coimas
Fiscalía sostiene que Patricia Benavides direccionó compra de computadoras por S/ 7,5 millones a cambio de coimas
Jaime Villanueva reveló ante el EFICCOP que entregó una coima de 30 mil soles a la exfiscal de la Nación en la misma sede del Ministerio Público
Fiscalía allanó la casa de juez en Cúcuta por presunto cobro de millonaria coima para modificar proceso
En un operativo llevado a cabo por el CTI, fueron incautados documentos y dinero en la residencia de un juez acusado de corrupción
Patricia Benavides se comprometió a direccionar una licitación a cambio de una coima de un millón de soles, según Fiscalía
De acuerdo con la investigación del EFICCOP, la suspendida fiscal de la Nación usó sus influencias para intentar beneficiar con una licitación de 141 millones de soles a un empresario cercano a Jaime Villanueva
PJ dicta 9 meses de prisión preventiva contra fiscal que fue detenido luego de cobrar una coima
Se trata del abogado Carlos Aquije Vilca, quien fue destituido por el fiscal de la Nación tras ser capturado en flagrancia. Podría recibir una pena de entre 6 y 15 años de prisión por el delito de cohecho
Secuestro de computadoras y documentación: cómo seguirá la investigación tras los allanamientos por las coimas pagadas por Securitas
La investigación que se inició después de que la empresa de seguridad privada Securitas admitiera ante la Justicia el pago de millonarias coimas a representantes de organismos públicos para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados podría tener nuevos avances a partir del análisis de la documentación y dispositivos electrónicos secuestrados en los más de 50 allanamientos ordenados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. "En los allanamientos hechos por la Gendarmería Nacional fueron secuestrados autos de alta gama, dinero en efectivo, documentación societaria, teléfonos celulares, computadoras, documentación de movimientos bancarios locales y en el exterior", agregaron las fuentes consultadas.En los allanamientos, hechos en Ezeiza, Tigre, Córdoba, Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires por personal del Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Buenos Aires de la Gendarmería Nacional se secuestraron 19 vehículos, una moto, 20 notebook, 30 teléfonos celulares, 19 armas de fuego, 2088 municiones de diferentes calibres, 232.165 dólares, 8845 Euros, 114.000 pesos chilenos y 11.500.000 pesos. Uno de los procedimientos, denominado "registro de presentación", fue hecho en un departamento situado en avenida del Libertador al 5900, en Belgrano, donde vive el director del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Pablo Santos.El Renaper, según la autodenuncia hecha por Securitas, fue uno de los organismos que recibió los 'pagos indebidos' por parte de representantes de la empresa de seguridad privada."Los denunciantes dijeron que el organismo fue cliente de Securitas Argentina desde 2011 hasta el mes de noviembre de 2015. En ese sentido, refirieron que la investigación interna detectó una serie de presuntos pagos indebidos desde la compañía al Renaper para obtener y mantener la contratación y subcontratación para la prestación de servicios. Agregaron que los aludidos pagos se habrían realizado en el año 2016 a efectos de mantener la relación contractual y a fines del año 2015 para cancelar deudas pendientes", explicaron fuentes judiciales.Los voceros consultados explicaron que, más allá de los testimonios aportados por la empresa, "se pudo corroborar la verosimilitud de los relatos" a partir de la información obtenida "en el calendario" del correo corporativo de Gabriel Di Cesare, uno de los exdirectivos de Securitas detenidos por orden de la jueza Arroyo Salgado, donde se hallaron registrados encuentros con funcionarios del Renaper, entre ellos Santos.Santos es un funcionario de carrera. "No hay motivos para dudar de él. No está acusado. No está imputado, no fue llamado a prestar declaración indagatoria. Es parte de un grupo de personas investigadas por la Justicia. Su legajo es intachable", afirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio del Interior, cartera que bajo su órbita está el Renaper.Al ordenar el allanamiento en el domicilio de Santos, la jueza Arroyo Salgado dispuso el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos y agendas personales."En el domicilio de Santos se secuestró su teléfono celular, su computadora y documentación de interés para la causa", dijeron fuentes del caso.La investigación que derivó en el procedimiento en el departamento de Santos, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos "abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban".En el expediente, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, funcionario que tiene la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.También, según fuentes judiciales, fue