La exprimera dama aspiraba a llegar a la Corte Suprema para que se rechace el cambio de juez, pero no logró aval de Casación Penal. De esta manera, Julián Ercolini continuará apartado tras la recusación que le efectuó Alberto Fernández.
La investigación por los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi sumó el arresto de un hombre de 42 años, acusado de haber participado en la planificación de la masacre. La Justicia todavía busca a tres fugitivos. Leer más
Un imputado intentó apartar al juez Adrián Basso, pero fue ratificado en el cargo por sus superiores. Pedían que se sortee otro magistrado porque ya participó del primer debate oral, en el que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner
La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de la querella de Fabiola Yañez para llegar hasta la Corte Suprema para revertir el cambio de juez, que inicialmente era Julián Ercolini
El triunfo le valió al conductor y actor mexicano un premio que la producción estableció en 2 millones de pesos mexicanos
Los protagonistas de la presunta asociación ilícita que se abocó durante la gestión de Diego Spagnuolo a expoliar decenas de miles de millones de pesos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), también extrajeron fortunas de otras áreas del Estado nacional durante las presidencias de Javier Milei y Alberto Fernández, según reconstruyó LA NACION en base a registros oficiales, documentos tributarios y fuentes al tanto de la operatoria bajo sospecha.El entramado abarca a Miguel Angel Calvete y Federico Maximiliano Santich, dos empresarios que ya se encuentran bajo la lupa del fiscal federal Franco Picardi y del juez federal Sebastián Casanello. Pero incluye también a otros exfuncionarios, dueños de droguerías y exsocios y empleados de ambos que permanecen en las sombras, hasta ahora.La operatoria conjunta comenzó a gestarse durante la pandemia de Covid-19, cuando un amigo en común presentó a Calvete y de Santich, café de por medio. Pronto, el ida y vuelta entre ambos viró hacia la posibilidad de generar negocios con el sector público. ¿Y cuál fue el primero? Vender ortopedia e insumos médicos al Ministerio de Salud, en tiempos de Ginés González García. "Sillas de ruedas, con base en Villa Urquiza", recordó una fuente con conocimiento directo de la operatoria que accedió a dialogar con LA NACION bajo reserva de su nombre. "Tenían un ida y vuelta permanente con funcionarios de Salud, y con otros que respondían a la Casa Rosada, incluyendo colaboradores de Santiago Cafiero y Juan Manzur", precisó, en alusión a los jefes de Gabinete de Alberto Fernández.Durante aquellos años de cuarentena y confinamiento, Calvete y Santich también hicieron pie -y ganaron millones- con en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, y con la Dirección Nacional de Vialidad. Pero allí no pretendieron construir o reparar rutas o puentes, según reconstruyó LA NACION. Se concentraron en la provisión de "servicios".Santich operó esos negocios apoyado en varias empresas. Entre ellas, Profarma SA y Profusión Marketing SRL, a la que rebautizó Profusion SRL cuando en agosto de 2020 modificó su objeto inicial de consultoría informática y la destinó a "servicios relacionados con la salud humana". Ambas figuran en el dictamen que el fiscal Picardi presentó en noviembre para pedirle a Casanello que ordenara la indagatoria a Santich, y la detención e indagatoria de Calvete.En su dictamen, no obstante, Picardi no incluyó otras dos sociedades que Santich utilizó de manera intensiva para sus negocios durante los últimos años. Son Smart Medical Image SRL -más conocida como SMI SRL- (CUIT 30-71586218-9) y Prenor SAS (CUIT 30-71659647-4). Ambas, con la venta de instrumental y artículos ortopédicos como objeto social desde diciembre de 2020 y julio de 2022, respectivamente, según surge de los registros de ARCA.Tanto Smart Medical Image como Prenor quedaron bajo la supervisión directa de la mano derecha de Santich, Laura Poloni. "Ella era la que pedía todas las facturas, se encargaba de los pagos por todas esas sociedades y de los retiros de fondo", detalló una segunda fuente consultada por LA NACION.Por aquellos días, Santich dio un salto de calidad. Ocurrió cuando un interlocutor habitual, Kevin Pocovi, le abrió las puertas de la Andis a Calvete y a él. "Fue Kevin quien los presentó a Santich y Spagnuolo, y el resto es historia", ironizó una fuente con conocimiento directo de los negocios en diálogo con LA NACION. "El contacto se gestó desde las oficinas de la familia Pocovi en Torre Catalinas Plaza", abundó, en alusión al edificio ubicado a metros del cruce de las avenidas Madero y Córdoba de la ciudad de Buenos Aires.Consultados por LA NACION, junto a Spagnuolo aportaron datos complementarios. "Diego lo conoció a Kevin antes de la campaña, en 2021 o 2022", estimaron. "Y le presentaron a Calvete durante la campaña [presidencial de 2023], durante un acto".Cercano al diputado libertario Guillermo Montenegro, que supo ser operador de la vicepresidenta Victoria Villarruel, Kevin Pocovi aparece vinculado a tres sociedades comerciales. Y con una de ellas, Inversora Eslava SA, firmó con el PAMI un contrato de alquiler por 36 meses de un edificio en la calle Reconquista 46 de Buenos Aires, por más de $2700 millones en 2024, según surge del expediente oficial AA-EX-2024-66403307-INSSJP-GAEI.De criptomonedasâ?¦ a GarbarinoMedio hermano del hijo menor de Zulemita Menem, Kevin Pocovi es hermano de Alan Pocovi, otro investigado en la "causa Andis". El fiscal Picardi lo acusó de recibir pesos y dólares de Calvete y "otras personas que estarían vinculadas a ortopedias o firmas proveedoras de insumos" y abocarse a su posterior lavado a través de, por ejemplo, criptomonedas.Sin embargo, según relataron a LA NACION fuentes al tanto de los negocios de Santich, Calvete y otros protagonistas, el paso de los años y la acumulación de negocios con el sector público generó tal volumen de ingresos que los protagonistas de la operatoria bajo sospecha decidieron adquirir un centro de diagnóstico por imágenes en Quilmes, donde también financiaron las campañas de candidatos locales.Para entonces, Santich ya se movía en autos de lujo que compraba al contado con fajos de billetes. También abría una oficina en la calle Esmeralda 1080 de Buenos Aires con la meta de expandir sus operaciones. Por ejemplo, con Meridius SA (CUIT 30-71179868-0), una sociedad abocada a la venta al por menor de instrumental médico y productos ortopédicos desde enero de 2023, según consta en los registros de ARCA.Junto a Sergio Mastropietro, otro de los señalados por el fiscal Picardi como presunto lavador de las ganancias bajo sospecha del grupo a través de las firmas Baires Fly SA y Megastatica SAS, Santich y Calvete se ilusionaron con entrar y jugar en las ligas mayores. "Al final, estaban pasados de rosca", rememoró alguien que trató al trío durante años. "Estaban tan cebados que en un momento llegaron a decir que querían comprar la cadena Garbarino".
La actriz sorprendió al lucir la joya en pleno proceso de separación, generando todo tipo de interpretaciones entre sus fans
En la investigación surgieron sugerentes conversaciones con su padre, Miguel Calvete, acusado de lobista entre las droguerías y el organismo.
ROSARIO.- La caída en default de Vicentin en diciembre de 2019, en su momento la cuarta agroexportadora más grande de la Argentina, derivó en la gestación de escenarios judiciales en paralelo. Por un lado, el trámite del concurso de acreedores, que este jueves tuvo una novedad trascendente luego de que el juez Fabián Lorenzini resolviera otorgarle a Grassi SA, una firma rosarina dedicada al corretaje de granos, el control de la agroexportadora. Y por otro, se tramitó en la Fiscalía de Rosario una causa por defraudación contra 16 directivos de Vicentin, que fueron imputados por el entonces fiscal Miguel Moreno, actualmente magistrado de Cámara. En marzo pasado fueron detenidos cuatro integrantes del directorio, entre ellos Daniel Buyatti, expresidente de la compañía; Roberto Gazze, exgerente; Omar Scarel, otro extitular de la firma, y el contador Alberto Julián Macua."En desuso": el Gobierno acelera para desafectar del INTA a casi 34.000 hectáreasLos fiscales Moreno y Sebastián Narvaja consideraron que, a pesar de no formar parte de la conducción de Vicentin, los exdirectivos continuaron con la gestión de la empresa y utilizaban fondos provenientes de la agroexportadora. La detención de los cuatro hombres de peso de Vicentin generó un revuelo en los tribunales de Rosario, luego de que los fiscales señalaran que los exdirectivos habían sacado dinero de la compañía concursada para solventar los gastos de los abogados defensores.Luego, la Cámara penal decidió que Buyatti, Gazze, Scarel y Macua quedaran en libertad. El camarista Gustavo Salvador acusó a los fiscales de haber vulnerado garantías constitucionales en su accionar y resolvió otorgar la libertad bajo caución de 1.000.000 de dólares a cada uno de los exdirectivos.La resolución del juez Salvador advirtió que la prueba obtenida sobre los honorarios legales pagados a los abogados defensores carece de validez por haber sido obtenida "en violación de las garantías". En las audiencias previas, el abogado defensor Jorge Ilharrescondo había calificado de "grosera violación de las garantías constitucionales" la revelación de los honorarios que, según la acusación, fueron financiados con fondos que debían estar bajo custodia judicial.Desde ese momento, en esa causa no hay novedades de peso. A principios de octubre, según confiaron fuentes de la causa, se reunieron funcionarios del Ministerio Público de la Acusación con los abogados querellantes y defensores para empezar a evaluar la posibilidad de que se llegue a un acuerdo de juicio abreviado, sin que esa medida represente un riesgo de que los directivos regresen a la cárcel. Esa posibilidad podría prosperar el año próximo, según analizaron las fuentes judiciales consultadas.El nudo de la causa por defraudación apunta a que los directivos que conducían la empresa habrían ocultado durante años la verdadera situación económica de Vicentin. Habrían engañado a bancos y productores agropecuarios que operaban con la firma bajo la modalidad "a fijar precio". El endeudamiento masivo y la falta de transparencia, según la acusación, fueron claves para llevar a la firma al concurso de acreedores y al posterior default.En diciembre de 2023, la Fiscalía pidió la apertura de juicio y solicitó penas de entre 3 y 17 años de prisión para 16 exdirectivos y colaboradores de la firma, entre ellos Buyatti, Macua, Gazze y Scarel. También fueron acusados ejecutivos de empresas vinculadas, auditores de la consultora KPMG y los síndicos del concurso.Fuentes cercanas a los exdirectivos de Vicentin señalaron que confían en que se llegue a un acuerdo en la causa penal por defraudación, luego de que se cerró un capítulo después de que tomara el control de la empresa el grupo Grassi. La sospecha que tienen varios exdirectivos -según admitieron a LA NACION las fuentes- es que la causa penal avanzó y de alguna manera fue una presión contra este sector de la compañía para allanar el camino y evitar la quiebra de la agroexportadora."Entre diciembre de 2019 y fines del año 2024, a través de las maniobras de administración infiel, el agrupamiento criminal detrajo ilegítimamente fondos pertenecientes a las empresas del grupo por un total estimado nominal de $952.655.044", señaló el fiscal Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, en la audiencia que se llevó adelante en marzo de este año.También, según los acusadores, los exejecutivos de la agroexportadora usaron fondos de las empresas del grupo para pagar el seguro de caución (fianza) que tuvieron que contratar con Sancor Seguros para evitar quedar detenidos cuando fueron imputados en la primera parte de esta causa que se inició en 2020. En concreto, de acuerdo a los documentos, usaron $40.751.243 de la empresa para pagar una fianza personal.La hipótesis de los fiscales es que el "agrupamiento criminal" persistió en maniobras de administración infiel entre diciembre de 2019, cuando se declaró el default de Vicentin, y fines de 2024, con lo que desvió ilegalmente fondos de todas las empresas allegadas por algo más de 890 millones de pesos. Las sociedades afectadas en su patrimonio con esta maniobra ilegal fueron Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, Vicentin, Algodonera Avellaneda y Sottano. La estafa, según los fiscales, fue para sostener gastos personales. Dijeron que se llevaron para eso el equivalente en ese tiempo a 20.946 salarios mínimos.Este nuevo capítulo surgió a partir de la documentación que presentó un grupo de accionistas minoritarios de la empresa que pedían ser querellantes. La justicia rechazó ese planteo, pero la Fiscalía de Delitos Económicos analizó la información que presentaron y abrió una investigación sobre el uso de fondos que hacían directivos de la agroexportadora para solventar gastos personales, como, por ejemplo, el pago de honorarios a sus abogados, por un valor estimado de 1,5 millones de dólares. Se detectó también que facturaban viajes en avión de una aeronave que era de la compañía. Los accionistas minoritarios, muchos de ellos con el mismo apellido de los fundadores de la agroexportadora, fueron quienes acercaron esa información.A la par, Omar Scarel está complicado en otra causa en la que está involucrado el extitular de ARCA Rosario, Carlos Vaudagna, quien admitió en su condición de arrepentido -en otra causa en la que está preso el exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque- que asesoraba de manera ilegal a Scarel mientras tenía el cargo de director de la exAFIP.En su declaración ante la justicia federal, Vaudagna admitió que benefició a la empresa cerealera que entró en default en 2019 al eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por un monto total de $143.254.723,61, cometido en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.El exjefe de la AFIP también reconoció que entre mayo de 2018 y julio de 2019 intercedió y ejerció su influencia ante funcionarios de ARCA que estaban a cargo de la fiscalización e inspección de créditos fiscales indebidamente percibidos por Vicentín SAIC. La maniobra de Vaudagna, según admitió, fue evitar que fueran impugnados y reducir el monto del ajuste fiscal determinado por la exAFIP, con la finalidad de evitar la denuncia penal contra la empresa.
