acceso

Marlaska dice que la inmigración está "perfectamente gestionada" y el PP alerta: "España es la puerta de acceso a Europa

El Govern se compromete a hacer propuestas para mejorar el acceso de migrantes a cursos de catalán

Ahora, los recibos de sueldo se pueden ver desde la app Mi AFIP: quiénes tienen acceso

Se trata de una herramienta a la que podrán acceder algunos trabajadores. Aquí van los sencillos pasos para su visualización. Leer más

Meta prohíbe el acceso a medios estatales rusos en todas sus aplicaciones

Es por detectar "actividades de interferencia extranjera".El Kremlin calificó de "inaceptable" la decisión de la empresa matriz de Instagram y Facebook, que rige para todo el mundo.Ocurre luego de que EE.UU. acusara a RT de financiar campañas en redes sociales.

Horacio Rosatti destacó el valor del acceso a la información y la libertad de expresión

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, reclamó que la "calidad institucional", que implica "la independencia del Poder Judicial, la división de poderes, la libertad de expresión y el acceso a la información pública", sea tan relevante como la economía, la salud y la educación en el "desarrollo humano" de la Argentina.Las palabras del juez abrieron la cena anual de la ONG Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, donde su presidente, el politólogo Martín D'Alessandro, pronunció un fuerte discurso en el que reclamó transparencia y la autolimitación en el ejercicio el poder de los gobernantes, como un antídoto contra la polarización discursiva y la autoprotección política.Rosatti, en su discurso, hizo un recorrido desde que llegó a la Corte Suprema, hace ocho años y medio, donde dijo que se pasó de un modelo personalista, concentrado, a un modelo colegiado, tanto en lo administrativo como en las deliberaciones para dictar sentencias. Dijo que el nuevo modelo contribuyó a la transparencia que impera hoy en el máximo tribunal.Sin mencionarlo, Rosatti aludió a la gestión de Ricardo Lorenzetti, que fue presidente de la Corte durante 10 años y que ahora tiene grandes diferencias con sus colegas Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Las palabras de Rosatti se conocen a dos semanas de que en la Corte debe realizarse una elección crucial para elegir al próximo presidente, donde Lorenzetti -que promueve la juez Ariel Lijo para el máximo tribunal- no tiene chances con la actual integración.Rosatti dijo que había una concentración en la autoridad administrativa y que "no se cumplían las reglas de una buena administración". En la práctica, la Corte desplazó al administrador de Lorenzetti, Héctor Marchi, lo que motivó otra fuerte pelea entre los jueces. Rosatti sostuvo que ahora hay control de legalidad y de la gestión."Hay una demanda social de transparencia", dijo Rosatti y consideró que el juez es un funcionario público bajo el escrutinio social ("y con razón", añadió), lo que generó una transformación en la gestión del tribunal, que se complementó con el trabajo mancomunado con el Consejo de la Magistratura."La calidad institucional implica la independencia del Poder Judicial, la división de poderes, la libertad de expresión y el acceso a la información pública", sostuvo el juez y dijo que tienen que ser tan relevantes al considerar el "desarrollo humano" como la economía la salud o la educación. La frase resonó en medio del decreto del presidente Javier Milei que restringió los pedidos de acceso a la información pública.El juez, que integró la Convención Constituyente de 1994, dijo que en ese momento el país pudo reunir durante tres meses en un mismo ámbito de discusión a políticos tan enfrentados como Raúl Alfonsín y Aldo Rico. "Nos reunimos, más allá de las ideologías, en concordia. ¿Si pudimos hacer algo así entonces, como no podemos hacerlo ahora mismo en este mismo país", se preguntó el magistrado.El juez admitió los problemas de la lentitud de la Justicia, pero los adjudicó a la judicialización excesiva de los conflictos, donde el Estado dijo es el principal proveedor de sentencias, cerca del 65 por ciento, de las que tramitan en el tribunal, que se refieren a apelaciones de causas por ajustes de jubilaciones, que la autoridad prefiere apelar para no pagarle a los jubilados. "SI lo que pasa a la mañana se judicializa a la tarde, perdemos todos", dijo el juez.El presidente de Poder Ciudadano, en la misma tónica, dijo que la judicialización de la política se profundiza como una amenaza de autoprotección de la política y que este fenómeno va en paralelo a la negativa de los líderes a limitarse en su propio poder. "Esa radicalización, se contagia a los adversarios, el discurso se enardece y los adversarios dejan de ser considerados pares legítimos", dijo el politólogo, al describir este mecanismo de degradación institucional. "La salida solo es posible con la autolimitación en el ejercicio del poder, ello aumenta la confianza y hasta ayuda a resolver los problemas económicos", sentenció.Sostuvo que Poder Ciudadano seguiría siendo un "tábano que moleste al que detenta el poder para recordarle sus límites y reclamarle transparencia".

Acceso a la información pública: los riesgos de un decreto intimidante y silenciador

El vocero oficial del Gobierno Nacional, Manuel Adorni, anunció que no se dará marcha atrás con el decreto del Poder Ejecutivo que restringe el derecho de acceso a la información (decreto reglamentario 780/2024). Este decreto pretende reglamentar ciertos aspectos de la ley de acceso a la información pública (ley 27.275), pero lo cierto es que modifica y restringe severamente el concepto y el alcance de este derecho.En primer lugar, esto vulnera la sustancia misma de los decretos reglamentarios, que fueron creados por nuestra Constitución Nacional con la intención de que el Presidente pueda emitir los reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, pero siempre cuidando de no alterar su espíritu. La sanción del decreto 780/2024 no cumple con estos requisitos debido a que nada de lo que allí se reglamenta está destinado a asegurar la ejecución de la ley sino a restringir de modo preocupante el alcance de un derecho humano fundamental, como es el derecho de acceso a la información.Con el nuevo decreto, si un ciudadano quiere conocer información en poder de entidades privadas sobre funcionarios públicos, éstas pueden apelar a la idea de "datos de naturaleza privada" (por cierto, una categoría inexistente en nuestro sistema legal) para rechazarlo. Lo mismo sucede con información en manos de personas privadas que tienen alguna vinculación con lo público (por ejemplo, que reciben fondos públicos) y que, por ende, son legítimamente pasibles del control ciudadano, como los sindicatos, partidos políticos y organizaciones empresariales. Crear por vía reglamentaria una categoría de datos sin especificar su contenido y alcance es una práctica peligrosa y arbitraria que puede fomentar la opacidad y sacar de la esfera pública información que es relevante para todos.Voy ahora a un segundo problema. Cuando un organismo público toma una decisión que puede tener consecuencias relevantes sobre nuestros derechos -por ejemplo, al aprobar o restringir la comercialización de un determinado medicamento-, suele hacerlo a través de un procedimiento decisorio en el que existen informes y cuestiones previas muy relevantes para entender por qué decide del modo en que lo hace. Con la regulación planteada por el decreto, se dejan afuera del concepto de "documento de carácter público" esas deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo y, por lo tanto, dejan de ser accesibles para la ciudadanía. Además de no poder conocer cuál es la motivación y antecedentes que sustentan la decisión, el decreto atenta contra uno de los principios estructurales del sistema interamericano de derechos humanos, que fue incorporado expresamente en la ley nacional 27.275: el principio de presunción de publicidad, según el cual toda la información en poder de los organismo públicos -entre otros sujetos obligados- se presume pública, excepto que ocurra alguna de las excepciones previstas en la propia ley.Por otro lado, el decreto establece medidas en caso de que se verifique el ingreso de solicitudes de información de parte de una misma persona que reiteren un pedido ya contestado, "independientemente de la respuesta que elabore el sujeto obligado". Además de notificarle esto a la Agencia de Acceso a la Información, órgano garante en la materia, ahora los solicitantes de información son pasibles de ser demandados en un proceso judicial con el argumento de que existe un ejercicio abusivo del derecho, y con la posibilidad de reclamarles una indemnización como consecuencia.Esto genera un efecto intimidante y silenciador, especialmente en aquellos que deben realizar pedidos frecuentes de información pública por el rol que ejercen en la sociedad, como periodistas y organizaciones de la sociedad civil, quienes deben informar asuntos de relevancia pública o necesitan acceder a información para reclamar otros derechos, como el acceso a prestaciones de salud, a planes de educación o a beneficios jubilatorios. Y, en más de un ocasión, deben reiterar esos pedidos porque los organismos públicos no responden a las preguntas de sus solicitudes, o les entregan información que es incompleta o insuficiente.El decreto, en vez de crear los mecanismos necesarios para que los agentes públicos gestionen esos casos de manera eficiente, les da pie para brindar cualquier respuesta y luego, frente a la reiteración de los pedidos, alegar un ejercicio abusivo del derecho. Ello sumado a que desvirtúa el rol de la Agencia de Acceso a la Información, cuya misión principal es controlar a los sujetos obligados para velar por el cumplimiento de la ley y no dejar en evidencia a ciudadanos por ejercer sus derechos.Frente a las críticas que provocó la sanción de este decreto desde distintos sectores, algunas cuentas de redes sociales circularon la idea de que quien quiera reglamentar el acceso a la información pública debe primero ganar las elecciones. Es importante recordarles a quienes ganaron las elecciones que existen límites constitucionales impuestos por nuestro Estado de Derecho que les impiden vulnerar los principios más estructurales de nuestro sistema y atentar contra un derecho humano fundamental que, por cierto, es central para el funcionamiento de nuestra democracia.La autora es abogada, docente de derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Palermo, y consultora internacional en temas de transparencia, acceso a la información y derechos humanos.

Los oncólogos piden soluciones para acortar los trámites de acceso a nuevos tratamientos

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: sin acceso peatonal, inseguridad y otros temas pendientes a meses de la inauguración

Infobae Perú hizo un recorrido por los alrededores de los puentes modulares instalados por el MTC de manera temporal. Asimismo, el titular del MTC aseguró que está trabajando con entidades para que se tenga listo algunos puntos

CIDH advierte impactos a independencia judicial y al acceso a la justicia por aprobación de la reforma judicial

La Comisión cuestionó la medida denominada "jueces sin rostro", cuyo uso ha sido declarado contrario a la Convención Americana por los órganos del sistema interamericano

Violencia: derribaron la puerta de acceso a la Legislatura de Santa Fe tras la aprobación de la reforma previsional

ROSARIO.- Graves incidentes se produjeron este mediodía en la Legislatura de Santa Fe, donde un grupo de manifestantes que se opone a la reforma previsional que se aprobó en la Cámara baja santafesina se enfrentó a la policía. El punto más álgido del día se dio cuando la gente que protestaba, la mayoría identificados con partidos de izquierda, logró voltear la puerta principal del edificio de la Legislatura.Este jueves era un día clave para la reforma previsional que impulsa el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, ya que la Cámara de Diputados provincial debía aprobar el proyecto que tenía media sanción del Senado. Aunque estaba previsto que se produjeran protestas en la sede legislativa de la capital provincial, sorprendió el nivel de confrontación de los manifestantes, que en un principio pretendían impedir el ingreso de los diputados al edificio.El proyecto se aprobó este mediodía en general y la oposición se retiró. La votación resultó con 23 votos positivos, nueve negativos y 11 abstenciones. Además, hubo seis ausentes. La votación se dio dentro de lo previsto, pero lo que llamó la atención fueron los fuertes incidentes que se produjeron.La situación generó tanta tensión que fueron varios diputados de la oposición y el oficialismo los que debieron intervenir para mediar y evitar que crecieran los enfrentamientos. "Quieren escuchar la postura de cada uno de los legisladores elegidos por el pueblo", reclamó la diputada Amalia Granata. En el mismo sentido se manifestó Miguel Rabbia, representante del peronismo en la Cámara Baja: "No piden nada fuera de lo normal, es la casa del pueblo y no pueden quedar afuera", apuntó.La jornada comenzó con polémica a partir de la decisión del Ministerio de Seguridad de rodear las inmediaciones de la Legislatura con un fuerte operativo que incluyó unos 200 agentes y la colocación de vallas antitumultos. A partir de las gestiones de los legisladores, fueron retiradas del lugar. "Es una intimidación pública hacia los trabajadores", señaló Rabbia.La exvicegobernadora de Santa Fe Alejandra Rodenas condenó la decisión del gobierno y la comparó con lo que hizo el presidente Javier Milei en el marco de la discusión sobre el veto que se dio ayer en el Congreso. "Si Pullaro está reclamando la deuda, por qué mientras tanto decide ajustar a los trabajadores", se preguntó.Jubilaciones | Todos perdieron: una victoria pírrica del oficialismo frente a una oposición inarticuladaEl proyecto que impulsa el gobierno prevé declarar la emergencia previsional por dos años, aunque prorrogable por uno más por la actual administración. Fija además tope de haberes de 20 jubilaciones mínimas y eleva progresivamente los aportes, que pasarán del 14 por ciento actual a una escala que va de 15,5 a 21%, en función del ingreso. El gobierno argumenta que la Caja de Jubilaciones de Santa Fe entre un 20 y 30 por ciento el déficit del organismo que, proyectado para 2024, es de 430.000 millones de pesos.También estipula un aporte solidario para funcionarios activos y pasivos. En el último caso, tributarán un 2 por ciento aquellos que ganen más de tres jubilaciones mínimas (1.134.000 pesos de bolsillo).Otro cambio aprobado por la Cámara alta es la ampliación de la comisión técnica que controlará la emergencia previsional: ahora estará compuesta por seis diputados, cuatro senadores, dos representantes del Ejecutivo y referentes sindicales del sector público.El proyecto también le otorga al gobernador de turno la chance de cambiar la edad jubilatoria en caso de que ese punto se modifique en el sistema previsional nacional.

