El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil pidió que se vote de forma urgente. El tema llevaba semanas estancado en la agenda parlamentaria.
BRASILIA.- El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Hugo Motta, informó a los líderes de los partidos que tiene la intención presentar en la sesión plenaria un proyecto de ley para concederle la amnistía al expresidente Jair Bolsonaro y a otros condenados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.Según los parlamentarios presentes en la reunión de líderes, Motta indicó que pedirá que la propuesta se vote de forma urgente. La inclusión del tema en la agenda de la Cámara llevaba semanas estancada.Según la normativa brasileña, una eventual propuesta de amnistía debería ser aprobada por las dos cámaras antes de pasar al despacho del presidente, sin cuya firma el perdón no tendría validez. La semana pasada, el Tribunal Supremo brasileño lo condenó a 27 años y tres meses de cárcel por intento de abolición violenta del orden democrático y otros delitos.Bolsonaro internadoEn tanto, este martes Bolsonaro fue trasladado de urgencia a un hospital de Brasilia, escoltado por la policía criminal, después de haber acusado una crisis de hipo, vómitos y presión baja.Así lo informó su hijo mayor, Flávio, que en su cuenta oficial de la red social X pidió "las oraciones de todos" para que no sea nada grave.El episodio llega a solo dos días de otra hospitalización, durante la cual Bolsonaro permaneció cinco horas en el hospital DF Star para extirpar lesiones cutáneas. En aquella ocasión, los médicos habían diagnosticado una anemia por deficiencia de hierro.El doctor Cláudio Birolini, responsable de parte del monitoreo médico de Bolsonaro, explicó que su hospitalización fue necesaria para "una evaluación clínica, medidas terapéuticas y exámenes complementarios".Informes recientes, según los principales medios brasileños, indicaban que el exmandatario padecía anemia por deficiencia de hierro, secuelas de neumonía por broncoaspiración y la extracción de ocho lesiones cutáneas, con administración de hierro intravenoso.Además, Bolsonaro continúa con el tratamiento para hipertensión, reflujo gastroesofágico y prevención de la broncoaspiración.La semana pasada, el ministro del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, había solicitado un informe detallado sobre la custodia y el traslado del expresidente, señalando que no fue llevado inmediatamente a su casa, según las normas de detención domiciliaria.Según los médicos, Bolsonaro presenta un cuadro general frágil y una alimentación insuficiente.Desde el pasado 4 de agosto, el expresidente está bajo arresto domiciliario, y esta es la tercera vez que abandona su residencia por motivos de salud.Agencias ANSA y AFP
Ministro evitó confirmar o negar si el país dejará la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, cuestionó la labor del tribunal internacional
A continuación, los principales pasajes del editorial del diario brasileño O Globo sobre la condena a Jair BolsonaroRÍO DE JANEIRO.- Es imposible ignorar la naturaleza histórica del juicio que condenó a Jair Bolsonaro y a otros siete acusados â??â??por planear e intentar implementar la ruptura del orden institucional democrático establecido por la Constitución de 1988.Tras innumerables golpes de Estado e intentos fallidos de golpe desde la fundación de la República, por primera vez, un expresidente, exministros y altos mandos militares fueron condenados por socavar la democracia en Brasil. El período más largo de la democracia brasileña no solo resistió el intento de golpe, sino que Brasil finalmente logró castigar a los traidores a la voluntad popular.A todos los acusados â??â??se les garantizó el pleno derecho a una defensa. Hubo mucho espacio para que sus abogados presentaran sus argumentos y para desacuerdos entre los jueces. El juez relator, Alexandre de Moraes, y los jueces Flavio Dino, Carmen Lucia y Cristiano Zanin votaron para condenar a los ocho acusados â??