La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones revocó la resolución que le impedía a Elías David Piccirillo, exmarido de la modelo y conductora de TV Jesica Cirio acceder a la prisión domiciliaria mientras sigue el proceso en el que está acusado de haber participado de una emboscada a un empresario al que le debía 6 millones de dólares, a quien le "plantó" una bolsa con cocaína y una pistola 9 milímetros para que un grupo de policías confabulados con él lo detuvieran en un falso operativo. Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico decidieron, así, que Piccirillo acceda a la morigeración de la prisión preventiva que le dictó en abril pasado el juez federal Sebastián Casanello por los delitos de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma. Consideraron que en el estadio actual de la investigación se redujeron los riesgos procesales, de entorpecimiento y de fuga que, oportunamente, justificaron el dictado del encarcelamiento.Según informaron a LA NACION allegados a la defensa, Piccirillo cumplirá la prisión domiciliaria con monitoreo con tobillera electrónica en una casa de la ciudad de Banfield, partido de Lomas de Zamora. El abogado del ex de Cirio, Gastón Francone, había apelado ante la Cámara la resolución del 24 de octubre pasado con la que el juez Casanello había denegado la morigeración. Argumentó que, desde su encierro en una cárcel común, Piccirillo había desarrollado un "trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo y ansioso", una "patología psiquiátrica grave" que era "directamente atribuible al factor estresante único y abrumador de la privación de libertad en el contexto penitenciario" y se caracteriza por actitud de sumisión y derrota, ánimo marcadamente depresivo, afecto disfórico y lábil con llanto espontáneo, pensamiento monopolizado por la desesperanza y la impotencia, hipervigilancia e insomnio de conciliación grave" La medida no se hará efectiva de forma inmediata, advirtieron fuentes judiciales. Ocurre que los camaristas tomaron nota de que cualquier "riesgo subsistente" de entorpecimiento de la causa que los investigadores judiciales juzguen remanentes "pueden ser neutralizados a través del arresto domiciliario â??bajo un sistema de vigilancia electrónica", pero también mediante "la imposición de una caución de tipo real y el resto de las limitaciones alternativas" que Casanello y el fiscal Franco Picardo, a cargo de la acusación, "estimen pertinentes".A la hora de dictar el procesamiento, a principios de abril pasado, Casanello trabó un embargo de $100 millones sobre los bienes de Piccirillo. Ahora podría imponer como caución real una suma análoga o incluso superior, lo que requerirá el depósito judicial de ese monto o su equivalente en documentos, como podrían ser títulos de propiedad inmuebles o muebles, como casas o vehículos. De los plazos que demanden esas medidas dependerá la ejecución de la resolución que Casanello debe firmar ahora para cumplir con la decisión de la Sala II de la Cámara Federal. Además, el juez podrá imponer medidas adicionales. Una de ellas, se presume, podría ser el seguimiento terapéutico psicológico "estrictamente recomendado" por la licenciada Paola Salinas, perito del Servicio Penitenciario Federal, que había confirmado "la afectación emocional y cognitiva derivada del encierro" del ex de Cirio.Así fue el intento de fuga el marido de Jesica Cirio previo a su detenciónEn el caso también están procesados con prisión preventiva el comisario de la Policía de la Ciudad Iván Helguero, quien hasta su detención era el jefe de la División Robos y Hurtos Zona Norte de la fuerza de seguridad porteña, y Carlos Smith, conocido por los apodos de El Lobo y Charly y que había sido parte de la Policía Federal Argentina (PFA) hasta su exoneración. Según la resolución, a la que tuvo acceso, LA NACION Piccirillo, Smith y Helguero estuvieron a cargo de la organización del procedimiento ilegal donde se le "plantó" cocaína y una pistola a un empresario con el que tendría una millonaria deuda que superaría los 6.500.000 de dólares.En el denominado "operativo ilegal", del que participaron oficiales que cumplían funciones en la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad, ocurrido en las primeras horas del 18 de enero pasado, fueron detenidos Francisco Hauque y su pareja, Anahí Aquino Laprida, después de haber cenado en el Palacio Duhau, en Recoleta, con Piccirillo.El personal de la fuerza de seguridad porteña secuestró 1,200 kilos de cocaína y una pistola nueve milímetros en el Audi A8 de Hauque.En ese momento, los policías se comunicaron con el juzgado federal de turno para solicitar instrucciones. La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó la detención de la pareja.Según el expediente judicial, Hauque y su pareja dijeron en sus indagatorias que Piccirillo podría haberle "plantado" el arma y la cocaína para evadir la millonaria deuda.La pareja estuvo presa tres semanas. El 10 de febrero pasado, la jueza Capuchetti, luego de una investigación del fiscal Gerardo Pollicita, dictó el sobreseimiento de ambos y ordenó extraer testimonios para que se investiguen las circunstancias detrás del "operativo ilegal".El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N°11, subrogado en ese momento por el juez federal Ramos, quien delegó la investigación en el fiscal federal Picardi."Se encuentra probado que Piccirillo, Smith y Helguero, estuvieron a cargo de la organización del procedimiento ilegal objeto de la presente [investigación], tanto en la gestación como en su desarrollo y culminación. En lo que respecta a la preparación del operativo, Piccirrillo contactó a Smith, con quien tenía una relación previa, para que utilizara sus "contactos" con policías con miras a materializar el procedimiento ilegal. Smith se contactó con Helguero, quien había sido compañero de promoción en la Policía Federal Argentina y se encontraba a cargo de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Helguero, aceptó la propuesta y puso a disposición del plan ilegal a distintos agentes policiales de la división a su cargo", sostuvo el juez Casanello en la citada resolución. Además de Piccirillo, Smith y Helguero, seis oficiales de la Policía de la Ciudad que estaban bajo las órdenes de aquel último fueron procesados por los delitos de privación ilegal de la libertad, incumplimiento de deberes y abuso funcional.En el dictamen donde había solicitado los procesamientos de los sospechosos, el fiscal Picardi había sostenido que "el operativo ilegal desplegado por los funcionarios públicos de la citada división [Robos y Hurtos Norte] abarcó una organización y coordinación previa, así como la realización de tareas de inteligencia sin sustento legal".Según el representante del Ministerio Público "todo ello, tuvo como objetivo la privación ilegal de la libertad de Hauque y Aquino Laprida, quienes fueron retenidos y encarcelados bajo supuestos falsos con el fin de que Hauque no pueda exigirle el pago de una deuda de aproximadamente 6.000.000 de dólares que Piccirillo mantenía con él y tolerar de esta forma dicha situación".Para Picardi "existen suficientes indicios para sostener que Piccirillo fue quien encargó la realización de ese operativo ilegal, participó de la colocación de narcóticos y una pistola 9 milímetros robada en el vehículo y aportó toda la información necesaria -previamente e in situ- para que se materialice el procedimiento en cuestión".El representante del Ministerio Público sostuvo que el objetivo era privar de la libertad a los damnificados para que Hauque no pudiera "perjudicar o dañar su imagen pública y/o sus negocios así como, tampoco, exigirle el pago de una deuda que mantenía con él".