Santiago Caputo mandó una delegada a explorar cambios con la oposición, pero insiste con mantener el decreto que limita el acceso a la información

Los diputados del macrismo que fueron a la Rosada exigen modificaciones En la mesa chica de Milei niegan una marcha atrás y adelantaron nuevos rechazos a leyes con impacto presupuestario, como fondos universitarios.

La Mesa del Congreso da vía libre a la reforma de su tienda de recuerdos para permitir acceso directo de público

El 'viacrucis' de 6.000 habitantes de un pueblo en Francia: cierran durante meses el único puente de acceso por el que pasan 7.000 vehículos al día

Los vecinos de esta localidad solo podrán cruzarlo a pie o en bicicleta. La alternativa para los vehículos implica un desvío de 15 kilómetros

Dermatitis atópica: cuáles son las dificultades más frecuentes que complican el acceso al tratamiento

Esta enfermedad crónica tiene un impacto severo en la vida de quienes la transitan. Una encuesta de la AEPSO reveló los obstáculos que limitan la posibilidad de recibir las terapias requeridas

De diagnóstico precoz a acceso a la medicación, los desafíos para el tratamiento de la epilepsia en la región

Esta condición afecta al 1% de la población. En muchos países, los pacientes tienen dificultades para conseguir turnos o cobertura para los fármacos recetados. Cuáles son los tipos más frecuentes de este trastorno neurológico y un repaso por las novedades terapéuticas

La estrategia que seguirá Portland para mejorar el acceso a la vivienda

Con el objetivo de abordar la marcada crisis de hogar que afecta a los residentes de la ciudad, la semana pasada, el consejo municipal de Portland, Oregón, dio un paso fundamental al aprobar su primera estrategia de producción de viviendas. La medida, impulsada por el desajuste entre los ingresos de los residentes y el aumento en los precios de las viviendas y alquileres, busca resolver este problema a través de una serie de políticas públicas diseñadas para promover el desarrollo de viviendas accesibles.Tal como publicó Smart Cities Dive, la estrategia aprobada detalla 35 acciones que incluyen la rezonificación de terrenos para construir hogares asequibles y la implementación de políticas que incrementen la cantidad de unidades habitacionales para personas mayores o con discapacidad. Los responsables del plan buscan asegurar que estas propuestas no queden archivadas.Según lo expresado por la comisionada Carmen Rubio, este conjunto de medidas permitirá a los funcionarios de la ciudad, establecer prioridades concretas para los próximos años. Además, brindará un marco de transparencia que la comunidad local podrá seguir de cerca para garantizar que las iniciativas avancen de manera efectiva.Una crisis que demanda soluciones urgentesAl igual que otras ciudades en los Estados Unidos, Portland enfrenta una grave crisis habitacional que requiere de acciones inmediatas. El costo cada vez mayor del desarrollo inmobiliario, las dificultades en los financiamientos y la escasez de mano de obra son algunos de los obstáculos que la ciudad debe sortear para hacer frente a la demanda de viviendas.En este sentido, la estrategia de producción de viviendas busca, entre otras cosas, asegurar mayores recursos financieros destinados a la construcción de viviendas asequibles, así como fomentar la creación de hogares en barrios que ofrezcan mayores oportunidades para sus residentes.Una encuesta realizada por The Pew Charitable Trusts en 2022 reveló que existe un amplio consenso bipartidista a favor de políticas que promuevan la oferta y la asequibilidad de viviendas a nivel estatal y municipal. Además, la estrategia de Portland responde, en parte, a la ley estatal promulgada en 2019, que obliga a las ciudades con más de 10.000 habitantes a desarrollar planes específicos para satisfacer sus necesidades de vivienda.Un modelo a seguir: la experiencia de Los ÁngelesEn el marco de la elaboración de esta estrategia, las autoridades de Portland mantuvieron diálogos con representantes de otras ciudades que enfrentan desafíos similares. En particular, los funcionarios tomaron como referencia algunas de las medidas implementadas por Los Ángeles e intercambiaron ideas y experiencias.La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, estableció en 2022 una orden ejecutiva para agilizar los procesos de permisos relacionados con la construcción de refugios temporales y viviendas asequibles, lo que fue considerado como un modelo a seguir por los dirigentes de Portland.Carmen Rubio señaló que uno de los objetivos inmediatos es que las viviendas asequibles y aquellas destinadas a ingresos medios sean aprobadas en un plazo máximo de 90 días. Esto permitiría acelerar los procesos burocráticos y facilitaría la construcción y el acceso a más viviendas para la población de Portland.En definitiva, la estrategia de producción de viviendas de Portland es una respuesta a la crisis actual, pero también representa un compromiso a largo plazo por parte de las autoridades municipales para garantizar el acceso a la vivienda de todos sus ciudadanos.

Alarma por la falta de acceso continuo a agua potable en Ica: solo el 13.3% de los hogares cuenta con el servicio las 24 horas

En la región, 9 de cada 10 hogares carecen de acceso continuo al agua potable. Esta escasez pone en riesgo la salud pública, con más de 31 mil casos de dengue registrados este año

Karina Banfi: "Restringir el acceso a la información pública va a tener consecuencias en la inversión y en lo institucional"

La diputada radical cargó contra el decreto presidencial que restringe el acceso a la información. Es optimista en que habrá un acuerdo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para hacer las modificaciones necesarias.

El difícil acceso a la Justicia cuando el enemigo está en casa

De cada mil casos de este flagelo, solo uno termina en una condena judicial. Argentina está muy atrás en la carrera contra la violencia sexual en la infancia y en la adolescencia. Leer más

Acceso a la información: si el Gobierno no modifica el decreto, la oposición dialoguista pedirá su inconstitucionalidad a la Justicia

El diputado de Carrió, Juan Manuel López, dijo que esperan ver el resultado de un compromiso del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de modificar ese decreto que restringió el acceso a la información pública. De lo contrario, irán a la Justicia o buscarán derogarlo en el Congreso.

Francos habló de la interna con Santiago Caputo por el acceso a la información pública

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó este viernes calmar las aguas alrededor de sus diferencias con el asesor estrella del presidente Javier Milei, Santiago Caputo, sobre si modificar o no el decreto sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, que tuvo el fuerte rechazo de la oposición en el Congreso. Aunque aseguró que "no hay disputa entre funcionarios del Gobierno" al respecto, también remarcó su rol institucional sobre el del asesor contratado en una entrevista con LN+. "Muchas veces el Presidente ha dicho que esto es el triángulo de hierro [por Karina Milei y Santiago Caputo], pero él me designó a mí porque tiene la confianza de que puedo ejercer el rol de jefe de Gabinete", dijo Francos.Las idas y vueltas continúan alrededor de la Ley de Acceso a la Información Pública. El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó por la mañana que no modificarán el decreto a pesar de que, solo unos días antes, Francos había afirmado en su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados que se encontraba abierto a cambios.La posición que mostró el vocero del líder de La Libertad Avanza (LLA) se alinea con la de Caputo, que buscaba que no haya cambios en la nueva normativa. Esa postura también la compartía Milei, quien se molestó ante reiteradas preguntas sobre sus perros. "Esto de las internas, peleas, discusiones entre funcionarios de alto rango, como Guillermo Francos, Santiago Caputo o cualquier persona cercana a Milei es falso. Nosotros siempre estamos dispuestos, bajo cualquier circunstancia, a modificar algo; no va a ser este el caso", sostuvo Adorni en conferencia de prensa.Aun así, este viernes el ministro coordinador subrayó su posición: "No hay ninguna posibilidad de que el decreto esté en contra de la Constitución Nacional y la ley. Lo que hace es reglamentarla y, tal vez, ponerle un poco de límites a los abusos que se han hecho durante mucho tiempo de la ley. En ese momento dije que si alguien tiene algo que objetar sobre el decreto, nos lo puede plantear y lo podemos analizar. Y si hay algo que se contrapone con las normas constitucionales y la ley, por supuesto le voy a decir al Presidente que puede haber una mala interpretación de lo que quisimos decir y, si se puede modificar, se modifica. Pero eso es una decisión del Presidente, no es función de nadie más".Ante la diferenciación del periodista Eduardo Feinmann sobre el rol constitucional de Francos con el de Caputo, que se encuentra contratado, el jefe de Gabinete justificó su lugar estipulado en la Constitución. "Yo cumplo un rol institucional que está establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Santiago Caputo, que es la otra persona que mencionó el vocero presidencial, es un asesor de confianza del Presidente y, como tal, el Presidente lo escucha. Muchas veces el Presidente ha dicho que esto es el triángulo de hierro, pero él me designó a mí porque tiene la confianza de que puedo ejercer el rol de jefe de Gabinete. En ese papel es que hice ese comentario en la Cámara de Diputados", explicó.Específicamente sobre el acceso a la información, Francos reiteró la posibilidad de la oposición de plantear cambios. "Si el Congreso cree que el decreto no se ajusta a la ley o Constitución Nacional, puede plantear su derogación. Y si alguien tiene un planteo por esto, puede ir a la Justicia y solicitar un amparo judicial. Lo que se ha hecho es reglamentar una ley para evitar los abusos que nosotros entendemos que se han cometido en muchos casos. Creo que no ha habido ningún gobierno que haya dado respuesta a todos los requerimientos de acceso a la información pública como lo ha hecho este", concluyó.El rol de CaputoLos cuestionamientos alrededor de la función de Santiago Caputo existen desde que inició la gestión y el asesor presidencial mostró sus fuertes influencias en la toma de decisiones de la gestión libertaria. Una de las principales quejas de parte de los opositores se relaciona con su contrato, que actualmente figura como monotributista. Al no ser funcionario del Estado, no debe responder ni está sujeto al régimen de funcionario público.En el Congreso, se nombró más de una vez esta situación, que varios consideran un conflicto. El senador y presidente radical Martín Lousteau fue uno de los que cuestionó dicho rol luego de que el catedrático Manuel García-Mansilla afirmara, en la defensa de su candidatura a la Corte Suprema de la Nación frente al Senado, que el que le dio el cargo fue Santiago Caputo. "El cargo no se lo ofreció el Presidente, sino un monotributista que no tiene vinculación directa con el Gobierno ni es funcionario público", exclamó.Dichas dudas llegaron a la Cámara de Diputados, dirigidas directamente a Francos, quien dio una respuesta acotada: "Me remito a la respuesta 1708 del informe por escrito". El informe estipula que Caputo está contratado como consultor II para la Secretaría General y que sus actividades se relacionan con liderar proyectos, planificar y ejecutar actividades, armar propuestas estratégicas, planes de trabajo, entre otros. Tras las declaraciones de esta semana alrededor de la Ley de Acceso a la Información Pública, la diferenciación entre las funciones de Caputo y Francos parece acrecentarse cada vez más.

No habrá marcha atrás con el decreto que restringe el acceso a la información pública

El Gobierno confirmó que no habrá modificaciones en la nueva normativa, más allá de la posibilidad que había abierto el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Leer más

Analizan cobrar el acceso a la Fontana di Trevi, la emblemática fuente en Roma donde se piden deseos

ROMA.- Al parecer, todos los turistas en Roma saben que la clave para regresar a la Ciudad Eterna es lanzar una moneda a la Fontana de Trevi y pedir un deseo. El resultado: hordas de visitantes abarrotan el monumento barroco todos los días, se sacan selfies y apuestan por un viaje de regreso.Ahora las autoridades están considerando un plan para gestionar el turismo en uno de los sitios más visitados de la capital italiana: un ticker de 2 euros (2,25 dólares) para acceder a una fuente al aire libre que siempre fue gratuita.La propuesta del principal funcionario de turismo de la ciudad, Alessandro Onorato, surge después de que la ciudad italiana de Venecia probara este verano boreal una controvertida tarifa de acceso de 5 euros para los turistas. Debe ser deliberada por el Ayuntamiento antes de que entre en vigor, pero el alcalde de la ciudad, Roberto Gualtieri, ya expresó su apoyo.Por su parte, la ministra de turismo de Italia, Daniela Santanchè, estaba abierta a un programa para controlar las visitas a la fuente similar al del Panteón. El Ministerio de Cultura italiano estrenó un sistema de tickets de 5 euros en el Panteón el año pasado."Dos euros es más o menos la misma cantidad que la gente arroja a la fuente para pedir un deseo", dijo Onorato a The Associated Press el viernes.Las ciudades de todo el mundo están lidiando con la forma de gestionar el número cada vez mayor de turistas, que impulsan la economía pero pueden crear inconvenientes para los residentes al converger en los mismos sitios principales."Tenemos que evitar, especialmente en una ciudad de arte frágil como Roma, que demasiados turistas dañen la experiencia turística y dañen la ciudad", dijo Onorato. "Necesitamos salvaguardar dos cosas, que los turistas no experimenten el caos y que los ciudadanos puedan seguir viviendo en el centro".Onorato dijo que espera probar la tarifa de entrada, que se gestionaría a través de un sistema de reservas y un código QR, a tiempo para el Año Santo Jubilar de 2025, y que el sistema esté operativo para el segundo trimestre.El turismo alcanzó cifras récord en Italia en 2023, y la popularidad del país no muestra signos de disminuir. El año que viene, el Vaticano celebrará un año de "Jubileo", que tiene lugar cada cuarto de siglo. Se espera que el Jubileo de 2025 atraiga a 30 millones de peregrinos adicionales a Roma.Los transeúntes en la plaza con vista a la fuente no tendrán que pagar. La tarifa se cobraría solo a quienes ingresen por los nueve escalones de piedra que conducen al borde de la fuente. Sería gratis para los romanos.Onorato dijo que el sistema también ayudaría a disuadir a la gente de comer en los escalones que dan a la fuente y de alimentar a las palomas o, peor aún, de recrear la zambullida de Anita Ekberg en la fuente en La Dolce Vita de Fellini, una infracción que se repite con frecuencia y que conlleva una multa."Ocurriría menos, o tal vez no ocurriría en absoluto, porque sabríamos el nombre y el lugar donde vive quien entrara. Se vuelve más complicado", dijo.Los críticos del sistema de tickets dicen que acordonar la fuente sería disruptivo."Moverse por las calles ya es muy desagradable debido a los numerosos cuellos de botella", dijo Katie Parla, una autora y guía turística afincada en Roma que ha vivido en la ciudad durante más de 21 años. "No creo que los visitantes o los locales se beneficien de restringir una parte de la ciudad con mucho, mucho tráfico".Flavio Scannavino, director general del Hotel De' Ricci, situado a un kilómetro y medio de la Fontana de Trevi, coincide en que es difícil moverse por la ciudad durante la temporada alta debido a la multitud de visitantes. Considera favorable que haya forma de regular mejor el flujo de tráfico peatonal, especialmente antes del Jubileo, pero califica de "mal gusto" cualquier tarifa propuesta para ver la fuente."No creo que sea justo que la gente tenga que pagar para disfrutar de esta belleza", dijo, sobre la fuente inaugurada como una obra de arte público encargada por el Papa Clemente XII en el siglo XVIII.Agencia AP y The Washington Post

