El empresario y presidente del Club Estudiantes de Río Cuarto está acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al ingreso de celulares y drogas en prisiones. Las decisiones judiciales sobre su situación procesal han generado tensiones entre el juez de Control y el fiscal a cargo de la investigación. Leer más
El juez federal Sebastián Casanello citó a prestar declaración indagatoria al expresidente Alberto Fernández en la causa en que se lo investiga por el supuesto fraude con los seguros que contrataba el Estado.La indagatoria fue a pedido del propio Fernández, que quiere ampliar sus dichos antes de que el juez Casanello resuelva si lo procesa o no.En este expediente, la Cámara Federal revocó este jueves la decisión de inhibir los bienes de los acusados, incluido el expresidente.La medida cautelar regía sobre Fernández, su amigo Héctor Martínez Sosa, su mujer y exsecretaria del expresidente, María Cantero, y los demás imputados que suman una treintena.Además, los magistrados pidieron que Casanello resuelva la situación procesal de los investigados.Noticia en desarrollo
Fue luego de un reclamo de la Cámara Federal porteña para que defina la situación del expresidente y los demás imputados.La cita es para este mismo viernes 4 de julio a las 10.
El Ministerio de Salud de la Nación fue aceptado como parte querellante en la causa judicial que investiga la distribución de un lote contaminado de fentanilo que habría provocado internaciones y muertes en distintos puntos del país. La presentación fue realizada por el ministro Mario Lugones y el equipo jurídico de la cartera sanitaria ante el Juzgado Federal de La Plata, donde se tramita la investigación.El dato distintivo es que la querella no fue presentada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que es el organismo técnico responsable de autorizar y fiscalizar medicamentos en el país, sino por el Ministerio al que la Anmat pertenece. Esto adquiere relevancia dado que algunos funcionarios de la agencia podrían quedar implicados en la causa.La investigación penal se concentra en determinar las responsabilidades por la fabricación y distribución de un lote de fentanilo presuntamente contaminado, que fue utilizado en procedimientos médicos en al menos tres provincias. En las últimas semanas se confirmaron informes técnicos que detectaron la presencia de bacterias en algunas muestras, y se investiga si hubo fallas en la cadena de producción, control de calidad y fiscalización del producto.La presentación del Ministerio como querellante se fundamenta en la necesidad de "proteger la salud pública y colaborar con el esclarecimiento de los hechos", según consta en el escrito judicial. A partir de su aceptación, la cartera sanitaria podrá acceder a la causa, presentar pruebas, solicitar medidas y participar activamente en las etapas procesales.El expediente ya cuenta con documentación aportada por el propio Ministerio desde el inicio de la causa, incluyendo informes técnicos e intercambios con autoridades provinciales.Por su parte, la Anmat no se ha presentado aún como parte en el expediente. La Justicia analiza si existieron omisiones o irregularidades en sus tareas de fiscalización, tanto sobre el laboratorio fabricante como sobre la cadena de distribución del lote. Entre las medidas en curso se encuentran peritajes sobre documentación interna, trazabilidad de productos y eventuales incumplimientos de protocolos de control.La causa judicial se inició tras la denuncia de casos clínicos graves en instituciones de salud que utilizaron ampollas de fentanilo de un mismo lote. Algunos de esos casos derivaron en muertes. Los lotes cuestionados fueron retirados del mercado, y se activaron alertas sanitarias en todo el país.
El Gobierno procura intervenir y dar una respuesta institucional frente a situaciones que "comprometen la salud colectiva".
La Cámara de Acusación sostuvo que no había convicción para elevar la causa a juicio contra el exfuncionario, como tampoco para decir que el hecho no existió. Leer más
El Comité Nacional y el senador Maximiliano Abad alertaron sobre los efectos institucionales y económicos del fallo del tribunal de Nueva York
Ramiro Gonzalez estudia cómo hace para que se defina el caso que el juez Lijo tiene "planchado desde hace 13 años". Los diputados de Carrió también definen una estrategia y enumeraron las maniobras para evitar que la ex presidenta Kirchner y Axel Kicillof, entre otros, sean indagados por la polémica reestatización de YPF en 2012.
La apertura de los celulares secuestrados podría definir imputaciones en la causa por el documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.
Antonio Servando Correa, desde su panadería en Benito Juárez, Ciudad de México, presentó la innovadora conchalote, una mezcla de humor, sabor y creatividad que ya es viral en internet
Con respecto al fallo de la jueza Loretta Preska en cuanto a cómo debería ejecutar el pago Argentina mediante las acciones de YPF, el abogado constitucionalista, Alfredo Vitolo, expresó: "Esta decisión me parece a mí que es incorrecta desde varios puntos de vista". Leer más
El fuego, alimentado por vientos de récord, devastó miles de hectáreas, forzó evacuaciones y confinamientos masivos y causó la muerte de al menos dos personas, según los últimos datos oficiales
La joven estadounidense tenía 31 años y se dedicada a publicar contenido sobre senderismo.Fue hallada sin vida en un área natural de Arizona.
Algunos problemas como la lenta descarga de archivos o la baja resolución de las videollamadas se pueden solucionar con ciertos ajustes en la ubicación y frecuencia del router de internet
Así lo definió Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en Cancillería Argentina, quien además aseguró que el ataque de Javier Milei al gobernador bonaerense Axel Kicillof implica "justificar la acción" de la jueza estadounidense.
En un mensaje en sus redes sociales el gobernador bonaerense señaló que se referirá al fallo que beneficia a los fondos buitres a las 18. "Se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía", afirmó.
El periodista y escritor especializado en el atentado que sufrió el país en 1994 explicó por qué puede leerse en clave política la decisión del juez Daniel Rafecas se avanzar con esta modalidad judicial.
El juez que entiende en la causa reveló detalles de la investigación. Qué dijo sobre si el delito puede ser excarcelable. Leer más
Un reciente trabajo, publicado en la revista 'Frontiers in Psychology', ha sacado a la luz la relación que existe entre la ingesta de distintos alimentos y el sueño
Así lo adelantaron a Infobae desde la querella. El expresidente está acusado por varios episodios de lesiones agravadas y otro de amenazas. Su defensa puede plantear nulidades a la elevación a juicio
La decisión la tomó el fiscal Ramiro González. El expediente había sido iniciado por una denuncia de la ex primera dama
Se trata de un fallo que el país podrá apelar y está encuadrado en la demanda por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal la petrolera en 2012
Una llovizna que duró cerca de ocho horas generó que el agua se acumule en un sector de la Av. Pumacahua. Conductores deben reducir drásticamente su velocidad para evitar ser afectados
En una declaración espontánea que presentó el lunes pasado ante el juzgado federal de Nueva York en el que tramita la demanda colectiva -class action- en su contra, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis adjudicó el colapso de la criptomoneda $LIBRA a la decisión del presidente Javier Milei de borrar el tuit en el que le había dado visibilidad. Insistió en que no se trató de una estafa, sino de un proyecto que buscaba financiar a pequeñas empresas y proyectos educativos.Con la declaración de Davis se produjo un avance en el expediente abierto en la justicia norteamericana a partir de la presentación que hicieron en ese estamento inversores de Estados Unidos damnificados por el auge y el súbito desplome de la criptomeneda. Es una causa en la que se intenta determinar si se configuró algún delito en la operación de $LIBRA y en la que no están imputados ni el presidente Milei ni su hermana, la secretaria general de la Presidencia. Davis afirmó en su declaración, de apenas tres carillas, que el lanzamiento de $LIBRA se gestó en un par de meses. Lo hizo al aducir que el proyecto "ni había sido concebido" en noviembre de 2024, pese a las constancias oficiales que sugieren indicios en contrario. Por ejemplo, los registros oficiales de ingresos a la Casa Rosada, que exponen que entró el 21 de ese mes junto a otro protagonista del escándalo, Mauricio Novelli. Y esa misma noche, según reconstruyó la nacion, Davis y sus allegados celebraron que Milei "les había firmado todo".El proyecto $LIBRA "se impulsó con el fin de beneficiar a pequeños negocios en la Argentina", remarcó Davis, quien buscó despegarse también de las sospechas que lo rodean sobre el presunto trasiego de información privilegiada para beneficio propio o de terceros -es decir, el delito de insider trading-, como también de quienes adquirieron esa meme coin segundos antes del lanzamiento y ganaron fortunas, lo que se conoce en el sector como "sniping"."No tenía conocimiento previo de que existían esos 'snipers' ni tengo conocimiento directo de quiénes son", aclaró. "Yo no fui uno de esos 'snipers' y no compré ninguna $LIBRA para mí ni para ninguna otra persona".La irrupción sorpresiva de Davis en el proceso que tramita en Manhattan fue a través de un