bonaerense
Reelecciones, PASO bonaerenses y construcción propia: qué dejó la reunión de Kicillof con sus intendentes
El gobernador convocó a sus dirigentes más cercanos durante casi tres horas en La Plata para trazar un escenario y los pasos a seguir en la discusión interna del peronismo y destacar el crecimiento del MDF
Cuáles son las mejores ciudades para vivir en el conurbano bonaerense, según la UBA
Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA evaluó a 31 municipios del AMBA y detectó fuertes diferencias en gestión, desarrollo económico, infraestructura y medio ambiente. Vicente López encabezó el listado. Leer más
Cuáles son los mejores y peores municipios del conurbano bonaerense para vivir, según un ranking de la UBA
Las condiciones de desarrollo, la infraestructura, la situación social y la gestión ambiental presentan diferencias importantes entre los municipios del conurbano bonaerense. Así lo revela un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que elaboró un ranking para comparar el desempeño de los distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e identificar cuáles obtuvieron los mejores resultados y cuáles quedaron más rezagados.El estudio, realizado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, evaluó 31 municipios en cinco dimensiones: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura. La clasificación se construyó a partir de 159 indicadores, agrupados en 31 variables, y asignó a cada distrito una puntuación de entre cero y cinco puntos.El promedio general fue de 2,59 puntos. Sin embargo, las diferencias entre los extremos de la tabla fueron marcadas: mientras el municipio mejor posicionado obtuvo 3,78 puntos, el último alcanzó apenas 1,58. Además, solo cinco distritos superaron los tres puntos y 16 de los 31 quedaron por encima de la media.El ranking, en detalleEl primer puesto quedó en manos de Vicente López, con 3,78 puntos, seguido por Tres de Febrero, con 3,55. Escobar, que participó por primera vez en la medición, alcanzó el tercer lugar (3,35), por delante de San Isidro (3,31). San Miguel (3,11) completó los cinco primeros puestos. En el otro extremo, Cañuelas registró el puntaje más bajo, con 1,58 puntos. Le siguieron Presidente Perón, General Rodríguez, Marcos Paz y Moreno.Los diez municipios con mejor puntuaciónVicente López: 3,78 puntos.Tres de Febrero: 3,55 puntos.Escobar: 3,35 puntos.San Isidro: 3,31 puntos.San Miguel: 3,11 puntos.Tigre: 2,96 puntos.Avellaneda: 2,89 puntos.Quilmes: 2,89 puntos.Lanús: 2,81 puntos.Ezeiza: 2,77 puntos.Los diez municipios municipios con peor puntuaciónCañuelas: 1,58 puntos.Presidente Perón: 1,76 puntos.General Rodríguez: 1,81 puntos.Marcos Paz: 1,99 puntos.Moreno: 1,99 puntos.José C. Paz: 2,05 puntos.San Vicente: 2,06 puntos.Merlo: 2,18 puntos.Hurlingham: 2,38 puntos.La Matanza: 2,42 puntos.La diferencia de 2,2 puntos entre Vicente López y Cañuelas es uno de los principales datos del relevamiento. De acuerdo con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, los resultados reflejan "una marcada asimetría metropolitana, con diferencias sustanciales en los desafíos que enfrenta cada distrito".Otro dato relevante es que cuatro de los cinco municipios que quedaron en las últimas posiciones â??Cañuelas, Presidente Perón, General Rodríguez y Marcos Pazâ?? fueron incorporados por primera vez al estudio en 2026.Qué lugar ocupó la MatanzaLa Matanza, el municipio más poblado del país, se ubicó en el puesto 22 de los 31 distritos analizados, con 2,42 puntos. Su resultado quedó por debajo del promedio general de 2,59.La comparación con la edición anterior también mostró cambios importantes. Ezeiza fue el municipio que más mejoró: pasó de 1,96 puntos en 2025 a 2,77 en 2026, con avances en las cinco dimensiones evaluadas.En sentido contrario, José C. Paz registró la mayor caída, al pasar de 2,29 a 2,05 puntos.Al considerar únicamente los 24 municipios que participaron en las dos ediciones, el promedio prácticamente no varió: pasó de 2,71 puntos en 2025 a 2,72 en 2026. No obstante, detrás de esa estabilidad hubo diferencias entre distritos: nueve mejoraron su calificación y 15 retrocedieron.Medioambiente, la dimensión con peor desempeñoEl índice también permite comparar los resultados de los municipios en cada una de las cinco áreas evaluadas. En ese análisis, Sociedad obtuvo el promedio más alto, con 2,74 puntos, seguida por Infraestructura, con 2,71. La dimensión más rezagada fue Medioambiente, con 2,32 puntos. También fue la categoría que presentó la mayor brecha entre los municipios mejor y peor puntuados: la diferencia entre los cinco primeros y los cinco últimos llegó al 124%. De acuerdo con el informe elaborado por la UBA, este apartado contempla aspectos vinculados con la gestión de residuos, saneamiento, espacios verdes y las políticas vinculadas al cambio climático.En qué áreas destacó el municipio mejor posicionadoVicente López lideró cuatro de las cinco dimensiones del índice: obtuvo 4,03 puntos en Política e Institucional, 3,88 en Sociedad y 4,00 en Infraestructura. En Desarrollo Económico compartió el primer lugar con Tres de Febrero, con 3,72 puntos, que a su vez consiguió la mejor calificación en Medioambiente, con 3,45 puntos.La elaboración del informeEl Índice de Gestión Estratégica de Ciudades fue desarrollado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas con el objetivo de aportar un diagnóstico sobre las condiciones de gestión y desarrollo de los municipios del AMBA. En la edición de 2026, el universo de análisis se amplió a 24 a 31 distritos. Aunque el ranking permite comparar municipios y detectar desigualdades, no mide exclusivamente la calidad de vida ni la satisfacción de los vecinos. Se trata de una evaluación de la gestión estratégica y las condiciones de desarrollo urbano que busca ofrecer información para orientar las decisiones de los gobiernos locales.
La Corte se declaró competente para analizar la demanda bonaerense por subsidios al transporte
El expediente cuestiona la eliminación del Fondo de Compensación, dispuesta en 2024 mediante un comunicado y luego por decreto, mientras el máximo tribunal analizará la cautelar tras la respuesta oficial o el vencimiento del plazo. Le dió 60 días a la Nación para responder
Cuáles son los mejores y peores municipios del conurbano bonaerense para vivir, según un ranking de la UBA
Un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas evaluó 31 distritos metropolitanos en cinco dimensiones. Los resultados revelaron fuertes diferencias territoriales, mientras que 15 jurisdicciones registraron retrocesos respecto de 2025
El presidente de la Corte bonaerense dijo que las vacantes complican mucho "el trabajo diario" del tribunal
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, admitió problemas para el funcionamiento del máximo tribunal debido a las cuatro vacantes existentes. La Corte provincial se maneja con solo tres integrantes desde 2024."Tenemos cuatro vacantes sobre siete jueces. Estamos abajo del mínimo requerido para sesionar. Eso nos complica, y mucho, el trabajo diario, y afecta el servicio de Justicia", afirmó Torres en declaraciones al medio La Brújula 24, de Bahía Blanca."En el último mes, firmé más de 1700 sentencias y resoluciones, entre Presidencia y mi rol jurisdiccional", calculó el presidente de la Suprema Corte bonaerense, tribunal que comparte con Hilda Kogan y Daniel Soria.En 2024, cuando renunció el juez Luis Genoud (fallecido el año pasado), la Corte provincial quedó con tres integrantes, sobre siete. Para funcionar, debe convocar a un cuarto juez.En abril, Torres encabezó la presentación de un proyecto de ley de autarquía y reclamó la cobertura de las vacantes en el máximo tribunal provincial. En esa ocasión, en el Palacio de Tribunales provincial, señaló que "la cobertura de las vacantes en la Corte no es una cuestión de política menor", y remarcó que se trata de "una condición constitucional básica para garantizar el gobierno del Poder Judicial y el ejercicio pleno de las competencias de la Constitución".Al referirse a las vacantes en todo el Poder Judicial provincial, el presidente de la Suprema Corte bonaerense afirmó: "Tenemos necesidad de cobertura de muchos cargos. Sin ser una situación de colapso, afecta el sistema de Justicia. Desde la Corte, hemos exhortado a los poderes constitucionales, el Ejecutivo y el Legislativo, a la cobertura de las vacantes".Según los últimos datos relevados por el máximo tribunal provincial, 17% de los cargos de jueces bonaerenses están vacantes. El fuero con más puestos sin cubrir es el penal juvenil, con 33% por designar. En el fuero civil y comercial, la vacancia es de 13%; en el penal, de 15%; en el laboral, de 19%, al igual que en el de familia; en el comercial, de 22%, y en la Justicia de Paz, del 16%.
Sigue la polémica: un municipio bonaerense reconstruyó un terraplén que corta un camino rural para combatir el abigeato
El hecho se dio en Olavarría. Los montículos de tierra que bloquean la calle fueron destruidos parcialmente por una máquina que pasó por encima de los mismos, 48 horas después de que fuera construida la barrera.Uno de los productores víctima de abigeato de la zona defendió la medida, mientras que la sociedad rural local lo rechaza.
Cuánto vale un Patacón: piden hasta USD 350 por ejemplares de la cuasimoneda bonaerense que marcó la crisis de 2001
Las publicaciones de casas especializadas y plataformas de comercio electrónico muestran una amplia brecha de precios, que varía según la denominación, la serie, el estado de conservación y las fallas de impresión
Un exgobernador de Neuquén dijo que "Vaca Muerta no puede recibir al conurbano bonaerense"
Jorge Sapag, exgobernador de Neuquén, se refirió al presente de Vaca Muerta y, si bien destacó los avances del sector de los hidrocarburos, se mostró crítico de la promoción realizada por el Gobierno para que la gente se mude a las regiones que tienen marcadas alzas en ciertas actividades. "Hay que hacerles entender que Vaca Muerta no puede recibir al conurbano bonaerense. Y no lo va a hacer porque no entra; en el conurbano bonaerense hay millones de habitantes", advirtió.En una extensa entrevista con el Diario Río Negro, el exfuncionario resaltó que, aunque la inversión en infraestructura aumenta en los alrededores del yacimiento, no existe espacio suficiente para recibir un aluvión demográfico como el que se anuncia desde Casa Rosada. El funcionario nacional Federico Sturzenegger había proyectado que cerca de 4.000.000 de personas podrían migrar de localidades de Buenos Aires hacia el interior del país en las próximas décadas debido al boom energético y minero, y estimó que la mitad de esa cifra podría llegar a la Patagonia por el desarrollo de Vaca Muerta."La forma de solucionar al conurbano bonaerense no es con la minería, el petróleo o los alimentos; es potenciar la industria con una estrategia dedicada para las pymes", planteó Sapag. Consideró, además, que sería más lógico acompañar a los pequeños emprendedores que aún subsisten, sobre todo, en los municipios circundantes a la General Paz. El exgobernador patagónico recordó el camino que tomó Estados Unidos con Donald Trump, quien resolvió elevar los aranceles para proteger las empresas locales del auge de las importaciones. Además, señaló que el gobierno de Neuquén debería proteger el empleo de su población.Recientemente, Sapag presentó su libro Vaca Muerta: Tesoro y faro para la Argentina. "La producción no convencional estaba declinando de una forma tremenda y eso nos obligó a buscar nuevos horizontes", contó sobre la inauguración de ese yacimiento. Durante la entrevista, el exfuncionario provincial dijo que fue clave la ley 26.197 de 2006, que le brindó a Neuquén la posibilidad "de hacer uso de sus derechos como titular de los recursos en el subsuelo", en sintonía con lo establecido por la reforma constitucional de 1994.Para el exgobernador neuquino, aquel desarrollo habilitó, con los años, que el país diera un salto en materia de seguridad energética. "Le dimos autoabastecimiento a la república", agregó. Sapag, que gobernó Neuquén entre 2007 y 2015 por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), explicó que Vaca Muerta se convirtió desde aquel momento en una política con continuidad en el plano nacional.
"Silencio estatal": productores bonaerenses fueron a la Justicia contra el ministerio de Katopodis por las obras hidráulicas
Dos productores agropecuarios de Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires, presentaron un amparo judicial contra el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, a cargo de Gabriel Katopodis, porque, según señalaron, no recibieron respuesta a un pedido de información sobre las obras hidráulicas y los fondos destinados a prevenir inundaciones. El reclamo está relacionado con el Plan de Gestión del Riesgo Climático anunciado por el gobierno de Axel Kicillof, que incluye inversiones para hacer frente a fenómenos climáticos extremos, como El Niño. El amparo fue presentado el 22 de octubre ante la Receptoría General de Expedientes de Trenque Lauquen. Los productores, que tienen campos en Carlos Casares y cuya identidad pidieron no revelar, buscan que la Justicia obligue al gobierno provincial a informar qué obras están previstas, cuáles se hicieron, cuánto dinero se destinó y qué trabajos siguen pendientes. Ante una consulta de LA NACION, desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense señalaron que van a "contestar el pedido de informes a la brevedad". Todo comenzó el 22 de julio pasado, cuando los productores presentaron un pedido de información pública ante esa cartera provincial. Allí solicitaron detalles sobre las obras previstas en la cuenca del río Salado, especialmente en la subregión A3, una zona que tiene problemas de acumulación de agua e inundaciones. Aliados indispensables: los animales que conocen el camino y guían a miles de vacas para escapar de la inundaciónSegún señalaron en el amparo, "el Ministerio no contestó el pedido, no puso documentación a disposición, no comunicó prórroga, no derivó formalmente la solicitud a otra autoridad, no invocó excepción legal y no informó la inexistencia de documentación". Los productores explicaron que el plazo legal de 30 días hábiles para responder venció el 3 de septiembre y que, ante la falta de respuesta, decidieron recurrir a la Justicia.Uno de los principales puntos del pedido es conocer cómo se utilizará el dinero anunciado por el gobierno bonaerense para prevenir inundaciones. En agosto pasado, Kicillof presentó un plan provincial con una inversión anunciada de más de $2,3 billones, que incluye obras hidráulicas, sistemas para controlar las lluvias y los niveles de agua, y medidas para actuar ante posibles emergencias. Los productores quieren saber si ese plan fue aprobado oficialmente, qué organismos están a cargo y qué estudios se hicieron para decidir dónde se necesitan las obras.También piden que se aclare si el dinero anunciado ya estaba previsto en el presupuesto provincial de 2026 o si proviene de nuevos fondos, créditos o préstamos internacionales. En particular, quieren conocer cuánto dinero se destinó a cada obra, cuánto se pagó hasta ahora, qué empresas fueron contratadas y qué trabajos están terminados, cuáles comenzaron y cuáles todavía no se hicieron.Para eso, solicitaron que el Ministerio entregue documentos oficiales, contratos, comprobantes de pago e informes que permitan comprobar el avance de las obras. "Solicitamos expresamente que no se brinde una respuesta meramente genérica, narrativa, incompleta o de remisión imprecisa a páginas web, sino información documental concreta, verificable, trazable y vinculada a expedientes, partidas, obras, contratos, pagos y responsables determinados", expresaron.El reclamo incluye distintas obras hidráulicas en la cuenca del río Salado. Entre ellas están los trabajos en el arroyo Saladillo y el canal troncal Mones Cazón, los canales Vinculación y del Este, las obras en la laguna Municipal de Bragado y el canal República de Italia-Mercante-Jauretche. También detalles sobre el canal al sur de la ruta nacional 5, el sistema Belloq-Cadret-La Sofía, la estación de bombeo del complejo lagunar Hinojo-Las Tunas y los controles sobre canales construidos sin autorización. El pedido también alcanza a las obras realizadas desde enero de 2024 en Carlos Casares, especialmente las relacionadas con caminos rurales inundados, alcantarillas, canales, puentes y trabajos para facilitar la salida del agua de los campos.Además, quieren saber qué medidas tomó el Ministerio durante 2025 y 2026 ante las inundaciones, los problemas para circular por los caminos rurales y las dificultades que tuvieron algunos productores para llegar a sus establecimientos. En la presentación judicial los productores explicaron que necesitan esa información para conocer qué trabajos están previstos en la zona donde tienen sus campos y qué medidas se tomaron para reducir el riesgo de nuevas inundaciones.La industria frigorífica anticipa menores precios para la hacienda que no cumpla con la exigencia europea sobre deforestación"Cada día de demora impide saber si el plan fue formalmente aprobado, qué diagnóstico lo sustenta, qué obras alcanzan a la Subregión A3 y a Carlos Casares, qué recursos fueron asignados, quién los administra, cuál es el avance físico y financiero y qué medidas se adoptaron frente a los riesgos hídricos identificados", sostuvieron. También advirtieron que recibir la información demasiado tarde podría hacer que pierda parte de su utilidad, porque las obras y las medidas de prevención están relacionadas con las lluvias previstas para los próximos meses."La información recibida después de ejecutadas las partidas, celebradas las contrataciones, vencidas las etapas de obra o atravesado el período preventivo pierde parte sustancial de su utilidad para el control, la participación y la adopción de decisiones informadas", señalaron.Los productores aclararon que no le están pidiendo a la Justicia que determine si las obras son suficientes o si las decisiones del gobierno provincial son correctas. Lo que buscan es que el Ministerio responda y entregue los documentos solicitados. "Esta acción persigue exclusivamente el cese del silencio estatal y la efectividad del derecho autónomo de acceso a información pública", explicaron.