"Cada vez hay más casos de niñas que hacen dieta y eso es preocupante". Con esa frase, la nutricionista Fiorella Vittelli analizó una problemática que no para de avanzar: los trastornos alimentarios infantiles. En consonancia, la psicóloga Jacqueline Rosenberg, también presente en los estudios de LN+, expuso: "Hay padres que se quejan todo el día de sus cuerpos, y eso es algo que sus hijos inevitablemente van a aprender". LN+: Infancia y dietas peligrosas¿Cuánto influyen las redes sociales?"Ya quedó demostrado que utilizarlas a temprana edad no es para nada conveniente en ningún plano del bienestar", planteó Vittelli respecto al uso de las redes sociales. "Por eso hay que retrasar su consumo lo máximo posible", agregó.En la misma tónica, según Rosenberg, "resulta utópico restringir las redes sociales sin decir nada. Es decir, restricción sin discurso, sin decir por qué no hay que usarlas, no vale la pena".Luego, Vittelli remató: "El peligro es cuando, desde las redes, se deja de hablar de nutrición y se da lugar a la comparación de los cuerpos. Echarle la culpa a lo que hacemos con nuestros teléfonos o lo que pasa en la escuela, es sacarnos de encima algo que verdaderamente empieza en casa".El aprendizaje por imitaciónEl punto cardinal para entender esta problemática es el referido a los métodos de aprendizaje de los más chicos. "El trastorno alimentario infantil tiene que ver íntegramente con lo que nos escuchan decir: nuestros hijos aprenden por imitación", coincidieron las profesionales. "Si me quejo todo el día de mi cuerpo, mi hija aprende eso. Y si hablo mal de la gordura y bien de la delgadez, el razonamiento de la niña va a ser que comer es fallar", analizó Rosenberg.Por su parte, Vittelli graficó esa idea con una conducta cotidiana. "Por ejemplo cuando nos miramos al espejo y decimos 'estoy gorda' o 'tengo que dejar las harinas', al niño también le va a quedar todo eso", apuntó.La nutricionista también compartió una anécdota familiar. "En la época de los noventa, mi madre era una mujer que hacía comidas muy nutritivas. Un día nos hizo a mis hermanos y a mí, un guiso de lentejas. Pero ella se puso a comer un yogurt. Entonces le pregunté por qué estaba comiendo eso. 'Porque me estoy cuidando', me respondió. Entonces yo lo primero que dije fue, 'ah, entonces a mí no me cuida'", relató Vittelli.Modas y emocionesConsultada sobre los comportamientos actuales, Rosenberg dijo: "Hoy por hoy, ser saludable está de moda. Hay influencers que dicen que el café hace bien, otros que hace mal. Quizás no haya que ser tan perfecto, porque hay veces que comerse un churro con dulce de leche está perfecto".Al cierre, la nutricionista también hizo su aporte. "A mí me gustaría que reflexionemos sobre cómo nos tratamos. Hablar sobre la selectividad alimentaria que tienen muchos padres. De resolver y darles a sus hijos siempre lo mismo: fideos o papas, para que eso no sea una preocupación. De una vez por todas tenemos que entender que la alimentación es 100% emocional", concluyó Vittelli.
El Consejo Superior aprobó otorgar el máximo galardón de la universidad al ex líder de los Redondos. Destacaron su "densidad poética", su trayectoria de cinco décadas y su influencia masiva en la identidad argentina. Leer más
La hija de Miguel Ángel Calvete se presentó ante el juez Sebastián Casanello acusada de integrar la banda que direccionaba compras de insumos. Las pruebas en su contra incluyen una fortuna en efectivo encontrada en su casa y mensajes donde advertía a su padre sobre el dinero en negro. Leer más
La ex funcionaria del Ministerio de Economía e hija de uno de los principales acusados guardó silencio en tribunales
El cantante peruano fue recibido por decenas de seguidores en el aeropuerto Jorge Chávez luego de consagrarse como integrante de la nueva boyband latina de HYBE Latin America y protagonizar un hito para la música nacional
MADRID.- Son muchas las razones para distinguir a Martín Caparrós como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara (México). Algunas de ellas se expusieron ayer en un acto en el Instituto México en España (Madrid): "Su extraordinaria contribución al periodismo narrativo y a la literatura contemporánea", o por su "compromiso ético e intelectual con la verdad, la memoria y la dignidad humana". Por eso y por su trayectoria como escritor, cronista y ensayista, la institución mexicana entregó la medalla al autor de Ñamérica y El hambre. "Es una de las voces más relevantes del ámbito iberoamericano", justifica la institución.La Biela: en una esquina de la argentinidad, la mesa de un bar, Borges y BioyA Martín Caparrós le "faltó México en su vida", dijo el escritor. El argentino "quería vivir allí en algún momento". Por la inspiración que fue Carlos Fuentes para su primera novela o porque fue en ese país donde hace 45 años comenzó a dejarse su ya característico bigote.La sala donde se celebró el acto, ubicada en la segunda planta del Instituto México en España (Madrid), acogió una exposición de unas 50 ilustraciones multicolor de México y a un grupo selecto de poco más de 30 personas. Entre ellas se encuentran periodistas y autores como Alex Grijelmo, el escritor mexicano Jorge Volpi y el exdirector de EL PAÍS, Javier Moreno. También asistieron amistades y familiares del homenajeado y algunos becarios de la Universidad de Guadalajara que a partir de hoy están "bajo su tutela". Todos recibieron al argentino con un caluroso y sonoro aplauso.De todas las razones que leyó Mara Robles, rectora en la Universidad de Guadalajara, Caparrós asintió a una en especial: "Es un sembrador de dudas". Esa semilla es la que plantan cada año a los estudiantes, contó Robles, que inician escuchando las primeras líneas de El hambre: "Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre: sentimos hambre dos, tres veces al día. No hay nada más frecuente, más constante, más presente en nuestras vidas que el hambre y, al mismo tiempo, para muchos de nosotros, nada más lejano que el hambre verdadera". Esa lectura sorprendió y emocionó a Caparrós.El Doctorado Honoris Causa es el título honorífico y el más importante galardón que otorga la Universidad de Guadalajara concede a personalidades "eminentes". Ya sean mexicanos o extranjeros, con méritos "excepcionales" por sus contribuciones en cualquier campo del conocimiento, de las artes, o por la "destacada contribución de su vida y obra, a las causas más nobles de la humanidad".Tanto Martín Caparrós (Buenos Aires, 68 años) como su obra han recorrido medio mundo. Tiene más de 40 libros publicados en más de 30 países. Entre sus más recientes entregas están Antes que nada (Random House), que recoge las memorias de más de 50 años de profesión, así como las consecuencias del ELA â??enfermedad que afecta a las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinalâ??,que le fue diagnosticada hace tres años. El también periodista y columnista de EL PAÍS publicó el pasado noviembre Bue (Random House), donde narra la diversidad y lo auténtico de las ciudades. En este caso la suya: Buenos Aires, que lo nombró "Ciudadano ilustre", en 1957.Los recientes homenajeados en los últimos años han sido: el cantante y compositor español Joan Manuel Serrat (81 años), "por el canto que transformoÌ? la lengua en puente y no en frontera"; el escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado (81 años) â??exiliado en Madrid luego de que en 2021 la fiscalía de Nicaragua dictara una orden de captura en su contraâ?? en reconocimiento a su "invaluable legado y su contribución a la cultura y la literatura hispanoamericana"; el escritor cubano Leonardo Padura (70 años), por una obra que" ha dado voz a su generacioÌ?n marcada por silencios y esperanzas"; y el investigador mexicano Miguel Ángel Navarro Navarro (74 años) â??quien fue Rector General de la institución que otorga el méritoâ?? por su "defensa de la educación media superior y superior como medio para alcanzar la justicia social".El pasado julio, la Universidad de Buenos Aires le otorgó a Caparrós un reconocimiento similar al de esta tarde.
El camarista Pablo Bertuzzi revocó el sobreseimiento que había dictado el juez Sebastián Casanello. Bertuzzi consideró que las acusaciones sobre la intimidad del Presidente no forman parte del "interés público" y deben ser juzgadas como injurias. Leer más
Autoridades de Nueva York investigan las lesiones encontradas en el cuerpo del actor, mientras permanecen abiertas todas las hipótesis sobre su fallecimiento.
Había sido rechazada por el juez Casanello en octubre, quien sobreseyó a la periodista al considerar que sus afirmaciones no configuraban un delito.Este jueves, la Cámara Criminal y Correccional Federal revocó el sobreseimiento.
El juez federal Lino Mirabelli congeló los bienes del exdiputado libertario José Luis Espert por 90 días por una serie de omisiones e irregularidades en sus declaraciones juradas, que fueron detectadas por los fiscales que intervienen en la causa que se tramita en San Isidro.La medida, que alcanza también a su pareja, María Mercedes González, y a su sociedad Varianza S.A., se da en el marco de la causa que investiga un presunto lavado de activos como consecuencia del vínculo que Espert forjó con Federico "Fred" Machado, quien será juzgado en Estados Unidos en un proceso por narcotráfico. De él, Espert recibió 200 mil dólares, tal como pudo comprobar este medio y denunció Juan Grabois en la presentación que dio inicio al caso. Cuando estalló ese escándalo, Espert era el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. En un primer momento, el presidente Javier Milei lo respaldó, pero finalmente debió renunciar a su candidatura.La orden del juez Mirabelli es en respuesta a un pedido del fiscal Federico Domínguez y de sus colegas de dos organismos especializados del Ministerio Público. Los expertos detectaron que Espert omitió declarar su participación en la sociedad Varianza S.A. Encontraron además distintas "arbitrariedades" en su declaración de la valuación de algunos de sus bienes.Dijeron también que sus ingresos declarados no alcanzan a justificar las exteriorizaciones reflejadas y se refirieron a la "existencia de una cuenta no registrada en el exterior en la cual habría recibido US$30.000 provenientes de Wellington Capital Markets Ltd". Además, los expertos identificaron como posible testaferro de Espert al hijo de su pareja, Manuel Iglesias, de 23 años. El joven carece de ingresos declarados y resulta titular de un auto valuado en más de 70 millones de pesos. El juez señaló que, aunque todavía no se reconstruyó por completo el recorrido del dinero que Espert habría recibido de la estructura criminal ligada a Machado, el vínculo entre ambos quedó reforzado con la documentación sobre el supuesto contrato de servicios profesionales que el excandidato libertario habría firmado con la firma guatemalteca Minas del Pueblo SA, de Machado. "Cabe remarcar -dijo el juez Mirabelli- que dicho acuerdo preveía la entrega total de US$1.000.000 en favor de José Luis Espertâ?³.En su denuncia, Grabois marcó que Espert compró junto a su pareja, en noviembre de 2019, una casa de 250 m2 en Beccar, y unos meses más tarde, en marzo de 2020, habría adquirido un auto BMW, modelo M240I. "La evolución patrimonial de Espert tiene un antes y un después de conocer a Fred Machado", denunció. En tanto, Machado, que estaba en el país, pero fue extraditado a Estados Unidos en noviembre, tiene hasta el 6 de febrero para definir si se declara culpable o reafirma su inocencia en la causa que lo investiga en el país norteamericano por presunto narcotráfico, lavado y estafas.
Son miembros de la resistencia que se enfrenta al régimen desde el exilio. El fiscal de la causa, Sebastián Basso, los entrevistó en Francia luego de varios meses de gestiones diplomáticas. El juez Daniel Rafecas se prepara para enviar a diez acusados a un juicio en ausencia
Francisco Martín Aguirre estaba investigado por un presunto delito de malversación de caudales públicos dentro del 'caso Begoña Gómez'
La Justicia dictó el procesamiento del presidente del club de Boedo por una presunta coima de u$s25 mil para fichar a un juvenil. Le impusieron un embargo millonario y una prohibición de salida del país, en medio de una grave crisis institucional.
La excarcelación del abogado fue dispuesta por un juez de Garantías y quedará supeditada a la fijación del monto de la caución y a la concreción de los trámites administrativos. La defensa anticipó que ofrecerá un inmueble como garantía. Leer más
Denuncian que intentó frenar una causa federal por lavado de dinero y beneficiar al exministro de Kicillof.