allanado el domicilio de una exdirectora nacional de Coordinación Técnica y Administrativa del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) situado en San Isidro.El Senasa, según el expediente judicial, fue otro de los organismos públicos que recibió las coimas de Securitas Argentina SA."Según los denunciantes, desde el mes de diciembre de 2015 hasta el mes de mayo de 2017 Securitas Argentina continuó siendo proveedor del Senasa por medio del sistema de subcontratación por parte de la firma Guardman SA. Afirmaron que durante el período comprendido entre 2016 y 2018 se hallaron pagos supuestamente indebidos a funcionarios del organismo estatal que se originaron desde la tesorería de Securitas Argentina, con el fin de mantener la contratación entre la firma Guardman SA. Y explicaron que tanto el sistema de pagos indebidos como la subcontratación se encontraban debidamente articulados para que Securitas Argentina continuara obteniendo los beneficios de la contratación con el organismo público", según reconstruyeron fuentes judiciales.Hasta el momento, la causa tiene nueve detenidos. Todos exdirectivos de Securitas, quienes se negaron a declarar cuando fueron indagados por la jueza Arroyo Salgado.En los más de 50 allanamientos y registros domiciliarios, la Gendarmería Nacional secuestró autos BMW, Mercedes Benz y camionetas 4x4, entre otros vehículos.Como informó LA NACION, tras admitir el pago de millonarias coimas a representantes de organismos públicos para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados, la empresa de seguridad privada Securitas se comprometió a abonar una multa equivalente al beneficio que obtuvo como consecuencia de los sobornos, canceló una deuda tributaria de 1500 millones de pesos y compró 1100 kilos de carne que fueron entregados a comedores parroquiales de San Isidro y de Entre Ríos.Así se estableció en el "acuerdo de colaboración eficaz" que firmaron el fiscal Domínguez y representantes de Securitas y que fue homologado por la jueza Arroyo Salgado. Se trató del primer caso donde se logró un acuerdo entre la Justicia y una empresa en el marco de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, normativa aprobada en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia.En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes. Fuentes al tanto de investigación sostuvieron que la nueva gestión no tiene nada que ver con los "pagos indebidos".
Detienen a fiscal en Villa El Salvador cuando recibía coima para liberar a joven detenido por drogas
El padre del joven solo consiguió 700 soles de los 2.000 que pidió el Fiscal, pero el monto fue suficiente para que se ejecutara la detención
Cuál fue el monto del resarcimiento que abonó Securitas tras reconocer el pago de millonarias coimas al Estado
Tras admitir ante la Justicia el pago de millonarias coimas a representantes de organismos públicos para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados, la empresa de seguridad privada Securitas se comprometió a abonar una multa equivalente al beneficio que obtuvo como consecuencia de los sobornos, canceló una deuda tributaria de 1500 millones de pesos y compró 1100 kilos de carne que fueron entregados a comedores parroquiales de San Isidro y de Entre Ríos.Así se estableció en el "acuerdo de colaboración eficaz" que firmaron el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y representantes de Securitas y que fue homologado por la jueza Sandra Arroyo Salgado. Se trató del primer caso donde se logró un acuerdo entre la Justicia y una empresa en el marco de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, normativa aprobada en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.Como informó LA NACION, la investigación, que en las últimas horas derivó en 52 allanamientos y la detención de nueve sospechosos, comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos "abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban".En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia.En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes. Fuentes al tanto de investigación sostuvieron que la nueva gestión no tiene nada que ver con los "pagos indebidos"."La compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta. Los sucesos denunciados habrían tenido ocurrencia en la República Argentina, con intervención de funcionarios públicos de distintos estratos, al menos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso", según explicaron fuentes judiciales.Con el fiscal Domínguez y su equipo de trabajo colaboran en la investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.Los detenidos fueron identificados por fuentes judiciales como Jorge Christian Faria, Luis Vecchi, Alejandro Castex, Gabriel Di Cesare, Marcelo Tortul, Claudio Tortul, Alberto Alesci, Julio Terrado y Carlos Rinaudo, quienes ocuparon cargos gerenciales en Securitas