Los colegios privados bonaerenses subirán hasta 3% en noviembre y diciembre
El sector advirtió que las actualizaciones no alcanzan para cubrir los mayores costos salariales
El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria por inundaciones en dos partidos bonaerenses
El Gobierno declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones en el partido bonaerense de 9 de Julio y en cuatro circunscripciones de Necochea. La resolución 1850/2026, que lleva la firma del ministro de Economía Luis Caputo, comprende el período entre el 1° de mayo y el 31 de octubre de este año y busca habilitar los beneficios previstos en la legislación vigente para las explotaciones afectadas. La decisión fue publicada a partir del análisis de la situación provincial realizado por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. El organismo evaluó el decreto 1270, firmado por el gobierno bonaerense el 31 de agosto pasado, y recomendó reconocer la emergencia en las áreas delimitadas por la provincia.Visec: las reglas del comercio internacional no pueden transformarse en barreras para el agro argentinoSegún la resolución, quedan comprendidas las explotaciones agropecuarias afectadas por inundaciones en todo el partido de Nueve de Julio y en las circunscripciones II, III, IV y XII de Necochea. La medida se encuadra en la ley 26.509 y sus modificatorias, que establece mecanismos de asistencia para los productores afectados por fenómenos naturales adversos. La declaración nacional permite avanzar con los procedimientos necesarios para que los establecimientos alcanzados puedan solicitar los beneficios contemplados en esa normativa.Martín Gana sobre el negocio de los tambos: "La crisis no se enfrenta solamente esperando un mejor precio"Uno de los puntos centrales de la resolución es la fecha de cierre del ciclo productivo para las explotaciones incluidas. El Ministerio de Economía determinó que será el 31 de octubre de 2026, en línea con lo establecido en los artículos 22 y 23 del anexo al decreto reglamentario 1712, del 10 de noviembre de 2009.Para acceder a la asistencia, los productores deberán cumplir con un requisito administrativo específico: deberán presentar un certificado emitido por la autoridad competente de la provincia de Buenos Aires, en el que conste que sus predios o explotaciones están comprendidos en los casos previstos por el artículo 8° de la ley 26.509.El documento será la acreditación necesaria para tramitar los beneficios. Por eso, el reconocimiento de la emergencia no reemplaza la presentación del certificado, sino que establece el marco para que los productores alcanzados puedan gestionar la asistencia correspondiente.La resolución también asigna responsabilidades al gobierno bonaerense: la administración provincial deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, junto con una copia de los certificados de emergencia emitidos por la autoridad competente.A su vez, el Ministerio de Economía dispuso que las entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) adopten las medidas necesarias para que los productores comprendidos puedan acceder a los beneficios contemplados en los artículos 22 y 23 de la ley.Se establece expresamente esa obligación para las instituciones financieras y el organismo recaudador. La instrumentación de las medidas apunta a hacer efectiva la asistencia prevista para las explotaciones alcanzadas por la declaración.Además, se instruye al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a celebrar los convenios y actos necesarios para ejecutar la medida, dentro de las competencias de esa dependencia.La declaración nacional se produjo después de que la provincia de Buenos Aires presentara el decreto 1270/2026 ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, durante la reunión realizada el 8 de octubre. Tras analizar la documentación, el organismo recomendó avanzar con el reconocimiento para las zonas afectadas, con el alcance solicitado por Buenos Aires.
Desde el lunes se podrá acceder a la moratoria impositiva bonaerense: qué deudas entran y cuáles son las facilidades de pago
Las bonificaciones llegan hasta 40% y bajan con el paso de las semanas. Estar al día será condición para los descuentos de 2027. El procedimiento se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, subrayó ARBA
Industriales bonaerenses denuncian una "aduana interna" en Ramallo y advierten que podrían cerrar fábricas
UIPBA y ADIBA rechazaron el nuevo registro municipal para el transporte de cargas y advirtieron que las sanciones podrían alcanzar a las empresas que contratan a los transportistas. Leer más
Encuesta bonaerense: Kicillof supera a Milei pero el mejor potencial electoral es de un libertario
Un relevamiento de la consultora Zuban Córdoba midió la gestión del gobernador y la del presidente en la provincia con mayor impacto electoral. Leer más
Pese al acuerdo salarial, un sector docente realiza hoy un paro de 48 horas en las escuelas bonaerenses
La Federación de Educadores Bonaerenses inició este jueves una huelga por reclamo salarial, por desacuerdo con el incremento paritario para los maestros. Los demás sindicatos aceptaron la propuesta del gobernador Axel Kicillof
Avanza un proyecto de ley para habilitar el uso de las pistolas Taser para la Policía Bonaerense
La iniciativa propuesta por el massimo consiguió el dictamen por unanimidad en la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios, y se tratará en la Legislatura provincial. El debate que se abrió dentro del PJ
Un minuto para expropiar: retrato de la mala praxis en la Legislatura bonaerense
¿Se puede desde la oscuridad de la Legislatura bonaerense vulnerar el derecho a la propiedad privada? Un fallo judicial dice que sí.¿Se puede aprobar una ley que despoje a una empresa de sus bienes sin saber ni siquiera quiénes la votaron? Un caso concreto, investigado por la Justicia Federal, confirma que sí, se puede.El oscuro "modus operandi" con el que funcionan las cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia, ¿permite aprobar leyes "a ciegas", sin que los legisladores sepan cuál es su contenido y sin ningún filtro ni debate en comisiones? Otra vez, la respuesta es sí, según reconocieron testigos ante un magistrado federal.Una última pregunta, señor juez: ¿Es factible que se vote un proyecto de ley basado en datos falsos, intereses ocultos y argumentos engañosos? No solo es factible; es muy fácil que eso suceda. No es una conjetura, sino la conclusión de una sentencia.No es novedad que el poder legislativo bonaerense se ha convertido en una ciénaga, donde tanto la administración de recursos públicos como la propia tarea legislativa se desenvuelven en una zona de penumbras que linda con la clandestinidad. La que había pasado casi inadvertida, sin embargo, es una causa de la Justicia Federal de La Plata que investigó las consecuencias prácticas de ese procedimiento vidrioso y que dio por probado un hecho escandaloso: la Legislatura sancionó, en diciembre de 2020, una ley de expropiación para despojar a particulares de un predio que tiene una ubicación estratégica en el partido de Pilar, cuenta con una edificación de 26.000 metros cuadrados y está tasado en más de 20 millones de dólares. Lo hizo sin averiguar nada, sin comprobar la información, sin analizar el expediente. Así, votó por señas, sin dejar rastros, un proyecto que ocultaba toda esa información y que hacía aparecer el inmueble a expropiar como una parcela rural, en la que solo había una casilla de 40 metros cuadrados y que tenía una valuación irrisoria, de $580.000.Los detalles del caso, aunque remitan a la prosa árida de un expediente judicial, nos abren una ventana a ese agujero negro que es la Legislatura bonaerense, donde una ley muy sensible, que involucre algo tan delicado y extremo como desapoderar de un bien a un particular, se puede aprobar de un modo subrepticio, entre gallos y medianoche. Nos recuerda, además, algo que a veces se pierde de vista: la opacidad que caracteriza a la Legislatura no queda encapsulada dentro mismo del palacio, sino que impacta sobre los ciudadanos, a veces de manera más directa, a veces más indirecta.Todo se originó con un proyecto del entonces diputado Jorge D'Onofrio, un dirigente que después se convertiría en ministro de Transporte de Kicillof y terminaría procesado por escándalos de otra índole, asociado a los negocios de las fotomultas y la VTV. En su condición de diputado, D'Onofrio presentó un proyecto para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en Pilar, al borde de la Panamericana, en el que se proyectaba la construcción de un Centro de Transferencia de Pasajeros, donde la gente dejaría sus autos para tomar servicios de tren y colectivo que conectarían esa zona con la capital federal. Esa iniciativa ya estaba avanzada: se habían construido cocheras en una edificación de cinco pisos. El predio pertenecía a una empresa y el proyecto, que involucraba inversión pública y privada, se había acordado con la Nación y el municipio de Pilar.D'Onofrio, con variados intereses en ese distrito del conurbano norte, se oponía a aquella iniciativa, por motivaciones que nunca quedaron claras. Entonces presentó el proyecto expropiatorio, donde se ocultaba deliberadamente la valuación real del inmueble, los avances en la construcción y el destino que estaba previsto. Lo presentó como una parcela rural con un valor irrelevante, sin especificar siquiera la ubicación exacta. Y propuso destinarla a la construcción de una "ciudad judicial" que no figuraba en ningún lado.¿Qué hizo la Legislatura? Dejó que el proyecto corriera, sin examinarlo con ninguna lupa. Nunca se corroboró si lo que decía D'Onofrio era cierto. No se pidió ninguna información adicional, ni siquiera se buscó el predio en Google Maps, donde se hubiera detectado una gigantesca construcción que nada tenía que ver con los modestos 40 metros cuadrados que mencionaba el proyecto expropiatorio. Se giró a cuatro comisiones, pero ninguna lo trató. En la última sesión del 2020, que se hizo por zoom ya cerca de Navidad, lo colaron sobre tablas. Ni siquiera figuraba en el orden del día. Leyeron el número de expediente y, en apenas un minuto, según la reconstrucción que hizo la Justicia con la versión taquigráfica, Diputados lo dio por aprobado. El mismo trámite exprés se siguió en el Senado. Así, quedó sancionada la ley 15.239.La empresa que quedaba al borde de sufrir la expropiación recurrió, entonces, a la Justicia. Se inició una causa que llegó al Juzgado Federal número 4 de La Plata, a cargo del doctor Alberto Osvaldo Recondo, quien dirigió una minuciosa investigación para determinar si D'Onofrio había actuado de mala fe. Lo terminó procesando: "No se trató de una simple mentira, sino de una maniobra orquestada -dolosamente- para engañar, simulando que un predio de valor millonario en el que estaba desarrollándose un megaproyecto inmobiliario y de transporte de pasajeros, constituía una simple 'parcela rural', a los fines de expropiarlo y desbaratar el proyecto que no era de su agrado o conveniencia", escribió el magistrado en un fallo del 3 de febrero de este año.Cuando el juzgado quiso saber cómo había sido el trámite legislativo se encontró con un procedimiento teñido de negligencia y desaprensión. La sesión en la que se aprueba la ley es un retrato de la opacidad: "Se advierte que cada vez que se votó, el secretario administrativo, automáticamente, pronunció la palabra 'aprobado', tan rápido que no queda claro cómo pudo -en una sesión remota- mirar cada cuadro de la pantalla para contabilizar los votos de cada diputado", dejó asentado el juez en el expediente.Cuando le tomaron declaración testimonial, el secretario legislativo de la Cámara baja contestó sin sonrojarse: "la votación es a mano alzada; no queda constancia de los nombres de los diputados que conforman la mayoría, salvo que alguno quiera aclarar su voto". Al ser consultado sobre el contenido mismo del proyecto aportó otra precisión escalofriante: "nunca se lee el articulado completo. En este caso no se leyeron tampoco".El juez no les imputa una sospecha concreta a los diputados que votaron sin saber bien qué votaban. Los presume engañados por D'Onofrio, que conocía de sobra las prácticas legislativas y sabía que era fácil pasar gato por liebre sin que nadie preguntara nada. Sin embargo, el fallo destaca que "al examinar la actuación legislativa no puede soslayarse la manera en que se revela el exiguo compromiso con la averiguación de la verdadera realidad del proyecto". Y agrega un párrafo más: "La declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de un inmueble, es un acto de indudable excepcionalidad jurídica. Exige de nuestros legisladores un alto grado de análisis y debate sobre los propósitos que contradicen el principio rector de nuestra Carta Magna. Teniendo en cuenta la función de representación ciudadana que a ellos se les confiere, resulta cuanto menos censurable el desaprensivo aprecio por el derecho constitucional de propiedad".La expropiación finalmente no se ejecutó. La ley es el primer paso; después se debe iniciar el juicio expropiatorio, que en este caso quedó trunco por la impugnación judicial y el fallo del juez Recondo. La empresa que es propietaria del predio arrastra antecedentes controvertidos: fue denunciada, en su momento, por presunto lavado de dinero, y el gobierno de Kicillof le adjudica vínculos narcos, aunque el titular de la firma fue sobreseído de esa acusación. El predio, que terminó enredado en un intrincado proceso judicial, estuvo hace pocas semanas en la mira, cuando una investigación de LN+ detectó que allí había un vacunatorio abandonado, con grandes cantidades de jeringas y residuos patológicos acumulado en el lugar. Pero el expediente va más allá del hecho particular: nos muestra que el sistema viciado que se ha apoderado de la Legislatura bonaerense representa una amenaza concreta para derechos esenciales consagrados en la Constitución. Nos muestra, además, que la audacia de un solo legislador puede arrastrar a todo un Poder del Estado, donde nadie controla, nadie verifica, nadie discute y nadie se hace cargo.El caso Chocolate corrió el velo sobre la corrupción estructural en la Legislatura bonaerense. Pero apenas mostró una faceta de ese sistema que no solo ha renunciado a la transparencia, sino también al profesionalismo y al mínimo compromiso con la función legislativa. Con la misma ligereza con la que se vota la expropiación de un patrimonio millonario, se aprueban pliegos de jueces, aumentos de impuestos, normas urbanísticas o regulaciones para ejercer el comercio, por citar solo algunos temas que se "cocinan" en la Legislatura. Le atribuyen al canciller alemán Otto von Bismarck una frase que en realidad acuñó el poeta norteamericano John Godfrey Saxe en el siglo XIX: "las leyes, como las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen". Alude a un procedimiento legislativo que suele estar bastante alejado de la pureza y los ideales. Sin embargo, si el poeta se asomara a la Legislatura bonaerense confirmaría que su metáfora se quedó corta: más que fabricar salchichas (que, al fin y al cabo, son comestibles) en el Poder Legislativo de la mayor provincia argentina se producen píldoras envenenadas.El fallo del juez Recondo echa al fin algo de luz sobre cómo se producen las leyes bonaerenses, incluso aquellas que afectan los intereses más sensibles en un Estado de Derecho.Cuesta aceptar que una Legislatura empañe la democracia y contamine el sistema institucional. Pero tal vez lo que más cueste digerir sea el silencio de todo el sistema político, capaz de leer este fallo sin sentirse avergonzado ni aludido.
