En el marco de los 14 años de la Masacre de La Carcova, el municipio abrió una Centro Popular de Acceso a la Justicia.
La titular del Ejecutivo reiteró que México no va a aceptar nunca la "intromisión" y el "injerencismo"
En muchos casos, los bancos deben abonarte el reembolso, pese a que se muestren reticentes a ello
Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco notificaron esta mañana a la Cámara 10a. del Crimen la decisión por diferencias "insalvables" con el acusado. Leer más
Más de 249 mil derechohabientes perdieran la propiedad de su hogar
La acción de tutela se interpone por la presunta vulneración del derecho al debido proceso y a la administración de justicia, debido a que la jueza Sandra Heredia fue recusada en el juicio del 10 de junio de 2025, pero rechazó la recusación en cuestión de minutos
ROSARIO.- Antes, los capos narcos se las ingeniaban para tener teléfonos celulares dentro de las cárceles. El smartphone les garantizaba que seguían teniendo conexión con los miembros de la organización. Dictaban órdenes y recibían, muchas veces, las confirmaciones de sus pedidos, que incluían ejecuciones con sicarios. El control más estricto de los celulares derivó en que usaran los teléfonos de línea habilitados, como lo hizo durante 2021 Máximo Ariel Cantero, el líder de Los Monos. La implementación del régimen de alto riesgo en los penales federales, donde están alojados algunos los jefes de mayor peligrosidad, incrementó los controles y derivó en el aislamiento de algunos condenados, como Guille Cantero y Esteban Alvarado.Durante los últimos meses surgió un nuevo problema. En las investigaciones judiciales, tanto federales como provinciales, empezó a traslucirse un nuevo fenómeno: varios familiares y abogados de esta selecta población carcelaria se transformaron en mensajeros. La característica del fenómeno narco de Rosario expone estas dificultades, porque la mayoría de los familiares son parte de la organización criminal, lo que se denomina como clanesAnte esta situación, y frente al recrudecimiento de la violencia en Rosario, donde en enero pasado se produjeron 19 homicidios, el Ministerio de Seguridad Nacional tuvo que hacer un nuevo ajuste en las condiciones de este grupo selecto de presos. A través de la resolución 153/2025 se dispuso que las visitas -que son de 60 minutos cada 15 días- de los familiares directos no pueden ser con contacto físico, es decir, se deben realizar en lo que se denomina "locutorio", un reducto que tiene un blíndex que separa al recluso y a la visita.Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios, reveló en diálogo con LA NACION que "nueve familiares y dos abogados de presos de este régimen fueron detenidos" en los últimos meses por recibir órdenes durante de estos prisioneros.El funcionario dijo que el miércoles pasado, a través del trabajo realizado por el Sistema Integral de Gestión de Alto Riesgo (Sigar), los agentes penitenciarios divisaron una hoja escrita por un preso de alto riesgo que se lo entregaba a su madre que lo visitaba. En ella, se impartían órdenes claras para que se sigan cometiendo delitos que desencadenen más muertes, por lo que la visitante fue retenida y quedó a disposición de la justicia, quien ordenó su detención inmediata.Según esta nueva resolución, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) deberá requerir a la Justicia que se informe si existe algún impedimento para autorizar las visitas de cada uno de los familiares directos solicitados por los internos incorporados en el sistema. Esta medida apunta a que se puede rechazar la visita de un familiar que esté siendo investigado en una causa judicial, aunque no tenga todavía condena.Uno de los casos más recientes es el de Diego Gabriel Cantero, que tiene varias particularidades. Este joven de 21 años visitó 24 veces en 2024 -según los registros oficiales a los que accedió LA NACION- al líder de Los Monos, que desde abril estaba dentro del régimen de aislamiento. Diego Gabriel Cantero figura en el DNI como hermano de Guille, pero en realidad es su primo. No está claro aún como lo anotaron en el Registro Civil de Santa Fe con ese grado de parentesco. En este clan criminal son frecuentes este tipo de descuidos.Diego Gabriel Cantero, que canta trap y tiene un canal de Youtube con el nombre Diego Cantee, aprovechó ese error del Registro Civil y se transformó en el mensajero de su primo. Según fuentes judiciales, lo habrían