Acceso a las armas: J. D. Vance reveló cómo piensa detener los tiroteos en las escuelas si es electo con Trump

En un mitin celebrado en Phoenix, J. D. Vance, candidato republicano a vicepresidente en la fórmula que encabeza el expresidente Donald Trump, subrayó la importancia de fortalecer la seguridad en las escuelas y destacó que este es un tema que no se puede seguir ignorando, en alusión al tiroteo en una escuela de Georgia que dejó cuatro muertos esta semana. Además, descartó las restricciones en el uso de armas como una posible solución, dado que, según argumentó, medidas de ese tipo no son eficientes para ponerle fin a estas tragedias.Durante su discurso, lamentó la frecuencia con la que ocurren ataques armados en instituciones educativas. "Si estos psicópatas van a atacar a nuestros hijos, tenemos que estar preparados", planteó el senador por Ohio, según consignó la agencia Associated Press. "No tenemos por qué aceptar la realidad en la que vivimos, pero es la realidad en la que vivimos. Tenemos que afrontarla", añadió.Qué dijo J. D. Vance sobre las propuestas de control de armasCuando fue consultado sobre las posibles acciones que podrían detener estos ataques, Vance se mostró escéptico respecto de las propuestas de control de armas promovidas por los demócratas. Según reflexionó el candidato, una regulación más dura que la actual no sería efectiva, ya que los tiroteos ocurren tanto en estados con leyes de armas restrictivas como en aquellos con normativas más permisivas.En cambio, la propuesta del senador nacional estadounidense se direccionó a mejorar los sistemas de seguridad en los colegios. "No me gusta que esto sea una realidad. Pero si eres un psicópata y quieres aparecer en los titulares, te das cuenta de que nuestras escuelas son blancos fáciles. Por eso tenemos que reforzar la seguridad en nuestras escuelas", enfatizó.En tanto, elogió los esfuerzos recientes del Congreso para aumentar el financiamiento destinado a la protección de los establecimientos educativos. "Tenemos que reforzar la seguridad para que si un psicópata quiere entrar por la puerta principal y matar a un montón de niños, no pueda hacerlo", consideró. Aunque reconoció que le causa rechazo pensar en que sus propios hijos asistan a una escuela con estrictas medidas de seguridad, reconoció que esto es parte de la nueva realidad que Estados Unidos enfrenta.El tiroteo en la escuela de Georgia dejó cuatro muertosEl pasado miércoles, Colt Gray, de 14 años, acudió a su escuela, la secundaria Apalachee, en la ciudad Winder, perteneciente al condado Barrow, aproximadamente a 80 kilómetros al noreste de Atlanta, y abrió fuego contra el resto de sus compañeros y maestros en un tiroteo que dejó un saldo de cuatro muertos y al menos nueve heridos. Entre las víctimas fatales se encuentran dos adolescentes de 14 años â??Mason Schermerhorn y Christian Anguloâ?? y dos profesores â??Christina Irimie, de 53 años, y Richard Aspinwall, de 39 añosâ??.El agresor fue detenido justo después de la tragedia por las autoridades locales y, en las últimas horas, su padre, Colin Gray, de 54 años, fue arrestado y enfrenta cargos por cuatro cargos de homicidio involuntario, dos cargos de asesinato en segundo grado y ocho cargos de crueldad con menores, según informó la Oficina de Investigación de Georgia. En su reciente discurso en Phoenix, el candidato J. D. Vance calificó el incidente como una "terrible tragedia" y expresó su solidaridad con las familias afectadas en Winder, Georgia.

El Gobierno confirmó que no modificará el decreto que restringe el acceso a la información pública

Pese a la detracción que levantó en la oposición el decreto que restringió la ley de acceso a la información pública, el Gobierno confirmó este viernes que no modificará la nueva normativa pese a que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había marcado -cuando fue al Congreso el miércoles- receptividad a introducirle cambios propuestos por los bloques aliados. Primó, entonces, la posición del estratega Santiago Caputo, que se resistía a dar marcha atrás, y la del propio presidente Javier Milei, quien se molestó por ciertos requerimientos que exigían detalles sobre sus perros.Quien explicitó la postura oficial fue el vocero Manuel Adorni, a pesar del enojo de la oposición que hasta tildó la medida de anticonstitucional. En la conferencia de este viernes el funcionario descartó la ventana a un posible diálogo que había abierto Francos, pese a que evitó mostrar tensión con el ministro coordinador. "Esto de las internas, peleas, discusiones entre funcionarios de alto rango, como Guillermo Francos, Santiago Caputo o cualquier persona cercana a Milei es falso. Nosotros siempre estamos dispuestos, bajo cualquier circunstancia, a modificar algo; no va a ser este el caso", aclaró.Mencionó a Caputo porque el asesor fue uno de los principales impulsores de mantener el decreto como está y hacer caso omiso a los achaques de los otros partidos. El usuario de la cuenta de X que no reconoce como propia, pero que el mundo de la política le adjudica al estratega, que integra el "triángulo de hierro" del Presidente junto a su hermana Karina, escribió con ironía: "El que quiera reglamentar de otra manera la ley de acceso a la información pública lo que tiene que hacer primero es ganar las elecciones y para eso es MUY importante (FUNDAMENTAL DIRÍA) no perder las elecciones".El que quiera reglamentar de otra manera la ley de acceso a la información pública lo que tiene que hacer primero es ganar las elecciones y para eso es MUY importante (FUNDAMENTAL DIRÍA) no perder las elecciones.— John (@bprearg) September 4, 2024Por su parte, siempre con la intención de no elevar las rispideces en el seno del Gobierno, Adorni aseguró que "no hubo contradicción" en las palabras de Francos del miércoles, cuando fue a dar su informe de gestión a la Cámara de Diputados y deslizó que era plausible una conversación sobre esta cuestión. "Si de alguna manera, como veo que es, un tema de inquietud de los señores diputados y diputadas, modificaremos el decreto si fuera necesario, haremos las consultas, estamos dispuestos a analizarlo", enfatizó el funcionario en el recinto.No fue eso lo que definió Adorni hoy. "Simplemente entiendo que [Francos] quiso expresar que estamos dispuestos a hacer cualquier modificación que vaya en contra de la ley o a entender que haya cosas que estén mal, pero no es este el caso en el que va a ocurrir", indicó en una interpretación de lo que dijo su compañero.Para justificar esta postura inamovible de Milei y su séquito, el portavoz expuso algunos requerimientos que llegaron al Ejecutivo. "Acá se trata de que el acceso a la información pública sirva nada más que para eso, para que toda la sociedad esté informada de lo que pasa en el Estado nacional, que es el espíritu de la ley, pero no que la información vaya en contra de la privacidad de los funcionarios", alegó en base a la nueva disposición.Y fue ahí que desglosó: "En esta gestión se multiplicaron por diez los pedidos. Por ejemplo: la marca de té que tomamos, la raza y el color de las mascotas, si son felices (esto creo que era en relación al perro de un funcionario), algo que no les tiene por qué importar. Nos preguntaron si Fernández cursó la Ley Micaela o qué materia dictaba en la UBA, cuántas quejas recibió el Registro de Brandsen en julio de 2010. Esto consume mucho recurso público y no hace a que la gente esté enterada de lo que pasa".Bajo la premisa de que este gobierno es el primero que va a "defender la transparencia y la honestidad", el vocero detalló: "En 2020 hubo 57 pedidos de acceso a la información pública; en 2022 hubo 95; en 2023 hubo 65; y ahora, 558 hasta agosto. El decreto no va en contra de la información, simplemente es tratar de ordenar cosas que no hacen al erario público o a la honestidad de los funcionarios, y que además concentran mucha utilización de recursos. Además no se ha recibido amparo ni judicialización por las respuestas".

Aumentan los peajes del Acceso Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y rutas provinciales

La medida fue anunciada a través del Boletín Oficial. Las nuevas tarifas comenzarán a regir a partir del 8 de septiembre

Detuvieron al padre del autor del tiroteo en Georgia por permitirle el acceso a armas de fuego

El progenitor del sospechoso de 14 años está acusado de dos cargos de asesinato en segundo grado y ocho cargos de crueldad infantil

Las Defensorías del Pueblo de todo el país cuestionan el decreto de Javier Milei que restringe el acceso a la información pública

Remarcan que "obstaculiza el uso de la herramienta" y advierten que limita un derecho fundamental de las sociedades democráticas.Piden que se revea la medida.

Anuncian acceso a acciones de Nike y Meta en la Bolsa de Valores de Colombia

A partir del 4 de septiembre, los inversionistas podrán adquirir títulos de las empresas estadounidenses

"Preocupación" de las entidades por los ataques de Milei al periodismo y rechazo a los límites al acceso a la información pública