escrito que presentaron sus abogados cuando los demandantes todavía no habían logrado notificarlo de la class action. Optó por tomar la iniciativa con el objetivo evidente de cuestionar la competencia de los tribunales federales de Nueva York para investigar el lanzamiento de $LIBRA y juzgar, por tanto, a sus impulsores.Davis, como CEO de la firma Kelsier Ventures, planteó que no tiene domicilio ni propiedades en Nueva York, ni mantuvo reuniones vinculadas al proyecto en esa ciudad o el estado, como tampoco encaró negociaciones ni hizo publicidad de ningún tipo que puedan vincularse a Manhattan o sus alrededores. Por el contrario, remarcó que "el Proyecto Viva La Libertad! se concibió en la Argentina", con lo que buscó reforzar la jurisdicción de los tribunales argentinos sobre lo ocurrido.Davis introdujo en el expediente la mención a Milei. "Tras el lanzamiento del proyecto, el presidente Javier Milei publicó en X sobre $LIBRA. Como suele ocurrir con las meme coins, esto generó interés y, como resultado, compras, lo que impulsó el precio de $LIBRA", sostuvo. "Poco después, el presidente Milei decidió eliminar su publicación en X. Hasta la fecha, desconozco el motivo de su decisión, ya que no participé ni fui informado de ella antes de la eliminación. Entendí que $LIBRA se utilizaría en beneficio de pequeñas empresas e iniciativas educativas en Argentina"."La decisión del presidente Milei""Inmediatamente después del lanzamiento, muchos en redes sociales atacaron a $LIBRA calificándolo de falso o estafa. Estas afirmaciones eran, y siguen siendo, falsas", insistió, antes de adjudicarle una supuesta responsabilidad al jefe del Estado argentino en el colapso del criptoactivo por su decisión de retirar el apoyo a la iniciativa poco después de haberla promovido. "La decisión del presidente Milei de eliminar su publicación en X alimentó las afirmaciones de que $LIBRA era una estafa, pero estas afirmaciones siguen siendo falsas y los esfuerzos para materializar las ambiciones del proyecto $LIBRA han resultado imposibles de retomar mientras esta orden judicial esté vigente".Davis aludió así a la orden de la Justicia estadounidense de embargar más de US$55 millones en criptoactivos, semanas después de que el CEO de Kelsier Ventures sondeó a los tribunales argentinos con una propuesta. Adujo que podría devolver los cerca de US$100 millones que se llevó entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de febrero pasado, que pertenecen a un abanico amplio de inversores, según reveló LA NACION el 9 de este mes.La propuesta de Davis, según reconstruyó este diario, consistía en girar esos fondos a la Argentina, a la cuenta bancaria que designaran la jueza federal María Servini y el fiscal federal Eduardo Taiano, para demostrar así su buena voluntad e inocencia, alejado de las acusaciones por fraude, desfalco, insider trading y otros presuntos delitos. Pero el embargo que en Nueva York dispuso la jueza federal Jennifer Rochon terminó de tabicar esa posibilidad.Durante las próximas semanas, en tanto, el ida y vuelta vinculado al caso $LIBRA entre la Argentina y Estados Unidos podría sumar otro capítulo. En particular, tras lo ocurrido esta semana durante la reunión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.Aunque no termina de conformarse ni designarse sus autoridades, la comisión convocó a varios especialistas. Y algunos, como Santiago Siri y Fernando Molina, evidenciaron la imposibilidad de que Milei accediera por internet al website o al código alfanumérico -el "contrato"- de $LIBRA. Es decir que alguien le acercó esos datos, en una aparente contradicción con lo que afirmó el jefe del Estado en los días iniciales del escándalo.
La investigación está a cargo del juez Casanello. Antes de la feria de invierno se definirían los procesamientos. Alberto Fernández y Martínez Sosa encabezan la lista de imputados
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prisión preventiva de Micaela Bounchanavoung, acusada de ser la jefa de la organización que desvió 1.500 millones de pesos de cuentas de la Universidad de Buenos Aires a través de empresas fantasma. En una escucha que fue incorporada a la causa, dos de los acusados mencionan la posibilidad de pagar una cifra millonaria para que la investigación se caiga. La China -como se conoce a la presunta líder- pidió borrar mensajes, cambió de teléfonos y mudó su oficina para supuestamente entorpecer el accionar judicial. Leer más
Leer más
Gonzalo Arturo Molina permanece hospitalizado en Valledupar por complicaciones asociadas a un cuadro agudo de gastritis, una enfermedad frecuente pero potencialmente grave que afecta a más del 50% de los adultos mayores de 50 años
La periodista Luciana Bertoia informó en "Desde el canil" que el juez Daniel Rafecas resolvió avanzar con el proceso penal contra diez acusados iraníes y libaneses, a casi 31 años del ataque terrorista que dejó 85 muertos. Leer más
El excongresista aprista deslindó públicamente del respaldo partidario a la exfiscal suspendida Patricia Benavides y alertó sobre la crisis que atraviesa el Ministerio Público por falta de reformas urgentes
El escritor y periodista regresa a Buenos Aires para una serie de homenajes.El jueves 10 de julio, el Teatro Alvear será sede de "Caparrós y amigos", un evento con entrada libre y gratuita.Dos días antes, la Universidad de Buenos Aires (UBA) le entregará el título de Doctor Honoris Causa.
La mujer abrazó a su agresor para evitar que lo golpearan. El caso ha desatado polémica en redes por normalizar la violencia doméstica
El juicio político contra la magistrada involucrada en el "escándalo del documental" del caso Maradona continúa más allá de su dimisión, que por el momento no fue aceptada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Qué podría pasar con su jubilación. Leer más
El juez federal Mariano Borinsky denunció haber sido amenazado mediante un posteo antisemita realizado por una cuenta anónima en la red social X. El magistrado vinculó la intimidación con la causa Vialidad, por la que está presa la expresidenta Cristina Kirchner.El posteo mereció que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y el propio juez Borinsky realizaran sendas denuncias ante la justicia federal.El posteo, proveniente de una cuenta con un nombre de fantasía, hacía referencia al juez y a su condición de judío. El magistrado en su presentación vinculó la intimidación con la causa Vialidad, dado que el magistrado interviene en el expediente que condenó a la expresidenta por fraude al Estado en la concesión de obras públicas. Borinsky es uno de los tres jueces de la Cámara de Casación que confirmó la condena a seis años de prisión de Cristina Kirchner y que ahora deben revisar las condiciones de cumplimiento de la sentencia, el uso de una tobillera electrónica y el régimen de visitas de la expresidenta.La denuncia de Borinsky tramita ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Gerardo Pollicita. Con velocidad, el fiscal solicitó la realización de casi un centenar de medidas de prueba.En este mismo sentido, la Cámara Federal de Casación, presidida por Daniel Petrone, emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con el juez Borinsky."Amedrentamiento"Tras el Acuerdo de Superintendencia, los jueces señalaron que el magistrado "ha sufrido hechos concretos de amedrentamiento y manifestaciones discriminatorias por motivos religiosos por vía de redes sociales".â??Participaron del acuerdo los camaristas Petrone, Diego Barroetaveña, Angela Ledesma, Juan Carlos Gemignani y el juez amenazado.Desde una cuenta de X, cuyo dueño no fue individualizado, se inició una serie de posteos intimidatorios y en múltiples publicaciones se generó una "campaña de hostigamiento personal, antisemitismo manifiesto, amenazas directas y apología del delito, dirigidas contra el doctor Dr. Mariano H. Borinsky".Sus colegas dijeron que las intimidaciones "constituyen flagrantes delitos de acción pública contra el nombrado en razón de su cargo de magistrado y de su religión judía".â??Los mensajes incluyeron asociaciones visuales y textuales entre la imagen de Borinsky y amenazas emitidas por el régimen iraní; comparaciones gráficas con estereotipos antisemitas utilizados históricamente por el nazismo y una publicación con amenazas de violencia extrema hacia el juez. â??La DAIA se presentó como querellante y formuló la denuncia en el fuero federal debido a los hechos, que "constituyen diversos delitos de acción pública, entre los que se destacan los de amenazas, apología del delito y violación de la ley antidiscriminatoria".Los jueces de la Casación dijeron que Naciones Unidas señaló que discursos de odio "como el de caso promueven la violencia y la intolerancia y generan un efecto devastador en la sociedad, cuya escala e impacto se ven ahora aumentados por las nuevas tecnologías de la comunicación". El discurso de odio "se ha convertido en una de las formas más habituales de extender una retórica divisoria a escala mundial, poniendo en peligro la paz en todo el mundo", señalaron los jueces.
El conductor tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes y episodios previos de conducción bajo los efectos de drogas o alcohol. La víctima fue socorrida por un camionero que se detuvo en el lugar del accidente
Cynthia Moya, la principal acusada, será juzgado por 849 hechos de estafa y 849 hechos de falsedad de instrumento privado. Junto a ella, irán a juicio otras 26 personas, entre ellas, trece efectivos de la Policía de Salta.
Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming
La Justicia rechazó un pedido clave de la defensa de Cristina Kirchner en una causa civil que involucra directamente a la expresidenta. La decisión judicial impacta en el reclamo que el Estado le hace por una cifra millonaria.¿Qué pasó con la demanda civil contra Cristina Kirchner por el caso Vialidad?La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal rechazó el pedido de Cristina Kirchner para cerrar la causa civil en la que el Estado Nacional la demandó por 22.500 millones de pesos. Este monto corresponde a los daños y perjuicios derivados de su condena penal en la causa Vialidad.La decisión fue tomada por los jueces Guillermo Antelo, Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier, integrantes de la Sala III. Los magistrados desestimaron el recurso de queja presentado por la expresidenta contra la decisión inicial del juez de primera instancia, quien también había rechazado su solicitud.¿Por qué el Estado demanda a Cristina Kirchner? Durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), la Dirección Nacional de Vialidad impulsó una denuncia penal contra Cristina Kirchner y sus exfuncionarios. Además, presentó una demanda civil por $22.500 millones contra cada uno de los imputados.Según la cotización de 2018, la cifra equivale a 1125 millones de dólares. Esta causa corre en paralelo al proceso penal, que ya cuenta con una condena firme.¿Qué es la "caducidad de la instancia" y por qué la solicitó Cristina Kirchner?En los juicios civiles, existe una regla conocida como "caducidad de la instancia". Esta figura legal implica el cierre del reclamo cuando la parte demandante no realiza ninguna acción durante un período de seis meses.En este caso, Cristina Kirchner argumentó que la Dirección Nacional de Vialidad no había realizado ninguna actividad en la causa durante ese lapso. Por lo tanto, solicitó que se desestimara el pedido de indemnización. ¿Por qué la Justicia rechazó el pedido de la expresidenta?Los jueces de la Cámara consideraron que no se cumplieron los plazos establecidos para la caducidad de la instancia. Señalaron que, luego de que todos los demandados contestaran la demanda el 10 de marzo de 2023, Carlos Santiago Kirchner, primo de los Kirchner, presentó un escrito en el que informaba su absolución en el caso Vialidad.Carlos Kirchner solicitó ser excluido de la lista de demandados. La Dirección Nacional de Vialidad recibió este escrito y solicitó el expediente en préstamo para digitalizarlo. Posteriormente, el 18 de septiembre de 2023, el apoderado de Cristina Kirchner planteó la caducidad de la instancia.Los camaristas determinaron que la actividad de Carlos Santiago Kirchner interrumpió los plazos, lo cual afecta a todas las partes del proceso. Con este argumento, rechazaron el pedido de la expresidenta.¿Cuál es el estado actual de la demanda y qué sigue?En este expediente, la defensa de Cristina Kirchner ya solicitó en dos oportunidades la "caducidad de la instancia". Argumentó que la causa debía cerrarse debido a que la Dirección Nacional de Vialidad había dejado transcurrir seis meses sin realizar ninguna acción.El primer planteo, presentado el 18 de septiembre de 2023, fue rechazado tanto por el juez de primera instancia como por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.Ante esta situación, la defensa de la expresidenta, representada por el abogado Luis Goldín, presentó un nuevo pedido ante el juez de primera instancia. En esta ocasión, argumentó que la DNV muestra un "desinterés" en el reclamo.Según el letrado, "si contamos los plazos de forma apegada a lo que manda el código, la caducidad de instancia operó el 28 de marzo de 2025". Agregó que "el plazo de seis meses contando días inhábiles para decretar la caducidad es palmario y no hay discusión, incluso descontando las ferias judiciales y regalando días para cálculos redondos, el extenso plazo inactivo por parte del actor es inaceptable". Este nuevo planteo aún fue resuelto.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
El primo del expresidente y los demás hombres de negocios señalados en el expediente pretendían llegar a la Corte Suprema de Justicia para que allí se revirtiera la acusación en su contra, pero su pedido fue rechazado.
Esta mañana, una serie de detonaciones alarmó a varias localidades del conurbano. Fuentes oficiales explicaron cuál fue el origen
La ex integrante del Tribunal del juicio por la muerte de Maradona es investigada por la posible comisión de delitos con la grabación de una serie durante el debate. Si le aceptan la dimisión, quedará sin fueros. Puso como defensores a dos abogados que son socios de Eduardo "Coco" Oderigo, creador de "Los Espartanos", al que el hermano de Makintach le produjo una serie.
Un fenómeno natural extraordinario podría iluminar el cielo nocturno en regiones del norte de Estados Unidos, gracias a una tormenta geomagnética
La organización se presentó como querellante en la justicia federal por publicaciones en redes sociales que incluyeron mensajes discriminatorios y agresiones contra el camarista, que en diciembre pasado intervino en el expediente de las obras públicas en Santa Cruz
El escritor y periodista argentino Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957), que reside en Madrid, vendrá en la semana del 7 de julio a Buenos Aires, donde lo espera una agenda intensa. Además de presentar sus recientes libros (Sindios. ¿Para qué sirve creer en lo increíble?, La verdadera vida de José Hernández (contada por Martín Fierro) y sus memorias, Antes que nada), todos publicados por el grupo Penguin Random House, el autor recibirá el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires y participará del encuentro "Caparrós y amigos" en el teatro Presidente Alvear.https://www.lanacion.com.ar/cultura/antes-que-nada-que-dice-martin-caparros-sobre-leer-y-escribir-con-ela-nid25102024/En un comunicado, la UBA anunció la decisión de entregarle el reconocimiento al escritor. "La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires tiene el agrado de anunciar la entrega del Diploma de Doctor Honoris Causa al destacado escritor y periodista Martín Caparrós. La ceremonia se realizará el martes 8 de julio, a las 18, en el Aula 108 de la sede ubicada en Puán 480â?³. Es la sede de la Facultad de Filosofía y Letras.El acto contará con la presencia del homenajeado, del rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, del decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti, y del escritor y periodista Daniel Guebel, quien estará a cargo de la laudatio."La Facultad extiende la invitación a estudiantes, docentes, investigadores y público en general a acompañar esta ceremonia de reconocimiento a una de las figuras más relevantes de la narrativa contemporánea en lengua española", continúa el comunicado, que define a Caparrós como "una figura emblemática del periodismo narrativo y la literatura contemporánea en español".Licenciado en Historia por la Universidad de París, Caparrós comenzó su carrera profesional a los 16 años y vivió en Europa durante la última dictadura cívico-militar; desde entonces desarrolló una prolífica trayectoria como periodista, novelista y ensayista. Es autor de más de 40 libros, entre novelas, crónicas y ensayos, traducidos a múltiples idiomas. Entre sus obras más reconocidas se encuentran La Voluntad (1997), La historia (1999), El interior (2005), Los Living (Premio Herralde de Novela, 2011), El Hambre (ensayo premiado internacionalmente, 2014), Ñamérica (Prix Roger Caillois, 2024) y Antes que nada (2024).Professor-at-large de Cornell University, profesor honorífico de la Universidad de Alcalá, columnista habitual de El País, ha recibido numerosos premios por su labor periodística y literaria, entre ellos el Rey de España (1992), el Herralde de novela (2011), Konex de Platino (2014), María Moors Cabot (2017) y el Ortega y Gasset (2022)."A través de su periodismo narrativo, Caparrós ha visibilizado historias de personas comunes y ha denunciado profundas desigualdades sociales en América Latina y el mundo. Sus crónicas y ensayos abordan temas de urgencia humanitaria, política y memoria colectiva con rigor y sensibilidad, siempre buscando nuevas formas que abran nuevos caminos. En Antes que nada (2024), obra escrita tras su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), comparte reflexiones autobiográficas sobre la vida, la muerte y la escritura, en una voz íntima y profundamente conmovedora", concluye el comunicado de la UBA.Además, el 10 de julio, a las 19, en el Teatro Alvear (Av. Corrientes 1659), tendrá lugar el encuentro "Caparrós y amigos", del que participarán colegas como Jorge Fernández Díaz, Cristian Alarcón, Eduardo Anguita, Juan Boido, Daniel Guebel, Leila Guerriero, María O'Donell, Claudia Piñeiro, Miguel Rep, Graciela Speranza y Ernesto Tenembaum, entre otros. Con entrada libre y gratuita, será una especie de homenaje en reconocimiento a su importante trayectoria.