elegido para esa función porque no tenía antecedentes penales y estaba fuera del radar de las investigaciones.El músico narco fue detenido en la zona sur de Rosario el 27 de diciembre pasado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Los fiscales Adrián Spelta, Luis Schiappa Pietra y Franco Carbone lo imputaron luego como parte de una asociación ilícita que conducía la barra brava de Newell's, en cuyo entorno se produjeron varios crímenes y amenazas. Por la información que se detectó en su teléfono, este joven trapero era quien puso, por orden del líder de Los Monos, a Alejandro Ficcadentti al mando de la hinchada. Este barra fue quien tramó las amenazas contra el jugador Ángel Di María para evitar que regresara a Rosario Central. Entre las intimidaciones que protagonizó estuvo la caja con la cabeza de un chancho con un disparo en la cabeza que le dejaron a la hermana del futbolista en su negocio.Con los abogados sucedió algo similar. Son utilizados como mensajeros. Y cumplen una función que nada tiene que ver con la asistencia judicial a su defendido. Rompen los estrechos límites por presión de los narcos o por dinero. Fue el caso de Gregorio Gómez, un penalista que concurría al penal de Ezeiza a conversar con otro capo narco rosarino: Fabián Pelozo, alias Calavera, socio del narcotraficante boliviano Jorge Adalid Granier.Gómez fue detenido en agosto pasado, acusado de coordinar el transporte de 460 kilos de cocaína desde el norte de la Argentina hacia Rosario. El cargamento fue secuestrado cerca de la ruta 11, a la altura de San Justo.LES CORTAMOS EL JUEGO A LOS CAPOS NARCOS EN LAS CÁRCELESHace años que los presos de alto riesgo se creían los dueños de las cárceles. Desde sus celdas, manejaban el crimen, dando órdenes de asesinato, amenazando jueces y fiscales, extorsionando a la gente honesta. Eso seâ?¦— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 5, 2025Según la investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Pelozo siempre se las arregló dentro de la cárcel para tener contacto con los miembros de su banda. Pero tras los mayores controles que implementó el Ministerio de Seguridad Nacional a partir de abril contra los presos de alto perfil de los penales federales, Calavera tuvo que usar el ingenio para no perder el contacto con la organización. Usó a un abogado rosarino, que defendió hasta el año pasado, Gómez para que fuera el mensajero. Por su rol de abogado, podía entrar en la cárcel y tener contacto con Pelozo cualquier día.Gómez era quien luego informaba de las directivas a los otros miembros de la banda, entre ellos, Carlos Suárez, que fue detenido el 21 de julio en Rosario, acusado de ser el que lideraba el cargamento de 460 kilos de cocaína que fue secuestrado en San Justo.El 1º de julio pasado, cuando trasladaban el cargamento de droga, Suárez le confesó a su esposa que estaba "renervioso" y que cuando estaba así no podía comer nada, solo "tomar agüita". Horas después, su estado de ánimo le sugirió que algo andaba mal. Él iba adelante para detectar si la ruta estaba limpia de gendarmes. Llamó a Gómez y le dijo: "Estoy en un bar rosa, que se llama Carolina. Están a 100 metros del control. Se pueden meter en un pueblito y buscar un lugar para dormir. Metan la chata y salimos a la madrugada".El aviso fue en vano, porque el cargamento cayó en manos de la Gendarmería Nacional. Veinte días después fue detenido Suárez cuando estaba reunido con dos integrantes de la barra de Rosario Central, que después fueron liberados. Gómez fue detenido el 19 de agosto, acusado de conformar la asociación ilícita que lidera Pelozo, a quien había visitado en la cárcel los días 7, 15 y 20 de junio, previos al envío del cargamento de 460 kilos de cocaína. Se sospecha que el letrado recibía los detalles para "mover" la droga.Otro abogado también ejerció un rol que nada tenía que ver con su función, como José Uriburu, de 40 años y presunto amigo de Gastón Tallone, el empresario ligado al puerto de Concepción del Uruguay que fue secuestrado y aún sigue desaparecido. Uriburu visitó varias veces a Guille Cantero, y se sospecha que esos encuentros sirvieron para planear el rapto de Tallone. Uriburu, quien se hizo famoso en las redes por correr 42 kilómetros en el balcón de su departamento durante el confinamiento generado por el Covid-19, está actualmente detenido en una causa en la que están presos también el expiloto narco Gustavo Juliá y Juan Carlos Miró.