La autoridad reguladora avanzará con una denuncia penal dirigida al creador digital tras confirmarse la captación masiva de fondos por inversiones inexistentes, que involucró depósitos a cuentas personales y contratos restrictivos
Fue asegurado junto con miles de pastillas de fentanilo
Un joven de 20 años fue detenido en las últimas horas acusado de asesinar a Miguel Alejandro Pauloni Negri, un oficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) que había prestado servicios en la Policía de la Ciudad, en un hecho ocurrido en julio pasado en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, partido de La Matanza.Fuentes policiales informaron que el arresto se concretó en la intersección de la avenida Crovara y General Belgrano, en Aldo Bonzi, tras una serie de tareas de inteligencia que permitieron localizar al sospechoso, quien se movilizaba entre distintos inmuebles del conurbano y mantenía contacto con delincuentes que le ofrecían lugares para ocultarse en asentamientos.El detenido, apodado "Rochito", tenía pedido de captura nacional e internacional y quedó imputado por los delitos de homicidio agravado criminis causa, robo agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra.El crimen que se le atribuye ocurrió el mediodía del 1 de julio, en la calle Fonrouge, entre José Alico y Juan Campión. Negri, de 65 años, lavaba su BMW modelo 2008 en la vereda de su casa cuando fue abordado por dos hombres armados que intentaron robarle el vehículo.Al advertir la situación, el exintegrante de las fuerzas de seguridad se identificó como policía y se produjo un intercambio de disparos. Según las pericias, hubo al menos 11 disparos, dos de los cuales impactaron en la víctima: uno en el abdomen y otro en la pierna. Negri fue trasladado de urgencia al Hospital Alberto Balestrini, donde se constató su fallecimiento.Tras el hecho, los agresores escaparon en direcciones distintas y luego se subieron a un colectivo. Desde entonces, la investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de San Justo, quien ordenó diversas tareas de campo para identificar a los responsables y delegó las pesquisas en la División Homicidios de la PFA.En ese marco, uno de los prófugos, de 18 años y conocido como "Stanley", se entregó semanas atrás en la Superintendencia de Investigaciones Federales. El segundo implicado, ahora detenido, había logrado mantenerse oculto durante meses gracias a una red de contactos que le garantizaba refugio en distintos puntos del conurbano.Vecinos y amigos de la víctima habían relatado en su momento que Negri estaba siempre alerta porque ya había sido víctima de robos. "Él decía que no le iban a ganar de mano", contó Luis, uno de sus allegados, en diálogo con LN+.El caso generó conmoción en Aldo Bonzi y reacciones políticas a nivel nacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó el hecho como "desgarrador" en un mensaje publicado en la red social X, donde expresó: "Alejandro, policía retirado, estaba lavando su auto en la vereda de su casa cuando dos delincuentes le tiran 11 tiros solo para robarle".Con la detención de "Rochito", la causa avanza hacia la etapa de indagatoria, mientras se espera que la Justicia defina la situación procesal de ambos acusados.
Julio Conte Grand demandó a Ernesto García Maañón ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia, lo que daría inicio a un eventual juicio político. Además, el juez también enfrenta una denuncia penal. Leer más
Alexis Maximiliano Romero (20) era buscado como uno de los asesinos del suboficial mayor retirado Alejandro Paulino Negri (65).El crimen ocurrió el 1 de julio en La Matanza. Hay otro cómplice preso.
En 2011, Guillermo Gustavo Lindow contactó por la red social a una adolescente de 14 años y la indujo a que le mandara fotos íntimas.Está preso en Córdoba desde 2023, pero la Justicia mexicana pide su traslado para que sea juzgado allí.
El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, presentó una denuncia contra el presidente de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, Ernesto García Maañón, demandado ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense por una funcionaria del tribunal de alzada por acoso sexual y laboral.La presentación fue hecha ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense, informaron fuentes al tanto de la denuncia presentada por Conte Grand. Se trata del primer paso de un eventual jury de enjuiciamiento, que podría derivar en la destitución del magistrado si el veredicto es de culpabilidad.En julio pasado, LA NACION había revelado que una funcionaria judicial que, en ese momento, tenía el cargo de secretaria letrada y cumple funciones "propias y exclusivas" en la Secretaría de Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro denunció a García Maañón ante Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.G. B. S., como se identificó a la denunciante, sostuvo en la presentación que la situación afectó su salud "emocional y mental". Según pudo saber LA NACION, en la denuncia presentada por el jefe máximo de los fiscales bonaerenses no solo se hizo referencia a las acusaciones de acoso sexual, sino también a "violencia laboral ejercida contra sus dependientes, desvío de recursos humanos y materiales del Poder Judicial en beneficio propio, escasa concurrencia a su despacho, abuso de poder y presiones sobre testigos", entre otras cuestiones.Tras la denuncia de G. B. S., la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia instruyó un sumario."La denuncia se fundamenta sobre los hechos acreditados en el sumario que le instruyó la Suprema Corte donde se entendió que la gravedad de las faltas excedía la órbita disciplinaria y hacía merecedor a García Maañón de la destitución, por lo que remitió las actuaciones al procurador general para que considerara la oportunidad de denunciarlo. El Procurador General llegó a la misma conclusión, por lo que presentó la denuncia contra el magistrado en la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento", explicaron las fuentes consultadas.Además del sumario disciplinario que se abrió en su momento en la Suprema Corte de Justicia bonaerense y que derivó en la denuncia presentada en las últimas horas por Conte Grand, hay una causa penal que instruye el fiscal José Amallo. El 31 de julio pasado, García Maañón presentó su renuncia al cargo de juez."García Maañón tenía previsto presentar su renuncia para después de la feria judicial, pero, finalmente, decidió hacerlo un día antes de que termine el receso para estar más tranquilo y defenderse de las acusaciones en su contra, de las que estamos convencidos de su falsedad. Además, él cree que, de esta manera, se tiene mucha más libertad desde la fiscalía para investigar lo que creemos son hechos inexistentes", había dicho a LA NACION, en su momento, Adrián Murcho, abogado de García Maañón, tras presentar la carta de renuncia en la Secretaría de Personal de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.Y, el abogado de G. B. S., Juan Saucedo, había dicho: "Esperemos que el gobernador Axel Kicillof no acepte la renuncia presentada por García Maañón y que se haga el jury, porque de aceptarla no solamente