Ambos textos buscan ratificar el artículo de la ley de expropiación que plantea que no se pueden transferir acciones sin autorización del Congreso.
La administración de Javier Milei argumentó que la magistrada se excedió en su jurisdicción en la decisión de obligar al país a transferir el 51% de las acciones de la petrolera.
Se trata del Bainbridge Fund, que en noviembre pasado se había presentado en la causa por la expropiación de la petrolera para conseguir el pago de una demanda favorable.
Según argumentó la magistrada, la solicitud de la fundación Republican Action for Argentina fue presentada fuera de plazo y por ello no la aceptó.
La Justicia de EEUU estableció como fecha límite el 25 de febrero para que se presenten las partes intervinientes. Luego la jueza Loretta Preska pasará a la etapa de definición.