algunos empresarios -acusados de pagar coimas a funcionarios del kirchnerismo- intentarán reanimar viejas objeciones, algunas relacionadas con el modo en que el fiscal Stornelli tomó las declaraciones a los arrepentidos. El tribunal oral informó que cada uno de los abogados tendrá 45 minutos para hablar y ordenó un cronograma de cinco audiencias (martes y jueves) para que expongan seis abogados por jornada, excepto la última, en la que hablarán cuatro. Esa etapa se extenderá desde el 3 de febrero al 24 de febrero, sin audiencia el jueves 19 de febrero, a pesar de que no es feriado de carnaval. Quizás también se escuchen protestas contra la decisión del tribunal de no aplicar la figura de la "reparación integral", el instrumento del que echaron mano muchos empresarios para intentar eludir el juicio, ofreciendo más de 13 millones de dólares.Presencia y virtualidadDurante la última audiencia, el presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, ratificó el esquema mixto elegido al inicio del proceso: las jornadas seguirán de modo virtual, a excepción de las indagatorias, que serán presenciales. Todavía es una incógnita dónde se llevarán a cabo esas jornadas y quiénes deberán estar presentes, además de los indagados. Méndez Signori y sus colegas Germán Castelli y Fernando Canero aún aguardan una respuesta de la Corte Suprema a su pedido para utilizar, en el tramo presencial, el Salón de los Derechos Humanos, ubicado en la planta baja del Palacio de Tribunales, donde el TOF tiene su sede y sus instalaciones. El máximo tribunal también dejó trascender su preocupación por la marcha del caso y la modalidad virtual y en el Poder Judicial muchos entienden que ese formato le resta entidad al proceso. De hecho, en estos dos meses se vieron imágenes insólitas: empresarios escuchando el juicio desde su cama o exfuncionarios con el torso desnudo. La Casación, en tanto, puso a disposición del tribunal la nueva sala AMIA, en Comodoro Py 2002, que ha sido remodelada de cara a la postergada implementación del sistema acusatorio. Cuenta ahora con un aforo de casi 200 personas sentadas. El tribunal, que tiene sede en el Palacio de Tribunales, no ve con buenos ojos ese ofrecimiento, aunque fuentes judiciales no descartan que pueda emplearse primero una sala y luego la otra.La audiencia de hoy está dedicada a la lectura del requerimiento de la última de las causas, conocida como Corredores Viales. Se trata del tramo de la investigación centrado en el sistema de recaudación ilegal vinculado al funcionamiento del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) entre los años 2003 y 2007.Entre los diez acusados, se encuentran su exdirector arrepentido, Claudio Uberti, el exministro Julio de Vido y un puñado de empresarios.

Corrupción en la AFA: Carrió pidió al juez Aguinsky que siga investigando para no paralizar la causa hasta la primera semana de enero

La maniobra de la defensa de los supuestos testaferros de Pablo Toviggino para que Aguinsky se inhiba le da seis días hábiles al fiscal y al juez de Zárate-Campana para resolver si rechazan o se quedan con la causa. El diputado Del Gaiso pidió que siga en la CABA porque no es solo la mansión de Pilar sino lavado de dinero a escala nacional e internacional.

Óscar López califica de "mutante" la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez: es una investigación prospectiva

Óscar López cuestiona la actuación de Juan Carlos Peinado en el proceso contra la esposa de Pedro Sánchez, asegurando que el procedimiento se aleja de la legalidad, ya que el magistrado realiza indagaciones generales y utiliza criterios impropios del ámbito judicial

Fin de Año: ¿te sientes más cansado en diciembre? La microinflamación podría ser la causa

Detrás de la fatiga persistente se encuentra la microinflamación metabólica, una inflamación crónica de bajo grado que ocurre a nivel celular y metabólico

Allanaron la casa de la mamá del dueño de Sur Finanzas y otras propiedades en una causa que investiga maniobras con el dólar

Los procedimientos fueron ordenados por la jueza federal María Servini, quien investiga a un veintena de casas de cambio

Tensión: Brasil sigue una causa por dumping, pone bajo la lupa a la leche en polvo argentina y el conflicto se estiraría hasta mediados de 2026

El comercio de lácteos entre la Argentina y Brasil volvió a entrar en una zona de turbulencias. Luego de una decisión intermedia favorable para la Argentina en agosto pasado, el gobierno de Lula da Silva decidió continuar con la investigación de defensa comercial por presunto dumping en las exportaciones de leche en polvo provenientes de la Argentina y Uruguay, un proceso impulsado por la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) y que ahora se extenderá, al menos, hasta mediados de 2026.La medida fue adoptada por el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, que resolvió retomar el expediente iniciado formalmente el 11 de diciembre de 2024 bajo el amparo del Decreto 8058 de 2013. El objetivo es determinar si existe una práctica de dumping en las ventas externas hacia Brasil y si esas importaciones causaron un daño efectivo a la industria láctea brasileña."Con eso anda muy bien": usaron purines de cerdos para fertilizar el trigo y el resultado sorprendió a todosLa investigación alcanza a un grupo de empresas argentinas y uruguayas con fuerte presencia en el comercio regional. Por el lado argentino, involucra a Mastellone, Las Tres Niñas, Noal SA y Gloria Argentina SA; mientras que desde Uruguay están bajo análisis Conaprole, Estancias del Lago SRL y Alimentos Fray Bentos. Brasil es el principal destino de los lácteos argentinos y el conflicto no es menor. Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en 2024 la Argentina exportó a ese país unas 178.268 toneladas de productos lácteos por un valor de US$712,4 millones. En lo que va de 2025 hasta octubre, las ventas sumaron 143.491 toneladas por US$595 millones y, aunque noviembre y diciembre mostraron una fuerte caída por la baja de los precios internacionales, el año cerraría levemente por encima del anterior. Importante alianza: un empresario textil, una algodonera y el INTA desarrollaron una fibra premiumLos productos alcanzados por la investigación son la leche en polvo entera y descremada, no fraccionada, comprendida en las posiciones arancelarias NCM 0402.10.10 y 0402.10.90; 0402.21.10 y 0402.21.20; y 0402.29.10 y 0402.29.20.Un punto clave para el sector exportador argentino es que, por el momento, no se aplicaron derechos antidumping provisorios. Mediante la Circular 62, publicada el 11 de agosto de 2025, el gobierno brasileño había decidido no imponer recargos arancelarios adicionales mientras avanzaba la investigación, al considerar que existía una "imposibilidad de afirmar que las importaciones de leche en polvo de la Argentina y Uruguay causaron daño a los productores domésticos de leche en polvo".Esa decisión administrativa â??no judicialâ?? fue leída en su momento por la industria láctea como una señal favorable, e incluso se sostuvo que la denuncia presentada por los productores brasileños "carecía de fundamentos técnicos suficientes para justificarla". Sin embargo, el escenario volvió a cambiar.El 4 de diciembre pasado, la publicación de la Circular 94 estableció un nuevo cronograma para la etapa final del proceso, extendiendo los plazos y manteniendo abierta la investigación. Según el calendario oficial, el 4 de febrero concluirá la etapa probatoria; el 24 de febrero vencerá el plazo para que las partes se pronuncien sobre la información del expediente; el 26 de marzo se divulgará la nota técnica con los hechos analizados; el 15 de abril finalizará la fase de instrucción y el 5 de mayo será la fecha límite para el dictamen del Departamento de Defensa Comercial (Decom).En diálogo con LA NACION, Jorge Giraudo, director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), explicó que la relación comercial con Brasil es, a la vez, "muy simple y bastante compleja". "Normalmente es nuestro destino de exportación, al igual que lo es para Uruguay. En el caso nuestro, entre el 40% y 45% del valor total de las exportaciones de lácteos tienen como destino Brasil", señaló.Giraudo recordó que Brasil tiene "un déficit estructural de producción para abastecer su mercado doméstico" y una producción todavía muy estacional, lo que genera "baches de exceso y baches de faltante". A eso se suma un contexto interno cambiante: "Brasil tuvo una producción que creció casi un 10% este año por cuestiones meteorológicas favorables, con un dólar que se mueve en forma irregular, una demanda sostenida, pero que tampoco puede absorber todo".El escenario internacional también juega su papel. "En mayo pasado, la leche en polvo que valía US$4300 en el Global Dairy Trade, hoy vale US$3100", explicó Giraudo. En ese contexto, según describió, se reactiva un patrón recurrente: la presión de sectores de la producción primaria brasileña para frenar las importaciones."Hay una fuerte presión de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA) y de grupos de productores, muchos de ellos organizados en cooperativas, que sostienen que las importaciones de la Argentina y Uruguay hacen caer el precio al productor", indicó. En Brasil, explicó, los valores al productor son estructuralmente más altos que en la Argentina: "La Argentina está entre 30 y 40 centavos de dólar por litro, y Brasil entre 40 y más de 50 centavos".Además, describió una estructura productiva muy heterogénea: "Existe un grupo de tambos importantes, similares a los nuestros, pero también una gran cantidad de miles de fincas de subsistencia, de la economía no formal, con productores mucho más chicos que necesitan precios mucho más altos para sostener la actividad".Según Giraudo, esos sectores tienen una fuerte injerencia política a nivel municipal, estadual y nacional, lo que deriva en presiones para limitar el ingreso de productos argentinos y uruguayos, que además cuentan con la ventaja competitiva del arancel externo común del Mercosur, del 28%.Fue así que hace tiempo comenzaron a plantear situaciones de dumping y de prácticas deshonestas, y han generado durante muchos años procesos de cierre total de importaciones, fijación de cuotas o cupos que tuvieron que cumplir entre la Argentina y Uruguay. "Ahora estamos en el mismo proceso, que se repite recurrentemente cuando el precio al productor no alcanza y está por debajo de los costos de producción", recordó. Según pudo saber LA NACION, el tema cayó mal en el Gobierno, pero fuentes oficiales consultadas por este medio para que den una definición declinaron hacer comentariosMientras la investigación sigue su rumbo y, aunque por ahora no hay aranceles adicionales, según pudo saber LA NACION, el tema cayó mal en el Gobierno, pero fuentes oficiales consultadas por este medio para que den una definición declinaron hacer comentarios al respecto.

Archivada la causa contra el lotero de Lugo investigado por falsear un atraco de 400.000 euros

El juzgado ordenó el sobreseimiento provisional tras concluir que no hay pruebas concluyentes que vinculen a los implicados con delitos de simulación, estafa o robo, aunque la resolución permite presentar nuevos recursos en los plazos previstos

Avanza una causa por un "rulo" con el dólar durante el gobierno de Alberto Fernández que involucra a Elías Piccirillo

El juez federal Sebastián Casanello ordenó varios operativos, uno de ellos en el Banco Central de la República Argentina

Día clave para la causa contra la conducción de la AFA: declaran los presuntos testaferros

Luciano Pantano y Ana Lucía Conte figuran en registros oficiales como los verdaderos dueños de la mansión de Pilar y de otros bienes millonarios, pero los investigadores sospechan que en realidad ese patrimonio no les pertenece

Causa ANDIS: qué explicaciones dio Ornella Calvete sobre los 700 mil dólares encontrados en su casa

La hija de Miguel Ángel Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, expresó su "absoluta ajenidad" con los hechos de la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Leer más

José Luis Serrano: "Doña Jovita, más que un personaje es una causa"

Hace casi 40 años que la abuela de Traslasierra se convirtió en un ícono del humor cordobés y en una voz incómoda pero necesaria del interior profundo. Lejos del éxito entendido en clave de mercado, su vigencia se explica por una alegría esperanzada que nace del fracaso, la memoria y la resistencia cultural. Leer más

Éxodo judicial en la AFA: renunciaron dos jueces clave de los tribunales por el avance de la causa contra Claudio "Chiqui" Tapia

Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci abandonaron sus cargos en Ética y Disputas. La decisión se precipitó tras un pedido para apartar a los magistrados del fútbol mientras se investiga a la cúpula dirigente por lavado y fraude. Leer más

El 2026 de la Corte Suprema: la mira puesta en los casos de corrupción, se resuelve una causa contra Jorge Macri y preocupan las vacantes