sería dotar de impunidad a casos graves como el denunciado, sino también brindarle un privilegio manteniendo su condición de juez. Además, sería un contrasentido de las políticas de género que Kicillof se jacta de implementar. De nuestra parte vamos a impulsar el jury y la causa penal. Hay elementos de juicio suficiente como para impulsar la causa penal por amenazas, acoso sexual, abuso de arma y violación de los deberes de funcionario público".El casoComo se informó en su momento, la denuncia de G. B. S. ante la Subsecretaría de Control Administrativo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense comenzó con un relato pormenorizado de las situaciones de abuso que afirma haber vivido desde fines de febrero pasado, cuando García Maañón, estaba a punto de volver a ejercer la presidencia de la Cámara que es rotativa.Según recordó la funcionaria, el 20 de febrero último, la funcionaria fue convocada a la oficina del magistrado "para ultimar detalles con relación a su futura presidencia" a partir de marzo. Entre otras cuestiones, hablaron de pautas de trabajo."Desde esa fecha comenzó un vínculo cordial, basado en el respeto y la confianza, de índole laboral, al menos de mi parte. Sin embargo, con el correr de los días comenzó a mencionar mediante mensajes o en forma personal que le parecía atractiva, que no me tire a menos, que así tenía que ir por la vida, señalando que era una 'opinión masculina experta'".El 25 de febrero, en el contexto de una conversación por WhatsApp, le dijo: "Cuidá tu cuerpo y salud, que te eleva la autoestima. Consejo, look para los juramentos (y para que me envidien): pelo suelto y el traje negro escotado con mini que llevaste el martes pasado".G. B. S. trató de ser cordial en la respuesta, pero nunca más se puso el vestido que le había pedido el juez, explicó en su denuncia.El 30 de marzo pasado, un mes después de que García Maañón asumiera la presidencia, la denunciante comenzó a recibir mensajes de WhatsApp en horas de la madrugada. "¿Despierta?", le preguntó un día a las 1.12, según dijo G. B. S. y, seguido, le escribió: "La noche es como el vino, te desinhibe. La noche es deseo, la pasión, la aventura".G. B. S. hizo referencia a una invitación del magistrado para que vaya a comer un asado a su casa, donde iba a estar un comisario, uno de sus hijos y un custodio. Pensó varias veces cómo decir que no a esa "reunión de trabajo" programada para un sábado, finalmente se enfermó y no fue.El 2 de abril, explicó la denunciante en su presentación, García Maañón le dijo que era un "cazador" y que le gustaba la "presa difícil", "el caballo que le costaba domarlo" y que le gustaban las "mujeres que no eran sumisas"."Ni una sola vez le di a entender al doctor García Maañón que había posibilidad de un vínculo del tipo que intentaba", sostuvo G. B. S. en su relato de los hechos.Al promediar la presentación, la funcionaria recordó una situación donde, por primera vez, se sintió intimidada."En una ocasión en la que nos encontrábamos a solas me ordenó: 'Sentate en ese lugar', señalando un cuerpo de un sillón, haciendo alusión a un sillón de tres cuerpos. Me senté y el almohadón se hundió considerablemente y quedé como hundida, pequeñita. Entonces se sentó a mi lado y, mientras yo intentaba leer y explicarle temas [de trabajo] que había llevado escrito en hojas, su mirada y su cuerpo se giró considerablemente sobre mi cuerpo y su mirada se posó por encima de mi hombro. Fue la primera vez que me sentí intimidada por el doctor García Maañón. Era el presidente, mi jefe, nunca antes había vivido tal incomodidad. La luz tenue innecesaria, y la cercanía de su cuerpo me incomodó, sentí como que respiraba casi sobre mi cara. Yo miraba hacia abajo las hojas, tratando de leer de manera rápida la firma para retirarme y él, en un tono lento, me miraba haciendo como que le interesara lo que leía. Me intimidó con su cercanía y lo notó. Luego, con voz suave, me preguntó '¿Te incomoda?'. Sí, le contesté con firmeza. Automáticamente, se levantó y se sentó en otro sillón, y me dijo, como desentendiéndose de la situación, 'tendré que cambiar ese almohadón'", sostuvo G. B. S. en su denuncia.En un momento, como esa relación "jefe-empleada" le pesaba y la ahogaba, G. B. S. aceptó ir a cenar a un lugar público."Me dijo 'con que cenemos juntos me basta. Por mí podés venir desnuda, jajaâ?¦'. Sin embargo, no le pude poner freno. En horario laboral me citó en el despacho. García Maañón estaba en una postura juvenil, como excitado. Salió de su escritorio y me detuvo en el medio de su despacho [después de contarle que había averiguado un lugar con menú celíaco]. Me tomó de la cintura e intentó bajar la mano hacia mi cola, me sorprendí y di un paso hacia atrás, le dije '¿Pasó algo?' Me dijo 'no, solo quería verte'", contó la funcionaria. Ella se fue del despacho.Una de las últimas situaciones de acoso que describió G. S. B. en la denuncia fue el 19 de junio, casi un mes antes de su presentación, en el despacho del magistrado. García Maañón ya le había dicho que era instructor de tiro."Me dijo que me sentara. Se levantó, sacó del cajón su arma, le puso el cargador, le sacó el seguro o se lo puso, dado que solo escuché el ruido, y en un movimiento rápido la pasó cerca de mi cara. No recuerdo si la puso delante de su pantalón o detrás, quedé como helada de haber visto el caño del arma pasar cerca de mi cara. Él salió del escritorio, tomó un bolso, y dijo 'me retiro'. Salí del despacho y fui a mi despacho y comencé a llorar", sostuvo G. B. S., según consta en el documento al que tuvo acceso a LA NACION.En el sumario disciplinario, se presentaron la copia y capturas de los mensajes de chats que el magistrado le envió a la víctima con connotación sexual y erótica. "Cuidá tu cuerpo y salud, que te eleva la autoestima. Consejo de look para los juramentos (y para que me envidien): pelo suelto y el traje negro escotado con mini que llevaste el martes pasado"; "me olvidé de decirte que estabas muy elegante hoy. No tengo secretaria, ja"; "tengo una receta, el martes te la doy", "la noche es como el vino, te desinhibe. La noche es el deseo, la pasión, la aventura", y "los pantalones te quedan muy bien igual. Hoy lo comprobé", fueron algunos de los mensajes de WhatsApp enviados por García Maañón.
El creador de contenido digital publicó un video explicando que tuvo que usar legítima defensa
Cristopher "N" habría participado en un ataque a balazos contra un elemento de seguridad de Acapulco
El político no pudo justificar de dónde procedían los 700.000 euros en efectivo que depositó en su cuenta bancaria durante los últimos diez años
El hombre está acusado de asesinar a su expareja y a la madre de ella y escapar con su hijo.El hombre, de nacionalidad uruguaya, continuará alojado en el penal de Cruz del Eje.
El influencer peruano ,con miles de seguidores en TikTok, es investigado por presuntamente estafar a más de un centenar de personas mediante un esquema de inversión con promesas de altos intereses y contratos de confidencialidad
El atacante es Anthony Williams, de 32 años y residente de Peterborough.Refuerzan la seguridad en las estaciones del reino para tranquilizar a la gente.