La expresidenta Cristina Kirchner recibió hoy un revés judicial en la causa civil en que el Estado Nacional la demandó por 22.500 millones de pesos por daños y perjuicios derivados de su condena penal en la causa Vialidad.La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal rechazó la pretensión de la expresidenta de dar por extinguido el reclamo y cerrar el caso.La decisión fue de los jueces de la Sala III, Guillermo Antelo, Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier, quienes rechazaron el recurso de queja de la expresidenta contra la decisión del juez de primera instancia que había rechazado su pedido.Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), además de impulsar la denuncia penal contra Cristina Kirchner y sus exfuncionarios, la Dirección Nacional de Vialidad demandó por $22.500 millones a cada uno de los imputados, incluida la expresidenta. La cifra, según la cotización de 2018, asciende a 1.125 millones de dólares. Esta es una causa paralela a la penal, que ya tiene condena firme y en la cual Cristina Kirchner cumple ahora prisión domiciliaria.En los juicios civiles hay una regla que implica que la "caducidad de la instancia", es decir el cierre del reclamo, se da cuando la parte que reclama no ejerce ninguna acción durante seis meses. En este caso es la Dirección Nacional de Vialidad la que le reclama. La expresidenta argumentó que pasó ese tiempo sin que hubiera ninguna actividad y por lo tanto había que desestimar el pedido de indemnización por el desinterés que exhibió el Estado.En primera instancia perdió y ahora, en la Cámara, volvieron a decirle que no. Los jueces señalaron que una vez contestada la demanda por todos los demandados, el 10 de marzo de 2023, Carlos Santiago Kirchner, primo de los Kirchner y absuelto en el caso Vialidad, presentó un escrito en el que advirtió que fue absuelto en el juicio y planteó lo que se denomina un "hecho nuevo". Carlos Kirchner pidió que se lo excluya de la lista de demandados. Se dio traslado de su escrito a Vialidad y el organismo pidió el expediente en préstamo para digitalizarlo. Tres días después, el 18 de septiembre de 2023, el apoderado de Cristina Kirchner planteó la caducidad de la instancia.El letrado dijo que la Dirección de Vialidad no había hecho ninguna presentación en dos años y que la causa estaba paralizada desde hacía nueve meses, sin impulso del organismo oficial.Pero los camaristas ahora dijeron que no se cumplieron los plazos de seis meses y que la actividad de Carlos Santiago Kirchner interrumpió los plazos, lo cual rige para todas las partes del proceso. Con ese argumento rechazaron el pedido de la expresidenta. En este expediente de la demanda civil, Cristina Kirchner ya reclamó dos veces "la caducidad de la instancia, al argumentar que la causa debe cerrarse porque Vialidad dejó transcurrir seis meses sin ejercer su reclamo.El primer planteo, realizado el 18 de septiembre de 2023, fue rechazado por el juez de primera instancia y, luego, apelado ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Allí ahora la Sala III lo rechazó.Por las dudas, la expresidenta presentó ante el juez de primera instancia un nuevo pedido para que se declare la caducidad de la instancia.Esta vez representada por el abogado Luis Goldín, dijo que la Dirección Nacional de Vialidad tiene un "desinterés" en el reclamo."Si contamos los plazos de forma apegada a lo que manda el código, la caducidad de instancia operó el 28 de marzo de 2025â?³, dijo el letrado, y agregó que "el plazo de seis meses contando días inhábiles para decretar la caducidad es palmario y no hay discusión, incluso descontando las ferias judiciales y regalando días para cálculos redondos, el extenso plazo inactivo por parte del actor es inaceptable". Este nuevo planteo aún debe resolverse.
Tras más de cinco años de investigación judicial fue elevada a juicio oral una causa por presunta estafa millonaria que involucra a un productor ganadero de la provincia de Corrientes. El acusado, Rómulo Augusto Bobbio, está imputado por la desaparición de casi 2000 cabezas de ganado pertenecientes a la firma Landver SA, con un perjuicio económico que hoy asciende al equivalente de un millón de dólares. El hecho se remonta a 2020 y ocurrió en el departamento correntino de Curuzú Cuatiá. La causa, que lleva la carátula de "estafa y administración fraudulenta", fue impulsada por la denuncia de la empresa damnificada y respaldada por una extensa producción probatoria, que incluyó testimonios, documentación comercial, allanamientos y peritajes. La investigación determinó que Bobbio, como administrador de la hacienda, habría desviado y vendido los animales sin autorización ni rendición de cuentas."Una capa de costos menos": el Gobierno tomó una medida de alto impacto para la madera"La contundencia de la denuncia y de la prueba desplegada permitió que se dictara prisión preventiva en su momento. Para recuperar la libertad, el acusado debió abonar una fianza de $5 millones", explicó a LA NACION Silvia Piaggio, abogada de la firma Landver.En aquel entonces existía una relación comercial entre Landver SA y la firma Balboa y Bobbio SRL, de la cual Bobbio es socio. Ambas mantenían un contrato de capitalización de hacienda a campo en el establecimiento "Buena Vista", propiedad de Landver. El productor se encargaba de toda la administración operativa: sanidad, vacunación, gestiones ante organismos públicos y comercialización."Era lo que se esperaba": el frío trajo tres noticias muy buenas para la zona agrícolaLa situación se complicó cuando, en 2019, Landver decidió vender el campo y trasladar la hacienda. Para ello firmó un contrato de venta en consignación con la sociedad de Bobbio, quien propuso alojar el rodeo en el campo familiar "Santa Ana del Trébol". Sin embargo, tras múltiples pedidos de rendición de cuentas e intentos fallidos por inspeccionar los animales, comenzaron las sospechas. "Nos respondía con evasivas, incluso llegó a reconocer por carta documento que tenía las 1966 cabezas de ganado, pero nunca permitió constatar su existencia. Alegaba restricciones por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)", detalló Piaggio.En agosto de 2020, representantes de Landver, junto a un escribano, se presentaron en el campo para verificar el estado del ganado, pero Bobbio les negó el acceso. Ante esa negativa se inició formalmente la denuncia penal. Luego, en un allanamiento ordenado por la Justicia, solo se hallaron siete toros con la marca registrada de la empresa; el resto del rodeo nunca apareció.InvestigaciónLa investigación avanzó con declaraciones de peones, transportistas, funcionarios del Senasa y arrendatarios. Ahí, según dijo Piaggio, "salieron a la luz presuntas maniobras irregulares, donde se habrían emitido documentación apócrifa por ventas inexistentes y falsificado guías de traslado y donde un supuesto comprador citado a declarar aseguró que nunca realizó operaciones con Landver ni recibió facturas"."La maniobra era sofisticada: creaba documentos de traslado falsos, simulaba operaciones que nunca existieron y luego hacía desaparecer esa documentación. Así evitaba controles policiales. Nadie pudo determinar a dónde fue a parar la hacienda. La vendió sin dejar rastros", agregó Piaggio.Nos respondía con evasivas, incluso llegó a reconocer por carta documento que tenía las 1966 cabezas de ganado, pero nunca permitió constatar su existencia. Alegaba restricciones por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO),Silvia Piaggio, abogada de la firma LandverEn septiembre de 2020, el juez de Instrucción dispuso la detención del productor, le prohibió la comercialización de ganado y ordenó el embargo de 500 hectáreas de campo en Mercedes. Según relató la abogada, Bobbio llegó a vender unas primeras 500 hectáreas antes del embargo, por lo que debieron litigar en una sucesión en Buenos Aires para lograr trabar medidas sobre otra parcela de igual superficie de otro establecimiento que el acusado tiene en condominio con sus hermanas.En paralelo, Bobbio intentó evitar el juicio al solicitar la suspensión del proceso a prueba (probation), ofreciendo una compensación económica. "Pretendía pagar apenas un 15% del daño causado. Fue rechazado finalmente por el juez. La Cámara de Apelaciones también confirmó la negativa. Hubiera sido un premio para quien lucró con el delito", subrayó la letrada."Concederle la probation hubiera evitado una sanción penal efectiva, debilitando la acción ejemplificadora de la Justicia. Ello subraya la seriedad del delito, preserva la integridad del sistema judicial y refuerza un mensaje social fundamental: quien obtiene provecho ilícito debe enfrentar plenamente las consecuencias judiciales y económicas de sus actos. La Justicia no puede aceptar que el autor se beneficie con su propia acción ilícita. El fallo me pareció ejemplificador", añadió. Según explicó, el Tribunal Oral Penal de la Tercera Circunscripción de Corrientes, integrado por los jueces Jorge Troncoso, Juan Manuel Muschietti y Ramón Alberto Ríos, será el encargado de llevar adelante el juicio oral, que podría iniciarse entre septiembre y octubre de este año. Este órgano colegiado es el mismo que, días atrás, condenó por abigeato a Reinaldo Elpidio Estoup y a su capataz, Eduardo López, luego de 13 años, a la pena de penas de cinco y cuatro años de prisión, con accesorias legales y costas.Actualmente, en la causa contra Bobbio se estima que el daño patrimonial causado asciende a $1300 millones. "Más de 30 testigos están convocados, entre ellos funcionarios de Fucosa, policías y agentes de Marcas y Señales. La prueba es sólida y esperamos una sentencia ejemplificadora", afirmó Piaggio.Para la abogada, de probarse la responsabilidad penal de Bobbio la pena prevista por el Código Penal para este tipo de delitos alcanza hasta seis años de prisión. "Aunque no se trató estrictamente de un robo, se violaron todos los principios de confianza y legalidad. La Justicia tiene que actuar con firmeza para desalentar estos hechos", concluyó.LA NACION intentó comunicarse con un número de contacto de Bobbio que figura en el expediente judicial, sin embargo, al llamar, el mismo no corresponde a un abonado en servicio.
