abogados

Dos abogados penalistas debaten si el presidente De la Espriella viola la presunción de inocencia de los detenidos en sus megaoperativos

Francisco Bernate y Jhoan Andrés Montenegro ofrecieron argumentos opuestos en Infobae Colombia sobre la presunta afectación de garantías procesales de las personas detenidas en los recientes operativos en los que el mandatario hizo acto de presencia

Luis Alberto Posada confirmó que dejará de cantar algunas de sus más reconocidas canciones por disputa relacionada con derechos de autor: abogados del artista se pronunciaron

El equipo del cantante aseguró que una controversia sobre varias obras derivó en la suspensión temporal de su canal oficial de YouTube y cambios en sus conciertos

Abogados penalistas cuestionaron imágenes del presidente Abelardo de la Espriella encarando a detenidos durante los megaoperativos contra la delincuencia: "Se va acabar cuando lo declaren ilegal"

Los juristas Iván Máttar Cantillo, Juan David Londoño, Santiago Trespalacios y Juan Felipe Amaya explicaron las razones por las que un juez deberían declarar ilegales las detenciones en las que el jefe de Estado cruza palabras con algunos de los aprehendidos antes de lanzarles su frase a modo de sentencia: "Bienvenido a la patria milagro"

Abogados pidieron a Herdez 20 millones en efectivo para no quitarle sus cuentas, según Irene León

La abogada declaró que acudió a la empresa con otros abogados, por órdenes de su jefe

Bufete de abogados referente en Wall Street planea su cierre tras casi un siglo

El prestigioso despacho Weil, Gotshal & Manges, tras casi un siglo de actividad, planea cerrar ordenadamente por la salida de su personal clave.La firma, sin deudas, enfrenta una votación crucial tras fallar en su fusión con un rival y perder a su futura líder ejecutiva.

"Seria preocupación" del Colegio de Abogados por los insultos de Milei a periodistas

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su "seria preocupación" por los insultos y amenazas a periodistas, que tuvo como máxima expresión la referencia a quemarlos "en la hoguera" que lanzó el presidente Javier Milei la semana pasada, durante una cena en la fundación Faro. El Colegio reafirmó su compromiso histórico con la defensa irrestricta de las instituciones, la supremacía de la ley, los principios republicanos y las libertades consagradas en la Constitución manteniéndose independiente del signo político de los gobiernos de turno. En este marco, la entidad manifestó su inquietud ante las recientes expresiones y graves descalificaciones dirigidas hacia periodistas y medios de comunicación. Asimismo, el Colegio recordó que la libertad de prensa resguarda tanto a los profesionales del periodismo como el derecho esencial "de la ciudadanía a recibir información plural", conocer diversas opiniones y participar de un debate público abierto. Los firmantes destacaron que este derecho resulta indispensable para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas. Por otra parte, la institución señaló que "la mesura y el respeto" por los principios legales son condiciones ineludibles para el ejercicio de las responsabilidades públicas, especialmente en los cargos más altos del Estado. En este sentido, recordaron que las máximas autoridades deben mostrar una constante "disposición a aceptar el escrutinio" y la fiscalización sobre los asuntos que involucran el interés público. Finalmente, el directorio del Colegio de Abogados exhortó a los funcionarios y a quienes detentan responsabilidades públicas a fomentar un clima de respeto y tolerancia hacia el periodismo, así como a preservar la libertad de expresión. Tras los agravios, la semana pasada, dirigentes de la oposición y aliados del oficialismo repudiaron los dichos de Milei. Asimismo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó la reacción del presidente ante el sobreseimiento dictado en la causa $LIBRA. En un tuit habló de una "escalada" de este tipo de agravios. "La réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio en una sociedad democrática que tolera el disenso y la crítica", agregó.La Academia Nacional de Periodismo emitió un comunicado en el que da cuenta de las repetidas veces en las que Milei insulta a periodistas, "además de las recientes amenazas de muerte". El texto remarca que la "violencia institucional afecta a la democracia".Las expresiones aludieron a los insultos y agravios que el mandatario dirigió en las últimas horas contra periodistas que cubrieron el caso $LIBRA y legisladores que integraron la comisión investigadora. Durante un discurso en la Fundación Faro (dirigida por el intelectual y militante Agustín Laje), Milei afirmó que quienes consideraba responsables de difundir información falsa "se tienen que quemar en la hoguera" y los calificó de "hijos de puta".

El juez Pedraz exige de nuevo al PSOE que entregue en menos de 15 días y "sin más demora" la documentación sobre la contratación de abogados en el caso Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional descarta que el partido condicione la entrega a un pronunciamiento de la Abogacía Española y rechaza sus argumentos sobre secreto profesional y dispersión documental

El juez da quince días al PSOE para que "sin más demora" le informe sobre sus abogados

INPE interviene a dos abogados que pretendían ingresar con un celular y un chip al penal de Arequipa

Los detenidos buscaban reunirse con internos recluídos por cargos como usurpación agravada y robo agravado

El PSOE deja pasar las 48 horas que le dio el juez Pedraz para entregar los contratos de sus abogados y se escuda en el "secreto profesional" y la "confidencialidad"

Ferraz comunica al magistrado del 'caso Leire Díez' sus objeciones a la entrega de la documentación y espera a que la Abogacía del Estado le indique "cómo hacer" para no revelar información protegida de sus asesoramientos jurídicos

El PSOE pide un plazo adicional a Pedraz para facilitar datos sobre sus abogados

El PSOE pide al juez Pedraz respetar el secreto profesional de abogados y clientes

PSOE alega ante Pedraz que ha consultado con el Colegio de Abogados si puede entregar los contratos por confidencialidad

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires repudió la absolución del sindicalista camionero que bloqueó una empresa

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifestó su repudio al fallo de la semana pasada que absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, acusado de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas por, entre otras acciones, bloquear la empresa Rey Distribución SRL, ubicada en San Pedro. La entidad consideró "escandaloso" el criterio jurídico del juez que firmó el fallo, Alejandro Gabriel López.En un comunicado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó "su rechazo al escandaloso criterio jurídico adoptado por el juez Alejandro Gabriel López, del Tribunal en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, en la sentencia del 14 de octubre de 2026 que absolvió al dirigente del sindicato de camioneros Maximiliano Cabaleyro y a otros seis acusados"."El referido magistrado reconoció la existencia del bloqueo por reclamos sindicales que, mediante personas y un colectivo del sindicato, impidió durante cuatro días el ingreso y egreso de los camiones de la empresa. Sin embargo, encuadró arbitrariamente ese bloqueo en el ejercicio legítimo del derecho de huelga y, sobre esa base, descartó su carácter antijurídico", reprochó la entidad, que preside Fernanda Miérez.Al rechazar el criterio del juez que absolvió a Cabaleyro, el Colegio recordó que es "ilegal" el "bloqueo extorsivo a una empresa o comercio, aun cuando pudiera haber un reclamo laboral o sindical legítimo". La entidad subrayó: "Parece insólito tener que recordar que el derecho a manifestarse no es absoluto, por lo que su ejercicio debe desarrollarse dentro del marco legal y respetar los derechos de terceros, en particular el derecho de propiedad, la libertad de comercio y la libre circulación/tránsito"."Un precedente como el expuesto debilita el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, condiciones necesarias para la generación de empleo y el desarrollo del país. Por ello, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera indispensable que ese absurdo criterio sea corregido en las instancias judiciales de revisión", se subrayó en el comunicado del Colegio.Cabaleyro fue absuelto el miércoles pasado. El fallo se basó en que ejerció el derecho de huelga y que no se acreditó que haya recibido pagos de parte de los empresarios en maniobras de extorsión. Llegó al proceso en prisión domiciliaria y quedó inmediatamente en libertad.El fallo del juez López derivó en amplios repudios, que incluyeron un pedido de jury que presentó Manuel Passaglia, exintendente de San Nicolás y actual diputado bonaerense. Además, se expresaron contra la decisión judicial numerosas entidades.Senado: consiguió dictamen el proyecto y los cambios a la ley de salud mental quedaron un paso más cerca del recintoLa Sociedad Rural Argentina (SRA) fue una de las instituciones que repudiaron el fallo del juez López. "Ante las decisiones judiciales que se tomaron en la semana, la Sociedad Rural Argentina expresa su preocupación frente a fallos que pueden debilitar el respeto por la ley y los derechos fundamentales. La libre circulación, la libertad de trabajo y el ejercicio de toda actividad lícita son pilares de una sociedad democrática y de una economía que busca desarrollarse. Ningún reclamo puede justificar la violencia, las amenazas, la extorsión ni los bloqueos que impidan el normal funcionamiento de una actividad productiva", sostuvo la entidad agropecuaria.La Unión Industrial Argentina (UIA) consideró el fallo "un preocupante retroceso en materia de seguridad jurídica y respeto por los derechos de quienes producen y trabajan en la Argentina".La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) consideró que avalar estas prácticas "representa un grave retroceso para la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, el empleo formal y el desarrollo del país".Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su "más honda consternación" por la absolución de Cabaleyro. "La impunidad es siempre lamentable y lo es aún más cuando, teniendo los magistrados los elementos correspondientes para hacer justicia, optan por avalar el delito", se indicó en un comunicado de la entidad.