Los hechos ocurrieron en 2022 durante una comida de trabajo, cuando Elena Mendoza sufrió tocamientos por parte de otro abogado. A finales del año pasado el hombre fue condenado a una pena de una multa de 8 meses y a indemnizarla con 4.800 euros
Alberto Bianchi es uno de los constitucionalistas más prestigiosos de la Argentina y es, al mismo tiempo, de los que tiene más bajo perfil. Su nombre llegó a los medios porque uno de los socios de su estudio, Santiago Castro Videla, fue designado por el Gobierno como Procurador del Tesoro para defender al país en los juicios que enfrenta el Estado.Bianchi está al frente de un estudio que atiende asuntos constitucionales relacionados con empresas, litigios con el Estado, con municipios, asuntos tributarios y de derecho administrativo.Pero su especialidad son los casos en los que importantes clientes lo convocan para presentar un recurso extraordinario ante la Corte, trazar la estrategia jurídica de una situación o un emitir opiniones legales en aspectos muy específicos del derecho constitucional, administrativo y regulatorio. Así fue contratado como testigo experto para declarar en favor del fondo Burford en los Estados Unidos en el juicio que mantiene contra la Argentina por la estatización de YPF.Burford no contrató al estudio Bianchi para que litigara en su defensa, sino que se le requirió su opinión como testigo experto en una arbitraje. La figura del testigo experto, usual en Estados Unidos, donde tramita el juicio por YPF, es similar a lo que podría considerarse un perito jurídico de parte o un consultor técnico. El contratado dictamina como experto en derecho argentino en favor del cliente y luego puede ser sometido a un examen cruzado donde en una audiencia es preguntado por el tribunal, por su cliente y por la contraparte.La publicación de su nombre asociado a esta opinión que se le requirió hizo que se sintiera injustamente expuesto por su bajo perfil, dijeron sus allegados.Por sus intervenciones es sumamente respetado en la Corte Suprema de Justicia, donde su firma y argumentos jurídicos pesan en los recursos que plantean sus clientes, dijo a LA NACION un abogado con quien supo llevar algunos casos.El abogado es experto en arbitrajes en el exterior, como el caso de Burford, e intervino en el CIADI (la institución a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales), en casos que involucran a la Argentina.Abogados especialistas en derecho administrativo señalaron a LA NACION que a lo sumo, Castro Videla, como Procurador del Tesoro, debería excusarse de intervenir en los casos ligados al fondo Burford si es que trabajó en el dictamen que presentó el abogado titular del estudio. De esta manera, al igual como sucedió con Rodolfo Barra, el flamante jefes de los abogados del Estado debería apartarse del juicio por la estatización de YPF, la causa más relevante que enfrenta el país.Vecino de Martindale, Bianchi está casado con Estela Sacristán, otra especialista muy reconocida en derecho constitucional. Es integrante del Colegio de Abogados de la Ciudad, de la calle Montevideo, donde presidió la Comisión de Derecho Constitucional.Alberto Bianchi tiene 70 años e integra como secretario la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, presidida por Juan Manuel Cassagne. También integra la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Es egresado de la Universidad Católica Argentina y doctor en Derecho de la UBA. Es profesor titular de Derecho Constitucional Profundizado en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral y escribió 18 libros relacionados con el derecho constitucional.Entre ellos textos de referencia académica sobre la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la delegación legislativa, el control de constitucionalidad, las acciones de clase, la responsabilidad del Estado por su actividad legislativa o la regulación económica.Entre sus clientes hay empresas prestadoras de servicios públicos, de transporte, gas y telecomunicaciones, productoras de gas y petróleo, mineras, constructoras, empresas industriales y entidades financieras. Asimismo asesora con frecuencia a diversos entes públicos.
