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La justicia allanó el Elíseo por una causa sobre las licitaciones para organizar actos en el Panteón de París

PARÍS.- En una jornada que sacudió los cimientos del poder político en Francia, efectivos de la brigada financiera anticorrupción realizaron este martes un procedimiento sorpresa en el Palacio del Elíseo. La sede de la presidencia francesa fue el centro de un allanamiento vinculado a una pesquisa sobre la adjudicación de las ceremonias de entrada de grandes figuras al Panteón. El operativo, que reveló el semanario Le Canard Enchaîné, pone la lupa sobre los contratos que recibió la empresa Shortcut Events durante las últimas dos décadas.La investigación judicial se centra en las condiciones bajo las cuales el Estado otorgó la organización de estos eventos de alto perfil. Según los datos que trascendieron de fuentes cercanas al caso, esta firma privada maneja la logística de los homenajes de forma ininterrumpida desde hace 22 años. El Panteón, un sitio emblemático que se conoce en todo el mundo como el "templo de los inmortales", resguarda los restos de hombres y mujeres que marcaron la historia de la nación. Bajo la normativa vigente, el Presidente de la República es quien posee la facultad exclusiva de decidir qué personalidades reciben este honor máximo.Los costos de estas ceremonias despertaron fuertes sospechas entre los investigadores financieros. De acuerdo con la información que publicó el medio satírico francés, cada proceso de "panteonización" demanda un desembolso que ronda los dos millones de euros. El período que abarca la indagatoria judicial comienza en el año 2002 y llega hasta la ceremonia que tuvo lugar en 2024, cuando ingresaron al templo los restos del resistente armenio Missak Manouchian, poeta y héroe de la lucha contra la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.El conflicto principal de la causa radica en el mecanismo de selección de la agencia que organiza los actos. Si bien el Ministerio de Cultura o el Centro de Monumentos Nacionales lanzan licitaciones públicas de carácter clásico, el Elíseo tiene siempre la última palabra en la elección final. Esta situación ocurre debido a la presencia obligatoria del jefe de Estado en estos actos de enorme peso institucional. La justicia busca determinar si existió un trato preferencial hacia Shortcut Events, dado que otras agencias competidoras manifestaron su desánimo ante la elección constante de la misma empresa. Incluso se reportaron casos donde se impuso a esta firma a pesar de los deseos contrarios de las familias de los homenajeados.Desde la empresa cuestionada, uno de sus codirectores, Christophe Pinguet, rechazó cualquier tipo de vínculo privilegiado con el entorno presidencial que pudiera favorecer a su firma. El ejecutivo justificó la permanencia de su agencia en la experiencia técnica que desarrollaron tras orquestar unas quince ceremonias de este tipo vinculadas al "relato nacional". Según sus declaraciones previas, estas prestaciones siempre cumplieron con los procedimientos de licitación obligatorios.La brigada financiera, que surgió tras la fusión de diversos organismos de represión de delitos económicos en junio pasado, lideró el registro en las dependencias oficiales. Mientras la causa avanza, el cronograma oficial mantiene firme la próxima cita en el Panteón para el mes de junio. En esa ocasión, el honor será para el historiador judío Marc Bloch, fusilado por las fuerzas nazis.La opinión pública sigue con atención este escándalo que mezcla el gasto público con la memoria histórica de Francia. El operativo de este martes marca un hito, ya que las autoridades ingresaron de forma directa a la casa de gobierno para secuestrar documentación. Por el momento, la presidencia no emitió comentarios oficiales sobre los resultados del registro en sus oficinas. El caso abre un debate sobre la transparencia en la gestión de los fondos estatales en actos de reconocimiento histórico.Agencia AFP

Pradas insiste en que no es necesaria una prueba caligráfica suya en la causa de la dana

La Audiencia de Valladolid devuelve la causa de Esther López al Juzgado instructor

Se reanudó el juicio por la causa Cuadernos: indagan a siete empresarios, cuatro como arrepentidos

El debate que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner sigue ante el Tribunal Oral Federal 7. Hasta ahora los arrepentidos guardaron silencio

Causa Adorni: la escribana Nechevenko cerca de quedar implicada

La escribana no verificó el origen de los fondos del funcionario libertario. Este lunes también declararon dos mujeres policías, madre e hija, que confirmaron que aceptaron la operación con garantía hipotecaria, de unos 100 mil dólares, que les propuso la notaria.

Luciano Román recibió el título Doctor Honoris Causa de la UADE

La Universidad Argentina de la Empresa (UADE) distinguió esta tarde a Luciano Román como Doctor Honoris Causa en el Aula Magna de la facultad. Román, que se desempeña como Secretario de Redacción y columnista de LA NACION, fue reconocido por "su destacada trayectoria profesional y su significativo aporte al ámbito académico y al periodismo argentino".En un auditorio colmado por la presencia de autoridades de la institución, el cuerpo docente y alumnos; el director de LA NACION Fernán Saguier y José Claudio Escribano, miembro del directorio; colegas, familiares y amigos, el acto quedó inaugurado con las palabras del rector de la casa de estudios, Ricardo Orosco, quien ofreció los argumentos para otorgar este título reservado a "reconocer los valores de personas sobresalientes", un hecho que, en definitiva, no es tan frecuente: contabilizó en los 64 años de historia de la UADE solo 18 honores semejantes. En este caso quiso subrayar, principalmente, la comprometida labor de Román con la educación, que es también el rol central de la universidad, tanto en sus notas como en la experiencia desempeñada como docente (es profesor invitado recurrente en la UADE) y como exdirector de la Carrera de Periodismo de la Universidad Católica de La Plata.A continuación, el periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon pronunció una laudatio que resumió méritos personales, académicos y profesionales del agasajado, palabras que surgieron "del corazón". Una larga relación los une desde La Plata, la ciudad de ambos: "Cigarrillo en boca, café en mano, la primera vez que vi a Luciano Román fue en octubre de 1999. Eran otros tiempos. Tiempos en que encarnamos el 'eslabón perdido' entre las viejas redacciones".Tras repasar la trayectoria de Román, iniciada a los 18 años en el diario El Día -donde más tarde sería su primer jefe-, Alconada Mon puso el foco en lo que define su perfil. "No es dónde trabajó o trabaja, sino cómo escribe. En tiempos de velocidad, eligió la pausa; en tiempos de ruido, eligió el argumento; en tiempos de grieta, eligió la incomodidad. Sus columnas no buscan agradar: interpelan. No se apoyan en la estridencia, sino en la evidencia, en la duda honesta y en una convicción profunda: que el periodismo no está para confirmar prejuicios, sino para desafiarlos", afirmó.También subrayó su compromiso con el oficio y la dimensión pública: "En una época en la que la verdad parece negociable y la palabra pública se devalúa, trayectorias como la de Luciano adquieren un valor adicional. Porque encarnan una idea del periodismo como servicio público, como herramienta de control del poder y como espacio de construcción cívica. Por todo esto, este reconocimiento no solo honra a Luciano Román. También nos recuerda qué periodismo vale la pena defender. En tiempos como estos, no es poco", finalizó.A su turno, ya con el diploma en mano y la emoción en la voz, Román comenzó por agradecer. "Cuando el doctor [Héctor] Masoero me llamó para comunicarme que el consejo de administración de la UADE había resuelto otorgarme esta distinción, tuve una mezcla de sentimientos. A la vez que me sentía honrado, me invadía una sensación de incomodidad, porque pertenezco a una generación a la que nos enseñaban que el lugar de los periodistas siempre estaba ahí abajo, en la silla del observador, y nunca acá, en el medio del escenario", aseguró.A partir de esa idea, planteó algunos contrapuntos entre el pasado y el presente de la profesión, también con sus tensiones. "Permítanme tomar esta distinción no como algo personal, sino como un reconocimiento a los valores esenciales de un oficio que no solo enfrenta los desafíos y los avatares de una profunda transformación, sino también, y desde hace décadas, el asedio del poder, empeñado, ayer nomás, en fagocitar a las empresas de medios, y hoy en fomentar "el odio" contra los periodistas independientes", afirmó.En ese marco, describió el contexto actual en el que se desarrolla la actividad: "Trabajamos en un ecosistema comunicacional más complejo, más heterogéneo, horizontal y fragmentado, en el que las redes sociales juegan un papel protagónico, muchas veces para enriquecer el debate público, muchas otras para enturbiarlo y degradarlo". Y agregó que, en ese escenario, "el periodismo de autor ha adquirido una relevancia fundamental; se ha acentuado el valor de las firmas como referencias de prestigio, de confiabilidad y de calidad".Román -que además es abogado- también se detuvo en los valores que, a su juicio, siguen definiendo al periodismo profesional y de calidad. Mencionó, en primer lugar, la "responsabilidad del lenguaje" o "la ética de la palabra": "la degradación del lenguaje ha deteriorado nuestro sistema de convivencia de una manera alarmante", sostuvo. A ese principio sumó el valor de la conversación y la escucha, en un contexto marcado por la polarización: "la prensa profesional sobrevive como un espacio multicolor y pluralista", afirmó, y destacó a este como un ámbito donde se reflejan distintas voces y se sostiene la idea de "escuchar las dos campanas". El tercer eje fue la reivindicación de la duda frente a los discursos cerrados: "en un mundo que por momentos parece enfermo de certezas (â?¦) en la prensa profesional se reivindican las preguntas y se valoran los matices". Y por último, subrayó la importancia de la independencia y la honestidad intelectual, en contraste con la lógica de alineamientos rígidos: el periodismo, dijo, debe sostener "una mirada matizada y profesional (â?¦) desprovista (â?¦) de los fanatismos que llevan a medir las cosas con un doble estándar".Hacia el final, eligió una imagen tomada de una anécdota con toques de fábula que dejó un mensaje claro de su mirada sobre el oficio. "Tratar de mirar el mundo desde una perspectiva original -desde los ojos del ratón del cuento en cuestión-, sin creer que eso nos pone en algún pedestal". Y cerró con un agradecimiento más íntimo y más hondo, vinculado a su historia personal y familiar, en el que destacó "la decencia, la humildad y la pasión" como los valores que -legado de sus padres- guiaron su recorrido.

Pablo Toviggino recusó al juez Diego Amarante por "enemistad manifiesta" en la causa por evasión

El tesorero de la AFA busca apartar al magistrado que lo procesó por una retención indebida de $19.300 millones, alegando un complot judicial. Leer más

Causa Seguros: Ariel Lijo aceptó pruebas de Alberto Fernández y citó a Vilma Ibarra y Santiago Cafiero

El juez ordenó nuevas testimoniales de ex funcionarios y un peritaje contable para evaluar el presunto daño al Estado. La investigación sigue bajo revisión de la Cámara Federal de Casación

Causa AMIA: ordenaron la captura internacional de un jerarca iraní para indagarlo y ampliaron las imputaciones

Se trata de Alí Asghar Hejazi, quien fue mano derecha del líder supremo y es el más reciente acusado por el fiscal Sebastián Basso. Por ahora, la Justicia no avanzará con los procesamientos

Casación cerró el camino a la Corte Suprema para Lázaro Báez en la causa "El Entrevero"

El máximo tribunal penal declaró inadmisibles los recursos extraordinarios y dejó firmes las condenas por lavado de activos dictadas contra el empresario y otros imputados

Los gestos de Karina Milei en respaldo de Manuel Adorni tras los últimos movimientos en la causa judicial

La secretaria general de la Presidencia se reunió con el jefe de Gabinete y se mostró escoltada en una actividad en el Instituto Malbrán. La colección de fotos de la jornada

El mensaje que le mandó la escribana de Adorni a una de las testigos en la causa por enriquecimiento ilícito

Adriana Nechevenko se comunicó esta mañana con Isabel Molina, una de las acreedoras del jefe de Gabinete que declaró esta mañana ante el fiscal Pollicita en el marco de la investigación a su patrimonio

AFA-gate: un fiscal general puso en suspenso la maniobra para unificar todas las causa en el juzgado de Campana

La maniobra judicial para intentar unificar al menos tres causas vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el juzgado federal de Campana quedó en suspenso. El fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, opinó que el expediente con todos los registros bancarios de la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette, debe tramitar en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión final quedó en manos del camarista Ignacio Rodríguez Varela, que ya decidió en ese sentido. Sáenz sostuvo que la sede social de la AFA, al momento que se habrían cometido los delitos, estaba en la Ciudad de Buenos Aires. Y se alineó con la argumentación del fiscal de la Cámara de Casación, Mario Villar, que argumentó que el juzgado de Campana no es competente para investigar las denuncias contra los máximos dirigentes de la AFA y denunció que esa causa se inició con un simple mail de Luciano Pantano, el supuesto dueño de la mansión. "La incompetencia intentada resultaría prematura, en tanto no se ha establecido aún cual es el tribunal a cargo de investigación del delito de lavado de activos, a la cual se está pretendiendo anexar esta pesquisa", planteó Sáenz. La causa que se pretende enviar a Campana comenzó con una denuncia del empresario Guillermo Tofoni y es la única que tiene todos los registros bancarios que reveló LA NACION a partir del 28 de diciembre. Son más de 3000 páginas de transferencias obtenidas a través de dos discoveries en la Justicia de Estados Unidos. Entre otras cosas, esos documentos revelan que se desviaron al menos US$ 42 millones hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. La investigación de LA NACION demostró que en realidad fueron al menos diez sociedades y que el desvío supera los US$ 57 millones. El dinero provenía de al menos cinco cuentas de TourProdEnter. La última que se descubrió estaba en el PNC Bank y fue abierta por el propio Faroni. Esa cuenta recaudó unos US$13 millones y desvió más de USS 3 millones al mismo universo de sociedades fantasma que controlaban los implicados en la maniobra.En dos ocasiones, la fiscal Silvana Russi y la jueza Paula Petazzi intentaron mandar la causa a otra jurisdicción. La última ocurrió hace pocos días. La decisión fue apelada por los abogados de Tofoni y ahora por el fiscal ante la Cámara Criminal y Correcional. "Frente a estos graves cuestionamientos señalados por mi colega ante la Cámara Federal de Casación Penal, y no habiéndose modificado el escenario en estos actuados respecto de aquellos que obraban cuando la Sala V de esta Cámara de Apelaciones revocó la incompetencia en favor de la Justicia Federal de Lomas de Zamora, entiendo que debe rechazarse la inhibitoria planteada y mantenerse la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11", sostuvo Sáenz. En su dictamen, el fiscal general también tuvo en cuenta un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ) "explicando toda la secuencia relativa al cambio de jurisdicción de la sede social de la AFA, y solicitando al Ministerio de Justicia de la Nación la intervención de dicha Asociación en grado de veeduría".La otra investigación que ya aterrizó en Campana es la que llevaba adelante el juez Luis Armella, que comenzó con una denuncia sobre ex dirigentes de Banfield, luego se amplió a la financiera Sur Finanzas, y terminó rozando a Faroni y las sociedades fantasma. Los encargados de resolver la disputa de fondo por la competencia son Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky, candidato a ocupar la Procuración General de la Nación. El viernes, los jueces de la Cámara de Casación rechazaron una recusación contra Ledesma y quedaron en condiciones de resolver. Deben establecer qué tribunal es el competente para investigar las causas contra la AFA: el penal económico de Marcelo Aguinsky, el federal de Daniel Rafecas (el que ordenó los primeros allanamientos) o el federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. El presidente de la AFA Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino ya están procesados por la evasión de impuestos, pero están más pendientes de esa decisión.

Revelan causa de la muerte de "La Werita Consentida" y Joe Lara, amigos de Ivonne Montero y Paty Navidad

La muerte de la pareja dejó un vacío en el ámbito del entretenimiento digital

Causa Seguros: Alberto Fernández se presentó en Comodoro Py para pedir que le revoquen el procesamiento

El ex presidente llegó rodeado de su custodia a presentar su descargo en una audiencia en Casación Federal

Toviggino recusó al juez que lo procesó por los aportes de la AFA para que no siga en la causa

Es Diego Amarante. El tesorero de la AFA hizo una presentación en primera persona en la que habló de "enemistad manifiesta".El magistrado rechazó el planteo y definirá la Cámara en lo Penal Económico.

La ex fiscal Fein vuelve a declarar en la causa por las irregularidades en la escena de la muerte de Nisman

Se presentó este lunes en los tribunales de Comodoro Py.Lo solicitó la ex funcionaria luego que el fiscal federal Eduardo Taiano pidió su procesamiento.

Llegaron dos de las prestamistas de Adorni a Comodoro Py: comenzaron a declarar como testigos en la causa por enriquecimiento ilícito

Se trata de Isabel Molina y Victoria María José Cancio, acreedoras del jefe de Gabinete en la hipoteca que se trabó sobre el departamento de Parque Chacabuco

Se complica la situación de la escribana de Adorni y no descartan investigarla en la causa

Es porque no logró explicar por qué no realizó algunos controles sobre los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete.

Un juzgado de Andalucía investiga la muerte de un hombre a causa del retraso en los cribados del cáncer de mama

Se trata de la primera denuncia penal relacionada con los fallos en los cribados del Servicio Andaluz de Salud

"Algún error por el viento", posible causa del accidente de un parapente con 2 muertos

Ángel Bozal causa baja en una lista a la que regresan Ramos y Bolinches

Manuel Adorni volverá a reunir a la mesa política en una semana clave para la causa por presunto enriquecimiento

El jefe de Gabinete aparecerá nuevamente en actividades oficiales. La Libertad Avanza ya tiene en agenda las siguientes reformas que impulsará tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Cuál es la próxima ley que se votará en el Congreso

Declaran hoy dos de las mujeres a las que Manuel Adorni les debe dinero y la causa entra en una etapa decisiva

Otras dos personas fueron citadas para el miércoles en calidad de testigos, pero con el secreto fiscal levantado y advertencias sobre qué pruebas deben llevar a Comodoro Py

Semana clave en la causa contra Adorni: declaran las prestamistas y hay más testimoniales

Se trata de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete de Javier Milei.El fiscal Pollicita también requirió documentación y otras medidas de prueba vinculadas a los inmuebles del funcionario y su esposa.