Asociaciones periodísticas expresaron su "preocupación" por los ataques a la prensa protagonizados por el Presidente y otros dirigentes del oficialismo. Fue en el marco de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, donde se debaten proyectos de la oposición para repudiar "los actos de restricción a la libertad de expresión". Las organizaciones invitadas también repudiaron la reciente limitación al acceso a la información pública, cuyo decreto de modificación pretenden derogar, a excepción de los libertarios, todos los bloques políticos."El monitoreo de libertad de expresión tiene 108 casos de ataques a periodistas con diferentes perfiles. El 29% de estas agresiones fueron protagonizadas por el Presidente y el 11% por fuerzas de seguridad, en general en coberturas. Ese discurso estigmatizante, que habla de 'ensobrados' y 'mentirosos', tiene que ver con quien lo dice, que es el Presidente de la Nación, que es la representación institucional del país. La insistencia y recurrencia en su discurso y modos, activando situaciones con hostigamiento hacia colegas, nos preocupa especialmente", señaló Paula Moreno, presidenta del Foro de Periodismo Argentino (Fopea).Moreno se refirió a las agresiones en redes sociales y consideró que el discurso "cada vez más violento" así como el "hostigamiento" logra un clima de "exaltación absoluta" que deriva en que los periodistas "no puedan desarrollar su trabajo como corresponde y caigan en la autocensura". Y advirtió: "Vemos que el discurso estigmatizante escala y se valida. Es muy difícil predecir cuando eso se mantiene en las redes y cuando escala a la calle". Tras mencionar que "sería interesante tratar de dialogar más que gritar", la presidenta de Fopea puso el foco en la última medida del Poder Ejecutivo en relación con el acceso a la información pública, a la que consideró "preocupante".En la misma línea se pronunció el vicepresidente de la organización, Claudio Jacquelin, prosecretario y columnista de LA NACION. "El ejercicio periodístico no puede estar sometido a la acusación y estigmatización sin fundamentar. Que desde lo más alto del poder político reproduzcan cuentas anónimas o fakes con acusaciones y descalificaciones a periodistas encuentra problemas que atentan contra la ciudadanía y contra la calidad democrática", estimó.A su turno, el presidente de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera), Fernando Ramírez, catalogó a la libertad de expresión como el "pilar de la democracia" y destacó su "preocupación" ante "los ataques y agravios a los periodistas". "No se entiende cómo un jefe de Estado hace permanentemente blanco a los periodistas. Una cosa es la libertad de expresión del Presidente y otra es la agresión injustificada, que se sucede a una lluvia de ataques de fanáticos en las redes sociales que poco tiene que ver con el valor de la democracia", apuntó.Ramírez también puso el foco en la falta de conferencias de prensa por parte de Milei así como de otros de sus funcionarios. "Han pasado casi nueve meses y el Presidente no ha dado conferencias de prensa. Es muy limitado el acceso del periodismo al presidente", precisó, a la vez que consideró: "Las conferencias de prensa no deben ser una potestad de un funcionario, sino un deber y una obligación y un derecho para los periodistas de la Casa Rosada. A algunos ministros que no se les conoce la voz".Respecto de la definición del Gobierno de eliminar la pauta oficial, Ramírez indicó que "los más perjudicados son los pequeños medios del país". Y aclaró: "Hay que decir que hay pauta oficial, no está suspendida, hay que ver quiénes la reciben".La voz libertaria que se alzó para defender la postura del Presidente fue la del diputado oficialista Bertie Benegas Lynch. Sobre las personas que operan en redes sociales, consideró "fascista" determinar "quién es periodista o quién no es periodista".Sobre las críticas a Milei por atacar a periodistas, indicó que "el Presidente también tiene derecho a defenderse, igual un periodista". Y sumó: "La diferencia con Milei es que él no le echa el aparato de la fuerza". Se preguntó, además, "cuál es el límite de la crítica", y estimó que, de trascender ciertos límites, se debe ir a la Justicia, pero "no hay que cercenar la libertad de expresión". "La libertad de expresión no es para hablar del clima, es para hablar de cosas controversiales, pero si se pasan de la raya, como muchos periodistas con Milei, vas a tribunales", indicó.Además, cuestionó a los invitados por tener "el foco puesto en lo nacional". Explicó: "Hay feudos fenomenales de persecución a periodistas en el interior. En el kirchnerismo se usaban las herramientas que Javier Milei se está sacando de encima, y se está sacando de encima al Estado. Tenías a la AFIP, los servicios de inteligencia y la pauta, que fija la línea editorial. Ni hablar de Nodio, que sería bueno que algunos periodistas vengan acá a contar cómo el Nodio les decía como tenían que cotar las cosas a un medio de comunicación, como Inadi y otras policías del pensamiento".Límites al acceso a la informaciónEsta semana, el Gobierno cambió por decreto la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y acotó los datos que pueden ser solicitados a través de este mecanismo. Delimitó "el alcance del concepto de 'información pública', que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica".Tras las lluvia de críticas de la oposición y las asociaciones de prensa, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó que el Gobierno podría retroceder en los últimos cambios realizados. De hecho, la diputada radical, Karina Banfi, tiene previsto reunirse esta tarde con la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy, una alfil de Santiago Caputo, el asesor presidencial, para revisar las modificaciones a la ley de acceso a la información pública. Banfi fue una de las primeras en cuestionar los límites impuestos y hasta presentó un proyecto para derogar el decreto 780/2024 a través del que se materializan las reformas en el reglamento de dicha ley.Diputados de @diputadosucr solicitamos al PEN que se derogue el Decreto 780/2024, por inconstitucional y lesionar el derecho humano de Acceso a la Información Pública. Rechazamos cualquier recurso que descienda el estándar de libertad de información alcanzado en la Argentina. pic.twitter.com/aTUsu4kDx6— Karina Banfi ð??? (@KBanfi) September 4, 2024A este pedido se sumaron otros espacios políticos. Incluso el Pro, que funcionó en estos nueve meses de gobierno como un aliado circunstancial de los libertarios en el Congreso. A través de un duro comunicado, los diputados macristas anunciaron su rechazo "categórico" al decreto 780. Es que la ley 27.275, sobre Acceso a la Información Pública, fue impulsada y sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri."Esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública", sentenció el bloque Pro. Y concluyó: "Alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia".pic.twitter.com/3LwVAEO8zx— PRO Diputados (@prodiputados) September 4, 2024La izquierda, la Coalición Cívica, el kirchnerismo también presentaron proyectos para derogar el decreto 780.La oposición también se manifestó en contra de la idea de Javier Milei de incluir a los periodistas entre las consideradas "personas expuestas políticamente" (PEP). El Poder Ejecutivo no envió la iniciativa al Congreso y ayer, durante su informe en el recinto, Francos aclaró que no está previsto impulsar este proyecto.El Presidente esbozó la propuesta durante una entrevista en LN+. "Si quieren, pido al Congreso que mande una ley donde los periodistas sean personas políticamente expuestas. Que presenten declaración jurada, que puedan ser sometidos al escarnio público que los periodistas someten al resto de la sociedad", desafió. A continuación, argumentó: "Hay casos de periodistas que se han sentado frente a empresarios, les tiraron una carpeta y si no les daban tanta plata, los exponían. Todas mentiras. Hicieron mucha plata".

Los motivos detrás del polémico decreto que limitó el acceso a la información pública, que ahora la Casa Rosada no quiere modificar

No hubo un cálculo del costo político en el decreto del Gobierno que limitó el acceso a la Información Pública. Fue, una vez más, la decisión de correr los límites, sin pudores, de un sistema que a la gestión de Javier Milei le resulta incómodo. Distintos funcionarios aseguraron que la medida se estuvo cocinando durante largas semanas porque los ministerios estaban "enloquecidos" por la "lluvia de solicitudes" que mezclaban requerimientos de datos públicos razonables con pedidos -presuntamente- muy poco serios. Ante el volumen de solicitudes, el Gobierno prefirió imponer un filtro, sin medir que la medida iba a abroquelar a la oposición en el Congreso, (incluso a aliados como Pro) y que iba a generar la oposición de múltiples ONG.En su disertación en Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que el Gobierno está "dispuesto" a "analizar" el decreto que acotó el acceso a la Información Pública. Pero, según puso saber LA NACION, Milei -que fue el que avaló la versión final de la norma- no tendría intención de dar marcha atrás. "Fue un tema que se trabajó durante meses. No se va a cambiar", aseguraron en la Casa Rosada.El articulador del decreto 780/2024 fue el asesor todoterreno, Santiago Caputo. Él le encargó la elaboración a su pluma jurídica, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal, que a su vez se nutrió de otras áreas, especialmente la Procuración del Tesoro Nacional, a cargo de Rodolfo Barra. Menos incidencia tuvo la propia Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que depende de la Jefatura de Gabinete, pese a que los considerandos del decreto fueron citados los "Criterios Orientadores e Indicadores de Mejores Prácticas en la aplicación de la Ley N° 27.275â?³, de derecho de acceso a la información pública, sancionada en 2016.La AAIP está conducida por Beatriz Anchorena, una funcionaria designada por la administración de Alberto Fernández. Se trata de un cargo al que se accede tras audiencia pública con un mandato hasta 2026 (la intención es que atraviese a más de una administración para garantizar la función de contralor).Según pudo reconstruir LA NACION, hubo una conjunción de incordios que la administración de Milei no quiso pasar y por eso definió, directamente, acotar los pedidos de acceso a la información. Las reiteradas solicitudes de datos sobre los perros del Presidente, que residen en Olivos, fue solo una parte. En Balcarce 50 aseguran que existieron numerosos requerimientos vinculados a cuestiones de índole privada de los funcionarios. Funcionó como base del decreto de Milei un dictamen redactado por Barra semanas atrás, donde el funcionario determinó que la información sobre los canes del jefe de Estado es de índole privada. En las ONG llaman "jurisprudencia Conan" a la resolución del procurador del Tesoro.La otra argumentación que ofrecen en la Casa Rosada es que había un volumen de requerimientos "inmanejable" -mucho mayor a los de los gobiernos anteriores-, que obligaban a un número importante de empleados y funcionarios de los ministerios a dedicarse a responder los pedidos. "Los ministerios estaban enloquecidos, dedicaban muchas horas a responder pedidos, en muchos casos poco serios", aseguró un funcionario a LA NACION.Por último, en el Gobierno aseguran que detectaron que existía una "industria" de los pedidos, con la intención de que se vencieran los plazos previstos por la ley, para que el Estado tuviera que pagar multas. "Piden cualquier cosa y nos hacen perder tiempo y recursos. Los abogados, si no les respondes en tiempo y forma, cobran multas. Les cortamos el curro", aseguró otro colaborador en Balcarce 50.La mayoría de los pedidos de acceso a la información venían recayendo sobre la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y sobre el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, dos mujeres fuertes y con llegada al Presidente, que fue quien finalmente estampó su firma al decreto 780/2024. Gracias al derecho a la información, que el Congreso en 2016 reguló con criterios muy amplios, se pudo conocer, por ejemplo, lo referido a los alimentos vencidos en poder de la secretaría de Niñez y Familia, los gastos de Milei en sus giras internacionales o las visitas a Olivos.La nueva norma establece que el Estado no está obligado a dar los datos que "por su propia naturaleza" hacen "al ámbito privado del funcionario". Introduce el concepto de "buena fe", que permite sanciones a quienes abusen de los pedidos de acceso a la información. Por último, va un poco más allá, y establece que "las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público". Es decir, que solo se respondería por aquellos expedientes o actos que estén culminados.El costado políticoAl Gobierno no le importó que la ley de Acceso a la Información Pública haya sido impulsada y sancionada durante la gestión de Mauricio Macri. El bloque de diputados de Pro, que conduce Cristian Ritondo, rechazó hoy de forma "categórica" el decreto de Milei en un comunicado y lo calificó de "retroceso en términos de transparencia".Una vez más, un decreto del Gobierno provocó el aglutinamiento de todos los bloques opositores y empeoró el clima en el Congreso, justo en un momento en el que la gestión de Milei debe evitar que haya mayorías agravadas en el Congreso y lograr la buena predisposición de los bloques aliados, como Pro."El decreto 780/2024 tiene que ver con que se entienda lo que es esfera privada y lo que es esfera pública. La ley de 2016 la quisieron copiar de la Ley por la Libertad de la Información de los Estados Unidos (FOIA, por sus siglas en inglés). La copiaron mal. La ley estadounidense te da acceso a documentación pública, no a tener que responder a qué colegio van los hijos de un funcionario", despotricó un colaborador de la Casa Rosada a raíz del comunicado de Pro.En principio, no hay clima en Balcarce 50 para retroceder con el decreto que generó fuerte revuelo en el Congreso y en las organizaciones de la sociedad civil. Se suma así, otro elemento de tensión con el Poder Legislativo, en un momento en el que el Gobierno tuvo que recurrir a una herramienta como el veto.

El decreto que restringe el acceso a la información pública "es una supresión de libertades"

Así lo definió el abogado constitucionalista, Diego Armesto, quien luego añadió: "Es un ataque directamente a los derechos fundamentales de las personas". Leer más

El Club Político Argentino cuestionó los límites a la ley de acceso a la información y denunció "una nueva forma de censura"

El Club Político Argentino reclamó al Gobierno que derogue el decreto presidencial que estableció límites a la ley de acceso a la información y calificó que la medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, "inaugura una nueva forma de censura". Se sumó así a una gran cantidad de asociaciones civiles, partidistas y de periodistas que han expresado su preocupación por la decisión del presidente Javier Milei. "La ley 27.275 indica que el acceso a la información pública 'solo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en esta ley'. Establece un listado taxativo y razonable de excepciones. El decreto 780, por lo contrario, inventa restricciones que no existen en la ley: el funcionario puede negarse a informar cuando ello 'pueda, directa o indirectamente, causar daños y perjuicios'. La vaguedad de esta restricción es un verdadero cheque en blanco para ocultar lo que incomode. Peor aún, el decreto intimida al solicitante", sostiene la entidad que preside Ricardo Mazzorín y que integran personalidades como Graciela Fernández Meijide, Alejandro Poli Gonzalvo, Henoch Aguiar, Jorge Sigal, Vicente Palermo y Elsa Kraisman.En un comunicado, el Club Político recuerda que "la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos". Y se pregunta: "¿Supone así el gobierno que puede haber 'abuso' en los pedidos de información? No existe la figura de abuso de acceso a la información pública. Si se solicita información reservada, según el listado restrictivo de la ley, no debe informarse. Si ya se informó, se la repite. Si no ha sido informada, se responde. La ley es clara y simple de entender. Salvo que se busque apartar al poder de la mirada de la sociedad. En democracia importa, hoy y siempre, que el Primer Mandatario y cada funcionario público informen lo que le soliciten sus mandantes, que son todos y cada uno de los ciudadanos de la Nación".Alude también a los dichos de Javier Milei respecto de que antes de dar una conferencia de prensa abierta exigiría que los periodistas sean considerados "personas políticamente expuestas" y estén obligados así a publicar una declaración jurada de bienes, como los funcionarios. Según el Club Político eso implica "una velada amenaza patrimonial a los ciudadanos o periodistas demasiado insistentes con sus preguntas".Límites al acceso a la informaciónEsta semana, el Gobierno cambió por decreto la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y acotó los datos que pueden ser solicitados a través de este mecanismo. Delimitó "el alcance del concepto de 'información pública', que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica".Tras las lluvia de críticas de la oposición y las asociaciones de prensa, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó que el Gobierno podría retroceder en los últimos cambios realizados. La diputada radical, Karina Banfi, tiene previsto reunirse esta tarde con la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal, para revisar las modificaciones a la ley de acceso a la información pública. Banfi fue una de las primeras en cuestionar los límites impuestos y hasta presentó un proyecto para derogar el decreto 780/2024 a través del que se materializan las reformas en el reglamento de dicha ley.Los diputados nacionales del bloque PRO rechazamos categóricamente el decreto reglamentario 780/2024 que modifica la Ley N° 27.275 sobre Acceso a la Información Pública sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri.Esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública. Este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también le brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado.Alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia.

Crece la presión opositora para derogar el decreto que pone fuertes límites al acceso a la información pública

La Coalición Cívica pidió ahora anular la decisión oficial y alertó que la norma es inconstitucional y atenta contra los Tratados Internacionales.Se suma a las presentaciones de la UCR y la bancada de Miguel Angel Pichetto.