La víctima habló sobre el clip que circula en redes sociales y ocasionó el traslado del influencer a otra cárcel
Tras la identificación de dos víctimas de desaparición forzada en la zona de la comuna 13 de Medellín, organizaciones que representan a las familias demandan que los responsables sean judicializados
La medida fue impulsada desde el Congreso de la República y contiene no solo condiciones sino también limitaciones en cuanto a la cantidad de los arpotes
"Si es desagradable ingresar a su bebé, imagínate que tengas que leer que las has maltratado", afirman Mercedes Ruiz- Rico e Irene Sorribas, representantes legales de la 'influencer' en la imputación judicial de un presunto delito de maltrato infantil sobre ella y su pareja, David Rodríguez
Luego de que Ricardo Manuel Rojas rechazara formalmente el ofrecimiento para reemplazar a Rodolfo Barra en la Procuraduría del Tesoro, el Gobierno se decidió por uno de sus discípulos jurídicos, Santiago Castro Videla, un abogado egresado de la Universidad Austral que se desempeña como experto en derecho administrativo en el Estudio porteño Bianchi, Galarce & Castro Videla Abogados.El gobierno anunció el nuevo procurador de la NaciónSin recorrido por la gestión pública, Castro Videla, de 44 años, tiene una profusa carrera académica ligada fundamentalmente a la casa de estudios en la que se recibió, hace 20 años. Es magister en derecho administrativo por esa misma facultad, en donde también cursó una diplomatura en derecho Constitucional y fue adjunto, asistente de profesores y docente de sus áreas de expertise en cursos de posgrado.El de Castro Videla era uno de los dos nombres que el Gobierno tenía en carpeta por si Rojas lo rechazaba, algo que ocurrió hoy por la mañana. Castro Videla contaba con el visto bueno de Santiago Caputo, el asesor todoterreno de Javier Milei.El flamante jefe de los abogados del Estado -sin designación oficial todavía- escribió numerosos artículos académicos y tres libros: "La delegación legislativa y el Estado Regulatorio" (2017), "Tratado de la regulación para el abastecimiento" (2015), y "Los controles de precios", todos publicados por la editorial Ábaco y escritos en coautoría con Santiago Maqueda Fourcade, un colega suyo de la misma facultad, experto también en derecho administrativo.Nacido en San Isidro, Castro Videla es miembro de la de Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de la Asociación de la de Derecho Procesal, una organización nacida en 1997.Junto a Pilar Zambrano, profesora de filosofía del derecho de la Austral, escribió un artículo en el que analiza jurisprudencia en torno al derecho a la vida y la "píldora del día después" como método anticonceptivo. "En el Derecho argentino todo ser humano es persona; la vida de la persona con el respaldo incuestionable de la opinión científica comienza con la fecundación, momento en el que se produce su concepción. No habría, pues, para estos tribunales, distinción entre seres humanos personales y seres humanos no personales, o entre vida humana personal y vida humana no personal o vida-objeto", señala Castro Videla.En el pasado, Castro Videla ha sido crítico del modo en que históricamente los presidentes han echado mano de los decretos desde 1994. "Todos han echo uso intensivo del decreto de necesidad y urgencia", sostuvo en marzo, en una entrevista que dio a Radio Mitre para presentar el informe que hizo sobre el tema junto a otros colegas de la Austral."Es un dato llamativo que durante los primeros 100 días de gestión tanto Alberto Fernández como Javier Milei dictaron la misma cantidad de DNU: 15", comparaba. "Nos causó sorpresa cuando lo advertimos", agregó.