Procesados, Tapia y Toviggino apuestan ahora a la "reparación integral" para hacer caer la causa por evasión

Un pequeño expediente abriga grandes esperanzas para Claudio "Chiqui" Tapia y Ariel Pablo Toviggino en la causa que los tiene procesados junto a otros dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por no pagar en plazo una millonaria deuda al fisco. Se trata de un incidente que tramita en silencio al interior mismo de la causa. Con él, el presidente y el tesorero de la AFA buscan torcer una tendencia del fuero Penal Económico y hacer caer toda la causa en su contra, sin pena ni juicio.Los dirigentes apelan allí a la "reparación integral", una figura todavía novedosa, discutida dentro y fuera de los tribunales, que cobró especial protagonismo en la antesala del juicio de los Cuadernos de las Coimas.Aprobada en 2015, la herramienta está diseñada para cerrar procesos en etapas tempranas, a cambio de que el acusado brinde alguna "contraprestación" que pueda compensar la totalidad del daño ocasionado. Puede ser dinero, aunque no exclusivamente. No hay una huella totalmente definida en la jurisprudencia sobre el alcance de su aplicación, pero según las fuentes consultadas existe un consenso mayoritario en que su objetivo es barrer con los casos menores, donde es fácil definir los daños y extinguir el conflicto. En la causa del fútbol, donde la Justicia constató una "evasión" de más de 19 mil millones de pesos, el enfoque de la reparación integral fue introducido por el abogado del tesorero Toviggino, Marcelo Rochetti, pero fuentes judiciales señalaron que rápidamente se plegaron al planteo Tapia y la propia AFA, que también está procesada en tanto persona jurídica.El mecanismo tiene buena recepción en el fuero Penal Económico, pero en delitos distintos a los tributarios. El impositivo es justamente el terreno en el que Tapia y Toviggino debaten su suerte. Sin embargo, contra todo pronóstico, los dirigentes de AFA consideran que con la nueva ley de inocencia fiscal, sancionada a fines del año pasado junto al presupuesto 2026, el Gobierno entreabrió una puerta por la que pueden colar su planteo, que es técnico y se juega en unos pocos renglones de la norma.Tapia y Toviggino sostienen que la reparación integral debe aplicarse en su caso particular porque la nueva normativa -que elevó exponencialmente los montos a partir de los cuales se configuran los delitos- prohíbe expresamente en uno de sus párrafos el uso de la reparación integral solo para un grupo puntual de delitos, en los que no figuran aquellos por los que fueron acusados, que son la apropiación indebida de recursos de la seguridad social y la apropiación indebida de tributos.En esa omisión del texto de la ley anclan sus expectativas Tapia y Toviggino. El planteo adquiere una dosis adicional de arrojo: considera que el daño ocasionado ya fue enmendado con el pago de la deuda y sus intereses.Es decir que, a diferencia de otras causas, como en Cuadernos, donde empresarios llegaron a ofrecer hasta más de un millón de dólares para evitar ir a juicio, en su propuesta de reparación integral Tapia y Toviggino no ofrecieron a la Justicia nada más de lo que debían y ya pagaron. Otras visionesEs una visión sobre el perjuicio, pero hay otras, más amplias, que suponen que el daño va más allá de lo que el Estado dejó de percibir en su cuenta corriente. Una fuente del fuero penal económico respalda esta postura con una sentencia de la Casación de abril del año pasado en una causa por evasión. En el fallo, el juez Gustavo Hornos refrenda a ARCA como querellante y "víctima directa" del delito, pero subraya especialmente que el daño no es meramente patrimonial, sino también "social". "(â?¦) el bien jurídico protegido no es exclusivamente el patrimonio estatal, sino la perturbación ocasionada a la actividad recaudatoria del mismo, como presupuesto básico para cubrir patrimonialmente imperiosas necesidades públicas", sostiene el juez. El juez del caso AFA, Diego Amarante, también reparó en la dimensión social de haber privado al fisco miles de millones pesos. Al procesar a Tapia y Toviggino -junto a Cristian Malaspina (Secretario General), Víctor Blanco (ex Secretario General) y Gustavo Lorenzo- el magistrado sostuvo que, estando la AFA en condiciones económicas de afrontar el pago, no lo hizo, lo que no solo significó una mayor "disponibilidad" de dinero para la casa matriz del futbol, sino también un "desprecio" contra el pueblo."Muy en especial [contra] el colectivo al que se encontraban destinados esos recursos, como lo son los jubilados y demás beneficiarios del sistema de la seguridad social", precisó el juez.Distintas fuentes judiciales coinciden en señalar que en asuntos tributarios hay una "inclinación marcada" tanto en la Cámara Penal como de la Casación de marginar a la reparación como mecanismo en causa tributarias, por lo que las chances del planteo de prosperar son escasas, sugieren."Los delitos tributarios tienen una forma particular de extinguir la acción penal, prevista en el art 16 del régimen penal tributario", advierte una de esas voces. El fiscal del caso, Claudio Navas Rial, todavía no opinó sobre el pedido de Tapia y Toviggino. La defensa del dirigente Malaspina, en manos del abogado Lucio Simonetti, pidió el jueves pasado que lo haga antes que las partes.Se abrirá una nueva discusión respecto a si la opinión del fiscal, en tanto representante del interés público, es o no vinculante; y si en el caso de coincidir con la de las defensas el caso se cierra automáticamente. Un escenario así es muy improbable, puesto que el fiscal no tuvo concesiones en sus pronunciamientos previos y acaba de pedir incluso agravar la pena contra los dirigentes.Los CuadernosAlgunas notas de esta discusión ya se escucharon en la antesala del juicio de los Cuadernos de las Coimas, en simultáneo a los ofrecimientos que hicieron los empresarios para no ser juzgados y extinguir la acción penal en su contra. La fiscal Fabiana León y la UIF como querella se opusieron a los planteos y a la idea general, por ser una suerte de "mercantilización de la corrupción". "Mi fiscalía no vende impunidad", dijo la fiscal, que consideró que "el daño causado no resulta medible patrimonialmente ni susceptible de transacción con una víctima".El Tribunal rechazó los planteos de los empresarios imputados, al considerar vinculante la postura de la fiscal León. Sin embargo, no faltaron quienes marcaran tras el fallo que el instituto de la reparación integral se encuentra plenamente vigente y que el Tribunal no debió rechazarlas, sino en todo caso considerar las ofertas de reparación como "insuficientes".

Desaparición de cuatro jóvenes de 14 y 16 años causa alerta en Zamora, Michoacán: esto es lo que se sabe

Salieron juntas la tarde del 8 de abril y desde entonces no hay rastro de ellas

Declararán las cuatro mujeres a las que Adorni les debe dinero: semana clave en la causa por presunto enriquecimiento

Dos están citadas para el lunes y otras dos para el miércoles en calidad de testigos, pero con el secreto fiscal levantado y advertencias sobre qué pruebas deben llevar a Comodoro Py

Giro: la Justicia tomó una contundente decisión en la causa del influencer que denunció la desaparición de vacas

En un nuevo paso en la causa por la presunta desaparición de hacienda en un campo del sur de Santa Fe, la Justicia le permitió a Bruno Riboldi, el productor e influencer conocido como "la joya agro", avanzar con la venta de los animales recuperados al mismo comprador al que se iban a vender originalmente, pero esta vez sin la participación de Nicolás Coscia, imputado en el caso.La medida surge de una resolución firmada por el fiscal adjunto Ramiro Martínez, de Villa Constitución. Allí se resolvió dejar sin efecto la figura de depositario judicial sobre el ganado, lo que destraba la situación de las 161 cabezas que estaban bajo custodia.Biocombustibles: la industria del agro que quiere una nueva ley para crecerSegún el documento, la decisión se tomó luego de que "se acreditara en autos la titularidad del ganado vacuno oportunamente secuestrado" y de que "han cesado las razones que motivaron dicha cautela".En ese marco, se dejó asentado que el titular de la firma informó su intención de avanzar con la operación: "Ha informado la intención de la celebración de una operación de venta respecto de las ciento sesenta y una (161) cabezas de ganado objeto de la presente investigación, a favor del Sr. Polimanti y sus sociedades".El punto clave es que ese destino coincide con la operación original que hoy está bajo investigación. Según la reconstrucción del caso, la hacienda había sido comercializada el 25 de febrero pasado a través de la consignataria Aguirre Vázquez, en una operación atribuida a Coscia que terminó en el feedlot de Luis Polimanti, en Chabás. La transacción â??por 161 animales y un monto superior a $267 millonesâ?? quedó registrada en una liquidación comercial y en documentos de traslado del Senasa, aunque, según la denuncia, se habría realizado sin autorización del titular del ganado.Sin embargo, en este nuevo escenario, la venta se hará de manera directa entre el productor y el comprador, sin la intervención de Coscia. En la resolución, el fiscal también señaló que "no advirtiéndose, en este estadio, circunstancias que impidan el ejercicio de las facultades inherentes al derecho de propiedad debidamente acreditado, corresponde autorizar la disposición de los semovientes en los términos informados".Hasta ahora, los animales no se podían vender libremente porque estaban bajo una medida judicial. Con esta decisión, ese freno se levanta y se puede avanzar con la operación en las condiciones informadas. Además, se ordenó dar intervención al Senasa para que registre el movimiento de hacienda.El origen del conflictoEl caso comenzó a mediados de marzo, cuando Riboldi denunció la desaparición de 190 vacunos de un campo en Santa Teresa, en el sur de Santa Fe. La situación tomó fuerte repercusión cuando el propio productor difundió videos en los que aseguraba que los animales habían sido trasladados sin su consentimiento desde Santa Teresa.Con el avance de la investigación, 161 de esos animales fueron encontrados en Chabás, lo que reencuadró el caso y lo llevó al terreno de una presunta maniobra irregular en la venta de la hacienda. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Villa Constitución, que imputó a Nicolás Coscia por presunta defraudación por abuso de confianza.Es mortal: investigan un posible caso de una enfermedad exótica en ovinosSegún la hipótesis del fiscal, Coscia tenía a su cargo los animales en un acuerdo de pastaje â??es decir, debía cuidarlosâ??, pero habría decidido venderlos sin autorización, en el marco de la relación comercial que mantenía con el productor. Riboldi apuntó a una maniobra irregular y que los animales fueron vendidos sin su autorización."Acá tengo uno de los papeles más importantes que confirma que las vacas me las chorearon", afirmó al mostrar documentación en redes sociales. Entre esos elementos mencionó la emisión de guías de traslado (DT-e) sin la documentación que acreditara la autorización correspondiente, un punto que consideró clave en su denuncia. Además, exhibió documentación comercial que registra la venta de 161 animales por más de $267 millones, una operación que, según su versión, nunca autorizó ni cobró.Del otro lado, la defensa de Coscia rechazó esa interpretación y asegura que no hubo delito. Según esa versión, la relación entre las partes era habitual y formaba parte de un esquema de trabajo en el que el imputado se encargaba del engorde y la posterior venta de la hacienda.En ese sentido dijeron que la comercialización de los animales era conocida por ambas partes.Por otra parte, la consignataria Aguirre Vázquez también se refirió al caso. A través de un comunicado, la firma señaló que resultó "víctima de una maniobra" bajo investigación judicial y aseguró que se puso a disposición de las autoridades, aportando la información y documentación requerida.

Ordenan liberar a los líderes de La Salada y se derrumba la causa de lavado de dinero

La causa por lavado de dinero contra los dueños de la megaferia La Salada de Lomas de Zamora se derrumbó y la justicia ordenó liberar a los líderes de este emprendimiento millonario, sospechado de tener protección del poder, al argumentar que no hay mérito ni para procesarlos ni para sobreseerlos.El vuelco en la causa lo decidieron los jueces de la Cámara Federal de La Plata Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, que criticaron con acidez la investigación que había llevado adelante la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el juez federal Luis Armella.El tribunal decidió revocar los procesamientos con prisión preventiva y dictar la falta de mérito para los presuntos líderes de la organización, entre ellos Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa y una veintena de familiares, empleados y profesionales.La decisión judicial argumenta que no existen pruebas suficientes para mantenerlos procesados por los graves delitos de asociación ilícita y lavado de activos de origen delictual, por lo que el tribunal ordenó la inmediata libertad de todos los detenidos y dejó sin efecto los embargos millonarios que pesaban sobre sus patrimonios.Los camaristas criticaron la investigación de primera instancia y concluyeron que el procesamiento dictado en julio del año pasado por Armella fue, cuanto menos, "prematuro" y carente de "autonomía suficiente".La fiscalía a cargo de Incardona había sostenido que en La Salada operaban dos grandes estructuras criminales independientes. Una de ellas, liderada por Jorge Omar Castillo, Aldo Presa y Antonio Corrillo Torrez, dedicada a la explotación de las ferias Punta Mogote S.C.A., Mogote Factory y Olimpo. La otra, encabezada por Enrique Esteban Antequera, regenteaba la feria Urkupiña S.A.La fiscalía aseguraba que estas organizaciones conformaban asociaciones ilícitas estables orientadas a la venta masiva de productos con marcas falsificadas, la evasión tributaria estructural y el posterior lavado de esos dividendos espurios. Se habló entonces de que solo en las cuentas bancarias de Punta Mogote ingresaron más de 26.000 millones de pesos entre 2021 y 2025.Con ese flujo de dinero, los acusados habrían adquirido inmuebles de lujo, estancias y vehículos de alta gama.Los beneficiados con la falta de mérito son Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa, Natalia Paola Luengo, Manuel Jorge Castillo, César Francisco Antequera, Alan Emmanuel Antequera, Lucas Gonzalo Antequera y Carlos Guillermo Carrión.También fueron alcanzados por la resolución Hugo Nicolás Picca, Paula Raquel Corbo, Rubén Javier Arjovsky, María Sara Corigliano, Guadalupe Presa, María Mora Presa, Margarita Nilda Arrieta, Marcelo Jorge Fernández Zurdo, Mabel Cristina Islas, Christian Ezequiel Arrieta y David Alberto Heinze.A raíz del caso, Armella había embargado por 750 millones de pesos a los supuestos jefes (Castillo, Corrillo Torrez y Presa), por 500 millones a los miembros principales, y por 250 millones a los partícipes secundarios. Además, había ordenado el embargo de flotas enteras de vehículos, incluyendo camionetas Dodge Ram, VW Amarok V6 y motos BMW. Hoy, todas esas medidas cautelares se revirtieron.Jorge Castillo, líder de la feria, planteó que Punta Mogote es una sociedad lícita registrada como empresa inmobiliaria y que resultaba fácticamente imposible controlar la mercadería de más de 2000 puestos rotativos.Además, atacaron la acusación de lavado al indicar que la supuesta evasión fiscal precedente estaba suspendida por la adhesión a un régimen de regularización estatal.La Defensoría Oficial, en representación de Mabel Cristina Islas, advirtió que la mujer era una empleada administrativa de la feria, que llevaba una vida humilde â??viviendo en una casa heredada y pagando un auto con un plan de ahorroâ?? en contraste con el éxito de una banda criminal multimillonaria.El abogado Marcelo Jorge Fernández Zurdo dijo que lo incluyeron en la banda por su profesión. Otros imputados, como Rubén Arjovsky y Carlos Carrión, demostraron que cambiaban divisas y cheques de manera lícita. Al analizar el caso, los camaristas Vallefín y Lemos Arias dijeron que los procesamientos carecían de una motivación genuina.Sostuvieron que hubo una confusión entre comercio lícito y empresa criminal y que el juez Armella intentó probar la asociación ilícita enumerando tareas administrativas o comerciales habituales (cobro de alquileres, administración) que los imputados realizaban en la feria. Para la Cámara, el magistrado falló al "no explicar con precisión cuál sería la actividad puntual desplegada por cada uno que escaparía al normal desarrollo comercial" para convertirse en un delito. No se probó la "mínima cohesión" ni el acuerdo para cometer delitos indeterminados.Sobre la acusación de blanqueo de dinero, los magistrados señalaron que Armella "no ha efectuado ningún examen fundado acerca de las condiciones pormenorizadas de modo, tiempo y lugar en que habrían tenido lugar las maniobras que buscaban ingresar el dinero presuntamente ilícito al mercado formal".Señalaron que no hubo un delito precedente que generó divisas a lavar y que el procesamiento se limitó a listar el patrimonio de los acusados (sus autos e inmuebles) pero "sin especificar puntualmente que el dinero utilizado hubiera tenido origen en la comisión de algún delito". La Cámara explicó que las "afirmaciones genéricas y vagas" del expediente no alcanzan el grado de convicción necesario para procesar a nadie, pero aclaró que tampoco permiten sobreseerlos definitivamente de forma inmediata. La investigación deberá continuar.La causa motivó el cierre de La Salada durante algunas semanas y protestas de los puesteros y clientes que se quedaron sin poder comerciar. La Salada funciona como una megaferia donde se comercializan prendas que son compradas por comerciantes mayoristas que llegan desde todo el país en tours de compras, en micros para obtener productos más baratos y ofrecerlos en sus provincias.

Valeria Becerra, psicóloga sobre el caso Maitena: "El suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes de 15 años"

La psicóloga Valeria Becerra analizó la situación de la salud mental en jóvenes tras la muerte de Maitena Luz Rojas, una menor de 14 años en Merlo, que fue encontrada en Las Heras. En este marco, la especialista profundizó en la vulnerabilidad emocional y los peligros digitales. Valeria Becerra en LN+Maitena Luz Rojas Garófalo salió hacia su escuela el miércoles por la mañana. Su familia inició una búsqueda que terminó con el hallazgo de sus restos y de nueve cartas para sus allegados y correos electrónicos programados para sus amigos. En este contexto, Becerra vinculó el hecho con un escenario posterior a la pandemia y señaló un incremento en los cuadros de depresión y ansiedad. "Está en un contexto que tenemos a partir de la pandemia, una crisis en salud mental y infantojuvenil gravísima, un aumento de los problemas de depresión, ansiedad e intentos de suicidio muy llamativos", resaltó."La estadística cambió brutalmente y se relaciona con el contexto en el que están viviendo los chicos. Es real que algunos intentos de suicidio o algunos suicidios no son previsibles por el entorno esto es real", sumó.El suicidio como problemática social y familiarEl tratamiento del tema en los medios y en el hogar suele encontrar barreras, es por ello que la psicóloga destacó que el silencio no ayuda a la prevención. "Yo creo que ya algo estamos haciendo hablando del suicidio, porque el suicidio es un tema tabú y siempre es algo que evitamos", relató.El entorno familiar muchas veces minimiza las señales de alerta por creer que la tristeza pertenece solo a una fase del crecimiento, según explicó Becerra, y enseguida sostuvo: "Los padres, incluso adolescentes o de niños, pensamos que nuestro niño nunca va a cometer suicidio o nuestro adolescente puede estar triste porque es la etapa, puede estar sentimental, pero no va a tomar una decisión tan definitiva y la realidad es que son etapas de vulnerabilidad emocional".Asimismo, la profesional enfatizó la necesidad de romper el estigma, y sostuvo que la comunicación abierta permite que los jóvenes expresen su malestar antes de llegar a un punto sin retorno. "Lo importante es hablar en un contexto con gente que sepa del tema que está hablando. Y por supuesto que es importante hablar de suicidio porque hay que visibilizar que cualquier persona puede en una situación extrema, de sentir que no tiene salida, tomar una decisión de este tipo", subrayó y concluyó: "No debe ser tabú hablar del suicidio".Todos Pudimos Ser Maitena. Merlo Despidió A La Adolescente De 14 Años Que Fue Hallada MuertaRiesgos en el acceso a plataformas digitalesLa psicóloga mencionó que los menores acceden a contenidos peligrosos con facilidad y la falta de supervisión potencia la exposición a conductas extremas. "Los adultos estamos un poco distraídos sobre todo lo que está pasando con el mundo digital de los chicos. La realidad es que los chicos pueden acceder a un montón de peligros en el mundo digital que están en aumento", explicó la experta."Aumentan las denuncias de grooming, de acoso, de exposición a situaciones de riesgo de comunidades que difunden información sobre conductas extremas como pasó hace poquito con el tema del tiroteo escolar y también están las comunidades", precisó.La planificación de actos contra la integridad física circula en diversas redes sin filtros efectivos. En este contexto Becerra denunció la existencia de material que instruye a los jóvenes sobre cómo lastimarse: "Ciertas plataformas permitían la distribución de contenido vinculado con incitar o normalizar conductas de riesgo como son las autolesiones o suicidios. Incluso hay videos de planificación o de asesoramiento a cómo cometer un suicidio". La experta finalizó su intervención con un pedido de acción directa: "La educación digital desde la familia y desde la escuela es fundamental".