Guillermo Francos defendió el nuevo decreto de acceso a la información pública, pero admitió cambios

â??Para que empieces el día bien informado, con los columnistas de Modo Fontevecchia y la conducción de Elizabeth Peger y Alejandro Gomel, un panorama y la agenda de cada mañana con los temas que tenés que saber. Leer más

La Fiscalía propone retrasar el acceso de los menores a las redes sin supervisión

Presionado por la oposición, Francos anunció que podrían modificar el decreto que restringe el acceso a la información pública

El jefe de Gabinete lo confirmó al presentar su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados aunque aclaró que no lo van a derogar.Todo el arco opositor cuestionó la decisión del Gobierno de establecer restricciones a la información y pidió su derogación.

El PRO le reclamó al Gobierno por la modificación de la ley de Acceso a la Información Pública

Ante las críticas por los límites al acceso a la información, Francos dijo que evaluarán si deben modificar el decreto

En su debut frente a la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete Guillermo Francos desgranó los principales logros de su gestión en materia económica y de seguridad, defendió el aumento millonario en los gastos en inteligencia y embistió contra la oposición por la sanción de la ley que mejora los haberes jubilatorios, vetada por el Poder Ejecutivo, como también por la iniciativa que aumenta el financiamiento a las universidades, por tratarse en el Senado.Los reproches de Francos al Congreso se toparon con una fuerte réplica por parte de los legisladores que, en la instancia de las preguntas al jefe de Gabinete, advirtieron que el poder adquisitivo de los jubilados se desplomó desde que Javier Milei asumió el gobierno; cuestionaron los dichos del ministro Federico Sturzenegger, quien sostuvo que "la obra pública no vuelve más", como así también las embestidas del presidente al periodismo y su reciente decisión de acotar los alcances de la ley de acceso a la información pública.Ante la insistencia opositora sobre este último punto, Francos fue enfático. "No hay ninguna intención del gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública", sostuvo el jefe de Gabinete quien, no obstante, no descartó que eventualmente el decreto sea modificado. "No fue la intención del Presidente ni del Gobierno limitar el acceso a la información", sostuvo e indicó que, previo al dictado del decreto, se hicieron todas las consultas a los organismos públicos intervinientes. "No nos pareció que hubiera ninguna violación a ese derecho constitucional", señaló."Insisto, de ninguna forma la intención del gobierno nacional es poner opacidad a la información pública, sino ordenar los pedidos de acceso a la información. Si de alguna manera, como veo que es, un tema de inquietud de los señores diputados y diputadas, modificaremos el decreto si fuera necesario, haremos las consultas, estamos dispuestos a analizarlo", sostuvo.La exposición de Francos se desarrolla en un clima de apatía generalizada en el recinto -solo lo aplaudieron los diputados de La Libertad Avanza y de Pro en un par de oportunidades- y si bien en el arranque agradeció el apoyo de los legisladores en la sanción de la Ley Bases, acto seguido les reprochó la sanción de la nueva ley jubilatoria, que contempla una suba del 8,1% por la inflación de enero pasado y una nueva fórmula de movilidad. Asimismo, fue crítico por la opacidad en la rendición de cuentas que realizan las universidades del presupuesto -apuntó concretamente hacia la Universidad de Buenos Aires-, lo que revela el estado de conflicto entre el Gobierno y las casas de altos estudios en vísperas de la sesión que celebraría mañana el Senado para convertir en ley un aumento en esas asignaciones."La sanción del proyecto de ley que establece modificaciones al régimen de movilidad previsional no constituye un acto maduro y responsable. Se establecen gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria", asestó el jefe de Gabinete tras levantar la vista de su discurso escrito y dirigiendo la mirada a la oposición. "Se trata de un gasto que por su efecto acumulativo se incrementaría año tras año, condenando al país a más emisión, deuda, inflación y pobreza"."Implicaría para su eventual cumplimiento caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria sin respaldo, el aumento de impuestos o el endeudamiento. Recetas que luego de más de 100 años de historia ya han sido probadas inconducentes", agregó.Francos fue enfático al aseverar que no habrá mejoras en el sistema jubilatorio hasta que no haya un crecimiento de la economía. "Si seguimos manteniendo una relación de trabajadores informales superiores a los trabajadores formales del sector privado, es impensable mejorar el sistema previsional", se sinceró.Los cuestionamientos de Francos a los legisladores tuvieron su réplica desde la oposición. En la primera ronda de preguntas, el diputado Nicolás del Caño (FIT) insistió en que más de siete millones de jubilados "son víctimas del ajuste de todos los gobiernos, y de este también"."¿Usted opina, como el presidente Milei, que el poder adquisitivo voló en estos siete meses del año? Porque es falso. En este período los jubilados sufrieron una pérdida de 30 puntos en su poder adquisitivo en términos reales. Así lo publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso", acicateó el diputado de izquierda.El funcionario insistió en que, con el decreto que dispuso actualizar los haberes jubilatorios acorde a la inflación, hubo una recuperación del poder de compra de casi el 10% en lo que va del año y de casi el 6% con respecto a noviembre del 2023.InteligenciaAl tiempo que defendía el veto a la ley jubilatoria, Francos justificó en su discurso el aumento de $100.000 millones en los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), suba que dispuso el presidente Milei por decreto de necesidad y urgencia. La oposición de la Cámara de Diputados rechazó este DNU hace dos semanas y el Senado se apresta a hacer lo propio mañana."Al asumir, nos encontramos con una Agencia Federal de Inteligencia totalmente desmantelada y desfinanciada, sin capacidad técnica profesional ni material para hacer frente a una tarea de suma importancia que debe llevarse adelante -enfatizó Francos-. Mientras históricamente los organismos de inteligencia en Argentina llegaron a tener presupuestos de 250 millones de dólares, en 2023 la AFI tuvo sólo 50 millones de dólares asignados. Esto no se alinea ni siquiera con el presupuesto designado por el sector privado para algo tan sensible como la ciberseguridad".El funcionario comparó el presupuesto asignado a la SIDE con el que destinan empresas privadas para evitar ciberataques. "La sede argentina de un banco comercial internacional destina alrededor de 50 millones de dólares anuales para ciberseguridad -dijo-. En el orden global un banco internacional destina cerca de mil millones de dólares anuales con el mismo sentido. Nosotros venimos a modernizar el sistema de inteligencia y a alejarlo de cualquier interés personal y partidario de la administración de turno".Previamente, al referirse a las políticas de seguridad, Francos fue enfático. "Hoy Rosario ha recuperado la tranquilidad", aseveró el jefe de Gabinete. "Gracias a la puesta en marcha del Plan Bandera se evidenció una caída del 70% en homicidios dolosos en la zona de despliegue de fuerzas federales y se detuvieron a 418 personas vinculadas al narcotráfico. Los decomisos de cocaína aumentaron un 500% respecto al 2023â?³, dijo.En el arranque de su discurso, Francos advirtió que cuando asumió este gobierno en diciembre pasado, "nos encontramos con una bomba de tiempo" en materia económica. "Teníamos una inflación del 1% diario un desequilibrio fiscal 5 puntos del PBI, una deuda 20.000 mil millones de dólares, un vencimiento de 8 mil millones de dólares a los diez días de asumir, una deuda de 42 mil millones de dólares con los importadores y una deuda flotante 9000 millones", describió."Este ha sido el correlato de un estado elefantiásico ineficiente y corrupto garantizaba negocios para unos a costa de millones de argentinos", sentenció.Francos aseveró que esta nueva gestión, a pesar de encontrarse en una situación de "clara minoría parlamentaria y política", empezó a construir las bases de una nueva Argentina. "Un país con libertad, sin inflación, sin déficit, con un Estado chico que cobra menos impuestos, donde hay estabilidad y seguridad".Desde la oposición, la diputada de izquierda Vanina Biasi le retrucó que, durante la gestión de Milei, la pobreza aumentó a más del 50% y se duplicó el índice de indigencia. Francos no se inmutó: insistió que en estos siete meses se reforzó el presupuesto destinado a la asistencia social para los más vulnerables, en particular la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un 308% de aumento.

Fuego amigo: la UCR y el PRO rechazan el decreto de Milei que limita el acceso a la información pública

El gobierno de Javier Milei cosechó este miércoles el rechazo de dos bloques de diputados aliados al oficialismo tras resolver por decreto un límite de la ley de acceso a la información pública. Leer más

Elon Musk acató la orden de la Justicia de Brasil y Starlink bloqueará el acceso a la red social X

Por medio de una comunicación oficial, la empresa de internet satelital del magnate confirmó que cumplirá con la exigencia impuesta por la Corte Suprema del país sudamericano, a través del juez Alexandre de Moraes. Leer más

Diputados del PRO criticaron el decreto de Milei que limita el acceso a la información pública: "Es un retroceso"

A través de un comunicado, el bloque rechazó el cambio que limita los pedidos de información que se pueden hacer al Estado.También entidades periodísticas habían cuestionado la medida.

El bloque de Pro rechazó el decreto de Milei que limita el acceso a la información pública: "Es un retroceso"

El bloque de diputados de Pro, que conduce Cristian Ritondo, rechazó hoy de forma "categórica" el decreto del presidente Javier Milei que limita el acceso a la información pública. En un nuevo gesto de diferenciación de la Casa Rosada, la bancada del partido que lidera Mauricio Macri a nivel nacional consensuó un pronunciamiento para expresar su preocupación por la decisión del Gobierno de fijar nuevos límites a los datos que pueden ser solicitados a través de este mecanismo. Además, los legisladores de la fuerza cuestionan que el jefe del Estado haya avanzado con las modificaciones de la norma, que se sancionó durante la presidencia de Macri, por vía reglamentaria y sin buscar consensos.Los representantes de Pro en la Cámara baja definieron emitir un comunicado después de la última reunión de bloque. Silvana Giudici, secretaria parlamentaria de la bancada y extitular del Enacom, se había puesto al frente de la defensa de la ley 27.275 sobre Acceso a la Información Pública después de que Milei oficializara el decreto reglamentario. La nueva norma establece que quedan fuera de la información que el Estado está obligado a dar los datos que "por su propia naturaleza" hacen "al ámbito privado del funcionario". Incluso introduce el concepto de "buena fe", que permite sanciones a quienes la Justicia considere que abusan de los pedidos de acceso a la información.La publicación motivó el enérgico rechazo de organizaciones de la sociedad civil especializadas, como Fopea y Poder Ciudadano, que emitió un comunicado en el que expresó su "preocupación" por el decreto y dijo que la nueva norma olvida que el principio fundamental "es que la información se presume pública y el secreto es la excepción".pic.twitter.com/3LwVAEO8zx— PRO Diputados (@prodiputados) September 4, 2024Según Pro, la normativa que impulsó Macri debe "mantenerse intacta". "Esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública", resaltó la bancada que lidera Ritondo."Este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también les brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado", añadieron.Por último, el bloque de Pro advirtió que "alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia".El decreto 780/24, que está firmado por el Presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, puso en guardia a los referentes del macrismo en el Congreso, pero también generó malestar entre los dirigentes que responden a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. De hecho, Giudici, cercana a la funcionaria de Milei, se opuso al espíritu de la reglamentación que dispuso la Casa Rosada. Fernando Iglesias también se expresó en contra de los cambios.La ley de acceso a la información pública es considerada por Macri como un activo de su gestión nacional. "Las medidas de gobierno abierto, digitalización y participación activa implementadas en ese período fueron de avanzada", puntualizó Giudici. A su vez, la diputada subrayó que "el acceso a la información pública sin restricciones favorece a los entornos de control público y acerca la administración al ciudadano".La ley de acceso a la información pública 27.275 fue sancionada durante el gobierno de @mauriciomacri Las medidas de gobierno abierto, digitalización y participación activa implementadas en ese período fueron de avanzada. Por ellas fuimos destacados en @GOPAC y @OECD ð?§µ— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) September 3, 2024"Siendo la justicia la encargada de determinar la pertinencia de la información solicitada por los ciudadanos si hubiera denegación, no corresponde a funcionarios la evaluación de la eventualidad de un 'daño o perjuicio' sobre la información pública entrega", abundó.Además, los laderos del expresidente en el Congreso creen que el Gobierno volvió a saltearlos y evitó consensuar con las bancadas de Pro una medida oficial. Milei y Macri se habían reunido en los últimos días para lograr la coordinación de sus fuerzas en el Congreso y recuperar la sintonía política, tras los cortocircuitos por los desmarques de los bloques de Pro en la votación de la ley jubilatoria o del decreto con el que el Presidente le asignó 100 mil millones de pesos a la SIDE en fondos reservados.