â??de los cinco delitos. El tercer juez en votar, Luiz Fux, presentó una profunda disidencia de sus colegas a lo largo de 13 horas el miércoles pasado. Después de argumentar que la Corte Suprema no era el foro apropiado para el juicio, argumentó en su voto que los acusados â??â??no habían cometido los delitos de crimen organizado y daños a la propiedad. La disidencia de Fux, aunque plagada de contradicciones (él mismo había condenado a los acusados â??â??del 8 de enero por delitos similares y aceptó los cargos contra Bolsonaro y los demás acusados â??â??antes de declarar al Supremo Tribunal Federal incompetente para juzgarlos), es la prueba más contundente de la imparcialidad del juicio. En un órgano colegiado, los desacuerdos son naturales y previsibles. Precisamente para evitar que prevalezca la opinión de un solo juez, casos de esta complejidad y relevancia deben someterse a varios. Fux consideró todos los argumentos de la defensa en su voto, garantizando a los acusados â??â??el derecho a una audiencia. Sin embargo, dada la elocuencia de la prueba, analizada por los demás magistrados, estos argumentos no prevalecieron. En el choque de opiniones, la balanza de la justicia se inclinó entonces hacia la condena.Las huellas de Bolsonaro en el intento de golpe de Estado están por todas partes: desde la campaña engañosa y premeditada para desacreditar los sistemas de voto electrónico hasta los borradores legales diseñados para dar una apariencia de legalidad al intento de golpe, presentados en más de una ocasión a líderes militares. Hay declaraciones grabadas de reuniones ministeriales, reuniones con embajadores y mítines; testimonios de exjefes de las Fuerzas Armadas; mensajes de texto, grabaciones de audio, notas y documentos impresos: un cúmulo de pruebas y detalles cuyo significado reside en el rompecabezas reconstruido por la investigación de la Policía Federal . Gracias a esta investigación, los brasileños tienen pleno conocimiento de lo sucedido y saben cómo y por qué, afortunadamente, prevaleció la democracia.Con el juicio concluido, Brasil debe ahora dejar atrás el radicalismo autoritario. El Tribunal Supremo ha dado ejemplo de audacia, incluso ante la inaceptable y persistente presión externa de Donald Trump y otros miembros del gobierno estadounidense. Dada la condena de Bolsonaro, es probable que se impongan nuevas sanciones contra miembros de la Corte. Pero Brasil no puede ceder ante pequeños pactos. Una votación sobre cualquier amnistía en el Congreso sería una capitulación inaceptable. Más allá de la confusión creada por las disputas políticas, los legisladores necesitan ver la realidad con claridad.Las encuestas de opinión muestran que el apoyo a la democracia es sólido en Brasil. Diputados y senadores deben comprometerse para que, una vez finalizado el juicio, el Parlamento pueda implementar una agenda destinada a acelerar el crecimiento económico y mejorar la vida de los brasileños.Conceder amnistía a los condenados equivaldría a sembrar las semillas de nuevos golpes de Estado. Basta recordar que el general Olympio Mourão Filho, el primero en desplegar tanques en las calles para dar el golpe de Estado en 1964, no sufrió nada tras haber comandado el fraude que permitió a Getulio Vargas dar el golpe de Estado en 1937. O que el general y dictador Arthur da Costa e Silva había sido previamente un teniente que participó en un intento de golpe de Estado en 1922, fue arrestado, recibió amnistía y posteriormente participó en los golpes de Estado de 1930 y 1964. Ojalá Brasil tenga la sabiduría de aprender de su propia historia y, como hicieron los magistrados del Tribunal Supremo en el juicio, siga honrando las palabras de Ulysses Guimarães en el discurso que promulgó la Constitución de 1988: "La persistencia de la Constitución es la supervivencia de la democracia".