Sin incluso con tres jueces la Corte Suprema de Justicia fue protagonista en 2025 por las condenas en casos de corrupción, como la sentencia que llevó presa a Cristina Kirchner, en 2026 el tribunal continuará con un papel relevante. Tiene en agenda encaminar los dos juicios pendientes contra la expresidenta, rematar sus bienes, acelerar el caso de los Cuadernos de las Coimas y reabrir un expediente de lavado que impacta de lleno en Joge Macri, el jefe de Gobierno porteño.Sin embargo, el tema que más preocupa en la Corte Suprema son las vacantes del Poder Judicial, que según sus proyecciones llegarán al 42 por ciento en 2026. Esta vez, en principio, los jueces de la Corte le creen a Gobierno cuando dice que en marzo serán cubiertas. Los jueces de la Corte Suprema no confrontaron en 2025 con el Gobierno. Atravesaron el año sin que se sumen nuevos magistrados. En abril, el catedrático Manuel García-Mansilla juró como juez de la Corte, y votó, pero tuvo que dejar su despacho porque no obtuvo los votos de los tercios del Senado. Peor aún le fue al juez federal Ariel Lijo, que no logró el favor de los senadores. La llegada de Lijo al máximo tribunal era parte de una jugada mayor que no era recibida con beneplácito en el tribunal. Ricardo Lorenzetti era quien lo promovía y esperaba su arribo, pero no sus colegas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.Las sonoras diferencias públicas entre la dupla conformada por Rosatti y Rosenkrantz y el juez Lorenzetti, que dominaron el final del 2024, no tuvieron la misma resonancia en 2025. De todas formas, las divergencias subsisten, porque son producto de sus diferentes modos de ver la gestión judicial. Eso no impide que a la hora de votar puedan encontrar consensos. En 2025, los jueces de la Corte cambiaron su dinámica de relación con el Gobierno. Después del triunfo electoral de Javier Milei se aceitó un nuevo canal de comunicación, abierto con el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, sin dejar de lado los habituales intercambios con el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.Los mensajes de Whasapp a Adorni son contestados al instante y al cierre del día aparece una solución al problema que le planteaban desde tribunales.Puertas adentro, la Corte Suprema exhibió a fines de 2025 un récord de 15.000 fallos y casi 29.000 causas, "a pesar de estar jugado un partido de 11 con 7â?³ como expresa la metáfora que suele usar el apasionado futbolero juez Rosatti, hincha de Boca, para referirse a las vacantes. Entre esas 29.000 causas, sin duda la mas resonante fue la que determinó la prisión de la expresidenta Cristina Kirchner al confirmar su condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron un voto conjunto en el que rechazaron cada uno de los argumentos que sostuvo la defensa para intentar revertir la condena. Además, la Corte Suprema dejó fime el decomiso de los bienes de los condenados hasta 640 millones de dólares, una medida que se viene demorando porque Cristina Kirchner y el resto de los condenados recurrieron la orden del remate ante la Casación.La Corte tiene previsto ser la que subaste los bienes de la corrupción, estrenando su plataforma de remates por internet, una solución digital para acabar con "la liga de rematadores", una mafia que acordaba subastas con compradores que pagaban menos del valor.La Corte reglamentó que tenía la potestad de administrar los bienes decomisados por la corrupción. Sin embargo, el Ministerio de Justicia, redactó y el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia donde se reservaba el control de esos mismos bienes. Hubo un choque de poderes.Finalmente, los jueces le dieron la razón a la Corte Suprema y suspendieron el DNU de Milei, de modo que la administración de los bienes del delito, incluidos los de la corrupción, será de los cortesanos. La decisión que favoreció a la Corte fue resuelta por la Cámara en lo Penal Económico, con las firmas de Roberto Hornos y Gabriela Robiglio, y se le sumó la Cámara Contencioso Administrativo Federal con los votos de los jueces Liliana Heiland y Rodolfo Facio. Los Cuadernos de las CoimasEl derrotero judicial de las causas de Cristina Kirchner no terminó. La Corte Suprema está mirando qué ocurre con el caso de los Cuadernos de las Coimas, que viene lento. También puso atención en el caso Hotesur y Los Sauces, por lavado de dinero, donde ni siquiera se puso fecha de inicio al juicio oral, y por el caso del Memorándum con Irán.En sintonía con la voluntad de la Corte Suprema, la llegada de Diego Barroetaveña a la presidencia de la Cámara de Casación va a acompañar este proceso, según dijeron fuentes de los tribunales. Barroetaveña, en su triple papel de conjuez de la Corte Suprema, camarista y consejero de la magistratura, tiene la botonera completa para impulsar desde su cargo el demorado juicio de los Cuadernos de las Coimas.Por eso, se prepara una resolución para indicarle al tribunal oral en febrero que debe sesionar de manera presencial, en Comodoro Py, en la nueva y reacondiconada Sala AMIA y realizar audiencias tres veces por semana como mínimo, según confiaron en los tribunales. Actualmete, el juicio se realiza dos veces por semana, vía zoom y no trabajarán durante enero.En paralelo, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la Casación quieren avanzar con el caso del Memorándum con Irán y el caso Hotesur y Los Sauces. El tribunal del caso Hotesur y Los Sauces no le puso fecha de inicio al juicio, a pesar de que la Casación en 2023 y la Corte en 2024 lo instaron a hacerlo. Ahora, el tribunal cambió la integración: a Adriana Palliotti, acompañada por José Michilini, se le sumó por sorteo el juez Rodrigo Giménez Uriburu, que ya condenó a Cristina Kirchner en Vialidad.En el caso Memorándum con Irán, donde también está Giménez Uriburu, el tribunal está pidiendo la Corte nueve contratos para poder arrancar. El año próximo, en el primer trimestre, seguramente se conozca una resolución con la fecha del juicio por el caso Hotesur y Los Sauces, que está a cargo de los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos. Los exfuncionarios que serán juzgados junto con Cristina Kirchner son Carlos Zannini, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, entre otros. El kirchnerismo señala que se trata de un pacto internacional, avalado por una ley del Congreso, por lo que nunca pudo ser un delito, sino que se trató de una decisión política. En materia de corrupción, la Corte Suprema dejó firme en 2025 la condena por la Ruta del dinero K contra Lázaro Báez, su hijo Martín, entre otros, que siguen presos. y confirmó la condena contra Julio De Vido, por la tragedia de Once, que está detenido en la cárcel de Ezeiza. El caso de Jorge MacriPor otro lado, la Corte Suprema resolverá a fin de año un caso que impacta sobre el jefe de Gobierno, Jorge Macri, acusado de lavado de dinero. Para eso designó dos conjueces para fallar si corresponde reabrir una causa por lavado de dinero en su contra o mantener su sobreseimiento.Los conjueces designados por sorteo y que aceptaron la tarea son Abel Sánchez Torres de la Cámara Federal de Córdoba y el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Pablo Candisano Mera.Estos tres jueces deberán votar en el caso junto con Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, que tenían posiciones diversas sobre el caso. La investigación comenzó en 2016 por una decisión de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que investiga "la hipotética canalización de fondos provenientes de actividades delictivas a través de la adquisición de un inmueble" en Miami, por 402.963,62 dólares.Los hechos son de abril de 2011 y fueron realizados por la sociedad, "IconUnit 1704", constituida un mes antes por Jorge Macri -entonces legislador bonaerense- y su entonces esposa, con un capital inicial de 10.000 dólares.Según aquella denuncia, el dinero para esa compra provenía de dos préstamos: uno del banco "BAC Florida Bank" por 219.000 dólares y otro de una sociedad uruguaya, Fawsley SA", por 184.000 dólares, que fue cedida luego a otra firma constituida en Panamá, 'Cometas Company Inc.', y adquirida por una hermana de Jorge Macri.Para los fiscales, según un comunicado de la Procuración "ese último préstamo 'no existió y se trató de un acto simulado, lo que generaba serias sospechas sobre el efectivo origen y procedencia del dinero'".Joge Macri fue sobreseído por la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en un fallo que ratificó la Cámara Federal de San Martín en 2019. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró inadmisible el recurso de la fiscalía. Es así que el caso llegó a la Corte Suprema.La Corte Suprema en 2025 trabajó con casos de libertad de expresión, daño ambiental y avanzó en causas de alto impacto institucional, como los reclamos de las provincias contra el Estado Nacional por sus cajas previsionales. Allí, Córdoba y la Nación alcanzaron un acuerdo ante la Corte Suprema.También en 2025, la Corte puso punto final a los intentos del empresario Pablo Otero, el Señor del Tabaco, a sus reclamos contra la aplicación de impuestos internos a los cigarrillos y dejó sin efecto una media cautelar que le permitió funcionar al Casino Flotante hasta ahora sin contrato vigente.En otros fallos, la Corte instó a los tribunales inferiores a justificar las largas prisiones preventivas dispuestas en causas de delitos de lesa humanidad, al advertir que para la prolongar detenciones "es necesario acreditar, mediante indicios concretos" que existen peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento en la investigación para disponer encierros provisorios y volvió, en otro caso, a exigir al Congreso Nacional que nombre un Defensor del Pueblo, cargo vacante desde hace más de 15 años.Un tema que preocupa a la Corte Suprema es la avalancha de juicios previsionales, y prepara para 2026 alguna decisión de modo de limitar los casos. La primera medida es instar a que las cámaras de apelaciones actúen como tribunales de casación, y dicten plenarios que obliguen a los jueces a unificar criterios para disminuir la litigiosidad.Lo mismo en el caso de los juicios laborales, donde la Corte revolucionó la manera de tramitar de todos los procesos de la justicia nacional en la Capital. Determinó que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ CABA) el "superior tribunal de la causa". Dee ese modo, trasladó a la "Corte porteña" la decisión sobre cómo se ajustan las indemnizaciones laborales, y todas las causas comerciales, civiles y penales de la Capital.La Corte cerró el año con un reclamo al Gobierno sobre la necesidad de cubrir las vacantes en el Poder Judicial. Sus miembros confían en que, luego del mensaje del 1 de marzo de Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el Gobierno envíe al Senado los 203 pliegos que tiene en sus manos.

Causa Márquez y Asociados: detuvieron a dos contadores externos que asesoraron a la empresa

Gerardo Wenetz y Fabio Roberto Ferrari del estudio FW Contable fueron imputados por presunta asociación ilícita. Según el fiscal Enrique Gavier habrían creado sociedades para ocultar fondos de las estafas y desviar dinero, engañando incluso al juez de la quiebra. Leer más

Ratificaron la intervención de Arroyo Salgado en la causa por enriquecimiento ilícito contra Eduardo Kueider

La Cámara Federal de Casación rechazó distintos planteos para apartar a la jueza federal y avaló las medidas patrimoniales dispuestas en la investigación que tiene en la mira al ex senador

Dictaron el secreto de sumario en la causa de la mansión de Pilar: podrían levantar la feria judicial para continuar con la investigación

Los presuntos testaferros preparan un descargo para defenderse de la acusación de la Justicia. El martes se realizó un allanamiento en un estudio contable de Lomas de Zamora. El perfil económico de los imputados

La causa por presunto lavado en la compra de una mansión en Pilar atribuida a Toviggino entró en secreto de sumario

El juez Marcelo Aguinsky dispuso el secreto de sumario tras un pedido fiscal y una ampliación de la denuncia de la Coalición Cívica. Leer más

Causa ANDIS: Garbellini negó corrupción, cruzó a Spagnuolo y habló de "suma del poder" en la Agencia

El exdirector de Acceso a Servicios de Salud presentó un descargo ante la Justicia, rechazó las acusaciones y apuntó al ex titular de la ANDIS por el manejo del organismo. Leer más

Ordenaron reabrir la causa que investiga el desalojo fatal tras la toma del Parque Indoamericano en 2010

La Cámara de Aleaciones instó a que se vuelva a analizar el accionar de la Policía Federal junto a la entonces Policía Metropolitana por el operativo en Villa Soldati que terminó con dos muertos

Crisis sanitaria en Loreto: protestan en Iquitos por niños fallecidos a causa de la tos ferina

Pueblos indígenas de Urarinas advierten que el brote se expande en la cuenca del Chambira y demandan una intervención inmediata del Ministerio de Salud

Con Cristina Kirchner aún internada, continúan las audiencias de la Causa Cuadernos

Se prevé que el Tribunal Oral Federal N 7 termine de leer la acusación a la ex presidenta como jefa de una asociación ilícita de corrupción. Leer más

Violencia de género: rechazan recurso de Fabiola Yañez y Daniel Rafecas seguirá en la causa contra Alberto Fernández

La exprimera dama aspiraba a llegar a la Corte Suprema para que se rechace el cambio de juez, pero no logró aval de Casación Penal. De esta manera, Julián Ercolini continuará apartado tras la recusación que le efectuó Alberto Fernández.

Quién es "El Tío", último detenido en la causa por el triple crimen de Florencio Varela

La investigación por los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi sumó el arresto de un hombre de 42 años, acusado de haber participado en la planificación de la masacre. La Justicia todavía busca a tres fugitivos. Leer más

Casación volvió a ratificar al tribunal de la causa "Vialidad II" y desestimó un intento de llegar a la Corte Suprema

Un imputado intentó apartar al juez Adrián Basso, pero fue ratificado en el cargo por sus superiores. Pedían que se sortee otro magistrado porque ya participó del primer debate oral, en el que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner

Confirmaron al juez Rafecas en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de la querella de Fabiola Yañez para llegar hasta la Corte Suprema para revertir el cambio de juez, que inicialmente era Julián Ercolini

La noble causa en la que Alfredo Adame gastará su millonario premio tras ganar La Granja VIP

El triunfo le valió al conductor y actor mexicano un premio que la producción estableció en 2 millones de pesos mexicanos

La precuela de la causa Andis: los empresarios que pasaron de vender sillas de ruedas a soñar con comprar Garbarino

