En Ronda de Investigación (RDI), el abogado Mauricio D'Alessandro, defensor de Diego Spagnuolo, se refirió a las irregularidades detectadas en los audios de la causa ANDIS. Leer más
La compañía ofrece un servicio de lujo y fue noticia mundial por trasladar al ex candidato a presidente de Argentina a Estados Unidos tras perder la elección.Los vuelos del presidente de la AFA y su rol en la causa de corrupción de discapacidad.
La firma es investigada por facturas vinculadas a presuntas maniobras de lavado y operó vuelos de figuras políticas y deportivas. Leer más
Los especialistas dijeron que la cadena de custodia del material se rompió antes de que los archivos llegaran a la instancia pericial. Leer más
Estaban citados por el fiscal Picardi y el juez Lijo para este jueves, pero la Justicia accedió a la prórroga que solicitaron. Leer más
El comienzo de la nueva ronda de declaraciones indagatorias en la causa que investiga una supuesta asociación ilícita con presuntos retornos y sobreprecios en las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) deberá esperar. El juez Ariel Lijo pospuso para la próxima semana la citación a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vice de la droguería Suizo Argentina, acusada de "cooptar" al organismo gubernamental.Estaba previsto que ambos asistieran este jueves a los tribunales de Comodoro Py. Primera estaba programada la declaración de Jonathan Kovalivker y una hora después la de Emmanuel. Pero un día antes, el juzgado las pospuso, según pudo saber LA NACION a través de fuentes judiciales.El fiscal de la causa, Franco Picardi, había solicitado la indagatoria de los directivos de la Suizo Argentina la semana pasada. En un dictamen de más de 300 páginas sostuvo que la compañía presuntamente lideró un esquema de cartelización con precios artificialmente elevados entre distintos oferentes que redundaban en compras de elevado costo. Luego de conocerse la decisión del fiscal, fuentes de la empresa salieron al cruce y tildaron su hipótesis de "novela". Rechazaron la acusación y explicaron que solicitaron posponer las indagatorias de este jueves porque precisaban "unos días más para demostrar con precisión lo antojadizo de la construcción de la trama".Los nombres de los Kovalivker no son nuevos en el caso Andis. El año pasado fueron eje de allanamientos. En esos operativos, a Emmanuel lo encontraron cuando intentaba irse en su auto con una decena de sobres en los que estaban repartidos 266.000 dólares y papeles con anotaciones, según reconstruyó la fiscalía. En la misma línea, la declaración de otro directivo de Suizo Argentina, Diego Viner, también fue pospuesta. Tal como indicaron fuentes de la compañía, todas se corrieron para el jueves de la semana que viene.Pese a esos movimientos, el calendario con las otras citaciones, hasta el momento, no se movieron, según pudo saber LA NACION a través de las mismas fuentes vinculadas a Suizo. De esta manera, el miércoles próximo sería el turno de Sebastián Nuner Uner, Gonzalo Zarbo y Fernando Domínguez. Para los fiscales, ellos tres trabajaron para la compañía. El primero de ellos con un puesto directivo, y los otros dos en la unidad de Tratamientos Especiales.Precisamente a uno de ellos, Gonzalo Zarbo, es a quien la Justicia le atribuyó el mensaje "ganemos plata". Esto forma parte, supuestamente, de un chat en el que se preparaba el precio para una licitación."Chicos, entraron eurit a 92 mil de costo. Necesito que roten", envió al grupo "Comercial Coordinadores" de la compañía Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales. Eurit es el nombre comercial de la droga cladribina, que produce el Laboratorio Richmond, se aclaró en el pedido de indagatoria.Seis minutos después del mensaje atribuido a Zarbo, respondió un usuario al que la Justicia identificó como Tomás Medina, responsable Comercial de Licitaciones de Tratamientos Especiales de la Suizo, quien contestó: "Precio de venta? O nos manejamos como nosotros querramos" (sic). La respuesta la obtuvo tan sólo un minuto más tarde: "Lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata", escribió Zarbo, según la prueba recolectada por la Justicia.Estos mensajes del 4 de julio de 2024 se complementan con la documentación sobre ventas. La lupa se posa sobre las compulsas del 29 de julio y 2 de agosto siguientes, por un total de 66 unidades de cladribina. De ellas, 52 fueron adjudicadas a la Suizo por un valor unitario de $3.900.000 millones y las restantes, a $4.000.000 cada una. Esa misma droga, en mayo, había sido adjudicada a $281.000 la unidad. Incluso, en agosto, 25 días después de la segunda adjudicación cuestionada, la