Giro en la disputa por la electricidad: el Gobierno de Kicillof apeló y la Justicia suspendió la cautelar que frenaba el tarifazo bonaerense
Lo dispuso una Cámara de Apelaciones y revirtió una medida cautelar de hace un mes.El incremento se dispuso en agosto y quedó suspendido. Ahora se podrá aplicar la suba.
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Los diputados de la provincia aprobaron más de 550 declaraciones simbólicas de fiestas municipales y beneplácitos, pero ninguna norma o reforma de peso. Leer más
El Niño: el gobierno bonaerense lanzó una plataforma para consultar las lluvias y los niveles de agua
En medio de la preocupación por el impacto de El Niño, el gobierno bonaerense presentó una plataforma gratuita que permite consultar información sobre lluvias, caudales y niveles de agua en ríos y arroyos. La herramienta reúne datos de 150 estaciones de monitoreo distribuidas en 135 municipios y busca facilitar el seguimiento de las condiciones hídricas en el territorio provincial.El nuevo Visor Hidrometeorológico fue presentado este martes en Bragado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, junto con el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. Del encuentro participaron intendentes, representantes de entidades rurales, cooperativas agropecuarias, organismos técnicos y otras instituciones de la región.La plataforma, desarrollada a través de la Autoridad del Agua (ADA), es de acceso público y se puede consultar sin necesidad de registrarse, desde una computadora o un celular, en https://simparh.ada.gba.gov.ar/.A través de un mapa de la provincia, los usuarios pueden seleccionar distintos puntos de monitoreo y consultar la información disponible en cada ubicación. Para los productores agropecuarios, esto permite conocer las lluvias registradas en estaciones cercanas a sus establecimientos y seguir la evolución de los niveles de agua, especialmente en regiones donde las precipitaciones y los desbordes complican las actividades rurales.Según informó la provincia, las estaciones automáticas registran distintas variables de acuerdo con su equipamiento. Entre ellas se encuentran las precipitaciones, los niveles de agua en ríos y arroyos, las napas freáticas, la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. La mayoría transmite información de manera remota con una frecuencia de entre 15 minutos y una hora.El sistema también incorpora mediciones históricas de caudales y niveles de agua, registros realizados por colaboradores locales y datos aportados por otros organismos. Entre las instituciones que participan se encuentran el Instituto Nacional del Agua (INA), el Sistema Nacional de Información Hídrica y la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca.Polémica por una ley que permite usar fondos de los caminos rurales para obras contra las inundacionesAdemás de consultar los registros, los usuarios podrán filtrar la información por municipio o cuenca, generar gráficos y descargar reportes. Por su parte, los municipios tendrán acceso a herramientas adicionales para configurar sus propios tableros de seguimiento, con información de los 180 puntos de la Red Hidrométrica Provincial."Frente al fenómeno de El Niño y al cambio climático, presentamos en Bragado el nuevo Visor Hidrometeorológico de la Provincia, una herramienta que nos da más información para anticiparnos, planificar y tomar decisiones a tiempo", señaló Katopodis.El funcionario también destacó la necesidad de coordinar las acciones entre los distintos sectores. "Gobernar y administrar el agua requiere coordinación entre todos los sectores e inversión en infraestructura para dar mejores respuestas y soluciones. El agua no reconoce jurisdicciones y tenemos que trabajar juntos para estar preparados", afirmó.La presentación se realizó en el marco del Comité de Cuenca de las Subregiones A2 y A3 del río Salado, una de las regiones donde el manejo del agua tiene especial importancia para la producción agropecuaria.El gobierno bonaerense informó que prevé ampliar la red de monitoreo de las actuales 150 estaciones a 250 entre 2026 y 2030. De las que integran actualmente la plataforma, 42 son gestionadas directamente por la provincia y las restantes pertenecen a otras redes públicas y privadas.También está prevista para 2027 la contratación de un sistema informático que permita centralizar la visualización de datos, realizar modelaciones y desarrollar alertas. La herramienta forma parte de un plan de gestión del riesgo climático que la provincia lleva adelante desde 2025. Según indicó el Ministerio de Infraestructura, la iniciativa responde a la elevada acumulación de agua en distintas regiones bonaerenses y a la preocupación por la posibilidad de fenómenos climáticos extremos.En ese sentido, el gobierno provincial advirtió sobre la posibilidad de que El Niño alcance una magnitud histórica durante la segunda mitad de 2026 y en 2027, aunque el comunicado no precisó qué estudios o pronósticos respaldan esa estimación.
Escala salarial de la Policía bonaerense en octubre: el esquema completo tras el acuerdo del Gobierno provincial
La Caja de Retiros confirmó la aplicación de la nueva pauta salarial para el personal policial de Buenos Aires. Cuáles son los ingresos de bolsillo desde la escala más baja hasta la jerarquía superior. Leer más
Un gremio docente rechazó la mejora salarial del gobierno bonaerense y anunció un nuevo paro de 48 horas
La Federación de Educadores Bonaerenses se diferenció de SUTEBA y el resto de los sindicatos y rechazaron la mejora que ofreció la administración de Axel Kicillof
Se perfilan los armados bonaerenses alternativos que buscarán pescar votos entre el PJ y La Libertad Avanza
Las fuerzas políticas capaces de acumular votos en medio de la pelea principal entre el peronismo y La Libertad Avanza ya se alistan para tener candidatos propios a gobernador de la provincia de Buenos Aires. En esa grilla aún preliminar, se anotan dirigentes bonaerenses que suelen jugar con apuestas propias en cada elección, como el exsenador provincial Joaquín de la Torre, y otros que buscan instalarse como nuevas alternativas, tal es el caso de los hermanos Manuel y Santiago Passaglia, diputado bonaerense e intendente de San Nicolás, respectivamente.En 2025, año de elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la alianza que se desmarcó del peronismo y de LLA fue Somos Buenos Aires, en la que confluyeron radicales, peronistas y dirigentes de la coalición cívica y vecinalistas. Consiguió el tercer lugar en cinco de las siete secciones bonaerenses en las que compitió (no presentó lista en la segunda).Para las elecciones de 2027, uno de los competidores que buscará terciar entre los principales polos de la oferta con un nuevo espacio político es el exsenador bonaerense Joaquín de la Torre. Exaliado del presidente Javier Milei, el también exintendente del distrito de San Miguel busca "construir un espacio con aquellos que creen que esta provincia no se puede gobernar de esta manera, sino que hay que hacerla explotar para construir una administración nueva", indicó a LA NACION una fuente de su entorno.En las últimas semanas, De la Torre (exministro de Gobierno bonaerense en la gestión de María Eugenia Vidal) lanzó una propuesta para "federalizar el conurbano", consistente en que 27 distritos dejen de pertenecer a la Provincia y tengan como autoridad únicamente los niveles municipal y nacional del Estado. "Lo que estamos armando no es a partir de la mirada clásica de los espacios políticos, sino de una convicción de que esta Provincia no soluciona los verdaderos problemas de los vecinos", afirmaron cerca del exsenador provincial.Con un armado político que estrenaron en 2025, los hermanos Manuel y Santiago Passaglia, estarían también dispuestos a competir por la gobernación bonaerense desde un espacio ajeno a los dos principales. Su sello Hechos, con el que se presentaron en la segunda sección electoral el año pasado, se reeditaría.Manuel Passaglia es diputado provincial y exintendente de San Nicolás; Santiago Passaglia es el actual jefe comunal y fue diputado bonaerense. Lanzarían a fin de mes su espacio político. No se descarta que uno de ellos se presente como precandidato a presidente y, el otro, a gobernador de Buenos Aires.Según pudo saber LA NACION, quien por el momento no se anotaría con ningún espacio en la contienda provincial es el exdiputado nacional Florencio Randazzo. Así lo hicieron saber a este diario desde su sector.Otro de los dirigentes capaces de amalgamar una oferta alternativa es el exdiputado nacional Emilio Monzó. Si bien desde su campamento evitan hacer comentarios sobre su participación en la elección de 2027, las últimas señales públicas lo mostraron cerca del exministro de Economía Sergio Massa. Participó de en encuentro con la juventud del Frente Renovador porteño y dijo que Massa "tiene diálogo y poder para transformar acuerdos en hechos".Otras eventuales opciones para terciar en la puja entre peronismo y mileísmo son las del vecinalismo y la del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. En ambos casos, la alternativa de anotarse en la competencia por el gobierno provincial está en etapa de análisis.En elecciones ejecutivas bonaerenses anteriores, algunas fuerzas que se armaron por fuera de las dos opciones centrales consiguieron porcentajes de votos significativos. En 2011, el Frente Amplio Progresista consiguió un 11,64% en la elección que ganó Daniel Scioli (Frente para la Victoria), con el 55,18%. En 2015, cuando triunfó Vidal (Cambiemos) por una diferencia de poco más de cuatro puntos porcentuales sobre Aníbal Fernández, la alianza Progresistas consiguió 2,35%. En 2019, año de la primera victoria de Axel Kicillof en la provincia, Consenso Federal cosechó un 5,11%. En 2023, no hubo un sello equiparable a este tipo de fuerzas alternativas.
Axel Kicillof participó del acto de los Juegos Bonaerenses y criticó a Milei
Arrancaron las finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata con récord de inscriptos, más de 100 disciplinas y un fuerte mensaje de inclusión social de Axel Kicillof, quien cargó contra la política del presidente libertario Leer más
Kicillof abrió las finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata y lanzó críticas a Milei
El gobernador de la provincia de Buenos Aires brindó un discurso en el acto que contó con la presencia de varios funcionarios y el intendente Guillermo Montenegro. Participaron más de 30 mil deportistas de 175 municipios
Brutal ataque a una yegua en un campo bonaerense: le cortaron la cara y le fracturaron el hocico
Cuando un hombre que había salido a andar en bicicleta encontró a Tobiana, la yegua tenía la cabeza cubierta de sangre, profundos cortes alrededor de los ojos y graves heridas en el hocico. Eran cerca de las 10.30 del jueves pasado, en una zona rural de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. El animal, de 12 años, había sido visto en buen estado la tarde anterior por su dueño, Vicente Villarreal, un trabajador rural que sospecha que el ataque podría estar relacionado con una discusión que tuvo con dos personas que habían entrado a cazar sin permiso a un campo. La Justicia investiga lo ocurrido y realizó allanamientos en dos causas, una contra un adulto y otra que involucra a un menor de edad.Villarreal trabaja en un campo de la zona y tiene varios caballos que su familia utiliza para practicar deportes. Los animales están en un terreno cerrado, a unos tres o cuatro kilómetros de su casa, al que va todos los días. El miércoles pasado, alrededor de las 17, había ido a verlos y comprobó que todos estaban bien. Sin embargo, a la mañana siguiente, mientras él estaba trabajando, el hombre que pasaba en bicicleta encontró a Tobiana herida y fue hasta su casa para avisarle a su esposa."Yo estaba trabajando en el campo", recordó Villarreal en diálogo con LA NACION. Según explicó, Tobiana estaba atada dentro de un terreno cercado con alambrado eléctrico porque era la madrina del grupo y los demás caballos solían acercarse a ella.La yegua sufrió heridas tan graves que tiene dificultades para respirar. "Tiene un corte grande entre los dos ojos, del lado derecho de abajo. Y respira por ahí porque le rompieron todos los huesos, está todo molido", relató su dueño. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca, los veterinarios que revisaron al animal confirmaron que sufrió cortes profundos en la cabeza y una fractura en el hocico. Los investigadores creen que las heridas fueron provocadas con un objeto cortante y posiblemente también con otro elemento utilizado para golpearla. Como se dijo, Villarreal sospecha que el ataque podría estar relacionado con una discusión que tuvo el miércoles con dos personas que habían entrado a un campo en el que trabaja para cazar jabalíes sin permiso. Según contó, les reclamó porque no tenían autorización para estar allí y eso podía traerle problemas en su trabajo."Yo tuve una discusión con dos personas en una zona rural de acá de Coronel Dorrego y de uno de ellos sospecho, y hay otro cómplice más", afirmó. La fiscalía también mencionó este enfrentamiento entre los datos que aportó el dueño al hacer la denuncia. Sin embargo, todavía no se pudo comprobar si la discusión tuvo relación con el ataque.Tobiana tiene 12 años y es la yegua que más tiempo lleva con la familia Villarreal. Sus hijas la utilizan para actividades deportivas y una de ellas se encarga de llevarla a pastar, darle agua y alimentarla. Desde el ataque, también participa de sus curaciones.Crecida del Paraná: preparan el retiro de 15.000 vacas para que no se las lleve el agua"Es la yegua de mi hija, la que más años tenemos nosotros", lamentó el trabajador. También agradeció a los vecinos de Coronel Dorrego que se acercaron para ayudarlo con medicamentos y alimento para el animal. "Estoy muy agradecido a la gente de Dorrego porque me ayudó mucho. Por ahí me traen medicamentos, por ahí me traen un fardo", expresó.Villarreal aseguró que nunca había vivido algo parecido. "Yo tuve siete años los caballos atados en la calle y nunca jamás me pasó nada", recordó. Y agregó: "No tiene la culpa el animal".La causa está a cargo de dos fiscalías, la UFIJ Nº 9 y la UFIJ de Menores Nº 3, con participación de la Ayudantía Fiscal de Coronel Dorrego. Como entre las personas sospechadas hay un adulto y un menor de edad, la investigación se dividió en dos.Fuentes judiciales explicaron a LA NACION que se ordenaron allanamientos para buscar pruebas que permitan identificar a los responsables. Durante los procedimientos, la policía encontró y secuestró ropa con manchas de sangre, objetos cortantes y teléfonos celulares, que ahora serán analizados."Se desdoblaron las causas, hay una causa por un mayor y una por un menor. En las dos se pidieron allanamientos", señalaron desde la fiscalía. Los allanamientos fueron autorizados por los jueces correspondientes. Una de las cuestiones que deberá determinar la Justicia es si las manchas de sangre encontradas en la ropa tienen relación con el ataque a Tobiana. También se revisarán los teléfonos para buscar información que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido. Por ahora, no se conocen los resultados de los análisis ni se confirmaron detenciones por el ataque. La Justicia continúa investigando quiénes fueron los responsables y si la agresión estuvo relacionada con la discusión que Villarreal había tenido el día anterior.
El gobierno bonaerense denunciará penalmente a Milei y Caputo por el manejo del Fondo Hídrico
El ministro de Infraestructura bonaerense confirmó que avanzarán con una presentación judicial contra funcionarios nacionales por el presunto desvío de recursos destinados a prevenir inundaciones. La decisión se produce ante la posible llegada del fenómeno de El Niño y el incremento de la humedad del suelo en distintos puntos del territorio bonaerense.