Así lo recordó el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse. El control difuso se acabaría si el TC valida la cuestionada norma aprobada por el Congreso y promulgada por todo lo alto por Dina Boluarte
Gustavo Gutiérrez Ticse aseveró que el PJ tiene plena potestad de no aplicar una norma, salvo que el TC la declare constitucional
Premier aseguró que un "juez no puede obedecer a un mandato de una corte como si fuera parte de su propio esquema administrativo o subalterno de él"
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y ordenó que ocho exmilitares sigan siendo procesados por ejecuciones y abusos cometidos en 1990 en Cusco y Apurímac
La norma señala que los beneficiarios quedan exentos de procesos de investigación, enjuiciamiento penal o cumplimiento de sentencias
El perfil de las y los beneficiarios va desde personas que no tuvieron acceso a una defensa legal digna hasta integrantes de la comunidad LGBT+ en el país
El Ejecutivo rechazó la resolución de la Corte que declaró inaplicable la controversial norma, y anunció que evaluará la permanencia del país en el sistema interamericano de derechos humanos
Con esta resolución, la Corte reafirma que la amnistía es incompatible con las obligaciones internacionales del país y que representa una amenaza directa al derecho de las víctimas
En este segundo día del juicio que la Corte Suprema brasileña lleva contra Jair Bolsonaro quedó en evidencia cierta desesperación en la ultraderecha brasileña. Leer más
Entre las condiciones que planteó la congresista demócrata se encuentra garantizar que miembros de las fuerzas del orden involucrados en violaciones a los derechos humanos sean procesados penalmente
En un contundente pronunciamiento, la Conferencia Episcopal, junto a diócesis y vicariatos de todo el país, calificó la norma como un retroceso en materia de derechos humanos y una puerta abierta a la impunidad de delitos de lesa humanidad
La organización sostuvo que "se trata de una medida que abonaría a la recuperación de la constitucionalidad en el país"
La número dos del Partido Popular Europeo denuncia que la condonación de compromisos financieros a las comunidades es un trato favorable, critica que catalanes deban afrontar el coste y exige negociación transparente entre todos los territorios
El presidente Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca, impuso como prioridad una ofensiva antimigratoria y cruzada contra las universidades con movimientos propalestinos. Leer más
En paralelo, el legislador Fernando Rospigliosi adelantó que es una iniciativa que evalúan presentar. Indicó que existe un "proceso injusto y fuera de lugar" que afecta a más de 350 efectivos
Fiscal de la Nación sostuvo que la mandataria perdió la oportunidad de observar iniciativa legislativa y cuestionó que "con toda pompa, con todo festejo" oficialice norma que calificó de insulto
El organismo recordó que el derecho internacional impide otorgar amnistías en casos de violaciones graves, al tratarse de crímenes que el Estado está obligado a investigar y sancionar
La ley de amnistía fue promulgada el 13 de agosto, a solo un día de la conmemoración por los 40 años del asesinato de 69 personas en Accomarca, Ayacucho. Familiares de víctimas califican la medida como un "bloqueo absoluto" a décadas de lucha legal
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) emitió un pronunciamiento contra la ley promulgada por Dina Boluarte, que beneficia a policías y militares por violaciones a los derechos humanos, alertando sobre riesgos a la justicia
La norma fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte y beneficiará a miembros procesados o sentenciados por violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno
El ministro Enrique Alcántara defendió la amnistía promulgada por la presidenta para policías y militares implicados en el conflicto armado interno, pese a protestas y la solicitud de la Corte IDH para suspenderla
LIMA.- La presidenta peruana, Dina Boluarte, promulgó el miércoles una ley de amnistía criticada por el Poder Judicial local y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que favorece a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado que vivió el país entre 1980 y 2000.La ley extingue de responsabilidad penal a los uniformados procesados por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, torturas y violaciones sexuales. También otorga la amnistía a los sentenciados que sean mayores de 70 años."Hoy con la promulgación de esta ley de amnistía, el gobierno reconoce el sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas, policía y comités de autodefensa [organizaciones civiles] en la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia", dijo Boluarte durante una ceremonia en Palacio de Gobierno.La presidenta dijo que era "un día histórico" en el que Perú "honra" a aquellos hombres que con "valor y entrega" enfrentaron