Suizo la había cotizado a $405.014 la unidad.Este último precio que ofertó la empresa de la familia Kovalivker representa el 9,89% del valor de la adjudicación que obtuvo ese mismo mes. "El precio unitario cayó en un mes a la décima parte, sin que se verifique circunstancia legítima alguna que justifique la diferencia de valores. Solo consta: 'El precio lo pones vos loco, ganemos plata", consideró la fiscalía.Pero el precio no fue lo único que llamó la atención a los investigadores, sino también la actitud de las supuestas competidoras de esta empresa. En la primera compulsa, la de julio, la Suizo presentó su oferta al igual que Droguería del Sud y Soldist. La Suizo había cotizado a $3,9 millones, Droguería del Sud también y Soldist, a $4,1 millones. Según recabó la Justicia, "en la compulsa inmediatamente anterior" Soldist había cotizado el medicamento a $820 mil, una cifra muchísimo menor. ¿Por qué semejante diferencia? "¿Tal vez para dotar a la cotización de la Suizo Argentina S.A. de un manto de falsa transparencia y competencia y que le sea adjudicada como requería la firma aparentando ser la oferta más conveniente?", advierte la fiscalía.Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) contabilizó que la Suizo llegó a facturar $124.652.174.118,59 a Andis desde mayo de 2024 a agosto de 2025. La fiscalía agregó que "entre los años 2023 y 2024, se registró un incremento de facturación que, restada la inflación, representó un 205,7%"."Las pruebas incorporadas de manera dudosa en el expediente, no son más que una novela o relato", consideraron fuentes del entorno de la empresa, que negaron cualquier tipo de cartelización y sobreprecios.
Baires Fly, investigada en la causa por las coimas en discapacidad, pidió en la madrugada de este martes autorización para que su Gulfstream G400 LV-JQW saliera de Puerto Iguazú hacia EE.UU. con cuatro pasajeros. Canceló el vuelo antes de presentar el plan de vuelo y la lista de pasajeros. En el último año hizo cerca de 290 vuelos entre la Argentina, Brasil y Florida. Leer más
El juez federal Lijo llamó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina por presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el gobierno de Javier Milei. Leer más
El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el gobierno de Javier Milei. Dispuso, además, la inhibición general de bienes de los dos.Lijo tomó su decisión menos de 24 horas después de que se incorporara a la causa el pedido de citaciones e inhibiciones. Las indagatorias fueron promovidas, este miércoles, por los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez -titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)-, que sostuvieron que la droguería de los Kovalivker había "cooptado" la Andis y organizado un esquema de cartelización y sobreprecios. En total, los fiscales habían solicitado 43 indagatorias; casi todas fueron ordenadas hoy por Lijo, que inhibió los bienes de 36 personas; en su mayoría, representantes de las empresas que, según los fiscales, participaron de la cartelización.Las audiencias empiezan el jueves próximo, con las declaraciones de los hermanos Kovalivker y de Diego Viner, director de Compras de la droguería Suizo Argentina.Noticia en desarrollo
Jonathan y Emmanuel Kovalivker deberán declarar el 29 de octubre en la causa por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
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Los fiscales determinaron que la Suizo Argentina fue la empresa que, en 15 meses, más dinero recibió de la agencia dirigida por Diego Spagnuolo, un total de $137.118.708.357. Leer más
Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez acusaron a directivos de 14 droguerías por presuntas maniobras en la compra de medicamentos
Los fiscales que investigan la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) hicieron hoy un pedido de indagatorias en el que aportaron nuevas pruebas de presuntos sobreprecios en medicamentos que multiplicaron hasta diez veces su valor y acuerdos entre empresas que, según los fiscales, consiguieron elevar artificialmente los precios que pagaría el Estado, una aparente cartelización organizada por directivos de la droguería Suizo Argentina.El caso de la cladribina, medicamento destinado a pacientes con esclerosis múltiple, ilustra el entramado descripto por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. "Chicos, entraron eurit a 92 mil de costo. Necesito que roten", envió al grupo "Comercial Coordinadores" de la Suizo Argentina Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales de la droguería. Eurit, se trata del nombre comercial de la droga cladribina, que