El acusado, de 18 años, mató de dos disparos a Diego Consencao (32 años) durante una discusión en la vía pública. Otro joven de 17 años involucrado en el hecho había sido detenido el mismo día del crimen. Leer más
La actriz y cantante confesó que el panelista de La Granja VIP la hizo sentir incómoda en un reality de cocina
La Justicia busca determinar si el presunto instigador generó un clima de terror que empujó a la víctima, Karla Robles, a tomar la trágica decisión. Una semana antes, la joven de 27 años había hecho un relato desgarrador en sus redes sociales. Leer más
El empresario argentino acusado de venderle armas a Comando Vermelho y el Primer Comando Capital (PCC), Diego Hernán Dirisio, negó cualquier vinculación con las megaorganizaciones criminales y con el operativo de las fuerzas de seguridad cariocas en las favelas Alemão y Penha, en Río de Janeiro. Durante las escenas de extrema violencia, que dejaron un saldo de al menos 119 muertos, encontraron un fusil FAL de las Fuerzas Armadas argentinas en el arsenal del Comando Vermelho.Dirisio vinculó el hecho de que se encuentra preso hace dos años por protagonizar operaciones de tráfico de armas a gran escala con "la venganza de un general paraguayo y un negociado que denunció en Brasil"."No conozco a nadie del Comando Vermelho o del PCC. Mis únicas ventas han sido absolutamente legales a través de cooperativas policiales y militares", señaló en un diálogo exclusivo con LN+, y agregó: "No me arrepiento de nada porque no hice nada malo".Las acusaciones sobre Dirisio surgieron tras la Operación Dakovo en Paraguay en 2023, que buscaba desmantelar una red internacional de tráfico de armas. Quedó al descubierto que en Ciudad del Este se les alteraban los números de serie a las pistolas y fusiles que el empresario argentino importaba desde Turquía, Serbia, República Checa y Eslovenia. Lo hacía a través de su empresa International Auto Supply SA, basada en Asunción, con la que llegó a importar 43.000 armas que, en su mayoría, terminaron en las megaorganizaciones criminales brasileñas. Lo hizo a través de contactos en la Dirección de Material Bélico (Dimabel) de Paraguay. Justo antes de los operativos de Operación Dakovo, Dirisio desapareció de Asunción junto a su esposa, la exmodela Julieta Nardi. Dirisio fue detenido junto a Nardi en febrero de 2024 en Córdoba tras ser acusado de protagonizar operaciones de tráfico de armas a gran escala por un valor de 230 millones de dólares. El empresario tenía pedido de captura de Interpol y, ahora, está a la espera de saber si la Justicia Federal argentina lo someterá a un juicio de extradición a Brasil, lo que puede demorar mucho tiempo.Tal como publicó LA NACION, se sospecha que Dirisio pagaba coimas millonarias a los funcionarios y militares de Dimabel para que habilitaran la importación de pistolas y fusiles de Croacia, Turquía y República Checa. Poco tiempo antes de su detención y en simultáneo con los allanamientos, el abogado de Dirisio presentó un habeas corpus donde planteó que la importación de armas se hizo de manera legal. La jueza civil y comercial Vivian López rechazó el planteo y la fiscal advirtió que Dirisio "tenía información de que lo iba a detener por pedido de la justicia brasileña".Sin embargo, Dirisio sostuvo este jueves su inocencia y dijo que presentará "demandas judiciales contra todos los que lo involucraron" con Comando Vermelho tras el operativo de las fuerzas de seguridad de Brasil. Respecto a su tiempo en la Argentina, antes de ser detenido, señaló que "buscó refugio" en su país para "buscar justicia". "No hay seguridad jurídica en Brasil ni en Paraguay. Hoy mi familia y mi vida están en peligro ante la cantidad de mentiras que se publicaron en la Argentina", reclamó. Volvió a negar su vínculo con las facciones criminales. "Mi causa es por 92 pistolas. En Brasil se incautan anualmente 100.000 armas. Yo no podría tener nada que ver con esto", sostuvo. Dirisio expresó que sus ventas fueron legales y dirigidas a cooperativas policiales y militares de Paraguay, en particular, a los egresados que luego ejercerán como oficiales. "De hecho, de las 92 armas que se encontraron en Brasil, nadie duda de cómo se importaron. Lo que dicen en el pedido de extradición es que yo debería haber sabido que se iban a extraviar", afirmó, y añadió: "Yo importé las armas y las vendí en forma legal a quien el Gobierno me autorizaba a venderle". Sin embargo, más tarde en la entrevista sostuvo que las ventas no eran al Estado sino a los "recién egresados" que deben comprarse su propio uniforme, espadín, arma y botas.Ante la consulta de por qué se encuentra preso, sostuvo que se trata de una venganza. "De un general paraguayo y de un negociado que se estaba haciendo con Brasil con una compañía que se llama CDC que yo denuncié", dijo.Su abogada Ángela Burgos lo defendió en diálogo con LN+ y argumentó que la única causa abierta es la investigación de Brasil, ya que fue "desvinculado de cualquier investigación" en Estados Unidos y "sobreseído" en Paraguay por "falta de mérito". "La investigación en Brasil es en Salvador de Bahía, a kilómetros de Río de Janeiro", explicó."Es una cooperativa sumamente seria, que tiene más de 70.000 empleados. Si alguien se robó un arma o desapareció, a lo largo de 11 años, han sido 17.000 armas. Y hablamos de que supuestamente aparecieron 92 en Brasil. No he visto la pericia, no sé si es cierto, no tuve acceso a ese expediente", sumó Dirisio.
El Ministerio Público acusa al exjefe policial de Lima por la presunta omisión que derivó en la muerte de Víctor Santisteban y lesiones a varios manifestantes durante las jornadas de protesta de enero de 2023
El encuentro entre el adulto y el menor se habría dado luego de citarse a través de la red social TikTok, según confirmó la Policía Municipal de la capital española
Los abogados del imputado pidieron a la Cámara Federal porteña revocar el proceso, argumentando que el accionar "se ajustó a los protocolos vigentes". Leer más
El sospechoso fue imputado por "amenazas calificadas" a través de la red social Instagram. Se secuestró un teléfono celular. Leer más
Jaime Hernández era conocido en redes sociales por su contenido junto a "Doña Lety"
La Corte Suprema definirá si debe ser extraditado a ese país. El caso se reactualiza por los últimos sucesos en Río de Janeiro. El niega haber provisto armas al Primer Comando Capital (PCC) y al Comando Vermelho. El expediente está a dictamen de la Procuración General de la Nación. Su esposa sigue en prisión domiciliaria. Leer más