Se discutió si la acción había caducado por falta de actividad y los jueces dieron su veredicto
Se trata de cuatro fondos de inversión que lograron un fallo a favor del Tribunal Supremo de Londres, por los cupones atados al Producto Bruto emitidos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, entre 2005 y 2010. Leer más
Aunque las imágenes más estremecedoras del clima extremo en Estados Unidos suelen estar ligadas a huracanes, tornados o inundaciones, hay un enemigo silencioso que se cobró más vidas que cualquier otro fenómeno meteorológico: el calor. Año tras año, las estadísticas demostraron que las temperaturas extremas causaron más fallecimientos que tormentas, relámpagos o corrientes de resaca. Aunque esta amenaza es menos visible, sus consecuencias han sido devastadoras.El calor extremo, la principal causa de muerte meteorológica en EE.UU.Según los datos recopilados por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en su informe "80-Year List of Severe Weather Fatalities", el calor fue la causa más letal de fallecimientos relacionados con el clima en múltiples ocasiones a lo largo de las últimas décadas. Este fenómeno superó incluso a los huracanes y tornados.Desde 1995 hasta 2024, las muertes por calor encabezaron el listado de fatalidades en 15 años distintos. En el primero de estos, se produjo el mayor número de decesos por este motivo, con 1021 víctimas fatales.A lo largo de otros años también se observaron cifras significativamente altas:En 1995, se registraron 1021 decesos por las temperaturas elevadas.En 1999, el calor causó 502 muertes.En 2000, hubo 158 víctimas fatales por temperaturas extremas.En 2001, las muertes alcanzaron las 166.En 2002, se contabilizaron 167 fallecimientos.En 2006, el número ascendió a 253.En 2011, se registraron 206 decesos.En 2012, se produjeron 156 muertes.En 2017, el calor causó 107 víctimas.En 2018, hubo 108 fallecimientos.En 2019, se registraron 187 muertes.En 2020, se contabilizaron 350 decesos.En 2021, las muertes alcanzaron las 375.En 2022, se reportaron 383 víctimas.En 2023, el calor cobró la vida de 555 personas.Desde el inicio del registro histórico, las muertes por calor sumaron 6221. Esta cifra es superior a la de víctimas por huracanes (3595), frío extremo (1157), fenómenos invernales (1453), corrientes de resaca (1377) y vientos fuertes (1651). Solo los rayos (9476), tornados (8027) e inundaciones (8761) causaron más fallecimientos totales, aunque el calor supera a todos en promedio anual reciente.Temporada 2024: cuántas muertes hubo por calor extremo En 2024, la tendencia se repitió. Según los datos más recientes del NWS, se registraron 723 muertes relacionadas con fenómenos climáticos. De ellas, 177 fueron causadas por el calor, por lo que se posicionó una vez más como la categoría más letal.Así quedó el ranking de fallecimientos por tipo de fenómeno en 2024:Inundaciones: 145 muertes.Huracanes: 78 víctimas.Corrientes de resaca: 73 decesos.Viento: 71 fallecimientos.Tornados: 52 muertes.Frío extremo: 46 decesos.Fenómenos invernales: 29 víctimas.Rayos: diez personas fallecidas.Además, los daños económicos provocados por todas estas amenazas alcanzaron los 15.730 millones de dólares en 2024. La suma evidencia que, más allá del número de víctimas, el impacto de los fenómenos meteorológicos es enorme, tanto en vidas humanas como en pérdidas materiales.Por qué el calor causa tantas muertesUno de los aspectos más alarmantes del calor extremo es que sus efectos muchas veces pasan desapercibidos. A diferencia de un huracán o un tornado, que tienen una presencia visual y sonora inconfundible, las olas de calor se infiltran lentamente y afectan principalmente a los sectores más vulnerables de la población.Por ejemplo, durante la ola de calor de Chicago en 1995, la mayoría de las víctimas correspondió a personas mayores que vivían en departamentos sin aire acondicionado, según el informe oficial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).Esta tragedia cambió la forma en que los municipios y agencias federales enfrentan este tipo de fenómenos. Actualmente, cuando se detecta un riesgo inminente por temperaturas extremas, las ciudades activan centros de enfriamiento para la población sin acceso a refrigeración. También se fortalecieron los canales de comunicación entre el Servicio Meteorológico Nacional, los gobiernos locales y las fuerzas de seguridad para advertir sobre los riesgos y brindar recomendaciones a la ciudadanía.En 2024, el NWS expandió su herramienta "HeatRisk" a todo EE.UU. Esta plataforma ayuda a visualizar la peligrosidad del calor previsto, en función de su impacto potencial sobre la salud humana.
Según fuentes policiales, el conductor es residente de Roma, y no sufrió heridas. Leer más
Más de la mitad de las defunciones en España fueron debidas a tumores o enfermedades cardiovasculares, mientras el suicidio continúa en descenso en 2024
Es un documento que la Sociedad Argentina de Pediatría difunde este lunes.Advierte por el consumo de sustancias psicoactivas durante la gestación.Hablan de daños en el sistema nervioso, cardiovascular, renal y cutáneo.
El cantante sorprendió al revelar que pronto lanzará una canción junto a su expareja, con quien tuvo un conflictivo pasado marcado por denuncias y graves acusaciones
El canino todavía intentó recuperar su cubierta, pero sin tener éxito
Su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se diferenció del jefe de gobierno y tomó distancia de las acusaciones por cobros de coimas.El partido Podemos, ex aliado del PSOE en el Ejecutivo, disparó: ""El gobierno está muerto".
El trágico accidente aéreo dejó un saldo de ocho muertes.
El máximo tribunal desestimó un intento de remover a dos camaristas federales por supuesta falta de imparcialidad. Según los imputados, tendrían una "enemistad manifiesta hacia Mauricio Macri y por lo tanto hacia" ellos. Leer más
Entre las muchas causas que Ariel Lijo mantiene con poca actividad en su Juzgado Federal N° 4 se encuentra uno de los expedientes más delicados para el expresidente Mauricio Macri y parte de su entorno. Se trata de la causa conocida como Correo Argentino que desde 2017 investiga sin avances tangibles las presuntas irregularidades en el arreglo que alcanzó la firma de servicios postales -manejada por la familia del expresidente- con el Estado en 2016, durante la gestión del gobierno de la coalición Cambiemos.El acuerdo evitaba al Grupo Socma pagar la actualización de la deuda que acarreaba desde 1997, cuando se hizo cargo de la empresa a cambio del pago de un canon semestral de $51.600.000. A criterio de una fiscal del fuero comercial el acuerdo resultaba tan perjudicial para el Estado como favorable para la empresa controlada por los Macri. El caso en la Justicia nació un año después del acuerdo que, atrapado en los cuestionamientos, finalmente quedaría trunco. Desde entonces, varios fiscales estuvieron a cargo de la investigación. Inicialmente, estuvo en manos de Juan Pedro Zoni, que fue desplazado en 2018; luego, se hizo cargo Gerardo Pollicita, que luego renunciaría a la subrogancia de la fiscalía donde tramita el expediente; finalmente, la investigación recaería sobre el fiscal Eduardo Taiano, quien la conduce actualmente. En la causa fueron investigados el radical Oscar Aguad, exministro de Comunicaciones de Cambiemos; el extitular de Asuntos Jurídicos de esa dependencia, Juan Manuel Mocoroa, y los directivos de Correo Argentina S.A, Jaime Cibils Robirosab y Jaime Kleidermacher, su representante legal, Por pedido del fiscal Pollicita, todos ellos fueron imputados e indagados, pero ninguno procesado. "No hay novedades", dijo una fuente judicial al tanto de las actuaciones. ControversiaCuando arreciaban las críticas a la candidatura de Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema - muchas de ellas por congelar expedientes sensibles- la ONG Será Justicia, ligada al macrismo, deslizó en su impugnación que el juez federal utilizó la causa del Correo como moneda de cambio en el Consejo de la Magistratura para proteger a su hermano Alfredo "Freddy" Lijo, cuando allí tramitaba una denuncia en su contra por un crecimiento patrimonial desmedido. Fue uno de los ejemplos que esa y otras entidades jurídicas volcaron en sus impugnaciones para intentar graficar cómo Lijo usufructuaba a favor suyo el manejo de los tiempos de muchas de las causas radicadas en su juzgado. El caso del Correo volvió a quedar bajo la lupa luego de que la Corte Suprema rechazara ayer una queja de los directivos del grupo SOCMA para recusar a dos jueces de la Sala II de la Cámara Federal, Eduardo Farah y Roberto Boico, que revisan las decisiones de los juzgados. Boico, antes de ser camarista, fue abogado de Cristina Kirchner en la causa por el memorándum con Irán. En concreto, el caso investiga un arreglo espurio entre el Gobierno de Cambiemos con la empresa de correo en 2016. El Grupo Macri obtuvo la concesión del Correo Argentino entre 1997 y 2003, pero según se supo luego, el pago del canon se interrumpió al comienzo de ese contrato, en el segundo semestre de la gestión. Para 2001, la deuda del Correo Argentino S.A. con el Estado ascendía a $296 millones de pesos. La oferta que fue fuertemente cuestionada fue implicaba el pago del "100% del capital verificado" de ese monto en 15 cuotas anuales y consecutivas, a pagar desde fines de 2017 hasta 2033. Con los intereses, el monto ascendía a un total de $555 millones.La fiscal del fuero comercial, consideró en su dictamen de 2016 que la oferta aceptada era "abusiva" e implicaba un grave "perjuicio fiscal" contra el patrimonio del Estado. Calculó que la quita en la fórmula propuesta era del 98,82% y que el Estado dejaba de percibir cerca de 70 mil millones de pesos. Tras el dictamen, el entonces presidente Macri sostuvo en una conferencia de prensa que todo volvía "a foja cero". "No pensamos en un mecanismo para controversias judiciales como ésta, como la del Correo con el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre", afirmó. Luego se inició la causa en el juzgado de Lijo para investigar las responsabilidades del acuerdo alcanzado en 2016. Durante los gobiernos kirchneristas previos al de Cambiemos, y el que vendría luego, se rechazaron otras ofertas para cancelar la deuda. La última de ellas fue objetada en 2021 por Carlos Zannini, en ese entonces procurador del Tesoro. Seguía siendo enorme la distancia en los cálculos de cada una de la partes, tal como consignó LA NACION: si para el Grupo Socma apenas superaría los $ 1000 millones, para la Procuración podría rondar los $ 4300 millones,
La influencer explicó que defendió sus derechos como consumidora, aunque fue señalada en redes por ser "exigente en exceso" por un producto económico
Rechazó un planteó que pedía apartar a los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah por "temor de parcialidad".