Gil Lavedra retuvo dos bancas de abogados en la Magistratura y La Libertad Avanza quedó afuera

La lista de Biglieri y Sarmiento ganó con el 34%, con casi la mitad de los votos porteños. El peronismo fue dividido y sumó un consejero por cada boleta. Leer más

Consejo de la Magistratura: la lista de Alberto Biglieri ganó entre los abogados y obtuvo dos de las cuatro bancas

Unidad en Defensa de la Abogacía consiguió el 34% de los votos. También ingresarán representantes de las listas encabezadas por Itatí Demarchi Arballo y Fernando Levene. La Libertad Avanza quedó sin representación y resta definir una mesa en Corrientes

La lista apadrinada por Gil Lavedra ganó la elección de los abogados para el Consejo de la Magistratura

Unidos por la Abogacía se quedará con dos de los cuatro consejeros en juego: Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento.La lista de peronistas y radicales se quedó con otra banca, y el kirchnerismo con la cuarta.Los libertarios, lejos y sin nada.

Consejo de la Magistratura: los abogados eligieron a sus representantes y una lista con referentes porteños sacó ventaja

Como parte de la renovación de bancas en el Consejo de la Magistratura, este martes votaron los abogados de la matrícula federal y en el escrutinio provisorio sacó ventaja la lista "Unidad en Defensa de la Abogacía", que reúne a la actual conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf) y del Colegio de Abogados de la Ciudad con decenas de agrupaciones profesionales de todas las provincias.Pasadas las 21 horas, y con el 93,4% de las mesas escrutadas, "Unidad en Defensa de la Abogacía" lideraba la votación. Detrás de ella se ubicaba "Abogacía Unida y Dignidad Profesional", que cuenta con el impulso de un sector del peronismo porteño. Tercera, una lista con respaldo mixto entre radicales y peronistas: "Abogacía Federal". Y en cuarto lugar, el espacio identificado con La Libertad Avanza, "Abogacía por la Libertad".Los números terminaron muy justos. Por eso, fuentes tribunalicias manifestaron cautela a la hora de definir si las cuatro listas tendrán un representante y así se completan las cuatro bancas en juego, o si la última de las listas se quedaba con las manos vacías. Esto se debe a que para calcular el reparto se emplea el sistema D'Hondt, el mismo que rige para el Congreso, razón por la que el porcentaje final de cada lista será determinante.Como primer candidato de lista "Unidad en Defensa de la Abogacía", Alberto Biglieri se encamina a ocupar una de las bancas en el Consejo de la Magistratura. Lo acompañan en la lista Claudia Sarmiento, Eduardo Bittar y Jaminka Mihaljevic, como candidatos titulares, y Carlos Más Vélez, Ana O'Neill, Guillermo Lipera y Carolina Grillo como suplentes, con un sistema de rotación de bancas a mitad de mandato. En la previa, esta lista se asomaba como la gran candidata a ganar la elección. Contaba con el impulso de Ricardo Gil Lavedra, expresidente del Cpacf.Biglieri ganó notoriedad en los últimos meses después de haber sido el interventor de la UOM. Desde ese rol impulsó una auditoría que detectó presuntas irregularidades durante la gestión de Abel Furlán al frente del sindicato. Y además rescindió el contrato del gremio con una de las empresas atribuidas a María Soledad Calle, propietaria del piso de abajo de la expresidenta Cristina Kirchner, en San José 1111.Biglieri integró el Consejo de la Magistratura porteño entre 2019 y 2023 y está vinculado con el empresario del juego y operador judicial del radicalismo y Pro Daniel Angelici.En segundo lugar en el escrutinio provisorio aparecía la lista Abogacía Unida y Dignidad Profesional, impulsada por el peronismo. Contó con el respaldo del auditor general de la Nación Juan Manuel Olmos. Su primera candidata es la cordobesa Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María.Esta última referencia no es un dato menor, ya que la territorialidad también influye en cómo pueden repartirse las cuatro bancas para los abogados en el Consejo de la Magistratura. Miembros de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) explicaron que la integración tiene que respetar las condiciones previstas por el reglamento: entre los cuatro representantes debe haber al menos dos abogados o abogadas de la matrícula federal del interior del país, al menos uno de la Ciudad de Buenos Aires y al menos dos mujeres.En Abogacía Federal, el primer candidato es Fernando Levene. Expresidente del Colegio de Abogados de La Plata, este año fue incorporado a la lista de conjueces de la Suprema Corte bonaerense.¿Quiénes la impulsan? Conviven un sector del radicalismo y otro del peronismo. Detrás de la lista están el senador Maximiliano Abad (UCR), el peronista Diego Molea â??ya elegido para regresar a fin de año al Consejo de la Magistratura en representación de los académicosâ??, el exconsejero Miguel Piedecasas y el gobernador peronista de Córdoba, Martín Llaryora. Es el espacio que busca quedarse con el lugar que hoy ocupa en el estamento de los abogados la consejera María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.Es decir, el peronismo participó desplegado en más de una lista y con dirigentes cordobeses en ambas: Llaryora detrás de una, Demarchi Arballo al frente de la otra.La lista "Abogados por la Libertad", identificada con La Libertad Avanza, está encabezada por Luis Palomino, concejal de Vicente López y exfuncionario en la Secretaría de Trabajo de la Nación. En función de cómo finalice el conteo final de los votos, pese a ubicarse en cuarto lugar, podría llegar a obtener una banca.

Elección de abogados: ganó la Lista que encabeza Biglieri e integra Bittar, quien logró un claro triunfo en Córdoba

El presidente del Colegio de Abogados local alcanzó el 51,2% en la Capital. En segundo lugar quedó la boleta encabezada por la presidenta del Colegio de Villa María, Itatí Demarchi. El tercer puesto fue para la lista que tiene como suplente al funcionario provincial Juan Manuel Aráoz y en cuarto lugar, la de los libertarios. Leer más

Una trabajadora es despedida, lleva a su empresa a los tribunales pero el día del juicio no se presentan los abogados: consiguió sacarles 60.000 euros

La Justicia de Barcelona condenó a B.I. Logistique por un despido tras no presentarse a la audiencia laboral. La empresa demandó después a sus abogados, pero el tribunal rechazó responsabilizarlos por la pérdida del juicio

El juez Pedraz da 48 horas al PSOE para que le entregue los contratos de sus abogados y consultoras tras ignorar el primer requerimiento

El magistrado vuelve a reclamar la documentación sobre las contrataciones realizadas entre 2021 y 2025 por los órganos centrales y territoriales del partido

BDO Abogados nombra cinco nuevos socios en España y eleva su cifra total a 28 profesionales

Elecciones en el Consejo de la Magistratura: los abogados votan para renovar sus cuatro representantes

Cerca de 184 mil profesionales están habilitados para sufragar entre las 9 y las 18 en todo el país. Cuatro agrupaciones compiten por las bancas correspondientes al período 2026-2030

Abogados exigen que Bittar dé explicaciones por los gastos de campaña

A horas de las elecciones para el Consejo de la Magistratura de la Nación, una agrupación de abogados cordobeses presentó un pedido formal ante la Junta Electoral de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Reclaman que el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, explique cuánto dinero gastó en su campaña, quién la financió y si se utilizaron recursos o bases de datos de la institución que conduce. Leer más

Los abogados votarán el 20 de octubre para renovar sus representantes en el Consejo de la Magistratura

Cerca de 184 mil matriculados federales están habilitados para participar de los comicios. Cuatro listas competirán por las bancas del estamento para el período 2026-2030. Sus principales candidatos hablaron con Infobae sobre sus expectativas y qué consideran que está en juego

El juez que impuso multas al gobierno por incumplir el financiamiento universitario, frenó la reforma laboral que afectaba a abogados

Martín Cormick, ordenó suspender por tres meses los artículos que imponían el pago en cuotas de los juicios laborales y el pago de costas por parte de letrados. Entre las entidades impulsoras se destaca el Colegio de Abogados de Córdoba y entidades del interior y otras provincias. Leer más

Abogados de exmilitares colombianos acusados por el crimen del presidente haitiano Jovenel Moïse revelaron qué ayuda recibirán del Gobierno De la Espriella

La notificación se conoce después de que el presidente colombiano anunciara el respaldo jurídico y económico para los detenidos y sus familias

Dos fallos suspendieron la reforma laboral en dos artículos que afectan a los abogados