Causa Seguros: Casación definirá si confirma el procesamiento de Alberto Fernández

El ex presidente es investigado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. Lo acusan de firmar un decreto que direccionó contrataciones del Estado

Quién es Adriana Nechevenko, la escribana de Manuel Adorni que declaró en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

El miércoles Adriana Nechevenko llegó una hora y media más temprano de lo previsto a Comodoro Py. Lucía una chaqueta rosa y anteojos de marco prominente cuando las cámaras capturaron su imagen mientras esperaba junto a su abogado en el café de la planta baja de los tribunales. Luego declararía ante la Justicia en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de su cliente, Manuel Adorni, el jefe de Gabinete. Con esa exposición, que se extendió durante dos horas, Nechevenko ganaría notoriedad ante la ciudadanía, pero también entre sus propios colegas. Era hasta ahora -y como señaló una fuente del mundo notarial porteño- "una del montón". Su participación en las últimas operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete cambió esa situación.Nechevenko figura en la nómina de letrados habilitados del Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y -según deslizó en una entrevista con Infobae- lleva al menos 40 años en ejercicio. De acuerdo a los registros oficiales, opera en una oficina sobre la calle Luis Sáenz Peña, en Monserrat, a pocas cuadras del Congreso de la Nación.Conocedores de los movimientos de la entidad notarial señalaron que, de los alrededor de 2500 profesionales del distrito, "100 son los que tienen alguna actividad [dentro del Colegio] y 50 los que son muy activos". Es decir, solo entre un 2% y un 4% cuenta con un verdadero protagonismo entre sus pares. Nechevenko -señalaron- pertenecía a la otra amplia mayoría. No tenía la costumbre de encabezar conversatorios ni participar de actividades masivas del Colegio. "No tiene ese perfil de intervención; es el común de los escribanos", indicaron a LA NACION.Tampoco tienen registros de participación alguna en otras operaciones controvertidas. "No tiene antecedentes de ningún tipo. Si hubiese tenido algún tipo de problema judicial, lo hubiésemos sabido", añadieron desde el colegio de profesionales.Así, Nechevenko mantenía un perfil bajo que terminó de estallar ante las sucesivas revelaciones sobre el aumento patrimonial de Adorni. Esta semana, se convirtió en una de las elegidas del comediante Ariel Tarico para sus imitaciones en el canal Todo Noticias.LA NACION contactó a Nechevenko para consultar por su trayectoria profesional y su vínculo con el jefe de Gabinete. "No estoy haciendo declaraciones ni aclaraciones de ningún tipo", respondió la escribana.La mujer declaró este miércoles por primera vez ante el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga al ministro coordinador de Javier Milei por presunto enriquecimiento ilícito, a instancias de una denuncia presentada por la diputada nacional, Marcela Pagano. Fue citada en calidad de testigo por haber participado de las operaciones por las que el jefe de Gabinete adquirió su departamento de Caballito donde vive junto a su familia y la casa en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz.Ante la Justicia, Nechevenko explicó cómo fueron ambas transacciones, en las que hay hipotecas en juego. En lo que refiere al departamento de Miró al 500 (Caballito), detalló que la compraventa se realizó a través de una hipoteca contra saldo del precio. Se trata de un procedimiento por el que el comprador abona parcialmente el inmueble al momento de adquirirlo y financia el resto del pago con la propiedad como respaldo.En cuanto a la casa en el country, la escribana informó que la compra se realizó a través de un préstamo de 100.000 dólares por el que constituyó una hipoteca sobre su anterior vivienda en Parque Chacabuco. El funcionario utilizó ese dinero, más otros 20.000 dólares propios, para adquirir el inmueble. Deberá devolver el monto prestado en 24 cuotas mensuales con una tasa anual del 11%. Los prestamistas para esta operación se los presentó Nechevenko.La mujer volvió el jueves a los tribunales de Retiro sin que la Justicia la volviera a citar. Según aclaró horas más tarde, regresó para entregar al fiscal Pollicita documentación sobre las operaciones inmobiliarias con la que no contaba en su primera jornada en Comodoro Py. No entregó su teléfono.El miércoles, se le había pedido a la escribana que mostrara su celular para corroborar aspectos de su relato, pero la mujer aseguró que no traía consigo. En las imágenes captadas en la previa de su declaración ese día, se la vio utilizando un teléfono móvil, pero la escribana advirtió, luego, que el aparato no le pertenecía."Todo el mundo dice que sí (que el fiscal le pidió el teléfono), yo no me acuerdo. Evidentemente me lo debe de haber pedido. En una declaración de tres horas, seguramente el pedido se me pasó, igual no lo tenía", argumentó en la entrevista por streaming. Aseguró que tampoco lo exhibió ante el fiscal en su segunda visita a Comodoro Py -ya que lo había dejado en su auto-, pero sostuvo que el dispositivo "está a disposición" si la Justicia lo requiriese.Consultada respecto del origen de los fondos utilizados en las transacciones, Nechevenko explicó que está obligada a indagar sobre ese aspecto: "Con que declare que es de origen legal ya está. Hoy en día ni siquiera estoy obligada a pedirlo (documentación respaldatoria)". Se mostró confiada en que el dinero es lícito, porque conoce a Adorni desde hace más de dos décadas."Hace 20 o 25 años que conozco a Adorni", subrayó, pero aclaró que, de todos modos, no son amigos. "Manuel Adorni trabajaba en una empresa, a través de esa empresa la conocí y quedamos en relación después de que se fue", dijo a Infobae. Antes de ingresar a la administración pública, Adorni había trabajado en la agencia oficial de Renault, Mapemfi SA. Nechevenko no precisó si conoció al funcionario durante su paso por esta empresa o si se trató de otra compañía.

Un disparo, un giro en la causa

El caso por la muerte de la policía federal Rosalía Yamla La Roza en un presunto forcejeo con su hijo de 15 años, en Villa Gobernador Gálvez, el mes pasado, dio un giro en las últimas horas. En Canal 3 indicaron que se investiga una presunta premeditación. El joven, que no es punible, fue llevado a una audiencia informativa y permanece alojado fuera del departamento Rosario.

El juez que suspendió la reforma laboral perdió la causa y otro fuero definirá la apelación

La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional del Trabajo y el fuero Contencioso Administrativo Federal apartando a su par, Raúl Horacio Ojeda, titular del juzgado del Trabajo N° 63, que había suspendido la vigencia de 82 artículos de la ley de reforma laboral a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT).El fallo estipula que debe ser la justicia federal la que trate la acción de la CGT, desplazando a los tribunales laborales nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.¿Qué había solicitado la CGT? Que se declare la inconstitucionalidad de artículos de la Ley N°27.802 que, desde la óptica del sindicato, trastocan los derechos individuales y colectivos de los trabajadores reconocidos en los artículos 14 bis, 16, 17, 18, 28, 43 y 75 de la Constitución Nacional.Además, el pedido de la CGT hacía hincapié en que se estaba vulnerando la progresividad, la libertad sindical, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, entre otros. De esta forma, el movimiento de la jueza Marra Giménez es celebrado en Balcarce 50. Los fundamentos de la resoluciónA partir del fallo quedó establecido que la competencia para adentrarse en la demanda de la CGT contra el Estado Nacional sobre la ley de reforma laboral pasó a ser competencia exclusiva del fuero Contencioso Administrativo Federal. Situación que encomienda al juzgado de Ojeda a remitir el expediente. De no seguir con el debido proceso, entraría en escena la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.Por otra parte, la decisión de la magistrada Marra Giménez deja vislumbrar dos elementos. Por un lado, el hecho de que los reclamos individuales de los trabajadores continuarán en el fuero laboral. Por el otro, la consolidación del criterio restrictivo sobre la competencia laboral en demandas de alcance general contra el Estado. Noticia en desarrollo

La muerte de Ángel: una causa sin imputados, muchas sospechas y lesiones cerebrales recientes

Ángel López, de 4 años, llegó en una ambulancia del servicio de emergencias al Hospital Regional de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut, con pulso. Había sufrido un paro cardiorrespiratorio en la humilde casa donde vive su madre. Era el domingo pasado. Cuarenta y ocho horas después de la internación, falleció. El resultado preliminar de la autopsia determinó que tenía lesiones recientes en la zona cerebral. La causa de la muerte todavía no se pudo determinar, pero el caso se investiga como como un posible homicidio. Así lo informaron Cristian Olazábal y Facundo Oribones, fiscal jefe y fiscal general de Comodoro Rivadavia, respectivamente una conferencia de prensa.El expediente judicial no tiene imputados. Sí, sospechados. Se trata de Mariela Altamirano, la madre del niño, y su pareja, cuya identidad no trascendió. Ambos están en Comodoro Rivadavia, sin acusación y en libertad, pero bajo vigilancia policial."En la operación de autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense surgieron algunos traumatismos en la zona del cráneo. En base a esto se está tratando de dilucidar si las lesiones fueron producidas por una acción voluntaria o involuntaria", explicó el fiscal general Oribones al comenzar la citada conferencia de prensa en el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia.El funcionario judicial dijo que las líneas de investigación son diversas. "Sí, se investiga el caso como un posible homicidio, pero no se descarta ninguna línea de investigación", afirmó el fiscal general.Antes de la conferencia de prensa, la madre del niño había hecho declaraciones en el sitio de noticias ADN Sur. "Yo no maté a mi hijo, lo protegí", dijo la joven, de 28 años.Altamirano hizo un repaso de lo ocurrido el domingo pasado en su vivienda del Barrio Quinta Uno de Comodoro Rivadavia. "Nos levantamos temprano [con su pareja] y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente. Dormía por lo menos desde las 23, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantar y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo", contó.Según dijo, en en ese momento, su hijo dormía. "Lo escuchaba roncar", afirmó. Y agregó: "Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice 'no respira'. Entonces yo empiezo a hacerle Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y llamo a la ambulancia enseguida".Mientras esperaban al servicio de emergencias, la pareja salió de la vivienda. "Lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando a los vecinos. Mi hijo estaba desmayado. Cuando llegaron los médicos el tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno", recordó la mujer.Los fiscales Olazábal y Oribones confirmaron que cuando Ángel llegó en ambulancia al hospital tenía pulso, pero que había sufrido un paro cardiorrespiratorio.Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que Ángel vivía en un estado de vulnerabilidad, entre denuncias cruzadas de sus padres.A pesar de la situación de vulnerabilidad, en la conferencia de prensa se afirmó: "No teníamos ningún indicador o alerta previa de que podía estar pasando algo con el menor. No había indicadores de alarma". La referencia a la ausencia de señales de alarma apunta a expedientes en el fuero penal, ya que otra cosa emergía en la Justicia de Familia. Fuentes judiciales informaron a LA NACION que Lorena Andrade, pareja de Luis López, padre del niño, había presentado el año pasado una denuncia contra ese hombre por violencia.Andrade, según los voceros consultados, había afirmado que ella y Ángel eran víctimas de agresiones."Hubo denuncias anteriores que fueron desestimadas y archivadas porque no había elementos de convicción [para avanzar]", explicaron los fiscales Olazábal y Oribones en la presentación ante los medios de comunicación.El juez de Familia Pablo López había decidido dar la tenencia del niño a su madre. Altamirano y Ángel estaban en un proceso de revinculación, después de que la joven regresara a Comodoro Rivadavia desde Córdoba.Esa intervención judicial y la posterior muerte del niño emparentan en principio el caso con el homicidio de Lucio Dupuy, el chico de 5 años asesinado a golpes en Santa Rosa el 26 de noviembre de 2021. Por el crimen recibieron la pena de prisión perpetua la madre de la víctima, Magdalena Espósito Valenti y, su pareja, Abigail Páez. En un posterior juicio político, resultó absuelta la jueza de familia Ana Clara Pérez Ballester, que habia sido cuestionada por entregar la custodia del menor a la madre, que sostenía un enfrentamiento con su exesposo.El fiscal Oribones adelantó que si se llega a determinar responsabilidades de "otras instituciones" [por la decisión de revincular al niño con su madre] se harán las investigaciones correspondientes, pero por el momento están enfocados en determinar la causa de la muerte de Ángel. Para Luis López no hay dudas de que lo que pasó con Ángel. "Mi hijo no era un chico enfermo. Estaba en buena salud. No tenía problemas en el corazón ni en los pulmones. ¿Cómo va a morir? ¿Me van a decir que es una muerte natural? Lo mataron", sostuvo en las últimas horas.Antes de terminar la conferencia de prensa, el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia dijo: "No tenemos una evidencia firme que nos permita sostener que fue [la muerte de Ángel] una acción que fue ejecutada de forma deliberada". El fiscal Olazábal agregó: "No había constancias de lesiones externas, los traumatismos eran internos".Ante una consulta sobre la data de los traumatismo, los funcionarios judiciales explicaron que eran recientes y, según lo que pudieron hablar con la médica forense que intervino en la autopsia "como mucho de diez días anteriores" a su fallecimiento."Nuestra prioridad es establecer la causa de la muerte", sostuvieron los fiscales. Y para avanzar esperan los resultados de los estudios histopatológicos para complementar el resultado preliminar de la autopsia.También, adelantaron, pedirán ante el juzgado de Garantías que interviene en el caso, la autorización para peritar el teléfono celular secuestrado en la vivienda de la madre de Ángel, con la posibilidad de que puedan reconstruir las últimas horas antes del trágico final.

Procesaron a Hernán Boveri y "Fini" Lanusse por presunta administración fraudulenta en la causa por el robo de anestésicos

El juez Javier Sánchez Sarmiento dispuso el procesamiento de Hernán Boveri y Delfina "Fini" Lanusse por el delito de administración fraudulenta, sin prisión preventiva, en el marco de la causa que investiga la sustracción de medicamentos anestésicos del Hospital Italiano de Buenos Aires. Según pudo saber LA NACION, el magistrado consideró que existen elementos suficientes para avanzar en esta instancia del proceso penal, aunque sin ordenar la detención de los imputados.La resolución judicial se dictó luego de una serie de medidas de prueba que incluyeron allanamientos, análisis de documentación interna del hospital y declaraciones testimoniales incorporadas al expediente. La figura de administración fraudulenta contempla una pena máxima de seis años de prisión, según lo previsto en el Código Penal, en caso de que se llegue a una condena.Boveri, anestesiólogo de planta del Hospital Italiano, y Lanusse, residente de tercer año del área de anestesiología, estaban imputados en la investigación que analiza cómo anestésicos de uso estrictamente intrahospitalario salieron del circuito legal y aparecieron en domicilios particulares de la ciudad de Buenos Aires. Ambos profesionales fueron apartados de sus funciones y alcanzados por distintas medidas restrictivas mientras avanza la causa.La pesquisa tuvo su origen a partir del hallazgo de medicamentos anestésicos en distintos procedimientos ordenados por la Justicia y del rastreo de su procedencia. Según surgió de las actuaciones, los fármacos secuestrados pertenecían al stock del Hospital Italiano y no se comercializan en farmacias ni en circuitos de venta habilitados. Ese dato fue central para que los investigadores avanzaran sobre la hipótesis de una salida irregular del material.En el expediente se acreditó, hasta el momento, un recorrido que vincula al hospital con al menos dos domicilios particulares donde se encontraron medicamentos e insumos médicos. Esos allanamientos permitieron recuperar parte del material sustraído y reforzaron la sospecha de una maniobra sostenida en el tiempo. La Justicia investiga ahora la cantidad total de fármacos desviados, el período durante el cual se habría llevado a cabo la práctica y los roles específicos de cada uno de los imputados.Durante las indagatorias, Boveri optó por no declarar, mientras que Lanusse realizó un descargo verbal y anticipó una presentación por escrito. Según fuentes judiciales, en esa instancia no se incorporaron elementos que modificaran sustancialmente el eje central de la investigación. En esta etapa, el juez consideró que las pruebas reunidas permiten sostener el procesamiento, aunque sin imponer la prisión preventiva.La causa por la sustracción de anestésicos se tramita de manera unificada bajo la órbita del juez Sánchez Sarmiento, luego de que la Justicia resolviera concentrar en un solo expediente actuaciones que inicialmente se habían iniciado por carriles separados. Esa decisión apuntó a ordenar la prueba y analizar de forma integral la trazabilidad de los medicamentos, los controles internos del hospital y las eventuales responsabilidades penales.En paralelo, continúa en trámite otro expediente judicial que investiga como averiguación de muerte dudosa el fallecimiento del anestesista Alejandro Zalazar, ocurrido en febrero, aunque ese proceso se mantiene separado del que analiza el presunto delito contra el Italiano. Desde el punto de vista judicial, ambos casos comparten elementos de contexto, pero tienen objetos procesales distintos.

Guiño para el Gobierno: el juez que suspendió la reforma laboral perdió la causa y otro fuero definirá la apelación

Una jueza federal resolvió quitarle la competencia a la Justicia Nacional del Trabajo y dárselo al fuero Contencioso Administrativo Federal. Era lo que quería la Casa Rosada, que ahora confía en que se revierta la decisión de suspender 83 artículos de la norma

Piden que declare como testigo el ex administrador de la Corte en la causa contra el ex juez de Rosario Marcelo Bailaque

Se trata de Héctor Marchi. Lo hizo la defensa del operador judicial de Rosario Santiago Busaniche. También pidieron que se le secuestre el teléfono, entre otras medidas de prueba.

Avanza la causa que más preocupa al "Chiqui" Tapia y a Pablo Toviggino por maniobras cambiarias con U$S 100 millones

Por ser una infracción a la ley cambiaria, el juez debe decidir en forma directa si condena o absuelve a los dirigentes de la AFA. Entre 2020 y 2021, ingresaron dólares de Adidas, la FIFA y la Conmebol al país y los liquidaron al valor del blue y no del oficial.Es una denuncia del Banco Central. No hay declaración indagatoria ni procesamientos. Decide el juez Gustavo Meirovich.

La escribanía bajo silencio: la inesperada quietud en torno a la oficina de Adriana Nechevenko en plena causa judicial

La sorpresiva inactividad de una escribanía en pleno centro porteño abre interrogantes que trascienden lo operativo. Su vinculación con una causa que involucra a Manuel Adorni le da al episodio una dimensión judicial que podría escalar en los próximos días. Leer más

La ex fiscal Fein volverá a declarar en la causa por las irregularidades en la escena de la muerte de Nisman

Será este lunes en los tribunales de Comodoro Py.Lo solicitó la ex funcionaria luego que el fiscal federal Eduardo Taiano pidió su procesamiento.