produce el Laboratorio Richmond, aclara el pedido de indagatoria.Seis minutos después del mensaje de Zarbo, Tomás Medina, identificado como responsable Comercial de Licitaciones de Tratamientos Especiales de la Suizo, contestó: "Precio de venta? O nos manejamos como nosotros querramos". La respuesta la obtuvo tan sólo un minuto más tarde: "Lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata", escribió Zarbo, según la prueba recolectada por la Justicia.Estos mensajes del 4 de julio de 2024 se complementan con la documentación sobre ventas. La lupa se posa sobre las compulsas del 29 de julio y 2 de agosto siguientes, por un total de 66 unidades de cladribina. De ellas, 52 fueron adjudicadas a la Suizo por un valor unitario de $3.900.000 millones y las restantes, a $4.000.000 cada una. Esa misma droga, en mayo, había sido adjudicada a $281.000 la unidad. Incluso, en agosto, 25 días después de la segunda adjudicación cuestionada, la Suizo la había cotizado a $405.014 la unidad.Este último precio que ofertó la empresa de la familia Kovalivker representa el 9,89% del valor de la adjudicación que obtuvo ese mismo mes. "El precio unitario cayó en un mes a la décima parte, sin que se verifique circunstancia legítima alguna que justifique la diferencia de valores. Solo consta: 'El precio lo pones vos loco, ganemos plata", consideró la fiscalía.Pero el precio no fue lo único que llamó la atención, sino también la actitud de las supuestas competidoras de esta empresa. En la primera compulsa, la de julio, la Suizo presentó su oferta al igual que Droguería del Sud y Soldist. La Suizo había cotizado a $3,9 millones, Droguería del Sud también y Soldist, a $4,1 millones. Según recabó la Justicia, "en la compulsa inmediatamente anterior" Soldist había cotizado el medicamento a $820 mil, una cifra muchísimo menor. ¿Por qué semejante diferencia? "¿Tal vez para dotar a la cotización de la Suizo Argentina S.A. de un manto de falsa transparencia y competencia y que le sea adjudicada como requería la firma aparentando ser la oferta más conveniente?", advierte la fiscalía.Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) contabilizó que la Suizo llegó a facturar $124.652.174.118,59 a ANDIS desde mayo de 2024 a agosto de 2025. La fiscalía agregó que "entre los años 2023 y 2024, se registró un incremento de facturación que, restada la inflación, representó un 205,7%".El nuevo pedido de indagatoria señala a Pablo Atchabahian como un presunto nexo entre la empresa de los Kovalivker y la Andis. El dictamen cita unos mensajes de agosto de 2023 entre Atchabahian y Emmanuel Kovalivker, en el que el primero le dice: "Gracias Ema querido soy un soldado" y el segundo responde: "Un gran soldadi" (sic)". Por sus gestiones de lobby en la Andis, los dueños de la Suizo le pagaban, aunque no tenían la relación registrada en blanco. Lo tenían incorporado a los gastos del "Directorio" y en la causa hay 33 facturas de vuelo halladas en sedes de la Suizo por viajes de Atchabahian.A su vez, Atchabahian compartía el "Grupo Museo", con Daniel Garbellini, un grupo de chat en el que hablaban de cómo entrar a hacer negocios con el Estado justo antes de que a Garbellini lo nombraran con un cargo clave en la Andis: el que controlaba la implementación del programa Incluir Salud, mediante el cual la Agencia compraba medicamentos e insumos. Para la fiscalía, Garbellini "era la mano derecha de Pablo Atchabahian". Otro caso resaltado por la Justicia es el del Factor VIII + Factor Von Willebrand, una droga que puede ser administrada en pacientes con hemofilia. Superganancias"Podes pedir coti de este producto?", se envió desde un teléfono a nombre de Fernando Dominguez, coordinador de Tratamientos Especiales de la Suizo, a Martín Pinto, el jefe de Control Comercial de Tratamientos Especiales. Aclaró que al día siguiente vencía la "coti" y que era para "incluir", por Incluir Salud.La fiscalía relata que Pinto respondió con un audio en el que habla de "400 mil pesos" y dice "tomate 450 de costo". Por la noche de ese 13 de agosto de 2025, Domínguez le contestó: "Dale, crack. Sí, lo tomo, dale, costo 450. Eso seguramente se lo vendo a Génesis, ahora después lo tengo que ver".Una compulsa abierta por Andis que vencía al día siguiente buscaba el medicamento al que aludían Dominguez y Pinto. "El medicamento de alto costo fue adjudicado a Suizo Argentina S.A. por un monto unitario de $1.742.401.00, el que multiplicado por las 130 unidades requeridas arrojó un total de $226.512.130.00â?