El criminal Hugo Eduardo Arredondo sumó una nueva sentencia este martes en Mendoza. La jueza Belén Salido le impuso una pena de cinco años de prisión por el ataque a un fiscal ocurrido en septiembre de 2023. El recluso, quien ya cumple una condena perpetua, admitió su culpabilidad en un acuerdo de juicio abreviado por el hecho que tuvo lugar en el Polo Judicial de la provincia.Cómo fue la agresión del preso a la fiscalEl violento episodio sucedió el 13 de septiembre de 2023. La agresión tuvo lugar en la Sala 25 del Polo Judicial de la capital mendocina durante una audiencia oral. Arredondo enfrentaba un juicio junto a otros dos internos por la tentativa de homicidio contra otro recluso.Durante el ingreso a la sala de audiencias, el detenido eludió la custodia de los agentes penitenciarios, extrajo un arma blanca tipo faca que ocultaba bajo su ropa y se dirigió directamente hacia la fiscal Claudia Ríos, responsable de la acusación en ese debate.La funcionaria judicial, que se encontraba en su escritorio, reaccionó con rapidez al observar la embestida, se incorporó y corrió para resguardar su integridad. Un guardia asignado a otro de los acusados intervino y obstaculizó el paso de Arredondo. El recluso debió sortear los muebles para continuar su persecución.El agresor saltó sobre los asientos destinados al público y huyó del recinto. Cuatro agentes del servicio penitenciario lo persiguieron y la captura se concretó en los pasillos del edificio judicial. En su intento de fuga, tomó como rehén a una pasante y le provocó una lesión en el cuello. Dentro de la sala, el juez Mauro Perassi y la defensora oficial Ximena Morales asistieron a la fiscal Ríos.Qué pena recibió Hugo Arredondo por el ataqueLa justicia le impuso una pena de cinco años de prisión por estos hechos. La sentencia fue el resultado de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa durante la primera jornada del debate. La jueza Belén Salido validó el convenio bajo la figura de un juicio abreviado. Arredondo admitió su responsabilidad penal en la audiencia.El recluso llegó al proceso imputado por los delitos de "amenazas agravadas por el uso de arma, evasión en grado de tentativa, privación ilegítima de la libertad". La nueva condena se unificará con las sentencias previas que ya cumplía. Además, el tribunal lo declaró reincidente.Cuál es el prontuario del condenadoEsta es la tercera condena que acumula Arredondo. Su antecedente más grave es una sentencia a prisión perpetua por el homicidio de Jorge Daniel Montilla, un exmilitar y comerciante. Ese crimen ocurrió el 10 de marzo de 2015 en el barrio Tamarindos II de Las Heras. Arredondo y otros cómplices intentaron robar la camioneta de Montilla en la puerta de su domicilio y le dispararon.Su segunda condena es de 14 años de cárcel por el asesinato de Nicolás Lozano, otro interno del penal de Almafuerte. El hecho data del 26 de diciembre de 2019. Lozano murió por golpes y heridas de arma blanca.El juicio durante el cual atacó a la fiscal Ríos correspondía a otra causa por violencia carcelaria. Se lo juzgaba por el intento de homicidio de Carlos Enrique Olmedo, otro recluso, el 5 de julio de 2019. En ese caso estaba imputado junto a Jorge Darío Bracamonte y Lucas Gabriel Garro.El historial de Arredondo incluye una causa judicial todavía abierta. La investigación lo acusa de drogar y empalar a otro detenido en la misma cárcel provincial en septiembre de 2022.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
La Fiscalía del estado lo identificó como uno de los asesinos de Abel Roberto, nieto de Paty Orozco, madre buscadora de la entidad
Konstantine Rudnev (57) está detenido en el penal de Rawson en una causa por trata de personas.Está señalado como el líder de la secta fundada en 1989 en Siberia y prohibida en Rusia en 2014.Hay 21 imputados y una mujer embarazada sería la principal víctima.
El máximo tribunal desestimó el planteo de la defensa por falta de fundamentos y dejó firme la causa que investiga al fiscal por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y resistencia a la autoridad. Leer más
Uno de los objetivos del masivo operativo de la Policía Civil y militar contra la organización criminal Comando Vermelho (CV) en los complejos de favelas Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro, que dejó un saldo de 64 muertos, fue la captura del capo narco Edgard Alves Andrade, alias "Doca" o "Urso" (Oso), de 55 años.Doca es identificado por la Policía Civil como uno de los miembros de la cúpula del Comando Vermelho, que opera en el Complejo de Penha. En pleno despliegue policial para frenar la expansión de la banda, la principal organización criminal del estado, el gobierno estatal lanzó una recompensa de 100.000 reales (unos USD 18000) por cualquier información que conduzca a su captura.El monto ofrecido por el narcotraficante es igual a la recompensa a cambio del narcotraficante Luiz Fernando da Costa, conocido como Fernandinho Beira-Mar, quien, a pesar de estar en prisión desde hace 20 años, sigue siendo el actual jefe del CV, según informó el diario brasileño O Globo.Durante los allanamientos la policía encontró un particular grafiti de un oso gigante con chaleco antibalas y rifle en las manos en referencia al "Escuadrón Oso", el grupo vinculado a Edgard Alves de Andrade.Entre los 81 detenidos en el operativo figuran Thiago do Nascimento Mendes ("Belão do Quitungo") y el operador financiero de Edgard Alves de Andrade ("Doca"). Ambos eran buscados por la justicia en el marco de una investigación de más de un año que emitió 51 órdenes de captura y 67 acusaciones de conspiración para el narcotráfico, además de tres cargos por tortura.Perfil de DocaFugitivo del sistema penitenciario, la justicia investiga a Doca por más de 100 homicidios, incluido la ejecución de niños y la desaparición de residentes en comunidades bajo el control de la organización criminal.En octubre de 2023 las autoridades lo identificaron como el autor intelectual de un triple crimen de médicos y el intento de asesinato de una cuarta víctima en Barra da Tijuca, en la Zona Oeste de Río. Su escuadrón confundió a las víctimas con milicianos de Rio das Pedras durante un congreso médico.La Policía sospecha también que Doca ordenó numerosas operaciones narcos en Gardênia y Rio das Pedras. Además, De Andrade, fue uno de los blancos de la Operación Bomba Zumbido, lanzada en septiembre del año pasado por la Policía Federal para reprimir el uso de drones lanzagranadas operados por individuos vinculados al CV. Los narcotraficantes, según la policía, utilizaron este martes esos mismos drones contra los equipos del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) y del Comando de Recursos Especiales (Core), en una táctica que el gobernador Cláudio Castro calificó de "narcoterrorismo".Tras la operación Bomba Zumbido en 2024, el criminal quedó en prisión preventiva dictada por el Primer Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro. Fue acusado de crimen organizado y posesión de explosivos, cuyas penas combinadas podrían alcanzar hasta 14 años de prisión en caso de ser declarado culpable. Sin embargo, luego huyó de la justicia.Según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil, existen más de 20 órdenes de arresto en su contra emitidas por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ).
El congresista Honorio Henríquez, miembro de la Comisión Séptima del Senado, la misma que postergó la discusión de la reforma a la salud, expuso su preocupación por la manera en que de parte de Guillermo Alfonso Jaramillo se estaría estigmatizando a la célula legislativa
Se trata de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, que esperaba su extradición a Perú por otro delito vinculado al tráfico de drogas pero dos testimonios lo relacionan como el supuesto autor intelectual de los asesinatos de Brena, Morena y Lara, ocurridos el 19 de septiembre. Leer más
El hijo de Hugo Aguilar Naranjo â??oficial (r) de la Policía Nacional de Colombiaâ??, reconocido por su participación en la operación contra Pablo Escobar, está en la mira de las autoridades por su gestión entre 2020 y 2023
El purpurado participó de la llegada del Señor de los Milagros al puerto del Callao después de dos décadas
Ricardo Pinedo y Luis Giampietri detallaron que el parlamentario fue uno de los hombres intervenidos junto a cincuenta kilos de ANFO y dinamita
La Fiscalía investiga si la organización Pacto operaba como secta para captar y someter a jóvenes a jornadas laborales sin pago, mientras la defensa alega falta de pruebas concluyentes y testimonios contradictorios
José Luis Aguilar, productor del circo de La Chilindrina en Lima, salió al frente tras las declaraciones de María Antonieta de las Nieves, quien aseguró que no recibió un buen trato en Perú pese su delicada salud.