El juez federal de Rosario Gastón Salmain sumó una tercera causa en su contra. Esta vez es por abuso de autoridad, luego de que después de un allanamiento y secuestro de su teléfono celular, el 17 de octubre en la puerta de su casa, en el barrio de Belgrano, el magistrado envió una serie de notas, entre ellas al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, para averiguar quién y por qué lo investigaban. Salmain accedió a información que solo lo pudo hacer en su condición de juez, pero en este caso estaba del otro lado, era él quien estaba siendo investigado por autorizar en diciembre de 2023 a un financista rosarino la compra de 10.000.000 de dólares a precio oficial, por fuera del cepo cambiario que regía en ese momento. Es la tercera causa que enfrenta Gastón Salmain en la justicia federal, a la par del sumario que se abrió en su contra en la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. El lunes pasado, en el programa que conduce Carlos Pagni, el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, tocó el tema de la justicia federal de Santa Fe, que está convulsionada desde hace casi dos años por los casos de corrupción y connivencia con el narcotráfico, a partir de la investigación contra el exjuez Marcelo Bailaque. Rosatti fue cuidadoso en los términos que usó porque estas causas en algún momento arribarán al máximo tribunal. Pero utilizó una frase para describir el fenómeno. Dijo que la propia justicia puso el "reflector" sobre un entramado en el que aparecen "empresarios, medios de comunicación y eventualmente jueces", también habló de "operadores judiciales", "influyentes y servicios" de inteligencia. Y delineó por dónde va a pasar el problema con el narcotráfico: "con el lavado de dinero". En Rosario actualmente hay un exjuez federal preso, como Marcelo Bailaque, y otro magistrado que está siendo investigado, como Salmain. Y es probable que el año próximo las pesquisas se centren en otros magistrados. Salmain, además de enfrentar varias causas judiciales en su contra, está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura. En el programa Vale Doble, que conduce Rodrigo Miró en radio Universidad, el magistrado repitió el mismo argumento que su defensa plantea como estrategia: que hay una especie de complot entre medios de comunicación y sectores de la justicia federal para perjudicarlo. "Existe una persecución de inequívoca naturaleza política que se mezcla con lo mediático", aseguró el magistrado.Salmain fue imputado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Según el planteo de los fiscales federales, que fue avalado por el juez de Garantías, Román Lanzón, Salmain utilizó su investidura de juez para procurar indebidamente información en un caso en el que se lo investigaba y por el cual se lo estaba allanando hace poco más de un mes. Lanzón dijo que el caso tiene "gravedad institucional" y pidió que le remitan el legajo al Consejo de la Magistratura de la Nación.El 17 de octubre pasado, Salmain enfrentó una requisa -una especie de allanamiento- al salir de su domicilio en el barrio porteño de Belgrano, donde efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le secuestraron el teléfono. El magistrado, como ya reveló Aire de Santa Fe, entregó el celular -estaba apagado-, pero no aportó la clave de acceso. Al tratarse de un iPhone 17 es casi imposible con la tecnología que tiene hoy la Argentina peritar ese smartphone sin la clave de acceso.Los fiscales federales que estuvieron al frente de la apertura de esta causa revelaron que Salmain redactó una nota para averiguar cómo se habían enterado que él estaba en Buenos Aires. También pretendió saber a quién se le había dado la orden de realizar esa requisa para sacarle el celular. Algo similar había hecho unos meses antes con una presentación que hizo en el juzgado de Lomas de Zamora para que le indicaran si estaba siendo investigado, algo que llamó la atención en el mundillo judicial de Buenos Aires.Los fiscales advirtieron en la audiencia que después de que entregara su celular a los agentes de la PSA en el barrio de Belgrano, Salmain usó su investidura de juez al mandar, el 21 de octubre de 2025, un oficio al director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alfredo Gallardo.Los investigadores querían peritar el celular de Salmain en el marco de una causa en la que fue imputado la semana pasada. Se trata del aval que dio el juez al financista Fernando Whpei a comprar 10.000.000 de dólares en diciembre de 2023 a precio oficial, por fuera del cepo cambiario que regía en ese momento. La sospecha, según la declaración de Whpei como arrepentido, es que el magistrado se habría quedado con un porcentaje equivalente a unos 200.000 dólares.En la entrevista en Radio Universidad, Salmain dijo algo que a muchos en la justicia federal les pareció descabellado: que pidió esa información porque dudaba que le estaban robando el teléfono. ¿Pensaba que agentes de la PSA le iban a sustraer su celular? En el mundo de los espías y conspiranoicos todo es posible, comentaron en los pasillos de los tribunales de Rosario.Salmain llamó al propio jefe de la PSA para pedirle precisiones sobre el allanamiento en su domicilio. La maniobra tenía que ver más que conseguir información sobre la investigación en su contra y sembrar miedo entre los agentes.Los abogados Franco Carbone y Gustavo Feldman plantearon que la acusación contra Salmain era atípica, ya que el magistrado hizo una solicitud de información, algo distinto de una orden, y que tampoco tenía un plazo de respuesta.El juez Lanzón aceptó el pedido de los fiscales de abrir otra causa contra Salmain y tras citar que se trata de un caso de "gravedad institucional", ordenó enviar el acta de audiencia y video al Consejo de la Magistratura, donde este juez está siendo investigado.La causa que más complica a Salmain tiene que ver con la autorización que otorgó al fideicomiso Attila en diciembre de 2023 para adquirir 10.000.000 de dólares a precio oficial, por fuera del cepo.Salmain está acusado, junto con Whpei y Santiago Busaniche, un escribano oriundo de Santa Fe que se mueve como operador judicial en Comodoro Py, según los fiscales, "de haber formado parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 y hasta abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de 10.000.000 de dólares, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el juzgado federal N°1 de Rosario".De acuerdo a la investigación, "para lograr el objetivo premeditado, Whpei utilizó su influencia y poder económico para que Salmain, en conjunto con Busaniche, direccionen el proceso judicial dentro del expediente y lo beneficien en los aspectos financieros relacionados con Attila Fideicomisos SRL, el Grupo Unión SA y Lancers SA".A cambio de ello, Busaniche, por su aporte operativo, y Salmain, que tuvo un rol clave en la causa al avalar el pedido de estos fideicomisos, solicitaron el pago del 10 por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares.En la investigación, los fiscales reunieron evidencias que apuntan a que para cumplir con el plan criminal, Salmain se reunió previamente con Whpei -al menos una vez en su despacho laboral- el 2 de septiembre de 2023, donde el financista le hizo entrega del escrito que presentarían, y el magistrado se manifestó sobre la viabilidad técnica del mismo al solicitar que lo demás lo arreglara con Busaniche. Con posterioridad, en el marco del expediente, dictó las resoluciones a favor de Whpei.El Banco Central apeló la medida el 11 de diciembre de 2023, y aunque la Cámara Federal de Rosario falló a favor de la entidad, el dinero ya había sido adquirido en seis tramos diferentes.Attila Fideicomisos actuó como fiduciaria del fideicomiso privado Doubleblue Argentina Credit Trust II, que comparte casi idénticamente las siglas con la empresa que reclamaba la deuda, lo que generó sospechas sobre si los operadores detrás de Doubleblue se pagaron una deuda a sí mismos.Cuando el Banco Central pidió al magistrado que suspendiera la medida un día después de su autorización, Salmain decretó que era de cumplimiento automático e inmediato. Los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay, de la Procuración de Lavado de Activos, buscan probar si la operación incluyó algún beneficio personal para el magistrado y si se realizaron maniobras irregulares con la divisa, como declaró Whpei en su carácter de arrepentido.Los registros oficiales indican que la firma adquirió al menos 1.128.850 dólares, que fueron transferidos a la empresa DB ACF Netherlands BV, un acreedor que habría otorgado una línea de financiamiento en 2018. La investigación se aceleró después de que Whpei se presentara como arrepentido en la causa del exjuez Bailaque, donde está acusado de haber participado en una trama de extorsión y corrupción institucional.El financista rosarino está detenido en su domicilio desde mediados de mayo y su prisión domiciliaria fue prorrogada hasta enero de 2026. En paralelo, Salmain es investigado por otro episodio vinculado al extitular de ARCA Rosario, Carlos Vaudagna, quien también se presentó como arrepentido en marzo pasado.
En el primer aniversario de la muerte, a los 82 años, de la escritora Beatriz Sarlo, una de las intelectuales argentinas más reconocidas, que pudo trascender del ámbito académico al mediático con sus intervenciones en medios de comunicación y debates públicos, no está programado ningún homenaje, aunque sin duda se la recordará en redes sociales. Mientras tanto, la causa de su sucesión sigue paralizada. Los bienes de Sarlo incluyen dos departamentos (uno en la calle Hidalgo, en el barrio de Caballito, y otro, que utilizaba como estudio, en la calle Talcahuano al 100), los derechos de autor por su obra y algo de dinero en cuentas bancarias. Sus libros, que se siguen leyendo y publicando, generan regalías que ingresan a una cuenta bancaria administrada por el juez Fernando Cesari, del Juzgado Civil n° 60, conocido por haber adelantado un juicio porque coincidía con el de un partido de la selección nacional durante el Mundial de Brasil, en 2014.Tras la muerte de la prima materna de Sarlo, Ernestina Susana del Río, aspirante a heredera junto con Álvaro Edmundo Sarlo Sabajanes, primo paterno, y Alberto Sato, el marido del que nunca se divorció (pese a que ambos formaron nuevas parejas a partir de la década de 1970 y a que en el documento de la autora su estado civil era soltera), la sucesión entró en pausa hasta que se definan los herederos de Del Río que no tenía hijos sino sobrinos. Sato y Sarlo se habían casado en marzo de 1966 y se separaron en la convulsionada década de 1970.Cuando Sarlo falleció, Sato debió viajar de urgencia a Buenos Aires desde Santiago de Chile para autorizar los trámites funerarios. A mediados de año, la Justicia revocó el fallo que excluía a Sato de la sucesión; ahora, su letrado deberá demostrar que, pese a vivir en países diferentes (Sato en Chile, Sarlo en la Argentina) con sus respectivas parejas durante décadas, ambos compartían "un proyecto de vida".Por otro lado, LA NACION reveló a mediados de año que el encargado del edificio de Hidalgo 140, Melanio Alberto Meza López, se había presentado en la sucesión como heredero del departamento que la autora había compartido con su pareja, el cineasta Rafael Filippelli, hasta su muerte en marzo de 2023, y en el que siguió viviendo, afectada por problemas de salud. Meza López presentó como prueba una nota manuscrita firmada por Sarlo en la que esta le "dejaba a cargo" su departamento y el cuidado de la gata Nini (o Niní). El peritaje judicial determinó que la nota de Sarlo era auténtica.Con esta novedad, y con la aparición en la causa de los primos octogenarios, quedó en suspenso el proyecto de un grupo de amigos de la autora (Adrián Gorelik, Graciela Silvestri, Ada Solari, Hugo Vezzetti, Sylvia Saítta, designada albacea de la obra sarliana, David Oubiña y Adriana Amante, que puso en duda la salud mental de su mentora a la hora de escribir la carta presentada por Meza López) de utilizar el dinero de la herencia paar crear un "fideicomiso cultural". Otro grupo de amigos tomó distancia de esa propuesta.La biblioteca y el archivo de Sarlo, por decisión de sus amigos más cercanos, fueron trasladados del departamento de Talcahuano al Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI), que dirige el historiador Horacio Tarcus, y donde se veló a Sarlo. A modo de postal de la época, cabe recordar que la institución, desfinanciada por el Gobierno a partir de 2024, colecta fondos para poder pagar los honorarios a un archivista por cuatro o seis meses. Este miércoles, el CeDInCI difundirá un video en homenaje a Sarlo, con imágenes de su biblioteca y del archivo. Un voluntario ya catalogó más de mil libros y, si la institución recibe apoyo económico, podrá contratar a un estudiante para que avance en la tarea de descripción del archivo, con el objetivo de abrirlo a consulta pública, al igual que la biblioteca a mediados de 2026.En las últimas semanas, la sucesión de Sarlo dio un inesperado giro cuando el letrado José María Nasra, en representación de una asociación protectora de animales, solicitó al juez Cesari -que mantuvo la decisión de su antecesora en la causa, la jueza Cecilia Kandus, de cerrar el expediente a consulta pública- que brindara un informe sobre el estado de salud de la gata de Sarlo, Nini, que actualmente vive con la familia del encargado. Cesari rechazó la medida, aunque abrió un nuevo expediente; Nasra apeló y el pedido pasó a la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones. LA NACION pudo saber que Nini se halla en buen estado de salud, a pesar de haber sido "mudada de apuro" meses atrás junto con la gata de Meza López del departamento de Sarlo, en el octavo piso, por pedido de la letrada de la prima que murió a principios de octubre, en Viedma. Mientras tanto, en el plano editorial, en febrero Siglo XXI publicó en la colección Biblioteca Beatriz Sarlo No entender. Memorias de una intelectual ($ 26.590), libro póstumo que estuvo al cuidado de Saítta y Gorelik (donde se explaya sobre familiares, amigos y amores). La primera edición se agotó en pocas semanas y se lanzó una segunda. Este mes, la editorial acaba de reeditar, con nueva portada, Borges, un escritor en las orillas ($ 22.990), ensayo de 1993 que estaba casi agotado en librerías, donde la autora desarrolla su tesis sobre la literatura borgeana (que sitúa entre lo universal y lo local). Fiel a su estilo, la viuda de Borges, la escritora María Kodama, había llevado a Sarlo a la Justicia porque la ensayista había declarado a un diario chileno que Kodama obstaculizaba la edición crítica de la obra borgeana. Sarlo nunca olvidó esa afrenta. En agosto, Siglo XXI reeditará La imaginación técnica: sueños modernos de la cultura argentina, preclaro ensayo de 1992 donde la escritora reivindica "el peso simbólico del pionerismo técnico" entre los sectores populares y algunos intelectuales, como Roberto Arlt y Horacio Quiroga, en las primeras décadas del siglo XX. Por último, el portal Infobae publicó este año Como dijo Sarlo, un libro digital de descarga gratuita que compila entrevistas que la autora dio a ese medio entre 2017 y 2024, con prólogo de Flavia Pittella. Sarlo conversó con los periodistas Luis Novaresio, María Laura Santillán, Hinde Pomeraniec, Facundo Chaves, Diego Rojas (gran amigo de Sarlo) y Patricia Kolesnicov quien, consultada por LA NACION, remarcó que se trataba de un libro gratuito cuyo lanzamiento habían analizado con el "grupo de amigos" de la autora fallecida hace ya un año.