El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick suspendió por tres meses dos artículos de la ley de reforma laboral en dos asuntos sensibles para los abogados.Dejó sin efecto por tres meses el artículo que hace a los abogados responsables de las costas cuando un juicio laboral reclama más de lo que después reconoce la sentencia. El otro artículo suspendido permitía a las empresas pagar en cuotas las condenas de esos juicios.El magistrado firmó dos resoluciones en menos de 24 horas. La primera respondió a 28 colegios de abogados de Córdoba, Corrientes, Misiones, Chaco, Río Negro, Santa Fe, Salta, Catamarca, La Pampa, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego. La segunda hizo lugar al amparo colectivo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf). Las dos cautelares regirán por tres meses o hasta que haya sentencia definitiva, lo que ocurra primero.El artículo 10 de la ley de reforma laboral modificó el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esa norma ya preveía que si había "pluspetición inexcusable", es decir, si el empleado reclamaba de más, el trabajador y su abogado pagarían solidariamente las costas, pese a la gratuidad del juicio laboral. La reforma agregó que esa pluspetición se configura "de manera objetiva en caso de sobreestimación de los créditos reclamados".Para el juez Cormick, ese agregado "carece de claridad en su redacción" y genera "incertidumbre" para los trabajadores y sus abogados "respecto al modo de encauzar su pretensión procesal". Sostuvo que la "pluspetición" es una excepción a la gratuidad y que sólo puede determinarla el juez de cada causa, con un "examen minucioso" de la conducta del actor y de su letrado que establezca su "responsabilidad subjetiva".El juez agregó que la norma "no guarda coherencia" con el resto de la ley laboral, que ya fija pautas claras para calcular las indemnizaciones. También dijo que en el cambio "aparece una intromisión por parte del Poder Legislativo en las facultades del Poder jurisdiccional". Citó, además, la regla de la propia reforma según la cual, en caso de duda, debe aplicarse la norma más favorable al trabajador.Pagos en cuotasEl otro artículo, el 56, permite a las grandes empresas pagar las condenas laborales en hasta seis cuotas mensuales, y a las pymes en hasta doce, ajustadas por inflación más un 3% anual. Los colegios de abogados plantearon que la ley no distingue si eso alcanza también a los honorarios, que forman parte de las costas.Cormick recordó que, según la Corte Suprema, los honorarios no son accesorios del capital de condena porque su causa es el trabajo del profesional. Pero también admitió que integran las costas y, por lo tanto, la sentencia. Esa "falta de distinción" de la ley, escribió, obliga a interpretar si los honorarios pueden pagarse en cuotas y genera una "evidente incertidumbre".Concluyó que autorizar a las empresas a pagar en cuotas "sin dar intervención y/o participación al titular del crédito" aparece, "en este estado larval del proceso", como "una clara violación al derecho de propiedad". Lo respaldó con la máxima de que "reglamentar no es destruir".El Colegio Público de la Abogacía porteño celebró el fallo en un comunicado. Recordó que durante el debate legislativo había advertido que la reforma "no podía menoscabar la tarea de los abogados y las abogadas mediante la imposición de riesgos patrimoniales o la afectación de nuestros honorarios". "Como no fuimos escuchados, promovimos un amparo colectivo", señaló.Sobre el artículo 10, la entidad sostuvo que la diferencia entre lo reclamado y lo reconocido "puede obedecer a las dificultades para acceder a la información necesaria para calcular el crédito, al resultado de la prueba o a distintas interpretaciones jurídicas". Agregó que esa diferencia, por sí sola, "no justifica que los abogados y las abogadas debamos responder con nuestro patrimonio". "El riesgo de tener que hacerlo condiciona nuestra libertad para defender los derechos de nuestros clientes y puede desalentar reclamos que corresponden", afirmó.Sobre el pago en cuotas, el Colegio dijo que el régimen "posterga el cobro de créditos laborales y honorarios de naturaleza alimentaria". Según la entidad, coloca "injustificadamente" a los abogados laboralistas y a sus clientes "en una situación más gravosa que la de otros acreedores judiciales"."La cautelar no resuelve aún el planteo de inconstitucionalidad", admitió el Cpacf, y anticipó que seguirá impulsando la acción. "Tenemos el deber de defender el ejercicio libre de la profesión y el derecho a percibir una retribución justa por nuestro trabajo", concluyó.

Reforma laboral: la Justicia suspendió cambios sobre costas y honorarios de abogados

La medida cautelar frena disposiciones que permiten responsabilizar a los profesionales por reclamos excesivos y afectan el cobro de sus retribuciones. Leer más

La Justicia suspendió dos artículos de la reforma laboral ante los reclamos de los colegios de abogados

La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a una medida cautelar de varios colegios de abogados y suspendió por tres meses la aplicación de dos artículos de la Ley 27.802. Así, el plan de modernización laboral del Gobierno sufre un revés en los tribunales.La resolución firmada por el titular del juzgado n°11, el juez federal Martín Cormick, congela temporalmente los cambios introducidos en el régimen de costas procesales y en la modalidad de pago de las sentencias condenatorias. La medida había sido solicitada por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), presidido por Alejandra García, a cuyo reclamo se acopló una treintena de entidades profesionales del interior del país.Para los letrados, los artículos 10 y 56 de la nueva normativa representaban una amenaza a su ejercicio profesional y a la intangibilidad de sus honorarios. Para el Gobierno, en cambio, eran herramientas diseñadas para desarmar la denominada "industria del juicio".El detalleEl artículo 10, que modificaba el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), introducía un criterio para sancionar la "pluspetición inexcusable". En la práctica, establecía que si se detectaba una sobreestimación de los créditos reclamados en una demanda, el abogado debía responder de manera solidaria junto con el trabajador por el pago de las costas del proceso.En el CPACF argumentaron que este riesgo patrimonial condicionaba la libertad para defender a sus clientes. Sostuvieron que la diferencia entre lo que se reclama inicialmente y lo que el juez finalmente reconoce muchas veces responde a la dificultad para calcular rubros o al mero resultado de la prueba, no necesariamente a una conducta temeraria.El magistrado Cormick avaló esta postura en la instancia preliminar. Advirtió que el texto de la reforma "carece de claridad" y genera incertidumbre, al remarcar que es el magistrado en cada caso particular quien debe evaluar si existió dolo, culpa o negligencia por parte del letrado, en lugar de aplicar una sanción automática por la diferencia de montos.Por otro lado, el artículo 56 habilitaba el pago de las condenas laborales en hasta seis cuotas mensuales consecutivas para las grandes empresas, y en hasta doce cuotas para las micro, pequeñas y medianas empresas, actualizadas por inflación más un interés del 3% anual.Sin embargo, la Justicia consideró que la redacción de la ley no distinguía entre el capital que debe cobrar el trabajador y los honorarios de los abogados. Para Cormick, permitir que las empresas fraccionen unilateralmente estos pagos sin intervención del acreedor asoma "como una clara violación al derecho de propiedad". En los considerandos, el juez recordó que los honorarios profesionales tienen carácter alimentario, no son un simple accesorio de la condena y deben regirse por la Ley de Aranceles (27.423).La discusión de fondo sigue abiertaDurante la tramitación del expediente, el Ministerio de Justicia defendió la validez de los cambios, al argumentar que la responsabilidad solidaria era indispensable para desalentar los reclamos abusivos en los tribunales, mientras que el pago en cuotas oficiaba de alivio para las unidades productivas frente a sentencias.Si bien la resolución no declara la inconstitucionalidad de los artículos -una cuestión de fondo que deberá resolverse más adelante en el marco del amparo colectivo-, ordena que durante los próximos 90 días, o hasta una sentencia definitiva, vuelvan a regir las normas anteriores.

Revés para Milei: la Justicia suspendió dos artículos de la reforma laboral que objetaban los abogados, entre ellos uno de honorarios

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 hizo lugar a una cautelar presentada por el Colegio Público de la Abogacía porteño, y frenó temporalmente la aplicación de los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802.La resolución alcanza a la responsabilidad de los abogados por reclamos laborales considerados excesivos, y al pago de honorarios profesionales y condenas judiciales en cuotas.

Tres firmas de abogados asumieron la representación de Gloria Arizabaleta, excongresista que 'suspendió' a Gustavo Petro

La exlegisladora es investigada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto

Consejo de la Magistratura: lo que está en juego cuando votan los abogados

El 20 de octubre, los abogados de todo el país elegiremos a nuestros representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación por los próximos 4 años. Este tipo elecciones suelen pasar inadvertidas para muchas personas que defienden los valores republicanos. Habitualmente peticionan por la necesidad de contar con un Poder Judicial más independiente y eficaz a la hora de combatir la corrupción y resolver con eficacia los reclamos judiciales de la ciudadanía, pero pocas veces tienen presente que un Consejo de la Magistratura de la Nación independiente y eficaz resulta indispensable para lograr esos objetivos. Lamentablemente, el desempeño del Consejo actual es opaco, poco independiente y claramente ineficaz a tales fines, los resultados están a la vista. Los procedimientos judiciales son lentos en general. En aquellos casos en que se investiga algún supuesto de corrupción suelen ser eternos y los procesos de selección de aspirantes a jueces resultan poco transparentes y con un alto grado de discrecionalidad. Es por tal motivo que un grupo relevante de agrupaciones civiles, integradas todas por abogados/as, decidimos participar en esta elección conformando la lista "Unidad en Defensa de la Abogacía", de la cual tengo el honor de ser parte en representación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. En la presente columna intentaré explicitar la importancia de estas elecciones y su relación con la necesidad urgente de mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Nación. Asimismo, enunciaré algunas de nuestras propuestas a tal fin. Conforme lo dispone la Constitución Nacional, el Consejo de la Magistratura tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a jueces y emitir las propuestas al Poder Ejecutivo en ternas vinculantes; ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados; decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados y, en su caso, ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente; dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. Resulta evidente que el Consejo no está cumpliendo debidamente con las atribuciones que le atribuye la Constitución. Es por tales circunstancias que el resultado de estas elecciones resulta de suma importancia no sólo para los abogados sino también para todo ciudadano que a diario sueña y reclama vivir en una auténtica república, en donde cuente con tribunales confiables a quienes pueda acudir en forma rápida y efectiva para defender sus derechos. La triste realidad actual es conocida por todos. Estamos ante una crisis profunda de confianza de la ciudadanía en el funcionamiento del Poder Judicial en general. Para revertirla hacen falta jueces idóneos e imparciales, elegidos mediante procedimientos transparentes, y un servicio de justicia eficaz, accesible y que resuelva los asuntos en un tiempo razonable. Caso contrario, el Estado de Derecho continuará debilitándose cada día un poco más. No resulta posible hablar de buena calidad institucional y mucho menos de república sin un sistema de Justicia sólido, independiente y eficaz. Por eso decidimos unirnos para afrontar el desafío de hacer un cambio profundo en el desempeño del Consejo de la Magistratura de la Nación. Resulta imperioso a los efectos de generar las condiciones necesarias para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación. A tales efectos, los candidatos de las agrupaciones que representamos, firmamos un documento en el que constan los compromisos que asumimos cumplir en representación de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Se trata de un acuerdo que resulta poco habitual en estos procesos: acordar y firmar de antemano qué vamos a hacer en el hipotético supuesto de ser elegidos y aceptar el control no solo de dichas agrupaciones sino también de la sociedad toda. A continuación, haré una breve referencia de los compromisos asumidos: Promover una selección de aspirantes a jueces basada en el mérito y la idoneidad, mediante procedimientos objetivos, previsibles y transparentes, garantizando igualdad entre profesionales independientes y funcionarios judiciales. Defender el orden de mérito, limitar la discrecionalidad y asegurar la publicidad y trazabilidad de los concursos. Uno de los problemas más serios y opacos del sistema de selección actual reside en la entrevista personal que los miembros del Consejo tienen con cada uno de los aspirantes. Lo que debería ser una instancia complementaria para evaluar en base a pautas objetivas la vocación, criterio y compromiso democrático del postulante, se ha convertido usualmente en una oportunidad para alterar arbitrariamente el orden de mérito obtenido en los exámenes de oposición y de antecedentes realizados previamente. Consecuentemente, el mérito alcanzado en forma objetiva cede debido a pautas subjetivas que tiñen de sospecha el resultado de los concursos. Por tal motivo, nos comprometemos a limitar sustancialmente los márgenes de discrecionalidad que desvirtúan los resultados de los exámenes técnicos y a garantizar que cada etapa sea pública y trazable, sobre la base de criterios objetivos y fijados de antemano. En este sentido, valoramos muy especialmente la propuesta enviada por la Corte Suprema de la Nación que limita sustancialmente el puntaje correspondiente al resultado de las entrevistas personales. Cuando hablamos de "igualdad" hacemos referencia a la necesidad de que los abogados independientes no sean discriminados debido a no provenir de la carrera judicial como actualmente sucede. También nos comprometemos a defender la presencia de género en los concursos. Asimismo, proponemos: -Defender a los jueces frente a toda presión y promover el cumplimiento efectivo de sus deberes, entendiendo independencia y rendición de cuentas como condiciones complementarias. -Impulsar un Código de Ética Judicial y procedimientos disciplinarios eficaces, con plazos razonables. -Defender el ejercicio profesional y promover respuestas frente a las demoras, dificultades de acceso, problemas de comunicación y demás obstáculos del sistema judicial. -Fortalecer la vinculación con colegios, asociaciones e instituciones de todo el país para representar las distintas realidades de la abogacía. -Promover estadísticas e indicadores públicos que permitan evaluar objetivamente el funcionamiento de los tribunales, sus resultados e identificar sus problemas. -Promover mejoras en conectividad, equipamiento y sistemas de gestión, incorporando responsablemente tecnología, automatización e inteligencia artificial, con transparencia y supervisión humana. Simplificar procedimientos, facilitar su seguimiento y reducir tiempos de respuesta en el acceso a la justicia. -Hacer públicas nuestras posiciones y votos como consejeros en los asuntos institucionalmente relevantes, explicar los criterios que los sustentan y rendir cuentas periódicamente ante la abogacía. El Consejo de la Magistratura necesita más transparencia, desde nuestra lista Unidad vamos a dar el ejemplo. Por último, nos comprometemos a promover una formación judicial de excelencia, abierta, plural, federal y accesible, con estándares académicos exigentes y con participación de las instituciones de la abogacía de todo el país. Los jueces del futuro se forman hoy. Aspiramos a que nuestra lista "Unidad en Defensa de la Abogacía" sea un punto de inflexión en lo que a las elecciones de abogados para integrar el Consejo de la Magistratura se refiere. Un grupo relevante de agrupaciones tomamos la decisión de participar activamente y acordamos un programa integral de objetivos como así también de los principios y valores que nos inspiran. En base a su contenido nos comprometemos a representar a la abogacía con plena independencia de otros intereses. No somos tan solo ocho candidatos, representamos a un número importante de agrupaciones que nos respaldan y a quienes rendiremos cuenta diariamente de nuestra actuación en caso de llegar a desempeñar los cargos. El 20 de octubre, la matrícula tiene la oportunidad de elegir a sus representantes en función de estos compromisos y de exigir que se cumplan. Recuperar la confianza en el Poder Judicial resulta imprescindible, la abogacía tiene la responsabilidad institucional de hacer su aporte para lograrlo y puede hacerlo. ¡El esfuerzo vale la pena!

Una lista de abogados promete "transparentar el funcionamiento de la justicia" en el Consejo de la Magistratura

Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Lipera y Alejandra García patrocinan la lista Unidad por la Abogacía, cuyo candidato es José Biglieri.Prometen impulsar el reglamento para los concursos judiciales y rendir cuentas de sus votos en el organismo.El 20 de octubre. 160.000 abogados de todo el país elegirán a sus cuatro representantes.

Firma de abogados del presidente De la Espriella emprenderá acciones legales contra Matador por insultos a la primera dama, Ana Lucía Pineda

El bufete personal del mandatario sostuvo que el mensaje del caricaturista constituye una descalificación y violencia simbólica contra la mujer, por lo que pedirá a las autoridades establecer las responsabilidades correspondientes

La Corte frenó a los jueces que recortan los honorarios de los abogados y debaten posibles sanciones en el Consejo

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto dos decisiones judiciales que habían reducido los honorarios de abogados por debajo de los mínimos establecidos por la ley y fijó un criterio que los jueces inferiores deberán tener en cuenta al regular el trabajo profesional.Los casos se dan en medio de una disputa abierta en el Consejo de la Magistratura, entre la abogacía y un sector de los jueces, por un expediente en trámite contra un magistrado debido a cómo reguló honorarios. Las decisiones de la Corte fueron celebradas por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf), que llamó a los jueces a cumplir con los mandatos de estas sentencias de la Corte y a aplicar la ley para regular los honorarios. La presidenta del Cpacf, Alejandra García, destacó que los fallos transmiten un mensaje claro y contundente y advirtió que "los mínimos arancelarios establecidos por la ley no pueden ser ignorados mediante invocaciones genéricas a las características del proceso, la extensión o calidad de la tarea profesional o el resultado obtenido". García afirmó: "Apartarse del régimen legal exige una fundamentación jurídicamente suficiente".En el caso Puebla, la Corte falló acerca de honorarios ligados a un amparo de salud contra el Ministerio de Salud de la Nación. En primera instancia, el juez fijó los honorarios de los dos abogados en un total de 20 UMA, es decir, unos 2.084.400 pesos, pero luego la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal recortó ese monto a 10 UMA en total, la mitad, es decir, 1.042.200 pesos.Para justificarlo, la Cámara aludió de forma genérica a que no convenía aplicar los porcentajes arancelarios de manera automática si llevaban a una desproporción con el trabajo realizado.La Corte no aceptó ese argumento. Señaló que la Cámara se apartó del artículo 48 de la ley sin declarar su inconstitucionalidad ni elaborar argumentación plausible alguna que lo autorizara. Recordó además que la ley establece que los jueces no pueden dejar de lado los mínimos legales porque son de orden público y que para las acciones de amparo rige una regulación mínima de 20 UMA cuando no se aplica la escala por monto. Según el máximo tribunal, la Cámara no explicó los motivos que la llevaron a reducir a la mitad lo que había fijado el juez.El otro fallo, del caso Martinuzzi, se refería a un amparo contra Omint. Allí, la Corte consideró arbitraria una decisión de la Cámara Civil y Comercial Federal que había reducido a 14 UMA ($1.459.080) los honorarios de los abogados de la parte actora, sin explicar por qué se apartaba del mínimo de 20 UMA, lo que daba una diferencia de 625.320 pesos.El máximo tribunal insistió en que la ley exige que toda regulación esté fundada y que la mera mención de las normas aplicables no constituye una fundamentación válida.La disputa en el ConsejoLa Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura votó en agosto pasado una sanción de multa del 35% de su sueldo para el juez en lo civil Carlos Goggi, del juzgado 91, por haber declarado de oficio la inconstitucionalidad de la ley 27.423. En las resoluciones que se le cuestionan, el juez aplicaba en su lugar la ley anterior, la derogada 21.839, lo que modificaba el cálculo de los honorarios.La consejera Jimena De la Torre, que impulsó la sanción, sostuvo que el expediente podría terminar en la Comisión de Acusación, la antesala de un juicio político. La Asociación de Magistrados, en cambio, repudió que el Consejo pretendiera sancionar a un juez por el contenido de un fallo. El Colegio Público pidió en septiembre que el plenario del Consejo, presidido por Horacio Rosatti, trate con urgencia el dictamen, que, de ser aprobado, implicará un descuento en el sueldo del magistrado.