Los protagonistas de la presunta asociación ilícita que se abocó durante la gestión de Diego Spagnuolo a expoliar decenas de miles de millones de pesos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), también extrajeron fortunas de otras áreas del Estado nacional durante las presidencias de Javier Milei y Alberto Fernández, según reconstruyó LA NACION en base a registros oficiales, documentos tributarios y fuentes al tanto de la operatoria bajo sospecha.El entramado abarca a Miguel Angel Calvete y Federico Maximiliano Santich, dos empresarios que ya se encuentran bajo la lupa del fiscal federal Franco Picardi y del juez federal Sebastián Casanello. Pero incluye también a otros exfuncionarios, dueños de droguerías y exsocios y empleados de ambos que permanecen en las sombras, hasta ahora.La operatoria conjunta comenzó a gestarse durante la pandemia de Covid-19, cuando un amigo en común presentó a Calvete y de Santich, café de por medio. Pronto, el ida y vuelta entre ambos viró hacia la posibilidad de generar negocios con el sector público. ¿Y cuál fue el primero? Vender ortopedia e insumos médicos al Ministerio de Salud, en tiempos de Ginés González García. "Sillas de ruedas, con base en Villa Urquiza", recordó una fuente con conocimiento directo de la operatoria que accedió a dialogar con LA NACION bajo reserva de su nombre. "Tenían un ida y vuelta permanente con funcionarios de Salud, y con otros que respondían a la Casa Rosada, incluyendo colaboradores de Santiago Cafiero y Juan Manzur", precisó, en alusión a los jefes de Gabinete de Alberto Fernández.Durante aquellos años de cuarentena y confinamiento, Calvete y Santich también hicieron pie -y ganaron millones- con en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, y con la Dirección Nacional de Vialidad. Pero allí no pretendieron construir o reparar rutas o puentes, según reconstruyó LA NACION. Se concentraron en la provisión de "servicios".Santich operó esos negocios apoyado en varias empresas. Entre ellas, Profarma SA y Profusión Marketing SRL, a la que rebautizó Profusion SRL cuando en agosto de 2020 modificó su objeto inicial de consultoría informática y la destinó a "servicios relacionados con la salud humana". Ambas figuran en el dictamen que el fiscal Picardi presentó en noviembre para pedirle a Casanello que ordenara la indagatoria a Santich, y la detención e indagatoria de Calvete.En su dictamen, no obstante, Picardi no incluyó otras dos sociedades que Santich utilizó de manera intensiva para sus negocios durante los últimos años. Son Smart Medical Image SRL -más conocida como SMI SRL- (CUIT 30-71586218-9) y Prenor SAS (CUIT 30-71659647-4). Ambas, con la venta de instrumental y artículos ortopédicos como objeto social desde diciembre de 2020 y julio de 2022, respectivamente, según surge de los registros de ARCA.Tanto Smart Medical Image como Prenor quedaron bajo la supervisión directa de la mano derecha de Santich, Laura Poloni. "Ella era la que pedía todas las facturas, se encargaba de los pagos por todas esas sociedades y de los retiros de fondo", detalló una segunda fuente consultada por LA NACION.Por aquellos días, Santich dio un salto de calidad. Ocurrió cuando un interlocutor habitual, Kevin Pocovi, le abrió las puertas de la Andis a Calvete y a él. "Fue Kevin quien los presentó a Santich y Spagnuolo, y el resto es historia", ironizó una fuente con conocimiento directo de los negocios en diálogo con LA NACION. "El contacto se gestó desde las oficinas de la familia Pocovi en Torre Catalinas Plaza", abundó, en alusión al edificio ubicado a metros del cruce de las avenidas Madero y Córdoba de la ciudad de Buenos Aires.Consultados por LA NACION, junto a Spagnuolo aportaron datos complementarios. "Diego lo conoció a Kevin antes de la campaña, en 2021 o 2022", estimaron. "Y le presentaron a Calvete durante la campaña [presidencial de 2023], durante un acto".Cercano al diputado libertario Guillermo Montenegro, que supo ser operador de la vicepresidenta Victoria Villarruel, Kevin Pocovi aparece vinculado a tres sociedades comerciales. Y con una de ellas, Inversora Eslava SA, firmó con el PAMI un contrato de alquiler por 36 meses de un edificio en la calle Reconquista 46 de Buenos Aires, por más de $2700 millones en 2024, según surge del expediente oficial AA-EX-2024-66403307-INSSJP-GAEI.De criptomonedasâ?¦ a GarbarinoMedio hermano del hijo menor de Zulemita Menem, Kevin Pocovi es hermano de Alan Pocovi, otro investigado en la "causa Andis". El fiscal Picardi lo acusó de recibir pesos y dólares de Calvete y "otras personas que estarían vinculadas a ortopedias o firmas proveedoras de insumos" y abocarse a su posterior lavado a través de, por ejemplo, criptomonedas.Sin embargo, según relataron a LA NACION fuentes al tanto de los negocios de Santich, Calvete y otros protagonistas, el paso de los años y la acumulación de negocios con el sector público generó tal volumen de ingresos que los protagonistas de la operatoria bajo sospecha decidieron adquirir un centro de diagnóstico por imágenes en Quilmes, donde también financiaron las campañas de candidatos locales.Para entonces, Santich ya se movía en autos de lujo que compraba al contado con fajos de billetes. También abría una oficina en la calle Esmeralda 1080 de Buenos Aires con la meta de expandir sus operaciones. Por ejemplo, con Meridius SA (CUIT 30-71179868-0), una sociedad abocada a la venta al por menor de instrumental médico y productos ortopédicos desde enero de 2023, según consta en los registros de ARCA.Junto a Sergio Mastropietro, otro de los señalados por el fiscal Picardi como presunto lavador de las ganancias bajo sospecha del grupo a través de las firmas Baires Fly SA y Megastatica SAS, Santich y Calvete se ilusionaron con entrar y jugar en las ligas mayores. "Al final, estaban pasados de rosca", rememoró alguien que trató al trío durante años. "Estaban tan cebados que en un momento llegaron a decir que querían comprar la cadena Garbarino".

Angélica Vale causa polémica al mostrar anillo tras su divorcio de Otto Padrón: ¿reconciliación o nueva propuesta?

La actriz sorprendió al lucir la joya en pleno proceso de separación, generando todo tipo de interpretaciones entre sus fans

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Ornella Calvete se negó a declarar en la causa Andis

En la investigación surgieron sugerentes conversaciones con su padre, Miguel Calvete, acusado de lobista entre las droguerías y el organismo.

En paralelo al concurso, los exdirectivos de Vicentin enfrentan una causa penal por defraudación

ROSARIO.- La caída en default de Vicentin en diciembre de 2019, en su momento la cuarta agroexportadora más grande de la Argentina, derivó en la gestación de escenarios judiciales en paralelo. Por un lado, el trámite del concurso de acreedores, que este jueves tuvo una novedad trascendente luego de que el juez Fabián Lorenzini resolviera otorgarle a Grassi SA, una firma rosarina dedicada al corretaje de granos, el control de la agroexportadora. Y por otro, se tramitó en la Fiscalía de Rosario una causa por defraudación contra 16 directivos de Vicentin, que fueron imputados por el entonces fiscal Miguel Moreno, actualmente magistrado de Cámara. En marzo pasado fueron detenidos cuatro integrantes del directorio, entre ellos Daniel Buyatti, expresidente de la compañía; Roberto Gazze, exgerente; Omar Scarel, otro extitular de la firma, y el contador Alberto Julián Macua."En desuso": el Gobierno acelera para desafectar del INTA a casi 34.000 hectáreasLos fiscales Moreno y Sebastián Narvaja consideraron que, a pesar de no formar parte de la conducción de Vicentin, los exdirectivos continuaron con la gestión de la empresa y utilizaban fondos provenientes de la agroexportadora. La detención de los cuatro hombres de peso de Vicentin generó un revuelo en los tribunales de Rosario, luego de que los fiscales señalaran que los exdirectivos habían sacado dinero de la compañía concursada para solventar los gastos de los abogados defensores.Luego, la Cámara penal decidió que Buyatti, Gazze, Scarel y Macua quedaran en libertad. El camarista Gustavo Salvador acusó a los fiscales de haber vulnerado garantías constitucionales en su accionar y resolvió otorgar la libertad bajo caución de 1.000.000 de dólares a cada uno de los exdirectivos.La resolución del juez Salvador advirtió que la prueba obtenida sobre los honorarios legales pagados a los abogados defensores carece de validez por haber sido obtenida "en violación de las garantías". En las audiencias previas, el abogado defensor Jorge Ilharrescondo había calificado de "grosera violación de las garantías constitucionales" la revelación de los honorarios que, según la acusación, fueron financiados con fondos que debían estar bajo custodia judicial.Desde ese momento, en esa causa no hay novedades de peso. A principios de octubre, según confiaron fuentes de la causa, se reunieron funcionarios del Ministerio Público de la Acusación con los abogados querellantes y defensores para empezar a evaluar la posibilidad de que se llegue a un acuerdo de juicio abreviado, sin que esa medida represente un riesgo de que los directivos regresen a la cárcel. Esa posibilidad podría prosperar el año próximo, según analizaron las fuentes judiciales consultadas.El nudo de la causa por defraudación apunta a que los directivos que conducían la empresa habrían ocultado durante años la verdadera situación económica de Vicentin. Habrían engañado a bancos y productores agropecuarios que operaban con la firma bajo la modalidad "a fijar precio". El endeudamiento masivo y la falta de transparencia, según la acusación, fueron claves para llevar a la firma al concurso de acreedores y al posterior default.En diciembre de 2023, la Fiscalía pidió la apertura de juicio y solicitó penas de entre 3 y 17 años de prisión para 16 exdirectivos y colaboradores de la firma, entre ellos Buyatti, Macua, Gazze y Scarel. También fueron acusados ejecutivos de empresas vinculadas, auditores de la consultora KPMG y los síndicos del concurso.Fuentes cercanas a los exdirectivos de Vicentin señalaron que confían en que se llegue a un acuerdo en la causa penal por defraudación, luego de que se cerró un capítulo después de que tomara el control de la empresa el grupo Grassi. La sospecha que tienen varios exdirectivos -según admitieron a LA NACION las fuentes- es que la causa penal avanzó y de alguna manera fue una presión contra este sector de la compañía para allanar el camino y evitar la quiebra de la agroexportadora."Entre diciembre de 2019 y fines del año 2024, a través de las maniobras de administración infiel, el agrupamiento criminal detrajo ilegítimamente fondos pertenecientes a las empresas del grupo por un total estimado nominal de $952.655.044", señaló el fiscal Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, en la audiencia que se llevó adelante en marzo de este año.También, según los acusadores, los exejecutivos de la agroexportadora usaron fondos de las empresas del grupo para pagar el seguro de caución (fianza) que tuvieron que contratar con Sancor Seguros para evitar quedar detenidos cuando fueron imputados en la primera parte de esta causa que se inició en 2020. En concreto, de acuerdo a los documentos, usaron $40.751.243 de la empresa para pagar una fianza personal.La hipótesis de los fiscales es que el "agrupamiento criminal" persistió en maniobras de administración infiel entre diciembre de 2019, cuando se declaró el default de Vicentin, y fines de 2024, con lo que desvió ilegalmente fondos de todas las empresas allegadas por algo más de 890 millones de pesos. Las sociedades afectadas en su patrimonio con esta maniobra ilegal fueron Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, Vicentin, Algodonera Avellaneda y Sottano. La estafa, según los fiscales, fue para sostener gastos personales. Dijeron que se llevaron para eso el equivalente en ese tiempo a 20.946 salarios mínimos.Este nuevo capítulo surgió a partir de la documentación que presentó un grupo de accionistas minoritarios de la empresa que pedían ser querellantes. La justicia rechazó ese planteo, pero la Fiscalía de Delitos Económicos analizó la información que presentaron y abrió una investigación sobre el uso de fondos que hacían directivos de la agroexportadora para solventar gastos personales, como, por ejemplo, el pago de honorarios a sus abogados, por un valor estimado de 1,5 millones de dólares. Se detectó también que facturaban viajes en avión de una aeronave que era de la compañía. Los accionistas minoritarios, muchos de ellos con el mismo apellido de los fundadores de la agroexportadora, fueron quienes acercaron esa información.A la par, Omar Scarel está complicado en otra causa en la que está involucrado el extitular de ARCA Rosario, Carlos Vaudagna, quien admitió en su condición de arrepentido -en otra causa en la que está preso el exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque- que asesoraba de manera ilegal a Scarel mientras tenía el cargo de director de la exAFIP.En su declaración ante la justicia federal, Vaudagna admitió que benefició a la empresa cerealera que entró en default en 2019 al eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por un monto total de $143.254.723,61, cometido en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.El exjefe de la AFIP también reconoció que entre mayo de 2018 y julio de 2019 intercedió y ejerció su influencia ante funcionarios de ARCA que estaban a cargo de la fiscalización e inspección de créditos fiscales indebidamente percibidos por Vicentín SAIC. La maniobra de Vaudagna, según admitió, fue evitar que fueran impugnados y reducir el monto del ajuste fiscal determinado por la exAFIP, con la finalidad de evitar la denuncia penal contra la empresa.

Ni las redes sociales ni la escuela: cuál es la principal causa de los trastornos alimentarios infantiles

"Cada vez hay más casos de niñas que hacen dieta y eso es preocupante". Con esa frase, la nutricionista Fiorella Vittelli analizó una problemática que no para de avanzar: los trastornos alimentarios infantiles. En consonancia, la psicóloga Jacqueline Rosenberg, también presente en los estudios de LN+, expuso: "Hay padres que se quejan todo el día de sus cuerpos, y eso es algo que sus hijos inevitablemente van a aprender". LN+: Infancia y dietas peligrosas¿Cuánto influyen las redes sociales?"Ya quedó demostrado que utilizarlas a temprana edad no es para nada conveniente en ningún plano del bienestar", planteó Vittelli respecto al uso de las redes sociales. "Por eso hay que retrasar su consumo lo máximo posible", agregó.En la misma tónica, según Rosenberg, "resulta utópico restringir las redes sociales sin decir nada. Es decir, restricción sin discurso, sin decir por qué no hay que usarlas, no vale la pena".Luego, Vittelli remató: "El peligro es cuando, desde las redes, se deja de hablar de nutrición y se da lugar a la comparación de los cuerpos. Echarle la culpa a lo que hacemos con nuestros teléfonos o lo que pasa en la escuela, es sacarnos de encima algo que verdaderamente empieza en casa".El aprendizaje por imitaciónEl punto cardinal para entender esta problemática es el referido a los métodos de aprendizaje de los más chicos. "El trastorno alimentario infantil tiene que ver íntegramente con lo que nos escuchan decir: nuestros hijos aprenden por imitación", coincidieron las profesionales. "Si me quejo todo el día de mi cuerpo, mi hija aprende eso. Y si hablo mal de la gordura y bien de la delgadez, el razonamiento de la niña va a ser que comer es fallar", analizó Rosenberg.Por su parte, Vittelli graficó esa idea con una conducta cotidiana. "Por ejemplo cuando nos miramos al espejo y decimos 'estoy gorda' o 'tengo que dejar las harinas', al niño también le va a quedar todo eso", apuntó.La nutricionista también compartió una anécdota familiar. "En la época de los noventa, mi madre era una mujer que hacía comidas muy nutritivas. Un día nos hizo a mis hermanos y a mí, un guiso de lentejas. Pero ella se puso a comer un yogurt. Entonces le pregunté por qué estaba comiendo eso. 'Porque me estoy cuidando', me respondió. Entonces yo lo primero que dije fue, 'ah, entonces a mí no me cuida'", relató Vittelli.Modas y emocionesConsultada sobre los comportamientos actuales, Rosenberg dijo: "Hoy por hoy, ser saludable está de moda. Hay influencers que dicen que el café hace bien, otros que hace mal. Quizás no haya que ser tan perfecto, porque hay veces que comerse un churro con dulce de leche está perfecto".Al cierre, la nutricionista también hizo su aporte. "A mí me gustaría que reflexionemos sobre cómo nos tratamos. Hablar sobre la selectividad alimentaria que tienen muchos padres. De resolver y darles a sus hijos siempre lo mismo: fideos o papas, para que eso no sea una preocupación. De una vez por todas tenemos que entender que la alimentación es 100% emocional", concluyó Vittelli.