³, reconstruye el texto judicial. La fiscalía habló de "pagos irracionales en perjuicio del erario público". Comparó los $1,7 millones por unidad con los 450 mil de costo.Empresa pantallaEl pedido de indagatoria también afirma que la Suizo Argentina utilizó además una empresa pantalla llamada Génesis "para simular competencia y distribuir ganancias". La fiscalía basó esa afirmación en chats entre representantes de las dos firmas, facturas y un allanamiento en Génesis donde encontraron "escasos medicamentos" y "escasa utilización del sector 'depósito' y de sus heladeras para refrigeración".La droguería Génesis facturó a la ANDIS, entre enero 2024 y agosto 2025, un total de $24,8 mil millones conforme a ARCA. La fiscalía detectó mensajes borrados entre el presidente de Génesis, Andrés Horacio Arnaudo, y el director de Asuntos Corporativos de la Suizo Argentina, Sebastián Nuner Uner, y chats entre Arnaudo y Domínguez en el que este último, que es de la Suizo, le decía: "Si podes... le mandas mje a Seba?", ante una consulta sobre cómo actuar en un negocio determinado.Previo a eso, en julio de 2024, el mismo Domínguez conversaba con su colega Pinto, en un diálogo que la fiscalía interpretó como una supuesta competencia para ver quién vendía más a las otras droguerías. Allí pronunció frases como "recién arranqué con Génesis papá" y "dame tiempo, ahora con esteâ?¦ con este chinchullito que tenemos nuevo, sabés qué, ¿no?".La fiscalía destacó además que la Suizo había omitido presentarse en compulsas que sospechosamente ganó Génesis con productos comprados a la Suizo. "¿Por qué una firma elegiría no presentarse a competir en una compulsa de precios con productos que comercializa y, en cambio, vendérselos a uno de sus competidores para que sea este quien lo haga a un valor más elevado?", se preguntaron los fiscales.En los allanamientos en Génesis, la Justicia encontró facturas de medicamentos que la droguería le compró a la Suizo y que "luego se los vendió a Andis". Según la fiscalía, la Suizo le vendió a Génesis medicamentos por $378,8 millones "vinculados a esas órdenes de compra" y Génesis "le vendió a la Andis esos mismos medicamentos" por un monto de $545,7 millones. "Por ende, la diferencia entre ambos totales arroja la cifra de $166.906.487,11â?³, advierte el análisis del Ministerio Público.
En un nuevo paso en la investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, el ministerio público acusa a la empresa de haber cooptado a la ANDIS "para ponerla al servicio de sus intereses económicos".
El juez procesó al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, y a otras 18 personas por una segunda ruta de coimas en el organismo, aunque no dictó prisiones preventivas. Según la fiscalía de Franco Picardi, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se direccionaron compras de insumos de alto costo a proveedores. Leer más
El magistrado le atribuyó nuevos delitos en compras de insumos médicos y ortopédicos del Programa Incluir Salud. Ocurrió durante el período en el que estuvo al frente de la ex Agencia Nacional de Discapacidad
El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento contra Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, y otros involucrados en la causa que investiga presuntos desmanejos en el organismo. Lijo dispuso ampliar la acusación por el presunto pago de sobreprecios en la compra de insumos médicos y ortopédicos del programa Incluir Salud. La medida alcanza a Spagnuolo, Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y al empresario Miguel Ángel Calvete, sindicados como los jefes de una "asociación ilícita" que cooptó la Andis. El presunto esquema de sobreprecios no se limitó a los medicamentos sino que también alcanzó a prótesis, implantes auditivos, sillas de ruedas y los materiales de traumatología, cardiología y neurología que la Andis compraba, y, en términos provisorios, superó la barrera de los $7800 millones, tal como se desprende de un escrito firmado por el juez. Además de ampliar la acusación contra Spagnuolo y otros cuatro imputados, Lijo procesó hoy a un grupo de empresarios por los sobreprecios detectados en la compra de insumos. "El relevamiento permite tener por acreditada, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, la existencia de sobreprecios en las contrataciones de insumos examinadas, cuyas diferencias económicas ascienden, hasta el momento, a un total de $1.849.277.963â?³, señaló el magistrado.La cifra surge de un relevamiento y planillas incorporadas al expediente que consideró las operaciones de al menos seis empresas con la Andis. "Esta cifra representa únicamente el resultado de las operaciones relevadas y constituye un piso de las diferencias detectadas, pues la auditoría no comprendió la totalidad de las compulsas y adjudicaciones realizadas durante el período investigado", aclara el texto judicial que lleva la firma de Lijo.Esto se suma al trabajo que ya había realizado la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre las compras de medicamentos. "Examinó once productos y calculó diferencias de precios por $5.984.594.394,24â?