El Gobierno le ofreció ayer Ricardo Manuel Rojas, ex secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y exjuez en lo criminal de la Ciudad, reemplazar a Rodolfo Barra como Procurador del Tesoro. Rojas dijo que lo iba a pensar, pero hoy rechazó formalmente el ofrecimiento y lo anunció por las redes sociales.Estoy profundamente agradecido al Presidente @JMilei por el ofrecimiento para ocupar el cargo de Procurador del Tesoro. Es un gran honor. Si bien he declinado por los motivos que le expliqué a él y a Santiago Caputo, estaré siempre dispuesto a colaborar del modo que sea mejor.— ricardo manuel rojas (@rmrojas58) January 28, 2025"Estoy profundamente agradecido al Presidente @JMilei por el ofrecimiento para ocupar el cargo de Procurador del Tesoro. Es un gran honor. Si bien he declinado por los motivos que le expliqué a él y a Santiago Caputo, estaré siempre dispuesto a colaborar del modo que sea mejor", dijo el abogado, que reside en Guatemala, el motivo principal para desistir del ofrecimiento. El Gobierno evalúa ahora un plan B y el nombre que surgió es el de Santiago Castro Videla, un discípulo de Rojas, según las fuentes oficiales. Luego del encuentro de ayer, en Balcarce 50, donde desde el viernes se aseguraba que el lunes iba a estar la definición, dejaban abierta la posibilidad incluso de que Rojas fuera designado en otros cargos. Un sector de la sede de Gobierno aludía a que su formación como juez podía depositarlo en otro lugar más allá de la Procuración, donde había quienes dejaban trascender, cerca de las filas del asesor Santiago Caputo, que quizá podía ir alguien de un perfil más dedicado a la actividad como abogado que como magistrado, tal es el caso de Rojas.Por otro lado, tal es la admiración de Milei por Rojas que, muy cerca del Presidente aseguran que "era un nombre que le hubiera gustado para la Corte Suprema". Agregan que, incluso, "no descarta que pueda arribar en algún momento a la Corte en caso de que, eventualmente, alguno de los dos nombres enviados (Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla) se caiga". Los pliegos de ambos candidatos apuntan a ser tratados en el recinto en sesiones extraordinarias y se espera que para la semana próxima se reanuden las negociaciones, que hasta ahora estuvieron empantanadas. En Casa Rosada de algo están seguros: Milei no resignará a García-Mansilla.Milei y Rojas son "dos viejos conocidos del mundo del liberalismo" definen en la Casa Rosada, en un vínculo marcado por una gran admiración del mandatario hacia el jurista y elogios públicos de este último al jefe de Estado, autor, entre otras obras, de un libro titulado: "La inflación como delito". Publicado en 2023, Rojas se concentra allí en las causas de la inflación, sosteniendo que "lo que se infla es el dinero, no los precios".Una diferencia conceptual entre ambos es que Rojas cree, como sostuvo públicamente en 2018, que el aborto debe despenalizarse, el mandatario se ha mostrado abiertamente en contra.A diferencia de los liberales más conservadores, Rojas es un defensor del aborto. Expuso en 2018 en una conferencia en el marco del debate público por la despenalización del aborto. "La prohibición del aborto es decirle a la mujer que quedó embarazada: 'Listo, te jorobaste' (...). Una prohibición así es resistida por una visión racional del derecho. Por eso la mayoría de los países razonable contemplan alguna clase de despenalización (...). No conozco un solo juez que haya tramitado una causa por aborto. Cuando una ley es irrazonable la gente no la cumple", señaló. Contrastan esos dichos con las afirmaciones de Milei recientemente en su conferencia en Davos donde habló de la "agenda sanguinaria y asesina del aborto".Rojas, de 66 años, fue secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia entre 1986 y 1993 y juez en lo Criminal de Buenos Aires entre 1993 y 2008 y luego retomó en 2011. A la par de su trabajo en tribunales, Rojas también dedicó buena parte de su carrera a la academia. Profesor en varias universidades argentinas y profesor visitante y conferenciante en Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Italia, España, Turquía y Estados Unidos. Precisamente en Guatemala estaba cuando el último viernes, tras el desplazamiento de Barra, llegaron los primeros contactos para ver si se quería hacer cargo de la Procuración.Barra fue desplazado el viernes pasado porque su dependencia emitió un dictamen que -según dicen en la sede de gobierno- no defendió a la gestión como se esperaba en un caso planteado por una empleada pública a la que dejaron de pagarle un incentivo salarial. Además, cerca del Presidente apuntaron que el funcionario pasó buena parte del 2024 en Punta del Este.Con la venía de Milei, Rojas corrió con ventaja por el puesto por sobre otros nombres que estuvieron en análisis del Gobierno, como el de Carlos Laplacette (socio del estudio Cassagne, el mismo en el que trabajaba la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal) y el de Santiago Castro Videla (abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral que se desempeña en el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla Abogados).
El que fue representante legal del influencer rompió el silencio tras el veredicto del juez
El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por haber amenazado con perseguir "hasta el último rincón del planeta a todos los zurdos hijos de puta" mediante una publicación en la red social X.El Presidente escribió: "No solo no les tenemos miedo, sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad" y agregó: "Zurdos hijos de putas, tiemblen".Dalbón, abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner en algunas de las causas que enfrenta, denunció al Presidente por los delitos de amenazas, intimidación pública, apología del delito e infracción a la Ley Contra la Discriminación. Y dijo que no se trata de un "comentario aislado, sino que se trata de un mensaje directo que busca generar miedo y estigmatizar a un sector con una ideología política distinta a la del Presidente". Según Dalbón, este tipo de amenazas "evocan a las prácticas autoritarias de persecución".En su denuncia, el abogado pidió que se habilite la feria judicial y que se cite a Milei a declaración indagatoria. Además, solicitó que se remita la denuncia a la Cámara de Diputados para dar comienzo al procedimiento de juicio político."Resulta evidente que cuando la máxima autoridad del país emite un comunicado que incita a la violencia y la persecución, no se trata de una opinión personal, sino que tiene implicancias institucionales y configura una amenaza al orden democrático, socavando la confianza en las instituciones", dice el cuerpo del texto de la denuncia, y agrega: "Es imperativo que la Justicia actúe de manera que garantice el respecto al marco legal, asegurando que quienes inciten al odio y a la persecución enfrenten las consecuencias legales de sus actos".Por sorteo, la denuncia cayó en el juzgado número 6 de Comodoro Py, subrogado por Daniel Rafecas. Actualmente, el juez Sebastián Ramos está a cargo por la feria judicial.Por su parte, Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, también denunció penalmente al Presidente, a quién acusó de "instigación a cometer delitos". Este expediente cayó por sorteo en el juzgado número 11, de Julián Ercolini.En las últimas horas del día de ayer, la exdiputada Myriam Bregman anunció vía X que también hará una denuncia penal contra Milei: "Con mis compañeros del PTS/Frente de Izquierda vamos a denunciar a Milei por sus graves expresiones, que tienen antecedentes nefastos en la historia de nuestro país y han sido usadas por bandas de derecha como la Triple A, por represores de la dictadura y otros. También, porque estos ataques verbales habilitan ataques físicos, como ya ha ocurrido".
Expertos sugieren que los colombianos deben olvidarse de pedir asilo y concentrarse en otras opciones legales más viables
El influencer enfrenta un proceso legal por feminicidio en grado de tentativa y se mantiene en el Penal de Barrientos
El juez correspondiente señaló lo que procederá tras la ausencia de la defensa del famoso