Sandra Pettovello se adelantó al decretazo de Milei y viola el acceso a la información pública sobre contratos de Capital Humano

En junio, denunció a Pablo de la Torre por supuestas irregularidades en las contrataciones a través de la Organización de Estados Iberoamericanos. PERFIL solicitó la nómina de trabajadores bajo este régimen, pero la cartera no respondió. Leer más

ADEPA pidió al Gobierno que respete los principios fijados por la ley de acceso a la información pública

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por el decreto 780/2024 firmado por el presidente Javier Milei, que modificó la reglamentación de la ley de acceso a la información pública."Por esa inesperada medida, el gobierno nacional ha incorporado a la reglamentación de la ley 27.275 excepciones que, por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública, bajo el pretexto de genéricos daños y perjuicios o con fundamento en un supuesto interés público", advirtió la entidad, que reúne a medios y editores periodísticos de todo el país.Los gobernadores del PJ se reúnen para definir una postura sobre el Presupuesto 2025 y el futuro de una caja millonariaEn una declaración, ADEPA consideró que "esas restricciones podrían afectar el respeto de los principios receptados por la ley y los estándares constitucionales e internacionales en esta materia".Alertó, además, que "algunos de los cambios ahora introducidos, al permitir múltiples lecturas, podrían ocasionar aplicaciones restrictivas y claramente incompatibles" con la ley de acceso a la información, con los principios constitucionales y con los tratados internacionales que imponen el acceso irrestricto a toda información que se vincule con el desempeño de los funcionarios públicos y el uso del erario".La entidad, cuyo presidente es Martín Etchevers (Clarín), sostuvo que el Gobierno debe recordar que entre los principios consagrados en el artículo 1° de la ley de acceso a la información, y que se encuentran fuera del alcance de la competencia regulatoria del Poder Ejecutivo, figuran los de "presunción de publicidad", "máxima divulgación", "máximo acceso", "alcance limitado de las excepciones" e "in dubio pro petitor" ("ante la duda, a favor del peticionante").Riesgos y preocupacionesADEPA sostiene en su pronunciamiento que "uno de los cambios más preocupantes que trae el nuevo decreto es el alcance de las definiciones de información pública y documento", establecidos en el artículo 3º del texto original."El Gobierno -añade- establece que "no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la ley 27.275 y su modificatoria".ADEPA explica que la definición original de esa ley prescribía que información pública es "todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen o custodien".Entiende, además, que "si bien los funcionarios públicos tienen derecho a la privacidad y que en todo gobierno democrático pueden existir aspectos muy específicos que deban permanecer temporalmente fuera del conocimiento público, se trata de casos excepcionales, a los que solo puede llegarse luego de acreditar la necesidad inaplazable de impedir que la ciudadanía conozca acabadamente la actividad de sus mandatarios".Sostiene, en ese sentido, que "el secreto es, en ocasiones, un remedio inevitable para el sostenimiento de un régimen democrático" y afirma que "su extensión más allá de lo excepcionalmente necesario precipita a una pendiente que imposibilita hacer efectiva la responsabilidad pública de las autoridades. Y es una manera de socavar las bases republicanas del país".ADEPA advierte que también se elabora en la reglamentación una curiosa interpretación del término "documento", al señalarse que "las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público". Para la entidad, el artículo 8 inc. g) de la ley 27.275 "ya exceptúa este tipo de documentos cuando puedan afectar el derecho de defensa de la Administración Pública" y concluye que "llevar más lejos la excepción no sería admisible por decreto".Al igual que ocurre con las restantes definiciones incorporadas por el decreto 780/2024, la amplitud de los términos utilizados permitiría excluir del ámbito de aplicación de la ley 27.275 una gran cantidad de actuaciones naturalmente públicas. "La vaguedad y sobre inclusión constituyen un problema especialmente delicado cuando se trata de regular las libertades de expresión y de prensa", se afirma en la declaración.Sostiene, además, que "este tipo de reglamentaciones aplicadas con prescindencia de los principios consagrados en la ley 27.275, en especial "presunción de publicidad", "máxima divulgación" y "máximo acceso", darían lugar a conductas cuestionables por parte de los funcionarios, al tiempo que conducirían a un empobrecimiento del debate público como insumo esencial del sistema democrático".Finalmente, ADEPA considera necesario que el Poder Ejecutivo revise este tipo de reglamentaciones que "desnaturalizan lo preceptuado por la ley, la Constitución y los estándares interamericanos de derechos humanos".

"Preocupante": ADEPA y otras organizaciones criticaron el decreto que limita el acceso a la información pública

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, Amnistía, CIPPEC, CELS y Poder Ciudadano son algunas de las organizaciones que pidieron la revisión del decreto 780/2024 que modifica el pedido de acceso a información estatal. Leer más

Reclaman al Gobierno la derogación del decreto que restringe el acceso a la información pública

FOPEA, Poder Ciudadano, CIPPEC y otras entidades piden que deje sin efecto el nuevo decreto.ADEPA plantea que "desnaturaliza" lo establecido en la Ley de Acceso y la Constitución Nacional.

"Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública"

Acceso a la información pública | Decenas de organizaciones le pidieron a Javier Milei que deje sin efecto su decreto

"Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública", se titula el comunicado que dieron a conocer 69 organizaciones de la sociedad civil en respuesta a la decisión de Javier Milei de reglamentar la ley de acceso a la información en poder del Estado.Entre las organizaciones que firmaron el comunicado están la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el Directorio Legislativo, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Fundación Poder Ciudadano."Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el decreto 780/24 con el que el Poder Ejecutivo Nacional intenta restringir el derecho de Acceso a la Información Pública. Un decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016â?³, afirmaron.Las organizaciones le pidieron, en consecuencia, al Presidente que deje sin efecto el decreto y que garantice el pleno acceso a la información pública.Advirtieron: "Las excepciones establecidas por la ley 27.275, que habilitan la negativa estatal a brindar la información solicitada, están lejos de lo reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional. El decreto mencionado amplía la información que queda por fuera del interés público, amplia el secreto y aporta discrecionalidad al dejar en manos de los funcionarios/as públicos/as la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección".Según los firmantes del comunicado, "el decreto 780/24 implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción y genera un marco normativo discrecional por el cual las definiciones políticas del gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios/as primarían por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado".El decretoEl decreto cuestionado, que reglamenta la ley de acceso a la información pública sancionada en 2016 establece que quedan fuera de la información que el Estado está obligado a dar los datos que "por su propia naturaleza" hacen "al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica". Se trata de una categoría no prevista por la ley, una norma que establece expresamente que "se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien" los funcionarios y que las "únicas limitaciones y excepciones" son las que que prevé la propia ley.Además, introduce además un artículo referido a la "buena fe". Dice: "La violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación". Ese artículo habilita a los jueces a imponer "indemnizaciones" a quienes hagan un ejercicio abusivo de un derecho.En la ley, en cambio, la única referencia a la "buena fe" es en alusión a las personas obligadas (no a los peticionantes). Dice que los funcionarios deben interpretar la ley de acceso a la información pública "de manera tal que sirva para cumplir los fines perseguidos por el derecho de acceso, que aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia necesarios a los solicitantes, promuevan la cultura de transparencia y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional".El decreto también sostuvo que era "necesario adoptar medidas para evitar la divulgación de toda información que, por su especificidad, pueda ser utilizada para identificar rutinas, desplazamientos y ubicaciones de una persona, así como la relacionada con denuncias o investigaciones en curso". Se trata de otro criterio restrictivo y poco preciso que se incorpora por decreto.Y cuando reglamenta el concepto de "documento" que puede ser requerido, establece que no están alcanzados por la ley -y por ende los funcionarios no están obligados a entregar- "las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto". Otra restricción que no está contemplada en la ley.

Acceso a la información pública: un abogado catalogó de inconstitucional el decreto del Gobierno

Andrés Gil Domínguez aseguró por la 750 que la Constitución Nacional prohíbe los decretos de reglamentación para cambiar o restringir contenidos de una ley.

Una funcionaria de Santiago Caputo detrás del polémico decreto que limita el acceso a la información pública

La norma fue redactada por María Ibarzábal Murphy, la secretaria de Planeamiento Estratégico normativo que responde directamente al asesor todoterreno de Javier Milei.La trastienda de la controvertida reglamentación y quiénes participaron en su elaboración.

La Administración de Milei, contra el acceso a la información pública

El Ejecutivo intenta, por medio de un decreto, modificar profundamente una ley del Congreso. Es un retroceso en la materia, que limita el ejercicio de un derecho humano.

Fopea cuestionó las restricciones que Javier Milei impuso al acceso a la información pública: "Implican un grave retroceso democrático"

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) rechazó los cambios que Javier Milei introdujo en la reglamentación de la ley de Acceso a la Información Pública y advirtió que implican "un grave retroceso democrático", ya que al limitar los datos que deben ser proporcionados "desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública".Fopea dio a conocer un comunicado en el que sostuvo que el decreto 780/2024 "contiene restricciones al derecho de acceso a la información pública que lesionan su efectiva vigencia". Advirtió que establece "límites a la interpretación de los asuntos de interés público" no previstos por la ley; entre ellos, "el alcance del concepto de 'información pública", porque excluye a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar "a una esfera típicamente doméstica". Fopea también cuestionó la limitación del término "documento" previsto en la ley, "al señalar que 'las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público".Además, el foro de periodistas alertó sobre el artículo referido a la "buena fe" que amenaza con la imposición de indemnizaciones.Fopea señaló que -tal como lo establece la ley- debe presumirse como regla que toda la información que existe en poder de órganos públicos puede y debe ser divulgada. "Ponemos de manifiesto hoy, tal cual lo hicimos en 2016 cuando la ley se sancionó, que son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el Estado, por lo que el permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los gobiernos sino un imperativo normado", afirmó.Fopea subrayó que limitaciones como las que prevé el decreto atacan "todos los principios de transparencia activa" y citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que alertó que "en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público y esa diferencia se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente". El tribunal internacional afirmó que las actividades de los funcionarios "salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público" y explicó que "este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza".El registro de solicitantesFopea también sostuvo que le preocupa especialmente "el artículo que pretende confeccionar un registro dirigido a identificar al solicitante, el contenido de la solicitud y la respuesta brindada 'con el fin de agilizar y facilitar la respuesta de nuevas solicitudes cuyo contenido coincida con el de otras evacuadas previamente".El foro de periodistas recordó que la Organización de la Naciones Unidas advirtió que no es concebible un Estado en el que existan "secretos" o informaciones privilegiadas porque esto significaría que se actúa en función de algún "interés particular" desnaturalizando la propia concepción de la democracia. "Ninguna modificación administrativa puede significar un retroceso en la garantía del derecho, tal como se pretende con este decreto publicado hoy en el que incluso se habla de 'abuso en el ejercicio' de petición por parte de los solicitantes", sostiene el comunicado.Fopea destacó que el acceso a la información es un "instrumento clave" para el ejercicio de otros derechos, tales como los económicos, sociales y culturales.Destacó que se trata de un derecho que "no puede ser restringido mediante un decreto del Poder Ejecutivo, sino únicamente por una ley dictada por el Congreso, de conformidad con los estándares internacionales que rigen la materia".En una entrevista con Luis Majul en LN+, Milei se refirió este domingo a Fopea en tono de burla. Dijo que él no pagaba "pauta", a diferencia del gobernador Axel Kicillof, quien según Milei, sí les paga a medios que agreden e injurian al Gobierno. "Si usted los señala, va Fopea y llora", dijo.

"Ius Scholae": una antigua vía de acceso a la ciudadanía italiana en fase de debate

En diálogo con Perfil, el directivo a nivel Sudamérica del Departamento de Italianos en el Exterior, Ezequiel Toti, sostuvo que "intenta ser una alternativa al 'Ius Soli' o derecho del suelo, que no es garantía de una integración territorial en serio". Leer más

Críticas al nuevo decreto de Javier Milei que restringe el acceso a la información pública