Dos personas muertas por accidente de tránsito en el centro de Bogotá: la imprudencia de uno de los conductores habría sido la causa del choque

La colisión involucró a un motociclista de 28 años, que se desempeñaba como escolta para la Dirección de Protección de la Fiscalía General de la Nación, y a un ciclista de 58 años que conducía una bicicleta azul

Mazón recurre ante la Audiencia la negativa de la jueza de la dana a que pueda personarse en la causa

Instructora tomará declaración a 13 nuevos testigos de la causa de El Bocal el 24 de abril

Isabel II, nuevas revelaciones. La verdadera causa de muerte del príncipe Felipe, lo que la ponía furiosa de su marido y su pelea con Harry

En el quinto aniversario de la muerte del príncipe Felipe, ocurrida el 9 de abril de 2021, cuando tenía 99 años, el historiador británico Hugo Vickers revela en su libro Queen Elizabeth II: A Personal History cómo fueron sus últimas horas y la verdadera causa de su muerte. "En la última noche de su vida despistó a sus enfermeras, avanzó lentamente por el pasillo con su andador, se sirvió una cerveza y se la bebió en la Sala Oak", escribió Vickers. "El día siguiente por la mañana, se levantó, se dio un baño, dijo que no se encontraba bien y falleció tranquilamente. Para entonces había vivido con cáncer de páncreas durante casi ocho años". El historiador continuó explicando que la Reina no estaba presente en el momento de su muerte, lo que la dejó "absolutamente furiosa porque, como tantas veces en la vida, se marchó sin despedirse". En este sentido, el autor hace referencia al hábito del príncipe Felipe de marcharse de los eventos oficiales y reuniones familiares sin avisar.En otra parte del libro Vickers cuenta que la reina Isabel II se había vuelto muy reservada en sus interacciones con su nieto favorito, el príncipe Harry, después de que él y su mujer, Meghan Markle, se alejaran de la vida real en 2020. Incluso revela algo sorprendente: que Isabel II ya no atendía las llamadas telefónicas de Harry sin testigos. "Cada vez que Harry llamaba a su abuela, la Reina pedía a su dama de compañía que se quedara con ella. La angustia que los duques de Sussex causaron a Isabel II en los últimos años de su vida es incalculable", estima el autor.

La Anmat dio de baja en forma definitiva a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, involucrados en la causa del fentanilo contaminado

A través de la Disposición 1848 publicada en el Boletín Oficial del viernes 10 de abril, la Administración Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dio de baja en forma definitiva a las habilitaciones de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, involucrados en la causa del fentanilo contaminado. "Cancelando los los legajos correspondientes y sin perjuicio de la inhibición de las actividades productivas de ambas firmas", se puede leer en el primer artículo de la disposición. Tanto el laboratorio HLB Pharma como Ramallo habían sido oportunamente habilitados por la Anmat -primero a través de una Disposición de 2006 y luego en otra de 2020-, para "elaborar especialidades medicinales bajo las formas farmacéuticas líquidas y sólidas".Previamente, el 28 de febrero de 2025 se había prohibido el uso, comercialización, y distribución en todo el territorio nacional de "Propofol HLB", producto que fue la prueba basal de la causa en donde se investigó la muerte de varias personas que habían sido tratadas con fentanilo contaminado.Los decesos se registraron principalmente en el Hospital Italiano de La Plata, institución que funcionó como el disparador de la causa, ya que ahí se identificaron las primeras nueve defunciones. Otros 16 en la provincia de Santa Fe (seis en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, ocho en el Sanatorio Parque y uno en el Hospital Italiano, todos de Rosario. El restante en el José María Cullen, de la capital provincial) y uno en el sanatorio Dupuytren de la ciudad de Buenos Aires.El origen de la causa por el fentanilo contaminadoA fines de marzo del año pasado, las terapias de varios centros de salud empezaron a detectar una señal débil, casi invisible, dentro de la rutina hospitalaria. A mediados de abril, el área de microbiología del Hospital Italiano de La Plata detectó una anomalía: tres pacientes presentaban en sus cultivos una bacteria poco habitual en entornos intrahospitalarios. Esa rareza activó una alarma interna.Nadie imaginó que ese era el germen de una tragedia sanitaria que se cobró 121 muertes. Lo que en principio podía ser un episodio aislado derivó rápidamente en una investigación más amplia: se descartaron errores en la toma de muestras, fallas en los insumos y problemas en los dispositivos médicos. Fentanilo Mortal - Documental LA NACIONCuando esas hipótesis cayeron una tras otra, apareció el primer patrón inquietante: los pacientes no compartían habitación, ni equipo médico, ni sector, pero sí un elemento en común. Todos habían recibido fentanilo elaborado por los laboratorios Ramallo y HLB Pharma.Ese hallazgo, confirmado hacia fines de abril de 2025 con estudios sobre ampollas en circulación, transformó una sospecha clínica en una alerta sanitaria concreta. Días después, el 2 de mayo, el hospital notificó a la Anmat, que a su vez formalizó la denuncia que daría origen a la causa judicial. Así, lo que empezó como una anomalía microbiológica aislada terminó revelando el punto de partida de un brote de alcance mucho mayor que hoy cuenta más de un centenar de muertos, además de varios detenidos, entre ellos los hermanos Ariel y Diego García Furfaro.

Diputado del PT en Tabasco causa polémica por comparar a mujeres con caballos

En redes sociales han criticado a Martín Palacios Calderón por el comentario machista durante una rueda de prensa

Los nexos que unen a la escribana de Adorni con la Causa Cuadernos

Adriana Mónica Nechevenko fue propuesta como testigo por Jorge Gerbi, el empresario al frente de la constructora Coarco que se acogió al régimen del arrepentido. Leer más

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Conoce qué dicen los especialistas sobre el uso cotidiano de perfumes y cómo elegir productos más seguros

Se complica la situación de "Tati" Leclercq en la causa por la muerte del anestesiólogo: sospechan que manipuló su celular

La Justicia allanó dos domicilios relacionados a la residente que tenía vínculo con el fallecido Alejandro Zalazar y con Delfina Lanusse, imputada por robo de fármacos. Los investigadores creen que pudo haber alterado pruebas al ingresar al departamento de la víctima. Leer más

Causa ANDIS: Franco Picardi pide indagatorias para Spagnuolo y 20 empresarios involucrados

Según la fiscalía, entre 2023 y 2025 se habrían manipulado compras de insumos médicos para personas vulnerables, con un desvío superior a $75.000 millones de fondos públicos. Leer más

Imputaron a la anestesista Chantal "Tati" Leclercq en la causa que investiga las propofest

La joven fue señalada como el nexo entre diversos actores dentro del circuito de la sustracción de fármacos. Su figura se suma a la de los acusados Boveri y Lanusse.

La jueza que investiga el accidente de Adamuz rechaza la personación de Ouigo en la causa

Causa Cuadernos: con indagatorias a empresarios y ex funcionarios se reanudó el juicio a Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal 7 escuchará este jueves a una nueva tanda de acusados por pago de sobornos y al ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti

Megaestafa inmobiliaria en La Plata: supera los u$s20 millones y avanza la causa penal

La causa contra la desarrolladora ABES suma un nuevo capítulo por presunta falsificación de pruebas. Entre los damnificados figura el DT Pedro Troglio.

La psicología dice que las personas que necesitan poco de los demás no son emocionalmente innacesibles, sino que expresarse les causa dolor

Detrás de cada persona que parece no necesitar nada de nadie, hay un niño que alguna vez lo necesitó todo, y que aprendió por las malas que pedir ayuda significaba salir lastimado.

Cofepris apunta la posible causa de muerte de las personas que recibieron suero vitaminado

Las familias afectadas relatan el difícil camino tras buscar bienestar y enfrentarse a síntomas inesperados bajo la sombra de la investigación oficial

ANDIS: Spagnuolo pidió ser querellante en la causa que investiga la filtración de audios

El ex director de la Agencia de Discapacidad se reconoció como víctima de la maniobra y propuso un peritaje al fiscal Carlos Stornelli. También pidió al juez Ariel Lijo que cite como testigo a Gregorio Dalbón

Desestimaron una denuncia del kirchnerismo contra la jueza Capuchetti por la causa del atentado a CFK

Así lo definió el Consejo de la Magistratura. Diputados de Unión por la Patria habían cuestionado su conducta en la investigación del intento de magnicidio. Además, avanzaron los expedientes disciplinarios contra los jueces Hernán Papa y Gastón Salmain

Cierran la investigación a la jueza Capuchetti por su actuación en la causa del atentado contra Cristina Kirchner

La comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura desestimó una denuncia contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti por la manera en que llevó adelante la investigación del atentado contra la expresidenta Cristina Kirchner, por el que finalmente fueron condenados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte a 10 y 8 años de cárcel, respectivamente. El kirchnerismo cuestionó a Capuchetti por la manera en que se resguardó el teléfono de Sabag Montiel, cuyos datos no pudieron recuperarse luego de que fue manipulado por la Policía Federal.Tras una pulseada con el kirchnerismo y en una votación intensa y dividida, la denuncia disciplinaria contra Capuchetti fue desestimada. Y ahora el asunto deberá ser ratificado en el plenario del Consejo de la Magistratura.Asimismo, el cuerpo llamó a declarar por el artículo 20 del reglamento del cuerpo (una suerte de declaración indagatoria) al juez en lo comercial Hernán Diego Papa, denunciado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). El gremio lo acusó de maltrato laboral.Además, la Comisión de Disciplina envió a la comisión de Acusación -que decide si corresponde o no iniciar juicio político al magistrado- un nuevo expediente contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por cohecho, por haber mentido en su curriculum vitae.Fue la primera reunión del año de la comisión que preside el abogado kirchnerista César Grau. Allí estuvieron los consejeros jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola, Alberto Lugones y Agustina Díaz Cordero; los consejeros senadores Eduardo Vischi, Luis Juez, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti; y el consejero académico Hugo Galderisi. Además, participaron los diputados del kirchnerismo y consejeros Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley y la académica Fernanda Vázquez.Con un temario de más de una veintena de expedientes, la comisión de Disciplina decidió en primer lugar aprobar por unanimidad la citación al juez Papa, denunciado por presunto abuso de autoridad, amenazas, agresión física y maltrato laboral cotidiano por el gremio judicial.El artículo 20 implica la notificación y citación al magistrado denunciado para que haga su descargo frente a las pruebas reunidas. Y luego, con la abstención de Recalde, se aprobó remitir a la comisión de Acusación el expediente que investiga a Salmain por no haber declarado que había sido cesanteado del Poder Judicial por un sumario donde se lo acusó de haber ofrecido una coima a una empleada de la Cámara Federal de la Seguridad Social para que una denuncia fuera remitida al juzgado donde trabajaba como empleado. Se trata de la denuncia que impulsó en julio de 2025 Horacio Rosatti, doble presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia. Salmain ya está siendo investigado por la Comisión de Acusación y fue procesado con prisión preventiva por incumplimiento de sus deberes, cohecho y prevaricato. Está sospechado de haber llevado adelante una maniobra judicial para beneficiar a un grupo financiero mediante el dictado de medidas cautelares irregulares para la compra de dólares. Un empresario arrepentido denunció que le pidió a cambio, junto a un escribano que actuó de intermediario, 200 mil dólares de coima.La denuncia contra CapuchettiPero al debate que más se abocó la comisión, durante unas dos horas, fue al pedido del juez consejero Barroetaveña para cerrar la denuncia contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que impulsaron diputados kirchneristas.La acusaron de haber sido deficiente en la conservación del teléfono de Sabag Montiel, momentos después de haber sido detenido por intentar matar a Cristina Kirchner el 1 de septiembre de 2022. El planteo se generó cuando la comisión ya había impulsado medidas de prueba y luego de que tanto la defensa de Capuchetti como los diputados del Frente de Todos pidieran, coincidentemente, incorporar al sumario un informe técnico de la Gendarmería Nacional sobre la supuesta activación del celular luego del arresto de Sabag Montiel.Ese estudio señalaba que el aparato estaba en el shopping Abasto cuando debía estar secuestrado en poder de la Policía. Barroetaveña aseguró que esas medidas no eran necesarias porque no había motivos para mantener abierto el expediente. "Señores consejeros y consejeras, estas prácticas de ampliar denuncias derivan de hechos supuestamente nuevos pero que en realidad no son nuevos. Más que un efecto procesal lo que se busca es un efecto político fuera del ámbito que es un expediente disciplinario. Se repiten varias cosas en esta denuncia, pero estos supuestos hechos nuevos son parte de los hechos denunciados e investigados. Están disconformes con el contenido de esta resolución y dicen que ahora son nuevos hechos, pero se trata de los mismos hechos", dijo Barroetaveña, cerrando filas con su colega.Abundó: "Este expediente ya está sumamente demorado, varias veces nos reunimos acá y siempre apareció alguna excusa. O no hubo quórum, o no se trató o se pidió una ampliación como ahora. Seguir el curso de esta ampliación de denuncia, señores y señoras, es prestarse a la maniobra de dilación. Es evidente lo que se busca: hacer un tema de sanción permanente a la jueza Capuchetti que se vale de declaración de dudosa procedencia y nulo valor epistémico cuya recepción se pretende convertir en una regla procesal".Lo cruzó el kirchnerista Tailhade y aseguró que era la propia jueza la que estaba pidiendo incorporar al expediente el nuevo peritaje, pero Barroetaveña lo intimó: "Pato o gallareta, se vota hoy". Y agregó que cuando se postuló para ser consejero, llegó con la idea de que no haya "jueces corruptos", pero tampoco "jueces perseguidos injustamente" en el tiempo."Hay que tener carita, hay que tener exceso de calcio en la carita, para decir que estamos persiguiendo una jueza. ¿Con dos votos piojosos que tenemos vamos a perseguir a una jueza? Con nuestra conducción presa, ¿vamos a perseguir a una jueza? Hay que ser impuneâ?¦ Por eso están acá tirando la desestimación como si se tratara de que le negaron la excarcelación a alguien cuando estamos hablando del intento de asesinato de la máxime dirigente política de este país. Si estamos averiguando qué pasó con el teléfono, hay que aprobar lo que pide la defensa y pedir una actualización de la causa sobre qué pasó con ese peritaje", insistió Tahilade.Los jueces Provítola y Lugones, junto a Díaz Cordero, insistieron en que la investigación tenía que cerrarse. Y los kirchneristas Siley, Fernández Sagasti y Recalde insistieron en cuestionar a la jueza y en subrayar la gravedad del atentado sufrido contra Cristina Kirchner. El senador Luis Juez se sumó a rechazar la desestimación tras subrayar que detestaba las actitudes corporativas y asegurar que debería ser la propia Capuchetti la que debería estar queriendo completar la investigación para limpiar su buen nombre y honor.Con el voto de los consejeros jueces, el senador radical Eduardo Vischi y el académico Galderisi, se aprobó finalmente rechazar la postergación del tema y la desestimación de la denuncia. Tanto este como el resto de los temas resueltos serán elevados al plenario del cuerpo para ser analizados y votados allí.

La Audiencia de Valencia ordena reabrir la causa del excomisionado de la dana

Ordenan reabrir la causa por las grabaciones de mujeres orinando en unas fiestas en Lugo

La exfiscal Fein solicitó ampliar su declaración en la causa por la muerte del fiscal Nisman

El pedido se produce luego del dictamen que pidió su procesamiento y sostuvo que la actuación de la ex funcionaria alteró y provocó pérdida de evidencias trascendentales

Archivada la causa de las dos menores fallecidas en un parque de Jaén en noviembre de 2025

Propofest: allanaron dos domicilios vinculados a "Tati" en la causa por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar

La causa que investiga la muerte del anestesista Alejandro Zalazar sumó en las últimas horas nuevas medidas de prueba. Por orden judicial, se realizaron dos allanamientos en domicilios vinculados a Chantal "Tati" Leclercq, en el marco del expediente que tramita como averiguación de muerte dudosa por el fallecimiento del médico, hallado sin vida el 20 de febrero en su departamento del barrio de Palermo.De manera paralela, esas diligencias se producen mientras avanza otra investigación judicial, separada, que indaga la sustracción y el presunto consumo recreativo de propofol y otros anestésicos que salieron de manera irregular del Hospital Italiano. Aunque se trata de expedientes distintos, ambos procesos comenzaron a cruzarse a partir de los vínculos personales entre algunos de sus protagonistas y del hallazgo de medicamentos de uso intrahospitalario en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Zalazar.Según confirmaron fuentes con acceso al expediente, uno de los procedimientos se realizó en un departamento situado sobre la avenida Santa Fe al 5300, piso 10, en la ciudad de Buenos Aires. El segundo allanamiento tuvo lugar en una vivienda situada en el country Santa Bárbara, en el partido bonaerense de Tigre. En ambos operativos, ordenados por la Justicia, se secuestraron un teléfono celular y una iPad, dispositivos que serán peritados para su incorporación como material probatorio a la investigación. En ninguno de los dos domicilios se encontraron ampollas o viales con fármacos de uso hospitalario.Las medidas se inscriben en el avance de una causa que, aunque tramita en expedientes separados, investiga dos ejes que comenzaron a cruzarse tras la muerte de Zalazar, ocurrida el 20 de febrero, y el posterior descubrimiento de un circuito de sustracción y consumo recreativo de drogas anestésicas que no se comercializan en farmacias y solo pueden utilizarse bajo estrictas condiciones médicas.Leclercq, residente del tercer año de anestesiología del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, no figura imputada en ninguno de los expedientes. Sin embargo, su nombre quedó incorporado formalmente a la investigación por la sustracción a partir de una ampliación de denuncia presentada por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba), en la que relató vínculos personales y episodios de consumo que conectan a varios de los protagonistas de ambas causas.En esa presentación ante la Aaarba, Leclercq reconoció haber consumido drogas de uso quirúrgico y sustancias recreativas tanto con Zalazar como con Delfina Lanusse, en encuentros distintos. Según dejó asentada la Asociación en la ampliación de la denuncia, "Tati" aseguró que nunca existieron reuniones en las que coincidieran los tres, y los episodios de consumo con cada uno de ellos se produjeron por separado y en momentos diferentes.La muerte de Zalazar continúa siendo investigada en una causa por averiguación de muerte dudosa, con intervención de una fiscalía distinta a la que conduce la pesquisa por la sustracción de los medicamentos. En el departamento de la calle Juncal al 4622 donde fue hallado el cuerpo se encontraron insumos vinculados a la administración intravenosa de sustancias y anestésicos cuya procedencia se busca determinar. Las pericias médicas y toxicológicas aún se encuentran en análisis para confirmar qué sustancias habría utilizado Zalazar y que derivaron en su muerte.En paralelo, la investigación por el robo de propofol logró reconstruir un primer trayecto concreto que une al Hospital Italiano con al menos dos domicilios particulares de la ciudad de Buenos Aires donde se hallaron medicamentos de uso intrahospitalario. En esa causa están imputados Hernán Boveri, anestesiólogo de planta, y Lanusse, quienes fueron apartados de sus cargos y alcanzados por medidas restrictivas dispuestas por la Justicia.Aunque se trata de expedientes distintos, los investigadores evalúan desde hace semanas distintos puntos de contacto entre ambos hechos. En ese contexto, los allanamientos realizados en domicilios vinculados a Leclercq apuntan a incorporar información complementaria a la pesquisa, en particular a partir del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados.Por fuera del plano judicial, también se activaron instancias institucionales. Según pudo saber LA NACION, Leclercq es la única de las médicas mencionadas en la investigación que aún no fue expulsada de la asociación profesional de anestesiólogos. Fuentes de esa entidad explicaron que, para disponer una medida de ese tipo sin riesgo de una eventual nulidad, resulta necesario instruir un sumario interno previo, trámite que todavía no concluyó.Ese procedimiento administrativo se diferencia de las decisiones ya adoptadas por otras instituciones. En el Hospital Italiano, los dos profesionales imputados [Hernán Boveri y Delfina Lanusse] fueron desvinculados apenas se conocieron los primeros elementos de la investigación. En el caso de Leclercq, su situación quedó supeditada a los pasos formales previstos por el estatuto de la asociación.Mientras tanto, la causa judicial continúa incorporando medidas de prueba. El análisis del contenido de los dispositivos secuestrados durante los allanamientos podría aportar datos sobre comunicaciones, vínculos y movimientos previos al fallecimiento de Zalazar o relacionados con el circuito de consumo de anestésicos que se investiga.