Un laboratorio del partido bonaerense Ituzaingó desvinculó a la mitad de sus trabajadores
Valmax, pionera de las monodosis en la Argentina, tiene 196 cheques rechazados, salarios fraccionados y una audiencia clave el lunes en el Ministerio de Trabajo bonaerense
La Justicia espera un peritaje en el caso Chocolate del Senado bonaerense y diez exlegisladores se desligaron
La investigación judicial de un caso de dinámica similar al que protagonizó el puntero peronista Julio "Chocolate" Rigau en la Cámara de Diputados bonaerense se desarrolla con la Cámara de Senadores provincial como escenario principal. El expediente, activo desde comienzos de 2024, registró novedades en las últimas semanas, con declaraciones testimoniales de diez exsenadores que se desligaron de los nombramientos de 39 empleados sospechados de ser "ñoquis", que aceptaron o fueron inducidos a entregar sus sueldos a un recaudador, a cambio de hacerse de cobertura de obra social y de aportes jubilatorios. En simultáneo, en la Justicia provincial se aguarda un peritaje económico de resultado próximo que permitiría avances en la causa, por la que están en la mira dos encargados de retirar el dinero de los salarios mediante tarjetas de débito en cajeros automáticos de La Plata, como lo hacía Rigau hasta ser detenido.Las dos personas investigadas como recaudadores son Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado. Sus identidades se difundieron a comienzos de 2024, en registros que los mostraban retirando dinero con tarjetas de débito de empleados del Senado bonaerense, cámara que preside la vicegobernadora Verónica Magario (Partido Justicialista). Muguerza tiene vinculaciones con la Unión Cívica Radical (UCR) y con Pro. Fue subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de La Plata, cuando gobernaba Julio Garro (Pro, ejerció dos mandatos, entre 2015 y 2023). Desde la UCR, reconocieron que Muguerza es afiliado, aunque algunas fuentes subrayaron que no milita más en el partido. En una seguidilla que comenzó hace dos semanas y se extendió hasta fines de la semana pasada, declararon como testigos diez exsenadores provinciales, que formaban parte del bloque Juntos (que integraban el radicalismo y Pro, y que actualmente no existe). Lo hicieron ante el fiscal Juan Mennucci, que está a cargo del expediente. Les consultaron si conocían a alguno de los 39 empleados que figuraban como titulares de las tarjetas de débito y todos contestaron que no. Los exsenadores citados fueron Yamila Alonso, Nidia Moirano, Érica Revilla (actual intendenta de General Arenales), Agustín Máspoli, Elisa Carca y Marcelo Daletto (actual director del Banco Provincia), Joaquín de la Torre, Owen Fernández, Lorena Mandagaran y David Hirtz. Según pudo saber LA NACION, el fiscal los citó con sus mandatos ya cumplidos para evitar posibles pasos administrativos del Senado para autorizarlos mientras eran legisladores. En su artículo 14, el reglamento interno del Senado indica que "toda requisitoria o informes de cualquier naturaleza, provenientes de otros poderes u organismos de la constitución, tanto nacionales como provinciales, relacionados con la función de los Señores Senadores y Funcionarios de ley, para proceder, deberá contar con resolución favorable adoptada por la mayoría del Cuerpo señalada en el artículo 98 de la Constitución Provincial".A los senadores bonaerenses citados como testigos, además, se les mostró un modelo de decreto de designación de altas y se les consultó por el procedimiento. "La Cámara no informa a los legisladores [sobre esa designación de altas]. A los senadores se les da un determinado cupo, ellos designan a su equipo y lo envían", dijo a LA NACION una fuente legislativa que sostuvo que el control de los senadores llega hasta ese punto y no más allá. "No firman los nombramientos", afirmó una informante que está al tanto de lo declarado por los senadores. El Senado, en tanto, le informó al fiscal que las planillas no son un acto administrativo, por lo que no las guarda.Según se calculó al comienzo del caso, el perjuicio para las arcas públicas de la provincia de Buenos Aires rondaría los $300 millones. El delito investigado es peculado.El fiscal Mennucci, según pudo saber este diario, aguarda los resultados de un peritaje económico en el que pueda constar alguna transferencia previa al descubrimiento de la trama, con la que pueda determinarse para quiénes recaudaban Muguerza y Ortellado. Los titulares de las tarjetas de débito tenían cobertura del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA, la obra social del Estado bonaerense) y aportes jubilatorios, pero no percibían el salario. En la Justicia provincial, sospechan que el mecanismo estaba vigente desde hacía unos 15 años.Los teléfonos celulares de Muguerza y Ortellado fueron peritados, sin que se hallaran datos relevantes. Hay otro celular por analizar, de un tercero, al que los peritos aún no lograron tener acceso, aclaró una fuente judicial a LA NACION. Se trata de un aparato cuyo potencial contenido genera expectativas en la pesquisa.
La Legislatura bonaerense impulsa un proyecto para frenar la ludopatía y regular las apuestas online
La iniciativa busca unificar 27 proyectos presentados en ambas cámaras y que incluyen controles biométricos, restricciones a la publicidad, límites al dinero apostado y medidas contra las plataformas clandestinas. El foco principal está puesto en proteger a niños y adolescentes. Leer más
"Elemento integrador": avanza el concurso urbanístico para rediseñar una icónica avenida marítima de la costa bonaerense
PINAMAR.- Mucho más que maquillaje de coyuntura, la avenida del Mar busca un cambio que la aleje de ese rol de corredor vial que marca el límite entre la ciudad y las playas y se convierta, por fin y después de varios intentos, en un elemento integrador para el conjunto urbano y esas arenas céntricas que son postal pero, al mismo tiempo y en particular cada verano, también son motor del turismo y la economía de esta ciudad. La apuesta está en marcha con la presentación y apertura del Concurso Nacional de Ideas con el que el municipio, en conjunto con el Colegio de Arquitectos de Provincia de Buenos Aires (Capba)-Distrito IX, lanzaron para convocar a profesionales que estén dispuestos a pensar soluciones urbanas, paisajísticas y funcionales para el tramo de esta arteria comprendido desde la intersección con Quintana hasta Del Juncal.Son más de 3.000 metros lineales de espacio público que involucra no solo la calzada, que se mantendrá con la rusticidad histórica de esa combinación de tierra compactada y arena, sino también ambas veredas, que en algunos tramos y, en particular sobre la margen más alejada del mar, hace tiempo que se confunde con la propiedad privada. Apunta además a acompañar el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial y el objetivo adicional de potenciar sectores con miras al desarrollo futuro de la ciudad. "El desafío es sumar calidad urbana sin competir con la naturaleza, logrando que dentro de 20 años los vecinos sigan recorriendo la avenida del Mar y sintiendo que sigue siendo Pinamar", explicó a LA NACION el intendente del distrito, Juan Ibarguren, que encabezó el lanzamiento de esta convocatoria que recibirá los bocetos hasta el próximo 30 de noviembre y dos semanas después, el 14 de diciembre y en vísperas del inicio de la temporada de verano, podrá exhibir las propuestas elegidas, la ganadora y otras que serán distinguidas. Este intento de sumar cambios pretende ser continuidad del plan de reconversión del frente costero que hace algunos años comenzó con la demolición de las estructuras de cemento, que durante décadas dieron forma a las unidades de servicios de balnearios en ese sector. Poco a poco la piqueta hizo lo suyo, se retiraron los escombros y se levantaron nuevos espacios con materiales más amigables con el medio ambiente. Esas unidades fiscales están fuera de esta futura intervención que sí se podrá extender hacia la articulación con algunos espacios públicos de playa. "Desde lo profesional siempre pusimos en valor a Pinamar porque más allá de las gestiones de gobierno que pasaron siempre hubo un compromiso con la planificación que no hemos visto en otros distritos donde el cemento sigue avanzando sobre las costas", dijo a LA NACION el arquitecto Diego Domingorena, presidente del Capba-Distrito IX. "La avenida del Mar propone como desafío la relación playa, mar, dunas y ciudad y atender otra entre el espacio público y lo paisajístico", agregó.El pasado 2 de octubre se abrió la inscripción para participar de este Concurso Nacional de Ideas. En solo dos semanas se anotaron 54 arquitectos o estudios que ya trabajan en sus planos, renders y maquetas que deberán presentar a los organizadores antes de fines del mes próximo. No es vinculante, por lo que no necesariamente el trabajo seleccionado tenga que ser plasmado en los hechos. Esta modalidad tiene un reciente antecedente en Mar del Plata. Desde la Administración de Punta Mogotes también se recurrió al Capba-Distrito IX para plantear este recurso y así conseguir ideas hacia la reformulación y modernización del emblemático complejo de balnearios. Finalmente se presentaron 13 propuestas. Para el caso de la avenida del Mar, se premiará al ganador con $10.000.000, $3.000.000 al segundo y $1.000.000 al tercero. También habrá menciones honoríficas. AntecedentesHace poco más de 20 años se había presentado y puesto a debate un proyecto para avanzar con una intervención sobre la avenida del Mar y el paseo costanero en general. El incentivo era un supuesto beneficio en el ordenamiento vehicular, mayor seguridad para el tránsito peatonal y un cuidado especial y mejoras para el espacio público y servicios en playas. Pero sumaba un elemento que tuvo rechazo casi unánime: asfaltar esa arteria que acompaña el principal corredor de balnearios y que, como muchos turistas gustan destacar, se disfruta descalzo, alejado del pavimento caliente por el sol de verano. Fue descartado. También es parte del punto de partida y no debería tener alteraciones la pasarela que durante los últimos años se construyó en madera, en sintonía con el nuevo diseño de las estructuras de servicios de playa, y que permite recorrer ese extenso paseo paralelo a la avenida del Mar para llegar a cada uno de los balnearios. El concurso busca, desde el trazo e ideas de los arquitectos dispuestos a participar del proyecto, encontrar la mejor convivencia entre establecimientos hoteleros, actividades comerciales y turísticas, accesos a balnearios y playa, áreas de estacionamiento, recorridos peatonales y sectores asociados al sistema dunícola que tienen como eje y vínculo común la avenida del Mar. Al mismo tiempo esta arteria tiene en sus transversales una capilaridad con el casco urbano y es allí también donde se busca encontrar esa pretendida solidez y fortalecimiento de la relación ciudad-costa. Es de las principales complejidades a resolver junto con la recuperación y rediseño de espacio público en veredas más alejadas del mar, en algunos casos convertidas como extensiones de parque de propiedades particulares.El corredor sobre el que se deben plantear propuestas abarca más de 72.000 metros cuadrados que incluyen residenciales unifamiliares y multifamiliares, hoteleros, comerciales, servicios e infraestructura turísticos y recreativos, junto con espacios de valor ambiental vinculados con el sistema costero.En las bases y condiciones del concurso propone "redefinir y jerarquizar el carácter urbano y paisajístico de este corredor a partir de una intervención que mejore la calidad y continuidad del espacio público, ordene las distintas formas de movilidad y accesibilidad, fortalezca la relación entre el tejido urbano". "Que conecten ciudad y playa y respetar la identidad es el desafío", remarcó Domingorena y planteó que la propuesta ganadora seguramente deberá demostrar "el límite virtuoso entre lo urbano y lo ambiental". Se contempla la revalorización del espacio público con posibilidad de incorporación, por ejemplo, de equipamiento urbano. También resolver el problema que es el estacionamiento en momentos pico. En todos los casos se suma como condición que se apliquen soluciones afines con el frente costero "incorporando criterios de sostenibilidad, infraestructura verde, permeabilidad y adaptación al ambiente marítimo" y con "mínima intervención" sobre los médanos. Y siempre con el desafío de pensar este paseo más allá de las demandas del verano, con masivas concurrencias, sino con atención a su mejor uso y disposición durante todo el año. "Imaginamos un gran paseo costero, con mayor protagonismo para el peatón y espacios para caminar, andar en bicicleta, encontrarse, sentarse a mirar el mar y disfrutar del paisaje", remarca Ibarguren y valoró este concurso para que las propuestas lleguen no solo de quienes ya conocen la ciudad sino también de quienes recién la descubren. "No se trata solamente de renovar una avenida: es una oportunidad para pensar entre todos cómo queremos relacionarnos con el mar y cómo queremos vivir y disfrutar nuestra costa en el futuro", destacó.
Mujeres que hacen historia en el campo: reconocimiento y voces rurales en la Legislatura bonaerense
La Legislatura bonaerense reconoció a mujeres que se destacan en la producción, el cooperativismo, el periodismo agropecuario y la defensa de las tradiciones rurales
Detuvieron por extorsión a cuatro efectivos de la División Delitos Ecológicos de la policía bonaerense
Tenían la orden de investigar a una empresa de volquetes por descargar residuos tóxicos en lugares prohibidos. Pero en lugar de buscar pruebas para ponerlos a disposición de la ley, extorsionaron a los dueños y les cobraron una suma millonaria para no allanarles los galpones.En las últimas horas, la Justicia de San Martín arrestó a cuatro efectivos de la Delegación de Ciudadela de la División de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.Los uniformados fueron detenidos durante un allanamiento realizado en la sede policial, situada en Maldonado entre 9 de Julio y Gazeta de Buenos Aires, del partido de Tres de Febrero. El operativo había sido autorizado por el juez de Garantías de San Martín Mariano González, que hizo lugar al pedido realizado por la fiscalía de Investigaciones Complejas de dicho departamento judicial.Cuando los detectives de la Policía Federal irrumpieron en la dependencia que debe combatir los delitos ecológicos en territorio bonaerense, secuestraron un expediente con 40 páginas que no habían sido numeradas, los libros de guardia, las planillas de presentismo y las armas de los efectivos que se desempeñaban en esa delegación.Una vez que fueron identificados todos los policías que estaban en ese momento en la dependencia, la fiscalía dispuso las detenciones del subcomisario que tenía a su cargo la delegación y de tres suboficiales, entre ellos, una mujer.Los cuatro policías fueron indagados, acusados de extorsión; quedaron detenidos. La investigación comenzó en marzo, cuando los funcionarios judiciales comprobaron que los policías no habían cumplido con la orden de realizar tareas de búsqueda de pruebas de la responsabilidad de una empresa de camiones y volquetes que arrojaba residuos peligrosos sin el tratamiento obligatorio y en lugares prohibidos.Como los implicados son funcionarios policiales bonaerenses, la fiscalía convocó a la Policía Federal para que investigara.Los funcionarios del Ministerio Público determinaron que los efectivos de la Delegación Ecológica y Sustancias Peligrosas concurrieron en varias oportunidades desde diciembre de 2025 hasta marzo de este año a la empresa denunciada, pero, en lugar de realizar tareas de inteligencia y búsqueda de pruebas, exigieron el pago de dinero para cajonear el expediente y no allanar la empresa.