³, trajo a colación esta nueva ampliación de procesamientos. Si ambas cifras se sumaran, el número superaría los $7000 millones."En definitiva, las diferencias de precios verificadas hasta el momento en los rubros medicamentos ($5.984.594.394,24) e insumos ($1.849.277.963) permiten establecer, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, una afectación económica estimada en $7.833.872.357,24â?³, señala el documento judicial.Según la resolución de Lijo, una "organización delictiva" que presuntamente funcionó al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 manipuló las compulsas de precios del Programa Incluir Salud, mediante el cual el organismo compraba medicamentos e insumos. La imputación agrega: "Simulando competencia entre oferentes y direccionando adjudicaciones" a favor de empresas elegidas de antemano, a cambio de retornos para funcionarios.En febrero pasado, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), asociación ilícita, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público. Hoy, Lijo ratificó a Spagnuolo, Garbellini, -ex número dos de la Agencia-, y a Calvete como los supuestos jefes de "una asociación ilícita" que operaba en la Andis y amplió los embargos. En el caso de Calvete, también le imputó el delito de lavado de activos. En su acusación, además, el juez sumó a otros empresarios.Las planillas y auditorías analizadas por el juez incluyeron los informes que Alejandro Vilches, exinterventor de la Andis, había trabajado. Tal como informó LA NACION, el exfuncionario y el Ministerio de Salud habían enviado a la Justicia ese material que comparaba precios de compras del organismo y del PAMI, con presuntos desvíos de 1972% "técnicamente indefendibles".Uno de los casos detectados fue el de un paciente en Río Negro necesitaba una prótesis para amputación. En los papeles, aparecía un documento que decía que había sido entregada, pero eso era falso. O una factura que se pagó dos veces. Y comparaciones como compras por $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. "A modo comparativo, se constató que el PAMI, a nivel central (...), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $124.200.000â?³, contrastó el informe oficial.Fuentes cercanas a Spagnuolo señalaron que "la condición jerárquica" no autoriza "por sí sola" a presumir "responsabilidad". Garbellini, otro de los exfuncionarios investigados en esta causa, quien se encargaba de la aplicación del programa Incluir Salud, siempre negó sobreprecios y rechazó haber percibido coimas.Garbellini es quien escribió el mensaje de las ofrendas. "Sus ofrendas de esta semana", le escribió el por entonces director de Acceso a los Servicios de Salud de Andis a uno de los contratistas del organismo de Discapacidad, Miguel Calvete. Ese mensaje, del 24 de julio de 2025, estuvo acompañado por una tabla con 10 empresas y al lado una cifra. Los montos, que en total suman $2.021 millones, y los nombres de las compañías coinciden con los certificados de pago emitidos ese mismo día, a los que tuvo acceso LA NACION. Para el fiscal Franco Picardi, esto es muestra de un presunto circuito de dinero que terminaba en coimas. Por el contrario, según Garbellini, la expresión de las "ofrendas" se debió al modo en que Calvete le reclamaba "religiosamente" el pago de deudas "dando sermones cargados de retórica pesada y moralista", tal como declaró ante la Justicia. "Expresiones así eran comunes, utilizadas por los proveedores como una manera de presionar agilidad en la gestión", agregó Garbellini mientras sostuvo que no configuraba hecho de "complicidad" o corrupción.La defensa de Calvete, uno de los empresarios procesados, también solicitó periciar los números de las contrataciones y que el Ministerio Público Fiscal había hecho "una construcción unilateral" de los precios de los insumos, mientras que el abogado de Pablo Atchabahian, adelantó que el lobista está preparando su declaración para explicar "el tema de las licitaciones".La causa se inició en agosto de 2025 con una denuncia presentada tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo. Y ahora avanza mientras mira qué pasó con las compras de la exAndis.
El causa investiga el supuesto pago de coimas en las contrataciones de insumos médicos y ortopédicos, principalmente las realizadas mediante el Programa Incluir Salud.