Hoy, viernes 20 de junio, el juez tomará declaración este viernes a partir de las 11.00 horas a los dos dueños del piso donde se celebró la fiesta, a uno de los asistentes a la fiesta y a los dos taxistas que llevaron a Errejón y Mouliaá
El juez Marcelo Dos Santos, del Juzgado Civil y Comercial Federal N°2, reguló los honorarios de los letrados que representaron a Carlos Santiago Kirchner en la demanda civil impulsada por Vialidad Nacional en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri. Leer más
La decisión fue adoptada por la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico, en una causa iniciada antes de la entrada en vigencia del decreto que, en abril pasado, restringió la intervención de ese organismo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo de la defensa de Guillermo Cosentino, condenado por la utilización de fondos públicos para la compra de cotillón "anti-Clarín". Cosentino, exgerente general de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires, fue condenado el 30 de octubre de 2017 a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua por considerarlo autor del delito de peculado.En esa causa también fue condenado exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, que recibió una pena de dos años y seis meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.La defensa de Cosentino planteó una sucesión de recursos y, entre ellos, recusó a los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que intervino en el proceso. Esta sala rechazó las recusaciones formuladas respecto de los jueces Mariano Borisnky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, de quien aceptó su inhibición. Asimismo, devolvió las actuaciones a la Sala IV de la misma Cámara para continuar el trámite del expediente.Contra ese pronunciamiento, la defensa de Cosentino interpuso un recurso extraordinario, cuya denegación motivó la queja ante el Máximo Tribunal. La Corte, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaron este cuestionamiento por no estar dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
Con la sentencia definitiva contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad y con la expresidenta presa en su casa, los abogados de los absueltos en esta investigación empezaron a estar en condiciones de percibir sus honorarios en una causa paralela: la demanda civil por 25.000 millones de pesos que había planteado el Estado en 2018 contra los acusados.Así, el juez Marcelo Dos Santos, subrogante del juzgado civil y comercial federal N°2, fijó en casi 450 millones millones de pesos para cada uno, más el 40% por ser apoderados ($630 millones de pesos), los honorarios de los abogados Enrique Alberto Arce y Nicolás Guzmán. Ambos representaron a Carlos Santiago Kirchner.Otros letrados de la causa, que ya solicitaron que se les regulen honorarios, adelantaron a LA NACION que los recurrirán por bajos, ya que estiman que les corresponde una suma tres veces superior. Así surge de la resolución del tribunal notificada a este jueves. El monto total regulado es de 449.992.076 de pesos, con más el 40% en carácter de apoderado para cada uno de ellos.Los abogados en cuestión son los que contestaron la demanda de Vialidad Nacional contra Carlos Kirchner, acusado en el juicio penal y finalmente sobreseído. Durante el gobierno de Mauricio Macri, además de impulsar la denuncia penal contra Cristina Kirchner y sus exfuncionarios, la Dirección Nacional de Vialidad demandó por $22.500 millones a cada uno de los imputados, incluida la expresidenta. La cifra, según la cotización de 2018, asciende a 1125 millones de dólares.Los acusados que resultaron absueltos, con sentencia firme, en la causa penal, no van a ser alcanzados por esa demanda civil, por lo que a sus abogados ya les están regulando honorarios por su trabajo. La ley establece que el importe de los honorarios corresponde al 12% del monto de la demanda. Y el porcentaje que les corresponde percibir depende de las instancias en que intervinieron en el proceso.¿Quién se hará cargo del pago? El Estado Nacional, que perdió la demanda en el caso de los acusados que fueron sobreseídos. Aunque luego es de esperar que el Estado cobre la demanda con intereses a los nueve condenados, incluida la expresidenta y Lázaro Báez. Un patrimonio muy importante como para recuperar los bienes en juego.Sin embargo, uno de los abogados consultados por LA NACION señaló que los funcionarios del gobierno de Cambiemos que impulsaron la denuncia deben ser considerados responsables solidarios por la acción, con lo que deberían responder con su propio patrimonio también para cubrir los honorarios.Esta demanda civil contra los condenados es paralela al decomiso de los bienes dispuesto en la causa penal, por 86.000 millones de pesos, que resolvió la justicia en 2022 sobre los condenados, cuando calculó el monto del perjuicio que provocaron al Estado.La demanda fue iniciada en 2018, durante la gestión de Javier Iguacel en la Dirección Nacional de Vialidad. El monto del reclamo es de $22.500 millones, más intereses, lo que convertido a dólares de 2018 asciende a unos 1125 millones de dólares.Los abogados de Carlos Santiago Kirchner -los doctores Enrique Arce y Nicolás Guzmán- se presentaron ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N°2, a cargo de Marcelo dos Santos, y pidieron que les regulen los honorarios.Lo hicieron porque Kirchner cambió de letrado y porque hay un plazo de dos años para reclamar la regulación provisoria o, en caso contrario, prescribe el pedido. Carlos Santiago Kirchner, primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, había sido funcionario del Ministerio de Planificación y en el juicio en el que Cristina Kirchner fue condenada, él resultó absuelto. Reemplazó a sus abogados Arce y Guzmán por el doctor Carlos Jorge Kirchner y, luego, por la defensoría oficial."Ejercimos la representación durante la primera etapa del proceso, por lo que nuestra labor comprende la tercera parte del juicio", dijeron los abogados.Según explicaron, los letrados no hicieron el planteo con la expectativa de cobrar una fortuna y hacerse millonarios, sino de asegurarse de no perder su derecho a reclamar los honorarios.Elecciones 2023 | Tras el apoyo de Iguacel, Waldo Wolff banco a Milei en LN+El caso de los abogados de Kirchner es similar al reclamo que pueden hacer cuando termine la causa penal los abogados de otros de los que fueron imputados y absueltos en el juicio penal, como Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Jesús Garro, extitular de Vialidad de Santa Cruz. Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme sus absoluciones, ahora pueden cobrar por su actuación en la demanda civil. En este expediente de la demanda civil, Cristina Kirchner ya reclamó dos veces "la caducidad de la instancia, al argumentar que la causa debe cerrarse porque Vialidad dejó transcurrir seis meses sin ejercer su reclamo.El primer planteo, realizado el 18 de septiembre de 2023, fue rechazado por el juez de primera instancia y, luego, apelado ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.Allí, la Sala III ahora debe resolver si admite o no la queja que planteó la expresidenta. Por las dudas, la expresidenta presentó ante el juez de primera instancia un nuevo pedido para que se declare la caducidad de la instancia. Esta vez representada por el abogado Luis Goldín, dijo que la Dirección Nacional de Vialidad tiene un "desinterés" en el reclamo."Si contamos los plazos de forma apegada a lo que manda el código, la caducidad de instancia operó el 28 de marzo de 2025â?³, dijo el letrado, y agregó que "el plazo de seis meses contando días inhábiles para decretar la caducidad es palmario y no hay discusión, incluso descontando las ferias judiciales y regalando días para cálculos redondos, el extenso plazo inactivo por parte del actor es inaceptable". Este nuevo planteo aún debe resolverse.Le corrieron traslado a Vialidad, que defendió la vigencia de la causa.