La UBA distinguirá al Indio Solari con el título de Doctor Honoris Causa por su aporte a la cultura

El Consejo Superior aprobó otorgar el máximo galardón de la universidad al ex líder de los Redondos. Destacaron su "densidad poética", su trayectoria de cinco décadas y su influencia masiva en la identidad argentina. Leer más

De pedir una "Lambo" a Comodoro Py: Ornella Calvete se negó a declarar en la causa ANDIS

La hija de Miguel Ángel Calvete se presentó ante el juez Sebastián Casanello acusada de integrar la banda que direccionaba compras de insumos. Las pruebas en su contra incluyen una fortuna en efectivo encontrada en su casa y mensajes donde advertía a su padre sobre el dinero en negro. Leer más

Ornella Calvete se negó a declarar en la causa por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

La ex funcionaria del Ministerio de Economía e hija de uno de los principales acusados guardó silencio en tribunales

Alejandro Aramburú causa furor en el aeropuerto de Lima: cantante regresó a Perú tras su debut internacional en Santos Bravos

El cantante peruano fue recibido por decenas de seguidores en el aeropuerto Jorge Chávez luego de consagrarse como integrante de la nueva boyband latina de HYBE Latin America y protagonizar un hito para la música nacional

Martín Caparrós fue distinguido como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara

MADRID.- Son muchas las razones para distinguir a Martín Caparrós como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara (México). Algunas de ellas se expusieron ayer en un acto en el Instituto México en España (Madrid): "Su extraordinaria contribución al periodismo narrativo y a la literatura contemporánea", o por su "compromiso ético e intelectual con la verdad, la memoria y la dignidad humana". Por eso y por su trayectoria como escritor, cronista y ensayista, la institución mexicana entregó la medalla al autor de Ñamérica y El hambre. "Es una de las voces más relevantes del ámbito iberoamericano", justifica la institución.La Biela: en una esquina de la argentinidad, la mesa de un bar, Borges y BioyA Martín Caparrós le "faltó México en su vida", dijo el escritor. El argentino "quería vivir allí en algún momento". Por la inspiración que fue Carlos Fuentes para su primera novela o porque fue en ese país donde hace 45 años comenzó a dejarse su ya característico bigote.La sala donde se celebró el acto, ubicada en la segunda planta del Instituto México en España (Madrid), acogió una exposición de unas 50 ilustraciones multicolor de México y a un grupo selecto de poco más de 30 personas. Entre ellas se encuentran periodistas y autores como Alex Grijelmo, el escritor mexicano Jorge Volpi y el exdirector de EL PAÍS, Javier Moreno. También asistieron amistades y familiares del homenajeado y algunos becarios de la Universidad de Guadalajara que a partir de hoy están "bajo su tutela". Todos recibieron al argentino con un caluroso y sonoro aplauso.De todas las razones que leyó Mara Robles, rectora en la Universidad de Guadalajara, Caparrós asintió a una en especial: "Es un sembrador de dudas". Esa semilla es la que plantan cada año a los estudiantes, contó Robles, que inician escuchando las primeras líneas de El hambre: "Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre: sentimos hambre dos, tres veces al día. No hay nada más frecuente, más constante, más presente en nuestras vidas que el hambre y, al mismo tiempo, para muchos de nosotros, nada más lejano que el hambre verdadera". Esa lectura sorprendió y emocionó a Caparrós.El Doctorado Honoris Causa es el título honorífico y el más importante galardón que otorga la Universidad de Guadalajara concede a personalidades "eminentes". Ya sean mexicanos o extranjeros, con méritos "excepcionales" por sus contribuciones en cualquier campo del conocimiento, de las artes, o por la "destacada contribución de su vida y obra, a las causas más nobles de la humanidad".Tanto Martín Caparrós (Buenos Aires, 68 años) como su obra han recorrido medio mundo. Tiene más de 40 libros publicados en más de 30 países. Entre sus más recientes entregas están Antes que nada (Random House), que recoge las memorias de más de 50 años de profesión, así como las consecuencias del ELA â??enfermedad que afecta a las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinalâ??,que le fue diagnosticada hace tres años. El también periodista y columnista de EL PAÍS publicó el pasado noviembre Bue (Random House), donde narra la diversidad y lo auténtico de las ciudades. En este caso la suya: Buenos Aires, que lo nombró "Ciudadano ilustre", en 1957.Los recientes homenajeados en los últimos años han sido: el cantante y compositor español Joan Manuel Serrat (81 años), "por el canto que transformoÌ? la lengua en puente y no en frontera"; el escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado (81 años) â??exiliado en Madrid luego de que en 2021 la fiscalía de Nicaragua dictara una orden de captura en su contraâ?? en reconocimiento a su "invaluable legado y su contribución a la cultura y la literatura hispanoamericana"; el escritor cubano Leonardo Padura (70 años), por una obra que" ha dado voz a su generacioÌ?n marcada por silencios y esperanzas"; y el investigador mexicano Miguel Ángel Navarro Navarro (74 años) â??quien fue Rector General de la institución que otorga el méritoâ?? por su "defensa de la educación media superior y superior como medio para alcanzar la justicia social".El pasado julio, la Universidad de Buenos Aires le otorgó a Caparrós un reconocimiento similar al de esta tarde.

La Justicia reabrió la causa de Javier Milei contra Julia Mengolini por sus dichos sobre el "incesto" y la relación con su hermana

El camarista Pablo Bertuzzi revocó el sobreseimiento que había dictado el juez Sebastián Casanello. Bertuzzi consideró que las acusaciones sobre la intimidad del Presidente no forman parte del "interés público" y deben ser juzgadas como injurias. Leer más

La causa de muerte de Peter Greene sigue sin esclarecerse tras ser encontrado con lesiones graves hace una semana

Autoridades de Nueva York investigan las lesiones encontradas en el cuerpo del actor, mientras permanecen abiertas todas las hipótesis sobre su fallecimiento.

Reabren la causa que Javier Milei inició contra Julia Mengolini por decir que estaba enamorado de su hermana

Había sido rechazada por el juez Casanello en octubre, quien sobreseyó a la periodista al considerar que sus afirmaciones no configuraban un delito.Este jueves, la Cámara Criminal y Correccional Federal revocó el sobreseimiento.

La Justicia congeló todos los bienes de José Luis Espert en la causa que lo investiga por lavado de dinero

El juez federal Lino Mirabelli congeló los bienes del exdiputado libertario José Luis Espert por 90 días por una serie de omisiones e irregularidades en sus declaraciones juradas, que fueron detectadas por los fiscales que intervienen en la causa que se tramita en San Isidro.La medida, que alcanza también a su pareja, María Mercedes González, y a su sociedad Varianza S.A., se da en el marco de la causa que investiga un presunto lavado de activos como consecuencia del vínculo que Espert forjó con Federico "Fred" Machado, quien será juzgado en Estados Unidos en un proceso por narcotráfico. De él, Espert recibió 200 mil dólares, tal como pudo comprobar este medio y denunció Juan Grabois en la presentación que dio inicio al caso. Cuando estalló ese escándalo, Espert era el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. En un primer momento, el presidente Javier Milei lo respaldó, pero finalmente debió renunciar a su candidatura.La orden del juez Mirabelli es en respuesta a un pedido del fiscal Federico Domínguez y de sus colegas de dos organismos especializados del Ministerio Público. Los expertos detectaron que Espert omitió declarar su participación en la sociedad Varianza S.A. Encontraron además distintas "arbitrariedades" en su declaración de la valuación de algunos de sus bienes.Dijeron también que sus ingresos declarados no alcanzan a justificar las exteriorizaciones reflejadas y se refirieron a la "existencia de una cuenta no registrada en el exterior en la cual habría recibido US$30.000 provenientes de Wellington Capital Markets Ltd". Además, los expertos identificaron como posible testaferro de Espert al hijo de su pareja, Manuel Iglesias, de 23 años. El joven carece de ingresos declarados y resulta titular de un auto valuado en más de 70 millones de pesos. El juez señaló que, aunque todavía no se reconstruyó por completo el recorrido del dinero que Espert habría recibido de la estructura criminal ligada a Machado, el vínculo entre ambos quedó reforzado con la documentación sobre el supuesto contrato de servicios profesionales que el excandidato libertario habría firmado con la firma guatemalteca Minas del Pueblo SA, de Machado. "Cabe remarcar -dijo el juez Mirabelli- que dicho acuerdo preveía la entrega total de US$1.000.000 en favor de José Luis Espertâ?³.En su denuncia, Grabois marcó que Espert compró junto a su pareja, en noviembre de 2019, una casa de 250 m2 en Beccar, y unos meses más tarde, en marzo de 2020, habría adquirido un auto BMW, modelo M240I. "La evolución patrimonial de Espert tiene un antes y un después de conocer a Fred Machado", denunció. En tanto, Machado, que estaba en el país, pero fue extraditado a Estados Unidos en noviembre, tiene hasta el 6 de febrero para definir si se declara culpable o reafirma su inocencia en la causa que lo investiga en el país norteamericano por presunto narcotráfico, lavado y estafas.

Cuatro iraníes declararon como testigos en la causa AMIA y aportaron datos sobre la planificación del atentado

Son miembros de la resistencia que se enfrenta al régimen desde el exilio. El fiscal de la causa, Sebastián Basso, los entrevistó en Francia luego de varios meses de gestiones diplomáticas. El juez Daniel Rafecas se prepara para enviar a diez acusados a un juicio en ausencia

El juez Peinado acaba cediendo y archiva la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por basarse en "meras suposiciones"

Francisco Martín Aguirre estaba investigado por un presunto delito de malversación de caudales públicos dentro del 'caso Begoña Gómez'

Procesaron a Marcelo Moretti por administración fraudulenta en la causa por corrupción en San Lorenzo

La Justicia dictó el procesamiento del presidente del club de Boedo por una presunta coima de u$s25 mil para fichar a un juvenil. Le impusieron un embargo millonario y una prohibición de salida del país, en medio de una grave crisis institucional.

Ordenaron la libertad bajo caución de Ricardo Osuna en la causa por abigeato

La excarcelación del abogado fue dispuesta por un juez de Garantías y quedará supeditada a la fijación del monto de la caución y a la concreción de los trámites administrativos. La defensa anticipó que ofrecerá un inmueble como garantía. Leer más

Escándalo de las fotomultas: piden el jury y la suspensión de un juez bonaerense en la causa contra Jorge D'Onofrio

Denuncian que intentó frenar una causa federal por lavado de dinero y beneficiar al exministro de Kicillof.