Juan Chediak aseguró que las presiones, en su caso, venían directamente de Julio de Vido, en ese momento ministro de Planificación Federal, quien le habría dicho: "Si querés seguir trabajando tenés que pagar". El empresario relató que cedió y comenzó a llevar importantes sumas de dinero, todos los meses, a la casa del exfuncionario o al propio ministerio, donde le ordenaban que dejara los paquetes directamente "en el baño". Leer más
Miguel Ángel Calvete pasa sus días en la cárcel de Ezeiza, preso por una causa de proxenetismo y acusado de ser uno de los cerebros de la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Su caída en desgracia arrastró a su hija Ornella, a su yerno Javier Cardini, ambos funcionarios de la Secretaría de Industria, y a su hermana Susana, asesora en el Ministerio de Economía. Pero la saga familiar sorprende con un capítulo internacional, hasta ahora desconocido, que involucra a una rama del Cartel de Sinaloa y se cruza con el caso Koldo, la trama delictiva que tiene contra las cuerdas al gobierno de Pedro Sánchez en España.El protagonista de esta historia es Alejandro Adolfo Calvete, hermano mayor y socio de Miguel Ángel en múltiples emprendimientos. La Justicia española emitió el 5 de diciembre de 2023 una orden de busca y captura contra él como parte de la investigación de una banda de narcos mexicanos, según pudo corroborar LA NACION con fuentes del Poder Judicial y la Agencia Tributaria de ese país. A Alejandro Calvete, de 68 años, se lo señala como responsable de crear una red de laboratorios en España, Suiza y Portugal con la que se buscó dar apariencia de legalidad a una operación para producir y comercializar drogas a gran escala que terminó con 14 personas condenadas a prisión en marzo pasado. Así consta en un expediente judicial que se tramitó en la provincia de Guadalajara, en la región de Castilla-La Mancha. La investigación de la Policía Nacional de España y la Agencia Tributaria empezó con sigilo en 2020, cuando desembarcó en Madrid, con intención de radicarse, la familia mexicana Flores Ramos. Sus integrantes llegaron en avión privado y declararon la tenencia de 10 millones de euros en efectivo y oro. De inmediato, empezaron a comprar propiedades y a crear sociedades comerciales. Al cabo de dos años terminaron presos. En un procedimiento policial de película fueron arrestadas 24 personas y se secuestraron 100 kilos de dosis de marihuana, 37 kilos de cocaína, 10 armas de guerra, 17 autos de lujo, joyas y cuantiosas cifras en billetes de 100 euros. A los detenidos se los acusó de ser un desprendimiento del Cartel de Sinaloa que pretendía montar en España una red transnacional de provisión de drogas. Tenían en el corazón de Europa fincas vigiladas por sicarios, al estilo Chapo Guzmán o Pablo Escobar. Pero les salió mal. Calvete fue investigado como presunto responsable de lavado de dinero. Las fuerzas de seguridad no lo encontraron cuando irrumpieron en su domicilio en la provincia de Madrid, según fuentes de la investigación. Ni en ese momento ni nunca más. En la propiedad se encontraron armas para las que no tenía permiso. Fue procesado por tenencia ilegal y el fiscal pide una pena de dos años de prisión. "Ya he pagado mucho por haberlo conocido. Seguir hablando de él no podrá compensar el daño que me ha causado", dijo a LA NACION Antonino Leonardi, que fue CEO de MoonPharm AG, en Suiza, una de las compañías que habrían sido usadas como fachada para el negocio narco. "Todo lo que me dijo durante el tiempo que nos relacionamos resultó ser mentiras que usó en beneficio propio", agregó.Ya con la sentencia de la Justicia española sobre los narcotraficantes mexicanos, Calvete se convirtió en una mancha venenosa para sus exempleados. "Era un hombre complicado", recordó uno de ellos, antes de mencionar que había olvidado borrar para siempre la mención de su empresa como parte de su perfil de LinkedIn.Otra fuente que lo conoce señala que ya había tenido problemas judiciales por contrabando de oro entre España y Suiza. LA NACION no detectó en registros oficiales una acusación personal contra Calvete por este caso, pero sí que una empresa que él administró entre 2011 y 2012, Iberotunel SL, figura entre las sospechosas de haber integrado en esos años una red que lavó al menos 40 millones de euros mediante la compra-venta de metales preciosos. LA NACION intentó consultar a Calvete a través de abogados que trabajaron para él o su familia en la Argentina y dejó mensajes en tres teléfonos registrados a su nombre -entre ellos, un móvil español contratado con la empresa Vodafone-, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta publicación. Al menos desde mayo pasado está en Paraguay, según pudo corroborar este medio y creó al menos una empresa desde entonces. El cártel mexicanoAlejandro Calvete constituyó su red de laboratorios en 2020, justo antes de que los mexicanos aterrizaran en Madrid. La principal sociedad era Viridi Pharmaceutical, cuyo objeto declarado en el registro mercantil era "el cultivo y fabricación de productos y principios activos procedentes del cáñamo para uso medicinal y farmacéutico".Días después, se inscribió con el mismo nombre una firma en Suiza, con sede en la comuna de Grono. Además, el nombre de Calvete figura como titular del 90% de las acciones de MoonPharm AG, inscripta en Portugal. En esas fechas otra MoonPharm AG fue creada en Suiza, también con domicilio en Grono y con autoridades compartidas con Viridi. Todas esas sociedades declaran como actividad la producción y venta de productos de cannabis medicinal.Esa secuencia emprendedora en Europa sucedió meses después de que los dos hermanos Calvete fueron condenados en Buenos Aires por el Tribunal Oral en lo Criminal N°8 a cuatro años de prisión por proxenetismo, acusados de alquilar departamentos a precios exagerados y en condiciones leoninas para que en ellos se ejerciera la prostitución. Alejandro apeló y logró ser absuelto en 2021. Miguel Ángel -exconcejal del Pro en La Matanza e histórico representante de los supermercadistas chinos- tuvo peor suerte. Siguió libre mientras se tramitaban las apelaciones, pero finalmente se ordenó su detención en octubre pasado, justo cuando quedó involucrado en el escándalo Andis como uno de los privados que digitaba licitaciones y compras en el área de Discapacidad. Se supo entonces que era una suerte de titiritero de Diego Spagnuolo, el hombre de los famosos audios, según sospecha la Justicia. .ln-info-responsive--titulo{text-align: center !important;} .ln-info-responsive--bajada {text-align: center !important; font-family: arial !important; font-size: 16px !important; line-height: 1.35 !important} .ln-info-responsive--contenedor-t-b{border-top:1px solid #ccc;padding-top:20px} Documentos Alejandro Calvete armó en España, Portugal y Suiza una red de laboratorios dedicados al cannabis medicinal. La Justicia española cree que fue una pantalla para darle legalidad a una operación narco: así lo estableció en la condena contra los mexicanos acusados Alejandro Adolfo Calvete Alonso (el apellido materno figura en su documentación española, de acuerdo con la legislación de ese país) creó Viridi el 14 de mayo de 2020. Dos meses después, el 17 de julio, la empresa recibió un préstamo de 460.000 euros de la sociedad Sercopat, según determinó la investigación judicial. Sercopat había sido fundada por la ciudadana mexicana Lourdes Ramos Vega. Esa sociedad compró una finca en la localidad de Hueva, provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha). Allí se instalaron invernaderos para la producción de cannabis, en teoría con finalidades industriales y medicinales. Los laboratorios de Calvete cumplían la función de dotar de "una apariencia de cobertura legal al cultivo" de lo que en realidad era una factoría narco, subraya el expediente. El predio estaba custodiado por un dispositivo de seguridad que incluía empleados armados y un sistema de banderas en los caminos aledaños. Tenían el plan de construir un búnker, que se frustró por la irrupción policial.José de Jesús Flores Ramos, el hijo de Lourdes Ramos Vega, fue considerado el cabecilla de la organización criminal: lo condenaron a 22 años de prisión por los delitos de narcotráfico, cohecho y tenencia de armas en un juicio que terminó a principios de este año. Le embargaron, además, 13,3 millones de euros. A su madre le dieron una pena de 12 años. El operativo contra los narcos mexicanos en España, en 2022. Alejandro Calvete está investigado por lavado y tenencia de armasEl caso Koldo Una de las preocupaciones de la banda de narcos mexicanos era asociarse a un laboratorio especializado en cannabis medicinal que tuviera el permiso de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para producir principios activos, detallaron los investigadores. La hipótesis de la Justicia es que Calvete trabajó para ese objetivo. Las ramificaciones de sus operaciones lo vincularon con una trama de corrupción española: el llamado "caso Koldo", que tiene en jaque al gobierno de Pedro Sánchez.Koldo García era la mano derecha del entonces ministro socialista José Luis Ábalos, íntimo del presidente Sánchez y secretario de Organización del Partido Socialista. García y Ábalos fueron detenidos hace dos semanas, a raíz de una investigación iniciada con la denuncia de supuestas comisiones ilegales en la compra de barbijos durante la pandemia de Covid-19. Una publicación periodística del año pasado reveló que Koldo García también había intercedido ante el Ministerio de Salud para conseguir la habilitación de la agencia reguladora española para un laboratorio suizo. ¿El nombre de esa empresa?: MoonPharm AG.En septiembre de 2020 Koldo García se reunió con Víctor Francos, entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Salud. Según publicó el medio digital Vozpópuli el 7 de julio de 2024, después de aquel encuentro le escribió un correo que decía: "Buenas tardes, te envío la documentación que te he comentado". Adjuntó un documento en formato pdf que decía: "El abajo firmante, MoonPharm AG, con sede en Suiza y titular de la autorización de Swissmedic para la producción de medicamentos y principios activos, tiene la intención de solicitar a la estimada agencia española de medicamentos el procedimiento a seguir para abrir una sucursal en territorio español y poder obtener las mismas autorizaciones obtenidas en Suiza". Lo que se desconocía hasta hoy es que MoonPharm AG integra la red de empresas relacionadas con Calvete que, según el expediente tramitado en la provincia española de Guadalajara, se usó como pantalla legal de los mexicanos detenidos en 2022 y condenados este año. No se sabe quién fue la persona que habló con Koldo García en nombre de MoonPharm AG. Tampoco si el operador socialista tenía conocimiento de que detrás del laboratorio por el que hizo gestiones podría esconderse una estructura de narcotráfico. Pero todo indica que la misión fracasó. Así consta en la condena a los jefes del cartel mexicano, firmada el 10 de marzo de 2025: "La organización se había preocupado de dotar a la plantación de cierta cobertura de legalidad (...). La Agencia Española del Medicamento ha informado que nadie en la provincia de Guadalajara tiene autorización para el cultivo de cáñamo con fines medicinales (...). Ni Viridi ni nadie relacionado con la finca de Hueva tenía autorización de ningún organismo competente para el cultivo de cannabis, ni con fines medicinales ni con fines industriales".El 16 de mayo de 2022 las fuerzas de seguridad irrumpieron en el domicilio de Calvete, un chalet en un barrio exclusivo de las afueras de Madrid, con la esperanza de detener a Calvete y llevarse documentación sobre la estructura societaria. Uno de los agentes que llevó adelante la investigación recordó ante LA NACION que Calvete, a quien definió como "el encargado de la ingeniería legal que montó la banda", se había ido unos días antes del allanamiento.La Justicia nunca pudo dar con él. "El día que ponga un pie en España termina preso", dijo una fuente de la investigación. El acta de la fiscalía -a la que accedió LA NACION- detalló que en ese domicilio de la localidad de Algete se encontraron una pistola Glock, una escopeta, un subfusil, una mira telescópica y varias cajas de municiones. Ante ese hallazgo, la fiscalía lo acusó de tenencia ilícita de arma de fuego y pidió para él una pena de dos años de prisión. Ese sería un cargo menor, ya que Calvete está bajo investigación -en un apartado de la causa principal- por su rol en el blanqueo de los fondos de la organización criminal. La investigación no podrá ir a juicio mientras Calvete no pise España. Al laboratorio Viridi Pharmaceutical se le revocó el número de identificación fiscal el 27 de septiembre de 2024, por orden de la Agencia Tributaria, en aplicación de la legislación de prevención del fraude fiscal.El nombre de Alejandro Calvete aparece en los cuadernos que la Justicia secuestró en la casa de su hermano Miguel Ángel durante los operativos de la causa Andis. Los dos fueron socios en una decena de empresas. Una de ellas -Energy Nature Free- incluso fue objeto de investigación de la justicia federal en 2015 por su participación en un controvertido proyecto para instalar una sede del Mercado Central en el barrio de Colegiales.Lo último que se sabe de Calvete es que el pasado 30 de mayo inscribió una sociedad en Paraguay, Power Capital Energy, dedicada a "realizar actividades comerciales por cuenta propia o de terceros". Entró y salió varias veces a ese país en los últimos meses, según reconstruyó LA NACION de fuentes oficiales. La empresa paraguaya está registrada en una casa de Lambaré, en las afueras de Asunción. "Alejandro vino la semana pasada por aquí", dijo una mujer que atendió a este medio y aclaró que Power Capital no tiene empleados. Este martes Calvete tenía que asistir allí a una supuesta asamblea de accionistas, pero nunca se presentó.