Green card en el aeropuerto: denuncian que residentes permanentes pasan días detenidos y sin acceso a abogados

Al menos 19 titulares de green card en Estados Unidos permanecieron detenidos durante más de 72 horas en el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO, por sus siglas en inglés) entre enero y julio de 2026. Las autoridades de la ciudad reclamaron a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) mejores condiciones, atención médica y acceso a abogados para las personas retenidas.Green card: 19 residentes permanentes estuvieron detenidos más de 72 horasDe acuerdo con una investigación de San Francisco Chronicle, al menos 25 personas permanecieron durante más de tres días en una sala de SFO utilizada por la CBP. De ese grupo, 19 eran residentes permanentes legales y posteriormente fueron trasladados a centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).El informe llevó al fiscal de la ciudad de San Francisco, David Chiu, y al director del aeropuerto, Mike Nakornkhet, a enviar una carta a responsables locales de la CBP. En el documento expresaron su preocupación por las condiciones en las que permanecen las personas bajo custodia federal."Retener personas durante días en las condiciones descritas en los informes públicos es inhumano, inaceptable y contrario a los valores de la ciudad", señalaron Chiu y Nakornkhet en la carta.Los funcionarios también reclamaron que la CBP garantice el respeto de los derechos y la dignidad de las personas que llegan o transitan por SFO.Residentes con green card denunciaron problemas de salud y acceso a abogadosUno de los casos citados por San Francisco Chronicle es el de un residente permanente de 67 años con diabetes, quien aseguró que permaneció ocho días en la sala de espera. Según su relato, durmió sentado en una silla, con las luces encendidas, y durante ese período no tuvo una forma adecuada de controlar sus niveles de glucosa.El hombre también afirmó que no recibió ropa interior ni prendas limpias mientras permaneció bajo custodia.La investigación recogió además los testimonios de abogados que representan a seis residentes permanentes detenidos en SFO durante seis días o más desde el verano de 2025. Según esos profesionales, ninguno de esos seis clientes pudo comunicarse con un abogado durante su permanencia en el aeropuerto. Solo dos tuvieron llamadas diarias con familiares, de un máximo de cinco minutos.Ante estos testimonios, las autoridades de San Francisco pidieron a la CBP que las personas retenidas tuvieran acceso a controles médicos, profesionales de la salud, medicamentos recetados y teléfonos para comunicarse con abogados y familiares.También solicitaron ropa de cama y vestimenta limpia, además de espacios separados para dormir en los que las luces puedan reducirse durante la noche.Qué respondió CBP sobre las detenciones en SFOLaCBP sostuvo que está comprometida con hacer cumplir las leyes migratorias y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad y el bienestar de las personas bajo su custodia."El tiempo y la naturaleza de ese procesamiento pueden variar dependiendo de diversos factores, incluidos los registros necesarios, la coordinación con otras agencias gubernamentales y la logística de transporte o viaje", afirmó el portavoz de la CBP, Jaime Ruiz.La agencia también aseguró que las instalaciones de SFO cuentan con alojamiento adecuado y acceso a servicios médicos cuando son necesarios.Las normas de CBP establecen que, por lo general, las personas bajo custodia no deberían permanecer más de 72 horas en una instalación de detención y que debe procurarse el menor tiempo posible. La investigación del San Francisco Chronicle encontró que más de 400 personas permanecieron durante períodos superiores a ese plazo en aeropuertos internacionales desde enero de 2026. Entre ellas había 146 residentes permanentes legales.SFO registró el segundo mayor número de casos de este tipo, detrás de Miami. Además, tuvo la mayor proporción de residentes con green card entre las personas identificadas, con 19 de los 25 casos registrados en el aeropuerto.La visita de Alex Padilla y el reclamo de la ciudadEl senador demócrata por California Alex Padilla visitó la sala de detención de SFO el 1° de octubre. Después de la visita, cuestionó que un espacio concebido para recibir y procesar pasajeros sea utilizado durante períodos prolongados para mantener a personas bajo custodia."Esto no está pensado para ser un centro de detención de largo plazo. Y, en ocasiones, ha sido tratado como tal", afirmó Padilla, según San Francisco Chronicle.La visita se produjo mientras crecía la preocupación de funcionarios locales y abogados por las condiciones de las personas que permanecen durante varios días en esa sala.Las autoridades de San Francisco solicitaron a CBP registros relacionados con el uso de ese espacio y pidieron una respuesta antes del 15 de octubre.

La reacción de dirigentes políticos, periodistas y abogados tras el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras

Referentes de la izquierda, la oposición y el sindicalismo se pronunciaron después de que el máximo tribunal suspendiera provisoriamente la derogación de la norma. Mientras algunos destacaron el alcance de la movilización social, otros cuestionaron el accionar de la Corte y advirtieron que la discusión sobre el DNU 70/2023 continúa. Leer más

"Repudiamos todo acto de terrorismo": el mensaje del Colegio de Abogados de la Ciudad a tres años de la masacre del 7 de octubre

A tres años de la masacre del 7 de octubre perpetuada por Hamas en Israel, el Colegio de Abogados de la Ciudad (Cacba) repudió "todo acto de terrorismo" y realizó un llamamiento a la "paz".Por medio de un comunicado, la entidad que preside María Fernanda Mierez manifestó que el 7 de octubre de 2023 un grupo de terroristas mató a sangre fría y secuestró a hombres, mujeres y niños judíos, "incluyendo dentro de tal atrocidad a ciudadanos argentinos por su sola condición religiosa"."En esta fecha honramos su memoria y nos solidarizamos con todos los sobrevivientes y sus familias", expresó.A su vez, el Colegio de Abogados consideró que en tiempos en los cuales se incrementó el sentimiento antisemita y aumentó la propagación de discursos de odio, su deber institucional es "alzar la voz, hacer un llamado a recordar lo sucedido y procurar obtener de ello un aprendizaje"."Repudiamos todo acto de terrorismo y toda forma de violencia contra la población -cualquiera sea credo, raza o religión-, incompatibles con los principios esenciales de la existencia humana y con la idea de pluralidad", afirmó.Además, resaltó que la sociedad argentina sufrió los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la sede de la AMIA (1994), por lo que "conoce el costo del terrorismo y sabe que la memoria y la justicia son deberes que no admiten indiferencia"."Por eso hacemos un llamado a la paz, a la unidad y a dejar atrás el odio y las diferencias religiosas, culturales o políticas. La verdadera integración consiste en reconocer la existencia del otro, su dignidad y su derecho a la vida. La civilización es poder convivir respetando nuestras diferencias. Sin ese reconocimiento no hay convivencia posible, y sin convivencia no hay paz duradera", afirmó.Y completó: "Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida humana, con la libertad de culto, y la promoción de una cultura de diálogo, tolerancia y respeto mutuo".La masacre del 7 de octubre perpetrada por Hamas dejó un saldo de 1200 personas muertas, entre ellas 27 argentinas. Además, 251 fueron secuestradas. Los últimos rehenes recuperaron su libertad en octubre de 2025, luego de una extensa serie de negociaciones de alto el fuego que los líderes de la organización palestina mantuvieron con Israel, y con Estados Unidos como intermediario.

Abogados de medios piden al tribunal frenar veto de la Casa Blanca

Un juez federal evalúa si el gobierno de Trump puede limitar el acceso de ciertos medios a la Casa Blanca, alegando discriminación.Medios afectados argumentan que se trata de una violación a la libertad de prensa, mientras el gobierno cita preocupaciones de seguridad.

Masiva inhabilitación de abogados en Nicaragua compromete el derecho a la defensa, según experta de la ONU

Margaret Satterthwaite destaca que la medida se suma a la persecución, acoso y exilio que padece el gremio jurídico en el país centroamericano

Christa Pike recuperó la consciencia tras el fallido intento de ejecución en Tennessee y sus abogados buscan preservar pruebas

La mujer permanece bajo cuidados intensivos después de recibir dos dosis de pentobarbital. Sus abogados califican la recuperación como "sin precedentes".

¿Christa Pike volverá a ser ejecutada? Las opciones y estrategias legales de sus abogados para salvarla de la pena de muerte

Tras sobrevivir a una inyección letal en un hecho sin precedentes, el equipo de defensa de Christa Pike despliega una estrategia legal en múltiples frentes â??que incluye reclamos de doble incriminación y peticiones de clemenciaâ?? para asegurar que Tennessee no pueda enviarla de regreso a la cámara de la muerte.

Abogados de Sasha Sokol analizarán posible demanda por revictimización en la serie de Timbiriche

La cantante espera el estreno para evaluar cómo retrata la producción su relación con Luis de Llano, caso que ya tiene una sentencia confirmada

Christa Pike se encuentra consciente y hablando, según sus abogados

Una mujer de 50 años, tras un intento fallido de ejecución en Tennessee, se recupera y está consciente, informan sus defensores legales.Aún esposada y bajo vigilancia, su estado es incierto. Los médicos anticipan un largo proceso de recuperación para la paciente.

Christa Pike "está consciente y puede hablar" tras el fallido intento de ejecución: la revelación de sus abogados y qué pasará ahora

Confirmaron que la mujer de 50 años está despierta y puede comunicarse tras recibir dos dosis de pentobarbital. Sigue internada, con lesiones en los brazos y un pronóstico todavía incierto.