Desde una celda de la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Rawson, Konstantin Rudnev escribió una carta en la que se define como víctima de una condena mediática. "Un periódico puede ser un látigo", sentenció. El fundador de la secta Ashram Shambala, acusado en Argentina por trata de personas y reducción a la servidumbre, asegura que "no lo escucharon, me imprimieron" y que "la prisión no destruye el mal, lo engendra". Su abogado defensor cuestiona la investigación y adelanta que pedirá la prisión domiciliaria por razones de salud. Leer más
El video fue difundido en redes sociales donde se le encara al docente sobre permanencia con una alumna en el lugar. Asimismo, el docente tiene denuncias previas
El suboficial de tercera, Luis Magallanes, se encuentra suspendido de sus funciones, pero en libertad
En el vídeo aparecían dos niños de 8 y 9 años que vivían en la misma zona que el adolescente
El caso ocurrió en los primeros meses del año en la localidad de Centenario, Provincia de Neuquén. Fue imputado este miércoles. Leer más
Defensa del agente de la PNP presentó un habeas corpus ante el Poder Judicial para evitar que el suboficial sea enviado a prisión preventiva. Magallanes fue señalado por el Comandante General de la PNP como el autor del disparo que mató al artista urbano
La acusación federal indica que Decarlos Brown Jr. "intencionalmente mató" a Iryna Zarutska durante el ataque perpetrado a bordo de un tren del sistema Sistema de transporte público del área de Charlotte
Un hombre fue imputado y quedó detenido acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente durante una pijamada y dejarla embarazada. El agresor es familiar de la víctima y, según surge de la causa, habría amenazado a la víctima durante y tras el ataque.El fiscal del caso, Manuel Islas, formuló cargos contra P.D.M. por haber abusado sexualmente de una menor que es parte de su entorno familiar, tras una pijamada en una vivienda de la localidad de Centenario, Neuquén.La imputación ocurrió en las últimas horas durante una audiencia en la Ciudad Judicial de la capital provincial y, además de la acusación, el fiscal solicitó que el acusado quede en prisión preventiva mientras avanza el proceso. Según la teoría del caso que presentó el fiscal Islas junto a la asistente letrada Vanesa Muñoz, el hecho fue cometido entre febrero y marzo de este año.En la investigación se pudo comprobar que el acusado, familiar de la víctima, cometió el abuso luego de organizar una pijamada en su vivienda y que en medio del encuentro llevó a la adolescente hacia una habitación donde la abusó sexualmente. "Para silenciar a la víctima la amedrentó diciéndole que, si decía algo, iba a matar a su madre", indicó el fiscal del caso, quien también añadió que, como consecuencia de esa violación, la menor quedó embarazada, según se informó en el medio provincial La Mañana de Neuquén.El delito que le atribuyó fue abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por ser cometido por un ascendiente, contra una menor de 18 años de edad aprovechando la convivencia preexistente y por ser encargado de la guarda.El fiscal requirió la imposición de la prisión preventiva por un plazo de cuatro meses mientras avanza el proceso investigativo. Para fundamentar la medida cautelar, el representante del Ministerio Público argumentó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, para la integridad de la víctima y de fuga.El juez de Garantías Juan Manuel Kees avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva por cuatro meses. También autorizó la extracción de sangre al acusado para realizar un cotejo de ADN con las pruebas materiales recogidas en la pesquisa.
Un intento de beso, pagos en efectivo y otras acusaciones agitan a la Iglesia Anglicana en América del Norte
El tenis argentino se sacude con una noticia de alto impacto, vinculada a un caso de doping. Facundo Bagnis, de 35 años y extensa trayectoria (actual 401° del ranking mundial, 55° en 2016), optó por una suspensión provisional voluntaria tras ser acusado por cometer una infracción de las normas antidopaje por parte de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). El 2 de octubre pasado, la ITIA le envió al jugador nacido en Rosario -pero criado en Armstrong, Santa Fe- una notificación previa a la sanción por una infracción de las normas antidoping, por "uso de una sustancia prohibida sin una autorización de uso terapéutico válida". Bagnis, según el informe de la ITIA, proporcionó una muestra en competencia durante la fase clasificatoria del último US Open, el 18 de agosto pasado, cuando perdió en la primera ronda ante el australiano James Duckworth, por 6-4 y 6-2.La prueba se dividió en muestras A y B; el análisis posterior determinó que la muestra A contenía hidroclorotiazida, prohibida por el Programa Antidopaje del Tenis, en la categoría de "diuréticos y agentes enmascarantes". "La hidroclorotiazida es una sustancia específica y Bagnis no contaba con una autorización de uso de sustancias válida para dicha sustancia. Si bien las sustancias específicas no conllevan una suspensión provisional obligatoria, Bagnis optó por la suspensión provisional voluntaria el 18 de octubre de 2025. El tiempo cumplido bajo suspensión provisional se computará en cualquier sanción futura. Durante la suspensión provisional, Bagnis tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional", comunicó la ITIA.Como suele ocurrir con todos los casos antidopaje, se investigará y Bagnis tendrá la oportunidad de proporcionar información de su parte sobre lo sucedido.El comunicado de la ITIAArgentinian tennis player Facundo Bagnis has entered into a voluntary provisional suspension under the Tennis Anti-Doping Programme.— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) October 23, 2025En su momento, la hidroclorotiazida fue una sustancia que se hizo popular por los casos de doping de los futbolistas de River Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada. Los agentes enmascarantes son compuestos que muchas veces se toman con el propósito de ocultar la presencia de drogas ilegales específicas que no aparecen en los controles. Estas sustancias, como el hidroclorotiazida, tienen el potencial de deteriorar o encubrir la sustancia prohibida en la orina."Me tomó por sorpresa"Bagnis es un tenista respetado en el circuito. Nunca le sobró nada y conoce las distintas escalas del profesionalismo: entró en el top 100 en 2014, alcanzó su mejor posición en 2016 (55°), sufrió lesiones, retrocedió casilleros, pero volvió. Esta temporada, de hecho, volvió a competir después de que una lesión de rodilla lo dejara cerca del retiro. Es uno de los argentinos con más títulos en el Challenger Tour, la segunda división del profesionalismo, con 17. A través de una carta, Bagnis confirmó haber recibido la notificación de la ITIA y confesó que está atravesando "uno de los peores momentos" de su carrera. "La noticia me tomó completamente por sorpresa. Desde el primer momento estoy colaborando con la ITIA de manera total y transparente para aclarar todo lo antes posible. Además, decidí aceptar voluntariamente la suspensión provisoria, con el fin de dedicar toda mi atención a este proceso y demostrar que no tengo nada que esconder", se expresó Bagnis, dos veces finalista en singles en el ATP Tour (Santiago de Chile 2021 y Córdoba 2024). Y prosiguió: "Quiero dejar en claro que nunca tomaría conscientemente algo prohibido, por eso tengo plena confianza en mi inocencia y en que la verdad va a salir a la luz, con un desenlace justo (...) Con un equipo de médico toxicológico y abogados que trabajan conmigo, sospechamos de contaminación cruzada y pronto llegaremos a que se sepa la verdad, hoy es nuestro primer objetivo (...) Agradezco de corazón a todos los que me acompañan desde el primer momento y confían en mi integridad. Abrazo a todos". La carta de Bagnis View this post on Instagram A post shared by Facundo Bagnis (@facubagnis)Cuando muchos de sus colegas son más individualistas de lo que el propio tenis demanda y se encierran en una burbuja, Bagnis siempre se detuvo en medio de la vorágine y tuvo la capacidad para observar más allá, expresándose con profundidad sobre temas importantes, como el sistema desbalanceado, donde sólo las primera cien raquetas pueden subsistir económicamente. Además, encabeza una escuela de tenis adaptado en Armstrong, con el padrinazgo de Eduardo Schwank (14° de dobles en 2011 y actual subcapitán del equipo argentino de la Copa Davis). Bagnis fue dos veces nominado para la Copa Davis y jugó un partido, contra Emil Ruusuvuori, de Finlandia, en febrero de 2023, en la caída 3-1 de visitante, con la capitanía de Guillermo Coria.