al terrorismo.En referencia a los favorecidos con la amnistía, dijo que han cargado "durante años con pesos de juicios interminables, acusaciones injustas, de un dolor que no sólo alcanzó a ellos, sino a sus familias" y consideró que los críticos de la norma se ponen del "lado de quienes violaron los derechos humanos de nuestros compatriotas".Rechazo a la "intromisión externa""Están equivocadas aquellas instituciones internacionales y nacionales influidas por ideologías totalitarias que pretenden someter al Perú", afirmó Boluarte frente a sus ministros y altos mandos militares tras la promulgación de la ley.La CIDH había enviado en julio al Estado peruano un requerimiento para evitar la aprobación de la medida y así "garantizar el derecho de acceso a la justicia" de las víctimas. En una resolución posterior, añadió que los jueces debían abstenerse de aplicarla en caso de que se convirtiera en ley.Como miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Perú debe obediencia a la CIDH, el más alto tribunal regional en derechos humanos.Boluarte rechazó la resolución de la CIDH y en una ceremonia pública dijo a fines de julio que Perú no es una "colonia de nadie". En agosto añadió en otra actividad que la CIDH "actúa como si Perú siguiera siendo un virreinato... busca interferir en nuestra capacidad soberana de decidir sobre los asuntos que competen únicamente a nuestro Poder Legislativo, a nuestro Poder Judicial".El miércoles, la presidenta agregó que "con esta amnistía histórica el Perú está rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa".Expertos de la ONU, por su parte, también habían pedido al gobierno de Boluarte que vetara la ley, alegando que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes graves.Antes de la aprobación legislativa el 9 de julio, Amnistía Internacional había exhortado al Congreso a ponerse a favor de las víctimas y rechazar con firmeza la legislación."Ley de impunidad"La nueva amnistía, que los defensores de los derechos humanos llaman "Ley de Impunidad", provocaría que 156 casos con sentencia y más de 600 procesos en trámite quedaran impunes, según la Coordinadora de Derechos Humanos, una coalición de 74 organizaciones dedicadas a la defensa de dichos derechos que ha litigado durante décadas en decenas de procesos judiciales.Según una comisión de la verdad sobre el conflicto armado interno de Perú, las víctimas fueron en su mayoría indígenas, atrapados en el enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La comisión calcula que el conflicto dejó unos 70.000 muertos o desaparecidos.Perú ya había aprobado en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022 para suceder a Pedro Castillo (2021-2022) de quien era vicepresidenta. Castillo había intentado disolver sin éxito el Parlamento mientras era investigado por una comisión legislativa por presunta corrupción. El Congreso lo destituyó y Boluarte tomó su lugar.La presidenta, cuya aprobación ha caído a mínimos históricos según varias encuestas, es investigada por la fiscalía por los presuntos delitos de "homicidio calificado" por la muerte de decenas de personas durante protestas luego de que asumiera al poder a fines de 2022.Un total de 50 civiles murieron, la mayoría por proyectiles de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con la fiscalía.Boluarte debe entregar el poder en julio del próximo año a quien triunfe en las elecciones presidenciales convocadas para abril.Agencias AP, AFP y Reuters y diario El Comercio
Es para aquellos que estén procesados o hayan sido condenados por delitos en el marco del conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.La CIDH había solicitado suspender el trámite de esta ley.
La norma beneficiará a miembros de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa implicados en delitos durante el conflicto armado interno; casos como Barrios Altos y La Cantuta podrían quedar impunes, advierten expertos
El tribunal de paz verificó el avance de 22 proyectos restaurativos que buscan promover la reparación y la reincorporación en esta región afectada por el conflicto armado
BRASILIA.- Después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) ordenara la prisión domiciliaria del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, sus aliados endurecieron la ofensiva en el Congreso.Senadores y diputados del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro y aliados presentaron el martes un "paquete de la paz", que exige una amnistía "amplia, general e irrestricta" para los implicados en el asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023 y el juicio político al juez del STF Alexandre de Moraes, bajo amenaza de que, si esas propuestas no avanzan, paralizarán los trabajos del Congreso.El plan opositor, presentado como un antídoto para "pacificar" el país y contra las sanciones promovidas por los Estados Unidos de Donald Trump, incluye además una