Representación internacional: qué intendente bonaerense expuso la historia de Tigre ante alcaldes en China
El intendente participó del Diálogo Mundial de Alcaldes 2026 en Luoyang, donde destacó la historia de los clubes de remo, la postulación a la UNESCO y la preservación ambiental del Delta del Paraná. Leer más
Intendente bonaerense desafía a Milei y Caputo con una propuesta para bajar impuestos
La iniciativa busca reducir la carga tributaria sobre comercios, PyMEs e industrias. Leer más
"La bronca es muy grande": fuerte cuestionamiento al uso de los fondos de la tasa vial en un municipio bonaerense
Ante el deterioro de los caminos rurales y los cuestionamientos sobre el destino de los fondos recaudados mediante la tasa vial, productores autoconvocados de Necochea reclaman que el municipio restablezca el Ente Vial Rural (EVR), un organismo descentralizado que funcionó con participación del sector y que, según sostienen, permitió administrar los recursos con mayor eficiencia. "La bronca es muy grande porque los caminos en general están totalmente destrozados; del lado de la costa es más grave el tema y no vemos reacción", dijo a LA NACION Gustavo Redolatti, productor rural del distrito y uno de los más de 50 productores que impulsan el reclamo al intendente Arturo Rojas, de Nueva Necochea.Ya produce en 18.650 metros cuadrados: una provincia vive una transformación histórica con cultivos sin tierraPara Redolatti, el problema no se resuelve solamente con más dinero, sino con una administración organizada y personal capacitado: "La plata que llega para los caminos rurales es muy poca de la que tendría que llegar, pero aún así, están haciendo mal los trabajos. No hay gente capacitada para desarrollarlos y lo peor es que se va avanzando a la destrucción total".La propuesta de recuperar el ente tiene un antecedente concreto. A fines de 2009 se creó el Ente Descentralizado Vial Rural, que comenzó a funcionar plenamente en 2010. El esquema buscaba separar la administración de los caminos de otras áreas municipales y garantizar que los fondos recaudados mediante la tasa vial se destinaran a ese servicio.Inversión global de 35 millones de euros: una empresa argentina inauguró una terminal de cargas refrigeradas en España"En 2010 habíamos logrado una comisión con fondos afectados que se destinen exclusivamente a eso, como tendría que ser toda tasa", recordó Redolatti. Según explicó, el organismo tenía una contadora, administradores y personal operativo que permitían conocer cuánto dinero ingresaba, cuánto faltaba cobrar y qué recursos estaban disponibles para ejecutar los trabajos.Aunque, según el productor, los fondos comprometidos no siempre llegaban completos, el sistema permitía organizar mejor las tareas. "Aunque nunca entraba lo que prometían, se manejaba de manera eficiente. Y eran eficientes los capataces y gente que había", señaló.En un comunicado, los productores autoconvocados reconstruyeron la historia de la red vial y sostuvieron que el deterioro se profundizó cuando la tasa dejó de estar afectada exclusivamente al mantenimiento rural. Según dijeron, durante la actual gestión se incorporaron servicios urbanos y otras áreas, como aguas y cloacas, lo que habría diluido el destino de los recursos y complicado el control de las transferencias. "Al no estar el fondo afectado perdemos control de cuánto pasa y cuánto no pasa al ente vial para manejar los caminos rurales", explicó Redolatti. Por eso el reclamo combina dos objetivos: recuperar una estructura específica para los caminos y volver a contar con información clara sobre el dinero que se recauda y su aplicación.En marzo pasado, estos productores avanzaron con una acción de amparo colectivo contra el municipio para acceder a información oficial sobre la recaudación y el destino de los fondos de la tasa vial. La presentación judicial forma parte de un reclamo más amplio, que ahora busca recuperar el esquema de administración descentralizada que, según sostienen, permitía controlar los recursos y mejorar la gestión de los caminos rurales. Los productores saben que las acciones judiciales avanzan con dificultades. Pablo Torres Barthe, abogado de los productores, contó que la Cámara de Mar del Plata rechazó la recusación, con lo cual volvieron al Juzgado de Contencioso Administrativo de Necochea, a la espera de ver qué resuelve el juez: "Estamos preparando una nueva acción en virtud de una documentación pública que encontramos para que inviertan todo lo recaudado en la tasa en caminos rurales".El estado actual de las trazas es, para los productores, la expresión más visible del problema. Redolatti señaló que Necochea tiene cerca de 1400 kilómetros de caminos rurales, de los cuales unos 400 son provinciales, y cuestionó que el deterioro persista pese al pago de una tasa que considera elevada en comparación con la de distritos vecinos. Dijo que el municipio cobra alrededor de $2200 por hectárea por mes, aunque el monto varía según la superficie. En partidos como Benito Juárez, Tandil y San Cayetano, contó, los valores rondan entre $700 y $900, mientras que los caminos se encontrarían en mejores condiciones.También cuestionó la forma en que se ejecutan las reparaciones. "Reparan un camino y lo hacen mal, mezclan la tierra que está a la vera del camino con el entoscado, ni utilizan la cuestión hidráulica para limpiar los caminos", afirmó y agregó que la falta de planificación y de controles hace que las intervenciones no resuelvan los problemas y, en algunos casos, agraven el deterioro. "Cada vez que sale la maquinaria a trabajar hace desastre. Están sin control, son máquinas absolutamente anárquicas", cuestionó Redolatti. La situación preocupa especialmente en la zona costera, donde los caminos anegados pueden impedir la salida de la producción y complicar el acceso a los establecimientos. Pero el problema, advirtió, también afecta a las zonas más altas del partido, donde hay trazas destruidas y sectores cortados. "Eso implica no solo lo productivo, sino las cuestiones de salud, lo social y lo educativo", dijo Redolatti. En los últimos días, dijo, el municipio convocó a los productores a una reunión para discutir la posibilidad de restablecer el ente vial. Redolatti expresó desconfianza sobre el alcance de esa iniciativa, aunque señaló que el grupo busca mantener abierta esa vía de diálogo mientras continúa con sus gestiones. La intención es que el organismo vuelva a tener una función delimitada, con fondos destinados al mantenimiento de los caminos y sin la incorporación de otros servicios municipales. Los productores también buscan apoyo de concejales de la oposición para impulsar una solución que no dependa de una gestión en particular. LA NACION intentó conseguir una opinión del municipio sobre el reclamo, pero no tuvo respuestas hasta el momento.Compartinos tu testimonio: ¿cómo están los caminos rurales de tu distrito?
El Gobierno bonaerense creó un plan provincial de educación vial para escuelas de todos los niveles
La iniciativa del Ministerio de Transporte apunta a incorporar hábitos de seguridad vial desde la primera infancia y se aplicará en escuelas estatales y privadas, en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación y los municipios.
Elecciones 2027: Dos de cada tres bonaerenses quieren votar con Boleta Única de Papel, según una encuesta de Isonomía
El 64% de los consultados se mostró de acuerdo con utilizar la BUP en las próximas elecciones, frente a un 22% que manifestó su rechazo. Leer más
La Suprema Corte bonaerense pidió crear más juzgados y tribunales por el aumento de causas
La solicitud alcanza a los fueros penal, civil y comercial, de familia, laboral y contencioso administrativo. El Máximo Tribunal también reclamó ampliar cámaras, modificar competencias territoriales y cubrir cargos pendientes
Una diputada bonaerense del peronismo presentó un proyecto para que le den una pensión vitalicia a travestis y trans que sufrieron violencia institucional
La iniciativa la impulsa la legisladora bonaerense de Fuerza Patria Romina Barreiro.Sostiene que "hay una deuda histórica y moral con ese colectivo".
Creaban imágenes de compañeras desnudas con IA: presentaron proyectos para combatir la violencia digital en las escuelas bonaerenses
El bloque kirchnerista introdujo las iniciativas, con Mayra Mendoza como referente. Se trata de la Ley EMA y la Ley de Educación Digital Integral
Vaciamiento de fábricas: la industria bonaerense redujo plantas y concentró casi la mitad del desempleo fabril del país
Relevamientos de la UIPBA muestran un fuerte ajuste laboral en las fábricas. Empresarios y sindicatos alertan por el impacto del contrabando, las importaciones express y la asfixia tributaria local. Leer más
Lanús, el espionaje y los archivos de la Bonaerense
El acto de reparación en el museo del club reveló historias de víctimas del terrorismo de Estado y la infiltración en ámbitos deportivos.
En plena puja por sus vacantes, la Corte bonaerense también le reclama a Kicillof ampliar juzgados
El máximo tribunal funciona con solo tres de sus siete integrantes y exige al Ejecutivo y la Legislatura que aceleren designaciones. Los reclamos abarcan nuevos órganos, magistrados suplentes y autonomía financiera.
Ordenaron preservar 15 años de registros rurales bonaerenses tras la derogación de la Ley de Tierras
La jueza Güendalina Sessarego hizo lugar parcialmente a una cautelar de la Defensoria del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y exigió al Ministerio de Justicia nacional informar en cinco días la última actualización de las bases de datos disponibles
Causa de los sobres: quedaron firmes las condenas de cuatro ex comisarios bonaerenses que recaudaban coimas
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el último recurso de la defensa y dejó firmes las penas de hasta cinco años y ocho meses de prisión para los ex jefes policiales de La Plata
La Justicia intimó al Gobierno a que informe cuántas hectáreas de tierras bonaerenses están en manos de extranjeros
LA PLATA.â?? La Justicia intimó a la Casa Rosada a que en un plazo de cinco días le informe cuántas hectáreas de la provincia de Buenos Aires están en manos extranjeras y dónde están ubicadas. También le impuso la obligación de preservar todos los datos e informes públicos relevantes sobre compras de tierras por parte de extranjeros en la provincia. El Juzgado Contencioso y Administrativo N°4 de La Plata hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por la Defensoría del Pueblo bonaerense. El planteo apunta obtener información y preservar toda la documentación sobre las tierras rurales bonaerenses durante la vigencia de la ley de tierras, sancionada en 2011 pero derogada por el DNU 70/2023 que Javier Milei firmó a poco de asumir la Presidencia. El martes pasado, la Corte Suprema dejó a salvo el artículo de ese DNU que derogaba la ley de tierras.La Defensoría, encabezada por Guido Lorenzino, había advertido que por la caída de esta ley se eliminaron los mecanismos de control, el mapa dominial y las restricciones a la venta de campos a titulares extranjeros, lo que pone en riesgo el conocimiento del territorio y la protección del medio ambiente en distritos con alta concentración de titularidad extranjera, como Campana y Zárate.Frente a esta presentación, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 de La Plata le dio un plazo de cinco días al Ministerio de Justicia de la Nación para precisar hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos y garantizar la conservación íntegra de todos los antecedentes registrales recolectados en los últimos 15 años."No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural", sostuvo Lorenzino, y agregó que "proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones".En su fallo, el juzgado consideró que la pérdida o alteración de esta información provocaría un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la Provincia.La jueza Güendalina Sessarego hizo lugar a la cautelar. Si el gobierno nacional cumple con la intimación, en cinco días la Defensoría del Pueblo podría acceder a un registro actualizado de tierras extranjeras en este territorio. La ley de tierras rurales 26.737, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También imponía límites por nacionalidad y por titular. En diciembre de 2023, el DNU 70/2023, de Javier Milei, derogó la ley mediante su artículo 154. A partir de esta derogación - que quedó judicialmente suspendida durante casi tres años- se interpuso la medida cautelar de la Defensoría del Pueblo. El martes de la semana pasada, la Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la derogación. El argumento de la Corte fue procesal: consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que había promovido la demanda, no tenía legitimación suficiente. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154, pero su fallo, en términos prácticos, confirmó la derogación de la ley a través de un decreto de Milei.
El Senado bonaerense aprobó con cambios la "ley Ema" y el proyecto vuelve a Diputados
La iniciativa de la diputada Mayra Mendoza contra la violencia digital en las escuelas sumó aportes de un proyecto de la senadora Laura Clark y crea el "Programa EMA". En la misma sesión, Guillermo Montenegro dejó su banca para volver a la intendencia de General Pueyrredón y asumió en su lugar una legisladora libertaria.
"Un intendente tiene que ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires": la propuesta de Federico Achával para el peronismo bonaerense
El jefe comunal de Pilar sostuvo que la Liga de Intendentes busca instalar una agenda centrada en empleo, producción y servicios públicos. En Infobae a las Nueve, también defendió las PASO, cuestionó el modelo económico nacional y planteó revisar el límite a las reelecciones municipales
Cuáles son los municipios bonaerenses con mayor presión tributaria
El sitio Menos Impuestos publica un semáforo fiscal on line con las tasas locales que cobran los intendentes. Las compara con otros indicadores como desarrollo de infraestructura, resultado financiero y niveles de empleo público y privado
En la antesala de la discusión electoral, el peronismo buscará un gesto de unidad en la Legislatura bonaerense
Esta semana habrá sesión en el Senado y los distintos sectores del PJ garantizarían los votos para avanzar con dos proyectos de Kicillof. En Diputados, La Cámpora quiere intervenir sobre el juego on line y espera un respaldo pleno. La demanda silenciosa por los pliegos judiciales
Guillermo Montenegro deja el Senado bonaerense y retoma la intendencia de General Pueyrredón en plena crisis de seguridad
El dirigente del PRO abandonará su banca en la Legislatura para completar su segundo mandato al frente del municipio, que desde diciembre conducía como interino Agustín Neme. El regreso se concretaría la semana próxima.
Guillermo Montenegro regresará a la intendencia de Mar del Plata tras diez meses en el Senado bonaerense
MAR DEL PLATA.- Guillermo Montenegro volverá a la intendencia de General Pueyrredón después de diez meses en el Senado bonaerense y completará el mandato para el que fue reelegido en 2023. El dirigente dejará su banca en la Legislatura y retomará el control del municipio en reemplazo de Agustín Neme, que había quedado al frente de la comuna desde diciembre. El regreso se producirá en medio de una creciente preocupación por la inseguridad y de dificultades en las cuentas municipales.Durante meses, cada vez que alguien lo presentaba como exintendente, Montenegro hacía una corrección. No era exintendente. Era intendente en uso de licencia. La precisión, que podía parecer apenas jurídica, terminó siendo política.Montenegro había pedido licencia, y no renunciado, cuando asumió como senador provincial el 10 de diciembre pasado. Esa diferencia le permitió conservar la posibilidad de regresar al cargo para el que había sido reelegido en 2023. Ahora decidió ejercerla.La decisión se conoció apenas terminó el 62° Coloquio de IDEA, que durante tres días y reunió en Mar del Plata a empresarios, economistas y dirigentes políticos. Montenegro estuvo en la ciudad. Se lo vio en el Sheraton, conversó con empresarios y dirigentes, pero evitó hablar públicamente. Mientras la discusión por su eventual regreso crecía, eligió el silencio.La vuelta supone también el final de una experiencia política que duró menos de un año. Montenegro había encabezado la lista de La Libertad Avanza en la Quinta Sección Electoral y desembarcó en el Senado bonaerense como parte del reordenamiento político que acercó al dirigente del Pro al oficialismo nacional. Neme, su reemplazante en el municipio, deberá regresar ahora al Concejo Deliberante.Pero Montenegro no vuelve a la misma administración que dejó diez meses atrás.Las cuentas municipales son una de las primeras señales. Los últimos tres ejercicios cerraron en rojo. El deterioro no comenzó con Neme: atraviesa el final de la propia gestión de Montenegro y se profundizó en un escenario de menores transferencias y mayores dificultades para financiar el funcionamiento municipal. En 2025, el resultado financiero consolidado de la administración central y los entes descentralizados dejó un déficit superior a los $16.000 millones.El otro problema es bastante más visible.La inseguridad se convirtió en los últimos meses en uno de los principales asuntos de la agenda marplatense. Cinco homicidios ocurridos en un período de pocas semanas encendieron las alarmas y llevaron a cámaras empresarias, comerciantes y distintos sectores de la ciudad a reclamar respuestas. Las estadísticas oficiales muestran, además, que la preocupación no nació de una sucesión de episodios aislados.La discusión llegó esta semana hasta el Coloquio de IDEA. Patricia Bullrich habló allí del problema y contó que había conversado con la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva. El Gobierno prepara un refuerzo de fuerzas federales antes de la temporada de verano. La seguridad, una de las banderas con las que Montenegro construyó su perfil como intendente, vuelve así a esperarlo en el despacho principal del municipio.Hay una Mar del Plata que permite entender esa preocupación sin necesidad de entrar inmediatamente en las estadísticas. El miércoles por la noche, mientras cientos de ejecutivos cenaban en distintos puntos de la ciudad después de las actividades de IDEA, en la avenida de los Trabajadores, en la zona del puerto, los restaurantes estaban llenos. Afuera, sobre una calle con poca iluminación, los trapitos se distribuían entre los autos estacionados.Adentro se hablaba de inversiones, reformas y crecimiento. Afuera aparecía otra parte de la ciudad que no entraba en el programa del Coloquio.Ese contraste acompañó los tres días del encuentro empresario. A pocos kilómetros del Sheraton, donde se discutieron durante horas las condiciones necesarias para que la Argentina vuelva a crecer, Mar del Plata atravesaba su propia discusión sobre seguridad, recursos y conducción política.En ese escenario también se deterioró la relación entre Montenegro y Neme. Lo que inicialmente había sido presentado como una transición ordenada empezó a mostrar diferencias sobre la administración municipal y sobre la forma de enfrentar algunos de esos problemas. A medida que avanzó el año, la posibilidad del regreso dejó de ser una hipótesis lejana.Montenegro nunca cerró esa puerta. Su licencia se convirtió, con el paso de los meses, en una herramienta política: podía seguir en el Senado o volver al municipio. La discusión adquirió todavía más peso porque su mandato como intendente termina en 2027 y porque la sucesión marplatense ya empezó a mezclarse con el armado electoral del próximo año.La decisión despeja una incógnita, pero abre otras. Montenegro deberá volver a administrar una ciudad con tres ejercicios consecutivos en rojo, una discusión creciente por la inseguridad y una temporada de verano a pocas semanas de comenzar. También tendrá que reconstruir el funcionamiento político de un gobierno municipal que durante diez meses tuvo otro jefe.En el Coloquio, Montenegro no quiso anticipar nada. Caminó por el Sheraton, habló en privado y evitó las definiciones públicas. Había una razón.Durante meses, la pregunta en Mar del Plata fue si Montenegro iba a volver.