Se dispara una intoxicación que causa debilidad, náuseas y dolor de cabeza cuyo origen suele pasar inadvertido

Un informe oficial revela una fuerte suba de síntomas por fugas de monóxido de carbono.El aumento más llamativo se registra en provincia de Buenos Aires y Capital Federal.Explican qué medidas tomar para evitar estos cuadros que pueden llegar a ser mortales.

Quién es quién en la causa $LIBRA: todos los involucrados y los roles que habrían tenido en la maniobra

En el expediente aparecen mencionados desde el presidente Javier Milei hasta titulares de billeteras virtuales que habrían ayudado a mover dinero. Las querellas reclaman avanzar hacia la etapa de indagatorias

Si tu obra se retrasa, probablemente no sea por el motivo que crees: un arquitecto explica la causa más común en 2026

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Contaminación hídrica del Río de la Plata: Recondo fue recusado y denunció maniobras políticas para dilatar la causa

LA PLATA.- No hay audiencia. Menos aún, un plan eficaz para remediar la contaminación ambiental en el sistema hídrico del Río de la Plata. Al menos por ahora. La Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la defensa del gobierno bonarense, recusó al juez federal Alberto Recondo y la causa pasó a manos de Alejo Ramos Padilla.De este modo, no habrá audiencias ni mesas de trabajo para revertir la contaminación hasta tanto la Cámara de Apelaciones de La Plata resuelva si hace lugar a la recusación del magistrado que lleva la causa desde hace seis años.Recondo, al responder la recusación, no se quedó callado: denunció que la maniobra busca colocar en la causa a un juez que llegó al cargo con el aval del kirchnerismo. Destacó que en la jurisdicción platense existen solo dos jueces con competencia en la materia. "La recusación de uno de ellos deviene, sin más, en la elección del otro", explicó este mediodía, antes de enviar la causa al Juzgado federal civil y comercial N° 2, que subroga Ramos Padilla. Este magistrado tendrá en su escritorio el expediente hasta tanto se resuelva la recusación en un tribunal de alzada.La semana pasada, la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, integrada por Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefin, había ordenado revocar el embargo multimillonario sobre las cuentas del Banco Provincia de Buenos Aires dispuesto por Recondo. El tribunal de alzada había ordenado también citar a la Provincia y a los abogados demandantes a una audiencia para avanzar en la realización de las obras de saneamiento pendientes."La situación de contaminación se halla prima fascie acreditada -confirmó el tribunal de alzada-. La inacción de las demandadas tampoco es objeto de discusión". Estas frases de la Cámara Federal de Apelaciones fueron analizadas con atención por el gobierno de Axel Kicillof, que deberá reparar el daño ambiental ocasionado en la cuenca del Río de la Plata por orden judicial.De acuerdo con ese fallo, Recondo debía convocar a las partes para la conformación de un plan de ejecución de obras supervisado por una mesa de trabajo eficaz.DilacionesLa recusación de Recondo supone necesariamente dilaciones. Las demoras juegan a favor de la Provincia de Buenos Aires, que comenzó a recopilar informes en la subsecretaría de Recursos Hídricos, en la Autoridad del Agua y en ABSA, mientras espera que el gobierno nacional acceda a otorgar avales para destrabar el acceso a un crédito con un banco internacional solicitado para afrontar las obras. De acuerdo al gobierno bonaerense, la obra pública proyectada para brindar solución a la problemática de la contaminación de la cuenca del Arroyo el Gato, presupuestada en 2022 en US$245.997.956, exige acceder a financiamiento internacional para concretar su ejecución. Para ello se requieren avales del Estado nacional, "los cuales no se han obtenido", informaron desde la Provincia. Entre finales de 2022 y durante 2023, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, conjuntamente con el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, elaboró el perfil de préstamo orientado a gestionar financiamiento externo ante un organismo multilateral de crédito para el "Proyecto de Tratamiento y Disposición de Líquidos Cloacales de las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada".El perfil fue presentado por el gobierno nacional ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para su evaluación preliminar en relación con la posible estructuración del financiamiento. Entre septiembre y octubre de 2023, se realizaron reuniones técnicas con el Banco Mundial. "No obstante, con motivo del cambio de gestión en el gobierno nacional, los avances vinculados a la preparación del programa se detuvieron", informó la gestión de Kicillof.Precisó que en octubre de 2024 el Ministerio de Economía de la Provincia remitió formalmente una nota con el perfil de préstamo a las nuevas autoridades del Ministerio de Economía de la Nación, a fin de que el mismo fuera evaluado y se pudiera retomar la tramitación correspondiente, "sin que a la fecha el gobierno nacional hubiese brindado respuesta a dicha presentación, circunstancia que ha impedido continuar con el proceso administrativo necesario para avanzar en la obtención del citado financiamiento externo".Al trabar el embargo multimillonario, en marzo pasado Recondo había desestimado el argumento del gobierno provincial sobre la necesidad de financiamiento internacional para llevar adelante las obras. Tras recordar que el inicio de las obras suspendidas estaba previsto para 2022 â??es decir, en el primer mandato de Kicillofâ??, puntualizó que entonces la erogación necesaria para evitar el daño ambiental producido en toda la población asentada en la zona urbana circundante representaba el 0,67% del total del presupuesto provincial.En 2022 fueron notificados desde la Presidencia de la Nación hasta la Fiscalía de Estado bonaerense y representantes del Congreso de la Nación sobre la urgencia de comenzar con obras para el tratamiento de los efluentes cloacales. "Esto permite concluir que la imposibilidad de ejecutar las obras ordenadas no se sustenta en la falta de financiamiento internacional, sino en decisiones que el Estado provincial adopta hace más de 20 años a la hora de asignar recursos", había expresado magistrado recusado.

Revés judicial para Chiqui Tapia: rechazaron su pedido para cerrar la causa de evasión por inexistencia de delito

La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó el rechazo del pedido del presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, para cerrar por "inexistencia de delito" la causa por apropiación de aportes previsionales por la que está procesado. El fallo de la Sala A del tribunal, firmado por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, alcanza además a la AFA como entidad, a Cristian Ariel Malaspina, Pablo Ariel Toviggino, Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo. Todos ellos, junto con Tapia, ya habían sido procesados el pasado 30 de marzo de 2026 por el juez Diego Amarante.A raíz de esta decisión, ahora Tapia apeló el fallo de Amarante en busca de revertir el procesamiento. Y Toviggino, en una estrategia diferenciada, recusó a Amarante, pidió apartarlo del caso y dijo estar dispuesto a pagar para hacer una reparación integral y archivar el expediente.La causa se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó que los responsables de la AFA habrían retenido tributos y contribuciones patronales a sus dependientes sin depositarlos.El Estado les reclama faltantes mensuales que alcanzaron picos de $1.433.826.587 en noviembre de 2024 y hasta $1.727.907.714 en febrero de 2025. Respecto a los recursos de la seguridad social, la situación es similar: a julio de 2025 habría una retención no ingresada al fisco de $2.063.307.647.El total del incumplimiento reclamado es de 19.000 millones de pesos.Para intentar frenar el avance judicial, la defensa de Tapia y de la AFA había presentado una "excepción de falta de acción por inexistencia de delito".El argumento central de los abogados se basaba en que una resolución del Ministerio de Economía había suspendido el inicio de juicios de ejecución fiscal y embargos contra entidades sin fines de lucro, como la AFA.La defensa sostuvo que, al estar suspendidas las ejecuciones fiscales, ARCA no podía exigir judicialmente el cumplimiento de estas deudas. Sin embargo, los jueces Hornos y Robiglio desestimaron el planteo. Dijeron que no es ostensiblemente evidente que no haya delito y que en todo caso debe resolverse en el juicio. La Cámara explicó que los delitos de apropiación indebida de tributos y aportes son de "carácter instantáneo" y se consuman en el momento exacto en que vence el plazo de 30 días sin que el dinero retenido sea depositado.Los jueces aclararon un concepto que desmoronó la estrategia de la AFA: una cosa es suspender los juicios para cobrar deudas y otra modificar los vencimientos de los impuestos. El fallo señala que la resolución del Ministerio de Economía solo limitó las "facultades de la administración tributaria para ejercer acciones tendientes al cobro", pero no "dispuso la cancelación, la dispensa o la postergación del cumplimiento de obligaciones". De hecho, la propia ARCA informó al juzgado que las fechas del calendario fiscal para esas obligaciones jamás sufrieron modificación alguna.Por lo tanto, la Cámara concluyó que no existe una evidencia manifiesta de que el delito no haya ocurrido, lo que obliga a que el caso siga siendo investigado y debatido en el expediente principal.Como revés adicional, el tribunal le impuso las costas procesales del incidente a la defensa de Tapia. Ahora la Cámara analizará la apelación de los procesamientos de Tapia y de Toviggino. Si se confirman, el camino siguiente es la elevación a juicio oral del caso. Como consecuencia de este procesamiento, la Justicia dispuso un embargo sobre los bienes de la AFA y sus principales dirigentes por 1700 millones de pesos. A Tapia y Toviggino se le trabó un embargo por 350 millones de pesos cada uno.La defensa de Toviggino recusó al juez Amarante y buscó una estrategia de la reparación de los daños frente al fisco para cerrar el caso.A pesar de estar procesado sin prisión preventiva, embargado y de mantener una prohibición vigente para salir del país (medida que ya fue ratificada por la Cámara), Tapia logró obtener permisos excepcionales para viajar al exterior.El juez Amarante autorizó al presidente de la AFA a realizar tres viajes oficiales: a Luque (Paraguay), entre el 8 y 9 de abril para reuniones de la Conmebol; a Quito (Ecuador), del 23 al 26 de abril para el Congreso Ordinario de esa confederación; y a Vancouver (Canadá), entre el 29 de abril y el 1° de mayo, invitado por la FIFA para participar de su 76° Congreso.No obstante, el juzgado dijo que la autorización se limita exclusivamente a esas fechas y destinos. El juez advirtió que cualquier modificación, desvío o apartamiento del itinerario será considerado una "violación directa a los compromisos de sujeción al proceso", lo que derivaría en la revocación del beneficio y en la ejecución del dinero que Tapia debió depositar como caución.

Impulsan una ley para limitar las tasas municipales: exigen servicios reales y frenan cobros "sin causa"

Un proyecto en el Congreso busca establecer reglas nacionales para evitar tasas abusivas y garantizar que cada cobro tenga una contraprestación concreta. Leer más

Otro revés para Chiqui Tapia y Toviggino en la causa por evasión: la Cámara rechazó sobreseerlos por inexistencia de delito y respaldó al juez que los investiga

Rechazó una apelación presentada por el presidente y el tesorero de la AFA.Es en la causa por una millonaria retención indebida de aportes.

Revés para Tapia y Toviggino: la Cámara rechazó una apelación y avanza la causa por apropiación de aportes

El tribunal en lo Penal Económico resolvió que la investigación por desvíos de obligaciones tributarias y patronales que pidió ARCA debe avanzar. La AFA había planteado "inexistencia de delito"

Audiencia Provincial revoca el archivo de la causa contra un cigarrón acusado de lesionar a una mujer en Verín (Ourense)

¿Quiénes y por qué robaban propofol? Una ruta, dos departamentos de acopio y una causa que sigue creciendo