enmienda constitucional para eliminar el fuero privilegiado, lo que llevaría procesos contra autoridades -entre ellas, Bolsonaro- a tribunales comunes."No vamos a dejar que la Cámara reabra sus trabajos mientras no haya un diálogo serio para buscar soluciones para Brasil", advirtió Sóstenes Cavalcante, líder del PL en Diputados. Dijo que la bancada se mantendrá "atrincherada" y desplegará estrategias de obstrucción.Flavio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente, calificó la decisión de Moraes como "ilegal" y lo acusó de actuar sin el respaldo de otros jueces ni del Ministerio Público."Tenemos una crisis institucional muy grave. No hay más tiempo para no tratar nuestros proyectos. Ahora es a todo o nada", lanzó el senador Carlos Portinho, jefe del PL en la Cámara Alta, quien instó al presidente del Senado, Davi Alcolumbre, a abrir el proceso de destitución contra el juez.La prisión domiciliaria de Bolsonaro fue decretada el lunes por Moraes, en el marco de una investigación sobre las acciones del expresidente y de sus hijos para incentivar ante la Casa Blanca de Donald Trump sanciones contra Brasil. Según el magistrado, la familia Bolsonaro lleva adelante una extorsión al promover castigos contra autoridades y la economía brasileña a cambio de frenar el proceso en el que es acusado por intento de golpe de Estado.En julio, Bolsonaro ya había sido blanco de medidas restrictivas, como el uso de tobillera electrónica. El juez consideró que incumplió esas obligaciones y, además de la prisión domiciliaria, le prohibió recibir visitas y ordenó la incautación de teléfonos celulares. Sus abogados sostienen que el expresidente no violó ninguna restricción.La discusión sobre la amnistía, puesta otra vez en primer plano por la oposición, depende de que el presidente de la Cámara, Hugo Motta, la incluya en la agenda parlamentaria. En su ausencia, el vicepresidente de Diputados, Altineu Cortes, del PL, anticipó que forzará el debate apenas Motta delegue la presidencia ante un viaje al exterior. "Esa es la única forma de pacificar el país", aseguró.Por la tarde, la tensión se trasladó al recinto. Un grupo de unos 15 diputados bolsonaristas, con cinta adhesiva cubriéndoles la boca, ocupó la mesa directiva de la Cámara en señal de protesta contra lo que llaman "censura" del STF. Sentados en el estrado principal, permanecieron inmóviles y en silencio, con el objetivo de impedir que comenzaran las sesiones.El gesto desató un cruce con el líder del PT, Lindbergh Farias, quien se acercó para reclamar que abandonaran el lugar. La discusión terminó en empujones, y el petista acusó a los legisladores de "secuestrar" la mesa del Parlamento. Los bolsonaristas insistieron en que no se moverían hasta que el presidente de la Cámara aceptara abrir un diálogo para viabilizar la amnistía a los acusados por el 8 de enero.En un comunicado dirigido a la prensa, Alcolumbre criticó la ocupación por parte de parlamentarios opositores, señalando que esta acción impide el funcionamiento normal del Congreso y representa un acto arbitrario, alejado de los principios democráticos.También anunció que convocará en los próximos días una reunión con los líderes partidarios para que prevalezca el buen juicio y se reanuden las actividades del Congreso en beneficio del país.En paralelo, la reacción internacional no tardó en llegar. Tras el arresto domiciliario de Bolsonaro, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, organismo estadounidense vinculado al Departamento de Estado, criticó la decisión de Moraes por utilizar "las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición" e "imponer aún más restricciones a la capacidad de Jair Bolsonaro de defenderse públicamente".Trump, que confirmó la semana pasada la imposición de un arancel del 50% sobre productos brasileños alegando, entre otros motivos, una "caza de brujas" contra Bolsonaro, señaló que estaría dispuesto a conversar con Lula para negociar el tarifazo cuando el presidente brasileño lo desee.Pero integrantes del gobierno admitieron con preocupación al diario Folha de S. Paulo, bajo reserva, que el decreto de prisión domiciliaria podría exacerbar al presidente estadounidense a dos días de la entrada en vigor de las sanciones económicas anunciadas contra Brasil, y con la expectativa de que esta semana hubiera un diálogo de alto nivel entre ministros de Lula y de Trump.Además del arancel del 50%, el gobierno estadounidense aplicó sanciones financieras contra Moraes, amparadas en la ley Magnitsky, prevista para graves violaciones de derechos humanos. Como condición para negociar esas sanciones, la Casa Blanca ha estado presionando por una amnistía para Bolsonaro, aliado de Trump.Tanto el gobierno brasileño como el STF consideran esa presión una injerencia indebida en los asuntos internos del país. El Palacio del Planalto ha manifestado que no está dispuesto a negociar ese punto.