La medida también abarca a Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvette, Ornella Calvette y un grupo de empresarios. Leer más
Los informes revisaron adquisiciones de medicamentos, insumos, prótesis y sillas de ruedas. Los sobrepecios son del 1000%. También omisiones administrativas, médicas e informáticas y operaciones fuera del régimen estatal
El tribunal concluyó que se negó a blanquear claves de correos de directivos por indicación del abogado de la empresa
"Si los audios son verdaderos, Spagnuolo es un denunciante. Si los audios son falsos, él es víctima de una operación de inteligencia", indicó el abogado en Ronda de Investigación. Leer más
El 40% de los pagos que la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) realizó para la compra de medicamentos e insumos fueron destinados a las empresas investigadas en la causa por presunta asociación ilícita durante la gestión de Diego Spagnuolo. Las cifras surgen del quinto anexo de la auditoría que revisó los números internos del organismo y otros dos informes oficiales que el Gobierno remitió a la Justicia con los presuntos sobreprecios.La auditoría, que analizó todo 2024 y el período de 2025 con fecha de corte al 21 de agosto (hasta la salida de Spagnuolo), contabilizó que los "pagos realizados por la compra de medicamentos e insumos" totalizó $479.500 millones. El 40% de esa porción, unos $192.000 millones, terminó en las cuentas de Suizo Argentina, Droguería Génesis, Artrobone Ortopedia, Droguería Profarma, Indecomm, Ortopedia Bernat, Expo Trauma, Neurosalud, Droguería Floresta y Droguería New Farma.Las diez últimas forman parte de los informes elaborados por el Gobierno y un dictamen de la Procuraduría de Investigación Administrativas (PIA) que señalan presuntos sobreprecios. La primera de la lista, Suizo Argentina, no se encuentra mencionada en esos reportes, pero está incluida en la investigación judicial sobre presunta asociación ilícita que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo.Precisamente, Suizo Argentina es la empresa que más fondos percibió, según el Anexo V de la auditoría. Fueron $108.200 millones correspondientes a la categoría "Pacbi Medicamentos". Absorbió algo más de un quinto del gasto en este rubro. Vale aclarar, las siglas Pacbi significan "prestaciones de alto costo y baja incidencia". A propósito de la investigación judicial, fuentes cercanas a la droguería de la familia Kovalivker señalaron: "Suizo es una empresa centenaria que realiza sus múltiples actividades comerciales de forma lícita y de acuerdo a altos estándares. No tiene nada que ver con los hechos investigados en la causa".La segunda empresa que más pagos recibió es Droguería Génesis, con $15.100 millones. En el informe de la PIA se menciona un proceso de compra del medicamento Macitentan, recetado para pacientes con hipertensión arterial pulmonar. El reporte sostiene que se le adjudicó en abril de 2025 una compra por un "valor unitario de $2.145.363,20â?³, mientras que a otro proveedor, "en el mismo período también tal medicamento" se lo contrató por $464.508 la unidad. La compañía, en su descargo ante la Justicia, dijo que "carece de todo sustento fáctico y normativo" la hipótesis sobre el "abultamiento de precios".Esta postura es la que se repite en varios de los investigados en la causa. Pero podría sumarse otra perspectiva: el abogado de Pablo Atchabahian, señalado en el expediente como uno de los presuntos jefes de la asociación ilícita que habría operado sobre la Andis, adelantó que el lobista está preparando su declaración para explicar "el tema de las licitaciones"Profarma recibió pagos que sumaron $11.500 millones, según la auditoría. A esta firma se adjudicó, por ejemplo, la compra de la droga Burosumab por un valor unitario de $45,1 millones, mientras que el mismo medicamento, pero con otro proveedor, tuvo un costo de $25 millones por unidad. La PIA destaca en su relevamiento que el lapso transcurrido entre la fecha de inicio y la fecha tope o de apertura en el proceso de compra a Profarma "fue de tan solo de horas, exactamente de 5.30 hs. (fecha inicio: 23/06/25 10:27 h y fecha apertura ofertas: 23/06/25 16 h)".Neurosalud es una de las empresas mencionadas en