Elecciones en el Consejo de la Magistratura: 185 mil abogados eligen a sus representantes

Se presentan cuatro listas, una que tiene como referente a Ricardo Gil Lavedra (aunque no es candidato), dos de distintas vertientes del peronismo y por primera vez un candidato de La Libertad Avanza. Leer más

Del expediente al celular: cómo cambia el trabajo cotidiano de los abogados

La plataforma MIABOGADO.com.ar integra asistencia automatizada, seguimiento de causas y una red federal de profesionales en un mismo entorno

Abogados reclaman sancionar el mal desempeño de los jueces y eliminar los "acomodos políticos" en el próximo Consejo de la Magistratura

El exjuez y expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal Ricardo Gil Lavedra cuestionó la "defensa corporativa" de los jueces en el Consejo de la Magistratura, donde señaló un ejercicio casi inexistente de sus facultades disciplinarias. En una entrevista con LA NACION, Gil Lavedra y el abogado Guillermo Lipera, que integra la lista Unidad en Defensa de la Abogacía para la elección de consejeros que se realizará el próximo 20 de octubre, reclamaron cambios en el reglamento de selección de jueces para evitar el "amiguismo" y las manipulaciones políticas.Gil Lavedra dijo que la falta de un sistema disciplinario sólido permite que "graves faltas de conducta, dilaciones inaceptables e irregularidades por parte de los jueces queden impunes o se resuelvan con meras llamadas de atención o sanciones simbólicas, resquebrajando la legitimidad y la confianza pública en el sistema de justicia".Denunciaron que la discrecionalidad aplicada durante las entrevistas personales de los concursos para jueces rompe de "forma escandalosa los órdenes de mérito técnicos" y permite que postulantes ubicados en posiciones relegadas tras los exámenes escritos asciendan arbitrariamente a los primeros lugares debido a afinidades partidarias o relaciones personales.Para revertir esta dinámica, la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, que lleva a Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Eduardo Bittar y Jaminka Mihaljevic como candidatos titulares, y a Carlos Más Vélez, Ana O'Neill, Guillermo Lipera y Carolina Grillo como suplentes, propone llevar al ámbito nacional una representación profesional, plural e independiente. El objetivo central del espacio es que la abogacía neutralice tanto las presiones de la política partidaria como los sesgos corporativos de la judicatura.Ambos prometieron mecanismos de transparencia activa e innovación tecnológica, auditorías permanentes sobre el desempeño de los tribunales y la creación de un tablero de control de gestión público dentro del Consejo de la Magistratura. Lipera remarcó que el organismo administra cuantiosos recursos y cuenta con más de 1000 empleados, sin brindar estadísticas sobre la carga de trabajo, la duración real de los juicios o el uso de presupuestos, situación que atribuyeron a la abierta resistencia de ciertos sectores judiciales a ser auditados.Plantearon que tanto los jueces como los legisladores que asuman como consejeros soliciten licencia obligatoria en sus cargos para dedicarse con exclusividad a la función, de modo de estar en igualdad de condiciones con los abogados.Gil Lavedra se refirió además al reciente fallo de la Corte Suprema que rechazó una medida cautelar contra el DNU 70/23 y revalidó la derogación de la Ley de Tierras. Dijo que el decreto de Javier Milei es "abiertamente inconstitucional" por su formato ómnibus y por referirse a asuntos ajenos a una emergencia. Además, la sentencia, dijo, genera una "fuerte incertidumbre institucional" al no dejar claro qué normas rigen en el país.â??¿Cómo fue el proceso para transformar la lista que ganó en el Colegio de la Abogacía de la Capital en una lista federal?â??Gil Lavedra: Para lograrlo fue necesario consolidar alianzas con colegios del resto del país y construir una representación muy amplia del ejercicio profesional.â??¿Qué expectativas tienen respecto al resultado electoral y al nivel de participación?â??Gil Lavedra: La expectativa es que puedan ingresar tres abogados. Y en tercer lugar Eduardo Bittar y Guillermo Lipera. En la elección anterior, por menos de 1800 votos, no pudimos colocar al tercer consejero. Hoy estamos más fortalecidos y la lista de unidad se encuentra más consolidada. Queremos que vaya muchísima gente a votar de un padrón de más de 100.000 profesionales, porque una alta participación le otorga mayor legitimidad a la representación.â??El Consejo de la Magistratura suele ser visto como un órgano político. ¿Cuál es su mirada sobre la función de los abogados?-Gil Lavedra: El Consejo de la Magistratura fue una incorporación traumática de la reforma constitucional del 94. Y digo traumática porque ha sufrido muchas críticas. Hasta esa reforma, la Argentina seguía la nominación política: el Presidente elegía al que quería y el Senado le daba el acuerdo. Lo que intentó la reforma es que la selección de los candidatos sea técnica, sea profesional. Fue un acierto. Lo que quiso el constituyente es que no hubiera predominio de ningún estamento. Yo creo que los representantes de Diputados y del Senado tendrían que ser abogados, no diputados y senadores en ejercicio.â??¿Qué perfil van a encarnar ustedes en el Consejo?â??Lipera: El que pide la Constitución. La principal atribución del Consejo es dictar las reglamentaciones necesarias para una justicia independiente y eficaz. Un juicio por accidente de tránsito dura cinco años y medio, cuando debería durar muchísimo menos. Cuando hicimos la auditoría de la justicia con Ricardo, el Colegio le propuso a la Corte por escrito un sistema automatizado de control para dar transparencia a la gestión de los expedientes. El Consejo no quiso, sobre todo por los jueces, que no quieren ser auditados.â??Gil Lavedra: Podemos producir un equilibrio en el Consejo. Evitar el espíritu corporativo judicial, que se manifiesta en el casi inexistente ejercicio de la facultad disciplinaria. Yo creo que los jueces tienen que responder por sus malas conductas. Es un escándalo que se venzan los plazos y nunca se les pueda hacer un llamado de atención o una multa. Y después, evitar también las manipulaciones políticas en las designaciones, que vienen del sector político.â??¿En qué se nota esa ineficiencia?â??Lipera: En que no se transparenta cómo funciona la Justicia. Uno puede encontrar por internet cualquier servicio que presta el Estado. ¿Podés encontrar qué carga de trabajo tiene cada juzgado o cuánto tarda un expediente? No. Tampoco hay un tablero de control de gestión del Consejo: hay más de 1000 personas trabajando ahí. Cualquier empresa, cualquier estudio jurídico tiene un tablero de gestión. Acá no sabemos en qué se gasta la plata ni qué hace. Si no ocurrió hasta ahora es por la resistencia de algunos sectores.â??¿Hay alineamientos políticos en las votaciones del Consejo?â??Gil Lavedra: Es cierto que en el pasado había dos grandes sectores: uno alineado con el gobierno de turno y otro con la oposición. Me parece que eso se ha debilitado y han cobrado mayor vigencia los estamentos. No veo tan claro que haya en este momento dos bloques.â??Los jueces son el estamento con más influencia. ¿Van a estar alineados con ellos?â??Gil Lavedra: No, no. La abogacía tiene una voz importante en el Consejo y vamos a tratar de encontrar los equilibrios que hacen falta.â??Lipera: Si la Justicia anda mal, la abogacía anda mal. No podés defender a tu cliente en tiempo y forma. Y si sos un abogado honesto también sufrís, porque ves que no podés llevar justicia a la persona que confía en vos. Lo que necesitás son jueces honestos e imparciales. â??Gil Lavedra: La función central del Consejo es garantizar la independencia de la justicia. Pero también debe procurar la legitimación de la Justicia. Es decir, que sea creíble y confiable para la sociedad.â??¿Qué medidas pueden cambiar eso?â??Gil Lavedra: Una, mejorar el servicio, que es una cuestión objetiva. Otra, buscar una legitimación a través de que los jueces tengan un comportamiento adecuado. La falta de ejercicio de las facultades disciplinarias socava la confianza de la gente. Y además pierde el Consejo cuando hay discrecionalidad para elegir los candidatos: hemos visto que no se respetaba el orden de mérito, de modo escandaloso.â??Lipera: Eso también socava la confianza. Cuando ves mucho amiguismo: que son amigos de uno, amigos del otro.â??Hoy el Consejo tiene 20 miembros porque la Corte volvió a la ley original. ¿Hace falta una nueva ley?â??Gil Lavedra: Es una circunstancia anómala, porque la Corte declaró inconstitucionales algunos artículos de la ley 26.080. Queda una situación de parche. Habría que sancionar probablemente una nueva ley, que recoja todo lo que se ha discutido y que sea muy precisa con la integración, que ha sido el tema polémico.â??Lipera: Tenés cuatro senadores y cuatro diputados. Nosotros somos cuatro nada más, y somos un sector importante. Deberíamos ser más y bajar el número de legisladores. Además, los jueces trabajan en el juzgado y también en el Consejo, mientras que los abogados tenemos que renunciar a la matrícula para dedicarnos 100%. En mi opinión personal, los jueces deberían dejar de juzgar para dedicarse en serio, y lo mismo los legisladores.â??¿Se metió la política en las listas de abogados?â??Gil Lavedra: Todos los integrantes de nuestra lista, titulares y suplentes, tienen un vínculo muy estrecho con la colegiación. Una característica de esta lista es la preeminencia de las asociaciones y colegios de abogados.â??El Consejo que termina hizo muchísimos concursos y este gobierno nombró casi 200 jueces. ¿Cómo lo ven?â??Gil Lavedra: Yo veo muy bien que se hayan cubierto las ternas que se mandaron. El Ejecutivo eligió al que quería dentro de la terna y el Senado le dio acuerdo: eso está dentro de su competencia. El Consejo mejoró muchísimo. Yo creo que ha sido benéfica la incorporación del presidente de la Corte dentro del Consejo.â??¿Cuál es la deuda para la próxima gestión?â??Lipera: Mejorar la selección. Un estudio comparaba hace poco la cantidad de denuncias con la cantidad de sanciones, y la sanción es ínfima respecto de la denuncia. â??Gil Lavedra: Los puntos centrales son el reglamento para la selección de los jueces, el código de ética, la transparencia a través del tablero de control, poder tener estadísticas confiables y la modernización. Quisiéramos que este modelo que inauguramos en el Colegio Público, de buscar acuerdos, se acompañe con el voto de los abogados. Eso también es lo que permite empoderar a las organizaciones y disminuir la presión de la política.â??Lipera: El gran objetivo es empoderar a los abogados, que realmente tengamos incidencia, porque somos un cuadro activo en el día a día.â??Gil Lavedra: Cuanto más poder le das a las organizaciones, menos intervención tiene la política.