El presidente de la Corte bonaerense cerró la Convención de Lenguaje Claro: "Comprender es un derecho"
En la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible se reunieron más de 1.500 participantes de 16 países. La declaración firmada al cierre busca garantizar que leyes, sentencias y trámites sean comprensibles para todos.
"Nebulosa contable": las pericias que pusieron bajo la lupa a los municipios bonaerenses y aceleraron las demandas de productores
La discusión por el cobro de las tasas viales y el destino de los fondos que pagan los productores entró en una etapa clave en varios municipios de la provincia de Buenos Aires. Dos informes periciales incorporado a causas judiciales en Tapalqué y Bolívar aportaron nuevos elementos para determinar cuánto recaudan las comunas, qué parte de esos recursos se vincula con el mantenimiento de los caminos y cuál es el estado concreto de los caminos rurales.En Tapalqué, una pericia contable analizó los ejercicios 2024 y 2025 y determinó que por la Tasa por Conservación de la Red Vial Rural y los Servicios de Guías de Traslado ingresaron $1905 millones en 2024 y $2336 millones en 2025. En ese mismo período, el gasto devengado directamente en el programa de mantenimiento de caminos rurales fue de $1203 millones y $1610 millones, respectivamente.En París: Pino pidió más producción e inversiones para aprovechar las oportunidades del campo en Europa y otros mercadosSegún el análisis de la pericia, la diferencia acumulada supera los $1400 millones: $701,9 millones en 2024 y $725,6 millones en 2025 entre la recaudación sectorial y el gasto directamente devengado en caminos.Prohibido. Tras el uso de un balde de glifosato para transportar chorizos, una entidad advierte: "No puede usarse para cocinar"La pericia también analizó qué sucede con el dinero una vez que ingresa al municipio. Los fondos de la Tasa Vial y de las Guías ingresan a una cuenta recaudadora única y pasan a formar parte de Rentas Generales, lo que dificulta seguir su trazabilidad específica. Además, las compras de gasoil y lubricantes se centralizan junto con otros servicios municipales y no existen partes diarios de salida de combustible ni registros de odómetro u horómetro que permitan determinar cuánto se utilizó específicamente en los caminos rurales.En Bolívar, la prueba avanzó por el lado de la ingeniería vial. El peritaje revisó la capacidad operativa del municipio y el estado de una red rural de aproximadamente 2400 kilómetros, además de analizar cotas, hidráulica, alcantarillado y costos de conservación, según parámetros de Carbap. El relevamiento encontró que, aunque en los registros municipales figuraban unas 12 motoniveladoras, durante la inspección había maquinaria parada, rota o desarmada. El perito estimó que el municipio necesita alrededor de un 30% más de unidades para cubrir con solvencia toda la red rural y fortalecer los obradores alejados.La situación de los caminos rurales también quedó reflejada en números. Entre el 60% y el 70% de los caminos relevados presentaban problemas de mantenimiento, falta de cunetas o perfiles transversales deficientes. A su vez, entre 600 y 900 kilómetros â??el 30% al 40% de la redâ?? se encuentran por debajo de la cota natural de inundabilidad. Entre el 70% y el 80% de la red carecería de alteos estructurales y gálibos reglamentarios. Para Jorge Moroni, abogado que representa a productores en estas causas, la importancia de estas pruebas está en cruzar la información contable con el estado de los caminos. "Tenemos pericias llevadas a cabo por los peritos oficiales de la Corte que por sorteo ha designado el magistrado a cargo de los juicios, de Tapalqué en su original y sus dos ampliaciones y de Bolívar", explicó a LA NACION. Según Moroni, la pericia administrativa realizada en Tapalqué expuso una "nebulosa contable" en torno al destino de los fondos recaudados.El abogado destacó que el objetivo no es simplemente acceder a la información de los municipios. "Nosotros vamos al fondo del tema. Con la pericia contable y la de ingeniería de caminos realizada en Tapalqué, cruzamos la información para determinar el destino de los fondos y establecer si hubo desvíos, de manera que sea el juez quien resuelva", señaló.Moroni explicó que las acciones están planteadas como juicios declarativos de certeza constitucional, donde se busca determinar si existe el servicio que justifica el cobro de la tasa. "Lo que pedimos con esta acción de fondo es saber si se configura o no el hecho imponible de la tasa, o sea el servicio, y a cuánto asciende el desvío de fondos en ese caso", dijo.En esa estrategia, las dos pericias cumplen funciones diferentes: mientras el contador reconstruye el circuito de los recursos, el ingeniero recorre los caminos y analiza su estado. "El perito ingeniero va a los caminos rurales, los examina, los mide", describió Moroni. Y agregó: "El hecho imponible, como lo ha dicho ya la Corte en los últimos fallos y lo viene diciendo históricamente, es la efectiva contraprestación del servicio directo como contraprestación de la tasa".A partir de las primeras causas, la estrategia comenzó a replicarse en otros distritos. Según Moroni, ya existen acciones declarativas de certeza en Azul, Daireaux, Bolívar, 25 de Mayo, Bragado, Brandsen, Pila, Ayacucho, Carlos Tejedor, Tapalqué y Trenque Lauquen. Mencionó aproximadamente 40 productores en Tapalqué, 40 en Ayacucho, 15 en Pila, 90 en Brandsen, 40 en 25 de Mayo y unos 40 en Bragado."Se presentaron estas acciones declarativas de certeza contra los diferentes municipios para que peritos lleven a cabo estas investigaciones y así el juez sepa exactamente si eso que los productores plantean es cierto", explicó. Dijo que algunas causas ya tienen pericia contable, otras avanzaron con la de ingeniería y otras cuentan con ambas.El planteo de los productores, remarcó Moroni, no consiste necesariamente en dejar de pagar. "Los productores no buscan que el juez diga que no tienen que pagar nada más de tasas: al contrario, pagaría más, pero si los caminos se encontraran en buen estado", afirmó. La discusión pasa por establecer si el monto cobrado guarda relación con el costo real del servicio y si los recursos vuelven a la red vial.Moroni contó la experiencia de distritos donde productores y municipios participan en estructuras específicas para administrar los caminos aparece como otro elemento de la discusión. Mencionó Tandil y Benito Juárez, donde existen consorcios con participación de productores, ingenieros y contadores. "Los productores, donde están interviniendo junto con la municipalidad en un consorcio o en una cooperativa de caminos, no tienen problemas", señaló.El avance de las pericias en Tapalqué y Bolívar llega en un momento en que los reclamos dejaron de ser casos aislados y comenzaron a replicarse en distintos puntos de la provincia. Las pruebas no resuelven por sí mismas las causas, pero aportan elementos técnicos para que los jueces determinen si existe correspondencia entre lo que se cobra y la contraprestación vial.En Tapalqué, entre 2024 y 2025 se recaudaron más de $4241 millones entre la tasa vial y las guías, mientras que las partidas directamente imputadas al programa específico de caminos rurales ubicaron el gasto devengado en unos $2814 millones. En Bolívar, la pericia aportó una radiografía de 2400 kilómetros, con problemas de cotas, falta de alteos, deficiencias hidráulicas y una capacidad de maquinaria considerada insuficiente para atender toda la extensión. En paralelo, las demandas incorporaron otro punto: las guías de traslado de hacienda. "También estamos discutiendo la tasa de traslado de hacienda, las famosas guías de traslado ¿A dónde va esa plata? ¿Para qué se cobra? ¿Por qué las municipalidades siguen cobrando esta guía? Si hoy por hoy la guía de traslado se hace de manera electrónica por el Senasa, se nacionalizó", planteó.Mientras las causas avanzan, el reclamo de los productores se extiende por otros municipios bonaerenses como Guido, Saavedra y Tornquist. La pregunta que atraviesa los expedientes es concreta: cuánto se cobra por los caminos rurales, cuánto se utiliza efectivamente para mantenerlos y qué servicio recibe, a cambio, quien paga la tasa.Compartinos tu testimonio: ¿cómo están los caminos rurales de tu distrito?
El exmarido de Julieta Prandi fue hasta la Suprema Corte bonaerense para revertir la condena de 18 años y medio de cárcel
Dos semanas después de que el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmara la condena contra Claudio Contardi, sentenciado en agosto de 2025 por abuso sexual agravado y violencia de género contra su exesposa, Julieta Prandi, su defensa recurrió ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para revertir la sentencia.Los abogados Francisco Oneto e Ignacio Alvarado, a cargo de la defensa de Contardi, solicitaron ante el máximo tribunal bonaerense la absolución de su asistido y, subsidiariamente, un nuevo juicio."No pedimos que se le crea a nadie por encima de nadie. Pedimos que una condena a dieciocho años y medio no quede firme sin haber hecho la pregunta más obvia", sostuvieron Oneto y Alvarado en un comunicado de prensa.El 13 de agosto de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó a Contardi a la pena de 19 años de prisión. En el momento de dictar el veredicto, se ordenó su detención y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual. En los alegatos, el fiscal Christian Fabio (ahora Fiscal General de Zárate-Campana) había pedido 20 años de cárcel, y la querella, representada por los abogados Fernando Burlando y Javier Baños, 50. Según el relato de Prandi en el juicio, los ataques sexuales comenzaron en 2015, poco después del nacimiento de su segundo hijo. Asegura que fue sometida sexualmente, aislada de su entorno, humillada y despojada de sus recursos económicos. En su declaración judicial, afirmó: "Yo era su esposa y lo tenía que hacer. Mientras dormía me agarraba del cuello, se ponía por detrás, abusaba de mí y cuando acababa, salía y lo hacía sobre mi cuerpo. Cada vez que lo recuerdo me dan ganas de vomitar. No fui violada una vez, sino infinidad de veces".Tras la sentencia de primera instancia, la defensa de Contardi fue asumida por el abogado Fernando Sicilia, que fue quien presentó la apelación ante el Tribunal Penal de Casación bonaerense.El 16 del mes pasado, la Sala V del citado tribunal de alzada dio a conocer su resolución: confirmó la condena, pero redujo en seis meses de la pena, es decir la fijó en 18 años y medio.Ahora con la representación de Oneto y Alvarado, Contardi recurrió ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense."El recurso incorpora prueba nueva: las entrevistas que la denunciante dio a revistas de alcance nacional durante el mismo período en que habrían ocurrido los hechos", explicaron los abogados de Contardi.En las entrevistas incorporadas por Oneto y Alvarado figura una nota de Prandi publicada en la revista Caras el 23 de agosto de 2016 donde la actriz y conductora dijo: "Por suerte, tengo un marido que me banca en todo y me ayuda con los chicos".También citaron una nota que salió en Gente en 2017, donde Prandi afirmó: "¿Claudio es celoso?" "Lo normal (â?¦) Lo cierto es que mis hijos me celan más que mi marido".Oneto y Alvarado compararon las declaraciones en notas periodísticas con lo que Prandi afirmó en el juicio: "Era [Contardi] muy celoso, muy controlador" y el control "era absoluto", entre otras cuestiones.Entonces, los nuevos abogados de Contardi afirmaron: "Cuando alguien no quiere hablar de su vida privada, no habla. Sobre su matrimonio, Prandi habló, y habló bien".Y agregaron: "La defensa no le pide a la Corte que decida hoy cuál de las dos versiones es cierta. Sostiene algo más simple: frente a dos relatos tan distintos de la misma persona, lo mínimo era preguntarle en el juicio. No ocurrió por tres razones: Las notas no se ofrecieron como prueba, aunque eran públicas y de fácil accesoLa prueba que sí se ofreció fue rechazada: los expedientes de familia y el testimonio de una expareja del imputadoNo se usaron las herramientas del juicio oral: la defensa que actuó en el debate asumió a días de su inicio, tras sucesivos cambios de abogados y con solo dos días de prórroga, y no recurrió a la técnica de confrontar a la testigo con sus propias declaraciones previas".Entonces, Oneto y Alvarado le pidieron a la Suprema Corte de Justicia bonaerense "la absolución de Contardi o, en subsidio, un nuevo juicio con una defensa eficaz, en el que la denunciante pueda ser confrontada con sus propias palabras".