los informes que el exinterventor Alejandro Vilches remitió a la Justicia. Esta firma acumuló pagos por $9,5 millones durante el período auditado. En los reportes del exfuncionario se habla de "una brecha considerable en los valores abonados" entre la Andis y el PAMI a esta firma por el mismo producto. En el escrito se cita que el organismo de Discapacidad compró un neuroestimulador implantable de batería no recargable por $132.465.000 en abril. "Es decir un 219% más caros que la referencia de PAMI", menciona el escrito al argumentar que el instituto previsional lo adjudicó a $41,5 millones en marzo de ese año.Otro caso de comparación involucra a Farma Salud, que totalizó pagos por $9500 millones. El informe de abril de este año habla de "desvíos notables". Menciona la adjudicación de una endoprótesis aortobílica junto con la endoprótesis ilíaca bifurcada a un valor de "más de 19 veces" que el adjudicado por el PAMI.Un caso similar es el de Droguería Floresta. Percibió pagos que totalizan $8300 millones. En uno de los reportes remitidos a la Justicia, fechado en octubre de 2025, se señala que el precio promedio que se le abonó por implantes cocleares Nucleus ascendió a US$62.613. Otro proveedor que también le facturó al Estado adjudicó por un valor unitario de US$12.125 y el informe oficial reconoce un valor de referencia de precio de venta público de US$16.975 por unidad.En el escalafón de pagos contabilizados en la auditoría interna sigue Indecomm, una firma adjudicada a Miguel Calvete, quien recibió el mensaje de las "ofrendas" enviado por un exfuncionario de Andis y que contenía información sobre empresas y cifras. En el caso de esta compañía, los pagos que percibió sumaron $8000 millones. El informe de octubre de 2025 detectó que la ex-Andis le pagó dos veces la misma factura (B 00001- 00000958).Otra droguería, New Farma, alcanzó los $7500 millones en pagos recibidos, según la auditoría. El informe de la PIA reiteró observaciones relacionadas a la compra del Macitentan. Sobre esta empresa, indicó que llegó a venderlo por $8,2 millones, mientras que en otras adjudicaciones "se adjudicó siempre por un precio promedio" de 500.000 pesos. "La droguería se encontraba prácticamente vacía, con poca documentación, pero alguna referida a facturación a la Andis", agregó el reporte sobre el allanamiento realizado en su sede.Las cuatro restantes firmas que conforman el grupo de las 11 que fueron destinatarias del 40% de los pagos por medicamentos e insumos son Expo Trauma ($5800 millones), Ortopedia Bernat ($4300 millones) y Artrobone ($3900 millones). Las tres aparecen en el informe firmado en abril de este año sobre insumos ortopédicos, tales como andadores y sillas de ruedas.En ese reporte se incluyó una factura por un andador con un presunto sobreprecio del 4239%. Desde la Ortopedia Bernat indicaron a LA NACION, semanas atrás, que al menos hasta mayo la factura estaba impaga y relataron una situación puntual respecto a este insumo: "Se contempló algo mucho más sofisticado y que se terminó entregando algo más sencillo, pero el circuito operativo continuó y se terminó facturando el mismo valor que lo adjudicado. Y no lo entregado".
Presentó un descargo escrito ante la Justicia, luego de que el fiscal Franco Picardia ampliara la acusación contra él y otros exfuncionarios libertarios. Brindó su versión sobre el vínculo que mantenía con Pablo Atchabahian, otro de los presuntos jefes de la asociación ilícita que habría operado en el área de Discapacidad
El abogado Gregorio Dalbón le solicitó al juez Ariel Lijo la captura del extitular de la ANDIS por riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa. Leer más
Presentó un escrito ante el juez federal Ariel Lijo, en su calidad de denunciante del caso. El planteo, que deberá ser analizado por el juez, se produce a partir de la revelación de una auditoría interna del Gobierno sobre supuestos "desvíos que resultan técnicamente indefendibles"
Un informe periodístico reveló la información que el Ministerio de Salud y Alejandro Vilches presentaron ante la Justicia.Detectaron precios por encima de la media, pagos duplicados, e insumos que figuraban como entregados que nunca llegaron a sus beneficiarios.