Durante la última semana, la investigación por el robo de propofol del Hospital Italiano avanzó en paralelo a la conmoción por la muerte de un joven anestesista hallado sin vida en Palermo el 20 de febrero. Lo que empezó como un hallazgo aislado derivó en allanamientos, imputaciones y una causa judicial que intenta reconstruir cómo medicamentos de uso estrictamente hospitalario salieron del circuito legal y aparecieron en domicilios particulares de la ciudad de Buenos Aires.A medida que la Justicia fue reuniendo pruebas y circularon por redes varios audios sobre el caso, se consolidaron algunas certezas y quedaron abiertas varias preguntas. Hoy hay una causa unificada que investiga la sustracción de los anestésicos y otra, separada, que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de Alejandro Zalazar. Entre ambas, emergen puntos de contacto, trayectos comprobados de los fármacos y zonas grises que aún no tienen respuesta.LA NACION pudo saber que, por estas horas, se analizan los recorridos del propofol fuera del hospital a fin de conocer la ruta completa y si, el destino final, eran las "propofest". La investigación judicial logró reconstruir un primer recorrido concreto de los anestésicos que salieron del Hospital Italiano de Buenos Aires y que dieron origen a una de las causas más sensibles de las últimas semanas. Según confirmaron fuentes de la Justicia a LA NACION, hoy está probado un trayecto que une al hospital con dos domicilios particulares de la ciudad de Buenos Aires donde se realizaron allanamientos y se encontraron parte de los medicamentos sustraídos.El punto de origen identificado es el Hospital Italiano, ubicado sobre la calle Teniente General Juan Domingo Perón al 4190. Desde allí, siempre según la investigación, el propofol y otras drogas de uso intrahospitalario habrían salido del circuito médico regular para ser trasladadas a al menos dos viviendas particulares. Ambas se encuentran en la ciudad de Buenos Aires y fueron allanadas en el marco del expediente que investiga la sustracción de los fármacos.Los domicilios allanados están ubicados en Cabrera al 4700 y en la avenida Pueyrredón al 2400. En esos procedimientos, ordenados por la Justicia, se secuestraron medicamentos anestésicos y otros insumos médicos que son clave para lograr la trazabilidad de las drogas y determinar responsabilidades. Para los investigadores, esos hallazgos confirman que los fármacos robados no quedaron dentro del ámbito hospitalario.En este trazado también aparece un punto que la Justicia incorporó como referencia, aunque no como parte probada de la ruta de distribución: el departamento de la calle Juncal al 4622, en Palermo, donde fue hallado muerto el anestesista Alejandro Zalazar. En ese lugar se encontraron anestésicos de uso intrahospitalario cuya procedencia fue vinculada al Hospital Italiano, pero los investigadores aclaran que, por ahora, no está acreditado que ese domicilio haya sido un destino habitual del circuito de traslado.Así, hasta el momento, la ruta del propofol confirmada judicialmente se limita a un origen institucional y a dos destinos concretos donde se recuperaron los medicamentos. El recorrido completo, la cantidad exacta de fármacos sustraídos y si existieron otros puntos intermedios o finales continúan bajo investigación y forman parte de las medidas que la Justicia todavía tiene en curso. Los allanamientos ordenados por la Justicia comenzaron el 13 de marzo y permitieron identificar dos domicilios particulares de la ciudad de Buenos Aires donde se encontraron medicamentos anestésicos que habían salido del Hospital Italiano. Esos procedimientos fueron claves para confirmar que los fármacos no permanecieron dentro del circuito hospitalario y para empezar a reconstruir qué pasó con ellos una vez sustraídos.Según pudo saber LA NACION, uno de los operativos se realizó en una vivienda ubicada en Cabrera al 4700. Allí, los investigadores secuestraron ampollas de anestésicos y distintos insumos médicos, elementos que resultan determinantes para establecer la trazabilidad del propofol y de otras drogas de uso intrahospitalario. El hallazgo fue incorporado al expediente como prueba material del desvío de los medicamentos.El segundo allanamiento tuvo lugar en un domicilio situado sobre la avenida Pueyrredón al 2400. En ese lugar, según confirmaron fuentes judiciales, también se encontraron fármacos y material vinculado a su administración. Para los investigadores, la presencia de estos elementos en viviendas particulares refuerza la hipótesis de una salida irregular y organizada de los anestésicos.En ambos casos, los procedimientos permitieron recuperar solo una parte de los medicamentos que habrían sido sustraídos. La Justicia investiga ahora si existieron otros puntos de acopio, si los fármacos fueron trasladados entre distintos domicilios y cuál fue el destino final del resto del material que no fue hallado durante los allanamientos.Por el momento, lo que está acreditado es que los anestésicos robados del Hospital Italiano llegaron al menos a esos dos domicilios particulares. La reconstrucción completa del recorrido, la cantidad total de propofol sustraída y el uso que se les dio a los medicamentos forman parte de las líneas de investigación que continúan abiertas.El hallazgo del cuerpo del anestesista Alejandro Zalazar en su departamento de Palermo se convirtió en un punto clave de la investigación, aunque la Justicia es cuidadosa en cómo lo incorpora dentro de la reconstrucción de la ruta del propofol. En el domicilio ubicado en la calle Juncal al 4622 se encontraron anestésicos de uso intrahospitalario cuya procedencia fue vinculada al Hospital Italiano, el mismo establecimiento desde donde salieron los medicamentos que hoy forman parte de la causa por sustracción.Ese dato permitió a los investigadores conectar ambos expedientes, pero con una aclaración central: el departamento de Zalazar es considerado, por ahora, un lugar de hallazgo y no un destino probado dentro del circuito clandestino de traslado de los fármacos. A diferencia de los otros domicilios allanados, no hay elementos que acrediten que ese inmueble haya funcionado como punto de acopio o distribución.La trazabilidad realizada por los peritos estableció que los medicamentos encontrados junto al cuerpo de Zalazar pertenecían al Hospital Italiano. Ese fue el nexo objetivo que dio origen a la causa por el robo de anestésicos y que motivó los primeros procedimientos judiciales. Sin embargo, la Justicia mantiene separadas las conclusiones sobre el origen de los fármacos y las circunstancias de la muerte del médico.En términos procesales, la muerte de Zalazar sigue siendo investigada como una averiguación de muerte dudosa, con pericias médicas y toxicológicas aún en análisis. La causa por la sustracción del propofol, en cambio, se enfoca en establecer cómo los medicamentos salieron del hospital y por qué medios llegaron a domicilios particulares, sin que hasta ahora se haya acreditado que el departamento de Palermo formara parte regular de esa ruta.Así, el punto en común entre ambos hechos no es un trayecto confirmado, sino un elemento compartido: los anestésicos provenientes del Hospital Italiano. La definición del vínculo final entre el circuito clandestino de los fármacos y la muerte del anestesista es uno de los aspectos que la Justicia todavía busca esclarecer.Alejandro "Alito" Zalazar: Tenía 32 y se desempeñaba como anestesista. Fue hallado muerto el 20 de febrero en su departamento de la calle Juncal al 4622, en Palermo. En su vivienda se encontraron anestésicos de uso intrahospitalario cuya procedencia fue vinculada al Hospital Italiano. Su fallecimiento es investigado en una causa por averiguación de muerte dudosa, separada del expediente que indaga la sustracción de los fármacos.Hernán Boveri: Es anestesiólogo de planta del Hospital Italiano y uno de los dos profesionales imputados en la causa por el robo de propofol y otros anestésicos. La Justicia investiga su presunta participación en la salida irregular de los medicamentos del hospital. Fue apartado de su cargo y tiene prohibido salir del país mientras avanza la investigación.Delfina "Fini" Lanusse: Era residente de tercer año en el área de anestesiología del Hospital Italiano y también está imputada en la causa por la sustracción de los fármacos. Al igual que Boveri, fue desvinculada de la institución y quedó alcanzada por medidas restrictivas dispuestas por la Justicia, entre ellas la prohibición de contacto con el otro imputado.Chantal "Tati" Leclercq: Es residente del tercer año de anestesiología del Hospital Bernardino Rivadavia. Su nombre aparece en el expediente a partir de una ampliación de denuncia incorporada por una asociación profesional, donde relató vínculos personales y episodios de consumo que conectan a Zalazar con Lanusse. No está imputada ni figura como acusada en ninguna de las dos causas, pero su testimonio es considerado un elemento relevante para comprender el entramado personal entre algunos de los protagonistas.En los primeros días de la investigación, el desvío de propofol y otros anestésicos del Hospital Italiano dio lugar a dos expedientes judiciales paralelos. Uno se originó a partir de la denuncia presentada por la propia institución médica; el otro, en una presentación realizada por la Asociación de Anestesistas, que aportó información adicional sobre la salida irregular de los fármacos.Ambas causas avanzaban sobre el mismo eje: cómo medicamentos de uso intrahospitalario habían salido del circuito legal y aparecido en domicilios particulares. Con el correr de las medidas de prueba, la Justicia advirtió que los hechos investigados, los protagonistas y la trazabilidad de los fármacos eran coincidentes, por lo que resolvió unificar los expedientes en una sola causa.La decisión apuntó a centralizar la investigación, evitar duplicación de peritajes y permitir una reconstrucción ordenada del circuito clandestino del propofol. A partir de la unificación, la causa por el robo de anestésicos quedó en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento, quien concentra todas las actuaciones vinculadas a la sustracción, traslado y hallazgo de los medicamentos fuera del ámbito hospitalario.Desde el punto de vista procesal, la unificación no alteró las imputaciones ya dispuestas ni modificó el objeto central del expediente, que sigue enfocado en determinar responsabilidades penales por la salida irregular de los fármacos del Hospital Italiano. La investigación avanza sobre la trazabilidad de los anestésicos, los roles de los profesionales involucrados y el posible uso que se les dio fuera del ámbito médico autorizado.En paralelo, la muerte del anestesista Alejandro Zalazar continúa siendo investigada en una causa aparte, bajo la figura de averiguación de muerte dudosa. Aunque ambos expedientes comparten elementos de contexto, como el origen de los medicamentos, la Justicia mantiene separadas las líneas de investigación mientras continúa produciendo prueba en cada una.Aunque la Justicia ya logró reconstruir parte del recorrido clandestino de los anestésicos y unificó las causas vinculadas a su sustracción, el expediente todavía tiene varios puntos abiertos. Uno de los principales es determinar la cantidad exacta de propofol y otros fármacos que salieron del Hospital Italiano y durante cuánto tiempo se habría extendido esa maniobra.Otro eje central es establecer el destino final de los medicamentos que no fueron recuperados en los allanamientos. Los investigadores buscan definir si existieron otros domicilios involucrados, si los fármacos fueron trasladados entre distintos puntos o si parte del material fue consumido sin dejar rastros físicos que puedan ser peritados.La investigación también apunta a precisar los roles individuales dentro del circuito del robo. Si bien hay dos profesionales imputados, la Justicia intenta determinar cómo era el acceso a los anestésicos, qué controles internos fallaron y si existieron más personas que, sin estar imputadas, facilitaron o conocieron la salida irregular de los medicamentos del hospital.En paralelo, continúan las pericias técnicas y documentales. Se analizan registros de stock, movimientos de insumos hospitalarios, comunicaciones entre los involucrados y distintos elementos secuestrados durante los procedimientos judiciales. Ese cruce de información es clave para sostener o descartar nuevas medidas procesales.Por último, aunque la causa por la muerte de Alejandro Zalazar se tramita en un expediente separado, los investigadores siguen atentos a eventuales puntos de contacto que puedan surgir a medida que avance la prueba. La definición de si existió o no un vínculo más profundo entre la ruta clandestina del propofol y ese fallecimiento es uno de los interrogantes que, por ahora, permanece abierto.La investigación por la sustracción de propofol y otros anestésicos del Hospital Italiano quedó concentrada en una única causa judicial luego de que la Justicia resolviera unificar dos expedientes que avanzaban en paralelo. Uno había sido iniciado a partir de la denuncia presentada por la propia institución médica; el otro surgió de una presentación realizada por la Asociación de Anestesistas, que aportó información adicional sobre la salida irregular de los fármacos.Ambas causas tenían el mismo objeto: determinar cómo medicamentos de uso estrictamente intrahospitalario salieron del circuito legal y aparecieron en domicilios particulares. Compartían además protagonistas, pruebas documentales y líneas de investigación similares. Frente a ese escenario, los investigadores consideraron que mantenerlas separadas implicaba duplicar peritajes y correr el riesgo de decisiones procesales contradictorias.Con la unificación, la causa por el robo de propofol quedó enfocada exclusivamente en la sustracción, el traslado y el hallazgo de los anestésicos, así como en las responsabilidades penales derivadas de esos hechos. En ese expediente están imputados los profesionales señalados por la salida irregular de los medicamentos, quienes quedaron alcanzados por medidas restrictivas mientras avanza la investigación.Desde el punto de vista judicial, la decisión de unificar busca ordenar la prueba y darle coherencia al expediente. La concentración de toda la investigación sobre el robo en una sola causa permite analizar de manera integral la trazabilidad del propofol, los controles internos del hospital y los roles de cada imputado, sin mezclar ese análisis con otros hechos que tienen un objeto procesal distinto.La muerte de Alejandro Zalazar es investigada en un expediente judicial distinto al que analiza el robo de propofol del Hospital Italiano porque el objeto de esa causa es determinar las circunstancias del fallecimiento de una persona, un tipo de investigación que requiere criterios y pruebas diferentes a las de un delito patrimonial o administrativo.En ese expediente, la Justicia busca establecer cómo murió el anestesista, qué ocurrió en las horas previas al hallazgo del cuerpo y si existió una causa natural, un consumo indebido de sustancias o la intervención de terceros. Para ello, el eje de la investigación está puesto en las pericias médicas y toxicológicas, la reconstrucción del contexto personal y los elementos encontrados en el departamento donde fue hallado sin vida. "Estamos trabajando, tratando de armar el rompecabezas", dijo ayer a LA NACION un investigador que detalló que aún esperan el resultado de las pruebas toxicológicas.Si bien en la vivienda de Zalazar se encontraron anestésicos de uso intrahospitalario cuya procedencia fue asociada [no confirmada] al Hospital Italiano, ese dato por sí solo no alcanza para unificar la investigación con la causa por el robo de propofol. Desde el punto de vista judicial, compartir un elemento de contexto no implica necesariamente que ambos hechos conformen un mismo delito o una misma maniobra criminal.La Justicia no descarta que, si surgen pruebas nuevas, ambas investigaciones puedan converger en algún punto. Para que eso ocurra, deberá acreditarse de manera objetiva una relación directa entre los fármacos sustraídos y el fallecimiento del anestesista. Hasta que esa conexión no esté probada, la estrategia judicial es avanzar con dos causas separadas, cada una con su propio objeto probatorio y sus propios tiempos procesales.

Nueva señalización vial en Bogotá causa caos y siniestros: concejal Fuchi denunció controversia por millonaria inversión

Una serie de implementaciones polémicas está transformando la vida de los barrios, poniendo a prueba la paciencia de conductores, comerciantes y peatones

"Me las chorearon": un influencer aportó nuevos documentos en una causa sobre la desaparición de vacas que tiene versiones contrapuestas

El caso del influencer agropecuario Bruno Riboldi, conocido como "la joya agro", que denunció la desaparición de hacienda en el sur de Santa Fe, sumó en las últimas horas nuevos elementos. A través de un video publicado en sus redes sociales, el productor difundió documentación, aportó nombres y reconstruyó en detalle lo que â??según su versiónâ?? ocurrió con los animales, en una causa que sigue bajo investigación judicial. Tal como informó LA NACION, el episodio derivó en una causa por presunta defraudación con un imputado, Nicolás Coscia, y con versiones contrapuestas sobre lo sucedido en torno a un campo ubicado en la localidad de Santa Teresa, Santa Fe. En este nuevo descargo, Riboldi buscó reforzar su postura con documentos y volvió a rechazar la hipótesis de un conflicto comercial o de un "autorobo". "Acá tengo uno de los papeles más importantes que confirma que las vacas me las chorearon", afirmó en el inicio del video. Entre los documentos que mostró aparece un acta de Senasa. Se trata de una constancia fechada el 19 de marzo de 2026, emitida por la oficina local de Máximo Paz/Alcorta, donde se deja registro de que Nicolás Coscia "se presentó personalmente [â?¦] solicitando la emisión de dos DT-e para el traslado de animales" y que esos trámites se gestionaron "para el traslado de 190 animales en nombre de la firma AGRO TRANQUERA SRL". Según el propio organismo, los DT-e fueron emitidos "sin presentar [â?¦] documentación correspondiente que acredite la autoridad para realizar el trámite", una observación que el productor considera clave para sostener su denuncia. "Yo lo detecté, lo denuncié por fraude, tengo todo esto certificado por Senasa", sostuvo. Según su reconstrucción, esa operatoria habría estado vinculada a movimientos posteriores de la hacienda que él no habría autorizado. En ese sentido, el productor insistió en que los animales pertenecían a su firma, Agro Tranquera, y estaban alojados en un establecimiento bajo la órbita de Coscia, a quien identificó como encargado del campo. En ese marco, el productor mostró una liquidación emitida por la consignataria Aguirre Vázquez SA, fechada el 25 de febrero de 2026, que detalla cómo se realizó la venta de parte de la hacienda. El documento registra la comercialización de 161 animales por un total de $267.024.416,88 y está a nombre de Agroganadera del Este SAS, una firma que â??según su relatoâ?? está vinculada a Nicolás Coscia y su entorno. Según Riboldi, esa liquidación es la prueba de cómo se concretó la operación que él ya venía denunciando y sostuvo que se hizo sin su autorización sobre animales de su propiedad. "Vendieron vacas que no eran suyas", afirmó. En su reconstrucción, los animales fueron vendidos a un productor de Chabás, quien â??según indicóâ?? habría comprado "de buena fe" y aún no habría completado el pago de la operación. Además, aseguró que los fondos fueron instrumentados mediante cheques que ya habrían sido emitidos por la consignataria y retirados por la hermana de Coscia, que es administradora de la firma vendedora. "No quieren devolver los cheques", afirmó. El productor también mostró constancias vinculadas al movimiento de la hacienda, entre ellas dos Documentos de Tránsito Electrónico (DT-e) que luego fueron anulados, uno por 100 bovinos y otro por 90, ambos con la leyenda "otros - estafa" como motivo. Según su interpretación, estos registros refuerzan la hipótesis de que existió una maniobra irregular en torno a los animales. Tal como ya se había informado, la causa se originó cuando el productor detectó inconsistencias en el stock de hacienda. Según reiteró en su video, al momento de la denuncia faltaban 190 bovinos. Con el avance de la investigación, parte de los animales fue localizada: de acuerdo con su relato, 161 fueron encontrados en un establecimiento de Chabás y quedaron bajo intervención judicial. Sin embargo, el productor indicó que aún hay 29 animales cuyo paradero se desconoce. "A mí hoy me deben 29 vacas que no sé dónde están", afirmó. En su descargo, Riboldi también sumó información sobre la situación económica de las empresas vinculadas al caso. Del otro lado, la defensa de Coscia ha venido sosteniendo una versión diferente. En su momento negó que haya existido una estafa y afirmó que la venta de los animales formaba parte de una dinámica de trabajo conocida por ambas partes. Dijo que se trataba de un esquema habitual en el que el ganado se engordaba y luego se comercializaba en lo que habría sido el cuarto ciclo de trabajo conjunto. En esa línea, desde su entorno aseguraron que Riboldi "sabía perfectamente que los animales se iban a vender" y que incluso habría existido una urgencia por generar liquidez, algo que â??según la defensaâ?? surge de intercambios de mensajes incorporados a la causa. LA NACION se contactó con la defensa de Coscia tras el video de Riboldi y no obtuvo respuestas hasta el momento.

Causa ANDIS: el jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina se negó a declarar

Está acusado de obstruir la investigación al no acceder a blanquear las claves de los correos electrónicos durante un allanamiento. Presentó un escrito

Fue campeón con Lanús y metió un gol histórico: Hugo Morales, el exjugador nombrado en la causa del departamento de Manuel Adorni

El nombre de Hugo Alberto Morales, exmediocampista que brilló en Huracán y Lanús durante la década de los noventa, volvió a sonar estos días pero no por una cuestión futbolística, sino porque el fiscal Gerardo Pollicita lo citó a declarar este martes mediante una audiencia virtual en el marco de la causa que investiga al actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El foco del expediente recae sobre una propiedad ubicada en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, cuya cadena de ventas presenta irregularidades que están bajo la lupa judicial. Morales vendió el departamento de casi 200 metros cuadrados en abril de 2025 a dos mujeres, identificadas como Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. La operación se cerró por un valor de 200.000 dólares. Sin embargo, apenas seis meses después, el inmueble pasó a manos de Adorni y su esposa por 230.000 dólares. El funcionario compró la unidad en noviembre de 2025 y utilizó un crédito otorgado por las mismas vendedoras para completar la transacción. Ahora, el exdeportista, conocido por su perfil bajo desde su retiro, deberá dar su testimonio sobre el origen de esta operación.Hugo Morales: el campeonato con Lanús y el diagnóstico de cáncer que superó La trayectoria profesional de Morales comenzó en los inicios de los años noventa en Huracán, bajo las órdenes de Carlos Babington. Luego, su estilo elegante en el campo de juego lo transformó en una pieza clave de aquel equipo de Lanús que dirigió Héctor Cúper y que alzó la Copa Conmebol en 1996. Ese éxito lo catapultó a la selección argentina, donde compartió equipo con referentes como Marcelo Gallardo y Ariel Ortega, y donde alcanzó la Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Incluso, durante la gestión de Daniel Passarella en el seleccionado mayor, Morales se consolidó como una figura relevante hasta que un problema de salud interrumpió su carrera.Todo comenzó con un dolor que ignoró pero que, en 1997, se hizo notar con un susto: se descompuso en la concentración de la selección argentina y tuvo que ser internado. Ese síntoma era una llamada de alerta por un tumor testicular, del cual fue operado y por el que se tuvo que someter a quimioterapia. "Fueron cuatro meses intensos, que no se los deseo a nadie. Lo peor que me pasó en la vida", supo decir en su momento.El eterno gol de Morales a San Lorenzo tras vencer el cáncer Tras largos meses de tratamientos médicos, regresó a las canchas en 1998 para anotar un gol decisivo frente a San Lorenzo. Él mismo recordó ese tanto como un quiebre en su carrera. "Volver a jugar sólo puedo compararlo con el día de mi debut. Nadie se imagina lo que pasó por mi cabeza cuando (Mario) Gómez me dijo que me preparara para entrar. Fue todo mágico", dijo, tal cual lo citó TNT Sports. Su carrera continuó en Europa con el Tenerife español, donde marcó el tanto que otorgó el ascenso a Primera División en 2001. Luego, su derrotero futbolístico incluyó etapas en Independiente de Avellaneda, Atlético Nacional de Colombia, donde obtuvo el título del Apertura 2005, y pasos breves por Millonarios y la Universidad Católica de Chile. En 2008, luego de un ciclo en Talleres de Córdoba, decidió poner punto final a su trayectoria debido al desgaste físico acumulado.Tras el retiro, Morales optó por alejarse de la exposición mediática. En 2016 reapareció en el ámbito público al asumir como director técnico de Huracán de Goya, en la provincia de Corrientes, donde trabajó con las categorías inferiores. Desde ese entonces, poco se supo de él. El vínculo de Morales con el departamentoTal como informó LA NACIÓN, Morales compró el departamento en 1996 hasta que, en 2025, se los vendió a las dos mujeres mencionadas. "Había que poner mucha plata, se levantaron los pisos, había que cambiar los cerramientos, y pintar. Nunca le había hecho mantenimiento y preferí sacármelo de encima rápido", le contó Morales en las últimas horas a un allegado. Según esa versión, la operación se hizo muy rápido a través de la inmobiliaria de la mujer de un amigo, también exjugador. Morales les explicó a sus allegados que lo vendió por el mismo precio que lo había comprado casi treinta años atrás: 200.000 dólares. Según la documentación oficial, Adorni lo compró el año pasado por 230.000 dólares, de los cuales solo pagó de su bolsillo 30.000. Los otros 200.000 fueron un crédito -con garantía hipotecaria- que le dieron las propias vendedoras del inmueble, dos jubiladas que se lo habían comprado meses antes a Morales.

Piden citar a Javier Milei y a su hermana Karina a declaración indagatoria en la causa $LIBRA

En un escrito presentado ante la Justicia federal, el abogado Martín Romeo, en su rol de querellante, solicitó formalmente que se cite a prestar declaración indagatoria al presidente Javier Milei, y a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei en la causa por la que se investiga una supuesta estafa con la criptomoneda $LIBRA.El pedido incluye al total de los 15 acusados en el expediente, entre los que también se destacan el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el "referenciador" Mauricio Novelli, que ofició de intermediario entre Milei y Hayden Davis, cuya comparecencia es también reclamada, el principal responsable de la operación antes y durante del lanzamiento del activo de la polémica.Romeo acusa a los 15 imputados por los cargos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y estafa masiva en un escrito de más de 200 páginas en las que hace un pormenorizado detalle de la operatoria que terminó en escándalo.Así, asegura que hubo una coordinación en el "gatillo" presidencial para que se pudiera perpetrar el fraude, al sostener que el 14 de febrero de 2025 el jefe del Estado acordó telefónicamente con Novelli el momento exacto para publicar un tuit dando a publicidad el contrato del token $LIBRA.Para Romeo, el mensaje funcionó como un "gatillo" emocional para atraer a miles de ahorristas bajo el efecto FOMO (miedo a quedarse afuera), mientras los "insiders" de la banda compraban segundos antes para luego vender y dejar al activo sin liquidez, lo que se conoce como maniobra de Rug Pull, y sustraer, así, 44,5 millones de dólares.La querella sostiene que se firmó un contrato por US$ 1.550.000 mediante el cual la organización local vendía a capitales extranjeros acceso exclusivo al Presidente y la potestad de redactar marcos regulatorios para Argentina. Segú el escrito, este pacto se materializó en una anotación digital de Novelli que rezaba "Pago Javier kari" y en reuniones clandestinas en la Casa Rosada.También se denuncia la captura regulatoria e infiltración de la Comisión Nacional de Valores (CNV), señalando a la persona de Sergio Morales, quien fue nombrado asesor del directorio del organismo mientras era socio administrador de la empresa "Tech Forum S.R.L." En la presentación se sostiene que Morales habría redactado las normativas que debían regular a las mismas plataformas que el grupo de acusados utilizaba para triangular y lavar los fondos del público.También denuncia los delitos de lavado de activos y vaciamiento de cajas de seguridad, al detallar que, mientras estallaba el escándalo, familiares de los organizadores (la madre y la hermana de Novelli) vaciaron cajas de seguridad en el Banco Galicia para retirar el dinero físico del sistema formal.Además, destaca que, de manera simultánea, se detectaron transferencias masivas de dólares digitales hacia "cuevas" cripto para licuar el botín y distribuirlo entre los miembros de la organización.