El juez Marcelo Aguinsky ordenó hoy una batería de medidas de prueba en la causa que investiga la mansión de Villa Rosa, en Pilar, atribuida a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Lo hizo después de levantar el secreto de sumario, dispuesto por Daniel Rafecas, el magistrado que estuvo a cargo de la investigación hasta el viernes pasado. Entre otras cosas, el nuevo magistrado pidió identificar a los titulares de las pólizas de seguros de los 54 vehículos que se encontraron en la quinta y averiguar quiénes tenían cédulas azules para manejarlos. También pidió investigar los movimientos de los titulares de Real Central, Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte. La denuncia que impulsó este expediente, de la Coalición Cívica, señala que son prestanombres de altos dirigentes de la AFA, aunque luego se encontraron varias pruebas que los vinculan de manera directa al tesorero Pablo Toviggino. Aguinsky también hizo efectivo el embargo de la mansión y la inmovilización de todos los vehículos, dos medidas que ya había dispuesto Rafecas pero no se habían completado los trámites administrativos, según explicaron fuentes judiciales a LA NACION. El viernes pasado, cuando allanó la quinta, Rafecas encontró, en un gran galpón, "45 autos de lujo o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings", informaron fuentes judiciales. Todos esos vehículos fueron secuestrados por el juez.En la mansión encontraron también encontraron un bolso negro con el nombre de "Pablo Toviggino" y una placa que tiene escrito: "El Club Atlético Barracas Central en reconocimiento al compañero y amigo Pablo Ariel Toviggino Tesorero de la AFA, por su constante compromiso hacia el club Barracas Central en la reinauguración del nuevo estadio". En el caso de los autos, Aguinsky quiere saber cómo se pagaban los seguros, si tienen dispositivos de rastreo satelital y si fueron identificados por el sistema de Telepase. El juez también pidió datos de los titulares de los servicios de internet y telefonía móvil vinculados a la mansión de la calle Misiones 4097, en la localidad de Villa Rosa.Antes del pase al fuero Penal Económico, la Justicia confirmó que la mansión pertenecía a Carlos Tevez, luego fue adquirida por MALTE SRL, entre junio de 2023 y mayo de 2024, y finalmente pasó a manos de REAL CENTRAL, donde aparecen Pantano y Conte.Aguinsky decidió profundizar esa línea y los invitó a presentarse en el juzgado para dar explicaciones. "Pueden concurrir ante estos estrados para formular las explicaciones y deducir los descargos que crean convenientes ante la presencia de quien suscribe. Si así lo consideran pertinentes podrán indicar en qué momento dentro de los próximos cinco 5 días concurrirán ante estos estrados", dice la resolución a la que accedió LA NACION. Pantano fue dirigente de futsal dentro de la AFA y ocupó un cargo en la tesorería del club Almirante Brown. Antes de ser apartado por la Cámara Federal, Rafecas ya había inhibido sus bienes, congeló sus cuentas y le prohibió salir del país, al igual que a su madre, Ana Lucía Conte, que durante la pandemia recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En los papeles, son los dueños de la quinta en Pilar y de la casa construida en dos lotes del country Ayres Plaza, ubicado en el mismo partido. Durante el allanamiento en ese barrio, según reveló TN, la Policía secuestró documentación que revela que Pablo Toviggino y una de sus hijas estaban entre las personas autorizadas para ingresar.
Mientras avanzan las investigaciones por el siniestro en Antioquia que dejó múltiples víctimas, familiares de estudiantes del Liceo Antioqueño sostienen que el accidente no obedeció a un microsueño y mencionan fallas previas del vehículo durante el trayecto
El uruguayo de 39 años se encuentra cumpliendo con prisión preventiva, y es el principal sospecho de haber terminado con la vida de un remisero en Entre Ríos, y de asesinar a su exesposa Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio, en Córdoba.
El Tribunal Oral Federal 2 habilitó la revisión del fallo que ordenaba ejecutar propiedades en Santa Cruz para cubrir el embargo de 684.000 millones de pesos. Las defensas alegan que "se afectan derechos de terceros no involucrados en el delito". Leer más
El uruguayo Pablo Laurta será juzgado por los homicidios de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, doble femicidio ocurrido en octubre pasado en Córdoba. "El fiscal de instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, dispuso la elevación a juicio de la causa seguida en contra de Laurta por los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad", informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba en su página Web.Además, Laurta tiene otra causa en Entre Ríos, donde está acusado de haber asesinado al remisero Martín Palacio, al que había contratado para que lo llevara desde la terminal de ómnibus de Concordia hacia Rafaela, en Santa Fe, aunque a poco de comenzar el viaje lo mató y le robó el auto.Cuando se retiraba de los tribunales de Concordia, tras haber sido indagado por el homicidio del remisero, y le preguntaron por el móvil del doble femicidio, Laurta respondió: "Quería rescatar a mi hijo de una red de trata". En Córdoba, al ingresar en la Jefatura de Policía, agregó: "Estoy en paz. Mi hijo ahora está seguro. Hice lo necesario para rescatar a mi hijo".A principios del mes pasado, la Justicia de Córdoba le dictó la prisión preventiva por los homicidios de Giardina y Zamudio, ultimadas a balazos el 11 de octubre último. Esa mañana, tras ejecutar el plan criminal, se llevó a su hijo Pedro, que estaba a días de cumplir 6 años. Finalmente, Laurta fue detenido un día después en un hotel de Gualeguaychú.El doble femicida había llegado a Entre Ríos una semana antes del doble crimen. Había cruzado el río Uruguay desde la ciudad uruguaya de Salto en una canoa que ocultó entre la vegetación en Puerto Yeruá. Durante tres días se alojó en un hotel de Concordia con una identidad falsa. Intentó pagar el hospedaje con dólares, pero los encargados del establecimiento le pidieron que lo hiciera con pesos argentinos. Después, a la tarde del martes 7 de octubre, cuando ya oscurecía, fue hasta la terminal de ómnibus de la ciudad, donde se encontró con el remisero Palacio, que se convertiría pronto en otra de sus víctimas."Laurta practicó durante diez días cómo manejar un kayak o una piragua", dijo el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, en una conferencia de prensa en la que dio detalles de la investigación y de la detención del presunto triple homicida.Laurta, de 39 años, había llegado a Salto en su auto particular, marca Lifan, y durante los diez días que practicó cómo navegar con una pequeña canoa el río Uruguay para no pasar contratiempos alquiló una cabaña. En los tres días en que estuvo en Concordia hasta que viajó a Córdoba para asesinar a la madre de su hijo y a su exsuegra para escapar con su hijo en intentar regresar a su país, Laurta viajó en colectivos interurbanos.El martes 7 de octubre pasado, seis minutos antes de las 20, se encontró en la terminal de ómnibus de Concordia con Palacio. Le iba a pagar $1.500.000 por el viaje."En principio, el destino iba a ser la ciudad de Rafaela, en Santa Fe", explicó Roncaglia en aquella conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio González, y el comisario inspector José María Rosatelli, a cargo de la Jefatura Departamental Concordia, entre otras autoridades.Después de saludar a Palacio con un beso y un abrazo y de guardar su equipaje en el baúl, el sospechoso se subió al Toyota Corolla blanco del remisero para comenzar el viaje que iba a terminar con tres homicidios.Entre las 22 y las 23 del martes 7 de octubre los dos teléfonos celulares de Palacio dejaron de funcionar. Se supone que en ese lapso el remisero fue asesinado por Laurta.A las 2.44 del miércoles 8 de octubre pasado, el automóvil de Palacio llegó a una estación de servicio de San Salvador, Entre Ríos. En el vehículo había un solo pasajero: Laurta. Estuvo allí 15 minutos. A las 2.59, y tras cargar combustible, siguió viaje.Los investigadores sospechan que Palacio fue asesinado en el trayecto entre Estación Yeruá, en el departamento Concordia, y General Campos, en el departamento San Salvador. El auto de la víctima apareció incendiado en Córdoba.Como se dijo, Giardina y Zamudio fueron asesinadas en su casa la mañana del 11 de octubre pasado. "Todo indica que el arma homicida fue una pistola Bersa .380 que el asesino compró en Uruguay", dijeron fuentes de la investigación.Tras asesinar a su exmujer y a su exsuegra, el femicida se fue en taxi a la terminal de ómnibus de Córdoba junto con su hijo.En la terminal de ómnibus de Córdoba, el sospechoso y su chico abordaron otro taxi que los llevó hasta Gualeguaychú, donde se hospedaron en el hotel Berlín, donde el doble femicida fue detenido y el niño, puesto a salvo.
Lo sentenciaron por lavado de dinero de origen ilícito. El dueño del Grupo Austral deberá devolver el triple del monto que blanqueó junto a varios cómplices, también condenados. La Cámara de Casación convalidó el fallo del TOF N° 4
Wanda Nara se presentó como testigo en la causa donde su exabogado, Nicolás Payarola Hernayes, está acusado de una serie de estafas. Dos de las presuntas damnificadas son las letradas María Macarena Posse, hija del exintendente de San Isidro, Gustavo Posse, y su socia, Marcela De Leonardis, quienes representaron a la conductora de MasterChef Celebrity en cuestiones civiles y reclaman US$600.000 después de que le revocaran de forma unilateral el convenio de trabajo que se había firmado."Él [por Payarola Hernayes] revisaba y daba el visto bueno final, si enviaban o presentaban algo que no estaba de acuerdo se enojaba. No me acuerdo de qué presentación puntualmente, pero Nicolás [por el acusado] estaba enojado de cosas que presentaban [por Posse y De Leonardis] sin el consentimiento de él. No sé cómo era el arreglo de ellos porque no lo hicieron delante mío. Yo lo que sí siempre pregunto, porque no me gusta deberle nada a nadie, es si debía [dinero]. Él me decía que sus honorarios los iba a cobrar de lo que se determine del expediente", sostuvo Nara al declarar ante el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, quien está a cargo de la investigación.Durante la audiencia, la empresaria y conductora de TV contó que conoció a Payarola Hernayes por recomendación de Elian Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, con quien tuvo una relación.Al ser consultada sobre quién firmó la revocatoria del poder que autorizaba a Posse y De Leonardis para patrocinarla en la causa civil [el reclamo de cuota alimentaria de sus hijas tras la separación con el futbolista Mauro Icardi], Nara explicó: "Me enteré porque me lo mandó la doctora De Leonardis. Ahí me enteré de que las había revocado. Yo no recuerdo haber firmado el escrito de revocación. Igual, aclaro que firmé muchos escritos con Nicolás [por el imputado]. Puntualmente, no me acuerdo haber firmado la revocación en papel. En papel no la firmé, seguro. No recuerdo que Nicolás [Payarola Hernayes] me haya dicho 'firma este papel, que es para sacar a las abogadas'. Si se fija, el expediente civil mío no hay otra causa que no tenga tantas cosas firmadas".Durante su declaración le preguntaron a Nara cuáles habían sido las presentaciones hechas por Posse y De Leonardis que hicieron enojar a Payarola Hernayes. "No sé cuáles son, pero estaba enojado porque decía que pegaban mis firmas".Posse y De Leonardis son representadas por el exjuez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari. Otros damnificados por el abogado José María Vera.La exesposa de Icardi dijo que se enteró de que el convenio tenía una cláusula donde se tenía que pagar US$600.000 si se revocaba la presentación de las abogadas después de una reunión [que se hizo en el departamento de Nara el edificio Château Libertador, del barrio porteño de Núñez] con el CEO de una importante empresa."Cuando terminó la reunión, Marcela [por De Leonardis] me dejó un contrato, un acuerdo de honorarios y de condiciones de la contratación de ellas. Le dije que lo iba a ver y apenas ellas [Posse y su socia] se fueron le escribió a Nicolás [Payarola Hernayes], no sé si fue ese día o el siguiente, y le digo que me preocupaba porque tenía una cláusula de US$600.000 que yo no la iba a poder pagar y que las estábamos contratando por una deuda que en ese momento era de US$90.000. Ahí le escribo, él me llama y le dije que era imposible lo que me estaban mostrando porque tenía esa cláusula. Él me dijo: 'quedate tranquila, no tenés que pagar nada, los honorarios los tiene que pagar Mauro [Icardi] y que ellas iban a cobrar del ajuste de honorarios que iba a hacer la Justicia'. Nunca más hablé ni con Marcela [De Leonardis] y Macarena [Posse] y él [el acusado] me dijo que les había revocado el patrocinio porque habían pegado mis firmas en un montón de documentos de la Justicia y que me iba a traer problemas".
El Tribunal Oral Federal 2 concedió apelaciones de la expresidenta Cristina Kirchner y de sus hijos. Reclaman que 19 bienes se excluyan del decomiso ordenado por $684 mil millones
La inversión fue de 162 millones de pesos. El TOF N°7, que lleva adelante el juicio oral, pidió a la Corte que habilite la sala Derechos Humanos de Tribunales para la etapa de indagatorias, que comenzará en 2026
La conductora estuvo cerca de dos horas en la fiscalía de Benavídez como testigo del letrado.
El periodista y exdiputado fue citado a indagatoria junto a Vanesa Moreno en mayo pasado, por el caso que trascendió tras la denuncia de su excompañera, Bárbara García. El comunicador había señalado que su mujer ya estuvo involucrada en hechos similares y atraviesa un cuadro de salud mental complejo. Leer más
La conductora estuvo cerca de dos horas en la fiscalía general de Benavídez y al salir tuvo un breve contacto con la prensa.