Corrupción judicial: el juez Salmain sumó una tercera causa en su contra

El juez federal de Rosario Gastón Salmain sumó una tercera causa en su contra. Esta vez es por abuso de autoridad, luego de que después de un allanamiento y secuestro de su teléfono celular, el 17 de octubre en la puerta de su casa, en el barrio de Belgrano, el magistrado envió una serie de notas, entre ellas al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, para averiguar quién y por qué lo investigaban. Salmain accedió a información que solo lo pudo hacer en su condición de juez, pero en este caso estaba del otro lado, era él quien estaba siendo investigado por autorizar en diciembre de 2023 a un financista rosarino la compra de 10.000.000 de dólares a precio oficial, por fuera del cepo cambiario que regía en ese momento. Es la tercera causa que enfrenta Gastón Salmain en la justicia federal, a la par del sumario que se abrió en su contra en la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. El lunes pasado, en el programa que conduce Carlos Pagni, el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, tocó el tema de la justicia federal de Santa Fe, que está convulsionada desde hace casi dos años por los casos de corrupción y connivencia con el narcotráfico, a partir de la investigación contra el exjuez Marcelo Bailaque. Rosatti fue cuidadoso en los términos que usó porque estas causas en algún momento arribarán al máximo tribunal. Pero utilizó una frase para describir el fenómeno. Dijo que la propia justicia puso el "reflector" sobre un entramado en el que aparecen "empresarios, medios de comunicación y eventualmente jueces", también habló de "operadores judiciales", "influyentes y servicios" de inteligencia. Y delineó por dónde va a pasar el problema con el narcotráfico: "con el lavado de dinero". En Rosario actualmente hay un exjuez federal preso, como Marcelo Bailaque, y otro magistrado que está siendo investigado, como Salmain. Y es probable que el año próximo las pesquisas se centren en otros magistrados. Salmain, además de enfrentar varias causas judiciales en su contra, está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura. En el programa Vale Doble, que conduce Rodrigo Miró en radio Universidad, el magistrado repitió el mismo argumento que su defensa plantea como estrategia: que hay una especie de complot entre medios de comunicación y sectores de la justicia federal para perjudicarlo. "Existe una persecución de inequívoca naturaleza política que se mezcla con lo mediático", aseguró el magistrado.Salmain fue imputado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Según el planteo de los fiscales federales, que fue avalado por el juez de Garantías, Román Lanzón, Salmain utilizó su investidura de juez para procurar indebidamente información en un caso en el que se lo investigaba y por el cual se lo estaba allanando hace poco más de un mes. Lanzón dijo que el caso tiene "gravedad institucional" y pidió que le remitan el legajo al Consejo de la Magistratura de la Nación.El 17 de octubre pasado, Salmain enfrentó una requisa -una especie de allanamiento- al salir de su domicilio en el barrio porteño de Belgrano, donde efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le secuestraron el teléfono. El magistrado, como ya reveló Aire de Santa Fe, entregó el celular -estaba apagado-, pero no aportó la clave de acceso. Al tratarse de un iPhone 17 es casi imposible con la tecnología que tiene hoy la Argentina peritar ese smartphone sin la clave de acceso.Los fiscales federales que estuvieron al frente de la apertura de esta causa revelaron que Salmain redactó una nota para averiguar cómo se habían enterado que él estaba en Buenos Aires. También pretendió saber a quién se le había dado la orden de realizar esa requisa para sacarle el celular. Algo similar había hecho unos meses antes con una presentación que hizo en el juzgado de Lomas de Zamora para que le indicaran si estaba siendo investigado, algo que llamó la atención en el mundillo judicial de Buenos Aires.Los fiscales advirtieron en la audiencia que después de que entregara su celular a los agentes de la PSA en el barrio de Belgrano, Salmain usó su investidura de juez al mandar, el 21 de octubre de 2025, un oficio al director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alfredo Gallardo.Los investigadores querían peritar el celular de Salmain en el marco de una causa en la que fue imputado la semana pasada. Se trata del aval que dio el juez al financista Fernando Whpei a comprar 10.000.000 de dólares en diciembre de 2023 a precio oficial, por fuera del cepo cambiario que regía en ese momento. La sospecha, según la declaración de Whpei como arrepentido, es que el magistrado se habría quedado con un porcentaje equivalente a unos 200.000 dólares.En la entrevista en Radio Universidad, Salmain dijo algo que a muchos en la justicia federal les pareció descabellado: que pidió esa información porque dudaba que le estaban robando el teléfono. ¿Pensaba que agentes de la PSA le iban a sustraer su celular? En el mundo de los espías y conspiranoicos todo es posible, comentaron en los pasillos de los tribunales de Rosario.Salmain llamó al propio jefe de la PSA para pedirle precisiones sobre el allanamiento en su domicilio. La maniobra tenía que ver más que conseguir información sobre la investigación en su contra y sembrar miedo entre los agentes.Los abogados Franco Carbone y Gustavo Feldman plantearon que la acusación contra Salmain era atípica, ya que el magistrado hizo una solicitud de información, algo distinto de una orden, y que tampoco tenía un plazo de respuesta.El juez Lanzón aceptó el pedido de los fiscales de abrir otra causa contra Salmain y tras citar que se trata de un caso de "gravedad institucional", ordenó enviar el acta de audiencia y video al Consejo de la Magistratura, donde este juez está siendo investigado.La causa que más complica a Salmain tiene que ver con la autorización que otorgó al fideicomiso Attila en diciembre de 2023 para adquirir 10.000.000 de dólares a precio oficial, por fuera del cepo.Salmain está acusado, junto con Whpei y Santiago Busaniche, un escribano oriundo de Santa Fe que se mueve como operador judicial en Comodoro Py, según los fiscales, "de haber formado parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 y hasta abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de 10.000.000 de dólares, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el juzgado federal N°1 de Rosario".De acuerdo a la investigación, "para lograr el objetivo premeditado, Whpei utilizó su influencia y poder económico para que Salmain, en conjunto con Busaniche, direccionen el proceso judicial dentro del expediente y lo beneficien en los aspectos financieros relacionados con Attila Fideicomisos SRL, el Grupo Unión SA y Lancers SA".A cambio de ello, Busaniche, por su aporte operativo, y Salmain, que tuvo un rol clave en la causa al avalar el pedido de estos fideicomisos, solicitaron el pago del 10 por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares.En la investigación, los fiscales reunieron evidencias que apuntan a que para cumplir con el plan criminal, Salmain se reunió previamente con Whpei -al menos una vez en su despacho laboral- el 2 de septiembre de 2023, donde el financista le hizo entrega del escrito que presentarían, y el magistrado se manifestó sobre la viabilidad técnica del mismo al solicitar que lo demás lo arreglara con Busaniche. Con posterioridad, en el marco del expediente, dictó las resoluciones a favor de Whpei.El Banco Central apeló la medida el 11 de diciembre de 2023, y aunque la Cámara Federal de Rosario falló a favor de la entidad, el dinero ya había sido adquirido en seis tramos diferentes.Attila Fideicomisos actuó como fiduciaria del fideicomiso privado Doubleblue Argentina Credit Trust II, que comparte casi idénticamente las siglas con la empresa que reclamaba la deuda, lo que generó sospechas sobre si los operadores detrás de Doubleblue se pagaron una deuda a sí mismos.Cuando el Banco Central pidió al magistrado que suspendiera la medida un día después de su autorización, Salmain decretó que era de cumplimiento automático e inmediato. Los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay, de la Procuración de Lavado de Activos, buscan probar si la operación incluyó algún beneficio personal para el magistrado y si se realizaron maniobras irregulares con la divisa, como declaró Whpei en su carácter de arrepentido.Los registros oficiales indican que la firma adquirió al menos 1.128.850 dólares, que fueron transferidos a la empresa DB ACF Netherlands BV, un acreedor que habría otorgado una línea de financiamiento en 2018. La investigación se aceleró después de que Whpei se presentara como arrepentido en la causa del exjuez Bailaque, donde está acusado de haber participado en una trama de extorsión y corrupción institucional.El financista rosarino está detenido en su domicilio desde mediados de mayo y su prisión domiciliaria fue prorrogada hasta enero de 2026. En paralelo, Salmain es investigado por otro episodio vinculado al extitular de ARCA Rosario, Carlos Vaudagna, quien también se presentó como arrepentido en marzo pasado.

Fiscalía pide archivar la causa contra Errejón al ver "insuficientes" los indicios de agresión sexual a Mouliaá

A un año de la muerte de Beatriz Sarlo: cómo sigue la causa judicial y el plan de reediciones

En el primer aniversario de la muerte, a los 82 años, de la escritora Beatriz Sarlo, una de las intelectuales argentinas más reconocidas, que pudo trascender del ámbito académico al mediático con sus intervenciones en medios de comunicación y debates públicos, no está programado ningún homenaje, aunque sin duda se la recordará en redes sociales. Mientras tanto, la causa de su sucesión sigue paralizada. Los bienes de Sarlo incluyen dos departamentos (uno en la calle Hidalgo, en el barrio de Caballito, y otro, que utilizaba como estudio, en la calle Talcahuano al 100), los derechos de autor por su obra y algo de dinero en cuentas bancarias. Sus libros, que se siguen leyendo y publicando, generan regalías que ingresan a una cuenta bancaria administrada por el juez Fernando Cesari, del Juzgado Civil n° 60, conocido por haber adelantado un juicio porque coincidía con el de un partido de la selección nacional durante el Mundial de Brasil, en 2014.Tras la muerte de la prima materna de Sarlo, Ernestina Susana del Río, aspirante a heredera junto con Álvaro Edmundo Sarlo Sabajanes, primo paterno, y Alberto Sato, el marido del que nunca se divorció (pese a que ambos formaron nuevas parejas a partir de la década de 1970 y a que en el documento de la autora su estado civil era soltera), la sucesión entró en pausa hasta que se definan los herederos de Del Río que no tenía hijos sino sobrinos. Sato y Sarlo se habían casado en marzo de 1966 y se separaron en la convulsionada década de 1970.Cuando Sarlo falleció, Sato debió viajar de urgencia a Buenos Aires desde Santiago de Chile para autorizar los trámites funerarios. A mediados de año, la Justicia revocó el fallo que excluía a Sato de la sucesión; ahora, su letrado deberá demostrar que, pese a vivir en países diferentes (Sato en Chile, Sarlo en la Argentina) con sus respectivas parejas durante décadas, ambos compartían "un proyecto de vida".Por otro lado, LA NACION reveló a mediados de año que el encargado del edificio de Hidalgo 140, Melanio Alberto Meza López, se había presentado en la sucesión como heredero del departamento que la autora había compartido con su pareja, el cineasta Rafael Filippelli, hasta su muerte en marzo de 2023, y en el que siguió viviendo, afectada por problemas de salud. Meza López presentó como prueba una nota manuscrita firmada por Sarlo en la que esta le "dejaba a cargo" su departamento y el cuidado de la gata Nini (o Niní). El peritaje judicial determinó que la nota de Sarlo era auténtica.Con esta novedad, y con la aparición en la causa de los primos octogenarios, quedó en suspenso el proyecto de un grupo de amigos de la autora (Adrián Gorelik, Graciela Silvestri, Ada Solari, Hugo Vezzetti, Sylvia Saítta, designada albacea de la obra sarliana, David Oubiña y Adriana Amante, que puso en duda la salud mental de su mentora a la hora de escribir la carta presentada por Meza López) de utilizar el dinero de la herencia paar crear un "fideicomiso cultural". Otro grupo de amigos tomó distancia de esa propuesta.La biblioteca y el archivo de Sarlo, por decisión de sus amigos más cercanos, fueron trasladados del departamento de Talcahuano al Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI), que dirige el historiador Horacio Tarcus, y donde se veló a Sarlo. A modo de postal de la época, cabe recordar que la institución, desfinanciada por el Gobierno a partir de 2024, colecta fondos para poder pagar los honorarios a un archivista por cuatro o seis meses. Este miércoles, el CeDInCI difundirá un video en homenaje a Sarlo, con imágenes de su biblioteca y del archivo. Un voluntario ya catalogó más de mil libros y, si la institución recibe apoyo económico, podrá contratar a un estudiante para que avance en la tarea de descripción del archivo, con el objetivo de abrirlo a consulta pública, al igual que la biblioteca a mediados de 2026.En las últimas semanas, la sucesión de Sarlo dio un inesperado giro cuando el letrado José María Nasra, en representación de una asociación protectora de animales, solicitó al juez Cesari -que mantuvo la decisión de su antecesora en la causa, la jueza Cecilia Kandus, de cerrar el expediente a consulta pública- que brindara un informe sobre el estado de salud de la gata de Sarlo, Nini, que actualmente vive con la familia del encargado. Cesari rechazó la medida, aunque abrió un nuevo expediente; Nasra apeló y el pedido pasó a la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones. LA NACION pudo saber que Nini se halla en buen estado de salud, a pesar de haber sido "mudada de apuro" meses atrás junto con la gata de Meza López del departamento de Sarlo, en el octavo piso, por pedido de la letrada de la prima que murió a principios de octubre, en Viedma. Mientras tanto, en el plano editorial, en febrero Siglo XXI publicó en la colección Biblioteca Beatriz Sarlo No entender. Memorias de una intelectual ($ 26.590), libro póstumo que estuvo al cuidado de Saítta y Gorelik (donde se explaya sobre familiares, amigos y amores). La primera edición se agotó en pocas semanas y se lanzó una segunda. Este mes, la editorial acaba de reeditar, con nueva portada, Borges, un escritor en las orillas ($ 22.990), ensayo de 1993 que estaba casi agotado en librerías, donde la autora desarrolla su tesis sobre la literatura borgeana (que sitúa entre lo universal y lo local). Fiel a su estilo, la viuda de Borges, la escritora María Kodama, había llevado a Sarlo a la Justicia porque la ensayista había declarado a un diario chileno que Kodama obstaculizaba la edición crítica de la obra borgeana. Sarlo nunca olvidó esa afrenta. En agosto, Siglo XXI reeditará La imaginación técnica: sueños modernos de la cultura argentina, preclaro ensayo de 1992 donde la escritora reivindica "el peso simbólico del pionerismo técnico" entre los sectores populares y algunos intelectuales, como Roberto Arlt y Horacio Quiroga, en las primeras décadas del siglo XX. Por último, el portal Infobae publicó este año Como dijo Sarlo, un libro digital de descarga gratuita que compila entrevistas que la autora dio a ese medio entre 2017 y 2024, con prólogo de Flavia Pittella. Sarlo conversó con los periodistas Luis Novaresio, María Laura Santillán, Hinde Pomeraniec, Facundo Chaves, Diego Rojas (gran amigo de Sarlo) y Patricia Kolesnicov quien, consultada por LA NACION, remarcó que se trataba de un libro gratuito cuyo lanzamiento habían analizado con el "grupo de amigos" de la autora fallecida hace ya un año.

El subdirector general de Emergencias vuelve a juzgados de Catarroja para concluir su declaración en la causa de la dana

"Voy a ir por vos y por tu familia": las amenazas que denunciaron los empresarios arrepentidos de la Causa Cuadernos

Juan Chediak aseguró que las presiones, en su caso, venían directamente de Julio de Vido, en ese momento ministro de Planificación Federal, quien le habría dicho: "Si querés seguir trabajando tenés que pagar". El empresario relató que cedió y comenzó a llevar importantes sumas de dinero, todos los meses, a la casa del exfuncionario o al propio ministerio, donde le ordenaban que dejara los paquetes directamente "en el baño". Leer más

El eslabón oculto del clan Calvete: narcos mexicanos y el lazo con la causa que acorrala a Pedro Sánchez