Expertos de Mayo Clinic confirmaron que el estrés no causa tumores ni la actitud positiva garantiza una cura definitiva

La prestigiosa institución médica de Minnesota presentó un informe técnico donde separó la correlación de la causalidad entre el bienestar psíquico y la aparición o remisión de patologías oncológicas sistémicas. Leer más

Plan retorno del Domingo de Resurrección causa congestión en los accesos sur y norte de Bogotá: así se encuentra la movilidad

La presencia de embotellamientos y condiciones climáticas adversas dificultan la circulación, mientras equipos policiales y personal técnico refuerzan la asistencia en los puntos críticos para facilitar el desplazamiento de miles de automóviles

Cartas de lectores: Nubes, causa YPF, afrenta

NubesAsí es. Con increíble torpeza, sin ser consciente de la importante ayuda que da; Milei se puso al frente de la campaña del horadado PJ. Caso $LIBRA, Adorni, pujas internas, rotación continua de funcionarios, agravios, etc... han corrido a Kicillof y a la presa Cristina Kirchner del desgastante esfuerzo, de juntar la tropa y volver al poder. Mientras, los ciudadanos de a pie contemplamos azorados lo cerca que está 2027.¿Está Milei a tiempo de ser la bocanada de aire fresco que voté? Sí, claro. Aunque el cielo, tiene muchas nubes....José Azpiroz CostaDNI 10.306.873Causa YPFEl presidente Milei, en su discurso, por cadena nacional, con motivo del fallo en la causa YPF, atribuyó el éxito alcanzado, consistente en el rechazo de la demanda promovida por el grupo Burford a "â?¦la pericia jurídica, política y diplomática del equipo del gobierno." (Sic), nombrando a varios funcionarios. Resultó penoso que omitiera mencionar al Dr. Bernardo Saravia Frías quien, en su calidad de Procurador del Tesoro de la Nación -cargo que desempeñó durante los años 2017/19, durante el gobierno del ingeniero Mauricio Macri- participó activamente en la defensa de la Argentina en el referido pleito, en los tribunales de los EE.UU., fijando y desarrollando argumentos centrales tales como la primacía de la ley de expropiación sobre el estatuto de la empresa que fueron claves para el resultado exitoso final habido. Reconocer méritos alcanzados por quienes no integran el gobierno que se preside no significa una muestra de debilidad, sino que no hacerlo constituye un acto de deslealtad impropio de quien debe aspirar a ser un estadista. Con el mayor de los respetos, ya que el Dr. Milei acude a las "fuerzas del cielo", cabe recordarle que es dable "Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios".Roberto A. Meneghinidr.meneghini@hotmail.comFalta de respeto Reveladora imagen la de los gobernadores Kicillof, Melella y Quíntela quienes junto a la diputada Moreau, se ubicaron delante de los veteranos de Malvinas, verdaderos protagonistas del evento, aprovechándose de un acto conmemorativo para sus propios intereses partidarios. Una falta de respeto a los héroes que nos honraron en aquella guerra y a los que debemos agradecimiento eterno. Adriana de la Canal DNI 6.522.747AfrentaHe leído con indignación, que la banda del Regimiento de Granaderos, formada como para un acto oficial, se presentó en la Casa Rosada para interpretar la música favorita de Karina Milei en homenaje a su cumpleaños. Esa histórica banda cumple funciones protocolares fundamentales en Argentina: ejecuta música en ceremonias oficiales, visitas de Estado y desfiles, participa en el cambio de guardia de la Casa de Gobierno y en la custodia de los restos del General San Martín en la Catedral. Su intervención en un festejo de cumpleaños constituye una afrenta a su historia y un apartamiento de su misión.Marta AcuñaDNI 4.957.970Derechos cercenadosLas claras normas del artículo 107 inc. g de la ley 24.566, de los artículos. 14 y 17 de la Constitución Nacional, la contundente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación seclarando la inconstitucionalidad de artículo 19 inc.4 del C.P. (caso Guerrieri de octubre de 2025 declarando el carácter patrimonial del retiro) y, por último, la violación de un principio general del Derecho de que las decisiones siempre deben ser pro homine, me sugieren las siguientes reflexiones: sobre las resoluciones judiciales o administrativas, que cercenan los derechos al retiro de los condenados con sentencia firme en los delitos de lesa humanidad, opino que semejantes decisiones podrían constituir delito de prevaricato art.269 2do. párrafo del C.P. (las judiciales) o abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público art. 248 del C.P. (las administrativas).Ante esa posibilidad, el tema debería ser objeto de estudio por el fiscal competente que correspondiere.Silvia E. MarcotullioDNI 9.999.644AbusosVarios lectores se han ocupado sobre el tema, pero como vecino siento la necesidad de insistir. Me refiero a la ocupación de la vereda de la calle Rodríguez Peña casi Guido en correspondencia con la Embajada de Rusia. La han vallado desde hace tiempo con rejas metálicas obstruyendo la vereda, dejando apenas una pasarela que deja un espacio exiguo y peligroso para la circulación peatonal, máxime teniendo en cuenta el tránsito vehicular y de colectivos que pasan por esa calle. Me parece un abuso por parte de la embajada que las autoridades deben subsanar para bien de los vecinos transeúntes y vehículos. Considero que es un verdadero abuso.Del mismo modo se ocupan veredas y un andarivel de circulación vehicular que está destinado a estacionamiento, por parte de restaurantes y bares como extensión de sus locales. Son construcciones completas que obstruyen el tránsito y molestan a todo el vecindario. En algún momento con motivo de la pandemia pudo justificarse pero en la actualidad no tiene razón de continuarse. Es otro caso claro que afecta a los vecinos y las autoridades de CABA deberían resolver.Eduardo FirvidaDNI 4.305.435RezoEn esta Semana Santa que estamos transitando, les propongo a cada uno de los argentinos que recemos por alguien en particular -y entre todos por nuestro país-, y de esta manera recordar y homenajear a nuestro querido papa Francisco, que pidió desde el inicio de su pontificado: "Recen por mí". Miguel Martin y Herrera DNI 14.525.621En la Red Facebook2 de abril: a 44 años del comienzo de la guerra de Malvinas "Gloria y honor... Nuestros verdaderos héroes son los veteranos y caídos en Malvinas"-Graciela Catalina Chaffer "Q.E.P.D Nuestros héroes-Claudio Moreno "Honor a los soldados que combatieron en las islas Malvinas" -Luis Pedro Porcel

Maniobra de Tapia y Toviggino para zafar de la causa por evasión: decían que no había delito, pero ahora proponen pagar para evitar una condena

La defensa del tesorero planteó hacer una reparación integral del daño que está cumplida porque la entidad regularizó la deuda.El juez en lo Penal Económico Diego Amarante comenzó a tramitar ese planteo.Alberto Fernández uso ese artilugio para zafar de la causa de la foto de Olivos.

Un mes después del suceso de El Bocal de Santander: una causa judicial y precinto de zonas

Luis Armella se declaró incompetente y envió a Zárate-Campana la causa por el manejo de fondos de la AFA en el exterior

El expediente pasó al juez Adrián González Charvay, que ya concentra varias investigaciones sobre la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia. Leer más

Zdero pidió "sacar a Malvinas de la rutina" y llamó a convertir la causa en una política activa en Chaco

En el acto central por el 2 de abril en Cote Lai, el gobernador cuestionó los homenajes formales y planteó la necesidad de transformar la memoria en acciones concretas. Leer más

AFAgate: el juez Armella le derivó la causa a su colega González Charvay, como pretendían Tapia

Claudio "Chiqui" Tapia lo hizo. Su estrategia judicial, de concentrar todas las causas contra la AFA en el juzgado federal de Campana de Adrián Gonzalez Charvay, se concretó. Al menos, por ahora, hasta que la Cámara Federal de Casación decida si ese será el destino final de los expedientes o si deben regresar a la justicia de la Capital Federal.Es que hoy el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, se inhibió y envió a González Charvay en Campana una parte de su expediente donde investigaba a la AFA por supuesto fraude por transferencias a empresas fantasmas de 300 millones de dólares cobrados en Estados Unidos.Lo mismo hizo la semana pasada la jueza de instrucción Paula Petazzi, que llevaba una denuncia similar de fraude, realizada por el agente FIFA Guillermo Tofoni. Petazzi también se había declarado incompetente y enviado el expediente a Campana, a solicitud del propio juez González Charvay.Tofoni apelará la medida de Petazzi, aunque la fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, en su dictamen se mostró favorable a que la causa vaya a Campana. "La inhibitoria requerida no sólo obtura la persecución penal múltiple, sino que también favorece a la correcta y más rápida administración de justicia, sin poner en riesgo los demás tramos de la amplia hipótesis delictiva que persigue esta causa", escribió.Estas dos causas de fraude por supuesto desvío de unos 300 millones de dólares cobrados por la AFA en los Estados Unidos que involucra al empresario Javier Faroni y su mujer, se suman el expediente que ya está en Campana donde se averigua quiénes son los verdaderos dueños de la mansión en Pilar, que se le adjudica a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.Se sospecha que esa quinta, valuada en 20 millones de dólares, es producto del lavado de dinero. La quinta se trataría del bien adquirido con el dinero producto del fraude, que está ahora a nombre de supuestos testaferros, en la hipótesis fiscal. Este juzgado de Campana es donde la AFA quiere que queden todos sus expedientes, pues piensa que le irá mejor allí que en otras jurisdicciones. Apuesta a que el juez los favorezca.La última palabra de todos modos la tiene la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces de Casación, Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky, deberán resolver si el caso, donde se investiga a los verdaderos dueños de una mansión de Pilar valuada en 20 millones de dólares, tramita en Campana con el resto de las causas o si lo hace en la justicia federal porteña o en la penal económico de la Capital Federal.Esta decisión de competencia seguramente arrastrará al resto de las causas contra la AFA.Pero la definición de la Cámara de Casación se viene demorando. Se aplazó una audiencia citada para esta semana porque Elisa Carrió pidió apartar a la jueza Ledesma. Y por otro lado, los propios denunciados pidieron aplazarla porque hay un recurso extraordinario en trámite.Asimismo, el fiscal ante la Casación, Mario Villar, advirtió que el inicio de la causa de Campana se realizó mediante un mail, sin denuncia ni requerimiento fiscal, lo que permite que el acusado elija al juez que lo investiga.Todo esto será resuelto por los jueces de la Cámara de Casación en por lo menos dos semanas, ya que la actividad judicial se aplazó por las Pascuas y el Pesaj.En la causa de la Quinta de Pilar, Luciano Pantano aparece como dueño de la mansión. El imputado es un monotributista que fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown.Figura -con su madre,Ana Conte- como propietario de la sociedad Real Central SA, dueña del predio de Villa Rosa, con helipuerto, pista ecuestre, pileta, gimnasio y un galpón con 45 autos de colección y de alta gama. Ahora, los jueces Armella y Petazzi resolvieron acumular en Campana a ese expediente los casos por lavado de activos y uso de sociedades "fantasma" en el exterior.El centro del escándalo radica en un presunto "despojo total para la AFA de alrededor de 300 millones de dólares".Según la hipótesis que unifica los expedientes, la cúpula directiva integrada por el presidente y su tesorero Toviggino, en presunta complicidad con Érica Gabriela Gillette y Javier Horacio Faroni, habrían orquestado maniobras de vaciamiento mediante la sociedad estadounidense TourProdEnter LLC.Esta firma fue contratada para gestionar de manera exclusiva la comercialización de partidos amistosos, derechos y patrocinios de la Selección Nacional. A cambio, la empresa retenía una comisión del 30% que "no tendría justificación alguna" y oficiaba como vehículo para canalizar el dinero hacia sociedades fantasma radicadas en el extranjero, evitando que los fondos millonarios ingresaran a las cuentas oficiales y balances de la AFA, de acuerdo con la hipótesis bajo investigación.El argumento por el cual Armella envió esta causa a la justicia federal de Campana es que entendió que existe una clara relación "objetiva y subjetiva" entre ambos hechos.Ambas causas convergían en investigar el accionar de la firma estadounidense TourProdEnter LLC, de Érica Gillette y Javier Faroni, y el presunto desvío de fondos hacia sociedades "fantasma" en Florida, Estados Unidos. Asimismo, ambas pesquisas apuntaban a dilucidar la licitud de los pagos realizados por la AFA a la empresa Real Central S.R.L. y el rol de sus directivos, Luciano Pantano y Ana María Conte.Resaltó que de continuar con una instrucción paralela sobre los mismos sucesos, se afectaría la garantía constitucional que prohíbe la doble persecución por los mismos hechos y se corre riesgo de dictar sentencias contradictorias.Tras destacar que se trata de un asunto de economía procesal y optimización de recursos, resaltó el antecedente de la jueza Paula Petazzi y el aval de la fiscal Incardona.

La causa de la AFA y la interna del Gobierno le abren la puerta a un elefante: el escándalo de las siras

Las causas de la AFA y la interna del Gobierno acaban de entreabrir la puerta de un escándalo que permanecía cerrada desde 2023: los presuntos pagos de coimas a funcionarios para importar a pesar del cepo, durante la gestión de Alberto Fernández. El tema, que había sido desestimado entonces por un fiscal, vuelve ahora a sede judicial gracias a una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra dos empresas entre cuyos accionistas figura Ignacio Jakim, un abogado ligado hace tiempo a la entidad de Viamonte.Las sociedades involucradas son Start SA, minorista del sector de la electrónica, e Intermaco SRL, mayorista, ambas integradas por Jakim y otros dos socios, Nicolás Osta y Esteban Jorge Isorna. Se las acusa no sólo de operaciones irregulares con los permisos para importar, sino también de haber retenido aportes a la seguridad social, el mismo delito por el que en otra causa se investiga a la AFA. La denuncia cayó en el juzgado de Luis Armella, que imputó a Jakim y a Osta.Hasta ahora, el tema venía siendo un tabú. Avanzaban a paso lento otras investigaciones incluidas en el universo de la AFA, como las de compras de dólares oficiales al Banco Central y operaciones de cuevas y bancos. Pero no la de las importaciones, probablemente de un flujo de fondos bastante mayor. Y eso que ya en 2023 había rumores en todo el establishment económico, principalmente originados en despachantes de Aduana y empresarios, que daban cuenta de pagos de entre el 5 y el 20% a gestores o funcionarios para facilitar esos permisos en medio de una restricción generalizada que todavía tiene consecuencias macroeconómicas. Hasta que lo cambió Javier Milei, el acceso a los dólares para importar se hacía a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un mecanismo electrónico que Sergio Massa instrumentó desde 2022, no bien asumió en el Ministerio de Economía, y que otorgaba la autorización en función de la capacidad económica y financiera de las empresas que la requerían. El proceso, en el que participaban la AFIP, la Secretaría de Comercio y el Banco Central, nunca tuvo un criterio explícito y quedó en muchos sospechado de discrecionalidad. Cuando terminó aquel gobierno, la deuda impaga a importadores era de unos 45.000 millones de dólares, casi la mitad de todas las importaciones del país en 2023.Un repaso de los números durante el último año de la gestión Massa deja entrever qué puede haber desencadenado las denuncias contra estas dos empresas que, dicen en la industria de la informática, siempre tuvieron una buena relación con la Secretaría de Comercio de aquel entonces, conducida por Matías Tombolini. En 2023, según cifras del Indec y como consecuencia del cepo, las importaciones generales cayeron en la Argentina casi un 10% respecto de 2022 y más del triple en el sector de informática, donde se desplomaron más del 30%. Pero hubo empresas que tuvieron la fortuna de acceder a divisas para seguir importando. Entre ellas, Start, constituida en 2021, que tuvo un apogeo en los dos años siguientes y cayó en crisis con Milei: entró en 2025 en concurso preventivo y tuvo que cerrar unos 30 locales en todo el país. Según la plataforma privada Veritrade, Start, que operaba entonces con otro nombre, Omnichannel SA, importó muy poco en el año de su nacimiento, apenas 662.688 dólares. Pero dio un salto astronómico en 2022, cuando pasó a importar por 18,3 millones de dólares (+2664%). En 2023, su mejor año, casi cuadruplicó esas operaciones y llegó a 77,8 millones (+325%), mientras el resto de la industria se resignaba a una caída superior al 30%. El panorama cambió para mal en 2024, ya a tono con la tendencia del sector, y las importaciones de Start cayeron 48%: se ubicaron en los 40 millones de dólares.La situación de Intermaco SRL fue bastante similar. Integrada por los mismos accionistas que Start, tuvo importaciones fuertes un año antes que su par minorista, en 2021, cuando registró 33 millones de dólares de compras externas. Pero las subió todavía más en 2022, hasta los 72 millones (+118%), y otro 8% en 2023, a 78 millones. En ese caso, con la llegada de Milei, sus importaciones directamente se desplomaron: bajaron 86% en 2024, hasta los 10,6 millones.LA NACION intentó, sin éxito, comunicarse con Jakim. Sí logró ubicar a Osta, que dijo no estar al tanto de la causa y agregó que ya no formaba parte de las sociedades. En el expediente ambos figuran como imputados.Es interesante analizar el recorrido y la oportunidad de esta denuncia a la luz de las causas en la AFA, que se desencadenaron a partir de noviembre del año pasado, y principalmente de la interna del gobierno de Milei. La primera noticia de la investigación, que surgió de la ARCA y fue publicada por Clarín e Infobae, se conoció el 2 de febrero pasado, un mes antes de la asunción de Juan Bautista Mahiques, que llegó al Ministerio de Justicia respaldado por Karina Milei y los Menem. Mahiques no sólo tiene una trayectoria ligada a la AFA, sino también una vieja relación personal con Jakim, a quien reconoció días atrás como amigo. Jakim fue además en 2020 el abogado de Pablo Toviggino en un litigio que el tesorero de la entidad de Viamonte tuvo con Atlanta y San Martín de Tucumán por los ascensos durante la pandemia. E integra además el estudio Vidal, Jakim & Helfer, que trabajó con la Liga de Fútbol de Salto en el primer recurso de amparo favorable a la AFA en 2024 contra el decreto 70 del Gobierno, que abría la posibilidad de las sociedades anónimas en los clubes. ¿Hay que interpretar la difusión de la noticia en la pelea que ese sector del Gobierno tiene con el asesor Santiago Caputo, de decisiva influencia sobre la ARCA, organismo denunciante? Es una pregunta cuya respuesta seguramente decantará el tiempo. La primera filtración del tema puso más el acento en las supuestas operaciones con siras que en la retención indebida de aportes a la seguridad social, que es hasta ahora la única imputación concreta que se les hace a los involucrados en el expediente. Fuentes judiciales no descartan, con todo, que aparezcan nuevos cargos por presuntos sobornos.El paso dado por la ARCA descongela un tema espinoso, la investigación de las importaciones que nunca prosperó. En diciembre de 2023, por pedido del fiscal Eduardo Taiano, que no encontró pruebas suficientes, el juez Julián Ercolini cerró la primera causa. Y después no hubo noticias. Terminaron en la nada, por ejemplo, dos pedidos de informe de la diputada radical Karina Banfi, al igual que el contenido de un sobre con una denuncia anónima que, silencioso, entró una noche en el despacho de otro diputado. Escrito en lenguaje inclusivo, el texto daba detalles sugestivos. Hablaba de un departamento alquilado el 24 de marzo de 2024, ubicado en el 8° B de la esquina de Dorrego y Cabildo, y del que un testigo sin nombre decía haber visto entrar y salir funcionarios con bolsos y valijas carry-on. "Lamentablemente, no tengo pruebas, pero sí fuertes sospechas de que a ese inmueble lo usan de bóveda. Por lo que me contaron, es un departamento monoambiente y pusieron sistema de seguridad, puerta blindada y cerramiento en el o los balcones", agregaba. El diputado en cuestión se lo acercó a Taiano el 25 de octubre de 2023, tres días después de la primera vuelta electoral que ganó Massa. El fiscal lo leyó, pero lo desestimó con el argumento hacía su trabajo a partir de fuentes anónimas. El juez Armella y otra fiscal, Silvia Cavallo, deben ahora determinar si han aparecido elementos capaces de aportar algo de claridad o, por el contrario, todo sigue en la nebulosa.