La organización Amnistía Internacional publicó un comunicado en el que apuntó contra el gobierno de Javier Milei y "las más altas esferas del poder político" por la escalada de violencia contra los medios de comunicación y los numerosos casos de ataques e insultos del Presidente hacia distintos periodistas. "En la Argentina, ser periodista nunca fue fácil. Pero en estos últimos meses, la escalada de violencia desde las más altas esferas del poder político ha alcanzado un nivel inaceptable", comenzó el texto titulado Cuando el poder alimenta el odio, firmado por Mariela Belski, directora ejecutiva de la organización. Y siguió: "La desinformación, los ataques personales y los discursos cargados de odio se multiplican, muchas veces con el aval directo del presidente Javier Milei. Lo que antes podía parecer una estrategia de provocación hoy se ha transformado en una forma sistemática de hostigamiento que busca silenciar, disciplinar y destruir".Al mismo tiempo, Belski hizo alusión al caso de Julia Mengolini, quien recientemente sufrió una campaña de hostigamiento digital por parte de cuentas asociadas con el oficialismo que la acusaron de tener una relación incestuosa con su hermano. El propio presidente Milei se subió a la movida fogoneada por cuentas señaladas de responder a su asesor principal, Santiago Caputo.La dueña de la radio Futuröck denunció que el jefe de Estado escribió sobre ella 93 veces en su cuenta de la red social X. En tanto, recibió amenazas y videos de carácter sexual y pornográfico realizados con Inteligencia Artificial (IA) desde entonces."Este es uno de los ejemplos más extremos. Pero no es el único. A diario, un grupo importante de periodistas sufren insultos, burlas y violencia, que, de acuerdo con la investigación que estamos realizando, se intensifica cuando se trata de mujeres", consideró la titular de Amnistía al respecto y añadió: "Lo que está en juego no es solo la integridad de quienes informan, sino el derecho de toda la sociedad a recibir información libre y plural". "Desde Amnistía Internacional venimos advirtiendo sobre el peligro de estos discursos. No se trata de 'exabruptos' aislados. Se trata de una retórica de odio que se legitima desde el poder institucional y que, como muestran nuestros informes, puede tener consecuencias reales: censura, miedo, autocensura y hasta violencia física. Cuando el Estado no protege, sino que agrede, se rompe el pacto básico de una democracia saludable", explicó en el mensaje.Asimismo, indicó que el hostigamiento digital, la sexualización como forma de castigo y el desprestigio sistemático "no pueden ser naturalizados". "Y mucho menos cuando provienen de quienes deberían garantizar un debate respetuoso y equilibrado. Por eso, frente a la violencia, elegimos redoblar nuestro compromiso con la libertad de expresión, con el periodismo, y con quienes se animan a seguir hablando, aun en este contexto", remarcó. Finalmente, cerró: "La democracia no se defiende con insultos. Se defiende con respeto, con información y con una ciudadanía activa que no se deje paralizar por el miedo. Desde Amnistía Internacional, no vamos a dejar de alzar la voz contra los discursos que buscan apagar voces".
El ministro de Vivienda, Durich Whittembur informó que el Consejo de Ministros mostró una opinión favorable a la nueva ley de amnistía
El hombre implicado en el polémico caso Florence Cassez fue liberado tras casi dos décadas sin sentencia
Expertos advierten que partidos en Barcelona podrían ser usados para transmitir una imagen favorable del Congo, mientras organizaciones de derechos humanos reclaman que este tipo de alianzas deportivas incluyan compromisos sociales y no sólo objetivos económicos
El congresista saludó la postura de la presidenta Boluarte y del ministro Alcántara, al considerar que defendieron la soberanía jurídica del país frente a presiones externas
La presidenta afirmó que "el Perú es libre e independiente, con autonomía soberana" y advirtió que su gobierno no permitirá intromisiones externas en asuntos relacionados con la justicia y la defensa del Estado
El pronunciamiento del Ministerio de Justicia marca una nueva confrontación entre las instituciones nacionales y los órganos supranacionales encargados de vigilar el respeto a los derechos humanos en América Latina