La conclusión del fallo de los jueces de la causa señaló al odio en el discurso público como una "causal necesaria" para el ataque cometido en septiembre de 2022. Leer más
"Como ya había comentado, hay una investigación abierta por la DANA. En este procedimiento permanezco como investigada, y por ello, no voy a responder a ninguna pregunta", ha asegurado
La Justicia concluyó que los discursos de odio fueron la principal causa del intento de asesinato de Cristina Kirchner, por el cual fueron condenados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, y aseguró que una parte de los argentinos prefieren descreer de la evidencia y hablar de un "autoatentado" para no enfrentar esta realidad.Los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari condenaron a 10 años de prisión a Sabag Montiel por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, en septiembre de 2022. Su entonces novia, Uliarte, recibió ocho años. Sabag tenía una condena previa por tenencia de pornografía infantil, por lo que su pena fue unificada en 14 años.La jueza Namer fue la que lideró los fundamentos de la sentencia de 544 páginas. Allí expresó que el ataque no ocurrió en el vacío, sino que fue la consecuencia directa de un clima de violencia política y discursos de odio que funcionaron como una "causal necesaria" para que los imputados -luego condenados- pasaran del dicho al hecho.El fallo advirtió que la construcción de un "enemigo común" a través de redes sociales y medios de comunicación generó un escenario donde la eliminación física del adversario político pasó a ser vista por los condenados como un acto de justicia o heroísmo. Sin embargo, el tribunal trazó una línea divisoria: aunque reconoció que existió hostilidad basada en el género de la víctima, determinó que el móvil principal de los atacantes fue el odio político y no la violencia de género, con lo que descartó la agravante de femicidio.La jueza Namer reflexionó: "Es llamativo que pese a los videos que dan cuenta del hecho, la confesión de Sabag Montiel y lo que arrojó el juicio, que fue reproducido en su totalidad por medios de difusión masiva, hasta el día de hoy, mucha gente piense que el hecho no existió o que fue un autoatentado planeado por la propia víctima". "Por lo increíble que resulta para muchos, corresponde que, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que el caso tenga para quienes en este juicio están juzgados como sus responsables, desde las instituciones democráticas se pongan de relieve aspectos que nos desafían como sociedad", dijo Namer.Namer explicó que el juicio versó sobre "matar a una mujer política con ideas que gustan a muchos y disgustan a otros tantos. De ser mujer y política en una sociedad machista y dividida políticamente".La jueza evaluó que el juicio trató "de las instituciones democráticas. De la grieta. De los medios de comunicación y las redes sociales. De la cultura de la cancelación. De la necesidad de sobresalir o ser reconocido por pares y de la necesidad de fama; de la tristeza y la desesperanza que afloró todavía más luego de la pandemia del Covid 19. De los 'rotos'. Del desafío a las autoridades y el descreimiento en la política y en las instituciones; de los cambios en la estructura social que expuesta con brutalidad en algunos testigos y testimonios, en más de una oportunidad nos descolocó en el debate".Pero advirtió que, por sobre todo, el juicio "habló de un tiro que no salió, y pudo haber salido. Que no salió por obra del destino, de Dios, de la mala suerte, de un mal plan, de lo que sea". "Que pudo haber salido de un arma apta para el disparo, cargada con municiones aptas y que fue gatillada a centímetros de la cabeza de la víctima, ante los ojos de militantes que la adoraban y opositores que la odiaban; y de una sociedad que es incrédula ante un resultado que no ocurrió, pero que no se sabe cómo hubiese reaccionado si hubiese ocurrido", agregó.Sabag Montiel se imaginó una desestabilización institucional, una guerra civil y el profundo enojo de un sector de la sociedad, dijo Namer, y afirmó: "Claramente nada hubiese sido igual para nadie si el tiro hubiese salido, pero como sociedad no podemos hacer de cuenta que no pasó nada ni podemos dejar de reflexionar acerca de por qué y cómo se llegó a una situación en la que una persona pudo haber perdido la vida y en la que la paz social pudo haber pendido de un hilo"."El odio en el discurso público fue una causal necesaria para que el hecho tuviera lugar", dijo la jueza y mencionó "la construcción de un enemigo común a través de un discurso de odio deja a la deriva la posibilidad de que se pase al acto fácilmente; que cualquiera puede transformarse en enemigo y que la intolerancia a la posición política del otro puede transformarse en la intolerancia a su raza, religión, pensamiento, orientación sexual, etc.; que la cultura de la cancelación por el desagrado de las ideas distintas puede llevar a la muerte del otro". Por eso, rescató a la "democracia como modelo institucional regulador del conflicto y la diferencia de opiniones e intereses", y advirtió que el respeto por el otro empieza a "romperse desde la habilitación del discurso de odio como legitimante de la eliminación de quién es o piensa diferente"."He allí el enorme riesgo que enfrentamos si no reconocemos en este aberrante hecho histórico un llamado de atención que todos los niveles institucionales, y sobre todo quienes ocupamos lugares de toma de decisiones, debemos reconocer y atender para prevenir su reiteración", advirtió.El juez Grünberg sumó su propia reflexión, calificando el fenómeno como de "incomprensión absoluta" del otro. Citando al filósofo José Pablo Feinmann, argumentó que una vez que el otro es ubicado en la dimensión de "enemigo", la única actitud posible es la violencia. Grünberg alertó sobre la indudable influencia que tuvieron los mensajes de odio en la determinación homicida de los condenados.Uno de los puntos más inquietantes del fallo es el análisis de la agrupación de extrema derecha Revolución Federal con el caso. El tribunal dio por acreditado que Sabag Montiel y Uliarte participaron activamente de la "Marcha de las Antorchas" organizada por este grupo el 18 de agosto de 2022, donde se lanzaron antorchas encendidas contra la Casa Rosada. Uliarte incluso tenía fotos de esa jornada en su celular.El fallo resalta que el 25 de agosto de 2022, días antes del ataque, Jonathan Morel (líder de Revolución Federal) dijo en un Twitter Space que, si no fuera conocido, se infiltraría entre los militantes cantando la marcha peronista para "pasar a la historia".La sentencia subraya que el plan ejecutado por Sabag Montiel fue "casi calcado" de las palabras de Morel: el atacante efectivamente intentó mimetizarse con los simpatizantes kirchneristas para acercarse a la víctima.Aunque los jueces aclararon que no hay pruebas directas de que los imputados escucharan esa transmisión específica, destacan que el plan puesto en práctica pocos días después siguió exactamente esa lógica.Los jueces concluyeron que Sabag Montiel quería matar a Cristina Kirchner porque la consideraba responsable de la inflación, la corrupción y de su propio declive económico, donde pasó de tener un buen pasar a vender copos de azúcar.Para el tribunal, no se probó que quisiera matarla por ser mujer o para disciplinar al género femenino. El fallo sostiene que atribuir el ataque exclusivamente al género "soslaya las complejidades multicausales" de un hecho motivado por el fanatismo político y el odio ideológico.Por su parte, Fornari se limitó a validar la reconstrucción de los hechos y la calificación legal desarrollada en el voto principal.
Los denunciantes cuestionaron el pase de la investigación al fuero penal económico y reclamaron que continúe en la Justicia federal. También solicitaron que se incorporen nuevos imputados y empresas vinculadas a la conducción del fútbol argentino. Facundo del Gaiso, dirigente de la Coalición Cívica y uno de los generadores de la acusación, expresó que se trata de una determinación jurídicamente errónea y contraria al orden normativo vigente". El escenario. Leer más
Los denunciantes cuestionaron el pase de la investigación al fuero penal económico y reclamaron que continúe en la Justicia federal. También solicitaron que se incorporen nuevos imputados y empresas vinculadas a la conducción del fútbol argentino. Leer más
Las autoridades difundieron los resultados forenses que esclarecen el trágico final de la joven de 22 años, cuya desaparición tras una salida nocturna movilizó a su comunidad y originó un amplio operativo de búsqueda
La Justicia dispuso cinco meses de detención preventiva para el exmandatario, acusado por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante su paso por el Ministerio de Economía en el gobierno de Evo Morales.
Con una estructura judicial que en los últimos cinco años consolidó fiscalías especializadas, procuradurías técnicas y una tasa inédita de condenas en causas complejas, el caso Loan no interpela sólo a los imputados. Interpela, en su núcleo más profundo, a las instituciones llamadas a juzgar. Leer más
Luego de que la Cámara Federal enviara al fuero penal económico la causa que investiga un presunto lavado de dinero de la quinta de Pilar adjudicada a autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), los dirigentes de la Coalición Cívica que impulsaron la investigación cuestionaron la decisión y presentaron un escrito para que vuelva al fuero federal. Además ampliaron la denuncia con más supuestas pruebas y solicitaron la inclusión de otros funcionarios al proceso judicial, entre ellos, Pablo Toviggino."Creemos que la decisión de la Cámara Criminal de quitarle al juez Daniel Rafecas el caso por presunto lavado de dinero de testaferros posiblemente vinculados a Claudio Tapia y Pablo Toviggino y pasarlo al Juzgado en lo Penal Económico es jurídicamente errónea y contraria al orden normativo vigente. Por eso presentamos junto a Matías Yofe un escrito ante la Procuración General para que vuelva al fuero federal. Acá lo central de la denuncia es el lavado", expresó en sus redes sociales Facundo del Gaiso, uno de los denunciantes.Además aseguró que se amplió la denuncia a través del aporte de nuevos hechos y elementos de prueba documentados que refuerzan los argumentos. "Solicitamos la inclusión de Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon y Mauro Javier Paz, entre otros, por la participación en la actuación personal y social a través de las empresas Soma SRL, Malte SRL y Wicca", declaró.ESCRITO PARA QUE VUELVA AL FUERO FEDERAL Y AMPLIACION DE DENUNCIACreemos que la decisión de la Cámara Criminal de quitarle al juez Daniel Rafecas el caso por presunto lavado de dinero de testaferros posiblemente vinculados a @tapiachiqui y @TovigginoPablo y pasarlo al Juzgado enâ?¦ pic.twitter.com/HG59T8Yt0a— Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) December 13, 2025En el documento, los denunciantes justificaron su pedido en que el delito de lavado de activos tiene "naturaleza federal", según el marco normativo, porque afecta a bienes jurídicos de orden nacional, pero no ha sido asignado legalmente a la Justicia Penal Económica."A diferencia de la justicia federal criminal ordinaria -cuya competencia se define por la naturaleza federal de ciertos bienes jurídicos afectados o por la materia del delito-, en el caso del fuero penal económico no rige un criterio general por materia, sujeto o interés jurídico, sino un listado taxativo de figuras delictivas atribuidas. En ese listado no figura expresamente el delito del art. 303 del Código Penal (lavado de activos), pues dicha figura fue incorporada al Código Penal por ley 26.683 sin una cláusula específica de asignación de competencia al fuero penal económico", explicaron.Tal como informó LA NACION, este viernes, la Cámara Federal, a través de un fallo unipersonal del juez Leopoldo Bruglia, decidió que la causa debe ser instruida en el fuero penal económico y le tocará llevarla al juzgado 10, cuyo titular es el juez Marcelo Aguinsky.Hasta la decisión de la cámara, el caso estaba en manos del juez Daniel Rafecas, quien había declarado la incompetencia de su juzgado y enviado el caso al fuero penal económico, pero el juez Javier López Biscayart rechazó asumirlo: dijo que le correspondía a los tribunales federales de Comodoro Py y le devolvió el expediente a Rafecas. Luego, todo pasó al poder de la Cámara Federal, que tomó la decisión."No surgen -por el momento- particularidades concretas de la maniobra investigada que permitan inferir la afectación de bienes jurídicos tutelados que habiliten la intervención de este fuero", dijo el juez Bruglia y añadió: "Entiendo que la prosecución de la investigación debe quedar a cargo del juzgado en lo penal económico con competencia específica en la materia, pues exclusivamente -prima facie- se encontraría comprometido el orden económico y financiero".Ya apartado del caso, Rafecas ordenó este viernes un allanamiento de la finca de Villa Rosa, ubicada en Pilar. Se trata de una propiedad sospechada de pertenecer a altos dirigentes de la AFA. Allí se encontraron 52 de los 57 vehículos de alta gama que la Justicia tenía previamente identificados por estar a nombre de Real Central SRL, la empresa investigada y propietaria formal del lugar.En el listado de vehículos bajo titularidad de la firma -sobre cuyos dueños, Luciano Pantano y Ana Conte, pesa la sospecha de ser prestanombres- figuran varios vehículos de lujo, una gran serie de autos deportivos, camionetas 4x4, motocicletas y coches "coleccionables".Asimismo, el martes, el juez federal Luis Armella había ordenado más de 30 allanamientos en el marco de la investigación por las maniobras de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA
La decisión fue de la Cámara Federal porteña, que resolvió un conflicto de competencia planteado por el propio magistrado y derivó el caso al fuero penal económico
A casi un mes de la denuncia por amenazas iniciada por Juana Tinelli, su madre, Paula Robles declaró como testigo ante la Justicia. Lo hizo de manera presencial en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6. El testimonio de la expareja de Marcelo Tinelli estuvo relacionado con lo que contó el conductor y su hija."Refrendó todo lo que contaron Juana y Marcelo", dijo a LA NACION Juan Villanueva, uno de los abogados de la joven de 22 años. "Contó que la denunciante se lo contó a ella, su madre, inmediatamente después de recibir el llamado, llorando, muy angustiada, y que después llamaron juntas al padre de Juana para contarle lo que había pasado", sumó.El llamado como testigos a Marcelo Tinelli y a Paula Robles surge luego de que en su denuncia, la modelo los mencionara y detallara en su relato justamente que tras recibir el llamado alertó de la situación a su madre y que luego juntas se contactaron con su padre."Estaba por grabar una serie en casa, me estaba maquillando y no tenía el teléfono a mano, cuando lo agarro y veo un mensaje de Juana. 'Necesito hablar urgente con vos'. Me dijo que la acababan de amenazar, la llamé y me atendió llorando. Quise tranquilizar la situación, pero agarró el teléfono su mamá y me dijo que no le podía pedir tranquilidad a una persona amenazada. En ese momento Juana agarró el teléfono, me insultó y me cortó. Me escribió después que no podía creer que no le diera bola", reveló hace tres semanas Tinelli ante la Fiscalía.Según contó en su relato, Juana recibió una llamada a su celular de un número oculto. "'¿Vos sos Juana Tinelli?', me preguntaron, a lo que respondí que sí, que quién hablaba. El hombre me contestó: 'Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho'". De inmediato ella decidió cortar la comunicación y debido al shock lo primero que atinó a hacer fue borrar el registro de la llamada.Respecto a la investigación, el abogado de Juana explicó que se encuentran esperando el resultado de unos estudios realizados sobre las antenas telefónicas, lo que les podría permitir o al menos acercarse a los autores de la llamada.En paralelo, el jueves por la tarde Marcelo Tinelli grabó algunas escenas que le habían quedado pendientes de la nueva temporada de su reality, según confirmo El Tirri a LA NACION. Además de su primo, lo acompañaron sus hijas mayores, Micaela y Candelaria.Qué dijo Juana TinelliA través de su cuenta de Instagram, Juana Tinelli sorprendió a sus seguidores el sábado 29 de noviembre con una preocupante historia: "Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra".El mensaje prosiguió: "Hoy hablo desde ese lugar: desde la vulnerabilidad, desde el miedo, pero también desde la necesidad de vivir en paz. Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho".Lo que también llamó la atención fue que en ese mismo mensaje Juana cuestionó a su padre. "No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá tomó en los últimos años. Creo que esas acciones lo llevaron a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad", dijo.Días más tarde, Marcelo Tinelli hizo lo propio desde su cuenta en X: "Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre", comenzó escribiendo. "El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso".