Miguel Ángel Calvete pasa sus días en la cárcel de Ezeiza, preso por una causa de proxenetismo y acusado de ser uno de los cerebros de la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Su caída en desgracia arrastró a su hija Ornella, a su yerno Javier Cardini, ambos funcionarios de la Secretaría de Industria, y a su hermana Susana, asesora en el Ministerio de Economía. Pero la saga familiar sorprende con un capítulo internacional, hasta ahora desconocido, que involucra a una rama del Cartel de Sinaloa y se cruza con el caso Koldo, la trama delictiva que tiene contra las cuerdas al gobierno de Pedro Sánchez en España.El protagonista de esta historia es Alejandro Adolfo Calvete, hermano mayor y socio de Miguel Ángel en múltiples emprendimientos. La Justicia española emitió el 5 de diciembre de 2023 una orden de busca y captura contra él como parte de la investigación de una banda de narcos mexicanos, según pudo corroborar LA NACION con fuentes del Poder Judicial y la Agencia Tributaria de ese país. A Alejandro Calvete, de 68 años, se lo señala como responsable de crear una red de laboratorios en España, Suiza y Portugal con la que se buscó dar apariencia de legalidad a una operación para producir y comercializar drogas a gran escala que terminó con 14 personas condenadas a prisión en marzo pasado. Así consta en un expediente judicial que se tramitó en la provincia de Guadalajara, en la región de Castilla-La Mancha. La investigación de la Policía Nacional de España y la Agencia Tributaria empezó con sigilo en 2020, cuando desembarcó en Madrid, con intención de radicarse, la familia mexicana Flores Ramos. Sus integrantes llegaron en avión privado y declararon la tenencia de 10 millones de euros en efectivo y oro. De inmediato, empezaron a comprar propiedades y a crear sociedades comerciales. Al cabo de dos años terminaron presos. En un procedimiento policial de película fueron arrestadas 24 personas y se secuestraron 100 kilos de dosis de marihuana, 37 kilos de cocaína, 10 armas de guerra, 17 autos de lujo, joyas y cuantiosas cifras en billetes de 100 euros. A los detenidos se los acusó de ser un desprendimiento del Cartel de Sinaloa que pretendía montar en España una red transnacional de provisión de drogas. Tenían en el corazón de Europa fincas vigiladas por sicarios, al estilo Chapo Guzmán o Pablo Escobar. Pero les salió mal. Calvete fue investigado como presunto responsable de lavado de dinero. Las fuerzas de seguridad no lo encontraron cuando irrumpieron en su domicilio en la provincia de Madrid, según fuentes de la investigación. Ni en ese momento ni nunca más. En la propiedad se encontraron armas para las que no tenía permiso. Fue procesado por tenencia ilegal y el fiscal pide una pena de dos años de prisión. "Ya he pagado mucho por haberlo conocido. Seguir hablando de él no podrá compensar el daño que me ha causado", dijo a LA NACION Antonino Leonardi, que fue CEO de MoonPharm AG, en Suiza, una de las compañías que habrían sido usadas como fachada para el negocio narco. "Todo lo que me dijo durante el tiempo que nos relacionamos resultó ser mentiras que usó en beneficio propio", agregó.Ya con la sentencia de la Justicia española sobre los narcotraficantes mexicanos, Calvete se convirtió en una mancha venenosa para sus exempleados. "Era un hombre complicado", recordó uno de ellos, antes de mencionar que había olvidado borrar para siempre la mención de su empresa como parte de su perfil de LinkedIn.Otra fuente que lo conoce señala que ya había tenido problemas judiciales por contrabando de oro entre España y Suiza. LA NACION no detectó en registros oficiales una acusación personal contra Calvete por este caso, pero sí que una empresa que él administró entre 2011 y 2012, Iberotunel SL, figura entre las sospechosas de haber integrado en esos años una red que lavó al menos 40 millones de euros mediante la compra-venta de metales preciosos. LA NACION intentó consultar a Calvete a través de abogados que trabajaron para él o su familia en la Argentina y dejó mensajes en tres teléfonos registrados a su nombre -entre ellos, un móvil español contratado con la empresa Vodafone-, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta publicación. Al menos desde mayo pasado está en Paraguay, según pudo corroborar este medio y creó al menos una empresa desde entonces. El cártel mexicanoAlejandro Calvete constituyó su red de laboratorios en 2020, justo antes de que los mexicanos aterrizaran en Madrid. La principal sociedad era Viridi Pharmaceutical, cuyo objeto declarado en el registro mercantil era "el cultivo y fabricación de productos y principios activos procedentes del cáñamo para uso medicinal y farmacéutico".Días después, se inscribió con el mismo nombre una firma en Suiza, con sede en la comuna de Grono. Además, el nombre de Calvete figura como titular del 90% de las acciones de MoonPharm AG, inscripta en Portugal. En esas fechas otra MoonPharm AG fue creada en Suiza, también con domicilio en Grono y con autoridades compartidas con Viridi. Todas esas sociedades declaran como actividad la producción y venta de productos de cannabis medicinal.Esa secuencia emprendedora en Europa sucedió meses después de que los dos hermanos Calvete fueron condenados en Buenos Aires por el Tribunal Oral en lo Criminal N°8 a cuatro años de prisión por proxenetismo, acusados de alquilar departamentos a precios exagerados y en condiciones leoninas para que en ellos se ejerciera la prostitución. Alejandro apeló y logró ser absuelto en 2021. Miguel Ángel -exconcejal del Pro en La Matanza e histórico representante de los supermercadistas chinos- tuvo peor suerte. Siguió libre mientras se tramitaban las apelaciones, pero finalmente se ordenó su detención en octubre pasado, justo cuando quedó involucrado en el escándalo Andis como uno de los privados que digitaba licitaciones y compras en el área de Discapacidad. Se supo entonces que era una suerte de titiritero de Diego Spagnuolo, el hombre de los famosos audios, según sospecha la Justicia. .ln-info-responsive--titulo{text-align: center !important;} .ln-info-responsive--bajada {text-align: center !important; font-family: arial !important; font-size: 16px !important; line-height: 1.35 !important} .ln-info-responsive--contenedor-t-b{border-top:1px solid #ccc;padding-top:20px} Documentos Alejandro Calvete armó en España, Portugal y Suiza una red de laboratorios dedicados al cannabis medicinal. La Justicia española cree que fue una pantalla para darle legalidad a una operación narco: así lo estableció en la condena contra los mexicanos acusados Alejandro Adolfo Calvete Alonso (el apellido materno figura en su documentación española, de acuerdo con la legislación de ese país) creó Viridi el 14 de mayo de 2020. Dos meses después, el 17 de julio, la empresa recibió un préstamo de 460.000 euros de la sociedad Sercopat, según determinó la investigación judicial. Sercopat había sido fundada por la ciudadana mexicana Lourdes Ramos Vega. Esa sociedad compró una finca en la localidad de Hueva, provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha). Allí se instalaron invernaderos para la producción de cannabis, en teoría con finalidades industriales y medicinales. Los laboratorios de Calvete cumplían la función de dotar de "una apariencia de cobertura legal al cultivo" de lo que en realidad era una factoría narco, subraya el expediente. El predio estaba custodiado por un dispositivo de seguridad que incluía empleados armados y un sistema de banderas en los caminos aledaños. Tenían el plan de construir un búnker, que se frustró por la irrupción policial.José de Jesús Flores Ramos, el hijo de Lourdes Ramos Vega, fue considerado el cabecilla de la organización criminal: lo condenaron a 22 años de prisión por los delitos de narcotráfico, cohecho y tenencia de armas en un juicio que terminó a principios de este año. Le embargaron, además, 13,3 millones de euros. A su madre le dieron una pena de 12 años. El operativo contra los narcos mexicanos en España, en 2022. Alejandro Calvete está investigado por lavado y tenencia de armasEl caso Koldo Una de las preocupaciones de la banda de narcos mexicanos era asociarse a un laboratorio especializado en cannabis medicinal que tuviera el permiso de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para producir principios activos, detallaron los investigadores. La hipótesis de la Justicia es que Calvete trabajó para ese objetivo. Las ramificaciones de sus operaciones lo vincularon con una trama de corrupción española: el llamado "caso Koldo", que tiene en jaque al gobierno de Pedro Sánchez.Koldo García era la mano derecha del entonces ministro socialista José Luis Ábalos, íntimo del presidente Sánchez y secretario de Organización del Partido Socialista. García y Ábalos fueron detenidos hace dos semanas, a raíz de una investigación iniciada con la denuncia de supuestas comisiones ilegales en la compra de barbijos durante la pandemia de Covid-19. Una publicación periodística del año pasado reveló que Koldo García también había intercedido ante el Ministerio de Salud para conseguir la habilitación de la agencia reguladora española para un laboratorio suizo. ¿El nombre de esa empresa?: MoonPharm AG.En septiembre de 2020 Koldo García se reunió con Víctor Francos, entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Salud. Según publicó el medio digital Vozpópuli el 7 de julio de 2024, después de aquel encuentro le escribió un correo que decía: "Buenas tardes, te envío la documentación que te he comentado". Adjuntó un documento en formato pdf que decía: "El abajo firmante, MoonPharm AG, con sede en Suiza y titular de la autorización de Swissmedic para la producción de medicamentos y principios activos, tiene la intención de solicitar a la estimada agencia española de medicamentos el procedimiento a seguir para abrir una sucursal en territorio español y poder obtener las mismas autorizaciones obtenidas en Suiza". Lo que se desconocía hasta hoy es que MoonPharm AG integra la red de empresas relacionadas con Calvete que, según el expediente tramitado en la provincia española de Guadalajara, se usó como pantalla legal de los mexicanos detenidos en 2022 y condenados este año. No se sabe quién fue la persona que habló con Koldo García en nombre de MoonPharm AG. Tampoco si el operador socialista tenía conocimiento de que detrás del laboratorio por el que hizo gestiones podría esconderse una estructura de narcotráfico. Pero todo indica que la misión fracasó. Así consta en la condena a los jefes del cartel mexicano, firmada el 10 de marzo de 2025: "La organización se había preocupado de dotar a la plantación de cierta cobertura de legalidad (...). La Agencia Española del Medicamento ha informado que nadie en la provincia de Guadalajara tiene autorización para el cultivo de cáñamo con fines medicinales (...). Ni Viridi ni nadie relacionado con la finca de Hueva tenía autorización de ningún organismo competente para el cultivo de cannabis, ni con fines medicinales ni con fines industriales".El 16 de mayo de 2022 las fuerzas de seguridad irrumpieron en el domicilio de Calvete, un chalet en un barrio exclusivo de las afueras de Madrid, con la esperanza de detener a Calvete y llevarse documentación sobre la estructura societaria. Uno de los agentes que llevó adelante la investigación recordó ante LA NACION que Calvete, a quien definió como "el encargado de la ingeniería legal que montó la banda", se había ido unos días antes del allanamiento.La Justicia nunca pudo dar con él. "El día que ponga un pie en España termina preso", dijo una fuente de la investigación. El acta de la fiscalía -a la que accedió LA NACION- detalló que en ese domicilio de la localidad de Algete se encontraron una pistola Glock, una escopeta, un subfusil, una mira telescópica y varias cajas de municiones. Ante ese hallazgo, la fiscalía lo acusó de tenencia ilícita de arma de fuego y pidió para él una pena de dos años de prisión. Ese sería un cargo menor, ya que Calvete está bajo investigación -en un apartado de la causa principal- por su rol en el blanqueo de los fondos de la organización criminal. La investigación no podrá ir a juicio mientras Calvete no pise España. Al laboratorio Viridi Pharmaceutical se le revocó el número de identificación fiscal el 27 de septiembre de 2024, por orden de la Agencia Tributaria, en aplicación de la legislación de prevención del fraude fiscal.El nombre de Alejandro Calvete aparece en los cuadernos que la Justicia secuestró en la casa de su hermano Miguel Ángel durante los operativos de la causa Andis. Los dos fueron socios en una decena de empresas. Una de ellas -Energy Nature Free- incluso fue objeto de investigación de la justicia federal en 2015 por su participación en un controvertido proyecto para instalar una sede del Mercado Central en el barrio de Colegiales.Lo último que se sabe de Calvete es que el pasado 30 de mayo inscribió una sociedad en Paraguay, Power Capital Energy, dedicada a "realizar actividades comerciales por cuenta propia o de terceros". Entró y salió varias veces a ese país en los últimos meses, según reconstruyó LA NACION de fuentes oficiales. La empresa paraguaya está registrada en una casa de Lambaré, en las afueras de Asunción. "Alejandro vino la semana pasada por aquí", dijo una mujer que atendió a este medio y aclaró que Power Capital no tiene empleados. Este martes Calvete tenía que asistir allí a una supuesta asamblea de accionistas, pero nunca se presentó.

El nuevo juez ordenó medidas en la causa por la fastuosa quinta de Pilar atribuida a dirigentes de la AFA

El juez Marcelo Aguinsky ordenó hoy una batería de medidas de prueba en la causa que investiga la mansión de Villa Rosa, en Pilar, atribuida a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Lo hizo después de levantar el secreto de sumario, dispuesto por Daniel Rafecas, el magistrado que estuvo a cargo de la investigación hasta el viernes pasado. Entre otras cosas, el nuevo magistrado pidió identificar a los titulares de las pólizas de seguros de los 54 vehículos que se encontraron en la quinta y averiguar quiénes tenían cédulas azules para manejarlos. También pidió investigar los movimientos de los titulares de Real Central, Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte. La denuncia que impulsó este expediente, de la Coalición Cívica, señala que son prestanombres de altos dirigentes de la AFA, aunque luego se encontraron varias pruebas que los vinculan de manera directa al tesorero Pablo Toviggino. Aguinsky también hizo efectivo el embargo de la mansión y la inmovilización de todos los vehículos, dos medidas que ya había dispuesto Rafecas pero no se habían completado los trámites administrativos, según explicaron fuentes judiciales a LA NACION. El viernes pasado, cuando allanó la quinta, Rafecas encontró, en un gran galpón, "45 autos de lujo o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings", informaron fuentes judiciales. Todos esos vehículos fueron secuestrados por el juez.En la mansión encontraron también encontraron un bolso negro con el nombre de "Pablo Toviggino" y una placa que tiene escrito: "El Club Atlético Barracas Central en reconocimiento al compañero y amigo Pablo Ariel Toviggino Tesorero de la AFA, por su constante compromiso hacia el club Barracas Central en la reinauguración del nuevo estadio". En el caso de los autos, Aguinsky quiere saber cómo se pagaban los seguros, si tienen dispositivos de rastreo satelital y si fueron identificados por el sistema de Telepase. El juez también pidió datos de los titulares de los servicios de internet y telefonía móvil vinculados a la mansión de la calle Misiones 4097, en la localidad de Villa Rosa.Antes del pase al fuero Penal Económico, la Justicia confirmó que la mansión pertenecía a Carlos Tevez, luego fue adquirida por MALTE SRL, entre junio de 2023 y mayo de 2024, y finalmente pasó a manos de REAL CENTRAL, donde aparecen Pantano y Conte.Aguinsky decidió profundizar esa línea y los invitó a presentarse en el juzgado para dar explicaciones. "Pueden concurrir ante estos estrados para formular las explicaciones y deducir los descargos que crean convenientes ante la presencia de quien suscribe. Si así lo consideran pertinentes podrán indicar en qué momento dentro de los próximos cinco 5 días concurrirán ante estos estrados", dice la resolución a la que accedió LA NACION. Pantano fue dirigente de futsal dentro de la AFA y ocupó un cargo en la tesorería del club Almirante Brown. Antes de ser apartado por la Cámara Federal, Rafecas ya había inhibido sus bienes, congeló sus cuentas y le prohibió salir del país, al igual que a su madre, Ana Lucía Conte, que durante la pandemia recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En los papeles, son los dueños de la quinta en Pilar y de la casa construida en dos lotes del country Ayres Plaza, ubicado en el mismo partido. Durante el allanamiento en ese barrio, según reveló TN, la Policía secuestró documentación que revela que Pablo Toviggino y una de sus hijas estaban entre las personas autorizadas para ingresar.

"No fue por microsueño": familias cuestionan causa del accidente del bus del Liceo Antioqueño en Antioquia

Mientras avanzan las investigaciones por el siniestro en Antioquia que dejó múltiples víctimas, familiares de estudiantes del Liceo Antioqueño sostienen que el accidente no obedeció a un microsueño y mencionan fallas previas del vehículo durante el trayecto

Elevaron a juicio la causa contra Pablo Laurta, acusado de doble femicidio

El uruguayo de 39 años se encuentra cumpliendo con prisión preventiva, y es el principal sospecho de haber terminado con la vida de un remisero en Entre Ríos, y de asesinar a su exesposa Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio, en Córdoba.