El decreto de Javier Milei que estableció nuevos límites al derecho de todo ciudadano, garantizado por ley, a acceder a la información pública generó críticas de especialistas en la materia. La fundación Poder Ciudadano, ONG que sigue de cerca la aplicación de la ley de acceso a la información y que litigó incluso en los tribunales por su aplicación, manifestó hoy su preocupación por el decreto."Nos preocupa el reciente decreto del Presidente de la Nación que, en lugar de impulsar el derecho de acceso a la información pública, pareciera limitarlo, por ejemplo, al modificar la definición de qué es información pública. Esta nueva norma olvida que el principio jurídico fundamental que sostiene este derecho -como estándar internacional que nuestro país ha refrendado vía obligaciones internacionales en incluso desde su Máximo Tribunal- es que la información se presume pública y el secreto es la excepción", dijo Poder Ciudadano a través de un comunicado. "Este decreto y su contenido no son el camino -advirtió-. Más derecho de acceso a la información significa más transparencia y menos corrupción."En el comunicado que dio a conocer pocas horas después de publicado el decreto de Milei en el Boletín Oficial, Poder Ciudadano advirtió: "El acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en pactos y tratados internacionales. En la Argentina, gracias a un largo trabajo de incidencia y reclamo por parte de la sociedad civil -tanto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, como a partir de procesos judiciales en los cuales se ha ratificado ese derecho en muchas ocasiones-, se logró, en 2016, la sanción de la Ley 27.275 que permite un ejercicio efectivo del derecho". Poder Ciudadano destacó que esa ley "significó un gran paso para la transparencia institucional en la Argentina, dado que se creó una herramienta esencial para que la ciudadanía pueda acceder, en forma efectiva, al control de los asuntos de gobierno".La ONG fue terminante: "Ningún decreto puede restringir el acceso a la información pública más allá de lo que lo hace la ley sancionada democráticamente por el Congreso de la Nación. En los últimos años, diferentes pedidos de acceso a la información pública han ayudado a investigar causas judiciales, a alertar sobre comportamientos impropios de autoridades estatales, señalar reuniones entre personas en ejercicio de la función publica y otros sectores que podían configurar un potenciales conflictos de intereses, conocer quiénes accedían a edificios públicos y señalar el mal uso de los recursos públicos".Según Poder Ciudadano, el Gobierno tiene dos caminos si quiere impulsar y garantizar el derecho de acceso a la información pública: el primero es "responder en forma eficiente los pedidos que surgen desde la ciudadanía y el periodismo" y el segundo, "potenciar la publicación de información proactivamente". Funcionarios del Gobierno se quejaron de que reciben muchos pedidos similares (por ejemplo, relativos a los perros de Milei -que se negó a contestar- o a los ingresos a la quinta presidencial de Olivos). "Si recibe muchas preguntas sobre un mismo tema -advirtió Poder Ciudadano-, eso significa que hay un interés público sobre esa información. Publicarla en forma activa y actualizada puede destrabar el requerimiento constante sobre esa información. La información está en manos del Estado pero le pertenece a la ciudadanía".Pablo Avelluto, que fue ministro de Cultura de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, tuiteó: "El gobierno limita el acceso a la información pública. Pero no son fascistas, autoritarios ni de extrema derecha, dicen los amigos liberales más raros del planeta Tierra mientras acompañan el rumbo".Sebastián Pilo, especialista en derecho administrativo y miembro del Consejo Asesor de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), dijo que el decreto de Milei de hoy es inconstitucional. "El Poder Ejecutivo no puede, por vía reglamentaria, limitar o restringir derechos que nos reconoce la ley. Ninguna información que hasta ayer se consideraba pública puede resultar hoy inaccesible por una decisión del Presidente. Por ejemplo, la incorporación de una nueva excepción, de carácter abierto, respecto de información cuya divulgación pudiera causar 'daños y perjuicios' (?!)", tuiteó Pilo.El decretoEl decreto publicado hoy incluye entre sus objetivos la necesidad de delimitar "el alcance del concepto de 'información pública', que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica".En julio de este año, el Gobierno le dio un alcance muy amplio a la protección del ámbito privado cuando el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, sostuvo que debían rechazarse los pedidos de acceso a la información sobre los perros de Javier Milei que viven en la quinta de Olivos (consultas que incluían, por ejemplo, cuánto habían constado los caniles construidos en la residencia oficial). Barra, en respuesta a una consulta de Karina Milei, dictaminó que eran preguntas "banales" y que debían rechazarse porque hacían a la vida "privada" del Presidente. Se quejó además de que se hubiera presentado un pedido de acceso a la información semejante.En el decreto publicado hoy se introduce además un artículo referido a la "buena fe". Dice: "La violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación". Ese artículo habilita a los jueces a imponer "indemnizaciones" a quienes hagan un ejercicio abusivo de un derecho.El decreto en cuestión es el 780/24 y está firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos. En su artículo 3 señala: "No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N.º 27.275 y su modificatoria".

Por decreto, el Gobierno restringe el acceso a la información pública

El Poder Ejecutivo introdujo cambios en la legislación vigente que incluyen una redefinición del concepto de "información pública", mayores requisitos para solicitar datos al Estado y más "protección" para los funcionarios. Leer más

El Gobierno de Milei puso mayores límites a la ley de acceso a la información pública

En un decreto, el Poder Ejecutivo reglamentó aspectos de la ley N° 27.275 para establecer límites respecto a datos privados de los funcionarios públicos.

El Gobierno hizo modificaciones en la reglamentación de la ley de acceso a la información pública

A través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno hizo algunos cambios en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. En principio, y con el objetivo de limitar el suministro de datos privados de los funcionarios públicos, se estableció un límite más preciso sobre qué información se podría requerir mediante ese trámite.En uno de los considerandos, el texto indica que "deviene imprescindible" reglamentar el artículo 3° de la referida Ley N.º 27.275 (norma que data de 2016) para clarificar el alcance del concepto de información pública, que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, "y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica".Esto último, no genera obligación para la Administración Pública Nacional de suministrar tal información, agrega el decreto 780/24 firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos.El Gobierno señala entonces en el artículo 3 que "no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N.º 27.275 y su modificatoria".El Ejecutivo también reglamentó el artículo 4° de la legislación y detalló cuáles son los requisitos formales para iniciar el trámite de solicitud de acceso a la información pública:"en caso de tratarse de una persona humana, su nombre y apellido, documento de identidad, domicilio y correo electrónico;en caso de tratarse de una persona jurídica, la razón social y C.U.I.T. y la identificación de su representante en los términos del inciso a). Adicionalmente, copia del poder legalizado vigente que acredite su condición de representante o autorizado a tales efectos".Cuáles son las excepciones para solicitar información pública:El carácter reservado, confidencial o secreto de la información clasificada por razones de defensa, política exterior o seguridad interior debe ser dispuesto por normas que reglamenten el ejercicio de la actividad y por acto fundado de las respectivas autoridades competentes, de forma previa a la solicitud de información.En caso de no existir previsión en contrario, la información clasificada como reservada, confidencial o secreta mantendrá ese estado durante 10 años desde su producción, transcurridos los cuales, el sujeto obligado deberá formular un nuevo análisis respecto de la viabilidad de desclasificar la información con el fin de que alcance estado público.b) Se encuentra específicamente protegido el secreto financiero contemplado en los artículos 39 y 40 de la Ley N.º 21.526, sus modificaciones y normas complementarias y concordantes y toda aquella normativa que la modifique o reemplace.

El Gobierno modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública

A través del decreto 780/2024, el Poder Ejecutivo introdujo cambios en la implementación de la legislación en lo referido a lo que se considera información pública, protegiendo los datos privados

El Congreso prepara una transformación de su tienda de recuerdos para permitir el acceso directo de público

El Congreso prepara una transformación de su tienda de recuerdos para permitir el acceso directo de público

Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas: la iniciativa sin precedentes de María Clemente

"Lo hice con todas ustedes y no lo hice sola", confesó la diputada frente a mujeres trans durante su tercer informe de Actividades Legislativas

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez no tendrá acceso peatonal cuando abra: LAP propone esta alternativa para los que no tienen carro

Los puentes modulares, la salida rápida hasta que se termine el Puente Santa Rosa, no tendrán acceso para peatones cuando abre el nuevo terminal, pero LAP confirmó a Infobae Péru qué planean

RIGI: BCRA flexibiliza acceso al mercado de cambios para exportaciones de las empresas adheridas

Esta normativa busca facilitar y flexibilizar las operaciones de cambio vinculadas a exportaciones de bienes y servicios

Nuevo aumento de los peajes en el Acceso Norte y el Acceso Oeste a partir del lunes

En medio de la escalada de aumentos que se dieron desde que se inició esta gestión, el Gobierno anunció un nuevo incremento de los peajes en el Acceso Norte, concesionado por Autopistas del Sol S.A., y en el Acceso Oeste, administrado por la empresa Grupo Concesionario del Oeste S.A. La decisión fue habilitada este viernes a través de Vialidad Nacional, en la Resolución 706/2024 del Boletín Oficial, y comenzará a regir desde el próximo lunes 2 a las 0 horas. Este nuevo cuadro se extenderá hasta el 31 de diciembre."Las actualizaciones dispuestas por el organismo vial nacional rondarán 5% para las estaciones de peaje de ambos accesos y se redondearán las tarifas a múltiplos de $100 para facilitar la gestión de cambio en vías de cobro", dijeron desde Vialidad Nacional.Asimismo recordaron que la administración de Milei hace las subas a través de un esquema que multiplica la tarifa vigente por el Coeficiente de Variación Tarifaria, con el objetivo de "evitar atrasos".Así quedan los nuevos precios:Acceso NorteAcceso OesteOtras subasEste viernes el Gobierno también oficializó la suba del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), en ese caso a partir del domingo, lo que tendrá un efecto directo en el precio de las naftas y el gasoil. Así los dispuso el Ministerio de Economía a través del Decreto 770/2024, firmado por Luis Caputo y por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.En esta oportunidad, fue de cerca del 3% a nivel nacional y con ese incremento todas las variedades de combustible en la ciudad de Buenos Aires superarán los $1000 por litro.Desde que asumió Milei, el valor de los combustibles aumentó 135% en los primeros siete meses del año, muy por arriba del 86% de inflación acumulada. Desde la Casa Rosada justifican que esto se debe al aumento de los impuestos al sector, que estaban congelados por el gobierno anterior desde 2020, y por el atraso que tenían los precios.Esta semana, además, se confirmó el aumento en la tarifa de agua de Aysa. Será de 4,48% y comenzará a regir desde el consumo de septiembre. La factura promedio sin impuestos pasará de $18.799 a $19.621. Con impuestos de al menos 21%, la boleta mensual superará los $23.700.

Aumentaron los peajes de la Panamericana y del Acceso Oeste: las nuevas tarifas

Los nuevo montos comenzarán a regir a partir de este domingo. El último aumento había sido en agosto.

Aumentan los peajes en Panamericana y Acceso Oeste: cuáles son los nuevos valores

El Gobierno publicó un decreto en el Boletín Oficial y efectivizó el incremento. Son los peajes que conectan la Ciudad con la provincia.

Nuevo aumento en los peajes en Panamericana y Acceso Oeste: cuáles serán los valores y desde cuándo estarán vigentes

El incremento fue notificado a través de la Resolución 706/2024, publicada en el Boletín Oficial.

Aumentaron los peajes de la Panamericana y del Acceso Oeste: cuáles son las nuevas tarifas

"Saber si tenés Chagas es tu derecho": cómo es la campaña que impulsa el acceso a un diagnóstico y tratamiento precoz

En el Día Nacional de Una Argentina sin Chagas, la Fundación Mundo Sano promueve una iniciativa que se centra en una red de orientación y seguimiento para facilitar la detección y las terapias para una enfermedad que afecta a 1,6 millones de personas en el país

El acceso de las mujeres campesinas a la salud sexual y (no) reproductiva

"Campesinas, organización para la salud", del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), expone el desmantelamiento de las políticas públicas de género en las comunidades de diferentes provincias, y la presencia de las organizaciones campesinas como condición de posibilidad para acceder a derechos.

Cuándo y cómo será el funeral de Juan Izquierdo en Montevideo: una breve despedida con acceso del público y sin sepelio

Será este jueves en la sede social del club sobre la Avenida 8 de Octubre.El club les pidió a los hinchas "que la circulación por el salón se realice con fluidez y orden".

Estas son las personas que pueden tener acceso a los baños de establecimientos comerciales sin importar que no sean clientes

La normativa exige a locales prestar servicios de baño a ciertos grupos, mejorando la convivencia. Negarse puede acarrear severas multas y suspensiones

Las oportunidades que tiene la Argentina para mejorar su acceso al crédito

Una sinergia entre la banca tradicional y las fintech puede impulsar la inclusión financiera y transformar radicalmente el panorama del financiamiento en el país

Mondino se reunirá esta semana con el jefe de la OCDE y avanzará en las negociaciones de acceso al organismo

El secretario general del "Club de países ricos" llegará a Argentina el miércoles. En mayo, la canciller recibió en París la "Hoja de Ruta" para iniciar el proceso de accesión. En su alineamiento con occidente, Milei impulsa el ingreso a ese organismo con el foco en captar inversiones.

Semáforos para selfies, acceso restringido a playas y multas: las nuevas reglas de Italia contra el "sobreturismo"

ROMA.- Italia, uno de los destinos turísticos más icónicos del mundo, enfrenta cada verano un desafío creciente: el manejo del turismo masivo que inunda sus principales atracciones durante la temporada alta. Este año, en vísperas de la festividad de Ferragosto, las autoridades italianas implementaron una serie de medidas sin precedentes para evitar que el exceso de turistas colapse las ciudades y áreas naturales más populares del país.Ferragosto, una antigua festividad instituida por el emperador Augusto, junto con la celebración católica de la Asunción de María, atrae cada año a millones de italianos y turistas internacionales. Según el Ministerio de Turismo de Italia, alrededor de 13 millones de italianos viajan este año por el país en torno al 15 de agosto, y el movimiento continúa hasta fin de mes por las vacaciones de verano. Sumado a esto, los millones de visitantes extranjeros convierten esta temporada en un desafío logístico monumental.Para mitigar los problemas derivados de la gran afluencia de turistas, muchas regiones adoptaron nuevas normativas. En la isla de Cerdeña, por ejemplo, varias playas populares ahora solo permiten el acceso mediante reserva previa a través de una aplicación. Además, se prohibieron plásticos, tabaco y, en algunos casos, incluso toallas y sillas de playa, en un esfuerzo por proteger el medio ambiente y mantener las playas limpias.En la famosa playa de La Pelosa, por ejemplo, se impusieron entradas limitadas: hay 1500 plazas por día y el costo es de 3,50 euros por persona.En Santa Teresa di Gallura y Sant'Antioco, dos localidades de Cerdeña, se han impuesto multas de hasta 500 euros para quienes no respeten estas regulaciones, incluyendo la prohibición de anclar sombrillas en las rocas. Asimismo, en Olbia, el alcalde ha prohibido el baño nocturno y las fiestas en la playa durante la noche, estableciendo una hora límite para la música hasta las 5 de la mañana, aunque algunos consideran esta medida demasiado generosa.Semáforos temporalesEn Roma, Florencia y Venecia, se han instalado semáforos temporales para controlar el flujo de peatones en áreas concurridas, evitando que los turistas se detengan a tomar selfies y bloqueen el paso. En la Costa Amalfitana, se ha regulado el tráfico alternando el acceso a ciertas carreteras según el número de matrícula, lo que busca evitar embotellamientos en las estrechas y pintorescas vías.Capri, otro destino popular, ha decidido duplicar su tasa de desembarco durante el fin de semana festivo, siguiendo el ejemplo de Venecia, que impuso una tasa similar a principios de año. En Trentino, una región montañosa en el norte de Italia, se han implementado monitores para controlar el flujo de excursionistas, cerrando senderos cuando alcanzan su capacidad máxima.La ministra de Turismo, Daniela Santaché, fue enfática al describir el término "sobreturismo" como una "blasfemia", insistiendo en que el verdadero desafío es la gestión eficaz del turismo. "Estamos preparando el terreno para futuros retos, como los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina en 2026 y el Jubileo en Roma en 2025â?³, afirmó Santaché, quien también señaló que estas serán oportunidades para diversificar la oferta turística y promover destinos menos conocidos.En Liguria, la emblemática Via dell'Amore, un sendero icónico de las Cinque Terre reconocido mundialmente, reabrió sus puertas tras 12 años de cierre. Este cierre se produjo debido al desprendimiento de una roca que provocó heridas a cuatro turistas australianos.Ahora, el acceso a este pintoresco camino es limitado y requiere una reserva previa, con un cupo de 400 personas por hora, distribuidas en intervalos de 100 personas cada 15 minutos, y únicamente en sentido Riomaggiore-Manarola. "El verdadero desafío comienza ahora", comenta Augusto Sartori, Consejero de Turismo de Liguria. "Nuestra misión es fomentar una nueva conciencia sobre el turismo sostenible", añadió.El turismo masivo no solo afecta a las zonas costeras y montañosas, sino también a las ciudades portuarias. Génova, Civitavecchia, Nápoles y Bari experimentaron un gran aumento en la llegada de turistas por mar.Agencias AP y AFP

El juez del 'caso Begoña Gómez' avala dar acceso a las partes al vídeo de la declaración de Pedro Sánchez como testigo

Chau SUBE: cuáles son las localidades del interior que tendrán acceso al nuevo sistema de pago el transporte

El Gobierno confirmó que se podrá abonar el transporte público con otros medios de pago. Dónde y cuándo comenzarán las pruebas.