El titular de la Corte bonaerense planteó que el Estado se debe expresar de forma sencilla para garantizar derechos
Sergio Torres encabezó la apertura de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro que organiza la RAE y se lleva adelante en la ciudad de La Plata
"Los docentes no cobran nada y encima son agredidos": así se sintió el paro en las escuelas bonaerenses
El silencio fue la primera señal. En escuelas donde un día cualquiera cientos de alumnos recorren pasillos, ocupan aulas y llenan los patios, este jueves había sillas apoyadas sobre los bancos, persianas bajas y puertas que apenas se abrían. Según los gremios convocantes, la adhesión al paro superó el 95% y en algunos casos alcanzó el 98%. LA NACION recorrió cinco establecimientos del conurbano bonaerense, desde San Isidro hasta Virrey del Pino, en La Matanza, para observar el impacto de la medida de fuerza. La protesta tuvo distintos niveles de acatamiento y también explicaciones diversas entre quienes trabajan en las escuelas.El paro por 24 horas fue convocado por Suteba, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), cuatro de los cinco sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). La medida se produjo después de una sucesión de agresiones contra trabajadores de la educación en distintos distritos bonaerenses y en medio de reclamos salariales y la negociación paritaria con el gobierno provincial."La adhesión fue superior al 95% en los dos turnos", dijo María Laura Torre, secretaria general adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba).La primera parada fue la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 8, conocida como Colegio Nacional de San Isidro. En las aulas, las sillas estaban colocadas sobre los bancos. La imagen contrastaba con la que describió una auxiliar cuando contó cómo es habitualmente el lugar: por allí pasan alrededor de 700 estudiantes y, en sus palabras, "es un lío bárbaro". Esta vez no había clases. Según explicó, todos los docentes menos dos habían adherido a la medida.Para esa comunidad educativa, al menos según el testimonio de la trabajadora, el salario tuvo más peso que los episodios de violencia que originaron la convocatoria. "Acá más que nada fue por el tema salarios más que por la violencia porque acá no pasa, pero sí acompañan eso también", señaló. LA NACION intentó conocer la posición de los dos docentes que habían concurrido a trabajar, pero prefirieron no hacer declaraciones.La recorrida siguió en San Martín. Las persianas de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 Manuel Belgrano estaban bajas y la puerta, entreabierta. En ese escenario apareció un adolescente de 16 años en bicicleta. Abrió la reja, entró con el rodado y, ante la consulta de este medio, aclaró que no había ido para cursar: "Hay chicos, pero venimos a las pasantías. La escuela está de paro".Una auxiliar que salió del establecimiento aseguró que ningún docente había concurrido y ubicó las dos demandas en un mismo plano. "No solo es por el hecho de la violencia y que acompañamos el reclamo sobre la violencia hacia los docentes y lo que pasó. También es el tema salarial, los docentes no cobran nada y encima son agredidos", afirmó.En esa escuela, agregó, las agresiones no son una problemática ajena. La trabajadora aseguró que ocurren episodios tanto con alumnos como con sus familias y señaló especialmente las situaciones protagonizadas por padres. "Acá se viven bastante hechos de violencia, principalmente de los padres hacia los docentes, más allá de que de parte de los alumnos ya es algo habitual. Pero de los padres hacia los docentes fue incrementando desde 2024", sostuvo.En Ciudadela, partido de Tres de Febrero, la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 4 estaba prácticamente vacía. La directora se encontraba allí, aunque no quiso hablar con este medio. Una auxiliar indicó que la mayoría de los docentes había adherido al paro, pero que unos pocos habían asistido. Fue una de las variaciones que mostró la recorrida: frente a la adhesión casi completa observada en los establecimientos anteriores, allí hubo una presencia minoritaria de trabajadores que decidieron concurrir.El siguiente destino fue Virrey del Pino, en La Matanza. En la Escuela de Educación Primaria (EEP) N° 67, situada sobre Isaac Newton al 400, la directora tampoco quiso responder las consultas de LA NACION. Desde la calle podían verse aulas y pasillos sin estudiantes y no llegaban desde el interior las voces características de una jornada escolar.A pocas cuadras estaba la última escuela del recorrido. En la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 120, sobre Osiris 455, los patios que podían observarse desde afuera estaban vacíos. Un auxiliar, sin embargo, dio una versión diferente de lo que sugería esa imagen. "En la escuela no faltó nadie, es todo normal", aseguró.Fue entonces cuando la recorrida cambió de tono. Mientras el equipo de LA NACION permanecía en el exterior del establecimiento, el director se acercó y pidió los datos de los periodistas. También objetó que se tomaran fotografías de la fachada de la escuela e intentó fotografiar la credencial del fotógrafo. Cuando se le indicó que no lo hiciera, el intercambio se volvió más tenso.El episodio continuó cuando el director se dirigió hacia el vehículo en el que se trasladaba el equipo periodístico. Antes de que LA NACION dejara el lugar, registró la patente del auto.
El corredor portuario del sur bonaerense refuerza su rol en las exportaciones energéticas
La expansión de Vaca Muerta y la mayor capacidad para evacuar la producción impulsan el movimiento hacia los mercados externos, mientras la actividad portuaria de la zona creció 12% interanual en agosto
Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense: "La base electoral de La Cámpora quiere que Axel Kicillof sea presidente"
En Infobae al Regreso, el funcionario defendió los resultados de la política de seguridad, cuestionó la falta de recursos nacionales contra el narcotráfico y se refirió a las diferencias dentro del peronismo
Gremios docentes bonaerenses convocaron a un paro para el jueves por la violencia en las escuelas
Cuatro sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron a un paro provincial de 24 horas para este jueves 1° octubre. Los reclamos centrales son el llamado a paritarias y la adopción de medidas preventivas frente a casos de violencia en las escuelas.La medida fue impulsada por Suteba, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA).Los gremios convocantes llamaron a la huelga con la consigna: "Paro provincial docente. Queremos una sociedad que cuide a quienes enseñan. Basta de violencia contra los y las docentes"."El paro provincial es en reclamo y exigencia de medidas urgentes y concretas de consenso social frente a los hechos de violencia ocurridos contra docentes en los últimos días, que se suman a un problema que desde hace un tiempo aqueja al sector. Diversos hechos de agresión física y hostigamiento digital acontecieron en varios distritos, y ayer en Trenque Lauquen", informó en un comunicado Suteba.Y agregó: "La escuela pública cumple un papel irremplazable: aloja, enseña, escucha, abraza y organiza a la comunidad. Allí donde muchas veces avanzan la exclusión, el miedo o la desesperanza, la escuela abre caminos de encuentro, palabra y democracia".La medida sucede luego de que una maestra de Trenque Lauquen denunciara una agresión por parte del padre de un alumno. Según informaron medios locales, la docente del nivel inicial habría sufrido lesiones. En el texto, los gremios también reclamaron por una sociedad "que abrace, cuide y valorice el trabajo docente y el de las instituciones educativas"."El 1º de octubre paramos en toda la provincia contra la violencia que se ejerce hacia las y los docentes y para que las autoridades provinciales, los ámbitos de la Justicia, las comunidades educativas abordemos interdisciplinariamente, desde las diferentes responsabilidades y desde cada territorio, la construcción de estrategias que atiendan y resuelvan desde la prevención y la intervención este flagelo", argumentaron.Y cerraron: "Para que reaseguremos con políticas integrales y dispositivos comunitarios, pedagógicos e institucionales, que las escuelas sean espacios de enseñanza y aprendizaje, libres de violencia".Reclamo salarialEl paro se anunció además en un contexto de tensión paritaria. El último encuentro entre el FUDB y las autoridades del gobierno de Axel Kicillof acabó sin ninguna propuesta de aumento."Los funcionarios provinciales solo presentaron un monitoreo de la situación salarial", precisó la FEB en un comunicado oficial. Ante ese resultado, Liliana Olivera, presidenta del gremio, reclamó una respuesta concreta."Los plazos se agotan y se hace imperioso discutir una verdadera recomposición. Los docentes no necesitan mayor análisis que aquel que les marca su bolsillo día a día, viviendo una situación económica que hoy es agobiante", afirmó Olivera. Y agregó que "hacer frente al costo de vida actual requiere indefectiblemente de una recomposición real de los salarios del sector".Asimismo, Olivera indicó: "Seguimos reclamando además por situaciones que son esenciales para el desarrollo de nuestro trabajo, como la implementación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación ante los numerosos casos de violencia que se siguen registrando en los establecimientos educativos, la sobrecarga de tareas o los problemas constantes de cobertura en las prestaciones de IOMA".
Visita guiada a la "madriguera" bonaerense
Con buenas intenciones, y cierto candor, docentes de escuelas primarias y secundarias suelen llevar a sus alumnos a visitar la Legislatura bonaerense. Les prometen una excursión al palacio en el que se elaboran las leyes, se debaten propuestas ciudadanas y se votan cosas tan importantes como el presupuesto de la provincia o los pliegos de designación de jueces. Si un día, en medio de esas recorridas, alguien les contara lo que ocurre entre bambalinas, los maestros tendrían que salir corriendo a hacer la denuncia penal.Detrás de esa fachada palaciega, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires ha cobrado la apariencia de una madriguera; podría verse como una especie de "aguantadero" en el que se protege la corrupción. No es una conjetura, es un hecho: a escondidas, disimulado dentro de un paquete burocrático de expedientes y números de resolución, la Cámara de Diputados decidió archivar los pedidos de la Justicia para investigar la designación de empleados fantasma y el entramado de ñoquis que reveló el caso de Chocolate Rigau. Todo ha sido tan obsceno que un juez se ha visto obligado a denunciar por presunto encubrimiento a las autoridades legislativas.Hace exactamente tres años, cuando una noche -casi de casualidad- la policía detuvo en un cajero automático de La Plata a un señor, Chocolate Rigau, que operaba con 48 tarjetas de débito y embolsaba plata de personas a las que la Legislatura les depositaba un sueldo, se corrió el velo sobre un mecanismo que funcionaba desde hacía décadas y que tal vez nunca haya dejado de funcionar. Se supo, así, que una parte del presupuesto legislativo hacía un "rulo" para formar una caja negra que todavía no se sabe bien cómo se distribuía. La Legislatura contrataba a personas que no trabajaban y sus sueldos eran cobrados, de madrugada, por un puntero que después repartía el botín. Los 48 ñoquis de Rigau serían apenas la punta del iceberg.La fiscal que investiga esa trama había pedido algo elemental: que le informaran los nombres de los legisladores que impulsaron las designaciones de aquellas personas cuyos sueldos eran cobrados por Chocolate. Primero ignoraron la solicitud, después la "cajonearon" y, por último, la mandaron al archivo. Podría leerse como un abierto desafío: no vamos a colaborar con la investigación; no haremos nada que permita esclarecer los hechos y, mucho menos, escalar en la línea de responsabilidades. Les faltó decir lo obvio: "Acá, la corrupción se protege". Esta semana, sin embargo, emitieron un comunicado en el que niegan que haya sido un ocultamiento y se refugian en la independencia de poderes para rechazar la denuncia de encubrimiento. El texto también tiene algo de confesión: apela a tecnicismos y vericuetos reglamentarios, sin condenar una sola vez la corrupción estructural que quedó expuesta con el mecanismo de los empleados fantasma y sin asumir ningún compromiso con la transparencia institucional; el archivo fue convalidado "mediante una decisión soberana del cuerpo. No se puede perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones", dijeron con la firma de Unión por la Patria, Pro, la UCR y La Libertad Avanza. Sin fisuras.La votación que mandó todo al archivo hay que mirarla en un contexto más amplio. La Legislatura provincial maneja, con rampante discrecionalidad, un presupuesto de más de mil millones de pesos por día: es una partida anual de $379.000 millones para una estructura bicameral de 138 legisladores (92 diputados y 46 senadores). En el caso del Senado, que absorbe el 41% del presupuesto, la cuenta arroja un costo, por cada senador, de $3395 millones por año, o más de 9 millones de pesos por día. Las cifras pueden resultar gélidas y abrumadoras, pero dan una idea de la magnitud que involucra el sistema de becas, contratos, subsidios y otros resortes que manejan los legisladores sin que exista prácticamente una rendición de cuentas. A eso se suman "adicionales" de la dieta, que hacen que los ingresos personales de un diputado o senador provincial por lo menos tripliquen los de sus pares nacionales. En la Legislatura los llaman "módulos": los eufemismos siempre ayudan a nombrar lo inconfesable.Tres años después de haber estallado el escándalo Chocolate, solo están detenidos el propio Rigau junto a Claudio y Facundo Albini, un exfuncionario legislativo y un exconcejal massista, que en realidad cumplen prisión domiciliaria a la espera de un juicio oral. ¿Qué hizo la Legislatura? Nada. Ni una comisión investigadora, ni una auditoría interna, ni una sesión dedicada a discutir el tema. Tapar y seguir, esa ha sido la consigna.El caso Chocolate podría haber marcado un punto de inflexión, una especie de mani pulite bonaerense que desmantelara un sistema completamente viciado. Pero para eso habría hecho falta una fuerte reacción política e institucional que ha estado muy lejos de producirse. El gobernador Axel Kicillof decidió mirar para otro lado. Hasta ahora no se le escuchó decir una sola palabra sobre las corruptelas de una Legislatura que, además, ha acentuado su parálisis, con una producción legislativa cada vez más escasa y una chocante desinhibición para convertir cualquier negociación en un toma y daca por cargos y privilegios.Los partidos también han preferido callar. Funciona, en las entrañas del palacio, una suerte de pacto de silencio que atraviesa a casi todas las fuerzas políticas. Solo una voz aislada y débil de una fuerza marginal se alzó contra la votación, entre gallos y medianoche, de ese paquete en el que se coló el archivo de los pedidos judiciales para conocer "la ruta de los ñoquis". Fue la de Christian Castillo, un sociólogo bohemio, militante de la izquierda dura, al que se le pueden imputar extravagancias ideológicas, pero todos le reconocen una decencia intachable.El procedimiento con el que se tomó esa decisión también forma parte de un modus operandi. En la Legislatura provincial se vota con gestos, a mano alzada, que es una forma de no dejar rastros. Siempre es muy difícil, si no imposible, reconstruir cómo se pronunció cada legislador. La votación nominal es excepcional; el tablero electrónico no existe; la prensa no puede seguir las sesiones desde el recinto. Todo parece diseñado para acentuar la oscuridad de una institución que hoy vive bajo sospecha.Es cierto que los cuerpos legislativos muchas veces son víctimas de un prejuicio y un estigma. Desde una mirada antipolítica, suelen asimilarse las bancas con poltronas de privilegio y medir la productividad de un legislador por la cantidad de sesiones o de proyectos presentados, que pueden ser indicadores engañosos. En cualquier congreso, legislatura o concejo deliberante hay un trabajo invisible que constituye un engranaje fundamental del sistema democrático. Sin embargo, la Legislatura bonaerense se ha empeñado en alimentar y justificar esa mirada. Cada vez luce más desconectada de los problemas ciudadanos; prácticamente no sesiona, pero tampoco hay noticias sobre el trabajo en comisiones. En lo que va de este año, la Cámara de Diputados solo sesionó cinco veces; el Senado, apenas tres. Pero la agenda legislativa es cada vez más endogámica e insustancial. Ni el ciudadano bonaerense más informado podría identificar un debate legislativo que haya instalado propuestas novedosas en una provincia atravesada por una crisis demográfica y un profundo deterioro de los sistemas de educación, seguridad y salud. Solo se han agitado proyectos como los de la reelección indefinida de intendentes o la ampliación de cargos en el directorio del Banco Provincia.Basta mirar el organigrama de autoridades de ambas cámaras para identificar esa lógica autorreferencial y burocrática que apunta a "manejar la caja" sin preocuparse por la transparencia, la austeridad y el aceitado funcionamiento institucional. Ejercer una vicepresidencia, tanto en Diputados como en el Senado, implica un mayor acceso a la torta de contratos, becas y subsidios. Se explica, así, que cada una de las cámaras de la provincia tenga seis vicepresidencias, cuando en el Congreso nacional solo existen dos en el Senado y tres en Diputados. ¿Alguien conoce una institución, desde un club de barrio hasta una asociación profesional, que tenga seis vicepresidentes? El dato no responde, por supuesto, a las necesidades del cuerpo legislativo; mucho menos de los ciudadanos. Es doloroso decirlo, pero responde a una cultura política basada en la repartija, en el manotazo y en la opacidad como pacto de convivencia.El problema no queda encapsulado en esa manzana de La Plata en la que funciona la Legislatura. Hay una conexión, que muchas veces cuesta identificar, entre los desmanejos de ese poder del Estado y la corrupción general que se ha enquistado en sectores de la política. ¿Cuánta distancia hay entre "la caja" que alimentaba Chocolate Rigau y el vestidor lleno de dólares de Insaurralde y Cirio? Es una pregunta que todavía la Justicia no ha logrado contestar. ¿Qué parentesco cultural existe entre el ocultamiento de pruebas en la Legislatura y las maniobras para ocultar el viaje en avión privado a Barbados de una senadora provincial, como es Malena Galmarini, junto a su marido, Sergio Massa? Detrás de todo eso hay, además, un modelo que irradia hacia la sociedad. ¿Qué idea de trabajo y de militancia se les propone a esos "contratados" cuyas tarjetas de débito manejaba Chocolate? ¿Se les promete que un día se jubilarán de ñoquis?Hay otras preguntas que la política bonaerense no responde: ¿qué relación hay entre el despilfarro presupuestario de la Legislatura y la falta de tomógrafos en los hospitales o los patrulleros rotos en el conurbano? Una vicepresidencia en el palacio legislativo maneja más recursos que un distrito pobre del Gran Buenos Aires. Quizá sea eso lo que explica que el eterno intendente de José C. Paz, Mario Ishii, se haya tomado una licencia en el municipio que maneja desde hace 17 años para asumir como vicepresidente primero del Senado provincial.La Justicia, con obstáculos y dificultades, hoy intenta tirar de un hilo que tal vez nos lleve a encontrar respuestas. Hay una fiscal que quiere entrar a los sótanos de la Legislatura con una linterna. Y un juez que denuncia una maniobra de encubrimiento. Parece un conflicto alejado de las urgencias y las preocupaciones ciudadanas, pero en el fondo tiene que ver con la calidad de vida y con el modelo ético que se les ofrecerá a esos alumnos que van, con ingenuidad, a conocer la Legislatura. ¿Se les seguirá escondiendo lo que pasa ahí adentro o se les podrá contar que esa institución ha sabido depurarse a sí misma y ofrecer un modelo de regeneración institucional? Puede sonar demasiado naíf, pero sería bueno que los legisladores miren a los ojos a esos chicos que desfilan en las visitas guiadas. Y que se pregunten, en silencio, ¿qué estamos haciendo por ellos?