Cristina Kirchner solicitó que excluyan bienes de Máximo y Florencia en el decomiso de la Causa Vialidad

El Tribunal Oral Federal 2 habilitó la revisión del fallo que ordenaba ejecutar propiedades en Santa Cruz para cubrir el embargo de 684.000 millones de pesos. Las defensas alegan que "se afectan derechos de terceros no involucrados en el delito". Leer más

Elevan a juicio la causa contra Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba

El uruguayo Pablo Laurta será juzgado por los homicidios de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, doble femicidio ocurrido en octubre pasado en Córdoba. "El fiscal de instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, dispuso la elevación a juicio de la causa seguida en contra de Laurta por los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad", informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba en su página Web.Además, Laurta tiene otra causa en Entre Ríos, donde está acusado de haber asesinado al remisero Martín Palacio, al que había contratado para que lo llevara desde la terminal de ómnibus de Concordia hacia Rafaela, en Santa Fe, aunque a poco de comenzar el viaje lo mató y le robó el auto.Cuando se retiraba de los tribunales de Concordia, tras haber sido indagado por el homicidio del remisero, y le preguntaron por el móvil del doble femicidio, Laurta respondió: "Quería rescatar a mi hijo de una red de trata". En Córdoba, al ingresar en la Jefatura de Policía, agregó: "Estoy en paz. Mi hijo ahora está seguro. Hice lo necesario para rescatar a mi hijo".A principios del mes pasado, la Justicia de Córdoba le dictó la prisión preventiva por los homicidios de Giardina y Zamudio, ultimadas a balazos el 11 de octubre último. Esa mañana, tras ejecutar el plan criminal, se llevó a su hijo Pedro, que estaba a días de cumplir 6 años. Finalmente, Laurta fue detenido un día después en un hotel de Gualeguaychú.El doble femicida había llegado a Entre Ríos una semana antes del doble crimen. Había cruzado el río Uruguay desde la ciudad uruguaya de Salto en una canoa que ocultó entre la vegetación en Puerto Yeruá. Durante tres días se alojó en un hotel de Concordia con una identidad falsa. Intentó pagar el hospedaje con dólares, pero los encargados del establecimiento le pidieron que lo hiciera con pesos argentinos. Después, a la tarde del martes 7 de octubre, cuando ya oscurecía, fue hasta la terminal de ómnibus de la ciudad, donde se encontró con el remisero Palacio, que se convertiría pronto en otra de sus víctimas."Laurta practicó durante diez días cómo manejar un kayak o una piragua", dijo el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, en una conferencia de prensa en la que dio detalles de la investigación y de la detención del presunto triple homicida.Laurta, de 39 años, había llegado a Salto en su auto particular, marca Lifan, y durante los diez días que practicó cómo navegar con una pequeña canoa el río Uruguay para no pasar contratiempos alquiló una cabaña. En los tres días en que estuvo en Concordia hasta que viajó a Córdoba para asesinar a la madre de su hijo y a su exsuegra para escapar con su hijo en intentar regresar a su país, Laurta viajó en colectivos interurbanos.El martes 7 de octubre pasado, seis minutos antes de las 20, se encontró en la terminal de ómnibus de Concordia con Palacio. Le iba a pagar $1.500.000 por el viaje."En principio, el destino iba a ser la ciudad de Rafaela, en Santa Fe", explicó Roncaglia en aquella conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio González, y el comisario inspector José María Rosatelli, a cargo de la Jefatura Departamental Concordia, entre otras autoridades.Después de saludar a Palacio con un beso y un abrazo y de guardar su equipaje en el baúl, el sospechoso se subió al Toyota Corolla blanco del remisero para comenzar el viaje que iba a terminar con tres homicidios.Entre las 22 y las 23 del martes 7 de octubre los dos teléfonos celulares de Palacio dejaron de funcionar. Se supone que en ese lapso el remisero fue asesinado por Laurta.A las 2.44 del miércoles 8 de octubre pasado, el automóvil de Palacio llegó a una estación de servicio de San Salvador, Entre Ríos. En el vehículo había un solo pasajero: Laurta. Estuvo allí 15 minutos. A las 2.59, y tras cargar combustible, siguió viaje.Los investigadores sospechan que Palacio fue asesinado en el trayecto entre Estación Yeruá, en el departamento Concordia, y General Campos, en el departamento San Salvador. El auto de la víctima apareció incendiado en Córdoba.Como se dijo, Giardina y Zamudio fueron asesinadas en su casa la mañana del 11 de octubre pasado. "Todo indica que el arma homicida fue una pistola Bersa .380 que el asesino compró en Uruguay", dijeron fuentes de la investigación.Tras asesinar a su exmujer y a su exsuegra, el femicida se fue en taxi a la terminal de ómnibus de Córdoba junto con su hijo.En la terminal de ómnibus de Córdoba, el sospechoso y su chico abordaron otro taxi que los llevó hasta Gualeguaychú, donde se hospedaron en el hotel Berlín, donde el doble femicida fue detenido y el niño, puesto a salvo.

Confirmaron otra condena a Lázaro Báez en la causa "El Entrevero": ya acumula penas por casi 20 años de cárcel

Lo sentenciaron por lavado de dinero de origen ilícito. El dueño del Grupo Austral deberá devolver el triple del monto que blanqueó junto a varios cómplices, también condenados. La Cámara de Casación convalidó el fallo del TOF N° 4

"No me gusta deberle nada a nadie": la declaración de Wanda Nara en la causa donde está preso su exabogado

Wanda Nara se presentó como testigo en la causa donde su exabogado, Nicolás Payarola Hernayes, está acusado de una serie de estafas. Dos de las presuntas damnificadas son las letradas María Macarena Posse, hija del exintendente de San Isidro, Gustavo Posse, y su socia, Marcela De Leonardis, quienes representaron a la conductora de MasterChef Celebrity en cuestiones civiles y reclaman US$600.000 después de que le revocaran de forma unilateral el convenio de trabajo que se había firmado."Él [por Payarola Hernayes] revisaba y daba el visto bueno final, si enviaban o presentaban algo que no estaba de acuerdo se enojaba. No me acuerdo de qué presentación puntualmente, pero Nicolás [por el acusado] estaba enojado de cosas que presentaban [por Posse y De Leonardis] sin el consentimiento de él. No sé cómo era el arreglo de ellos porque no lo hicieron delante mío. Yo lo que sí siempre pregunto, porque no me gusta deberle nada a nadie, es si debía [dinero]. Él me decía que sus honorarios los iba a cobrar de lo que se determine del expediente", sostuvo Nara al declarar ante el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, quien está a cargo de la investigación.Durante la audiencia, la empresaria y conductora de TV contó que conoció a Payarola Hernayes por recomendación de Elian Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, con quien tuvo una relación.Al ser consultada sobre quién firmó la revocatoria del poder que autorizaba a Posse y De Leonardis para patrocinarla en la causa civil [el reclamo de cuota alimentaria de sus hijas tras la separación con el futbolista Mauro Icardi], Nara explicó: "Me enteré porque me lo mandó la doctora De Leonardis. Ahí me enteré de que las había revocado. Yo no recuerdo haber firmado el escrito de revocación. Igual, aclaro que firmé muchos escritos con Nicolás [por el imputado]. Puntualmente, no me acuerdo haber firmado la revocación en papel. En papel no la firmé, seguro. No recuerdo que Nicolás [Payarola Hernayes] me haya dicho 'firma este papel, que es para sacar a las abogadas'. Si se fija, el expediente civil mío no hay otra causa que no tenga tantas cosas firmadas".Durante su declaración le preguntaron a Nara cuáles habían sido las presentaciones hechas por Posse y De Leonardis que hicieron enojar a Payarola Hernayes. "No sé cuáles son, pero estaba enojado porque decía que pegaban mis firmas".Posse y De Leonardis son representadas por el exjuez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari. Otros damnificados por el abogado José María Vera.La exesposa de Icardi dijo que se enteró de que el convenio tenía una cláusula donde se tenía que pagar US$600.000 si se revocaba la presentación de las abogadas después de una reunión [que se hizo en el departamento de Nara el edificio Château Libertador, del barrio porteño de Núñez] con el CEO de una importante empresa."Cuando terminó la reunión, Marcela [por De Leonardis] me dejó un contrato, un acuerdo de honorarios y de condiciones de la contratación de ellas. Le dije que lo iba a ver y apenas ellas [Posse y su socia] se fueron le escribió a Nicolás [Payarola Hernayes], no sé si fue ese día o el siguiente, y le digo que me preocupaba porque tenía una cláusula de US$600.000 que yo no la iba a poder pagar y que las estábamos contratando por una deuda que en ese momento era de US$90.000. Ahí le escribo, él me llama y le dije que era imposible lo que me estaban mostrando porque tenía esa cláusula. Él me dijo: 'quedate tranquila, no tenés que pagar nada, los honorarios los tiene que pagar Mauro [Icardi] y que ellas iban a cobrar del ajuste de honorarios que iba a hacer la Justicia'. Nunca más hablé ni con Marcela [De Leonardis] y Macarena [Posse] y él [el acusado] me dijo que les había revocado el patrocinio porque habían pegado mis firmas en un montón de documentos de la Justicia y que me iba a traer problemas".

Cristina Kirchner pidió excluir bienes de sus hijos del decomiso en la causa Vialidad

El Tribunal Oral Federal 2 concedió apelaciones de la expresidenta Cristina Kirchner y de sus hijos. Reclaman que 19 bienes se excluyan del decomiso ordenado por $684 mil millones

Terminaron las obras en la sala AMIA de Comodoro Py y evalúan usarla para el juicio de la causa Cuadernos

La inversión fue de 162 millones de pesos. El TOF N°7, que lleva adelante el juicio oral, pidió a la Corte que habilite la sala Derechos Humanos de Tribunales para la etapa de indagatorias, que comenzará en 2026

Wanda Nara declaró en la causa contra Nicolás Payarola por estafa: "No tengo nada que ver"

La conductora estuvo cerca de dos horas en la fiscalía de Benavídez como testigo del letrado.

Un informe médico podría generar un giro en la causa por estafas contra Claudio Morgado y su pareja

El periodista y exdiputado fue citado a indagatoria junto a Vanesa Moreno en mayo pasado, por el caso que trascendió tras la denuncia de su excompañera, Bárbara García. El comunicador había señalado que su mujer ya estuvo involucrada en hechos similares y atraviesa un cuadro de salud mental complejo. Leer más

Wanda Nara declaró como testigo en la causa por estafa contra Nicolás Payarola: "No tengo miedo de nada"

La conductora estuvo cerca de dos horas en la fiscalía general de Benavídez y al salir tuvo un breve contacto con la prensa.

El PP se personará en la causa contra Leire Díez y el expresidente de la SEPI

El PP se persona en la causa que investiga la Audiencia Nacional contra Leire Díez y el expresidente de SEPI

Pedraz será el instructor de la causa contra Leire Díez tras ser enviada a reparto

La Justicia señaló a los discursos de odio como la causa del intento de asesinato a Cristina Kirchner

La conclusión del fallo de los jueces de la causa señaló al odio en el discurso público como una "causal necesaria" para el ataque cometido en septiembre de 2022. Leer más

Salomé Pradas se niega a responder las preguntas en la comisión de la DANA en el Congreso "siguiendo el consejo de su defensa" en la causa judicial

"Como ya había comentado, hay una investigación abierta por la DANA. En este procedimiento permanezco como investigada, y por ello, no voy a responder a ninguna pregunta", ha asegurado

La Justicia identificó al odio en el discurso político como la causa del intento de asesinato a Cristina Kirchner