Un paciente en Río Negro necesitaba una prótesis para amputación. En los papeles, aparecía un documento que decía que había sido entregada, pero eso era falso, según un informe oficial. Una "situación de gravedad", lo describió uno de los reportes sobre las compras en la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que tiene la Justicia. "Se ha constatado la existencia de un remito de entrega debidamente suscripto por la madre del beneficiario. No obstante, mediante el relevamiento directo con los particulares, se ha determinado que dicha rúbrica fue obtenida bajo inducción a error al momento de la toma de medidas, no representando en modo alguno la recepción material del bien", detalló.Este y otros ejemplos integran el material que el Ministerio de Salud y el interventor de la exAndis, Alejandro Vilches, enviaron a la Justicia y en los que se alude a presuntos "desvíos que resultan técnicamente indefendibles". Desde precios que eran hasta 1972% más altos que los abonados por otras reparticiones públicas como el PAMI, fuera por el mismo insumo o uno similar, hasta supuestos errores de categorización, además de productos importados más caros y con menor durabilidad que los nacionales.Los informes técnicos sobre compras en la exAndis a los que tuvo acceso LA NACION fueron firmados el 15 de octubre de 2025, menos de dos meses después de que comenzara "el caso Andis", y el pasado 10 de abril. El primero aludió a compras puntuales de válvulas pulmonares, prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas y neuroestimulador. El segundo escrito incluyó insumos ortopédicos, referencias de mercado seleccionadas por quienes analizaron las facturas en Discapacidad y presuntos errores administrativos.En octubre, Vilches explicó que la intervención encaraba un análisis de la documentación, los expedientes y los procedimientos "orientado a la detección de hechos relevantes y/o irregularidades" e incluyó múltiples observaciones que "podrían configurar apartamientos a las normas".Comenzó con el pago correspondiente a Farma Salud del 8 de julio de 2025. Fueron $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. "A modo comparativo, se constató que el PAMI, a nivel central (...), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $124.200.000â?³, contrastó el informe.Farma Salud fue foco de otra comparación por la adquisición de endoprótesis y una válvula pulmonar autoexpandible. La diferencia entre lo facturado a la exAndis y el precio de la compra de PAMI a otros proveedores llegó al 711% en este último caso.En sus descargos ante la Justicia, dos de los representantes de Farma Salud negaron haber realizado pagos indebidos a funcionarios y apuntaron contra un tercer accionista de la firma. El informe también detectó "una diferencia sustancial" en el segmento de implantes cocleares. Citó que "el precio promedio abonado por unidad a Droguería Floresta resultó de US$ 62.613â?³. Luego, comparó la cifra con una adjudicación, perfeccionada en septiembre, que "estableció un valor unitario de US$ 12.125, contemplando la escala propia de una compra por volumen". Y consignó que la referencia de mercado se ubicaba alrededor de US$ 16.975 por unidad. "El incremento alcanza los US$ 45.638 por unidad, equivalente a un 269% por encima del precio estimado de mercado", detalló el escrito que Vilches envió a la Justicia.Las diferencias de precios se repitieron al analizar las facturas de la proveedora Indecomm, pero el informe destacó algo diferente. Concentró en noviembre seis facturas emitidas a la exAndis y una de ellas, la B 00001- 00000958 -señala el informe- fue abonada en dos oportunidades, ambas por $28,7 millones.La compra de un neuroestimulador también ameritó el comentario de "brecha considerable en los valores abonados", por una diferencia del 219 por ciento. Los técnicos indicaron que Neurosalud recibió el pago de $132,4 millones en junio de 2025 mediante la Factura N° 00000128. En abril había sido adjudicada por un precio también de $132,4 millones. Pero un mes antes, el PAMI había adquirido un neuroestimulador implantable bilateral de batería no recargable a $41,5 millones por unidad.El otro informe, firmado en abril de este año, consignó lo que definió como errores de categorización técnica. ¿Qué significan? "Se facturaron unidades C01 a precios de entre $11 y $14,9 millones, cuando por su patología correspondían unidades D01 con Tilt, cuyos valores de referencia son sustancialmente menores, oscilando entre $1,3 y $2,3 millones", señalaron.Las observaciones de este segundo informe cuestionaron la adquisición de productos importados. Indicaron que los requerimientos terapéuticos podían ser cubiertos con equipamiento nacional, que ofrece "superior durabilidad y ajuste anatómico", a menor precio. "La insistencia en el uso de módulos importados con sobreprecios que oscilan entre el 300% y el 1000% de forma sistémica carece de sustento clínico y financiero", analizaron.Este informe de abril también incluyó una factura por un andador un presunto sobreprecio del 4239%, según trascendió a la prensa semanas atrás. Desde la Ortopedia Bernat indicaron a LA NACION que, al menos hasta mayo, la factura estaba impaga y relataron una situación puntual respecto a este insumo. "Se contempló algo mucho más sofisticado y que se terminó entregando algo más sencillo, pero el circuito operativo continuó y se terminó facturando el mismo valor que lo adjudicado. Y no lo entregado".Los informes de Vilches fueron incorporados a la investigación judicial, al igual que un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que también había detectado diferencias de precios, incluso entre distintas licitaciones dentro de la propia Andis. De eso se nutrió el fiscal federal Franco Picardi para enfocar su acusación en un sistema de licitaciones presuntamente acotado, con menos oferentes, distinto al sistema de compulsas recomendado por las autoridades.
Mensajes sobre licitaciones, pagos y entrega de efectivo son parte de la prueba de sobreprecios y direccionamiento que la Cámara Federal valoró contra ex funcionarios, empresarios y lobistas al confirmar sus procesamientos
Alejandro Vilches informó irregularidades en las compras del organismo y señaló pagos muy por encima de los valores de referencia. También detectó facturas duplicadas, falta de controles y proveedores vinculados entre sí. Leer más