Argentina SA.Si bien el "acuerdo de colaboración eficaz" se firmó hace casi dos años, se dio a conocer en las últimas horas, tras las detenciones de los sospechosos."Se trata de un importante antecedente para la Justicia de nuestro país, es la primera vez que se logra un acuerdo en el marco de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero además con acciones concretas de reparación social del daño que provoca la corrupción. También el compromiso de implementar un programa robusto de prevención por parte de la empresa y además de mostrarlo en el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas (RITE), lo cual es sumamente positivo. El trabajo investigativo, la habilidad para lograr el acuerdo y. porque no, la creatividad en su contenido, han sido cualidades destacables del Ministerio Público Fiscal", sostuvo a LA NACION Luis Villanueva, exsubsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia en la Oficina Anticorrupción.Fuentes judiciales explicaron que todavía no se determinó el monto de la multa que debe pagar Securitas SA. Los 1100 kilos de carne fueron donados a los comedores de los colegios parroquiales Santo Domingo Savio, Parroquia Nuestra Señora de La Cava, dependientes del Obispado de San Isidro, y al Hogar de Cristo, en Entre Ríos."Hasta este momento las grandes empresas que cometían hechos de corrupción en la Argentina asumían en el extranjero su culpabilidad y pagaban allá las multas y penalidades, es decir, en nuestro país nos quedábamos solo con las consecuencias (negativas) en términos institucionales y económicos. Ahora se logró Justicia y recuperar parte del daño producido por la corrupción", agregó Villanueva, que en la actualidad es docente en compliance e integridad de distintas universidades.IndagatoriasLos nueve sospechosos fueron indagados ayer. Todos, según informaron fuentes judiciales, hicieron uso de su derecho a negarse a declarar.Ahora, la investigación continúa con el análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos y registros ordenados por la jueza Arroyo Salgado."Se secuestraron todos los expedientes de contrataciones públicas de los organismos donde, según admitió Securitas SA se pagaron coimas. Ahora se deberá hacer un análisis para determinar las responsabilidades de empleados o exfuncionarios. En los próximos días se tomarán más declaraciones indagatorias", explicó una fuente que participa de la investigación.Según lo que admitió la empresa, se hicieron "pagos indebidos" en Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), en sindicatos como Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y en la empresa Energía de Entre Ríos SA (Enersa)."Por los indicios reunidos hasta el momento se podría afirmar que las coimas pagadas a la firma Enersa fueron millonarias y habría sido abonadas por los hermanos Tortul", dijo un detective judicial.
Una empresa de seguridad privada admitió haber pagado coimas a organismos públicos argentinos
La actual gestión de Securitas denunció a exejecutivos. Se investigan hechos entre 2012 y 2018. Hay 9 detenidos. Leer más
Una empresa de seguridad privada admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas para vigilar organismos públicos
La empresa de seguridad privada Securitas admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Incluso pagó para que le agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones.Así surge de un expediente a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y del fiscal federal Fernando Domínguez, que en las últimas horas derivó en la detención de nueve sospechosos, todos exdirectivos de Securitas Argentina SA, al cabo de 50 allanamientos en distintos puntos del país.La investigación, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentinas en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos "abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban".En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en la ciudad de Estocolmo, en Suecia. En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes.Las conclusiones que los representantes de la empresa presentaron ante la Justicia fueron la consecuencia de una investigación interna iniciada por Securitas AB tras una denuncia de una exempleada hecho en el denominado "programa de integridad"."La compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta. Los sucesos denunciados habrían tenido ocurrencia en la República Argentina, con intervención de funcionarios públicos de distintos estratos, al menos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso", según explicaron fuentes judiciales.Con el fiscal Domínguez y su equipo de trabajo colaboran en la investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, si bien se conoció ahora tras los allanamientos y detenciones, el 30 de mayo de 2022, la empresa y el Ministerio Público Fiscal firmaron un "acuerdo de colaboración eficaz".