La Justicia concluyó que los discursos de odio fueron la principal causa del intento de asesinato de Cristina Kirchner, por el cual fueron condenados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, y aseguró que una parte de los argentinos prefieren descreer de la evidencia y hablar de un "autoatentado" para no enfrentar esta realidad.Los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari condenaron a 10 años de prisión a Sabag Montiel por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, en septiembre de 2022. Su entonces novia, Uliarte, recibió ocho años. Sabag tenía una condena previa por tenencia de pornografía infantil, por lo que su pena fue unificada en 14 años.La jueza Namer fue la que lideró los fundamentos de la sentencia de 544 páginas. Allí expresó que el ataque no ocurrió en el vacío, sino que fue la consecuencia directa de un clima de violencia política y discursos de odio que funcionaron como una "causal necesaria" para que los imputados -luego condenados- pasaran del dicho al hecho.El fallo advirtió que la construcción de un "enemigo común" a través de redes sociales y medios de comunicación generó un escenario donde la eliminación física del adversario político pasó a ser vista por los condenados como un acto de justicia o heroísmo. Sin embargo, el tribunal trazó una línea divisoria: aunque reconoció que existió hostilidad basada en el género de la víctima, determinó que el móvil principal de los atacantes fue el odio político y no la violencia de género, con lo que descartó la agravante de femicidio.La jueza Namer reflexionó: "Es llamativo que pese a los videos que dan cuenta del hecho, la confesión de Sabag Montiel y lo que arrojó el juicio, que fue reproducido en su totalidad por medios de difusión masiva, hasta el día de hoy, mucha gente piense que el hecho no existió o que fue un autoatentado planeado por la propia víctima". "Por lo increíble que resulta para muchos, corresponde que, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que el caso tenga para quienes en este juicio están juzgados como sus responsables, desde las instituciones democráticas se pongan de relieve aspectos que nos desafían como sociedad", dijo Namer.Namer explicó que el juicio versó sobre "matar a una mujer política con ideas que gustan a muchos y disgustan a otros tantos. De ser mujer y política en una sociedad machista y dividida políticamente".La jueza evaluó que el juicio trató "de las instituciones democráticas. De la grieta. De los medios de comunicación y las redes sociales. De la cultura de la cancelación. De la necesidad de sobresalir o ser reconocido por pares y de la necesidad de fama; de la tristeza y la desesperanza que afloró todavía más luego de la pandemia del Covid 19. De los 'rotos'. Del desafío a las autoridades y el descreimiento en la política y en las instituciones; de los cambios en la estructura social que expuesta con brutalidad en algunos testigos y testimonios, en más de una oportunidad nos descolocó en el debate".Pero advirtió que, por sobre todo, el juicio "habló de un tiro que no salió, y pudo haber salido. Que no salió por obra del destino, de Dios, de la mala suerte, de un mal plan, de lo que sea". "Que pudo haber salido de un arma apta para el disparo, cargada con municiones aptas y que fue gatillada a centímetros de la cabeza de la víctima, ante los ojos de militantes que la adoraban y opositores que la odiaban; y de una sociedad que es incrédula ante un resultado que no ocurrió, pero que no se sabe cómo hubiese reaccionado si hubiese ocurrido", agregó.Sabag Montiel se imaginó una desestabilización institucional, una guerra civil y el profundo enojo de un sector de la sociedad, dijo Namer, y afirmó: "Claramente nada hubiese sido igual para nadie si el tiro hubiese salido, pero como sociedad no podemos hacer de cuenta que no pasó nada ni podemos dejar de reflexionar acerca de por qué y cómo se llegó a una situación en la que una persona pudo haber perdido la vida y en la que la paz social pudo haber pendido de un hilo"."El odio en el discurso público fue una causal necesaria para que el hecho tuviera lugar", dijo la jueza y mencionó "la construcción de un enemigo común a través de un discurso de odio deja a la deriva la posibilidad de que se pase al acto fácilmente; que cualquiera puede transformarse en enemigo y que la intolerancia a la posición política del otro puede transformarse en la intolerancia a su raza, religión, pensamiento, orientación sexual, etc.; que la cultura de la cancelación por el desagrado de las ideas distintas puede llevar a la muerte del otro". Por eso, rescató a la "democracia como modelo institucional regulador del conflicto y la diferencia de opiniones e intereses", y advirtió que el respeto por el otro empieza a "romperse desde la habilitación del discurso de odio como legitimante de la eliminación de quién es o piensa diferente"."He allí el enorme riesgo que enfrentamos si no reconocemos en este aberrante hecho histórico un llamado de atención que todos los niveles institucionales, y sobre todo quienes ocupamos lugares de toma de decisiones, debemos reconocer y atender para prevenir su reiteración", advirtió.El juez Grünberg sumó su propia reflexión, calificando el fenómeno como de "incomprensión absoluta" del otro. Citando al filósofo José Pablo Feinmann, argumentó que una vez que el otro es ubicado en la dimensión de "enemigo", la única actitud posible es la violencia. Grünberg alertó sobre la indudable influencia que tuvieron los mensajes de odio en la determinación homicida de los condenados.Uno de los puntos más inquietantes del fallo es el análisis de la agrupación de extrema derecha Revolución Federal con el caso. El tribunal dio por acreditado que Sabag Montiel y Uliarte participaron activamente de la "Marcha de las Antorchas" organizada por este grupo el 18 de agosto de 2022, donde se lanzaron antorchas encendidas contra la Casa Rosada. Uliarte incluso tenía fotos de esa jornada en su celular.El fallo resalta que el 25 de agosto de 2022, días antes del ataque, Jonathan Morel (líder de Revolución Federal) dijo en un Twitter Space que, si no fuera conocido, se infiltraría entre los militantes cantando la marcha peronista para "pasar a la historia".La sentencia subraya que el plan ejecutado por Sabag Montiel fue "casi calcado" de las palabras de Morel: el atacante efectivamente intentó mimetizarse con los simpatizantes kirchneristas para acercarse a la víctima.Aunque los jueces aclararon que no hay pruebas directas de que los imputados escucharan esa transmisión específica, destacan que el plan puesto en práctica pocos días después siguió exactamente esa lógica.Los jueces concluyeron que Sabag Montiel quería matar a Cristina Kirchner porque la consideraba responsable de la inflación, la corrupción y de su propio declive económico, donde pasó de tener un buen pasar a vender copos de azúcar.Para el tribunal, no se probó que quisiera matarla por ser mujer o para disciplinar al género femenino. El fallo sostiene que atribuir el ataque exclusivamente al género "soslaya las complejidades multicausales" de un hecho motivado por el fanatismo político y el odio ideológico.Por su parte, Fornari se limitó a validar la reconstrucción de los hechos y la calificación legal desarrollada en el voto principal.

Causa AFA: reclaman que el expediente vuelva al juzgado de Daniel Rafecas

Los denunciantes cuestionaron el pase de la investigación al fuero penal económico y reclamaron que continúe en la Justicia federal. También solicitaron que se incorporen nuevos imputados y empresas vinculadas a la conducción del fútbol argentino. Facundo del Gaiso, dirigente de la Coalición Cívica y uno de los generadores de la acusación, expresó que se trata de una determinación jurídicamente errónea y contraria al orden normativo vigente". El escenario. Leer más

Causa AFA: reclaman que el expediente vuelva al juzgado de Daniel Rafecas y piden investigar a Pablo Toviggino

Los denunciantes cuestionaron el pase de la investigación al fuero penal económico y reclamaron que continúe en la Justicia federal. También solicitaron que se incorporen nuevos imputados y empresas vinculadas a la conducción del fútbol argentino. Leer más

Revelaron la causa de la muerte de Eliotte Heinz, la estudiante Wisconsin que desapareció camino a su casa

Las autoridades difundieron los resultados forenses que esclarecen el trágico final de la joven de 22 años, cuya desaparición tras una salida nocturna movilizó a su comunidad y originó un amplio operativo de búsqueda

Bolivia: ordenan prisión preventiva para el expresidente Arce en una causa por presunta corrupción

La Justicia dispuso cinco meses de detención preventiva para el exmandatario, acusado por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante su paso por el Ministerio de Economía en el gobierno de Evo Morales.

Caso Loan: la causa que pondrá en juego la credibilidad del sistema

Con una estructura judicial que en los últimos cinco años consolidó fiscalías especializadas, procuradurías técnicas y una tasa inédita de condenas en causas complejas, el caso Loan no interpela sólo a los imputados. Interpela, en su núcleo más profundo, a las instituciones llamadas a juzgar. Leer más

AFA: piden que la causa por supuesto lavado de dinero de la quinta de Pilar vuelva a manos de Rafecas y se investigue a Toviggino

Luego de que la Cámara Federal enviara al fuero penal económico la causa que investiga un presunto lavado de dinero de la quinta de Pilar adjudicada a autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), los dirigentes de la Coalición Cívica que impulsaron la investigación cuestionaron la decisión y presentaron un escrito para que vuelva al fuero federal. Además ampliaron la denuncia con más supuestas pruebas y solicitaron la inclusión de otros funcionarios al proceso judicial, entre ellos, Pablo Toviggino."Creemos que la decisión de la Cámara Criminal de quitarle al juez Daniel Rafecas el caso por presunto lavado de dinero de testaferros posiblemente vinculados a Claudio Tapia y Pablo Toviggino y pasarlo al Juzgado en lo Penal Económico es jurídicamente errónea y contraria al orden normativo vigente. Por eso presentamos junto a Matías Yofe un escrito ante la Procuración General para que vuelva al fuero federal. Acá lo central de la denuncia es el lavado", expresó en sus redes sociales Facundo del Gaiso, uno de los denunciantes.Además aseguró que se amplió la denuncia a través del aporte de nuevos hechos y elementos de prueba documentados que refuerzan los argumentos. "Solicitamos la inclusión de Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon y Mauro Javier Paz, entre otros, por la participación en la actuación personal y social a través de las empresas Soma SRL, Malte SRL y Wicca", declaró.ESCRITO PARA QUE VUELVA AL FUERO FEDERAL Y AMPLIACION DE DENUNCIACreemos que la decisión de la Cámara Criminal de quitarle al juez Daniel Rafecas el caso por presunto lavado de dinero de testaferros posiblemente vinculados a @tapiachiqui y @TovigginoPablo y pasarlo al Juzgado enâ?¦ pic.twitter.com/HG59T8Yt0a— Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) December 13, 2025En el documento, los denunciantes justificaron su pedido en que el delito de lavado de activos tiene "naturaleza federal", según el marco normativo, porque afecta a bienes jurídicos de orden nacional, pero no ha sido asignado legalmente a la Justicia Penal Económica."A diferencia de la justicia federal criminal ordinaria -cuya competencia se define por la naturaleza federal de ciertos bienes jurídicos afectados o por la materia del delito-, en el caso del fuero penal económico no rige un criterio general por materia, sujeto o interés jurídico, sino un listado taxativo de figuras delictivas atribuidas. En ese listado no figura expresamente el delito del art. 303 del Código Penal (lavado de activos), pues dicha figura fue incorporada al Código Penal por ley 26.683 sin una cláusula específica de asignación de competencia al fuero penal económico", explicaron.Tal como informó LA NACION, este viernes, la Cámara Federal, a través de un fallo unipersonal del juez Leopoldo Bruglia, decidió que la causa debe ser instruida en el fuero penal económico y le tocará llevarla al juzgado 10, cuyo titular es el juez Marcelo Aguinsky.Hasta la decisión de la cámara, el caso estaba en manos del juez Daniel Rafecas, quien había declarado la incompetencia de su juzgado y enviado el caso al fuero penal económico, pero el juez Javier López Biscayart rechazó asumirlo: dijo que le correspondía a los tribunales federales de Comodoro Py y le devolvió el expediente a Rafecas. Luego, todo pasó al poder de la Cámara Federal, que tomó la decisión."No surgen -por el momento- particularidades concretas de la maniobra investigada que permitan inferir la afectación de bienes jurídicos tutelados que habiliten la intervención de este fuero", dijo el juez Bruglia y añadió: "Entiendo que la prosecución de la investigación debe quedar a cargo del juzgado en lo penal económico con competencia específica en la materia, pues exclusivamente -prima facie- se encontraría comprometido el orden económico y financiero".Ya apartado del caso, Rafecas ordenó este viernes un allanamiento de la finca de Villa Rosa, ubicada en Pilar. Se trata de una propiedad sospechada de pertenecer a altos dirigentes de la AFA. Allí se encontraron 52 de los 57 vehículos de alta gama que la Justicia tenía previamente identificados por estar a nombre de Real Central SRL, la empresa investigada y propietaria formal del lugar.En el listado de vehículos bajo titularidad de la firma -sobre cuyos dueños, Luciano Pantano y Ana Conte, pesa la sospecha de ser prestanombres- figuran varios vehículos de lujo, una gran serie de autos deportivos, camionetas 4x4, motocicletas y coches "coleccionables".Asimismo, el martes, el juez federal Luis Armella había ordenado más de 30 allanamientos en el marco de la investigación por las maniobras de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA

En medio de los allanamientos, cambian al juez Rafecas en la causa que investiga la mansión de Pilar atribuida al presidente de AFA

La decisión fue de la Cámara Federal porteña, que resolvió un conflicto de competencia planteado por el propio magistrado y derivó el caso al fuero penal económico

Paula Robles declaró en la causa por las amenazas que recibió Juana Tinelli: los detalles de su testimonio

A casi un mes de la denuncia por amenazas iniciada por Juana Tinelli, su madre, Paula Robles declaró como testigo ante la Justicia. Lo hizo de manera presencial en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6. El testimonio de la expareja de Marcelo Tinelli estuvo relacionado con lo que contó el conductor y su hija."Refrendó todo lo que contaron Juana y Marcelo", dijo a LA NACION Juan Villanueva, uno de los abogados de la joven de 22 años. "Contó que la denunciante se lo contó a ella, su madre, inmediatamente después de recibir el llamado, llorando, muy angustiada, y que después llamaron juntas al padre de Juana para contarle lo que había pasado", sumó.El llamado como testigos a Marcelo Tinelli y a Paula Robles surge luego de que en su denuncia, la modelo los mencionara y detallara en su relato justamente que tras recibir el llamado alertó de la situación a su madre y que luego juntas se contactaron con su padre."Estaba por grabar una serie en casa, me estaba maquillando y no tenía el teléfono a mano, cuando lo agarro y veo un mensaje de Juana. 'Necesito hablar urgente con vos'. Me dijo que la acababan de amenazar, la llamé y me atendió llorando. Quise tranquilizar la situación, pero agarró el teléfono su mamá y me dijo que no le podía pedir tranquilidad a una persona amenazada. En ese momento Juana agarró el teléfono, me insultó y me cortó. Me escribió después que no podía creer que no le diera bola", reveló hace tres semanas Tinelli ante la Fiscalía.Según contó en su relato, Juana recibió una llamada a su celular de un número oculto. "'¿Vos sos Juana Tinelli?', me preguntaron, a lo que respondí que sí, que quién hablaba. El hombre me contestó: 'Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho'". De inmediato ella decidió cortar la comunicación y debido al shock lo primero que atinó a hacer fue borrar el registro de la llamada.Respecto a la investigación, el abogado de Juana explicó que se encuentran esperando el resultado de unos estudios realizados sobre las antenas telefónicas, lo que les podría permitir o al menos acercarse a los autores de la llamada.En paralelo, el jueves por la tarde Marcelo Tinelli grabó algunas escenas que le habían quedado pendientes de la nueva temporada de su reality, según confirmo El Tirri a LA NACION. Además de su primo, lo acompañaron sus hijas mayores, Micaela y Candelaria.Qué dijo Juana TinelliA través de su cuenta de Instagram, Juana Tinelli sorprendió a sus seguidores el sábado 29 de noviembre con una preocupante historia: "Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra".El mensaje prosiguió: "Hoy hablo desde ese lugar: desde la vulnerabilidad, desde el miedo, pero también desde la necesidad de vivir en paz. Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho".Lo que también llamó la atención fue que en ese mismo mensaje Juana cuestionó a su padre. "No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá tomó en los últimos años. Creo que esas acciones lo llevaron a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad", dijo.Días más tarde, Marcelo Tinelli hizo lo propio desde su cuenta en X: "Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre", comenzó escribiendo. "El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso".

Una avería en un oleoducto causa el derrame de 200.000 litros de crudo en Alemania

Las autoridades investigan el origen de una importante fuga de petróleo registrada cerca de Granzow, sucesos que han obligado a activar medidas de emergencia mientras equipos especializados trabajan para contener el impacto ambiental causado por el accidente