Advertencia de abogados por los ataques de Javier Milei a periodistas: "La libertad de prensa está en peligro"

La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA) alertó que existe un riesgo concreto para la libertad de expresión en la Argentina a partir de las reiteradas agresiones del presidente Javier Milei contra periodistas. Habló de un "hostigamiento" que puede generar autocensura y generar un mecanismo de intimidación directo para los comunicadores.El organismo, que preside Juan Pablo Zanetta, manifestó su profunda preocupación por la actitud reciente del jefe del Estado hacia periodistas como María Eugenia Duffard, Jésica Bossi y Fernán Saguier, director periodístico del diario LA NACION. "El peligro real es que el miedo a convertirse en el próximo blanco termine por condicionar las preguntas, las investigaciones y las opiniones", afirmaron los abogados por medio de un documento difundido en las últimas horas.A su vez, sumaron una reflexión contundente sobre esta amenaza institucional: "La autocensura no requiere de una orden explícita, sino que se instala sola cuando el precio de informar pasa a ser la exposición al hostigamiento".Para los letrados, el debate público avala por completo cuestionar a la prensa o criticar una investigación. Sin embargo, fijaron un límite claro: "Una cosa es la confrontación de ideas y otra, muy distinta, es recurrir al insulto personal y exponer públicamente a quienes ejercen la tarea de informar".El reclamo se centra específicamente en la investidura de quien profiere las descalificaciones. "El uso del insulto y la injuria adquiere su mayor gravedad cuando quien los emite es el Presidente de la Nación. La enorme asimetría de poder amplifica el alcance del agravio y exige a la máxima investidura actuar con especial mesura", puntualizaron.La declaración sustentó su postura con fallos históricos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal protege el debate apasionado, pero rechaza la violencia verbal. "La libertad para criticar no es una 'patente de corso' para vulnerar la dignidad de las personas, no hay un 'derecho al insulto' ni a la humillación gratuita", recordaron de manera taxativa.De esta forma, precisaron los márgenes constitucionales vigentes ante las discusiones públicas. "La tutela constitucional se extingue cuando la confrontación de ideas es sustituida por el empleo de epítetos denigrantes, injuriantes o locuciones ajenas al interés público".Auditar al poderEl texto hizo un especial hincapié en cuidar la tarea informativa diaria. "El periodismo de investigación es un pilar insustituible para la salud institucional de la República. Su función esencial no es complacer al gobierno de turno, sino auditar el uso de las atribuciones", enfatiza.Sobre el cierre de la declaración, la AABA defendió la transparencia de los actos de gobierno: "Sin investigación independiente, la transparencia se debilita y la rendición de cuentas desaparece. La democracia requiere de una prensa libre, capaz de incomodar al poder".Finalmente, repudiaron la descalificación personal en reemplazo del debate. "Ninguna autoridad del Estado se halla exenta del deber primario de respetar las libertades fundamentales que sostienen el Estado de Derecho", concluyó la institución.

Elecciones de abogados en el Consejo de la Magistratura: de los candidatos de Karina al peso de la lista apoyada por Angelici

Cuatro listas respaldadas por distintos sectores del radicalismo, el peronismo y La Libertad Avanza competirán el próximo 20 de octubre.La elección renovará a los representantes del sector para el período 2026-2030 en el órgano encargado de seleccionar magistrados.

Christa Pike sigue "inconsciente, intubada y conectada a un respirador": sus abogados piden perpetua

"Ya pasó 30 años en prisión y en esa terrible sesión de ejecución tal vez nunca sepamos el grado de tortura que sufrió...", dijo su abogado Stephen Ferrell, reclamando al gobernador del estado, el republicano Bill Lee, que conmute su pena capital a prisión perpetua. Renunció el titular de la penitenciaria en medio del escándalo.. Leer más

Abogados de inmigración advierten por llamadas "mega master hearings" en las cortes de Florida

Los abogados de inmigración advierten por las mega master hearings en cortes de Florida, un esquema de citas migratorias masivas que reúne numerosos expedientes en una misma jornada. En Miami, este tipo de audiencias genera filas, esperas prolongadas y preocupación entre personas con procesos pendientes.Mega master hearings en Florida: qué cambia en las cortes migratoriasSegún Immigration Solution USA, desde agosto de 2026 hubo en Florida audiencias con grupos de más de 100 personas, modificaciones de fechas y esperas prolongadas para ingresar al tribunal. La firma señaló que algunos pueden pasar de una cita prevista para años posteriores a una comparecencia mucho más cercana.Abogada especialista en migración explica qué son las audiencias conjuntas. De acuerdo con el manual de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), una master calendar hearing trata asuntos procesales, cargos, plazos y próximas etapas del caso. No equivale a una individual calendar hearing, instancia en la que el juez puede escuchar argumentos, testimonios y pruebas vinculadas con un pedido de alivio migratorio.Qué informó EOIR sobre jueces y audiencias migratoriasLa EOIR anunció en junio de 2026 la incorporación de 39 jueces de inmigración y seis jueces temporales. Según Immigration Solution USA, ese anuncio forma parte de los esfuerzos oficiales para aumentar la capacidad de las cortes y avanzar sobre los expedientes pendientes.El manual oficial también establece que, si cambia la fecha, la hora o el lugar de una master calendar hearing, la persona debe recibir una notificación por correo en la dirección registrada ante la corte. Por eso, el domicilio actualizado cumple un rol central dentro del expediente.Inmigración en Florida: Miami elimina audiencias virtualesSegún informó Noticias Telemundo, la corte de inmigración de Miami suspendió desde septiembre las audiencias virtuales en determinados casos y pasó a exigir comparecencias presenciales. Ese tribunal tenía cerca de 290 mil expedientes pendientes de deportación y solicitudes de asilo. La medida derivó en audiencias presenciales en Miami con grupos numerosos y filas desde la madrugada.El medio también citó a especialistas que recomendaron acudir a la cita asignada y buscar asesoría de defensa de deportación. Una ausencia puede derivar en una orden de expulsión en ausencia si la corte considera que la persona recibió notificación válida.El riesgo de llegar tarde a una audiencia en la corte migratoriaLa EOIR indicó que cualquier demora en la comparecencia a una master calendar hearing o a una individual calendar hearing puede causar que la audiencia se realice en ausencia de la persona. En ese escenario, el juez puede emitir una orden de remoción in absentia.El organismo aclaró que los controles de seguridad son obligatorios en todas las cortes migratorias. Esa exigencia no elimina la obligación de estar en la sala en el horario fijado para la audiencia.Immigration Solution USA recomendó revisar la notificación más reciente, confirmar el tipo de audiencia y verificar qué documentos exige el tribunal. También advirtió que una persona no debe asumir que una fecha anterior sigue vigente si recibió una nueva citación.Los reportes nacionales de EE.UU. sobre audiencias masivasAssociated Press informó que las cortes migratorias de Estados Unidos aumentaron esta modalidad durante 2026.La agencia señaló que este esquema se aplica en distintas ciudades y que las audiencias masivas redujeron el margen de preparación para algunos casos. El reporte indicó que más de 1300 jornadas de ese tipo se realizaron solo en junio.También señaló que, en varias cortes, las personas recibieron menos tiempo para preparar procedimientos complejos. El medio vinculó ese ritmo con un aumento de ausencias y órdenes de deportación.Algunos jueces incluso recibieron decenas o más de 100 expedientes en una misma jornada.

Los abogados de Christa Pike revelaron detalles del fallido intento de ejecución en Tennessee

Un documento expuso las irregularidades ocurridas dentro de la prisión Riverbend. La defensa denunció múltiples fallas con las agujas y describió el estado actual de la condenada a muerte

El refuerzo de la justicia en Ceuta dos meses después de la entrada masiva: 2 jueces, 3 fiscales y 15 abogados de oficio

RDC: Amnistía Internacional denunció una red de espionaje de Marruecos contra periodistas, activistas y abogados

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal en España Marcelo Molina explicó qué revela el informe sobre espionaje a periodistas, activistas y abogados, y cómo repercute en la relación entre España y Marruecos. Leer más

Se recalienta la elección de abogados en el Consejo de la Magistratura: "Lo maneja Angelici y Olmos", disparó el candidato libertario