El Juez de Garantías, Daniel Insaurralde, accedió al pedido de la defensa del acusado de tomar fotografías a una menor en un comercio, para que se sustituya la detención "por tres días" por una internación psiquiátrica. La documentación que presentó su abogado. Leer más
La víctima tenía 16 años y fue engañada con una falsa oferta laboral en Recoleta. El Ministerio Público Fiscal también solicitó una reparación económica. Leer más
Hasta el momento hay dos jóvenes capturados por la agresión en contra del defensor
El abogado Nicolás Payarola Hernayes, que entre otros, representó a la mediática conductora Wanda Nara y al campeón del mundo Gonzalo Montiel, deberá depositar una caución de $300 millones en el marco de la causa donde está imputado por estafa y defraudación. Así lo resolvió la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro al hacer lugar a una apelación presentada por el abogado José María Vera, representante de Sergio Alejandro O., quien fue cliente del letrado imputado y presentó la denuncia que dio origen a la investigación."Las cuestiones se van acomodando a una instancia donde se pueda disponer la detención de Payarola Hernayes", dijo a LA NACION el abogado Vera tras conocer el fallo del tribunal de alzada.En primera instancia, la jueza de Garantías de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, magistrada que interviene en el expediente, había fijado una caución de $40.000.000 y la prohibición de salir del país."Es cierto que no se cuenta con datos precisos acerca del patrimonio del imputado Payarola, circunstancia que guarda relación con la propia naturaleza delictiva de los hechos aquí investigados. Sin perjuicio de ello, de las constancias de la causa puede inferirse, a partir de su modo de vida, lugar de residencia y domicilio laboral, un nivel económico que, considerado en conjunto con la magnitud del perjuicio ocasionado, permite concluir que el monto fijado por el a quo no resulta suficiente para disuadir al imputado de sustraerse del proceso", sostuvo el juez Diego Martínez en el fallo del tribunal de alzada.Y agregó: "Por estos motivos, considero así que la suma fijada por la magistrada de instancia resulta insuficiente, por lo que debe ser revocada, entendiendo adecuado revaluar el monto fijado en la suma de $300.000.000, siendo el mismo razonable para asegurar la comparecencia del encausado al proceso, en el entendimiento de que la pérdida de dicho dinero resulta un elemento disuasivo suficiente para evitar que el nombrado se fugue del país o eluda la acción de la justicia, resultando proporcional al daño ocasionado, la naturaleza del hecho imputado y el patrimonio del encausado. A mi criterio, dicho monto de ningún modo puede considerarse como una suma desproporcionada en atención a la pluralidad y naturaleza de los hechos, la magnitud del daño que se habría causado con ellos, el cuadro de peligro procesal valorado y la capacidad económica del imputado". Su colega Gustavo Herbel adhirió a los fundamentos esgrimidos.La investigación, a cargo de Cosme Iribarren, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, había comenzado tras la denuncia de Alejandro O.El denunciante relató siete hechos de estafa. "El imputado, habiéndose ganado la confianza de su cliente y amigo mediante engaños, abuso de confianza, sustracción de documentación y falsas promesas de resolución de conflictos de Sergio Alejandro O., obtuvo ilícitamente, en beneficio propio y de posibles terceros que surgirán del avance de la pesquisa que nos ocupa, la suma de aproximadamente $63.672.107 y US$ 64.200, al no atender los intereses patrimoniales de la víctima vinculados a los distintos procesos judiciales que lo tenían como actor, al no cumplir con el pago del dinero que en algunos casos le era reclamado", sostuvo el fiscal Iribarren en un dictamen de junio pasado cuando pidió allanar el domicilio y el estudio del abogado, situados en el complejo urbanístico Nordelta, en el partido de Tigre.Tras el pedido del fiscal, el juez de Garantías Orlando Díaz hizo lugar y ordenó los procedimientos. Pero rechazó la solicitud para detener a Payarola HernayesLos procedimientos se hicieron en la casa del abogado, en el barrio Golf, y en su estudio, en la zona conocida como Paseo de la Bahía 2."A priori y, sin perjuicio de las derivaciones y avances de la pesquisa, entiendo que los hechos aquí relatados constituyen los delitos de estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida, defraudación por abuso de firma en blanco y defraudación por administración fraudulenta reiterada", había dicho el fiscal en el citado dictamen.El representante del Ministerio Público Fiscal también había sostenido que el abogado denunciado "hizo y generó un perjuicio económico y patrimonial al mentado Sergio Alejandro O., que debió en distintos expedientes y trámites abonar para solucionar definitivamente los conflictos y reclamos solo generados exclusivamente por los engaños de Payarola Hernayes la 'friolera' suma de aproximadamente de $13.221.872,70, 27.500 euros y US$608.000: ello, sumado a decretos de embargos y una quiebra pequeña, conforme surge de la documentación agregada".A principios de mes, además, Payarola Hernayes recibió otro revés judicial. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de primera instancia en la causa donde Montiel lo había denunciado por estafa, según informó el sitio Infobae.
Agentes de la Divincri La Libertad detuvieron al joven durante una persecución policial en la avenida Cahuide. En su poder se hallaron drogas, un celular y prendas que serían parte de las pruebas del crimen
El estadounidense falleció a los 29 años y aún no se conoce la causa de su muerte.El excampeón mundial Vladímir Krámnik fue quien lo denunció en redes sociales y tras su muerte escribió: "Yo fui el único que advirtió sobre sus problemas".Otros como el estadounidense Hikaru Nakamura y el indio Nihal Sarin repudiaron la actitud del ruso.