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Bernardo Saravia Frías: "Los argumentos en la causa YPF se mantuvieron durante más de una década"

CÓRDOBA.- El exprocurador del Tesoro durante la administración macrista, Bernardo Saravia Frías, tuvo un rol fundamental en la estrategia jurídica argentina en la causa por YPF. Sobre el fallo a favor del país de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, afirma que "es liberarnos de una espada de Damocles". El impacto se proyecta sobre el acceso al financiamiento y el "buen nombre" del país. Dialogó con LA NACION en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde estuvo invitado a disertar sobre el tema. A lo largo de la charla, destacó que el fallo pone en primer plano un aspecto menos visible, pero decisivo: la continuidad técnica en la defensa jurídica. "Cuando uno piensa en política de Estado es una secuencia de conductas repetidas en el tiempo", explicó.-¿Quién es el padre del triunfo en la causa YPF?-El gobierno nacional hace muy bien en festejar. Este es un momento de enorme alegría para la Argentina por muchas razones. Había US$16.100 millones en juego, más intereses. Había una orden judicial en ejecución que ordenaba entregar el 51% de las acciones que el Estado ostenta en YPF y existía además el riesgo cierto de que YPF pudiera ser incluida nuevamente en la causa en el nivel de la Cámara. Estas tres situaciones, si uno toma en cuenta el conflicto que hay en Medio Oriente y el valor que tienen hoy los commodities de energía, le dan todavía más preponderancia al resultado de esta sentencia. Es realmente liberarnos de una espada de Damocles. Es un alivio muy grande y tiene una proyección con muchísimas consecuencias que van desde el afecto hasta el financiamiento.-¿Ayuda a acceder a los mercados voluntarios de crédito?-El prestigio internacional del país se traduce en el acceso al mercado internacional, no solamente como un limitante del riesgo país. Hay un condicionante también en este tipo de juicios pendientes. Es positivo para el Estado argentino en ese sentido y también para las compañías privadas que emitan en el exterior. Impacta en la política energética del país, impacta en el acceso al mercado de crédito internacional y en el prestigio del país, en su buen nombre.-El Gobierno tiene para festejar, pero ¿hubo una 'política de Estado' en los planteos jurídicos de la Argentina?-Este es un juicio que tiene más de 10 años y desde su origen hasta hoy pasaron muchas cosas, pero los argumentos se mantuvieron siempre. Y este es un mérito muy grande, sobre todo de la abogacía del Estado, de los abogados del Estado que han defendido esta causa a lo largo del tiempo. Cuando uno piensa en política de Estado es una secuencia de conductas repetidas en el tiempo y, en el caso de un juicio, es mantener argumentos. Es decir, lo que tiene que hacer un abogado en este tipo de juicio â??y es central desde el principio hasta el finalâ?? es no contradecir los argumentos, no abandonarlos y fortalecerlos cuando se pueda. Y la verdad es que acá, desde que se trabó la litis, cuando se estableció el marco de discusión del juicio, esos argumentos son los que dominan. Lo que está allí es lo que hay. No se puede agregar otra cosa. En todo caso, se puede abandonar un argumento, pero no agregar nada nuevo. Por eso es fundamental la oportunidad y la consistencia de los argumentos en el origen, pero también mantenerlos en el tiempo. Y esto es lo que ocurrió a lo largo de 10 años. Es tan importante esto que dos de los argumentos fijados en 2019 son los que fundaron la sentencia de Cámara.-¿O sea, los argumentos de los abogados del Estado superaron la ideología? ¿Estuvieron por encima de las declaraciones de cada gobierno?-Sí. Y esa es la magia de la política de Estado y ojalá esto irradie. Una política de Estado es como establecer un nuevo estilo. Un estilo, en griego, es "columna": es un nuevo pilar sobre el que se asienta un asunto, y lo de YPF se asentó sobre una columna. La defensa de este juicio es el caso más claro y representativo de una política de Estado en la Argentina, que demuestra que es posible.-¿Hay otros casos, otros antecedentes tan claros en juicios importantes de la Argentina?-Si uno mira los juicios, que fueron muchos, sobre todo a partir de 2002 en adelante, en foros internacionales como el CIADI del Banco Mundial o en el ámbito de Nueva York, ninguno tuvo esta característica. En tiempos del gobierno kirchnerista los juicios se defendían con menos sustento jurídico y más sustento político. Y era un error estratégico encarar así la defensa. Y la razón es que un juez en el foro de Nueva York, especialmente â??pero también en el CIADIâ??, no escucha tanto ni mira los argumentos políticos: atiende los argumentos jurídicos. No se está litigando a nivel local, se litiga a nivel internacional. Esa posición trajo aparejadas muchas complicaciones que derivaron, incluso, en un debilitamiento de la posición argentina en el juicio de YPF. Hay que tomar en cuenta que la jueza (Loretta) Preska hereda todo de (Thomas) Griesa. Y ese juzgado tiene toda la historia de los litigios contra la Argentina durante más de 10 años. Ella conoce todos estos casos y conoce, en particular, la historia argentina. Y, a la hora de tomar una decisión, ese conocimiento tuvo una injerencia: no hay solamente un razonamiento jurídico.-Sobre ese punto, en estos días Axel Kicillof plantea que la Cámara siguió su argumento de que la ley de expropiaciones estaba por encima del estatuto de YPF, ¿es así?-La Cámara toma, para fallar, dos argumentos: uno de derecho privado y otro de derecho público. Para tomar esos argumentos, su antecedente más inmediato es la declaración de dos testigos expertos, dos juristas argentinos: Rafael Manóvil para el privado y Alfonso Santiago para el público. Hay que recordar que esta causa parte de una anomalía. La anomalía es que es un juez americano aplicando Derecho argentino. Entonces, un juez que tiene una tradición jurídica debe aplicar una ley que responde a lo que se llama Derecho Continental Europeo. Son dos culturas jurídicas diferentes: en la estadounidense lo más preponderante es el contrato, mientras que en el Derecho Continental Europeo â??que es nuestra tradición jurídicaâ?? el Estado tiene preponderancia en su accionar. Estas dos culturas jurídicas que se oponen se reflejan mucho en la decisión de primera instancia. La Cámara revierte un poco esto en el sentido de que revisa la aplicación de la ley argentina que hizo la jueza y toma dos argumentos centrales de los dos testigos. En cuanto al derecho privado, analiza la ley de sociedades y dice que el estatuto de YPF es un contrato. El argumento del demandante es que se violaron dos artículos de ese contrato, el 7 y el 28, que establecían que si el Estado argentino tomaba el control de más del 48% de las acciones tenía que hacer una oferta pública al resto de los accionistas. Ese es el núcleo de toda la sentencia y la decisión. La Cámara sostiene que es un contrato, pero un contrato plurilateral, ya que hay un marco que regula el funcionamiento de la sociedad, que además es una persona jurídica. Esto genera una enorme diferencia. Es decir, si hay un desacuerdo de un accionista con una decisión tomada por la sociedad, tiene que impugnar la resolución asamblearia y, dentro de los tres meses, iniciar la acción judicial. Ese procedimiento â??dice la Cámaraâ?? no se cumplió, con lo cual se perdió el derecho a reclamar. Ese es el razonamiento del derecho privado. El del público es que esto nace de una expropiación, con lo cual toda esta discusión está atravesada por el Derecho Público argentino.-¿Es lo que dice Kicillof?-Lo que dice es que esto funciona porque tiene un origen en la Constitución Nacional, que reconoce al Estado una actuación soberana para expropiar. Hay un procedimiento para eso. Es una facultad soberana con reflejo constitucional. La Cámara no se expide sobre la legalidad o validez de la expropiación, no emite un juicio de valor sobre la forma en que se hizo y lo deja claro. Más bien sugiere que no habría estado bien hecha y que eso tiene consecuencias negativas para el país, pero sí admite que la ley de expropiaciones aplica en esta causa.-No puede avanzar sobre la expropiaciónâ?¦-No, eso está fuera de su alcance. Lo que dice la Cámara es que un artículo de la ley de Expropiación impide iniciar una acción que le quite eficacia al proceso expropiatorio o lo entorpezca. La sentencia por US$16.100 millones y su ejecución â??que obliga a entregar el 51% de las accionesâ?? está entorpeciendo la expropiación llevada adelante por el país y eso, bajo la ley de expropiaciones, no se puede. Con lo cual, subsidiariamente, tampoco podría iniciarse una acción porque esa ley lo impide. No emite opinión sobre la responsabilidad en un doble sentido: si la expropiación se llevó adelante de manera correcta en su forma y en su sustancia. Esa es una discusión que tenemos pendiente en la Argentina. La segunda va un paso más atrás: ¿cómo se originó todo esto? Es decir, cómo un grupo que no tenía ningún antecedente petrolero de repente llega a detentar el 25% de las acciones de la empresa más importante de la Argentina.-La fuerte caída de acciones de Burford después del fallo, ¿descuenta que hay pocas chances de que tenga éxito en la Corte Suprema?-Sí. Burford tiene cinco caminos. Más que caminos, son senderos muy estrechos con un precipicio. Lo que antes tenía la Argentina ahora lo tienen los demandantes. El primero es el tratamiento en banc, juntar a todas las cámaras de Estados Unidos. Es altamente extraordinario y se da muy pocas veces. Otro es un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, muy limitado si se considera que recibe entre 80.000 y 100.000 casos por año y toma menos del 1%. Tal vez la discusión sobre filosofía del derecho le dé alguna chance, pero, a mi modo de ver, es remota. La tercera posibilidad es iniciar un juicio arbitral ante el CIADI, porque Petersen es una sociedad radicada en España y eso está protegido por el Tratado Bilateral de Inversión entre la Argentina y España. También abarca a otro demandante, Iton. Hay un doble problema: prescripción y, en el caso puntual de Petersen, personería. El cuarto es el reclamo contra Repsol, que surge del propio fallo; fue la que cobró la indemnización original de US$5000 millones (hoy unos US$11.500 millones con intereses). Y el quinto, iniciar un reclamo en la Argentina, algo muy raro.-Es decir, ¿puede terminar acá?-Sí, puede terminar acá.-Volviendo a los abogados del Estado argentino, ¿lograron sostenerse pese a los cambios de administraciones? ¿Cómo?-Sí, son abogados de la Procuración del Tesoro, principalmente del Ministerio de Economía. Tiene que ver con la burocracia estatal bien entendida y respetada, como en el caso de Brasil. Esto en la Argentina funciona y este es el caso más claro. La política de Estado es posible cuando hay una burocracia buena, estable y meritocrática.-¿Cuánto pesó la relación de Trump con Javier Milei en este fallo?-Hubo un trabajo importante de la diplomacia argentina y hay que mirarlo en términos de Estado. Acá hay una relación entre Estados que va más allá de las personas y esa relación fue una referencia en este juicio. Cualquier juez hoy en Estados Unidos presta atención a lo que está pasando, sobre todo en el ámbito del derecho internacional público. Hay una transformación en el Derecho Internacional Público que está quedando en evidencia. En el caso del vínculo con la Argentina, hay dos expresiones jurídicas relevantes: el apoyo financiero de Estados Unidos por US$20.000 millones y el acuerdo de comercio e inversión suscrito. También se expresó en una presentación del Departamento de Justicia apoyando la posición argentina en primera instancia en lo que respecta a la ejecución de la sentencia.-¿El de YPF es el último gran juicio que afronta la Argentina a nivel internacional?-Hay un juicio por el ajuste del cupón PBI, también derivado de Kicillof, pero es menor al lado de esto. Este era un juicio muy grande, muy importante.

Causa Nisman: el fiscal Taiano pidió el procesamiento de Viviana Fein por encubrimiento agravado

Lo hizo en un dictamen entregado al juez de la causa, Julián Ercolini, quien tiene que decidir la situación de la fiscal ya jubilada acusada por el descontrol en la escena de la muerte de Alberto Nisman

Shakira sigue sumando apoyos en el Salón de la Fama del Rock N' Roll: una actriz hollywoodense se sumó a la causa

La barranquillera se mantiene entre las más votadas y se perfila para ser la primera artista latina femenina en ingresar al prestigioso grupo

Taiano pidió el procesamiento de Viviana Fein por encubrimiento agravado en la causa de Nisman

El fiscal denunciado por mal desempeño en la causa $Libra avanzó contra la exfuncionaria judicial. Le adjudica intencionalidad en tapar a los autores de un delito que no se sabe si existió ni quién lo habría cometido.

El impacto del aislamiento de Milei en la causa Malvinas

El distanciamiento con el mundo que el gobierno libertario promueve llevó a que Londres y Brasilia firmen un acuerdo de asociación estratégica. "Hoy nos llevamos mejor con el gobierno laborista británico que con la Casa Rosada", dicen en Itamaraty.

AFA: la justicia federal de Campana se quedó con la causa por desvío de dinero a través de TourProdEnter

Es la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette que tenía exclusividad en las gestiones comerciales de la entidad deportiva en el exterior. Tres jueces estaban investigando el caso al mismo tiempo

Diputados de la oposición denunciaron al fiscal de la causa $LIBRA por mal desempeño de sus funciones

Ocho diputados de la oposición denunciaron por presunto mal desempeño al fiscal de la causa $LIBRA, Eduardo Taiano, que lidera la investigación desde su origen, en febrero del año pasado, y que se convirtió en blanco de críticas, especialmente tras las revelaciones surgidas del celular del lobista Mauricio Novelli.La presentación fue realizada ante el procurador Eduardo Casal, jefe de todos los fiscales, y lleva la firma de Sabrina Selva (UP), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Juan Marino (UP), Itai Hagman (UP), Rodolfo Tailhade (UP), Esteban Paulón (Socialismo), Julia Strada (UP) y Mónica Frade (Coalición Cívica). Todos ellos integraron la extinta comisión que, con la asistencia de expertos en materia cripto, investigó el caso $LIBRA en el Congreso. En el escrito, los diputados señalan a Taiano como responsable de una injustificada "secuencia de demoras" y solicitan al procurador Casal la apertura de un sumario disciplinario. "La breve reconstrucción cronológica de los hechos -advierten- permite advertir un patrón de conducta caracterizado por demoras injustificadas, que pueden afectar el debido proceso". Un eje de los cuestionamientos es el manejo que hizo el fiscal Taiano del teléfono de Novelli, secuestrado hace un año. Señalaron los diputados que "recién en septiembre" de 2025 el fiscal ordenó analizar el material extraído y que algunos avances del peritaje fueron ocultados a las querellas. "El peritaje completo habría finalizado el 7 de enero de 2026, sin que ello se tradujera en un impulso efectivo en la investigación", apuntaron. Los diputados ya habían manifestado su descontento respecto a la marcha del expediente en una reunión con el procurador Casal, en octubre pasado, pero los elementos que surgieron del peritaje realizado sobre los dispositivos de Novelli, que se conocieron en marzo, agitaron el malestar. Uno de los elementos más resonantes de ese peritaje es la gran cantidad de contactos cruzados que hubo entre Novelli y el presidente Javier Milei en los minutos previos y posteriores al lanzamiento del activo digital, el 14 de febrero de 2025. Novelli se encontraba con el creador de la moneda, Hayden Mark Davis, en Estados Unidos. Los diputados sostuvieron en el texto que, pese a la existencia de elementos que sugerían "acuerdos económicos relevantes", comunicaciones entre los principales involucrados e indicios de coordinación antes y después de los hechos, el fiscal no adoptó medidas "sustanciales" para avanzar en la "determinación de responsabilidades".El caso $LIBRA comenzó a tramitarse en el juzgado de María Servini, pero en septiembre del año pasado, en un giro llamativo, Ariel Lijo firmó la incompetencia mientras subrogaba ese juzgado y el expediente pasó al de Marcelo Martínez de Giorgi, en el marco de una causa más amplia que investigaba presuntos cobros irregulares por parte de Karina Milei.Los diputados opositores ponen como ejemplo de demora que el fiscal Taiano no citado nunca a declarar como testigo al prestigioso platero Juan Carlos Pallarols, que dijo públicamente que Karina Milei le pidió 2000 dólares para comer con su hermano. La labor del fiscal siempre estuvo bajo la lupa de los dos grupos de querellas que forman parte del caso -uno, de hecho, intentó correrlo de la investigación-, pero quedó bajo asedio definitivo el 6 de marzo, cuando la abogada Natalia Volosin publicó una nota en su portal con información sensible de los peritajes que no estaba aún reflejada en el expediente.DefensaEl fiscal Taiano se defendió de las críticas a mediados del mes de marzo con un inusual comunicado en el que marcaba que los avances del caso que se conocían por aquellas horas eran producto de su labor como investigador. "Quiero aclarar que la investigación avanza y eso es gracias a mi responsabilidad", dijo el fiscal en el texto. "Cabe destacar -agregaba- que gracias a la labor de la Fiscalía se realizaron allanamientos que culminaron con el secuestro de dispositivos electrónicos, para luego ordenar la apertura de los teléfonos, tarea que fue encomendada a la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP)".Además del registro de llamadas -que alcanzaba también a Karina Milei y al asesor Santiago Caputo-, del peritaje surgió el borrador de un presunto acuerdo por 5 millones de dólares y otros elementos que hablaban del vínculo previo de Milei con Novelli.Esa combinación puso en duda la explicación ofrecida por el Presidente tras la explosión del caso. En un tuit, había afirmado que no estaba familiarizado con los detalles del proyecto, y en una entrevista televisiva, que promovió la moneda solo después de que esta se hubiera hecho pública.