Las autoridades investigan el origen de una importante fuga de petróleo registrada cerca de Granzow, sucesos que han obligado a activar medidas de emergencia mientras equipos especializados trabajan para contener el impacto ambiental causado por el accidente
La Cámara Federal resolvió trasladar al fuero penal económico la causa que investiga por presunto lavado de dinero el caso de la fastuosa quinta de Pilar sospechada de pertenecer a las autoridades de la Asociación de Futbol Argentina (AFA). Hasta hoy, el caso -que en las últimas horas avanzó con nuevos allanamientos- estuvo en manos del juez Daniel Rafecas. Este magistrado había declarado la incompetencia de su juzgado y enviado el caso al fuero penal económico, pero el juez Javier López Biscayart rechazó asumirlo: dijo que le correspondía a los tribunales federales de Comodoro Py y le devolvió el expediente a Rafecas. La disputa pasó así a la Cámara Federal, que hoy, con un fallo unipersonal del juez Leopoldo Bruglia, decidió que la causa debe ser instruida en el fuero penal económico. Le tocará llevarla al juzgado 10, cuyo titular es el juez Marcelo Aguinsky."No surgen -por el momento- particularidades concretas de la maniobra investigada que permitan inferir la afectación de bienes jurídicos tutelados que habiliten la intervención de este fuero", dijo el juez Bruglia. "Entiendo que la prosecución de la investigación debe quedar a cargo del juzgado en lo penal económico con competencia específica en la materia, pues exclusivamente -prima facie- se encontraría comprometido el orden económico y financiero", sostuvo. En el fallo, el juez observó que será el fuero penal económico quien deba considerar si existe también una cuestión territorial para analizar, puesto que la quinta denunciada está en el partido de Pilar. La disputa por la competencia se resolvió mientras Rafecas avanzaba con una amplia serie de medidas de prueba. Hoy, en un nuevo allanamiento a la casa quinta, la Policía encontró 52 vehículos, muchos de ellos de lujo, que fueron inmovilizados por orden del juez, quien dictó también un embargo preventivo sobre el inmueble. Los accesos al terreno estuvieron bloqueados desde el viernes pasado por la Policía, dijeron fuentes judiciales. El tamaño de la quinta y sus instalaciones no guardan correlación con el perfil económico de sus dueños formales, Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. La casa quinta investigada contaría con pista de entrenamiento para caballos, un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera, un helipuerto propio, múltiples instalaciones deportivas y esta amplia colección de más de 50 vehículos.
A la tesorera de Sur Finanzas, se suman el chofer y una acompañante que estaban con ella al momento de su detención. Se esperan más allanamientos en la causa por presunto lavado contra la financiera de Ariel Vallejo.
El dirigente de la Coalición Cívica ARI cuestionó la inacción de la Justicia y de los organismos de control frente a las presuntas maniobras ilegales vinculadas a la AFA. Además, señaló que "nadie quiso mirar lo que pasaba en Pilar hasta que el escándalo explotó". Leer más
El juez federal Daniel Rafecas ordenó este viernes el allanamiento de la finca de Villa Rosa, ubicada en Pilar. Se trata de una propiedad sospechada de pertenecer a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).Fuentes judiciales detallaron que, además de los agentes encargados del operativo, en el inmueble se encuentran seis peritos designados por el juzgado para tasar la finca -tres expertos de la Corte Suprema y tres del colegio de Martilleros de San Isidro-.El martes, el juez federal Luis Armella había ordenado más de 30 allanamientos en el marco de la investigación por las maniobras de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Los operativos se realizaron en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en las oficinas de la Superliga, y en 18 clubes de Primera y del Ascenso. Algunos de ellos tenían un acuerdo de sponsoreo con la financiera de Ariel Vallejo, otros recibieron préstamos o donaciones, y un tercer grupo está siendo investigado por una misteriosa triangulación de los derechos de televisación.Allanamiento en la quinta de PilarEl megaoperativo en la quinta de PilarAdemás de tasar el lugar, se hará también una filmación completa del predio y se tomarán fotografías, informaron las fuentes.En ese marco, el juez Rafecas ordenó que en caso de hallarse vehículos u otros objetos suntuarios en el lugar, también se los tase y releve.En imágenes, así es la quinta de PilarQuién es el dueño de la mansión La mansión está a nombre de Real Central S.A., de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, pero la sospecha es que ellos serían prestanombres de altos dirigentes de la AFA. La denuncia, presentada por la Coalición Cívica, plantea la sospecha de que podría ser del presidente de la AFA, Claudio Tapia, o del tesorero de la asociación, Pablo Toviggino.Antecedentes de la quintaLa quinta de Villa Rosa fue adquirida por el exfutbolista y director técnico Carlos Tevez en julio de 2017. Seis años más tarde, el 28 de julio 2023, fue vendida a la firma Malte SRL, que la tuvo a su nombre menos de un año. El 30 de mayo de 2024, la compró Real Central SRL.Malte SRL también está vinculada con la AFA: uno de los socios, creen los investigadores judiciales, sería Mauro Javier Paz, titular de la Asociación Argentina de Fútbol Femenino, que está dentro de la estructura de la AFA.Malte SRL, además, recibió en 2022 una contratación directa de la AFA por 550.000 dólares para la construcción de instalaciones para el funcionamiento del VAR en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, según los registros públicos de la AFA: "Se autorizó, de manera excepcional, la contratación directa de la Empresa Malte SRL", informó la AFA. Indicó que se hizo así "teniendo en consideración el anuncio del comienzo de su implementación [del VAR], sus reiteradas postergaciones y la clara decisión de la Liga Profesional de Fútbol y su aprobación por parte del Comité Ejecutivo de comenzar a utilizarlo".
Lo ordenó el juez federal Daniel Rafecas que también dispuso que se haga una tasación del lugar.
A la exdirectora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, hija de Miguel Calvete, le encontraron USD 700.000 en su domicilio durante un allanamiento. Leer más
Un análisis de expertos médicos destaca que la exposición a bajas temperaturas puede provocar alteraciones en el funcionamiento de órganos vitales y aumentar la vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales
Empresarios arrepentidos describieron un esquema de sobornos en la obra pública vial y apuntaron a Cristina Kirchner en la causa Cuadernos. Leer más
En una audiencia de alta temperatura celebrada este jueves en los tribunales de Comodoro Py, el abogado del exlíder de Montoneros Mario Firmenich y la defensa de otros involucrados en la voladura del comedor de Coordinación Federal de la Policía Federal, en julio de 1976, cuestionaron la decisión de la Cámara Federal que ordenó en diciembre último reabrir la investigación del trágico atentado, que provocó 24 muertos y un centenar de heridos. "Quince magistrados, entre fiscales, jueces de primera instancia, jueces de Cámara, jueces de esta Cámara de Casación y ministros de la Corte han considerado la prescripción del hecho investigado por la ausencia de participación estatal", marcó el defensor de Firmenich, Gustavo Maradini Drago, ante los jueces de la Sala I de Casación."Nunca la organización a la que se le atribuye este hecho tuvo control territorial de ninguna porción del Estado argentino", completó el abogado, que fue abucheado y aplaudido, según el caso, por las más de 40 personas que colmaron el salón con pancartas fotos y consignas varias. Al letrado de Firmenich lo precedió la abogada y dirigente de izquierda Myriam Bregman, representante de Patricia Walsh, hija del fallecido escritor Rodolfo Walsh, que fue acusado de ser el autor intelectual del atentado.Bregman aseguró que el fallo de la Cámara Federal se produjo en sintonía con la intención del Gobierno de emprender una "batalla cultural" y, en particular, con la llegada a la vicepresidencia de Victoria Villarruel, quien en 2009 se presentó en la causa como "amiga" del tribunal.Cada una de las intervenciones exigía al presidente de la Sala, Diego Barroetaveña, renovar su pedido de silencio para continuar con la audiencia. "Es una causa que los sectores negacionistas han intentado reabrir durante 22 años", atizó Bregman. "Ahora creen que tienen un contexto favorable para mancillar la lucha por la memoria y están buscando la impunidad de los genocidas", remarcó.A su turno, el defensor oficial Santiago Martínez, que representa a un extenso grupo de personas que son nuevamente investigadas por el hecho, dijo sobre la voladura: "No nos encontramos ni ante un agravio a los derechos humanos ni ante un crimen internacional ni ante un crimen de lesa humanidad"."Además -sumó luego- esta posibilidad de investigar un hecho 50 años más tarde y 22 años más tarde de la denuncia original afecta el principio de ser juzgado en un plazo razonable".A ellos los siguió la querella que, conectada a través de un Zoom, validó la decisión de la Cámara."No es posible sostener que la colocación de una bomba que se llevó dos decenas de vidas y más de 100 heridos y mutilados no pueda constituir una violación grave a los derechos humanos", marcó la abogada de la organización Justicia y Concordia, Laura Olea. "Choca contra el sentido común y el sentido natural de la Justicia", añadió.Olea ubicó el ataque al comedor de la Policía Federal en el marco de la guerra fría. "En ese período sufrió nuestra nación lo que la Cámara Federal calificó como un hecho notorio: una guerra revolucionaria. No se trata de un hecho aislado, se enmarca en los 21-000 atentados cometidos por organizaciones terroristas", sostuvo la letrada.La siguió Ricardo Saint Jean, abogado también de la organización, quien reforzó la idea, asegurando que existió un financiamiento a Montoneros por parte de Cuba y otros "estados extranjeros"."Estos asesinos pusieron 5200 bombas. Pretender que colocar una bomba no significa una grave violación de los derechos humanos es intentar tapar el cielo con las manos". Sobre el final, Saint Jean aseguró que la violación del plazo razonable es el único planteo con el que "podría estar de acuerdo", siempre y cuando los alcances de un fallo en este sentido "abarcaran también a la enorme cantidad de oficiales y suboficiales jóvenes que recibieran el mismo trato que estos asesinos y terroristas".Fallo de la CámaraEn diciembre de 2024, la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, decidió reabrir el expediente e indicó que Firmenich debía ser llamado a prestar declaración indagatoria como responsable por el ataque a la Superintendencia de Seguridad Federal."La brutal represión ilegal que desplegó la dictadura militar que usurpó el poder a partir de marzo de 1976 fue el episodio más oscuro, cruel y aberrante de la historia argentina. No hubo porción de la historia argentina previa a ese período que se le compare -escribió el juez Llorens en su voto. Pero, aun así, su barbarie no absuelve ni exculpa a quienes planearon el atentado [la agrupación Montoneros], a las distintas células encargadas de su logística y realización -los integrantes del denominado "Pelotón de Combate Sergio Puigros"-; ni a los que lo ejecutaron materialmente. Las atrocidades de unos no neutralizan los crímenes de los otros".José María Salgado, de 21 años, fue identificado como el responsable material del hecho. Había cumplido el servicio militar en la Policía, mientras mantenía una activa militancia en la organización armada, que ya actuaba en la clandestinidad."Los horrores de la dictadura se llevaron, por lejos, el primer lugar en la competencia de atrocidades y barbarie. Pero una vez que ese resplandor pudo ser apaciguado, los contornos se definieron, dejando ver que también había otras crueldades para analizar", dijo Llorens.Propuso, además, revocar el sobreseimiento de Mario Eduardo Firmenich, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Lila Victoria Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznares, pero quedó en minoría. De todas maneras, todos volvieron a ser investigados.Sus colegas, los magistrados Bruglia y Bertuzzi coincidieron con sus argumentos. Mencionaron que en este caso "es la total ausencia de una labor investigativa seria, así como una inacción absoluta por parte del Estado en su deber de esclarecer lo sucedido y determinar la responsabilidad de los autores".