Según la ONG, la población civil, especialmente los niños, "es la que corre más peligro de resultar herida o morir debido a submuniciones sin detonar", y advirtió que, con estas armas, amplias zonas quedan contaminadas con municiones sin detonar que siguen activas muchos años después de que acabe el conflicto. Leer más
La jueza aplazó la entrega hasta el viernes para que el menor no sea sometido a "exposiciones innecesarias"
El documento, basado en más de 600 testimonios, denuncia amenazas, ataques y falta de apoyo estatal, subrayando la urgencia de garantizar seguridad y derechos a mujeres buscadoras de personas desaparecidas
El expresident pide que se le aplique la ley de amnistía, rechazada por el Supremo, mientras el Constitucional resuelve su recurso
Este martes se han celebrado dos vistas en el TJUE, una a las 9:00 sobre el manejo de fondos públicos y otra a las 15:00 sobre los delitos de terrorismo
Según la ONG, el gobierno venezolano incrementó la represión contra la disidencia. Al menos once personas continúan desaparecidas y decenas habrían sido detenidas arbitrariamente. El pedido a la Corte Penal Internacional. Leer más
Condenan la norma aprobada por 16 votos, que exoneraría a responsables de violaciones en el conflicto armado interno, y exigen justicia y resistir legalmente
Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de EE.UU., afirmó que no habrá "amnistía" para los migrantes indocumentados que trabajan en el sector agricultor. En ese sentido, aseguró que hay un gran número de trabajadores disponibles para reemplazarlos. El mensaje de Brooke Rollins a la comunidad migrante Las declaraciones ocurrieron durante su última conferencia de prensa en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Allí, remarcó que las detenciones en el sector agropecuario continuarán. "El presidente remarcó que no habrá amnistía. Las deportaciones masivas continúan, pero de forma estratégica", expresó la secretaria de Agricultura al ser consultada sobre las detenciones. Rollins informó que el objetivo de la administración Trump era consolidar una "fuerza laboral 100% estadounidense" en el sector agropecuario. Para ello, prevén coordinar las detenciones de forma "estratégica"."El presidente y yo hemos hablado sobre eso [las deportaciones masivas en el campo]. Él tiene la certeza de que, al final del día, le prometió a Estados Unidos consolidar una fuerza laboral 100% estadounidense. Para cumplirlo, debemos ser estratégicos en cómo llevaremos a cabo las deportaciones", sostuvo. El reemplazo de la comunidad migrante en el sector agropecuario La secretaria de Agricultura manifestó que una manera de mantener las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) es a través de la "automatización"de los procesos. En este sentido, Rollins sugirió que algunas personas que recibían ayuda del gobierno como el Medicaid podrían reemplazar a los trabajadores migrantes. "La solución a este problema es la automatización, así como algunas reformas en la estructura de gobierno actual. Y, además, si pensamos en ello, hay 34 millones de adultos sanos en nuestro programa de Medicaid. Hay muchos trabajadores en Estados Unidos", dijo en relación con la cantidad de trabajadores en EE.UU. que podrían reemplazar a la comunidad migrante. Las contradicciones por las redadas en el campo A mediados de junio, Brooke Rollins había alertado al presidente sobre un temor creciente entre los productores rurales. Según consignó The New York Times, la funcionaria advirtió que las redadas provocaron que el 30% y el 60% de los trabajadores abandonaran los campos en zonas productivas clave como Oxnard y el Valle Central de California.Tras su llamada, Donald Trump reconoció que su "agresiva política migratoria" afectaba a los agricultores con gran experiencia. Por tanto, Tatum King, un alto funcionario del ICE, envió un correo electrónico a las oficinas regionales para limitar las redadas. "Nuestros agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio afirmaron que nuestra agresiva política migratoria les está quitando excelentes trabajadores con amplia experiencia, y que esos empleos son casi imposibles de reemplazar", expresó Donald Trump en Truth Social en aquel momento.Sin embargo, poco después del pedido, la Casa Blanca dio marcha atrás y ordenó reanudar los operativos en estos sectores. Según consignó The Washington Post, la presión interna del Ala Oeste y la línea impulsada por el subjefe de Gabinete Stephen Miller llevaron a revertir la medida.