El juez del 'caso Begoña Gómez' avala dar acceso a las partes al vídeo de la declaración de Pedro Sánchez como testigo

El castillo de Málaga del siglo X situado sobre una playa que es ahora un espacio cultural de acceso gratuito

Esta fortaleza celebra en su interior todo tipo de eventos culturales que atraen a multitud de turistas cada año

Ariel Lijo defendió su postulación para ser juez del máximo tribunal: "La Corte Suprema debe enfocarse en garantizar el acceso a la Justicia"

Se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Como representante de la justicia federal de todo el país, de la que ya recibió un fuerte aval, destacó la necesidad de fijar políticas de Estado para el Poder Judicial, como así también mejorar la modernización de la justicia. Resaltó la necesidad de trabajar con los otros poderes del Estado

Fiscal de Delitos de Odio propone identificar a usuarios de redes y prohibir acceso en caso de delito grave

Fiscal de Delitos de Odio propone identificar a usuarios de redes sociales y prohibir acceso en caso de delito grave

Publicada en el BOE la convocatoria de la segunda prueba de acceso a la abogacía de 2024

Publicada en el BOE la convocatoria de la segunda prueba de acceso a la abogacía de 2024

El Gobierno restringió fuertemente el acceso al programa de cannabis medicinal

El Gobierno restringió este martes el acceso al programa de cannabis medicinal. A través de la Resolución 3132/2024 publicada en el Boletín Oficial (BO), la administración de Javier Milei impuso más requisitos para acceder al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), creado en 2021, como no poseer antecedentes penales y tener una maestría o diplomatura sobre el tema.El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Russo, finalmente decidió llevar adelante mayores restricciones para el cannabis medicinal, luego de que el Gobierno hallara irregularidades en el Reprocann. La medida busca "fortalecer los controles y la transparencia" y "recuperar el espíritu inicial del Programa de la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud".Estas modificaciones alcanzan especialmente a cultivadores solidarios y a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). En ese marco, el Gobierno dispuso que los miembros de la comisión directiva de estas ONG no deben poseer antecedentes penales, el profesional tiene que contar con una diplomatura o maestría sobre el uso medicinal del cannabis, entre otros requisitos.A continuación, las nuevas restricciones:El registro para cultivadores solidarios se limitó a dos personas.Las ONG deberán estar registradas y habilitadas ante el organismo de inscripción y fiscalización que corresponda a cada jurisdicciónNotificación al municipio del objeto de la ONG/Asociación civil.Tener como parte de su objeto social el fin sanitario y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales.Los miembros de la comisión directiva de las ONG no deben tener antecedentes penales.Se establece como requisito excluyente para solicitar la inscripción en el Reprocann contar con indicación médica para uso de cannabis y sus derivados por parte de un profesional médico que se encuentre registrado en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) y contar con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta del Cannabis Medicinal"Irregularidades"Tal como anticipó LA NACION el mes pasado, el Ministerio de Salud garantizó el funcionamiento del Reprocann, pero "más ordenado y riguroso". El programa fue pensado para el acceso exclusivo de pacientes que necesiten pedir autorización al cultivo controlado de cannabis "con fines medicinales y/o terapéuticos, personas o entidades que necesiten cultivar para un tercero y profesionales de la salud que necesiten certificar a sus pacientes". Pero, según fuentes oficiales, el Reprocann está desvirtuado y por eso buscaban "reordenarlo", a través de la inclusión de nuevos criterios.Desde la administración mileísta marcaron que hubo diálogos a lo largo de estos meses con distintas ONG que trabajan sobre la temática y que habían manifestado su preocupación cuando, en abril pasado, se habló de revisar las autorizaciones.En la auditoría, según el Gobierno, se encontró "un cuello de botella de más de cien mil solicitudes pendientes de revisión, de las cuales ocho de cada diez prescripciones indicadas son por trastornos de ansiedad, insomnio y/o dolores". Enfatizaron que "el 16% del total de las prescripciones médicas fueron otorgadas por solo seis médicos y que unos 60 profesionales cuentan con más de 1000 prescripciones realizadas". Uno de esos médicos, agregaron en el Gobierno, autorizó a 13.000 personas a acceder al programa.

SuperSalud emite circular para asegurar acceso sin demoras a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

De acuerdo con la comunicación de la entidad, ninguna IPS puede exigir requisitos adicionales para acceder al IVE

Colombia declara el acceso a internet como interés social gracias a una nueva ley

La normativa aprobada el 9 de agosto transformará las telecomunicaciones en un servicio de utilidad pública. Además de evitar bloqueos municipales, promoverá el uso de estos servicios para mejorar la conectividad en todo el país

Aval judicial al acceso a ordenadores de investigados en el caso Mascarillas de Canarias

Choquequirao: Teleférico se adjudicará en 2025 para mejorar acceso a la 'hermana' de Machu Picchu

El parque arqueológico de Cusco es catalagado de los atractivos turísticos con más potencial, una inversión necesaria dado que Perú aún no recuperar sus cifras de turismo prepandemia

La OIT lanza en Argentina una iniciativa para debatir el acceso de la juventud al trabajo decente

Se llama #Laburencers y presenta experiencias de jóvenes en el trabajo formal, para informar a pares y promover el debate público sobre la inserción laboral y la transición entre escuela y trabajo.

Concierto de Juanes, Mau y Ricky, Lasso y Gian Marco en Costa 21: Horarios del show, mapa de acceso y recomendaciones

Los cantantes internacionales serán parte del show 'Juntos para ti' que se realizará este viernes 16 de agosto en el Multiespacio Costa 21 en San Miguel

Acceso a Internet: se duplicó la cantidad de hogares con velocidad superior a los 100 Mbps

Las mejoras tecnológicas, junto a la mayor demanda, condujeron a que miles de viviendas mejoraran su conectividad. Aún así, la penetración de la fibra óptica es lenta

Dos meses maniatada y sin acceso a agua: la mujer secuestrada en Salamanca había denunciado violencia de género

El secuestro se produjo cuando la víctima le dijo a su pareja que quería cortar la relación, momento en el que él y su madre decidieron encerrarla en una buhardilla

El club CUBA permitirá el pleno acceso a las mujeres

La decisión fue tomada luego de someterse a votación entre los socios y socias. El cambio apunta a adaptarse a los debates modernos que implican los cuestionamientos referidos a la igualdad de género.

Garantizar el acceso ante el recorte nacional

Lo confirmó la ministra de Salud, Silvia Ciancio. "En estos meses los envíos de esos insumos fueron insuficientes y no hubo notificación formal" del recorte.

Hijo de Eva Ayllón revela que Natalia Málaga tiene acceso a la casa de la criolla: "Tiene llave y estacionamiento"

A través de su abogado, se conoció que Francisco Ayllón declaró que la voleibolista puede ingresar a la vivienda que comparte con su madre

En una votación "más necesaria que urgente", las mujeres lograron tener pleno acceso al centenario club CUBA

768 votos de un total de 991 aprobaron las obras en la sede de Viamonte para que tengan acceso a todas las actividades.Si bien no sorprendió el resultado, según pudo averiguar Clarín, se esperaba una votación más ajustada.

Cómo lograr acceso al gas a precios competitivos, un desafío de largo alcance

Con respecto al gas la cuestión es más compleja ya que el RIGI es una condición necesaria pero no suficiente.

Acceso pleno para mujeres: mañana se vota la adecuación de las instalaciones de un tradicional club porteño

Mañana se votará si las mujeres podrán hacer uso total de las instalaciones de la emblemática sede de la calle Viamonte del Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) y los fondos necesarios para la reforma edilicia que permitirá que ellas tengan su propio vestuario, para así avanzar en el último reducto exclusivamente de hombres de una de las instituciones más tradicionales de la Capital.Aunque suene anacrónico, hoy las mujeres solo pueden ingresar para participar de actividades "sociales y culturales", mientras que únicamente los hombres acceden a los espacios deportivos. Ellas ya son socias plenas desde 2018, cuando en una asamblea histórica el 73% de los socios votaron en favor de este cambio, sin importar su estado civil ni filiación. Se aprobó también su ingreso a todas las sedes.Pero Viamonte quedó sujeto a la aceptación de un plan de obras para poder convertirse en mixta, según quedó plasmado en la reforma del estatuto interno. El estatuto equiparó las condiciones y estableció pasos asertivos, pero no temporales, para que todos los socios independientemente del género pudieran asistir al club en igualdad de condiciones.Seis años después, CUBA proyecta invertir $100 millones para dar quizás el paso más significativo en sus más de 100 años de historia. La reforma planea una obra en el subsuelo para que las mujeres tengan su vestuario y una rampa de acceso al gimnasio. El vestuario de hombres no se toca, mientras que para desarrollar el de mujeres -que tendrá siete duchas y cuatro inodoros- tomarán 17 metros cuadrados del vestuario de cadetes y moverán el área médica.La Comisión Directiva ya informó los pasos por seguir en caso de que mañana gane por mayoría simple el sí, que conseguirá que las mujeres gradualmente se incorporen a todas las actividades que se desarrollan en la sede central.CronogramaEn primer lugar se adecuarán los sanitarios para que algunos o todos sean también de uso femenino. Una vez finalizada esa etapa quedará habilitado el uso común de los espacios deportivos para judo, taekwondo, aikido, esgrima, yoga, pelota y squash, además del bar y la sala de kinesiología. Pero deberán esperar para las actividades que requieren el uso de vestuarios.Las mujeres no podrán acceder al gimnasio de pesas, el sector para clases de gimnasia, la sala de box, la cancha de parquet y la pileta hasta que finalicen las obras necesarias, cuya duración fue estimada en cuatro meses.Luego de las reuniones informativas en las que buscaron testear ideas para adecuar la sede central, se fijó la fecha de la asamblea extraordinaria para la votación que, al igual que en 2018, será en la sede de Palermo, que ese día estará cerrada para otras actividades. Como se dijo, deberán votar el uso común de la sede central del histórico club y los fondos presupuestarios para hacer la reforma edilicia para la cual, según informaron, los socios no deberán abonar una cuota extraordinaria, que era uno de sus principales temores.A partir de las 16, aquellos que deseen votar podrán acreditarse. Podrán participar socios -mujeres y varones- vitalicios, previtalicios y aquellos que cuentan con por lo menos dos años de antigüedad en la categoría de activo, tanto mujeres como varones. No deberán adeudar más de tres cuotas mensuales, aunque podrán abonarlas ese mismo día si quieren participar del proceso que definirá los cambios en la sede Viamonte.Actualmente, las mujeres representan el 35% del total de socios. Muchas prefirieron seguir como asociadas, la mayoría por una cuestión de costos, dado que la cuota es más barata. Sin embargo, a partir de la reforma del estatuto en 2018 no puede haber nuevas asociadas y la condición de las mujeres es exactamente la misma que la de los varones. Las asociadas podrán presenciar la asamblea de mañana y escuchar a los diferentes oradores, pero no podrán votar.A las 17 será el horario de la primera convocatoria, de acuerdo con el correo electrónico informativo que se distribuyó entre los socios. Aunque esperan poder comenzar la presentación y el debate a partir de las 18, hora del segundo llamado. La votación comenzará cuando la autoridad de la asamblea extraordinaria dé por finalizada la etapa de deliberaciones. Se estima que no sucederá antes de las 19.30 y que todo el proceso finalizará no antes de las 21. Los socios podrán concurrir directamente en ese lapso para votar, según se explicó en la comunicación oficial que recibieron, y podrán seguir acreditándose una vez iniciada la asamblea hasta el cierre del proceso.