El defensor alega que la condena por omisión de denuncia responde a "presión política" y esperará los fundamentos antes de apelar. Leer más
El defensor alega que la condena por omisión de denuncia responde a "presión política" y esperará los fundamentos antes de apelar. Leer más
La Fiscalía Provincial de Valencia califica de manera absolutoria la actuación de Mónica Oltra y su equipo en la causa sobre el presunto encubrimiento de abusos sexuales a una menor
A los delincuentes les faltaban solo cinco metros para acceder a la entidad financiera cuando un hecho inesperado los delató con la policía en agosto de 2024. Leer más
La Sala III confirmó el rechazo a una medida solicitada por la defensa de un imputado. La causa, que tiene entre sus principales acusados a Cristina Kirchner y a Julio De Vido, será analizada desde noviembre por el TOCF 7 porteño
Cuando bajen la espuma y la efervescencia de estos días, el fallo de la Corte que confirmó la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad se estudiará, seguramente, en ateneos de jurisprudencia y también de ciencias políticas. Lo más novedoso, sin embargo, es que tal vez merezca ser estudiado en las cátedras de sociología. Es un fallo que navega contra ideas muy instaladas en la sociedad, que reivindica virtudes que han tendido a desdibujarse y que recompone, de alguna forma, una escala de valores que se había desarticulado en la Argentina contemporánea. Es un fallo contracultural, con un mensaje muy poderoso que quizá cueste dimensionar ahora mismo, pero que podría tener una influencia que vaya más allá de la Justicia y la política.La sentencia del máximo tribunal desautoriza, en principio, sospechas que adquirieron en la sociedad categoría de certezas: "nadie va preso", "el poder te da impunidad", "siempre se puede zafar", "la igualdad ante la ley no existe". Ese núcleo de afirmaciones condensa un escepticismo que se ha encarnado entre los argentinos. Si la condena se ejecutara ahora sin ensañamiento, pero con rigurosidad, la idea de que el poder garantiza privilegios quedaría en tela de juicio. Es un mensaje que excede a esta causa penal y a los actores involucrados: irradia hacia el resto de la dirigencia y obliga a tomar nota a todos los protagonistas de la vida pública. Lo que nos dice el caso Vialidad es que el viejo principio de que "la Justicia tarda, pero llega", no ha perdido completa vigencia. Y que, al fin y al cabo, puede ser cierto que "todos somos iguales ante la ley".La sentencia ha venido, además, a reivindicar el valor de los hechos, de los datos y de las pruebas concretas en un contexto social y político en el que todo eso parecía haber cedido ante la fuerza de los relatos, la emocionalidad y la épica discursiva. Si a través de El Eternauta descubrimos que "lo viejo funciona", el fallo de la Corte nos recuerda que "los hechos importan". Es otro mensaje de fondo para la política y para la actividad pública en general, donde muchas veces impera la idea de que lo importante no es hacer las cosas bien, sino acertar con la narrativa adecuada. El fallo desafía también la tendencia a la victimización, convertida en otra característica de la época.Con esta decisión se ha recobrado, además, la noción de autoridad y de árbitro, ejercida en este caso por la cabeza del Poder Judicial, en una sociedad donde todas las referencias de autoridad se han tornado difusas y donde la lógica de la sanción, las consecuencias de los propios actos y la imposición de límites luce por lo menos desdibujada. Ocurre en la política, pero también en las escuelas, los hogares, los trabajos y en el espacio público, donde se ha debilitado la idea de que la inconducta debe ser penalizada. El pronunciamiento de la Corte le pone un freno a la cultura de la anomia, a esa suerte de desapego estructural hacia la ley que ha conducido a que tanto la política como la ciudadanía tengan un débil compromiso con la legalidad.Es un fallo contra una visión de fondo que la propia Cristina Kirchner resumió en su último discurso público, el día que se conoció la sentencia, cuando se refirió a La Salada: "La cierran porque le falta un papelito", ironizó al hablar de todo un poco. El "papelito" simboliza precisamente la norma, a la que el discurso populista caracteriza con tono despectivo como un obstáculo o un límite a ignorar.La Corte ha dado un mensaje, en definitiva, contra la Argentina trucha, que tiende a ver la ley como un espacio de negociación y a la Justicia, como un actor subordinado a las componendas y los aprietes de la política. La sentencia también rompe con la idea de que la obra pública es un gigantesco agujero negro en el que todos "los papelitos" se pueden adulterar para que inmensas cantidades de dinero fluyan campantes bajo la mesa. Reinstala, en su lugar, la idea de que el poder tiene que rendir cuentas y que las fortunas mal habidas no pueden comprar impunidad.El pronunciamiento de la Corte encierra un mensaje hacia adentro del Poder Judicial, donde los virus de la politización y el oportunismo han hecho un enorme daño, además de su propia corrupción. Con esta decisión se marca un rumbo: la Justicia debe hacer su trabajo con prescindencia de los humores sociales y los ciclos políticos, sin dejarse manipular ni condicionar por las conveniencias y los relatos del poder.No solo esta última resolución: todo el proceso penal que desembocó en las condenas por la causa Vialidad podría reconciliar a la sociedad con el valor de una Justicia independiente y eficaz. En él subyace también una reivindicación del periodismo profesional y de la oposición responsable, que hicieron su trabajo cuando el viento del poder soplaba en la dirección contraria. Pone en valor, además, la tarea silenciosa y profesional de peritos, fiscales, auditores, productores e investigadores que permitieron recolectar pruebas, consolidar evidencia y atar cabos sueltos en una trama diseñada para ocultar y desviar información. En ese aspecto, el fallo también navega contra la corriente: es un respaldo y un reconocimiento al trabajo metódico, riguroso, sin glamour ni espectacularidades de los "actores de reparto" del proceso judicial y de la investigación periodística. En una época en la que una parte de la Justicia y del periodismo tienden a la farandulización y el vedetismo, vale la pena decodificar ese mensaje.Las sucesivas instancias en las que se ha desarrollado el juicio dan cuenta, además, del valor del debido proceso y del naufragio de la política en la arena técnica y procesal. En un tiempo dominado por los "linchamientos digitales" y por la beligerancia retórica, la causa Vialidad supone, de alguna forma, el triunfo del expediente: de la argumentación, de las pruebas, del lenguaje jurídico y de la asepsia procedimental.Por supuesto que siempre habrá impugnaciones políticas y núcleos de fanatismo dispuestos a descalificar el trabajo de la Justicia. Muchos seguirán arrojando palabras altisonantes como lawfare, "persecución", "proscripción" y "venganza de los poderes concentrados". Es un lenguaje inherente a los populismos autoritarios, que conciben el límite institucional como una amenaza a su propio poder. Por eso la pelea es contra la Corte, contra el periodismo profesional, contra la oposición republicana: contra todo lo que represente una instancia de independencia y una barrera contra la impunidad, el ocultamiento y el hegemonismo.Las reacciones contra los jueces son alimentadas por dos vertientes. Por un lado, dirigentes y militantes que defienden su poder hasta el límite del cinismo: "No nos importa si es culpable; la justicia no nos conviene". Por el otro, minorías incondicionales que se rinden ante liderazgos personalistas y cultivan una fe dogmática y negadora: "Los bolsos de López fueron un montaje". No ven al líder político como una figura terrenal que deba rendir cuentas a la Justicia, sino como una encarnación mítica que está más allá de la ley y de los tribunales. A pesar de movilizaciones ruidosas, son grupos evidentemente minoritarios: el promedio de las últimas encuestas muestra que más del 50 por ciento de la ciudadanía cree que, efectivamente, Cristina Kirchner es culpable de graves hechos de corrupción y debe cumplir la condena judicial que le fue impuesta. También reflejan que la desconfianza en la Justicia se mantiene en niveles muy altos.Hay fallos que representan una bisagra en la historia de los países y que irradian un mensaje que va mucho más allá del terreno judicial. Ocurrió, hace cuarenta años, con la condena a los exintegrantes de la Junta Militar, que marcó un mojón en las instituciones, pero también en la sociedad. Fue el "nunca más" a las rupturas del Estado de Derecho, fue la consolidación de una conciencia democrática en el ciudadano común. Tal vez el fallo de Vialidad, si se articula con el de la causa de los cuadernos y la de Hotesur, sea el primer paso de un "nunca más" a la megacorrupción. No tendrá, por supuesto, efectos mágicos, pero la decisión que acaba de tomar la Corte planta una bandera contra el escepticismo, contra la desconfianza en las instituciones y contra la idea de que ir por la banquina no implica consecuencias, al menos para el que tiene poder. Podrá leerse en clave jurídica y política, pero tal vez valga la pena verlo como un hito cultural. Es un fallo que nos propone una Argentina que podemos ser.
Los síntomas muchas veces pasan desapercibidos.Recomendaciones para reducir el riesgo de pérdidas en el rodeo.