Las autoridades de Nueva York investigan a Damien Hurstel tras una confesión escalofriante, que reabre el debate sobre la atención a jóvenes con antecedentes psiquiátricos en entornos familiares vulnerables
Según explicaron las autoridades, el sindicado fue imputado por el delito de homicidio agravado varios meses después de haber perpetrado el crimen
Es requerido por un tribunal de Kentucky, donde también se le acusa de asociación delictuosa
Este lunes llega a Córdoba trasladado desde Entre Ríos por cuerpos policiales especiales. El Servicio Penitenciario lo recibirá y lo enviará de inmediato a Cruz del Eje. Indagatoria, la próxima semana. Leer más
La empresa tiene ahora la obligación de readmitirle o indemnizarle con 3.537,79 euros
Su abogado argumenta daños psicológicos en el sujeto de 19 años
COMODORO RIVADAVIA.- El Consejo de la Magistratura de Chubut resolvió por unanimidad elevar a un jury de enjuiciamiento al juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel Claudio Alejandro Petris, acusado de enriquecimiento ilícito, abuso de poder y maniobras financieras irregulares. Sobre Petris, que tras el escándalo renunció a la presidencia de la Asociación de Magistrados de Chubut, pesaban acusaciones vinculadas a amenazas y "favores sexuales". La decisión se adoptó durante la sesión plenaria realizada el pasado jueves en Puerto Madryn y fue acompañada por el pedido de suspensión inmediata del magistrado, ante la gravedad de las faltas detectadas.La denuncia, impulsada por el fiscal de Estado Andrés Meiszner, se originó en una investigación penal iniciada de oficio por el Ministerio Público Fiscal (causa Nº 145.262), a partir de un informe del portal Chubut Online y una entrevista radial que incorporó nuevos elementos de prueba.Las presuntas irregularidades incluyen un incremento patrimonial no justificado, intervenciones judiciales en causas donde habría tenido intereses personales y conductas consideradas éticamente incompatibles con el cargo.Patrimonio bajo sospechaEl dictamen elaborado por la consejera instructora Mabel del Mármol detalla una serie de operaciones económicas que, a su criterio, "revelan un manejo patrimonial incompatible con el decoro y la transparencia que exige la función judicial". La investigación detectó al menos ocho inmuebles no declarados y el uso de familiares o presuntos testaferros para registrar bienes, entre ellos un vehículo Mini Cooper, cuyo dominio â??GWZ214â?? pasó por tres manos antes de terminar en posesión de una hija del magistrado."Las pruebas valoradas aportan datos significativos sobre el patrimonio personal y familiar del doctor Petris, conformado por numerosos vehículos y propiedades cuyo origen no puede explicarse razonablemente con los ingresos públicos de un juez de Cámara", señala el dictamen. En su análisis, Del Mármol también advirtió que el juez se encontraba inscripto en la AFIP bajo el rubro "Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas y eventos", una actividad expresamente vedada por la ley provincial para los magistrados.La consejera sostuvo que esa inscripción "no implica una mera tenencia pasiva de bienes, sino la formalización de una actividad comercial", lo que constituye "una causal objetiva de mal desempeño". Según el documento, Petris también habría donado más de 18 millones de pesos en efectivo a su hija para la compra de un vehículo de lujo, monto "incompatible con sus ingresos declarados".Abuso de poderOtro de los puntos señalados por el Consejo de la Magistratura fue la presunta falta de excusación de Petris en una causa de alimentos que involucraba al exfutbolista Aldo Pedro Duscher, con quien mantenía una relación de amistad y vínculos familiares cruzados. El juez habría fallado en una causa sin apartarse, pese a la evidente proximidad con una de las partes.La denunciante aseguró incluso haber visto a Petris conduciendo vehículos pertenecientes a Duscher. "Estos actos demuestran una familiaridad que excede la relación social y debió motivar su apartamiento", concluyó la consejera Del Mármol.El dictamen también menciona declaraciones de un ciudadano que lo acusa de amenazas, coerciones y abuso sexual, aunque esos episodios no fueron aún formalmente incorporados a la causa penal.En su defensa, el juez â??asistido por el abogado Nicolás Mendiveâ?? negó todas las acusaciones y calificó el proceso como una "persecución política". Argumentó que la investigación es consecuencia de su actuación como presidente de la Asociación de Magistrados de Chubut (Amfjch), desde donde se opuso a la iniciativa del gobernador Ignacio Torres de eliminar los fueros judiciales mediante plebiscito."Este proceso responde a intereses personales del gobernador y constituye una represalia institucional", afirmó en su presentación. Petris también planteó la nulidad del sumario por considerar que la denuncia carece de una relación clara y precisa de los hechos, y se apoya en publicaciones periodísticas. "Se trata de una excursión de pesca", afirmó en su escrito.Respecto de su patrimonio, dijo que está plenamente justificado por "42 años de trabajo", y rechazó haber utilizado testaferros. Calificó las acusaciones de índole sexual como "totalmente falsas" y sostuvo que el vehículo Mini Cooper era de uso de un conocido, Santiago Orieta, "persona con medios económicos propios".Las denuncias contra Petris no son nuevas. Desde mediados de 2025, el fiscal Meiszner había presentado acusaciones por abuso de poder, fraude y enriquecimiento ilícito, en las que se lo señalaba por ocultar bienes, utilizar testaferros y mantener relaciones impropias con partes en litigio. También se sumaron testimonios por amenazas y comportamientos inadecuados dentro del ámbito laboral.En junio de ese año, en medio de esa escalada de denuncias, Petris presentó su renuncia a la presidencia de la Asociación de Magistrados de Chubut, cargo que ocupaba desde 2022. Alegó que era víctima de una "campaña de desprestigio" basada en rumores y publicaciones anónimas. "No existen denuncias formales con pruebas verificables. Esta operación busca dañar la independencia del Poder Judicial", expresó entonces.Sin embargo, la renuncia se produjo en un contexto de fuerte tensión institucional: la Asociación había presentado una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del Ejecutivo que convocaba al plebiscito para eliminar los fueros de jueces y funcionarios. La salida de Petris, que encabezaba esa ofensiva, fue interpretada en ámbitos judiciales como un gesto político.El voto unánime y lo que vieneConcluida la instrucción, la consejera Del Mármol sostuvo que las pruebas reunidas "acreditan conductas incompatibles con la función judicial y constituyen un quebranto de la confianza pública". Su dictamen fue aprobado sin disidencias.El Consejo remitió el caso al Tribunal de Enjuiciamiento y solicitó que analice la suspensión de Petris en sus funciones y el cese en el pago de sus haberes, conforme al artículo 25 de la Ley V N° 80. También se conformó una Comisión de Acusación para representar al Consejo durante el proceso y ampliar los cargos si surgen nuevos elementos.
El escándalo de corrupción de IN Groupe involucra a su filial Surys, sancionada en Francia por sobornos y malversación en contratos de pasaportes entre 2018 y 2023
El Poder Judicial dispuso que la niña fuera trasladada de manera temporal a un albergue especializado
El Presidente comparte abogado con Federico "Fred" Machado, investigado por narcotráfico; con los jóvenes absueltos en la violación grupal de la mal llamada "Manada de Chubut"; con Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe; y con Máximo Thomsen, uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. La abogada de la víctima de una violación grupal en Chubut denuncia violencia institucional y vínculos con el poder político. Leer más
La alcaldesa de San Sebastián, Jackelin Jiménez, le pidió a Alexander Moreano retirarse, ya que considera "una falta de respeto" hacia sus colegas