La elección de abogados para integrar el Consejo de la Magistratura se recalienta. Esta vez, el epicentro del debate fue una jornada sobre transparencia en la elección de jueces organizada por la Suprema Corte de Mendoza, donde expusieron dos referentes que competirán con sus listas el 20 de octubre: Luis Palomino, de La Libertad Avanza, y Daniel Angelici, consejero electo por los académicos, pero además orientado a la lista peronista.Ambos mostraron coincidencias y realizaron explosivas consideraciones."Todos sabemos que los concursos son amañados; al Consejo lo gobierna el grupo de Olmos y el grupo de Angelici", en referencia al auditor general de la Nación, el peronista Juan Manuel Olmos y al dirigente radical y operador judicial todoterreno Daniel Angelici, dueño de bingos.Olmos impulsó y articuló la lista "Abogacía Unida y Dignidad Profesional", que lleva a Itati de Marchi, donde se alineó La Cámpora y el kirchnerismo. La agrupación de Angelici integra la lista "Unidad en Defensa de la Abogacía", que lleva a Alberto "Nacho" Biglieri como candidato.Palomino, concejal de Vicente López, que llegó aquí con el apoyo de dirigentes libertarios, no se ahorró comentarios. Dijo que hay "endogamia" en los concursos de selección de jueces porque los abogados no tienen chance ante los candidatos que provienen de la propia magistratura. Exhortó a "profesionalizar la justicia", revisar el reglamento de selección, con entrevistas estructuradas, y realizar procesos de auditoría del Consejo.Le siguió en el panel Diego Molea, que arrancó con eufemismos: "Hay mucha hipocresía, y hay cosas que no se hablan en el sector judicial". La charla se realizó en la Universidad Congreso, de Daniel Vila y José Luis Manzano, y fue convocada por el juez de la Suprema Corte mendocina José Valerio, antaño dirigente radical y ahora activo magistrado disruptivo que se hace escuchar con sonoras disidencias en el máximo tribunal local donde pesa la influencia del oficialismo. Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora, es consejero electo por el estamento de los académicos, y al mismo tiempo promueve su lista. El dirigente retomó la palabra de Palomino para recalcar que su lista "no tiene patrones; los otros candidatos tienen que pedir permiso para venir a hablar"."Hay grupos de poder en torno al Consejo, la política busca entrometerse y los grupos de poder presionan. Buscan solucionar sus problemas económicos con cautelares. Está la intromisión del poder público y del poder privado y ambos intentan presionar", dijo el consejero electo.Otros párrafos de su discurso estuvieron dirigidos al proyecto de reforma de reglamento de selección que planteó la Corte en la acordada 4, impulsado por los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.Dijo: "Hay que ver si es una facultad de la Corte o una intromisión en las facultades del Consejo de la Magistratura, cuando además no vienen los actores a debatir"."No lo vamos a aprobar a libro cerrado", señaló y recalcó: "Suerte que Rosatti [Horacio, presidente de la Corte y del Consejo] dijo que no se iba a votar a libro cerrado".Reconoció que en estas elecciones del Consejo "se disputa poder". "Puede haber negociaciones, pero los jueces no tienen patrones; cuando son designados no le deben nada a nadie, solo deben cumplir con la ley", indicó.Insistió en que hay "una doble vara en el Poder Judicial" y en ese sentido criticó el garantismo penal cuando se acentúa el trato hacia los delincuentes y no mira a las víctimas.La jornada fue organizada por la Corte local, el Incep, la Universidad Congreso y la Universidad Champagnat.Además de Valerio, se destacó la presencia del juez de la Corte mendocina Mario Adaro.Valerio, al inaugurar las jornadas, advirtió sobre los problemas del sistema local de concursos, el secretismo que existe en los debates del consejo relacionados con la corrección de los exámenes y aseguró que en el proceso hay "padrinazgos, negociaciones e intercambios"."Estamos hablando de poder", advirtió. Criticó la falta de coraje de algunos jueces designados que, sostuvo, actúan "como los bomberos que le temen al fuego". Reescribió en ese sentido la frase del Martín Fierro que señala "hace amigo del juez" y la reemplazó por "hace juez a un amigo".Alertó finalmente no solo sobre la política que busca incidir en el proceso de designación de jueces, "sino sobre el riesgo de infiltración de poderes mafiosos" en esa tarea.

Firma de abogados de Abelardo de la Espriella enfrenta un pleito con la esposa de Jaime Vives, quien sería el nuevo gerente de Coljuegos: de qué se trata

Marcela Dangond pidió ante un juez el reintegro de los honorarios que pagó a De la Espriella Lawyers para su divorcio con Jaime Vives, tras alegar incumplimientos y ausencia de avances durante 14 meses de representación jurídica

Por qué Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee: las hipótesis de especialistas y sus abogados sobre la ejecución fallida

El pentobarbital se administró en su totalidad y la condenada continuó respirando: una falla sin precedentes que el estado todavía no supo explicar y que derivó en una revisión externa ordenada por el gobernador Bill Lee

Falla la primera ejecución de una mujer en dos siglos en Tennessee, dicen sus abogados

La ejecución de una mujer en Tennessee falló tras la inyección letal; fue trasladada a un hospital al ser vista respirando y roncando.La Corte Suprema permitió el procedimiento, pese a las fallas denunciadas por el equipo de defensa, que incluyeron problemas con el pentobarbital.

Firma de abogados fundada por Abelardo de la Espriella acatará multa de $571 millones, pero rechazó que el fallo se use con fines políticos

La controversia corresponde a un proceso de carácter tributario relacionado con el cobro del IVA por servicios jurídicos prestados a Saludvida EPS

Los abogados de Cristina Kirchner hicieron una nueva presentación ante la ONU para que se revise la condena de la expresidenta

Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner hicieron este martes una nueva presentación formal ante la ONU para que se revise la condena de 6 años de prisión contra la exmandataria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en medio del operativo clamor de parte del peronismo para que la exjefa de Estado sea candidata el año próximo.Los letrados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego introdujeron una adenda del caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para pedir la suspensión de la pena de inhabilitación para ejecer cargos.También denunciaron actos de "intimidación", en particular la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de Fernández de Kirchner, en violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del comité, según indicaron a LA NACION desde en el entorno de la expresidenta."Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del Comité", dijo Valim en diálogo con la agencia Reuters.Para el letrado, "eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité".Valim apostó además que el comité "va a reconocer las violaciones de derechos". "Aquí la duda es cuándo", se preguntó.La presentaciónLa adenda introducida este martes, y a la que tuvo acceso LA NACION, busca "poner en conocimiento del Comité tres hechos sobrevenidos de especial relevancia para la comunicación individual presentada por Fernández de Kirchner".En primer lugar, denunció una "serie de actos de intimidación contra la exmandataria posteriores a que se hiciera pública su presentación ante el Comité. Entre ellos se mencionan declaraciones de jueces que intervinieron en la causa Vialidad, el avance sobre sus bienes â??incluido el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliariaâ?? y publicaciones del presidente Javier Milei contra la expresidenta". La adenda sostiene que "estas actuaciones son incompatibles con la obligación asumida por Argentina, al ratificar el Protocolo Facultativo, de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de presentar comunicaciones individuales ante el Comité".En segundo lugar, se presentó un nuevo elemento probatorio que se considera "decisivo" para la causa Vialidad. "La condena sostuvo que el Decreto 54/2009 había permitido utilizar recursos del fideicomiso vial SISVIAL (Fuente 14) para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez. La defensa había solicitado durante el proceso prueba sobre el destino efectivo de esos recursos, pero su producción fue rechazada por las distintas instancias judiciales" indicaron los letrados.Pero agregaron que "en agosto de 2026, sin embargo, en la causa Cuadernos, un funcionario auditor convocado por la propia Fiscalía aportó planillas oficiales sobre los pagos realizados con recursos de la Fuente 14. A partir de esa documentación, la defensa encargó una pericia contable y auditora a Specs Consultoría". Según la Adenda, esos resultados "contradicen de manera sustancial la premisa utilizada en la condena: de las 51 obras de la causa Vialidad, solamente 17 fueron financiadas con la Fuente 14; de los 3.855 certificados pagados con esos recursos, únicamente 36 correspondieron a esas obras; y, de aproximadamente US$ 2.200 millones desembolsados, el Grupo Austral recibió US$ 18,66 millones, equivalentes al 0,85% del total". "Además, Austral no figura entre las quince principales constructoras beneficiarias de la Fuente 14, mientras que el primer lugar corresponde a IECSA S.A., empresa vinculada a la familia Macri", añadieron.En tercer lugar, la adenda denunció "más intimidación después de conocerse estos nuevos elementos". En particular, cuestionó la difusión pública de un video de 2018 correspondiente al allanamiento de su departamento de Recoleta, en el que "aparecen espacios privados, su dormitorio y efectos personales". La presentación consideró que esa difusión "constituye una grave vulneración del derecho a la vida privada protegido por el artículo 17 del Pacto y recuerda que precisamente frente a ese domicilio Fernández de Kirchner sufrió el intento de asesinato del 1 de septiembre de 2022".El casoFernández de Kirchner había llevado su caso a la ONU el 29 de julio último para denunciar que durante el proceso judicial por el que terminó condenada se violaron sus derechos políticos y las garantías del debido proceso. Valim explicó en aquella oportunidad que la comunicación enviada a Naciones Unidas no fue "un acto de agresión" al sistema judicial argentino, sino un "derecho constitucional" y un "mecanismo previsto por las normas del orden".El letrado, de ciudadanía brasileña, también participó en la defensa del presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, en la causa por corrupción Lava Jato.La defensa de la exmandataria busca la "suspensión de la inhabilitación perpetua" para frenar la restricción de los derechos políticos de la expresidenta mientras se resuelve la condena, y la "modificación del régimen de prisión domiciliaria", que incluiría el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de la restricción de visitas, el acceso al aire libre y un "tratamiento igualitario respecto a otros detenidos en idéntica condición".Y también una "integración legal de la Corte Suprema" con una "normalización" de la composición del máximo tribunal para "garantizar el Estado de Derecho y el derecho a un recurso judicial efectivo".La condena de la exmandataria data de junio de 2025, cuando fue sentenciada a 6 años de prisión -que cumple de forma domiciliaria- e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa por una maniobra de corrupción en torno a la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz durante su presidencia y la de Néstor Kirchner.

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Según adelanta 'El Confidencial', el exmagistrado sopesa montar un despacho y dedicarse al asesoramiento jurídico, una posibilidad que ya habría consultado con varias personas de su confianza

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A medida que la IA vuelve más eficientes a los estudios de abogados, los clientes preguntan: "¿Dónde está mi descuento?"

Los grandes estudios jurídicos aceleran procesos con nuevas herramientas tecnológicas, pero los clientes empiezan a exigir que esa eficiencia también se refleje en lo que pagan.

Maratón del Colegio de Abogados: Más de 2.600 participantes en homenaje a los héroes de Malvinas

La competencia que se realizó este domingo incluyó pruebas de 10K y 6K y tuvo como lema "Malvinas corre con nosotros". Quiénes fueron los ganadores. Leer más

Abogados Cristianos denuncia a la asociación abertzale Ernai por destruir la Cruz del monte Isuskitza en Álava