La Audiencia Provincial de Pontevedra concluyó que, mientras el procedimiento de ejecución civil siga abierto en un juzgado de instancia, corresponde a ese órgano valorar si existe un incumplimiento contumaz y persistente que justifique la apertura de una causa penal
Los exfuncionarios de Vialidad Nelson Periotti, Mauricio Collareda y Raúl Daruich se presentaron ante Tribunales y fueron detenidos de inmediato. Leer más
El juzgado de instrucción número 2 de Badajoz investiga a Leire Díez por presunta revelación de secretos y delitos relacionados con la contratación del hermano de Pedro Sánchez
Las acciones preventivas, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado contribuyen a disminuir el impacto de la enfermedad en la población colombiana
Este nutriente participa en una gran cantidad de funciones vitales para el organismo, por lo que su carencia puede causar diversas enfermedades
El ex secretario de Obras Públicas fue condenado a seis años de prisión.
A poco tiempo de que venza el plazo para que los condenados en el marco de la causa por corrupción en la Obra Pública se presenten en Comodoro Py, la ex presidenta aguarda la decisión de la Justicia sobre su solicitud de cumplir la pena en su departamento del barrio porteño de Constitución
Incremento de acusaciones populares en el 'caso Koldo' del Tribunal Supremo, centradas en la implicación de Santos Cerdán y las irregularidades en la obra pública, con el PP liderando la representación legal
La pérdida de potencia del vuelo A1171 de Air India, bajo análisis como causa de la tragedia.
La periodista Cristina Pérez opinó sobre la ratificación de la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, acusó a la exvicepresidenta de "fingir demencia" durante el proceso judicial y calificó a La Cámpora, organización política que conduce Máximo Kirchner, como "una secta". En Comunidad de Negocios (LN+), la conductora televisiva dijo además que el fallo de la Corte Suprema demostró que el Poder Ejecutivo "tiene un límite". "Se le investigó a pesar de su poder y se le investigó también cuando estaba en el poder", celebró.En un tramo de su intercambio con José Del Rio, Pérez habló sobre la existencia de "feligreses" que se empeñan en defender políticos rechazando la realidad expuesta por la Justicia. "En el caso de Cristina Kirchner, esos feligreses estarían personificados por La Cámpora. Este grupo no existiría sin ella. Es su secta y defiende un modelo de corrupción", sostuvo. "Pero más importante es que Cristina nunca dijo ser inocente", sumó."Cristina fingió demencia durante toda la causa. Sus abogados incluso tenían falencias para defenderla porque no podían desmentir con pruebas la vinculación entre su persona, el expresidente Néstor Kirchner y la plata que le llegaba en un grifo abierto sin fin a Lázaro Báez", puntualizó la conductora de Siempre+.Al opinar sobre el fallo de la Corte Suprema y el posterior discurso de la todavía titular del PJ frente a la sede del partido, Pérez dijo: "Ella dice que es digno estar preso. No, no lo es. Tiene invertidos los valores que figuran en nuestra Constitución. Todos saben en la Argentina que tener poder no es licencia para robar"."Cristina siempre se sintió por encima de la ley. Creía que el poder le pertenecía en representación del pueblo sin que nadie la estorbara. Tuvo el debido proceso. Y lo tuvo a pesar de querer cargarse a la república. Su objetivo era terminar con el sistema tal como se lo conoce y replicar su modelo de Santa Cruz en todo el país. Pero ello requería un engranaje que ella no tenía: una Justicia que estuviera descabezada", destacó.En ese sentido, resaltó: "Es muy importante lo que acaba de pasar. La república fue testeada en su máximo límite. El veredicto se tenía que conocer cuanto antes. Si la Justicia llevaba la discusión hasta después de las elecciones para legislador bonaerense, hubiera sido un papelón".Más adelante en la entrevista, la periodista negó que la decisión de máximo tribunal busque proscribir a la exvicepresidenta. "Es tan fácil como ver la pruebas", dijo y apuntó contra quienes la protegen: "Lamento que tengan como referente a una señora que nos robó a todos. Puede que haya gente a la que no le guste lo que dictaminó la Justicia, pero debemos acatarlo. Es parte del juego republicano".Como reflexión final, Pérez planteó: "Todo esto parece sacado de una novela narco. Es algo tan delirante. Hay una sola cosa que me explica este nivel de desparpajo con la corrupción, de no esconder nada, de dejar todos los dedos pegados: solamente podes hacer eso si te sentís impune. Si sentís que no te va a pasar nada. Solamente alguien que cree que es intocable puede hacer eso como lo hizo esta gente".
Leonardo Fariña, arrepentido en la causa conocida como ruta del dinero K, habló sobre la ratificación de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y realizó una comparativa -a título personal- con la causa por los cuadernos de las coimas, donde la exvicepresidenta es investigada como jefa de una asociación ilícita.En La Cornisa (LN+), el entonces operador financiero y testaferro de Lázaro Báez dijo que el juicio donde se indaga sobre una red de sobornos sistemáticos entre empresarios y funcionarios del Estado tendrá mayor impacto en la situación de la todavía titular del Partido Justicialista (PJ) que la sentencia que recibió el pasado martes.En diálogo con Luis Majul, Fariña dijo: "La coyuntura de la causa cuadernos, cuyo proceso judicial empezará este noviembre, es 25 veces más grande que la ruta del dinero K. La causa cuadernos no es más ni menos que vínculos ilícitos entre empresarios vinculados al Ministerio de Planificación y funcionarios públicos. Es, de punta a punta, una relación Estado con privado. Son Lázaro Báez multiplicado por 70â?³.Para el "valijero", hubiera sido ideal el tratamiento de todas causas -Hotesur, ruta del dinero K y Vialidad-en un megajuicio: "Hubo un planeamiento de unificar las causas pero finalmente no prosperó". En ese sentido, analizó: "Ahora, cuando se tengan todas estas sentencias juntas, se van a encontrar con un circuito cerrado. Vialidad es la relación del Estado con Lázaro Báez y funcionarios. Cuadernos es el Estado con 70 empresarios, que a lo mejor no fueron todos de obra pública pero que participaron en la repartija".En otro tramo de la entrevista, y respecto de la condena impartida la semana pasada por la Corte Suprema -seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos- contra la dos veces presidenta, Fariña consideró que era "inevitable": "Me di cuenta de que iba a ser así desde el momento en el que [Gerardo] Pollicita e [Ignacio] Mahiques pidieron su procesamiento en 2016 junto con el de otros".Ante el comentario de Majul sobre por qué esta sentencia no se dictó 10 años antes, el arrepentido en la ruta del dinero K explicó: "En un proceso penal, las cosas no son tan claras como las personas las viven. Todo se tiene que probar. Tienen que pasar ciertas circunstancias para llegar a un veredicto. La sentencia tiene que tener un 100% de plenitud en el conocimiento de lo que se aplica. Mientras tanto, era un secreto a voces. Lo sabía la sociedad y también muchas personas que rodeaban al poder político. Pero en una causa penal, si no aportas pruebas, si hay personas que saben cosas y no las dicen, si no hay organismos con un contralorâ?¦".En una reflexión final, Fariña puntualizó en que si bien los negocios entre Báez y el Estado argentino comenzaron por su vínculo con el difunto expresidente Néstor Kirchner, Cristina "no los interrumpió". "Ella se encontró con un herencia de poder y negocios. Y no solo le permitió perpetrarse sino que esos negocios siguieron creciendo"."Un caso paradigmático es la represa Néstor Kirchner. En relación a esa obra, como fue declarado en la causa penal, Lázaro Báez ya sabía en 2010 que le iba a ser adjudicada. No se la dieron porque empezó a salir publicidad sobre la ruta del dinero K. Casanello ya lo estaba siguiendo y Lanata había mostrado videos de la Rosadita", cerró.
Se trata de Dylan Vergara, de 25 años, investigado por un intento de asesinato con un arma en Lomas de Zamora.No había sido convocado por el técnico, por lo que intentó mirar el partido de su equipo Real Pilar desde la platea de la cancha de Comunicaciones.Lo atraparon en el ingreso.
Las temperaturas en algunas áreas podrían alcanzar niveles críticos, con consecuencias como golpes de calor, deshidratación y enfermedades relacionadas
Icono del cine y símbolo de México, la muerte de Cantinflas fue tan silenciosa como inesperada para el público.La lucha íntima en sus últimos días que pocos recuerdan.
La investigación y la posterior condena contra la ex presidenta Cristina Kirchner y otras ocho personas, confirmada esta semana por la Corte Suprema, reveló las maniobras detrás de contratos viales, alquileres de hoteles y reuniones secretas durante la gestión kirchnerista
El siniestro pudo haberse originado por una falla en la manipulación de la cocina, según indagaciones preliminares
El joven influencer de 16 años fue hallado sin vida por un familiar en su casa.
El rector de la Universidad de Congreso de Mendoza mantuvo una charla con DEF respecto a la visión actual de las nuevas generaciones sobre la causa Malvinas y el rol de la educación en ello
El empresario indio Sunjay Kapur falleció en las últimas horas luego de tragarse una abeja mientras participaba en la Copa de la Reina Cartier, en Inglaterra. Cuáles son los síntomas de alarma
Se trata de un ex secretario del Juzgado Federal de la ciudad de Corrientes.Encontraron 28 discos con escuchas telefónicas.