Puno: Nueve meses de prisión preventiva para alcalde de La Rinconada, acusado de recibir coima para no cerrar una discoteca
Tras la medida, la sociedad civil solicitó la revocatoria inmediata del burgomaestre y de sus regidores, a quienes también acusaron de estar involucrados en hechos ilícitos
Una cámara tabacalera denunció a un empresario y a un diputado porque supuestamente pagaron coimas por una ley
Hace dos días, tras conocerse que la reforma tributaria a la industria del tabaco fue retirado de la ley ómnibus, supuestamente por presiones de Pablo Otero, dueño de la Tabacalera Sarandí, una cámara empresaria formuló una denuncia penal en la Justicia por supuesto cohecho agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, evasión, lavado de activos y otros delitos que pudieran surgir.La denuncia apunta en contra de Otero, de Carlos Castagneto, diputado y extitular de la AFIP, de dos otros funcionarios del organismo recaudatorio, un presunto comandante general de Gendarmería y quien sería un oficial de la Policía Federal Argentina.La presentación, que fue hecha por Luis Eugenio Guinle, presidente de la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras, alude a que recibieron en la casilla oficial del organismo, con copia a la Cámara de Industria del Tabaco y la Cámara de Salta, un mail en el que un supuesto anónimo daba cuenta de maniobras ilegales registradas en las últimas semanas relativas al presunto pago de coimas a diputados. Recayó en el juzgado de Daniel Rafecas y en la fiscalía de Carlos Rívolo.El hecho de que la denuncia se sustancie en una información anónima, en general, no contribuye para darle entidad. La carta original, que acompaña como prueba contiene, sin embargo, datos precisos de algunas cuentas bancarias y direcciones en el exterior de Otero, desde las que presuntamente se habrían realizado transferencias, que LA NACION constató por su parte que efectivamente corresponden a él.El relato de los hechos apunta a que el diputado Castagneto habría recibido US$4millones por parte de Otero para "repartir entre algunos miembros de su bloque y a dos diputados del Pro" para acordar en contra del capítulo tabacalero de la ley ómnibus. Asegura que hubo dos pagos, uno al principio de la "gestión" y otra "contra el resultado de la misma". La denuncia dice que el primero estuvo a cargo de una mujer que, acompañada por un agente de la PFA, se acercó a un domicilio particular de Castagneto, identificado como una casa de fin de semana.Apunta que el segundo se habría realizado por parte de un empleado de confianza de Otero y un actual funcionario de la AFIP que responde a Castagneto. El intercambio habría transcurrido en una cochera en la avenida Caseros al 3000 (detalla dirección exacta) el 15 de febrero a las 14 horas, momento en el que habrían llegado los mencionados en un vehículo Chery y un Ford Mondeo gris "escoltando". Esta dirección remite a un estacionamiento en Parque Patricios, al otro lado del gran espacio verde de la sede de gobierno porteño, en Uspallata al 3150.LA NACION se comunicó con Castagneto, el principal exfuncionario apuntado en la denuncia, que negó rotundamente los hechos y aseguró no conocer a nadie de la tabacalera. Dijo que él apeló la cautelar a favor de Sarandí por el no pago del impuesto interno mínimo y que puso en marcha reformas para mejorar el control de la evasión de impuestos en el sector.El mail informó que se habrían hecho los pagos, aparentemente en efectivo, con dinero que habrían partido desde tres cuentas que tendría Otero en Estados Unidos, pertenecientes a tres series de códigos swift identificados y a través de dos entidades financieras en la city porteña, en Esmeralda al 100 y Corrientes al 450. Esta ultima dirección corresponde al edificio Safico, emblema de las cuevas del Microcentro.El remitente deja constancia de varias empresas en Estados Unidos y Panamá que serían de su propiedad, con las que se habrían adquirido una importante cantidad de departamentos.
Wilfredo Oscorima recibió coima de más 856 mil soles, confesó empresario: el cheque que delata al gobernador de Ayacucho
En 2020, un colaborador eficaz confesó que la constructora Obrainsa entregó un soborno al gobernador ayacuchano, un caso que vuelve a tener protagonismo en medio del llamado Rolexgate
Postergan el comienzo del juicio contra De Vido, López y Ulloa por presuntas coimas de Skanska
Se trata de la causa por la cual se investigó la posible "administración fraudulenta" instalada en el seno del Ministerio de Planificación mientras Néstor Kirchner era presidente. La constructora sueca tendrá a un grupo de directivos de su filial en Argentina sentados en el banquillo de acusados. Entre los testigos podrían desfilar Lavagna, Felisa Miceli y el exsecretario de Energía Daniel Cameron, entre otros. El laberinto judicial detrás. Leer más
El historial de coimas de la empresa que construirá la Carretera Central de Perú, obra emblema de Dina Boluarte
La constructora que dará viabilidad a la obra pública más grande de la historia del país ha sido denunciada por corrupción en Panamá, India, Argelia y Gabón, y está inhabilitada por el Banco Mundial, según un informe documentado de Hildebrandt en sus trece
Policía condenado: coima, discusión y la muerte de una mujer que se descompuso
El ex oficial Diego Barragán admitió haberle pedido dinero a un conductor. En ese contexto, la pareja del automovilista sufrió un pico de presión y murió. Leer más
Corrupción de PNP en frontera Perú-Ecuador: Policías cobran coimas a capos de minería ilegal y contrabando
Hildebrandt en sus trece difundió reportes de Inteligencia que dan cuenta de cómo oficiales y suboficiales destacados en puestos fronterizos de Piura son engranaje clave del crimen organizado