Los gremios docentes bonaerenses convocaron a un paro sorpresivo por la violencia en las aulas
La medida de fuerza, que se llevará a cabo este jueves, se tomó en medio de un reclamo salarial al gobierno de Axel Kicillof
La Cámara de Diputados bonaerense negó haber ocultado información del caso Chocolate a la Justicia
Una semana después de que estallara el último incidente del caso Chocolate, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires negó haber ocultado a la Justicia información sobre la trama que protagonizó el puntero peronista Julio "Chocolate" Rigau, quien fue descubierto en 2023 al retirar dinero en un cajero automático con 48 tarjetas de débito de empleados fantasma de ese cuerpo legislativo. En un comunicado firmado por todos los presidentes de bloque, con la única excepción de los del Frente de Izquierda-Unidad y de Hechos, la Cámara ofreció una respuesta ante la denuncia del juez Guillermo Atencio, quien pidió investigar por "encubrimiento" a las autoridades luego de que se conociera que se habían archivado expedientes administrativos entre los que estaban algunos vinculados al caso bajo investigación judicial."La Honorable Cámara de Diputados [HCD] siempre actuó ajustada a derecho y colaboró con la Justicia. La resolución de archivo de expedientes, contemplada previamente desde el año 2002 en el reglamento de esta HCD, fue aprobada por más de dos tercios de este cuerpo el 28 de mayo de 2026, casi tres meses antes del requerimiento judicial que ingresó a la HCD el 19 de agosto de 2026. Por lo tanto, de ningún modo se incurrió en un ocultamiento de pruebas porque dicho requerimiento todavía no existía y porque además la decisión fue pública, votada en sesión, transmitida en vivo y cuyo registro permanece en la HCD a disposición de quien quiera verlo", se subrayó en un comunicado firmado por las autoridades de la Cámara y nueve jefes de bloque.En el comunicado, se afirmó que el pedido judicial recibido correspondía a otra causa y que fue esa información la que se archivó, y no la vinculada al caso Chocolate. "También resulta necesario diferenciar las actuaciones para evitar confusiones ante la opinión pública. Los requerimientos y las decisiones administrativas a las que se hace referencia no correspondían, según la documentación considerada por la HCD, a la causa Julio Rigau (PP-06-00-047539-23/00 Rigau, Julio Segundo y otros s/ hurto-estafa-fraude en perjuicio de la administración pública-asociación ilícita), sino a la causa Rodríguez, vinculada a un hecho de hurto (PP-06-00-047539-23/01 Rodríguez María Eugenia s/ hurto, artículo 162)", se indicó en el segundo punto del comunicado. "Asimismo, en la causa Julio Rigau, la HCD aportó información requerida por la Justicia, dicha investigación avanzó, se encuentra elevada a juicio y existen personas privadas de su libertad. Estos elementos deben ser tenidos en cuenta antes de sostener que existió una conducta institucional destinada a impedir el avance de aquella investigación", se añadió.Los firmantes del documento de la Cámara de Diputados bonaerense son su presidente, Alejandro Dichiara (Unión por la Patria); los vicepresidentes Alexis Guerrera (Unión por la Patria), Agustín Forchieri (Pro), Agustín Romo (La Libertad Avanza), Mariano Cascallares (Unión por la Patria), Blanca Alessi (Unión y Libertad) y Matías Civale (UCR+Cambio Federal). Además, rubricaron la nota los jefes de bloque Facundo Tignanelli (Unión por la Patria), Juan Esteban Osaba (La Libertad Avanza), Alejandro Rabinovich (Pro), Martín Rozas (Unión y Libertad), Diego Garciarena (UCR+Cambio Federal), María Alejandra Lordén (UCR), Gustavo Cuervo (Nuevos Aires), Andrés De Leo (Coalición Cívica) y Juan José Esper Zamar (Derecha Popular).No firmaron el comunicado los jefes de bloque Christian Castillo (Partido de los Trabajadores Socialistas), Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista) y Manuel Passaglia (Hechos).El miércoles de la semana pasada, los jefes de bloque de la Cámara baja compartieron un asado. Según trascendió, conversaron sobre cómo agilizar los trámites que pasan de una Cámara a otra. Consultados por LA NACION, negaron haber hablado del caso Chocolate.En el documento de la Cámara baja se cuestionó la denuncia del magistrado. "La HCD considera especialmente relevante preservar las garantías constitucionales que rigen el funcionamiento del Poder Legislativo. En ese sentido, resulta inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones", se sostuvo en el tercer punto."La HCD siempre informó al juez y, ante el requerimiento recibido, el cuerpo no guardó silencio. Contestó formalmente que las actuaciones habían sido archivadas administrativamente y que esa decisión había sido posteriormente convalidada mediante un acto legislativo", se agregó.En el cuarto punto de su comunicado, las autoridades y jefes de bloque de la Cámara afirmaron que "la división de poderes supone la existencia de facultades de control recíproco entre los distintos poderes del Estado" y que "cada uno cuenta con herramientas constitucionales para ejercer ese contralor sobre los demás, pero esas atribuciones no pueden ser utilizadas de manera abusiva para condicionar, limitar o inhibir el funcionamiento de otro poder"."La actuación institucional de la Legislatura tampoco puede analizarse de manera aislada. A lo largo de su historia existieron causas y todas avanzaron hasta llegar a sentencia. Estos antecedentes muestran que la existencia de una investigación judicial vinculada a hechos ocurridos dentro de la Legislatura no ha significado un impedimento para la actuación de la Justicia", se concluyó en el documento de la Cámara legislativa.La polémica sobre la que respondió hoy la Cámara de Diputados provincial comenzó el 22 de septiembre, cuando el canal TN dio cuenta de que la Cámara, en una sesión que realizó en mayo había archivado expedientes administrativos vinculados al caso Chocolate que contenían información que había solicitado en abril la fiscal Betina Lacki, como la de conocer quiénes fueron los legisladores que designaron a los empleados "ñoquis" cuyos haberes retiraba Rigau de cajeros automáticos de La Plata.El juez de garantías Guillermo Atencio pidió a la fiscalía en turno que analice la "posible comisión de delitos de acción pública" con la votación de la Cámara de Diputados provincial.El caso se destapó el 13 de septiembre de 2023, cuando Rigau, un puntero peronista, fue detenido mientras extraía dinero con 48 tarjetas de débito ajenas de un cajero automático de Banco Provincia. Rigau, se estableció luego, trabajaba para el subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, Claudio Albini, del Frente Renovador. Tanto Claudio Albini como su hijo, Facundo Albini (concejal en La Plata) están con prisión preventiva, y desde junio de 2025, con el beneficio de hacerlo de forma domiciliaria. La Justicia calculó que el perjuicio económico para las arcas bonaerenses del sistema de contrataciones ilegales en la Legislatura asciende a por lo menos 800 millones de pesos.
Usaron un bidón de glifosato para cocinar chorizos a la pomarola en la fiesta de un municipio bonaerense
Un escándalo se desató en el pueblo de La Colina, en el municipio bonaerense de General La Madrid, durante su aniversario de 115° años. Fue durante la "Fiesta del Chorizo a la Pomarola" que usaron un balde viejo de glifosato para tirar los embutidos en un paellero de tres metros. La Municipalidad se hizo responsable del accionar.Todo comenzó cuando se viralizó un video en redes sociales donde dos cocineros mostraban el proceso de cocción de los chorizos a la pomarola que se vendían en el evento en la plaza José Hernández. En dicha grabación se ve que uno de ellos usó un balde blanco para tirar los chorizos dentro del paellero, mientras que su compañero revolvía con una especie de pala gigante de madera. Varios usuarios distinguieron que el balde tenía la palabra "GILF" escrita, en referencia al herbicida glifosato. El accionar desató una gran cantidad de críticas, que apuntaban principalmente al uso de un balde que contuvo un elemento agrotóxico para almacenar comida. Tanto la ley nacional como provincial prohíben la reutilización de envases vacíos de agroquímicos para otro fin que no sea su reciclado.En paralelo, representantes de la oposición en el municipio se pronunciaron contra la medida. "Ante esta grave situación, consideramos que es urgente el esclarecimiento de los hechos por parte del Departamento Ejecutivo, y que las autoridades competentes determinen si existió riesgo sanitario y las responsabilidades que eventualmente correspondan. Entendemos que la salud pública exige transparencia, responsabilidad y, sobre todo, respuestas inmediatas", reclamaron desde el bloque de concejales de Fuerza Patria de La Madrid.Ante la gran cantidad de críticas, la Municipalidad, a cargo de Martín Randazzo de la Unión Cívica Radical (UCR), publicó un comunicado en el que tomó responsabilidad del asunto."Desde el Municipio de General La Madrid nos dirigimos a la comunidad para informar sobre la situación detectada tras la finalización de los festejos del aniversario de La Colina, relacionada con el traslado de parte de los insumos comestibles utilizados durante el evento", comenzaron. View this post on Instagram Según señalaron, los recipientes "pertenecieron a un producto fitosanitario comercializado hace al menos 20 años" y fueron utilizados "de manera inadecuada para el traslado de alimentos". "Como gestión de gobierno asumimos la responsabilidad absoluta que nos compete en la supervisión y control de la organización de este acontecimiento. Frente a este hecho, nos encontramos realizando las averiguaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y brindar información certera a la comunidad", aseguraron.Y agregaron: "Lamentamos profundamente lo ocurrido, pedimos sinceras disculpas a los vecinos y reafirmamos nuestro compromiso de extremar los controles en la manipulación de alimentos en futuros eventos, adoptando las medidas pertinentes para evitar que un hecho de estas características vuelva a repetirse".
Hallazgo en Miramar: encontraron fósiles de un depredador "dientes de sable" que vivió hace más de 2 millones de años en la costa bonaerense
El esqueleto parcial de Pampaluctor calibar permite reconstruir a uno de los últimos grandes cazadores metaterios de Sudamérica, un linaje emparentado con los marsupiales actuales
Cayó una fuerte granizada en varias localidades del norte bonaerense
Una fuerte tormenta con caída de granizo en numerosos partidos del norte bonaerense cayó desde la madrugada y la mañana de hoy, según reportaron especialistas en clima y medios locales.La intensidad del fenómeno encendió las alarmas en la región respecto de los pronósticos de la inminencia del fenómeno climático El Niño de característica fuerte que, para la zona central y el Litoral, puede representar lluvias por encima del promedio si llega con intensidad.Trigo 2026/27: buen desarrollo inicial, pero no exento de problemasCon piedras de tamaño considerable, el granizo cayó en San Antonio de Areco, Bragado, Colón y algunas zonas de Pergamino, entre otras.. "Tomó la línea de la ruta 8", explicó Sergio Grosso, de Meteosalto.En Bragado, "el fenómeno descargó importantes acumulados de agua en cortos períodos de tiempo, acompañados por caída de piedra que afectó severamente tanto a la ciudad cabecera como a las localidades rurales", indicó el medio Bragado Informa. Y añadió: "Los reportes más críticos provienen de Rancho Viejo, La Limpia y Máximo Fernández, donde se registraron piedras de gran tamaño".A su vez, el periódico Tiempo Pergamino informó que "las piedras de hielo sorprendieron por su tamaño y se acumularon en distintos sectores, mientras avanza el frente de tormenta sobre el norte bonaerense".El Servicio Meteorológico Nacional había emitido distintas alertas sobre tormentas intensas en la región que finalmente se fueron confirmando con el correr de las horas.En San Antonio de Areco el epicentro de la pedrada castigó al casco urbano, pero se extendió a las zonas rurales. Según informó el sitió 2326 el fenómeno ocurrió a partir de las 11. Además, usuarios de redes sociales postearon videos en los que reflejaron la intensidad de la tormenta. View this post on Instagram Hasta las primeras horas de la tarde, se estimaron entre 20, 30 y 40 milímetros en Arrecifes, Pergamino y Colón, según informó el asesor Julio Lieutier.Por el momento, los productores no reportaron pérdidas en los cultivos. El trigo está en pleno desarrollo y el maíz de primera recién fue sembrado, mientras comenzaron las labores para la siembra de soja. En la región núcleo, comprendida por el norte bonaerense, el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe ya se estaba reportando escasez de agua. Según la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) la primavera comenzó con "el 70% de la región núcleo entre escasez y sequía". El informe citó al consultor Alfredo Elorriaga que explicó que "una mayor disponibilidad de agua llegaría durante octubre, cuando finalmente los efectos del importante calentamiento del Pacifico Ecuatorial Central comiencen a ejercer su influencia potenciadora de las precipitaciones sobre el centro del país".El GEA añadió que "las últimas lluvias del invierno dejaron apenas los milímetros necesarios para que el acumulado del trimestre frío alcance los valores medios en el sureste de región núcleo. Sin embargo, en el resto del área, los registros quedaron por debajo de los valores históricos". View this post on Instagram
Arde la interna del PJ bonaerense: diputados de Kicillof no apoyaron un proyecto de Tignanelli y Mayra Mendoza
En un plenario de comisiones, el MDF no respaldó un proyecto de su jefe de bloque para habilitar la intervención de la Defensoría del Pueblo en casos de sobreendeudamiento. Sin embargo, la iniciativa obtuvo mayoría. También avanzaron otros tres proyectos rumbo al recinto
"Es ridículo": un municipio bonaerense reportó $0 de inversión en obras de infraestructura en caminos rurales durante dos años consecutivos
La intendencia de Colón indicó que en 2924 y 2025 no realizó inversión alguna en "Obras Específicas de Infraestructura" en la red vial rural.Fue tras el pedido de un informe detallado por la Sociedad Rural local.