La Comisión Permanente aprobó la iniciativa fujimorista con 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. Aún falta que el Ejecutivo la promulgue
La norma impulsada por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi fue aprobada en la Comisión Permanente con 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención
La norma establece que todos los miembros de las FF. AA. y la PNP que hayan sido sentenciados y superen los 70 años de edad pueden solicitar este beneficio. Daniel Urresti cumplirá 70 años el próximo año
Según el congresista Fernando Rospigliosi, más de 1.000 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú podrían beneficiarse de la propuesta
Tras el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, el independentista ha atacado al Tribunal Supremo y calificado su actuación de "estafa democrática del régimen monárquico español"
MADRID.- El Tribunal Constitucional español anunció este jueves su aval a la ley de amnistía a los independentistas catalanes impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez y aprobada el año pasado por el Parlamento."El pleno del TC avala la ley (...) de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña", afirmó el tribunal que se pronuncia sobre la constitucionalidad de las leyes españolas, en un comunicado al final del pleno celebrado esta semana.La sentencia, apoyada por seis votos contra cuatro, rechazó gran parte del recurso presentado por el Partido Popular (PP, derecha). El PP se oponía frontalmente a esta ley que Sánchez negoció con el partido del líder secesionista catalán, Carles Puigdemont, a cambio de sus votos clave en el Parlamento para su última investidura en 2023.El Congreso de los Diputados aprobó en mayo de 2024 la ley de amnistía, que dejó sin castigo todos los delitos entre noviembre de 2011 y noviembre de 2023 "en el contexto del denominado proceso independentista catalán", entre los que se incluye el referéndum independentista y la declaración de independencia de 2017 por parte del gobierno catalán.La resolución del tribunal considera "que la amnistía no está prohibida por la Constitución y que su adopción, cuando responde a una situación excepcional y a una finalidad legítima de interés público, puede resultar constitucionalmente admisible".Para el magistrado Ricardo Enríquez, uno de los que votaron en contra, se trata no obstante de una ley "arbitraria" porque su "verdadera finalidad" fue la de "obtener el apoyo de los siete diputados" del partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, para reelegir a Sánchez.Puigdemont, exiliado en Bélgica para esquivar a la Justicia española, no pudo beneficiarse de momento de la ley de amnistía aprobada en junio de 2024. El juez que lleva su caso ha dicho que la amnistía no se le aplica, dado que el líder independentista también está demandado por malversación, una acusación que él niega. Puigdemont ha recurrido la decisión del juez, pero el Tribunal Constitucional no se pronunciará sobre el asunto hasta finales de este año o el próximo.Puigdemont le pedirá al tribunal que le aplique la amnistía, así como la suspensión cautelar de la orden nacional de detención que pesa sobre él, según adelantó su abogado.El presidente Pedro Sánchez, que hizo de la normalización política en Cataluña una de sus prioridades a su llegada al poder en 2018, celebró que la decisión del Tribunal Constitucional es una "muy buena noticia para España"."Estamos ya cerrando una crisis política que nunca debió salir de la política", indicó."La amnistía es ilegal, es inmoral, es una transacción corrupta de impunidad a cambio de poder y es un obús contra la separación de poderes", fustigó desde Bruselas el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.El líder del partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, Jordi Turull, exigió al Tribunal Constitucional que utilice sus "mecanismos coercitivos" para obligar al Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía a los líderes independentistas.Mientras, el expresidente socialista Felipe González (1982-1996) dijo que no votará al Partido Socialista por haber participado en la "barrabasada" de la ley de amnistía."No contarán con mi apoyo, de ninguna manera, ninguno de los que hayan participado en esta auténtica barrabasada contra las reglas del juego, contra el Estado de derecho", declaró González.Agencias AFP, ANSA y Reuters
¿Quiere pagar menos impuestos? Millones de tributos pasarán en silencio a manos de la SUNAT sin que los contribuyentes -empresas y personas- tengan la opción de tramitar una amnistía que, según algunos expertos, todavía sería posible
La sentencia aprobada este jueves recoge en esencia la ponencia redactada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, que el presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, calificó de "excelente" en el arranque del Pleno monográfico
Miles de conductores podrán ponerse al día con sus deudas por infracciones de tránsito aprovechando rebajas que incluyen papeletas de la pandemia por solo cinco soles y descuentos especiales en gastos administrativos
El PP exige la suspensión del pleno del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía y plantea esperar la decisión de la Justicia Europea para evitar conflictos legales internos