La cadena Trader Joe's abrió este jueves 11 de diciembre las puertas de una nueva tienda en California, que genera gran expectativa en el estado, con una ceremonia especial. Se encuentra en Costa Mesa, y ya es la segunda sucursal que dispone la empresa en esa localidad.Trader Joe's abrió una nueva tienda en California: ubicación, tamaño y qué ofrece en CaliforniaTrader Joe's confirmó en su sitio web que este jueves abrió su segunda tienda en Costa Mesa. El local está ubicado en 2170 Harbor Blvd, donde ocupa parte de un antiguo local de 99 Cents Only Store.De acuerdo con The Orange County Register, se trata de un comercio de 9541 pies cuadrados. La cadena, con sede en Monrovia, opera actualmente 615 sucursales en 42 estados y Washington D.C.En el Estado Dorado se encuentran aproximadamente un tercio del total de las tiendas que posee la empresa fundada por Joe Coulombe y con inicios en Pasadena en 1967. El objetivo de la marca con la apertura de su nuevo local en Costa Mesa se relaciona directamente con un proyecto de expansión continua en Estados Unidos.Gracias a ese avance, la compañía ya cuenta con una gran cantidad de productos de marca populares. Incluso, hay una lista de favoritos de los fanáticos publicada anualmente.Por qué Trader Joe's sigue expandiéndose en California: los factores que analiza la cadenaTara Miller y Matt Sloan, ejecutivos de Trader Joe's, explicaron anteriormente en un podcast que, en medio de la expansión de la tienda, las nuevas ubicaciones son elegidas estratégicamente basándonos en ciertos factores:Densidad de población de una ciudad.Patrones de tráfico de los clientes.Disponibilidad de estacionamiento en el sitio propuesto."Tenemos que analizar una gran cantidad de sitios potenciales para asegurarnos de conseguir el mejor sitio posible", explicó Sloan.La otra ubicación que la empresa tiene disponible en Costa Mesa se encuentra en 640 W 17th St.Las mejores ofertas navideñas que ofrece Trader Joe's en 2025En su sitio web, Trader Joe's dispone de una Guía Navideña Fearless Flyer que ayuda a los clientes a encontrar las mejores ofertas que tiene la compañía de cara a las celebraciones de 2025.En el listado, se pueden encontrar desayunos invernales, yogur griego de ponche de huevo, gofres con azúcar y canela o sirope de vainilla Bourbon. También hay festines con asados â??â??de costilla de res deshuesados, risotto de trufa y paletillas de cordero sazonadas.Algunos de los productos más destacados son:Papas fritas con queso azul Cashel: una opción perfecta para acompañar ensaladas, sopas o sándwiches, e incluso otros quesos y embutido. Tienen un valor de 2,99 dólares la bolsa de 150 gramos.Batard orgánico de higos y miel: su dulzura lo hace delicioso por sí solo y presenta una combinación maravillosa para sabores fuertes y salados. Tiene un precio de US$4,99 cada uno.Bastón de caramelo Joe-Joe's "gloriosamente" sin gluten: le dan un toque visual espectacular a la tabla de galletas navideñas y tienen un valor de US$4,99 cada caja.Brookie de menta: tiene formato rectangular, cortado previamente en ocho cuadrados, y es ideal como snack. Cuesta unos US$4,99.
El juez federal Daniel Rafecas ordenó hoy allanamientos en el barrio privado Ayres Plaza, en Pilar, y en una oficina de la ciudad de Buenos Aires, en Paraná 861, como parte de la causa que investiga quiénes son los verdaderos dueños de una fastuosa quinta en Villa Rosa, adjudicada a los máximos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).La denuncia que dio origen a esta causa fue presentada por dirigentes de la Coalición Cívica, que sostuvieron que hay elementos para creer que la quinta podría pertenecer a Claudio Tapia, el presidente de la AFA, o a Pablo Toviggino, el tesorero.Las propiedades que están siendo allanadas por orden de Rafecas pertenecen a Real Central SRL, que en los registros aparece como propietaria, desde mayo de 2024, de la quinta de Villa Rosa. Se trata de una empresa cuyos dueños, en los papeles, son Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, que según los avances de la investigación no tendrían capacidad económica para haber comprado ese inmueble.Rafecas allanó dos terrenos de Ayres Plaza -las unidades funcionales 265 y 306- porque ambos figuran como "a construir", pero según fotos que trascendieron en ese lugar se habría levantado "una mansión", dijeron fuentes judiciales a LA NACION.La oficina de la calle Paraná es la sede formal de Real Central SRL.Noticia en desarrollo
Otros cuatro acusados fueron citados a declarar. Entre ellos se encuentra la exfuncionaria e hija del lobista Miguel Ángel Calvete
El actor de "Grey's Anatomy" y "Euphoria" se refirió al impacto de la esclerosis lateral amiotrófica, mostrando cómo enfrenta los días difíciles y por qué decidió visibilizar la enfermedad desde su experiencia personal
Está previsto que en primer lugar se toda la prueba producida durante la investigación, como documentación de organismos públicos, fuerzas de seguridad y empresas privadas, que constituyen la columna vertebral de la acusación por presunta asociación ilícita y pago de sobornos en la obra pública. Leer más
"Por supuesto que vuelvo", afirmó la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025. "Sé exactamente los riesgos que corro", agregó
El ex presidente de Bolivia fue detenido este miércoles por fuerzas de seguridad. La Fiscalía emitió una orden de aprehensión en el marco de una investigación por presunta corrupción en el caso Fondo Indígena. La ex ministra de la Presidencia, María Nela Prada, confirmó el operativo. Leer más
La conductora de "Masterchef" fue convocada para este lunes a las 8 en la fiscalía de Benavídez.Su testimonio está vinculado a una denuncia por una deuda de 600 mil dólares a una letrada que trabajó durante su divorcio con Mauro Icardi.
El ex presidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles en el marco de una investigación sobre el presunto desfalco de recursos públicos, según informó el diario boliviano El Deber. El exmandatario está acusado de haber autorizado desembolsos de fondos estatales a cuentas particulares en un programa que beneficia a comunidades indígenas.Tras la detención, la exministra María Nela Prada cuestionó la acción, y habló de "secuestro "y denunció que fue trasladado a las oficinas centrales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen Anticorrupción (FELCC).El exmandatario estaría prestando declaraciones en instalaciones de la FELCC para responder por el caso del Fondo Indígena en el que la Fiscalía procesa a varias personas por la malversación de altos montos de dinero destinados a obras sociales pero que fueron a parar a cuentas personales de autoridades del gobierno, según consignó El Deber. De acuerdo con Nela Prada, Arce fue aprehendido en Sopocachi, barrio de la Ciudad de la Paz. En un video publicado en Facebook denunció que lo "secuestraron cuando él estaba solo". El expresidente no opuso resistencia ante la presencia de los policías, según medios locales.El caso, uno de los mayores escándalos de corrupción en el país, se remonta a la época en el que el ex mandatario ejerció como ministro de Economía y Finanzas, cartera de la que dependía dicho fondo. Entre las personas arrestadas figura la exdiputada del MAS, Lidia Patty, quién durante su reciente declaración admitió que recibió dinero del Estado en cuentas particulares para proyectos del Fondo Indígena bajo instrucción de Arce.Previo a la detención de Patty, el Ministerio Publico, junto con efectivos de FELCC, allanó las instalaciones del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), en el marco de la investigación por irregularidades en ocho proyectos donde se encuentra implicada la exdiputada.
El ex mandatario está involucrado en el caso de un presunto desfalco millonario de recursos públicos destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas, cuando era ministro de Economía de Evo Morales.La ex ministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció a través de sus redes sociales que el ex jefe de Estado fue "secuestrado".
Autoridades de salud en Estados Unidos registran 650 mil casos, 7 mil 400 hospitalizaciones y 300 muertes por influenza en la presente temporada
Lo solicitó uno de los querellantes en la causa, Martín Romeo, quien invirtió en la criptomoneda $LIBRA. Aseguró que Taiano rechazó "una parte sustancial de las pruebas ofrecidas" tanto por las querellas como por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Leer más
El juez federal Luis Armella ordenó una segunda tanda de operativos simultáneos, luego de las requisas del martes en 17 clubes y en la AFA
El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó que cinco acusados respondan por el desvío de más de $1.590 millones mediante correos y documentos apócrifos que lograron engañar al Banco Nación
Historiadores de Francia están sorprendidos por el estudio, que arrojó que la causa de muerte del "Rey Sol" no fue la que hasta ahora se creía.Los expertos accedieron al corazón de Luis XIV, que tuvo un derrotero increíble, gracias al permiso de los descendientes del rey.
La ex OV7 compartió detalles médicos desconocidos sobre la condición que sufrió su primogénita Sophia, buscando acompañar a otras madres que han pasado por una pérdida similar
El Guapo, club presidido por uno de los hijos de Claudio Chiqui Tapia, emitió un comunicado en el que aclaró que solo tiene un "vínculo comercial" por ser patrocinador.Por su parte, el organismo que lleva las riendas de la Primera División también tiene el nombre de la financiera apuntada como naming de sus torneos.
La Cámara Federal ordenó liberar al médico Pablo Atchabahian, el único de los 15 imputados que estaba preso en la causa donde se investiga la compra supuestamente cartelizada de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde el principal acusado es Diego Spganuolo, extitular del organismo.Atchabahian, un médico urólogo, vivía encerrado en su domicilio del barrio Vistalba, de Luján de Cuyo, en Mendoza. El juez federal Sebastian Casanello había dispuesto su arresto porque intentó eludir a la Justicia.De las intervenciones telefónicas que le hicieron, surgió que Atchabahian sabía de la causa y que "mantendría contacto con terceros que le proveerían auxilio de manera de poder sustraerse del actuar jurisdiccional".Atchabahian es uno de los principales sospechosos del caso, ya que actuaba como presunto jefe en las sombras de Daniel Garbellini, el funcionario con injerencia en las compras de la Andis.En los audios adjudicados a Spagnuolo, Garbellini era presentado como el hombre de Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de Karina Milei, había impuesto en la Andis para controlar la operatoria. "Me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear", dice sobre Menem y Garbellini quien presuntamente es Spagnuolo en uno de los audios que desataron el escándalo.La decisión de liberar a Atchabahian fue de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal, Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, a solicitud de la defensa integrada por los abogados Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza.Los letrados argumentaron que no existían "elementos demostrativos de los riesgos procesales, tanto respecto de un posible entorpecimiento como de la eventual fuga". Dijeron que Atchabahian no había sido citado ni requerido y por eso no se entregó antes. Los camaristas le dieron la razón a la defensa. Dijeron que más allá de la amenaza de pena que enfrenta Atchabahian, no hay razones para mantenerlo preso, pues consideraron que no hay "peligro de entorpecimiento a partir de la etapa en que se encuentra la instrucción"."En el escenario actual, la medida adoptada solo respecto de Atchabahian dejó de ser proporcional, y otras restricciones menos lesivas y similares a las adoptadas respecto de los restantes imputados se presentan suficientes para garantizar el regular curso de este proceso", escribieron.Atchabahian era funcionario de la Andis y está vinculado a diversas droguerías. Aparece como líder del "Grupo Museo", un grupo de WhatsApp cuyos integrantes parecían estar desde 2022 a la pesca de negocios en el Estado.Quién les abrió finalmente las puertas de la Andis a Atchabahian y Garbellini todavía no está claro en la causa, pero la fiscalía sospecha del vínculo con la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker. En la causa consta una captura de pantalla de un chat en el que Atchabahian dice que "es importante tener gente con la bandera correcta" y pone el emoji de la bandera de Suiza. "En clara alusión -afirma el fiscal Franco Picardi- a la firma Suizo Argentina S.A".Atchabahian prestó funciones en la Andis en 2018, en el mismo cargo que le consiguieron a Garbellini en 2024. En una conversación, Atchabahian dijo: "Muchachos, se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife".Atchabahian es médico especializado en urología. En los años 90 fue jefe de residentes del Hospital Argerich y después trabajó en los laboratorios LKM y Raffo. Tras su paso por la función pública en Pilar y en Buenos Aires, actualmente estaría vinculado al Laboratorio Roche. En la Andis fue director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, a cargo del programa Incluir Salud, que se encarga de los medicamentos de alto costo.
En el marco del aniversario de CECAITRA, Bernardino García, presidente de la asociación, alerta que la inseguridad vial sigue siendo la principal causa de muerte entre los jóvenes pese a la reducción de siniestros en la última década. Reclamó recuperar la conciencia vial, revisar el sistema de otorgamiento de licencias y fortalecer las políticas públicas para evitar nuevas víctimas. Leer más
Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que un deslizamiento casi aplasta a dos habitantes de Dabeiba, en Colombia. La temporada de lluvias sigue dejando estragos y ya son 55 las víctimas fatales en Antioquia durante el año.
Jefferson Castro Silva, creador de la iniciativa, personaliza su mototaxi con adornos coloridos y se disfraza del Grinch. De esa manera, conquista a grandes y chicos con su originalidad y generando alegría en la comunidad
La Cámara Federal porteña dispuso liberar de inmediato al exfuncionario, que se encontraba bajo arresto domiciliario en Mendoza
La Academia fue uno de los 18 clubes que fueron allanados en forma simultánea junto a las sedes de la AFA y la Superliga.En total, fueron 33 los allanamientos que ordenó esta mañana la Justicia.
El inicio de la nueva jornada de juicio está previsto para este martes 13:30. Leer más
María Eugenia Talerico alertó sobre "el poder real de las grandes corporaciones políticas, empresariales y sindicales" y cuestionó la falta de decisión política para enfrentar los entramados ilícitos. "Se ha instalado una mafiocracia en la Argentina que es muy difícil de desandar", señaló. Leer más
Entre los procedimientos ordenados por supuesto lavado de activos figura la sede central de la AFA y su predio en Ezeiza
Casi la mitad de los argentinos cree que los cambios en la legislación laboral que promueve el Gobierno provocarán más desempleo, mientras que la otra mitad considera que mejorarán la situación. Leer más
Se trata de 35 operativos ordenados por el juez Luis Armella. Los procedimientos se realizan en Racing, Morón, Los Andes, Barracas Central y Acassuso. Leer más
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, que investiga a la financiera de Ariel Vallejo